PROCURADURIA QUINTA DELEGADA - DOC by uQBIswFR

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									                   PROCURADURIA QUINTA DELEGADA
                     ANTE EL CONSEJO DE ESTADO


Bogotá, D. C., 25 de mayo de 2005




Doctor
ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ
Consejero Ponente. Sección Tercera
CONSEJO DE ESTADO
E.            S.            D.



              REF.:            Concepto           05-73.          Expediente
              25000232600019990015701-28671.          Caja    Promotora  de
              Vivienda Militar Vs. Sociedad Altanare Ltda..

Honorable señor Consejero:


El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de
Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes en
contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que acogió parcialmente sus pretensiones, razón por la cual
esta agencia del Ministerio Público, en su condición de sujeto procesal,
interviene para emitir concepto de fondo, en los siguientes términos:


1. La Caja Promotora de Vivienda Familiar y la Sociedad Altanare Ltda.
demandan, recíprocamente, la liquidación del contrato No. 026 de 1994 y de
sus adicionales 001/95, 001/96 y 002/96, y que se condene a la demandada
(en cada uno de los libelos) al pago de las sumas de dinero que arroje dicha
liquidación a favor de la parte actora.


2. La Sociedad Altanare Ltda. manifestó su aquiescencia con la liquidación
del contrato sin embargo considera que fue la Caja Promotora de Vivienda



                                                               5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                     Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                 Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                       Vs. Sociedad Altanare Ltda..



Militar quien incumplió las obligaciones del convenio y por ello solicita le sea
ordenado el pago de las sumas de dinero que le adeuda.


La Caja Promotora de Vivienda Militar se manifestó expresamente respecto
de todos y cada uno de los hechos y pretensiones de la demanda
concluyendo que Altanare es quien debe a la Caja una suma de dinero por el
incumplimiento de los términos propuestos en el contrato.


3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró liquidado el contrato
No. 026 de 1994 y sus adicionales suscrito entre la Caja Promotora de
Vivienda Militar y la Sociedad Antanare Ltda. y como consecuencia ordenó a
ésta última pagar a la primera la suma de $627.835.973, cantidad que resultó
de efectuar la compensación entre los incumplimientos mutuos en que
incurrieron las contratantes.


4. Inconformes con esta decisión las partes la apelaron en el siguiente orden:


a. La Sociedad Altanare Ltda. para que se revoque y en su lugar se profiera
sentencia favorable a sus pretensiones por cuanto analizado minuciosamente
el material probatorio allegado al proceso se evidencia que la contratante
rechazó un gran número de la viviendas entregadas cuando su deber era
aceptarlas y adjudicarlas a sus afiliados previa su promoción, situación que
impidió que Altanare obtuviera recursos para pagar el lote de terreno
permutado inicialmente, y que es precisamente el mayor incumplimiento de la
Caja pues es evidente que no consiguió el suficiente número de compradores
para las viviendas entregadas por la constructora.


b. La Caja Promotora de Vivienda Militar por considerar que “Altanare Ltda.
debe restituir … cuando menos la suma de SEIS MIL TREINTA Y CINCO
MILLONES CON VEINTRES MIL VEINTE PESOS por lo que solicita que la
suma a devolver sea revaluada en esta instancia.




                                       2                         5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                       Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                   Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                         Vs. Sociedad Altanare Ltda..



                                EL CONCEPTO


La Procuraduría Quinta Delegada comparte la decisión de decretar la
liquidación del contrato tomada por el juzgador de la primera instancia, más
no así con el monto que para cada una de las partes dedujo, razón por la
cual solicita a la H. Sala la modificación del fallo recurrido, previas las
siguientes consideraciones:


1. De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 353 de 11 de febrero de
1994, la Caja Promotora de Vivienda Popular tiene como objeto, “facilitar a
sus afiliados y vinculados por contrato de prestación de servicios, la adquisición
de vivienda propia, mediante la realización de todas las operaciones del
mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y
administración del ahorro de sus afiliados y vinculados, y el desarrollo de las
actividades administrativas, técnicas y financieras que sean indispensables
para el mismo efecto”. (Artículo 1º)

Precisamente en ejercicio de este objeto, el 6 de mayo de 1994 la Caja
convocó a la licitación pública No. 002-CPVM-94, con el objeto de permutar
un lote de terreno de su propiedad ubicado en el municipio de Soacha por
cuotas iniciales de viviendas para Suboficiales y Agentes, en un número de
1.425.


Agotado el proceso licitatorio se adjudicó el contrato a la firma Altanare Ltda.,
quien ofreció pagar $3.600.000.000 por el lote y presentó un total de 1425
soluciones de vivienda.


En el clausulado contractual se acordó, entre otras cosas, que en el evento
en que el número de viviendas finalmente compradas por los afiliados a la
Caja fuere inferior al propuesto, la diferencia se convendría “en condiciones
de venta, permuta o situación similar”; que el valor del predio, de
$3.600.000.000, se imputaba a “parte del número de cuotas iniciales de igual
número de viviendas para las categorías sub oficial y/o agente”, habiéndose

                                        3                          5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                     Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                 Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                       Vs. Sociedad Altanare Ltda..



seleccionado al momento de suscripción del contrato 518 viviendas, que
serían sometidas a consideración de los afiliados, debiendo entonces el
contratista presentar más soluciones de vivienda hasta completar el número
ofertado, “pudiendo presentar una o más alternativas”, dentro del plazo del
contrato que lo fue de seis (6) meses contados a partir de su
perfeccionamiento, suscrito el 11 de noviembre de 1994; que la tradición del
inmueble permutado se haría cuando se demostrara el cumplimiento del 40%
de avance de las obras.


Entonces, de conformidad con la cláusula quinta del referido contrato 026-94,
el valor del terreno permutado hace parte de la cuota inicial de las viviendas
en suma equivalente a $2.526.315.73 que multiplicada por 1.425 arroja un
total de $3.600.000.000 que es el valor del lote permutado.


Sin embargo, no obstante haberse licitado la permuta de 1.425 viviendas, al
momento de suscribir el contrato 026/94, como se anunció, la Caja
Promotora de Vivienda Militar al efectuar un estudio de demanda encontró
que no todas ellas tuvieron aceptación razón por la cual, haciendo uso de la
facultad de negociación contenida en el pliego de condiciones decidió
aceptar, en esta oportunidad, únicamente 518 viviendas: 254 categoría
suboficial y 264 categoría agente, estableciendo igualmente que a la
legalización del contrato la CPV haría entrega de $2.599.200.000 que
corresponden al 30% del valor de las 518 viviendas, dejando al contratista la
posibilidad de presentar alternativas de vivienda hasta completar la cantidad
de 1425 establecidas en el pliego de condiciones.


Más adelante, el 5 de mayo de 1995 se suscribió el contrato adicional No.
001/95 con el objeto de “adicionar” el anterior en 450 soluciones de vivienda
ubicadas en el Proyecto Alcázares de Suba de las 840 presentadas por la
sociedad ALTANARE LTDA., las cuales debían ser entregadas a más tardar
dentro de los catorce meses siguientes a la vigencia del convenio, frente a
las que además de aplicar el criterio expuesto en el contrato 026/84 relativo a



                                      4                          5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                    Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                      Vs. Sociedad Altanare Ltda..



la cuota inicial se estableció el pago de $2.928.150.000 equivalente al 30%
del valor de las viviendas.


Finalmente, el 29 de noviembre de 1996 mediante el adicional 002/96 se
pactó adquirir 164 viviendas en el mismo proyecto urbanístico, las cuales
debían ser entregadas parcialmente entre el 15 de agosto y el 15 de
diciembre de 1997, estableciéndose expresamente en la cláusula SEGUNDA
que “LA CAJA recibe las viviendas como pago del saldo adeudado por la
sociedad ALTANARE LTDA., que de conformidad con la preliquidación
realizada por LA CAJA ascienda a la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. ($4.250.790.292)…” , sin embargo la
sociedad ALTANARE LTDA., no entregó ninguna de las viviendas
contempladas en este pacto.


En resumen:


 Contrato     Categoría   Proyect     No.      Vr. Cuota inicial    Vr. Anticipo
                             o      Viviend    a descontar del      equivalente
                                      as       valor del predio      al 30% del
                                                                    valor de las
                                                                     viviendas
026/94                              518       1.308.631.579,2      2.599.200.00
                                              2                    0
             Suboficial   Monterr 179
                          ey
             Suboficial   Toscaza 75
             Agente       Villa   264
                          Sofía
                                              ($2.526.315,79
                                              c/u)
Adicional    Suboficial   Alcázar 450         1.136.842.106        2.928.500.00
01/95                     es    de                                 0
                          Suba

A su vez, el 6 de diciembre de 1996 cuando la sociedad ALTANARE recibió
real y materialmente el lote de terreno Inducentro, objeto de permuta a través
del contrato 026/94, de conformidad con la Escritura Pública 5254, abonó a la


                                      5                         5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                      Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                  Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                        Vs. Sociedad Altanare Ltda..



Caja   Promotora      de   Vivienda   Militar   la   suma   de    $1.800.000.000
correspondiente al 50% del valor total del mismo. (anexos 10 y 20 cdno. 11).


Mediante orden de pago 28162 de 6 de diciembre de 1994 la Caja Promotora
de Vivienda Militar canceló a la sociedad ALTANARE el anticipo pactado en
el contrato de permuta 026/94 mediante cheque 3521351 del Banco Cafetero
correspondiente al 30% del valor de las viviendas por $2.599.200.000; y a
través de la orden de pago 30754 de 16 de mayo de 1995 hizo lo propio
respecto del anticipo pactado en el contrato adicional 01/95 mediante cheque
4638103 del Banco Ganadero por $2.928.150.000, sumas que provienen del
subsidio, cesantías y ahorros de los afiliados. (anexos 14 y 17 del dictamen
pericial. cdno. 11); es decir que a título de anticipo la sociedad ALTANARE
recibió la suma de $5.527.350.000.
Así, de conformidad con el anexo 12 del dictamen pericial se tiene que en
total la firma constructora entregó 549 soluciones de vivienda de las 968
pactadas en el contrato 026/94 y su adicional 001/95. (fl. 42 cdno. 11).


Mientras que la Caja giró a la constructora en total la suma de $___, así:
Pues bien, de conformidad con el material probatorio hasta aquí reseñado, se
observa que se licitó y pactó un contrato de permuta en el que la Caja
Promotora de Vivienda Promotora de Vivienda Militar entregaba a Altanare
Ltda., un lote avaluado en $3.600.000.000, con el cual cancelaba el valor de
la cuota inicial del valor de cada una de las viviendas realmente compradas
por los beneficiarios de la Caja, mientras que la constructora se comprometía
a entregar las mencionadas soluciones de vivienda, previa aprobación de la
Entidad y manifestación de intención seria de compra por parte de los sub
oficiales o de los agentes destinatarios. Adicionalmente, la Caja giraría, para
abonar al pago de cada vivienda, el valor de los ahorros, cesantías, subsidio
de vivienda, etc., que cada afiliado tuviera a su favor, y el saldo sería cubierto
con la subrogación parcial que hiciera cada comprador del crédito obtenido
por Altanare Ltda..




                                        6                         5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                     Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                 Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                       Vs. Sociedad Altanare Ltda..



Quedando también claro que la Caja Promotora de Vivienda Militar jamás se
comprometió a cumplir con una obligación de resultado frente a la compra de
las soluciones de vivienda que pusiera a su consideración Altanare, pues –se
reitera- para que la constructora vendiera los inmuebles debía someterse a
que en primer término sus ofertas fueran aprobadas por la Entidad, luego de
lo cual las promocionaba entre los afiliados a la Caja, quienes libremente
podían decidir si las adquirían o no, y finalmente era Altanare Ltda., como
titular del crédito hipotecario del cual era deudor, quien debía adelantar la
subrogación parcial del crédito en el afiliado; por lo que, en criterio del
Ministerio Público, la queja permanente de Altanare Ltda., por sentirse
defraudado ante la no compra de un gran número de las viviendas ofertadas,
y luego de las aprobadas, carece de razón.


Ahora, como ambas partes acudieron a la jurisdicción en procura de obtener
la liquidación del contrato existente entre ellas, necesario es cruzar ahora la
totalidad de cuentas para determinar los abonos, moras, ajustes de precios y
reconocimientos a que haya lugar, respecto del contrato inicial y sus
adicionales, pues se trata de una sola negociación, a fin de colegir si existen
saldos insolutos, como que es este el acto a través del cual se finiquita la
relación negocial cuya ejecución terminó desde 1998; pues tal como lo ha
señalado esa Corporación:


     “La liquidación es una operación administrativa que sobreviene a
     la finalización normal o anormal del contrato, con el propósito de
     establecer de modo definitivo cuál de las partes contractuales es
     deudora, cuál acreedora y en qué suma exacta. La ley 80 de 1993
     establece que los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos
     cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y “los
     demás que lo requieran”, serán objeto de liquidación de común
     acuerdo por las partes dentro del término fijado en el pliego, en los
     términos de referencia, en el contrato o, en su defecto, dentro de
     los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato “o a la
     expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a
     la fecha del acuerdo que la disponga” (art. 60). Prevé, igualmente,
     que si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no
     llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, se hará
     mediante acto de la Administración contratante (art. 61). La
     liquidación unilateral del contrato debe producirse, en principio,

                                      7                          5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                     Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                 Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                       Vs. Sociedad Altanare Ltda..



     dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término de
     cuatro previsto para la liquidación conjunta y “si la administración
     no efectúa la liquidación unilateral tal como se viene comentando,
     el contratista deberá acudir ante el órgano jurisdiccional para que
     se realice la liquidación del contrato por vía judicial”. La Sala ha
     precisado que el vencimiento de los términos previstos para que
     proceda la liquidación bilateral o unilateral, no excluye la
     posibilidad de que la liquidación finalmente se concrete por una u
     otra vía, siempre que no se haya demandado la liquidación judicial
     mediante el ejercicio de la acción pertinente y se haya producido la
     notificación del auto admisorio de la demanda o, en el evento de
     no haberse ejercido la acción, cuando no se haya cumplido el
     término de caducidad. De lo anterior se infiere lo siguiente: - Los
     términos previstos en la ley para realizar la liquidación bilateral o
     unilateral son indicativos y no preclusivos o perentorios. -No es
     requisito esencial de la liquidación judicial, el agotamiento previo
     de tales plazos puesto que la ley simplemente consagró unas
     facultades para los co-contratantes y para la Administración, que
     pueden ser ejercitadas dentro de unos términos o por fuera de
     ellos, bajo los límites ya señalados. - Cuando no se ha realizado la
     liquidación bilateral o unilateral del contrato es procedente la
     liquidación judicial, siempre que se pida expresamente en la
     demanda y ésta se formule dentro del término legal.” (Sentencia
     0031 del 02/05/02. Consejero Ponente: Dr. GERMÁN
     RODRÍGUEZ VILLAMIZAR. Actor: ESGAMO LTDA.)

Y, en el presente evento lo cierto es que si bien la Administración trató de
cumplir con su deber de liquidar el contrato con la firma constructora, bien
prontamente revocó su propio acto debido a su creencia de que el cruce de
cuentas se haría de manera bilateral y consensuada, para, a pesar de no
haber perdido la potestad de hacerlo, luego acudir a la jurisdicción de lo
contencioso para que subsanara su yerro.


Pero, a pesar del anterior incumplimiento del deber funcional, es lo cierto que
ahora corresponde al juzgador administrativo realizar tal cruce de cuentas
con la finalidad ya mencionada.


Así, el Ministerio Público, con base en el material probatorio allegado,
considera que la Firma ALTANARE LTDA. adeuda a la Caja Promotora de
Vivienda Militar las siguientes sumas de dinero por los conceptos que a
continuación de relacionan:

                                      8                          5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                     Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                 Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                       Vs. Sociedad Altanare Ltda..




1. Excedente del precio del lote permutado, el cual resulta de tomar el valor
inicial del terreno descontarle el abono efectuado por la contratista en virtud
de lo establecido en la cláusula séptima de la escritura pública 5254 (anexo
22 cdno. 11) y deducir las sumas por concepto de cuota inicial de las
viviendas que efectivamente entregó, teniendo en cuenta que el valor del
terreno no solamente cubría la parte de las cuotas iniciales de las viviendas
incluidas en el contrato 026/94 sino que también abarca las contempladas en
su adicional 001/95, pues, como se dijo antes tanto el contrato inicial como el
adicional conforman una sola negociación, advertencia esta que no tuvo en
cuenta el a quo y que lo llevó a dejar de descontar el valor de la cuota inicial
del referido contrato adicional 001/95, esto es la que se imputa a 310
soluciones de vivienda vendidas, así:


Valor inicial                           3.600.000.000
Abono 5 diciembre de 1996              -1.800.000.000
Cuota Inicial de Viviendas construidas
Contrato 026/94 (228)                    - 576.000.000
Adicional 001/95 (321)                   - 810.947.370
Total                                          $ 413.052.630

Ahora, tal suma habrá de actualizarse desde el 5 de diciembre de 1996,
cuando Altanare Ltda. recibió real y materialmente el inmueble, hasta el
momento en que se cumpla con la restitución a efectos de que mantenga la
capacidad adquisitiva; y, además también habrá de hacerse la liquidación de
los intereses señalados en el inciso segundo del numeral 8º del artículo 4º de
la Ley 80 de 1993 causados a partir del término señalado en la cláusula
quinta, parágrafo segundo del contrato 026/94, teniendo en cuenta que la
obligación debió cumplirse máximo dos meses después de vencido el plazo
contractual.


2. Frente a los anticipos pagados por la Caja Promotora de Vivienda Militar
tenemos:




                                        9                        5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                     Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                 Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                       Vs. Sociedad Altanare Ltda..



En el Contrato 026/94 se entregó un Anticipo de $2.599.200.000, de los
cuales se ejecutó:


Categoría   Proyecto   Viviendas        Precio        Viviendas    Anticipo
                        proyect.                      entregada    utilizado
Suboficial Monterrey         179       18.000.000              0
Suboficial Toscana            75       18.000.000             42 226.800.000
Agente     Villa Sofía       264       15.500.000            186 864.900.000

De donde se tiene que le quedó un saldo a favor de la Caja de
$1.507.500.000, sin que exista constancia de devolución de esta suma.


Por cuenta del Contrato adicional 001/95 la Caja entregó un Anticipo de
$2.928.150.000, de los cuales se utilizó:


Categoría   Proyecto Viviendas         Precio    Viviendas    Anticipo
                      proyect.                   entregada    utilizado
Suboficial Alcázares       450        21.690.000       321 2.088.747.000
           de Suba

Lo que indica que a favor de la Caja quedó un saldo de $839.403.000.


De manera que corresponde a la sociedad ALTANARE reembolsar a la Caja
Promotora de Vivienda Militar por concepto de anticipo no invertido en los
proyectos ofrecidos las sumas de: $1.507.500.000 (contrato 026/94) y
$839.403.000 (adicional 001/95), actualizados a partir de la fecha en que de
conformidad con las cláusulas de los correspondientes contratos debió
hacerse efectiva la entrega de los inmuebles, esto es: 11 de enero de 1996 y
5 de julio de 1996, respectivamente; reconociendo los intereses que
conforme a lo señalado en el inciso segundo del numeral 8º del artículo 4º de
la Ley 80 de 1993.


3. Ahora, la valoración integral del material probatorio allegado al proceso
también arroja un remanente a favor de la contratista ALTANARE LTDA, así:




                                      10                         5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                     Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                 Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                       Vs. Sociedad Altanare Ltda..



- Mora en el giro de anticipos: De conformidad con la cláusula quinta del
contrato 026/94 y tercera del adicional 01/95 los anticipos debían ser girados
a la legalización de dichos contratos, sin embargo verificadas las órdenes de
pago se advierte que frente al primero se presenta una mora de 24 días por
cuanto debiéndose girar el 11 de noviembre el pago se efectuó el 6 de
diciembre de 1994; y, frente al adicional una mora de 11 días pues el pagó se
efectuó el 16 de mayo de 1995 cuando debió realizarse el 5 de ese mes, de
manera que frente a esta tardanza en el pago de los anticipos procede
reconocimiento de intereses moratorios por estos periodos con base en lo
dispuesto por el inciso segundo del numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de
1993.


Sin embargo, no comparte esta Delegada la posición del juzgador de la
primera instancia conforme a la cual ordenó el reconocimiento por mayor
inversión en tierra en que debió incurrir la sociedad ALTANARE para la
construcción de las viviendas contempladas en el contrato adicional 01/95
toda vez que debió adquirir un terreno apto para la construcción de 840
soluciones de vivienda y la Caja únicamente optó por 450, reconociendo el
pago de $1.537.342.858; pues de conformidad con lo establecido en el
acápite final del parágrafo primero de la cláusula primera del contrato 026/94
el contratista podía presentar alternativas de vivienda hasta completar las
1.425 inicialmente establecidas, pero que en todo caso tales propuestas
debían “llevar la aprobación previa de selección por parte de LA CAJA,
ser aceptadas por los afiliados y deberán ajustarse a las condiciones
técnicas,   económicas    financieras    establecidas    en   los   Pliegos     de
Condiciones”, de manera que el hecho de poner a consideración de la Caja
Promotora de Vivienda Militar alternativas de vivienda no le imponía a esta
última la obligación de adquirirlas, pues ello simplemente le otorgaba a la
constructora una expectativa de que su proyecto fuere aceptado, y luego
sometida a consideración de los potenciales compradores, de manera que la
condena impuesta por este concepto, a juicio de esta Procuraduría, merece
revocarse para en su lugar denegar esta pretensión.



                                        11                       5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                      Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                  Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                        Vs. Sociedad Altanare Ltda..



- Mora en la subrogación de los créditos no es imputable a la Caja pues
expresamente en el contrato en la cláusula séptima numeral 20 y desde el
propio pliego de condiciones, se estipuló que esta obligación debía ser
cumplida por el oferente y/o contratista.

     “SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA …
     20. Coordinar las diligencias y trámites pertinentes para lograr la
     subrogación del crédito obtenido por EL CONTRATISTA
     CONSTRUCTOR con la Corporación, concerniente con cada una
     de las viviendas objeto de la permuta”

Como no podía ser de otra forma, habida cuenta que siendo ALTANARE
LTDA. quien debía adquirir el crédito hipotecario, es lógico que era esta
constructora quien debía gestionar que los compradores lo subrogaran
parcialmente en el mismo, como que ella era parte en esa transacción; sin
que ello fuera óbice para que como se contempló en el clausulado
contractual la Caja contribuyera como coordinador por ser el agente o sub
oficial promitente comprador su afiliado lo que posibilitaba el contacto, pero
realmente la carga obligacional era de ALTANARE y bajo esta propuesta
contenida en el pliego de condiciones fue que decidió contratar, no siendo
oportuno que ahora pretenda cambiar aquella realidad.


En consecuencia, el Ministerio Público considera que la sentencia apelada
merece ser modificada en el sentido de revocar el reconocimiento de la suma
de $1.178.710.256 por este concepto a favor de la firma ALTANARE



Igualmente considera esta Delegada improcedente la condena impuesta por
incremento en el costo de materiales, pues esta pretensión se encuentra
satisfecha con el pago de los intereses moratorios por la tardanza en el
desembolso de los anticipos pues es precisamente éste el argumento que
esgrimió ALTANARE en la reclamación que hiciera ante la Caja para
fundamentar el presunto aumento que sufrieron los precios de los materiales
durante el tiempo que demoró en desembolsar dichas sumas de dinero, lo
que le causó un aumento en los costos en suma de $717.957.119, de
manera que la sentencia apelada en este sentido merece revocatoria.

                                       12                         5ª CdeE/LJBB/NAPN
                                      Expediente 25000232600019990015701-28671
                                                  Caja Promotora de Vivienda Militar
                                                        Vs. Sociedad Altanare Ltda..




En conclusión la Caja Promotora de Vivienda Militar adeuda, por este
concepto, a la sociedad ALTANARE únicamente los intereses por la mora
(inciso segundo del numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993).


4. Así, en criterio de esta Delegada, la liquidación final deberá reconocer los
siguientes ítems:


ALTANARE DEBE A LA CPVM                    CPVM DEBE A ALTANARE
   -   Excedente     del    valor   del        -   Intereses moratorios por el
       terreno permutado                           retraso en el giro de anticipos.
   -   Anticipos no invertidos
   -   Indexación    de    las   sumas
       anteriores
   -   Intereses moratorios




Y, en tal sentido se reitera nuestra solicitud de modificar el fallo impugnado.


Del señor Consejero, respetuosamente,




                   LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ B.
          Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado




                                          13                        5ª CdeE/LJBB/NAPN

								
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