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                                            N° 55-98

        CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las trece horas treinta

minutos del veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho.

        Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Cervantes, Presidente; Lic. Francisco

Chamberlain Trejos, el señor Hernán Campos Vargas y los Suplentes Licda Liana Rojas

Barquero y el Lic. Alejandro López Mc Adam, en reemplazo de la Licda Ifigenia Bustamante

Guerrero y del Lic. Juan Diego Rojas Araya, a quienes se les concedió permiso con goce de

salario, para otras actividades del cargo. Asiste también el Director Ejecutivo, Lic. Alfredo

Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS
                                          ARTÍCULO I

        Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 13 de este mes, N° 53-98.

CONDOLENCIAS
                                         ARTÍCULO II

        Ante el fallecimiento de la señora María del Carmen Ching Vargas, esposa del señor

Carlos Francisco Roldán Bolaños; hermana del señor José Francisco y de la Licda Ana

Cecilia, ambos Ching Vargas, por su orden, Auxiliar Judicial de la Secretaría General,

Secretario del Tribunal de la Inspección Judicial y Jueza Cuarta Civil de Mayor Cuantía de

San José, se acuerda expresar las condolencias de la Corte y de este Consejo a don Carlos

Francisco, don José Francisco y a doña Ana Cecilia, así como a sus estimables familias.

RECONSIDERACIONES

                                         ARTICULO III

        En la sesión celebrada el 2 de julio en curso, artículo CXIII, se tomó el siguiente

acuerdo:

                  “En escrito de fecha recibido el 1° de julio en curso, el Lic. Abel
           Francisco Ramos Rojas, Defensor Público del encausado José Carlos
           Solórzano Orias, manifestó:
           “Me apersono a recurrir de la resolución del Tribunal de la Inspección
           Judicial, dictada a las 9:10 horas del 23 de junio último, mediante la cual
           rechaza ese despacho, ilegalmente a mi juicio, un recurso de apelación
           interpuesto en contra de una resolución anterior, dictada por el mismo
           tribunal en el expediente N° 120-98 Rm.
                  Fundamento estas diligencias en los artículos 358 y ss. de la Ley
           General de la Administración Pública, en relación con los artículos 583,
           siguientes y concordantes del Código Procesal Civil.
                  Los datos generales del asunto, para su identificación, son: Queja
           N° 120-98 Rm, que se sigue en el Tribunal de la Inspección Judicial contra
           el señor José Carlos Solórzano Orias.
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                La resolución de fondo, en esa causa, la dictó el T. de la Insp. Jud.
         bajo el N° 410, a las 14:55 horas del 18 de mayo de mil novecientos
         noventa y ocho. Tanto la parte considerativa como la resolutiva del fallo
         se pronunciaba en relación con dos aspectos básicos: 1) La excepción de
         prescripción interpuesta por la defensa; y 2) La imposición de una sanción
         de advertencia al servidor.
                Por no estar conforme con lo resuelto, esta representación, con
         fundamento en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
         recurrió de la resolución N° 410 citada; esa apelación se presentó el 15 de
         junio de mil novecientos noventa y ocho, ante el juzgador de primera
         instancia; sin embargo, con fecha 23 de junio de mil novecientos noventa
         y ocho, sea ocho días naturales después, resuelven que la gestión de la
         defensa (el recurso de apelación) no procede, ignorando la existencia del
         artículo 211 de la L.O.P.J.
                Por separado encontrarán copia literal de la resolución que
         desestima el recurso, la cual me fue notificada el 26-6-98.
                La resolución N° 410 quedó notificada a todas las partes el 10-6-98.
                Notificaciones: En el Depto. de Defensores Públicos, ya citado. Al
         Tribunal recurrido, en su sede.
                Petitoria: Solicito al Consejo Superior avocarse el conocimiento de
         la causa, en Alzada y, por ser procedente, declarar con lugar la excepción
         de prescripción planteada, y ordenar el archivo del expediente.”
                                               -0-

                Se acordó: Rechazar de plano la apelación por inadmisión
         presentada por el Lic. Ramos Rojas, por cuanto lo resuelto por el Tribunal
         de la Inspección Judicial, no tiene apelación de derecho”.

                                          -----------
        Contra el anterior acuerdo, en nota recibida el 16 de este mes, el Lic. Ramos Rojas,

interpone recurso de reconsideración, y al efecto en lo que interesa, manifiesta:

         “Esto contraviene lo establecido por los artículos 209, 210 y 211 de la Ley
         Orgánica del Poder Judicial; el 209 nos da la posibilidad de APELAR la
         resolución final; el 210 la posibilidad de que el Consejo en alzada, anule la
         resolución si existe algún vicio grave del procedimiento como en este
         caso; y el 211 nos da de nuevo la posibilidad de APELAR siempre lo
         resuelto en primera instancia y sobre todo en cuanto a lo resuelto sobre
         LA PRESCRIPCIÓN, por cuanto éste artículo nos da términos
         improrrogables dentro de los cuales debe cumplirse cada una de las
         etapas y sanciona su incumplimiento con la prescripción de la acción,
         incluso al respecto existen acuerdos anteriores del Consejo Superior,
         dado la razón en cuanto a la PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD
         DISCIPLINARIA. Así acuerdo del 24 de junio de 1997, artículo CXLII,
         acuerdo de sesión 36-98; acuerdo del 14 de mayo de 1998, artículo
         CXXXI y acuerdo de la sesión 43-98, celebrada el 8 de junio, artículo
         LXXXII.
         Por otro lado el artículo 197 de la L.O.P.J. establece que a falta de
         regulación expresa, debe aplicarse la Ley General de Administración
         Pública, y en el presente caso, debido a la “interpretación” que da el
         Consejo Superior sobre la no procedencia de la apelación en derecho,
         además de lo ayuna que es la L.O.P.J. en cuanto a la regulación de la
         procedencia de los recursos en causas disciplinarias, debo decir que el
         artículo 342, de la L.G.A.P. establece la posibilidad de recurrir las
         resoluciones de mero trámite, incidentales o finales; asimismo, el 322,
         inciso 2 de la misma ley, establece que si el acto emanara del inferior
         (como es el caso que nos ocupa) CABRA SOLO EL RECURSO DE
         APELACIÓN, si el acto emana del Jerarca, cabrá el de revisión (Como es
         también este caso).
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          En definitiva siendo que sí cabe recurso de apelación contra la resolución
          emanada de la Inspección Judicial, por estar expresamente autorizado por
          la Ley, tal y como atrás se dijo, artículo 208 a 211 de la L.O.P.J., pues
          resuelve sobre la prescripción alegada”.

                                                 -0-

        Se acordó: Comunicar al Lic. Ramos Rojas que el artículo 209 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial debe relacionarse con el artículo 211 de ese mismo cuerpo normativo, y

por estos motivos se deniega la reconsideración presentada y mantener lo resuelto.

                                          ARTICULO IV

        En la sesión celebrada el 16 de julio en curso, artículo CIII, por las razones que allí

constan, se confirmó la resolución N° 296 de las 14:50 horas del 15 de abril de este año, que

revocó el nombramiento de la señora Patricia Quesada Sandoval, al cargo de Auxiliar Judicial

1 del Juzgado de Tránsito de Cartago, medida que se hizo efectiva a contar del 17 de los

corrientes.

        La señora Quesada Sandoval, en nota de 20 de julio en curso, con fundamento en los

artículos 78 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pide reconsideración del acuerdo de

referencia.

        Se dispuso: Rechazar de plano la reconsideración planteada por la señora Quesada

Sandoval, en virtud de que este Consejo actuó como órgano de segunda instancia, por lo que

el asunto no tiene más recursos.

                                          ARTÍCULO V

        En la circular N° 75-95 de 2 de diciembre de l995, se comunica a todas las

autoridades judiciales del país, lo siguiente:

                 “Que el Consejo Superior en sesión celebrada el 12 de diciembre
          de 1995, artículo CXXXII, dispuso con respecto al pago de gastos de
          transporte, alimentación y hospedaje a testigos, que pueden reconocerse
          a las personas que realmente necesiten de esa ayuda para acudir al juicio
          que han sido citados, sólo en aquellos casos en que los testigos sean de
          muy escasos recursos económicos y no puedan atender el llamado del
          Tribunal o del Juzgado por falta de dinero, y no así a quienes evidencien
          solvencia económica para atenderlos de su propio peculio conforme su
          deber ciudadano.

                  Asimismo que corresponde al Tribunal respectivo su aplicación a
          solicitud expresa del testigo y no de oficio. De igual manera, se les
          informa que no se reconocerá suma alguna por concepto de gastos a las
          personas que figuren como imputados.

                Los montos máximos que se autorizan según cada rubro, son los
          siguientes:
                                              4


               Desayuno:                          ¢250,00
               Almuerzo:                          ¢450,00
               Cena:                              ¢450,00
               Hospedaje:                         ¢1.100,00

               Pasaje: El importe establecido para la ruta de que se trate, para el
         transporte remunerado de personas.”

                                             -0-

       La Licda. Mayra Campos Zúñiga, Fiscal Adjunta Penal Juvenil del I Circuito Judicial

de San José, en oficio N° 296-98 de 21 de este mes, manifestó:

         “Mediante nota suscrita por la Licda. Aymee Caravaca W. Fiscal Penal
         Juvenil de Santa Cruz, se me puso en conocimiento de la disposición de la
         Unidad Administrativa de Guanacaste amparada en la circular 75-95 de no
         brindar ayuda económica a un imputado MENOR DE EDAD, para gastos
         de traslado y similares al Departamento de Psicóloga y Psiquiatría del
         Poder Judicial.
                 Esta situación preocupa a la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, del
         Ministerio Público, ya que al emitirse la circular no estaba en vigencia el
         nuevo modelo de justicia penal juvenil, ni el Código de la Niñez y la
         Adolescencia. Tómese en consideración que por lo general la población
         de esta materia son personas de muy escasos recursos económicos y en
         situación de riesgo social (abandono, drogadicción, prostitución, etc).
                 En efecto, la Ley Penal Juvenil de 1996, dispone en su artículo 93,
         la obligación de practicar a la persona menor acusada un pericia
         psicosocial. En igual sentido el numeral 87 del Código Procesal Penal.
                 Ambas normas deben ser relacionadas con el artículo 122 del
         Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto a que reiteran la
         obligación de contar con dicho estudio.
                 Por otra parte el artículo 4 del citado Código de la Niñez, en forma
         imperativa establece la obligación del Estado y de sus órganos, de
         “...adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de
         cualquier índole para garantizar la plena efectividad de los derechos
         fundamentales de las personas menores de edad.
                 En la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios
         públicos y su prestación se mantendrá siempre presente el interés
         superior de estas personas. Toda acción y omisión contraria a este
         principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos
         fundamentales de esta población.
                 De conformidad con el régimen de protección especial que la
         Constitución Política, la Convención sobre Derechos del Niño, este Código
         y las leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el Estado
         no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las
         obligaciones aquí establecidas. Tomando en consideración los aspectos
         antes mencionados solicito respetuosamente RECONSIDEREN la circular
         N° 75-95, y se autorice los gastos enumerados tratándose de
         IMPUTADOS PERSONAS MENORES DE EDAD.”

                                              -0-

       Se dispuso: Acoger la anterior solicitud, y hacer extensivo lo dispuesto en la circular

de referencia a los menores de edad, los que deben ser acompañados por un adulto.

       El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

MAGISTRADOS SUPLENTES
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                                         ARTÍCULO VI

        Se tomó nota de que el Presidente, Magistrado Cervantes, de conformidad con el

inciso 11) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizó los sorteos de los

Magistrados Suplentes que sustituirán a los titulares de las Salas que se dirán, en las fechas

y en los asuntos que de seguido se indican:

SALA TERCERA

        1.- Lic. Fernando Guier Esquivel, por la segunda audiencia del 20 de julio en curso,

en reemplazo del Magistrado Suplente Lic. Joaquín Vargas Gené, quien sustituye al

Magistrado Houed por vacaciones, por imposibilidad del segundo para asistir a la sesión de

Corte Plena celebrada ayer.

SALA CONSTITUCIONAL

        2.- Dr. Alejandro Batalla Bonilla, para que conozca el recurso de amparo N° 98-

004713-007-CO que promueve el señor Luis Rojas Cordero contra la Caja Costarricense del

Seguro Social, en sustitución del Magistrado Piza por inhibitoria.

NOMBRAMIENTOS PROPUESTOS POR EL PRESIDENTE

                                        ARTÍCULO VII

        Se hicieron los siguientes nombramientos, en sustitución de los titulares de los

despachos que se dirán, por vacaciones:

1.-     Lic. Octavio Villegas Rojas, cédula 6-173-944, Juez, puesto número 044202, en el

Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 13-7-98

al 30-7-98, en reemplazo de la Licda Astrid Lara Rivera, cédula 1-525-0927.

        El Lic. Villegas es Auxiliar Judicial en el Juzgado de Trabajo.

2.-     Licda Ana Patricia Mora Arias, cédula 1-723-0592, Juez, puesto número 034284, en

el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, del 13-7-98 al 24-7-98, en lugar

de la Licda Damaris Soto Pérez, cédula 6-133-615.

3.-     Licda Kathya Torres Rojas, cédula 1-793-0743, Juez, puesto número 044276, en el

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Mora, del 22-7-98 al 13-8-98, en lugar del

Lic. Eric Soto Blanco, cédula 1-507-400.
                                               6

4.-       Lic. Jorge Cerdas Pérez, cédula 1-800-0313, Juez, puesto número 102140, en el

Tribunal Agrario, del 21-7-98 al 31-7-98, en lugar de la Licda Carmen María Escoto

Fernández, cédula 1-378-0339.

          El Lic. Cerdas es Juez Suplente de ese Tribunal.

5.-       Licda Grace Agüero Alvarado, cédula 2-412-0418, Juez, puesto número 106405, en

el Tribunal de Alajuela, del 22-7-98 al 5-8-98, en reemplazo del Lic. Rodrigo Carmona

Segnini, cédula 4-114-574.

6.-       Licda Marjorie Álvarez Morales, cédula 6- 216- 0576, Juez, puesto número 108563,

en el Juzgado de Tránsito de Pavas, del 20-7-98 al 29-7-98, en lugar de la Licda Leda

Román Matamoros, cédula 5-162-0173.

7.-       Lic. Carlos Enrique Villegas Méndez, cédula 1-512-073, Juez, puesto número 044988,

en el Juzgado de Ejecución de la Pena de Puntarenas, del 20-7-98 al 11-8-98, en sustitución

de la Licda Nelly Iveth Salas Granados, cédula 2-320-567.

          El Lic. Villegas ha laborado como Juez en el Juzgado Penal de ese lugar.

8.-       Lic. Nils Lorz Ulloa, cédula 1-579-0717, Inspector General, número de puesto

043035, en el Tribunal de la Inspección Judicial, del 15-7-98 al 24-7-98, en lugar del Lic.

Johnny Mejía Ávila, cédula 9-044-592.

          La Coordinación del Tribunal la ejercerá el Lic. Jorge Rodríguez Rodríguez, de

conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

9.-       Lic. Juan Carlos Pérez Murillo, cédula 1-0622-0808, Juez, puesto número 043003, en

el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, San José, del 23-7-98 al 31-7-98, en lugar de la

Licda Adela Sibaja Rodríguez, cédula 1-409-536.

                 El Lic. Pérez es Suplente en ese Tribunal.

10.-      Lic. Luis Diego Araya González, cédula 1-868-0840, Juez Supernumerario, número

de puesto 112357, en el Juzgado Segundo Civil y de Trabajo de Puntarenas, del 20-7-98 al 7-

8-98, en reemplazo del Lic. Jorge Chacón Corea, cédula 1-762-0236.

          El Lic. Araya ha laborado como Juez en el Juzgado Civil y de Menor Cuantía de San

Carlos.
                                                7

11.-     Lic. Daniel Ruiz Chavarría, cédula 6-122-0109, Juez, puesto número 043028, en el

Tribunal de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, del 21-7-98 al 4-8-98, en sustitución del Lic.

Franz Paniagua Mejía, cédula 1-634-520.

12.-     Licda Edith Núñez Briceño, cédula 6-247-0502, Juez, número de puesto 044762, en

el Juzgado Contravencional de Heredia, del 20-7-98 al 27-7-98, en sustitución de la Licda

Irene Araya Chaverri, cédula 4-120-0523.

         La Coordinadora del Despacho será la Licda Gabriela Gómez Montoya, de

conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

13.-     Lic. Mario Navarro Arias, cédula 1-0421-0949, Juez, puesto número 042987, en el

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, San José, del 20-7-98 al 27-7-98, en lugar del

Lic. Alex Jesús Víquez Jiménez, cédula 4-122-472.

14.-     Lic. Marvin Vega Rivera, cédula 1-416-1165, Juez, puesto número 019709, en el

Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por el 20 y el 21-7-98, en lugar del

Lic. Nelson Rodríguez Jiménez, cédula 2-340-687.

         En nota de fecha 10 del mes en curso, el Lic. Rodríguez solicita se le amplíen dos

días de vacaciones del período que disfrutó del 6-7-98 al 17-7-98, en virtud de que debió

atender dos continuaciones de debate los días 7 y 10-7-98, en el Tribunal del Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Siquirres.

15.-     Licda Gabriela Bustamante Segura, cédula 2-504-784, Juez, número de puesto

044058, en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 20-7-98 al

31-7-98, en lugar de la Licda Mayita Ramón Barquero, cédula 1-603-0279.

         La Licda Bustamante ha laborado como Juez en ese Juzgado.

                                            ARTÍCULO VIII

         Se toma nota de que las siguientes personas disfrutarán vacaciones en los

períodos que se dirá:

1.-      Lic. Luis Guillermo Rivas Loáciga, cédula 5-134-616, Juez, puesto número 054013,

en el Tribunal Segundo Civil de San José, del 22-7-98 al 24-7-98. En nota de fecha 1° del

mes en curso, el Lic. Rivas manifiesta que es un saldo de tres días pendientes del período

96-97.
                                               8

2.-     Lic. Gilberto Corella Quesada, cédula 2-254-860, Juez, puesto número 092704, en el

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, San José, por el 16 y el 17-7-98.

3.-     Lic. William Molinari Vílchez, cédula 1-0662-0087, Juez, puesto número 044729, en

el Juzgado Civil de Heredia, del 10-7-98 al 17-7-98.

4.-     Lic. Rolando Villalobos Romero, cédula 1-516-0220, Juez,            número de puesto

038707, en el Juzgado Civil de Heredia, del 20-7-98 al 31-7-98.

                                         ARTÍCULO IX

        Se nombró a las siguientes personas, en sustitución de los titulares de los

despachos que se dirán, quienes fueron incapacitados para el trabajo.

1.-     Lic. Carlos Villegas Méndez, cédula 1-0512-0073, Juez 1, Tramitador, puesto número

092707, en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, San José, del 13-7-98 al 18-7-98, en

sustitución de la Licda Rose Mary Escalante Escalante, cédula 1-0609-0535.

        El Lic. Villegas ha laborado como Juez Tramitador en el Tribunal de Pérez Zeledón.

2.-     Lic. Virgilio Porras Zúñiga, cédula 1-528-047, Juez, puesto número 095454, en el

Juzgado Penal de San José, del 8-7-98 al 10-7-98, en reemplazo del Lic. Jorge Villalobos

Araya, cédula 2-289-0024.

        El Lic. Porras es Investigador de la Sección Delitos Contra la Propiedad.

3.-     Licda Miriam Álvarez Ross, cédula 1-441-0407, Juez, puesto número 111509, en el

Tribunal Contencioso Administrativo, del 6-7-98 al 4-8-98, en lugar del Lic. Horacio González

Quiroga, cédula 8-045-631.

4.-     Licda Cynthia Ugalde Rodríguez, cédula 1-804-150, Juez, puesto número 097765, en

el Juzgado Penal de Heredia, del 14-7-98 al 17-7-98, en reemplazo de la Licda María Elena

Fernández Alvarado, cédula 4-105-0322.

        La Licda Ugalde labora en la Fiscalía de esa localidad.

5.-     Licda Patricia Cedeño Leitón, cédula 1-801-0043, Juez, puesto número 095454, en el

Juzgado Penal de San José, del 14-7-98 al 17-7-98, en reemplazo del Lic. Jorge Villalobos

Araya, cédula 2-289-0024.

        La Licda Cedeño ha laborado como Jueza en el Juzgado Penal de San Ramón.
                                               9

6.-     Lic. Enrique Ramírez Rocha, cédula 1-635-0416, Juez, puesto número 38499, en el

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, San José, del 20-7-98 al 11-8-98, en lugar de la

Licda Orfa Mora Drummond, cédula 6-164-119.

7.-     Lic. Rodrigo Flores Garrido, cédula 1-467-168, Inspector General, puesto número

043037, en el Tribunal de la Inspección Judicial, del 14-7-98 al 21-7-98, en reemplazo del Lic.

Guido Alberto Romero Zúñiga, cédula 3-195-1213.

8.-     Lic. Armando Elizondo Almeida, cédula 1-711-384, Juez, puesto número 044049, en

el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 14-7-98 al 21-7-98, en

sustitución del Lic. Jorge Solano Herrera, cédula 1-377-0828.

9.-     Sr. Jorge Barquero Rojas, cédula 04-0123-0911, Juez, puesto número 015605, en el

Juzgado Penal de Sarapiquí, por el 16-7-98, en lugar de la Licda Patricia Cubero Barquero,

cédula 01-621-780.

        El Sr. Barquero es Auxiliar Judicial en ese Juzgado.

                                         ARTÍCULO X

        Se toma nota de que los siguientes funcionarios fueron incapacitados por los

períodos que se dirá:

1.-     Lic. Marco Antonio Castro Alvarado, cédula 9-029-185, Juez, puesto número 092716,

en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 13-7-98 al 17-7-98.

2.-     Licda Patricia Solano Castro, cédula 1-529-829, Juez, puesto número 38597, en el

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, San José, del 8-7-98 al 15-7-98.

3.-     Licda Rose Mary Escalante Escalante, cédula 1-0609-0535, Juez 1, Tramitador,

puesto número 092707, en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, San José, por el

10-7-98.

                                        ARTÍCULO XI

        Se nombró a las siguientes personas, en sustitución de los titulares de los

despachos que se dirán, por pasar a ocupar otro cargo judicial:

1.-     Licda Sulangel Toruño Marchena, cédula 5-156-897, Juez, número de puesto

044825, en el Juzgado Civil y de Trabajo de Menor Cuantía de Nicoya, del 13-7-98 al 31-7-98,

en sustitución del Lic. José Ángel Salazar Navas, cédula 6-163-0337.

        La Licda Toruño está como Jueza en el Juzgado Penal de Nicoya.
                                             10

2.-     Lic. Virgilio Porras Zúñiga, cédula 1-528-047, Juez, puesto número 034042, en el

Juzgado Penal de Pococí- Guácimo, del 13-7-98 al 24-7-98, en lugar de la Licda Ana Patricia

Mora Arias, cédula 1-723-592.

        El Lic. Porras ha laborado como Juez en el Juzgado Penal de San José.

3.-     Licda Maritza Azofeifa Meneses, cédula 1-567-0240, Juez, puesto número 044313,

en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 1-8-

98 al 31-8-98, en sustitución de la Licda Yerma Campos Calvo, cédula 1-607-534.

        La Coordinación del Juzgado la ejercerá el Lic. Flavio Cantero Valverde, de

conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

        La Licda Azofeifa labora como Jueza interina en ese despacho.

4.-     Lic. Franz Paniagua Mejía, cédula 1-634-520, Juez, puesto número 043028, en el

Tribunal de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, del 1°-7-98 al 4-8-98, en reemplazo de la Licda

Miriam Álvarez Ross, cédula 1-441-0407.

5.-     Licda Mónika Fernández Mayorga, cédula 2-479-0980, Juez 1, Tramitador, número

de puesto 044427, en el Tribunal de Alajuela, del 22-7-98 al 5-8-98, en sustitución de la Licda

Grace Agüero Alvarado, cédula 2-412-0418.

        La Licda Fernández ha laborado en ese despacho.

6.-     Lic. Mauricio Silva Alvarado, cédula 6-106-0165, Juez, puesto número 044977, en el

Tribunal de Zona Sur, Sede Golfito, del 21-7-98 al 4-8-98, en sustitución del Lic. Daniel Ruiz

Chavarría, cédula 6-122-0109.

7.-     Lic. Eloy Olmos Molina, cédula 6-089-0518, Juez, número de puesto 034538,

Juzgado Penal de Golfito, del 21-7-98 al 4-8-98, en sustitución del Lic. Mauricio Silva

Alvarado, cédula 6-106-0165.

        El Lic. Olmos es Auxiliar Judicial en ese despacho.

8.-     Licda Karen Rojas Paniagua, cédula 1-495-129, Juez 1, Tramitador, puesto número

006032, en el Tribunal de Casación Penal, del 20-7-98 al 27-7-98, en reemplazo del Lic.

Mario Navarro Arias, cédula 1-0421-0949.

        La Licda Rojas está laborando como Juez 1, en ese Tribunal.

9.-     Lic. José Arnoldo González Castro, cédula 2-401-0253, Juez, puesto número 034818,

en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 20-7-98 al 31-7-98, en
                                             11

reemplazo del Dr. Gilbert Armijo Sancho, cédula 9-0063-0809, por sustituir a la Magistrada

Calzada quien disfruta de vacaciones.

        El Dr. Juan Marcos Rivero Sánchez ejercerá la Coordinación del Tribunal, de

conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

        El Lic. González ha laborado como Juez en ese Tribunal.

10.-    Licda Lilliana Azofeifa Azofeifa, cédula 1-858-966, Juez Supernumeraria, puesto

número 005340, destacada en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial,

Goicoechea, del 14-7-98 al 21-7-98, en reemplazo del Lic. Armando Elizondo Almeida, cédula

1-711-384.

11.-    Lic. Rolando Morales Valladares, cédula 1-763-0082, Juez, número de puesto

043977, en el Juzgado Penal de San José, del 14-7-98 al 31-7-98, en sustitución de la Licda

Gabriela Rodríguez Morales, cédula 1-612-0629.

        El Lic. Morales labora como Juez Interino en ese despacho.

12.-    Lic. Juan Carlos Castro Loría, cédula 1-621-0217, Juez, número de puesto 072762,

en el Tribunal Contencioso Administrativo, del 22-7-98 al 11-8-98, en sustitución de la Dra.

Anabelle León Feoli, cédula 1-466-0883, quien sustituye al Magistrado Zeledón, por permiso

con goce de salario para que realice otras actividades de su cargo.

13.-    Lic. Vernor Perera León, cédula 1-567-0680, Juez, puesto número 043777, en el

Juzgado Contencioso Administrativo       y Civil de Hacienda, del 22-7-98 al 11-8-98, en

reemplazo del Lic. Juan Carlos Castro Loría, cédula 1-621-0217.

                                        ARTÍCULO XII

        Se nombró a las siguientes personas en sustitución de los titulares, por

permiso con goce de salario :

1.-     Lic. José Angel Salazar Navas, cédula 6-163-0337, Juez, número de puesto 044791,

en el Tribunal de Guanacaste, del 13-7-98 al 26-7-98, en sustitución del Lic. Juan Gerardo

Quesada Mora, cédula 1-594-0370, Por permiso concedido en sesión del 16-6-98, artículo

CV, con el fin de que se dedique al estudio del expediente N° 82-96.

2.-     Lic. José Ángel Salazar Navas, cédula 6-163-0337, Juez, puesto número 044838, en

el Tribunal de Guanacaste, del 27-7-98 al 31-7-98, en reemplazo del Lic. Rodrigo Campos

Esquivel, cédula 1-706-332.
                                                 12

        Motivo indicado en el inciso anterior.

3.-     Licda Gabriela Rodríguez Morales, cédula 1-612-0629, Juez, número de puesto

043906, en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, San José, del 14-7-98 al 31-7-98, en

sustitución del Lic. Carlos Araya Rivas, cédula 1-503-0537.

        Permiso aprobado en la sesión del 2-7-98, artículo XLIX.

                                        ARTÍCULO XIII

        Se hicieron los siguientes nombramientos de Jueces Supernumerarios y se les

destaca en los Despachos que se dirá, sin perjuicio de que se les pase a desempeñar

otro cargo cuando las necesidades así lo requieran.

1.-     Lic. Minor Ortíz Mena, cédula 1-541-0528, puesto número 005201, en funciones de

Juez en el Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, del

1°-8-98 al 31-1-99, aprobado en sesión del 29-1-98, artículo XC.

2.-     Lic. Eloy Araya Paz, cédula 1-647-780, puesto número 102111, en el Juzgado Penal

de Alajuela, del 20-7-98 al 31-1-99, en lugar de la Licda Maruxinia Marín Mata, cédula 1-594-

664.

3.-     Licda Lidieth Araya Porras, cédula 5-217-410, puesto número 111230, en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Santa Cruz, 21-7-98 al 30-9-98, conocido en sesión

del 13-7-98, artículo XLVII.

4.-     Lic. Manuel Hernández Casanova, cédula 6-231-761, puesto número 112352, en el

Juzgado Civil de Heredia, del 10-7-98 al 31-7-98.

                                        ARTÍCULO XIV

        Se hacen las siguientes prórrogas:

1.-     Licda Ericka Robleto Artola, cédula 6-233-0612, Juez, número de puesto 006523, en

el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Matina, del 1-8-98 al 31-1-99. Plaza

Vacante.

        La Licda Robleto está como Jueza en esa oficina.

2.-     Lic. Douglas Araya Gómez, cédula 1-555-0605, Juez, puesto número 044329, en el

Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito, Goicoechea, del 1°-8-98 al 31-1-

99. Plaza Vacante.

                                         ARTÍCULO XV
                                              13

         Se hacen las siguientes modificaciones:

1.-      Artículo VI, inciso 13) de la sesión del 13-7-98, en el que se nombró al Lic. Daniel

Ruiz Chavarría, cédula 6-122-0109, Juez, en el puesto número 043922, en el Tribunal de la

Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, del 13-7-98 al 20-7-98, por vacaciones del Lic. Jaime

Hernández Granillo, cédula 8-059-095, lo correcto es que el Lic. Ruiz sustituye al Lic.

Hernández del 13-7-98 al 17-7-98, por incapacidad.

2.-      Artículo III, inciso 43), de la sesión del 7-7-98, en el que se nombró al Lic. Ricardo

Marín Vargas, cédula 1-810-758, Juez, en el Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito

Judicial, del 6-7-98 al 28-7-98, en sustitución de la Licda Ana Cecilia Salazar Quirós, cédula

1-503-814, en el puesto 108089, lo correcto es en la plaza de la Licda Marjorie Salazar

Herrera N°112356, quien ocupa otro cargo.

3.-      Artículo VI, inciso 14), de la sesión del 22-6-98, en el que se nombró al Lic. Rodrigo

Flores Garrido, cédula 1-467-168, como Inspector General, puesto número 043037, en el

Tribunal de la Inspección Judicial, en reemplazo del Lic. Guido Alberto Romero Zúñiga,

cédula 3-195-1213, por vacaciones, del 1-7-98 al 14-7-98, lo correcto es del 1-7-98 al 13-7-

98.

4.-      Artículo XIII, inciso 17) de la sesión del 22-6-98, en el que se nombró a la Licda Luz

Marina Chaves Rojas, cédula 2-283-165, Juez, en el Juzgado de Tránsito del Segundo

Circuito Judicial, del 22-6-98 al 26-6-98, en sustitución de la Licda Ana Cecilia Salazar Quirós,

cédula 1-503-814, en el puesto 108089, por asistir al curso de Conciliación en Materia de

Tránsito, lo correcto es en la plaza N°112356, de la Licda Marjorie Salazar Herrera, quien

ocupa otro cargo.

5.-      Artículo III, inciso 34), de la sesión del 7-7-98, en la que se nombró a la Licda Karol

Vindas Calderón, cédula 1-851-287, Juez, puesto número 38573, en el Juzgado de Familia

del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 6-7-98 al 13-7-98, en sustitución de la Licda

Ileana García Arroyo, cédula 3-253-392, lo correcto es que el número de plaza es la

102116, de Juez Supernumerario del Lic. Nelson Rodríguez Jiménez, quien está en otro

cargo.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                        ARTÍCULO XVI
                                               14


          Con vista en las proposiciones incluidas en el “Capítulo de Nombramientos en

Propiedad” de la nómina elaborada por el Departamento de Personal, se acordó aprobar -en

propiedad- los siguientes nombramientos:

A partir del 1° de julio de l998:

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE SAN JOSÉ

          1.- Fonseca Salazar Maritza, cédula N° 9-0017-256, Sicólogo.

A partir del 1° de agosto de 1998:

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES

SECCIÓN DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

          2- García Badilla Frank, cédula N° 2-0463-0010, Sub-Oficial de Investigación 2, Terna

N° 98-222.

SECCIÓN DELITOS VARIOS

          3-     Donato Monge Andrés, cédula N° 6-0142-0005, Encargado de Unidad, Terna

N° 98-237.

DELEGACIÓN REGIONAL DE LIBERIA

          4-    Canales Betancourt Berny, cédula N° 5-0290-0017, Auxiliar de Investigación 1,

Terna N° 98-235.

SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE TRES RÍOS, LA UNIÓN

          5-     Delgado Vargas Ana Virginia, cédula N° 1-764-0305, Oficinista 2, Terna N°

98-203.

A partir del 1 de setiembre de 1998:

ARCHIVO CRIMINAL

          6-     Hernández Agüero Emilia María, cédula N° 1-757-526, Auxiliar de Archivo 1,

Terna N° 98-227.

SECCIÓN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

          7-     Arias Navarro Oscar, cédula N° 3-223-108, Suboficial de Investigación 1,

Terna N° 98-242.

DELEGACIÓN REGIONAL DE ALAJUELA
                                                15

          8-      Badilla Cascante Rolando, cédula N° 1-759-886, Suboficial de Investigación

1, Terna N° 98-234.

                                                -0-

          La servidora Hernández Agüero,         se presentará al Servicio Médico para los

Servidores Judiciales, a efecto de que se le practique el reconocimiento respectivo, para lo

que concertará la cita en forma personal, o por la vía telefónica en la extensión 3573. El

Departamento de Personal y el Servicio Médico tomarán nota de los resuelto para lo de sus

cargos.

                                         ARTICULO XVII

          Vista la terna remitida por el Departamento de Personal, se acordó improbar el

nombramiento del señor Pérez Fonseca Ignacio Gerardo como Oficial de Investigación 1 en

la Sección de Delitos Varios, del Organismo de Investigación Judicial en razón de que los

otros oferentes tienen más tiempo de servicio, mayor calificación y en consecuencia mayor

experiencia. Se recibió 1 voto por aprobar el nombramiento. Por lo anterior se dispone remitir

las diligencias respectivas a la citada Sección para lo de su cargo.

                                         ARTICULO XVIII

          Vista la terna remitida por el Departamento de Personal, se acordó improbar el

nombramiento del señor Hernández Murillo Paulo, como Auxiliar de Investigación 1 en la

Sección de Delitos Contra la Propiedad, del Organismo de Investigación Judicial en razón de

que los otros dos oferentes tienen más tiempo de servicio, mayor calificación y en

consecuencia mayor experiencia. Se recibió 1 voto por aprobar el nombramiento. Por lo

anterior se dispone remitir las diligencias respectivas a la citada Sección para lo de su cargo.

RENUNCIAS
                                         ARTÍCULO XIX

          El Lic. Federico Salazar Ficklin, Fiscal Auxiliar de Estafas, del Ministerio Público, en

oficio de 20 de este mes, en lo que interesa manifestó:

           “...por medio del presente memorial les comunico que en virtud de haber
           recibido una oferta de trabajo como profesional en la entidad financiera
           Banco Nacional de Costa Rica, cesaré en mis labores como fiscal a partir
           del día veinticinco de julio del presente año.
                   La decisión de abandonar una institución tan querida para mí y en la
           cual he laborado como fiscal durante siete años ha sido muy difícil, sin
           embargo se presenta una oportunidad para mi superación personal y para
           el beneficio económico de mi familia, siendo esto lo que me determina a
           tomar ésta decisión que ya fue puesta en conocimiento el miércoles de la
                                               16

           semana pasada al Fiscal General Adjunto Lic. Jorge Segura Román
           quien para esas fechas se encontraba laborando como Fiscal General de
           la República en virtud de encontrarse el Lic. Carlos Arias fuera del
           territorio nacional.”
                                             -0-
          Se acordó: Aceptar la renuncia del Lic. Federico Salazar Ficklin, al cargo de Fiscal

Auxiliar de Estafas interino, a partir del 25 del mes en curso, por los motivos que indica en la

nota que remite. Se le dan las gracias por los servicios prestados al Poder Judicial.

           El Departamento de Personal y el Ministerio Público tomarán nota para lo de sus

cargos.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                         ARTICULO XX

          Con vista de la nómina de candidatos elaborada por el Departamento de Personal,

para el Puesto de Jefe de la Unidad Administrativa Regional de Limón, el Lic. Alfredo Jones

León, Director Ejecutivo, en oficio N° 5166-DE-98 de 20 de julio en curso, propone el

nombramiento del Lic. José Rubén Dimas Portillo, quien ha venido desempeñando el cargo

en forma interina.

          Se acordó: Aprobar la anterior solicitud y nombrar al Lic. Dimas Portillo Jefe de la

Unidad Administrativa Regional de Limón, en propiedad a partir del 1° de agosto próximo.

          El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

PERMISOS
                                         ARTÍCULO XXI

          El Lic. Wilberth Arroyo Álvarez, Director de la Escuela Judicial, solicita permiso para

impartir lecciones de Juicios Universales en la Universidad de Costa Rica, durante los días

lunes y miércoles, de las 16:15 a las 18:00 horas, durante el segundo semestre de este año.

          Se acordó: Autorizar al Lic. Arroyo Álvarez, para que los días y horas que se han

mencionado imparta lecciones en el citado centro de estudios superiores, siempre y cuando

no se afecte el buen servicio público. Así se dispone por hallarse dentro de los presupuestos

señalados en las sesiones de Corte Plena celebradas el 22 de julio y 4 de noviembre del año

1991, artículos XXXIX y LVI, respectivamente, así como también la del 3 de noviembre del

año pasado, artículo IX.

                                         ARTÍCULO XXII
                                              17

        En nota de 13 de los corrientes, el señor Jorge Antonio Cordero Chacón, Auxiliar de

Contabilidad 2 del Departamento Financiero Contable, solicitó permiso sin goce de salario por

un período de seis meses, del 1° de marzo al 1° de setiembre del año en curso, para atender

estudios Teológicos y Filosóficos. En virtud de que el segundo semestre inicia el 19 de julio

de este año, necesita que se le prorrogue el permiso concedido hasta por seis meses más, a

partir del 2 de setiembre próximo.

        En oficio 8626-98 de 14 de los corrientes, la Secretaria General solicitó al

Departamento de Personal, informe sobre la solicitud del señor Cordero Quirós, referente a

los permisos sin goce de salario disfrutados por el citado funcionario.

        En oficio N° 1491-DL-98 de 16 de este mes, los Licenciados Mauricio Quirós Álvarez

y José Luis Bermúdez Obando, Jefes de la Sección de Derechos Laborales y del

Departamento de Personal, por su orden, remiten informe en que se indica que el

mencionado servidor ha disfrutado de permisos sin goce de salario 5 meses y 2 días.

        De conformidad con el artículo 44, párrafo 1°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

se acordó: Denegar el permiso solicitado por el señor Jorge Antonio Cordero Chacón, en

virtud de que los permisos sin goce de salario no pueden exceder de 6 meses, que es el

máximo permitido por la citada Ley y su caso no está dentro de los presupuestos existentes

para conceder un permiso mayor.

                                       ARTÍCULO XXIII

        En sesión del 7 de este mes, artículo XXVI, se dispuso conceder permiso con goce

de salario a la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, para que asista

al seminario de “Acceso Gratuito a la Justicia”, a realizarse en la ciudad de San Salvador el

día 24 de los corrientes.

        En oficio N° 249-98 de 16 de este mes la Licda. Muñoz Cascante solicita que se le

conceda permiso con goce de salario por el día 23 de julio, a fin de poder asistir al seminario

que dio cuenta, pues requiere ese día para su traslado a ese país.

        Se dispuso: Acoger la solicitud de la Licda. Muñoz Cascante y concederle también

permiso con goce de salario por el día 23 de los corrientes para los efectos que da cuenta.

        El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                       ARTÍCULO XXIV
                                                18

           El señor Steven Jiménez Quirós, Auxiliar Judicial 2 de la Unidad Regional

Administrativa de Puntarenas, en facsímil del 10 de los corrientes, solicita se le conceda

permiso sin goce de salario del 20 de julio al 24 de diciembre de este año, para atender

asuntos personales de suma importancia.

           En oficio 8624-98 de 13 de los corrientes, la Secretaria General solicitó al

Departamento de Personal, un desglose de los permisos sin goce de salario disfrutados por

el citado funcionario.

           En oficio N° 1494-DL-98 de 16 de este mes, los Licdos. Mauricio Quirós Álvarez y

José Luis Bermúdez Obando, Jefes de la Sección de Derechos Laborales y del

Departamento de Personal, por su orden, remiten el oficio N° 1497-DL-98 en el que informa

que el señor Jiménez Quirós ha disfrutado un total de 6 meses de permiso sin goce de

salario.

           De conformidad con el artículo 44, párrafo 1°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

se acordó: Denegar el permiso solicitado por el señor Jiménez Quirós, en virtud de que los

permisos sin goce de salario no pueden exceder de 6 meses, que es el máximo permitido por

la citada Ley.

                                         ARTÍCULO XXV

           La Licda. Sonia Rodríguez Rodríguez, Vice Presidenta de la Asociación Costarricense

de la Judicatura, en facsímil de 20 de este mes, manifiesta que se ha programado para los

días 23 y 24 de los corrientes, una gira a la zona norte (Nicoya y Liberia), con el propósito de

realizar una reunión con los asociados con el fin de intercambiar opiniones sobre diversos

temas que interesan, por lo que solicita se conceda permiso con goce de salario y sustitución

al Lic. Oscar Corrales Valverde, integrante de la Junta Directiva, para asistir a dicha actividad.

           Se dispuso: Acoger la anterior solicitud y conceder al Lic. Corrales Valverde, permiso

con goce de sueldo y sustitución en la fechas y para los fines de que dio cuenta.           La

Presidencia designará al suplente respectivo.

           El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                         ARTÍCULO XXVI

           El Lic. Franz Korte Núñez, Juez Coordinador del Juzgado de Tránsito del Segundo

Circuito Judicial de San José, Goicoechea, comunica que el señor Erick González Castillo,

servidor de ese despacho, solicitó se le conceda licencia con goce de salario, en razón de
                                               19

que su esposa se encuentra hospitalizada por haber perdido un bebé, lo que provocó un dolor

emocional y trastorno familiar.

        Se dispuso: De conformidad con el artículo 44, párrafo 7° de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, conceder al señor González Castillo permiso con goce de sueldo durante 7

días naturales, del 22 al 28 de julio en curso, por la muerte de su hijo.

        El Departamento de Personal y el Juzgado de Tránsito del 2 Circuito Judicial de San

José, Goicoechea, tomarán nota para lo de sus cargos.

                                       ARTÍCULO XXVII

        El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, comunica que el Ing. Marco Barboza

Roldán, Jefe interino del Departamento de Informática disfrutará de vacaciones del 20 al 30

de este mes, y el Ing. Fernando Ruíz Elizondo asumirá durante ese período la jefatura de

dicho Departamento.

        Se acordó: Tomar nota de las manifestaciones del Lic. Jones, lo que también hará el

Departamento de Personal.

PAGO POR PROHIBICIÓN
                                       ARTÍCULO XXVIII

        Por habérseles nombrado interinamente en las fechas que se dirán y por no ejercer la

Abogacía ni el Notariado, los profesionales en Derecho que a continuación se mencionan

solicitaron se les reconozca el beneficio de "prohibición":

        1.- Licda. Desireé Acuña Agustini, cédula N° 1-679-893, Fiscal Auxiliar del Ministerio

Público, del 16 de julio al 30 de setiembre del presente año.

        2.- Licda. Kennia Alvarado Villalobos, cédula N° 9-074-725, Fiscal Auxiliar del Ministerio

Público, por el período que se indica en el inciso que antecede.

        3.- Licda. Paula Ballestero Murillo, cédula N° 1-957-225, Fiscal Auxiliar en la Fiscalía de

Alajuela, del 29 de junio último al 15 de julio en curso y Fiscal Auxiliar en la Unidad de

Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, del 16 de los corrientes al 30 de setiembre de

este año.

        4.- Licda. Nedyn Barrantes Jiménez, cédula N° 5-256-270, Juez en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Nicoya, del 8 al 12 del mes en curso.

        5.- Licda. Berlioth Blanco García, cédula N° 1-857-318, Fiscal Auxiliar en la Fiscalía de

Alajuela, del 1° al 15 de julio en curso y Fiscal Auxiliar en la Unidad de Capacitación y
                                                20

Supervisión del Ministerio Público, del 16 de los corrientes al 30 de setiembre del presente año.

        6.- Licda. Ericka Chaves Jiménez, Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil,

por los días 16 y 17 de los corrientes.

        7.- Egr. Giovanni Durán Abarca, cédula N° 1-559-604, Juez en el Juzgado Sexto Civil de

Mayor Cuantía, por los días 2 y 3 de abril de este año, y Juez en el Juzgado Civil de Hacienda

del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 6 al 17 de julio en curso.

        8.- Licda. Olga Fallas Ulloa, Defensora Pública de Puriscal, 1° al 3 y del 13 al 31, ambas

fechas de este mes.

        9.- Licda. María Helena Fernández Pacheco, cédula N° 9-044-480, Defensora Pública

en el Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 9 al 31 del mes en curso.

        10.- Licda. Yessy Fonseca Fait, cédula N° 1-839-620, Defensora Pública en el Segundo

Circuito Judicial, Goicoechea, del 20 al 31 del presente mes.

        11.- Lic. Erick Gatgens Gómez, cédula N° 1-763-064, Abogado Asistente 3 de la Sala

Tercera, del 6 al 17 de los corrientes.

        12.- Licda. Emi Lorena Guevara Guevara, cédula N° 5-224-963, Jueza en el Juzgado

Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, del 27 al 29

de abril, del 15 al 24 de junio, del 1° al 10 de julio; Jueza en el Juzgado de Tránsito del citado

circuito, del 8 al 10 de junio y Jueza en el Juzgado Segundo Civil de Menor Cuantía de San

José, del 13 al 24 de julio, fechas todas del presente año.

        13.- Lic. Manuel Hernández Casanova, Juez en el Juzgado Civil de Heredia, del 29 de

junio pasado al 31 de julio en curso.

        14.- Licda. Ana Lorena Jiménez Rivera, Defensora Pública de Cartago, del 20 al 31 de

este mes.

        15.- Lic. Yuri López Casal, cédula N° 4-155-122, Juez en el Juzgado Contravencional y

de Menor Cuantía de Pérez Zeledón, del 1° de julio de 1998 al 31 de enero de 1999.

        16.- Lic. José Francisco Molina Román, cédula N° 3-235-335, Fiscal Auxiliar del

Ministerio Público, del 16 de julio al 30 de setiembre del presente año.

        17.- Licda. Yanina Mora Madrigal, cédula N° 1-897-269, Fiscal Auxiliar del Ministerio

Público, del 16 de julio al 30 de setiembre del año en curso.
                                                 21

        18.- Lic. Alejandro Piedra Méndez, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, por el período

que se indica en el inciso que antecede.

        19.- Lic. Raymond Porter Aguilar, cédula N° 1-874-148, Fiscal Auxiliar en la Fiscalía

Adjunta de Puntarenas, del 30 de marzo al 3 de abril, Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Adjunta de

Heredia, del 15 de abril al 4 de mayo, Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Adjunta Antidrogas, del 5 al

31 de mayo, Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, del 1° al 30 de junio y del 1°

de julio al 30 de setiembre, fechas todas de este año.

        20.- Licda. Sonia Quintana Ujueta, cédula N° 1-720-200, Defensora Pública, del 17 al 19

de junio, del 22 al 26 de junio, del 6 al 17 de julio y como Fiscal Auxiliar en la Fiscalía de Santa

Cruz, del 21 al 25 de julio, fechas del año en curso.

        21.- Lic. Olivier Ramírez González, cédula N° 2-423-491, Fiscal Auxiliar en San José y

Limón, por su orden del 15 al 17 de junio último y del 1° de julio en curso al 3 de agosto

entrante.

        22.- Licda. Ana Ruth Reyes Carrillo, cédula N° 2-287-1139, Fiscal Auxiliar del Ministerio

Público, del 16 de julio al 30 de setiembre del presente año.

        23.- Lic. Elmer Gerardo Rojas Aguilar, cédula N° 3-268-338, Defensor Público en el

Segundo Circuito Judicial, Goicoechea y San José, por su orden del 15 al 16 y del 17 al 24,

ambos períodos de julio en curso.

        24.- Licda. Marbiodal Saavedra Ramírez, cédula N° 9-093-517, Jueza en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Corredores, del 31 de marzo al 3 de abril, del 11 de

mayo al 13 de mayo, del 8 de junio al 11 de junio, del 25 de mayo al 29 de mayo, del 15 de junio

al 26 de junio y del 2 de julio al 24 de julio, fechas todas de este año.

        25.- Lic. Rolando Salas Pérez, cédula N° 2-316-609, Fiscal Auxiliar en la Fiscalía

Especializada de Narcotráfico, del 20 al 31 del presente mes.

        26.- Licda. Vilma Sánchez Del Castillo, cédula N° 1-926-049, Fiscal Auxiliar del

Ministerio Público, del 16 de julio al 30 de setiembre de este año.

        27.- Licda. Maureen Sancho González, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, del 16 de

julio al 30 de setiembre del año en curso.
                                                22

        28.- Lic. Óscar Serrano Pujol, cédula N° 1-836-400, Fiscal Auxiliar en la Fiscalía de

Heredia, del 1° al 15 de julio y Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, del 16 de julio al 30 de

setiembre, fechas del presente año.

        29.- Licda. Kattia L. Torres Rojas, cédula N° 1-793-743, Jueza en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Mora, del 22 del mes en curso al 23 de agosto próximo.

        30.- Licda. Zulángel Toruño Marchena, cédula N° 5-156-897, Juez en el Juzgado Civil

de Nicoya, del 1° al 10, del 13 al 24 y del 27 al 31, fechas del presente mes.

        31.- Licda. Ana Belly Umaña Quesada, cédula N° 5-210-957, Jueza en el Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Valverde Vega, del 20 de este mes al 18 de agosto

próximo.

        32.- Licda. María Felicia Zoch Badilla, cédula N° 1-776-360, Defensora Pública en

Desamparados, del 20 al 27 de los corrientes.

        Se acordó: Reconocer a los gestionantes el beneficio que solicitan conforme a los

cargos y por los períodos en que cada uno de ellos fue nombrado. El Departamento de

Personal tomará nota para lo de su cargo.

CONTINUACIONES DE DEBATE

                                        ARTÍCULO XXIX

        La Licda. Laura Cerdas Salazar, Jueza Tramitadora del Tribunal de San Carlos, en nota

de 17 de julio en curso, solicita se autorice a la Licda. Marjorie Salazar Herrera -quien estuvo

nombrada como Jueza Penal de esa localidad y actualmente funge como Jueza del Juzgado

Penal Juvenil y de Familia- para que fundamente la sentencia en lo concerniente a la acción civil

resarcitoria, que dictó en la causa N° 95-000491-299-PE seguida contra Rosa María Jiménez

Ruiz por difamación en daño de Alba Damaris Picado Ceciliano.

        En facsímil de 17 de este mes, el Lic. Jorge Enrique Infante Rojas, Juez Tramitador del

Tribunal de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, solicita se autorice a la la Licda. Rosa Zúñiga

Vargas, Fiscal Auxiliar, para que participe en la continuación de debate señalada a las 14:00

horas del 21 de los corrientes, en la causa N° 253-96-L contra Geovanny Ceciliano Mora por el

delito de receptación y uso de documento falto en perjuicio de Mercedes Ayonca de Miguez.

        Se acordó: Conceder las autorizaciones solicitadas.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL
                                                23

                                         ARTICULO XXX

          En la sesión celebrada el 2 de junio pasado, artículo CXVII, se aprobó la solicitud del

Lic. Mario Villalobos Gómez, Jefe del Departamento de Trabajo Social y Sicología, para que

se concediera permiso con goce de salario así como la cuota de inscripción por valor de cien

dólares por participante, a los Licdos. Ronald Ching Céspedes y Victoria Oviedo Soto,

Psicólogos de ese Departamento, a fin de que del 26 al 28 de agosto próximo, asistan a un

congreso de sociología, que se llevará a cabo en el Hotel Corobicí.

          El Lic. José Luis Bermúdez Obando, Jefe interino del Departamento de Personal, en

oficio N° 546-JP-98 de 10 de julio en curso, manifiesta que el Despacho a su cargo recibió

formal invitación para asistir a dicho congreso, por lo que solicita se autorice la participación

de al menos dos funcionarios, para que asistan a ese evento, a cuyos efectos deberá

concederseles permiso con goce de salario y la cuota de inscripción.

          Se acordó: Aprobar la anterior solicitud y conceder permiso con goce de salario y la

cuota de inscripción a dos profesionales en Psicología del Departamento de Personal, para

que asistan a la mencionada actividad.

          Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo de sus

cargos.

                                        ARTICULO XXXI

          En la sesión celebrada el 25 de junio pasado, artículo LXV, se dispuso trasladar al

Departamento de Personal, para su estudio e informe, la solicitud del señor Wilberth Delgado

Montero, Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Santo

Domingo de Heredia, para que se le traslade a alguna de las oficinas del Circuito Judicial de

Puriscal.

          En cumplimiento del acuerdo de referencia, el Lic. Javier Sánchez Medrano, Jefe de

la Sección de Reclutamiento y Selección, con el visto bueno del Lic. José Luis Bermúdez

Obando, Jefe del Departamento de Personal, en oficio N° RS-341-98 de 17 de julio en curso,

rinde el siguiente informe:

            “Luego de revisar los registros que para tal efecto lleva la Sección de
            Reclutamiento y Selección , se identificaron las siguientes plazas vacantes
            en la zona de Puriscal, ocupadas interinamente por las personas que se
            indican a partir de enero de 1998:
            Auxiliar Judicial 3 en el Tribunal de Juicio (48522) ocupada por Gutiérrez
            Bermúdez Yendry.
                                                24

         Auxiliar Judicial 3 en el Tribunal de Juicio (43981) ocupada por Jarquín
         Sancho Marvin José.
         Auxiliar Judicial 3 en el juzgado Penal (44281) ocupada por Gamboa
         Fernández Luis Alberto.
         De conformidad con el puesto que el señor Delgado Montero ocupa en
         propiedad, sea el de Auxiliar Judicial 1 en el Juzgado Contravencional y de
         Menor Cuantía de Santo Domingo, trasladarlo en propiedad en alguno de
         los puestos vacantes anteriores, representaría un doble ascenso para el
         solicitante.
         Cabe resaltar lo acordado por Corte Plena en la sesión celebrada el 23 de
         setiembre de 1996, en el sentido de no realizar ni proponer
         nombramientos en propiedad de funcionarios que tramitan la materia
         penal.
         Por otro lado, en caso de aprobarse el traslado solicitado a alguna de las
         plazas mencionadas, el criterio de los jefes respectivos es el siguiente:
         Lic. Gustavo Cedeño Monge, Juez del Tribunal de Juicio de Puriscal,
         manifestó estar conforme con el personal que labora en su oficina, no
         obstante si el Consejo Superior tiene a bien trasladar al señor Delgado
         Montero a alguna de las plazas vacantes de ese Despacho, le gustaría en
         primer lugar conocer y entrevistar al interesado y en segundo lugar que
         fuera en la plaza N° 43981, ya que en la otra se desempeña la señorita
         Yendry Gutiérrez Bermúdez, quien antes laboraba en el Juzgado Mixto de
         esa localidad, conociendo todo lo relacionado con la materia penal, por lo
         que cuenta con gran experiencia en el área.
         La Licda. Rosibel López Madrigal, Juez Penal de Puriscal, se encuentra
         disfrutando de vacaciones por lo que no se logró conversar con ella al
         respecto y el sustituto es el mismo Lic. Cedeño, quien prefirió no referirse
         al asunto por no conocer lo suficiente al personal de ese despacho.
         El señor Delgado Montero desempeña en propiedad el cargo de Auxiliar
         Judicial 1 en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Santo
         Domingo, desde el 01-01-93, a la fecha no presenta suspensiones ni
         correcciones disciplinarias, reporta una calificación de servicios de 95.00%
         y contabiliza un total de 7 años, 1 mes y 26 días de servicio para el Poder
         Judicial.”
                                              -0-
        Se dispuso: Tomar nota del anterior informe y solicitar al Departamento de

Personal que cuando quede vacante en Puriscal            un puesto de similar categoría al que

desempeña el señor Delgado Montero, lo informe a este Consejo, a fin de resolver lo que

corresponda.

                                        ARTÍCULO XXXII

        En oficios N°s. 563-JP-98, 564-JP-98, 566-JP-98, 555-JP-98, 556-JP-98, 557-JP-98,

558-JP-98, 559-JP-98, 560-JP-98, 561-JP-98, y 562-JP-98 de 17 de julio en curso, el Lic. José

Luis Bermúdez Obando, Jefe del Departamento de Personal, transcribe los acuerdos tomados

por el Consejo de Personal en la sesión del 9 de julio último, artículos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,

XI, XII, XIII y XV respectivamente, en que con base en las razones allí expuestas, se acordó

reconocer a los servidores que se dirán, los porcentajes que ahí se indican sobre el salario base

de las clases correspondientes, durante las fechas que se citan, por concepto de "dedicación

exclusiva", y durante los períodos en que se les designe en dichos puestos, a saber:
                                              25

        NOMBRE                                  CARGO                      %             FECHA
Randall Chacón Bustamante         Asistente en Administración 2           20%    A partir del 23-3-98
Alba María Solano Chacón          Supervisora    de      Servicio   del   20%    A partir del 25-6-98
                                  Organismo de Investigación Judicial
Alejandra Solano Acosta           Trabajadora Social                      60%    A partir del 29-6-98 al
                                                                                 12-7-98
                                                                                 Del 15-7-98 al 17-7-98
María Rosario Cubero Arroyo       Trabajadora Social                      60%    A partir del 6-7-98 al
                                                                                 13-7-98
Gabriela Jiménez Sibaja           Trabajadora Social                      65%    A partir del 29-6-98 al
                                                                                 8-7-98
                                                                                 Del 15-7-98 al 17-7-98
Oscar Bolívar Hidalgo             Técnico en Administración 2             65%    A partir del 1-7-98 al
                                                                                 15-7-98
María de la Cruz Arroyo Bravo     Química                                 65%    A partir del 22-6-98 al
                                                                                 30-9-98
Flor de María Murillo Vindas      Trabajadora Social                      60%    A partir del 6-7-98 al
                                                                                 2-8-98
Dixon Li Morales                  Técnico en Estadística                  60%    A partir del 20-7-98 al
                                                                                 21-8-98
Henry Artavia Marín               Jefe Sección Administrativa 4           60%    A partir del 24-6-98 al
                                                                                 26-6-98
Olga Marta Cordero Hernández      Psicóloga                               65%    A partir del 29-6-98 al
                                                                                 24-7-98
                                        -o0o-
         Se acordó: Acoger las recomendaciones del Consejo de Personal e informar a los

interesados que para el trámite correspondiente deberán firmar el documento de contrato

respectivo.

         El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                       ARTÍCULO XXXIII

         El Lic. José Luis Bermúdez Obando, Jefe del Departamento de Personal, en oficio N°

565-JP-98 de 17 de este mes, transcribió el acuerdo tomado por el Consejo de Personal en la

sesión del 9 de julio, artículo XIV, en que con base en las razones allí expuestas, se acordó

reconocer el 30% sobre el salario base de la clase “Auditor 1” por concepto de “Prohibición”,

del 6 al 19 de los corrientes y durante los períodos en que se le designe en dicho puesto, a la

Bach. María Jesús Jiménez Soto, Auditora 1 interina de la Auditoría Judicial.

         Se acordó: Acoger la anterior recomendación del Consejo de Personal.

                                      ARTÍCULO XXXIV

         En sesiones del 25 de mayo de este año, artículos CI, CII, CIII y 4 de junio, artículos

LXXIX, LXXI y LXXXIII, se dispuso aprobar el criterio de la Sección de Asesoría Legal de la

Dirección Ejecutiva y por lo tanto el pago de preaviso y cesantía, de los señores Luis Orlando

Parra Cortés, Ana de Trinidad Mesén y Carlos Guzmán Retana, en virtud de que quedaron
                                                26

cesantes por      falta de requisito de bachiller y se dispuso informe al Departamento de

Personal.

       Los Licdos. Mauricio Quirós Álvarez y José Luis Bermúdez Obando, Jefes de la

Sección de Derechos Laborales y del Departamento de Personal, por su orden, en oficio N°

1500-DL-98 de 17 de los corrientes, en atención a los acuerdos citados anteriormente,

remiten los informes de pago de Preaviso, Auxilio de Cesantía y Vacaciones Proporcionales,

a nombre de los ex-servidores judiciales que se han mencionado, a saber:


          Nombre                     Céd. N°            Preaviso        Cesantía         Vac. Prop
Parra Cortés Luis Orlando           4-102-459         ¢122.833,05      ¢491.332,20          ------
Guzmán Retana Carlos                1-513-274          ¢97.107,30      ¢194.214,60       ¢28.287,80
De Trinidad Mesén Ana               1-857-934          ¢93.994,70      ¢375.978,80           -----

                                                -0-

       Se acordó: Autorizar el pago de las sumas mencionadas a los señores Parra Cortés,

Guzmán Retana y De Trinidad Mesén.

        El Departamento de Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.


                                       ARTÍCULO XXXV

       En oficio N° 267-S-98 de 15 de los corrientes, el señor Gerardo Brenes Vega y los

Licenciados Gustavo Castro Miranda y José Luis Bermúdez Obando, Jefes de la Sección de

Planillas, Salarios y del Departamento de Personal, por su orden, manifestaron:

            “En atención a la nota suscrita por los siguientes servidores, para que se
            les cancele las diferencias en el pago de Horas Extra por los aumentos
            salariales del primer y segundo semestre del año anterior, nos permitimos
            brindarle el detalle de los montos a cancelar por ese concepto por el
            medio que estime conveniente, en vista de que a través de la Dirección
            General de Informática del Ministerio de Hacienda ya no es posible
            tramitarlas.”

            NOMBRE                              EXTRAS      B.ESCOLAR        AGUINALDO          TOTAL

Aguirre Arrieta Jorge              I-SEM         8.633,00           481,70          759,55     9.874,25
1-511-916                          II-SEM       11.626,05           765,00        1.032,55    13.423,60
                                                                                              23.297,85
Allón Zúñiga Alexander             I- SEM
3-262-360                          II- SEM       7.228,35           475,60           642,00    8.345,95

                                   I- SEM        4.654,10           259,70           409,50    5.323,30
Argüello Quesada Norberto          II- SEM       6.788,55           446,70           602,95    7.838,20
1-404-380                                                                                     13.161,50

Blanco Leandro Osbaldo             I-SEM         7.251,50           404,60           638,00    8.294,10
1-630-486                          II-SEM        3.437,75           226,20           305,30    3.969,25
                                                 27

                                                                                         12..263,35

Castro Soto Mario Alberto        I-SEM            4.662,60    260,15           410,20        5.332,95
1-654-377                        II-SEM          10.512,90    691,75           933,70       12.138,35
                                                                                            17.471,30

Flores Umaña Juan de Dios        I-SEM            5.109,50    285,10           449,55        5.844,15
1-650-323                        II-SEM           6.955,20    457,65           617,75        8.030,60
                                                                                            13.874,75

Guzmán Bernardi Alberto          I-SEM            4.012,05    223,85           353,00        4.588,90
1-659-631                        II-SEM           8.521,75    560,70           756,85        9.839,30
                                                                                            14.428,20

Molina Bastos Alberto            I-SEM            8.508,65     474,75          748,60        9.732,00
1-541-925                        II-SEM          18.081,05   1.189,70        1.605,90       20.876,65
                                                                                            30.608,65

Montero Fonseca Alvaro           I-SEM            2.274,70    126.90           200,15        2.601,75
1-358-111                        II-SEM          11.034,40    726,05           980,00       12.740,45
                                                                                            15.342,20

Portilla Vargas Víctor Hugo      I-SEM            4.250,75    237,20           374,00        4.861,95
1-450-267                        II-SEM           5.654,50    372,05           502,20        6.528,75
                                                                                            11.390,70

Poveda Cedeño José Alberto I-SEM                  7.561,30    421,90           665,25         8.648,45
7-079-197                  II-SEM

                                          -0-
        Se dispuso: Aprobar el anterior informe y autorizar al Departamento Financiero

Contable para que con cargo a la subpartida presupuestaria correspondiente, gire a favor de

los interesados las sumas que allí se indican.

                                      ARTÍCULO XXXVI

        En sesión del 25 de junio último, artículo XXXVI, se dispuso autorizar el pago del

nombramiento del señor Gunther Warson Mc.Carty, en la Sección de Estadística del

Departamento de Planificación del 25 de marzo al 5 de abril, y dos días después se nombró

por error involuntario a otra persona en el mismo puesto, coincidiendo ambos

nombramientos.

        En oficio N° 275-S-98 de 20 de los corrientes, los Licdos. Gustavo Castro Miranda,

Ronald Calvo Coto y Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la Sección de Salarios, Planillas y

Departamento de Personal, por su orden, informan que al señor Gunther Warson Mc.Carty,

cédula N° 7-110-0069, le corresponden las sumas de ¢16.700,00 (menos deducciones de

Ley) por concepto de salario del período del 01 al 05 de abril, ¢1.367,75 por bono escolar,

además, se le debe reconocer la suma de ¢1.505,65 por concepto de aguinaldo proporcional.
                                               28

        Se dispuso: Aprobar el anterior informe y autorizar al Departamento Financiero

Contable, para que con cargo a la subpartida presupuestaria correspondiente, gire a favor del

señor Warson Mc.Carty, las sumas que se han citado.

                                      ARTÍCULO XXXVII

        El Lic. José Luis Bermúdez Obando, Jefe del Departamento de Personal, en oficio N°

567-JP-98 de 17 de este mes, transcribe el artículo II de la sesión del Consejo de Personal

celebrada el 16 de los corrientes, que literalmente dice:

        “Se conoce el Informe CV-212-98 sobre la revisión de los puestos de Guarda 2
adscritos a la Oficina Administrativa del Segundo Circuito Judicial de San José y al
Departamento de Vigilancia y Seguridad y el puesto de Guarda 1 utilizado como Asistente de
Jefatura. En lo relevante el informe indica:

1.      GESTIONES.

1.1     Sesión del Consejo Superior No. 09-98 celebrada el 03-02-98, artículo LXXX:

      "Los señores Edgar Navarro Hernández, Fabricio Guevara González, Esbin
      Brenes Ramírez y Luis Fernando Chaves, todos Supervisores de Seguridad del
      Departamento de Vigilancia y Seguridad, en nota de 30 del pasado mes de
      enero, solicitan se realice un estudio tendiente a ser remunerados de acuerdo a
      las labores que realicen, en razón de que en el Segundo Circuito Judicial,
      Goicoechea, existen diez plazas de Guardas que se hallan equiparadas en la
      misma escala salarial que los gestionantes y las funciones son diferentes.
      También proponen la posibilidad de que se les cambie el rol de trabajo conforme
      lo indican.

      Se dispuso: Trasladar al Consejo de Personal para lo de su cargo, la solicitud
      de los servidores que se indican, en cuanto al aumento de su remuneración y al
      Jefe del Departamento de Vigilancia y Seguridad lo concerniente al cambio del
      rol de trabajo."

1.2 Sesión No. 03-98 de la Comisión de Seguridad celebrada el 29-05-98, artículo I.
En esta sesión se acordó aprobar y poner en conocimiento del Departamento y Consejo de
Personal la gestión del licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, para que se
reasignen las plazas de Guarda 2 a Supervisor y Asistente de Jefatura, según el proyecto de
descripción de clases que se adjunta.

2.      CONSIDERACIONES GENERALES.

2.1             Relación Salarial.

El Departamento de Vigilancia y Seguridad conforme a la ley de presupuesto vigente a partir
de enero de 1998, cuenta con 74 servidores, distribuidos según el tipo de puesto de la
siguiente manera:

La relación salarial entre los puestos adscritos a esta dependencia es la siguiente:

 CANTIDAD DE                             PUESTO                         CATEGORÍA          SALARIO
  PUESTOS
      1               Jefe Departamento Administrativo 2                      561           217.800
      1               Secretario 3                                            275           103.400
                                             29

          4          Guarda 2                                               241                  89.800
          1          Oficinista 2                                           239                  89.000
         58          Guarda                                                 236                  87.800
          1          Conserje 2                                             229                  85.000
          8          Ascensorista                                           226                  83.800

2.2     Manual Descriptivo de Clases.

El Manual Descriptivo establece una única descripción para la clase "Guarda" dividida en dos
grupos:

Guarda 1: Labores de vigilancia.
Guarda 2: Labores de supervisión.

De acuerdo con la descripción la naturaleza del trabajo desarrollado en estos cargos es la
siguiente: "Colaboración en la supervisión y ejecución de las tareas de vigilancia tanto de
personas como de instalaciones y bienes de la Institución".
La descripción de clase actual puede observarse en el anexo No. 01.

2.3     Descripción de Tareas.

Como parte del estudio se analizaron las tareas ejecutadas por los Guardas 2 ubicados en el
Departamento de Vigilancia y en la Oficina Administrativa del Segundo Circuito Judicial;
asimismo, las del Guarda 1 que se desempeña como asistente de la jefatura. El detalle de
las mismas puede observarse en el anexo No. 02.

3.      ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.

3.1     Sobre las plazas de Guarda 2 del Segundo Circuito Judicial de San José.

A partir del análisis de las tareas desempeñadas por los guardas 2 destacados en el Segundo
Circuito Judicial, puede concluirse que las mismas son típicas del primer nivel de la serie,
toda vez que se dedican a la vigilancia del edificio y sus bienes, prestan seguridad en las
salas de juicio, atienden situaciones especiales como las alteraciones del orden, activaciones
de alarmas y otros.

De confrontarse estas tareas con las ejecutadas por los "Guardas 2" de San José, puede
visualizarse con facilidad la diferencia entre ambos tipos, pues mientras en el primer caso el
trabajo se circunscribe a la vigilancia y seguridad de edificios, bienes y personas; en el
segundo además supervisan el trabajo de otros guardas y tienen rangos de responsabilidad
mayores. También, en ausencia del jefe del Departamento, incluyendo días y horas no
hábiles, se convierte en el responsable inmediato y encargado de brindar soluciones a las
circunstancias imprevistas y problemas, debe además verificar el adecuado cumplimiento de
funciones por parte de la seguridad externa y redistribuir el personal de acuerdo a las
necesidades inmediatas.

Manteniendo equidad con respecto a las tareas desempeñadas, es conveniente entonces
reclasificar a Guarda 1 los puestos de Guarda ubicados en Goicoechea, ya que la
complejidad de las labores, esfuerzo mental, responsabilidad y supervisión, corresponden
precisamente a este nivel.

3.2     Sobre las plazas de Guarda 2 del Departamento de Vigilancia y Seguridad.

3.2.1 Las características de la Institución exigen al Departamento de Vigilancia prestar
servicios de seguridad simultáneos en diferentes lugares, los cuales a su vez generan
necesidades diversas de supervisión. Como es bien conocido este Departamento tiene
también a cargo la seguridad de oficinas ubicadas fuera del Circuito Judicial, que en la
actualidad representan un número importante, por ejemplo: San Joaquín de Flores, San
Pablo de Heredia, Hatillo, etc.
                                              30


3.2.2 La cantidad de personal existente en el Departamento, así como el volumen de
asuntos administrativos, hacen imprescindible la delegación de funciones por parte de la
Jefatura y ponen en evidencia la necesidad de una estructura organizacional adecuada.

3.2.3 En horas y días no hábiles es de suma importancia la permanencia de un encargado
que pueda ejecutar la toma de decisiones, en casos de emergencia o no rutinarios.

3.2.4 De acuerdo con el estudio de las labores desarrolladas por los Guardas 2
(supervisores), el puesto puede describirse a partir de los factores de clasificación en la
siguiente forma:

Complejidad: las actividades desarrolladas son de alguna variedad imponiéndole la toma de
decisiones siguiendo instrucciones generales.          Puede corresponderle modificar
procedimientos según las necesidades del momento y sugerir cambios definitivos en los
mismos.

Responsabilidad: dirige y asigna labores; vela por la disciplina, eficiencia y eficacia de la
labor. Es responsable de revisar, entregar y retirar equipo de trabajo a los servidores
interinos. Debe verificar el buen estado del equipo de seguridad y vigilancia (marcos
detectores, alarmas, armas, etc.). Mantiene relación directa y continua con compañeros de
trabajo, funcionarios y público en general. Su trabajo puede llevarle a incurrir en
responsabilidad civil o penal.

Condiciones de Trabajo: por la naturaleza de su función normalmente se desempeña a lo
externo de la oficina, dentro y fuera de los edificios. Tiene la obligación de desplazarse fuera
del Circuito Judicial. La actividad impone algún grado de riesgo contra la vida del servidor y
de otras personas.

Consecuencia del Error: el error en materia de vigilancia y seguridad puede acarrear
pérdidas económicas y personales.

Supervisión: le corresponde supervisar directamente guardas del nivel inmediato anterior.
Es supervisado por el Jefe del Departamento a través del análisis de los resultados que
brinde.

Requisitos: debido a la ausencia de una carrera universitaria en esta área, más que un
requisito académico definido predomina la experiencia en las labores propias del cargo así
como en la supervisión de personal. Si bien el Consejo de Personal eliminó de los requisitos
la licencia de conducir, cabe resaltar que en este nivel la misma es imprescindible, ya que se
realizan rondas diariamente en las oficinas ubicadas fuera del Primer Circuito.

Otras Características: Requiere habilidad para evitar y solucionar conflictos, tratar con el
público y motivar en el logro de objetivos y metas.

3.2.5 Las características de estos puestos hacen necesaria la creación de una clase
separada y no como se encuentra en la actualidad, definidos como grupo de clases; la
denominación para esta nueva clase debe establecer una adecuada diferenciación con los
niveles subordinados y denotar su naturaleza, por lo tanto bien puede utilizarse la de “Guarda
Supervisor”.

3.2.6 Para analizar el aspecto remunerativo es conveniente observar primero la diferencia
existente entre los niveles de esta serie:

              Puesto                        Categoría                   Salario Base
             Guarda 1                          236                         87.800
             Guarda 2                          241                         89.800
             Diferencia                         5                           2.000
                                               31

Dentro de la estructura salarial de la Institución se identifican montos diversos entre los
niveles con características de coordinador o supervisor y subordinado, dependiendo
principalmente de la ubicación, importancia y naturaleza del trabajo; algunos ejemplos de esta
relación son los siguientes:
        a.-     Obrero Especializado 3 y 2, 12 categorías.
        b.-     Oficinista 4 y 3, 23 categorías.
        c.-     Secretaria 3 y 2, 24 categorías.
Considerando la responsabilidad inherente y el tipo de función, se estima conveniente ubicar
la clase a crear (Guarda Supervisor) en la categoría 258 (Salario Base ¢96.600). A través de
esta medida además de alcanzar una remuneración adecuada para el cargo, se buscaría
solucionar el problema de reclutamiento indicado por la jefatura del Departamento de
Vigilancia y Seguridad.


3.3     Sobre la reclasificación de una plaza de Guarda 1 a Asistente de Jefatura.


3.3.1 La propuesta de la Dirección Ejecutiva consistente en la reasignación de una de las
plazas de Guarda a Asistente de Jefatura, introduce cambios en la estructura administrativa
del Departamento de Vigilancia y Seguridad, cuyo estudio corresponde más a la materia de
análisis organizacional que a la de clasificación y valoración de puestos.


La modificación planteada presupone el cambio de una de las plazas de nivel operativo a
profesional, lo cual es inconveniente estimarlo por simple proyección de las funciones
actuales. Por otro lado, normalmente este tipo de reasignaciones enfrentan limitantes por la
carencia de requisitos en el personal, esto según la política institucional.


3.3.2   De acuerdo con la jefatura las funciones del Asistente serían las siguientes:


a.-     Realizar estudios formales sobre proyectos relacionados con la seguridad
        institucional, para la implantación de nuevos equipos, métodos y procedimientos.
b.-     Evaluar sistemas, controles y registros para recomendar mejoras.
c.-     Establecer y mantener registros y controles sobre los sistemas de seguridad.
d.-     Mantener controles sobre el equipo (cambios en las ubicaciones, fechas y períodos
        de mantenimiento, contratos de mantenimiento, estadísticas, etc.).
e.-     Realizar informes de situaciones especiales; para ello debe efectuar entrevistas,
        desarrollar relaciones de hechos, describir circunstancias y lugares, coordinar con
        otras dependencias internas, analizar información y por último recomendar
        soluciones.
f.-     Analizar informes de novedades y supervisión.
g.-     Realizar informes de labores y de otro tipo, solicitados tanto por la jefatura como por
        la Dirección Ejecutiva.
h.-     Coordinar actividades con otras oficinas.
i.-     Realizar procesos de orientación e inducción con personal de reciente ingreso.
j.-     Efectuar gestiones de tipo administrativo.
k.-     Colaborar en la revisión de contratos y en la supervisión de los servicios.
l.-     Coordinar y dirigir las labores administrativas y de seguridad, en ausencia de la
        jefatura.
m.-     Realizar otras labores asignadas expresamente por la jefatura.
                                              32

3.3.3 Según lo percibido a través de las entrevistas, durante varios años uno de los
servidores del Departamento de Vigilancia se ha desempeñado como Asistente de la
Jefatura, sin que a la fecha se haya dado un reconocimiento formal de esta situación.


El puesto utilizado hasta el momento ha sido de Guarda 1, propiamente el No. 043645,
ocupado por el señor Ubaldo Cerdas Chavarría.           De acuerdo con las entrevistas la
injerencia de este servidor en la toma de decisiones se ha visto disminuida desde la entrada
del actual jefe del Departamento, asignándole labores auxiliares de corte administrativo y
oficinesco, más que de tipo asistencial.


En este puesto se ejecutan tareas de importancia como la revisión del libro de novedades y
los informes de supervisión, para reportar por escrito a la jefatura de las situaciones de mayor
trascendencia y delicadeza. También tiene a cargo controles y registros de las alarmas, la
confección de los “roles” de vigilancia, el reclutamiento de servidores interinos, la confección
de proposiciones de nombramiento y de horas extra entre otros. Por último, cabe resaltar que
realiza aquellas tareas expresamente asignadas por la jefatura, que pueden incluir desde
asignaciones especiales hasta sustituir temporalmente a los supervisores.


Para el desempeño adecuado de sus funciones requiere además de las exigencias normales
para el personal de oficina, conocimientos y experiencia propios de la materia.


 3.3.4 Al comparar el elenco de tareas desarrollado por el señor Ubaldo Cerdas Chavarría
(ver anexo No. 02) con las indicadas en el punto transanterior, se puede observar la
diferencia entre ambos grupos pues mientras el primero responde a un ámbito auxiliar, el
segundo lo es al profesional.


3.3.5 Del análisis practicado se concluye la variación sustancial y permanente de las
funciones ejecutadas en el puesto No. 043645, ocupado por el señor Ubaldo Cerdas
Chavarría, cuyas tareas no son propias de la clase Guarda y tampoco del rengo asistencial.
Debido a la naturaleza de las funciones, complejidad y exigencias del puesto se observa la
similitud con los auxiliares del ámbito administrativo, combinando conocimientos y experiencia
generales con los específicos de la materia.


De las clases vigentes la que más se ajusta a las características del puesto es la de Oficinista
4, cuya apartado “Naturaleza del Trabajo”, indica lo siguiente:

“Ejecución de labores de oficina y administrativas auxiliares de gran variedad y
dificultad.”

4.      RECOMENDACIONES.


4.1     Departamento de Vigilancia y Seguridad.


4.1.1 Aprobar las descripciones para las clases Guarda y Guarda Supervisor, según se adjunta
en el anexo No. 03.


4.1.2 Ubicar la clase Guarda Supervisor en la categoría 258, correspondiente a un salario base
de ¢96.600.
                                              33

Esta medida permitirá remunerar con mayor justicia y equidad los puestos encargados de la
supervisión, acorde con la naturaleza de sus funciones, responsabilidades y exigencias.
También buscará facilitar el reclutamiento y la retención del personal idóneo.


4.1.3 Reasignar el puesto No. 043645, ocupado por el señor Ubaldo Cerdas Chavarría, de la
siguiente forma:
                  CLASE ACTUAL                                       CLASE PROPUESTA

                      GUARDA                                          OFICINISTA 4
        Categoría           Salario Base                      Categoría        Salario Base
           236                 87.800                            267              100.200

* De procederse con esta reasignación debe eliminarse el 10% por concepto de riesgo.
Esta reasignación permitirá ubicar el puesto en la clase correspondiente, de acuerdo con su
naturaleza y responsabilidades, toda vez que ha tenido un cambio sustancial y permanente en
sus labores.


4.1.4 La propuesta del Lic. Alfredo Jones León y de la Comisión de Seguridad, refleja el interés
por dotar de recurso humano profesional al Departamento de Vigilancia y a la vez coadyuvar en
su reestructuración administrativa. Aunado a esto, el Departamento de Planificación considera
que esta medida es un punto intermedio de los cambios funcionales propuestos por ellos a través
del informe 013-DI-97 y que al fin al cabo no causa mayor daño.


Bajo el mismo orden de ideas, conforme a lo manifestado por el Jefe del Departamento de
Vigilancia un asistente se encargaría de labores profesionales, las que posterior a su análisis se
observa son similares a las funciones de un Asistente en Administración 2. Esto hace ver la
importancia y necesidad de este tipo de recurso, por lo cual se sugiere como alternativa lo
siguiente:


a.-     Crear una plaza extraordinaria de Asistente en Administración 2 durante el próximo año,
        dando oportunidad de esta forma al análisis definitivo del Departamento de Planificación,
        previo a la creación de una plaza nueva.


b.-     Reasignar una plaza vacante de Guarda a Asistente en Administración 2.


Esta medida tendría el inconveniente de restar recursos operativos para la vigilancia.


4.2     Oficina Administrativa del Segundo Circuito Judicial.


Reasignar las plazas vacantes de Guarda 2 ubicadas en el Segundo Circuito Judicial de San
José, a Guarda 1, por cuanto la naturaleza de su trabajo corresponde al nivel inicial de esta serie.


Puestos No.: 023006, 023007, 023003, 023008, 022824, 023002, 023005, 023004, 022823 y
032326.
4.3     El costo anual asociado a las modificaciones propuestas es el siguiente:


                           ACTUAL                              PROPUESTO
      CANT     CLASE         CAT.         S. B.           CLASE    CAT.              S. B.             DIF.*
                                                            34

              4 Guarda 2                        241        89.800 Guarda Sup.    258           96.600   ¢326.400
              1 Guarda 1                        236        87.800 Oficinista 4   267          100.200     148.800
             10 Guarda 2                        241        89.800 Guarda         236           87.800   (240.000)


* La diferencia corresponde a la variación de los salarios bases multiplicado por la cantidad de
puestos y por 12 meses.

 Costo Anual:
 Salario Base Anual Total                                                              ¢235.200
 Anualidades1                                                                                 35.280
 Salario Total                                                                             270.480
 Cargas Sociales (35,08%)                                                                     94.884

 COSTO ANUAL INCLUYENDO CARGAS SOCIALES                                                    365.364
                                                                                          ¢
                                              -0-
             Se dispuso: 1) Acoger el anterior informe en cuanto a la reasignación de las 4

plazas de Guarda 2 a Guarda Supervisor, cuyo salario base y requisitos serán iguales a la

clase de Asistente Administrativo 2. 2) Disponer la reasignación de una plaza vacante de

Guarda a Asistente en Administración 2. 3) Disponer la reasignación de las plazas de Guarda

2 que se ubican en el Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, a Guarda 1. Se

entiende que esta reasignación surtirá efectos cuando la plaza quede vacante, para respetar

derechos adquiridos. 4) No aprobar la reasignación de la plaza N° 043645 de Guarda a

Oficinista 4.

                                                      ARTÍCULO XXXVIII

             En oficio N° 272-S-98 del 16 de este mes, el señor Gerardo Brenes Vega y los

Licenciados Gustavo Castro Miranda y José Luis Bermúdez Obando, Jefes de la Sección de

Planillas, Salarios y del Departamento de Personal, por su orden, manifiestan:

                 “Nos permitimos informarle que mediante proposición de nombramiento
                 número 392-98 de fecha 25 de junio del año en curso, el Juzgado de
                 Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, propuso a la señorita
                 DAYSI SALAS SALAS, como Auxiliar Judicial I, del 01 al 26 de julio en
                 curso, en sustitución del señor Johnny Gutiérrez Chavarría, quien salió a
                 vacaciones.
                       No obstante lo anterior, al momento de procederse a la revisión de
                 los datos consignados en la proposición, los cuales son incluidos en el
                 Sistema integrado de Personal, se detectó que el señor Gutiérrez
                 Chavarría se encuentra nombrado en una plaza extraordinaria del
                 programa 080 “SERVICIOS ESPECIALES”, en la cual los lineamientos
                 del honorable Consejo han sido claros al establecer que las limitaciones
                 presupuestaras impiden este tipo de movimientos, ante tal situación se
                 comunicó al despacho correspondiente la inconsistencia, por lo que el
                 Juzgado de origen procedió a nombrar a la señorita Salas Salas en otra
                 plaza a partir del 13 de julio. Sin embargo, el período del 01 al 12 de este

1 (Salario Base Anual Total / 400) * (12 * 5)
                                                35

          mes fue laborado por esa servidora, por lo que solicitamos se evalúe la
          posibilidad de reconocer el salario por el medio que se estime
          conveniente, tomando en consideración los siguientes montos:

           SALARIO                        ¢39.120,00
           BONO ESCOLAR                   ¢ 2.965,30
           AGUINALDO                      ¢ 3.507,10

                                                -0-

        Se dispuso: Aprobar el anterior informe, y autorizar que se gire a favor de la señora

Daysi Salas Salas, las sumas que se han indicado. El Departamento de Personal y Financiero

Contable tomarán nota para lo de sus cargos.

                                         ARTÍCULO XXXIX

        La Corte Plena en la sesión celebrada ayer dispuso aumentar por costo de vida, un

6.10% sobre el salario de los servidores judiciales, a partir del 1° de julio en curso.

        En oficio N° 569-JP-98 de esta fecha, el Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal, con base en lo resuelto por la Corte Plena en la citada sesión,

remite el respectivo índice salarial correspondiente al aumento por costo de vida de un 6.10%

sobre el salario base de los servidores judiciales a partir del 1° de julio en curso.

        Se dispuso: Remitir el citado índice salarial al señor Ministro de Hacienda para el

trámite correspondiente.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                          ARTICULO XL

        La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con oficio N°

1126-PLA-98 de 15 de este mes, remite el informe N° 579-EST-98 de 14 de julio en curso,

elaborado por la Sección de Estadística del Despacho a su cargo, relacionado con la labor

desarrollada   por   la   Sección   de    Investigaciones   Contables    del   Departamento   de

Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, durante l997.

        Se acordó: Tomar nota del mencionado informe.

                                          ARTICULO XLI

        En la sesión celebrada el 20 de enero de este año, artículo LVI, se aprobó el informe

elaborado por el Departamento de Planificación, relacionado con el estudio integral que se

hizo al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Palmares.
                                                36

        Se recomendó en el referido informe, entre otros aspectos, que en dicho Juzgado se

realizara una nueva evaluación con el objeto de valorar si éste requiere de personal

extraordinario, dado que a contar del presente año, dejó de conocer materia penal.

        En oficio N° 1129-PLA-98 de 16 de julio en curso, la Licda Marta Asch Corrales, Jefa

del Departamento de Planificación, remite el informe elaborado por la Sección de Control y

Evaluación del Despacho a su cargo, que en lo conducente dice:

                 “... Durante la visita realizada al Juzgado en cuestión, se analizaron
          varios aspectos del despacho; entre otros, la distribución de labores
                                                                                     2
          recomendada en el “Estudio Integral de la Alcaldía Mixta de Palmares”( )
          y la incidencia en la carga de trabajo de la no atención de la materia penal,
          a partir de 1998.

           Distribución de labores recomendada

                 Tal como se mencionó en el estudio N°004-CE-98, la distribución de
          labores recomendada en el “Estudio Integral”, se estuvo utilizando hasta
          finales del año pasado, dada la recomendación de la Dra. Mayra
          Rodríguez Calvo, Médico Psiquiatra del Departamento de Medicina Legal;
          en el sentido de que el personal del despacho estaba presentando el
          Síndrome de “Burn Out” (profesional fundido o agotado). Por lo anterior, a
          partir de ese momento debían cumplir solo con una función a la vez y no
          superar la jornada laboral de ocho horas.

                 Ahora bien, el pasado 10 de junio, con motivo de la visita realizada y
          según lo manifestó el del Lic. Róger León Zárate, Juez Contravencional y
          de Menor Cuantía,        se logró determinar que la recomendación -
          mencionada en el párrafo anterior- vertida por la Dra. Rodríguez Calvo, no
          se está poniendo en práctica, y se está trabajando de manera similar a la
          recomendación hecha en el “Estudio Integral”. Lo anterior, según indicó el
          Lic. León Zárate, debido a que con el personal con que se contaba en el
          despacho no era posible. Sobre el particular se consultó a los servidores
          del despacho, quienes expresaron que en general el trabajo se encuentra
          distribuido en forma equitativa y que el problema se presenta, cuando se
          necesita realizar alguna sustitución y por que la persona que se ha venido
          desempeñando en el puesto de Conserje 2, no cuenta con experiencia,
          razón por la cual las auxiliares deben colaborar con ella, en la realización
          de sus labores, provocándose atrasos en sus tareas.

                 Cabe agregar que en sesión N°36-98 del 14 de mayo pasado,
          artículo LXXXV, el Consejo Superior conoció facsímil del Lic. León Zárate,
          en el que da cuenta del esfuerzo que se ha realizado para alcanzar la
          meta de mejorar y poner al día esa oficina, solicitando a la vez
          autorización para laborar de forma extraordinaria, para lograr alcanzar la
          meta propuesta; en esa oportunidad el Consejo Superior, autorizó el pago
          de horas extra, por un mes a dos auxiliares judiciales y al Conserje del
          citado Juzgado.

                En ese sentido, se conversó con el Lic. León Zárate, quien
          mencionó que el trabajo realizado durante las horas extra trabajadas
          durante el mes de junio pasado, permitió nivelar la mayoría de las casillas;
          sin embargo, el personal debía disfrutar de sus vacaciones ya que se
          mostraba agotado, razón por la cual solicitó al Departamento de Personal
2
 Elaborado por la Sección de Desarrollo Institucional y aprobado en Consejo Superior en la sesión
del 8 de julio de 1997, artículo XXXXIV.
                                                37

          una persona con conocimientos en el puesto para realizar la sustitución de
          éste a fin de evitar que se presenten atrasos en la tramitación de los
          asuntos.

                En virtud de lo externado por el Lic. León Zárate, se consultó al Dr.
                                          3
          Wagner Rodríguez Camacho( ), Jefe del Departamento de Medicina
          Legal, quien expresó que ese despacho aún está siendo valorado por
          ese Departamento, en ese sentido llama la atención que se haya permitido
          el aumento de la jornada laboral, lo cual ha contribuido en el grado de
          agotamiento de ese despacho, determinado en la valoración de la Dra.
          Rodríguez Calvo.

                Por lo anterior, se recomienda esperar el dictamen final del
          Departamento de Medicina Legal, en el que se espera se aclare la
          recomendación en relación con el tiempo que debe transcurrir para que
          este despacho se encuentre en condiciones normales.

       Carga de trabajo del despacho:

                 Con el fin de determinar en que medida, ha afectado en la carga de
          trabajo la no atención de la materia penal, se analizó el volumen de
          asuntos ingresados durante el IV trimestre del año pasado y el primer
          trimestre de este año; información que se presenta a continuación:

              Materia         Entrados      Fenecidos Sent. Dictadas               Exist. final
                            IV-97    I-98 IV-97 I-98 IV-97         I-98          IV-97      I-98
         Civil                13      29      22   23       -       09            123       111
         Pensiones            22      24      05   09      06       26            258       253
         Contravenciones      68      67      57   80      24       25            167       155
         Trabajo              13      14      07   18      02       01             69        65
         Viol. doméstica      44      52      32   57       -         -            36        58
         Penal                39       --     59   --      --        --             0         --
         Total               199     186     182 187       32       61            653       642
        Fuente: Sección de Estadística del Departamento de Planificación

                De la información anterior, se desprende que en lo que respecta a
          las materias de faltas y contravenciones, pensiones y trabajo la entrada de
          casos no ha sufrido variaciones significativas; en relación al número de
          asuntos entrados en materia civil y violencia doméstica, en términos
          absolutos se han presentado aumentos de 16 y 8, asuntos, por su orden lo
          cual se considera normal, dado el período objeto de análisis. En cuanto al
          impacto que ha tenido sobre el despacho, el haber dejado de conocer la
          materia penal, se tiene que la disminución en el volumen total de asuntos
          entrados durante el último trimestre del año pasado y el I trimestre de
          1998, es de 11 asuntos, lo cual se estima poco significativo.

                 En cuanto al circulante existencias al final del período, del IV
          trimestre de 1997 al I trimestre de este año, únicamente en materia de
          violencia doméstica, se dio un incremento de 11 asuntos, sin embargo, el
          total de éstas indica que a nivel de todas las materias se produjo una
          diminución de un trimestre al otro también de 11 asuntos.

               Ahora bien, con el fin de establecer una comparación con otros
          despachos, se seleccionaron los juzgados contravencionales y de menor


3
  La consulta se le realizó al Dr. Wagner Rodríguez, Jefe del Departamento de Medicina Legal, debido
a que en el momento de la investigación la Dra. Mayra Rodríguez Calvo, se encontraba disfrutando de
sus vacaciones.
                                      38

  cuantía de Naranjo, Paraíso La Unión y Escazú; los cuales atienden las
  mismas materias y algunos tienen igual cantidad de personal.


     Juzgado           Promedio mensual     N° de           N° de asuntos        Promedio de
  Contravencional     de asuntos entrados Auxiliares         por auxiliar          asuntos
    y de Menor                                               por mes(1)             diarios
      Cuantía
                          1997         I-98
 Palmares                 55.25         62          2            31.00              1.47
 Naranjo                  64.00         52          2            26.00              1.23
 Paraíso                  68.25         80          2            40.00              1.90
 La Unión                163.75        191          6            31.83              1.50
 Escazú                   94.00        100          5            20.00              0.95

 (1) Para obtener este dato se utilizó el promedio mensual de asuntos ingresados
 durante el I trimestre de 1998.
 Fuente: Relación de Puestos del Poder Judicial para 1998 y Sección de Estadística.

         Según muestra el columnar anterior, la carga de trabajo del
  personal de apoyo del Juzgado Contravencional de Palmares, es de 31
  asuntos mensuales por Auxiliar Judicial, siendo similar al de La Unión,
  menor que la del Juzgado de Paraíso y mayor en 5 asuntos que la del
  Juzgado de Naranjo; en lo que respecta al de Escazú, a cada uno de los
  auxiliares judiciales les está correspondiendo tramitar en promedio 20
  asuntos por mes, lo cual se está presentando desde que la materia de
  tránsito se trasladó al Juzgado de transito de Pavas. Ahora bien, si el
  Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Palmares contara con
  una plaza más de Auxiliar Judicial, cada uno de los servidores estaría
  tramitando una cantidad de asuntos similar a la de Escazú (que en este
  momento se encuentra en una situación especial) y menor que sus
  homólogos. Por lo tanto, con la cantidad de personal con que labora
  actualmente, el promedio mensual atendido por el personal de apoyo, no
  es diferente del de sus homólogos; carga que se estima manejable,
  máxime que la presión en la tramitación, disminuyó al dejar de conocer la
  materia penal .

         De conformidad con la información presentada, esta Sección no
  considera necesario reforzar con personal extraordinario dicho Juzgado,
  ya que la carga de trabajo no lo amerita, más bien se considera necesario
  que cada servidor tenga claras las labores que debe realizar en su puesto,
  razón por la cual a este informe se le anexa las funciones descritas en el
  Manual Descriptivo de Puestos, para el Conserje y para los auxiliares
  judiciales. Por otra parte, en el caso de sustituciones, se recomienda que
  en adelante, tal como se procedió con la sustitución de la Auxiliar Judicial
  3, se utilice el mismo mecanismo, de solicitar al Departamento de
  Personal posibles candidatos con experiencia para laborar en ese
  despacho realizando sustituciones, a fin de que no se presenten atrasos
  en la tramitación de los asuntos del despacho.

 Otras consideraciones

        Dentro de las recomendaciones vertidas en el “Estudio Integral”, se
  indicó que la Dirección Ejecutiva, debía dotar a ese Juzgado de una
  microcomputadora, impresora y muebles para el archivo y búsqueda de
  evidencias. Según se investigó, esto se encuentra pendiente del ingreso
  de nuevo equipo.

         En relación con el mobiliario, durante la visita realizada, se pudo
  verificar que la estantería para el archivo de expedientes se estaba
                                              39

         colocando; sin embargo, aún queda pendiente, el mobiliario adecuado
         para colocar los expedientes que cada servidor tramita, así como para
         garantizar la seguridad necesaria, en lo que a custodia de depósitos
         judiciales y cheques se refiere. Esto último, por cuanto se constató que
         los cheques emitidos en materia de pensiones alimentarias y trabajo,
         permanece en un archivo que no reúne las condiciones mínimas de
         seguridad. Por lo anterior, se recomienda a la Unidad Administrativa
         Regional de Alajuela, realizar lo pertinente, para que en la medida de lo
         posible se logre cumplir a la necesidad antes descrita.

                Ahora bien, en relación con el hecho de que el volumen de trabajo
         por Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
         Escazú, sea menor que el de otros despachos homólogos -según tipos de
         materias atendidas- debe considerarse que tal situación, se debe a que
         este despacho anteriormente atendía la materia de tránsito que fue
         asumida por el Juzgado de Tránsito de Pavas, para lo cual en ese
         entonces era necesario el personal con que cuentan hasta ahora. Por lo
         anterior, se recomienda que mientras la carga de trabajo se mantenga
         similar, no se realicen sustituciones cuando el personal del despacho se
         ausente, por motivo de vacaciones o incapacidades y en el momento en
         que alguna de estas quede vacante, sea trasladada a otro despacho,
         donde se tenga necesidad de contar con una plaza de este tipo”.

                                             -0-

        La distribución de labores que se propone para el personal de apoyo del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Palmares, es la siguiente:

                                         AUXILIAR JUDICIAL (*)


NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores de apoyo y de oficina en diferentes despachos jurisdiccionales y auxiliares
de justicia.

TAREAS TÍPICAS

 Ejecutar labores de apoyo y de oficina en diferentes despachos judiciales.

 Recibir, revisar y dar curso a las     diligencias, demandas, escritos, notificaciones,
  comunicaciones y expedientes que ingresen al despacho, según los procedimientos
  establecidos para la materia asignada.

 Transcribir resoluciones, oficios, providencias, autos sentencias, actas, votaciones, cuadros
  estadísticos, informes, autos y otras a cargo del despacho.

 Levantar informaciones, tomar declaraciones, recibir indagatorias, entrevistas a menores y
  cualquier otra prueba dispuesta por el superior, verificando lo que corresponda, según las
  formalidades de ley.

 Cumplir diversas actuaciones judiciales como: hacer lecturas, actuar como pregonero,
  asistir a diligencias, distribuir audiencias y vistas de casación, revisar casillas, controlar
  términos, dictar deserciones y similares, según proceda.

 Redactar bajo la vigilancia de sus superiores: resoluciones, actas, solicitudes de defensor,
  certificaciones de juzgamientos, correspondencia y otros trabajos.

 Llevar el control de actividades diversas, tales como: el envío y publicación de edictos; la
  remisión y devolución de expedientes a otras oficinas, verificar que las actas de
  notificaciones estén bien confeccionadas, libro de caja, el movimiento de la cuenta corriente
                                               40

   de la oficina, índice de los expedientes que tramita, la agenda de debates, plazos y demás
   actuaciones del superior.

 Solicitar información y dictámenes periciales ante instancias internas o externas, para el
  trámite de los procesos.

 Elaborar informes de tesorería, órdenes de giro y entregar cheques a los interesados,
  dejando constancia de ello.

 Recibir actas de aceptación y nombramiento de peritos, curadores, consentimiento de
  adopciones, depósitos provisionales y otros.

 Recibir y trasladar a la instancia correspondiente denuncias, declaraciones, pruebas o
  legajos en general, que no sean de conocimiento de la oficina o contra las cuales se haya
  planteado recurso de apelación.

 Recoger y registrar la votación al final de cada sesión.

 Convocar a audiencias        y citar a testigos, partes interesadas y demás, según las
  necesidades procesales.

 Formar legajos de diligencias y agregar a los mismos: escritos, oficios, documentos,
  correspondencia y otros de naturaleza similar, siguiendo los procedimientos establecidos.

 Verificar en los legajos: plazos, convocatorias a debate, citas, audiencias, declaratoria de
  rebeldía, archivo fiscal o sobreseimiento provisional y de otros actos judiciales, con fines
  diversos.

 Enviar a la oficina correspondiente, para su debido diligenciamiento, las resoluciones que el
  Juez ordenó notificar por los medios idóneos.

 Remitir, a quien corresponda, las citaciones, órdenes de presentación, órdenes de captura e
  impedimentos de salida del país.

 Buscar y archivar expedientes, sentencias, pruebas y demás documentos.

 Hacer resúmenes del requerimiento de la prueba ofrecida por las partes, para tenerlos a la
  vista el día del juicio.

 Registrar el historial de los menores internados y referirlos a Trabajo Social, según los
  procedimientos establecidos.

 Rotular, identificar, enumerar, clasificar y custodiar pruebas, evidencias y documentos.

                                            AUXILIAR JUDICIAL

 Acompañar las partes a fotocopiar expedientes y documentos en archivo, bajo su custodia y
  responsabilidad.

 Confeccionar, actualizar y remitir: certificaciones, notas de embargo y levantamiento del
  mismo; ejecutorias, órdenes de libertad, constancias, listas de entrega para notificación,
  citaciones a juicio, presentaciones, telegramas, carátulas, recordatorios, estados de
  conciliación y otros.

 Revisar actas del Consejo Superior, Corte Plena, Resoluciones de Tribunales de
  Apelaciones, La Gaceta, Boletín Judicial y recopilar la información de interés para la
  oficina..

 Colaborar en la sistematización de jurisprudencia útil para el despacho.

 Llevar y mantener actualizados los libros, registros y archivos manuales e informatizados de
  la oficina, conforme a sistemas establecidos .

 Hacer las remesas de expedientes y enviarlas a quien corresponda.
                                               41

 Hacer las respectivas prevenciones, localizar y poner en autos a los intervinientes, según las
  necesidades procesales.

 Atender y evacuar consultas de sus superiores, compañeros, autoridades judiciales y público
  en general, relacionadas con los asuntos del despacho, según lo permita la ley.

 Confeccionar notas, oficios, telegramas, listados, correspondencia e informes diversos en
  los plazos establecidos y revisarlos cuando sea del caso.

 Realizar otras labores propias del cargo.


RESPONSABILIDADES Y OTRAS CONDICIONES

Trabaja siguiendo instrucciones precisas de sus superiores, las leyes, normas, procedimientos
y demás pronunciamientos que regulan la materia. La actividad de su entorno laboral origina
relaciones constantes con abogados, partes interesadas, funcionarios y servidores judiciales.
Debe guardar la debida discreción respecto de los asuntos conocidos en el despacho, velar por
el ágil diligenciamiento de los casos a su cargo, el buen uso del equipo y materiales de oficina.
Le corresponde atender al público con el debido respeto, diligencia y consideración. Debe estar
pendiente del cumplimiento de los plazos en los asuntos asignados de conformidad con lo
establecido. Le puede corresponder prestar sus servicios cuando sean requeridos, sin perjuicio
de lo establecido por ley y colaborar en la orientación del personal de reciente ingreso. La labor
es evaluada mediante la apreciación de la calidad de los resultados obtenidos.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

   Habilidad en el trato con el público y compañeros de trabajo.
   Iniciativa, dinamismo y espíritu de servicio.
   Disposición para trabajar en equipo.
   Creatividad y originalidad.
   Habilidad para redactar.
   Buena presentación personal.


REQUISITOS

   Bachiller en Educación Media.
   Conocimientos básicos de computación.
   Experiencia en labores de oficina.
   Alguna experiencia en la tramitación de asuntos judiciales.


(*) SERIE DE CLASES:
Auxiliar Judicial 1, 2 y 3
Supernumerario 1, 2 y 3
________________

Aprobada en sesión del Consejo Superior del 02-12-97, artículo XLIV.

                                         CONSERJE 2

NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores de limpieza, tareas sencillas de oficina y mandados.

TAREAS TÍPICAS

 Realizar las labores de limpieza de las instalaciones y equipo de Oficina.

 Preparar, llevar y traer documentos, materiales, evidencias, constancias, valores y
  correspondencia.

 Registrar en el libro de conocimientos los expedientes, documentos y notas enviados a otros
  despachos.
                                                42


 Hacer mandados diversos.

 Sacar las fotocopias que se requieran.

 Llevar el registro del correo certificado.

 Colaborar en la atención del teléfono y del público.

 Ejecutar otras tareas sencillas de oficina.

 Tramitar comisiones sencillas.

 Recibir y agregar a los expedientes escritos, oficios, partes de tránsito y otros documentos.

 Efectuar depósitos bancarios.

 Abrir y cerrar la oficina a las horas establecidas.

 Servir de pregonero en los remates judiciales.

 Sacar boletas para Tribunal Superior en los expedientes elevados a juicio.

 Realizar otras labores propias del cargo.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Trabaja siguiendo instrucciones precisas y las normas que se dicten al efecto. Le puede
corresponder supervisar la limpieza de instalaciones. La labor es evaluada mediante la
apreciación de los resultados obtenidos.

REQUISITOS

 Bachiller en Educación Media.

 Habilidad para operar equipo de oficina.

 Alguna experiencia en la ejecución de labores auxiliares de oficina.
                                          --------------
      Se dispuso: 1) Tomar nota y aprobar el anterior informe asi como la distribución de

labores que se han transcrito. 2) Trasladar copia del mencionado informe a la Dirección

Ejecutiva en cuanto a la recomendación de dotar a ese Juzgado de una microcomputadora,

impresora y muebles para el archivo y búsqueda de evidencias.

                                         ARTICULO XLII

        En la sesión celebrada el 28 de setiembre de l995, artículo XIV, se acogió el estudio

realizado por la Sección de Estudios Especiales de la Auditoría Judicial, sobre el sistema de

Archivo Institucional del Poder Judicial, en que se recomendaba que el Departamento de

Planificación elaborara en coordinación con el Archivo y Registro Judicial, un Manual de

Procedimientos que satisfaga los requerimientos archivísticos de la institución.
                                              43

        En cumplimiento del acuerdo de referencia, la Licda Marta Asch Corrales, Jefa del

Departamento de Planificación, con oficio N° 1156-PLA-98 de 17 de julio en curso, remite el

informe elaborado por la Sección de Desarrollo Organizacional, referente a dicho manual.

        Previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso: Devolver el anterior informe

al Departamento de Planificación, a fin de que lo adicione con los criterios de las Jefaturas de

la Secretaría General de la Corte, Dirección Ejecutiva y Archivo Criminal.

                                       ARTÍCULO XLIII

        En oficio N° 1130-PLA-98 de 16 de este mes, la Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del

Departamento de Planificación, remite el informe N° 581-EST-98 elaborado por la Sección de

Estadística, referente a las personas que fueron sentenciadas por los tribunales superiores y

juzgados penales del país, se hace mayor énfasis en aquellas que resultaron condenadas

durante 1997.

        Se dispuso: Tomar nota del anterior informe.

                                       ARTÍCULO XLIV

        La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, en Oficio N°

1125-PLA-98 del 16 de los corrientes, solicita autorización para que 2 servidores de ese

Despacho participen en la Primer Jornada Nacional de Tecnología de la Información, a

realizarse los días 20 y 21 de agosto próximo en el auditorio CEFOF en Alajuela. Asimismo

en conversación sostenida con el Ing. Marco Barboza Roldán, Jefe del Departamento de

Informática, le manifestó su interés en que se le aprobaran dos campos para dicha actividad.

        Se dispuso: Acoger la anterior solicitud y autorizar que 2 servidores de los

Departamentos de Planificación e Informática, asistan a la referida actividad.

        El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                       ARTÍCULO XLV

        La Corte Plena, en la sesión celebrada el 15 de diciembre del año pasado, artículo X,

dispuso entre otros, que el Departamento de Planificación realizara evaluaciones periódicas,

a partir del 1° de enero de l998, sobre la utilización real de las plazas de auxiliar Judicial 1,

otorgadas en forma extraordinaria al Juzgado de Tránsito de San José, durante todo del

presente año.
                                             44

        La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con oficio N°

1158-PLA-98 de 17 de julio en curso, remite el informe N° 078-CE-98 de esa fecha, que en

cumplimiento del acuerdo de cita, elaboró la Sección de Control y Evaluación, referente a la

evaluación realizada a las plazas de Auxiliar Judicial 1 otorgadas en forma extraordinaria al

Juzgado de Tránsito de San José, en que por las razones que ahí se mencionan, persiste la

necesidad de mantener dichas plazas, por lo que resta del año, a fin de que coadyuven en la

disminución del circulante del mencionado Juzgado.

        Se acordó: Tomar nota y aprobar el mencionado informe.

VALORACIONES MÉDICAS
                                      ARTÍCULO XLVI

        En sesión de 12 de marzo último, artículo XXXIX, se dispuso remitir a valoración por

parte del Consejo Médico Forense al señor Javier Matarrita Brenes, oficinista de la Sección

de Reclutamiento y Selección del Departamento de Personal.

        En oficio N° 98-650 de 14 de los corrientes, el Dr. Wagner Rodríguez Camacho,

Coordinador General del Consejo Médico Forense, informa que el señor Javier Matarrita

Brenes, no se presentó a la cita el día 9 de este mes, a pesar de que se envió comunicado a

la oficina del Lic. Javier Sánchez Medrano, Jefe de la Sección de Reclutamiento y Selección

del Departamento de Personal.

        Se dispuso: Solicitar al Consejo Médico Forense que le asigne una nueva cita al

señor Matarrita Brenes la que se le remitirá a su casa de habitación, y prevenirle a éste que

comparezca a la cita.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                      ARTICULO XLVII

        En la sesión celebrada el 29 de junio pasado, artículo XLV, se dispuso previamente a

resolver lo que corresponda, solicitar a la Dirección del Organismo de Investigación Judicial y

al Fiscal General, un informe acerca de la queja interpuesta por el señor Carlos Chaverri

Guerrero, Misionero de la Comisión Pro-ayuda al Indígena Costarricense, quien dio cuenta de

la situación que se le presentó cuando procedió a devolver un aparato eléctrico que fue

dejado en el taxi en que labora, ya que tanto el Investigador de nombre Emilio Rojas, como el

Fiscal que atendieron el caso no creyeron su versión y más bien tratan de involucrarlo.
                                              45

        En cumplimiento del acuerdo de referencia, en oficio N° 184-UIF de 14 de julio en

curso, el Lic. Jorge Segura Román, Fiscal Adjunto, manifiesta que se solicitó el respectivo

informe al Lic. Carlos Delgado Monge, sobre su participación en los hechos que denuncia el

señor Chaverri; manifestó que efectivamente él lo entrevistó y se limitó a escuchar su versión

sobre el hallazgo, lo que consta en la hoja de entrevista que se hizo el 17 de junio último, a

las 09:00 horas, la cual por constituir un elemento más para la investigación, se incorporó al

legajo respectivo, en espera de nuevos elementos de prueba para que permitan continuar

con el proceso investigativo. Que el Lic. Delgado Monge manifestó que en ningún momento

trató irrespetuosamente al señor Chaverri y que la única intervención se dio en los términos

expuestos.

        Por su parte la Licda Lineth Saborío Chaverri, Directora General del Organismo de

Investigación Judicial, con oficio N° 1976-DG-98 de 17 del presente mes, remite copia de la

nota N° DICR-0873-98 suscrita por el Lic. Allan Fonseca Bolaños, Jefe interino del

Departamento de Investigaciones Criminales, en que da cuenta que ese Despacho ha

ordenado la apertura de un expediente administrativo.

        Se dispuso: Tomar nota de los anteriores informes, los que se ponen en

conocimiento del señor Chaverri Guerrero.

                                      ARTICULO XLVIII

        En la sesión celebrada el 11 de junio pasado, artículo XXXVIII, se concedió permiso

con goce de salario, viáticos, pasajes y la cuota de inscripción por valor de $75 al Lic.

Mauricio Oliva Torres, Jefe de la Sección de Análisis de Escritura y Documentos Dudosos del

Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial,

para que del 19 al 24 de ese mes, participara en el simposio anual de la Asociación de

Examinadores Forenses de Documentos, que se realizó en Milwaukee, Wisconsin, Estados

Unidos de América.

        Con oficio N° 1970-DG-98 de 17 de julio en curso, el Lic. Francisco Segura Montero,

Subdirector General interino del Organismo de Investigación Judicial, traslada la nota N° 98-

242-DOC de 7 de este mes, suscrita por el Lic. Oliva Torres y el Dr. Carlos Matías González

Lizano, Jefe del referido Departamento, en que solicitan se autorice la ampliación y pago de

los gastos en que incurrió el Lic. Oliva, “por atrasos, tanto por la recuperación de información

importante como por problemas meteorológicos”.
                                            46

       La mencionada nota en lo conducente dice:

        “... La razón de esta solicitud, estriba en que el licenciado Oliva necesitó
        quedarse un día más de esa semana (jueves 25 de junio) para recabar la
        información relacionada con el análisis de escritura de documentos,
        gestionar una posible afiliación a dicha Asociación y visitar las
        instalaciones de la Corte Suprema de Justicia del lugar, para beneficio de
        nuestros dictámenes periciales. Por otra parte, y por razones puramente
        meteorológicas, el retorno vía aérea programado para el viernes 26 de
        ese mismo mes, duró 2 días (viernes 26 y sábado 27 de junio inclusive)
        por variaciones de vuelos y cancelación de otros, propiamente en la
        ciudad de Cleveland, según el itinerario de vuelos (cuyas copias
        adjuntamos), situaciones que pasamos a detallar a continuación:
        1. El Simposio como tal, inició el sábado 20 a las siete de la mañana,
        cuando los invitados fueron trasladados del hotel hasta la Universidad de
        Marquette (Facultad de Leyes).
        Del sábado 20 al martes 23, el horario y diversas actividades
        programadas, ocuparon cada día hasta horas en las cuales las oficinas
        gubernamentales están cerradas, aparte de ser un Simposio que cubrió
        sábado y domingo, y las sesiones terminaban a las cinco de la tarde o
        más de cada día.           Dichas circunstancias no permitieron visitar
        paralelamente las instalaciones y bibliotecas especializadas de la Corte
        Suprema de Justicia de Milwaukee, tampoco se pudo efectuar las
        investigaciones y entrevistas necesarias, para informarnos en detalle,
        respecto de la necesidad que tenemos en Costa Rica de acreditarnos ante
        esa Asociación, la cual es muy prestigiosa y seria en Estados Unidos, ante
        la Corte Suprema de Justicia del lugar y abarca todo el país, aparte de
        que ha crecido fuera de sus fronteras, ya que están afiliados expertos de
        Holanda y Alemania.
        De los invitados en América Latina, únicamente tres delegados de Brasil y
        uno de Costa Rica nos hicimos presentes, los cuales por haber cumplido
        con el requisito de estar allí, tenemos la oportunidad de realizar los
        exámenes específicos requeridos.
        Para poder desplazarse con las distancias de esas ciudades y lograr
        visitar y consultar lo que necesitábamos, fue necesario prolongar un día
        más en esa ciudad, en virtud de que las técnicas la credibilidad pericial y
        los dictámenes, los tiene ya acreditados la Asociación, según se pudo
        verificar en las diversas exposiciones.
        2. El regreso, si bien se había dejado abierto, por los informes previos que
        teníamos respecto al clima en esta región del Norte, fue necesario
        realizarlo el viernes 26, pero en realidad los problemas metereológicos
        obligaron al señor Oliva a quedarse inevitablemente en la ciudad de
        Cleveland, donde estaba programado el primer trasbordo aéreo. Al día
        siguiente, sábado 27 de junio, por problemas del mismo clima, algunos
        vuelos fueron ampliamente retrasados, siendo inevitable, ya en Houston,
        tomar el primer vuelo hacia Costa Rica, sino el último de la tarde, lo cual
        significó llegar al aeropuerto Juan Santamaría, pasadas las 10 de la noche
        del sábado 27.

                Por las anteriores circunstancias, solicitamos su estimable ayuda,
        para someter al Consejo Superior la ampliación del permiso con goce de
        salario y los viáticos respectivos, tres días más del acordado
        originalmente, toda vez que el tiempo ocupado, ha sido para beneficio de
        la Institución, quedando eventualmente el permiso no del 19 al 24 de junio
        en curso, sino del 19 al 27 respectivamente”.

                                           -0-

       Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud y extender el permiso con goce de salario

que se concedió al Lic. Oliva Torres, hasta el 27 de este mes, así como el pago de los
                                             47

viáticos correspondientes. Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán

nota para lo de sus cargos.

                                      ARTICULO XLIX

        En oficio N° 1959-DG-98 de 17 de julio en curso, el Lic. Francisco Segura Montero,

Subdirector General interino del Organismo de Investigación Judicial, solicita permiso para

que la señorita Sirleny Torres Carranza, cédula 7-129-511, estudiante de sexto año del

Colegio Profesional de Pococí, realice la práctica supervisada como secretaria en la

Delegación del Organismo en ese lugar, la cual tiene una duración de 320 horas que se

extenderá del 5 de octubre al 27 de noviembre de este año. Agrega el Lic. Segura que la

señorita Torres, cuenta con una póliza de seguro para cualquier eventualidad.

        Se acordó: Aprobar la anterior solicitud. La Delegación del Organismo de Pococí

tomará nota para lo de su cargo.

                                       ARTICULO L

        En la sesión del 9 de julio en curso, artículo XXX, se concedió permiso con goce de

salario, al señor Geovanny Rodríguez Gómez, Encargado de la Unidad de Robo de

Vehículos, para que del 26 de este mes al 1° de agosto próximo, viaje a Guatemala y

participe en el “Curso Regional sobre la Identificación y Recuperación de Robo de Vehículos”.

        En oficio N° 2089-DCLP-98 de 20 de los corrientes, el señor Rodríguez Gómez, con

el visto bueno del señor Reynaldo Suárez Espinoza, Jefe interino de la Sección de Delitos

contra la Propiedad y el Lic. Allan Fonseca Bolaños, Jefe interino del Departamento de

Investigaciones Criminales, manifiesta que el Gobierno de los Estados Unidos de América

cubre los gastos de estadía, sin embargo solicita se autorice a su favor alguna ayuda

adicional a fin de cubrir algunos imprevistos tales como pago de impuestos de entrada y

salida de Guatemala, alimentación que no es cubierta por el aludido gobierno o

eventualmente alguna enfermedad, todo sujeto a liquidación y haciendo la devolución que

fuera del caso.

        Se dispuso: Autorizar únicamente el pago por concepto de impuestos de salida y

entrada a Guatemala, sujeto a la liquidación que en su oportunidad presentará el señor

Rodríguez Gómez al Departamento Financiero Contable, Despacho que tomará nota para lo

de su cargo.
                                              48

                                         ARTÍCULO LI

        El Lic. Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio N° 228-OP-98 de 20 de este mes, solicita se apruebe el

traslado en forma interina a partir del 1° de julio del presente año, a la Subdelegación

Regional de Turrialba, en la plaza número 102091 de Auxiliar de Investigación 1, al señor

Mario Aguilar Fonseca, quien se encuentra nombrado en la Subdelegación Regional de Tres

Ríos, en el puesto número 108597, como Auxiliar de Investigación 1.

        Se dispuso: Aprobar el traslado de referencia. El Departamento de Personal tomará

nota para lo de su cargo.

                                        ARTÍCULO LII

        El Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General interino del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio N° 1969-DG-98 de 17 de los corrientes, somete a

consideración la solicitud de la Egr. Julieta Chin Villalobos, Secretaria General interina de ese

Organismo, en relación a la creación en forma extraordinaria de dos plazas para

profesionales en Auditoría por un período de 6 meses, para inventariar todos los artículos que

se encuentran en el depósito de objetos, gestión que se encuentra avalada por la misma

Auditoría Judicial.

        Se dispuso: Denegar la anterior solicitud, por falta de contenido presupuestario, y

dejar constancia que en la sesión celebrada el 7 de mayo de este año, artículo XXXIX, a

propuesta de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, se autorizó el uso,

por el plazo de tres meses a contar del 16 de ese mes              de 3 plazas de Auxiliar de

Investigación 1, a fin de que quienes las ocupen realicen labores de oficinistas en el referido

Depósito.

                                        ARTÍCULO LIII

        En sesión del 13 de julio de los corrientes, artículo XXXVII, se dispuso acoger

parcialmente la solicitud de la Licda. Lineth Saborío Chaverri, Directora General del

Organismo de Investigación Judicial, en el sentido de que deberán utilizarse los recursos de

una plaza vacante de auxiliar de investigación 1, y asignar en ella a la señorita Nathalle Marín

Zamora, por lo que oportunamente indicaría a este Consejo el número de puesto y el período

durante la cual será utilizada.
                                              49

        En oficio N° 1928-DG-98 de 15 de este mes, la Licda. Lineth Saborío Chaverri, en lo

que interesa manifestó:

          “...asimismo me permito solicitarles si a bien lo tienen, la autorización
         respectiva para utilizar la plaza N° 043318 de la Sección Especializada de
         Tránsito, cuyo titular se encuentra ascendido en otro puesto. Dicha plaza
         sería utilizada en funciones de oficinista 2 en el proyecto de la Oficina de
         Planes y Operaciones de este Organismo, por un lapso de tres meses.”

        Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud. El Departamento de Personal tomará nota

para lo de su cargo.

                                        ARTÍCULO LIV

        En la sesión celebrada el 9 de julio en curso, artículo XXXI, se concedió permiso con

goce de salario, viáticos y los pasajes hacia Nicaragua, a fin de que del 24 de julio en curso al

2 de agosto próximo, el señor Gerardo Cervantes Fonseca, servidor de la Unidad de

Troquelados de la Sección de Pericias del Departamento de Laboratorios de Ciencias

Forenses del Organismo de Investigación Judicial, asistiera a la “Exposición Pecuaria del

Istmo Centroamericano”.

        Con oficio N° 1971-DG-98 de 17 de julio en curso, el Lic. Francisco Segura Montero,

Subdirector General interino del Organismo de Investigación Judicial, remite copia de la nota

N° 98-084-TRO, suscrita por la Licda Guiselle Lutz Cruz, Jefa de la mencionada Sección, en

que da cuenta que el señor Cervantes Fonseca no asistirá a dicho evento, en razón de que

se les comunicó que no se le autorizaría a tomar muestras ni fotografías de los ejemplares

equinos y bovinos presenten en la exposición.

        Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y dejar sin efecto el acuerdo de

la sesión celebrada el 9 de este mes, artículo XXXI. Los Departamentos de Personal y

Financiero Contable tomarán nota para lo de sus cargos.

ESCUELA JUDICIAL

                                        ARTÍCULO LV

        El Director de la Escuela Judicial, Lic. Wilberth Arroyo Álvarez, en oficio N° EJ-988-98

de 20 de este mes, expresa:

         “Con el fin de que sea conocido y en su caso, aprobado por ese Consejo,
         le adjunto el programa y le detallo la lista de participantes del Curso
         MÉTODOS Y TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN, por realizarse los días 17,
         18, 19, 24, 25, 26, 31 de agosto y 1, 2, 7 de setiembre de 1998, de 9:00
         am a las 12:00 medio día. Éste curso se ha coordinado con el Instituto
         Nacional de Aprendizaje, entidad responsable de la preparación, ejecución
                                              50

         y evaluación del mismo. Cabe indicar que se solicitó el criterio de
         EQUINTER para la selección de los participantes.

         En razón de que el Consejo Directivo de la Escuela Judicial no sesionará
         esta semana y siendo que el Instituto Nacional de Aprendizaje recién
         comunicó las fechas correspondientes al curso Métodos y Técnicas de
         Motivación, a realizarse a partir del 17 de agosto próximo, someto a
         conocimiento y aprobación del Consejo Superior el programa y lista de
         participantes de dicho curso.

         LISTA DE PARTICIPANTES

       Guillermo Obando Araya                      Juzg. Civil Hacienda, 2do Circuito Judicial.
       Vanessa Amador Soto                         Juzg. Civil Hacienda, 2do Circuito Jud.
       Wagner Mejías Chacón                        Sec. Pericias Físicas, Laboratorio de Ciencias
                                                   Forenses
       Emilce García Solano                        Departamento Financiero Contable
       Lorena Montes de Oca Monge                  Juzg. Contencioso ll Circuito Judicial
       Federico Murillo Padilla                    Ofic. Centralizada de Notificaciones Segundo
                                                   Circuito Judicial
       Susana Biolley Aymerich                     Juzgado de Tránsito
       Mayita Ramón Barquero                       Juzg. Trabajo ll Circuito Judicial
       Vilma Granados Solera                       Juzgado de Alajuelita
       Carmen Ureña Ureña                          Juzg. ll Pensiones Alimentarias
       María Esther Brenes Villalobos              Juzgado de Familia de Heredia
       Carlos González Lizano                      Departamento Ciencias Forenses
       José Rubén Dimas Portillo                   Unidad Administrativa de Limón
       Wilberth Kidd Alvarado                      Sub-Unidad Administrativa de Guápiles
       Fernando Retana Bejarano                    Unidad Administrativa Puntarenas
       María Elena Fernández Alvarado              Juzgado Penal de Heredia
       Alfredo Sanabria Sánchez                    Laboratorio Ciencias Forenses
       Ana Luisa Esquivel Monge                    Servicio Medico de Empleados
       Yadira Fonseca Jiménez                      Servicio Médico de Empleados
       Wilberth Arroyo Álvarez                     Escuela Judicial


         ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
         A los participantes se les deberá otorgar permiso con goce de salario,
         viáticos y el pago de transporte respectivo durante los días de la actividad;
         cuando así lo amerite.


                                             -0-


        Se acordó: Aprobar parcialmente la recomendación de la Escuela Judicial, para la

realización de la actividad de que se ha hecho referencia, así como la lista de participantes, a

quienes se les concede permiso con goce de salario en la forma indicada, suplencia y ayuda

económica de ¢3.000.00, diarios en los casos necesarios, de conformidad con lo dispuesto

en la sesión del 4 de marzo del año pasado, artículo CII.

        A propuesta del señor Director Ejecutivo se excluyen de la lista anterior los Licdos.
                                                51

José Rubén Dimas Portillo, Fernando Retana Bejarano y Wilberth Kidd Alvarado, por su

orden Jefes de las Unidades Administrativas Regionales de Limón y Puntarenas y de la

Subunidad Administrativa de Pococí, y en su lugar que asistan a dicho curso los Licdos.

Leonardo Argüello Delgado y Róger Díaz Aguilar y la Licda. Ana Isabel Jiménez Salazar,

Jefes de los Departamentos Financiero Contable, Seguridad y Subjefa interina del

Departamento de Servicios Generales, respectivamente.

          Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo de sus

cargos.

                                          ARTÍCULO LVI

          En la sesión celebrada el 2 de julio en curso, artículo XXXI, se dispuso trasladar al

Departamento de Personal, para su estudio e informe, la solicitud del Lic. Wilberth Arroyo

Álvarez, Director de la Escuela Judicial, tendiente a que fuera recalificado el cargo de

Instructor Policial.

          El Lic. Wilberth Arroyo Álvarez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° EJ-970-98

de 20 de julio en curso, manifiesta:

                  “Por su medio hago de conocimiento del Consejo Superior la
           situación existente en la Sección de Capacitación del O. I. J., adscrita a esta
           Escuela, referente a la dificultad para encontrar personal interesado en
           sustituir a los instructores de planta.
                  Tal y como se ha expuesto en otras comunicaciones al Consejo, los
           investigadores del O. I. J. idóneos para desempeñarse como instructores,
           por motivos de vacaciones, incapacidades o licencias de los titulares, no
           aceptan la proposición debido a la diferencia salarial entre ambas plazas,
           toda vez que resultan perjudicados económicamente.
                  El efecto que produce lo antes indicado es grave, pues aunque se
           cuenta dentro del Organismo de Investigación Judicial con personal idóneo
           para desempeñarse como instructores interinamente, la condición que
           exigen para hacerlo es que se les reconozca el salario policial, de manera
           que no se puede realizar el nombramiento, y al no contar con sustituto los
           programas de capacitación se ven perjudicados al punto que ha sido
           necesario, en algunos casos, suspenderlos.
                  En el caso concreto de instrucción sobre manejo de armas de fuego,
           materia cuya naturaleza misma la hace delicada y por lo tanto se requiere de
           personal especializado para impartirla, desde hace aproximadamente dos
           meses no se cuenta con instructor.
                  Esto debido a que el señor Manuel Alvarado Orozco, titular en ese
           cargo, se encuentra incapacitado y por las razones ya mencionadas los
           posibles sustitutos no han aceptado el cargo.
                  Como consecuencia se debe suspender los cursos de Detención de
           Vehículos, la instrucción de Armas de Fuego a los estudiantes de Curso
           Básico de Investigación Criminal y de extenderse la incapacidad por más
           tiempo, será necesario suspender el Curso de Escopeta programado para
           las fechas del 3 al 17 de agosto próximo. Así lo informo para lo que
           corresponda.
                                              52

                Como puede observarse, se trata de cursos sobre aspectos
         sustantivos en la labor policial que por circunstancias ajenas a nuestra
         voluntad nos vemos imposibilitados de desarrollar.
                Sugiero con todo respeto, que el Departamento de Personal, por
         medio de la Sección de Reclutamiento y Selección realice urgentemente un
         concurso abierto en procura de reclutar posibles candidatos a suplentes a
         estos puestos, tanto a lo interno como a lo externo del Poder Judicial, con
         carácter de urgencia, sin perjuicio de lo dispuesto por ese Consejo en el
         artículo XXXI de la sesión N°50-98, que solicita a esa Sección un estudio e
         informe sobre los plazas de instructor y su salario”

                                             -0-

        Se dispuso: Tener por presentada la anterior solicitud, y resolver lo que corresponda

una vez que el Departamento de Personal rinda el informe que se le solicitó en la sesión del 2

de este mes, artículo XXXI.

AUDITORÍA JUDICIAL

                                       ARTICULO LVII

        El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, con oficio N° 565-247-ACC-

98 de 17 de julio en curso, remite el informe elaborado por la Sección de Auditoría de

Cuentas Corrientes del Despacho a su cargo, relacionado con el estudio especial realizado

sobre la estructura del control interno de la administración general de las cuentas corrientes

de los despachos judiciales, a cargo de la Unidad Administrativa Regional de la Zona Sur,

cuyas conclusiones y recomendaciones dicen:

         “III.   CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

 1.      De acuerdo con la evaluación practicada sobre la Administración General
         de las Cuentas Corrientes de los Despachos Judiciales a cargo de la
         Unidad Administrativa Regional de Pérez Zeledón, se concluye que el
         control interno no es satisfactorio, en virtud que a la fecha de nuestra
         visita, se incumplían algunos lineamientos establecidos en el Reglamento
         de Cuentas Corrientes, Manual de Procedimientos del Plan para la
         Centralización de las Cuentas Corrientes Judiciales en las Unidades
         Administrativas y Subadministraciones Regionales y Circulares emitidas al
         efecto, para el debido manejo de las Cuentas Corrientes Judiciales.

 2.      El sistema automatizado de las Cuentas Corrientes instalado en las
         Unidades y Subunidades Administrativas Regionales, tomado de la
         Sección de Tesorería del Departamento Financiero Contable no cumple
         adecuadamente con las necesidades del usuario y con el Manual de
         Procedimientos del Plan para la Centralización de las Cuentas Corrientes
         Judiciales en las Unidades Administrativas.

         IV.     RECOMENDACIONES

         De conformidad con los resultados y conclusiones obtenidos a través del
         estudio realizado, con el propósito de fortalecer el control interno existente
         para la Administración de las Cuentas Corrientes de los Despachos
         Judiciales a cargo de la Unidad Administrativa Regional de Pérez Zeledón,
                                     53

nos permitimos externar las siguientes recomendaciones a la citada
Unidad:

1. Realizar el estudio de los depósitos con más de cuatro años de
confeccionados, en los Despachos Judiciales cuyas cuentas corrientes
estén bajo su control, a fin de determinar si es factible traspasar las
sumas de esos depósitos al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial (artículo 27 del Reglamento de Cuentas Corrientes y artículo 237
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

2. Adjuntar a las copias de los cheques donde aparece el recibido
conforme por parte de los beneficiarios o autorizados para el retiro, las
boletas de depósito que fueron afectadas, archivándolas en forma
consecutiva y ascendentes.(operación 23 del Manual de Procedimientos
del Plan para la Centralización de las Cuentas Corrientes Judiciales).

3. Estampar en todas las boletas de depósitos activas que han sido
contabilizadas, el sello correspondiente, a la vez determinar en aquellas
que no lo tienen, sí efectivamente fueron debidamente contabilizadas,
caso contrario, proceder según corresponda (Operación 2 del Manual).

4. Estampar en las boletas de depósito canceladas el número del cheques
que las afectó, conforme con lo establecido en el Procedimiento 1.2,
operación 9 del citado Manual).

5. Velar porque se utilice la fórmula F-116, cuando la Orden de
Confección de Cheques indique que el giro a efectuar corresponde a un
emisión parcial del monto total establecido en la Boleta de
Depósito.(Operación N°9 (21) del Manual).

6. Consignar en el espacio correspondiente de los formularios de
cheques, la hora y fecha de resolución que ordena girar y las partes
involucradas en el juicio.(Procedimiento 1.2, operación 8 del Manual).

7. Girar instrucciones al personal subalterno para que al confeccionarse
los cheques, las correcciones al dorso se hagan solamente sobre asuntos
de poca importancia. En casos de errores en los nombres o apellidos
completos de los beneficiarios o sobre los montos en letras o números, los
cheques deberán anularse; en concordancia con lo estipulado en los
artículos 32 y 33 del Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales.

8. Proceder a anular los cheques que se encuentre en la Caja Pasiva, por
tener más de seis meses de emitidos y traspasar sus fondos a la cuenta
Nº56479-6 del Banco de Costa Rica conforme a lo establecido en el
procedimiento 20 ( pie de página) del Manual de Procedimientos para las
Subunidades y Unidades Regionales.

9. Utilizar la Tarjeta de Control del Monto Girado (F-155), inmediatamente
después de confeccionarse el cheque, a efecto de mantener un control de
las boletas canceladas, períodos de pago y saldos en casos en que se giran
cheques en forma parcial hasta cancelar un monto total establecido, de
conformidad con lo establecido en la Circular publicada en el Boletín Judicial
Nº 119 de fecha 22-06-89, así como, el procedimiento 1.2, operación 16, del
Reglamento de Cuentas Corrientes Judiciales.

10. Llevar un tarjetero o listado con las firmas de los funcionarios
autorizados a firmar órdenes de giro en los Despachos Judiciales, con el
respectivo período de nombramiento, de conformidad a lo indicado dentro
los aspectos generales del Manual de Procedimientos del Plan para la
                                              54

         Centralización de las Cuentas Corrientes Judiciales en las Unidades
         Administrativas y Subadministraciones Regionales.

         11. Velar para que en lo sucesivo se utilice el formulario F-198 que
         contiene los espacios para que estampen la firma tanto el Jefe del
         Despacho, como la del Auxiliar Judicial 3 o en este último caso quién esté
         autorizado, además no aceptar aquellos formularios que se presenten con
         una sola firma.

         12. Solicitar al Jefe de los Despachos Judiciales se les envíe el
         respectivo formulario F-174 “Auto que ordena Girar”, de todos aquellos
         casos vigentes, a efecto de levantar un archivo que les respalde por la
         emisión de los cheques que se confeccionan diariamente; a la vez utilizar
         el formulario F-164 para que les quede constancia del envío que les hacen
         los diferentes Despachos, de los formularios de Orden de Confección de
         Cheques.(Operación 6 del Manual).

                                             -0-

        Se acordó: Aprobar el anterior informe,cuyas recomendaciones se deberán cumplir a

la brevedad por parte de la Unidad Administrativa Regional de la Zona Sur. En lo que

respecta a la recomendación N° 9, se deja constancia que en la sesión del 7 de mayo de este

año, artículo XVIII, este Consejo aprobó la recomendación del Subdirector Ejecutivo, señor

Rafael Angel Morales Monge, en que se establece que: “efectivamente es conveniente que

las Unidades y Subunidades Administrativas Regionales establezcan el control necesario

respecto de los montos girados, pero que sin embargo este control es independiente y sin

perjuicio del que corresponde llevar a los propios Despachos Jurisdiccionales, como por

ejemplo en pensiones alimentarias, para efectos de determinar lo procedente que resultan las

solicitudes de apremio del obligado a pensión”;        al propio tiempo se dispone que los

despachos judiciales también deben utilizar la tarjeta de control de monto girado.

                                       ARTICULO LVIII

        El Auditor Judicial, Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, con oficio N° 570-98 de 17

de este mes, remite el facsímil de la Dirección General del Centro de Capacitación de la

Contraloría General de la República, mediante el cual se formula invitación a la Auditoría

Judicial, para que un funcionario participe en el “Curso sobre Control y Seguimiento de

Proyectos”, que se llevará a cabo del 27 al 31 de este mes, de las 8:30 a las 17:00 horas. Por

lo anterior solicita el Lic. Ramos Gutiérrez, que se conceda permiso con goce de salario al

Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe de la Sección de Auditoría Operativa, a fin de que asista a la

mencionada actividad.
                                               55

        Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud y conceder permiso con goce de salario al

Lic. Jiménez Sorio, para que asista al referido curso.

        El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                           ARTICULO LIX

        El Lic. Walter Jiménez Sorio, Auditor Judicial interino, en oficio N° 580-98 de 20 de

julio en curso, manifiesta:

          “... me permito remitir copia del facsímil remitido por el Instituto de
          Auditores Internos de Costra Rica, mediante el cual nos invitan a participar
          del Congreso Anual que celebrarán entre el 06 y 07 del próximo mes, en
          las instalaciones del Hotel Radisson Europa.
          Algunos de los principales temas que se desarrollarán versan sobre:

             Evaluación del riesgo
             Método COSO-COCO
             Autoevaluación del control
             Tecnología en Auditoría
             Fraude y corrupción
             Auditoría bursátil y de Banco
             Responsabilidad del Auditor

          Por la importancia de los temas que se tratarán, respetuosamente solicita
          se autorice la participación de los auditores de este Despacho, señora
          Xinia Vega Guzmán y el señor Gerardo Matamoros Mora, cubriendo
          además la inversión de ¢50.000.00 (¢25.000.00 por servidor) que cubre
          los derechos de participación, alimentación, material didáctico y certificado
          de participación”.

        Se acordó:       Aprobar la anterior solicitud. Los Departamentos de Personal y

Financiero Contable tomarán nota para lo de sus cargos.

                                           ARTICULO LX

        Se tomó nota del oficio N° 578-98 de 20 de junio pasado, del cual se recibió una

copia, junto con el que el Lic. Walter Jiménez Sorio, Auditor Judicial interino, le remite al Lic.

Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, el “Balance de las Cuentas Corrientes Judiciales en

Colones y Dólares”, emitido por el Banco de Costa Rica, con fecha de corte 30 de junio de

l998.

                                           ARTICULO LXI

        En oficio N° 579-126-AF-98 de 17 de julio en curso, el Lic. Hugo Esteban Ramos

Gutiérrez, Auditor Judicial, manifiesta:

          “... me permito remitir el informe parcial emitido por la Sección de
          Auditoría Financiera de este Despacho, relacionado con las inversiones
          financieras que se efectúan actualmente en la Institución, cuyos
          resultados, conclusiones y recomendaciones avalo en todos sus
          extremos.
                                                56


          Sobre el particular, cabe indicar que el estudio señala las diferentes
          opciones que presenta el sistema financiero nacional, para efectos de
          invertir los recursos financieros institucionales, tomando en consideración
          las políticas que oportunamente ha definido la Corte Plena en esta
          materia.

          Del estudio realizado, se desprende que en el sector público, los títulos
          más cotizados son los ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Banco
          Central, a través del sistema de subasta no competitiva.

          Asimismo, la situación actual del mercado tiende a desestimular las
          inversiones en el largo plazo, ya que la diferencia en los rendimientos
          entre el corto y largo plazo es mínima.

          Por otra parte, los títulos de gobierno se ofrecen, a través del Puesto de
          Bolsa de los tres bancos estatales, a efecto de ser negociados por medio
          de la subasta conjunta, de tal forma que el criterio que prevalece a efecto
          de escoger el puesto de bolsa por medio del cual se haga la transacción,
          es el monto de la comisión que se cobre al Poder Judicial, así como el tipo
          de servicio que se brinde.

          Es importante indicar, que a la fecha del estudio, prácticamente la
          totalidad    de    las    inversiones   en    colones,  ascendentes     a
          ¢27.191.337.235,25 se encontraban invertidas en Bonos de Estabilización
          Monetaria y Títulos de Propiedad, Bonos Deuda Interna, colocados a
          través del Puesto de Bolsa del Banco Nacional de Costa Rica, mientras
          que la totalidad de las inversiones en dólares ascendentes a $769.801,60,
          se encontraban en certificados de depósito a plazo del Banco de Costa
          Rica.

          Por otra parte, dadas las condiciones del mercado, el 99.75% de las
          inversiones se encuentran colocadas en el corto plazo.

          Asimismo, cabe indicar que el estudio reflejó en términos generales, que
          las inversiones de los diferentes fondos del Poder Judicial, a saber:
          Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Juristránsito, Cuenta Artículo 237,
          Presupuesto, Programa Corte-BID, Cuenta en Libros-Dólares y Cuenta de
                         *
          Publicaciones , se han realizado atendiendo a los lineamientos que en
          materia de inversiones ha fijado la Corte Plena, de tal forma, que dentro
          del marco de los lineamientos fijados, se han obtenido rendimientos
          satisfactorios, al menor riesgo posible.

          No obstante lo anterior, y a pesar de que se es consciente que el campo
          de acción es limitado, se presentan algunas recomendaciones, a efecto de
          que se efectúe un estudio, mediante el cual se analice posibles mejoras
          en el rendimiento y en la calidad del servicio, tanto de las inversiones en
          dólares como en colones.

          Cabe indicar, que oportunamente esta Auditoría estará remitiendo el
          informe relacionado con aspectos de control interno en esta materia.

          No omito señalar, que el presente informe incorpora en lo pertinente, los
          comentarios efectuados por el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,
          a través del oficio Nº 5001-DE-98 de fecha 14 de julio de 1998”.




*
 A la fecha del estudio existían ¢190.054.680,83 colocados en el Fideicomiso del Banco Nacional, de
acuerdo con el artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
                                              57

        Se dispuso: Tener por presentado el mencionado informe y resolver lo que

corresponda en una próxima sesión.

INSPECCIÓN JUDICIAL

                                       ARTICULO LXII

        El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, con oficio N° 3444 de 16 de julio en curso, remite fotocopia del acta de visita

levantada en el Juzgado Civil y de Trabajo de Golfito, por los Licdos Denis Ubilla Arce y Nils

Lorz Ulloa, Inspectores Judiciales Auxiliares, en que se da cuenta del gran atraso que existe

en el dictado de sentencias por parte de dicho Juzgado.

        Se recomienda en la mencionada acta la necesidad de remitir a valoración por parte

de la Medicatura Forense a la señora Magaly Arce Morales, Auxiliar Judicial.

        Consta también que se conversó con el Lic. Gerardo Madrigal Campos, titular del

aludido Juzgado, quien dio cuenta de la dificultad de poner al día al Despacho a corto plazo, a

pesar de haberse eliminado la materia penal para adultos, e indicó su interés en la

consecución de un Juez más en forma temporal, para que coadyuve en el dictado de

sentencias, además de que externó su deseo de que se le separe del cargo para el mejor

servicio público, por encontrarse sujeto a fuertes tensiones, debidas a la excesiva carga de

trabajo que representa el Juzgado.

        Por su parte el Lic. Madrigal Campos, en un extenso facsímil fechado 15 de julio en

curso, se refiere en forma amplia a la situación que se presenta en el Despacho a su cargo

con el atraso del dictado de las sentencias, debido al alto circulante y las razones por las que

éste ha aumentado, por lo que solicita se designe un Juez más o cualquier otro funcionario

que ayude a poner al día el Juzgado.

        Se dispuso: 1.- Tomar nota del acta que se ha citado. 2.- Remitir a la señora Arce

Morales, a valoración por parte del Departamento de Medicina Legal, a fin de que determine

su estado actual de salud. 3.- Denegar la creación de una plaza más de Juez para el Juzgado

Mixto de Golfito, por falta de contenido económico. 4.- Conceder al Lic. Madrigal Campos,

audiencia por el término de tres días, contados a partir del siguiente al del recibo de la

respectiva comunicación, para que manifieste lo que a bien tenga sobre una posible

separación del cargo para el mejor servicio público.
                                              58

                                       ARTICULO LXIII

        Con oficio N° 3442 de 16 de julio en curso, el señor José Francisco Ching Vargas,

Secretario del Tribunal de la Inspección Judicial, remite copia del acta de visita levantada en

el Juzgado Civil y de Trabajo de Corredores, por los Licdos. Nils Lorz Ulloa y Denis Ubilla

Arce, Inspectores Judiciales Auxiliares.

        Se dispuso: Tomar nota.

                                       ARTICULO LXIV

        El Secretario del Tribunal de la Inspección Judicial, señor José Francisco Ching

Vargas, con oficio N° 3443 de 16 de julio en curso, remite copia del acta de la visita realizada

en el Juzgado de Tránsito de Hatillo, por el Lic. Guillermo Morales Montoya, Inspector Judicial

Auxiliar, en que se recomienda la asignación de una plaza más de Juez por el término de

cuatro meses, para que durante ese lapso se dedique en forma exclusiva a atender los

asuntos que se indican se hallan para señalar a juicio.

        Se acordó: Tomar nota de la mencionada acta de visita la que se traslada a la

Presidencia, para que dentro de sus posibilidades asigne una plaza de Juez Supernumerario

por el término de cuatro meses en el Juzgado de Tránsito de Hatillo.

                                       ARTÍCULO LXV

        El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 2696 de 4 de junio pasado, da cuenta que ese Tribunal, al resolver la

queja N° 39-98, le impuso al Lic. Ulfrán Corrales Jiménez, Juez Primero Civil y de Trabajo de

Puntarenas, la corrección disciplinaria de amonestación escrita, por el atraso en que incurrió

en resolver un asunto.

        Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación lo que también hará el

Departamento de Personal, para lo de su cargo.

                                       ARTÍCULO LXVI

        El Secretario del Tribunal de la Inspección Judicial, señor José Francisco Ching

Vargas, en oficio N° 2697 de 4 del pasado mes de junio, informa que ese Tribunal al

pronunciarse sobre la queja N° 198-98, le impuso al señor Alvaro Zamora Vásquez,

Prosecretario de ese Despacho, la corrección disciplinaria de advertencia, por haber incurrido

en cinco llegadas tardías injustificadas al trabajo, durante el mes de febrero del presente año.
                                              59

        Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación lo que también hará el

Departamento de Personal, para lo de su cargo.

                                      ARTÍCULO LXVII

        Se tomó nota de las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Inspección Judicial,

en aplicación del régimen disciplinario, comunicadas en oficios N°s. 2672, 2676, 2684, 2686,

2677, 2779, 2782, 2784, 2792, 2796, 2799, 2801, 2789, 2829, 2660, 2663, 2666 y 2669.

ASUNTOS VARIOS

                                      ARTICULO LXVIII

        El Lic. Fernando Montero Jiménez, Abogado y Notario, en escritos de 14 y 15 de julio

en curso, presenta recurso de apelación de hecho y en favor de las personas que se dirán en

diligencias de queja tramitadas en el Tribunal de la Inspección Judicial, contra el Juzgado de

Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, a saber:

                   Expediente N°                   A favor
                      161-98           Jenny Baltodano Chaves
                       14-98           Eduardo Briceño Mendoza
                      390-98           Carlos González Quesada
                       59-98           Óscar Campos Jiménez

        Se acordó: Rechazar las gestiones del Lic. Montero Jiménez, porque de conformidad

con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo resuelto por la Sala

Constitucional en el voto N° 642-94 de las 14:30 horas del 2 de febrero de 1994, sólo tiene

apelación la resolución final del Tribunal de la Inspección Judicial que decrete la revocatoria

de nombramiento o que imponga una suspensión, sin importar la duración de ésta. Por lo

demás, la apelación, en los casos indicados, sólo se otorga al servidor judicial sancionado.

                                      ARTICULO LXIX

        La Licda Gloria Rojas Guzmán, Jefa de la Sección de Transportes Administrativos, en

oficio recibido el 16 de julio en curso, formula invitación a los integrantes de este Consejo

para que asistan al acto de conclusión de los cursos de Primeros Auxilios Básicos y

Reanimación Cardiopulmonar, que tendrá lugar el 24 de este mes, a las 17:00 horas en el

aula N° 6 de la Escuela Judicial.

        Se dispuso: Tomar nota y agradecer a la invitación.

                                       ARTICULO LXX
                                               60

        En oficio de 7 de julio en curso, el Lic. Edwin Duartes Delgado, Juez Penal de

Corredores, comunica que se inhibió de conocer de la causa N° 97-000001-440-PE

(INTERNO 172-98-1A) seguida contra Ricardo Otárola Otárola por el delito de ofrecimiento

de testigo falso, en daño de la Administración de Justicia. Por lo anterior solicita se le indique

a que funcionario le corresponde la tramitación de la citada sumaria.

        Informa el Presidente, Magistrado Cervantes, que de conformidad con el inciso 1° del

artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone que sea el Juzgado Civil de

Corredores, Penal por Ministerio de Ley, el que continúe conociendo de dicha causa.

        Se acordó: Tomar nota del anterior informe.

                                        ARTICULO LXXI

        La señora Lidieth Calderón Guerrero y el señor Harvey Jaen Campos, servidores de

la Sección de Tesorería del Departamento Financiero Contable, en nota de 20 de julio en

curso, manifiestan lo siguiente:

          “1.-A partir de enero del año en curso, en el Departamento, exactamente
          en la Unidad de Control, se crearon, entre otras, dos plazas de “Asistente
          Administrativo II”, cuyo requisito académico es “Bachillerato Universitario”
          en una carrera afín a la administración.
          No obstante el requisito establecido, la Jefatura del Departamento, ha
          venido nombrando en esas plazas vacantes a compañeros que no reúnen
          o no tienen ese requisito.

          2.- Ese Consejo Superior desde hace bastante tiempo tomó el acuerdo de
          que no se nombrara en plazas vacantes a personas que no cumplieron
          con los requisitos académicos del puesto. Además ese acuerdo ha sido
          reiteradamente recordado a los jefes de oficina en múltiples circulares
          emitidas también por ese Consejo.
          En relación con este punto, el acuerdo del Consejo y sus reiteradas
          circulares recordatorias están acordes con lo que estipula el artículo 335
          del Código Penal, referente a los nombramientos ilegales, cuando
          establece que: “Será reprimido con 30 a 90 días multa, el funcionario
          público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien
          no concurrieren los requisitos legales “(Sic).

          3.- Como puede notarse, con la reiterada actitud del señor Argüello, Jefe
          del Departamento Financiero Contable, de nombrar en plazas vacantes a
          personas que no cumplen con los requisitos académicos establecidos
          dolosamente ha ignorado y pisoteado, tanto el acuerdo de ese Consejo,
          como los recordatorios del mismo. En consecuencia su continuado
          proceder se enmarca en la conducta típica que describe el artículo 335
          supracitado.
          Además de que ha hecho creer a los Señores Miembros de ese Consejo,
          que las personas que proponía o nombraba en aquellas plazas vacantes,
          si reunían los requisitos exigidos por el puesto.

          4.- El pasado 9 de julio de los corrientes, en horas de la tarde, los
          suscritos tuvimos una reunión con el Jefe y Subjefe del Departamento
          Financiero Contable, licenciados Leonardo Argüello Delgado y Carlos
          Montenegro, respectivamente, en la cual el Jefe manifestó, que no
                                                  61

          obstante que una compañera no reunía requisitos académicos para el
          puesto de Asistente Administrativo II, continuaría nombrándola; pero a su
          vez se comprometió a que en la otra plaza, también de Asistente
          Administrativo II, a partir de Agosto-98, se nombraría a la suscrita Lidieth
          Calderón Guerrero.
          Ese compromiso asumido ante nosotros y el Subjefe del Departamento
          también lo ignoró, si ha ignorado el acuerdo del Consejo por tanto tiempo,
          ese compromiso no significa nada para él., y ha continuado realizando los
          nombramientos de personas que no reúnen los requisitos académicos.
          (Como prueba de lo anterior adjuntamos fotocopia de la proposición de
          nombramientos para el mes de agosto.)
          Fundamentados en todo lo expuesto, atenta y respetuosamente acudimos
          a ese Consejo Superior para que en primer lugar se ponga coto a esa
          cadena de nombramientos ilegales que ha venido realizando el jefe del
          Departamento Financiero Contable, y que en segundo lugar, en defensa
          de nuestros derechos laborales, como son los ascensos y a una
          realización personal en el trabajo en razón de los estudios universitarios
          realizados, se tome en cuenta nuestros nombres para llenar esas plazas
          vacantes, en forma interina y en propiedad, por cuanto nosotros sí
          cumplimos con los requisitos académicos que exigen las plazas en
          cuestión.
          Todo lo expuesto puede ser verificado en el Departamento de Personal,
          no obstante adjuntamos fotocopia de la proposición de nombramiento
          para el mes de agosto y fotocopias de nuestro grado académico.
          Es importante agregar que esas plazas tienen ya más de seis meses de
          estar vacantes y el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
          establece que sí la plaza estuviere vacante, el nombramiento en
          propiedad no podrá diferirse por más de tres meses.”

                                                  -0-

        Se   acordó:      1.-   Previamente   a    resolver   lo   que   corresponda,   poner   las

manifestaciones de la señora Calderón Guerrero y del señor Jaen Campos, en conocimiento

del Lic. Leonardo Argüello Delgado, Jefe del Departamento Financiero Contable, a fin de que

dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al del recibo de la respectiva

comunicación, rinda el correspondiente informe. 2.- El Departamento de Personal informará

cuales plazas del Departamento Financiero Contable se hallan vacantes y desde cuando

están en esa condición.

                                        ARTICULO LXXII

        La señora Evelyn Monge Morales, cédula 1-298-805, en memorial de 6 de este mes,

le expresa al Presidente, Magistrado Cervantes, que contrajo matrimonio con el señor

Guillermo Enrique Arroyo Céspedes, ex-servidor judicial jubilado. Que posteriormente se

divorciaron mediante un proceso abreviado, sin embargo luego volvieron a convivir hasta la

defunción del señor Arroyo, el 28 de junio de l990. Por lo anterior solicita se le indique a quien

debe recurrir a efecto de que se le otorgue la pensión como beneficiaria de don Guillermo, a

cuyos efectos aportará los documentos que indica.
                                              62

        Se dispuso: Trasladar la gestión de la señora Monge Morales al Departamento de

Trabajo Social, a fin de que realice un estudio que determine la conviviencia de ella con el

señor Arroyo Céspedes.

                                       ARTICULO LXXIII

        La Corte Plena en sesión celebrada el 3 de marzo de 1997, artículo XXXII, acogió la

recomendación del Consejo de Personal y se otorgó una beca entre otros a las Licdas Ana

María Trejos Zamora, Lorena Esquivel Agüero y Roxana Ulate Zamora, por su orden, Juezas

del Tribunal de Familia, del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía y del Tribunal de Alajuela,

para que del 10 de marzo del año pasado al 10 de abril último, realizaran estudios en la

Universidad Nacional dentro del Programa de Administración de Justicia en Centroamérica

(Convenio Corte-UNA).

        Las citadas profesionales en notas de 13 y 15 de julio en curso, remiten

certificaciones de las materias aprobadas y su correspondiente calificación, a efecto de

acreditar que concluyeron satisfactoriamente el posgrado que realizaron.

        Se acordó: Tener por presentadas las referidas certificaciones, las que se trasladan

al Departamento de Personal, a fin de que las agregue al expediente respectivo.

                                       ARTICULO LXXIV

        Se dispuso trasladar al Departamento de Planificación, para su estudio e informe, el

oficio N° 119-98-FG de 17 de julio en curso, en que los Licdos Luis Roberto Vargas Villalobos

y Eddie Alvarado Vargas, por su orden, Fiscal Coordinador y Fiscal Auxiliar, de Grecia, por las

razones que invocan, solicitan se asigne al Despacho a su cargo una plaza más de Fiscal así

como personal de apoyo.

                                       ARTICULO LXXV

        En la sesión del 19 de mayo de este año, artículo CXI, se dispuso tomar nota y poner

en conocimiento del Diputado Ovidio Pacheco Salazar, lo resuelto por la Comisión de

Construcciones, en la sesión del 2 de abril último, en que se dio cuenta que para el presente

año y para el próximo, no se tiene planeado la construcción del edificio de los Tribunales de

Turrialba.

        El Diputado Pacheco, en facsímil de 16 de julio en curso, expresa:

                  “Como es de su conocimiento desde hace varias décadas la
             comunidad de Turrialba ha aspirado a tener un edificio que integre las
                                               63

          hasta hoy desperdigadas oficinas del Poder Judicial en el Cantón. No
          obstante a ello, los intentos formales para el cumplimiento de ese objetivo,
          empezando por la adquisición de un terreno en 1971 se han visto
          reiteradamente frustrados.
                 Ante tal situación, en marzo del presente año realicé gestión ante
          esa Corte para que se me informara de los avances del objetivo
          anteriormente indicado, obteniendo, muy a mi pesar, respuesta del
          acuerdo tomado por Consejo Superior, el que en sesión del 19 de mayo
          del año en curso comunica que no se tiene previsto a corto plazo la
          construcción del edificio de los Tribunales de Turrialba.
                 Por todo ello, no puedo más que manifestarle mi profunda
          preocupación, por la que considero una postergación exagerada a una
          justa aspiración del pueblo turrialbeño, y le reitero, con todo respeto,
          formal solicitud para esa decisión sea reconsiderada y a la mayor
          brevedad posible se proceda a dotar a Turrialba de un circuito judicial
          acorde con la modernización a la que aspira ese Poder de la República.”

                                              -0-

        Informa el Presidente, Magistrado Cervantes, que en la sesión de Corte Plena

celebrada ayer, al conocer del Presupuesto para el próximo año, se reservó una partida de

¢100.000,000,00, para ser destinada a estudio de suelos, en su caso una posible remoción

de tierra y confección de planos para el edificio de los Tribunales de Turrialba.

        Se acordó: Tomar nota del anterior informe, el que se pone en conocimiento del

Diputado Pacheco Salazar.

                                       ARTICULO LXXVI

        En oficio N° DM-232-98 de 16 de este mes, del cual se recibió una copia, la Licda

Mónica Nagel Berger, Ministra de Justicia, le manifestó al Lic. Roberto Rojas López, Ministro

de Relaciones Exteriores y Culto, lo siguiente:

                 “Luego de dos meses de funciones, estoy convencida de que el
          procedimiento adoptado por la anterior Administración, en cuanto a los
          tratados internaciones en materia de ejecución de sentencias en el
          extranjero, repatriación de privados de libertad y otras materias que son
          competencia del Ministerio de Justicia, no ha sido adecuado, porque
          considero conveniente que este Despacho tenga conocimiento de las
          negociaciones y los avances de los mismos.
                 Específicamente, he tenido conocimiento de que, en la mayoría de
          los casos, la Cancillería ha solicitado criterio directamente a la
          Procuraduría General de la República, lo cual nos deja con un
          desconocimiento total respecto a la consulta y su respuesta, de figuras
          cuya operación son nuestra responsabilidad directa.
                 Si usted así lo estima conveniente, sugiero que se nos informe
          oportunamente cada vez que se inicie una negociación con otro Estado y
          que las consultas a los órganos consultivos se realicen a través nuestro.”

                                              -0-

        Se dispuso: Tomar nota del oficio que se ha transcrito.

                                      ARTICULO LXXVII
                                              64

        La señora Celenia Víquez Arias, en nota de 8 de junio último, con base en las

razones expuestas, solicitó a la Dirección General de Servicio Exterior del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, la ayuda para que por medio de ese Ministerio se gestionara la

expulsión ante las autoridades italianas, del señor Juan Guillermo Solís Rodríguez,

costarricense de nacimiento, privado de libertad en Florencia-Italia, desde setiembre de 1993,

y en la actualidad se encuentra en apelación de la sentencia en segunda instancia de fecha

diciembre de 1997, de doce años de prisión. Lo anterior, “...como acción prioritaria y ser

trasladado a nuestro país a descontar dicha pena. ...”

        En su defecto, les solicitó “...se aplique su traslado a nuestro país, basados en la

Convención Sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas, de Estrasburgo del 21 de

marzo de 1983. Ley No. 7749. ...”

        La Licda Emilia Alvarez N., Directora General de Servicio Exterior del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, en memorándum DGSE-1974-98 de 18 de junio último,

trasladó la anterior solicitud a la Licda Marcela Matamoros, Directora Jurídica de ese

Ministerio.

        La Licda Matamoros en nota de 2 del mes en curso, traslada a la Secretaría General

las anteriores diligencias.

        Manifiesta la Secretaria General que trasladó las diligencias a estudio por parte del

Lic. Ricardo Monge Bolaños, Abogado Asistente del Despacho a su cargo, quien rinde el

informe que en lo conducente dice:

                “... La adhesión de la República de Costa Rica a la “Convención
          sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas” hecha en Estrasburgo,
          21 de marzo de 1983, la aprobó la Asamblea Legislativa según Ley N°
          7749 de 9 de febrero de 1998, publicada en La Gaceta N° 54 del
          miércoles 18 de marzo de 1998.

                 En lo que interesa, la Convención de referencia establece en su
          artículo 2, inciso 3. que “La transferencia puede solicitarse tanto por el
          Estado sentenciante como por el Estado administrante”.

                  En su artículo 5 “Solicitudes y respuestas”, inciso 2. literalmente
          dice:

          “2.- Las solicitudes se dirigirán del Ministerio de Justicia del Estado
          solicitante al Ministerio de Justicia del Estado solicitado. Las
          respuestas se comunicarán a través de los mismos canales.”
                 (El subrayado y negrilla no es del original)

                 Por lo anterior, salvo mejor criterio, las presentes diligencias deben
          trasladarse al Ministerio de Justicia para lo que en derecho corresponda.
                                                 65


                Como información adicional, la República de Costa Rica por Ley N°
          7569 de 1° de febrero de 1996, publicada en La Gaceta N° 36 de 20 de
          febrero de 1996, aprobó la “Convención Interamericana para el
          cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero de los Estados
          miembros de la Organización de los Estados Americanos”, suscrita en la
          ciudad de Managua, Nicaragua el 9 de junio de 1993.

                 En La Gaceta N° 134 de 13 de julio de 1998, se publicó el Decreto
          Ejecutivo N° 27123-J “Reglamento sobre el cumplimiento de Condenas
          Penales en el Extranjero”, que establece el procedimiento interno que
          deberá desarrollar la Administración Central para todos los efectos de la
          citada Convención.

                                                -0-

                  Ambos instrumentos internacionales coinciden en sus objetivos y
          fines, pues buscan el aseguramiento de una mejor administración de
          justicia (promover los fines de la justicia) y “...la rehabilitación social de la
          persona sentenciada”, siendo conveniente para ello que a la persona
          sentenciada se le pueda dar la oportunidad de cumplir su condena -o
          sentencia-, en el país del cual es nacional, -dentro de su propia sociedad-.

                 La Convención de Estrasburgo quedó abierta para la firma de los
          Estados miembros del Consejo de Europa y Estados no miembros que
          han participado en su elaboración (artículo 18), con acceso para Estados
          no-miembros (artículo 19), y la Convención de Managua quedó abierta
          para la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
          Americanos (artículo XIII), y abierta a la adhesión de cualquier otro
          Estado”.

                                              ----------

        Se acordó: Tomar nota del anterior informe y trasladar las diligencias a estudio e

informe de la Comisión de Asuntos Penales.

                                       ARTICULO LXXVIII

        Se tomó nota del oficio N° D.E.2155-06-98 de 5 de este mes, en que el Lic. Antonio

Ayales Esna, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, da cuenta que durante el pasado

mes de junio, se aprobaron en esa Asamblea las siguientes leyes:

        1.- Ley N° 7809 Protocolo adicional entre la República de Costa Rica y el Reino de

España.

        2.- Ley N° 7808, Enmienda del Protocolo de Montreal.

                                        ARTICULO LXXIX

        El señor Roderick Thompson Patterson, en memorial recibido el 17 de julio en curso,

da cuenta de las supuestas anomalías incurridas en los procesos de que da cuenta y que

radican en el Juzgado Primero Civil de la Zona Atlántica.
                                               66

        Se acordó: Trasladar el memorial del señor Thompson al Tribunal de la Inspección

Judicial, a fin de que lo agregue a las diligencias que ahí se tramitan.

                                       ARTICULO LXXX

        El Lic. Gustavo Cedeño Monge y la Licda Rosibel López Madrigal, por su orden Juez

de Juicio y Jueza Penal, ambos de Puriscal, en facsímil de 20 de julio en curso, manifiestan:

          “En lo que atañe a la licitación para adjudicar despacho para las oficinas
          del Tribunal de Juicio y Juzgado Penal de Puriscal, fue seleccionada la
          casa ofrecida por los señores Carlos Valverde Retana y Vilma Mesén
          Madrigal. Deseamos hacerles ver la imperiosa necesidad que ambas
          oficinas afrontan de espacio físico, dado que en el caso del Juzgado Penal
          no existe sala para las audiencias de conciliación, debiéndose realizar en
          la oficina de la Jueza, la que no reúne ninguna condición para ese tipo de
          diligencias. Asimismo en lo que respeta al personal de apoyo se
          encuentra en una oficina muy pequeña, como lo pudo constatar el Lic.
          Rojas en su visita. Por otra parte en lo que toca al Tribunal, está en un
          lugar muy ruidoso, toda vez que frente al mismo se encuentra una parada
          de buses y al costado se ubica un negocio de fertilizantes y pesticidas
          cuyas emanaciones en muchas ocasiones tornan insalubre e incómodo el
          desempeño de labores en dicha oficina, No omitimos manifestar que
          también para el público, defensores y fiscales, se hace sumamente difícil
          desplazarse hasta la sede del Tribunal, por cuanto la misma queda a una
          distancia aproximada de kilómetro y medio. Por las razones indicadas les
          solicitamos vehementemente se nos autorice ocupar el inmueble asignado
          en forma inmediata, dispensando el trámite del refrendo por parte de la
          Contraloría General de la República. Ya que las modificaciones son
          mínimas y no generan ninguna incomodidad para la labores.”

                                               -0-

        Se dispuso: Denegar la anterior solicitud, en razón de que actualmente no se ha

hecho la respectiva adjudicación de la licitación que al efecto se publicó, por lo que no existe

documento de contrato firmado ni refrendado por la Contraloría General de la República.

                                       ARTICULO LXXXI

        El Ing. Juan Rafael Lizano Sáenz, Ministro de Seguridad Pública, con oficio N° 283-

98-DM de 26 de junio pasado, recibido el 20 de julio en curso, remite fotocopias certificadas

del expediente administrativo tramitado por la Dirección de Asuntos Legales de ese

Ministerio, relativo a la pérdida de un arma asignada y patrimoniada a esa Institución, y que

fuera extraviada en el “Departamento de Recepción de Documentos y Evidencias del Poder

Judicial”. Lo anterior a fin de que se reintegre el arma o sea cancelado su valor.

        Se acordó: Trasladar las diligencias a la Dirección Ejecutiva, para su trámite.

                                       ARTICULO LXXXII
                                              67

        El señor William Granados Lacayo, Contador Público autorizado, en memorial de 14

de este mes, manifiesta que en esa condición fue contratado por el señor Misael Vega

Villegas, para que le confeccionara una certificación de ingresos por actividades propias,

documento del cual la Jueza de Familia de Puntarenas consideró que carece de veracidad y

lógica, por lo que solicita que se realice una investigación y se emita un pronunciamiento

sobre la forma como deben de considerarse los documentos públicos.

        Se dispuso: Comunicar al señor Granados Lacayo que este Consejo carece de

facultades legales para evacuar la consulta que formula, pues los documentos de que da

cuenta quedan a criterio de lo que tengan a bien disponer los tribunales, en asuntos de su

competencia.

                                     ARTÍCULO LXXXIII

        En la sesión del 9 de este mes, artículo XXXVI, se aprobó la jubilación del Dr.

Wagner Rodríguez Camacho, Jefe del Departamento de Medicina Legal, a partir del 1° de

agosto próximo.

        El Dr. Rodríguez Camacho en oficio N° JDML-98-669 de 20 de los corrientes, solicita

se suspenda el beneficio de su jubilación, hasta la fecha que oportunamente indicará.

        Se acordó: Acoger la anterior solicitud. Los Departamentos de Personal y Financiero

Contable tomarán nota para lo de sus cargos.

                                     ARTÍCULO LXXXIV

        El Lic. Domingo Gutiérrez Bustos, Juez del Tribunal de Guanacaste, Sede Nicoya, en

facsímil de 20 de los corrientes, recomienda a la Licda. Nedyn Barrantes Jiménez, para que

sea tomada en cuenta para futuros nombramientos dentro del Poder Judicial.

        Se dispuso: Tomar nota.

                                     ARTÍCULO LXXXV

        En sesión de Corte Plena del 15 de diciembre pasado, se acordó aprobar los roles de

disponibilidad para aplicar las medidas de protección en materia de violencia doméstica para

los despachos judiciales de todo el país.

        En facsímil de 17 de los corrientes, los señores Shirley Montoya Montoya, Aracelly

Salas Murillo, Adriana Campos Miranda, Margarita Madrigal Jiménez y Javier Alvarado Soro,

servidores judiciales del Juzgado Civil y de Trabajo de San Carlos, con el visto bueno del Lic.
                                               68

Francisco Bolaños Montero, Juez de ese despacho, remiten el desglose del tiempo laborado

durante los días de fin de año por concepto de turnos.

         Se dispuso: Trasladar la anterior solicitud al Departamento de Personal para lo de su

cargo.

                                      ARTÍCULO LXXXVI

         En sesión del 22 de junio último, artículo LXIX, se tomó el siguiente acuerdo:

                 “El Lic. Fabián Barrantes Rodríguez, Jefe del Departamento de
          Información y Relaciones Públicas, con el visto bueno del Lic. José Luis
          Calderón Flores, Director del Despacho del Presidente, con oficio N° 397-
          DIRP-98 de 19 de junio en curso, remite el “Plan de Divulgación sobre las
          Leyes de Conservación de Vida Silvestre y Forestal”, que coordina el Área
          de Relaciones Públicas del Departamento a su cargo. Dice el Lic.
          Barrantes que dicho proyecto arranca como un plan piloto en el cantón de
          Coto Brus, y que dependiendo de los resultados, se podría implementar a
          otras regiones con problemas similares.
                 Por lo anterior y dado la importancia y la proyección que tendría en
          el Poder Judicial en las comunidades, solicita se conceda permiso a los
          Jueces y Fiscales de Osa y Corredores, para que participen en el
          encuentro que se realizará el 10 de julio próximo, así como la participación
          del Lic. Rony Durán Umaña, Juez del Tribunal de Juicio de Corredores en
          las restantes actividades.
                 Se acordó: Aprobar la anterior solicitud, en el entendido de que el
          permiso que se concede es sin que se afecte el buen servicio público.”
                                              -0-

         En oficio N° DIRP-98 de 20 de este mes, el Lic. Barrantes Rodríguez, con el visto

bueno del Lic. Calderón Flores, solicita que en adición al acuerdo supra indicado, “se autorice

la suma de ¢125.000,00 para cubrir los gastos por alimentación para los participantes en los

talleres que se impartirán en las cinco comunidades de Coto Brus, el MINAE aportará en igual

proporción”.

         Se dispuso: Previamente a resolver lo que corresponda, solicitar al Lic. Barrantes

Rodríguez, que presente un desglose que justifique los gastos de esa actividad.

                                      ARTÍCULO LXXXVII

         En la sesión del 2 de julio en curso, artículo XLIII, se tuvo por presentado y se

dispuso poner en conocimiento del señor Didier Salas Alpízar, Chofer de la Delegación

Regional de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Alajuela, el

informe elaborado por el Departamento de Personal, relacionado con la solicitud de dicho

servidor para que se le reconociera la diferencia salarial, en razón de que si bien su plaza es

de chofer, realiza labores de Conductor de Detenidos.
                                              69

        En el citado informe se desprende que no es posible satisfacer la gestión de don

Didier dado que su cargo es de chofer.

        En efecto, conforme consta en la sesión del 3 de febrero de este año, artículo LXIII,

se aprobó la solicitud del Lic. Jorge Rojas Vargas, Subdirector General del Organismo de

Investigación Judicial, en el sentido de que en tanto no se cuente con vehículos, las dos

plazas de chofer que fueron creadas para las Delegaciones de Alajuela y Cartago realizarán

labores de conducción de detenidos.

        En nota de 16 de los corrientes, el señor Salas Alpízar, solicita se autorice a su favor

el pago de horas extra después de las ocho horas de trabajo, cuando deba realizar labores de

conducción de detenidos, conforme se hace con los demás conductores de detenidos.

        Se acordó: Aprobar la anterior solicitud y autorizar el pago de hora extra a favor del

señor Salas Alpízar, en el entendido de que dicho pago se hará en el cargo de chofer, y

mientras se halle realizando labores de conductor de detenidos.

        El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                    ARTÍCULO LXXXVIII

        El Lic. Rodolfo Cháves Cordero, Defensor Público de Desamparados, en facsímil

recibido el 17 de este mes, manifestó:

         “Por este medio hago de su conocimiento que a raíz de la atención de mi
         turno de disponibilidad en la jornada de los días 15 y 17 de julio recibí una
         llamada telefónica a las 23 horas y 50 minutos del día 16 de julio, para
         presentarme en forma inmediata a San Miguel de Desamparados a cubrir
         la recolección de indicios y levantamiento de un cadáver en un homicidio
         culposo ocurrido en dicho lugar, diligencia que se prolongó hasta las dos
         horas del día 17 de julio.
                 Que a raíz de la urgencia de esta situación y por no contar con
         vehículo para desplazare y habiendo ya finalizado el servicio de autobús
         de Cartago (que es mi lugar de residencia) a San José, me vi en la
         necesidad de utilizar los servicios de un taxi que me trasladara al lugar,
         siendo que por lo peligroso del lugar de la diligencia debía esperarme y
         llevarme de nuevo a mi domicilio en Cartago. Que por dicho servicio debí
         cancelar de mis recursos económicos la suma de siete mil colones, esto
         con el afán de cumplir con mi obligación de asistir a la diligencia
         mencionada.
                 Es por lo anterior que hago la consulta sobre la posibilidad de que
         esta cantidad (7.000 colones) me sea cubierta bajo la forma de viáticos de
         viaje, tomando en cuenta que debí utilizar el único medio de transporte a
         mi alcance en su momento, pues como ya se dijo a esa hora el servicio de
         autobús ya no funciona de Cartago a San José y viceversa, siendo que
         por lo oneroso del mismo hago la presente consulta para que la misma
         sea resuelta por el Consejo Superior.”

                                              -0-
                                            70

       Se acordó: Aprobar la anterior solicitud y autorizar al Departamento Financiero

Contable, para que con cargo a la subpartida presupuestaria correspondiente gire a favor del

Lic. Chaves Cordero, la suma de ¢7.000,00 por la situación expuesta.

                                    .ARTÍCULO LXXXIX

       En sesión del 12 de febrero de este año, artículo XXXIII, se dispuso solicitar a la

Licda Guiselle Gené Calderón, entonces Jueza Contravencional y de Menor Cuantía de

Naranjo, que dentro del plazo de 3 días rindiera informe, en relación entre otros asuntos, a

un recurso de queja interpuesto por la señora Daysi Vargas Arce, en el cual dio cuenta que

desde el mes de octubre del año pasado, no se le gira pensión alimenticia dentro del proceso

en que ella es la actora, y tampoco se le pagó el aguinaldo, pese a haber solicitado en

reiteradas ocasiones orden de allanamiento para que se capture al deudor.

       En la sesión del 19 de marzo último, artículo LXVI, se tomó nota del informe que

rindió la Licda Gené Calderón, sobre la situación expuesta, lo que se puso en conocimiento

de la señora Vargas Arce.

       En facsímil de 16 de este mes, la Licda Nuria Rodríguez Gonzalo, Jueza

Contravencional y de Menor Cuantía de Naranjo, en lo que interesa manifestó:

         “...procedo a rendir informe sobre el expediente por pensión alimenticia de
         Daysi Vargas Arce contra Walter Abel Corrales Méndez de la siguiente
         forma: Según comunicación del comandante de la Delegación Cantonal
         de Naranjo, la orden de apremio contra el demandado no se ha podido
         hacer efectiva porque el señor Corrales no se encuentra en el lugar
         indicado por la actora. Además la policía administrativa de Los Chiles
         informó que cuando llegó la orden de apremio a ese lugar el demandado
         ya no estaba trabajando ahí. Por otra parte, la misma actora me indicó
         verbalmente que para ella es muy difícil tener conocimiento de lugar
         exacto en el que trabaja el demandado ya que labora por contrato de
         manera independiente. Por último deseo informarle que verbalmente el
         señor comandante me ha informado que están programando un operativo
         en coordinación con la policía de tránsito y que de ser necesario me
         solicitarán allanamiento para el vehículo en el que viaja el demandado, por
         lo que el comandante estima que en los próximos días podrá dar
         cumplimiento a la orden de apremio decretada.”
                                              -0-

       Se dispuso: Tener por rendido el informe de la Licda Rodríguez Gonzalo, el que se

pone en conocimiento de la señora Vargas Arce.

                                      ARTÍCULO XC

       La Licda. Miriam Rojas González, Directora General del Servicio Civil, en facsímil N°

AJ-421-98, de 15 de este mes, manifiesta que en aras de promover y fortalecer los principios
                                                 71

éticos y sociales en el sector público, han organizado la realización de un Simposio

denominado “Ética en el Sector Público”, a realizarse el próximo 5 de agosto a las 8 horas, en

el auditorio del Organismo de Investigación Judicial. Es por lo anterior que extiende cordial

invitación y a la vez sugerir la posibilidad de participación de servidores judiciales a dicha

actividad.

        Se dispuso: Tomar nota y agradecer la invitación.

                                           ARTICULO XCI

        En la sesión celebrada el 14 de abril de este año, artículo CXVI, se tomó el siguiente

acuerdo:

                    “La señora Shirley Azofeifa Jiménez, en facsímil de 20 de marzo
             último expone lo siguiente:
               “Desde finales del año 1995 he laborado de manera interina y/0 como
             meritoria para el Poder Judicial en la Delegación Regional del Organismo
             de Investigación Judicial de Pérez Zeledón y últimamente en la Fiscalía de
             Pérez Zeledón.
                    b- El último nombramiento que se me ha tramitado ha sido como
             “Meritoria” del 01 al 31-03-98 en la Fiscalía de Pérez Zeledón.
                    c-El día miércoles 18 de marzo, a las 16:00 horas me trasladé, con
             el respectivo permiso de la Jefatura, al lugar conocido como “Plaza de
             Auto-Mundial”, aproximadamente a cuatro Kilómetros de los Tribunales de
             Justicia de Pérez Zeledón, para participar en un partido de fútbol de
             mujeres, como parte de las actividades deportivas programadas con
             motivo de la Inauguración del Año Judicial 1998.
                    d- Al ser aproximadamente las 16:30 horas, jugando el partido
             indicado, tuve un resbalón y al caer y apoyar mi mano izquierda contra el
             suelo, se originó una fractura de coles provocando la inmovilización (yeso)
             por un lapso de dos meses.
                    e- En virtud de todo lo anterior, solicito se me reconozca alguna
             indemnización ya que por mi condición de “Meritoria” no me cubre ningún
             tipo de seguro. Importante resaltar que durante el tiempo que esté con mi
             brazo enyesado puede haber disfrutado de algún nombramiento
             remunerado lo cual no podrá ser posible por la razón indicada. No omito
             manifestar que desde que inicié a laborar para el Poder Judicial lo he
             hecho ininterrumpidamente”.
                                             __________

                    Manifiesta la Secretaria General que la anterior solicitud se trasladó
             con oficio N° 4056-98 de 23 de marzo anterior para estudio e informe por
             parte de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva.
                    El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2297-
             DE-98 de 13 de este mes, remite el informe N° 490-DE/AL-98 suscrito por
             el Lic. Jorge Kepfer Chinchilla, Jefe interino de la Sección de Asesoría
             Legal, respecto de la gestión presentada por la señora Azofeifa Jiménez,
             el que en lo que interesa literalmente dice:
                    “... I) Revisado el prontuario de nombramientos del Departamento de
             Personal aparece que la señora Shirley Azofeifa Jiménez, fue nombrada
             como Meritoria en el período del 01 al 31 de marzo de 1998.

                    II) Según oficio de fecha 20 de marzo suscrito por la interesada,
             indica que sufrió un accidente el día 18 de marzo de los corrientes,
             participando en un partido de fútbol como parte de las actividades deportivas
                                                72

          programadas con motivo de la inauguración del año judicial 1998.

                III) De la normativa aplicable interesan recalcar los siguientes
          preceptos:

                El artículo 195 del Código de Trabajo dispone que:

          " Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que
          ocurren a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que
          desempeñen en forma subordinada y remunerada así como la agravación
          que resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable de esos
          accidentes y enfermedades."

                El artículo 200 del Código de Trabajo, dispone que:

          " Para los efectos de este Título, se consideran trabajadores los aprendices
          y otras personas semejantes aunque, en razón de su falta de pericia, no
          reciban salario.
             Las prestaciones en dinero de estos trabajadores, se calcularán sobre la
          base del salario mínimo de la ocupación que aprenden. Los patrones
          incluirán tales cantidades en las planillas que deben reportar al Instituto. Los
          trabajadores extranjeros, y sus derechohabientes, gozarán de los beneficios
          que prevé este Código".

                 De lo antes expuesto es posible concluir que SI corresponde el
          derecho a la indemnización, por riesgos de trabajo pretendido por la señora
          Shirley Azofeifa Jiménez, Meritoria de la Delegación Regional del Organismo
          de Investigación Judicial de Pérez Zeledón, por el accidente sufrido el día 18
          de marzo del año en curso.”

               Se acordó: Acoger el anterior informe. Los Departamento de
          Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo de sus cargos.

                                                -0-

        La señora Azofeifa Jiménez, en facsímil de 17 de julio en curso, a tenor de lo

dispuesto en el artículo que se ha transcrito, relacionado al derecho que le asiste para el pago

de indemnización por riesgo de trabajo en el accidente sufrido el 18 de marzo del año en

curso, solicita se apruebe el pago a su favor de las incapacidades extendidas por el Instituto

Nacional de Seguros, de fechas “29-06-98 al 09-07-98, 03-07-98 al 17-07-98, 10-07-98 al 13-

07, 14-07-98 al 30-07-98”.

        Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud y autorizar, en ejecución de lo dispuesto en

el acuerdo transcrito, el pago de las incapacidades de la señora Azofeifa Jiménez, durante los

referidos períodos, a cuyos efectos el Departamento de Personal elaborará los cálculos

respectivos.

                                         ARTICULO XCII

        La Licda Doris Arias Madrigal, quien realiza estudios de doctorado en España, en

facsímil de 21 de julio en curso, manifiesta:
                                               73

           “A fin de rendir el segundo informe de actividades relativas a la beca de
           adiestramiento, respetuosamente le informo, que ya he concluido el primer
           ciclo lectivo, en el cual aprobé diecinueve créditos. En cada uno de esos
           cursos doctorales, se realizaron trabajos de investigación, lo cual requirió
           que dedicara gran parte del tiempo a la realización de los mismos. De
           igual forma asistí a los cursos de Derecho Penal que se imparten en la
           universidad, no solo para refrescar conocimientos sino también para
           profundizar en la legislación española sobre la cual se debe ceñir la
           investigación. En forma concomitante continúe con la investigación
           bibliográfica de la futura tesis doctoral. Si quisiera indicarle, que a pesar
           de que he trabajado sobre la tesis doctoral, por las exigencias
           reglamentarias de la Universidad, es hasta la aprobación de la totalidad de
           los cursos doctorales que se permite la matrícula de la tesis. Por otra
           parte como es de su conocimiento, a partir del 1 de mayo de 1998, rige
           una nueva ley que regula la presentación de las tesis doctorales, por lo
           que a futuro se deberán tomar las providencias necesarias por el Consejo.
           También en mi caso, como sucede que a partir del año 1997, no se me ha
           reconocido el título de licenciada en Derecho por las autoridades del
           Ministerio de Educación Español, lo cual varía las condiciones de los
           becarios que me han precedido en cuanto al título que posteriormente
           acreditaré. En el mes de junio, también participé en las primeras jornadas
           de trabajo de la escuela del Profesor Dr. Diego Manuel Luzón Peña las
           cuales se realizaron en la Universidad de León y contaron con la
           asistencia de destacados profesores universitarios pertenecientes a dicha
           escuela y en la cual se discutió sobre los proyectos de investigación que
           actualmente se desarrollan incluso el mío, donde recibí la guía y el
           consejo de expertos en Derecho Penal.
           Actualmente, a pesar de que muchos profesores se encuentran en
           Alemania por cuestiones propias de la Universidad y porque en el verano
           baja el ritmo de la Universidad, continuo trabajando en la lectura, fichaje y
           sistematización del material bibliográfico recopilado. Ya he realizado la
           pre-matrícula de los cursos doctorales.”

                                               -0-

        Se acordó: Tomar nota del anterior informe, el que se traslada al Departamento de

Personal, a fin de que lo agregue al expediente que corresponda.

                                        ARTICULO XCIII

        El Lic. Robert Camacho Morales, a quien se concedió permiso para que realice

estudios de doctorado en España, le remite al Presidente, Magistrado Cervantes, una copia

del artículo que se publicó en el periódico “El País”, titulado jueces buenos, mala justicia, en

el que el autor concluye “... que la justicia en España tiene profesionales competentes y

honestos, pero sometidos a una estructura perversa”.

        Se dispuso: Tomar nota y agradecer al Lic. Camacho Villalobos, el envío de dicha

publicación.

                                        ARTICULO XCIV

        En la sesión celebrada el 16 de julio en curso, artículo XLII, se tomó el siguiente

acuerdo:
                                             74

                “El Lic. Allan Fonseca Bolaños, Jefe del Departamento de
         Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, con el
         visto bueno de la Directora General, en nota N° DICR-0850-98 de 15 de
         julio en curso, informa que esa Jefatura Departamental ha dispuesto
         trasladar en forma temporal a la Sección de Capturas al señor Jaime
         Carrera Hidalgo, cédula 1-499-189, plaza 06590, a partir del 16 del
         presente mes.
                Previamente a resolver lo que corresponda se acordó: Trasladar la
         gestión a estudio individual de los integrantes de este Consejo y en tanto
         se resuelve lo que corresponda, mantener al señor Carrera en el puesto
         que ocupa en la Sección de Robos.

                                             -0-

        El señor Carrera Hidalgo, en nota de 20 de julio en curso, expresa:

                “Para lo que corresponde y de acuerdo a la conversación sostenida
         en días anteriores con el Sr. Hernán Campos Vargas miembro del
         Consejo Superior, referente a la incómoda situación que estoy
         enfrentando y mi repentino traslado a la Sección de Capturas; adjunto
         encontrará copia de la nota enviada el día de hoy por mi persona a la
         Jefatura del Departamento de Investigaciones Criminales, en la cual
         manifiesto a ese Departamento la decisión de acogerme al acuerdo
         tomado por ustedes en la sesión de este Consejo el día jueves 16 de los
         corrientes, referente a mi reubicación en la Sección de Delitos contra la
         Propiedad”.

                                        -0-
        Se dispuso: Tomar nota de las manifestaciones del señor Carrera, y previamente a

resolver lo que corresponda, solicitar a la Dirección del Organismo de Investigación Judicial,

un informe dentro del plazo de tres días, a fin de que se indique a qué razones se debe el

traslado de don Jaime.

                                      ARTICULO XCV

        En la sesión del 14 de mayo de este año, artículo XCV, se conoció del oficio N° 434-

DP-98 de 11 de ese mes, en que el Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del

Presidente, dio cuenta de la información solicitada por la señora Elisa Sánchez Godínez del

Equipo Técnico del Proyecto Estado de la Nación, ante una iniciativa conjunta de la

Defensoría de los Habitantes, la Unión Europea, el Consejo Nacional de Rectores y el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

        En la sesión del 29 de junio pasado, artículo LVIII, se conoció de la nota N° DH-525-

98 de 26 de ese mes, suscrita por el Lic. Rolando Vega Robert, Defensor Adjunto de los

Habitantes, en que solicitó que a la brevedad se remitiera la mencionada información.

        En esa oportunidad se acordó instar al Lic. Calderón Flores que procediera a recabar

la información solicitada a la brevedad, a fin de suministrarla a la Defensoría de los

Habitantes y a la señora Sánchez Godínez.
                                               75

        En la sesión del 16 del presente mes de julio, se tomó nota del informe del Lic.

Calderón Flores en que dio cuenta que mediante oficio N° 726-DP-98 de 29 de junio pasado,

dio respuesta a la señora Sánchez, sobre la información que ésta solicitó.

        En oficio de 20 de julio en curso, el señor Jorge Vargas Cullell, Sub-Coordinador del

Proyecto Estado de la Nación, manifiesta:

                  “En nombre del Proyecto Estado de la Nación quiero agradecer la
           colaboración que el Despacho de la Corte ha tenido a nuestra solicitud de
           información con fecha 5 de mayo de los corrientes. Gracias al esfuerzo del
           personal de los diferentes departamentos a los que se les solicitó la
           información, el 29 de junio en oficio N° 726-DP-98 firmado por el
           Licenciado José Luis Calderón Flores, recibimos la información solicitada.
                  El señor Calderón muy amablemente adjuntó también información
           adicional que complementaría la investigación sobre modernización del
           Poder Judicial, a saber un detalle del proyecto de “Red Jurídica del Poder
           Judicial”, así como los informes de labores presentados por el Señor
           Presidente de la Corte, en los años l996 y l997.
                  Por una situación imputable a nosotros, la Defensoría de los
           Habitantes reiteró la solicitud de información que ustedes habían
           tramitado, mediante nota N° DH-525-98 del 26 de junio. Lamentamos la
           confusión que ello generó al Despacho de la Presidencia de la Corte y
           presentamos nuestras excusas”

                                              -0-

        Se acordó: Tomar nota de las manifestaciones del señor Vargas Cullell.

                                        ARTICULO XCVI

        En la sesión celebrada el 25 de mayo de este año, artículos CXXIV y CXXVI, se

dispuso previamente a resolver lo que corresponda, solicitar informe al Juez Coordinador del

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, acerca de las

quejas que interpuso el Lic. Fernando Montero Jiménez, contra ese Despacho, dentro de los

procesos que ahí se citan.

        En cumplimiento del acuerdo de referencia, el Lic. Reynaldo Vosman Roldán, Juez

Coordinador del mencionado Juzgado, en facsímil de 20 de este mes, rinde el siguiente

informe:

           “Para una mejor claridad en la exposición, seguidamente paso a referirme,
           una a una de las quejas y reparos que se formulan, lo cual hago de la
           siguiente manera:

           96-155-215-LA
           Corresponde a unas diligencias de consignación de prestaciones
           formuladas a-pud acta por Lilliana Campos Arley. Ese asunto se inició sin
           la intervención de abogado alguno, a las quince horas y treinta minutos del
           ocho de febrero de mil novecientos noventa y seis y el veintidós de julio de
           ese mismo año se dictó la resolución final mediante la cual se hizo la
           declaratoria de causahabientes y se ordenó el giro de las sumas
           depositadas. En dichas diligencias, las partes interesadas no presentaron
                                    76

escrito alguno, de modo que ni en ese, ni en ningún otro asunto de los que
se tramitan en este Despacho, no es cierto que los escritos de los
litigantes se extravíen o se agreguen a los expedientes meses después de
presentados, como tendenciosamente lo quiere hacer ver el quejoso.
En punto a la custodia de los escritos que a diario presentan las partes a
los estrados de este Juzgado, para una mejor ilustración de este alto
Tribunal debo indicar que, en una labor conjunta con el personal de apoyo
se ha ideado un control computarizado de tales escritos, de manera que el
mismo día en que ingresa un escrito, queda registrado en el sistema de
cómputo, de modo que el funcionario que vaya a resolver determinado
expediente contará con la información de la existencia del escrito y de la
fecha en que fue agregado al expediente. No omito indicar que ese
sistema fue avalado por la Comisión de Asuntos Laborales.

96-568-214-LA
Se refiere a un proceso ordinario de trabajo seguido por Orlando Saborío
Elizondo asistido por un apoderado especial judicial, licenciado Ronald
Rodríguez Villalobos contra la Universidad Estatal a Distancia donde figura
el licenciado Ricardo Alfieri Rodríguez patrocinando a dicha parte. El
expediente no está extraviado y el licenciado Montero Jiménez nada tiene
que ver en ese asunto.

97-1733-166-LA
Actualmente el despacho está organizado de tal manera que los dos
Jueces tramitadores con que cuenta el Juzgado son las personas
encargadas de la tramitación de los asuntos, desde su inicio y hasta el
dictado de la resolución mediante la cual se confiere audiencia sobre
excepciones y documental que aportan los demandados. De ahí en
adelante le corresponden, según las terminales numéricas, a cada uno de
los restantes diez juzgadores los que llevan los asuntos hasta el dictado
del fallo correspondiente. El referido asunto tiene resolución de las nueve
horas y cinco minutos del ocho de junio del presente año mediante la cual
se está confiriendo la referida audiencia y está cumpliéndose con el
proceso de notificación de la misma.

96-042-214-LA
Este asunto ya está fallado. El veinticinco de febrero del año en curso fue
devuelto por el notificador y al día siguiente se remitió en consulta al
Tribunal Superior de Trabajo. De modo que no es cierto, como lo afirma
el quejoso, que autos tan sencillos como el de apelación se atrasen varios
meses. Nótese que el asunto fue enviado en consulta, no en apelación.

94-685
Para ejemplificar atrasos y desórdenes en las notificaciones, el quejoso
aduce el expediente que cita. Sin embargo no indica el número del asunto
en forma correcta, con lo cual se hace imposible su localización. Debo
indicar que en el índice computarizado de control de libros con que cuenta
este juzgado, los expedientes se registran primero con el año, luego con el
número de expediente, seguido del juzgado de procedencia, en donde los
números 213, 214, 215 y 166 identifican los juzgados primero, segundo y
tercero de trabajo, respectivamente y el último corresponde al Juzgado de
Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José. De manera que si no
se cuenta con tal numeración no es posible localizar el expediente. En
todo caso, debo indicar que ciertamente y hasta hace poco habíamos
venido topando con muchos atrasos y desórdenes en las notificaciones
que cumple la Oficina Central de Notificaciones. Algunos de ellos se han
corregido total o parcialmente. No obstante, le hemos sugerido a la
Comisión de Asuntos Laborales que se nos dote de un fax y de al menos
un notificador que atienda en forma exclusiva las notificaciones de este
Juzgado.
                                    77

El quejoso cita cuatro asuntos con los cuales pretende demostrar que las
ejecuciones de sentencia demoran varios años. A ellos me refiero uno a
uno.

92-1061-215
Este asunto estuvo detenido por efecto de una acción de
inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley Marco de Pensiones. No
obstante se le previno al Departamento Nacional de Pensiones del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que realizara el cálculo de la
pensión del actor y así lo hizo, sin embargo, el accionante se manifestó
inconforme con los cálculos practicados por la citada dependencia por lo
que decidió continuar con el trámite de ejecución. El asunto le fue pasado
a la Licenciada Judy Madrigal Mena el primero de setiembre de mil
novecientos noventa y siete y para su resolución requirió, de dicho
departamento, fotocopias certificadas del expediente administrativo
correspondiente. Esa prueba quedó incorporada al proceso el veintiocho
de enero del año en curso, el dos de marzo de dicho año se cursó la
audiencia de ley y quedó notificada a las partes el veinticinco de dicho
mes y año. En la actualidad se está a la espera del dictado del fallo que
se echa de menos.

92-524-215-LA
Se trata de procesos acumulados por riesgo profesional de Pablo
Matarrita Sequeira contra el Instituto Nacional de Seguros en los cuales no
interviene el quejoso, ni como abogado director, ni como apoderado de
ninguna de las partes. En ese asunto la personera del ente accionado
solicitó la deserción, la cual fue rechazada ad portas. Obviamente este
asunto nada tiene que ver con liquidación de sentencia alguna por lo que
no se comprende la razón por la cual lo cita el señor Montero.

87-284-213-LA
Se trata de un juicio ordinario en el que el actor pretende el beneficio de
una pensión al amparo del Régimen de Hacienda. Los extremos
otorgados en la sentencia firme de primera instancia fueron liquidados por
sentencia de las ocho horas del dieciséis de julio de mil novecientos
noventa y tres. El actor ha venido alegando que El Estado le adeuda unas
pensiones atrasadas y el trece de mayo del año en curso se ordenó
solicitarle a la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social que certifiquen cuál es el monto de pensión que recibe el
actor y si se le han cancelado las pensiones correspondientes a los meses
de noviembre y diciembre de mil novecientos noventa y dos, las de los
años mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y cinco y
mil novecientos noventa y seis, con indicación de los montos pagados en
cada mes, deducciones practicadas, aumentos y fechas a partir de las
cuales rigen y en los que se hicieron efectivas. Con respeto me permito
indicar que no existe, por parte del Despacho, atraso alguno en ese
asunto.

Acusa el quejoso, en resumen, que los jueces violan la Ley pidiendo
prueba para mejor resolver y la retardan por varios años.
Para ello pone de ejemplo el expediente 91-1048-213 y el expediente 92-
1766, en relación a éste último el quejoso no indica en forma completa la
numeración, por lo que atento solicito se le prevenga que ofrezca el dato
de ubicación como corresponde.
En cuanto al primer expediente que se cita en el párrafo anterior, debo
indicar que el mismo se encuentra archivado en forma definitiva desde el
once de mayo del año en curso, en razón de que en sentencia del Tribunal
Superior de Trabajo, confirmada por la N° 176 de las diez horas, diez
minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro de la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se revocó la sentencia de
Primera Instancia en cuanto el Juzgado ordenó que la determinación del
                                              78

         monto de la pensión otorgada al actor, se efectuara administrativamente.
         Ha ocurrido que a pesar de tal situación el Juzgado proceda a la
         liquidación de la pensión dentro del proceso judicial, pero el Tribunal
         Superior anula la sentencia de ejecución, por la razón expresada. Como
         ese asunto también se interesa en otra de las múltiples quejas del señor
         Montero y sobre el cual ese Honorable Consejo, me solicitó informe
         (Sesión 45-98 de 16 de junio de 1998, Artículo CXXIV), dejo de esta
         manera rendido el informe que se me solicitó mediante su oficio 7856-98
         en cuanto a dicho expediente y en cuanto al proceso que se sigue con el
         N° 1062-92 el que también en la misma oportunidad el Consejo me pide
         informe, no obstante, debo indicar que ese número no corresponde a
         ninguno de los expedientes que registra este Juzgado.
         En las actuales circunstancias en las que se encuentra este Despacho, de
         sobra conocidas por ese Honorable Consejo y que han provocado que los
         recursos materiales y humanos sean insuficientes para atender la
         demanda de servicios, la reiterada conducta asumida por el quejoso,
         consistente en interponer en forma reiterada, permanente y hasta
         irresponsablemente una cantidad cada vez mayor de quejas ante ese
         Consejo, más allá de favorecer una recta Administración de Justicia, ha
         contribuido a distraer la atención de los juzgadores con el consecuente
         retraso en el dictado de los expedientes para fallo. Nótese además, que
         aún antes de que este servidor asumiera la coordinación del Despacho
         (primero de mayo del año en curso) ya se habían puesto en práctica una
         serie de medidas de urgencia para la atención de distintas áreas que han
         venido presentando problemas y muchas más que desde la citada data se
         han implementado coordinadamente con la Comisión de Asuntos
         Laborales, las que seguros estamos que a muy corto plazo producirán los
         efectos que todos deseamos.
                                        SOLICITUD
         Por los razonamientos anteriormente expuestos, solicito: que de las
         quejas a que este informe se contrae, sean archivadas en forma definitiva.
                                         PRUEBAS
         DOCUMENTAL: Pese a que estas quejas retrasarán más la resolución de
         los asuntos que se interesan, me veo obligado a ofrecer como prueba los
         expedientes que han sido citados.”

                                             -0-

        Se acordó: Tener por rendido el anterior informe, el que se pone en conocimiento del

Lic. Montero Jiménez.

                                      ARTICULO XCVII

        En la sesión celebrada el 24 de marzo de este año; artículo LXXXVIII, se dispuso

entre otros aspectos, que a partir del 1° de abril último, la Unidad Administrativa Regional de

Puntarenas, ubicara por el término de cuatro meses, un auxiliar Supernumerario en cada uno

de los Juzgados Civiles de la ciudad de Puntarenas.

        En facsímil de 20 de julio en curso, la Licda Sonia Álvarez González, Jueza Segunda

Civil y de Trabajo de Puntarenas, manifiesta que la señora Marlene Cascante Matamoros es

la Auxiliar Supernumeraria que se asignó al Despacho a su cargo, la cual ha realizado una
                                               79

valiosísima labor, sin embargo la acumulación de trabajo aún se mantiene, por lo que solicita

se autorice la permanencia de dicha servidora, por un período de cuatro meses más.

        Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud. El Departamento de Personal y la Unidad

Administrativa Regional de Puntarenas, tomarán nota para lo de sus cargos.

                                       ARTICULO XCVIII

        La Ing. Cedi Muñoz Sibaja, de la Sección de Supervisión de Proyectos del Instituto de

Fomento y Asesoría Municipal, en nota de 20 de este mes, manifiesta que es participante del

“Curso Centroamericano sobre Contaminación y Tratamiento de Aguas”, evento que es

auspiciado por la Fundación DEMUCA y la Universidad Nacional, en conjunto con la

Universidad Politécnica de Madrid. Que una de actividades a desarrollar durante el curso

consiste en el evaluación de una planta depuradora para determinar si su planteamiento y

funcionamiento es adecuado, de lo contrario se deberá proponer un sistema de tratamiento

alternativo que se ajuste a las necesidades del caso. Por lo anterior y teniendo conocimiento

que en el Complejo Médico Forense de San Joaquín de Flores se dispone de una planta de

tratamiento de aguas servidas, solicita doña Cedi, que se le autorice a realizar el trabajo

mencionado en ese lugar.

        Se acordó: Previamente a resolver lo que corresponda, solicitar informe al respecto a

la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y a la Dirección Ejecutiva, a fin

de que dentro del término de tres días, manifiesten lo que a bien tengan acerca de la gestión

de la Ing. Muñoz Sibaja.

                                       ARTICULO XCIX

        La Licda Nuria Rodríguez Gonzalo, Jueza Contravencional y de Menor Cuantía de

Naranjo, en facsímil de 17 de julio en curso, informa que se inhibió de conocer del proceso

ordinario laboral de Rodrigo Arrieta Vargas contra Nelma Sociedad Anónima, por lo que

solicita el nombramiento de un Juez Suplente, de conformidad con lo que establece el inciso

1°, del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

        Informa el Presidente, Magistrado Cervantes, que a tenor del artículo 29, inciso 1°, de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone que sea el Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Grecia, el que continúe conociendo de dicho asunto.

        Se acordó: Tomar nota del anterior informe.
                                               80

                                          ARTICULO C

          En nota de 17 de los corrientes, las señoras y señores Jueces Civiles de Mayor

Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José, por las razones que invocan, solicitan el

nombramiento de un juez tramitador para cada uno de los seis despachos de la materia, así

como dos Auxiliares Judiciales.

          Informa el Presidente, Magistrado Cervantes, que la Corte Plena en la sesión

celebrada ayer, al conocer el Presupuesto del Poder Judicial para el próximo año, creó a

partir de enero de l999, cuatro plazas de Juez Tramitador para los Juzgados de Mayor

Cuantía y tres para los de Menor Cuantía, todos del Primer Circuito Judicial de San José, así

como una plaza de Auxiliar Judicial para cada uno de esos despachos.

          Se dispuso: Tomar nota del anterior informe, el que se pone en conocimiento de los

gestionantes.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                          ARTICULO CI

          El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 5101-DE-98 de 16 de julio

en curso, remite la nota N° SME-332-98 de 15 de este mes, suscrito por el Dr. Javier

Sandoval Leal, Jefe del Servicio Médico de los Empleados, en que solicita se le conceda

permiso con goce de salario y el pago de la cuota de inscripción, para participar en el “I

Congreso Latinoamericano de Cefalea”, que se llevará a cabo de 1° al 3 de octubre próximo.

          En cuanto a la cuota de inscripción ésta será de ¢12.000,00 si se cancela antes del

30 de julio y de ¢18.000,00 si es después de esa fecha.

          Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud y conceder permiso con goce de salario, así

como la cuota de inscripción por valor de ¢12.000,00, al Dr. Sandoval Leal, a fin de que asista

al mencionado congreso.

          Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo de sus

cargos.

                                         ARTICULO CII

          Con oficio N° 5102-DE-98 de 16 de este mes, el Lic. Alfredo Jones León, Director

Ejecutivo, remite la nota N° SME-333-98 de 15 de los corrientes, en la cual el Dr. Javier

Sandoval Leal, Jefe del Servicio Médico de los Empleados, solicita se conceda permiso con
                                               81

goce de salario y el pago de la cuota de inscripción por valor ¢18.000,00, a la Licda Yadira

Fonseca Jiménez, Profesional del Equipo Interdisciplinario de Atención en Salud Mental y

Ocupacional, para que participe en el “Seminario sobre Educación y Prevención del Suicidio

de Niños, Adolescentes y Adultos”, que se llevará a cabo durante los días 9 y 10 de setiembre

próximo.

          Se acordó: Aprobar la anterior solicitud, conceder permiso con goce de salario y la

cuota de inscripción por la mencionada suma, a fin de que a Licda Fonseca, participe en la

actividad de que se ha dado cuenta.

          Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo de sus

cargos.

                                         ARTICULO CIII

          Con oficio N° 5103-DE-98 de 16 de julio en curso, el Lic. Alfredo Jones León, Director

Ejecutivo, remite el proyecto de contrato elaborado por el Lic. Carlos Toscano Mora

Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal, a suscribir por el arrendamiento del local

que ocupa el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guácimo, con ocasión de un

incremento en el precio que solicita el propietario del local. Agrega el Lic. Jones que el

Departamento de Servicios Generales por oficio 1469-SG-98 de 15 de este mes, estima

razonable el precio mensual en ¢100.000,00, con lo que el propietario está de acuerdo y

anuente a realizar las mejoras solicitadas.

          Se dispuso: Aprobar el mencionado proyecto de contrato y autorizar al Presidente,

Magistrado Cervantes, para que en representación del Poder Judicial, proceda a suscribirlo.

                                         ARTICULO CIV

          El Director Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones León, con oficio N° 5127-DE-98 de 17 de

este mes, remite la nota N° 2577-CA-98 de 16 de los corrientes, suscrita por la Licda Dinorath

Álvarez Acosta, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, mediante la cual recomienda

declarar desierta la Licitación Pública N° 20-98 “Contratación de Servicios de Vigilancia para

el local del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica”.

          La nota de la Licda Álvarez Acosta dice:

                 “En referencia a la Licitación Pública Nº 020-98 “Contratación de
           servicios de vigilancia para el local del Tribunal Penal del II Circuito
           Judicial de la Zona Atlántica”, remitimos a usted la documentación
           adjunta, con el ruego de que sea sometida a conocimiento de los
                                    82

estimables miembros del Consejo Superior, a efecto de que tomen el
acuerdo que consideren conveniente.
      Al tenor de los artículos 56 del Reglamento General de Contratación
Administrativa vigente, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del
Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo con los documentos
aportados y los que conserva esta Proveeduría, se determinó que:

ANÁLISIS DE OFERTAS:

      Para este concurso se recibieron dos (2) ofertas correspondientes
a:

1)     SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA., C.J. Nº 3-102-067171-
28; y,

2)  COMPAÑÍA DE INVESTIGACIÓN                     Y    SEGURIDAD        DEL
ATLÁNTICO, S.A., C.J. Nº 3-101-166867.

ESTUDIO LEGAL:

      Mediante oficio Nº 2515-CA-98 de 13 de julio de 1998, se solicitó a
la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el estudio del
marco legal de las ofertas recibidas, para lo cual se indicó:

       “ (...) y con la finalidad de determinar tanto la admisibilidad de las
ofertas y qué defectos u omisiones son subsanables, seguidamente se
detallan los aspectos más relevantes que se han advertido producto de su
revisión inicial, respecto de los cuales se solicita especial pronunciamiento
de la Sección a su cargo:

Oferta Nº 1 de Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., C.J. Nº 3-102-
067171-28:

1)    En relación con el objeto a contratar, este oferente confunde el
objeto, pues en lugar de ofrecer un solo agente de seguridad para los
cinco sitios a cubrir y que se señalan en el punto 2 del cartel, ofrece un
agente para cada sitio, situación que imposibilita el poder considerarla
para una eventual adjudicación en su favor.

2)    Conforme lo requerido en la cláusula 4.4 del cartel, no se advierte
que este oferente describa la metodología propuesta para realizar la
supervisión del servicio ofrecido.

Oferta Nº 2 de Compañía de Investigación y Seguridad del Atlántico,
S.A., C.J. Nº 3-101-166867:

1)    En relación con el depósito de la garantía de participación, se
advierte que este oferente lo realizó en forma extemporánea; es decir, una
hora después de la fecha y hora señaladas para la recepción de ofertas.

2)    No se advierten ni el plan de trabajo o metodología propuesto para
la prestación del servicio, ni información para el reconocimiento de
reajuste de precios.

      Finalmente, también se advierte que en el acta de apertura constan
observaciones realizadas durante el indicado acto.”

     En el estudio del marco legal realizado por el licenciado Carlos
Toscano Mora Rodríguez; Asesor Legal a.í. de la Dirección Ejecutiva,
                                                83

         según oficio Nº 893-DE/AL-98 de fecha 14 de julio de 1998, se manifiesta
         que:

         “ [...] me permito referirle lo siguiente:

         Oferta #1.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA.:

                El objeto que ofrece difiere sustancialmente con el requerido en el
         pliego de condiciones. Como bien lo indica la señora Romero Jenkins,
         este se constituye en un vicio grave y trascendente que impide considerar
         a la oferente para una eventual adjudicación.

         Oferta #2.- COMPAÑÍA DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD DEL
         ATLÁNTICO S.A.:

                 La garantía de participación es el aval que solicita la Administración
         licitante a los oferentes para asegurar la seriedad y el mantenimiento de
         los términos de la oferta mientras se tramita el concurso. Si el
         comprobante ingresó a la Administración licitante después de la hora y
         fecha de vencimiento para la recepción de ofertas según lo definido en el
         cartel, este hecho por si sólo inhibe a esta oferente para ser admitida al
         concurso.
                 Dicho criterio se sustenta en razón de que el pliego de condiciones
         fija un límite para la presentación de ofertas, por lo que los oferentes antes
         de ese plazo deben preocuparse por presentar su propuesta con todos los
         documentos que el mismo cartel solicita, pues según lo dispone el artículo
         55.2. del Reglamento General de la Contratación Administrativa, con
         posterioridad al cierre del plazo de recepción no se admitirá la
         modificación de las plicas.”

         ANÁLISIS Y VALORACIÓN:

               Producto de lo establecido en el dictamen antes transcrito de la
         Sección de Asesoría Legal, se concluye que ninguna de las ofertas resulta
         admisible al concurso, razón por la cual se prescinde del estudio técnico y
         evaluación de las ofertas.

         RECOMENDACIÓN:

                 Dadas las circunstancias concurrentes en el presente procedimiento
         de contratación, procede recomendar que se declare desierta la presente
         licitación y se ordene el trámite de una nueva licitación, pues según ha
         quedado expuesto, las dos ofertas recibidas no son susceptibles de
         adjudicación en su favor, dados los vicios de inadmisibilidad en que
         incurren.

                                                -0-

        Se acordó: Aprobar la anterior solicitud y por las razones que ahí constan, declarar

desierta la mencionada licitación y ordenar el inicio de un nuevo procedimiento.

        El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo de su cargo.

                                         ARTICULO CV

        El señor Julio César Hurtado Calderón, en nota de 10 de julio en curso, solicita que

se le cancelen las prestaciones por cuanto laboró desde el 1° de diciembre de l993 al 11 de
                                              84

mayo de l998, y haber quedado cesante por falta de requisito de bachiller.

        La Secretaría General, con oficio N° 8904-98 de 14 los corrientes, remitió a la

Dirección Ejecutiva, para su estudio e informe copia de la nota del señor Hurtado Calderón.

        El Director Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones León, con oficio N° 5131-DE-98 de 17 de julio

en curso, remite el informe N° 905-DE/AL-98 de 17 de este mes, suscrito por el Lic. Carlos

Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal que en lo conducente dice:

               “... En criterios reiterados (por ejemplo #406-DE/AL-98 y 446-
         DE/AL-98 de 17 y 25 de marzo, respectivamente, y el 589-DE/AL-98 de 4
         de mayo, todos del año en curso), esta sección de Asesoría Legal se ha
         pronunciado sobre la posibilidad de conceder el pago de las prestaciones
         laborales a aquellos servidores de la institución que han sido cesados por
         no cumplir con los nuevos requisitos que el puesto exige.

                Sobre el particular, dichos criterios expresan lo siguiente:

                “II.- Aún cuándo los nombramientos se realizaron por períodos de
         uno, dos y hasta tres meses; conforme a criterios legales (artículo 27 del
         Código de Trabajo) y jurisprudenciales (por ejemplo resolución de la Sala
         Segunda #234 de la 15:20 horas del 26 de julio de 1995), después de un
         año de labores en forma continua el contrato de trabajo se reputa de
         tiempo indefinido en beneficio del trabajador.
                III.- Por otra parte, la misma jurisprudencia ha señalado que para
         que se sustente el rompimiento de la relación laboral sin responsabilidad
         patronal, no debe quedar la menor duda de la existencia de la falta o
         causal atribuible al trabajador, por cuanto el cese o despido es la máxima
         e irreparable medida que se le puede imponer, además de los graves
         efectos que ello produce a su núcleo familiar al quedar cesante.(Tribunal
         de Trabajo, Sección Segunda, #657 de las 14:00 del 15 de julio de 1992 y
         Sala Segunda, #313 de las 9:10 horas del 16 de diciembre de 1992.) En
         el caso que nos ocupa, evidentemente no ha ocurrido una falta grave por
         parte del trabajador que haya motivado al patrono (Poder Judicial) a
         cesarlo en sus labores, sino que a partir de 1998 el Poder Judicial decidió
         variar los requisitos del puesto de Conserje 1, solicitando el grado de
         bachiller en secundaria, grado académico que el gestionante no cumple
         en la actualidad. Sin embargo, cuando ingresó a laborar a la institución se
         le contrató en el referido puesto, pues cumplía con el requisito que regía
         en aquel momento.
                IV.- Por los efectos negativos que provoca el cese de la relación
         laboral en la esfera del trabajador, es preciso recordar que la cesantía es
         un auxilio económico de previsión instaurado por ley a favor de aquel, con
         el objeto de que pueda atender sus necesidades y las de su familia
         mientras se agencia un nuevo puesto que permita atenderlas.
                V.- En resolución de la Sala Segunda #234 de las 15:20 horas del
         26 de julio de 1995 se ha reconocido la posibilidad de otorgar a los
         servidores públicos interinos que han servido por más de un año en forma
         continua en un puesto y en el que no tienen certeza de la finalización de
         su nombramiento por ser una plaza vacante o en la que su titular se ha
         ausentado indefinidamente, el preaviso y el auxilio de cesantía.”

                Es importante referir que de la información que se ha verificado en
         el prontuario del Departamento de Personal, los nombramientos NO han
         sido totalmente continuos desde su ingreso a laborar en la institución (1 de
         diciembre de 1993). Sin embargo, según el Sistema Integrado de
         Personal, desde el 16 de mayo de 1994 hasta el 27 de marzo de 1998,
                                              85

         la discontinuidad que se presenta entre nombramientos es menor de 15
         días.

               Así las cosas, salvo mejor criterio, aplicando analógicamente el
         acuerdo del Consejo Superior del 24 de julio del año en curso, artículo
         XXXV, es posible reconocer al señor Hurtado Calderón el pago del
         preaviso y la cesantía, tomando para ello el período señalado”.

                                             -0-

        Se dispuso: Aprobar el anterior informe. Autorizar el pago correspondiente al

preaviso y la cesantía a favor del señor Hurtado Calderón. El Departamento de Personal

elaborará los cálculos respectivos.

                                       ARTICULO CVI

        El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 5130-DE-98 de 17 de julio

en curso, remite la nota N° 234-EQ-98 de 16 de este mes, suscrita por el Dr. Javier Sandoval

Leal, Jefe del Servicio Médico de Empleados, respecto a los Talleres sobre “Manejo del

Estrés”, con personal del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José,

Goicoechea.

        La nota de referencia, en lo que interesa dice:

               “Por este medio le informo que el Equipo Interdisciplinario de Atención
         en Salud Mental y Ocupacional, realizará tres Talleres sobre el Manejo del
         Estrés con el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, en
         Goicoechea, los cuales se realizarán los días 24 y 31 de julio y 07 de agosto,
         todas fechas del año en curso, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. El costo estimado
         de refrigerio es de ¢1.200,00 por persona, monto que incluye desayuno,
         almuerzo y café.

         Fecha del Taller:      24 de julio de 1998

         Asistentes:

         Rigoberto Cubillo
         Leila Shadid
         Porfirio Sánchez
         Anabelle Cordero
         Lilliana Azofeifa
         Cristina Cerdas
         Ricardo Solano
         Vanessa Cid
         Francisco Delgado
         Douglas Henry
         Mario Alvarado
         Alejandra Rojas
         Arlette Brenes
         Mónica Vílchez
         Silvia Arce
         Andrea Navarro
         Pablo Sánchez
         Rónald Cruz
                                             86

         Fecha del Taller:      31 de julio de 1998

         Asistentes:

         Luis Fernando Salazar
         Judy Madrigal
         Fabrizio Garro
         Jorge Solano
         Alejandro Rivas
         Leda Boza
         Octavio Villegas
         Ricardo Guevara
         Carlos Gómez
         Mª de los Ángeles Solano
         Luz Marina Jiménez
         Luis Calderón
         Gabriela Chaves
         Rosario Domínguez
         Merlin Murillo
         Jorge Rojas
         Marjorie Fonseca

         Fecha del Taller:      07 de agosto de 1998

         Asistentes:

         Mayita Ramón
         Armando Elizondo
         Lorena Esquivel
         Guiselle Bonilla
         Manuel Rodríguez
         Randall Vargas
         Fernando Garita
         José Pablo Chaves
         Marianela Peralta
         Hayris Cubero
         Kattia Brenes
         Jenny Fallas
         Maricela Chacón
         Cecilia Cordero
         Derling Talavera
         Christian Espinoza
         Guillermo Bonilla
         Reynaldo Vosman
                El personal citado requerirá permiso con goce salarial y sustituciones
         para quienes así lo disponga el Consejo Superior”.

                                             -0-

       Se acordó: Aprobar la realización de los mencionados talleres, así como la lista de

participantes, a cuyos efectos se les concede permiso con goce de sueldo y suplencia en los

casos que así se requiera. Asimismo se autoriza el gasto por concepto de refrigerios por la

suma de ¢ 63.600,00. Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota

para lo de sus cargos.

                                      ARTICULO CVII
                                               87

        En la sesión del 13 de julio en curso, artículo LXXXII, se adjudicó en la forma que ahí

se indica la contratación directa N° 40-162-98 “Contratación de Servicios Médicos para

Médico de Empresa”.

        En dicha recomendación, para los servidores judiciales de Grecia, en lo que interesa

se estableció:

         “....Sintetizando los informes legal y técnico, se tiene que los susceptibles de
         adjudicación son: Jorge Enrique Parra Sánchez, (San Ramón y Naranjo),
         Salvador Morales Navarro, (Turrialba), Carlos M. Murillo Rodríguez, (Poás),
         Marco Antonio Sánchez Alvarado (Grecia).

         Este último oferente a pesar de contar con el beneplácito del Servicio
         Médico de Empleados para ser adjudicatario, no se considera susceptible
         de adjudicación, debido a que cotiza a razón de ¢8.000,00 la hora
         profesional, precio muy superior al dado por el Colegio de Médicos y
         Cirujanos de Costa Rica, ubicado en ¢5.000,00 la hora profesional (véase
         “La Gaceta” Nº 212 de 05 de noviembre de 1996, página 28).

                                              -0-

        El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 5165-DE-98 de 20 de julio

en curso, remite la nota N° 2578-CA-98 de 16 de este mes, suscrita por la Licda Dinorath

Álvarez Acosta, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, mediante la cual recomienda

la contratación directa del Dr. Marco Antonio Sánchez Alvarado, como Médico de Empresa

para los servidores del cantón de Grecia, dado que dicho galeno rebajó de ¢8.000,00 a

¢5.800,00 la propuesta hecha de prestar el servicio indicado en dicha localidad, por el

sistema de consulta individual, por lo que propone se adjudique el servicio de trato en favor

del Dr. Sánchez Alvarado, visto también que existió criterio favorable para proceder

conforme, de parte del Servicio de Medicina de Empleados.

        Luego de la amplia exposición del Lic. Jones, se acordó: 1.-) De conformidad con lo

que establecen los artículos 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial; 106

de la Ley de Contratación Administrativa; 56 y 57 de su Reglamento General, y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría contenida en oficio Nº 2578-

CA-98 de 16 de julio en curso contratar en forma directa con el Dr. Marco Antonio Sánchez

Alvarado, como médico de empresa para los servidores del cantón de Grecia.

        2.- Se autoriza al Presidente, Magistrado Cervantes, para la firma de los documentos

de contrato respectivos.
                                               88

        3.- Se modifica en lo conducente el acuerdo de la sesión celebrada el 13 de julio en

curso, artículo LXXXII. El Departamento de Proveeduría tomará nota de lo resuelto para lo de

su cargo.

                                        ARTICULO CVIII

        El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 5163-DE-98 de 20 de julio

en curso, manifiesta:

            “Se informa que el vehículo placas 213965 (Jeep Toyota), sufrió una
            colisión el 4 de junio último, siendo que su reparación tiene un costo
            aproximado de ¢2.000.000 (dos millones de colones), según
            comunicación de la Licda Dinorath Álvarez Acosta, Jefa a.i. del
            Departamento de Proveeduría.
                    El citado automotor fue previsto entregarlo como parte de pago en
            la Licitación Pública N° 4-97 por un monto de ¢6.000.000,00 (seis millones
            de colones), según avalúo de Tributación Directa. Es probable que el
            próximo año su avalúo ronde los ¢5.5 millones.
                    Por lo anterior, se estima conveniente ordenar la reparación y
            entregarlo como parte de pago.”

                                              -0-

        Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud. El Departamento de Proveeduría y la

Dirección Ejecutiva tomarán nota para lo de sus cargos.

                                         ARTICULO CIX

        En la sesión celebrada el 14 de mayo de este año, artículo LX, se autorizó al

Presidente, Magistrado Cervantes, para que en representación del Poder Judicial, suscribiera

el documento de contrato con la Caja Costarricense de Seguros Social, para la formación de

especialistas en psiquiatría, con la observación de que los nombramientos de los médicos se

realizarán por el procedimiento normal que se utiliza para nombrar a los empleados judiciales

y posteriormente serán enviados a la especialización correspondiente.

        En la sesión del 13 de este mes, artículo LXVIII se dispuso trasladar a la Dirección

Ejecutiva, para estudio e informe de su Sección de Asesoría Legal, el oficio N° 11.526 de 9

de este mes, con el que el Lic. Rodolfo Piza Rocafort, Presidente Ejecutivo de la Caja

Costarricense de Seguro Social, remitió algunas observaciones y criterios formulados por la

Dirección Ejecutiva del CINDEISS y de la Dirección Jurídica de la Caja, a la propuesta del

referido documento.

        En cumplimiento del anterior acuerdo, el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,

con oficio N° 5191-DE-98 de esta fecha, remite el informe N° 914-DE/AL-98 de 20 de los
                                              89

corrientes, suscrito por el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de

Asesoría Legal, que dice:

               “Por este medio me refiero al oficio #8915-98 de 15 de julio en
         curso, suscrito por la Licenciada Silvia Navarro Romanini, en cuanto a las
         objeciones y comentarios al Convenio entre la Caja Costarricense de
         Seguro Social y el Poder Judicial para formar especialistas en Psiquiatría.

               No omito manifestarle que el día de hoy me reuní con el Doctor
         Wagner Rodríguez Camacho, Jefe del Departamento de Medicina Legal,
         para discutir y preparar las siguientes recomendaciones.

         Sobre el oficio UGP 35-98 de 23 de junio último, suscrito por el Dr.
         Carlos E. Zoch Zannini, Director de la Unidad de Posgrado en
         Psiquiatría del Hospital Nacional Psiquiátrico:

                * Para ir de lo general a lo específico, la cláusula sexta debe
         trasladarse antes de la segunda y correr la numeración. Por otra parte,
         más propiamente hay que señalar que no es un procedimiento de
         selección, sino la potestad o discreción que debe mantener el Poder
         Judicial de aceptar o no las personas propuestas.

               * De acuerdo con lo expresado en relación a la cláusula tercera. Se
         modifica su redacción.

               * El Reglamento de referencia es el de la Unidad de Posgrado en
         Psiquiatría del CENDEISS.

                * En virtud de que los médicos se encuentran bajo la normativa
         académica de la Universidad de Costa Rica (a través del CENDEISS), que
         realizan sus estudios y prácticas en las instalaciones y con el personal de
         la Caja Costarricense de Seguro Social y con el apoyo económico (beca)
         del Poder Judicial, es muy difícil determinar y señalar a cuál de ellas
         corresponde la responsabilidad de los hechos a raíz de una malpraxis
         médica. Considero que este es un asunto que no se puede definir en el
         convenio, pues eventualmente para cada caso concreto habrá que
         ajustarse a lo que resuelvan los tribunales de justicia en cuanto a la
         responsabilidad de las instituciones involucradas.

               * Si la C.C.S.S. requiere que los residentes hagan guardias
         adicionales a las cuatro que les corresponde por reglamento académico
         para completar su rol de guardias, aquella debe correr con su pago.

         Sobre el oficio DJ1278-98 de 6 de julio de 1998, suscrito por el señor
         Rodrigo Cordero Fernández, Director Jurídico de la C.C.S.S.:

               * Considero el convenio contiene en forma general los aspectos
         medulares de la relación entre el Poder Judicial y la Caja Costarricense
         del Seguro Social. En las cuestiones más específicas, estimo que hay
         que aplicar las leyes, reglamentos y demás normativa que rige la materia.

               * La cláusula segunda se modifica como se explicó anteriormente.

               * De acuerdo con la redacción propuesta para la cláusula cuarta.

               Se adjunta     el   proyecto    de   convenio   con   las   referidas
         modificaciones”.

                                              -0-
                                              90

       Se acordó: Aprobar el anterior informe, cuyas recomendaciones que ahí se formulan

se incorporan al documento de contrato que se ha hecho referencia.

       La Secretaría General tomará nota para lo de su cargo.0

                                        ARTICULO CX

       En la sesión celebrada el 2 de julio en curso, artículo LXXXII, se tomó el siguiente

acuerdo:

                  “En oficio N° 275-FAPJ-98 de 28 de junio de este año, la Licda
           Mayra Campos Zúñiga, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil
           de San José, manifestó:
                  “Respetuosamente me dirijo a ustedes en mi calidad de Fiscal
           Adjunta de la Materia Penal Juvenil, con el fin de plantearle un serio
           problema que está afectando dicha materia.
                  Al entrar en vigencia la Ley Penal Juvenil, el primero de mayo de
           1996, y destacando que dentro de la normativa nacional e internacional no
           es posible realizar Archivos policiales ni Judiciales juveniles, ni llevar
           registro de antecedentes, se autorizó la instalación de un moden que
           permitiera la conexión con el Registro Civil.
                  La información que nos suministra dicha oficina nos permite, no
           solo determinar que la persona que se presenta al despacho en calidad de
           detenida existe, sino que también su condición de “menor de edad”. Este
           medio se ha constituido en un instrumento idóneo para impedir así la
           impunidad de conductas delictuales.
                  Sin embargo, en el proceso de ubicación de las oficinas judiciales,
           se ha eliminado dicho servicio. En tal sentido y según me lo informó la
           Fiscal Adjunta de Heredia, en esa localidad al momento de instalarse una
           central telefónica, procedieron a eliminar dicho servicio.
                  La eliminación de esta conexión hará más difícil y en algunos casos
           hasta imposible, la labor de nuestra Fiscalía a nivel nacional, afectando
           inevitablemente el servicio, ya que sin esos datos muchas personas
           menores de edad pueden falsear su identidad, y nos veríamos
           imposibilitados para verificarla. Situación que por sí sola provocará mayor
           reacción de la sociedad costarricense ya que se aumentará el
           cuestionamiento de la eficacia de la justicia penal juvenil.
                  Este problema se ha detectado en forma clara durante la recepción
           de denuncias en el turno extraordinario, en la cual se presentan jóvenes
           los que dan una identidad falsa. Al día siguiente en nuestro sistema, nos
           percatamos de esa situación, lo que absolutamente impide una resolución
           positiva del caso.
                  En razón de lo expuesto, respetuosamente solicito: 1. Ordenar a la
           Dirección Ejecutiva para que emita directrices a nivel nacional, en el
           sentido que los cambios en los sistemas de comunicación no pueden
           afectar la conexión al Registro Civil.
                  2. Ordenar la reinstalación del sistema en la ciudad de Heredia
           donde ya se eliminó.
                  3. Coordinar para que la Oficina de Turno Extraordinario cuente
           con el servicio mencionado”.

                                               -0-

                 Se acordó: Trasladar la solicitud anterior a la Dirección Ejecutiva
           para estudio e informe”.

       En cumplimiento del anterior acuerdo, el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo

con oficio N° 5201-DE-98 de esta fecha, remite fotocopia de las notas N°s. 364-I-98, 640-
                                              91

UARH-98 y 5104, suscritas por su orden, por el Ing. Marco Barboza Roldán, Jefe del

Departamento de Informática, MBA Martín Salazar Loaiza, Jefe de la Unidad Administrativa

Regional de Heredia y por el Lic. Jones, mediante los cuales se aclara y satisface los

requerimientos planteados por la Licda Campos Zúñiga.

       Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación, la que se pone en

conocimiento de la Licda Campos.

                                       ARTICULO CXI

       El Director Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones León, con oficio N° 5194.DE-98 de 20 de julio

en curso, remite el informe N° 888.DE/AL-98 de 17 de este mes, suscrito por el Lic. Carlos

Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de la Sección de Asesoría Legal, respecto de la

gestión presentada por el Ejecutor Eliécer Solano Rodríguez.

       Dicho informe literalmente dice:

                “En atención al oficio de fecha 13 de julio de los corrientes, suscrito
         por el señor Eliécer Solano Rodríguez, mediante el cual solicita se aclare
         si existe alguna norma jurídica que faculte a los auxiliares ejecutores a
         poner en posesión un bien; me permito referirle lo siguiente:

               Esta Asesoría Legal comparte la posición del Auxiliar Ejecutor ya
         que consideramos que la competencia de dichos Auxiliares está limitada
         únicamente a la práctica de embargos, según las disposiciones que en
         ese sentido contiene el artículo 632 del Código Procesal Civil.

                Sin embargo, ante algunas resoluciones (como por ejemplo la del
         señor Juez Mixto de Turrialba) que difieren de ese criterio y dado que se
         han presentado varias consultas de Auxiliares Ejecutores en torno a si la
         competencia para la puesta en posesión de un bien es exclusiva de la
         autoridad judicial o si por el contrario les corresponde a ellos; considera
         conveniente esta Asesoría Legal que el Consejo Superior del Poder
         Judicial resuelva en definitiva sobre este asunto.”

                                             -0-

       Se acordó: Tomar nota del anterior informe y disponer que de conformidad con lo

establecido por el artículo 632 del Código Procesal Civil, la función de los auxiliares

ejecutores, está limitada únicamente a la práctica de embargos, no así a efectuar diligencias

de puesta en posesión de bienes.

                                       ARTICULO CXII

       En la sesión celebrada el 18 de junio pasado, artículo C, por las razones que allí

constan, se confirmó la resolución Nº 117-98 de las 14:00 horas del 9 de febrero de 1998,

dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial, que revocó el nombramiento del señor
                                              92

Sergio Zúñiga Ramírez, al cargo de chofer de la Sección de Transportes del Departamento

de Servicios Generales, medida que se hizo efectiva a contar del 19 de ese mes.

        El señor Zúñiga, en nota de 16 de julio en curso, solicitó el pago de los extremos

laborales que le correspondan.

        La Secretaría General, mediante oficio N° 8728-98 de 17 de los corrientes, trasladó la

gestión del señor Zúñiga Ramírez, a estudio e informe de la Dirección Ejecutiva.

        El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 5190-DE-98 de 20 de julio

en curso, remite el informe N° 910-DE/AL-98 de 17 del presente mes de julio, suscrito por el

Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal, que dice:

          “... En sesión del Consejo Superior del 18 de junio del año en curso,
          artículo C, se acordó la revocatoria del nombramiento del aquí gestionante
          por ausencias injustificadas a laborar por más de dos días consecutivos,
          lo cuál constituye falta gravísima según lo dispuesto por el artículo 191,
          inciso 4°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta medida se hizo
          efectiva a partir del día 19 de ese mismo mes.
                 En virtud de que el despido se fundamentó en una causa justa, no
          hay responsabilidad patronal por parte del Poder Judicial, por lo tanto, de
          conformidad con los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo, no procede
          el reconocimiento de los extremos de preaviso y cesantía a favor del
          señor Sergio Zúñiga Ramírez.”

                                             -0-

        Se dispuso: Aprobar el anterior informe y por las razones que en él constan, denegar

el reclamo del señor Zúñiga Ramírez.

                                       ARTICULO CXIII

        El Director Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones León, en oficio N° 902-DE/AL-98 de 16 de

julio en curso, manifiesta:

          “A fin de que se agregue a las diligencias que se encuentran en la
          Comisión de Asuntos Civiles, adjunto le remito nota suscrita por el Ing.
          Sigifredo Fernández Gamboa, donde solicita se efectué un estudio a fin de
          reajustar los honorarios de peritos.
          No omito manifestarle que hay varias solicitudes tanto de peritos como de
          Auxiliares Ejecutores que se han enviado a esa Comisión solicitando se
          realice dicho estudio, entre las que cabe destacar:
          I- En la sesión de 16 de febrero de 1995, artículo XCV, el Consejo
          Superior conoció la gestión suscrita por el señor Jorge Luis Segura
          Ocaña, quien solicita que el pago de honorarios de peritos se fije de forma
          prudencial, de acuerdo a la cuantía y una vez rendido el peritaje se
          adecúen tomando en cuenta el monto del peritaje y no en la forma que se
          establece en el Reglamento.
          II- En la sesión del 24 de agosto de 1995, artículo C, el Consejo Superior
          dispuso trasladar a la comisión de Asuntos Civiles el oficio 707-DE-/AL-95
          suscrito por el Lic. Carlos Mora Rodríguez, en el que solicita se resuelva
          sobre la actualización de los montos de la tarifa de Ejecutores y Peritos.
          Igualmente se conoce en sesión 2-97 del 7 de enero de 1997, artículo
          LXXXI la gestión planteada por el señor Ángel Flores Rojas.
                                              93

           III- El 7 de abril de 1997, su estimable persona, remite al Licenciado
           Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Comisión de Asuntos Civiles,
           para su estudio e informe el acuerdo de Consejo Superior, sesión 23-97
           del 20 de marzo de 1997, artículo XCIV referente al escrito presentado por
           la Lic. Olga Ma. Rivera Monge, Auxiliar Ejecutora, quien expone su
           descontento por las sumas tan bajas fijadas en la tabla de honorarios para
           Auxiliares Ejecutores y Peritos por lo que solicita se revisen.”

                                             -0-

        Se acordó: Aprobar la solicitud del Lic. Jones León y trasladar a la Comisión de

Asuntos Civiles la nota del Ing. Fernández Gamboa, para su estudio e informe.

                                       ARTICULO CXIV

        En la sesión celebrada el 14 de abril último, artículo XCVII, se dispuso trasladar al

Tribunal de la Inspección Judicial, a fin de que levantara la información y resolviera lo

correspondiente, las diligencias relacionadas con la queja interpuesta por las señoras María

Garita Rodríguez y Shirley Cantillo Chaves, servidoras interinas del Archivo Judicial, quienes

dieron cuenta que no fueron tomadas en cuenta para cinco nombramientos interinos que se

hicieron en ese despacho.

        Manifiesta el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo que se recibió del

Departamento de Personal, una terna para proceder al nombramiento en propiedad de un

cargo que se halla vacante en el Archivo Judicial, en la cual se incluye a una de las

mencionadas servidoras, por lo que consulta el trámite a seguir al respecto.

        Se acordó: Comunicar al Lic. Jones León, que reserve la referida terna, hasta que el

Tribunal de la Inspección Judicial resuelva lo que corresponda.

        Se deja constancia que lo aquí dispuesto se resolvió en la sesión celebrada el 5 de

mayo de este año, sin embargo no se consignó en la respectiva acta.

                                       ARTICULO CXV

        Se dispuso comisionar al Tribunal de la Inspección Judicial, a fin de que dé

seguimiento a los juicios penales que son fijados por más de ocho días en los distintos

tribunales del país, sobre el tiempo real que invierten los jueces en la celebración de los

debates.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                       ARTICULO CXVI
                                              94

        La Sala Constitucional, mediante el Voto Nº 4687-97 del 19 de agosto de 1997,

declaró CON LUGAR un recurso de hábeas corpus interpuesto por el Lic. Fabio Víquez

Gómez, Defensor Público de Marta Castro Gómez, contra el Juzgado Quinto de Instrucción

de San José, porque a solicitud del Ministerio Público ordenó la detención provisional de la

amparada por un plazo de quince días a partir del 16 de julio de 1997, sea con un efecto

jurídico hasta el 31 de ese mismo mes y año, sin que a la fecha de presentación del recurso (

11 de agosto ) se hubiera ordenado su libertad, o en su defecto se hubiera prolongado la

medida por parte del órgano jurisdiccional, por lo que se mantuvo detenida ilegítimamente a

la amparada a partir del cumplimiento del plazo señalado.

        La Sala además de declarar con lugar el recurso y ordenar la inmediata libertad de la

amparada, dispone entre otros el testimonio de piezas para ante el Tribunal de la Inspección

Judicial para lo de su cargo.

                                              -0-

        El citado Tribunal disciplinario, por resolución Nº 351 de las 14:05 horas del 05 de

mayo de 1998, declaró SIN LUGAR la información seguida contra las Licdas. Loyree

Muñoz Vargas y Roxana Monge Quesada, a la sazón Actuarias a.i. del Juzgado Quinto de

Instrucción de San José, y CON LUGAR lo relacionado con Floribeth Fallas Siles, el Lic.

Mynor Zumbado Calvo y Arlette Enriquez Porras, a la sazón, Secretaria del Juzgado

Quinto de Instrucción de San José, Agente y Secretaria de la Agencia Quinta Fiscal de San

José, respectivamente; calificó la falta como grave e impuso la corrección disciplinaria de

CINCO DÍAS DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SALARIO.

        El Tribunal de la Inspección Judicial inicia el procedimiento contra la Licda. Loyree

Muñoz Vargas, entonces Actuaria a.i. del Juzgado Quinto de Instrucción de San José,

porque fue ella quien dictó la prisión preventiva de una imputada por el plazo de quince días,

a partir del 16 de julio de 1997 (sea con un efecto jurídico hasta el 31 de ese mismo mes y

año ), medida que se extendió en forma ilegal hasta que la Sala Constitucional ordenó la

libertad de la imputada el 19 de agosto de 1997 al resolver con lugar el hábeas corpus.

        Posteriormente,    la   Inspección   Judicial   amplía   las   diligencias   atribuyendo

responsabilidades en el caso a la Licda. Roxana Monge Quesada, Actuaria a.i. que sustituyó

por vacaciones a la Licda. Loyree Muñoz Vargas, entre el 28 de julio y el 23 de agosto de
                                              95

1997, a quien se acusa de omitir revisar los casos con reo preso a la orden del Juzgado en

procesos de citación directa, en especial el asunto a que se refieren las presentes diligencias;

a la servidora Floribeth Fallas Siles, que se desempeñaba como Secretaria en el entonces

Juzgado Quinto de Instrucción de San José, por no controlar el vencimiento del plazo de la

detención provisional conforme se ordenó en la resolución mediante la cual se dictó la prisión

preventiva; al Lic. Mynor Zumbado Calvo que fungía como Agente Quinto Fiscal porque a

pesar de existir reo preso en la sumaria y recibir el último testimonio el 30 de julio de 1997,

confeccionó el requerimiento de citación directa hasta el 4 de agosto de ese año y fue

remitido al Tribunal Superior Primero Penal, Sección Segunda hasta el 11 de agosto; y a la

servidora Arlette Enriquez Porras, Secretaria de la otrora Agencia Quinta Fiscal de San

José, por no haber comunicado en forma oportuna al entonces Juzgado Quinto de Instrucción

de San José, el vencimiento de la prisión preventiva de la imputada que planteó el hábeas

corpus, y por no remitir el expediente con prontitud a la antigua Sección Segunda del Tribunal

Superior Primero Penal.

        El Tribunal de la Inspección Judicial al analizar las actuaciones de las personas

involucradas en el asunto, releva de responsabilidad a la Licda. LOYREE MUÑOZ VARGAS,

que fue quien ordenó la medida cautelar porque al momento de su vencimiento se

encontraba de vacaciones, lo que le impidió enterarse de estos acontecimientos, y a su

sustituta la Licda. ROXANA MONGE QUESADA, porque “no pudo tomar las previsiones del

caso al no haber sido informada de la prolongación ilegal de la detención que motiva estas

diligencias”.

        Por su parte, a la servidora FLORIBETH FALLAS SILES que ocupaba el cargo de

Secretaria del entonces Juzgado Quinto de Instrucción, el tribunal le atribuyó faltar a sus

deberes por omitir tomar las previsiones del caso, ya que debió tomar nota de lo dispuesto

por la Actuaria en la parte dispositiva de la resolución que indica “Por parte del despacho,

llévese nota de la detención para controlar el término de la misma conforme a derecho

corresponde” lo que devino en la falta de control que debe llevar el Juzgado respecto de las

actuaciones de la Agencia Fiscal. Ese descuido en la revisión del Libro de control de Reo

Preso, le impidió informar oportunamente para que las autoridades del despacho tomaran las

medidas pertinentes en cuanto a la suspensión o prolongación de la medida cautelar.
                                               96

        Respecto de la participación del Lic. MYNOR ZUMBADO CALVO, que desempeñaba

el cargo de Agente Quinto Fiscal, la Inspección Judicial le atribuye atraso en la emisión del

requerimiento de citación directa, ya que el último testimonio se rindió un día antes de que

venciera la detención provisional, pero se demoró hasta el 4 de agosto para emitir el

requerimiento.

        Finalmente, a la servidora ARLETTE ENRIQUEZ PORRAS, entonces Secretaria de la

Agencia Quinta Fiscal, aunque el Tribunal de la Inspección Judicial considera que no estaba

obligada a velar por los términos de la prisión preventiva por ser esa labor de resorte

exclusivo del Juzgado de Instrucción, se le encuentra negligente porque la detención vencía

el 31 de julio, y no es sino hasta el 5 de agosto que la cancela en el libro de entradas

generales, además se indica que no cumplió con su deber de velar porque se remitiera

prontamente el expediente al Tribunal Superior Penal, ya que se entregó en la Unidad

Administrativa del Ministerio Público hasta el 6 de agosto.

                                               -0-

        Contra lo resuelto, plantearon apelación el Lic. MYNOR ZUMBADO CALVO, y las

servidoras FLORIBETH FALLAS SILES y ARLETTE ENRIQUEZ PORRAS, así como su

Defensor Público Lic. Abel F. Ramos, las que fueron admitidas para ante este Consejo

Superior por el Tribunal de la Inspección Judicial.

                                               -0-

        El Lic. ZUMBADO CALVO fundamenta su apelación en que quedó demostrado que el

responsable de la detención provisional era el Juzgado de Instrucción, por lo que califica de

errónea la apreciación de la prueba que hace el Tribunal de la Inspección para sancionarlo,

además que el atraso que se le acusa no es su total responsabilidad, ya que un día antes del

vencimiento de la detención provisional se recibió la última prueba testimonial, recibiendo el

expediente el propio día 31 de julio, pero entregando el “diskette” que contiene la resolución

tan solo un día después, sea viernes 1 de agosto, también durante el proceso alegó que no

se percató que al firmar el requerimiento tenía fecha 4 de agosto, por lo que considera que no

hay atraso tan censurable para sancionarlo como se hizo, razón por la cual pide se deje sin

efecto la sanción en consideración del alto volumen trabajo y la presión a que estaba

sometido.
                                               97

        Paralelamente pide la anulación de lo actuado por el Tribunal de la Inspección

Judicial, por no ser competente ya que la aplicación del régimen disciplinario corresponde al

Ministerio Público.

        La servidora FALLAS SILES, se manifiesta inconforme con lo resuelto al considerar

que no se tuvo por acreditada su participación en el atraso ocasionado, reconoce que debió

llevar el control de las personas detenidas, pero indica que nunca tuvo a la vista la resolución

donde se ordena al despacho llevar nota de la detención para controlar el término de la

misma, y que aunque se le indicó la existencia del reo preso, nunca se le dijo en que términos

y condiciones, agregando que se actuó con diligencia ya que el mismo día en que se dicta la

resolución se notifica. Considera muy drástica la sanción aplicada ya que no ha cometido

otros errores y solicita que se le absuelva de responsabilidad o se modifique la sanción

impuesta.

        Por su parte la servidora ENRIQUEZ PORRAS, basa su apelación en que se le

atribuye atraso en el envío del expediente al Tribunal Superior Primero Penal, Sección

Segunda, indicando que ha quedado demostrado que el atraso obedece a la tardanza en la

elaboración del requerimiento, lo cual no es de su competencia, además que el propio

Tribunal de la Inspección Judicial reconoció que no estaba obligada a velar por los términos

de la prisión preventiva, por ser esa labor de resorte exclusivo del Juzgado de Instrucción.

                                               -0-

        Este Consejo Superior no comparte los argumentos de la nulidad planteada por el

Lic. ZUMBADO CALVO, respecto de la supuesta incompetencia del Tribunal de la Inspección

Judicial para aplicar el régimen disciplinario al personal del Ministerio Público, en razón de

que se está ante una situación en que concurren servidores del ámbito jurisdiccional y del

auxiliar de la Administración de justicia, y de proceder de otra forma se dividiría la continencia

de la causa, lo que podría generar contradicciones en las resoluciones finales, de ahí que

actuó bien el Tribunal de la Inspección Judicial al asumir el conocimiento de la causa como

un todo, para lo cual tiene competencia de conformidad con lo establecido en el numeral 184

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se rechaza la nulidad planteada por

improcedente.

        Sobre el fondo, este Consejo Superior aprecia que se está ante un caso de deficiente

coordinación y comunicación entre las instancias involucradas, teniendo en cuenta que se
                                               98

trata de investigar un delito de flagrancia, donde corresponde a la Agencia Fiscal, una vez

concluida la investigación, hacer el requerimiento de Citación Directa a Juicio ante la

autoridad jurisdiccional correspondiente, e informarlo al Juzgado de Instrucción que en ese

momento debe confeccionar el respectivo “Tener a la orden”, situación que obliga a este

último despacho a llevar un estricto control de Reos Presos, por ser la autoridad que ordena

la detención provisional.

         La adecuada comunicación y coordinación sobre los asuntos sometidos a su

conocimiento es la regla en estas situaciones, pero se trata de un caso de excepción, en el

que por descuido se prolongó una detención en forma indebida, lo cual amerita la aplicación

del régimen disciplinario como medida correctiva, y por esa misma razón este Consejo

Superior no comparte en su totalidad lo actuado por el Tribunal de la Inspección Judicial, al

relevar de responsabilidad a la actuaria que ocupó el cargo por el período de vacaciones, con

el argumento de no haber sido informada sobre el caso que nos ocupa, ya que es deber de

todo funcionario que llega a un despacho, aunque sea por períodos cortos, informarse del

estado de los asuntos sometidos a su conocimiento, máxime tratándose de medidas

restrictivas de la libertad.

         En lo atinente a la servidora ARLETTE ENRIQUEZ PORRAS, a quien se atribuye

atraso en la exclusión del expediente en el libro de Entradas Generales, y en el envío del

mismo a la Unidad Administrativa del Ministerio Público, considera este Consejo Superior que

ese acto en nada afectó o contribuyó a la prolongación de la detención provisional de la

amparada, considerando que la servidora ENRIQUEZ PORRAS recibe el expediente el día 4

de agosto, fecha en la que ya se había superado el término de la detención dictada hasta el

31 de julio, por lo que procede el archivo de las diligencias en cuanto a ella se refieren.

         Como se dijo antes, la situación amerita la aplicación del régimen disciplinario, pero

teniendo como atenuante que se trata de un caso de excepción, de entre altos índices de

asuntos en trámite, en que la causal de la prolongación indebida de la detención provisional,

fue un descuido en la comunicación y coordinación que se acostumbra que pudo estar

originado en que al momento de acontecer los hechos aquí narrados, ya estaba avanzado el

proceso de acomodo para el traslado de estos despachos judiciales a otras oficinas por

motivo de remodelación, además de que no se nota mala fe para perjudicar a la amparada,

este Consejo Superior considera que deben rebajarse las sanciones impuestas.
                                               99

        Se acuerda : Revocar parcialmente la resolución venida en apelación en lo que se

refiere a la servidora ARLETTE ENRIQUEZ PORRAS, ordenando su archivo. Y Confirmar la

resolución en lo atinente al Lic. MYNOR ZUMBADO CALVO y la servidora FLORIBETH

FALLAS SILES, pero rebajando la sanción a AMONESTACIÓN ESCRITA. El Departamento

de Personal tomará nota para lo de su cargo.

PRESIDENCIA DE LA CORTE

                                      ARTÍCULO CXVII

        Se tomó nota de las siguientes resoluciones:

                                           N° 226-98
         PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece
horas del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
         Con base en las solicitudes de los interesados, y de conformidad con lo dispuesto por
el transitorio VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inscriben como Notarios Públicos a
los Licenciados Mauricio Pinto Monturiol y Eddy Rodríguez Chaves.

                                           N° 227-98
         PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece
horas diez minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
         Con base en las solicitudes de los interesados, y de conformidad con lo dispuesto por
el transitorio VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se autoriza a los Licenciados Sylvia
Bialikamien Grynspan, Raquel Castellón Shilble, Marianela Corrales Pampillo, Raquel
Yesenia Gamboa Nelson, Andrea Herrera Gutiérrez, José Gerardo Martínez Jaikel, Tatiana
Rojas Cobb, Mario Rojas López, Olga Libia Sandoval Ugalde y María Vanessa Videche
Muñoz, para ejercer funciones de Notarios Públicos.
         También se autoriza al Licenciado Jorge Amador González, para ejercer de nuevo el
Notariado.
         Es entendido que esta autorización no surte efectos mientras el Notario no retire el
tomo correspondiente de su protocolo, y tenga abierta Oficina al público, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 17, 30, 41 y 42 de la Ley Orgánica de
Notariado.-

                                          N° 228-98.-
        PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece
horas veinte minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
        Se toma nota de la comunicación del Notario Público Licenciado Adolfo Vega
Camacho, en la que dio cuenta que regresó al país el día 13 de julio en curso.

                                            N° 229-98
        PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece
horas treinta minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
        Se toma nota que los Notarios Públicos que se dirán, se ausentaron o ausentarán del
país en las siguientes fechas:
        1.- Doctor Edgar Gilberto Alfaro Muñoz, del 18 al 22 de julio en curso.
        2.- Licenciado Erasmo Rojas Madrigal, del 15 de julio al 6 de agosto del presente año.
        3.- Licenciado German Brenes Roselló, del 30 de julio al 27 de setiembre de 1998.
        4.- Licenciado Alvaro Carazo Zeledón, del 15 al 23 de los corrientes.
        5.- Licenciado Freddy Fachler Grinstein, del 12 al 27 del presente mes de julio.
        6.- Licenciado Marco Tulio González González, del 20 al 24 de julio en curso.
        7.- Licenciada Flor María González Marroquín, del 17 al 26 de julio de este año.
        8.- Licenciado Mario Granados Moreno, del 16 al 21 de julio de 1998.
        9.- Licenciado Luis Javier Guier Alfaro, del 21 al 31 de este mes.
        10.- Licenciado Rafael Quirós Bustamente, del 20 al 22 de julio en curso.
                                            100

        11.- Licenciado Javier Solano Jiménez, del 11 al 25 de los corrientes.
        12.- Licenciado José Manuel Mojica Cerda, del 21 de julio al 9 de agosto del corriente
año.
        13.- Licenciado Guillermo Sánchez Sava, del 21 al 25 del presente mes de julio.
        14.- Licenciado Andrés Montejo Morales, del 12 al 16 de julio de 1998.
        15.- Licenciado Carlos Tiffer Sotomayor, del 18 de agosto al 18 de setiembre de este
año.
         16.- Doctor Constantino Urcuyo Fournier, por los días 16 y 17, y del 21 al 26, fechas
todas del presente mes de julio.
         17.- Licenciado Fernando Chinchilla Cooper, del 22 al 22 de los corrientes.
         18.- Licenciado Carlos Manuel Segura Jiménez, del 16 al 26 de julio de este año.
         19.- Licenciado Elías Soley Gutiérrez, del 15 al 17 de julio en curso.
         20.- Licenciado Douglas Loría Coto, por los días 14 y 15 del presente mes de julio.
         21.- Licenciado Esteban Quesada Murillo, del 18 al 25 de julio de 1998.
         22.- Licenciado Natan Wager Vainer, del 16 al 25 de los corrientes.
         23.- Licenciado Gonzalo Fajardo Lee, del 20 al 24 de julio en curso.
         24.- Licenciado Alberto Raven Odio, del 15 al 19 del presente mes de julio.
         25.- Licenciada Lucrecia Sancho Castro, del 16 al 20 de julio de este año.
                                             - 0 -
         Los Licenciados Alfaro Muñoz, Alfaro Sánchez, Brenes, Carazo, Fachler, González
González, González Marroquín, Granados, Guier, Quirós, Solano, Mojica, Sánchez, Montejo,
Tiffer y Urcuyo, dejaron depositados sus protocolos en las notarías de los Licenciados Sonia
Alfaro Muñoz, Erasmo Rojas Madrigal, Christian Chinchilla Monge, Mario Carazo Zeledón,
Marvin Céspedes Méndez, Ignacio Antonio González Villalobos, Juan José Delgado Zúñiga,
Enrique Granados Moreno, Eric Guier Alfaro, Jaime Garro Canessa, Jorge Solano Chacón,
Eugenia Soto Baltodano, Juan Carlos Herrera Díaz, Joaquín Picado González, Oscar Pérez
Zumbado y Maristella Vaccari Gil, respectivamente. Los Licenciados Chinchilla, Segura,
Soley, Loría, Quesada y Wager, lo llevan consigo. Los Licenciados Fajardo y Raven, lo
dejaron en sus respectivas oficinas. La Licenciada Sancho no indica el destino que le dio a
su protocolo durante su ausencia.
                                           N° 230-98
         PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece
horas cuarenta minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
         Esta Presidencia en resolución N° 212 de las 13:50 horas del 6 de julio en curso,
inciso 23), tomó nota de la comunicación del Notario Público Licenciado Milton Ruiz Guzmán,
en la que dio cuenta que se ausentaría del País del 13 al 21 de julio en curso.
         En telefax recibido el 15 de los corrientes, el Licenciado Milton Ruiz Guzmán
manifestó:
          “Fechado 3 de julio último y con razón de recibido en esa misma fecha,
          informé a la Secretaría de la Corte que en mi condición de Notario
          Público, y llevando mi Protocolo, me ausentaría del país del 13 al 21 de
          julio de 1998, con motivo de un viaje a Europa.

         Por problemas de salud y motivos de fuerza mayor, me he visto precisado
         a cancelar mi viaje en tales fechas, razón por la cual solicito que se deje
         sin efecto mi nota primeramente aludida.

          Si más adelante se llegara a realizar dicho viaje, oportunamente así
          estaría informando a esta Secretaría” .
                                             - 0 -
        En consecuencia, se toma nota de la comunicación anterior y se deja sin efecto el
inciso 23) de la resolución N° 212 de las 13:50 horas del 6 de julio del presente año.

                                           N° 231-98
        PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece
horas cincuenta minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
        En notas recibidas los días 13, 14, 15 y 17 de julio en curso, los Notarios Públicos
Licenciados Maritza Chacón Arias y Yanina Mora Madrigal, comunican que en virtud de
ocupar cargos públicos incompatibles con el ejercicio del Notariado, cesan en el desempeño
de esas funciones; también lo hacen los Licenciados Eric Scharf Taitelbaum y María
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Fernanda Loría Murillo, por ausentarse del país por tiempo indefinido, e igualmente la
Licenciada Marcelle Solís Gamboa, por asistirle el deseo de suspender dichas funciones, por
lo que todos ellos, depositaron el tomo de su protocolo en el Archivo Nacional para su
custodia definitiva, lo cual comprueban con la fotocopia del recibo que acompañan.
        En consecuencia, se toma nota de las comunicaciones anteriores y se declara que
los Licenciados Chacón, Mora, Scharf, Loría y Solís, cesaron en el ejercicio del Notariado.
De lo anterior se dará cuenta por medio de aviso que se publicará en el Boletín Judicial.-

                                           N° 232-98
       PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce
horas del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
       Esta Presidencia en resolución N° 178 de las 14:00 horas del 8 de junio último
dispuso:
          “Esta Presidencia por resolución de las 13:45 horas del 9 de febrero del
          corriente año, tuvo por suspendido en el ejercicio del Notariado al
          Licenciado Florindo Cerdas Fernández, hasta tanto no comprobara haber
          renovado la póliza de fidelidad que garantiza el desempeño de esas
          funciones.

         Con la presentación del recibo oficial de prima extendido por el Instituto
         Nacional de Seguros, dicho profesional comprueba que se encuentra al
         día con aquella obligación. En consecuencia se revoca la resolución de
         las 13:45 horas del 9 de febrero de 1998 y se deja sin efecto la
         suspensión que en el ejercicio del Notariado se le había impuesto, y a la
         vez se le concede un mes de término a partir del día siguiente al del recibo
         de la notificación del presente acuerdo, a fin de que rinda una garantía
         adicional que cubra el período que dejó en descubierto al renovar la póliza
         de fidelidad, comprendido entre el 26 de noviembre de 1997 al 18 de
         febrero de 1998”.

                                            - 0 -

       El Licenciado Florindo Cerdas Fernández, el 16 de los corrientes, presentó original y
copia de la constancia emitida por el Instituto Nacional de Seguros que en lo que interesa
dice:
         “Por el presente ser hace constar, no obstante lo que en contrario se
         estipule, que de acuerdo con carta recibida el 19 de junio de 1998, se
         indica que la vigencia correcta de la presente póliza es la que va desde el
         25 de noviembre de 1997 hasta el 25 de noviembre del 2002 y No como
         se estipuló en el recibo oficial de prima. Todos los demás térmnos y
         condiciones de la póliza quedan sin cambio alguno ni alteración para ser
         adherido o/y formar parte de la póliza”.
                                             - 0 -
       En consecuencia, se toma nota de la comunicación anterior.

                                           N° 232-98
         PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce
horas diez minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
         Esta presidencia en resolución de las 14:40 horas del 12 de mayo de 1997, tuvo por
suspendido en el ejercicio del Notariado al Licenciado Randall Corella Cerdas; por la de las
14:20 horas del 23 de marzo de 1998, al Licenciado Carlomagno Valverde Vindas, y por la de
las 13:50 horas del 29 de junio último, a los Licenciados Bernard Arriola Fernández y Ricardo
Hilje Quirós, a todos ellos, hasta tanto no comprobaran haber renovado la póliza de fidelidad
que garantiza el desempeño de esas funciones. Con la presentación del recibo oficial de
prima extendido por el Instituto Nacional de Seguros, dichos profesionales comprueban que
renovaron su póliza de fidelidad, y que se encuentran al día con aquella obligación.
         En consecuencia, se revocan las resoluciones antes citadas en lo que respecta a los
Licenciados, Cerdas, Valverde, Arriola e Hilje, y se deja sin efecto la suspensión que en el
ejercicio del Notariado se les había impuesto por ese motivo.-
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                                           N° 233-98
         PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce
horas veinte minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
         Se toma nota de las comunicaciones recibidas el 14 y el 20 de los corrientes, en la
que el Licenciado Raúl Gigena Alvarez, Director Ejecutivo del Colegio de Abogados, da
cuenta que por no existir impedimento alguno, se autorizó la reincorporación como miembros
activos del Colegio, a los Licenciados Itza María Vega Flores y Carlos Manuel Lizano Arce, a
partir del presente mes de julio.

                                            N° 234-98
        PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce
horas treinta minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.
        Se toma nota del oficio de fecha 14 de julio en curso, en el que el Licenciado Raúl
Gigena Alvarez, Director Ejecutivo del Colegio de Abogados, da cuenta del fallecimiento del
Notario Público Licenciado Daniel Mejía Murry. Comuníquese al Departamento de Archivo
Notarial del Archivo Nacional.

                                              -0-

       A las 16:35 horas terminó la sesión.

								
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