Carlos T by VBKuIn

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                                       N° 28-2001

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las siete horas del

cinco de abril del dos mil uno.

      Sesión ordinaria con asistencia del Presidente, Magistrado Mora; Licda. Magda

Pereira Villalobos, Licdos. Juan Diego Rojas Araya, Edgar Amador Madriz y el Suplente

Felipe Gutiérrez Salicette en sustitución del Lic. Hernán Campos Vargas, a quien se le

concedió permiso con goce de sueldo para atender otras actividades propias de su

cargo. Asiste también el Director Ejecutivo, Dr. Luis Eduardo Vargas Jiménez.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                      ARTÍCULO I

      Se aprobaron las actas de las sesiones celebradas el 6, 15, 20 y 26 de marzo del

año en curso, números 19-01, 22-01, 23-01 y 26-01, respectivamente.

CONDOLENCIAS

                                      ARTÍCULO II

      Con motivo del sensible fallecimiento del señor Daniel Elizondo Mata, padre de

la señora Mary Cruz Elizondo Picado, servidora del Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez

Zeledón, se acuerda expresar las condolencias de la Corte y de este Consejo a doña

Mary Cruz y a su estimable familia.

RECONSIDERACIONES

                                      ARTÍCULO III

      En sesión celebrada el 30 de enero del año en curso, artículo XL, se autorizó

para que del presupuesto de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
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Administración de Justicia para el año 2000, Subpartida 814, se realizara la erogación

de ¢507.595,00 para cubrir la diferencia del monto total de la impresión de 500

agendas 2001 para el sector justicia, el cual asciende a la suma de ¢1.795.000.00.

      En la sesión efectuada el 27 de marzo último, artículo XXXVII, se autorizó el

pago total a favor de la señora Luisa Paz Jiménez por un monto de ¢1.795.000.00, con

cargo a la subpartida 814 “Amortización de Cuentas Pendientes de Períodos

Anteriores” del presupuesto vigente, por la impresión de 500 agendas 2001 para el

sector justicia, y por consiguiente, se dejó sin efecto los alcances del acuerdo adoptado

en la sesión del 30 de enero de este año, artículo XL, en que se había autorizado el

pago parcial con recursos de la citada subpartida.

      En oficio N° 190-CNMAJ-01 de 30 de marzo recién pasado, la Licda. Sara

Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de la CONAMAJ, en lo que interesa manifestó:

        “[…] Según comunicación No. 4017-01 de la Secretaría al Lic. Walter
        Jiménez, el Consejo, en su sesión del 27 de marzo procedió a autorizar
        “el pago a favor de la señora Luisa Paz Jiménez por un monto de
        ¢1.795.000 (un millón setecientos noventa y cinco mil colones), con
        cargo en la subpartida 814”.
        Según se me ha informado en la Sección de Presupuesto del
        Departamento Financiero Contable, considerando los términos del
        Acuerdo, no es posible realizar la gestión de pago según se establece
        en el acuerdo pues la subpartida 814 del año en curso solo puede ser
        ejecutada una vez finalizado este periodo, a saber, en el 2002.
        Además existen recursos reservados del presupuesto de la CONAMAJ
        (¢1,287.405, un millón doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos
        cinco colones) y del Ministerio Público (¢507.595, Quinientos siete mil
        quinientos noventa y cinco colones) del período 2000 para cumplir con
        la totalidad de esta obligación.
        Por lo anterior, muy atentamente solicito al Consejo reconsiderar el
        acuerdo tomado en la Sesión del pasado 27 de marzo en el que se
        autorizó el pago con la subpartida 814 y proceder a autorizar el pago
        con los recursos disponibles del presupuesto del año 2000 de la
        CONAMAJ y del Ministerio Público.
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        Así mismo ruego mantener la parte del acuerdo que deja sin efecto el
        acuerdo tomado en la sesión del 30 de enero, artículo XL, que autoriza
        el pago parcial por la subpartida 814.”

                                          -0-

      Se acordó: Acoger la reconsideración planteada y que el Departamento

Financiero Contable proceda a efectuar el pago a favor de la señora Paz Jiménez por la

suma de ¢1.795.000.00 (un millón setecientos noventa y cinco mil colones exactos) en

la forma propuesta por la Directora Ejecutiva de la CONAMAJ, sea, con los recursos

disponibles del presupuesto del año 2000 de la CONAMAJ y del Ministerio Público.

                                     ARTÍCULO IV

      En la sesión efectuada el 27 de marzo recién pasado, artículo V, inciso 2, con

vista en la proposición de nombramiento, con base en la terna N° 80-01 elaborada por

el Departamento de Personal, se aprobó el nombramiento en propiedad de la señora

Carmen María Cruz Picado, en el cargo de Auxiliar Judicial 1 del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Alajuelita, a partir del 1° de abril en curso.

      En esa oportunidad, se dejó constancia que al conocerse ese nombramiento se

tuvo a la vista la nota de 22 de marzo último, suscrita por el señor Jorge Pérez

Ramírez, servidor interino del mencionado Despacho, quien manifestó su interés en ser

nombrado en ese puesto.

      En nota de 29 de marzo anterior, el señor Jorge Francisco Pérez Ramírez,

servidor del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alajuelita, solicita a este

Consejo reconsiderar la decisión adoptada en la sesión de referencia, en cuanto al

nombramiento en propiedad de la señora Cruz Picado, pues considera que tal

resolución lesiona sus derechos como trabajador, a la vez que señala que se ignora las
                                          4

circunstancias dudosas en que se produjo y que en su escrito de apelación manifestó

claramente. Además hizo las siguientes observaciones:

             “…Deben los Honorables miembros de ese Consejo recordar que
       el suscrito interpuso una queja en la Inspección Judicial contra el Lic.
       Mario Esquivel Monge por abuso de poder y represalias que a la larga
       han determinado que yo ahora deba estar efectuando estas gestiones
       al haber sido despojado arbitrariamente e ilegalmente de lo que por ley
       y justicia me correspondía; además de la queja que ya interpuse, otras
       gestiones, como la que en otro escrito adjunto, están en proceso de
       trámite, y considero que las acusaciones que he hecho son muy graves
       como para simplemente ignorarlas, y confirmar sin más examen una
       situación cuyas irregularidades ya he señalado. Me pregunto: no cree
       ese honorable consejo que sería prudente suspender el proceso de
       nombramiento en propiedad hasta determinar si lo que he dicho es
       falso o verdadero?.

             Me pregunto: Para qué un proceso de selección para los auxiliares
       judiciales? Para qué estar en condición de elegible? Para qué trabajar
       en un despacho tres años? Para qué ser incluido en una terna y tener
       una de las notas más altas? Para qué, si al final la decisión es de
       absoluta discrecionalidad del Jefe de Oficina, y al igual que en los más
       exquisitos regímenes totalitarios cualquier actuación que no sea del
       agrado del Jefe representa que no ha caído en desgracia, y será
       derribado de su posición tarde o temprano? Después de todo, un
       Auxiliar Judicial no es ningún empleado de confianza, como los que
       nombran los políticos cada cuatro años. Se supone que en el caso de
       un Auxiliar Judicial se deben estudiar las condiciones objetivas que
       demuestren su idoneidad para el cargo. Con todo respeto, considero
       que es peligroso otorgar tal facultad a los Jueces; sería interesante
       determinar cuánta corrupción, cuanta ilegalidad, cuánto abuso han
       obtenido cobijo bajo esas condiciones.

            Con apoyo de todo lo que he manifestado, solicito que ese
       Honorable Consejo reconsidere su decisión en este caso, y sino al
       menos tome nota de mi preocupación al respecto. Yo he perdido mi
       trabajo prácticamente, porque supongo que de aquí en adelante hasta
       para continuar siendo nombrado interinamente en mi despacho tendré
       que luchar, pero espero que de todo lo que yo he luchado y voy a
       luchar se logre que algún día otro compañero no deba sufrir lo que yo
       he sufrido.”
                                         -0-

      Se acordó: Denegar la reconsideración presentada por el señor Pérez Ramírez,
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y mantener lo resuelto en el acuerdo impugnado, pues el nombramiento en propiedad

de la servidora Cruz Picado, se ajusta a los procedimientos y políticas institucionales

que a la fecha se han aplicado en esos casos, y porque además, no se observa alguna

irregularidad que haya propiciado una designación arbitraria.

                                     ARTÍCULO V

      En la sesión celebrada el 28 de marzo recién pasado, artículo LXXI, con base en

los argumentos ahí expuestos y por mayoría de cuatro votos, se confirmó la resolución

N° 1397-2000 de las 15:16 horas del 27 de noviembre del 2000, dictada por el Tribunal

de la Inspección Judicial, en que declaró con lugar la queja seguida contra la señora

Adriana Sáenz Ramírez, Conserje del Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial

de la Zona Atlántica, imponiéndole la sanción de Revocatoria de Nombramiento,

medida que se hizo efectiva a partir del 29 de marzo último.

      En escrito recibido el 2 de abril en curso, la señora Adriana Sáenz Ramírez,

interpone recurso de reconsideración contra lo resuelto en el anterior acuerdo, y con

fundamento en los hechos y consideraciones que expone, solicita lo siguiente:

           “Que se declare sin lugar la queja interpuesta en mi contra por
            cuanto y de acuerdo a la prueba que se recibió, y el elenco de
            consideraciones vertidas en el presente análisis, la suscrita no
            incurrió en las faltas que se me imputan.

           Que en caso de declarar con lugar la queja en mi contra se me
            establezca una sanción acorde y proporcional con la falta cometida,
            en los términos evocados por la Comisión de Relaciones Laborales
            del Poder Judicial.

           Solicito y pido respetuosamente se reconsidere por parte del
            Consejo la Revocatoria de mi nombramiento y en caso de acogerse
            lo solicitado, tomarse en cuenta que soy servidora de más de ocho
            años de servicio, que mi expediente no cuenta con sanciones, que
            soy madre de dos hijos, cuyo salario es el único sustento económico
                                             6

             que le permite subsistir, es por ello que con respeto pido declarar
             con lugar la presente reconsideración, sin lugar la falta atribuida o
             en su caso disminuir la sanción en mi contra, por no ser una Falta
             Gravísima.”
                                           -0-

       Discutido el asunto y por mayoría de cuatro votos se acordó: Rechazar de plano

el recurso interpuesto por la señora Sáenz Ramírez, porque lo resuelto carece de éste,

en razón de que el Consejo actuó como órgano de segunda instancia al conocer la

apelación presentada por ella contra lo resuelto por el Tribunal de la Inspección

Judicial.

       El Lic. Gutiérrez emite su voto en el sentido de que se reconsidere la solicitud de

la señora Sáenz Ramírez.

                                      ARTÍCULO VI

       En sesión celebrada el 27 de marzo último, artículo XLV, se dispuso que el

Juzgado Contravencional de Heredia colaborara con el Juzgado Contravencional y de

Menor Cuantía de San Rafael, atendiendo el período que le corresponde de

disponibilidad durante la Semana Santa, conjuntamente con la disponibilidad que

realizará ese Juzgado.

       Los Licdos. Irene Araya Chaverri, Edith Núñez Briceño y Erick Zamora Chaves,

en facsímil de 29 de marzo último, manifestaron:

        “…aprovechamos la oportunidad para solicitar a ustedes
        reconsideración del acuerdo tomado en la sesión celebrada el pasado
        veintisiete del mes en curso, en relación a que debemos atender la
        disponibilidad de los asuntos de Pensión Alimentaria del Juzgado de
        San Rafael de Heredia, durante la próxima Semana Santa. Lo anterior
        por las siguientes razones:

        1-    Se dice en el citado acuerdo que el Juzgado Contravencional y de
              Menor Cuantía de San Rafael de Heredia, para tal efecto,
                                    7

     “procederá a trasladar todos aquellos documentos con orden de
     captura en materia de pensiones alimentarias, con el fin de que
     sean atendidos conjuntamente con la disponibilidad que realizará
     nuestro Juzgado”.
     Entendemos que lo anterior debe ser interpretado en relación a
     las notas circulares dirigidas a todas las autoridades judiciales del
     país que tramitan la materia alimentaria, y en las que desde
     diciembre del año noventa y nueve ha dispuesto la Corte Plena,
     en fines de semana largos y en Semana Santa, siendo la próxima
     semana santa, la segunda que nos corresponde realizar dicha
     disponibilidad tanto a los Juzgados Contravencionales en las
     Cabeceras de Provincia, como a los Juzgados de la periferia o
     cantonales. Revisadas tales circulares, que adjuntamos a la
     presente, observamos un diferencia sustancia entre las oficinas
     con Sistema de depósito Judicial Automático como la nuestra y las
     oficinas que no tienen implementado dicho sistema como la de
     San Rafael de Heredia. Lo anterior por cuanto en donde existe
     SDJ, la disponibilidad en los días. (sic)

2-   En que el Banco mantiene abiertas sus oficinas (sean lunes,
     mares y tal vez miércoles santo próximo) consiste en halar la
     información de los depósitos realizados y hacer las autorizaciones
     de pago no automático. Para esos efectos debemos permanecer
     en la oficina de dos a tres horas durante cada uno de esos tres
     primeros días, sin perjuicio de los demás asuntos que puedan
     presentarse en el resto del día o la noche y que amerite atender,
     como por ejemplo libertades de reos presos por pago de la deuda,
     solicitud de pago en tractos, solicitud de autorización para buscar
     trabajo, solicitud y cálculo de apremios, revisión de apremios etc.
     Mientras que en los Juzgados en donde no funcionar el sistema
     de depósito judicial automático, como San Rafael de Heredia, las
     oficinas además de atender los asuntos atrás mencionados (
     excepto las autorizaciones de pago no automático)
     prioritariamente deben disponer un horario para la entrega de
     cheques en los días en que el Banco va a dar servicio al público
     (sean lunes, martes y tal vez miércoles santo). Por lo anterior y en
     aras de no contravenir los acuerdos de Corte Plena, entendemos
     que nos correspondería confeccionar cheques de los asuntos de
     San Rafael de Heredia y disponer de un horario para ello, para lo
     cual dicho Juzgado debería trasladarnos no sólo los expedientes
     con apremio corporal sino los demás expedientes en que hayan
     depósitos sin retirar, los talonarios de cheques, las tarjetas
     manuales de control de monto girado, los talonarios de órdenes
     de libertad, los libros contables, hacer las comunicaciones
     correspondientes para autorizar a los tres Jueces de esta Oficina
     a girar cheques de una cuenta corriente de una oficina ajena a
                                   8

     esta jurisdicción y las autorizaciones a los centros penales para
     firmar las órdenes de libertad. Si por el contrario el sentido del
     acuerdo es no disponer la confección de cheques no solo se
     estarían contraviniendo los mencionados acuerdos de Corte
     Plena, sino afectándose el servicio a las usuarias de San Rafael
     de Heredia, en materia tan delicada y sensible. Se debe tomar en
     consideración que la mayoría de las actoras de pensión
     alimentaria dependen económicamente en forma exclusiva de la
     cuota de alimentos fijada y que si el cheque no se les gira,
     probablemente se quedarán sin alimentos para el resto de la
     Semana Santa.
3-   Se ha dispuesto que una oficina como la nuestra en la que todo el
     personal sin excepción, ha sido formado bajo el moderno y
     excelente sistema de Depósito Judicial Automático, realice la
     disponibilidad de los asuntos de otra Oficina que trabaja con un
     sistema totalmente incompatible con el nuestro y sobre el cual no
     tiene ninguna capacitación para la confección de cheques o
     práctica alguna para
4.   Interpretar las anotaciones que se realizan en las tarjetas de
     control del monto grado en manuscrito, o para llenar los libros
     contables con los datos necesarios, situación ésta que ya había
     quedado superada, con la eliminación del cierre total de las
     oficinas durante un mes de vacaciones y precisamente por los
     problemas que se presentaban en la práctica al trasladarse los
     expedientes y tarjetas a la Alcaldía que quedaba de turno y que
     impedían una buena atención a los usuarios del servicio que
     prestaba la oficina que cerraba por vacaciones. Creemos que si
     se mantiene la decisión tomada la atención a las usuarias de
     pensiones alimentarias de San Rafael de Heredia, que se
     presenta durante esa Semana.
5.   Por otra parte nos hemos enterado a través de la misma Licda.
     Enriqueta Araya, que el motivo por el cual no puede realizar la
     disponibilidad de su oficina, es un viaje de placer que realizará a
     Sur América en el cual ha invertido varios millones de colones,
     situación que nos extraña sobremanera, se haya admitido como
     un motivo para ser dispensada de realizar la disponibilidad de su
     oficina, recargándose la misma en la nuestra, pues desde el año
     noventa y nueve, los Juzgados que tramitamos pensiones
     alimentarias, tenemos pleno conocimiento de que corresponde
     hacer tal disponibilidad tanto en diciembre, en fines de semana
     largos como en Semana Santa. Bien pudo la Licda. Enriqueta
     Araya con dicho conocimiento haber programado su viaje para
     otra fecha. Distinto sería el caso de que la Licda. Enriqueta Araya
     atravesara alguna situación totalmente imprevista o de infortunio,
     en cuyo caso desde luego pro una cuestión de compañerismo y
                                            9

               humanidad, en aras de que el servicio al usuario y a las usuarias
               de San Rafael, no se interrumpa, no extrañaríamos tal decisión.
       6.      Solicitamos por lo anterior se reconsidere el acuerdo tomado y
               proponemos que en su defecto y en beneficio del buen servicio
               público se nombre un Juez sustituto de la Licda. Enriqueta Araya
               para que realice tal disponibilidad o bien se disponga que la
               misma sea realizada por algún Juzgado, cuyo sistema de
               depósitos sea compatible con el de San Rafael de Heredia y cuyo
               circulante en materia alimentaria sea igual o menor al de San
               Rafael de Heredia. Adjuntamos copias de las notas circulares
               enviadas desde diciembre del año noventa y nueve y que
               transcriben los acuerdos de Corte Plena, sobre la disponibilidad
               en materia alimentaria.”
                                           -0-

      Se acordó:       Denegar la reconsideración interpuesta por los Licdos. Araya

Chaverri, Núñez Briceño y Zamora Chaves, y mantener lo resuelto en la sesión del 27

de marzo último, artículo XLV.

NOMBRAMIENTOS

                                     ARTÍCULO VII

      La Magistrada Calzada, en su condición de Presidenta de la Comisión Nacional

para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), en oficio N° 196-

CNMAJ-01 de 3 de abril en curso, solicita se autorice el nombramiento del señor Óscar

Arévalo Solórzano, cédula N° 1-570-923, en el puesto de Director Ejecutivo de la

CONAMAJ, del 16 de este mes al 4 de mayo próximo, en sustitución de la Licda. Sara

Castillo Vargas, quien disfrutará de vacaciones durante esas fechas.

      Se acordó: Aprobar el nombramiento del señor Arévalo Solórzano, en el puesto

y por el período que se ha indicado. El Departamento de Personal tomará nota para lo

de su cargo.

                                     ARTÍCULO VIII
                                           10

      Este Consejo en sesión celebrada el 28 de noviembre del 2000, artículo VI,

dispuso comunicar mediante circular a todos los Despachos Judiciales del país que, por

limitaciones presupuestarias que afronta el Poder Judicial, no se aprobarían

nombramientos por sustituciones de períodos inferiores a ocho días, y que toda

solicitud de autorización que se efectúe en ese sentido, debe previamente ser

aprobada por este Órgano, y de no ser así será el Jefe del Despacho quien cubrirá el

pago del tiempo laborado por el servidor sustituto.

      La Corte Plena en sesión celebrada el 26 de febrero del año en curso, artículo

XXVIII, aprobó las siguientes medidas de ejecución del presupuesto para el año 2.001:

        1. “La Dirección Ejecutiva a través del Departamento de Proveeduría,
           determinará la conveniencia y necesidad de ejecutar los rubros
           incluidos en las partidas presupuestarias 2 (Materiales y
           Suministros) y 3 (Maquinaria y Equipo) cuando se solicite por los
           centros de responsabilidad, no obstante estar consignados en el
           presupuesto aprobado por la Corte. De rechazarse la ejecución del
           gasto, se deberá        justificar debidamente. La decisión del
           Departamento de Proveeduría podrá ser revisada por la Dirección
           Ejecutiva y la de ésta por el Consejo Superior, que resolverá en
           definitiva.

        2. Sin importar el motivo, en principio no se sustituirán jueces por
           menos de 5 días hábiles, salvo que a juicio del Consejo Superior se
           deba proceder a suplir la vacancia, según las siguientes reglas:

          a. En los despachos unipersonales, se podrá recargar la función en
             otro juez de la jurisdicción y sólo en casos en que sea
             indispensable mantener la continuidad del servicio, se procederá
             a la sustitución correspondiente.

          b. En aquellos despachos que cuenten con dos o más jueces, se
             podrá recargar la función en otro juez del mismo despacho, o de
             otro despacho del mismo lugar, con preferencia de la misma
             materia y sólo en casos en que sea indispensable mantener la
             continuidad del servicio, se procederá a la sustitución
             correspondiente.

          c. En los tribunales colegiados, se podrá recargar la función en otro
                                  11

     juez del mismo tribunal, o de otro. De ser indispensable y urgente
     mantener la conformación del tribunal, se procederá a la
     sustitución correspondiente.

3. No se cancelará ningún rubro por concepto de zonaje en los nuevos
   nombramientos interinos y en propiedad que se efectúen. El
   Departamento de Personal cada vez que promueva un concurso o
   consulte la integración de nóminas, así lo hará saber a los
   interesados. En este sentido se tiene por derogado el Reglamento
   de Zonaje, que regirá únicamente para los funcionarios que gocen
   de derechos adquiridos.

4. Sólo se tramitará el alquiler de aquellos locales que resulten
   indispensables para la buena marcha de la administración de
   justicia. Igualmente, se procurará reconocer porcentajes razonables
   por concepto de aumentos anuales en el alquiler de las
   edificaciones.

5. Las remodelaciones de los locales propiedad del Poder judicial o
   arrendados, deberán ceñirse a criterios de razonabilidad y
   maximización de los recursos a invertir en ellos.

6. Se mantendrá durante el ejercicio presupuestario la apropiación de
   30.0 millones en la subpartida “Gastos de Viaje al Exterior”, lo que
   implica que solo se autorizarán los viajes que sean estrictamente
   necesarios y que tengan relación estrecha con las actividades de
   interés del Poder Judicial.

7. Bajo ningún concepto se reconocerá el pago de diferencias de
   viáticos, cuando con ocasión de un viaje al exterior la entidad
   patrocinadora u organizadora del evento, le reconozca al funcionario
   un monto menor al establecido en la tabla de viáticos aprobada por
   la Contraloría General de la República.

8. En principio, ninguna gira de trabajo dentro del país podrá iniciarse
   antes de las 6:00 horas. Excepcionalmente serán autorizadas con el
   visto bueno de la Dirección General del O.I.J. entratándose de sus
   servidores y de la Dirección Ejecutiva para el resto de servidores.
   En caso de que se realice en contra de lo aquí dispuesto, no se
   reconocerán los viáticos

9. Sólo se realizarán las giras de trabajo dentro del país que resulten
   indispensables y necesarias para la buena            marcha de la
   administración de justicia. Sin excepción se racionalizará el uso de
   los vehículos en las giras de trabajo a programar.

10. Se mantendrá durante el ejercicio presupuestario la apropiación de
                                             12

           50.0 millones en la subpartida “Artículos y Gastos para Recepción”,
           lo que implica que solo se autorizarán las actividades que sean
           estrictamente necesarias y que tengan relación estrecha con las
           actividades de interés del Poder Judicial.

        11. La Comisión de Vehículos analizará el comportamiento del gasto en
            las subpartidas de adquisición de vehículos, mantenimiento y
            reparación de vehículos y repuestos, a efecto de proponer medidas
            tendentes a su racionalización.

        12. La Comisión de Maximización del Gasto analizará el
            comportamiento del gasto en las subpartidas de servicios de correo,
            energía eléctrica, telecomunicaciones, gasolina, diesel, grasas y
            lubricantes, otros productos químicos, productos de papel y cartón,
            textiles y vestuarios y mobiliario y equipo de oficina, a efecto de
            proponer medidas tendentes a su racionalización y el diseño de un
            plan o programa de concientización sobre el particular.

        13. La Comisión de Construcciones analizará el comportamiento del
            gasto en las subpartidas de adquisición de terrenos, construcción de
            edificios, otras construcciones, adiciones y mejoras y de alquileres,
            a efecto de proponer medidas tendentes a su racionalización.

        14. No se otorgarán becas para estudio de postgrado al exterior durante
            el ejercicio presupuestario 2.001.

        15. Se deberá procurar la racionalización del gasto en las demás
            subpartidas no citadas anteriormente.

        16. Con recursos del superávit no se podrán financiar gastos corrientes,
            exceptuando el pago de salarios y cargas sociales o cuando los
            saldos en las diferentes subpartidas se revaliden automáticamente o
            requieran para ello certificación de la Contabilidad Nacional.

        17. Estas reglas son de acatamiento obligatorio para todos los
            funcionarios y servidores del Poder Judicial. Su interpretación,
            modificación o derogatoria sólo podrá realizarla la Corte Plena por
            las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros.”
                                           - o0o -

       El Lic. Arvin Pérez Bonilla, Juez de Tránsito de San Ramón, en facsímil de 2 de

abril en curso, recibido el día siguiente, manifestó:

        “La Presidencia de la Corte nombró en el Juzgado Contravencional de
        Sarchí al Auxiliar Adrián Montero Carranza, del período del tres al seis
                                            13

        de abril de los corrientes en el puesto de Juez de ese Despacho, por lo
        que les solicito la autorización correspondiente, para nombrar durante
        ese período a la señora Melisa Alpízar Valverde durante ese período,
        ya que el Despacho tiene mucho trabajo y ese nombramiento de vital
        importancia para el buen desempeño y el servicio público.”

                                           -0-

      Discutido el asunto, por unanimidad se acordó: Denegar la solicitud de mérito,

pues de conformidad con las políticas dictadas por la Corte Plena y este Consejo y los

lineamientos establecidos en el plan de vacaciones para el período 2000-2001, en este

caso no es posible autorizar la sustitución por un período inferior a cinco días hábiles,

dado el alto déficit presupuestario que enfrenta el Poder Judicial.

                                      ARTÍCULO IX

      La Licda. Eugenia Allen Flores, Jueza Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, en

facsímil de 3 de abril en curso, expone lo siguiente:

        “…con motivo del fallecimiento del padre de nuestra compañera Mary
        Cruz Elizondo Picado, nos vemos en la necesidad de nombrar una
        persona que la sustituya en ocho días que se le conceden por tal
        motivo.
             En este momento está disponible el señor Greivin Gamboa Arce,
        mayor, soltero, vecino de Pérez Zeledón, cédula 9-102-805, quien ha
        venido fungiendo como meritorio, el reúne los requisitos, pero todavía
        no puede acreditar su título de bachiller, pues hace unos días realizó el
        examen que le faltaba para obtener ese título. Sé que es necesario
        para el nombramiento un interino que este haya obtenido su
        Bachillerato, por lo cual les solicito que me conceda autorización para
        hacer dicho nombramiento.”
                                             -0-

      Según consulta hecha vía telefónica, la Licda. Allen Flores informó a la

Secretaría General de la Corte, que el padre de la servidora Elizondo Picado falleció el

2 de abril en curso y que don Greivin estuvo anuente a sustituir a doña Mary Cruz por el
                                           14

período indicado, consciente de que si no se aprueba esta gestión no se le podría

nombrar.

      Se acordó: Autorizar el nombramiento del señor Gamboa Arce en sustitución de

la servidora Elizondo Picado, por el motivo que se ha indicado, en el entendido de que,

de conformidad con lo que establece el párrafo sétimo del artículo 44 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, la licencia con goce de salario que se otorga para estos

casos es de 7 días y no de 8, razón por la cual, el período de la sustitución será por ese

término. El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                      ARTÍCULO X

      A propuesta del Lic. Rojas se nombra a la servidora Karolina Martínez Solano,

cédula 1-1057-942, como Secretaria 3 del Consejo Superior, del 1° de mayo al 30 de

junio inclusive del año en curso, en sustitución de la Licda. Karla Ramírez Quesada,

quien pasó a ocupar otro cargo durante dicho período.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

PERMISOS

                                     ARTÍCULO XI

      La Licda. Ileana Moreira G., Directora de la Escuela de Biología del Instituto

Tecnológico de Costa Rica y el PhD. Miguel Rojas Ch., Coordinador de Prácticas de

ese Centro de Estudios, en nota de 22 de marzo último, expresaron:

        “El motivo de la presente es solicitarles respetuosamente, considerar la
        posibilidad de que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
        Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica, realicen la
        Práctica de Especialidad en las Secciones de Bioquímica y Biología del
        Organismo de Investigación Judicial.
        La Práctica de Especialidad es un requisito académico que se efectúa
        en el octavo y último semestre de la Carrera, previo a la graduación. El
                                          15

        perfil de nuestros futuros profesionales se adapta a las actividades de
        las Secciones del OIJ previamente señaladas.”
                                         -0-

       Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar a las Jefaturas

de las Secciones de Bioquímica y Biología Forense del Departamento de Laboratorios

de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, emitan su criterio

respecto a la solicitud de permiso para que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería

en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica, realicen la Práctica de

Especialidad en las citadas Secciones.

                                    ARTÍCULO XII

       En oficio N° 401-ACF-2001 de 28 de marzo recién pasado, la Licda. María del

Rocío Núñez Soto, Administradora del Complejo de Ciencias Forenses, comunica y

solicita lo siguiente:

              “Esta Administración está tramitando la recarga de doce extintores
        contra incendio que se encuentran vencidos, por tal motivo,
        conjuntamente con dicha recarga, la casa proveedora tiene la
        obligación de ofrecer un curso sobre el manejo de extintores, el cual
        tiene una duración de no más de una mañana.

             Por tal motivo muy respetuosamente solicito la autorización de ese
        Consejo Superior, para que algunos nuevos integrantes de las Brigadas
        de Emergencia que no han recibido dicho curso, lo reciban el próximo
        18 de abril.

            Los servidores que interesa por el momento se les brinde dicho
        permiso son los siguientes:

                Servidor                              Oficina
        Gerald Huertas             Jefatura Departamento de Ciencias Forenses
        Laura Marcela Aguilar Z.   Sección Análisis de Escrituras y Documentos
        Ana Lucrecia Montero A.    Sección Química Analítica
        Elba Nidia Ugalde G.       Sección Química Analítica
        Marco Martínez E.          Sección Toxicología
        Luis Paulino Madrigal R.   Jefatura Departamento Medicina Legal
                                             16

       Ransés Fallas Obando          Departamento Publicaciones e Impresos
       Christian Tormo Cheves        Departamento Publicaciones e Impresos
       Álvaro Guerrero Mora          Unidad Canina
       Carlos Rubí Castro            Depósito de Objetos Decomisados
       Alexander Fernández Ch.       Depósito de Objetos Decomisados
       Carlos Barrantes M.           Administración

               No omito manifestar que para algunas oficinas se han escogido
        dos representantes, en virtud de la naturaleza de los materiales que se
        utilizan y la peligrosidad en el desarrollo de las funciones.”

                                            -0-

       Se acordó: Acoger la solicitud de mérito y conceder permiso con goce de salario

por la primera audiencia del 18 de abril en curso, a los servidores judiciales que

integran la lista que se ha transcrito, para los fines indicados.

        El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                      ARTÍCULO XIII

       El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del Presidente, en oficio

N° DP 444-01 de 4 de abril en curso, manifestó:

              “El Dr. Bernal Aragón, Director Administrativo del Hospital Clínica
        Bíblica, conversó con el Magistrado Álvaro Fernández Silva,
        relacionado con la posibilidad de brindar capacitación a personal del
        Poder Judicial en casos de emergencia, y me solicitó que me
        comunicara con el Señor Aragón para conversar sobre el tema.
              Como resultado de la conversación el Señor Aragón ofreció la
        posibilidad de que personal médico del Poder Judicial pueda asistir el
        próximo martes 10 de abril, a una actividad que organiza el Hospital
        Clínica Bíblica, con un especialista que viene de Canadá, el Dr.
        Velasco, quien impartirá un curso de Resucitación Cardio Pulmonar
        RCP, el cual ofrece la posibilidad de que el Poder Judicial cuente con
        dos campos para el seminario que se impartirá en el Colegio de
        Médicos, de 8a.m. a 5p.m.
             El costo del curso es de ¢35.000.00, e hizo ver la posibilidad de
        que el Poder Judicial cancele o no la cuota, quedando a criterio de las
        instancias superiores cubrir el gasto.
                                           17

            Con base en lo anterior, se coordinó con el servicio médico de
        empleados para ver la factibilidad de que asistieran dos personas; pero,
        me sugirieron que si era factible que asistieran tres, a saber:
              Dra. Ana Marcela Calvo Pacheco
              Dra. Ana Orozco Álvarez
              Dr. Javier Sandoval Leal
             Dos son médicos que atienden el Primer Circuito Judicial de San
        José, y uno atiende el Segundo Circuito.
             Por lo anterior, me permito solicitar interponer sus buenos oficios
        con el propósito de que se haga del conocimiento de los miembros del
        Consejo Superior la anterior gestión, se conceda el permiso
        correspondiente, si lo consideren necesario se autorice el gasto y no se
        tome en consideración ese día para efectos de vacaciones, en razón de
        pertenecer a los días de Semana Santa.”

                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud de mérito y autorizar a los tres médicos que se

han mencionado, para que en la fecha indicada participen en la referida capacitación,

para tales efectos no se les deducirá ese día por vacaciones; asimismo se aprueba el

pago del costo del curso para uno de ellos por un monto de ¢35.000,00.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo de

sus cargos.

                                    ARTÍCULO XIV

      En facsímil recibido el 4 de abril en curso, el Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Montero,

Administrador del Juzgado de Familia y Violencia Doméstica de Turno Extraordinario

del Segundo Circuito Judicial de San José, solicita se autorice la sustitución del único

auxiliar judicial que labora en dicho turno, debido a que fue incapacitado para trabajar

por un período de siete días contados a partir del 4 de este mes, pues según indica, es

muy importante el apoyo que brinda el servidor al juez de turno.
                                           18

        Se acordó: Acoger la solicitud anterior en los términos señalados. El

Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

VACACIONES PROPORCIONALES

                                    ARTÍCULO XV

      Con vista de los informes elaborados por el Departamento de Personal, y las

constancias que interesan de la Dirección Ejecutiva y del Departamento Financiero

Contable, en relación con las solicitudes de pago de vacaciones proporcionales y otros,

se autoriza el pago a las siguientes personas:

      1. Rocío Araya Quesada, cédula 1-859-973, ¢12.920.40 (doce mil novecientos

veinte colones con cuarenta céntimos).

      2. Carolina Arley Marín, cédula 1-948-561, ¢85.876.60 (ochenta y cinco mil

ochocientos setenta y seis colones con sesenta céntimos).

      3. Ana Rosa Barrantes Espinoza, cédula 4-137-506, ¢72.606.70 (setenta y dos

mil seiscientos seis colones con setenta céntimos).

      Por informar el Departamento de Personal que la señora Barrantes Espinoza

adeuda al Tesoro Público ¢4.235.05 por modificación del día 15 de agosto del 2000, se

autoriza al Departamento Financiero Contable a deducir dicha cantidad del monto a

girar, de conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código de Trabajo. Se

pone lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección

Ejecutiva para lo de su cargo.

      4. Melissa Benavides Víquez, cédula 1-1047-966, ¢82.651.50 (ochenta y dos mil

seiscientos cincuenta y un colones con cincuenta céntimos).

      5. Daniel Blanco León, cédula 1-853-912, ¢55.091.70 (cincuenta y cinco mil
                                         19

noventa y un colones con setenta céntimos) y ¢42.512.70 (cuarenta y dos mil

quinientos doce colones con setenta céntimos), correspondiente a los períodos del 15

de noviembre de 1999 al 15 de octubre del 2000 y del 16 de octubre del 2000 al 9 de

febrero del 2001.

      Por informar el Departamento de Personal que el señor Blanco León adeuda al

Tesoro Público ¢5.003.40 por permiso sin goce de salario del 8 de junio del 2000, se

autoriza al Departamento Financiero Contable a deducir dicha cantidad del monto a

girar, de conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código de Trabajo. Se

pone lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección

Ejecutiva para lo de su cargo.

      6. Freddy Blanco Mora, cédula 1-536-203, ¢101.344.80 (ciento un mil trescientos

cuarenta y cuatro colones con ochenta céntimos).

       Por informar el Departamento de Personal que el señor Blanco Mora adeuda al

Tesoro Público ¢5.352.75 por revaloración de la primera quincena de enero del 2000 se

autoriza al Departamento Financiero Contable a deducir dicha cantidad del monto a

girar, de conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código de Trabajo. Se

pone lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección

Ejecutiva para lo de su cargo. Informa además la señora Rebeca García Pandolfi, Jefe

de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva, que esa Dirección ha

abierto expedientes administrativos al señor Blanco Mora, bajo los números 20-V-98,

194-V-99 y 33-R-97 por daños ocasionados a vehículos propiedad del Poder Judicial

conocidos internamente como las unidades 286 y 14 y el último por pérdida de arma de

reglamento, siendo que el primero se encuentra suspendido en espera de la resolución
                                              20

judicial, el segundo y el último se encuentran en proceso de recolección de prueba.

      7. Jorge Córdoba Ortega, cédula 2-413-424, ¢274.254.10 (doscientos setenta y

cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro colones con diez céntimos).

      Por informar el Departamento de Personal que el señor Córdoba Ortega adeuda

al Tesoro Público ¢20.467.90 por permiso sin goce de salario del 1° de agosto del

2000, se autoriza al Departamento Financiero Contable a deducir dicha cantidad del

monto a girar, de conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código de

Trabajo. Se pone lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro Administrativo de

la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.

      8. Noribeth Chacón Gutiérrez, cédula 4-234-770, ¢117.633.20 (ciento diecisiete

mil seiscientos treinta y tres colones con veinte céntimos) y ¢34.742.70 (treinta y cuatro

mil setecientos cuarenta y dos colones con setenta céntimos), correspondiente a los

períodos del 3 de marzo de 1999 al 12 de setiembre del 2000 y del 13 de setiembre al

18 de diciembre del 2000.

      9. Raúl G. Granados Bloise, cédula 1-471-248, ¢15.126.70 (quince mil ciento

veintiséis colones con setenta céntimos).

      10. Tatiana Herrera Santamaría, cédula 6-288-402, ¢50.055.90 (cincuenta mil

cincuenta y cinco colones con noventa céntimos).

      11. Ivonne Hidalgo Duarte, cédula 1-1025-750, ¢24.500.90 (veinticuatro mil

quinientos colones con noventa céntimos).

      12. Sergio Hurtado Bermúdez, cédula 3-255-415, ¢142.827.80 (ciento cuarenta y

dos mil ochocientos veintisiete colones con ochenta céntimos).

      Por informar el Departamento de Personal que el señor Hurtado Bermúdez
                                              21

adeuda al Tesoro Público ¢5.253.80 por cese de interinidad del 15 de noviembre del

2000, se autoriza al Departamento Financiero Contable a deducir dicha cantidad del

monto a girar, de conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código de

Trabajo. Se pone lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro Administrativo de

la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.

      13. Natalia López Quirós, cédula 1-1016-337, ¢128.530.30 (ciento veintiocho mil

quinientos treinta colones con treinta céntimos).

      Por informar el Departamento de Personal que la señora López Quirós adeuda al

Tesoro Público ¢40.313.50 por permiso sin goce de salario del 26 de enero del año en

curso y por cese del 10 al 15 de julio del 2000, se autoriza al Departamento Financiero

Contable a deducir dicha cantidad del monto a girar, de conformidad con lo que

establece el artículo 173 del Código de Trabajo. Se pone lo anterior en conocimiento de

la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.

      14. Adolfo Monge Barrantes, cédula 1-923-586, ¢35.382.70 (treinta y cinco mil

trescientos ochenta y dos colones con setenta céntimos).

      15. Douglas A. Monge Gutiérrez, cédula 1-1060-844, ¢35.343.70 (treinta y cinco

mil trescientos cuarenta y tres colones con setenta céntimos).

      Por informar el Departamento de Personal que el señor Monge Gutiérrez adeuda

al Tesoro Público ¢66.840.40 por cese de interinidad a partir del 12 de febrero del año

en curso, se autoriza al Departamento Financiero Contable a abonar dicha cantidad el

monto a girar, de conformidad con lo que establece el artículo 173 del Código de

Trabajo. Se pone lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro Administrativo de

la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.
                                            22

      16. Jeannette Morales Guevara, cédula 6-231-373, ¢29.178.80 (veintinueve mil

ciento setenta y ocho colones con ochenta céntimos)

      Por informar el Departamento de Personal que la señora Morales Guevara

adeuda al Tesoro Público ¢565.276.05 por permiso sin goce de salario del mes de

noviembre de 1999, enero y primera quincena de abril del 2000 y renuncia a partir del

mes de mayo del 2000, se autoriza al Departamento Financiero Contable a abonar

dicha cantidad del monto a girar, de conformidad con lo que establece el artículo 173

del Código de Trabajo. Se pone lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro

Administrativo de la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.

      17. José Obando Torres, cédula 5-300-268, ¢63.401.60 (sesenta y tres mil

cuatrocientos un colones con sesenta céntimos).

      18. Marco V. Ortiz González, cédula 1-910-380, ¢23.040.50 (veintitrés mil

cuarenta colones con cincuenta céntimos).

      19. Rita Patricia Pérez Oviedo, cédula 2-524-438, ¢131.516.90 (ciento treinta y

un mil quinientos dieciséis colones con noventa céntimos) y ¢32.933.50 (treinta y dos

mil novecientos treinta y tres colones con cincuenta céntimos), correspondiente a los

siguientes períodos del 25 de octubre de 1999 al 2 de noviembre del 2000 y del 3 de

noviembre del 2000 al 4 de febrero del 2001.

      20. Giselle Ramírez Binns, cédula 3-232-246, ¢9.364.60 (nueve mil trescientos

sesenta y cuatro colones con sesenta céntimos)

      21. Andrés Saborío Cascante, cédula 1-1074-827, ¢24.257.00 (veinticuatro mil

doscientos cincuenta y siete colones exactos).

      Por informar el Departamento de Personal que el señor Saborío Cascante
                                           23

adeuda al Tesoro Público ¢60.366.30 por cese de interinidad a partir del 11 de

diciembre del 2000, se autoriza al Departamento Financiero Contable abonar el monto

primeramente citado a la deuda contraída por don Andrés, de conformidad con lo que

establece el artículo 173 del Código de Trabajo. Se pone lo anterior en conocimiento de

la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.

       22. Gerardo Salas Herrera, cédula 1-805-153, ¢32.580.30 (treinta y dos mil

quinientos ochenta colones con treinta céntimos).

       23. Erling Sánchez Arce, cédula 6-278-892, ¢84.105.10 (ochenta y cuatro mil

ciento cinco colones con diez céntimos).

       24. Rafael Sequeira Soto, cédula 1-1045-743, ¢73.072.90 (setenta y tres mil

setenta y dos colones con noventa céntimos).

       25. Mauricio Vargas Solís, cédula 1-965-879, ¢51.450.10 (cincuenta y un mil

cuatrocientos cincuenta colones con diez céntimos).

       26. Karen Zúñiga Serrano, cédula 3-365-720, ¢20.318.30 (veinte mil trescientos

dieciocho colones con treinta céntimos.

       Los interesados se presentarán al Departamento Financiero Contable, a fin de

firmar la factura respectiva.

VACACIONES

                                    ARTÍCULO XVI

       La Licda. Alicia Bogarín Parra, Directora Nacional de Notariado, en oficio N° 301-

DNN-01 de 30 de marzo último, manifestó:

             “En virtud de los procedimientos establecidos y en apego a los
        mismos, me permito solicitar vacaciones fraccionadas, de conformidad
        con el Plan Anual de Vacaciones, los días martes 24 de abril, 8; 15; 22
                                          24

       y 29 de mayo del año en curso, considerando que fui seleccionado para
       asistir al Programa de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento
       en materias gerenciales, capacitación que se impartirá durante todo el
       transcurso de año, por la cual se me dificulta programar vacaciones en
       períodos mayores al solicitado.
             En lo que concierne a la sustitución del puesto, se recomienda
       designar al Abogado Asistente de esta Dirección, el licenciado Everardo
       Chaves Ortíz, quien ha realizado esta función anteriormente, en virtud
       de que conoce de todos los asuntos legales que se tramitan en este
       despacho, así como que trabaja en el mencionado puesto desde el
       inicio de la creación de la DNN. Además, actualmente el Lic. Chaves,
       ha sido autorizado por el Consejo Superior, para la firma de
       autenticaciones, en ocasión de mi asistencia a los cursos gerenciales.”

                                          -0-

      Se acordó: Autorizar a la Licda. Bogarín Parra para que disfrute vacaciones

conforme lo solicita, por ajustarse a los lineamientos establecidos en el plan de

vacaciones para el período 2000-2001, aprobado por este Consejo en la sesión

celebrada el 19 de diciembre del 2000, artículo XVI y designar en su sustitución al Lic.

Everardo Chaves Ortiz por las fechas y motivo que se han indicado.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

AUDITORÍA JUDICIAL

                                   ARTÍCULO XVII

      El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 308-101-AF-

2001 de 30 de marzo último, expresó:

       “Para que lo haga del conocimiento del Consejo Superior, a
       continuación nos permitimos remitir los resultados del arqueo efectuado
       por esta Auditoría el pasado 16 de febrero, al fondo de caja chica
       asignado a la Dirección Ejecutiva.

       Al respecto, es importante indicar que los resultados aritméticos fueron
       satisfactorios, por cuanto los componentes que la conforman
       ascendieron a la suma de ¢75.000,00, que corresponde al monto
       autorizado. (Ver Anexo).
                                    25


Asimismo, en lo referente a la evaluación del sistema de control interno,
se procedió entre otros aspectos, a analizar el archivo de los
documentos soporte, el registro en el libro oficial, así como la remisión
de los informes mensuales, determinándose que los mismos se ajustan
a los procedimientos que se indican en el Reglamento de Operación de
Cajas y Subcajas Chicas, y otras disposiciones de control interno
emanadas por la Contraloría General de la República.

También, al momento de efectuar el análisis al tipo de gastos que se
tramitan con dichos fondos, se determinó que con fecha 27 de enero
del año en curso, mediante la factura Nº957279 se adquirieron siete
libros en la Corporación de Supermercados Unidos S.A. los cuales
alcanzaron la suma de ¢30.947,00, razón por la cual; mediante oficio
Nº210-65-AF-01 del 01 de marzo de los corrientes, se le consultó a la
Licda. Geannina Aronne Laurito, Jefe de la Biblioteca Judicial si los
despachos judiciales pueden efectuar este tipo de compras, o si por el
contrario existe alguna disposición que imposibilite el tramitar y comprar
directamente los libros.

La respuesta a nuestra consulta, se dio por parte de la Biblioteca
Judicial el día 05 de marzo pasado mediante el oficio Nº239-2001,
indicando lo siguiente:

“......le informó que la Biblioteca Judicial es la encargada de realizar el
trámite de compra de libros ya sea para la misma Biblioteca o para las
demás Oficinas Judiciales o Administrativas, según artículos 22 y 20,
inciso b del Reglamento de la Biblioteca Judicial...”
Asimismo, es importante señalar que los artículos del Reglamento de la
Biblioteca Judicial, que se mencionan en la respuesta consignada en el
párrafo anterior, dicen en lo que interesa:

“artículo 20.--- Los Departamento como el Organismo Médico Forense,
la Contaduría Judicial, la Inspección Judicial, la Oficina de Personal y
cualquier otra oficina administrativa, podrán tener en préstamo anual en
su propio local, los libros especializados necesarios para la
investigación bajo el siguiente reglamento:

b) Las Dependencias autorizadas por el Presidente para mantener
libros especializados en su local no podrán adquirirlos por sus propios
conductos. Solicitarán dichos libros por medio de la Biblioteca para que
ésta proceda a adquirirlos, prepararlos y entregarlos en préstamo
anual.

Artículo 22.---La Biblioteca es la encargada de suministrar a todas las
                                   26

 oficinas judiciales del país; Diccionarios, Códigos, Colecciones de
 Sentencias de Casación, Leyes y Decretos, Boletín Informativo y
 cualquiera otras publicaciones de interés. La Biblioteca llevará el
 control de cada libro o folleto que se entregue a esas oficinas y está
 facultada para inspeccionar cada año las existencias de libros con el
 objeto de que cada oficina judicial tenga permanentemente las obras
 que se le han remitido. (El subrayado no pertenece al original).

 En vista de tal situación, esta Oficina, mediante oficio Nº252-77-AF-01,
 del pasado 12 de marzo, le solicitó al Doctor Luis Eduardo Vargas
 Jiménez, Director Ejecutivo, su criterio respecto a la razonabilidad de
 efectuar este tipo de compras por medio de la caja chica, así como que
 nos indicará si los despachos que cuentan con este tipo de fondos
 están en la potestad de efectuar estas adquisiciones.

 La respuesta a nuestro oficio, se efectuó el pasado 16 de marzo,
 mediante oficio Nº1893-DE-2001, indicando el Dr. Vargas Jiménez lo
 siguiente:

 “.....debo indicarle que de manera excepcional autoricé la compra de
 libros por medio de la Caja Chica, en virtud de la urgencia que tenemos
 para preparar algunos módulos del “ Seminario de Inducción y
 Formación en Relaciones Humanas” que nos autorizó el Consejo
 Superior, para los departamentos adscritos a la Dirección Ejecutiva.

 Autoricé esta compra como superior de la Biblioteca Judicial, pero no
 es usual que se haga, además no hemos autorizado a que se realicen
 estas compras a través de Caja Chica, pues todos estos trámites deben
 realizarse en coordinación con la Biblioteca.”
 El subrayado no es del original.

 De todo lo indicado anteriormente, se puede concluir que únicamente
 es la Biblioteca Judicial el Despacho judicial facultado para efectuar
 compras de libros, y son ellos los encargados de llevar el estricto
 control de los mismos, por lo que es claro que la compra efectuada por
 la Dirección Ejecutiva no se ajusta a la normativa de referencia.

 En vista de lo comentado anteriormente, esta Auditoría se permite
 efectuar las siguientes recomendaciones:

Dirección Ejecutiva

1.     Acatar sin excepción alguna, el ordenamiento existente en la Institución
para la adquisición de libros, con el fin de cumplir con lo estipulado en el
artículo 20 del Reglamento de la Biblioteca Judicial, el cual indica claramente
                                             27

      que es este despacho el único autorizado para efectuar la compra de libros.

      I.     Trasladar a la Biblioteca Judicial, los siete libros adquiridos con recursos
      del fondo de caja chica, para que los mismos sean incorporados al inventario
      que debe llevar este despacho sobre la literatura asignada a la Dirección
      Ejecutiva. Esto para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 22 del
      Reglamento de comentario, el cual dispone que esa Biblioteca debe llevar un
      control estricto de los libros entregados a dicha Dirección.

                                           ANEXO Nº 1
                                    ARQUEO DE CAJA CHICA
                                  DIRECCION EJECUTIVA
                                     16 DE FEBRERO DE 2001

      Fondo Autorizado                                                   ¢75.000,00

                                          EFECTIVO

                                           Billetes

05    Billetes de   ¢10.000,00                     ¢ 50.000,00
01    Billetes de     5.000,00                        5.000,00
01    Billetes de     1.000,00                        1.000,00
0     Billetes de       500,00                          500,00


                                           Monedas

06    Monedas de         100,00                       600,00
01    Monedas de          50,00                        50,00
01    Monedas de          25,00                        25,00
04    Monedas de          20,00                        80,00
06    Monedas de          10,00                        60,00
07    Monedas de           5,00                        35,00
05    Monedas de           1,00                         5,00

TOTAL EFECTIVO                                                     ¢57.355,00
COMPROBANTES PENDIENTES                                              2.645,00
ANTICIPO DE GASTOS                                                  15.000,00


             TOTAL DEL FONDO                                      ¢75.000,00

                                             -0-

      Se acordó: Acoger el anterior informe cuyas recomendaciones deberán

cumplirse a la brevedad por parte de la Dirección Ejecutiva.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
                                                 28

                                          ARTÍCULO XVIII

         En sesión N° 5-01 celebrada el 16 de enero del año en curso, artículo XVIII, se

conoció el informe N° 022-DO-2001 de la Sección de Desarrollo Organizacional del

Departamento de Planificación sobre la visita realizada a los Juzgados de Violencia

Doméstica de Alajuela y Cartago, cuyos resultados en lo que interesa literalmente

dicen:

          “1.2. Materia de Violencia Doméstica

                En relación con la materia de Violencia Doméstica, se crearon
          tres despachos en las localidades de Alajuela, Heredia y Cartago, lo
          cual viene a modificar los roles de disponibilidad que se venían
          atendiendo en esas localidades según el siguiente detalle:
                (…)
          HEREDIA

          Cuando inicie funciones el Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia,
          el rol de disponibilidad variará según el siguiente detalle:

                                               Fines de Semana            Períodos Largos
   Competencia          Lunes a Viernes
    Territorial

Cantón Central de       Juez de Violencia   Hacen rol entre los       Hace Hacen rol entre los
Heredia,        Santo      Doméstica        Jueces de Familia y       Jueces de Familia y Penal
Domingo, San Isidro,                        Penal Juvenil y el Juez   Juvenil y el Juez de
San Rafael, Barva,                          de Violencia Doméstica    Violencia Doméstica
San Pablo, Flores,
Santa Bárbara, Belén.


                 Cabe indicar, que los Jueces de Familia y Penal Juvenil de
          Heredia, mantendrán su política de disponibilidad y turno para la
          atención de los asuntos Penales Juveniles conforme lo han venido
          realizando a la fecha.
                (…)
          2.   POLÍTICA DE TURNO

                 En cuanto a la atención de turnos, deberá mantenerse lo
          estipulado a la fecha al respecto, de forma que tanto el Juzgado Penal
                                                 29

          como el Contravencional de la Unión (según el rol) como los de
          Violencia Doméstica de Alajuela, Heredia y Cartago, abran el despacho
          los fines de semana, días feriados, días de asueto y períodos largos
          durante los días que la Corte Plena disponga vacaciones obligatorias.
          Esta atención, deberán brindarla durante una hora de 11:00 a.m. a 12
          m.d., lapso en el cual podrán disponer de un Auxiliar Judicial a quien se
          le reconocerá el tiempo laborado como horas extra.....
                  Con respecto a los Juzgados de Familia y Penal Juvenil de
          Alajuela, Cartago y Heredia; así como las Fiscalías de Pérez Zeledón,
          Puntarenas y Corredores y las oficinas de la Defensa Pública de esas
          tres zonas, además del Juzgado Penal de Cartago, mantendrán la
          política de atención de turno que han tenido hasta la fecha. De igual
          forma la Fiscalía de la Unión y la Oficina de la Defensa Pública de esa
          localidad.
          3.      RECONOCIMIENTO ECONÓMICO

          Con respecto al reconocimiento económico, para el caso de los Jueces
          Penales de Cartago y de Familia y Penal Juvenil de Alajuela, Heredia y
          Cartago, el porcentaje por reconocer, de conformidad con la política
          vigente, se mantendrá sin variación en vista de que deberán seguir
          atendiendo la misma cantidad de horas en sus respectivas materias.

                Para los demás puestos descritos en los cuadros anteriores,
          deberá aplicarse el porcentaje según el siguiente detalle:
               Jueces de Violencia Doméstica de Alajuela ............ 6.00%
               Juez de Violencia Doméstica de Heredia ................ 10.00%
           Juez de Violencia Doméstica de Cartago………… 10.00%”

                                                 -0-

      El Lic. Robert Camacho Villalobos, Juez de Familia y Penal Juvenil de Heredia,

en facsímil de 7 de febrero del año en curso, solicita aclaración de los siguientes

puntos:

                “1.- Cuál es el porcentaje por disponibilidad que en materia de
          violencia doméstica se nos ha reconocido a los Jueces de Familia y
          Penal Juvenil a la fecha, toda vez que dicho acuerdo señala que tal
          porcentaje se mantendrá sin variación alguna. Lo anterior debido a que
          la disponibilidad que se nos paga hasta el momento siempre ha sido en
          materia penal juvenil y el Departamento de Personal nos informa que el
          reconocimiento económico por la disponibilidad de violencia doméstica
                                          30

       siempre ha estado pendiente de resolver por parte de la Sala Segunda.
       Por otra parte, si el funcionario debe atender la disponibilidad en dos
       materias distintas (penal y violencia doméstica) todo indicaría que las
       mismas deben ser canceladas de forma independiente.
             2.- Tal y como está redactado el acuerdo todo pareciera indicar
       que los Jueces de Familia y Penal Juvenil tenemos que realizar dos
       tipos de disponibilidad, una en materia de violencia doméstica y otra en
       materia penal juvenil, por lo que solicito aclarar:
             2.1.- Si el Juez de Violencia Doméstica entrará en el rol de
       disponibilidad para cubrir la materia penal juvenil. De lo contrario se
       llegaría a tener por ejemplo un fin de semana a un juez cubriendo la
       disponibilidad en materia de violencia doméstica y a otro juez distinto
       atendiendo una disponibilidad que en éstos momentos sólo atiende un
       funcionario. Sugiero con todo respeto, que ambas disponibilidades
       sean atendidas por un mismo funcionario, todos con igual retribución
       económica.
            2.2.- Si el Auxiliar Judicial que deberá laborar junto con el Juez de
       once de la mañana a doce medio día los fines de semana únicamente
       es para atender la materia de violencia doméstica o bien se contará con
       ese mismo funcionario para atender la materia de penal juvenil. En ese
       caso, habría que aclarar que deben cumplir dicho rol tanto los
       funcionarios del Juzgado de Familia como los del Juzgado
       Especializado en materia de violencia doméstica.
             No omito manifestar que la compañera María Ester Brenes
       Villalobos, Jueza designada en el Juzgado especializado de violencia
       doméstica en este circuito judicial (el cual no ha entrado en funciones),
       se encuentra de vacaciones.”
                                          -0-

      Previamente a someter la gestión anterior a conocimiento de este Consejo, la

Secretaria General de la Corte, mediante oficio N° 2053-01 de 16 de enero en curso, y

reiterado el 23 de marzo último, lo trasladó al Departamento de Planificación para

estudio e informe.

      La Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, en oficio

N° 503-PLA-2001 de 30 de marzo en curso, transcribe parte del informe N° 035-PI-

2001 de la Sección de Proyección Institucional, que literalmente dice:

       “En atención al oficio Nº 2053-01, suscrito por la Secretaría General
                                   31

de la Corte, mediante el cual transcribe nota remitida por el Lic. Robert
Camacho Villalobos, Juez de Familia y Penal Juvenil de Heredia en que
solicita aclaración respecto de los roles de disponibilidad para la
atención de asuntos relacionados con Violencia Doméstica, me permito
indicar los siguientes aspectos, conforme análisis elaborado por el
Máster Andrés Méndez Bonilla, Técnico en Administración 2 de esta
Sección:

1. Consulta el Lic. Camacho Villalobos, que cuál es el porcentaje que
se ha venido reconociendo por concepto de la disponibilidad en materia
de violencia doméstica a los Jueces de Familia y Penal Juvenil que la
han atendido. En este sentido, debe indicarse que mediante informe
493-PLA-2000, se establecieron los roles de disponibilidad y turno en
esa materia, estipulándose a la vez, los porcentajes de disponibilidad
como una política de aplicación general para reconocer la disponibilidad
que atendían diferentes profesionales en el sentido de considerar el
tiempo disponible no así la materia(s) para la (s) cual (es) prestaran ese
servicio.

Respecto de lo anterior, cabe indicar que, la Corte Plena dispuso al
conocer el informe indicado en el punto 1, “comisionar a la Sala
Segunda para que estudie lo referente a la disponibilidad en
cuanto a la remuneración que debería darse”, estudio acerca del
cual a la fecha no se conocen sus resultados formalmente, por tanto
una vez conocido dicho criterio se solventará la consulta del Lic.
Camacho Villalobos, en ese sentido.

2. En cuanto a los argumentos señalados en el punto 2.1. de la nota
suscrita por el Lic. Camacho Villalobos, ha de indicarse que ciertamente
en vista del rol propuesto, existirán fines de semana en los cuales en la
localidad de Heredia habrá dos jueces disponibles, uno para la atención
de asuntos penales juveniles y otro para la atención de asuntos de
violencia doméstica, lo anterior fundamentados en la importancia de
que estos últimos, dadas las características que envuelven, deben ser
atendidos en la medida de lo posible por el profesional especialista en
la materia. Lo anterior no implica que el Juez de violencia doméstica,
entre en el rol para la atención de los asuntos penales juveniles que
seguirán siendo del conocimiento exclusivo de los Jueces de Familia y
Penal Juvenil, quienes si por rol y en calidad de colaboración, habrá
lapsos (durante dos fines de semana al mes y en períodos largos) en
los que tengan que atender tanto asuntos penales juveniles como de
violencia doméstica.

En relación con lo anterior, y bajo la propuesta indicada por el Lic.
Camacho Villalobos relacionada con que ambas disponibilidades sean
atendidas por un mismo funcionario, consideramos conveniente en
                                          32

       primera instancia y antes de emitir cualquier criterio, contar con la
       opinión que al respecto tenga la Comisión de la Jurisdicción de Familia,
       Violencia Doméstica y Penal Juvenil, de forma que se emita un
       lineamiento al respecto, sobre todo en aquellas localidades donde
       existe un solo Juez de violencia doméstica y comparta roles de
       disponibilidad y turno durante fines de semana y períodos largos con
       los Jueces de Familia y Penal Juvenil.

       3. Finalmente, en relación con el ítem 2.2., señalado por el Lic.
       Camacho Villalobos en su nota, debe indicarse que la política de turno
       indica que el Auxiliar Judicial que preste colaboración, debe ser el del
       despacho que en ese momento atienda el rol, de forma tal que en el
       caso de que sea el Juzgado de violencia doméstica deberá ser un
       Auxiliar Judicial de ese despacho el que preste colaboración para la
       atención de esa materia, mientras que si es el Juzgado de Familia y
       Penal Juvenil, será un Auxiliar de ese Juzgado el que atienda el turno,
       lo anterior no implica que sea un mismo Auxiliar Judicial.

       4. No omitimos manifestar, que la modificación a la política de
       atención de asuntos relacionados con violencia doméstica, indicada en
       el informe 029-PLA-2001 (002-PI-2001), deberá ser incorporada, una
       vez que el Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia inicie funciones,
       por lo tanto hasta que esta situación no se concrete, la política de
       atención deberá ser la que se venía presentando en el Juzgado de
       Familia y Penal Juvenil de Heredia.”

                                          -0-

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y ponerlo en conocimiento del

Lic. Camacho Villalobos.

                                    ARTÍCULO XIX

      En sesión celebrada el 22 de marzo del año en curso, artículo XLVIII, se trasladó

al Departamento de Planificación para estudio la solicitud de la Licda. Matilde González

Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, sobre la necesidad de

las plazas de Oficinista para las Oficinas Regionales de San Carlos, Primer Circuito

Judicial de Alajuela, Puntarenas y Heredia.

      En atención al acuerdo anterior, la Licda. Marta Asch Corrales, Jefa del
                                          33

Departamento de Planificación, en oficio N° 472-PLA-2001 de 26 de marzo último,

transcribe el informe N° 094-PLA-2001, remitido al Presidente, Magistrado Mora, el

pasado 12 de enero del año en curso, que literalmente dice:

       " En atención a lo dispuesto por la Corte Plena en la sesión celebrada
       el 4 de diciembre último, artículo XVI, con respecto a las plazas
       extraordinarias de Oficinista que venían funcionando en Puntarenas,
       Alajuela y Heredia como personal de apoyo para las Trabajadoras
       Sociales de esas localidades, me permito manifestar que a criterio de
       este Departamento las plazas se requieren; no obstante, la limitación
       presupuestaria de este año obligó a eliminar éstas y otras plazas que
       venían funcionando en el Poder Judicial, lo cual le fue comentado a la
       Licda. Matilde González Aguilar, en su oportunidad

       Aproximadamente 109 plazas que funcionaban al 22 de diciembre del
       2000 no continuaron para el 2001, y por este año es muy difícil obtener
       recursos para crearlas.

       Se sugiere que los despachos donde estos Trabajadores Sociales
       brindan sus servicios, les den el apoyo secretarial en la medida de lo
       posible.".

       Según nuestra revisión, las condiciones expuestas anteriormente se
       mantienen.”
                                      -0-

      Se acordó: Aprobar el anterior informe y hacerlo del conocimiento de la Licda.

Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología.

                                   ARTÍCULO XX

      En nota de 21 de marzo último, las Licdas. María Elena Chaves Gatgens,

Gabriela Segura Araya y los Licdos. Carlos Jovel Sánchez y Rafael Gullock Vargas,

Jueces del Juzgado Penal de Turno Extraordinario, manifestaron lo siguiente:

            “Por primera vez está operando durante el presente año laboral, el
       cuarto grupo “D” del Juzgado Penal de Turno Extraordinario, el cual fue
       creado luego de un estudio del Departamento de Planificación, por
       considerarlo necesario y con el fin de cubrir el mayor período de horas
       extraordinarias durante los fines de semana y feriados. Siendo que tal
                                           34

        grupo labora sábados y domingos de las 8,00 hrs a las 16,00 hrs en
        nuestro despacho y de lunes a miércoles de 7,30 hrs a las 4,30 hrs en
        el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial, solicitamos muy
        atentamente se nos indique, cuál será su horario de trabajo durante la
        Semana Santa, de forma que no se interrumpa el servicio brindado y se
        coordine oportunamente el mismo.”

                                           -0-

       Acerca de la gestión anterior se solicitó al Departamento de Planificación que

emitiera criterio al respecto, en atención de lo cual, la Licda. Marta Asch Corrales, Jefa

del citado Departamento, en oficio N° 517-PLA-2001 de 3 de abril en curso, transcribe

el informe N° 026-CE-2001 elaborado por la Sección de Control y Evaluación, que

literalmente dice:

        "En oficio 4019-01 del 28 de marzo último, la Licda. Silvia Navarro
        Romanini Secretaria General de la Corte le remite a usted fotocopia de
        la consulta realizada por dos de los señores jueces licenciados Elena
        Chaves Gatgens y Carlos Jovel Sánchez del Juzgado Penal de Turno
        Extraordinario, en relación con el horario que les corresponde atender
        a los servidores del grupo “D” del Juzgado de Turno Extraordinario.

        Sobre el particular hemos de indicar que la Corte Plena en la sesión del
        9 de octubre del 2000, artículo XII, acordó crear en forma extraordinaria
        a partir del 1 de enero del 2001 las plazas de Juez 3, Fiscal Auxiliar 1,
        Defensor Público 2 y 2 de Auxiliar Judicial 2 (en adelante grupo D) para
        que las personas que se lleguen a nombrar laboren en los despachos
        de turno extraordinario los días sábados y domingos de las 8:00 a las
        16:00 horas; de lunes a miércoles en horario normal en el Juzgado
        Penal, Fiscalía Adjunta y Defensa Pública del II Circuito Judicial de San
        José. Gozarán los días jueves y viernes como libres.

        Al respecto, es necesario recordar que la creación de estas plazas tuvo
        como objetivo, reforzar el despacho de Turno Extraordinario, para los
        períodos que se encontraban descubiertos, asignándose de lunes a
        miércoles a los otros despachos para completar las horas semanales
        que les correspondería trabajar. Asimismo, éstos despachos fueron
        creados para brindar atención las 24 horas los 365 días del año, siendo
        la costumbre que los días feriados es atendido de igual manera que los
        sábados y los domingos.

        Así las cosas, durante Semana Santa el grupo nuevo ("D") deberá
                                                           35

             realizar sus labores ordinarias que les fueron encomendadas por Corte
             Plena, es decir, iniciar desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de abril
             como lo han venido haciendo hasta la fecha, jueves y viernes
             descansan, para luego iniciar regularmente el sábado 14 de abril.
             Durante los días 9, 10 y 11 de abril deberá ser reforzado con un Juez
             que por rol provenga de los juzgados penales de los Circuitos
             Judiciales de San José y la periferia de éste. Además para los días
             12 y 13 (1) de abril deben ser cubiertos por dos jueces que provengan
             de éstos Circuitos Judiciales.

             El hecho de que a partir del 9 hasta el 13 de abril se estén cubriendo
             los horarios de turno por dos jueces es para estar conforme lo dispuso
             la Corte Plena en la sesión del 3 de abril del 2000 artículo XII.

             Ahora bien, el horario de atención será de las ocho horas a las dieciséis
             horas, lo anterior a efecto de que el servicio no se interrumpa.

             Igual proceder debe hacerse con los servidores de la Fiscalía y de la
             Defensa de ese Circuito.

             En el análisis de este informe se contó con la participación de la Licda.
             Irene Palomo Montoya, Técnico en Administración 2 de este
             Departamento.".

             Debo aclarar que con este informe se está reiterando lo dispuesto por
             la Corte Plena en la sesión del 3 de abril del 2000, artículo XII. La
             única variante es que en lugar de que los jueces penales, fiscales y
             defensores públicos del I y II Circuito Judicial de San José, tengan que
             asignar dos jueces, dos fiscales y dos defensores públicos en forma
             conjunta durante los días 09,10 y 11 de abril, sólo lo harán con solo un
             servidor de cada uno de esos puestos, en tanto existe el grupo "D" que
             se creó para reforzar los períodos que se quedan al descubierto en días
             no hábiles.

             En lo que se refiere al 12 y 13 de abril, rige lo dispuesto por la Corte
             Plena en la sesión del 03 de abril antes mencionado.”

                                                          -0-

           Se acordó: Acoger el anterior informe y ponerlo en conocimiento de los Jueces

del Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

1
    Es necesario que éstos días sean reforzados por dos jueces ya que el grupo nuevo está de descanso.
                                          36

                                    ARTÍCULO XXI

      En facsímil fechado y recibido el 23 de febrero del año en curso, la señora Yerlin

Barquero Alfaro, Auxiliar Judicial 2 en propiedad, con el visto bueno de la Licda. María

Ester Brenes Villalobos, Jueza Coordinadora del Juzgado de Familia y Penal Juvenil de

Heredia, manifestó lo siguiente:

              “La suscrita labora como auxiliar judicial 2 en propiedad, en una
        plaza de las reasignadas a la Unidad Administrativa de Heredia, al
        eliminarse los Juzgados de Instrucción, cuyo número de puesto es
        111283, desempeñándome como tal en el Juzgado de Familia de
        Heredia, desde el mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve
        hasta la fecha, ya que la Unidad Administrativa tiene la plaza asignada
        en dicho juzgado en calidad de préstamo. Por lo que solicito que se me
        reasigne en una de las plazas de auxiliar judiciales 2 de las creadas
        para el Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, que pronto iniciará
        labores en esta ciudad; para lo cual cuento con la aprobación de esta
        gestión, por parte de la Licda. Ma. Ester Brenes Villalobos, quien
        fungirá como jueza en dicho juzgado.

            No omito manifestar que tengo conocimiento en la tramitación de
        materia de violencia doméstica.

            Adjunto copia de mis calificaciones en el período 98-99 y 99-
        2000.”
                                       -0-

      Acerca de la anterior gestión, se solicitó al Departamento de Personal que

rindiera el informe correspondiente, en atención de lo cual, el Lic. Javier Sánchez

Medrano, Jefe de la Sección de Reclutamiento y Selección con el refrendo del Lic.

Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del citado Departamento, en oficio N° RS-225-2001

de 28 de marzo último, comunica lo siguiente:

              “Comunica la Sra. Yerlin Barquero Alfaro cédula 4-151-970,
        Auxiliar Judicial 2 en propiedad en la Unidad Administrativa de Heredia,
        su interés en ser trasladada al Juzgado de Violencia Doméstica de esa
        misma provincia, en razón de interés personal.

             Revisada la Relación de Puestos, se constató la vacancia de la
                                          37

       plaza N°57098 y en el oficio que origina éste informe, se acreditó la
       anuencia de la Licda. María Ester Brenes Villalobos, Jueza
       Coordinadora del Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia
       aceptando la petición de la interesada.

             La Sra. Barquero ingresó en propiedad el 16/6/91, desde el
       01/10/99, se desempeña en la oficina y cargo ya mencionados, su
       registro disciplinario está exento de sanciones y su última calificación
       de servicios es de 100%.

             Si el Consejo aprobase la reubicación planteada, la misma debe
       condicionarse a la fecha de apertura del despacho como un ente
       separado del Juzgado de Familia de Heredia, por cuanto precisamente
       la plaza N°57098 no se está utilizando por carencia de espacio.”

                                        - o0o -

      Se acordó: Comunicar a la señora Barquero Alfaro que no es el momento

oportuno para resolver su petición de reubicación, en razón de que el despacho en el

que pretende ser trasladada no ha iniciado labores; no obstante, una vez que se haya

concretado la apertura del Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, podrá

gestionar lo pertinente ante el Departamento de Personal.

                                   ARTÍCULO XXII

      En facsímil fechado y recibido el 26 de febrero de este año, el señor Gerardo

Barrios Ocampo, Auxiliar Judicial 3 del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía

de Tarrazú, Dota y León Cortés, manifiesta su deseo de trasladarse a laborar a algún

despacho judicial de la ciudad de Cartago, justificando su petición en el hecho de que

ha decidido fijar su residencia en esa provincia o sus alrededores, debido a que sus

hijos estudian cerca del centro de ese lugar, propiamente en el Colegio Universitario de

Cartago e Instituto Tecnológico de Costa Rica, lo cual implicaría erogación de pasajes,

la inconveniencia de los horarios de los buses y las distancias a recorrer. Además
                                           38

indica que esta gestión cuenta con la anuencia de su superior el Lic. Gerardo Enrique

Arroyo Rojas.

       La solicitud anterior se trasladó al Departamento de Personal, para los trámites

correspondientes, en atención de lo cual, el Lic. Javier Sánchez Medrano, Jefe de la

Sección de Reclutamiento y Selección con el refrendo del Lic. Francisco Arroyo

Meléndez, Jefe del citado Departamento, en oficio N° RS-228-2001 de 29 de marzo

último, rinde el siguiente informe:

             “Con respeto le remitimos el informe de traslado del Sr. Gerardo
        Barrios Ocampo, cédula N°1-461-293, solicitado mediante oficio
        N°2670-01 suscrito por su persona.

             Menciona el Sr. Barrios su interés en fijar residencia en Cartago
        toda vez que sus hijos estudian en el Instituto Tecnológico y el Colegio
        Universitario.

              Revisada la Relación de Puestos se identificó la vacante de
        Auxiliar Judicial 3 N°95489 en el Tribunal de Cartago; consultado el Lic.
        Marcos Ney Duarte Gamboa, Juez Coordinador del despacho citado,
        expresa su anuencia a la pretensión del Sr. Barrios. La plaza N°95489
        está ocupada interinamente por la Srta. Mercedes Campos Solís, con
        nombramiento hasta el 30 de junio del 2001, quien no se encuentra
        elegible por cuanto la convocatoria a exámenes para ese y otros cargos
        está programada para el mes de mayo próximo.

              El Sr. Barrios es propietario de una plaza de Auxiliar Judicial 3 en
        el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, ingresó el
        01/07/1985 y a partir de 01/01/1990, se desempeña en el cargo y
        oficina ya dichos, su expediente disciplinario no registra sanciones y su
        última calificación de servicios es de 92.50%.

             Si el Consejo aprobase el traslado del Sr. Barrios, se ruega
        ejecutarlo a partir del momento en que se estime más prudente.”

                                          -0-

       Con base en lo expuesto en el informe que antecede y de conformidad con el

artículo 41 del Estatuto de Servicio Judicial, se acordó: Autorizar el traslado en
                                          39

propiedad, a partir del 1° de julio del 2001, del señor Gerardo Barrios Ocampo, Auxiliar

Judicial 3 del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, Dota y León

Cortés, al puesto vacante de igual categoría en el Tribunal de Cartago, plaza N° 95489,

ocupada actualmente en forma interina por la servidora Mercedes Campos Solís, quien

no se encuentra elegible.

      El Departamento de Personal y los Despachos involucrados tomarán nota para

lo de sus cargos.

                                   ARTÍCULO XXIII

      En oficio N° RS-203-2001 de 29 de marzo pasado, el Lic. Javier Sánchez

Medrano, Jefe de la Sección de Reclutamiento y Selección con el visto bueno del Lic.

Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, comunica lo siguiente:

             “De la forma más atenta me permito informarle que mediante
       oficio adjunto con fecha 14 de marzo, el señor José Francisco Delgado
       Venegas, Auxiliar Judicial 3-D en el Juzgado de Trabajo del Segundo
       Circuito Judicial de San José, solicita traslado por residencia al Juzgado
       de Trabajo de Heredia, siempre y cuando se mantenga su categoría y
       por ende su salario actual, toda vez que el salario base que ostenta el
       interesado oscila los ¢199.000, mientras que la remuneración del
       auxiliar 3 es de ¢163.900, lo cual representaría una disminución de
       ¢35.100.

             En el Juzgado de Trabajo de Heredia se encuentra vacante la
       plaza N° 44721 correspondiente a Auxiliar Judicial 3 y según
       conversación telefónica sostenida con la Licda. Ingrid Gregory Wang,
       Jueza Coordinadora a. i. de dicho despacho, tanto ella como titular:
       Licda. Luz Marina Méndez están de acuerdo con la solicitud del señor
       Delgado Venegas, en virtud de la experiencia que debe reunir la
       persona que ocupe ese cargo, toda vez que el interesado ha laborado
       en la misma materia como auxiliar judicial 3-D (anteriormente secretario
       G-4) desde el 01-07-94, aparte de esto los dos auxiliares judiciales 2 en
       propiedad de esa oficina perdieron el examen específico para ascenso
       realizado el año anterior.

           En cuanto al aspecto presupuestario no habría ningún problema
       con dicho movimiento siempre y cuando este Consejo autorice la
                                         40

       permuta de los códigos presupuestarios vía decreto para que el señor
       Delgado sea trasladado al Juzgado de Heredia con su actual plaza N°
       44050 y a su vez que el puesto N° 44721 que corresponde al citado
       despacho pase a su similar en el Segundo Circuito Judicial de San
       José, manteniendo así el equilibrio y la estructura organizacional
       establecida para el área jurisdiccional.”

                                        -0-

      Se acordó: Acoger el informe anterior y autorizar al Departamento de Personal

para que realice la modificación presupuestaria conforme corresponda, a fin de

proceder con la permuta de los puestos antes citados en la forma propuesta por la

Sección de Reclutamiento y Selección.

      El Departamento de Personal y los Despachos involucrados tomarán nota para

lo que a cada uno corresponda.

                                 ARTÍCULO XXIV

      El Lic. Javier Sánchez Medrano, Jefe de la Sección de Reclutamiento y

Selección, con el refrendo del Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento

de Personal, en oficio N° RS-227-2001 de 28 de marzo último, rinde el siguiente

informe:

             “Con respeto le remitimos el informe de traslado del Sr. Esteban
       Guzmán González cédula N°1-969-509, quien se desempeña como
       Auxiliar Judicial 2 propietario en el Juzgado de Familia y Violencia
       Doméstica de Desamparados y desea ser reubicado en el Juzgado de
       Violencia Doméstica de Cartago.

             En oficio adjunto, suscrito por la Licda. Mauren Solís Madrigal,
       Jueza del segundo despacho citado, se solicita el traslado del Sr.
       Guzmán. Consultado éste sobre la razón por la cual desea la
       reubicación, manifiesta que reside en Curridabat y le resulta más fácil
       llegar a Cartago que a Desamparados, localidad última para la cual
       debe tomar dos autobuses. Agrega que en Cartago tendría además
       otras opciones de ascenso que le han planteado. El Sr. Guzmán
       ingresó en propiedad el 01/11/2000, por lo cual se encuentra en
                                            41

        período de prueba, no registra sanciones disciplinarias.

              Menciona telefónicamente la Licda. Solís Madrigal que al Sr.
        Guzmán se le puede asignar el puesto N°57082 pues la persona
        interina en ese cargo – Srta. Ana Lucía Quesada Guillén – no domina la
        materia y vistas las circunstancias actuales del circulante en el Juzgado
        de Violencia Doméstica de Cartago, necesita de un servidor idóneo
        como el Sr. Guzmán.

              La Srta. Quesada Guillén desempeña el cargo que nos ocupa
        desde el 01/01/2001.

             Si el Consejo aprobase el traslado propuesto, se ruega darle
        ejecución a partir del 1° de mayo del 2001.”

                                           -0-

      Según consulta telefónica a la Sección de Reclutamiento y Selección del

Departamento de Personal, se informó que el puesto N° 57082, adscrito al Juzgado de

Violencia Doméstica de Cartago, en el que se pretende trasladar a don Esteban es de

Auxiliar Judicial 2, sea, de igual categoría a la que ostenta en propiedad el interesado.

      Con base en lo expuesto en el informe que antecede y de conformidad con el

artículo 41 del Estatuto de Servicio Judicial, se acordó: Autorizar el traslado en

propiedad a partir del 1° de mayo del 2001, del señor Esteban Guzmán González,

Auxiliar Judicial 2 del Juzgado de Familia y Violencia Doméstica de Desamparados, al

puesto vacante de igual categoría en el Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago,

plaza N° 57082.

      El Departamento de Personal y los Despachos involucrados tomarán nota para

lo de sus cargos.

                                    ARTÍCULO XXV

      Este Consejo en la sesión del 30 de noviembre del 2000, artículo IX, en
                                           42

ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en la sesión celebrada el 27 de ese mes y

año, artículo XVII, aprobó los traslados y nombramientos temporales de los funcionarios

que ahí se indicaron, propuestos por el Presidente, Magistrado Mora y la Comisión del

Segundo Circuito Judicial de San José, a partir del 4 de diciembre siguiente y por un

lapso de cuatro meses, a saber, el del Lic. Ronald Vargas Bolaños, Administrador del

Segundo Circuito Judicial de San José a la Administración del Primer Circuito Judicial

de Heredia, el del Máster Martín Salazar Loaiza, de Heredia a la Administración del

Primer Circuito Judicial de Alajuela, el del Lic. Jorge Méndez Núñez, de Alajuela a la

Administración del Circuito Judicial de Puntarenas y al Lic. Fernando Retana Bejarano,

de Puntarenas al Segundo Circuito Judicial de San José, en calidad de Subjefe de la

Administración; asimismo, se nombró como Administradora de ese Circuito a la Licda.

Ana Beatriz Méndez Alvarado.

      En la sesión del 22 de febrero último, artículo XVII, se conoció el oficio N° 297-S-

2001 de 14 de ese mes, suscrito por los Licdos. Mauricio Quirós Álvarez y José Luis

Bermúdez Obando, por su orden, Jefe         de la Sección de Salarios y Subjefe del

Departamento de Personal, en que solicitaron aclaración respecto de si los traslados

propuestos implicaba variar los números de puesto que cada interesado ocupa, lo que

significaría para el caso específico del Lic. Vargas Bolaños y de la Licda. Méndez

Alvarado un descenso y ascenso, respectivamente, con las implicaciones económicas

que de ello se derivaba.

      En esa oportunidad y en lo que interesa se dispuso:

         “1) Comunicar al Departamento de Personal que los traslados
        temporales propuestos no implican variar los números de puesto que
        cada interesado ocupa, pues al Lic. Ronald Vargas Bolaños se le debe
        mantener los derechos laborales inherentes al cargo que ostenta en
                                          43

        propiedad de Jefe Departamento Administrativo 1, aunque haya sido
        ubicado en forma transitoria en un puesto de Jefe Sección
        Administrativa 4. 2) En lo que respecta a la situación de la Licda. Ana
        Beatriz Méndez Alvarado debe entenderse que su traslado fue en
        ascenso, pues pasó a ocupar el cargo de Jefe Departamento
        Administrativo 1 en lugar de don Ronald. No obstante, el Departamento
        de Personal se servirá informar a este Consejo, si es legalmente
        posible que estos dos funcionarios puedan devengar salarios iguales en
        tanto se mantenga el traslado de cada uno de ellos. […]”

                                        - o0o -

      En atención a este último acuerdo, los Licdos. Mauricio Quirós Álvarez y

Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la Sección de Salarios y del Departamento de

Personal, respectivamente, en oficio N° 578-S-2001 de 27 de marzo último, rinden el

siguiente informe:

        “…nos permitimos manifestarle que legalmente es imposible tramitar el
        ascenso de la licenciada Ana Beatriz Méndez Alvarado como Jefe de
        Departamento Administrativo 1 del Segundo Circuito Judicial de San
        José, por cuanto el titular de ese cargo licenciado Ronald Vargas
        Bolaños no presenta ningún motivo de sustitución que permita el
        respectivo trámite de la acción de personal para cancelar las
        diferencias que puedan corresponder a la licenciada Méndez Alvarado.

        En virtud de lo anterior para resolver la problemática de comentario
        sería necesario crear un puesto en forma extraordinaria de Jefe de
        Departamento Administrativo 1, o bien aprobar un permiso con goce de
        sueldo para efectos de crear la licencia que de sustento a los
        movimientos de personal respectivos.

        Es importante acotar que en la actualidad el problema no sólo se da
        con el ascenso de doña Ana Beatriz, sino también con la persona que
        la sustituye como Jefe de Sección Administrativa 4 en la Proveeduría
        Judicial, por cuanto es un movimiento “en cadena” (debe tramitarse el
        movimiento del titular para que pueda enviarse el del sustituto).”

                                         -0-

      Se acordó: Comunicar al Departamento de Personal que el nombramiento de la

Licda. Méndez Alvarado debe tramitarse en el puesto ocupado anteriormente por el Lic.
                                           44

Vargas Bolaños, y a este último deberá mantenérsele la asignación salarial que

percibía como Administrador del Segundo Circuito Judicial de San José, pues su

traslado no implica afectación de su salario.

                                    ARTÍCULO XXVI

      En escrito fechado y recibido el 5 de marzo último, el señor Rudy Carlo Jiménez

García, solicita se le conceda la pensión proporcional y por haber laborado para el

Poder Judicial por más de diez años, con sustento en las siguientes consideraciones:

              “Ingresé a laborar para el Poder Judicial si mal no recuerdo el
        dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y tres, como conserje y
        con el transcurso de los años como escribiente, en el entonces Juzgado
        Primero de Instrucción de Puntarenas y en los últimos años como
        auxiliar judicial en la oficina de Ejecución de la Pena.

              En resolución de las catorce horas del primero de noviembre de
        mil novecientos noventa y nueve y confirmado por el Consejo Superior
        en su sesión N° 72-00 del doce de setiembre del año dos mil, fui
        destituido como auxiliar judicial del Poder Judicial a partir del doce de
        setiembre del año dos mil.

               Durante diecisiete años coticé para el fondo de Pensiones y
        Jubilaciones del Poder Judicial y por existir un derecho Constitucional y
        Fundamental a la jubilación a favor de todo trabajador, en general;
        derecho que, como tal, pertenece y debe ser reconocido a todo ser
        humano en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna de
        conformidad con los artículos 33 y 73 de la Constitución Política.
        Derechos fundamentales a circunstancias, que son ajenos, a conducta
        o méritos, cualesquiera que éstos sean, nada tienen ni pueden tener
        que ver para su reconocimiento y garantía, porque tales derechos
        fundamentales lo son, por definición de todo ser humano, por el sólo
        hecho de serlo (voto de la Sala Constitucional 1147-90 de las 16 hrs del
        21/09/90.

          Así las cosas, solicito se me otorgue la pensión proporcional a partir
        del trece de setiembre del año dos mil por el plazo de ley, se me
        reconozcan los intereses de los montos de la pensión proporcional que
        se fije hasta su efectivo pago, los cuales se calcularán con base en los
        intereses que fija el Banco Nacional de Costa Rica para los depósitos a
        seis meses plazo.
                                         45

         De no acogerse esta petición, se proceda con fundamento en lo que
       establece el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se
       trasladen mis cuotas al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y
       Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social.

        Pido se dé por agotada la vía administrativa con base en lo que
       establece el artículo 402 inciso a) del Código de Trabajo, 81 inciso 12
       de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”

                                       - o0o -

         La Secretaria General, mediante oficio N° 3128-01 de 8 de marzo recién

pasado, remitió copia de la gestión anterior al Departamento de Personal para su

estudio e informe, en atención de lo cual, los Licdos. Manuel Sequeira Sequeira y

Francisco Arroyo Meléndez, Jefes por su orden de la Sección de Derechos Laborales y

del citado Departamento, en oficio N° 122-DL-2001 de 22 marzo último, manifiestan lo

que a continuación se transcribe:

       “a. El señor Rudy Carlo Jiménez García, portador de la cédula número
       06-133-523, es nombrado en propiedad a partir del 16 de setiembre de
       1983.

       b.   A esa fecha acumuló un tiempo de servicio en forma interina de 1
       año, 2 meses y 22 días.

       c.   El Consejo Superior en sesión celebrada el 12 de setiembre del
       2000, en su artículo XCIV, le revocó el nombramiento al señor Jiménez
       García a partir del 13 de setiembre del 2000.

       d.   Acumuló un tiempo total de servicio a favor del Poder Judicial de
       18 años, 2 meses y 16 días.

            Acápite aparte hay que mencionar que la Ley Orgánica del Poder
       Judicial, no contempla el otorgar jubilación a quien se le revoca el
       nombramiento; sin embargo sí le asiste el derecho a que se le devuelva
       el monto con que contribuyó al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del
       Poder Judicial, dicha devolución esta normada en el artículo 240,
       párrafo segundo, que en lo que interesa dice:

       “Sin embargo, si no hubieran obtenido los beneficios de jubilación o
                                            46

        pensión, si tendrán derecho a que el monto de las cuotas con que
        hubieran contribuido a la formación del Fondo de Jubilaciones y
        Pensiones Judiciales se traslade a la Caja Costarricense de Seguro
        Social, a fin de que estas cuotas se les computen dentro del Régimen
        de Invalidez, Vejez y Muerte, o a la institución administradora del
        régimen en el que se vaya a otorgar la jubilación o pensión para el
        mismo propósito de cómputo de cuotas. La solicitud de traslado la hará
        la entidad pública, respectiva cuando vaya a otorgar la jubilación o
        pensión y si el monto de las cuotas fuere mayor la Corte girará el total
        de las cuotas, aunque fuere mayor de las necesarias para el
        otorgamiento de la jubilación o pensión. Al solicitar la Caja o la
        respectiva entidad pública el traslado de cuotas, queda obligada a
        admitir al servidor en su correspondiente régimen de jubilaciones y
        pensiones.”
                                          -0-

       Se acordó: Tener por rendido el informe anterior que se acoge en todos sus

extremos, en consecuencia, denegar por improcedente la gestión del señor Jiménez

García, toda vez que su caso no se enmarca en alguna de los supuestos legales para

otorgarle la jubilación.

       Conforme lo solicita, se tiene por agotada la vía administrativa.

                                    ARTÍCULO XXVII

       El señor Edgar Alvarado Aguirre, en escrito 7 de febrero del año en curso, ante

la Dirección Ejecutiva, presentó el siguiente reclamo Administrativo:

            “PRIMERO: Laboré interinamente para el Poder Judicial por
        espacio de cuatro años, seis meses y veintisiete días, en el período
        comprendido del 2 de enero de 1995 y el 8 de setiembre del dos mil.
              SEGUNDO: Desde el 8 de setiembre del año 2000, no eh
        recibido nombramiento alguno para continuar laborando, ni tampoco he
        recibido noticia alguna de volver a tenerlo próximamente, sin embargo a
        la fecha no se me han cancelado los extremos laborales respectivos,
        sean auxilio de cesantía, vacaciones y preaviso.
             TERCERO: Adjunto certificación de tiempo laborado que ratifico
        mi dicho.
              CUARTO: En el año 1995 ya desempeñaba funciones para el
                                  47

Poder Judicial.
      QUINTO: En el sector público se aplica un ajuste de salarios
semestral. Ese ajuste salarial está a cargo de la Comisión de Salarios
del Sector Público y de conformidad con los acuerdos de esa Comisión
se adeuda el pago de un porcentaje de 11.49% de diferencia ente el
aumento de cuatro mil colones a la base acordado a partir del primero
de julio de 1995 y la inflación acumulada en el período de noviembre de
1994 a mayo de 1995, cancelable en el mes de julio de 1996.
     SEXTO: La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en
proceso laboral 96-001218-213-LA, emitió la sentencia de las 9:30
horas del 29 de octubre de 1999, en la cual confirman la sentencia del
Tribunal superior de trabajo, donde se declara con lugar el reclamo
descrito ene l punto 3 anterior. No se trata de una sentencia vinculante
pero en aras de la Economía procesal y estimulo al personal, lo más
oportuno es aplicarlo administrativamente en el Poder Judicial.
                                PETITORIA:
     De conformidad con los hechos expuestos, presento formal
reclamo administrativo para que acuerde:
      El pago de los extremos correspondientes a cancelación de
       Auxilio de cesantía, preaviso y vacaciones.
      El pleno derecho que me corresponde al pago del monto
       correspondiente al diferencial salarial adeudado entre los 4000
       colones y el 11.49-% de diferencia y el 11.49% de diferencia
       entre el aumento de cuatro mil colones a la base acordado a
       partir del 1° de julio de 1995 y la inflación acumulada durante
       el período de noviembre de 1994 al Mayo de 1995. Dicho
       pago deberá efectuase retroactivamente a partir del 1 de julio
       de 1996 tal y como lo establece el acuerdo de la Comisión
       Negociadora de Salarios del Sector Público.
      Pago de los intereses legales acumulados sobre las sumas
       adeudadas desde el 30 de julio de 1996 y hasta el efectivo
       reconocimiento de las mismas.
      Pago del reajuste a los salarios de nuestros representados,
       con ocasión de los posteriores aumentos hechos sobre bases
       erróneas, dados que los mismo han sido calculados sin tomar
       en cuenta el aumento aquí reclamado.
      Pago de las diferencias resultantes de los montos relativos a
       vacaciones, aguinaldos, salario escolar, anualidades,
       incapacidades y otros pluses salariales desde el primero de
       julio de 1996 y hacia el futuro sin necesidad de nueva gestión
       en tal sentido.
                                            48

              DE DENEGARSE LOS EXTREMOS ANTERIORES, SOLICITO
               SE DE POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, PARA
               ACUDIR A LA INSTANCIA JUDICIAL PERTINENTE.”
                                      -0-
      El Dr. Luis Eduardo Vargas Jiménez, Director Ejecutivo, con oficio N°

1879-DE-2001 de 16 de marzo del año en curso, remitió al Departamento de

Personal el informe N° 239-DE/AL-01 de 20 de febrero de este año, suscrito

por el Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez, Asesor Legal, en que omite

referirse al caso planteado por el señor Alvarado Aguirre, en razón de que hizo

falta la firma del interesado y además estimó que de previo a remitir el asunto a

conocimiento de este Consejo, si eventualmente se subsana el error apuntado,

es preciso que la -Unidad Jurídica de Departamento de Personal se pronuncie

sobre los aspectos de fondo del citado reclamo.

      Mediante oficio N° 240-JP-2001 de 29 de marzo último, el Lic. Francisco Arroyo

Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, remite el informe N° AL.DP 037-01

elaborado por el Lic. Gonzalo Arana Oronó, Asesor Legal del Despacho a su cargo, en

el que emite criterio respecto al reclamo administrativo presentado por el Edgar

Alvarado Aguirre, cédula N° 1-841-040, sobre el pago de los extremos laborales que

eventualmente le corresponden, por haber laborado para el Poder Judicial.

      Al respecto, el Lic. Arana Oronó estimó:

              “En atención al oficio Nº 1879-DE-2001 del 16 de marzo del 2001,
        suscrito por el Doctor Luis Vargas Jiménez, Director Ejecutivo, quien
        traslada al Departamento de Personal el RECLAMO ADMINISTRATIVO,
        presentado por EDGAR ALVARADO AGUIRRE cédula 1-841-040, sobre
        las prestaciones legales que le corresponden por haber laborado para el
        Poder Judicial, se hacen las siguientes observaciones:

        1.   ANTECEDENTES GENERALES
                                    49

1.1. Se adjunta copia del oficio 239-DE/Al-01 del 20 de febrero de 2001,
suscrito por el Lic. Carlos T. Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de
Asesoría de la Dirección Ejecutiva, quien omitió referirse al reclamo
administrativo planteado, por considerar que el documento de petitoria
carece de la firma del recurrente.

1.2. El Reclamo Administrativo firmado por el interesado y la licenciada
Sonia Montero B. Abogada y Notaria, incluye como petitoria los
siguientes puntos:

- Pago de Auxilio y Cesantía, Preaviso y Vacaciones, por 4 años 6
meses y 27 días de laborar para el Poder Judicial, entre el 2-1-1995 y el
8-9-2000.
- Pago de la diferencia salarial correspondiente al 11.49% de diferencia
entre el aumento de cuatro mil colones a la base acordado a partir del 1-
7-1995 y la inflación acumulada durante el período de noviembre de
1994 a mayo de 1995.
- Pago de intereses legales acumulados sobre las sumas adeudadas
desde el 30 de julio de 1996 y hasta el efectivo reconocimiento de las
mismas.
- Pago del reajuste a los salarios de nuestros representados, con
ocasión de los posteriores aumentos hechos sobre bases erróneas, dado
que los mismos han sido calculados sin tomar en cuenta el aumento
reclamado.
- Pago de las diferencias resultantes de los montos relativos a
vacaciones, aguinaldos, salario escolar, anualidades, incapacidades y
otros pluses salariales desde el 1-7-96 y hacia el futuro.
- Agotamiento de la vía administrativa en caso de denegarse los
extremos anteriores.

1.3. El Sistema Integrado de Personal, muestra que el recurrente
ingresó interinamente al Poder Judicial, el 02-01-1995 y laboró hasta el
08-09-2000, desempeñando varios puestos y por diferentes períodos. El
tiempo laborado por este servidor, puede dividirse en cinco períodos, tal
como se indica a continuación:

    1)     Del   02–01–1995    al   18– 03–1995
    2)     Del   04–05–1995    al   14– 07–1995
    3)     Del   07–08–1995    al   29– 09–1995
    4)     Del   30–10–1995    al   01– 12–1995
    5)     Del   11–01–1996    al   24– 05–1996
    6)     Del   19–06–1996    al   28– 10–1996
    7)     Del   12–09–1996    al   28– 10–1996
    8)     Del   16–11–1996    al   11– 04–2000
    9)     Del   15–05–2000    al   16– 07–2000
    10)    Del   16–08–2000    al   08– 09–2000
                                                      50


                  Se pudo observar en los períodos mencionados, conforme al
          criterio legal hasta hoy aplicado, el que brinda la posibilidad de conceder
          el pago de las prestaciones a los servidores cesados sin justa causa y
          después de un año de labores en forma continua2, sólo uno superó el
          año de servicio consecutivo, va del 16–11–1996 al 11–04–2000.

          1.4. El interesado estuvo nombrado por última vez, como Auxiliar
          Judicial 2. interino del 04 09 2000 al 08 09 2000 en el Juzgado Penal de
          San José.

          2. - La gestión formal para el pago de Prestaciones Legales fue
          recibida en la Dirección Ejecutiva el 19 de febrero del 2001, lo cual
          señala que entre el último día del nombramiento y el de la solicitud
          transcurrieron más de seis meses, lo cual sucedió en igual forma
          respecto del período laborado por más de un año consecutivo,
          concluido el 16-07-2000.

          3. - Los derechos reclamados por el interesado, conforme a la
          legislación laboral3, han caído bajo plazo de prescripción, en virtud del
          transcurso del tiempo establecido al efecto.

          4. - Respecto del pago por diferencial salarial del 11.49% y los 4000
          colones, aumento salarial establecido por la Comisión Negociadora de
          Salarios del Sector Público, e intereses y demás sumas producto del
          principal, este Departamento ha manifestado que el fallo de la Sala
          Segunda Nº 339-99 en cuestión no es vinculante para el Poder Judicial,
          toda vez que se dicta para las empresas públicas e instituciones sujetas
          al ámbito de la Autoridad Presupuestaria tal como lo expresa en su
          considerando VII:

          “En el caso concreto el Decreto Ejecutivo Nº 23646-H del 14 de
          setiembre de 1994, publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 191 del
          7 de octubre de ese año, referido a los Lineamientos Generales de
          Política Salarial y de Empleo para 1995, aplicables, según se expresa,
          a todas las instituciones y empresas públicas, cubiertas por el ámbito
          de la Autoridad Presupuestaria...”

          5. - Del análisis a la relación laboral del recurrente, se desprende la

2
 Sala Segunda N° 234 de 15:20 hrs. del 26 de julio 1995.
Sala Segunda N° 313 de 9:10 hrs. del 16 de diciembre 1992. Tribunal de Trabajo,
Sección 2da. N° 657 de 14 hrs. del 15 de julio 1992.
3
 Artículo 602 Código de Trabajo y Sala Constitucional Voto N° 5969-93 de las 15:21 hrs.Del 16 de noviembre de
1993.
                                            51

        imposibilidad de reconocer cualquier pago por Prestaciones Legales a
        EDGAR ALVARADO AGUIRRE, toda vez que esos derechos
        sucumbieron ante la prescripción legal de los mismos. Si le corresponde
        el pago por vacaciones y aguinaldo proporcionales, si hubiere algún
        período pendiente de disfrute o de pago. De igual forma le corresponde
        pago de las cuotas deducidas de su sueldo por el denominado Salario
        Escolar, que aún no se le hayan reintegrado, cuyo cálculo será efectuado
        por la Sección de Salarios en la forma que corresponda.

               La gestión del recurrente respecto del pago de los rubros
        pretendidos, exceptuando vacaciones, aguinaldo y salario escolar, es
        improcedente y debe ser rechazada, por lo que debe ponerse en
        conocimiento del Consejo Superior a efecto de que tal como lo pide el
        interesado, se proceda a DAR POR AGOTADA LA VÍA
        ADMINISTRATIVA, a efecto de que acuda a la instancia judicial
        pertinente.”
                                           -0-

        Se acordó: Acoger el informe anterior, en consecuencia, se autoriza al

Departamento de Personal para que realice el informe y cálculos de los montos por los

extremos que le corresponden al gestionante y que no se encuentran prescritos. En

cuanto al aguinaldo se le girará de oficio. Los extremos denegados y conforme lo

solicita el reclamante se tiene por agotada la vía administrativa.

                                    ARTÍCULO XXVIII

      En oficio N° 136-DL-2001 de 28 de marzo último, los Licdos. Manuel Sequeira

Sequeira y Francisco Arroyo Meléndez, por su orden, Jefes de la Sección de Derechos

Laborales y del Departamento de Personal, manifiestan lo siguiente:

            “Para que por su digno medio se eleve a conocimiento del
        Consejo Superior, adjunto encontrará dos listados con sumas giradas
        de más y de menos en las pensiones, por el año 2000.

             Dichas inconsistencias fueron detectadas, cuando se presentaron
        algunos inconvenientes informáticos en la labor de incrementar el
        beneficio de la pensión, con el aumento por costo de vida del primer
        semestre del presente año.
                                  52

      Estos convenientes influyeron para que la planilla de pensionados
se trabajara prácticamente en su totalidad en forma manual y es así
como nos encontramos que algunos de los reajustes realizados en
virtud de la entrada en vigencia de la Ley de Reorganización Judicial,
por alguna razón desconocida, el sistema informático no llevó a cabo
correctamente las rutinas internas de cálculo.

     Asimismo se traslada dicha información a los Departamentos de
Auditoría y Financiero Contable para lo pertinente.”

                                 -0-

          Listado de Inconsistencias en las Pensiones
                al 31 de diciembre del 2000

   Cédula                    Nombre                 Monto a cobrar
0500420640    Aguilar Fonseca Elvira                       7,615.20
0400600907    Alfaro Alfaro María Luisa                    3,199.80
0102890129    Alpízar Aguilar María de los Ang.            1,047.00
0000000022    Arias Brenes Heriberto                       2,000.10
0000000023    Arias Brenes José Mauricio                   2,000.10
0000000021    Arias Brenes Kattia Vanesa                   2,000.10
0201490590    Arroyo García Emilce                         3,999.90
0600370281    Ávalos Alfaro Mariana                        3,199.80
0104100833    Bagnarello Mora Idaly                       30,400.20
0202010817    Barquero Jiménez María Oliva                 3,199.80
0000000030    Baudrit Ramírez Eugenia María               10,133.40
0600087934    Boza Pineda Gloria                           8,000.10
0202990765    Brenes Navarro María del C.                  2,000.10
0500430554    Briceño Carrillo María Rolanda               3,199.80
0500400689    Briceño Obregón Elba                         2,000.10
0500380712    Briceño Obregón Marianela                    2,000.10
0201570881    Campos Chavarría Deyanira                    2,248.50
0502520143    Campos Vargas Flor Emilia                    2,271.00
0600188326    Carvajal Vargas María Zelmira                1,599.90
0000000042    Cascante Orozco Cristopher                   1,684.20
0000000040    Cascante Orozco Nancy                        1,684.20
0900200042    Castellón Fonseca Noelia                     2,958.60
0500570984    Castillo Montoya Norma Lucía                15,199.80
0700098706    Castro Araya Alda                            3,199.80
0101240486    Castro Truque Hilda                          1,599.90
0300740815    Coghi Guevara Virginia                       5,066.70
0102060006    Cortés Salazar Carmen                        1,600.20
0300536082    Coto Umaña Virginia                         30,400.20
                                53

0600250332   Chaverri Briceño Carmen                3,999.90
0200853018   Chaves Bonilla Cristina                3,199.80
0500490163   Duarte Duarte Ildefonsa                8,000.10
0600760519   Esquivel Avila Jeannette               3,999.90
0200808228   Esquivel Cabezas Emilce                7,911.90
0101232256   Esquivel Selva Gabriela                2,203.50
0101283594   Esquivel Selva Javier                  2,203.50
0600350431   Fajardo Jiménez Ana María              6,128.10
0105000964   Fernández Zúñiga Vida                  7,854.60
0201090914   Flores Calero Nelly                    3,123.90
0101790818   Flores Castro María Cristina           2,932.50
0101740186   Gamboa Mesén Graciela                  7,555.20
0900080265   García López Lilliam                   2,816.40
0101910322   González Mora María Teresa             2,855.10
0103440276   Guzmán Mora Leda María                 4,800.00
0101290068   Hidalgo Brenes María Eugenia           7,089.00
0800350401   Jiménez Chamorro Elsa                  1,473.60
0205230019   Jiménez Muñoz Carmen                   3,999.90
0900240559   López Calleja María Cecilia            7,714.50
0101340950   Madríz Jiménez Nely                    8,000.10
0300780605   Marín Obando María C.                  2,621.70
0100941745   Martén Valverde Mireya                30,400.20
0104050921   Martínez Madrigal María de los Ang.    2,400.00
0800230147   Medrano Vargas Amanda                  1,599.90
0700110644   Meléndez Molina Zulema                 5,334.60
0104340791   Miranda Monge Emilia                  29,606.70
0101500160   Monge Arana María de los Angeles       9,876.90
0102610067   Monge Arana Virginia                   9,876.90
0402280108   Montoya Araya Hilda                    6,544.20
0102300056   Mora Bonilla Leticia                     715.50
0103270538   Mora Quirós Yenory                     7,926.60
0109470110   Morales Aguilar Grettel                4,108.20
0400940425   Morales Vega Elsie                     8,000.10
0500930433   Murillo Chaves Heriberta               5,957.70
0201330153   Murillo Murillo María Celina           3,199.80
0302730290   Orozco Rivera Julieta                  1,684.20
0104900135   Ortega Vicenzi Roxana Militza          1,249.20
0000000006   Oviedo Elizondo Adrían                 9,600.00
0000000007   Oviedo Elizondo Silvia                 9,600.00
0700180622   Pardo Castro Eneida                    8,000.10
0101770732   Pérez Granados Rita                    8,000.10
0201450206   Picado Arguedas Flor                   4,000.20
0101640887   Picado Trejos Margarita                3,999.90
                                         54

      0201450444      Quesada Cordero Raquel                      1,600.20
      0100575364      Quesada Molina Marta                        3,999.90
      0101400207      Ramírez Barboza Noemy                      14,400.00
      0500610722      Rocha Ramírez Juana Betty                   8,000.10
      0101075528      Rodríguez Andrade Lucila                   15,199.80
      0102870664      Rodríguez Rey Mayra                        15,199.80
      0101620840      Rogers Murray María Cristina                8,000.10
      0103990887      Rojas Aguilar Vilma Marieta                 5,671.20
      0401030573      Rojas Arce Odilie                          30,400.20
      0300790192      Rojas Céspedes Esperanza                    8,000.10
      0500610400      Rosales Alvarado Alicia                    12,000.00
      0201495900      Rosales Arroyo Tatiana                      3,999.90
      9207705454      Salas Segura Juliana Elvira                 3,999.90
      0201090902      Salas Solano Ofelia                         3,199.80
      0100886589      Salazar Alvarez Juanita                     1,600.20
      0104030668      Sanabria Sanabria Virginia                 15,199.80
      0103160159      Segura Jiménez Alicia                       3,999.90
      9207605983      Solano Fallas Nancy                         4,000.20
      0600680755      Solano Rojas Myriam                         4,800.00
      0000000112      Ugalde Trigueros Ana Ligia                  4,000.20
      0301770680      Vargas Cerdas María Eugenia                 3,999.90
      0102970823      Vargas Marín Lilliam                       30,275.40
      0204970319      Vargas Navarrro Rafaela                     7,830.60
      0300369347      Vargas Ramírez Odilie                       3,199.80
      0101470124      Vargas Solera María Eugenia                20,314.50
      0100786300      Vásquez León Trina                          8,000.10
      0400680495      Villalobos Villalobos Elsie                 8,000.10
      0101890234      Vindas Abarca María Eugenia                 3,999.90


        Listado de Inconsistencias en las Pensiones
                 al 31 de diciembre del 2000

         Cédula                      Nombre                Monto a girar
      1105410578      Jugo Arce Jorge Armando                 158,400.00
      0101840971      Chinchilla Fallas Luz                   158,400.00
      0202820191      Soto Araya Eloisa                       158,400.00

                                       - o0o -

      Se acordó: 1) Tomar nota del informe anterior. 2) Comisionar a la Dirección

Ejecutiva para que conforme corresponda, realice las diligencias pertinentes para que
                                           55

se reintegre al fondo de Jubilaciones y Pensiones Judiciales, las sumas giradas de

más.   3)     El Departamento Financiero Contable girará al señor Jugo Arce y a las

señoras Chinchilla Fallas y Soto Araya las sumas indicadas.

                                    ARTÍCULO XXIX

       En sesión celebrada el 20 de febrero del año en curso, artículo LVIII, se conoció

la solicitud del señor Azarías Sánchez Calvo, Jardinero de la Sección de Limpieza y

Jardinería del Departamento de Servicios Generales, para que se realizara un estudio

en esa oficina, a fin de establecer las obligaciones y sus derechos, por lo que se

dispuso solicitar al Servicio de Salud Ocupacional y al Jefe del citado Despacho, que se

refirieran al estudio que según indicó don Azarías, en otras oportunidades le han

solicitado.

       En la sesión del 1° de marzo último, artículo LVI, se conoció otra gestión de don

Azarías, en la que expuso su situación laboral en el Despacho donde labora,

concretamente se refirió a la directriz emitida por la Dirección Ejecutiva en cuanto a que

él debía hacerse cargo de todas la labores de mantenimiento de jardinería en el edificio

de la Corte, lo que a su entender son labores propias de un Jardinero 1, y que además,

debía entregar toda la herramienta, equipo y agroquímicos a la Bodega General del

Departamento de Servicios Generales; disposiciones que había acatado de momento,

para no tener problemas con sus jefes inmediatos. Además, solicitó se le restituyera en

sus funciones de Jardinero 2 - de acuerdo al Manual de Puestos- y que se le permita

continuar con el control de la herramienta, equipo y agroquímicos que se utilizan en las

labores de jardinería, hasta que un estudio bien elaborado dictamine que la situación

debe variar.
                                           56

      En esa oportunidad, se solicitó al Departamento de Personal un informe sobre

cuáles son las funciones que debe realizar el señor Sánchez Calvo, a quien se le

comunicó que en tanto se recibía el aludido estudio, debía continuar realizando las

labores de jardinero.

      En cumplimiento de lo anterior, el Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal, adjunta al oficio N° O.CV-140-01 de 30 de marzo último, la

descripción de “clase” de Jardinero 2, e indicó, que de acuerdo con el Sistema

Integrado de Personal, el señor Azarías Sánchez Calvo ocupa ese cargo en propiedad

en el Departamento de Servicio Generales.

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe. Remítase copia de las labores

que debe realizar el “Jardinero 2” tanto al señor Director Ejecutivo, a las Jefaturas del

Departamento de Servicios Generales, y de la Sección de Limpieza y Jardinería, que

las labores que realice el citado servidor, sean las que le corresponden, en virtud de la

naturaleza y tareas propias del cargo que ocupa.

                                    ARTÍCULO XXX

      En sesión celebrada el 19 de setiembre del 2000, artículo LXIX, se adoptó el

acuerdo que literalmente dice:

            “El Dr. Luis Vargas Jiménez, Director Ejecutivo, mediante oficio
        4843-DE-2000 de 11 de los corrientes, manifiesta:
              “Por consecuencia de la reorganización del Departamento de
        Publicaciones e Impresos, una de las plazas de Operador de Equipo de
        Imprenta 2 de ese Departamento (puesto N° 046821), ocupada en
        propiedad por el señor Edgar Cruz Oviedo, cédula 7-061-0655, se
        trasladó temporalmente al Departamento de Seguridad desde el mes
        de marzo del presente año.
              El tiempo transcurrido ha permitido demostrar que el
        Departamento de Publicaciones no ha visto afectado el rendimiento de
        trabajo con la ausencia de esa plaza.
                                            57

              Es importante mencionar que tanto el Lic. Jorge Alberto Araya
        Leandro, Jefe del Departamento de Publicaciones e Impresos, como el
        Lic. German Rojas Monge, Jefe interino del Departamento de
        Seguridad, están de acuerdo en que dicho traslado se realice en forma
        definitiva, según lo manifestaron en oficios N° 656-00-PUB y 2110-DS-
        2000 de fechas 17 de agosto y 8 de setiembre del presente año,
        respectivamente.
              Por lo anterior, esta Dirección solicita a los señores miembros del
        Consejo Superior trasladar en forma permanente al Departamento de
        Seguridad la plaza ocupada por el señor Cruz Oviedo.”
              Se acordó: Acoger la solicitud anterior y trasladar en forma
        definitiva al Departamento de Seguridad, la plaza ocupada por el señor
        Cruz Oviedo. El Departamento de Personal realizará el estudio e
        informe correspondiente para la clasificación y valoración de la nueva
        plaza.”
                                            -0-

      La Licda. Nora Quirós Carvajal, Jefa de la Sección de Clasificación y Valoración

de Puestos, con el visto bueno del Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal, en oficio N° O.CV-112-01 fechado 6 de marzo último,

recibido el 2 de abril en curso, rinde el informe solicitado en el acuerdo anterior, en los

siguientes términos:

              “En atención a su oficio 2563-01, de fecha 27 de febrero del 2001,
        relacionado con la revisión del puesto ocupado por el señor Edgar Cruz
        Oviedo, con todo respeto me permito informarle que en materia de
        recursos humanos los estudios de reasignación de plazas, producto de
        reorganizaciones, proceden una vez que los cambios se hayan
        consolidado; en este caso el Departamento de Planificación examina la
        estructura del Departamento de Publicaciones e Impresos, por lo cual
        no se cuenta con el informe final; además convendría que se analice la
        adscripción del puesto que ocupa el señor Cruz Oviedo, pues se le
        asignaron labores de capacitación, lo cual es competencia de la
        Escuela Judicial.

             Cumplida esta etapa se procederá con lo solicitado, de acuerdo
        con las posibilidades de recursos de esta oficina.”

                                           -0-

      Se acordó: Tomar nota del anterior informe.
                                            58

                                     ARTÍCULO XXXI

       En sesión celebrada el 22 de mayo de 1997, artículo XLVI, inciso c), de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

se dispuso reconocer al señor Israel Monge Zúñiga, Auxiliar de Investigación 1 de la

Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial en Aguirre y Parrita,

un tiempo de 1 año, 8 meses y 1 día laborados para el Ministerio de Agricultura y

Ganadería, para efectos de antigüedad y jubilación. En cuanto a este último aspecto,

se le previno al interesado la presentación de las certificaciones respectivas para su

trámite e informe al Consejo Superior, con la finalidad de establecer el monto a

reintegrar, a favor del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en los

términos de la normativa citada.

       En sesión efectuada el 17 de junio de 1997, artículo XLIV, inciso 2), con vista del

informe elaborado por el Departamento de Personal y para efectos de antigüedad y

jubilación, se dispuso reconocer al señor Israel Monge Zúñiga, 10 años laborados para

el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

       En relación con los acuerdos que se han citado, los Licdos. Mauricio Quirós

Álvarez y Ronald Calvo Coto, Jefes por su orden de las Secciones de Salarios y de

Planillas, con el visto bueno del Lic. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento

de Personal, en oficio N° 396-S-2001 de 26 de febrero de este año, recibido el 2 de

abril en curso, indicaron lo siguiente:

             “En atención al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la
        sesión celebrada el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y
        ocho, artículo XLVI y a la revisión que se encuentra realizando este
        Departamento, nos permitimos solicitarle modificar el acuerdo tomado
        por el Consejo Superior en la sesión celebrada el veintidós de mayo de
        mil novecientos noventa y siete, artículo XLVI y el del diecisiete de junio
                                          59

       del mil novecientos noventa y siete artículo XLIV, específicamente lo
       referente al tiempo reconocido al Señor Israel Monge Zúñiga con
       cédula de identidad número 01-0575-0817 para efectos de aumentos
       anuales.

       Lo correcto es tal y como se indica en el estudio adjunto a las
       presentes diligencias.

       Asimismo este Departamento está procediendo a realizar los ajustes
       correspondientes a los aumentos que percibe dicho servidor en su
       salario mensual.

       Por último y en virtud de que el señor Monge Zúñiga ya tiene puesto en
       propiedad, se le está previniendo para que presente los salarios
       reportados durante el período reconocido para aumentos anuales con
       el propósito de dar cumplimiento con el acuerdo tomado por el Consejo
       Superior en la sesión celebrada el cinco de junio de mil novecientos
       noventa y siete, artículo XL; el cual en lo que interesa señala:

       “Al propio tiempo se dispone que el Departamento de Personal en
       todos los reconocimientos de tiempo a servidores propietarios,
       deberá remitir los informes con los montos a reintegrar por los
       interesados al Fondo de Jubilaciones y Pensiones.” (el resaltado es del
       original).”
                                        -0-

      Según informe adjunto, el tiempo laborado por el señor Monge Zúñiga para el

Ministerio de Agricultura y Ganadería es de 10 años y 8 meses.

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Conceder audiencia en

el plazo de ocho días a partir del recibo de este acuerdo al señor Monge Zúñiga, para lo

que a bien estime manifestar.

                                   ARTÍCULO XXXII

      En sesión celebrada el 29 de abril de 1996, artículo XLIII, inciso 11), de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

se dispuso reconocer a la servidora Ingrid Sanou Karlson, Microbiólogo Clínico de la

Sección de Investigaciones Inmunohematológica, un tiempo de 1 año, 8 meses y 1 día
                                           60

laborados para la Caja Costarricense de Seguro Social, para efectos de antigüedad. En

cuanto a este último aspecto, se le previno a los interesados la presentación de las

certificaciones respectivas para su trámite e informe al Consejo Superior, con la

finalidad de establecer los montos a reintegrar por cada uno de ellos, a favor del Fondo

de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en los términos de la normativa citada.

      Los Licdos. Mauricio Quirós Álvarez y Ronald Calvo Coto, Jefes por su orden de

las Secciones de Salarios y de Planillas, con el visto bueno del Lic. Francisco Arroyo

Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en oficio N° 398-S-2001 de 26 de

febrero de este año, recibido el 2 de abril en curso, manifestaron:

               “En atención al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la
        sesión celebrada el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y
        ocho, artículo XLVI y a la revisión que se encuentra realizando este
        Departamento, nos permitimos solicitarle modificar el acuerdo tomado
        por el Consejo Superior en la sesión celebrada el veintinueve de abril
        de mil novecientos noventa y seis, artículo XLIII, específicamente lo
        referente al tiempo reconocido a la Señora Ingrid Sanou Karlson con
        cédula de identidad número 01-593-0629 para afectos de aumentos
        anuales.
               Lo correcto es tal y como se indica en el estudio adjunto a las
        presentes diligencias.”
                                         -0-

      Según informe adjunto, el tiempo laborado por la servidora Ingrid Sanou Karlson

para la Caja Costarricense de Seguro Social es de 1 año, 7 meses y 1 día, y no como

se indicó en su oportunidad.

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Conceder audiencia en

el plazo de ocho días a partir del recibo de este acuerdo a la señora Sanou Karlson,

para lo que a bien estime manifestar.

                                   ARTÍCULO XXXIII
                                           61

       En sesión celebrada el 23 de abril de 1996, artículo XL, inciso 1), de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se dispuso

reconocer al señor Carlos Román Madrigal, en ese entonces Secretario G-4 del

Juzgado de Instrucción de Hatillo, un tiempo de 1 año, 7 meses y 15 días laborados

para el Ministerio de Seguridad Pública, para efectos de antigüedad, con la obligación

de reintegrar la suma de ¢2.771,45 al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial.

       Los Licdos. Mauricio Quirós Álvarez y Ronald Calvo Coto, Jefes por su orden de

las Secciones de Salarios y de Planillas, con el visto bueno del Lic. Francisco Arroyo

Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en oficio N° 400-S-2001 de 26 de

febrero de este año, recibido el 2 de abril en curso, manifestaron:

               “En atención al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la
        sesión celebrada el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y
        ocho, artículo XLVI y a la revisión que se encuentra realizando este
        Departamento, nos permitimos solicitarle modificar el acuerdo tomado
        por el Consejo Superior en la sesión celebrada el veintitrés de abril de
        mil novecientos noventa y seis, artículo XL, específicamente lo
        referente al tiempo reconocido al Señor Rafael Román Madrigal con
        cédula de identidad número 01-0398-0689 para afectos de jubilación.
               Lo correcto es tal y como se indica en el estudio adjunto a las
        presentes diligencias (un año, siete meses y un día (sic) y no un año,
        ocho meses y un día.” Nota: no coincide con la información
        contenida en el acuerdo de referencia.

                                           -0-

       Según informe adjunto, el tiempo laborado por el servidor Rafael Román

Madrigal para el Ministerio de Seguridad Pública es de 1 año, 7 meses y 29 días, y no

como se indicó en su oportunidad.

       Se acordó: Tener por rendido el informe anterior, en consecuencia, se modifica
                                            62

el acuerdo tomado en la sesión del 23 de abril de 1996, artículo XL, inciso 1), en cuanto

al tiempo laborado por el señor Román Madrigal en otras instituciones del Estado.

      Por lo anterior Don Carlos deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial la diferencia del monto reintegrado anteriormente y según

consta en el informe del Departamento de Personal.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota de lo resuelto para que

solicite a favor de dicho fondo       el traslado de las cuotas correspondientes por la

diferencia, para cuyos efectos se le trasladará copia del informe elaborado por el

Departamento de Personal, el que tomará nota para lo de su cargo.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                                      ARTÍCULO XXXIV

      En facsímil de 2 de marzo último, la señora Ligia Aura Chaves Vásquez, Auxiliar

Judicial del Juzgado de Menor Cuantía de Alajuela, expresó su deseo de acogerse a la

jubilación a partir del 16 de abril de este año, en virtud de haber cumplido treinta años

de servicio para el Poder Judicial.

      Los Licdos. Manuel Sequeira Sequeira, Ronald Calvo Coto y Francisco Arroyo

Meléndez, por su orden, Jefes de las Secciones de Derechos Laborales, Planillas y del

Departamento de Personal, en oficio N° 076-DLJ-01 de 2 de abril en curso, rinden el

siguiente informe:

        “ASUNTO: Solicitud de jubilación que formula la señora Ligia Aura
        Chaves Vásquez, cédula N° 2-280-409, a partir del 16 de abril de 2001.

        Al 15 de abril en curso, la señora Chaves Vásquez habrá laborado para
        este Poder 30 años, 15 días.

        EDAD: 53 años, 8 meses, 17 días
                                          63


       ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Auxiliar Judicial 3-C, Jdo. Menor
       Ctía. Alajuela

       ULTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢281.775.55

       SALARIO PROMEDIO: ¢265.320.10

       MONTO DE JUBILACIÓN: ¢259.115.90 (97.67% del salario promedio)

       Norma Legal:

       “Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de
       la Ley Orgánica de 1937 y sus reformas, y lo acordado por Corte Plena
       en sesión celebrada el 28 de febrero de 2000, artículo XXXI.

       Fórmula aplicada:

       Sal. Promedio * edad = monto de jubilación
                55 años.”
                                      -0-

      Se acordó: Aprobar la jubilación de la señora Ligia Aura Chaves Vásquez,

cédula N° 2-280-409, cuya asignación mensual será de ¢259.115,90 (doscientos

cincuenta y nueve mil ciento quince colones con noventa céntimos), con las reservas

de ley, a partir del 16 de abril del año en curso. El Departamento Financiero Contable

tomará nota para lo de su cargo.

      Se le agradecen los servicios prestados al Poder Judicial y de conformidad con los

artículos 1° y 3° del Reglamento respectivo, se le otorga un pergamino de Mérito y

Reconocimiento, que se le entregará oportunamente.

                                   ARTÍCULO XXXV

      Por haberse aprobado la jubilación de la señora Ligia Aura Chaves Vásquez,

cédula N° 2-280-409, según consta en el artículo que antecede, y con base en el

informe elaborado por el Departamento de Personal, se dispone el pago a su favor de
                                            64

¢2.183.660,80 (dos millones ciento ochenta y tres mil seiscientos sesenta colones con

ochenta céntimos) por Auxilio de Cesantía. Al efecto, se adjuntan constancias del

Departamento Financiero Contable y de la Dirección Ejecutiva, en las que se indica que

la señora Chaves Vásquez no tiene deudas ni causas administrativas pendientes.

      La interesada firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente para el pago respectivo.

                                   ARTÍCULO XXXVI

      La señora Isabel Masís Villegas, en escrito de 2 de marzo último, recibido en el

Departamento de Personal el 6 de ese mes, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solicitó se le concediera el beneficio

de pensión, en su condición de cónyuge supérstite y beneficiaria del Lic. Jorge Castillo

Montoya, quien era jubilado judicial y falleció el 18 de enero del año en curso.

      Los Licdos. Manuel Sequeira Sequeira, Ronald Calvo Coto y Francisco Arroyo

Meléndez, por su orden, Jefes de las Secciones de Derechos Laborales, Planillas y del

Departamento de Personal, en oficio N° 074-DLJ-01 de 28 de marzo último, rinden el

siguiente informe:

        “ASUNTO: Solicitud de pensión que formula la señora Isabel Masís
        Villegas cédula N° 7-020-940, en su condición de cónyuge supérstite
        del Lic. Jorge Castillo Montoya.

        Para tal efecto la señora Masís Villegas, presenta la siguiente
        documentación:

        1) Solicitud del beneficio pretendido.
        2) Certificación de defunción de don Jorge, quién falleció el 18 de
           enero de 2001.
        3) Certificación del Registro Civil donde consta su matrimonio con don
           Jorge.
        4) Del Registro Público de la Propiedad en que consta que no
           aparecen bienes inscritos a su nombre pero sí a nombre de don
                                          65

          Jorge.
       5) De la Caja Costarricense del Seguro Social haciendo constar que no
          devenga salario y tampoco recibe pensión.
       6) Del Departamento Nacional de Pensiones en que consta que no
          recibe pensión.

       El Lic. Castillo Montoya a la fecha de su fallecimiento, disfrutaba de una
       jubilación mensual de ¢351.705.25 (equivalente al 92.50% del salario
       promedio).

       MONTO DE PENSION: ¢351.705.25 (100% de la jubilación)

       Norma legal:

       “Cálculos hechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232 de
       la Ley Orgánica actual”.

       Fórmula aplicada:

       100% del monto de jubilación que venía percibiendo el causante.”

                                         -0-

      Se acordó: Acoger el anterior informe y conceder la pensión a favor de la señora

Isabel Masís Villegas, cédula 7-020-940, por el monto indicado, la cual será efectiva a

partir del 19 de enero del año en curso. El Departamento Financiero Contable tomará

nota para lo de su cargo.

VALORACIONES MÉDICAS

                                  ARTÍCULO XXXVII

      En sesión celebrada el 22 de marzo del año en curso, artículo XIX, se conoció el

informe sobre la valoración que le realizó el Departamento de Medicina Legal al señor

Roy Arce González, Auxiliar Judicial del Juzgado de Familia y Penal Juvenil de Heredia,

en el mismo se concluye que desde el punto de vista médico legal no se encuentra

incapacitado en forma absoluta y permanente para sus labores habituales en el Poder
                                           66

Judicial.

       En escrito de 2 de abril en curso, el señor Arce González, manifestó:

        “El suscrito Roy Arce González cédula de identidad número 9-074.542,
        inconforme con el dictamen médico legal número J.D.M.L. 2001-480,
        expedido por la Doctora Leslie Solano Calderón, Jefe del Departamento
        de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, de fecha 12
        de marzo del 2001, ante el Consejo Médico Legal, en base a lo
        siguiente:
                                      PRIMERO:
        Que el día 7 de febrero del 2001, fui atendido en el Departamento de
        Medicina Legal, por la doctora Leslie Solano Calderón, lo anterior por
        diligencias tramitadas ante el Consejo Superior del Poder Judicial,
        debido a mi impedimento físico para realizar las labores que se me han
        encomendado en el Poder Judicial, su conclusión fue: CONCLUSION
        El servidor Roy Arce González, cédula de identidad 9-074-4145, no se
        encuentra incapacitado en forma absoluta y permanente para sus
        labores habituales en el Poder Judicial, desde el punto de vista médico
        legal.”
        (Nota: El número de cédula correcto es 9-074-542, y creo que la
        palabra correcta debe ser “labores” y no “albores” como se consignó en
        dicha conclusión el dictamen médico de referencia).
                                      SEGUNDO:
        MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.
        Dentro de lo que ha sido mi Historial médico aporto dictámenes
        médicos que contradicen en forma absoluta la concluido por el Médico
        Legal en su Dictamen número: J.D.M.L. 2001-480, aquí recurrido,
        dictámenes otorgados por Médicos tratantes y especialistas, tanto
        oficiales como privados, y que detallo así:
        A) Dentro de lo que fue la valoración médica se determinó que en la
           actualidad tengo padecimiento de lumbalgia, que irradia MII izq.,
           además de ceguera en mi ojo izquierdo, que me limita para laborar
           con equipos de oficina, padecimiento del cual no hay tratamiento
           que puede curar tal padecimiento. Además de la posible existencia
           de una Hernia Discal L y L5, misma que me incapacita
           permanentemente, para realizar labores, recomendando cirugía y
           reposo absoluto. (Dictamen médico Doctora Ana Leticia Reinhart
           León, Hospital Clínica Bíblica).
        B) Sumado a lo anterior en el Departamento de Ortopedia de la Caja
           Costarricense del Seguro Social, se me dictaminó: Hernia de Disco
           Lumbar, L4 L5 Izquierdo. Por lo que se recomienda: Paciente no
                                   67

   está en condiciones de trabajar, por lo que debe incapacitarse hasta
   que sea valorado en el Hospital México. (Dictamen médico emitido
   por la Jefatura de Consulta Externa Subdirector Médico, Doctor:
   José Ma. Meza Arburola, (Médico tratante en Ortopedia: Doctor:
   German Solano Arellano.)
C) Igualmente se adjunta Dictamen Médico donde se diagnostica:
   LUMBALGIA CRONIA E / E OBS POR HERNIA DISCAL LUMBAR.
   (Dictamen de COOPESIBA R.L. EBAIS DE B ARVA DE HEREDIA,
   CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, Doctor: Gustavo
   Acuña Fernández).
D) Referencias médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social
   para la Clínica de Barva de Heredia, por Doctor German Solano
   Arellano, donde indica la referencia a NEUROCIRUGIA DEL
   HOSPITAL MÉXICO, así como mi incapacidad para trabajar.
   Mismos elementos que se desprenden de la Historia Clínica dada
   por el mismo médico.
E) Referencia a Especialista en Neurocirugía del Hospital México,
   referido por Médico Tratante de la Caja Costarricense del Seguro
   Social.
Definitivamente, califico el Dictamen Médico Legal, como un dictamen
falto de coherencia y conocimiento fáctico especialista en lo que ha
sido concretamente el punto de análisis de mi problemática de salud,
no es real lo manifestado por el Médico Legal al indicar que el suscrito.
No se encuentra incapacitado en forma absoluta y permanente para
sus labores habituales en el Poder Judicial, desde el punto de vista
médico legal.
Me pregunto cual es entonces el punto de vista médico legal, si este
contradice todos los puntos de vistas especializados, de los médicos
que me han tratado no por unas horas, sino por el plazo que ha durado
mi tratamiento, lo que considero que el dictamen médico legal, fue
concluido de forma irresponsable, ya que contradice incluso los
resultados explorativos de sus propias diligencias. Por lo que este
debe ser refutado mediante el examen que se me practique ante el
Consejo Médico Legal.
                              TERCERO
RESULTADOS EXPLORATIVOS EN LAS PROPIAS DILIGENCIAS
MEDICO LEGALES:
EXAMEN FÍSICO:
1) “Paciente   consiente, orientado, cooperador, que deambula
   lentamente, y cambia con frecuencia de posición, con facies
   depresivas,…” (El subrayado no es del suscrito).
                                    68

2) “Columna vertebral central, sin deformidades, con contractura
   muscular para vertebral lumbar leve y       arcos de movilidad
   dolorosos.” (El subrayado es del suscrito).
REPORTE DE RAYOS X DE FECHA 07-02-2001.
“Descripción:   Espina bífida oculta en quinta vértebra lumbar,
Sacralización de la quinta vértebra lumbar…” (El subrayado es del
suscrito).
INTERCONSULTA OFTOLMOLOGICA:
Hallazgos:
Agudeza visual      OD 100%.                   OI 3.3%
Anexos, reflejos, motalidad normales AO.
Segmento anterior normal AO.
Fondo de ojo: OD coriorretinitis inferior antigua;
OI corritinitis Central Antigua
Impresión: corriorretinitis bilateral presumiblemente congénita periférica
inferior OD y central OI.
Comentario: no hay tratamiento. (El subrayado es del suscrito).
Dentro de lo que ha sido la el Resultado Explorativo de las Propias
Diligencias Médico Legales, se ha demostrado contrario de lo que
concluye el Médico Legal, mi incapacidad para laborar, dentro de las
funciones que se me han asignado en el Poder Judicial, por
imposibilidad de salud, de acuerdo con los padecimientos que
presento, y que recomiendan contrario a lo indicado en el dictamen
médico legal, incapacidad temporal y permanente para laborar, esto
incluso que se ha recomendado tratamiento en neurocirugía del
Hospital México, lo que también es contrario a lo indicado en el
dictamen médico, al manifestar: “HISTORIAL MÉDICO LEGAL…. Se
diagnosticó como lumbalgia luego de estudios y no se ofreció
tratamiento quirúrgico…” Que como se ha demostrado es todo lo
contrario, por cuanto he sido referido a NEUROCIRUGIA, tratamiento
que está en trámite, dentro del cual se ha recomendado también
incapacidad para laborar.

Tomando los anteriores aspectos, se contradice el dictamen recurrido,
incluso con lo que fueron sus propias diligencias para la determinación
de la conclusión del dictamen médico legal, que da prueba fehaciente
de mi padecimiento doloroso, tanto en mis ojos como en mis áreas
lumbares y emocionales, las que dan como resultado, una incapacidad
permanente para laborar y así solicito sea declarado.

                              PRETENSION:
                                         69

       En base a los argumentos anteriores, inconforme con el Dictamen
       Médico Legal J.D.M.L. 2001-480, emitido por el Departamento de
       Medicina Legal, de fecha: 12 de Marzo del 2001, por la Doctora: Leslie
       Solano Calderón, Apelo ante el Consejo Médico Legal:

       1) Para que se determine mi incapacidad para laborar dentro de las
          funciones en el Poder Judicial, de acuerdo con mi estado actual de
          salud y los padecimientos dolorosos que impiden que yo pueda
          realizar una labor acorde con las necesidades actuales de esta
          Institución, así como el principio del Buen Servicio al Público.
       2) Que se me conceda valoración ante el Consejo Médico Legal y se
          determine mi real estado de salud e incapacidad absoluta para
          laborar actual.
       Que de ser necesario, se proceda a realizar las diligencias necesarias
       ante los Médicos y especialistas y tratantes, para la ampliación de sus
       criterios profesionales, ante mi situación de salud.”

                                        -0-

      Con vista en la solicitud del interesado, se acordó:     Remitir al señor Arce

González a valoración por parte del Consejo Medico Forense para que determine su

estado actual de salud.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                 ARTÍCULO XXXVIII

      En sesión celebrada el 31 de agosto del 2000, artículo LXXVI, se tomó el

acuerdo que literalmente dice:

               “Informa la Secretaria General que el 25 de agosto pasado el
       Prosecretario General 2 de ese despacho, encontró debajo de la puerta
       una nota de 22 de este mes firmada supuestamente por los señores
       Daniel Fernández Alvarado, Carlos Manuel Hidaldo Vargas, Nancy
       Villavicencio Alemán, Manuel Miller Sacripanti, Lidieth Calderón
       Guerrero, William Solano Jiménez, Roberto Granados Marín, Antonieta
       Herrera Charraun y Oscar Bolívar Hidalgo, servidores del Departamento
       Financiero Contable, por las razones que exponen, manifiestan su
       “inconformidad y enérgica protesta” por la proposición de nombramiento
       en propiedad del Lic. Walter Jiménez Sorio, en el cargo de Subjefe de
       ese despacho. Que el Director Ejecutivo tuvo conocimiento de la nota y
                                          70

       al hacer un comentario al respecto a algunos de los personas que se
       indicaba firmaron esa nota, éstos le mencionaron que no tenían
       conocimiento de ella y le pidieron una cita con el fin de ver el
       documento original. Que una vez revisado ese documento indicaron
       que ellos no lo habían suscrito y que era muy importante que así lo
       hiciera saber al Consejo Superior con el fin de que si a bien lo tienen
       ordenen la investigación que corresponda, con el fin de determinar
       quién fue la persona que envío ese memorial.
             Se acordó: Tener por rendido el informe de la Secretaria
       General y trasladar el documento al Tribunal de la Inspección Judicial y
       a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial para
       que se levante la información que corresponda y se realice un estudio
       grafoscópico a fin de determinar la procedencia de las firmas
       estampadas en él.”
                                          -0-

      El Lic. Gerardo Láscarez Jiménez, Jefe del Departamento de Investigaciones

Criminales, con oficio N° DICR-0392-2001 de 28 de marzo último, remite el Dictamen

Grafotécnico, suscrito por Róger Sequeira Vindas y Róger Bourillón Cordero, Técnicos

Criminalísticos del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses,        y adjunto

cincuenta y cinco cuerpos de escritura numerados del 001242 al 001502, realizados a

varias personas del Departamento Financiero Contable.

      El dictamen grafotécnico en lo que interesa literalmente dice:

        “…Del análisis concluido el 19 de marzo del 2001, se obtuvo el
       siguiente resultado y conclusión:
       RESULTADO: En las firmas cuestionadas visibles en el anverso de la
       página 3 del documento numerado del 011658 al 011660, no se
       observan características escriturales que puedan ser relacionadas con
       la escritura visible en los cuerpos de escritura de las personas
       indicadas en el apartado III. De este informe. La forma particular de
       construcción de los trazos magistrales, calidad de la línea de escritura,
       rasgos iniciales y finales, proporción, presión de ejecución, separación
       entre trazos, alineamiento horizontal, separación entre palabras,
       inclinación y trazos derivados del ángulo y la curva, visibles en la
       escritura cuestinada, no tienen afinidad con las observadas en la
       escritura utilizada como elemento de comparación.
                                           71

        CONCLUSIÓN: En virtud de lo anterior, se concluye que no es posible
        asociar la confección de las firmas cuestionadas, descritas
        anteriormente, con los cuerpos de escritura aportados para este
        caso…”
                                      -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y archivar las diligencias.

                                     ARTÍCULO XXXIX

      El señor Jorge Enrique Calvo Cintrón, Jefe interino de la Oficina de

Radiocomunicación, con el visto bueno de la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio N° 190-OR-01 de 29 de marzo último, solicita se

autorice el pago del tiempo extraordinario laborado por el señor Federico Chacón

Álvarez, cédula N° 1-935-821, de las 14:00 a las 22 horas del 29 del mes recién

pasado, en sustitución del señor Miguel Ángel Solís Carballo, por motivo de

incapacidad.

      Se acordó: Autorizar el pago de las horas extra laboradas por el señor Chacón

Álvarez, el día y horas señaladas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                      ARTÍCULO XL

      El señor Jorge Enrique Calvo Cintrón, Jefe interino de la Oficina de

Radiocomunicación, con el visto bueno de la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio N° 192-OR-01 de 29 de marzo último, manifestó:

        “Conforme al acuerdo celebrado el 12 de agosto de 1999, sesión
        número 64-99, artículo XXXV, muy respetuosamente solicito se autorice
        el pago del tiempo extraordinario a laborar por los servidores Melania
        Gómez Acuña cédula 1-828-317 el 04 de abril del 2001 de las 14:00
        horas a las 22:00, sábado 07 de abril de las 06:00 a 14:00 horas, Jorge
        Arturo Calvo Mata el día 30 de marzo de las 06:00 a las 14:00 horas y
        los días 05 y 13 de abril de las 22:00 a las 06:00 horas, señor Federico
                                           72

        Chacón Álvarez cédula 1-935-821 el día 12 de abril del 2001 de las
        14:00 a las 22:00 horas, Miguel Ángel Solís Carballo cédula 4-155-335,
        el 31 de marzo de las 14:00 a las 22:00 horas y el 08 de abril de las
        14:00 a las 22:00 horas Jorge Díaz Brenes cédula 1-966-131, el 11 de
        abril de las 06:00 a las 14:00 horas, Luis Ángel Retana Rojas el 15 de
        abril de las 06:00 a las 14:00 y el 16 de abril de las 14:00 a las 22:00
        horas jornada de trabajo perteneciente al servidor Javier Valerio
        Vásquez cédula 1-916-095, quien fue incapacitado del 30 de marzo al
        17 de abril del presente año, según aviso de incapacidad extendida por
        la Doctor AIZEMAN SAGAL DAVID del servicio Médico de la Dirección
        INS-Salud caso #2001100057B (ver copia adjunta).
        No omito indicar que los servidores antes anotados se hallarán en el
        disfrute de su día libre, aceptando laborar las fechas indicadas, lo
        anterior obedece a que son puestos de mucha confianza y
        disponibilidad por el tipo de información y relación laboral que se debe
        tener y sería irresponsable e inconveniente enseñarle claves y otras
        actividades a una persona externa a nuestra oficina y, en un período de
        sustitución tan corto.”
                                           -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, se autoriza el pago de

las horas extra que laborará el personal indicado y durante las fechas y horas

señaladas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                    ARTÍCULO XLI

      El Lic. Jorge Rojas Vargas, Subdirector General del Organismo de Investigación

Judicial, en oficio N° 594-DG-01 de 28 de marzo último, presenta la siguiente solicitud:

        “…me permito remitirles el oficio N° DICR-0371-2001 de fecha 23 del
        presente mes, mediante el cual el Lic. Gerardo Láscarez Jiménez, Jefe
        del Departamento de Investigaciones Criminales de este Organismo,
        traslada la solicitud que formulan los señores Luis Fernando González
        Rojas y Víctor Eduardo Rodríguez Vargas, en su condición de
        Egresados de la carrera de Derecho de la Universidad de San José,
        tendiente a que se les brinde información para poder elaborar su tesis
        de grado sobre “POLITICA CRIMINAL EN MATERIA DE
        LIGITIMACIÓN DE CAPITALES POR ILÍCITOS DIFERENTES DEL
        DELITO DE NARCOTRÁFICO: ROBO DE VEHÍCULOS Y
        PROSTITUCIÓN INFANTIL”.
                                          73

            Al respecto, valga indicar que dicha gestión cuenta con el visto
       bueno, tanto de la citada jefatura Departamental como de esta
       Dirección General, con la salvedad de la información que se indica en
       los puntos 4 y 6 de la solicitud, pro tratarse de datos que se considera
       inconveniente suministrar para estos efectos; y, en el entendido de que
       los gestionantes serán responsables del uso que le den a la
       información obtenida.”
                                          -0-

      La información requerida por los estudiantes, es la siguiente:

       “1.Estadísticas sobre la cantidad de vehículos robados, según marca y
       modelo, desde enero de 1999 a marzo de 2001.
       2.    Estadísticas sobre la cantidad de vehículos recuperados por el
       O.I.J.3.
       3.   Que sucede con los vehículos recuperados, que cuentan con
       seguro y que el Instituto Nacional de Seguros a cancelado poro
       concepto de indemnización.
       4.     Información sobre organizaciones delictivas debidamente
       estructuradas para desarrollar este tipo de actividades ilícitas.
       5.   Estadísticas sobre menores de edad que estén siendo o hayan
       sido prostituidos.
       6.    Organizaciones dedicadas     a la trata de blancas y prostitución
       infantil.
       7.    La posibilidad de ver algunas declaraciones de estas personas
       prostituidas con el fin de obtener información en cuanto a lo que se les
       paga por parte de sus representantes y que tipo de clientes son los que
       mas las buscan.
       8.    Si aparte de perseguir el delito en si, sea robo o algunos de los
       establecidos en el capítulo de delitos sexuales del Código Penal, se
       investigan cuentas bancarias y bienes de los probables autos o
       testaferros con el fin de obtener prueba circunstancial y determinar que
       los bienes hayan sido adquiridos por las ganancias producidas de la
       actividad ilícita.
       9.   Toda aquella información que sea necesaria para el desarrollo de
       nuestro trabajo, la cual será utilizada para fines didácticos y estricta
       confidencialidad.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud anterior, excepto la información

requerida en los puntos 4, 6 y 7, asimismo en el punto 5 únicamente se proporcionará
                                          74

información estadística. La anterior autorización será en el entendido de que el uso

que hagan de la información que llegue a sus conocimientos, será bajo su exclusiva

responsabilidad, y que mientras se realice deberán ajustarse a las normas que rigen la

prestación del servicio en el Poder Judicial. La Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial y el Departamento de Investigaciones Criminales tomarán nota

para lo de sus cargos y velarán por el debido cumplimiento de lo aquí dispuesto.

                                   ARTÍCULO XLII

      En sesión N° 11-01 celebrada el 6 de febrero del año en curso, artículo I, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “La señora Cinthya Barrantes Gamboa, Auxiliar de Investigación
       de la Sección de Delitos Contra la Propiedad, en nota de 9 de enero
       pasado, hizo del conocimiento el traslado que se le hiciera de la Oficina
       Regional del Organismo de Investigación Judicial de Puriscal a la
       Sección de Delitos Contra la Propiedad, sin conocer las razones por
       las cuales fue trasladadas, situación que le afecta su condición laboral,
       y le causa un perjuicio económico que ello conlleva.
            La Secretaria General, de previo a ser sometido el asunto anterior
       a conocimiento de este Consejo, mediante oficio N° 503-01 de 12 de
       enero del año en curso, remite copia de la citada nota a la Dirección
       General del Organismo de Investigación Judicial, para que informe al
       respecto.
             En la sesión del pasado 25 de enero, artículo XXXIV, se conoció
       el informe N° DICR-0059-2001 de la Subjefatura del Departamento de
       Investigaciones Criminales, quien ampliamente se refiere a la situación
       de la señora Barrantes Gamboa y se dispuso tener por rendido el
       informe anterior y hacerlo del conocimiento de la señora Barrantes.
            Con ocasión de lo resuelto anteriormente, la señora Barrantes, en
       nota recibida el 1° de este mes, manifiesta:
       “…acudo a ustedes mediante recurso de reconsideración a fin de
       solicitarles nuevamente a ese honorable Consejo, se reconsidere el
       referido acuerdo, ya que no se ajusta a una realidad material con las
       legítimas razones de mi traslado, así como tampoco con aquellas que
       competen a la Oficina Regional del O.I.J. en Puriscal, ya que como se
       desprende del oficio ORP-112-01 enviado por el señor Víctor Hugo
                                           75

        Mejías Arguedas a la Dirección General, con respecto a la información
        suministrada por el Lic. Alpízar al Consejo, se denota claramente que
        este jerarca discrepa totalmente con ese criterio, y pareciera más bien
        que para nada se ajustan con las políticas administrativas que la
        Dirección General de este Organismo ha pretendido desarrollar en la
        zona de Puriscal, de tal forma que existen evidentes contradicciones de
        criterio, y a mi entender debería prevalecer la real y acorde a las
        políticas de la Dirección General.
              A lo anterior, debo sumarle que por lo que he comprendido de
        esta situación, la Dirección General no comparte el criterio esgrimido
        por la Jefatura del Departamento, además de que no se indicó cuáles
        fueron las legítimas razones de mi traslado, que para nada habrán de
        ser justificadas, puesto que no se da informe de ellas.
              Ruego a ustedes, señores Concejales, reconsiderar mi condición,
        y si es factible se estudie nuevamente la posibilidad de restituirme en
        mi plaza de trabajo en Puriscal, sitio al que fue designada por
        disposición directa del propio señor Director Rojas desde el 1 de marzo
        del año anterior, quien además de compartir y sostener el criterio de
        dejarme laborando en la oficina de Puriscal, lo cual me consta ya que
        así me lo informó, y es quien a mi entender tiene la potestad jerárquica
        de realizar traslados como el de comentado.”
                                           -0-
               Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar a
        la Directora General del Organismo de Investigación Judicial, emita su
        criterio respecto a la solicitud de traslado que hace la señora Barrantes
        Gamboa a la Oficina Regional de ese Organismo en Puriscal, pues
        quien rindió el informe en su oportunidad fue el Jefe del Departamento
        de Investigaciones Criminales y según indica la petente, ella fue
        asignada a Puriscal por disposiciones del Director General interino, Lic.
        Jorge Rojas Vargas.
             El Lic. Campos votó para que se reinstale a la citada servidora en
        la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial en
        Puriscal.”
                                        -0-

       El Lic. Jorge Rojas Vargas, Subdirector General del Organismo de Investigación

Judicial, en oficio N° 0504-DG-01 de 9 de marzo último, en atención al acuerdo

anterior, manifiesta lo siguiente:

        “1. Esta representación considera atendibles las razones que en su
        oportunidad expuso el Lic. Carlos Alpízar Alfaro, Subjefe del
                                           76

        Departamento de Investigaciones Criminales, mediante oficio N° DICR-
        0059-2001 de fecha 17 de enero del año en curso, en lo concerniente
        al traslado de la servidora Barrantes Gamboa, lo cual no contraviene de
        manera alguna las políticas de administración de esta Dirección
        General.
        2.   En este sentido valga reiterar que para el traslado se consideraron
        razones de conveniencia institucional e interés público, dada la escasez
        de personal que enfrenta la Sección de Delitos Contra la Propiedad,
        propiamente en un área compleja como resulta ser la Unidad de Robo
        de Vehículos, donde se ha destacado a la aquí gestionante.
        3.    No obstante lo anterior, en virtud de una serie de explicaciones
        que la citada servidora esgrimió ante esta Dirección General y la
        Jefatura de Investigaciones Criminales con respecto al estado de salud
        de su señora madre, se reconsideró la situación, llegándose al acuerdo
        con la citada Jefatura Departamental de trasladar nuevamente a dicha
        servidora a la Oficina Regional de Puriscal, lo cual se estaría haciendo,
        cuando las circunstancias laborales de la Unidad de Robo de Vehículos
        así lo permitan.”
                                          -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y hacerlo del conocimiento de

la señora Barrantes Gamboa. Sin embargo, en virtud de las especiales circunstancias

del caso, se solicita a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial

valorar la posibilidad para que el traslado de la citada servidora a la Oficina Regional

del Organismo en Puriscal, se verifique en un plazo determinado.

      El Magistrado Mora y el Lic. Rojas emiten su voto en cuanto a que es facultad

del Organismo de Investigación Judicial realizar estos movimientos de personal, por lo

que consideran que este Consejo no tiene competencia para administrar los recursos

humanos que se dedican a la investigación policial.

      El Lic. Gutiérrez votó porque se reinstale inmediatamente a la citada servidora en

la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial en Puriscal.

                                   ARTÍCULO XLIII

      En nota de 27 de marzo último, varios servidores de la Sección de Análisis de
                                           77

Escritura y Documentos Dudosos del Departamento de Laboratorios de Ciencias

Forenses del Organismo de Investigación Judicial, exponen la siguiente situación que

según indicaron les afecta directamente:

       “1.- El día 23 de marzo del 2001 recibimos fotocopia del oficio 100-
       DCF-2001, firmado por el Msc. Marvin Jimmy Salas Zúñiga en su
       condición de Jefe del Departamento de Laboratorios de Ciencias
       Forenses, cuya copia adjuntamos.
       2.- Los acápites a), b) y c) son transcripción del artículo XXXVII de la
       sesión N° 4-01 del Consejo Superior, celebrada el 11 de enero del año
       en curso, conocidos por todos nosotros, ya que dicho Consejo, envió
       copia a nuestra Sección.
       3.- Considera el Msc. Salas Zúñiga, que las personas nombradas en
       la Sección de Análisis de Escritura y Documentos Dudosos cumplen
       con los requisitos impuestos en el Manual Descriptivo de Puestos y por
       ende son responsables por las pericias que realizan bajo la supervisión
       del Jefe de la Sección, además, que en virtud de lo anterior, deberán
       estarse a lo resuelto por dichos Organos Judiciales en relación a la
       responsabilidad pericial, manteniéndose además todas las directrices
       existentes a nivel Departamental en cuanto a forma y contenido de los
       Dictámenes Periciales.
       4.- En la nota que el personal técnico de esta Sección le envió al Jefe
       de nuestra Sección, no se indica expresamente, tampoco se insinúa,
       que no tenemos responsabilidad por las funciones técnicas que
       llevamos a cabo.
       5.- Queremos dejar de manera expresa ante ese Honorable Consejo,
       que todo el personal técnico de la Sección de Análisis de Escritura
       posee responsabilidad tanto penal, disciplinaria, Administrativa y civil,
       en los eventuales casos de mal praxis.
       5.- Que con ocasión de la lectura del pronunciamiento del Consejo
       Superior visible en el artículo XXXVII de la sesión N° 4-01 del Consejo
       Superior, celebrada el 11 de enero del año en curso, recibido en
       nuestra Sección el 06 de febrero, presentamos una solicitud al señor
       Juan Alberto Parra Garro, Jefe a.i. en esa oportunidad de la Sección de
       Análisis de Escritura, quien trasladó la gestión al Jefe del Departamento
       de Laboratorios de Ciencias Forenses.
       7.-   Que la petición concreta fue eliminar la línea que dice:
               ===============Fin de Dictamen ===============
       ya que el dictamen no finaliza con la firma del técnico, sino con la firma
       del Jefe del Departamento, quien refrenda la firma del perito oficial,
                                         78

       asumiendo parte de la responsabilidad, cuando la pericia sea realizada
       por personas con conocimientos prácticos, que es el caso nuestro, ya
       que únicamente tenemos la posibilidad de formarnos laboralmente con
       la experiencia que vamos adquiriendo en el desarrollo mismo de
       nuestras funciones y la capacitación que nos brinde la institución,
       debido a que a nivel nacional no existe ente educativo que brinde dicha
       formación. (Ver el acápacite 10.5, párrafo tercero del Artículo XIII,
       Sesión N° 20-00 del Consejo Superior, celebrada el 09 de marzo en
       curso), comunicado al Msc. Marvin Salas Zúñiga, Jefe del
       Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses.
       8.- Presentamos el orden en que deben quedar las firmas en los
       dictámenes nuestros, por el régimen de responsabilidades que al efecto
       existe.


                                  ______________
                                Técnico Criminalistico


                                ________________
                                 PERITO OFICIAL
                                  Jefe de Sección


                    REFRENDA __________________________
                               Jefe del Departamento
              Acuerdo N° XVII del 13 de enero de 1975 de Corte Plena
          Acuerdo N° CXXI de 18 de febrero de 1997 del Consejo Superior
         Acuerdo N° XXXVII de 11 de enero del 2001 del Consejo Superior


       9.- Por lo anteriormente expuesto solicitamos al Honorable Consejo
       Superior se nos indique si la interpretación realizada es correcta o no.
       10.- Adjuntamos antecedentes.”
                                         -0-

     Se acordó: Comunicar a los servidores de la Sección de Análisis de Escritura y

Documentos Dudosos que este Consejo no tiene inconveniente en que se elimine la

línea y la frase indicada, pues ello no modifica en nada la responsabilidad que
                                            79

corresponde a cada uno de los firmantes, de acuerdo con la naturaleza, funciones y

responsabilidades según el cargo que desempeñan. INSPECCIÓN JUDICIAL

                                    ARTÍCULO XLIV

      El señor Álvaro Zamora Vásquez, Prosecretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, con oficio N° 2512 de 22 de marzo del año en curso, remite copia del acta de

visita realizada al Juzgado Civil y de Trabajo de Osa, por la Licda. Marta Picado Lagos,

Inspectora Judicial Auxiliar, cuyas recomendaciones literalmente dicen:

        “1. Realizar una depuración del control de apelaciones ante los
        Tribunales, con el fin de ponerlo al día y enviar recordatorios a dichos
        Tribunales a fin de que remitan a la brevedad las que se encuentren
        pendientes.

        2. Establecer revisiones periódicas de casillas. Dar prioridad al trámite
        de los asuntos más antiguos.

        3. Resolver a la brevedad los asuntos más antiguos pendientes de
        fallo.
        4. Que la jefatura solicite a la Escuela Judicial capacitación para el
        personal auxiliar, con énfasis en la materia civil.”

                                           -0-

      Se acordó: Tener por rendida el acta anterior y que se cumplan las

recomendaciones transcritas a la brevedad por parte del citado despacho.

                                    ARTÍCULO XLV

      El señor Álvaro Zamora Vásquez, Prosecretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, con oficio N° 2687 de 27 de marzo del año en curso, remite copia del acta de

visita realizada al Tribunal de Juicio de la Zona Sur, Sede Golfito, por la Licda. Marta

Picado Lagos, Inspectora Judicial Auxiliar, en lo que interesa literalmente dice:

        “IV. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
                                    80

 De la revisión del libro de entradas se determina que este Despacho no
 tiene asuntos en mora judicial. Se determinaron 14 asuntos activos
 cuya situación es la siguiente:
 Expedientes
 96-200014-030 PE Robo agravado. Señalado para debate el 29-3-01
 98-000762-062 PE Violación. Señalado para el 30-5-01
 99-000292-455 PE Abusos deshonestos. Señalado para el 26-6-01
 99-000601-455 PE Homicidio culposo. Señalado para debate el 29-5-
 01
 95-200201-030 PE Robo agravado. Señalado para debate el 26-4-01
 99-000508-455 PE Violación agravada. Señalado para debate el 29-3-
 01
 98-000532-455 PE Homicidio Atenuado. Señalado para debate el 31-5-
 01
 00-000165-455-PE Robo agravado. Señalado para debate el 30-5-01
 98-000523-455-PE Homicidio culposo. Señalado para debate el 27-3-
 01
 97-000327-428 PE Aprovechamiento indebido recursos forestales.
 Señalado para el 16-4-01
 00-000160-455 PE Abusos deshonestos. Señalado para el 26-6-01
 00-000291-455 PE Robo agravado. Señalado para el 9-5-01
 00-000010-538 PE Querella. Está la espera de prueba
 (…)
 V.     CONCLUSIONES
 (…)
 muestro mi preocupación por el significado número de juicios
 colegiados que se suspenden, situación que debe ser coordinada con
 la Jefatura del Tribunal de Corredores, a fin de optimizar la realización
 de los señalamientos.
 (…)
 VI.    RECOMENDACIONES

 1. Que la Jefatura propicie la coordinación con la Jefatura del Tribunal
 de Corredores, a fin de optimizar la realización de los señalamientos.

 2. Coordinar con la jefatura del Juzgado Penal el cumplimiento del
 horario de trabajo de la conserje.

 3. Formalizar la entrega de expedientes correspondientes a juicios
 colegiados por parte del Tribunal de Corredores.”

                                   -0-

Se acordó: 1) Tener por rendida el acta anterior. 2) Solicitar un informe sobre
                                               81

los asuntos que se encuentran pendientes de los años 1995, 1996, 1997 y 1998. 3)

Solicitar al citado despacho extremar las medidas necesarias para bajar el número de

señalamientos suspendidos. 4) Cumplir las recomendaciones transcritas por parte del

citado despacho.

                                      ARTÍCULO XLVI

      El señor Álvaro Zamora Vásquez, Prosecretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, con oficio N° 2509 de 21 de marzo del año en curso, remite copia del acta de

visita realizada al Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, sede San

Ramón,     por   el   Lic.   Denis   Ubilla   Arce,   Inspectora   Judicial   Auxiliar,   cuyas

recomendaciones literalmente dicen:

         “a) Velar porque los asuntos se cancelen de los registros, en las
         oportunidades del caso. Verbigracia, asunto N° 00-000028-548
         declarado inadmisible el 17-11-00 y alguna que otra comisión.

         b) Dejar constancia en el expediente porqué razón no se llevó a cabo
         algún debate o personas que no asistieron al mismo. Ejemplo, asunto
         N° 99-200639-332.”
                                          -0-

      Se acordó: 1 Tener por rendida el acta anterior. 2) Solicitar al Lic. Luis Alberto

Víquez Arias, bajar el término de señalamiento de debates, en consecuencia, deberá

realizar un mayor número de juicios. 3) En cuanto a las recomendaciones deberán

cumplirse a la brevedad por parte del citado despacho.

                                      ARTÍCULO XLVII

      El señor Álvaro Zamora Vásquez, Prosecretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, con oficio N° 2835 de 2 de abril en curso, remite copia del acta de visita

realizada en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Cañas, por el Lic.
                                            82

Guillermo Morales Montoya, Inspector Judicial Auxiliar, cuyas recomendaciones

literalmente dicen:

        “a) Que se procure aumentar a un mínimo de 4 señalamientos diarios,
        b) que los señalamientos futuros, se programen una vez que ha sido
        cubierto el respectivo mes y no programar a muchos meses plazo,
        habiendo espacio en la agenda, salvo que la circunstancia lo amerite,
        por ejemplo remates. c) en materia contravencional dictar la
        prescripción en un año, hacer un solo auto que indique el inicio de la
        sumaria y el señalamiento del juicio y que las citaciones a juicio, en
        esta materia, se hagan a los interesados con una anticipación
        moderada.”
                                        -0-

      Se acordó: Tener por rendida el acta anterior y que se cumplan las

recomendaciones por parte del citado despacho.

                                    ARTÍCULO XLVIII

      El señor Álvaro Zamora Vásquez, Prosecretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, con oficio N° 2818 de 2 de abril en curso, remite copia del acta de visita

realizada en el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, por el Lic. Nils

Lorz Ulloa, Inspector Judicial Auxiliar, cuyas conclusiones y recomendaciones

literalmente dicen:

             “El despacho ha sufrido un incremento en el ingreso de asuntos,
        lo cual, sumado a la relativa inexperiencia de cierto sector del personal
        de apoyo, ha venido en detrimentro del buen desempeño de la oficina,
        lo cual se aprecia en el incremento sostenido del circulante.
              Además de lo anterior, y en el caso específico del Licenciado
        Barletta, recibió un despacho sumamente atrasado y difícilmente se
        recuperará sin asistencia. Esto se puede remediar en buena medida si
        se varía el esquena de trabajo actualmente en uso por parte del
        personal profesional. Considera el suscrito, con base en las
        observaciones hechas sobre la existencia de expedientes en cada
        despacho, así como los comentarios hechos por los jueces, que debe
        integrase un verdadero equipo de trabajo y que los jueces se
        distribuyan el trabajo por igual, evitando la división existente entre etapa
                                            83

       preparatoria e intermedia, pues este sistema no demuestra haber dado
       buen resultado, toda vez que los jueces de la etapa preparatoria
       trabajan con cierta holgura, en comparación con el esfuerzo que deben
       realizar los jueces de la etapa intermedia. La integración de este
       equipo de trabajo requiere, obligatoriamente, la implementación de
       reuniones periódicas entre el personal profesional y también con el
       personal de apoyo, para diseñar las políticas de atención de casos
       urgentes y los lineamientos a seguir para una equitativa distribución de
       labores. Al adoptarse este sistema de trabajo, puede optimizarse la
       agenda y distribuir de una manera más adecuada los señalamientos,
       pues en la actualidad, estos deben hacerse con un alto nivel de
       saturación para cumplir con los requerimientos normales del ejercicio
       de la función. El Colegio de Jueces debe también diseñar un sistema
       adecuado para la custodia de la documentación que eventualmente
       pueda ocuparse durante días y horas no hábiles, con el objeto de que
       la labor del Juez no se vea supeditada a la presencia del Auxiliar
       Judicial que tiene a su cargo dicha papelería.
             En cuanto a libros de control, debe de inmediato variarse el
       formato del libro de evidencias y tornar al sistema que se utilizaba
       anteriormente. En otras palabras, cada asiento de ese registro debe
       comprender una descripción de los objetos que se reciben, lo
       suficientemente detallada para poder identificarlo en cualquier
       momento o circunstancia, el número del expediente respectivo, la fecha
       y el nombre de la persona que lo recibe y debe dejarse objeto. Debe
       darse a este registro la importancia que realmente tiene, utilizando letra
       legible y anotando escrupulosamente la información necesaria para
       mantener incólume la cadena de custodia.
             Considera el suscrito que deben llevarse a cabo reuniones con la
       policía judicial y el Ministerio Público a fin de coordinar esfuerzos.”

                                            -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendida el acta anterior. 2) En cuanto a las

recomendaciones deben cumplirse por parte del citado juzgado a la brevedad.         3)

Comunicar a los Jueces de ese despacho que deben dar prioridad a la resolución de

los asuntos anteriores al año 1999. 4) Asimismo se les recuerda que el Juez que ha

sido de una etapa no puede serlo de otra.

                                   ARTÍCULO XLIX
                                          84

      El señor Álvaro Zamora Vásquez, Prosecretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, con oficio N° 2774 de 29 de marzo del año en curso, remite copia del acta de

visita realizada en la Fiscalía de Corredores, por la Licda. Enar Carranza Rodríguez,

cuyas conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

       “En general se observa que la Fiscalía visitada presenta un circulante
       manejable, lo que se debe más que todo al número de resolución de
       casos o asuntos terminados, los que superan los ingresos. En cuanto a
       los problemas de relaciones interpersonales y cuestiones disciplinarias,
       según se informa a la suscrita no han sido superados y se continúa con
       los procesos disciplinarios en la Inspección Fiscal. Se reitera la
       recomendación de la última acta de visita de la Inspección Judicial, en
       cuanto a proseguir con las reuniones periódicas con el personal
       profesional y de apoyo para evaluar la labor desplegada y el servicio
       público que se presta.        Además se recomienda inventariar las
       evidencias, con el propósito de determinar el destino de las mismas, ya
       sea devolución a las partes, donación, enviar al depósito de objetos o
       destruir y se da el plazo de una semana para determinar las que están
       para destruir; así como mantener actualizado el libro de comisiones,
       cancelando de inmediato las que salen del Despacho.”

                                         -0-

      Se acordó: Tener por rendida el acta anterior y que se cumplan las

recomendaciones por parte del citado despacho. Remítase copia del informe al Fiscal

General de la República para su conocimiento respecto de los problemas

interpersonales que se señalan.

                                    ARTÍCULO L

      En sesión celebrada el 6 de marzo del año en curso, artículo XXXVII, de

conformidad con el artículo 81, inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se

prorrogó la suspensión por un mes más a partir del 2 de ese mes, de los señores

Douglas Araya Sandí y Ronald Hernández Mora, Auxiliares de Investigación de la

Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial, la cual será sin goce de
                                          85

sueldo mientras se encuentren detenidos y una vez que se hallen en libertad lo será

con goce de salario, conforme al artículo 78 del Código de Trabajo y la Jurisprudencia

vinculante de la Sala Constitucional, en tanto la Oficina de Asuntos Internos del

Organismo tramita la queja que se sigue en su contra.

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

judicial, en oficio N° 2781 de 30 de marzo último, comunica que ese Tribunal prorrogó

por un mes más a partir del 1° de abril en curso, la suspensión de los servidores Araya

Sandí y Hernández Mora, de conformidad con el artículo 202 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, mientras se concluye la tramitación de la queja N° 472-2001-R seguida

contra ellos. Asimismo se señala que la suspensión será con goce de salario, ya que

tienen informes de que fueron puestos en libertad.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior, de lo cual hará también el

Departamento de Personal y el Organismo de Investigación Judicial.

                                    ARTÍCULO LI

      En sesión celebrada el 6 de marzo del año en curso, artículo XXXVIII, de

conformidad con el artículo 81, inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se

prorrogó por un mes más la suspensión del cargo de los señores Oscar Enríquez

Baltodano y José Francisco Calderón Villalta, Oficiales de Investigación de la

Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial en Heredia, la cual sería

sin goce de salario mientras se encuentren detenidos y una vez puestos en libertad lo

sería con goce de salario conforme al artículo 78 del Código de Trabajo y la

Jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, en tanto la Oficina de Asuntos

Internos del Organismo tramita la queja que se sigue en su contra.
                                           86

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 2779 de 29 de marzo último, comunica que ese Tribunal prorrogó

por un mes más, a partir del 1° de abril del dos mil, la suspensión de los servidores

Enríquez Baltodano y Calderón Villalta, en el entendido que lo es sin goce de salario,

en tanto se encuentran privados de libertad y con goce de salario, a partir del cese de

la medida cauterlar.     Lo anterior de conformidad con los artículos 202 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 78 del Código de Trabajo, y jurisprudencia vinculante de la

Sala Constitucional y mientras se concluye la tramitación de la queja N 460-2001-R

seguida contra ellos.

      En nota de 30 de marzo último, el señor Enríquez Baltodano, expresó:

             “En relación al oficio número 3062-2001, en donde se me
       suspende por el mes de mazo sin goce de salario mientras me
       encuentre detenido y con goce de salario una vez que me encuentre en
       libertad desde el 23 de marzo del 2000.
             Por lo anterior solicito que se le informe al Departamento de
       Personal lo dispuesto a fin de que se me restablezca el pago de mi
       salario a partir de la fecha supracitada. Adjunto e este oficio copia de la
       orden de libertad emanada del Juzgado Penal de Heredia.”

                                          -0-

      Se acordó:        Tomar nota de la comunicación del Tribunal de la Inspección

Judicial y la del señor Enríquez Baltodano, lo que también harán el Departamento de

Personal y la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Heredia

para lo que a cada uno corresponda.

                                     ARTÍCULO LII

      Se recibió copia de las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Inspección

Judicial, en aplicación del régimen disciplinario, comunicadas mediante oficios números
                                          87

460, 462, 465, 469, 473, 474, 477, 480, 482, 786, 539, 542, 544, 547, 549, 589, 629,

651, 903, 904, 908, 909, 916, 917, 919, 921, 923, 927, 930, 933, 935, 938, 941, 944,

1089, 1094, 1095, 1097, 1103, 1104, 1109, 1114, 1116, 1120, 1125, 1129, 1132, 1136,

1139, 1191, 1294, 1969, 1970, 1979, 1980, 1985, 1986, 1992, 1993, 2001, 2005, 2007,

2010, 2012, 2014 y 2016.

      Una vez revisadas, se acordó: Tomar nota de las resoluciones anteriores.

                                    ARTÍCULO LIII

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 1042 de 1° de febrero del año en curso, comunica que ese

Tribunal, al resolver la queja N° 326-00 M, impuso al señor Jorge Arturo Alpízar Mora,

Conserje del Juzgado Civil de Trabajo de Desamparados, la corrección disciplinaria de

Advertencia, porque sacó varias fotocopias particulares en la máquina fotocopiadora

que opera en el Juzgado, la cual no es del Poder Judicial, en ausencia del encargado

de la misma.

       Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación, lo que también hará el

Departamento de Personal, para lo de su cargo.

                                    ARTÍCULO LIV

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 1043 de 1° de febrero del año en curso, comunica que ese

Tribunal, al resolver la queja N° 1163-00 F, impuso al señor Ernesto Jiménez Mora,

Auxiliar Judicial del Juzgado de Tránsito de Pavas, la corrección disciplinaria de

Amonestación Escrita, por utilizar vocabulario y expresiones soeces para dirigirse a sus

compañeros de oficina y ausentarse injustificadamente de su trabajo por un día.
                                           88

Asimismo informa que ese Tribunal ordenó que del salario del señor Jiménez Mora, se

rebaje lo correspondiente al día 25 de agosto del 2000 que no laboró.

        Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación, lo que también hará el

Departamento de Personal, para lo de su cargo.

                                    ARTÍCULO LV

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 1203 de 5 de febrero del año en curso, comunica que ese

Tribunal, al resolver la queja N° 470-00 M, impuso al Lic. Efraín Marín Madrigal, Juez

interino de Santa Ana, la corrección disciplinaria de Amonestación Escrita, por el atraso

en que incurrió en remitir un proceso a otra jurisdicción, lo cual originó que el mismo

prescribiera.

        Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación, lo que también hará el

Departamento de Personal, para lo de su cargo.

                                    ARTÍCULO LVI

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 1206 de 5 de febrero del año en curso, comunica que ese

Tribunal, al resolver la queja N° 554-00 M, impuso a la señora Iria María Herrera

Hernández, Auxiliar Judicial del Juzgado Penal de San Carlos, la corrección

disciplinaria de Amonestación Escrita, porque se dirigió de manera irrespetuosa a la

Jueza del Despacho.

        Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación, lo que también hará el

Departamento de Personal, para lo de su cargo.
                                           89

                                        ARTÍCULO LVII

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la Inspección

Judicial, en oficio N° 2698 de 28 de marzo último, informa que ese Tribunal al resolver

la queja N° 1324-2000-R impuso a la Licda. Olga Castillo Morales, Jueza

Contravencional del Segundo Circuito Judicial de San José, la corrección disciplinaria

de Amonestación Escrita, por haberle hecho comentarios no apropiados al imputado de

una sumaria tramitada en su Despacho. Asimismo adjunta copia de las resoluciones

Nos. 194-2001 y 351-2001 dictadas por ese despacho, ésta última, de las 14:08 horas

del 12 de marzo del año en curso, en que se declaró con lugar el recurso de revocatoria

con nulidad concomitante e inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Lic.

Jorge Fischer Aragón, Abogado Defensor de la señora Olga Castillo Morales contra la

resolución N° 194-2001 en la que se le impuso la corrección disciplinaria de

Amonestación Escrita.

      El Lic. Jorge Fisher Aragón, en escrito de 29 de marzo último, en su condición de

Defensor, presentó apelación por inadmisión en el proceso disciplinario establecido por

el Lic. Gonzalo Emilio Campos Jiménez contra la Licda. Olga María Castillo Morales, en

los siguientes términos:

        “PRIMERO: Me presento a interponer apelación por inadmisión, por la
        denegatoria ilegal, arbitraria, e injusta de un recurso de apelación,
        procedente, que se alegó con nulidad concomitante o ineficacia.
        SEGUNDO: Procedo a cumplir con los requisitos del escrito, que
        ordena el numeral 584 del Código Procesal Civil, de la siguiente
        manera:
        “1) Los datos generales del asunto que se requieren para su
        identificación”. Se trata del proceso disciplinaria o queja del Licenciado
        Gonzalo Campos Jiménez contra la Licenciada Olga María Castillo
        Morales, que bajo el expediente número “1324-2000R” se tramita en la
                                   90

Inspección Judicial, y en el que en su oportunidad la Licenciada Castillo
Morales me nombró su Abogado Defensor.
2) “La fecha de la resolución que se hubiese apelado y de aquella en
que quedó notificada a todas las partes”. “La fecha de la resolución
que se hubiere apelado”: Resolución de las “Quince horas y cinco
minutos del doce de febrero del dos mil uno”, y quedó notificada a
todas las partes del día 27 de febrero del 2001.
3) “La fecha en que se hubiere presentado la apelación ante el Juez de
primera instancia”, en este caso la Inspección Judicial.
La apelación de comentario, fue presentada el día “primero de marzo
del 2001.
4) “ Copia literal de la resolución en que se hubiere desestimado, con
indicación de la fecha en que quedó notificada a todas las partes”.
Acompaño copia literal de la resolución en que se desestimó la
apelación “catorce horas y ocho minutos del doce de marzo del dos mil
uno”, resolución que quedó notificada a todas las partes, el día: 26 de
marzo del 2001.
Afirmo que la copia literal que presento en forma separada “ES
EXACTA”.
TERCERO: La Inspección Judicial rechaza primeramente en forma
ilegal y arbitraria, el “recurso horizontal” (revocatoria con nulidad
concomitante o ineficacia), a pesar de que señalé graves yerros que
hicieron que esa sentencia sea absolutamente nula, pues ni siquiera
cumplieron con los requisitos mínimos de un fallo de orden
sancionatorio, valga decir, esa resolución debía ser dictada y tenía que
ser dictada debidamente fundamentada, no solo exponer los hechos
que se tengan por probados, sino también los que se consideren faltos
de prueba y exponer con claridad sus razonamientos y conclusiones,
para permitirme no sólo analizar con sustente la esenciabilidad de la
prueba que no se quiso evacuar, sino también su incidencia en lo que
se resolvió, para determinar los efectos del perjuicio que se le ocasiona
a mi defendida con la sanción impuesta ilegal y arbitrariamente con un
“cuadro-fáctico” con apariencia de legalidad, pero que en realidad es
evidentemente inmoral y l sanción es evidentemente injusta.
Sí tiene apelación la resolución o acto final de las quince horas y cinco
minutos del doce de febrero del dos mil uno, porque son evidentes los
vicios de ineficacia o nulidad absoluta que existen en la “investigación”
de la Inspección Judicial.
Se deben aplicar los principios que se desprenden especialmente de
los artículos 158, 166, 169, 344 inciso 1. De la Ley General de la
Administración Pública.
                                           91

       CUARTO: La apelación por inadmisión, la presento dentro del plazo
       que establece el numeral 585 del Código Procesal Civil.
       QUINTO: Sin perjuicio de otras razones que daré oportunamente ante
       ustedes, siempre con respeto, formulo la presente apelación por
       inadmisión.
       SEXTO:
       DERECHO: Artículos 583 siguientes y concordantes del Código
       Procesal Civil.
       SETIMO:
       PRETENCIONES:
       Con base en todo lo expuesto y sin perjuicio de otras razones que daré
       oportunamente, solicito declarar procedente el recurso, revocar el auto
       que denegó la apelación de comentario, admitiéndola como en derecho
       corresponde.”
                                          -0-

      La Licda. Castillo Morales en escrito de 3 de abril en curso, recibido el 4,

manifestó:

       “El día de ayer, recibí del señor Secretario de la Inspección Judicial,
       copia de la comunicación remitida a la señorita Secretaria del Consejo
       Superior, de fecha 28 de marzo del presente año, en la que se me
       informa de la “corrección disciplinaria de amonestación escrita” que se
       me impuso en el proceso disciplinario mencionado.

       La resolución final que dictó el Tribunal de la Inspección Judicial, a las
       “quince horas y cinco minutos del doce de febrero del dos mil uno”, se
       dictó con evidente indefensión hacia la suscrita y con vicios graves en
       el procedimiento.

       Dentro del plazo de Ley, mi defensor interpuso los recursos necesarios
       y sin embargo, a pesar de la revocatoria con nulidad concomitante o
       ineficacia, el Tribunal de la Inspección Judicial, mantuvo su criterio y ni
       siquiera se refirió a todos y a cada uno de los agravios que se
       expusieron.

       Con relación a la impugnación de esa resolución final, dijo mi defensor
       en lo que aquí interesa:

       “…No está ajustada a derecho, al mérito de lo que el expediente
       informa, violenta las normas del debido proceso constitucional y legal
                                    92

(principios que informan el numeral 176 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial), a favor de mi defendida, carece la sentencia de la debida
fundamentación, se limitó ilegalmente los medios de prueba esgrimidos
por la defensa para demostrar los hechos o circunstancias que se
referían directa o indirectamente, al objeto de la averiguación, prueba
super útil para descubrir la verdad y probar los hechos alegados por mi
defendida; utiliza prueba obtenida por un medio ilícito y la incorpora al
procedimiento en perjuicio de mi defendida, imponiéndole una sanción
evidentemente ilegal e injusta, lo que hace que sea una sentencia
absolutamente nula o ineficaz.

Veamos algunas razones al respecto:

PRIMERA: Dice el “Considerando”, identificado como “I. HECHOS
PROBADOS”, en lo que aquí interesa: “2.- Que el veinticuatro de julio
del año pasado, después de las once horas y treinta y cinco minutos, la
Licenciada Olga Castillo Morales, recibió en su oficina al Licenciado
Gonzalo Campos Jiménez, Abogado defensor del imputado Miranda
Otárola, quien se hizo acompañar de los Abogados Alessio Blandón
Castellón y Juan Pablo Hernández Cortés, con la finalidad de analizar
la posibilidad de unan conciliación entre el denunciante e imputado…”
“De esas manifestaciones el Licenciado Juan Pablo Hernández Cortés,
en condición de Notario Público, levantó la correspondiente acta,
mediante escritura número veintiséis del tomo primero de su protocolo
(ver denuncia de solios 1 y 4, testimonio de escritura de folio 5,
declaraciones de ….”).”

Por supuesto, que ese hecho no quedó demostrado con la prueba que
se indica, muy por el contrario, la supuesta “Acta Notarial”, fue
debidamente impugnada en su oportunidad, y precisamente para
demostrar que el notario y su testigo, nunca estuvieron en esa oficina,
amén de que el “acta” no cumple con los requisitos que exige el Código
Notarial y se ofreció por el suscrito prueba idónea, que ilegal y
arbitrariamente no se quiso recibir interlocutoriamente; se ofreció
también prueba documental y testimonial para mejor resolver, que ni
siquiera se tomaron la molestia los Inspectores Generales que
resuelven este asunto, en valorar y dar la oportunidad a mi defendida
de probar sus hechos, sin embargo, para sancionarla sí utilizan esa
“Acta Notarial” ilegal, lo que sin lugar a dudas, sumado a todo lo que se
desprende de los testimonios rendidos, se concluye que se violentó el
debido proceso a su favor, el derecho a defensa entre otros.

¿Cómo es posible que los Inspectores Generales concluyan tan
fácilmente que los tres abogados citados, (que se asociaron para
perjudicar a mi defendida hasta con la elaboración de un documento
falso), se presentaron ese día “con la finalidad de analizar la posibilidad
                                  93

de una conciliación entre el denunciante e imputado”, si es elemental
que para llevar a cabo la conciliación deben estar los interesados en el
caso que nos ocupa, el ofendido y el imputado, nunca solo el
denunciante (de este proceso disciplinario), amén de que como consta
en autos el expediente ya estaba para el debate y es al Juez decisorio
(Licenciado Edgar Ardón Retana) como bien lo saben los Inspectores
Generales, a quien le corresponde hacer previamente al debate la
conciliación?

Y precisamente es él quien dicta la resolución que se apunta en el
hecho “3”. Sin lugar a dudas que también, se violentaron las reglas de
la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor
decisivo.

SEGUNDA: Dice también la sentencia, siempre solo en lo que aquí
interesa, por ahora, (sin que ello implique que otros hechos que tiene
ese fallo por probados también en forma irregular, se estén
admitiendo).

“4…” “El tres de noviembre, a eso de las once horas y treinta minutos,
cundo el imputado Guillermo Emilio Miranda Otárola, en presencia de
su abogado defensor el Licenciado Gonzalo Campos Jiménez, se
disponía a rendir declaración indagatoria con relación a la segunda
denuncia, la acusada Castillo Morales exclamó…”.

Increíblemente, los redactores de este fallo, violentando los principios
de la sana crítica racional, se atreven a fundamentar ese hecho como
probado, en las deposiciones que dieron las testigos de mi defendida, y
si se leen con un poquito más de cuidado esas deposiciones, se
concluye fácilmente que nunca se pueden sostener el hecho de
comentario como probado, por supuesto, sólo se puede sostener, con
las mentiras del denunciante, su abogado y sus testigos. Todos ellos
(incluyendo al aquí denunciante) complacientes, como se demostrará
oportunamente.

TERCERA: Siempre en lo que aquí interesa, dice esa sentencia
sobredicha, en el “considerando”, identificado como:

“II.- Hechos no probados.- En tal condición no existen”.
De nuevo de violenta el debido proceso, porque las sentencias deben
resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del
debate, y como lo demuestran los autos, sí hubo hechos que nosotros
alegamos, de influencia en la decisión de este proceso, que el Tribunal
debió de considerar como no probados, con la expresión de las razones
que tiene para estimarlos faltos de prueba, lo que no se hizo en la
                                  94

sentencia sobredicha.

La Ley Orgánica del poder Judicial, en su artículo 208, establece en
forma taxativa, , que el Tribunal de la Inspección Judicial, al
pronunciarse sobre el fondo, indicará, debidamente fundamentado, los
hechos que tanga por probados, los que considere faltos de prueba y
expondrá con claridad sus razonamientos y conclusiones; y los hechos
nuestros alegados debidamente, no solo no fueron debidamente
fundamentos, sino que no se cumplió con los razonamientos y
conclusiones correspondientes al respecto.
Sumado a todo lo anterior también, esa sentencia al no resolver todos y
cada uno de los puntos que han sido objeto del debate, hace que se
incumpla también con la exigencia constitucional y legal de que la
fundamentación sea insuficiente, contradictoria y que se haya
soslayado también el principio de que ante la duda, se debe resolver a
favor del servidor, en este caso mi defendida.

CUARTA: Con base en todo lo expuesto, la sentencia impugnada, es
absolutamente nula o ineficaz, razón por la cual, en tiempo, interpongo
los recursos de revocatoria con nulidad concomitante o ineficacia y
apelación en subsidio con ineficacia o nulidad concomitante, a efecto
de que se revoque o se anule (lo que proceda en derecho) y se cumpla
con todas las exigencias y se ordene el archivo del expediente o la
desestimación de la queja.

Todo lo anterior por supuesto, sin que se estén admitiendo en forma
alguna los argumentos o razones que se emplean en el “fondo del
asunto”, para concluir sancionando a mi defendida.
San José, primero de marzo del 2001.”

Señores Miembros del Consejo Superior, dentro del plazo de ley, mi
abogado defensor, ofreció la siguiente prueba:

“Además de las pruebas ofrecidas por mi defendida, siempre dentro del
plazo conferido en resolución de las 7,40 horas del 8 de noviembre del
2000, solicito que se fije día y hora para que: Gonzalo Jiménez, de
calidades que constan en autos (quejoso), comparezca personalmente
y no por medio de apoderado, ahí a la Inspección Judicial, a rendir
“declaración de parte”, confesión, y reconocimiento de documentos.

El interrogatorio con los documentos, lo presentaré el día y la hora que
al efecto se señala al respecto.

Todo de conformidad con los numerales 333 siguientes y concordantes
del Código Procesal Civil.”
                                   95

A pesar de que todas las probanzas ofrecidas eran pertinentes para el
descubrimiento de la verdad, pues como lo expuso y lo expongo ahora
ante ustedes, únicamente al abogado: Gonzalo Campos Jiménez,
atendí en el mostrador del despacho por muy pocos minutos y los otros
dos abogados, ni siquiera a esta data los conozco, el Inspector
instructor, no admitió la prueba ofrecida por mi defensor y tampoco
quiso admitir el testimonio del señor: Juan Pablo Salazar Carvajal, que
la suscrita aunque no conocía ni todavía conoce, sí consideró que era
prueba idónea para desvirtuar los cargos falsos que se le hicieron o
formularon.

Ante la negativa de admitir esas probanzas, mi defensor interpuso los
recursos de ley, y la revocatoria con la nulidad concomitante, así como
la apelación en subsidio con dicha nulidad, le fueron denegadas, por
supuesto en forma ilegal por tratarse de prueba idónea para la defensa
de mis intereses.

Ante el rechazo de esas pruebas, mi defensor interpuso recurso de
amparo ante la Sala Constitucional, y la Sala rechazó ese recurso de
amparo, pero en lo que aquí interesa dispuso en resolución de las
“nueve horas con veintiún minutos del cinco de enero del dos mil uno”
(que fue notificada hasta el día 26 de febrero último).

“considerando: Único…” “Estima la Sala que en este caso, la
disconformidad del recurrente con la valoración del recurrido a la hora
de resolver sobre la admisibilidad y pertinencia de la prueba ofrecida
por la amparada, en el ámbito de sus facultades de dirección como
órgano instructor del procedimiento, de conformidad con los artículos
198 y 203 de la Ley orgánica del Poder Judicial, y cuya fundamentación
se encuentra claramente establecida en la resolución e las quince
horas del doce de diciembre de este año (ver copia a folio 12 del
expediente), es un conflicto que debe resolverse en el procedimiento
disciplinario, por referirse a la materia propia de dicho proceso, y no en
esa sede, pues no le corresponde a la Sala constituirse en una
instancia más dentro del mismo, en este sentido, la disconformidad del
recurrente deberá plantearse, discutirse y resolverse dentro de la causa
disciplinaria, mediante los recursos previstos al efecto, máximo que al
pronunciarse sobre el fondo de la causa, el Tribunal de la Inspección
Judicial deberá indicar “debidamente fundamentado” los hechos que
tenga pro probados, LOS QUE CONSIDERE FALTOS DE PRUEBA Y
EXPONER         CON       CLARIDAD        SUS     RAZONAMIENTOS          Y
CONCLUSIONES, LO QUE PERMITIRÁ ANALIZAR CON SUSTENTO
LA ESENCIABILIDD DE L APRUEBA NO EVACUADA Y SU
INCIDENCIA EN LO QUE SE RESUELVA A EFECTOS DE
DETERMINAR UN EVENTUAL PERJUICIO A LA AMPARADA. En
                                   96

todo caso, si la recurrente disconforme con lo que se resuelve en
definitiva en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional
correspondiente por agotamiento de la fase anterior” (Mayúsculas,
destacados y subrayados son de la suscrita).

Como se desprende la resolución final, el Tribunal de la Inspección
Judicial no cumplió con todos los extremos ordenados por la Sala
Constitucional.

Señores Miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, he insistido
y no cesare de insistir con todo respeto, que la sanción es injusta,
ilegal, y no puedo aceptar una sanción, cuando estos abogados nunca
estuvieron en mi despacho judicial, con el único que conversé como ya
lo expuse fue con Gonzalo Campos Jiménez, en el mostrador del
despacho y por muy pocos minutos, y a esta data, ni siquiera conozco a
Alessio Blandón Castellón y muchos menos al supuesto Notario Juan
Pablo Hernández Cortés y como está probado en autos, no hice ningún
comentario o comentarios no apropiados al imputado de la sumaria que
se cita en este proceso.

Con base en todo lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los
numerales 213 y 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como
también en el “Artículo XLIV” de la sesión del Consejo Superior del 30
de octubre de 1995, les solicito siempre con respeto, anular la
resolución final de las “quince horas y cinco minutos del doce de
febrero del dos mil uno” y ordenar el reenvío al Tribunal de la
Inspección Judicial para que haga un nuevo pronunciamiento
cumpliendo con el debido proceso.

Acompaño fotocopia de la comunicación sobredicha enviada a la
“señorita Secretaria del Consejo Superior”, y fotocopia de la cédula de
notificación del recurso de amparo sobredicho y si ustedes lo
consideran necesario, pediré la certificación pertinente a la Sala
Constitucional, o me prevendrán las especies fiscales necesarias para
que a solicitud de ustedes se certifique la resolución de las “nueve
horas con veintiún minutos del cinco de enero del dos mil uno”, dictada
dentro de ese amparo número “00-010653.007-CO”.

Notificaciones: En su oportunidad, mi defensor señaló la oficina del
Licenciado Horario Mejías González, sita costado noroeste del Edificio
del Organismo de Investigación Judicial, se indicará que son para el
Licenciado Jorge Fisher Aragón.”
                                 -0-
                                           97

       Se acordó:     Tomar nota de la comunicación del Tribunal de la Inspección

Judicial.   En cuanto a lo manifestado por el Lic. Fischer Aragón y la Licda. Castillo

Morales, se les hace saber que de conformidad con el artículo 209 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial y la resolución de la Sala Constitucional N° 642-94, su solicitud es

improcedente.

ASUNTOS VARIOS

                                   ARTÍCULO LVIII

       El Lic. Manuel Sanabria Lemaitre, Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional

y de Menor Cuantía de Osa, en escrito de 19 de marzo del 2001, solicita lo siguiente:

        “Primero
        El suscrito participó en el Concurso CJ-06-99, para el cargo de Juez 3
        en Materia Penal.
        Mediante oficio del 4 de abril del 2000, UI.878-2000, del Consejo de la
        Judicatura, Unidad Interdisciplinaria, se me indica que mi promedio final
        para dicho cargo lo fue de 73.4431%.
        Posteriormente se me realizó una Evaluación por parte de la Unidad
        Interdisciplinaria, en aspectos de índole Socio-Laboral, Médico y
        Psicológico.
        En dicho Informe la Unidad Interdisciplinaria determinó no recomendar
        al suscrito para el cargo de Juez 3 en Materia Penal dentro del
        Concurso CJ-06-99, por no ser apto para dicho puesto, externado los
        evaluadores criterios que pone en tela de duda mis condiciones
        personales y profesionales en el desarrollo de mi trabajo.
        SEGUNDO: Que el suscrito mediante memorial de fecha 19 de
        setiembre del 2000, se opuso a los resultados dados por dicha Unidad
        Interdisciplinaria.
        TERCERO:          Que el respetable Consejo, acordó a la Unidad
        Interdisciplinaria realizar una nueva evaluación al suscrito por parte de
        un profesional distinto al de la prueba inicial.
        CUARTO: Que mediante informe suscrito por la Licenciada Flory Ivette
        Campos Meléndez, Psicóloga Cód. 161, del Departamento de Personal,
        “Recomendó”, con base en la valoración realizada el 18 de octubre del
        año 2000, que el Lic. Sanabria no se ajustó al momento de la
                                    98

valoración con el perfil psicológico al cargo de Juez 3 Penal.
QUINTO: Que los dos dictámenes vertidos por dichos profesionales no
me permiten a pesar de tener mejores notas que los compañeros
concursantes, ser nombrado al puesto de Juez 3, en el tanto que he
participado en diferentes ternas y no se me ha elegido por parte de
dicho Consejo.
SEXTO: En Sesión N° 95-2000, celebrada el día 30 de noviembre del
dos mil, fui removido del cargo de Juez Penal de Osa, mismo que se
adjudicó a la Licenciada Cecilia Roxana Monge Quesada, a partir del
día 15 del mes de diciembre del mismo año.
Dicho cargo lo venía ejerciendo en forma interina y continúa desde el 1°
de enero de 1998, sea por un término de 3 años y 15 días. Además me
desempeñé en otros puestos de judicatura, tanto en propiedad como
interinamente, desde el año 1980, primero como prosecretario, puesto
que ejercí desde el 1° de junio de 1980, hasta el 4 de mayo de 1983,
como secretario en propiedad a partir de esta última fecha y
posteriormente en forma interina fui nombrado en el puesto de Alcalde
5 de Osa desde el 25 de julio de 1983, hasta el 1° de diciembre de
1995; así mismo fui nombrado como Alcalde 5 con recargo de Juez
Mixto de Instrucción de Osa del 10 de junio de 1996 al 14 de junio del
mismo año, como Juez de Instrucción de Golfito del 9 de diciembre del
96 al 14 de junio del mismo año, como Juez de Instrucción de Golfito
del 9 de diciembre al 96 al 5 de enero del 97, siendo nombrado Alcalde
5 de osa a partir del 6 de enero del 97 y hasta el 31 de diciembre del
mismo año; y a partir del 1° de enero de 1998 me encontraba
ejerciendo el puesto de Juez 3 en materia penal de Osa, cargo que
ejercí hasta el 15 de diciembre del 2000 recién pasado, fecha a partir
de la cual fui removido del cargo luego de que el suscrito ejerciera en
forma continúa e ininterrumpida la judicatura por más de veinte años
(véase información actualizada General de Prontuario del Sistema
Integrado de Personal, del Departamento de Personal del Poder
Judicial, referente a mis cargos).

Mediante comunicado oficial del 9-11-2000, la Unidad Interdisciplinaria
del Consejo de la Judicatura, se me indica que el suscrito se encuentra
elegible para concursar para las plazas de Juez 3 en materia penal,
indicando que a solicitud del Consejo Superior: “en los próximos días se
procederá a elaborar las ternas respectivas por lo que de conformidad
con el artículo 77 de la Ley de Carrera Judicial, se me informa el orden
en que se procederá a efectuar los nombramientos, en virtud de lo cual
el suscrito deja establecido expresamente ante dicha Unidad
Interdisciplinaria mi interés de participar en todas las ternas para Juez 3
en materia Penal que aparecen en el cuadro del citado oficio (véase
comunicado oficial VI-CT-210-00 de fecha 09-11-2000).
                                  99

                           CONCLUSIONES
Participé en varias ternas y no se me nombró por cuanto siempre se
estableció que el suscrito “obtuvo un resultado no favorable según
evaluación de la Unidad Interdisciplinaria”.
Participo de nuevo como único oferente y no se me nombra, conforme
ordena la ley en atención a lo vertido en los informes psicológicos de
marras.

En consecuencia, queda suficientemente claro y sin lugar a dudas, que
tanto el Consejo Superior como la Corte Plena han interpretado que los
dos dictámenes vertidos acreditan que el suscrito no puede ser
nombrado en el puesto de Juez 3 en materia penal, causándome
perjuicios en mi contra, pues si no soy apto o idóneo para ejercer éste
puesto, ello significa que no lo seré para ningún otro puesto de
judicatura en cuyos concursos pretenda participar en el futuro,
cerrándome con ello mi posibilidad de ascensos y carrera profesional
en el Poder Judicial.

Queda claro, entonces, que luego de veintitrés años después de haber
ejercido puestos de judicatura, el Consejo Superior tiene en cuenta
para los nombramientos a que he aspirado, los informes psicológicos,
vertidos, en los cuales se establece por parte de la Unidad
Interdisciplinaria que el suscrito “obtuvo un resultado no favorable
según evaluación de la Unidad Interdisciplinaria” y otros criterios
vertidos en el primero y segundo dictamen que a todas luces son
determinantes y que son tomados en cuenta por su respetable Consejo
no realizando inclusive el nombramiento cuando el suscrito era la única
persona dentro de la terna.

Como lo dejo expuesto en el hecho primero, el Consejo Superior,
ignorando mis atestados de antigüedad en puestos de judicatura,
experiencia en el ejercicio de cargos de judicatura, especialmente en el
de Juez 3 en materia Penal, ascenso que he recibido desde que inicie
mis funciones en el Poder Judicial, carrera profesional e idoneidad, me
excluye de todos los nombramientos de Juez 3 en materia penal,
revocándome dicho nombramiento y no permitiéndome ser electo en
otros cargos por los dos dictámenes vertidos en mi contra que según lo
expuesto me declaran no apto para laborar como Juez 3 como lo he
venido haciendo.

Finalmente no puedo dejar de manifestar, que he sufrido la
discriminación por parte de su respetable Consejo al no nombrárseme
en un puesto, para el que estoy elegible, y con un buen curriculum.

Por lo anterior y en búsqueda de la verdad real, apelo ante su
respetable Consejo:
                                   100


   De considerarse pertinente por parte de su Autoridad, ya que
    existen dos antecedentes (dictámenes supra citados) se ordene una
    nueva y real valoración médica y psicológica por parte del Consejo
    Médico, a fin de tener otro criterio que permita s su respetable
    Consejo, determinar mi incapacidad, de acuerdo lo establecido en
    dichos dictámenes y que determinaron los profesionales: a) De la
    Unidad Interdisciplinaria, señores Bernal Cordero Arias, Médico.
    Licda. Jeannette González Rivera, Trabajadora Social y el Lic. David
    Ramírez Acuña, Psicólogo, y b) Revaloración Psicológica ordenada
    por El Consejo Superior, realizada por la Licda. Flory Ivette Campos
    Meléndez.

Solicito lo anterior con el mayor de los respetos ya que la negativa por
parte de su respetable Consejo a no realizar más nombramientos al
suscrito porque “obtuvo un resultado no favorable según evaluación de
la Unidad Interdisciplinaria”, por cuestiones psiquiátricas, lo que no me
permite regresar a mi trabajo, en mi puesto de Juez el cual ejercí por
varios años y por encontrarme incapacitado para las labores de Juez
dentro del Poder Judicial, desde el punto de vista médico legal.
Cabe anotar que actualmente me encuentro incapacitado.
El suscrito ha tenido incapacidades, en forma sucesivas o continuas a
partir de la fecha del rechazo a mis solicitudes de nombramiento, las
cuales no han cristalizado por “mis incapacidades psicológicas” según
lo han manifestado en forma reiterativa el órgano técnico evaluador de
la judicatura, y aunado a lo anterior extendiéndose la última
incapacidad por varios meses, sobrepasando con ello el término que
establece la ley para dar por terminado el contrato de trabajo, con fines
de brindar un mejor servicio, lo cual solicito a su respetable Consejo
considerarlo, ya que el regresar a mi puesto anterior conllevaría una
situación difícil de superar por el suscrito.

                                 PRUEBA
   Aporto Prontuario del Sistema Integrado de Personal, del
    Departamento de Personal del Poder Judicial, referente a mis
    cargos.
   Aporto fotocopia de los dictámenes supra citados.
   Adjunto lista de incapacidades que ha tenido el suscrito, emanados
    del Sistema Integrado de Personal, del Departamento de Personal.
   Fotocopias certificadas de las ternas en las que el suscrito participó
    y no fue nombrado por cuanto “obtuvo un resultado no favorable
    según evaluación de la Unidad Interdisciplinaria”.

   De mejor acuerdo, y para mejor proveer, y desde ahora designo
    como mi abogado defensor y director de procedimiento
                                           101

           administrativo al Licenciado Miguel Angel Ortiz Hidalgo, asesor legal
           de ANEJUD, carnet número 4756, y en fiel cumplimiento de sus
           obligaciones firma al pie del presente documento junto con el
           suscrito.”

                                           -0-

      Se acordó:        Trasladar la gestión del Lic. Sanabria Lemaitre al Consejo de

Personal para lo que corresponda.

                                     ARTÍCULO LIX

      En sesión celebrada el 8 de marzo del año en curso, artículo LXX, de

conformidad con los artículos 18, inciso b), y 83 del Estatuto de Servicio Judicial; 28,

inciso 3, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 79 y 80 del Código de Trabajo,

se separó para mejor servicio público a la señora María Rodríguez Mayorga, Auxiliar

Judicial del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a partir

del 24 de marzo último, con los derechos legales que le correspondan.

      En nota de 22 de marzo de los corrientes, la señora Rodríguez Mayorga, por

motivos de salud, solicita la “pensión para un mejor servicio” .

      Se acordó: Tomar nota de la solicitud anterior, en virtud de lo resuelto en la

sesión del 8 de marzo pasado, artículo LXX.

                                      ARTÍCULO LX

      En sesión N° 16-01 celebrada el 22 de febrero del año en curso, artículo LVII, se

conocieron los informes de los despachos judiciales sobre las razones por las cuales no

hicieron efectivas las horas extra autorizadas para realizar la labor de mantener los

registros informatizados y actualizados con el número único, y se les concedió un plazo

hasta el 15 de abril en curso, para que con los recursos que disponen concluyan dicha
                                            102

labor.

         En atención al acuerdo anterior, la Licda. Patricia Cordero Vargas, Fiscal Adjunta

de Cartago, en oficio N° 302-FAC-01 de 26 de marzo último, manifestó:

          “Este despacho, tal y como se comunicó a ese Consejo días atrás,
          efectuó un gran esfuerzo con miras a actualizar el sistema informático,
          lo que en efecto se logró, ya que a la fecha, el movimiento de entrada y
          salida de casos se realiza diariamente.
          No obstante lo anterior, existen algunos casos del año 1998 que están
          debidamente ingresados, pero que su cancelación en el sistema no se
          ha realizado, debido a que para ese entonces se remitían a la Sección
          de Planificación, los listados en programa de excel y a falta de recurso
          humano no se pudo cancelar en su totalidad el referido año. Nótese
          que este despacho maneja un circulante considerable y funciones
          diversas, por lo que incluso para actualizar el sistema informático se
          contó durante el año 1999 con la colaboración durante varios meses de
          un Auxiliar Supernumerario de apoyo, concedido por la Unidad
          Administrativa Regional de Cartago.
          Actualmente se pretende hacer las cancelaciones del año 1998, para lo
          cual se requiere de tiempo adicional o extraordinario, motivo por el cual
          solicito indicar si se puede utilizar el recurso aprobado por el Consejo
          Superior del Poder Judicial en sesiones 6-2000, artículo XX y 13-2000,
          artículo XLVIII, celebradas el 20 de enero y el 15 de febrero 2000
          respectivamente, y que en el caso de la Fiscalía Adjunta de Cartago, se
          aprobaron 39 horas extras. No obstante, cabe mencionar que esta
          Fiscalía en aquel entonces utilizó únicamente seis horas de esas 39,
          ello en razón de que pese a la solicitud hecha al personal de apoyo, no
          hubo respuesta positiva para el uso de las mismas.
          En razón de que según el oficio del 15 de marzo último el Consejo
          Superior otorga plazo hasta el 15 de abril 2001 para concluir esa labor
          de actualización y requiriendo esta Fiscalía ajustes en lo referente al
          año 1998, me permito informar que el servidor Víctor Hugo Navarro
          Araya, cédula de identidad 3-287-558, está anuente a hacer uso de
          esas horas extras –treinta y tres en total-, para hacer las cancelaciones
          del año noventa y ocho y dejar el sistema totalmente al día, que es el
          objetivo de este despacho. Lo anterior requiere del aval del Consejo
          Superior del Poder Judicial y expresamente solicito la autorización del
          caso.
          Las copias fotostáticas adjuntas evidencian tanto la autorización de
          horas extras para esta Fiscalía como el uso de únicamente seis de las
          treinta y nueve aprobadas originalmente.”
                                           103


                                           -0-

      Se acordó: Comunicar a la Licda. Cordero Vargas que no es posible utilizar las

horas extra que no se laboraron para actualizar los registros informatizados, por lo que

deberá solicitar la colaboración a la Unidad Administrativa de Cartago, para que se les

asigne personal supernumerario para dicha labor.

                                     ARTÍCULO LXI

      El Lic. Mario Maffio Miranda, Juez Penal de Nicoya, en facsímil de 30 de marzo

último, comunicó lo siguiente:

              “…en virtud de que el suscrito ha sido convocado como testigo por
        el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de San José, para las 8 hrs.
        del 2 de abril del año en curso, en sumaria número 97-201116-412-PE,
        le informo que en sustitución mía por ese día quedará el Lic. Willy
        Fernández Muñoz.”
                                             -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                     ARTÍCULO LXII

      En sesión N° 14-01 celebrada el 15 de febrero del año en curso, artículo XXXI, al

conocerse el informe de labores del Juzgado de Tránsito de Cartago correspondiente al

cuarto trimestre del año 2000, y de los motivos por los que durante ese período se

incrementó el circulante de asuntos de esa oficina, se dispuso que elaboraran un plan

de trabajo para el descongestionamiento laboral de ese despacho.

      En atención al acuerdo anterior, el Lic. Eduardo Fonseca Alvarado, Juez interino

del Juzgado de Tránsito de Cartago, en nota de 28 de marzo último, expresó que previo

a elaborar un plan de descongestionamiento laboral en ese despacho, y a fin de poder

cumplir a cabalidad con lo ordenado, solicita la colaboración de la Licda. Xiomara
                                           104

Sequeira Quirós, Administradora del Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de

San José, quien consideran la persona idónea para realizar el plan requerido.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en el entendido de que no se afecte el

servicio que presta la Licda. Sequeira Quirós en el Juzgado de Tránsito del Primer

Circuito Judicial de San José.

                                    ARTÍCULO LXIII

      La Licda. Priscilla Prado Malé, Jueza de Ejecución de la Pena de Cartago, en

nota de 23 de marzo recién pasado, expresó:

              “…hago del conocimiento de ustedes los hechos siguientes,
        constatados en visitas carcelarias de rigor, en la jurisdicción de Cartago
        y Zona Sur, y que considero de importancia, siendo que son positivos y
        contribuyen alguna mejora en el tratamiento de reclusos en nuestro
        sistema penitenciario nacional, y de los que se debe tomar nota:
              La fuerza pública en la zona sur, refiere que en la actualidad se ha
        coordinado debidamente con el Organismo de Investigación Judicial el
        traslado de detenidos por no pago de pensión alimentaria, lo que
        anteriormente era un problema. En el Centro Penal de Adulto Joven, s
        pudo observar como el Director Wilman Pérez Montero, se ha
        esforzado por lograr un cambio positivo en el trato a los jóvenes de ese
        Centro, de manera que el día de última visita, dichos jóvenes no se
        encontraban al interior de las celdas sino en un espacio físico del
        Centro en el que se les permitía mayor integración grupal y libertad de
        traslado pese a que están dentro de los niveles de contención. Así
        mismo fue notable mayor organización en el almuerzo y calidad de
        este. Aseo y baños que fueron reparados, en el patio ya se habían
        reparado los aros de basketball y los desagües con mal olor, los
        jóvenes se mostraban menos violentos. Sin embargo es necesario que
        el Instituto Nacional de Criminología, logre desarrollar actividades que
        intensifiquen lograr los objetivos de la Ley de Justicia Penal Juvenil,
        siendo que la suscrita considera que el abordaje aplicado es muy
        similar al que se les aplica a los adultos, además debe mejorarse las
        condiciones de infraestructura, pintura y piso del lugar donde se
        encuentra ubicados y las terapias a nivel psicológico y área de violencia
        deben intensificarse y brindarse en esta población penitenciaria.
             En el Centro de Atención Institucional de Pérez Zeledón cuentan
        en la actualidad con un enfermero con el área de salud y en el nivel
                                           105

        semi institucional con una licenciada en psicología.- En el Centro de
        Cartago se hicieron presentes un inspector del Ministerio de Salud y
        una nutricionista de esa institución y lograron hacerse
        recomendaciones en el manejo de alimentos. La suscrita reconoce el
        esfuerzo de la Dirección en coordinación el Dr. Brenes y señor
        administrador del Centro para cambiar el servicio alimentario brindado
        en ese Centro Penal, considerando los logros positivos que a la fecha
        se acreditaron.
                                          -0-

      Asimismo informa de las visitas realizadas y que tiene pendientes de informar a

este Consejo.

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y hacerlo del conocimiento de

la señora Ministra de Justicia y del Director de Adaptación Social.

                                    ARTÍCULO LXIV

      En sesión N° 05-01 celebrada el 16 de enero del año en curso, artículo XLIV, se

conoció el informe sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Despachos

Judiciales en el ámbito del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San

José, el cual se dispuso trasladarlo a la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte-BID para

su estudio e informe.

      En atención al acuerdo anterior la Licda. Sonia Navarro Solano, Directora del

Programa Poder Judicial-BID, con oficio N° PJ-BID 312-2001 de 2 de abril en curso,

rinde el siguiente informe:

        “Efectivamente, tal y como se señala en el Oficio suscrito por los
        Señores Franz Korte y Juan Carlos Leal, Juez Coordinador y
        Administrador respectivamente de ese despacho, el sistema tuvo una
        serie de inconvenientes para los usuarios, que fueron desde problemas
        de la red de datos, cableado con algunas computadoras y problemas
        con los servidores, otros de infraestructura jurídica (machotes, pese a
        que se había trabajado con el mismo Coordinador del Despacho) y
        otros propiamente de la aplicación informática.
                                  106

En relación con todo los problemas anotados se realizaron ajustes y
mejoras que efectivamente ocasionaron molestia y eventualmente
también atrasos en el despacho, tal y como se había previsto con la
implantación del nuevo sistema.

A fin de solventar los problemas con la infraestructura jurídica se
coordinó con los diferentes grupos de trabajo del despacho, hasta
lograr el consenso en los machotes. En relación con la aplicación
informática, efectivamente el sistema parte de una filosofía genérica
que es el número único de expediente, a través del cual se integra la
aplicación.

En el caso de este despacho, en que debe tomarse declaraciones sin
expediente y en consecuencia, sin número único, debe de realizarse
algún ajuste al procedimiento actual, o bien archivar la declaración y
luego incorporarla cuando llegue el parte oficial. No obstante lo
anterior, pese a que, como se dijo anteriormente esta situación quiebra
la filosofía del nuevo sistema, se está solicitando esta nueva
funcionalidad como una mejora a la empresa contratada, sin perjuicio
que esta situación debe ser ampliamente analizada en sus efectos,
pues ello conlleva a poder realizar actuaciones fuera de un expediente
judicial.

En relación con la información que remite el Consejo de Seguridad Vial,
se hizo un proceso que toma esta información y la incorpora al nuevo
sistema de gestión. En lo que respecta a multas fijas que no vienen en
diskettes, se solicitó como una mejora al sistema de gestión contratado,
para obtener esta información en una sola pantalla. Dichas boletas
actualmente pueden ser incorporadas al sistema, pero debe de pasarse
por varias pantallas (datos generales, intervinientes y objetos o
boletas).

A la fecha, con algunas mejoras realizadas al sistema de gestión sobre
la marcha, para adoptarlo a los requerimientos específicos de cada
despacho, se encuentra en funcionamiento la selección de un conjunto
de sumarias y la aplicación de un trámite a este conjunto seleccionado,
por lo que se puede generar sentencias en lote, por ejemplo.

No obstante lo anterior, es importante señalar que el nuevo sistema de
gestión, es un sistema integrado de trámites asociado a un expediente,
que deja pistas de auditoría y cambios de fases, estados y ubicación.
Para tener estos beneficios, cada trámite debe asociarse a un
expediente; y no como en el sistema anterior, que no se contaba con
estos beneficios. El sistema de gestión, precisamente para que tenga
esas nuevas funcionalidades, se penaliza, pues no puede imprimirse
documentos desvinculados de cada expediente. Este es precisamente
                                         107

       el cambio de filosofía o de paradigma que implica variar un poco el
       procedimiento anterior, en beneficio de otros aspectos aún poco
       explotados tales como el impulso procesal, las pistas de auditoría, la
       incorporación de cada trámite al expediente, para que pueda luego ser
       visualizada por el público desde internet, el seguimiento del expediente
       electrónicamente, etc. Una manera de comprender esta situación es
       que no es lo mismo trabajar en un sistema operativo, en un documento
       desvinculado de todo un proceso, que hacerlo en un sistema integrado
       en todos los trámites de un proceso judicial.

       Finalmente, debo señalar que efectivamente la generación de informes
       estadísticos tendrá un retraso debido a varios factores.

       Por una parte, los datos migrados no estaban totalmente depurados,
       con lo cual el nuevo sistema se trajo algunas o muchas inconsistencias
       existentes en los sistemas anteriores, que obligaban siempre a realizar
       ajustes manuales en cada despacho.

       Por otra parte, la migración nunca es posible realizarla en un 100% por
       las diferencias entre los sistemas. Aunado a ello, la aplicación
       estadística básica del sistema de gestión fue de las últimas entregadas,
       de acuerdo a prioridades establecidas en el proceso de implantación.
       Adicionalmente, el sistema de estadística que integra la nueva
       aplicación de gestión, la del sistema anterior y otras variables para
       toma de decisiones, se encuentra en desarrollo, formando parte de otra
       consultoría.

       Por todo lo anterior, el equipo contraparte realiza todos los esfuerzos a
       su alcance para lograr tener los reportes estadísticos en el menor
       tiempo posible.”
                                          -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior y hacerlo del conocimiento del Lic.

Franz Korte Núñez, Juez Coordinador del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito

Judicial de San José.

                                   ARTÍCULO LXV

      La Licda. Alejandra Solano Cabalceta, Asesora Jurídica del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, en oficio N° 299-01-AJ de 26 de marzo último, expresó:

             “Tengo el agrado de dirigirme a usted con ocasión de remitirle
                                           108

        nota verbal N° 62/2001 procedente de la Embajada de Alemania,
        mediante la cual solicita la colaboración de las autoridades judiciales
        nacionales, puesto que de conformidad con el artículo 36, inciso 1, letra
        b, del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, las Autoridades
        costarricenses deben informar a la Embajada de la República Federal
        de Alemania inmediatamente, cuando un ciudadano alemán ha sido
        detenido y puesto en prisión preventiva o en prisión penal o si le ha sido
        quitada la libertad de otra forma, lo anterior para efectos de que esa
        Embajada pueda ejercer la representación y protección de los intereses
        de sus nacionales.”
                                          -0-

       Se acordó: Acoger la solicitud anterior, la que se hará del conocimiento de las

autoridades judiciales del país por medio de circular que se publicará en el Boletín

Judicial.

       La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo que corresponda.

                                    ARTÍCULO LXVI

       El M.Sc. Martín Salazar Loaiza, Jefe de la Unidad Administrativa Regional de

Alajuela, en oficio N° 273-UARA01 de 20 de marzo último, solicita lo siguiente:

        “De la forma más atenta me permito solicitar su colaboración para que
        por su digno medio se haga del conocimiento del Consejo Superior, que
        por motivos de salud, el señor Aristides López González, Oficial de
        Seguridad de este edificio, debió ausentarse una hora antes de lo
        normal es decir, salió a las 13:00 horas y no a las 14:00 horas, por lo
        que esta hora fue cubierta por el señor Erick Araya Benavides, cédula2-
        354-533.
        En virtud de lo expuesto, solicito su autorización para que se le cancele
        la hora extra correspondiente al día 20 de marzo del presente año.”

                                          -0-

       Se acordó:    Autorizar el pago de la hora extra laborada el 20 de marzo pasado

por el señor Araya Benavides.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.
                                            109

                                    ARTÍCULO LXVII

      En sesión celebrada el 15 de febrero del año en curso, artículo L, se comisionó

al Departamento Financiero Contable para que localizará al nuevo dueño del local

donde se aloja la Fiscalía de Juicio de la Unión, a fin de que se finiquite, los trámites de

contratación del inmueble respectivo.

      El Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero Contable, en

oficio N° 656-P-2001 de 22 de marzo último, informa que ese despacho se comunicó

con el señor Marcial Mesén Leitón, en calidad de apoderado generalísimo de la

empresa Constructora Vivienda La Palmera S.A., nuevo dueño del local donde se aloja

la Fiscalía de Juicio de La Unión. Asimismo indica que se le informó las acciones a

seguir.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                    ARTÍCULO LXVIII

      En sesión celebrada el 1° de marzo del año en curso, artículo XXIII, inciso d), se

reconoció el tiempo laborado en otras instituciones del estado al señor José Castro

Gutiérrez, Guarda del Departamento de Seguridad, el cual deberá reintegrar al Fondo

de Jubilaciones y Pensiones Judiciales la suma de ¢275.866.27 en el tanto de un 10%

hasta la cancelación total.

      El señor Castro Gutiérrez, en nota de 26 de marzo último, manifestó:

               “De la manera más atenta, les solicito se me conceda cancelar en
          un 5%      la deuda que adquirí con el fondo de pensiones, por el
          reconocimiento de los años laborados en el Consejo de Seguridad Vial.
               Lo anterior, por cuanto según acuerdo N° 18 del 1 de marzo del
          2001, de ese honorable Consejo debo reintegrar la suma de
          275.866.27, al fondo de pensiones en el tanto de un 10%.
                                          110

             Dicha petición la realizo, debido a mi actual situación económica.”
                                          -0-

      Se acordó: Denegar la solicitud del señor Castro Gutiérrez por cuanto este

Consejo estima que no estamos ante un caso de excepción que le permita dar

facilidades para el reintegro de esa suma, conforme lo pretende el interesado.

      Se recibió un voto por aceptar el rebajo anterior siempre y cuando esa cantidad

sea monto real.

                                   ARTÍCULO LXIX

      En sesión N° 7-01 celebrada el 23 de enero del año en curso, artículo LXIX, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “La Licda. Ana C. Fernández Acuña, Jueza Civil de Cañas, en
       oficio N° 2-map-2001 de 5 de este mes, manifiesta que en el despacho
       a su cargo se tramita el expediente número 94-100339-389 CI, que son
       diligencias de administración con intervención judicial, promovidas por
       Bruno Murillo Herrera e Hijos Ltda., representada por Ricardo Murillo
       Ruíz. En dicho proceso, han fungido como Interventores los Licdos.
       Marco Molina Quirós y Emilia María Brenes Blanco, los cuales por
       determinadas circunstancias, fueron removidos de sus cargos. Luego
       de haber sido revocado el nombramiento de la Licda. Brenes Blanco, la
       Dirección Ejecutiva nombró en dicho cargo a los Licdos Gerardo
       Echeverría Hernández, Luis Varela Quirós, Mario Pacheco Carranza,
       Carlos A. Ramírez Aguilar, Róger Bravo Pérez, Allan Saborío Soto,
       Arnoldo André Tinoco y Roberto Iglesias Mora, no obstante, a pesar de
       haber sido debidamente notificados e incluso, algunos de ellos
       comunicados vía telefónica, no se logró que los mencionados
       profesionales aceptaran el cargo. No omite manifestar, que con la
       intención de no atrasar más el proceso, se nombró en dicho cargo
       algunos abogados de la zona, sin que aceptaran el cargo.
             Por lo expuesto, solicita a este Consejo que exija a la Dirección
       Ejecutiva nombrar un profesional que acepte el cargo, ya que el
       proceso se encuentra paralizado y por ende no se puede dictar la
       resolución de fondo, lo que dejaría en estado de indefensión a la
       empresa intervenida.
             Se acordó: Trasladar la solicitud anterior a la Dirección Ejecutiva
       para que se analice la conveniencia de mantener dichos profesionales
       en la lista de peritos y proceda a nombrar el profesional que
                                          111

        corresponda, para las diligencias de administración por intervención
        judicial que se da cuenta.”
                                        -0-

      La Licda. Fernández Acuña, en facsímil N° 85-MARJORIE-01 de 21 de marzo

último, manifestó:

              “La presente es para darle a conocer la situación que se viene
        presentando en el expediente 94-100339-389-CI diligencias de
        Administración con Intervención Judicial de la Sociedad denominada
        BRUNO MURILLO HERRERA E HIJOS LTDA.                   Este proceso fue
        establecido el 6 de diciembre de 1994 y no ha finalizado, debido a que
        no tiene interventor, ya que los profesionales que se han nombrado no
        han querido aceptar el cargo. En relación a estas diligencias, se hizo
        una gestión ante el Consejo Superior, de la cual le adjunto copia, así
        como del acuerdo del Consejo, que no dio remedio a tal situación.
              Es por eso que le solicito, si fuere posible que interponga sus
        oficios, para que se nombre un profesional de los que integran el rol de
        curadores de la Corte, que acepte el cargo de Interventor en estas
        diligencias para que las mismas puedan llegar a su fin.”

                                          -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar a la Dirección

Ejecutiva informe al respecto.

                                   ARTÍCULO LXX

      En sesión celebrada el 22 de marzo del año en curso, artículo XVI, con vista en

la solicitud de la interesada, se remitió a valoración médica por parte del Departamento

de Medicina Legal, a la señora Irma Álvarez Carballo, Auxiliar Judicial 3 del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Santa Cruz, para que determinará su estado

actual de salud.

      La señora Álvarez Carballo, en facsímil de 22 de marzo último, expresó:

        “Con fecha 14 de marzo del presente año, solicité se me otorgara el
        beneficio de jubilación del cual indiqué que me sentía cansada y
                                         112

       enferma por el trajín de mis funciones, ya que tengo casi veinticinco
       años de laborar para el Poder Judicial, y cincuenta y cinco años de
       edad, el caso es que en realidad lo hice aprovechando de que
       personeros del Consejo Superior que visitaron nuestro Despacho, les
       indiqué mi inquietud y me dijeron que solicitara tal beneficio, ya que en
       dos ocasiones lo había hecho y había sido rechazada mi petición, con
       esto quiero aclararles que no es que en realidad que yo me sienta
       enferma, pero si me siento cansada, basado a mi edad y además
       deseo compartir un poquito de tiempo con mis seres queridos que
       también me necesitan. También aprovechando el acuerdo tomado por
       ese Consejo de donde informaba que todo aquel que tuviera en el año
       noventa, diez años de servicio y cincuenta y cinco años de edad podría
       jubilarse, del cual yo no podía hacerlo ya que tenía más de diez años
       de servicio pero no tenía la edad; en este momento creo tener ese
       privilegio, ya que en la actualidad tengo cumplida la edad referida. Por
       lo anterior expuesto les ruego no tomar en cuenta la solicitud
       anteriormente remitida, ya que no es mi deseo ser remitida a Medicina
       Legal, pues no lo creo necesario.
       Señalo para notificaciones al Fax Número: 280-2760 o cualquier
       información al teléfono número: 680-0076.
       En la actualidad desempeño el puesto de Auxiliar Judicial 3 en el
       Juzgado Contravencional de Santa Cruz, Guanacaste, donde según
       constancia de tiempo servido al 8 de setiembre del 2000, tenía de
       laborar, veinticuatro años, nueve meses y veintitrés días.
       Muy humildemente les pido disculpas por no haber sido clara en mi
       anterior petición, agradezco su buena voluntad y buen gesto para
       acoger esta petición y que Dios los bendiga y les ilumine el sendero por
       el cual Usted seguirán tramitando.”

                                         -0-

      Se acordó:         Trasladar la solicitud de la señora Álvarez Carballo al

Departamento de Personal para estudio e informe.

                                   ARTÍCULO LXXI

      En sesión N° 100-00 celebrada el 19 de diciembre del 2000, artículo XVI, se

aprobó el Plan de Vacaciones para el Período 2000-2001.

      El Ing. Tobías Mena Aguilar, Jefe del Departamento de Servicios Generales, en

oficio N° 0407-SG-01 de 28 de marzo último, informa lo siguiente:
                                           113

        “…el día de hoy, nos notificaron del Departamento de Personal y en
        base al artículo 32, sobre los Lineamientos Generales sobre
        Sustituciones, en el punto 3, no contempla a la Unidad de Jardinería del
        Departamento de Servicios Generales la sustitución por menos de ocho
        días en vacaciones e incapacidades, donde sí, los Conserjes si gozan
        de ese privilegio; situación que ha provocado el no pago de los
        sustitutos en oficios 82-01 del 13-3-01 y en oficio 85-01 del 15-03-01,
        ambas proposiciones del Departamento, situación que anteriormente
        no se había dado, por lo tanto se incurrió en hacer las mismas.
              Agradecemos de antemano, se tome en cuenta en la Unidad de
        Jardinería en autorizar las sustituciones en los puestos de Jardinero en
        ambos casos para que pueda hacerse efectivo el pago de los
        interinazgos ya efectuados en esta ocasión.”

                                           -0-

       Se acordó: Autorizar el pago de las sustituciones realizadas por el

Departamento de Servicios Generales antes citados. Comunicar al Ing. Tobías Mena

Aguilar que de previo a realizar estas sustituciones deberá contar con la debida

autorización por parte de este Consejo y que en caso de repetirse esta situación deberá

pagar de su propio peculio los salarios de los servidores que nombre.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                    ARTÍCULO LXXII

       La Magistrada Ana Virginia Calzada, Presidenta de la Comisión Nacional para el

Mejoramiento de la Administración de Justicia, en oficio N° 195-CNMAJ-01 de 3 de abril

en curso, solicita lo siguiente:

             “Muy atentamente solicito al Consejo que Ud. Preside que se
        autorice el pago de dos días de viáticos a la Lic. Sara Castillo, quien por
        motivos personales viajará a Estados Unidos y aprovechará la
        oportunidad para reunirse en Washington con funcionarios del Depto.
        de Cooperación Jurídica de la O.E.A., y Street Law Inc., con el objetivo
        de gestionar recursos para la Comisión y coordinar la ejecución de
        proyectos comunes. En Nueva York la Lic. Castillo se reunirá con
        funcionarios del Proyecto de Justicia para América Latina de las
                                            114

        Naciones Unidas y la Fundación AVINA, con los mismos propósitos.
              Por lo tanto solicito se apruebe:
              1. La autorice la modificación del presupuesto de la CONAMAJ
                 para este año, transfiriendo recursos de la subpartida 199
                 “Otros servicios no personales”, a la subpartida de gastos de
                 viaje fuera del país, con el fin de darle contenido
                 presupuestario a esta erogación , ya que la CONAMAJ no
                 tiene la subpartida de gastos de viaje fuera del país.
              2. Se autorice el pago a la Lic. Castillo de un día de viáticos en
                 Wahington DC y un día de viáticos en Nueva York para los
                 efectos antes dichos.”
                                          -0-

       Se acordó: Acoger la solicitud de la Magistrada Calzada. Conceder permiso con

goce de salario a la Licda. Castillo durante un día de estadía en Washington DC y otro

en Nueva York, fechas que comunicará oportunamente, para la justificación del pago

de los viáticos.

       La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, y

los Departamentos de Personal, de Planificación y Financiero Contable tomarán nota

para lo que a cada uno corresponda.

                                    ARTÍCULO LXXIII

       En sesión celebrada el 15 de febrero último, artículo XXIX, se solicitó al Lic.

Freddy Vargas Zumbado, Fiscal Adjunto de Pococí, informara sobre el uso que se le da

al vehículo asignado a esa Oficina.

       El Lic. Vargas Zumbado, en oficio N° 22-FAP-2001 de 23 de marzo, en atención

al acuerdo anterior, informa detalladamente el uso que le dan a la Unidad 138 asignada

a esa Fiscalía.

       Se acordó:      Tener por rendido el informe anterior y remitir copia de este al

Fiscal General de la República para su conocimiento.
                                          115

                                   ARTÍCULO LXXIV

      En sesión celebrada el 27 de marzo último, artículo XLV, se designó al Juzgado

Contravencional de Heredia para que colaborara con el Juzgado de Menor Cuantía de

San Rafael, atendiendo la disponibilidad durante la Semana Santa, para lo cual

trasladarán todos aquellos documentos con orden de captura en materia de pensiones

alimentarias, con el fin de que sean atendidos conjuntamente con la disponibilidad que

realizará el Juzgado Contravencional de Heredia.

      La Licda. Gina Cabrera Pedrazzini, Jueza Contravencional y de Menor Cuantía

de San Rafael de Heredia, en facsímil recibido el 3 de abril en curso, en relación con el

acuerdo anterior y las razones que expone, solicita se le indique qué tramites realizará

el Juzgado Contravencional de Heredia con respecto a los asuntos que conoce su

despacho.

      Se acordó:       Comunicar a la Licda. Cabrera Pedrazzini que los Jueces

Contravencionales de Heredia deberán atender la disponibilidad en esta localildad,

trasladándose cuando se requiera, para lo cual deberán coordinar lo necesario con el

Auxiliar Judicial del Contravencional de San Rafael, que colaborar con la disponibilidad.

                                   ARTÍCULO LXXV

      En sesión celebrada el 8 de febrero del año en curso, artículo XLII, se solicitó a

la Licda. Sonia Navarro Solano, Directora del Programa Poder Judicial-BID ampliar el

informe sobre los costos que por concepto de horas extra incurrió el personal que

trabajó en el Proyecto Gestión de Despachos Judiciales.

      En atención al acuerdo anterior, la Licda. Navarro Solano en oficio N° PJ-BID-

295-2001 de 28 de marzo último, indicó lo siguiente:
                                           116

             “Como parte del Proyecto denominado Mejoramiento de la
        Gestión de los Despachos Judiciales, se solicito la aprobación del pago
        de horas extra, para personal del equipo contraparte destacado en
        dicho proyecto.
              Las horas referidas, se laboraron desde el mes de Agosto hasta el
        mes de diciembre del año anterior, con la finalidad de atender
        diferentes actividades en la etapa de implantación en el Segundo
        Circuito Judicial de San José.
              Conforme al oficio N° 247-S-2001 del Departamento de Personal,
        los funcionarios que recibieron el pago por este concepto fueron
        Mauricio Coto Villalta, Luis Jiménez Fallas, Michael Jiménez Ureña,
        Kattia Morales Navarro, Patricia Bonilla Rodríguez, Elizandro Trejos
        Chaves, Heidi Ulate Torres, Norman Vargas Barrantes, Fabio Gamboa
        Amador, Ricardo Guevara Cárdenas, Jorge Harris Ramírez, Grettel
        Mata Le Roy, Alicia Mena López, Marcela Montero Flores, Olger Ovares
        Cheves, Alexander Quesada Guevara, Randall Sandí Zúñiga: para un
        total en horas de 979,5 y un costo total de ¢1.188.189.00.
             El promedio de horas laboradas por mes fue de 195.9, con un
        costo promedio de ¢237.637.98.
             Para el primer trimestre del año 2001, debido a que se ha logrado
        estabilizar la aplicación en Goicoechea y posteriormente se seguirá la
        implantación en el Circuito Judicial de Heredia, se ha estimado un
        máximo de 400 horas extra, y las cuales serían laboradas por el
        personal que conforma el equipo contraparte.”

                                           -0-

       En oficio N° PJ-BID 296-2001 de 28 de ese mes, la Licda. Navarro Solano,

solicita la aprobación de las horas extra laboradas por las servidoras Patricia Bonilla

Rodríguez y Kattia Morales Navarro durante los meses de enero y febrero, en el

proyecto Mejoramiento de la Gestión de Despachos Judiciales, en el Segundo Circuito

Judicial.

       Manifiesta doña Sonia que se les imposibilitó realizar el trámite respectivo ante el

Departamento de Personal, en el tiempo que se tiene señalado para estos fines, debido

a que se tenía que esperar la autorización por parte de este Consejo para llevar a cabo
                                          117

ese gasto.

      Se acordó: Tener por rendido el informe de la Licda. Navarro Solano. Autorizar

el pago de las horas extra efectivamente laboradas por las señoras Bonilla Rodríguez y

Morales Navarro, durante los meses de enero y febrero del año en curso. Remítase al

Departamento de Personal los informes respectivos para el trámite correspondiente.

                                   ARTÍCULO LXXVI

      En sesión celebrada el 20 de febrero del año en curso, artículo XXX, se conoció

el informe N° 038-EST-2001 elaborado por la Sección de Estadística del Departamento

de Planificación, sobre el movimiento de trabajo realizado por los Juzgados

competentes en materia penal, durante el tercer trimestre del 2000, y con base en este

se mostró la preocupación al Juzgado Penal Juvenil de Cartago por el alto circulante y

la poca disminución de los casos en trámite.

      La Licda. Patricia Cordero García, Jueza de Familia de Cartago, en nota de 29

de marzo último, en atención al acuerdo anterior rinde el siguiente informe:

              “lo anterior se debió a que éste Juzgado le dio preferencia a la
        materia de violencia doméstica, que en esa oportunidad se estaba
        tramitando en este Despacho, a pesar del esfuerzo que se hizo, penal
        juvenil, en el cuarto trimestre todavía quedo con un volumen alto, a
        pesar que se dictaron un monto de veintitrés sentencias, sin embargo
        en el presente año, en el mes de enero el circulante al iniciar fue de
        213 y se bajo a 184, y en el mes de febrero de 184, se bajo a 150 que
        ha sido el circulante que en su mayoría, se ha mantenido en éste
        circulante que en su mayoría, se ha mantenido en éste Juzgado, se ha
        tratado de bajar el volumen del circulante de las materias que lleva este
        Despacho, como lo fue en materia de violencia doméstica, el año
        pasado en su mayoría siempre estuvo con un circulante de setecientos
        expedientes promedio a fin del año, se bajo a 491, fue el gran esfuerzo
        que se hizo con la participación de auxiliares. La meta de las Juezas,
        según la indicación que sean recibido es bajo el circulante en familia y
        los entrados de segunda instancia que se están recibiendo en gran
        cantidad.”
                                          118


                                          -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                  ARTÍCULO LXXVII

      En sesión celebrada el 1° de marzo del año en curso, artículo XX, en lo que

interesa se tomó el acuerdo que literalmente dice:

            “Solicitado el correspondiente informe al Departamento de
       Personal, los Licdos. Mauricio Quirós Álvarez y Francisco Arroyo
       Méndez, por su orden, Jefes de la Sección de Salarios y del citado
       Departamento, en oficio N° 361-S-2001 de 21 de febrero último,
       comunican lo siguiente:
       “En atención a su oficio N° 1924-01 de fecha 08 de febrero del 2001,
       me permito manifestarle los siguientes aspectos de interés en relación
       con lo apuntado por el señor Juan Daniel Hernández Pérez:

    1. Efectivamente el señor Juan Daniel Hernández Pérez con cédula de
        identidad número 1-450-332 fue ascendido en propiedad como Auxiliar
        Judicial 3-D a partir del 01 de mayo del 2000, dicho nombramiento fue
        conocido por el Consejo Superior en la sesión celebrada el 13 de abril
        del 2000 artículo XVI. Tal y como lo señala el señor Hernández Pérez
        se le pagó de acuerdo a la categoría de Auxiliar Judicial 3-D hasta el 31
        de diciembre del 2000.

    2. A partir del 01 de enero del 2001 el sistema de pagos controlado en su
        totalidad por la Dirección General de Informática del Ministerio de
        Hacienda, excluyó del salario quincenal al señor Hernández Pérez.

    3. Este Departamento se abocó a revisar las causas que generaron dicha
        exclusión determinando que el cargo que ocupa el citado servidor se
        encuentra clasificado para el presupuesto vigente como Auxiliar Judicial
        3 y no como Auxiliar Judicial 3-D.

    4. Mediante la acción de personal N° 076315-01 de fecha 11 de enero del
        2001, se tramitó nombramiento para ingresarlo nuevamente al sistema
        de pagos de manera indefinida, movimiento que se aplicó en la
        segunda quincena de enero del 2001.

    5. Asimismo se le tramitó adelanto del salario mediante el Fondo Rotatorio
        a cargo del Departamento Financiero Contable para poder cancelarle la
        primera quincena de enero del 2001, trámite realizado mediante el
                                         119

        oficio N° 028-UR-2000 del 10 de enero del 2001.

    6. Es importante acotar que tanto el adelanto como el reingreso al sistema
        de pagos se realizó como Auxiliar Judicial 3 y no 3-D como
        corresponde.

    7. Este Departamento tramitará para el primer decreto ejecutivo ante
        Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, la modificación
        necesaria para establecer nuevamente la categoría de puesto que le
        corresponde al petente, sea de Auxiliar Judicial 3-D. Dicho trámite se
        realizará en el próximo mes de marzo del 2001, según la
        calendarización que para tal efecto ha establecido aquella oficina.

    8. Es importante señalar que en tanto no se aplique el decreto ejecutivo
        para variar el salario base y los rubros correspondientes a la clase de
        puesto Auxiliar Judicial 3-D, este Departamento está tramitando la
        acción de personal denominada “reajuste de sobresueldos” para girarle
        la diferencia adeudada desde el 01 de enero del 2001. La acción de
        personal indicada se aplicará en la primera quincena de marzo del
        2001.

        Por último interesa destacar que este Departamento ha realizado los
        mejores esfuerzos para solucionar la problemática presentada por el
        señor Juan Daniel Hernández Pérez, por lo que no comparte las
        aseveraciones efectuadas por don Daniel, máxime que para tales
        efectos tuvimos varias conversaciones al respecto; buscando como
        siempre las soluciones necesarias que le ocasionaran el menor
        perjuicio posible, tal y como se desprende de los puntos anteriores.”

                                         -0-

            Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y hacerlo del
        conocimiento del interesado. “

                                         -0-

      El señor Hernández Pérez, en nota de 29 de marzo en curso, expone lo

siguiente:

        “1.- En cuanto al primer punto se da una respuesta positiva, donde se
             me reconocen los derechos laborales por el ascenso a la
             categoría Auxiliar 3-D.
        2.-   Con referencia al Segundo punto, se reconoce claramente el error
                                   120

      en el cual incurrió la administración y aunque los señores Quirós
      Álvarez y Arroyo Meléndez, Jefe de Sección de Salarios y Jefe del
      Departamento de Personal respectivamente, atribuyen a que fue
      la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, la
      que incurrió en ese error, lo cierto del caso es que ya existe un
      daño en mi perjuicio el cual me da derecho a reclamar, no solo se
      contempla en el Código de Trabajo, sino que ya la Sala Segunda
      ha sido clara en situaciones similares donde el patrono retuvo
      parte del salario (en mi caso fue todo el salario de un mes). Ver
      resoluciones 165-84 y 21-86 de la Sala Segunda.
3.-   Otro punto importante es que el error fue tan grave, que al
      preguntar al Departamento de Personal sobre mi situación laboral
      se me hizo ver que ni siquiera aparecía como empleado o
      funcionario judicial, tanto en el sistema informático del Poder
      Judicial como del Ministerio de Hacienda.
4.-   Al buscar la justificación a la irregularidad por ellos provocada en
      mi perjuicio, como lo podemos ver en los puntos 3 y 4 en la
      respuesta que se brindan por el Departamento de Personal, se
      percibe que el error obedece a la falta de proyección
      presupuestaria y organización en cuanto a la clasificación de
      puestos, lo cual siempre ha puesto en riesgo a los trabajadores de
      la Institución, que son quienes siempre se verán afectados por los
      atrasos normales que se producen. Ejemplo lo es el constante
      atraso en los pagos de horas extras donde se exponen razones
      iguales, con el peligro laboral al que s hace incurrir al Poder
      Judicial.
5.-   Por lo antes expuesto y la prueba que ellos mismos aportan al
      contestar el oficio referido, es que considero tener derecho
      sobrado para hacer mi petición de que se me jubile, ya que estos
      hechos que son normales en el Departamento de Personal son
      muy serios y hasta eventualmente pueden ser ventilados en la vía
      penal si se demuestra que la actuación es dolosa. Nótese que
      muchas veces adrede se procede a dejar sin el importe
      correspondiente al trabajo extraordinario realizado, alegándose
      falta de presupuesto sin tomar en cuenta que ya el trabajador
      cumplió con su cuota laboral la cual según el Código debe ser
      pagada a la mayor brevedad posible lo contrario estamos ante el
      contenido del artículo 83 inciso 1) del Código de Trabajo.
6.-   Solicito se acoja favorablemente la petitoria de mi solicitud fecha 6
      de febrero de este año y se me conceda la jubilación para lo cual
      he cotizado durante 25 años y gran parte de es tiempo lo hecho
      en tiempo nocturno, horario completamente desgastante y para el
      cual otras instituciones le han dado hasta el tiempo y medio por
      cada año servido. Otro asunto importante es ver que se cierto que
                                          121

             se deben de reunir requisitos sean constitucionales y que es ahí
             donde el estado debe proteger a sus administrados, reitero que en
             caso de no estar de acuerdo con lo que legalmente he expuesto
             pido se dé por agotada la vía administrativa.”
                                          -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar la solicitud

anterior a estudio e informe del Departamento de Personal.

                                  ARTÍCULO LXXVIII

      En sesión celebrada el 21 de noviembre del 2000, artículo LVIII, se trasladó a la

Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva y al Departamento Financiero

Contable para estudio e informe la solicitud del Juez Contravencional y de Menor

Cuantía de Los Chiles, para que se le reintegre el sobregiro con motivo de la reposición

de un giro que se encontraba caduco y que la Tesorería Nacional objeto su prescripción

de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Administración Financiera de la

República.

      En atención al acuerdo anterior, el Lic. Rafael Ángel Morales Monge, Subdirector

Ejecutivo, con oficio N° 516-DE-2001 de 23 de enero del año en curso, remite el

informe N° 106-DE/AL-2001 de 19 de ese mes, suscrito por el Lic. Carlos Toscano

Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal, que literalmente dice:

            “…La recomendación principal que el suscrito puede brindar es
       que se solicite una reconsideración a la Tesorería Nacional para que
       revisen la interpretación que hacen del artículo 23 de la Ley de la
       Administración Financiera de la República.

             Dispone dicha norma:

       “Artículo 23.- La Tesorería Nacional durante un año, a partir de su
       emisión, mantendrá a la orden de los interesados los giros emitidos;
       pasado ese plazo procederá a anularlos, quedando el derecho a los
       interesados para solicitar de nuevo, durante el año siguiente, la emisión
                                 122

de los giros mediante nueva tramitación; pasado el citado plazo de dos
años, los giros que no hubieren sido retirados prescribirán de
pleno derecho en beneficio del Tesoro Público”. (lo resaltado en
negrita no está en el original).

      Considero que la prescripción a que alude el citado artículo se
aplica única y exclusivamente a aquellos giros que no hubiesen sido
retirados por los interesados de la Tesorería Nacional luego de dos
años de su emisión. Sin embargo, el Giro de Gobierno que nos ocupa,
#959013366 de fecha 30 de marzo de 1995, se encontraba en
circulación en el momento de su extravío. En ese sentido, la situación
fáctica apuntada no encuadra para aplicar la sanción aludida en el
citado artículo de la Ley de la Administración Financiera de la
República, ya que es claro y evidente que no estamos en presencia de
una falta de interés, desidia o pasividad del interesado en cuanto al
retiro del cheque de la Tesorería Nacional, que es a fin de cuentas lo
que norma castiga.

     Como último punto, también hay que considerar que el Poder
Judicial eventualmente asumiría el pago de la suma del giro perdido si
el señor Tesoro Nacional mantiene su posición en cuanto a la
prescripción referida.

     En este caso, son reiterados los criterios de esta Sección al
señalar que:

“(...)según la Ley General de la Administración Pública, el Poder
Judicial es responsable en su función administrativa por los daños que
cause a terceras personas y responde por ellos solidariamente con sus
servidores.
Los artículos 190 y 201 del citado cuerpo legal disponen lo siguiente:
“ARTICULO 190.
1. La Administración responderá por todos los daños que cause su
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza
mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.
2. La Administración será responsable de conformidad con este
artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones
siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o
funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la
Sección Tercera siguiente.
ARTICULO 201. La Administración será solidariamente responsable
con su servidor ante terceros por los daños que este cause en las
condiciones señaladas por esta ley”.
Sobre el particular, el Licenciado Eduardo Ortiz, en la discusión en el
plenario legislativo de la referida Ley General expresó:
                                          123

        “(...) en el derecho administrativo la responsabilidad debe tener lugar
        aún cuando se actúe para fines distintos de la función propia o con
        actos que no estén dentro de la competencia propia, siempre que en
        los hechos, los instrumentos y las oportunidades las haya brindado el
        cargo.”
        Además de lo expuesto, es preciso recordar que la misma Ley General
        de la Administración establece un mecanismo para que la
        Administración recobre plenariamente lo pagado por ella para reparar
        los daños causados a un tercero por culpa de sus servidores.
        El artículo 203 establece:
        “ARTICULO 203.
        1. La Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella
        para reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de
        su servidor, tomando en cuenta la participación de ella en la producción
        del daño, si la hubiere.
        2.- La recuperación deberá incluir los daños y perjuicios causados a la
        Administración por la erogación respectiva”.”

                                          -0-

      Asimismo el Lic. Morales Monge aclara que, según se desprende de las

diligencias, la situación que se da en el citado Juzgado es un sobregiro o faltante en la

cuenta corriente de ese despacho, por motivo del débito realizado por el Banco

Nacional al no poder hacer efectivo el giro que sustentaba el depósito judicial realizado

a favor de doña Marisol.

      Por su parte el Lic. Alejandro Quesada Monestel, Subjefe del Departamento

Financiero Contable, en oficio N° 319-SIEJ-2001 de 28 marzo último, comparte el

criterio del Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva, en el sentido de que debe

reiterársele al señor Tesorero Nacional la reposición supracitada y de no prosperar tal

gestión, indemnizar mediante la partida 609 con cargo al presupuesto institucional.

      Se acordó: Tener por rendidos los informes anteriores.                   Ordenar al

Departamento    Financiero    Contable   que    proceda   al   depósito   de    la   suma

correspondiente al sobregiro de ese Despacho.          Reiterar al Tesoro Nacional la
                                            124

reposición del giro de gobierno que correspondía a las diligencias de consignación de

prestaciones legales, a que se refieren este asunto.

                                    ARTÍCULO LXXIX

      En la sesión celebrada el 13 de marzo último, artículo VIII, por unanimidad se

nombró en forma interina al Lic. Álvaro Oconitrillo Rivera como Juez 3 del Juzgado

Penal Juvenil de Puntarenas, a partir del 1° de abril del año en curso y hasta el 28 de

febrero del 2002.

      En facsímil fechado 21 de marzo recién pasado, recibido el 28, el Lic. Oconitrillo

Rivera, en su condición de Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Upala,

manifestó:

              “La presente es para saludarle y a la vez expresarle que me es
        imposible aceptar el nombramiento de Juez de Familia en la Provincia
        de Puntarenas, toda vez que por tratarse de un nombramiento por un
        año, tendría que dejar a mi familia y trasladarme hasta esa provincia,
        situación que viví por espacio de dos años al inicio de la carrera judicial,
        lo cual no resulta muy conveniente para los intereses y la unidad de mi
        familia. De todas maneras y hace aproximadamente un mes comuniqué
        a la Unidad Interdisciplinaria mi negativa a aceptar este nombramiento
        pese a que en un inicio si hubo aceptación de mi parte, por lo que me
        extraña que se le diera trámite a este nombramiento. Sin embargo, no
        omito manifestarle nuevamente mi solicitud de traslado en propiedad
        como juez 1 que formulé desde el año pasado, en el entendido de que
        llevo nueve años nombrado como Juez Contravencional en este Cantón
        y once dentro del Poder Judicial, siendo que el motivo de dicho traslado
        estriba en la necesidad de una mejor educación para mis dos hijos, que
        están a punto de terminar la primaria y en la necesidad de estar más
        cerca de mis padres que ya están mayores y uno de ellos con diabetes.
        No omito también indicarle que no es mi deseo un traslado propiamente
        a la ciudad de San José, sino a un Despacho Judicial que me ofrezca
        una mayor cercanía a mejores oportunidades de estudio y de mis
        padres.”
                                           -0-

      Se acordó: Dejar sin efecto el nombramiento del Lic. Oconitrillo Rivera como
                                           125

Juez 3 en el Juzgado Penal de Puntarenas, aprobado en la sesión del 13 de marzo del

año en curso, artículo VIII, en consecuencia, se mantiene su nombramiento en el

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Upala. La Unidad Interdisciplinaria

procederá a confeccionar una nueva terna para el cargo de Juez Penal de Puntarenas.

      El Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal tomarán nota

para lo que corresponda.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                    ARTÍCULO LXXX

      El Lic. Luis Ángel Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, en

oficio N° 2263-DE-02-2001 de 26 de marzo último, expresó:

       “Este Despacho ha tomado nota del acuerdo tomado por el Consejo
       Superior, en sesión celebrada el 22 de febrero último, artículo LX,
       mediante el cual se dispuso excluir, en relación con la contratación de
       los servicios de seguridad externa, además del Depósito de Vehículos,
       al Complejo de Ciencias Forenses.
       Como consecuencia de lo anterior, el cartel aprobado por el Consejo
       Superior debió ser modificado para readecuarlo al objeto de contrato;
       por otra parte, con motivo de la apelación declarada con lugar por la
       Contraloría General de la República, según resolución N° RC-124-2001
       de las 10:99 horas del 12 de marzo en curso, en el caso de la licitación
       pública N° 173-2000, tramitada para la contratación de servicios de
       seguridad del Primer Circuito Judicial de San José, hubo necesidad, en
       conjunto con el Departamento de Vigilancia, de variar algunos
       parámetros del sistema de evaluación para la selección y adjudicación
       de ofertas y por tales motivos, se adjunta el cartel de trato con todos los
       cambios realizados.”
                                          -0-

      Se acordó:        Aprobar el cartel de Licitación Pública para la contratación de

servicios de seguridad del Edificio del Primer Circuito Judicial de San José y otros

despachos judiciales.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota para lo
                                          126

que corresponda.

                                    ARTÍCULO LXXXI

       En nota de 15 de marzo último, recibida el 19, el Ing. José Ignacio Jenkins,

Presidente de ANPHORA S.A., remite las observaciones al Contrato N° 25-CG-01

“Contratación de Diseño de Redes de Transmisión de Datos e Instalación de Equipos

para diferentes Circuitos Judiciales.

       Previamente a someter las diligencias respectivas a conocimiento del Consejo, la

Secretaria General de la Corte, remitió copia a la Dirección Ejecutiva para estudio e

informe del Asesor Legal.

       El Dr. Luis Eduardo Vargas Jiménez, Director Ejecutivo, con oficio N° 2050-DE-

01 de 21 de marzo último, remitió el informe N° 430-DE/AL-2001 suscrito por el Lic.

Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal,               que

literalmente dice:

              “Por este medio me refiero al oficio #3546-01 de 16 de marzo en
        curso, suscrito por la Licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria
        General de la Corte, requiriendo estudio e informe de esta Sección de
        Asesoría Legal sobre las objeciones al contrato denominado “Diseño de
        redes de transmisión de datos e instalación de equipos para diferentes
        circuitos judiciales” N°.25-CG-01, planteadas por el ingeniero José
        Ignacio Jenkins Moreno, Presidente de la firma comercial ANPHORA
        S.A.

        CLAUSULA SEGUNDA: Para pagarle a la empresa es irrelevante la
        conversión en colones del monto neto a girar que se establece en el
        documento contractual. Esta conversión se efectúa de esa forma con
        el fin de estimar el contrato para efectos fiscales, pues necesariamente
        hay que hacerlo en colones. Lo que sí puede agregarse al final de esta
        estipulación es que la conversión en colones se efectuará de
        conformidad con el tipo de cambio que esté vigente al momento
        efectivo del pago.

        CLAUSULA TERCERA: El acuerdo del Consejo Superior tomado en
                                   127

 sesión 70-00, celebrada el 5 de setiembre del año 2000, artículo
 LXXXV, inciso e), establece que el Departamento de Proveeduría en
 coordinación el de Informática, velarán por la correcta ejecución del
 contrato. Así también se desprende de la cláusula 14.1, in fine, del
 pliego de condiciones del procedimiento licitatorio que originó el
 contrato en cuestión. Considero que es posible acceder a lo solicitado
 por el representante de la contratista, tanto en este aspecto, como en el
 que indica para la parte final de la cláusula.

 CLAUSULA SEXTA: Como expresé anteriormente, pese a que el
 monto a girar es en dólares, en el contrato se debe consignar en
 colones para efectos fiscales. En este caso, se utiliza el tipo de cambio
 vigente al momento de la adjudicación.

 CLAUSULA SETIMA: Ese es un aspecto interno que no atañe al
 contratista y que está fuera de los términos del negocio. Debe
 mantenerse la redacción original de la cláusula.

 CLAUSULA NOVENA: Ambos son derechos de la Administración y del
 contratista que derivan de Constitución Política y de la Ley y
 Reglamento General de Contratación Administrativa. Por un lado, el
 artículo 13.2 del citado cuerpo reglamentario regula en forma clara y
 precisa el procedimiento para acordar una eventual resolución del
 contrato, es decir, ahí se establece el debido proceso aludido por el
 señor Jenkins Moreno. Por otro lado, nuestra Carta Magna en su
 artículo 41 instaura como derecho fundamental la posibilidad de que
 todos, ocurriendo a las leyes, encuentren reparación para los daños
 que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.

       En virtud de lo anterior, estima el suscrito que es innecesario
 incluir esos aspectos tan generales en el documento de contrato.


 CLAUSULA DECIMAPRIMERA: No hay objeción en que se modifique
 en la forma propuesta.


 CLAUSULA DECIMASEGUNDA: Considero oportuno y conveniente
 que se agregue una cláusula al documento en la que ambas partes
 señalen lugar para recibir notificaciones.”

                                   -0-

Se acordó: Acoger el informe que antecede y hacerlo del conocimiento del Ing.
                                          128

Jenkins Moreno. La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO LXXXII

      El Tribunal de la Inspección Judicial, por resolución N° 121-2001, de las once

horas y treinta minutos del veintinueve de enero del dos mil uno, impuso al servidor

JORGE ENRIQUE PALMA VARGAS, la sanción disciplinaria de REVOCATORIA DEL

NOMBRAMIENTO, al tener por acreditado que, el citado servidor, aprovechando su

función de oficial de investigación del Organismo de Investigación Judicial, a cambio de

retribuciones pecuniarias y regalías, estaba suministrando información sobre las

investigaciones en su contra a Jimmy Vallejos, involucrado en la actividad delictiva de

asalto con uso de arma de fuego, al mismo tiempo que lo favorecía cuando lo detenían

omitiendo decomisarle los bienes, incluso ayudando a ocultarlos.

      Contra la resolución mencionada, interpone Recurso de Apelación el Defensor

del acusado Palma Vargas y argumenta            que la resolución recurrida carece de

fundamentación    y valoración de la prueba.       Señala el impugnante que, ningún

reglamento de policía prohibe al oficial de investigación reunirse con el informante un

día domingo y en su vehículo particular, no existe prueba de la entrega de dineros u

objetos a su defendido, ni se le decomisó a éste bien alguno en su casa de habitación.

      Conoce este Consejo del Recurso de Apelación interpuesto y, luego del estudio

pormenorizado de los autos, el libelo de impugnación y la resolución recurrida se

concluye que, los hechos tenidos como demostrados por el Tribunal de la Inspección

Judicial, encuentran pleno respaldo en la prueba que los sustenta, la que se encuentra

debidamente valorada en la resolución bajo examen, no le asiste razón al recurrente en

cuanto al agravio de Falta de Fundamentación del fallo, cada afirmación fáctica
                                           129

encuentra sustento en prueba que se analiza en forma amplia y la argumentación del

defensor, en punto a que no existe impedimento para que su defendido se reuniera con

informantes en el lugar y momento que lo quiera, en el contexto de los hechos

demostrados, no tiene fuerza para desmentir los hechos que se le atribuyen. Tal como

lo expone la Comisión de Relaciones Laborales, los hechos denunciados califican de

gravísimos, sobre todo si se considera que han sido realizados por un servidor que

desempeña precisamente funciones de investigación de hechos delictivos denunciados

ante las autoridades judiciales, es inaceptable que un servidor, a quien se le ha

encomendado labores en procura de auxiliar en la correcta Administración de Justicia,

participe en actos de corrupción que deben ser erradicados en forma inmediata. Por las

razones expuestas,      se acordó:    Confirmar la resolución recurrida en todos sus

extremos.

         En razón de que el servidor encausado, se encontraba suspendido del cargo, se

limita a hoy esa suspensión y se hace efectiva la sanción impuesta a partir de mañana

viernes 6 de abril de 2001.

   El Departamento de Personal           y la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial tomarán nota para lo que corresponda. Notifíquese. Acuerdo

firme.

                                  ARTÍCULO LXXXIII

         En sesión celebrada el 20 de marzo del año en curso, artículo LXXX, se aprobó

el inicio del procedimiento para la Licitación por Registro relativa a la ”Compra de

diferentes tipos de toners” y se dispuso solicitar al Departamento de Proveeduría

aclarar el cartel en cuanto a la contratación que se indicó en los puntos 7 y 10, a efecto
                                          130

de que se definiera cuál de los plazos que se establece garantiza los productos.

        El Lic. Luis Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, en oficio

N° 2340-DP/05-2001 de 30 de marzo último, en atención al acuerdo anterior, informa

que efectivamente existió una contradicción entre los plazos que se establecen en los

puntos indicados en el pliego de condiciones, referentes al plazo de garantía y la fecha

de vencimiento de los cartuchos respectivamente, por lo cual procedieron a comunicar

a todos los potenciales oferentes la modificación realizada al pliego de condiciones, que

consistió en variar el plazo de la garantía de 16 meses a 12 meses, a fin de hacerlo

congruente con la fecha de vencimiento.

        Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                  ARTÍCULO LXXXIV

        El Dr. Luis Vargas Jiménez, Director Ejecutivo, con oficio N° 2246-DE-01 de 27

de marzo último, remite el informe N° 646-P-2001 suscrito por el Lic. Walter Jiménez

Sorio, Jefe del Departamento Financiero Contable, sobre lo gastado, así como, lo

disponible en la subpartida 060 “Sobresueldos” en lo que va de este año.

        Se acordó: Tomar nota del informe.

                                  ARTÍCULO LXXXV

        El Lic. Luis Ángel Barahona Cortés, Jefe del Departamento de Proveeduría, con

oficio N° 2409-DP/03-01 de 2 de abril en curso, remite las diligencias de la Licitación

Pública N° 073-2000 para la “Contratación de Servicios de seguridad para el edificio de

los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José”, que literalmente

dice:

              “Al tenor de los artículos 56 del Reglamento General de
                                  131

Contratación Administrativa vigente; marco jurídico a través del cual se
tramitó el presente concurso, 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo con
los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría, se
determinó que:
ANTECEDENTES:
      El concurso bajo trato fue adjudicado inicialmente en sesión Nº
98-00 celebrada el día 12 de diciembre del 2000, artículo XLII, a favor
de la empresa Secure, S.A..
      No obstante, la adjudicación dispuesta por ese Consejo fue
anulada por la Contraloría General de la República mediante resolución
Nº RC-124-2001 de las 10:00 horas del día 12 de marzo del 2001, con
motivo del recurso de apelación instaurado por la firma Wackenhut,
S.A..
      Dicha resolución, fue puesta en conocimiento del Consejo
Superior, mediante oficio Nº 1922-DP/03-01 de 14 de marzo del 2001, y
además en su último párrafo se señaló:

“No se omite indicar que copia de este oficio se remite tanto a la
Sección de Asesoría Legal, como al Departamento de Seguridad con el
propósito de que se refieran a los términos de la resolución del Órgano
Contralor, a fin de que esta Proveeduría emita el informe de
readjudicación a someter a conocimiento de ese Consejo para su
correspondiente resolución.”

      Finalmente, valga mencionar que al verificarse el vencimiento de
la vigencia tanto de las ofertas como de los correspondientes depósitos
de garantías de participación, con fundamento en los artículos 100.2,
94.1 y 37.10 del Reglamento General de Contratación Administrativa,
se procedió a prevenir a los tres participantes su restablecimiento por
un término adicional de 30 días hábiles, obteniéndose como resultado
una respuesta favorable, y de ahí que se dispone de un nuevo término
para resolver, el cual vence el día 30 de abril en curso.
ANÁLISIS DE OFERTAS:
      Para este concurso se recibieron tres (3) ofertas correspondientes
a las empresas siguientes:
1)Secure, S.A., C.J. N° 3-101-077363-21;
2)Consorcio de Información y Seguridad, S.A., C.J. Nº 3-101-
027174-17; y,
3)Wackenhut, S.A., C.J. Nº 3-101-062907-01.

INFORMES DE LA SECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL Y DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD:
     En respuesta al Nº 1922-DP/03-01 de cita previa, el licenciado
Carlos Toscano Mora Rodríguez; mediante oficio Nº 444-DE/AL-2001 de
                                       132

    fecha 22 de marzo del 2001, manifiesta:

    “En atención a la copia de su oficio #1922-DP-03-01 de 14 de marzo en
    curso, requiriendo el análisis de la resolución de la Contraloría General
    RC-124-2001, me permito referirle lo siguiente:

          Prácticamente el Órgano Contralor dirige la readjudicación hacia
    la firma apelante, Wackenhut S.A.

          La resolución reitera el criterio de la Sección de Asesoría Legal
    en cuanto a que no es cualquier desatención al requerimiento de
    subsanar un defecto lo que puede provocar la exclusión automática de
    una oferta del concurso, sino que debe tratarse de un vicio grave que
    afecte el fin público que busca la contratación específica.

          En los sistemas de valoración de ofertas hay que tener especial
    cuidado en los parámetros elegidos para la selección de la
    adjudicataria. Deben ser claros e imparciales, de forma tal, que no
    quede bajo el criterio subjetivo del calificador otorgar un determinado
    porcentaje. Por ello, también es necesario que en los pliegos de
    condiciones no se incluyan valores ambiguos como por ejemplo,
    “bueno”, “muy bueno” o “malo”.

          Es preciso que se definan y deslinden los aspectos de
    admisibilidad y de valoración de ofertas. Por ejemplo, en el caso que
    nos ocupa el Órgano de Fiscalización Superior determinó que la
    presentación de la metodología de trabajo es un aspecto de
    admisibilidad, por lo que no tenía que incluirse en el sistema de
    valoración de las propuestas.”

         Por otra parte, el señor Marco Meza Sandoval; Asistente del
    Departamento de Seguridad, mediante oficio Nº 656-DS-2001 de fecha
    30 de marzo del 2001, manifiesta:

    “En respuesta al oficio No. 1922-DP/03-01, referente a la contratación de
    servicios de seguridad para el edificio de los Tribunales del Segundo
    Circuito Judicial de San José. Me permito indicarle que según la
    conversación sostenida con la Sección de Licitaciones y siguiendo
    instrucciones de la jefatura, se esta de acuerdo en reajudicar la Licitación
    Pública No. 073-2000 a favor de la empresa WACKENHUT S.A.”

    ANÁLISIS Y VALORACIÓN:
         Para el análisis y valoración de las tres ofertas sometidas a este
    procedimiento de contratación, se estima conveniente primero
    transcribir el alegato de defensa presentado como respuesta con
                                 133

motivo de la audiencia inicial conferida por el Órgano Contralor, así
como los criterios emitidos por este último en la resolución Nº RC-124-
2001, conforme al detalle siguiente:

De la respuesta a la audiencia inicial:
“Yo, Luis Paulino Mora Mora, mayor, casado, abogado, vecino de
Alajuela, cédula 1-316-176, en carácter de Presidente de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial, en
respuesta a la audiencia inicial otorgada por ese Órgano Contralor
en auto de las 08:30 horas del veinticuatro de enero en curso y
dentro del plazo legal conferido procedo a contestarla en los
siguientes términos:

PUNTO A: En primera instancia, es preciso reafirmar lo expresado
por la firma apelante cuando señala en el escrito de interposición
del recurso que las tres oferentes que participaron en la licitación,
no presentaron inicialmente las copias de los carnés de portación
de armas y el de agente privado de seguridad. Por otra parte,
también es cierto que ésta administración licitante mediante la vía
de la prevención requirió a cada una de ellas que subsanaran el
defecto, otorgándoles para ello cinco días hábiles al tenor de lo
que dispone el artículo 56 del Reglamento General de
Contratación Administrativa.
La apelante argumenta en este aparte que la firma adjudicataria,
SECURE S.A., cumplió la prevención fuera del plazo otorgado por
el Poder Judicial y que en la fotocopia de los carnés presentados
es posible establecer que su fecha de expedición es posterior a la
fecha de celebración del acto de apertura de las propuestas. En
forma errónea afirma que “estos documentos fueron valorados por
la Administración y aceptados en toda su extensión, con lo cual, a
la empresa adjudicataria se le otorgó una ventaja que no
correspondía otorgar(...)”
Ubicándonos en el contenido del pliego de condiciones, es fácil
determinar que este requisito únicamente es solicitado para que
sea cumplido por el adjudicatario (por ejemplo véanse las
cláusulas 3.3, 3.5 y 4.6 del cartel que así lo determinan) y no se
incorpora como una obligación de los oferentes. Esta situación
lleva a pensar que la firma apelante no distingue la naturaleza de
dichos términos y el diferente tratamiento que el cartel brinda en
ambas circunstancias. Además, si se revisa el sistema de
valoración de las ofertas contenido en el pliego, ninguno de sus
parámetros otorga puntuación por el simple hecho de que los
                                   134

proponentes presentaran los referidos carnés, por lo que no es
cierto entonces que con la prevención realizada por el Poder
Judicial se estuviera otorgando algún tipo de ventaja a la firma
adjudicataria al otorgarle mayor puntaje, dado que por ese
concepto, como se dijo, no había calificación prevista.
Otro aspecto que no queda claro a la apelante es el carácter del
plazo que otorga el Reglamento de Contratación Administrativa a
la Administración licitante para solicitar aclaración a la información
contenida en plicas o subsanar aspectos formales omitidos, ya que
no toman en cuenta que el mismo artículo 56 del Reglamento
General de Contratación así como la abundante jurisprudencia del
Órgano Contralor, establecen que esta facultad la mantiene el
ente licitante hasta que no se acuerde el acto administrativo que
adjudica el negocio.
      En lo que interesa, dispone dicha norma reglamentaria:

“Dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, la
Administración procederá al análisis de los aspectos formales de
las ofertas, y concederá un plazo de al menos cinco días hábiles
para que se subsane cualquier defecto formal o se supla cualquier
información o documento trascendente omitido, siempre que con
ello no se modifique su contenido en cuanto a las características
de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de
entrega ni las garantías de los productos. Esta prevención podrá
ser efectuada de oficio o por señalamiento de alguno de los
participantes o del propio interesado. Luego de esta etapa, la
Administración conserva su facultad de solicitar de oficio la
subsanación de defectos no advertidos durante los primeros
cinco días hábiles”. (lo resaltado en negrita no pertenece al
original)

     Sobre el tema de las prevenciones y la posibilidad que tiene la
Administración de valorar la información solicitada aún que se
presentara fuera del plazo requerido por ella, la Contraloría General de
la República en resolución RC-299-2000 de las once horas del tres de
agosto del 2000, expuso que:

“(...)sobre el delicado tema de la subsanación de aspectos ponderables
o evaluables, la Contraloría General de la República inicialmente estimó
que se trataba de aspectos no subsanables, pero luego ha admitido
que se pueda prevenir la presentación de documentación que esté
referida a hechos históricos referenciados en la oferta, para acreditar la
“experiencia” (Ver resoluciones Nº63-98, Nº103-98, Nº213-98 y Nº245-
                                   135

98), o bien, que en caso de que un oferente haya brindado información
equívoca (por ejemplo, brindar varios plazos de entrega) se adopte la
condición que menos puntaje confiera para efectos de calificación (Ver
resolución Nº62-98, y el oficio Nº1390/99, aparte VI.). La prevención
para subsanar comporta consecuencias cuando no es atendida: es
lógico que la Administración debe cumplir el procedimiento en plazos
determinados, por lo que deberá continuar con el concurso, declarando
inelegible la propuesta de quien no haya cumplido con la prevención,
siempre y cuando estime que se trata de información trascendente. No
es igual prevenir la presentación de copias no aportadas, que la
omisión en presentar estados financieros, documentos legales
trascendentes que prueben una condición de calidad que el cartel
requirió, entre otros. En caso de omisión, la Administración deberá
valorar la trascendencia del incumplimiento de acuerdo al caso
concreto y motivar la exclusión si así procediera. La trascendencia del
incumplimiento estará en función del objeto contractual y del peso que
la Administración haya dado a la documentación o información omitida.
Del mismo modo, somos del criterio que si la información fuera
presentada luego del plazo dado, pero es oportuna, en el tanto el
estudio de admisibilidad de ofertas no hubiera concluido, esa
información podría considerarse, lo cual encuentra fundamento en el
párrafo 2º, del artículo 4º, de la Ley de Contratación Administrativa, que
a la letra indica: “...Los actos y actuaciones de las partes se
interpretarán de forma que se favorezca su conservación y se facilite
adoptar la decisión final, en condiciones favorables para el interés
general...” Así las cosas, en un supuesto de esta naturaleza, hemos
recomendado a la Administración no entender y aplicar en forma literal
el artículo 56.1.3. del Reglamento General de Contratación
Administrativa, en cuanto señala que si la prevención no es atendida en
tiempo, la Administración debe descalificar al oferente. Si la entidad
puede solicitar la corrección de errores prácticamente en cualquier
momento durante la fase de estudio y selección de ofertas, nos parece
desproporcionado descalificar una propuesta porque la prevención se
haya atendido fuera del plazo, máxime si el oferente interesado brinda
razones plausibles que justifiquen su tardanza.”

Por último, omite señalar la apelante que si bien es cierto ellos
cumplieron en tiempo con la prevención que el Poder Judicial
oportunamente les cursara, de la documentación que aportan de cada
uno de los oficiales de seguridad propuestos para cumplir con el objeto
del contrato, específicamente en las copias fotostáticas de los carnés
de portación de armas y el que los acredita como tales, se puede
determinar que la mayoría de ellos se encuentran vencidos, sin
embargo ésta Administración los aceptó en idénticas condiciones que
aquellos que presentaron las otras dos participantes. Esta es una
prueba más de que no se ha actuado en beneficio de los intereses de
                                  136

la firma adjudicataria, ni se ha irrespetado el principio de igualdad de
trato y oportunidades a los oferentes que establece el numeral 5 de la
Ley de Contratación Administrativa.

PUNTOS B y D: Estos aspectos se relacionan con el renglón II del
sistema de valoración de ofertas del cartel denominado “Experiencia del
Oferente (20%)”. La recurrente sustenta los alegatos de ambos
numerales en dos apreciaciones total y absolutamente erróneas: la
necesidad de que el Poder Judicial previniera a los oferentes que
aclarasen lo relativo a la periodicidad de los repasos de los cursos y de
práctica de polígono y la falta de valoración del programa de
capacitación contenido en su plica.
En cuanto al primer aspecto, esta Administración licitante consideró que
era violatorio al principio de igualdad de trato solicitar a las empresas
participantes en el concurso que procedieran a aclarar asuntos que se
encuentran sujetos a calificación. Consecuencia de ello es que los
puntos en este rubro se otorgaron a las tres participantes en el proceso
licitatorio con base en la información que originalmente se consignó en
tales plicas. Es decir, no se produjo el perjuicio que alega la empresa
Wackenhut S.A. en contra de sus intereses en el otorgamiento del
puntaje.
Sobre el segundo de los aspectos debatidos, tampoco es cierto que
esta Administración omitiera el análisis y valoración del programa de
capacitación ofrecido por la apelante, el cual consta a folios 1 a 18,
aparte “Ofertas” del expediente administrativo de contratación. La
puntuación obtenida en este aparte corresponde a un 16% y en la
justificación se afirma que la “metodología es adecuada y acorde con lo
solicitado”, de ahí que el puntaje que extraña la empresa apelante es
precisamente por la falta de claridad en lo que atañe a la periodicidad
de los repasos de cursos, de prácticas a polígono, así como los
programas de capacitación.

PUNTO C: En relación con la valoración de los atestados referentes a
la experiencia de la firma apelante es preciso indicar como aspectos de
importancia que el factor de evaluación denominado “II EXPERIENCIA
DEL OFERENTE (20%)”, se desagrega en dos rubros con un peso de
10% cada uno. El primero de ellos corresponde a la cantidad de
servicios (contratos) de vigilancia prestados por el oferente bajo las
condiciones de una vigencia mínima de un año que comprendan al
menos tres puestos de servicio y que daten a partir del año 1993. El
segundo se refiere a los años de experiencia del personal propuesto
para la prestación de servicios objeto de ésta contratación. En ambos
casos se establecieron previamente rangos para acreditar la calificación
correspondiente a la información que se aportase para cada rubro.
En cuanto al segundo rubro, referido a la calificación del personal, no
lleva razón la recurrente al señalar que la Administración no
                                   137

fundamentó el porcentaje asignado a cada participante, dado que en
las tablas de calificación se indican las correspondientes justificaciones
para cada una de las ofertas. No obstante lo anterior, con motivo de la
apelación que nos ocupa esta Administración revisó las actuaciones
realizadas y pudo determinar que la calificación del rubro que nos
ocupa no se sujetó fielmente a las estipulaciones cartelarias. Producto
de lo anterior se procedió a revisar nuevamente este factor de
evaluación, con lo que se pudo establecer que para la experiencia del
personal propuesto por cada participante corresponde asignar las
calificaciones siguientes: SECURE S.A. un 10%, por cuanto todos los
agentes de seguridad acreditados reportan una experiencia de 6 años o
más; WACKENHUT S.A. un 7,16%, con motivo del promedio resultante
de la experiencia acreditada en esta plica para las 16 personas
propuestas por este participante (ver hojas adjuntas de calificación).

PUNTO E: Con respecto al análisis y puntuación del equipo de
comunicación ofrecido por la apelante, es menester señalar que lleva
razón la recurrente ya que esta Administración paso inadvertido la
información que consta en su propuesta a folios 328 a 330, relativa al
equipo de comunicación, repetidora y cobertura.
Sin embargo, pese a lo expuesto en los puntos C y E y aún otorgándole
la calificación máxima para este último factor de evaluación (V EQUIPO
DE COMUNICACIONES 10%), se verifica que si bien la firma apelante
logra mejorar su calificación final y obtiene un 90,72%, es insuficiente
para resultar adjudicataria de frente a la calificación de la empresa
SECURE S.A. que obtiene un 94.50%. Con fundamento en lo expuesto
se concluye que, si bien hay un error en la aplicación del sistema de
evaluación, específicamente en los rubros señalados, el recurso de
apelación resulta manifiestamente improcedente por cuanto la
recurrente no es apta para ser adjudicataria de acuerdo con los
parámetros de calificación que rigen el concurso y las circunstancias
concurrentes a las que se ha hecho mención, todo ello al tenor de lo
que dispone el artículo 95.1 del Reglamento General de Contratación
Administrativa. Al no ser válidamente beneficiada la recurrente con una
eventual adjudicación y por ello carecer de interés legítimo, directo y
actual para recurrir el acto final, se solicita a ese Órgano Contralor que
declare sin lugar el recurso y confirme la adjudicación recaída a favor
de la empresa SECURE S.A., con el propósito de evitar con ello el
entorpecimiento de la actividad administrativa.”



           CUADRO RESUMEN DE CALIFICACIONES FINALES


                   LICITACIÓN PÚBLICA Nº 073-2000
                                           138




                                                           Oferta Nº 1   Oferta Nº 3


                    Factores a evaluar                    Secure, S.A. Wackenhut, S.A.


I. PRECIO (40%)                                             40,00%         38,40%


II. EXPERIENCIA (20%)


A. Experiencia del oferente (10%)                            7,50%         9,00%


B. Experiencia del personal (10%)                           10,00%         7,16%


III. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL (10%)           10,00%         10,00%


IV. METODOLOGÍA O PLAN DE TRABAJO (20%)                     20,00%         16,16%


V. EQUIPO DE COMUNICACIONES (10%)                            7,00%         10,00%


                           TOTALES                          94,50%         90,72%



         De los criterios emitidos por el Órgano Contralor:

         Resolución RC-124-2001

         “II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE Y EL FONDO
         DEL ASUNTO En vista de que los alegatos referidos a la legitimación
         de la recurrente están estrechamente vinculados con el fondo del
         asunto, procederá este Despacho a realizar un análisis en conjunto de
         ambos aspectos 1) Sobre la presentación de los carnés para portar
         armas y de agentes de seguridad por parte de la adjudicataria: La
         apelante señala que la adjudicataria atendió de forma tardía la
         prevención para aportar los carnés para portar armas y el de agente
         privado y que, éstos últimos tienen una fecha posterior a la de apertura
         del concurso, por todo lo cual debe excluirse del concurso. La
         Administración por su parte refuta el argumento al indicar que dicho
                                    139

requisito era exigible para el adjudicatario, no para los oferentes y, en
todo caso, obedecía a un requisito de admisibilidad, no de calificación,
por lo que podrían ser presentados en cualquier momento. La
adjudicataria, contestó que los carnés de portación de armas fueron
presentados en el tiempo que le confirió la Administración y que el de
agente privado de seguridad dentro de los dos días hábiles siguientes,
dado que se estaban renovando. Criterio del Despacho: Los
procedimientos de contratación administrativa deben tener como
objetivo fundamental la selección de aquella oferta más conveniente,
todo dentro de las reglas que, previamente ha fijado la Administración
en el correspondiente cartel. En concordancia con lo anterior, se
encuentra el principio de eficiencia, según el cual, el fondo deberá
privar sobre la forma, con lo cual solamente aquellos defectos
trascendentales conllevan la exclusión de una oferta. Como desarrollo
del mencionado principio, se ha contemplado la figura de la
subsanación, que encuentra su principal desarrollo normativo en el
artículo 56 del Reglamento General de Contratación Administrativa. De
acuerdo con esa norma, los vicios meramente formales que no afecten
la esencia de una oferta, pueden ser corregidos, ya sea a petición de la
Administración , o, por la propia iniciativa del oferente. Si bien es cierto,
el Reglamento General de Contratación Administrativa contempla un
plazo de cinco días, posterior al acto de apertura de ofertas, el mismo
reglamento es claro al señalar que, la Administración conserva, de
previo al dictado del acto de adjudicación su facultad para prevenir la
presentación o corrección de aquellos aspectos subsanables. Incluso,
la normativa va más allá y desarrolla claramente el señalado principio
de eficiencia, en su artículo 56.1.3. del Reglamento General de
Contratación Administrativa, al señalar que no cualquier desatención al
requerimiento de subsanar un defecto conlleva a la exclusión
automática de una oferta, sino que debe tratarse de un vicio grave que
amenace la consecución de los fines de la contratación específica, en
el caso de que se adjudicara a esa oferta. En el caso concreto, la
apelante solicita la exclusión de la adjudicataria, bajo el presupuesto de
que presentó de forma extemporánea, los carnés para portación de
armas y los de agente privado de seguridad. Sin embargo, este
Despacho ha tenido por acreditado que los permisos de portación de
armas sí fueron presentados por parte de SECURE S.A. en el plazo de
cinco días dado por el Poder Judicial (ver hecho probado Nº5), con lo
cual no se observa tal incumplimiento. Ahora bien, análisis aparte
merece la presentación del carné de agente privado de seguridad. La
Administración previno a los oferentes para que aportaran tal
documentación en un plazo de cinco días hábiles (ver hecho probado
Nº4), por cual no es de recibo el argumento que viene a señalar el
Poder Judicial, al atender la audiencia inicial, en el sentido de que dicho
requisito fue exigido para el adjudicatario y no para los oferentes. Si la
Administración fuera consecuente con su alegato, no hubiese
                                   140

prevenido a todos los participantes la subsanación de tal requisito
Ahora bien, en el plazo conferido, SECURE S.A. advirtió que los carnés
de Agente Privado de Seguridad se estaban renovando en el Ministerio
de Seguridad Pública, por lo cual solicitó un plazo adicional de cinco
días más (ver hecho probado Nº6) con el fin de presentar dichos
documentos. Asimismo, adjuntó a su petición una constancia del
referido Ministerio, en la cual se indicaba que, efectivamente, los
referidos carnés estaban siendo renovados (ver hecho probado Nº7)
Posteriormente, el 4 de diciembre, SECURE SA. aportó los carnés ya
renovados (ver hecho probado Nº8). Como puede verse, la
adjudicataria ha cumplido satisfactoriamente con el referido requisito
cartelario, al aportar copia de los carnés de agente de seguridad
privado, solo que no fue adjuntados a su oferta, ni dentro del plazo de
cinco días que le dio la Administración, sino que fueron llevados al
expediente dos días hábiles después de ese plazo. De acuerdo con lo
que viene indicado, excluir a la adjudicataria por un retraso de dos días
hábiles en la presentación de los carnés sería contrario al principio de
eficiencia, toda vez que se estaría dando preponderancia a un aspecto
meramente formal (la presentación de los carnés renovados en el plazo
de cinco días, un aspecto de admisibilidad) a los cumplimientos de
fondo de la adjudicataria, máxime si tomamos en consideración que
dicha firma aportó un documento emitido             por el Ministerio de
Seguridad, en el cual se señalaba que los carnés existían, solo que
estaban sometidos al proceso administrativo de la renovación y que
dichos documentos fueron aportados antes de que la Administración
terminara la fase de admisibilidad, con lo cual su presentación fue
válida. Así las cosas, se tiene que la adjudicataria fue correctamente
admitida concurso, por lo que procede el rechazo del recurso en cuanto
a ese extremo. 2) Sobre la calificación de la apelante en cuanto a la
periodicidad de los repasos de los cursos y prácticas a polígono:
La apelante considera que la Administración debió haberle asignado la
totalidad de los puntos en cuanto a la periodicidad de los repasos de
los cursos y prácticas a polígono, o bien, haber solicitado aclaración. La
Administración considera que no se previno a las partes sobre el
mencionado punto ya que se trata de un aspecto calificable, por lo que
se basaron en la información que consta en las ofertas. La
Adjudicataria no se refirió al punto. Criterio del Despacho: La apelante
cuestiona el hecho de que la Administración le hubiese otorgado
solamente 16,16% de 20 % en el rubro de Metodología o Plan de
trabajo, por el hecho de que se indicó que se debían clarificar dos
aspectos: periodicidad de los repasos de los cursos y de prácticas al
polígono, así como los programas de capacitación. En su criterio, debía
otorgársele el 20%, o bien, solicitarse una aclaración en ese sentido.
Para resolver ese punto, es de vital importancia aclarar qué se
pretendía evaluar con dicho rubro y de qué forma fueron valoradas las
plicas. En primer lugar cabe señalar, que el pliego cartelario contempló
                                   141

dentro de los factores a calificar, un 20 % correspondiente a la
Metodología o Plan de Trabajo (ver hecho probado Nº9) con una
puntuación máxima de 100 puntos si el plan era excelente, 90 si era
Muy Bueno y así sucesivamente hasta otorgar el mínimo de 50 puntos
si la metodología era mala. Para otorgar la calificación de ese aspecto
se incorporó un listado de doce puntos, los cuales debían ser
cumplidos por los oferentes, aspectos tales como: turnos de trabajo con
horas de inicio y finalización, número de agentes por turno, rol de
servicio, controles y evaluación del sistema, programas de capacitación
inicial, de refrescamiento y de actualización. De acuerdo con ese
sistema, el Poder Judicial, asignó a la apelante un 16.16%, ya que,
pese a que consideró que tal metodología era “adecuada y acorde con
lo solicitado”, necesitaba clarificar la periodicidad en los repasos de los
cursos y las prácticas al polígono, así como los programas de
capacitación. (ver hecho probado Nº10) Teniendo claro la situación
dada y que es punto de cuestionamiento por parte de la apelante, es
importante resaltar que a criterio de este Despacho, el referido factor de
calificación presenta una serie de inconsistencias, las cuales
imposibilitaron que la Administración llevara a cabo una calificación
objetiva de las plicas sometidas a concurso, en especial la de la
recurrente, como se verá. Se ha establecido, que el cartel es la base
objetiva de toda contratación; en él se deben incluir todas aquellas
condiciones que regirán el concurso, tanto los aspectos mínimos de
admisibilidad, como los parámetros que servirán de base para la
calificación de aquellas ventajas comparativas dadas entre los
diferentes participantes (sistema de calificación) Tanto en unas como
en otras, debe privar un sentido de claridad e imparcialidad, de forma
tal que, todos los participantes conozcan bajo cuáles reglas objetivas
serán valorados. De esa forma, se evita que la selección de la oferta
más conveniente, obedezca a meros criterios subjetivos de los
funcionarios de la Administración. No debe confundirse la
discrecionalidad que tienen las entidades para establecer en los
distintos pliegos cartelarios, los parámetros de calificación que mejor se
adapten a la necesidad que se pretende satisfacer, con una
arbitrariedad en la selección de la adjudicataria. Ha sido criterio
reiterado de este Despacho, que los factores de calificación, entre otras
características, han de ser aplicables, lo que implica la obligación de
incorporar una adecuada metodología – metodología que podríamos
llamar objetiva- la cual permita una distribución reglada y, en
consecuencia transparente, de los respectivos puntajes. Al respecto, el
oficio Nº1390 (DGCA 154-99) del 11 de enero de 1999, de la entonces
Dirección General de Contratación Administrativa de esta Contraloría
General estableció:
“Una vez que la Administración define y selecciona los aspectos a
calificar y les confiere un porcentaje específico, debe entonces establecer
el mecanismo más apropiado con base en el cual se distribuirá ese
                                   142

porcentaje, procedimiento que debe tender a la mayor simplicidad que
las circunstancias recomienden, con el fin evitar la contención que se
produce cuando la Administración selecciona un sistema de evaluación
donde es sumamente complejo y engorroso acreditar los factores
evaluados (principio de eficiencia). De esta manera, como regla general,
los factores deben contar con una metodología de fácil verificación
(principio de trasparencia); que facilite su aplicabilidad y disminuya las
posibilidades de inconformidad con los resultados que se obtengan
cuando sea aplicado”.

 En el caso bajo estudio, como ya se indicó, el cartel otorgaba veinte
puntos por la presentación de la metodología de trabajo, lo cual en
principio, no debió de ser un aspecto a ser calificado, por cuanto no se
concibe un servicio de vigilancia privada sin programa de trabajo y es la
propia Administración la que debe imponer los requerimientos de ese
programa. En consecuencia, de acuerdo con una correcta técnica
cartelaria ese aspecto debió haber sido un requisito de admisibilidad y
no un factor a calificar, toda vez que lejos de tratarse de una mera
ventaja comparativa, es un aspecto medular para contratación de
servicios de vigilancia. No obstante, dicha cláusula carece del
señalado requisito de aplicabilidad, por cuanto no estableció un marco
o metodología adecuada que permitiera hacer una asignación objetiva
de los puntajes. La única indicación contemplada, explica que se
asignaría todos los puntos si el plan es excelente y, así de manera
gradual se restan los puntos de diez en diez, hasta llegar a un mínimo
de cincuenta, con el contrasentido de que se premia con 50 puntos un
plan malo. Se supone que el sistema de evaluación debe ser un
instrumentos para discriminar diferencias cualitativas o cuantitativas
que determinen cuál oferta es la más conveniente, de donde no es
posible que se confiera puntaje (dejando a salvo lo ya indicado antes),
por la presentación de un plan malo. Además, no se dice cuándo se
aplicará cada criterio, lo cual pareciera que librado a la libre
discrecionalidad del órgano técnico; de acuerdo con los parámetros
fijados, y cabe preguntarse: ¿cuál sería el criterio objetivo para
determinar, por ejemplo, la diferencia entre un plan excelente y uno
muy bueno? Simplemente, el cartel no dio ese parámetro. Y es que
lejos de tratarse de meros cuestionamientos teóricos, la problemática
se vio reflejada en la calificación de la apelante, ya que, pese a que el
Poder Judicial indicó que la metodología o plan de trabajo por ellos
aportado, es adecuado y acorde con lo solicitado, se le otorga un
porcentaje de 16,16%, lo cual ni siquiera es un porcentaje equivalente a
los criterios establecidos en el cartel, por lo que este Despacho ignora
qué metodología se siguió. En otras palabras, al desconocer como se
obtuvo ese número, podría cuestionarse por qué se le otorgó un
16.16% y no cualquier otra cifra, 16,30% o 17,50%, en fin, cualquier
otra cifra. Ello evidencia la falta de objetividad para la aplicación del
                                  143

referido puntaje. Y es que, pese a que la apelante indicó que cumplía
con todos los puntos de la metodología (ver hecho probado Nº11), lo
cual fue aceptado por la propia Administración, no le otorgó el máximo
puntaje, sustentado en que faltaba “aclarar la periodicidad de los
repasos de los cursos y de prácticas así como los programas de
capacitación.”, cuando el propio cartel, no estableció un máximo o un
mínimo de cursos de refrescamiento y de visitas al polígono, en fin no
incorporó criterios objetivos que permitieran llegar a esa calificación.
Ante esa falta de claridad y de adecuada aplicabilidad del referido
factor de calificación y, en vista de que la Administración ha aceptado,
con respecto a la apelante, que su “ plan de trabajo es adecuado y
acorde con lo solicitado”, se debe acoger el recurso en cuanto a este
extremo, con lo cual deberá darse a la apelante el mismo trato que dio
a la adjudicataria, es decir asignársele una calificación de 20%. 3)
Valoración de experiencia de los oficiales: La Apelante recurre el
acto de adjudicación, ya que se le asignaron solamente 3.33% en el
rubro de experiencia de los oficiales, sin que se dieran las
justificaciones para ello. La Administración señala que no es cierto que
no se hubiera motivado la asignación del puntaje correspondiente a
valoración de la experiencia, pero que al hacer un nuevo análisis
determinaron que a la apelante le correspondía un puntaje de 16,16% y
no de 9% como se estableció originalmente, al igual que a la
adjudicataria que le correspondía un 17,5%, y no 7,5% como se le
asignó previamente. La Adjudicataria no se refirió al punto. Criterio del
Despacho: Pese a que el argumento de la recurrente no fue lo
suficientemente claro, la Administración ha aceptado que existió un
error en la calificación del rubro correspondiente a la experiencia, ya
que solo fue tomado en consideración el 10% de la experiencia de la
empresa, quedando sin evaluar el otro 10 % referido a la experiencia de
los oficiales ofrecidos. Ante esa omisión el Poder Judicial recalificó el
punto, no solo de la apelante sino de la adjudicataria, dando como
resultado un incremento de un 7,5% y de 10% respectivamente. Este
nuevo cuadro de calificación fue puesto en conocimiento de ambas
partes, al conferirse la audiencia final, sin que ninguna de las dos lo
objetara, por lo que se ha de presumir que ambos lo aceptan y, en
consecuencia ha tenerse como válida esa nueva valoración de la
experiencia. 4) Incorrecta valoración del rubro de equipo de
comunicación: Considera la recurrente que su oferta fue mal
valorada en el rubro correspondiente a Equipo de comunicación ya que,
pese a que cumplió con todos los requisitos para tal apartado, no se le
asignó la totalidad del puntaje. La Administración aceptó que no tomó
en consideración una información que constaba en la oferta de la
recurrente. Sin embargo, señala que aunque se le otorgue la totalidad
del puntaje (10%) y se le sumen los puntos de la experiencia, no
resultaría readjudicataria, por cuanto obtendría un total de 90,72,%
                                   144

frente a un 94,5 de la adjudicataria. La Adjudicataria no se refirió al
punto y, al atender la audiencia final no se refirió a la nueva
recalificación que hizo el Poder Judicial. Criterio del Despacho: En vista
de que la Administración ha aceptado su yerro en cuanto, a la
valoración de los equipos de comunicación de la apelante y señaló que
le corresponde la totalidad del puntaje y dado que la adjudicataria no
cuestionó esa revaloración al atender la audiencia final este Despacho
toma como válida esa nueva revaloración. Ahora bien, el Poder Judicial
considera que aún en el supuesto de otorgarle los diez puntos por los
equipos de comunicación y subirle en 7.16 % la experiencia del
personal, la apelante no tendría la posibilidad de resultar readjudicataria
ya que su puntuación total quedaría en 90,72% frente al 94,50% de la
actual adjudicataria. Sin embargo, conforme con lo establecido en esta
resolución (punto 2 de los considerandos) a ese puntaje se debe sumar
un 3,84% adicional que le corresponde a la adjudicataria por el rubro de
metodología o plan de trabajo, dando un total 94,56%, con lo que
resulta beneficiada con la readjudicación, en consecuencia procede
acoger el recurso y anular el acto de adjudicación.”

Resolución RC-145-2001

“RESULTANDO

I.-Mediante la resolución de este Despacho RC-124-2001, de las 10:00
horas del 12 de marzo de 2001, se acogió el recurso de apelación
interpuesto por Wackenhut S.A. en contra de adjudicación de la
Licitación Pública Nº 73-2000, promovida por el Poder Judicial para la
contratación de servicios de seguridad para el edificio de los Tribunales
de Justicia del Segundo Circuito Judicial, originalmente recaído a favor
de la empresa SECURE S.A.------------
II.-Wackenhut S.A. en tiempo y forma promovió las presentes
diligencias de aclaración de la citada resolución, con el fin de que se
aclare, que de acuerdo con el cuerpo de la resolución, es a ella como
apelante, a quien se deben sumar 3.84% por concepto de la
metodología o plan de trabajo y no, a la adjudicataria, como por error se
indicó en la parte final de los considerandos.
III.-Para el dictado de la presente resolución se han respetado las
disposiciones legales aplicables.

CONSIDERANDO

I. En cuanto al tema de las diligencias de adición y aclaración, la Sala
Constitucional en el Voto Nº 485-94 de las dieciséis horas del
veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro señala que “
... Habiendo comentado los presupuestos en que opera la institución
                                  145

jurídica procesal de la ‘adición y aclaración’, se concluye que la
supuesta restricción establecida en la norma impugnada obedece a la
naturaleza de la institución misma, ya que una extensión en los
parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la
gestión. Sin embargo, no obstante lo anterior, puede decirse que tal
limitación no es tan rigurosa, en el sentido de que cabe la adición o
aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y cuando
las premisas desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras
para entender las conclusiones en la parte resolutiva de la sentencia, y
en la medida en que estas premisas puedan incidir en la parte
considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la resolución de
la autoridad judicial en el caso concreto, dado que el juez no puede
variar de criterio y por ende de conclusiones en el mismo litigio
sometido a su conocimiento, por lesionar el principio de seguridad y
certeza jurídica, además del principio de justicia pronta y cumplida ...”
(Los destacados y subrayados son nuestros).                Tomando en
consideración lo establecido por el Tribunal Constitucional, pasamos de
seguido a analizar lo señalado por Wackenhut S.A.----------------
II. Vistas las gestiones de aclaración promovidas por Wackenhut S.A.
considera este Despacho que lleva razón la promovente de la gestión,
en el sentido de que existe un error material en la parte final de las
disposiciones considerativas, ya que, se indicó que, al acogerse el
recurso de apelación, la Administración debía sumar a la adjudicataria
un 3.84% por concepto de la evaluación del programa de trabajo. Sin
embargo es claro que la suma de ese porcentaje se debe hacer a la
recurrente y no a la adjudicataria como por error se consignó. De la
parte considerativa de la resolución (punto dos de los considerandos)
se deduce, con diáfana claridad, que quien solicitó que se aumentara
su calificación fue Wackenhut S.A., en su calidad de recurrente,
argumento que fue acogido por este Despacho, de acuerdo con el
elenco de hechos probados y demás circunstancias vertidas en la
resolución aclarada. En consecuencia procede aclarar la referida
resolución, en el sentido de que la parte final de los considerandos,
visible en la página once, deberá entenderse de la siguiente forma: “Sin
embargo, conforme lo establecido en esta resolución (punto 2 de los
considerandos) a ese puntaje se debe sumar un 3.84% adicional que
le corresponde a LA APELANTE, por el rubro de metodología o plan de
trabajo, dando un total 94,56%, con lo que resulta beneficiada con la
resolución, en consecuencia procede acoger el recurso y anual el acto
de adjudicación”.”


     Analizadas las manifestaciones antes transcritas, como primera
conclusión se tiene que las tres ofertas sometidas a concurso resultan
admisibles y por tanto, susceptibles de resultar adjudicatarias.
                                     146

      Como segunda conclusión, pese a que pueda quedar la impresión
de que el Órgano Contralor dirige la readjudicación hacia la firma
apelante, Wackenhut S.A., se considera que ello no es dable, pues
corresponde al campo de competencia de la administración activa
promovente del procedimiento de licitación el readjudicar.
      Finalmente, como corolario de la anterior conclusión, corresponde
proceder a la correcta aplicación del sistema de evaluación.
      En este último sentido, se tiene que el sistema de evaluación
contemplado en el cartel, considera cinco factores; a saber: i) el precio
(40%), ii) la experiencia del oferente (20%) que se subdivide en dos
rubros de 10% cada uno, el primero relativo al número de servicios de
vigilancia prestados por la firma desde 1993 y el segundo a los años de
experiencia del personal ofrecido, iii) la metodología o plan de trabajo
(20%), iv) el reclutamiento y selección de personal (10%) y v) el equipo
de comunicaciones (10%), para cuya aplicación y en lo que interesa el
Órgano Contralor señaló:

1) respecto al factor de metodología o plan de trabajo que:

” ...dicha cláusula carece del señalado requisito de aplicabilidad, por
cuanto no estableció un marco o metodología adecuada que permitiera
hacer una asignación objetiva de los puntajes .. con lo cual deberá
darse a la apelante el mismo trato que dio a la adjudicataria ... “;

2) respecto al factor experiencia:

 “ ... la Administración ha aceptado que existió un error en la calificación
del rubro correspondiente a la experiencia, ya que solo fue tomado en
consideración el 10% de la experiencia de la empresa, quedando sin
evaluar el otro 10% referido a la experiencia de los oficiales ofrecidos.
Ante esa omisión el Poder Judicial recalificó el punto, no solo de la
apelante sino de la adjudicataria, dando como resultado un incremento
de un 7,5% y de 10% respectivamente. Este nuevo cuadro de
calificación fue puesto en conocimiento de ambas partes, al conferirse
la audiencia final, sin que ninguna de las dos lo objetara, por lo que se
ha de presumir que ambos lo aceptan y, en consecuencia ha tenerse
como válida esa nueva valoración de la experiencia ...”; y,

3) respecto al factor de equipo de comunicaciones:

“ ... En vista de que la Administración ha aceptado su yerro en cuanto, a
la valoración de los equipos de comunicación de la apelante y señaló
que le corresponde la totalidad del puntaje y dado que la adjudicataria
no cuestionó esa revaloración al atender la audiencia final este
Despacho toma como válida esa nueva revaloración.”
                                                  147


              Considerando además, que a la recalificación que fue puesta en
         conocimiento de la Contraloría General de la República, además de
         incrementarla en un 3,84% para el rubro de metodología o plan de
         trabajo a favor de la recurrente Wackenhut S.A., se le debe incorporar
         también la evaluación no incorporada correspondiente a la oferta Nº 2
         Consorcio de Información y Seguridad, S.A. bajo las mismas premisas
         hasta aquí expuestas, se procede entonces a exponer los resultados
         obtenidos de la correcta evaluación de las firmas participantes:

                                CUADRO RESUMEN DE CALIFICACIONES FINALES
                                      LICITACIÓN PÚBLICA Nº 073-2000


                                                     Oferta Nº 1      Oferta Nº 2       Oferta Nº 3



                                                                     Consorcio de
                                                                     Información y
                  Factores a evaluar                 Secure, S.A.   Seguridad, S.A.   Wackenhut, S.A.
I. PRECIO (40%)                                         40,00%          34,84%            38,55%
II. EXPERIENCIA (20%)
A. Experiencia del oferente (10%)                        7,50%          7,50%              9,00%
B. Experiencia del personal (10%)                       10,00%          8,87%              7,15%
III. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL (10%)       10,00%          10,00%            10,00%
IV. METODOLOGÍA O PLAN DE TRABAJO (20%)                 20,00%          20,00%            20,00%
V. EQUIPO DE COMUNICACIONES (10%)                        7,00%          10,00%            10,00%
                      TOTALES                           94,50%          91,21%            94,70%


         OBSERVACIONES:
         1) Para el factor precio los porcentajes acreditados son los
         resultantes de la aplicación de la fórmula prevista en el cartel a los
         precios cotizados por los participantes.
         2) Para el factor experiencia del oferente, se consignan los valores
         determinados por el Departamento de Seguridad en oficio Nº 2749-DS-
         2000 de fecha 5 de diciembre del 2000.
         3) Para el factor experiencia del personal, se consignan los valores
         determinados en los cuadros visibles en el apartado de cuadro
         económico del expediente, de la documentación aportada por cada
         participante respecto a la experiencia en años del personal propuesto.
         4) Para el factor denominado “Reclutamiento y selección de
         personal” se consignan los valores determinados por el Departamento
         de Seguridad en oficio Nº 2749-DS-2000 de fecha 5 de diciembre del
         2000.
         5) Para el factor denominado “Metodología o Plan de Trabajo” y
         conforme a lo establecido por la Contraloría General de la República en
         su resolución RC-124-2001, se incrementó un 3,84% a la calificación
         previamente establecida por el Departamento de Seguridad en oficio Nº
                                          148

       2749-DS-2000 de fecha 5 de diciembre del 2000, tanto para el caso de
       la empresa oferente Nº 3 Wackenhut S.A., como a la oferente Nº 1
       Consorcio de Información y Seguridad S.A.; ésta última por presentar
       las mismas circunstancias tratadas en el caso de la empresa
       Wackenhut, S.A.
       6) Finalmente, para el caso del factor denominado “Equipo de
       comunicaciones”, se consignan los valores determinados por el
       Departamento de Seguridad en oficio Nº 2749-DS-2000 de fecha 5 de
       diciembre del 2000, tomando en consideración la corrección
       establecida en la recalificación remitida a la Contraloría General de la
       República para el caso de la oferente Nº 3 Wackenhut, S.A., con motivo
       de la respuesta a la audiencia inicial conferida en el trámite del recurso
       de apelación instaurado por esta última.

       RECOMENDACIÓN:
            Por las circunstancias que concurren en el presente procedimiento
       de contratación y los razonamientos acreditados, esta Proveeduría
       luego de verificar la existencia y disponibilidad de recursos
       presupuestarios suficientes en la subpartida 199 “Otros servicios no
       personales”, centro de responsabilidad         21 “II Circuito Judicial”,
       programa 800, según certificación de contenido presupuestario emitida
       por el Departamento Financiero Contable mediante oficio Nº 1644-P-
       2000 de fecha 24 de agosto del 2000, recomienda a los miembros del
       Consejo Superior, que la presente licitación se adjudique a la oferta
       mejor calificada, conforme al detalle siguiente:

       A Wackenhut, S.A., C.J. Nº 3-101-062907-01:

       La prestación de servicios de seguridad para el edificio de los
       Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial de San José, por un
       período de un año prorrogable por períodos anuales hasta por un
       máximo de cinco años. Demás términos y condiciones conforme al
       pliego de condiciones y la oferta.

         Precio mensual ¢3.572.052,00           Precio anual ¢42.864.624,00”

                                         -0-


      Se acordó:    De conformidad con lo que establecen los artículo 33 y 36 del

Reglamento Interno de Compras y 56 del Reglamento General de Contratación

Administrativa, y la recomendación del Departamento de Proveeduría, adjudicar la
                                           149

Licitación Pública N° 073-2000 “Contratación de servicios de seguridad para el edificio

de los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José” a la empresa

Wackenhut, S.A., por un año prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de

cinco años, por un precio mensual de ¢3.572.052.00 (tres millones quinientos setenta y

dos mil cincuenta y dos colones exactos). Demás términos y condiciones conforme al

pliego de condiciones y la oferta.

       La Dirección Ejecutiva, el Departamento de Proveeduría y la Unidad

Administrativa del Segundo Circuito Judicial de San José, tomarán nota para lo que a

cada uno corresponda.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                     ARTÍCULO LXXXVI

       El Lic. Rojas expone el facsímil de 4 de abril en curso, en que el Dr. Luis del

Valle Carazo, Jefe de la Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina

Legal, solicita lo siguiente:

        “…que el Consejo Superior del Poder Judicial apruebe el pago de horas
        extra para que del 11 al 15 de abril del año en curso, un funcionario
        administrativo labore ocho horas al día atendiendo público doliente.
             Lo anterior porque como es sabido, en esos días aumenta
        enormemente la afluencia de fallecidos a la Sección de Patología
        Forense.
             En el aspecto Médico y Técnico ya tengo previsto la cobertura
        acorde a las horas extra aprobadas de previo por el Consejo Superior.”

                                           -0-

       Se acordó: Acoger la solicitud del Dr. Del Valle y autorizar el pago de las horas

extra que laborará el servidor durante las fechas indicadas.

       Con motivo de que estos días son feriados por Ley los mismos se le reconocerán
                                           150

a tiempo doble, artículo 148 del Código de Trabajo.

       El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO LXXXVII

       El Lic. Rojas expone la nota de 4 de abril en curso, suscrita por la Licda. Carmen

María Valverde Valverde, Jueza del Juzgado Contravencional de San Carlos, que

literalmente dice:

              “Por comunicación de la Secretaría General de la Corte se me ha
        informado que la disponibilidad a realizar en el Juzgado
        Contravencional de San Carlos es compartida con el otro Juez, sin
        embargo, por ser la Juez Coordinadora en años anteriores he realizado
        la disponibilidad completa e igualmente en el período de Navidad, por lo
        tanto considero justo que la disponibilidad de Semana Santa del nueve
        al trece de abril del año en curso, le corresponde en su totalidad al Lic.
        Gonzalo Coronado Villareal.”
                                           -0-

       Se acordó:    Comunicar a la Licda. Valverde Valverde que deberá proceder

conforme lo establecen los artículos 3 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

                                   ARTÍCULO LXXXVIII

       El Lic. Rojas expone la nota de 4 de abril en curso, suscrita por el Lic. David

Hernández Suárez, Coordinador del Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de

San José, que literalmente dice:

              “Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez poner
        en su conocimiento de una petición efectuada por el Lic. Vidal Juárez
        Guido, Director de la Escuela Nacional de Capacitación de la Policía de
        Tránsito, en el sentido de que el suscrito le imparta una charla sobre los
        aspectos legales referentes al levantamiento de informaciones
        policiales en casos de colisión y aspectos sobre la competencia de los
        Juzgados de Tránsito a los nuevos graduados. Por tratarse de
        doscientos oficiales de tránsito, se ha ideado hacerlo en dos tardes,
        fijándose los días 25 y 26 de este mes de las trece horas a las dieciséis
        horas.
                                         151

               Igualmente se está planificando un curso de capacitación para
        instructores de dicha escuela, sobre la conducción bajo los efectos del
        licor, métodos de comprobación del estado de ebriedad y los aspectos
        legales sobre el tema, donde me invitan a participar como expositor.
             En vista de lo anterior me permito pedirle de ser posible, pone en
        conocimiento del Consejo Superior del Poder Judicial tal gestión y
        saber si existiría algún inconveniente de que el suscrito asista.
             Adjunto copia enviada por el Lic. Vidal Juárez Guido, Director de
        la Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito”.

                                         -0-

       Se acordó:    Autorizar al Lic. Hernández Suárez para que los días indicados

imparta la charla de que dio cuenta, en el entendido de que el permiso será sin

sustitución.

       El Despacho de la Presidencia, el Departamento de Personal y el Juzgado de

Tránsito de San José tomará nota para lo que corresponda.

                                 ARTÍCULO LXXXIX

       De conformidad con los artículos 1° y 3° del Reglamento respectivo, se dispuso:

Otorgar un pergamino de Mérito y Reconocimiento al Lic. Francisco Chamberlain Trejos,

por los servicios prestados al Poder Judicial como integrante del Consejo Superior, que

se le entregará oportunamente.

                                         -0-

       A las 9:57 horas terminó la sesión.

								
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