domingo 22 de junio de 2003

							                          WORLD RAINFOREST MOVEMENT
                   MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES

Secretariado Internacional                                                                Tel: +598 2 413 2989
Ricardo Carrere (Coordinador)                                                            Fax: +598 2 418 0762
Maldonado 1858; CP 11200                                                             E-mail: wrm@wrm.org.uy
Montevideo - Uruguay                                                         Sitio web: http://www.wrm.org.uy

                                                                                           Boletín 72 del WRM
                                                                                                    Julio 2003
                                                                                         (edición en castellano)

En este número:

* NUESTRA OPINION

- Una reacción positiva de CIFOR                                                                       2

* LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

AMERICA DEL SUR
- Brasil: Red Alerta Contra el Desierto Verde reclama cambio de modelo forestal                        3
- Chile: bosques para la gente o monocultivos para las empresas                                        4
- Paraguay: indígenas no contactados en peligro                                                        6
- Venezuela: desarrollo turístico ocasiona graves impactos al manglar                                  7

AMERICA CENTRAL
- Honduras: asesinan a defensor del bosque en Olancho                                                  8
- Segundo Foro Mesoamericano contra las Represas                                                       9

AMERICA DEL NORTE
- México: la mujer sufre doblemente los efectos de la apertura de los mercados                         10

AFRICA
- Chad/Camerún: impactos y promesas rotas del proyecto de oleoducto                                    11
- Madagascar: proyecto minero de Rio Tinto avanza… para peor                                           13
- Santo Tomé y Príncipe: promesas y peligros de la riqueza petrolera                                   14
- Senegal: gobierno limita minería como forma de proteger los bosques                                  16

ASIA
- Bangladesh: población local reacciona ante posibles estudios sísmicos en los Sundarbans              17
- Indonesia: crece la oposición a la minería en áreas protegidas                                       18
- Laos: compañía francesa se desvincula de Nam Theum 2                                                 19
- Tailandia: firma certificada viola principios del FSC                                                21

OCEANIA
- Aotearoa/Nueva Zelanda: fumigan gente para proteger monocultivos de árboles                          22

* LOS ARCHIVOS DEL CARBONO

- Banco Asiático de Desarrollo se une al Banco Mundial en la promoción de proyectos de
sumideros de carbono a escala industrial en el sur                                                     23
- Plantar: la saga continúa                                                                            25
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                                              NUESTRA OPINION

- Una reacción positiva de CIFOR

Hace dos semanas el WRM y Oilwatch difundieron una carta abierta a David Kaimowitz, Director del Centro
Internacional de Investigación Forestal (Center for International Forestry Research - CIFOR), expresando su
preocupación por un estudio de CIFOR “que parece otorgar credenciales verdes a dos actividades centrales en
los procesos de deforestación y degradación de bosques: las actividades petroleras y mineras” (ver la carta en:
http://www.wrm.org.uy/deforestacion/petroleo/Cifor.html )

Las reacciones resultantes han sido muy positivas, particularmente de parte del propio CIFOR. A pesar de los
duros términos de la carta, tanto Kaimowitz como uno de los autores del documento (Sven Wunder) respondieron
constructivamente a nuestras preocupaciones. Al mismo tiempo, CIFOR publicó en su sitio web nuestra carta y
sus respuestas a ella, permitiendo así que la opinión pública tuviera una visión completa de la discusión.
Apreciamos mucho esta actitud abierta y también hemos vinculado las respuestas completas a nuestro sitio web
(ver la sección “Novedades del WRM”).

Más importante aún, nuestra carta brindó a CIFOR la oportunidad de aclarar sus puntos de vista sobre la
industria petrolera y minera al declarar que: “Nuestro estudio de ninguna manera descarta o minimiza las
consecuencias negativas directas de las actividades petroleras y mineras sobre los bosques, y por cierto no
apoyamos la enorme contribución de estas industrias al calentamiento mundial ni su frecuente participación en la
promoción de la corrupción y la socavación del imperio de la ley”.

Además, la respuesta de Kaimowitz aclara aún más la posición de CIFOR cuando dice que: “Nuestro objetivo
definitivamente no era justificar la industria petrolera y minera, sino mostrar que las políticas macroeconómicas
típicamente asociadas a los programas de ajuste estructural como las devaluaciones del tipo de cambio, pueden
tener un impacto muy negativo sobre los bosques. Esto contribuye a fortalecer el argumento de que el Banco
Mundial y los gobiernos nacionales deben realizar estudios de impacto ambiental de sus políticas de ajuste
estructural. La metodología utilizada en el libro también muestra que, de hecho, es posible realizar estudios de
impacto ambiental de las políticas de ajuste estructural”.

Al hacer esas aclaraciones, CIFOR ha logrado que a la industria petrolera y minera le resulte ahora muy difícil
usar su estudio para dotarse de una fachada verde y ecologista, cosa que también apreciamos mucho.

Sin embargo, entendemos podría ser de gran utilidad que CIFOR realizara una investigación específica sobre los
impactos sociales y ambientales de las actividades mineras y petroleras en los mismos países mencionados en
el estudio que provocó nuestra reacción. Que trascendiera el mero tema de la “cobertura boscosa” y
documentara los impactos generalizados sobre la población y el medio ambiente (violaciones de derechos
humanos, pérdida de medios de sustento, impactos culturales, desempoderamiento, contaminación del aire y el
agua, pérdida de biodiversidad y muchos otros), que se pueden describir como degradación de bosques. Por
cierto estaríamos más que dispuestos a colaborar con CIFOR en ese emprendimiento.

Quizás resulte necesario aclarar ahora nuestra posición en relación a CIFOR en general. Al contrario de lo que
nuestra carta pueda haber hecho creer a la opinión pública, tenemos un profundo respeto por CIFOR y su
director. Reaccionamos contra un documento de investigación en particular y no contra la institución.
Probablemente no hubiéramos reaccionado en absoluto si un asesor de la industria petrolera hubiera producido
el estudio en cuestión. CIFOR detenta una bien merecida credibilidad entre los activistas de los bosques, y por
cierto no quisiéramos que la perdiera. De ahí que reaccionáramos inmediatamente ante lo que entonces
consideramos --y aún continuamos considerando-- un grave error de su parte.

Creemos que nuestra carta fue necesaria y que, por fortuna, la discusión generada ha sido extremadamente útil.
Ha habido un único perdedor: la industria petrolera y minera. David Kaimowitz termina su respuesta diciendo
que: “CIFOR continúa tan dispuesto e interesado como siempre en trabajar en estrecha colaboración con el
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WRM y Oilwatch en los muchos temas en que estamos ampliamente de acuerdo”. Y también nosotros.

Ricardo Carrere (WRM) y Esperanza Martínez (Oilwatch)
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                                       LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

AMERICA DEL SUR

- Brasil: Red Alerta Contra el Desierto Verde reclama cambio de modelo forestal

Cien organizaciones de Espírito Santo, Bahía, Río de Janeiro y Minas Gerais, se reunieron los días 28 y 29 de
junio en Porto Seguro, Bahía, en el II Encuentro Nacional de la Red Alerta Contra el Desierto Verde. Dichas
organizaciones elaboraron una carta que será enviada al Presidente Lula, a parlamentarios y al Banco Mundial,
exigiendo que se preste mayor atención al problema que se describe a continuación:

“L@s abajo firmantes, representantes de comunidades quilombolas*, Tupinikins, Pataxós, Guaraníes,
pescadores y campesinos y decenas de organizaciones presentes en el II Encuentro Nacional de la Red Alerta
Contra el Desierto Verde, movimiento que lucha contra la expansión de los monocultivos de eucaliptos para la
producción de celulosa y carbón vegetal en Espírito Santo, Bahía, Río de Janeiro y Minas Gerais, denunciamos
las graves violaciones de los derechos económicos, culturales y socio ambientales cometidas por este complejo
agroindustrial exportador.

Durante las últimas cuatro décadas, dicho complejo ha destruido la forma de vida de las comunidades locales.
Las empresas del sector siguen invadiendo sus tierras y originando el éxodo rural con la consiguiente dispersión
de muchas comunidades. En dichas regiones los ríos han sido degradados por la contaminación, debido al uso
intensivo de pesticidas y a un proceso de desecación vinculado a la plantación en gran escala, lo que
compromete la pesca y la calidad y cantidad de agua potable. La empresa Aracruz Celulose desvió el Río Dulce
para asegurar el consumo abusivo de 248 mil metros cúbicos al día, incluso gratuitos, de sus tres fábricas de
celulosa.

Con su discurso pro desarrollo, las empresas han estimulado una enorme migración de trabajadores en busca de
las promesas de empleo. Lo que hoy queda de todo esto son miles de ex trabajadores, muchos mutilados por el
trabajo malsano, despedidos como resultado de un proceso violento y nefasto de automatización y tercerización.
La pérdida de la dignidad de estas personas se manifiesta al constatar la existencia de un alto índice de
prostitución infantil en los barrios donde viven los ex trabajadores abandonados. Y las personas que oponen
resistencia en medio de los monocultivos de eucaliptos están perdiendo su identidad y su riqueza cultural y
sufriendo literalmente un proceso de aislamiento profundo. Quienes se oponen a dicho proyecto inhumano están
expuestos a intentos de cooptación e incluso amenazas de muerte.

Lamentablemente, el Estado ha sido cómplice de las prácticas de dichas empresas. Hace cuatro décadas que
otorga préstamos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y permisos ilegales
para plantaciones –sin respetar las áreas de preservación permanente– y fábricas, una de ellas construida sobre
una antigua aldea indígena. Además, las empresas exportadoras tienen deudas con la previsión social (INSS, en
portugués) y se benefician de la Ley Kandir, lo que origina situaciones dramáticas como la de Espírito Santo,
donde el gobierno de dicho estado le debe a la empresa Aracruz Celulose más de 100 millones de reales de
créditos del ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios). Al mismo tiempo, el Estado no le
ha dado a la población local ninguna otra opción; al contrario, cada vez se muestra más en connivencia con los
intereses empresariales en detrimento de su responsabilidad social y, en vista de este vacío, las empresas
asumen algunas funciones del Estado, generando una perversa relación de dependencia y desestructurando la
organización social de las comunidades locales.

Las organizaciones firmantes entienden que las consecuencias de todos estos problemas se relacionan con el
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actual modelo de desarrollo financiado por el gobierno central y por organismos internacionales cuyo único
objetivo es lucrar con la financiación en detrimento de la forma de vida de las poblaciones mencionadas.

Los intentos de revertir los daños causados por estrategias empresariales perversas, por ejemplo con la
introducción del sello verde del FSC (Consejo de Manejo Forestal) en el manejo sustentable de monocultivos de
árboles, no han podido revertir los mencionados impactos negativos y, lo que es peor, son insuficientes para
reorientar la lógica de este modelo agroindustrial. Recordamos incluso un informe reciente, elaborado por un
grupo de investigadores de la Red Alerta Contra el Desierto Verde, que muestra la flagrante insustentabilidad de
las plantaciones de eucaliptos de las empresas Plantar y V&M Florestal en Minas Gerais, ambas certificadas por
el FSC.

Asimismo, la Red se manifiesta en contra de la aplicación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en las
plantaciones extensivas de estas mismas empresas mineras, porque considera que dicho mecanismo sigue
favoreciendo a los países del Norte en la medida que no tendrían que reducir las emisiones de contaminantes
que contribuyen al calentamiento global, y porque al aumentar la superficie de las plantaciones, el MDL agrava el
empobrecimiento de las poblaciones del Sur.

Afirmamos que hay contradicciones entre la inversión en dicho complejo agroindustrial y el Plan Hambre Cero del
gobierno central. Por una parte, cuantiosas inversiones, como la de la fábrica que planea construir Veracel
Celulose en Bahía, siguen privilegiando un monocultivo que en su gran mayoría se destina a la producción para
la exportación a los países ricos y genera escasos empleos, legitima el latifundio, impide la reforma agraria y
aumenta todavía más el éxodo rural y la desesperación de miles de familias que se quedarán sin tierra y sin
sustento. Por otra parte, el gobierno lanza un Plan Hambre Cero que intenta estimular la producción de
alimentos, mientras que las mejores tierras de labranza siguen siendo ocupadas por plantaciones de árboles. No
se puede lograr las metas de la política macroeconómica sacrificando las condiciones de vida, salud y trabajo y
las formas de vida de los trabajadores y de las comunidades que necesitan agua, tierra, pesca y caza para no
verse obligadas a engrosar el contingente de desempleados de las ciudades.

No basta con buscar salidas provisorias dentro del actual modelo de desarrollo. Hay que cambiar radicalmente el
rumbo de un modelo que gira en torno a la acumulación de capital y del consumo desenfrenado y construir otra
lógica de desarrollo en la que el aspecto central sea el ser humano –hombre y mujer– en su totalidad, y que
cambie la forma en que se utilizan los recursos naturales del planeta. Conscientes de la insustentabilidad del
modelo actual, los movimientos y comunidades que integran la Red Alerta contra el Desierto Verde discuten y
llevan adelante nuevas experiencias productivas que valoran la biodiversidad y los conocimientos locales y que,
por lo tanto, construyen otra relación con el ambiente.

En vista del dramático e insustentable contexto socio ambiental que hemos trazado y que afecta directamente a
muchos miles de personas, las comunidades y organizaciones que firmamos a continuación consideramos
inaceptable la propuesta del sector de ampliar las plantaciones de 5 millones de hectáreas a 11 millones de
hectáreas en los próximos 10 años. Asimismo, entendemos que es una necesidad imperiosa y sobremanera
urgente que la elaboración del nuevo Plan Plurianual (PPA) y la política industrial del gobierno contemplen la
suspensión de la expansión de los monocultivos de árboles de rápido crecimiento en Brasil. Porto Seguro, 29 de
junio de 2003 (siguen firmas).”

* Derivado de “quilombo”: refugio de esclavos que huían de sus amos. [N. de la T.]

Por: Red Alerta Contra el Desierto Verde, correo electrónico: winnie.fase@terra.com.br
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- Chile: bosques para la gente o monocultivos para las empresas

Mentir a la población es una de las herramientas más comunes utilizadas por gobiernos y empresas forestales en
todo el mundo para imponer el modelo de monocultivos de árboles a gran escala. Chile tiene gran experiencia en
                                                                                                                4
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ese tipo de engaños. Sin embargo, cada vez son más quienes se organizan para luchar contra la injusta política
gubernamental que favorece a las empresas y para defender los verdaderos bosques chilenos.

Apoyada por la Corporación de la Madera, se ha lanzado recientemente en Chile, por tercera vez la engañosa
campaña "Bosques para Chile". Esta campaña aparece en televisión y medios de prensa mostrando la
importancia y el valor de los bosques, pero con imágenes de plantaciones de pino radiata, originario de los
Estados Unidos. El gobierno también continúa dando su apoyo al engaño. En un diario local en referencia a esta
campaña publicitaria puede leerse que “Para el Ministerio de Agricultura esta iniciativa representa una
interesante oportunidad para poder destacar a uno de los recursos ambientales y productivos más relevantes de
Chile, como son los bosques y las actividades derivadas de ellos. También porque con esta iniciativa se está
invitando a la sociedad chilena a conocer y valorar más nuestros bosques, a hacerlos parte de nuestras vidas
cotidianas y de nuestro quehacer como sociedad".

Y continúa diciendo: “Por su amplia distribución a lo largo de parte importante de nuestra geografía, por su rica
diversidad de formaciones y especies, por albergar parte importante de nuestra biodiversidad, por ser fuente de
conservación de aguas y suelos, y por ser espacios para la recreación y el turismo, los bosques son parte
sustantiva de nuestra realidad social y económica”.

Leyendo estos primeros dos párrafos cualquiera podría pensar que es una loable iniciativa, si no fuera porque en
realidad lo que se pretende promocionar es el monocultivo de pinos, ya que de ahí en más el artículo continúa
refiriéndose a los bosques y a las plantaciones sin diferenciar cuales son los que brindan los beneficios a los que
se hace referencia más arriba.

Esta confusión no existe a la hora de decidir a quien se le brinda apoyo. Como analizáramos en detalle en el
boletín No. 70, se continúan subsidiando las plantaciones forestales de especies exóticas, mientras todavía se
está pensando que tipo de apoyo dar a los bosques.

Motivados por la injusticia de esta situación, el 26 de junio de 2003 se reunieron en la ciudad de Temuco
alrededor de 450 representantes de comunidades indígenas y pequeños propietarios de bosques de la IX y X
Región, para celebrar el Primer Encuentro Nacional de Pequeños Propietarios de Bosques de Chile, con el
objetivo de compartir necesidades y propuestas para promover la conservación y el manejo sustentable del
bosque e informar al país sobre esta situación. Un buen punto de partida hacia lo que denominaron Movimiento
Social por los Bosques de Chile.

Como resultado de este encuentro se realizó una declaración que hemos publicado en nuestra página web en:
http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/gente.html de la cual extractamos algunas ideas fundamentales del sentir de
las comunidades con relación a los bosques y el apoyo que reclaman de las autoridades.

El bosque nativo del sur de Chile constituye un patrimonio económico, cultural y biológico de inmenso valor tanto
para el país como para el mundo. Sin embargo, los pequeños propietarios de bosque, alrededor de 90 mil
familias sólo en la IX región, se encuentran en una situación social y económica muy deteriorada y sin acceso a
programas o recursos públicos para conservar sus bosques que abarcan más de 1,5 millones de hectáreas.

Esta contradicción obedece fundamentalmente a la falta de políticas y estrategias de apoyo y promoción a la
economía campesina e indígena, a la conservación y manejo sustentable del bosque y a la ausencia de una Ley
de Bosque Nativo en el país, ley que espera desde hace 12 años su aprobación. Es además consecuencia de
políticas económicas que dan prioridad a la explotación de los recursos naturales y a la inversión privada de gran
escala orientada a la exportación. Se suma a esto, la falta de comprensión y sensibilidad respecto del pueblo
mapuche, huilliche y campesino, que hace que éstos sean un sector marginado y débilmente integrado a la
economía nacional.

Las organizaciones de los pequeños propietarios de bosques demandan que se promueva la Ley de Bosque
Nativo en Chile y proponen que se priorice el subsidio al pequeño propietario de bosque nativo y que se
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BOLETIN 72 del WRM                                                                                     Julio 2003


promueva la indemnización de las empresas transnacionales forestales hacia los pequeños propietarios, como
una forma de reparar los efectos causados por la sustitución de bosques por plantaciones.

A la vez que se oponen a que los subsidios sigan favoreciendo al empresario o propietario grande, reclaman
también que se promueva y practique un manejo adecuado a la situación particular del bosque, la cultura y
formas de manejo tradicional y que dé oportunidad a que los campesinos y comunidades mapuche y huilliche
puedan conservar sus bosques. Por último, demandan que se implementen actividades educativas a todo nivel,
para poder alcanzar respeto de los valores y aportes del bosque en todos sus sentidos para beneficio de la
gente.

Frente a esas demandas, el gobierno tendrá que optar entre seguir impulsando el modelo de monocultivos
forestales promovido durante la dictadura Pinochetista (para beneficio casi exclusivo de los grandes grupos
económicos) o apoyar a las comunidades indígenas y campesinas en el manejo sustentable del bosque. Un paso
imprescindible en ese sentido consiste en que reconozca que las plantaciones no son bosques. Entonces sí, la
consigna de "Bosques para Chile" comenzará a tener algún sentido.

Artículo elaborado en base a la Declaración “Bosques Nativos para la Gente”, enviada por Rodrigo Catalán de
"Fondo Bosque Templado", correo electrónico: catalanr@terra.cl ; Angélica Hernández M., Agenda Regional de
la Araucanía (Grupo AGRA) correo electrónico: agendaregional@terra.cl ; El Mercurio, domingo 22 de junio de
2003, http://www.agricultura.gob.cl/opinion_subsec.php?cod_opinion=666
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- Paraguay: indígenas no contactados en peligro

Los últimos indígenas no contactados de la cuenca sur del Amazonas están siendo cercados por todos los
frentes. Después de la invasión gradual de su último refugio, ya no tienen dónde esconderse. Pero si el gobierno
paraguayo toma medidas, los indígenas podrán mantener sus tierras y evitar las enfermedades que amenazan
con diezmar su población.

Estos indígenas son miembros de la tribu Ayoreo (con un total de 5000 integrantes) que una vez ocupó gran
parte del norte de Paraguay y el sudeste de Bolivia. Esta región forma parte del Chaco, una extensión con baja
densidad de población, de montes bajos, praderas y pantanos. Los Ayoreo son cazadores-recolectores que viven
de los abundantes recursos naturales de su tierra; cazan jabalíes y armadillos, recolectan miel silvestre y plantan
calabazas, maíz y habas en la estación lluviosa.

Durante el siglo pasado la mayor parte de las tierras de los Ayoreo fueron ocupadas por foráneos. En Paraguay,
los estancieros talaron los bosques de madera valiosa y establecieron vastas estancias ganaderas. Desde los
años veinte, miles de menonitas europeos establecieron colonias en el Chaco; sus estancias y granjas lecheras
atrajeron a los especuladores de tierras, cuyas compañías son propietarias actualmente de gran parte del
territorio Ayoreo.

Más recientemente llegaron a los territorios Ayoreo los misioneros fundamentalistas de la New Tribes Mission
(NTM) estadounidense. La NTM ha tratado de convertir a muchos Ayoreo y estableció una colonia en un lugar
llamado Campo Loro.

En 1979 y 1986, los indígenas “evangelizados” se internaron en el bosque, con apoyo de la NTM, para ubicar a
los indígenas Ayoreo no contactados pertenecientes a un grupo conocido como los Totobiegosode: “pueblo del
lugar del jabalí”. Al menos cinco de los Ayoreo “evangelizados” murieron durante estas expediciones, cuando los
indígenas no contactados se defendieron ante los intentos de capturarlos. Muchos de los Totobiegosode
trasladados a Campo Loro murieron al poco tiempo debido a enfermedades. Las campañas de Survival y otras
organizaciones detuvieron estas “cacerías humanas”.

Un número desconocido de Ayoreo-Totobiegosode permanecen en el bosque, resistiendo activamente el
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contacto con foráneos. Por evidencias como huellas y chozas abandonadas se sabe que existen varios grupos
familiares que habitan un área extensa.

En 1993, los Ayoreo-Totobiegosode obligados a salir del bosque presentaron una reclamación de tierras al
gobierno en nombre de sus parientes que todavía permanecían en el bosque. Con la ayuda de una ONG local, el
Grupo de Apoyo a los Totobiegosode, los indígenas solicitaron la propiedad o la protección de 550.000 hectáreas
de su tierra, menos de un quinto de su territorio ancestral de 2,8 millones de hectáreas.

Desde que la reclamación fue enviada, el gobierno ha otorgado 67.400 hectáreas en propiedad a los indígenas y
ha prometido otorgar 116.000 hectáreas más. También se establecieron interdictos sobre el total de las 550.000
hectáreas, para evitar que los terratenientes y otros colonos talen los bosques y realicen cualquier otra actividad
en esas tierras. Pero a pesar de los mandatos judiciales, recientemente se ha producido una alarmante ola de
incursiones, algunas de las cuales provocaron que los Totobiegosode del bosque huyeran abandonando sus
chozas, las que luego fueron encontradas vacías.

En junio las máquinas excavadoras abrieron senderos hacia el bosque de la parte sudeste del territorio indígena,
en tierras de propiedad de las compañías Veragilma y Falabella. Se talaron senderos para permitir el acceso a
montes de palo santo, una madera dura con alto valor comercial. Al mismo tiempo, las autoridades del gobierno
regional del Alto Paraguay están impulsando una nueva colonización de estas tierras. Un enorme camino fue
despejado por los colonos menonitas en una estancia llamada Yvy Porá: esto perturbó a los Totobiegosode que
viven en la zona, provocando su huida. Se han despejado otros caminos en las estancias Nieto y Gorostiaga en
el sur y el oeste del territorio Ayoreo.

Los Ayoreo-Totobiegosode han estado huyendo de las incursiones en sus territorios durante décadas, y han
dejado bien en claro que no quieren establecer contacto alguno: en 1994 y 1998 dispararon flechas contra las
topadoras que operaban en sus tierras. El desmonte de sus tierras es ilegal, y si continúa, pondrá a los Ayoreo
no contactados en grave peligro de verse envueltos en conflictos violentos y caer nuevamente víctimas de
enfermedades.

Artículo reproducido de E-News de Survival International, 23/7/03
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- Venezuela: desarrollo turístico ocasiona graves impactos al manglar

Durante los últimos 15 años, las autoridades municipales de Colina, apostando al desarrollo turístico, han
otorgado terrenos aledaños al Manglar de la Vela. La consiguiente construcción de viviendas y locales
comerciales ha implicado que esos terrenos fueran rellenados con escombros, lo cual se ha hecho a expensas
del ecosistema y del espacio necesario para el crecimiento del manglar.

En respuesta a esta situación, y preocupados por los impactos de la actividad turística sobre el frágil ecosistema,
representantes de Vigilante Voluntarios Ambientales y de la Asociación Ecologista para la Preservación
Ambiental (AEPA-Falcón) formularon una serie de denuncias. Se realiza una inspección ocular en el Manglar de
la Vela (la Salinita) con presencia de autoridades Municipales, del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales, el propietario del terreno y un representante de la ONG AEPA-Falcón, que resulta en la paralización
de las actividades de relleno en la zona aledaña al puente de acceso a la Vela de Coro hasta tanto no se
presente, por parte del propietario del terreno, el proyecto de desarrollo turístico que se pretende construir en el
humedal.

El manglar es un ecosistema fundamental para la protección de la costa frente a las inclemencias climáticas. Es
también refugio, hogar y fuente de alimento de numerosas especies de fauna y flora, y brinda una serie de
bienes y servicios a los pobladores que habitan en sus inmediaciones y que en gran medida dependen del
manglar para su supervivencia.

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El desarrollo de la industria turística, que implica la construcción de carreteras, calles, grandes edificaciones, tala
o relleno de áreas de mangles, genera grandes impactos en la medida en que modifican sustancialmente este
ecosistema.

Hoy, a más de un año de estas denuncias, hay quienes se empeñan en promover ese desarrollo turístico en el
Municipio de Colina a expensas del manglar, sin cuestionar el costo ambiental y social que acarrea. Ni siquiera
se cuenta con una Evaluación y Estudio del Impacto Ambiental en el "Manglar de la Vela" que mida los daños
ocasionados en el ecosistema.

Mientras se espera por un pronunciamiento valedero por parte de las autoridades nacionales, en terrenos
cercanos al manglar se sigue rellenando para construir viviendas con permisos otorgados por las autoridades
municipales de Colina.

En defensa de los ecosistemas costeros y de la vida comunitaria, quienes hoy se ven afectados por esta
actividad y con el apoyo de organizaciones ambientalistas de Venezuela, de la Red Manglar Latinoamericana y
de Greenpeace Internacional, exigen que se asegure mayor protección al manglar. Reclaman también a las
autoridades que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental y que de acuerdo con los resultados obtenidos,
se reparen los daños ambientales cometidos. Pero lo más importante es que se den a conocer los resultados
finales a las instituciones y organizaciones involucradas en el conflicto ambiental, así como a la comunidad en
general.

Los pobladores locales siguen a la espera de que se elabore un "plan para el manejo ambiental sustentable del
Manglar de la Vela".

AEPA-Falcón reclama a las autoridades municipales de Colina y a las autoridades garantes del derecho
ambiental y humano en el país, la elaboración de ordenanzas o decretos que protejan el ecosistema de mangle y
que realicen un pronunciamiento valedero para solucionar este conflicto ambiental, garantizando la protección del
manglar, su diversidad y el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las comunidades
afectadas.

Artículo elaborado en base a información enviada por Anelis Teolinda Moya, correo electrónico:
aepafalcon@hotmail.com , "A un año del conflicto AEPA-Falcon exige mayor protección al Manglar de la Vela"
                                                                                                       inicio

AMERICA CENTRAL

- Honduras: asesinan a defensor del bosque en Olancho

Hacia el año 2002, los bosques del departamento de Olancho estaban siendo devastados por el accionar de
empresas madereras. La destrucción del bosque servía para alimentar a numerosos aserraderos (legales y
piratas), en algunos de los cuales estaban directamente involucrados algunos parlamentarios. Mientras los
empresarios se enriquecían, los pobladores locales recibían los impactos de la explotación maderera, en
particular la desaparición del agua resultante de la corta del bosque y sus funciones en la regulación del ciclo
hidrológico.

Frente a tal situación, la población local se fue organizando y en el 2002 surge el Movimiento Ambientalista de
Olancho, con el objetivo de asegurar la protección del bosque. A tales efectos, exigen del gobierno la regulación
de la explotación maderera, que se apliquen métodos adecuados de manejo, que se realicen los controles
necesarios sobre la corta y que se protejan las áreas protegidas. En algunas áreas de particular valor cultural y
biológico exigen una veda de corta por 10 años.

Con el fin de lograr esos objetivos, los pobladores locales organizan una serie de acciones, que culminaron el 27
de junio en la llamada Marcha por la Vida. Esta marcha desde la capital provincial (Juticalpa) a la capital nacional
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(Tegucigalpa), implicó que durante 7 días miles de personas caminaron unos 200 kilómetros con el objetivo de
presentar sus reclamos al presidente de la República. La misma fue apoyada por 27 organizaciones de
estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, activistas pro derechos humanos y las iglesias católica y
evangélica.

Sin embargo, al llegar a la Casa Presidencial, la encontraron acordonada por decenas de policías antimotines
armados con escudos metálicos, bastones de goma y cascos protectores y el presidente Ricardo Maduro se
negó a recibirlos, pese a que lo aguardaron tres horas frente a su despacho.

Uno de los principales dirigentes del movimiento, el sacerdote José Andrés Tamayo, resumió la situación
diciendo: "Durante siete días marchamos pacíficamente para exigir al gobierno que erradique la tala
inmisericorde de los bosques de Honduras, y específicamente de Olancho... y Maduro no respondió a nuestros
reclamos".

Frente a la falta de respuesta del gobierno, los pobladores locales se vieron obligados a tomar medidas, entre las
que se contó el impedir el ingreso de los madereros a las áreas de bosques. En cuatro comunidades se logró de
esta manera instrumentar una veda total a la corta de bosques.

La respuesta no se hizo esperar. Comenzaron las amenazas, los atentados y la elaboración de listas negras, así
como los autoatentados contra instalaciones de las empresas madereras, llevados a cabo por personas
contratadas por las propias empresas como parte de una estrategia para culpar al movimiento ambientalista de
los mismos.

Se llega así al 17 de julio, cuando el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH) emite un comunicado en el que denuncia que "el terrorismo en Olancho pone en riesgo la vida de
los defensores del medio ambiente". El comunicado termina diciendo que "nadie quiere llorar la muerte de un
mártir del bosque; lo que se quiere es defender la vida de todos, inclusive de aquellos que viven planificando y
ejecutando la muerte cada día". Al día siguiente, Carlos Arturo Reyes, una de las personas mencionadas por
COFADEH en la lista de los amenazados por los dueños de aserraderos es asesinado en su propia casa.

Olancho y sus bosques lloran ahora a un mártir que nunca quisieron tener. ¿Estará ahora el presidente Maduro
dispuesto a escuchar a la población de Olancho? ¿O seguirá sordo a sus reclamos mientras la vida de los
defensores del bosque sigue siendo segada por asesinos a sueldo de los intereses económicos? Nadie quiere
más mártires; lo que se quiere es justicia y la protección del bosque. ¿Es tanto pedir?

Artículo elaborado en base a información obtenida de: entrevista a integrante del Movimiento Ambientalista de
Olancho, La Esperanza, Honduras, 20/7/03. "Llegó a la capital 'marcha por la vida' que encabeza cura
salvadoreño", Rebelión, 27/6/03 ( http://www.rebelion.org/ecologia/030627honduras.htm )
"Terrorismo en Olancho pone en riesgo la vida de defensores del Medio Ambiente", COFADEH, 17/7/03
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- Segundo Foro Mesoamericano contra las Represas

Del 17 al 20 de julio se desarrolló en Honduras el Segundo Foro Mesoamericano contra las Represas: "Por el
Agua y la Vida de los Pueblos". El evento contó con la participación de unos 150 delegados, "preocupados por la
creciente invasión de proyectos de construcción de represas que vienen imponiendo las grandes transnacionales
y organismos multilaterales en alianza con los gobiernos corruptos de la región Mesoamericana".

El objetivo central del Foro fue el "de compartir y analizar nuestras experiencias para fortalecer las luchas en
defensa de nuestros recursos naturales, nuestra cultura, nuestros territorios y hasta nuestra propia vida, que
están siendo amenazadas por la imposición de planes económicos y militares que atentan contra la
autodeterminación de nuestros pueblos".

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En la parte de diagnóstico, los participantes identificaron la existencia de unos 500 proyectos de represas
hidroeléctricas en la región y señalaron "que la proliferación de los proyectos hidroeléctricos en nuestros países
no obedece a las necesidades energéticas de nuestros pueblos sino que responde a la necesidad de crear la
infraestructura necesaria para desarrollar el modelo económico neoliberal a través del Area de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), los diferentes tratados de Libre Comercio a nivel continental, el Plan Puebla-Panamá y el
Plan Colombia, entre otros".

Además, enfatizaron que los proyectos "se ubican en comunidades indígenas y campesinas caracterizadas por
sus grandes riquezas naturales y culturales. Dichos proyectos atentan contra la sobrevivencia de nuestros
pueblos y la desaparición de sus territorios".

Uno de los participantes del evento (Mauricio Alvarez, de Costa Rica), enfatizó otros resultados importantes, en
particular que la reunión posibilitó el encuentro y la identificación de las personas afectadas por las represas,
tanto de la región como de fuera de la misma (como de Brasil y Tailandia). Al mismo tiempo, permitió la
elaboración de estrategias conjuntas, la creación de redes y el encuentro entre países, desembocando en la
elaboración de planes nacionales y regionales de oposición a lo que denominó "una hidrogarquía integrada
fundamentalmente por transnacionales, que se apropian de cuencas enteras de la región. Para esa hidrogarquía,
lo hidroeléctrico es secundario, en tanto que el proceso de apropiación del agua legitima un mayor dominio sobre
todos los demás recursos contenidos en la cuenca".

En la parte final de su declaración, el Foro exige a los gobiernos "que se detenga inmediatamente la construcción
de todos los proyectos hidroeléctricos que estén en proceso de construcción y no se otorguen más concesiones
de ningún cuerpo de agua a particulares. Asimismo, exigimos que se garantice y se respete el uso del agua
como un bien colectivo de beneficio comunitario".

El Foro plantea en definitiva una visión opuesta y alternativa al modelo actualmente vigente, que prioriza la
rentabilidad económica sobre la conservación ambiental y la equidad social, que propende a la privatización de
todos los recursos y en particular del agua y la energía y su pasaje a manos de empresas transnacionales. El
Foro volverá a reunirse en un año en El Salvador, donde se evaluarán las acciones llevadas a cabo de acuerdo
con el Plan de Acción aprobado en la reunión que acaba de finalizar.

Artículo elaborado en base a información de: entrevista a Mauricio Alvarez, correo electrónico:
oilwatch@fecon.org ; Declaración del II Foro Mesoamericano contra las Represas "Por el Agua y la Vida de los
Pueblos", La Esperanza, Intibucá, Honduras, 17-20 de julio de 2003
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AMERICA DEL NORTE

- México: la mujer sufre doblemente los efectos de la apertura de los mercados

Chiapas, al sur de México, es lugar de campesinos, mestizos e indígenas tzontales, tzontziles, choles, zoques,
tojolabales. Allí se siembra plátano, cacao, caña, arroz. Cada familia tiene su milpa donde cultiva el maíz, y
también siembra frijol para su subsistencia. A estas comunidades, que como muchas otras de Mesoamérica
sienten que “nacimos entre las flores y el calor de los temascales; desde patojos nos aprendemos a caminar la
montaña y a guardar el agua entre las piedras; rezamos a los cerros y hacemos fiesta con el cielo” --como decía
la declaración final de la II Semana por la Diversidad Biológica y Cultural--, ha llegado la mercantilización y
depredación de lo que para ellas ha sido su madre --la tierra-- y su hogar --los bosques. Para ellas el bosque es
la vida. Es un lugar sagrado. De allí obtienen el fuego y el agua, la semilla, las medicinas, los elementos para
construir sus casas.

La tala en gran escala que se come el bosque o las represas que por un lado lo ahogan y por el otro lo secan,
hieren de muerte a las poblaciones de las comunidades. Por detrás están las empresas que ven al bosque como
un recurso maderero a explotar para obtener grandes sumas de dinero que no reparten. O a los ríos como un
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recurso energético con el que lucrar, inundando lo que sea. Las comunidades quedan huérfanas de bosque, sin
nada a cambio. En Chiapas se genera abundante energía eléctrica pero ésta no llega a las comunidades locales
porque los servicios son muy caros.

La mujer, la encargada de buscar y proveer el agua, sufre estas depredaciones doblemente. Los arroyos donde
antes obtenía agua en abundancia para el consumo y el uso doméstico, se van secando. Y hay que seguir
consiguiendo agua para cocinar y lavar la ropa. En algunos casos las comunidades se organizan para buscar
juntas algún pozo o nacimiento de agua desde donde instalan mangueras muy largas para hacerla llegar a la
población. Pero en otros lugares la mujer debe ir caminando hasta bosques y arroyos o ríos que están cada vez
más lejos, acarreando su cántaro o su ánfora para traer el agua.

A Chiapas ha llegado la apertura de los mercados y la liberalización del comercio en ancas del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Ello ha significado una alteración de la vida económica de sociedades
que antes se apoyaban en gran medida en el trueque. Ahora el dinero se ha vuelto imprescindible; los mercados
se han inundado con los productos subsidiados del Norte y las comunidades deben vender a precio de regalo
sus cultivos. “No hay precio justo”, dice María Angelina, oriunda de San Cristóbal de las Casas. “El quilo de café
se ha pagado hasta a dos pesos al campesino, cuando en las ciudades, ya procesado, cuesta cuarenta”.

De allí a la emigración hay apenas un paso, que suele darlo el hombre. Cuando eso ocurre, la mujer queda a
cargo del cuidado de la parcela y los niños, de las tareas de la casa, de proveer el agua y la leña, y muchas
veces incluso de tener finalmente que conseguir también el dinero para cubrir otras necesidades, cuando el
hombre no regresa, como ocurre muchas veces. Hay casos en que a través de la organización colectiva con
grupos que trabajan con la mujer, logran desarrollar proyectos de cría de aves, hortalizas, fabricación de
artesanías para su venta. Esto ocurre en un contexto social en que tradicionalmente la mujer ha estado en
condiciones de inferioridad con respecto al hombre: no tiene poder de decisión, no puede estudiar, no tiene
derecho a la tierra, no debe salir porque está destinada a las tareas de la casa.

Por otro lado, se cierne sobre las comunidades el peligro de la fractura total que significaría el Plan Puebla
Panamá (PPP), con su megaproyecto de carreteras y represas atravesando toda América Central y
profundizando el proceso de aculturación y desintegración familiar. Ya avanza la propaganda que anima a
cambiar la siembra tradicional de maíz por palma africana, dejando a las comunidades cautivas de mercados que
no regulan. Las maquilas --fábricas basadas en insumos importados utilizados para la producción de bienes para
la exportación en condiciones laborales inseguras, precarias y mal pagas-- son otro corolario del PPP. En San
Cristóbal de las Casas ya se instaló una en la que trabajan en su mayoría mujeres, de las cuales casi todas son
indígenas.

Pero las mujeres no permanecen con los brazos caídos. Han tomado conciencia de su función social y han
asumido la responsabilidad que les cabe. Es por eso que participaron en la Tercera Semana de la Diversidad
Biológica y Cultural realizada del 17 al 20 de julio pasado en La Esperanza, Intibucá, Honduras, haciendo oír sus
voces de denuncia y reclamo, incluso con humor e ironía. Están ganándose el espacio que deben ocupar para
que otro mundo sea posible.

Artículo elaborado en base a información de: entrevista a María Angelina Miranda, Coordinadora Diocesana de
Mujeres (CODIMUJ), correo electrónico: codimuj@yahoo.com.mx
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AFRICA

- Chad/Camerún: impactos y promesas rotas del proyecto de oleoducto

Ya hemos informado extensamente sobre los impactos ambientales y sociales masivos que probablemente
tendrá el oleoducto Chad-Camerún (ver Boletines N° 66, 45, 41, 35, 14 y 2 del WRM), pero ya hay mucho para
decir sobre los impactos actuales de este proyecto de tres años para la construcción de un oleoducto de 1078
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kilómetros, auspiciado por el Banco Mundial. El oleoducto llevará el petróleo desde los campos de Chad a través
de densos bosques tropicales de Camerún habitados por pigmeos, hasta la costa atlántica de este país.

El consorcio formado por ExxonMobile Corp. y sus socios Chevron Texaco Corp. y Petronas de Malasia llegó a la
zona con promesas optimistas de “desarrollo”, empleo y progreso. Sin embargo, la mayor parte de los empleos
han sido temporales y no han durado más que semanas o meses. Solo unos 400 chadianos conseguirán puestos
de trabajo regulares de baja remuneración (como conductores, guardias de seguridad y similares), mientras que
en Camerún la cifra no sobrepasará los 100. Los salarios promedio para los chadianos que trabajen en el
gasoducto llegarían a 225 dólares mensuales, mucho menos que el ingreso de los trabajadores extranjeros
aunque tres veces mayor al salario mínimo en Chad. Ahora que las obras (cuya finalización está planificada para
julio de 2003) están casi terminadas, las promesas realizadas sobre los beneficios económicos y sociales del
oleoducto parecen cada vez más lejanas.

Un artículo del periodista del Los Angeles Times, Ken Silverstein, informó: “En Mpango, una aldea con cerca de
600 habitantes, a pocas millas del final del oleoducto sobre la costa atlántica de Camerún, una cartelera de
anuncios clavada en la choza de barro y paja del jefe Savah ofrece trabajos en el oleoducto. Pero el jefe, vestido
con el short y la camiseta de la selección inglesa de fútbol, declaró que solo 10 residentes podrían acceder a los
empleos, todos ellos de corta duración. El consorcio prometió reemplazar la escuela de Mpango, de un solo
salón, techo de lata y dañada por las termitas, para compensar a la aldea por la pérdida de las tierras ocupadas
por el oleoducto y por las perturbaciones producidas por la construcción, incluso la contaminación de un curso de
agua que provee agua potable. “La nueva escuela es muy necesaria, y es lo que más vamos a recordar del
oleoducto”, dijo Savah. “Ha habido cosas positivas y negativas, pero los cambios no han sido grandes.
Pensamos que sería un proyecto de desarrollo, pero eso no fue lo que sucedió”.

“El elemento central de los esfuerzos sociales del consorcio es su plan de compensación, por el cual ha pagado
10 millones de dólares a miles de personas en Chad y Camerún. Cualquiera que haya sido desplazado por el
oleoducto, o cuyas tareas agrícolas hayan sido perturbadas temporalmente, es elegible. Los compensados
pueden recibir efectivo o elegir de un brillante catálogo de artículos que incluye arados, carretas, máquinas de
coser, bicicletas, bombas de agua, descascaradoras de maní, colchones, utensilios de cocina y materiales de
construcción”. Sin embargo, la mayor parte de los pagos por compensación se utilizan para cubrir necesidades a
corto plazo.

Los pigmeos que habitan la selva camerunesa también han resultado afectados por el oleoducto, que ha
perturbado sus comunidades dejándoles a cambio beneficios económicos insignificantes. El artículo mencionado
transmite el sentir del jefe de la aldea Maboulo: “Durante la construcción del oleoducto los animales de presa
pequeños huyeron hacia la parte profunda del bosque, los árboles frutales de la comunidad fueron cortados y se
perdieron plantas medicinales. Solo tres hombres entre unos veinte pudieron conseguir trabajo temporal”. El jefe
dijo que el consorcio petrolero envió muchas veces representantes a Maboulo y prometió construir viviendas
nuevas como compensación. “Han estado haciendo promesas durante dos años, pero todavía estamos
esperando”, afirmó. “Es como un árbol que muere y cae en el bosque: se puede esperar y esperar, pero nunca
volverá a levantarse”.

Recientemente estamos siendo testigos de una suerte de acto de magia por parte de las trasnacionales. Al
parecer ya no las mueve el lucro, sino que hacen negocios motivadas por su compromiso social con los pobres.
Afirman que traen proyectos de desarrollo, no comerciales. Quieren parecer buenas.

Pero a la gente no se la engaña tan fácilmente. Oliver Mokum, de las oficinas camerunesas de Catholic Relief
Services (una organización con sede en EE.UU. que hace el seguimiento el oleoducto) confirmó en una
entrevista con Los Angeles Times que “el consorcio explicó de todas las formas posibles que éste es un
“proyecto de desarrollo” y las formas en que reduciría la pobreza. Pero en última instancia, no es más que otro
proyecto petrolero”.

Artículo basado en información obtenida de: “Pipeline's Profits May Bypass Africans”, Ken Silverstein, 17 de junio
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de 2003, Los Angeles Times, http://www.commondreams.org/headlines03/0617-06.htm
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- Madagascar: proyecto minero de Rio Tinto avanza… para peor

Madagascar es ampliamente reconocido como uno de los países con mayor riqueza ecológica del mundo, hogar
de especies vegetales y animales únicas. Pero ya en los tiempos de la colonización francesa se introdujo en el
país el modelo de producción orientado hacia la exportación. Se talaron bosques tropicales primarios para la
construcción de carreteras y para exportar madera, y se despejaron áreas importantes de bosque en las zonas
más fértiles para dedicarlas a cultivos comerciales, sumiendo así a una sociedad que practicaba principalmente
la agricultura de subsistencia en la hambruna y la escasez (ver Boletín N° 66 del WRM).

Ahora, Madagascar está entre los países más pobres. Pero sería sabio que el lenguaje reflejara la verdad: el
pueblo malgache no es pobre, sino que ha sido empobrecido, al igual que la mayoría de los países del sur.

Actualmente no hay países extranjeros que lleven abiertamente las riendas del gobierno, pero el colonialismo
todavía tiene sus garras clavadas a fondo en la economía del país. Los piratas modernos han venido a “salvar” el
país: el FMI preparó las condiciones (a través de los requisitos de liberalización que son condición de sus
créditos) para que el gigante minero anglocanadiense Rio Tinto implemente un proyecto en la isla (ver Boletines
N° 22, 54 y 55 del WRM).

QIT Madagascar Minerals S.A.(QMM), una compañía malgache 80% propiedad de Rio Tinto y 20% del estado,
comenzó a realizar un estudio de factibilidad y en noviembre de 2001 el proyecto obtuvo el permiso ambiental. El
proyecto propuesto requerirá el dragado de cientos de millones de toneladas métricas de tierra en una superficie
de más de 6.000 hectáreas, para la extracción de ilmenita, mineral que habitualmente se trata con ácido sulfúrico
para obtener el dióxido de titanio utilizado en la producción de pigmento, que a su vez se usa extensamente en
la fabricación de pintura y plástico. Esto implicará la creación de un lago artificial en los remanentes del bosque
que irá avanzando aproximadamente 1 metro por día, mientras una máquina succiona la tierra y otra tamiza la
ilmenita. La actividad minera podría durar 60 años.

En el marco de la nueva iniciativa de las transnacionales de procurarse una imagen verde y ecologista, Rio Tinto
está empeñado en demostrar lo imposible: ¡que la minería es una actividad sustentable para el medio ambiente y
los seres humanos! Pero todo el mundo sabe (o debería saber) cuáles son las intenciones reales de cualquier
compañía comercial: producir ganancias. Según el Manual para la Acción Corporativa (Handbook for Corporate
Action), este proyecto “es un elemento esencial para el mantenimiento de la participación futura de Rio Tinto en
el suministro de dióxido de titanio como materia prima”.

El gobierno de Madagascar dio luz verde y la compañía ya gastó 41 millones de dólares en la preparación de las
obras que comenzarán en 2005. El resultado electoral del año pasado llevó al palacio presidencial a Marc
Ravalomanana, un magnate joven que ha triunfado por su propio esfuerzo y que promete progreso. Favorito de
occidente, el nuevo presidente está a favor de la mina de ilmenita de Rio Tinto, con la esperanza de que el
proyecto genere empleos y fondos para el erario público. Marc Ravalomanana se reunió en mayo pasado en
EE.UU. con el secretario de estado estadounidense Colin Powell, quien afirmó que Washington apoyaría al
Presidente Ravalomanana en sus “esfuerzos por instituir reformas políticas y económicas”. Un mes después la
noticia es que el Banco Mundial otorgará un crédito de 32 millones de dólares de la Asociación Internacional para
el Desarrollo (AID) para “ayudar a Madagascar a administrar sus recursos minerales en forma más efectiva”.

En una entrevista con un periodista de The Guardian, Serge Lachapelle, director ejecutivo de QIT, anunció:
“Seguiremos adelante, pese a todo”. La advertencia surgió en el momento en que el proyecto recibía fuertes
críticas de organizaciones ambientalistas como Amigos de la Tierra, Conservation International y WWF.

El “programa sustentable” de la compañía consiste en que cada uno de los tres sitios mineros propuestos dejaría
sin tocar un área de conservación que abarcaría en total el 10% del área utilizada para la extracción minera.
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Además, la compañía restauraría otro 10% de bosque, y en la superficie restante plantaría árboles de
crecimiento rápido, como eucalipto, para proporcionar carbón y madera a los pobladores locales. Rio Tinto
espera que estas acciones “ayuden a crear ecosistemas desde cero”. Lo que la naturaleza tardó milenios en
realizar, podría restaurarse con una receta: salvar del dragado la capa superior de suelo, plantar 50% de la
superficie con los llamados árboles pioneros que necesitan sol, seguido luego en un 40% con árboles que
necesitan sol y sombra, y por último con un 10% con árboles que necesitan sólo sombra. ¡Hacen que parezca
tan fácil jugar a ser Dios!

Amigos de la Tierra ya elaboró un informe en el que concluye que el proyecto de minería no sería compatible con
un auténtico desarrollo sustentable en el sudeste de Madagascar, ni en el país en su conjunto. Durante una
década y media de preparación y estudios intensivos, este proyecto supuestamente “verde”, respaldado por un
conjunto impresionante de expertos de todo el mundo, no ha logrado evitar la creciente degradación del medio
ambiente que según las declaraciones de la compañía, la mina abordará y mitigará en forma drástica. ¿Es esto
intencional? ¿Está QMM/Rio Tinto retrasando deliberadamente el inicio de las medidas de conservación y
restauración para poder promover mejor la idea de que el proyecto de la mina es indispensable para lograr este
objetivo?, pregunta la organización Amigos de la Tierra.

WWF también emitirá un informe sobre la mina a fines de este año. Un miembro de la organización que vive en
Fort Dauphin, un poblado que se verá afectado por el proyecto de minería, afirmó que las estaciones de
investigación que mostraron a The Guardian no eran más que una farsa. Las áreas de conservación estaban
demasiado fragmentadas para ser viables y ejercerían presión sobre determinadas especies. Por otra parte, la
compañía tampoco ha pensado en el conflicto potencialmente explosivo que se generaría al establecer como
mínimo 800 trabajadores extranjeros en un poblado pequeño con 3.000 jóvenes desempleados.

Un recorrido por los poblados de los alrededores mostró que había opiniones encontradas: la mayoría de los
pobladores, descalzos y vestidos con harapos, sabía que se estaba planificando una mina, pero no exactamente
dónde ni cuándo, ni los impactos que podría producir. “Destruirá la agricultura tradicional, sin duda”, dijo Karae,
jefe del poblado Houtotmotre. Después de consultar con otros ancianos, añadió: “Pero debido a la sequía no
tenemos cultivos, o sea que puede ser que otra vez no tengamos nada que perder”. Albert Mahazoly, de 45
años, fue recientemente despedido de una plantación de sisal, prácticamente la única forma de conseguir
ingresos en el poblado de Ankitry. Ahora su familia está entre los que hacen cola para recibir sacos de maíz del
Programa Mundial de Alimentos. Esto ha sido una humillación que el Sr. Mahazoly no piensa tolerar por mucho
tiempo. “Estoy listo para ir a la mina. Voy a hacer cualquier cosa que me pidan”, afirmó. La posibilidad de que su
trabajo no calificado no sea requerido supuso un golpe duro. “Pero haré lo que sea”, dijo. Y de esta forma se
cierra el círculo: privados de su sustento, empobrecidos y saqueados.

Artículo basado en información obtenida de: “Mining giant threatens to scar island paradise”, Rory Carroll, The
Guardian, 23 de junio de 2003, http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,982989,00.html ; “The case
against QMM/Rio Tinto in Madagascar”, Nostromo Research, London, 12 de noviembre de 2001, informe
encargado por Amigos de la Tierra, http://www.minesandcommunities.org/Company/foemadagascar2.htm ; QIT
Madagascar Minerals Ilmenite Project, http://www.hatch.ca/Sustainable_Development/Projects/madagascar-
qit_minerals_ilmenite_project.htm ; “Rio Tinto in Madagascar”, Rio Tinto homepage,
http://www.riotinto.com/news/showMediaRelease.asp?id=473 ; “Malagasy President Meets With Colin Powell”,
VOA 27.05.2003, http://www.madagasikara.de/2003/Mai/030527voara8usa.htm ; Madagascar: World Bank credit
will help manage country's mineral resources, IRIN,
http://www.africahome.com/annews/categories/economy/EpVFpukAyEkZvQmzvh.shtml#Author
                                                                                                         inicio

- Santo Tomé y Príncipe: promesas y peligros de la riqueza petrolera

Santo Tomé y Príncipe, un archipiélago de 1001 km² de extensión, es un paraíso tropical situado en el golfo de
Guinea -zona rica en petróleo- aproximadamente a 300 km de la costa occidental de África. Está compuesto por
las islas de Santo Tomé y Príncipe, separadas 150 km entre sí. Las islas del archipiélago de Santo Tomé y
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Príncipe son de origen volcánico, con empinadas laderas revestidas de vegetación densa y variada favorecida
por intensas precipitaciones. El país obtuvo su independencia de Portugal en 1975.

Santo Tomé y Príncipe es uno de los países más pobres de África, debido a la drástica caída de los ingresos
obtenidos por la industria del cacao y el fin de las plantaciones de cacao, que eran el puntal de la economía de
las islas. En este contexto el descubrimiento de petróleo en este pequeño país ha generado tanto esperanza
como miedo en la antigua colonia portuguesa.

El petróleo fue encontrado en aguas del Golfo de Guinea. Al no existir un acuerdo bilateral sobre la delimitación
exacta de las fronteras marítimas entre Nigeria y Santo Tomé, ambos países decidieron explotar la parte limitada
del Golfo en forma conjunta.

En 2002, ambos gobiernos firmaron un acuerdo para iniciar las prospecciones e inversiones relacionadas con el
petróleo. Establecieron un Zona de Desarrollo Conjunto en las aguas situadas entre el gigante y experimentado
productor de petróleo y el pequeño estado de Santo Tomé. Los dos países explorarían y explotarían los recursos
petroleros de la zona en conjunto, estando la mayor parte de la producción controlada por Nigeria (que ya es el
mayor productor de petróleo de África). Nigeria, poseedor de la infraestructura para el desarrollo petrolero en el
mar, recibiría el 60 por ciento de los ingresos y el 40 por ciento iría a Santo Tomé y Príncipe.

Sin embargo, aconsejado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Santo Tomé
pidió renegociar el acuerdo poco antes de su firma, alegando que era desventajoso. Nigeria reaccionó
cancelando totalmente el acuerdo. Finalmente al parecer las diferencias fueron renegociadas y se reestableció el
acuerdo. Se afirma que “supuestamente el Presidente obtuvo beneficios de las renegociaciones de los contratos
petroleros”.

Se cree que las islas gemelas de Santo Tomé y Príncipe están asentadas sobre unos dos mil millones de barriles
de petróleo crudo, y ya han atraído al atención de compañías petroleras multinacionales así como de poderosos
países como EE.UU. y Nigeria. Los estadounidenses están considerando instalar una base militar en Santo
Tomé, y se han realizado visitas de intercambio entre oficiales de ambos países.

Maria das Neves, primera ministra de Santo Tomé y Príncipe, declaró durante la apertura de una conferencia
internacional sobre industrias extractivas en África: ”En Santo Tomé seremos muy cuidadosos. No vamos a
repetir los errores de otras naciones africanas, donde los recursos naturales se convirtieron en una maldición
más que en una bendición para el país”. “Seremos tan transparentes como sea posible en nuestras
negociaciones para asegurar que el pueblo de Santo Tomé se beneficie directamente de la riqueza petrolera de
su país”, afirmó.

Raul, un comentarista político de Santo Tomé, agregó: "hemos visto cómo los ingresos derivados de los
recursos naturales terminaron destruyendo a otros países africanos, así que preferimos permanecer pobres
antes que ser sumergidos en la anarquía”.

Una mirada a la vecina Nigeria basta para comprobar que en los países productores de petróleo, no son las
comunidades las que se benefician de esta actividad. Por el contrario, los beneficiarios son pequeñas elites. Más
aún, violación de derechos humanos, desplazamiento de comunidades, destrucción del ambiente, altos niveles
de corrupción, desestabilización de la democracia, entre otras cosas, son las “riquezas” que este combustible
fósil genera para la amplia mayoría de la población.

Desgraciadamente se confirmaron las advertencias planteadas en los párrafos anteriores. Poco después de ser
escritas, tuvo lugar un golpe de estado en Santo Tome. Una junta militar tomó el poder en la isla. Los rebeldes
instituyeron una “junta de salvación nacional”, afirmando que los líderes depuestos no tenían soluciones para los
problemas del país, y que los golpistas habían actuado en respuesta al “declive social y económico continuo del
país”. También denunciaron corrupción en el gobierno. Según declaraciones de expertos a la BBC World, se
sospecha que el control del dinero procedente del petróleo es el motivo oculto del golpe.
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Este golpe de estado sin derramamiento de sangre ha puesto en riesgo la ronda de licitación de 200 millones de
dólares para los nueve bloques de petróleo ofrecidos por la Zona de Desarrollo Conjunta Santo Tome-Nigeria
(JDZ, por su sigla en inglés) en mayo de este año. Los inversores, entre ellos Royal Dutch/Shell Company,
ExxonMobil Corporation, ChevronTexaco Corporation, ConocoPhillips y Devon Energy Corporation, al parecer
han decidido observar el curso de los acontecimientos en la isla antes de hacer compromisos en la ronda de
licitación.

El 24 de julio y como resultado de esfuerzos diplomáticos concertados, se restauró el estado democrático. Pero
¿por cuánto tiempo? La advertencia de Maria das Neves de que el petróleo puede resultar “más una maldición
que una bendición” y los temores de Raul sobre “ser sumergidos en la anarquía” ahora resultan mucho más
claros (e inquietantes) que antes.

Artículo basado en información obtenida de: “Sao Tome and Principe: Oil raises hope and fear”, por Lansana
Fofana, Inter Press Service (IPS), 30 de junio de 2003 ; http://www.equators-line.com/English/ST_informacao.htm
; Afrol News, http://www.afrol.com ; BBC News, http://www.bbc.co.uk ;                               AllAfrica ,
http://allafrica.com/saotomeandprincipe/ .
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- Senegal: gobierno limita minería como forma de proteger los bosques

Senegal anunció que no otorgará nuevos permisos para la explotación de canteras y minería en las 233 zonas
de preservación de bosques del país. El gobierno de Abdoulaye Wade declaró que alentará a las compañías que
ya operan allí a trasladarse fuera de esas zonas, como parte del esfuerzo por reducir la deforestación y proteger
el medio ambiente.

El ministro de Medio Ambiente Modou Fada Diagne declaró que su cartera iniciará en breve los contactos con las
compañías de explotación de canteras que ya operan dentro de los cinco millones de hectáreas de reservas de
bosques y parques nacionales del país, con vistas a desplazarlas de la zona. Agregó que el otorgamiento de
todos los nuevos permisos de minería y explotación de canteras estaría condicionado a la aprobación de
estudios de impacto social y ambiental y al compromiso de las compañías involucradas de restaurar el medio
ambiente a su estado original una vez terminada la extracción de minerales.

La nueva política apunta particularmente a la reducción de la deforestación alrededor de la capital, Dakar, y las
ciudades de Tambacounda, Louga, Thies y Kaolack. Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, Senegal perdió más de 45.000 hectáreas de bosques entre 1990 y 2000. Según los
expertos en medio ambiente, la expansión descontrolada de la explotación de canteras en Senegal ha producido
erosión costera, la reducción del área de tierra cultivable y problemas pulmonares y dérmicos a la población que
habita en las zonas cercanas. Sin embargo, el presidente Abdoulaye Wade no ha otorgado ningún permiso de
minería o explotación de canteras dentro de las reservas de bosque de Senegal desde que fuera elegido hace ya
tres años.

Se espera que la postura del presidente Abdoulaye Wade y su ministro de Medio Ambiente Modou Fada Diagne
aliente a otros líderes africanos a seguir su ejemplo y a luchar para que sus países no se desangren. Los
llamados “conflictos” africanos (actualmente guerras declaradas con cientos de miles de muertos) son en su
mayoría provocados y alimentados por los intereses mineros, y en muchos de esos casos, las corporaciones
extranjeras juegan un papel preponderante.

Extraído de “Government bans quarrying in conservation areas”, 14 de julio, IRIN, enviado por ECOTERRA
International, Nairobi Node, correo electrónico: NATURAL_FORESTS@ecoterra.net
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ASIA

- Bangladesh: población local reacciona ante posibles estudios sísmicos en los Sundarbans

La organización bangladeshi BanglaPraxis y otros grupos locales han reaccionado contra la intención anunciada
de Shell Bangladesh de realizar prospecciones aéreas (aerofotogrametrías) y estudios sísmicos en los bosques
de manglares de los Sundarbans a partir del 27 de setiembre.

Bangladesh es un país básicamente agrícola, aunque el proceso de urbanización avanza rápidamente y desde
mediados de los setenta se ha orientado cada vez más hacia una economía de mercado, haciendo del desarrollo
industrial una prioridad y siguiendo el camino de la privatización, las reformas de libre mercado y el incentivo a la
inversión extranjera, que en su mayoría va a los sectores del gas natural, la electricidad y la infraestructura física.

Hasta comienzos de los noventa, la compañía estatal de gas y petróleo Petrobangla, con sus ocho compañías
operadoras (CO), fue el único actor en los sectores del petróleo y el gas en Bangladesh. Pero en los últimos años
Bangladesh ha alentado a compañías petroleras extranjeras a operar en el país. Actualmente Shell, Texaco,
Cairn Energy PLC, Holland Sea Search, Unocal, Rexwood-Oakland y UMC Bangladesh Corporation realizan
prospecciones a través de seis sociedades con Contratos de Producción Compartida (CPC) con Petrobangla.

Una de las áreas más afectadas por el avance del “desarrollo” es el pantano de bosque de manglar de
Sundarbans, en la costa suroeste del país, considerado patrimonio de la humanidad y el manglar más grande del
mundo. Más de cuatro millones de personas que habitan alrededor de los Sundarbans subsisten en parte gracias
a la explotación de recursos del bosque: productos madereros y no madereros, zonas de pesca y otros servicios
como el turismo. Y otros varios millones de personas dependen de los Sundarbans en forma indirecta.

Recientemente SBCP Watch Group, una red de organizaciones que monitorea los proyectos financiados por el
Banco Asiático de Desarrollo en los Sundarbans, organizó un programa para la preservación de los Sundarbans.
Cuando el coordinador de Watch Group planteó el asunto del estudio de Shell en el bosque, la multinacional
respondió con el envío de un paquete de difusión a cada participante del programa. En él, las autoridades de
Shell Bangladesh explicaban que no explorarían los bosques de Sundarbans propiamente, sino que realizarían
un estudio aeromagnético en el bloque 10, la zona vecina de los Sundarbans y que contiene una zona de
bosque. Los bloques son divisiones de territorio otorgadas en arriendo por el gobierno para la prospección de
petróleo y/o gas y la realización de actividades extractivas por parte de las compañías multinacionales.

La compañía también asegura que el estudio se realizará a 10 kilómetros del bosque. Sin embargo, los
ambientalistas consideran que la zona de impacto que afectaría al bosque es de 20 kilómetros. Los “temblores”
generados para el estudio sísmico tendrían consecuencias de largo alcance para los Sundarbans, destruyendo
su frágil ecosistema. Es muy probable que cualquier perforación realizada corriente arriba del bosque lleve aguas
contaminadas corriente abajo a los Sundarbans. La perforación en el bloque 10, junto al bosque, acarrea el
mismo riesgo, dado que varios ríos fluyen hacia el bosque desde las áreas de ese bloque.

Las organizaciones locales creen que si fuera cierto que Shell no piensa perforar dentro del bosque, entonces no
habría necesidad de realizar ningún estudio. No obstante, tienen evidencia de que la multinacional está
avanzando en la prospección y que ha estado realizando encuestas tendenciosas en la región a través de BETS,
una firma local contratada por Shell.

El enorme movimiento popular en Bangladesh contra la exportación de gas ha generado conciencia. La
población local se está defendiendo y la organización local AOSED (miembro de la red Coastal Development
Partnership) que ha estado trabajando en el caso Shell) está lanzando una campaña contra el avance de Shell.
Exigen que la compañía no inicie ninguna actividad dentro o alrededor del bosque, en el bloque 5 o en el vecino
bloque 10, sin consultar previamente a los grupos de pobladores afectados. La multinacional debería consultar
no solo a las organizaciones que trabajan con ella, sino también a otras organizaciones que han planteado
críticas respecto a las actividades de Shell.
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Las personas afectadas creen que no necesitan ninguna información “científica” pues el lugar de realización del
estudio o la perforación es su hogar, y saben muy bien que el impacto sobre ellos mismos y sobre sus medios de
subsistencia va a implicar depredación, destrucción y desplazamiento.

Artículo basado en información obtenida de: “Grave concern over move to explore gas in Sundarbans”, M
Shafiqul                Alam,                                The                Financial              Express,
http://www.financialexpressbd.com/index.asp?aday=9&amonth=6&aYear=03&Submit=+++Submit+++ ; State Of
Sundarbans, Anisur Rahman, Bangladesh Door, http://www.bangladesh-door.com/ ; “Sundarban Threatened
Anew By Shell Oil”, Late Friday News, 117th, Urgent Notice Addendum, enviado por Alfredo Quarto, Mangrove
Action Project, correo electrónico: mangroveap@olympus.net , http://www.earthisland.org/map/ltfrn_117.htm ;
información directa de Zakir Kibria, BanglaPraxis, correo electrónico: banglapraxis@yahoo.com y Alfredo Quarto,
correo electrónico: Late Friday News, 117th Urgent Notice Addendum
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- Indonesia: crece la oposición a la minería en áreas protegidas

La “Coalición en oposición a la minería en áreas protegidas de Indonesia” emitió un comunicado de prensa para
divulgar la creciente y fuerte oposición que ha generado la minería a varios niveles. Diez grupos integran la
Coalición: JATAM; WALHI-Friends of the Earth; Indonesian Center for Environment Law; WWF Indonesia; Kehati;
PELANGI; Forest Watch Indonesia; MPI; POKJA PSDA y PELA.

La sociedad civil ha reaccionado contra la minería a cielo abierto en los bosques protegidos de Sumatra,
Kalimantan, Java, Sumbawa Besar (sudeste de Indonesia) y Sulawesi. Se han enviado cartas de protesta,
postales, se han realizado manifestaciones y declaraciones y se han emitido comunicados de gobiernos
provinciales, estudiantes, académicos, pueblos indígenas, ciudadanos indonesios comunes y la comunidad
internacional.

Al parecer, la percepción de la opinión pública es que las cosas han ido demasiado lejos en relación con las
actividades mineras. Es así que los planes de la compañía minera Placer Dome de extraer oro en los bosques
protegidos de las montañas Meratus en Kalimantan sur --hogar de los pueblos Dayak y los orangutanes-- han
dado lugar a una encendida carta de protesta de los representantes indígenas Dayak, una manifestación en la
capital provincial de Kalimantan del Sur el 1° de julio exigiendo medidas gubernamentales para rechazar el
cabildeo de Placer Dome, y una declaración del gobierno provincial exhortando al parlamento nacional de
Indonesia a no permitir la minería en el bosque protegido de las montañas Meratus. Ya era hora, teniendo en
cuenta que el 44% de los bosques de los Dayak ha sido degradado en apenas 12 años.

En Palu, capital de la isla central Sulawesi, la oposición sostenida de la comunidad ha incluido protestas dirigidas
directamente contra los planes de Rio Tinto y Newcrest de instalar una mina de oro en el Parque del Bosque
Protegido de Poboya. Esas acciones han dado lugar a declaraciones tanto de la Cámara de Representantes
provincial (2 de julio de 2003) como del Profesor Aminuddin Ponulele, gobernador de Sulawesi Central, de que
rechazarán todo intento del gobierno central de permitir el avance de la minería. La amenaza planteada por los
metales pesados, el polvo y otros desechos producidos por la mina al bosque protegido de Poboya y al
suministro de agua de los 200.000 residentes de Palu es un riesgo demasiado grande según el Gobernador
Aminuddin, cuyas palabras fueron citadas por el periódico local Radar Palu el 3 de julio de 2003. El gobernador
solicita a la compañía PT Citra Palu Minerals, una empresa mixta de Rio Tinto y Newcrest, que abandone la
provincia de Sulawesi Central.

Hasta la habitualmente apolítica oficina de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura) para Asia y el Pacífico, en Yakarta, ha apelado a los comités parlamentarios indonesios
que actualmente están considerando los planes gubernamentales de realizar actividades mineras en áreas
protegidas. Envió una carta con una referencia específica a la pequeña isla Gag en Papúa Occidental, donde la
compañía BHP Billiton planea construir la mina de níquel más grande del mundo y verter los desechos de la mina
al mar. Un Taller Internacional de UICN / UNESCO realizado en Hanoi en febrero de 2002 había elegido el
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archipiélago de Raja Ampat, que incluye la isla Gag, como uno de los siete sitios a considerar como Patrimonio
Mundial de la Humanidad de una lista de 25 sitios posibles en el sudeste asiático, elegidos por su alta
biodiversidad: 505 especies de coral --representando nada menos que el 64% del total de especies de coral
conocidas en el mundo--, 1.065 especies de peces, una de las diversidades de peces más altas del mundo. La
intervención de la UNESCO es un golpe para las intenciones de BHP Billiton de modificar la situación de bosque
protegido y para sus planes de utilizar el método de eliminación submarina (oceánica) de desechos, a pesar de
sus pretensiones de haberse reformado después del desastre de Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea. La mina de
Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea, propiedad de BHP, produjo una grave contaminación de largo plazo en el río
Fly, y las comunidades locales demandaron con éxito a BHP por varios millones de dólares por daños.

También la comunidad internacional ha reaccionado. La Presidenta Megawati ha recibido más de 1.100 cartas
provenientes de personas y organizaciones de 43 países, que incluyen testimonios como el de Beth Partin, que
al enterarse de los intentos de la compañía minera estadounidense Newmont de ampliar sus actividades en los
bosques protegidos de Indonesia, expresó: “Vivo cerca de Denver, Colorado, donde tiene su sede la compañía
Newmont. En Colorado convivimos diariamente con los daños causados por la minería. El río Alamosa, por
ejemplo, fue contaminado hace más de diez años por una filtración de cianuro y después de años de limpieza
apenas comienza a mostrar algunos signos de vida”.

Hasta la fecha se enviaron más de 6.000 juegos de tres postales, una dirigida a la Cámara de Representantes,
otra al Ministerio de Bosques y la tercera al Ministerio de Energía y Recursos, firmadas por ciudadanos
indonesios como expresión de apoyo a las protecciones ambientales existentes contra la minería. Los
estudiantes ambientalistas han organizado protestas ante la Embajada de Australia en rechazo al respaldo del
gobierno australiano y otros gobiernos extranjeros a las compañías mineras. También ha habido manifestaciones
de protesta ante la Cámara de Representantes y ante el Ministerio de Bosques, y se planean más para el futuro.
El 3 de julio de 2003, los directores de educación forestal de cinco prestigiosas universidades: el Instituto de
Agricultura de Bogor, la Universidad de Gajah Mada, la Universidad de Mulawarman, la Universidad de
Hasanuddin y los Grupos de la Universidad de Lampung, hicieron una declaración de oposición a la minería en
las áreas protegidas. Estudiantes y académicos resaltaron que la contribución económica total realizada por la
explotación forestal sustentable y la protección ambiental, según surge del presupuesto nacional de Indonesia,
supera la de la minería, y tiene mucho más potencial sin explotar.

Artículo basado en información obtenida de: “Indonesia regional govts, civil society: More speak out for forest
protection from mining”, 13 de Julio de 2003, declaración de la Coalición en oposición a la minería en áreas
protegidas de Indonesia, correo electrónico: inform@mpi.org.au , enviado por Maurizio F. Ferrari, Forest Peoples
Programme, correo electrónico: mfferrari@pd.jaring.my , http://www.forestpeoples.gn.apc.org/
                                                                                                           inicio

- Laos: compañía francesa se desvincula de Nam Theum 2

Electricité de France (EDF) se ha retirado del proyecto de la represa Nam Theun 2. EDF anunció su decisión el
17 de julio de 2003, un día antes de que el consorcio a cargo de las obras de la represa, la Compañía Eléctrica
Nam Theun 2, firmara un contrato de venta de energía con la Autoridad de Generación Eléctrica de Tailandia
(Electricity Generating Authority of Thailand – EGAT)

La compañía estatal francesa EDF era el mayor inversor de la represa propuesta. En junio de 2001, EDF y Harza
Engineering (ahora Montgomery Watson Harza) conformaron una joint venture con el objetivo de constituirse en
el principal contratista en la construcción de la represa.

La retirada de EDF fue el resultado del informe de una comisión del parlamento francés que establece que los
planes expansionistas de EDF han sido “un fracaso” e implican riesgos innecesarios para los dineros de los
contribuyentes. El año pasado, el Financial Times describió a EDF como “un grupo controlado por el estado que
genera pérdidas y se enfrenta a años de trabajo para salir del hoyo en el que se ha enterrado después de haber
realizado una serie de adquisiciones internacionales a sobreprecio”.
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Los restantes miembros del consorcio son EGAT (25%), Ital-Thai Development of Thailand (25%) y el gobierno
de Laos (25%). El gobierno de Laos ha dado tres meses de plazo a los inversores del proyecto para que
reemplacen a EDF, después de que Tailandia diera un ultimátum de un año para firmar el contrato de venta de
energía.

La salida de EDF ha dejado en tinieblas el futuro de Nam Theun 2. “Esto pone de relieve algunas cuestiones
sobre el futuro del proyecto. EDF era más que el principal inversor, también era la agencia técnica líder”, declaró
Peter Stephens, vocero del Banco Mundial, a Reuters.

Sin una garantía de riesgo parcial de cien millones de dólares americanos otorgada por el Banco Mundial, es
improbable que inversores comerciales se involucren en el proyecto. En 1997, Jack Cizain, presidente de EDF
Internacional declaró al Bangkok Post que sin la garantía del Banco sería difícil para los inversores continuar con
el proyecto.

Aunque el Banco ha apoyado el proyecto, ya que financió un estudio de factibilidad en 1989, ha postergado
reiteradamente la decisión de proporcionar o no la garantía.

De acuerdo con un Ayuda Memoria del Banco Mundial de agosto de 2001, el Banco no tomará la decisión de
otorgar la garantía en tanto el Gobierno de Laos no cumpla con una serie de condiciones. Entre las mismas se
encuentra “La elaboración de un Documento de Estrategia para la Reducción de la Pobreza para apuntalar el
alivio de la pobreza y el avance en el cumplimiento de las metas del programa”.

Entra el Fondo Monetario Internacional. El consejo del FMI para la economía de Laos es idéntico a lo que
prescribe a todos los gobiernos: “reformas financieras, fiscales y comerciales”. En el año 2001, un miembro del
FMI escribió: “es posible lograr un crecimiento del PBI real de un 7% si se aplican con energía reformas
estructurales y se explotan los considerables recursos hidroeléctricos del país para aumentar el desarrollo”. En
otras palabras, se impone la apertura de la economía y obliga a represar ríos.

Como sucede a menudo, sin embargo, la medicina del FMI enferma aún más al paciente. El año pasado, el FMI
presionó al gobierno de Laos para que aumentara la recaudación. El gobierno aumentó los aranceles sobre los
productos provenientes de Tailandia. El corresponsal del Far Eastern Economic Review, Bertil Lintner, describió
los resultados como contraproducentes. Aumentó el contrabando y se disparó la inflación de un 7% a un 16%. La
recaudación del estado mejoró muy poco y las reducciones presupuestales tuvieron su expresión en el no pago a
maestros y otros empleados públicos: la pobreza aumentó en lugar de disminuir.

En mayo de 2002, Electricité du Laos aumentó el precio de la electricidad. En su asamblea anual de ese año,
EDL anunció que sus clientes debían casi 8 millones de dólares americanos. “No podemos cortar la electricidad
porque la mayoría de los deudores son organismos estatales”, declaró un alto funcionario de EDL al Vientiane
Times.

En las últimas dos décadas, EDL ha recibido enormes montos en calidad de “asistencia”. Hacia fines de 1999,
como resultado de esta generosidad, EDL debía un total de casi 300 millones de dólares americanos. Solamente
el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) le había prestado más de 200 millones de dólares. La consultora del ADB,
Electrowatt, estimó que los servicios de esta deuda en el año 2000 costarían a EDL más de 28 millones de
dólares americanos.

Hans Luther es un economista alemán que trabajó en la Escuela Nacional de Administración de Vientiane desde
principios de los años 90. Antes de volver a Alemania recientemente, el gobierno de Laos le otorgó la prestigiosa
Medalla al Trabajo. En una entrevista que publica el Bangkok Post, Luther aconsejaba al gobierno del país: “la
asistencia extranjera es como una droga... En vez de poner los dineros propios para construir carreteras y
repararlas, se logra que extranjeros ricos lo hagan por uno. Están también los sobornos y toda suerte de
beneficios. Es la salida fácil en el desarrollo económico. Ahora ¿qué debería hacer un país pobre como Laos?
Debería ser modesto y tener algunas prioridades claras. Pero la mayoría opta por la asistencia extranjera, porque
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al parecer promete todo al mismo tiempo... Creo que la energía hidroeléctrica no ayudará. En primer lugar, está
el tema de la demanda, hay un solo cliente, Tailandia. Por otra parte, una vez que la inversión está hecha hay
costos permanentes de reparación y mantenimiento, y esos costos son altos, por eso no creo que sea una
solución sustentable”.

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de
                                                                                                            inicio

- Tailandia: firma certificada viola principios del FSC

Dos plantaciones manejadas por la Forest Industry Organisation (FIO, por su sigla en inglés) de Tailandia poseen
actualmente certificados de buen manejo según el sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en
inglés) (ver Boletines N° 48 y 64 del WRM).

Cuando SmartWood, empresa certificadora del FSC, otorgó un certificado a las plantaciones de la FIO en Thong
Pha Phum y Kao Khra Yang en julio 2001, también estableció 26 condiciones que la FIO debía cumplir para
poder mantener el certificado. Al año siguiente, el equipo de auditores de SmartWood determinó que la FIO no
había cumplido cinco de las condiciones y que había cumplido solo “parcialmente” otras siete. Sin embargo, en
vez de revocar el certificado, SmartWood dictó 13 “solicitudes de acción correctiva” (SAC), seis de las cuales
debían cumplirse dentro de los seis meses siguientes.

En enero de 2003, el equipo auditor de SmartWood volvió. Esta vez encontró que la FIO había cumplido con dos
de las SAC pero había cumplido solo “parcialmente” las cuatro restantes. SmartWood dictó seis nuevas SAC que
debían “hacerse efectivas de inmediato”. El informe de auditoría establece: “Si (la FIO) no puede cumplir con las
importantes SAC establecidas, el certificado será suspendido hasta el momento en que la FIO pueda demostrar
su cumplimiento”.

Jeff Hayward, gerente regional de SmartWood para Asia y el Pacífico, explicó que un equipo auditor de
SmartWood estuvo en Tailandia en junio para confirmar si la FIO había cumplido con la última serie de SAC. El
equipo redactará un borrador de informe hacia fines de julio, que será enviado a SmartWood y luego a la FIO
para que haga sus comentarios. Un resumen público del informe estará disponible “esperamos que para
mediados de agosto de 2003”, afirmó Hayward. “También aclararemos si hemos suspendido o cancelado el
certificado”, agregó.

En base a lo sucedido hasta ahora, parece poco probable que SmartWood suspenda o cancele el certificado de
la FIO. Tampoco parece probable que el FSC ejerza algún tipo de presión sobre SmartWood para que lo haga.

Durante una visita a la plantación de la FIO en Thong Pha Phum en enero, el equipo auditor de SmartWood
encontró a un niño de 14 años trabajando en la plantación. Esto viola la Ley de protección del trabajo de 1998 de
Tailandia, que establece que los empleadores no pueden contratar menores de 15 años. Esto también es
violatorio de los Principios y criterios del FSC. El resumen público de SmartWood comenta fríamente: “La
contratación informal de un empleado menor sin la adecuada identificación y detalles de edad oficial estaría fuera
de las políticas de la FIO y los convenios de la OIT”.

En lugar de retirar el certificado, SmartWood emitió una solicitud de acción correctiva, estableciendo que la FIO
debe “cancelar la contratación de cualquier persona menor de 15 años”.

Al mismo tiempo que SmartWood llevaba a cabo su auditoría de la FIO, la Unidad de acreditación del FSC
también se encontraba en Tailandia realizando una auditoría de control de acreditación sobre SmartWood. El
FSC detectó que SmartWood estaba violando varias reglas del FSC.

Como consecuencia, el FSC emitió cinco “solicitudes de acción correctiva” mayores y seis menores, que debían
ser cumplidas “oportunamente”, según afirmó Hubert de Bonafos, funcionario de acreditaciones del FSC.
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El FSC confirmó que el resumen público de SmartWood sobre la FIO presenta “un número de faltas significativas
en cuanto al nivel de cumplimiento de los Principios y Criterios del FSC por parte de la FIO”. En otras palabras,
SmartWood otorgó el certificado a la FIO a pesar de que su manejo de las plantaciones no cumple con los
principios del FSC.

La auditoría del FSC confirmó también que SmartWood otorgó el certificado a la FIO en base a una evaluación
cuyas pautas no cumplen con las disposiciones del FSC. Para poder realizar una evaluación en un país que no
tiene normas nacionales de manejo forestal reconocidas por el FSC, las disposiciones del FSC exigen que la
empresa certificadora elabore una “norma provisoria” para evaluar el manejo forestal.

El FSC solicitó a SmartWood la elaboración de una norma provisoria “a través de un proceso de consulta
adecuado con las partes interesadas”. Fue así que en mayo de 2003 y casi dos años después de haber otorgado
el certificado a la FIO, SmartWood elaboró una norma provisoria para Tailandia.

Resulta difícil comprender que el FSC pueda considerar que ese proceso de consulta sea el “adecuado”. Hubert
de Bonafos, del FSC, afirmó que SmartWood ya ha traducido la norma provisoria para Tailandia “al idioma oficial
nacional”, pero según dice Jeff Hayward de SmartWood: “estamos en proceso de obtener la traducción de este
texto al tailandés”. Al parecer el FSC y SmartWood esperaban que las “partes interesadas” comentaran un
documento de 21 páginas escrito en un idioma extranjero. Hayward confirmó que “los aportes han sido bastante
escasos”.

La norma provisoria de SmartWood para Tailandia es muy similar a sus Pautas Genéricas para la Evaluación del
Manejo Forestal. La sección sobre pueblos indígenas (Principio 3 del FSC) es idéntica, palabra por palabra, a la
sección correspondiente de las Pautas Genéricas de SmartWood. Omite asuntos importantes a los que se
enfrentan los pueblos indígenas tailandeses, como por ejemplo el hecho de que el estado tailandés no reconoce
a muchos de los pueblos indígenas de Tailandia como ciudadanos tailandeses.

En mayo de 2003, Veerawat Dheeraprasert de la ONG tailandesa Foundation for Ecological Recovery
(Fundación para la Recuperación Ambiental) escribió al FSC. Veerawat explicó que la FIO viola la Veda al
Madereo de 1989 y la Constitución de 1997. “El informe de SmartWood contiene un número de fallas y omisiones
que revelan los numerosos problemas que rodean la certificación por parte de SmartWood de las dos áreas de
plantaciones de teca”, escribió Veerawat. Concluyó su carta exigiendo que “el FSC cancele la certificación de la
FIO, con efecto inmediato en las dos plantaciones, para evitar así que la FIO siga destruyendo el ecosistema, la
cultura, la economía y los medios de vida locales”.

Dos semanas más tarde, Hubert de Bonafos del FSC respondió a Veerawat. En vez de contestar la solicitud de
Veerawat de cancelación del certificado, de Bonafos agradeció a Veerawat y a su organización por su “positiva
contribución al proceso de control del FSC”.

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de
                                                                                                             inicio

OCEANIA

- Aotearoa/Nueva Zelanda: fumigan gente para proteger monocultivos de árboles

Dos pequeñas polillas están siendo motivo de una confrontación social y ambiental en Nueva Zelanda. En West
Auckland, la gente y el medio ambiente están siendo sometidos a la fumigación aérea con peligrosos productos
químicos con el objetivo de proteger las plantaciones de pino contra el ataque de una polilla (Teia anartoides). En
South Auckland, las plantaciones de eucalipto están sufriendo el ataque de otra polilla (Uraba lugens) y todavía
se desconoce si allí se aplicará el control químico para enfrentarla.

El pino radiata y el eucalipto son árboles exóticos en Aotearoa y también son exóticas las dos polillas cuyos
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gusanos hoy se comen activamente sus hojas. Lo que está sucediendo ahora había sido previsto hace varios
años cuando el WRM publicó “El papel del Sur”. En aquel momento habíamos afirmado que “La homogeneidad
de estas grandes plantaciones constituye un serio problema para la propia plantación. La gran ventaja inicial de
las especies exóticas (la inexistencia de una fauna local a la que sirva de alimento), se puede convertir en su
talón de Aquiles a largo plazo, en la medida en que comiencen a aparecer predadores adaptados a dichas
especies. En ese caso, el desierto alimenticio se convierte súbitamente en un festín para una especie, que podrá
desarrollarse exponencialmente y llegar a dañar seriamente o incluso aniquilar a la plantación".

También hubo advertencias en la propia Nueva Zelanda. En 1994, el activista e investigador local Grant
Rosoman publicó "The Plantation Effect" (El efecto de las plantaciones) y en referencia a la vulnerabilidad
intrínseca de las plantaciones de monocultivos de árboles afirmó que "la incertidumbre mayor de la invasión de
plagas y enfermedades no es SI sucederá sino CUÁNDO sucederá".

Ahora se ha confirmado la invasión prevista de estas plagas, pero el precio no lo pagan las compañías
plantadoras de árboles --que causaron el problema-- sino el pueblo de Nueva Zelanda. Su salud es parte del
precio a pagar, e incluso se les ha negado información detallada sobre las sustancias con las cuales están
siendo rociados. Si bien conocen el nombre del producto (Foray 48B), el fabricante se niega a divulgar sus
componentes. En el extranjero se ha determinado que algunos de estos productos contienen tolueno, parabenos,
ácido sulfúrico, ácido fosfórico, hidróxido de sodio (lejía) y una larga lista de otras sustancias potencialmente
nocivas o carcinógenas. Al mismo tiempo, los impuestos que pagan los pobladores se utilizan para instrumentar
el programa de fumigación.

Los pobladores de West Auckland están reaccionando cada vez más contra la fumigación con químicos. Han
formado su propia organización, Pobladores de West Auckland contra la Fumigación Aérea (WASP - West
Aucklanders Against Aerial Spraying) y han realizado varias acciones contra el programa de control del gobierno.
Afirman que la polilla “ya ha costado a los contribuyentes más de 23 millones de dólares y ahora el gobierno
pretende gastar 90 millones más. La única amenaza potencial parece estar dirigida contra los monocultivos de
árboles clonados de pino transgénico de la industria forestal. Preguntamos ¿por qué los pobladores de West
Auckland debemos pagar para proteger la explotación forestal privada?”. Sin duda, una muy buena pregunta.

Artículo basado en información obtenida de: One News. "City at war: Battle over aerial raids", 19/12/02 (
http://onenews.nzoom.com/onenews_detail/0,1227,156946-1-7,00.html ) ; One News " Skeletoniser upsets
foresters", 27/2/03 ( http://onenews.nzoom.com/onenews_detail/0,1227,171566-1-7,00.html ) Grey Lynn News.
"Aerial spraying a health risk" ( http://www.geocities.com/grey44nz/moth.htm ); Rosoman, Grant.- The Plantation
Effect. An Ecoforestry Review of the Environmental Effects of Exotic Monoculture Tree Plantations in
Aotearoa/New Zealand. Greenpeace, 1994; Carrere, R and Lohmann, L.- El papel del Sur. Plantaciones
forestales en la estrategia papelera internacional. México, RMALC, ITeM, 1997.
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                                       LOS ARCHIVOS DEL CARBONO

- Banco Asiático de Desarrollo se une al Banco Mundial en la promoción de proyectos de sumideros de
carbono a escala industrial en el sur

A veces hay que tener muchas piezas pequeñas para poder reconocer la figura completa. En el caso del
prolongado debate sobre los beneficios o desventajas de los proyectos de sumideros de carbono asociados al
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, muchos todavía quieren visualizarlos como la
fuente de financiación largamente esperada para proyectos en pequeña escala de restauración de bosques
dirigidos por la comunidad. Pero la información recientemente publicada sobre estudios de factibilidad realizados
por Japanese Sumitomo Forestry y sobre la participación del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas
en inglés) en la promoción de proyectos de sumideros de carbono en Indonesia, brindan más indicios sobre cuál
será la oferta del futuro mercado de sumideros: créditos de carbono generados por plantaciones industriales de
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monocultivo de árboles. Y si los comentarios del Ministro de Industrias Primarias malayo, el Sr. Lim, durante su
reciente gira por Europa son una muestra de lo que se está discutiendo, entonces la financiación de proyectos de
carbono del MDL podría subsidiar no sólo plantaciones industriales de eucaliptos (como el proyecto PCF Plantar
del Banco Mundial en Brasil), sino también la expansión de las plantaciones de palma aceitera en el sudeste
asiático.

Financiada por el Fondo Canadiense de Cooperación para el Cambio Climático, la “asistencia técnica” del Banco
Asiático de Desarrollo al gobierno indonesio incluirá “un documento de posición sobre los proyectos de captura
de carbono del MDL en Indonesia para su discusión en la COP9” y dos proyectos piloto de sumideros de
carbono. La COP9 (Novena Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático) tendrá que
tomar una decisión sobre las reglas para los proyectos de sumideros de carbono que propongan obtener créditos
a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Todavía hay muchos puntos de desacuerdo entre los gobiernos
sobre la forma de estas reglas, y la financiación del proyecto del ADB por parte del gobierno canadiense llama a
preguntarse qué tan “puramente técnica” será esa asistencia. Esta misma pregunta surge con más fuerza de los
“Términos de referencia para consultores”, que establecen que los consultores deben asegurar que “el resultado
del inventario del uso de la tierra y el modelado de LULUCF [uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y
silvicultura, según sigla en inglés] estén en conformidad con la Asistencia Técnica”.

Pero Indonesia no es el único país en que el ADB está promoviendo el comercio de créditos de sumideros
climáticamente inútiles (ver http://www.sinkswatch.org y http://www.wrm.org.uy/actors/CCC/index.html para una
crítica detallada de las deficiencias del comercio de créditos de sumideros de carbono). En Laos, el ADB contrató
a la consultora en carbono Ecosecurities para evaluar si las plantaciones financiadas por el ADB en Laos eran
elegibles para el MDL del Protocolo de Kyoto. Ecosecurities es una gran elaboradora de proyectos para el MDL,
y participó en el diseño del proyecto Plantar en Brasil. Esta decisión de contratar a una de las mayores
consultoras que proveen servicios esenciales para los proyectos de sumideros de carbono del MDL plantea un
tema de conflicto de intereses: contratar a alguien comercialmente involucrado en la inclusión de proyectos
forestales en el marco del MDL para asesorar al ADB sobre la factibilidad de proyectos de sumideros para el
MDL en Laos es como preguntarle a un vendedor de productos lácteos si tomar leche es saludable.

Y además está la historia de las plantaciones financiadas por el ADB en Laos, que han reemplazado bosques
naturales por monocultivos de eucalipto para la producción de astillas de madera, contribuyendo mediante su
asesoría e instrumentación de políticas a la liberación de carbono a la atmósfera. Mientras el ADB alega que la
plantación fue realizada solamente en tierras “degradadas”, la realidad es que el ADB ha estado financiando el
reemplazo de bosques comunitarios locales, campos agrícolas, pasturas y tierras comunales por plantaciones de
monocultivos de eucaliptos (ver también Boletín Nº 68 de WRM “Laos: Secretos, mentiras y plantaciones
forestales”).

En el caso de Indonesia, el ADB describe el 12% de los 108 millones de hectáreas de bosques del país como
“actualmente ocioso e improductivo” y como “áreas potenciales para la captura de carbono mediante forestación
según el MDL”. El volumen potencial de créditos que podría generarse es enorme, tanto como el peligro de que
estas tierras no sean ni “ociosas” ni “improductivas” desde el punto de vista de la población local.

Esas cifras, sumadas a los antecedentes del ADB en la promoción de plantaciones industriales de árboles en
toda Asia y el vivo interés en estas iniciativas mostrado por los gobiernos de Japón y Canadá (ambos firmes
partidarios de la mayor apertura del Protocolo de Kyoto a los sumideros de carbono) no son un buen presagio
para quienes visualizan al MDL como fuente de proyectos en pequeña escala de restauración de bosques
dirigidos por la comunidad.

Por: Jutta Kill, SinksWatch, correo electrónico: jutta@fern.org ; http://www.sinkswatch.org

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- Plantar: la saga continúa

¿Qué tiene de malo que una compañía quiera obtener un sello verde que certifique su “manejo forestal
sustentable” y créditos por plantar árboles que ayuden a limpiar de carbono la atmósfera? Potencialmente
mucho, en especial si se tiene en cuenta que ambas pretensiones son bastante dudosas, tal como lo indica la
cobertura del Boletín del WRM sobre la compañía brasileña Plantar S.A. Y resulta todavía más problemático si
una compañía, al verse enfrentada a críticas a su proyecto de sumideros de carbono, recurre a tácticas como la
distorsión de los hechos para desacreditar a sus críticos.

Y una vez más Plantar sirve como ejemplo: en una carta a potenciales compradores de créditos “de carbono”, la
compañía afirmó que una carta elaborada por la sociedad civil brasileña con fecha 26 de marzo de 2003 (que
criticaba la pronosticada venta de créditos “de carbono” por parte de Plantar) incluía firmas que habían sido
agregadas a la carta sin informar a los firmantes. Esta afirmación fue repetida sin cuestionar su veracidad en
conferencias públicas en Europa por la gerencia del Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial (PCF, por
sus siglas en inglés), bajo cuyo auspicio se venderán los créditos “de carbono” de Plantar.

Esa es una afirmación sumamente grave, dirigida claramente a manchar la reputación de quienes levantan su
voz contra las actividades de la compañía. La afirmación es falsa, y una simple comparación de los nombres
mencionados en las diferentes cartas hubiera revelado la falsedad de la acusación de la compañía. Dado el
impacto que produjo la repetición de estas afirmaciones falsas por un funcionario de alta jerarquía del Banco
Mundial sobre la credibilidad de los firmantes, 77 grupos brasileños han exigido recientemente una disculpa por
escrito y la corrección pública de los hechos por parte de la gerencia del PCF.

Aún está por verse qué aprenderá el PCF de este episodio y de la recientemente anunciada investigación sobre
las “Afirmaciones de las ONGs manifestadas en las cartas de la sociedad civil”. Para SinksWatch, la repetición
sin cuestionamientos de información de la compañía genera ciertamente más preguntas sobre el escrutinio que
el PCF aplica a la información de proyectos que recibe de los proponentes. Siguiendo el enfoque del PCF de
“aprender haciendo”, SinksWatch ha “aprendido” que los créditos de carbono del proyecto Plantar no están
“haciendo nada” para ayudar a evitar el peligroso cambio climático y sí están incrementando las privaciones de la
población local. La lección obtenida: ningún crédito de carbono de Plantar es un buen crédito de carbono.

Por: Jutta Kill, SinksWatch, correo electrónico: jutta@fern.org ; http://www.sinkswatch.org
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