CORTE SUPREMA DE JUSTICIA by GvYj9Iw

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									 República de Colombia




Corte Suprema de Justicia




                    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

                     SALA DE CASACIÓN LABORAL

           Magistrado Ponente: CARLOS ISAAC NADER




ACTA No. 97

RADICACIÓN No. 23302




Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil cuatro

(2004).




Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto

por   el    apoderado       de   CLAUDIO   JOSE    VEGA   OJEDA,

HUMBERTO          CAMARGO        CORTES,   JESUS   HELI   PINZON

CAMARGO,           JOSE     ANTONIO    GONZALEZ      BUSTOS    Y

HERLINDA MARTINEZ RAMIREZ contra la sentencia del 20 de

noviembre de 2003 proferida por el Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario

seguido por los recurrentes a la EMPRESA DE LICORES DE

CUNDINAMARCA.
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                            I. ANTECEDENTES




1. Los demandantes promovieron el proceso con el fin de

obtener el reconocimiento y pago de los viáticos de que tratan

los artículos 11 y 75 de la convención colectiva de trabajo y el

monto de los pasajes aéreos utilizados, por haber participado

en diversos certámenes de interés sindical; la reliquidación de

las prestaciones sociales legales y extralegales; indexación;

intereses de mora y salarios moratorios.




2. Fundamentaron sus pretensiones en los siguientes hechos y

omisiones, extraídos del libelo: 1) Son miembros de la Junta

Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores               de las

Empresas Licoreras, Fábricas e Industri as de Licores de

Colombia, Subdirectiva Cundinamarca y beneficiarios de la

convención colectiva suscrita entre dicha organización sindical

y el ente demandado, en particular la cláusula que contempla

el pago de viáticos sindicales y pasajes aéreos, fluvial es y
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terrestres a los miembros del sindicato; 2) A los demandantes

Martínez Ramírez, Vega Ojeda y Pinzón Camargo les adeudan

los viáticos de 5 días correspondientes a su participación en el

Congreso de Salud Ocupacional y Fondos de Pensiones

realizado en Mar de Plata y Buenos Aires (Argentina) entre los

días 4 y 21 de diciembre de 1997; 3) A los demandantes Vega

Ojeda, Camargo Cortés y González Bustos les adeudan los

viáticos     por     su     participación   en   la   86ª   Conferencia

Internacional del Trabajo (OIT) realiza da en Ginebra, Suiza,

entre el 31 de mayo y el 19 de junio de 1998; 4) A estos tres

últimos también les adeudan los pasajes aéreos; 5) La

participación de los demandantes en los citados eventos fue

aprobada por la Junta Directiva del sindicato; 6) Los viát icos

son factor de salario, por lo tanto deben tomarse en cuenta

para reliquidar las prestaciones sociales de cada uno de los

actores; 7) La entidad accionada adeuda a los demandantes

diversos conceptos laborales, dentro de los que se incluyen

vacaciones, prima de vacaciones, primas de servicios, etc.
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3. La demandada no aceptó ninguno de los hechos relevantes

de la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas y

propuso las excepciones de falta de legitimación activa, cobro

de lo no debido y pago. Adujo en su defensa que los viáticos

correspondientes al evento de Argentina fueron cancelados en

su totalidad y en cuanto a la comisión a Ginebra, manifiesta

que ésta no fue autorizada por la empresa.




4. El Juez Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, med iante

sentencia del 3 de octubre de 2002 (folios 517 al 525) absolvió

a la accionada.




                   II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL




Del recurso de apelación interpuesto por los actores conoció el

Tribunal Superior de Bogotá el cual, mediante la sentencia

ahora impugnada, confirmó la de primera instancia.
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El ad quem luego de reproducir los artículos 10, 11 y 75 de la

convención       colectiva     de    trabajo,   dice   que   por        razones

metodológicas se hace necesario el estudio independiente de

las dos comisiones a que se refiere el li belo.




En relación con la comisión a Mar de Plata y Buenos Aires

durante los días comprendidos entre el 4 y el 21 de diciembre

de 1997, el ad quem comienza por destacar que aun cuando en

el expediente no aparece la copia del acta de la junta directiva

del sindicato autorizando esa participación, de la carta de folio

62 dirigida por el sindicato al gerente de la accionada se colige

que   las    personas       allí   mencionadas    fueron     efectivamente

comisionadas por la organización sindical para desplazarse a

esas ciudades, lo cual queda reafirmado con las resoluciones

01078, 01079 y 01080 expedidas por la empresa autorizando el

susodicho viaje por el término de 12.5 días (del 4 al 16 de

diciembre de 1997) y reconociéndoles a los trabajadores los

viáticos y gastos de transporte.
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Explica     que     frente    a   las   pretensiones   de   la    demanda

reclamando los viáticos del 17 al 21 de diciembre de 1997

resultan de recibo las explicaciones de la empresa en el

sentido de que debido a insuficiencia de recursos se convino

con los comisionados que esos días correrían por su cuenta tal

como aparece              consignado en    el documento     de folio 64

contentivo de una carta dirigida al Subgerente Administrativo

de fecha mayo 19 de 1998, sin que en esa comunicación se

insinúe que el pago se haría una vez se c ontara con la

disponibilidad presupuestal.




Acota el Tribunal que una simple lectura de los artículos

convencionales transcritos en ningún momento permite inferir

que las partes estipularon los viáticos en forma imperativa,

como lo pregonan los actores, p orque tratándose de entidades

oficiales es imposible que el sindicato pueda disponer del

presupuesto oficial como si fuera una caja menor o mayor,

puesto que en las citadas disposiciones “ la empresa se

comprometía a sufragar y pagar comisiones, empero en n ingún
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momento permisos sindicales salvo concertación, pues en

realidad como lo alega la entidad demandada, jurídicamente

existe diferencia entre “ comisión”      y “ permiso” ; pues los

fines de la primera interesan directamente al empleador y por

consiguientes (sic) los viáticos que se reconozcan con motivo

de ella tienen en todos los caso (sic) un carácter retributivo; en

cambio, el “ permiso”       es otorgado como una concesión, pues

sus fines no comportan beneficio directo para el empleador,

sino para el propio trabajador o un tercero, de allí que se

desconozca su naturaleza salarial (Decreto 1045 de 1978 Art.

45 Lit. i; D.L. 937 de 1976 Art. 86), a más que la Ley de

Presupuesto Nacional consagra que no se puede tramitar o

legalizar actos administrativos u obligacione s que afecten el

presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales

o se configuren en hechos cumplidos, y no tengan certificado

de disponibilidad presupuestal. Por ende, debe tenerse en

cuenta que el art. 10º de la convención colectiva prealudi do

impone el otorgamiento del permiso remunerado, lo cual

implica efectivamente un juicio o decisión patronal, por incidir
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en aspectos de índole presupuestal y de conveniencia, a más

que por comisiones y servicios al exterior advierte clara y

diafanamente (sic) el Art. 75 en el PARAGRAFO 1º “ Para

misiones oficiales, comerciales y sindicales en le (sic) exterior,

los viáticos se fijaran (sic) por la gerencia mediante resolución

motivada.”




Destaca que por las razones precedentes en cada una de las

resoluciones visibles a folios 121 a 123 se observa la palabra

“ autorizar” , con lo que se reafirma que el permiso no era

automático o ineludible, porque estaba afectado por aspectos

como el presupuesto, que implicaba que pudiera ser negado u

otorgado parcialmente; situación que se refuerza con las

pruebas de folios 284 a 334 ilustrativas del juicio de valor que

hacía la demandada cuando estaba frente a la solicitud de

concesión de un permiso.
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Hace hincapié que en el caso de los viáticos a Argentina

fueron los trabajadores quienes advirtieron que los restantes

días corrían por su cuenta, por consiguiente no pueden

reclamar a la empresa un rubro no autorizado.




Reconoce       que        si   bien   en   el   interrogatorio   de     parte              el

representante legal de la accionada confiesa que no pa gó los

viáticos reclamados, con ello no admitió el derecho sino el

hecho.




Concluye que la imposibilidad jurídica de otorgar permisos

“ sin vigencia fiscal suficiente” , se acentuaba cuando se

trataba de hacer erogaciones cuantiosas, pues en estos casos

“ los permisos estaban supeditados a la autorización de la

empresa y no a la mera invitación o comunicación que hiciera

la junta directiva del sindicato a sus directivas…”




En cuanto a la comisión a Ginebra, Suiza, el ad quem empieza

por precisar que aquí sí aparece el acta de la junta directiva
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del sindicato ratificando la aceptación de la invitación para

participar en la 86ª Conferencia de la O.I.T.; también se refiere

al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal

de la demandada donde manifiesta haber sido enterado de

dicho comisión y explica que los viáticos no fueron reconocidos

porque los trabajadores viajaron sin la autorización de la Junta

Directiva de la empresa y sin que existiera acto jurídico que

reconociera tales gastos.




Frente a la alegación de los demandantes consistente en que

el único requisito exigido en la convención para la viabilidad

del pago de los viáticos es la autorización de la asamblea

General o la junta directiva del sindicato, el ad quem responde

trayendo a colación el argumento arriba sintetizado en cuanto

a que la autorización de viáticos no es ineludible y forzosa sino

que debe mediar orden de la entidad para que el trabajador

pueda abandonar su sitio de trabajo, amén de que hay que

diferenciar entre permiso y comisión, sin contar con las
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limitaciones legales para los gastos en las entidades oficiales,

que requieren estar permitidos en el presupuesto.




Remata en los siguientes términos:




“ Es un hecho que, como bien se afirmo (sic), la administración de la

Licorera     de    Cundinamarca        debía   autorizar   el    desplazamiento                    y

determinar el rubro presupuestal que iba afectarlo, porque no era lo

mismo acordar que los directivos del sindicato tenían siempre derecho

al permiso sindical como reza el art. 9º de la convención colecti va, que

autorizar de antemano y previamente cualquier tipo de desplazamiento

que se pudiera generar como consecuencia de una invitación por

comisión de estudios o congresos a NIVEL NACIONAL. Luego si no se

otorgó la “ Autorización”         previa, mal podía realiza rse reclamación

pecuniaria        por     un   viaje     que    no    había      sido        autorizado

administrativamente ni había sido concebido presupuestamente (sic). Y

es que las pruebas documentales aportadas al proceso confirman la

posición     de    la   empresa   cuando       aseguran    que    no    exist ía            acto

administrativo que autorizara el desplazamiento, mientras que en los

documentos obrantes como folios 284 y siguientes, todas loas (sic)
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comisiones llevan a un previo permiso con rigurosas normas y controles

presupuestales.”




                          III.   RECURSO DE CASACIÓN




Inconforme con la decisión del Tribunal, los demandantes

interpusieron el           recurso extraordinario a   través     del cual

persiguen la casación total del fallo de segundo grado, para

que en sede de instancia revoque el del a quo y en su lugar

condene a la demandada de acuerdo con lo pedido en el libelo.




Con dicho objetivo formula un cargo, oportunamente replicado,

en el que acusa a la sentencia de violar por la vía indirecta en

el concepto de aplicación indebida los artículos 467, 468, 469

y 476 del C. S. T.; 17 y 22 de la Ley 6ª de 1945; 1 y 2 del

Decreto 2712 de 1999; 6 del Decreto 1160 de 1947; 45 del

Decreto 1045 de 1978; 86 del Decreto 937 de 1976.




Le atribuye los siguientes errores evidentes de hecho:
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” Dar       por   establecido,    sin   estarlo,    que      HERLINDA     MARTIN EZ,

CLAUDIO VEGA Y JESUS HELI PINZON aceptaron asumir en forma

definitiva el valor de los viáticos correspondientes a los días 17 a 21 de

diciembre de 1997 por su participación en el Congreso de Salud

Ocupacional y Fondos de Pensiones realizados en Buenos Aires y Mar

de Plata (Argentina).




“ No dar por establecido, a pesar de estarlo claramente, que en los

artículos 10, 11 y 75 de la convención colectiva de trabajo se

estipularon viáticos en forma imperativa para permisos de trabajadores,

a cargo de la deman dada.




“ Dar por demostrado, sin estarlo, que mediante los artículos 10, 11 y

75     de    la   convención     colectiva   de    trabajo    la   empresa        solo          se

comprometió “ a sufragar y pagar comisiones”                       pero no permisos

sindicales y que los viáticos y demás pagos por éstos solo operarían

mediante concertación.




“ Dar por demostrado, sin estarlo, que en la convención colectiva 1997

–    1999 se hizo diferencia entre comisión y permiso para efecto de los

pagos contemplados en los artículos 10, 11 y 75.
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“ Dar   por        demostrado,   pese    a   no    estarlo,    que   los     permisos                 o

comisiones         sindicales    que    tuvieron    los   demandantes             requerían

autorización de la empresa para que se pudieran hacer los pagos

previstos en los artículos 10, 11 y 75 de la convención colectiva.




“ Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa podía desautorizar

las comisiones o permisos nacidos de lo previsto en los artículos 10, 11

y 75 de la convención colectiva 1997 – 1999 y que los mismos estaban

supeditados según la misma convención colectiva a la “ autorización

presupuestal” .




“ No dar por demostrado, en contra de la evidencia, que la demandada

supeditó      el    reconocimiento      de   los    viáticos    y    pasajes           de         los

demandantes que asistieron a la 86ª Conferencia Internacional del

Trabajo, a la presentación por parte del sindicato del act a de la reunión

de asamblea general o de junta directiva en que se acreditara la

designación correspondiente y, así mismo, no tener por demostrado que

el Sindicato acreditó tal requisito.
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“ No dar por demostrado, estándolo, que a los demandantes se les

comisionó para asistir a los actos que generan los gastos y viáticos que

se demandan en este proceso.




“ Dar por demostrado, sin que ello surja de la convención colectiva que

el otorgamiento del permiso remunerado contemplado en la cláusula 10ª

de la misma “ implica efectivamente un juicio o decisión patronal”                     y

que “ no existe una orden de insalvable cumplimiento proveniente de la

convención colectiva.”




“ No dar por demostrado, estándolo, que al interior de la empresa

existe la convicción de que debe cancelar lo s viáticos reclamados por la

participación en el congreso de Salud Ocupacional y Fondos de

Pensiones.




“ No dar por demostrado que la empresa demandada autorizó el viaje a

la Conferencia Internacional del Trabajo y obsequió con destino a una

degustación en la misma en Ginebra (Suiza) dos cajas de “ Santa Fe

Ron Añejo” .




“ No dar por demostrado, estándolo, que en todas las ocasiones

anteriores la empresa había cancelado los viáticos y pasajes generados
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por situaciones iguales a las que ahora invocan los demanda ntes como

fundamento de sus pretensiones.




“ No dar por demostrado que la única excusa esgrimida por el

representante legal de la empresa al absolver el interrogatorio de parte,

para no pagar los viáticos y pasajes generados por el viaje a Ginebra,

es la ausencia de autorización de la junta directiva de la misma

empresa que no se encuentra contemplada en las cláusulas 10 y 11

como requisito para el efecto” .




Yerros      derivados       de   la   equivocada   apreciación        de          las

siguientes pruebas: carta de la empresa del 19 de noviembre

de 1998 (folios 38 y 127); comunicación del sindicato de fecha

4 de diciembre de 1998 (folios 37 y 128); Acta de la Junta

Directiva del Sindicato No 084/98 y extracto de la misma (folios

41 a 45, 131 a 135 y 276 –              277); cumplido de comisión y

certificado de asistencia a la Conferencia Internacional del

Trabajo (folios 46 a 52 y 136 a 142); memorando CI – 195 del

19 de mayo de 1998 (folios 64 –                    65 y 175 –               176);

comunicaciones del sindicato de mayo 21 de 1998 y diciembre
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2 de 1997 (folios 54 y 147, 62 y 182); comunicaciones de la

empresa de marzo 27 de 1998 y mayo 28 del mismo año (folios

66 y 177, 146); concepto jurídico de la empresa de marzo 4 de

1998 (folios 69 y 179); resoluciones de reconocimiento de

viáticos por la empresa (folios 116 a 126 ); solicitud y orden de

degustación de Ron Santa fe (folios 144 y 145); convención

colectiva de trabajo 1997 - 1999 ( folios 184 a 212); confesión

del   representante         legal   de   la   demandada   y   documentos

incorporados durante el mismo (folios 219 a 223 y 234 – 224 a

233); constancia de la empresa DRH 2162 – 00 (folios 274 Y

275); resoluciones y documentos provenientes de la empresa

(folios 284 a 334). Y de la falta de estimación de la inspección

judicial (folios 271, 272, 278).




De manera previa la apoderada de los recurrentes advierte que

si bien en el proceso se discuten derechos nacidos de

situaciones fácticas diferentes (el desplazamiento a Argentina

y el de Suiza) las consideraciones hechas por el Tribunal son

las mismas, en algunos apartes incluso idénticas , por lo que
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cada uno de los errores denunciados proyecta efectos para

ambos casos.




En cuanto al primer error de hecho, relativo al pago de los

viáticos de los días 17 a 21 de diciembre de 1997, manifiesta

el cargo que el Tribunal se fundamenta en el docu mento de

folio 64 del que deduce que los demandantes aceptaron que la

empresa les liquidara los viáticos del 4 al 16 del diciembre y

que los demás días los asumirían por su cuenta, sin reparar

que esa comunicación no proviene de los actores sino de la

oficina de control interno de la demandada y que en la misma

se concluye categóricamente que la empresa debe pagar los

días de viáticos reclamados.




Agrega que según la Carta Política y los principios generales

del Derecho del Trabajo los derechos de los trab ajadores son

irrenunciables, argumento que pese a ser de estirpe jurídica se

plantea en este cargo por la conexidad con el tema que se

analiza.
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En cuanto al alcance de los artículos 10, 11 y 75 de la

convención colectiva de trabajo y la determinación del carácter

imperativo o no de los viáticos allí contemplados, manifiesta la

censura       que         las     equivocaciones       del     Tribunal                son

monumentales, de tal forma que no se circunscriben a errores

de interpretación de las cláusulas sino a un error de lectura y

de apreciación del contenido de las mismas como quiera que

además de no identificar la obligatoriedad de los viáticos

afirma textualmente que “ … de los citados artículos, la

empresa se comprometía a sufragar y pagar comisiones,

empero      en     ningún        momento        permisos     sin dicales           salvo

concertación…”            (negrillas de los recurrentes).




Asevera el cargo que, contrario a lo dicho en el fallo acusado,

las disposiciones convencionales en mención son claramente

imperativas y por ningún lado contemplan concertación para el

otorgamiento de permisos sindicales pues tanto éstos como los

viáticos    quedaron            impuestos   a    la   empresa      de        manera
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obligatoria, como se desprende de los artículos 10 y 11, los

que en momento alguno se refieren a comisiones ni tampoco

prevén que la empresa se haya comprometido a pagar las

comisiones pero no los permisos, conforme concluyó el ad

quem, puesto que esta distinción no está en esos textos, que

se limitan a establecer “ el derecho al permiso en forma

remunerada y el derecho al pago de viáticos y pasajes que s e

generen como consecuencia de esos permisos, previstos con

unas destinaciones específicas.”         Hace hincapié en que las

expresiones       utilizadas   en las   cláusulas:   “ concederá”                    y

“ sufragará”       ponen de presente su naturaleza imperativa.




Explica que la cláusula 75 de la convención no establece la

facultad de pagar o no los viáticos sino la de señalar el monto

de los mismos por una vía específica que es la “ resolución

motivada” , por lo que no es posible invocarla para sostener

que las facultades de conceder los perm isos y reconocer los

viáticos quedaban supeditadas a un juicio o decisión patronal.

Ni tampoco es dable deducir esta exigencia del hecho de que
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en las resoluciones citadas por el fallo recurrido aparezca la

palabra “ autorizar” , porque ésta locución antes q ue indicar

que el permiso no era automático, significa más bien que para

el reconocimiento respectivo era necesario verificar la solicitud

y que el pago se ajustara a lo previsto en la convención.




Alude también el cargo a la afirmación del ad quem en el

sentido de que los pagos por viáticos estaban sujetos a la

autorización presupuestal de acuerdo con lo previsto en la

cláusula 10, diciendo que en dicho texto no aparece por ningún

lado dicha exigencia. Aclara que este planteamiento se hace

por la vía indirecta dado que el Tribunal dedujo la mentada

limitación de la propia convención y por ende la misma no

constituye un sustento jurídico, amén de que en instancia se

encontraría       que       el   cumplimiento   de   las   obligaciones

convencionales no está supeditada a las d isponibilidades

presupuestales, sino al contrario, éstas deben tener en cuenta

aquellas, porque de no ser así el subterfugio terminaría

convirtiéndose “ en la vía más expedita para incumplir todas
  República de Colombia                                                      22




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las obligaciones convencionales pues la (sic) bastaría a la

empresa no destinar suma alguna o una de monto ínfimo al

cumplimiento de las obligaciones surgidas de la convención,

para so pretexto de la ausencia de partida liberarse de la

atención de las mismas.”




Fustiga la acusación al Tribunal por no haberse perca tado de

que la propia demandada había aceptado el pago de los

derechos reclamados, como quiera que el gerente de la

empresa en carta del 19 de noviembre de 1998 (folios 38 y

127) condicionó el pago de los viáticos, únicamente a la

presentación del acta de junta directiva o de asamblea general

donde se acreditara la designación y aprobación del viaje a la

Conferencia Internacional del Trabajo. Precisamente en razón

de ello, prosigue, los interesados presentaron de inmediato la

documentación requerida, que fu e recibida por la empresa,

según se advierte a folios 41 a 45 y 131 a 135.
  República de Colombia                                                       23




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Resalta la acusación que el juzgador no tuvo en cuenta que el

único requisito para el pago de los viáticos era el de la

legitimación de los comisionados para desplazarse a Suiza y

participar en la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual

quedó debidamente acreditada como se vio atrás y se reafirma

con las certificaciones expedidas por la Confederación Mundial

del Trabajo (folios 46 a 52 y 136 a 142) y los cumplidos de

comisión expedidos por el embajador de Colombia en Suiza y

el Jefe de la Misión en el evento, donde consta la participación

de tres de los accionantes.




Anota el cargo que la empresa tenía y tiene la convicción de

que adeuda el saldo de los viáticos del desplazam iento a

Argentina, como sin dificultad se colige del memorando del jefe

de la oficina de control interno (folios 64 y 65), de la

comunicación de folios 66 y 67 proveniente del subgerente

Administrativo donde se remiten unos documentos destinados

a facilitar el trámite de los viáticos discutidos y del concepto

del subgerente jurídico en el que se dice que deben pagarse
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los viáticos del 17 al 21 de diciembre de 1997; esa misma

percepción debe derivarse de los viáticos de Ginebra, como

quiera que la empresa entregó a los participantes dos cajas de

ron   para     que        llevaran   al   certamen    para   el   que          fueron

designados, con fines de degustación (folios 144 y 145), de lo

que    adicionalmente           se   advierte   que    la    empleadora                   se

encontraba de acuerdo con el viaje y con su final idad.




Sobre los documentos de folios 284 a 334 y 116 a 126 dice la

censura que los mismos fueron apreciados equivocadamente

por el juzgador, que solamente vio en ellos lo atinente a la

autorización y a la comisión allí mencionada, pero no advirtió

que en realidad lo que ponen de presente es que la empresa

en todos los eventos anteriores en que se presentaron las

condiciones previstas en los artículos 10 y 11 de la convención

pagó los valores correspondientes a los viáticos y los gastos

de transporte, siendo tal actitud una constante histórica, sin

que nunca esgrimiera las razones expuestas ahora por el

tribunal, para exonerarse de esos pagos.
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Reitera que la distinción que pretende introducir el ad quem

entre comisiones y permiso no tiene ninguna incidenci a,

porque son innumerables los documentos en que consta que

los demandantes concurrieron a los eventos no simplemente

en virtud de un permiso sino en cumplimiento de una comisión

(folios 41, 42, 43 a 45, 46 a 52, 54, 62, 69, 144, 258 a 260), de

modo que aun aceptando “ que para el empleador no es

obligatorio cumplir con los permisos previstos en las cláusulas

convencionales que se han analizado, tal argumento resulta

trivial dado que el Tribunal aceptó que es obligatorio para la

empresa cumplir con tales obligaciones cuando surgen de una

comisión, porque está contundentemente establecido que los

demandantes hicieron los viajes que originan los derechos que

ahora reclamen, en su condición de comisionados.”




La censura hace énfasis en que el fallo acusado no a preció en

su   totalidad     la     confesión   del   representante   legal         de          la

demandada cuando admitió el pago parcial de los viáticos por
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el desplazamiento a Argentina y la consiguiente falta de pago

total de los mismos; la recepción de los documentos que

acreditaban la autorización sindical para el viaje a Ginebra; la

falta de reconocimiento de esos dineros y que la única razón

para justificar esa omisión fue la falta de autorización del viaje

por parte de la junta directiva de la empresa.




Cuestiona la afirmación es pecífica del Tribunal que alude a

que la convención colectiva “ impone el otorgamiento del

permiso remunerado”               para más adelante añadir “ en ningún

momento las partes estipularon viáticos en forma imperativa

para permiso de trabajadores” , diciendo que no se trata de un

simple error de redacción. También critica la aserción del

juzgador en que manifiesta que la norma sobre viáticos no

puede leerse como si se tratara de una caja mayor o menor del

sindicato, explicando que lo que se reclama no es fruto de la

determinación unilateral de la organización sindical sino del

acuerdo       entre         las    partes.   Igualmente   cuestiona                  el

planteamiento del ad quem consistente en que los permisos se
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entienden concebidos a favor del trabajador mientras que las

comisiones interesan directamente al empleador, porque ese

criterio olvida las comisiones sindicales que surgen de la

propia    convención        que   interesan   prioritariamente,          si        no

exclusivamente, a la organización sindical, amén de que no

puede     generalizarse       acerca   de     que   los   permisos                 no

representan interés para el empleador.




Así mismo rebate la tesis del fallo recurrido según la cual no

pueden ordenarse actos que afecten el presupuesto sin el lleno

de requisitos legales, afirmación aparentemente de carácter

jurídico, que es también de raigambre fáctica porque en

realidad el tribunal no insinúa que se esté violando la ley de

presupuesto sino que no se cumplen los requisitos para que se

apruebe el pago. En esa dirección, dice la acusación, la

empresa pidió la remisión del acta de la junta directiva o de la

asamblea aprobatoria del viaje, punto que fue cumplido, por lo

que aducir falta de cumplimiento de los requisitos para el pago

no pasa de ser un error de bulto.
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La réplica, a su turno, arguye que el cargo no contiene la

norma consagratoria del derecho sustancial que se pretende.




Sobre el primer error de hecho, manifiesta que el cargo no

ataca todos los soportes probatorios del tribunal, como quiera

que no alude a la comunicación de folio 59 suscrita por tres de

los demandantes, donde aceptan que la empresa les liquide

los viáticos del 4 al 16 de diciembre de 1997 en el entendido

de que una vez normalizados los trámites presupuestales se

les cancelara los días restantes; compromiso que no existió,

según anota el fallo acusado.




Acota     que     la      facultad   de   conceder   contenida        en          las

disposiciones convencionales implica también la de negar, o

sea que no significa obligación forzosa sino capacidad de

decisión, de suerte que no cometió el Tribunal los errores

endilgados al interpretar las norma s de marras. Agrega que

suponer que existe el deber ineludible de la empresa de pagar
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las comisiones autorizadas por el sindicato, entraña que

aquella deba ceder a lo caprichos de la junta directiva de dicha

organización pues son ellos mismos los que disfr utan de los

permisos sindicales. Además, la invocación del ad quem a la

ley de presupuesto es un argumento de índole jurídica que no

es dable socavarlo por la vía indirecta pese al notable esfuerzo

de la acusación.




Afirma que las locuciones “ comisión”                       y “ permiso”               sí se

encuentran       expresadas         en    la     convención      colectiva              y       el

significado     que        les   atribuyó      el    juzgador    no    es         posible

cuestionarlo por la vía fáctica sino por la jurídica.




Aclara que la expresión “ autorizar”                  utilizada por el ad quem

significa que era la empresa la que tenía que dar su última

palabra     para     efectos       de    los     viáticos    y   las   comisiones

sindicales,     de        manera    que     si      esa   expresión     tiene             otro

significado no por ello cometió el juzgador el error endilgado

pues como insistentemente ha señalado la jurisprudencia no
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hay lugar a un yerro de esas características cuando la

disposición       convencional   admite   varios   entendimientos

plausibles.




En cuanto a la supuesta confesión del representante legal de

la demandada, el replicante pone de presente que la a cusación

pasa por alto las aclaraciones hechas por el absolvente a cada

una de las repuestas.




                            SE CONSIDERA




El reparo técnico propuesto por la opositora referente a la

insuficiencia de la proposición jurídica es irrelevante, puesto

que teniendo en cuenta que lo que aquí se debate es la

interpretación de cláusulas convencionales, basta la denuncia

como violadas de alguna de las normas legales (art. 467 o 476

del C.S.T.) que regulan lo atinente a la contratación colectiva

para tener por satisfecha dicha exi gencia, requisito con el que

la presente demanda cumple con creces.
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El primer aspecto en discusión tiene que ver con el alcance de

las disposiciones convencionales sobre permisos, viáticos y

gastos de transporte contenidas en los artículos 10, 11 y 75 de

la convención colectiva de trabajo, punto sobre el que el ad

quem sostiene, en líneas generales, que tales cláusulas deben

entenderse en el sentido de que el reconocimiento de los

viáticos sólo procede cuando el desplazamiento ha sido

autorizado       por      la     empresa   con       anterioridad,         mediante

concertación           entre      trabajador     y      empleador,                previo

establecimiento             de     la   existencia       de    disponibilidad

presupuestal, sin que sea dado asumir, desde ningún punto de

vista, que es suficiente la designación de la junta directiva o

de la asamblea general del sindicato ordenando el viaje para

que surja el derecho al cobro de los viáticos y pasajes y el

deber correlativo de la demandada de pagarlos, al paso que la

mandataria judicial de los recurrentes esgrime justamente la

tesis contraria, es decir, que la convención contiene un

mandato imperativo que no tiene porque estar sujeto a la
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autorización del viaje por la empresa, a concertación o a la

existencia     de       disponibilidad          presupuestal,    por      cuanto                 es

suficiente la autorización de la comisión por la junta directiva o

la asamblea general de la organización sindical para que

emerja el derecho.




Tratándose         de     la   fijación    del     alcance      de    disposiciones

convencionales, ha dicho insistentemente esta Corporación, no

alcanza a configurarse un error evidente de hecho cuando el

juzgador de instancia da a unos de esos preceptos un

entendimiento plausible y razonable, dando preferencia a éste

sobre otras interpretaciones, pues en este caso no hace cosa

distinta que hacer uso de la facultad de forma r libremente su

convencimiento, contemplada en el artículo 61 del C. P. del T.

y S.S., y en tales condiciones su ejercicio interpretativo es, en

principio, intocable en casación, así la Corte no lo comparta.




No   puede      olvidarse        que      las    convenciones         colecti vas                no

obstante      su        naturaleza        normativa     son      en     el         recurso
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extraordinario una prueba más y por lo mismo los llamados a

fijar   su   sentido,       cuando   las   partes   contratantes          tienen

discrepancias al respecto, son en primer lugar los jueces de

instancia, quienes solamente están obligados a señalar las

razones por las cuales otorgaron determinado entendimiento a

la cláusula respectiva, sin que esa actitud ponga de presente

per se la configuración de un dislate apreciativo por el sólo

hecho de que alguno de los sujeto s procesales tenga una

apreciación distinta u opuesta.




Únicamente cuando se advierta que el alcance dado por el

juzgador de instancia pugna radicalmente con el contenido

gramatical de la cláusula o con la intención explícita de las

partes al redactarla, puede entrar la Corte a infirmar dicha

interpretación, por cuanto es indudable que en esta hipótesis

sí se está en presencia de un error protuberante de hecho.




De manera que la discusión puesta sobre el tapete consiste en

determinar si el ad quem incurrió en los yerros endilgados
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cuando fijó el alcance de los artículos convencionales objeto

de la acusación.




Al delimitar en esos términos el problema medular a resolver

es obvio que quedan por fuera algunos elementos secundarios

y en últimas intrascendentes que son planteados tanto por el

ad quem como por la acusación, que sirven básicamente para

hacer precisiones conceptuales pero no tienen incidencia en la

ratio decidendi del fallo gravado, los cuales de todas formas

serán tocados tangencialmente más adela nte, en la medida en

que sea necesario absolver cada una de las inquietudes

esbozadas por la parte recurrente.




Entrando entonces en el examen de la cuestión esencial, se

tiene   que     la   interpretación   armónica   y   conjunta        de          las

cláusulas convencionales en mención permite entrever, en

primer lugar, que las partes convinieron que la empresa

concedería permisos sindicales a los trabajadores designados

por la junta directiva o la asamblea general del sindicato para
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asistir a congresos o plenos, debiendo allegar posteriormente

la prueba que acredite la asistencia al certamen (artículo 10).

Esta disposición, referida al otorgamiento de permisos para la

intervención en los eventos detallados y bajo las condiciones

allí mismo señaladas, está diciendo con absoluta cla ridad que

la facultad para conceder el permiso está radicada en cabeza

de la empresa, que debe autorizarlo antes de que empiece su

disfrute efectivo, lo cual es apenas desarrollo lógico del poder

de ordenación y subordinación de que dispone el empleador al

interior de la empresa.




No   estima      la   Corte   que   pueda   concebirse   el       postulado

normativo como si contuviera una “ carta blanca”                      en cuya

virtud el derecho de los trabajadores al permiso nace con la

sola designación de la organización sindical para participa r en

el evento respectivo siendo por consiguiente la autorización de

la empresa un simple formalismo ya que ésta, en últimas, se

encuentra compelida a concederlo en razón del mandato

convencional sin que tenga ninguna posibilidad de negarlo o
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modificarlo, porque de ser así sobraría la expresión “ la

empresa concederá” , que puede entenderse como si implicara

el desarrollo de cierta actividad volitiva o, como dice el

Tribunal, un juicio valorativo para definir si otorga o no el

permiso, y no como un mandato im perativo que condiciona de

antemano y en una sola dirección la decisión del empleador.




Razonar en otra forma significa suponer que se está en

presencia de una cláusula abierta e indeterminada cuyo

contenido prestacional no se agota o por lo menos su

agotamiento no resulta previsible ni calculable pues debe

realizarse cuantas veces el sindicato lo juzgue necesario, lo

cual resulta ajeno a toda lógica, contrario a la técnica de

redacción de cláusulas normativas, donde se señala con toda

exactitud y detalle el derecho que se crea, amén de que

significaría un desplazamiento al sindicato del ejercicio del

poder     de     disposición   y   mando   de   los   directivos                   o

representantes de la empresa, e incluso de la potestad de

ordenación del gasto y de control sobre el presupue sto de la
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entidad, sin contar con la imposibilidad de fijar el monto

presupuestal que se requerirá durante una vigencia fiscal

debido a que las demandas del sindicatos pueden resultar

incuantificables.




De      manera        que     cuando     el    ad   quem      sostuvo        que             el

otorgamiento del permiso remunerado contemplado en el

artículo 10 de la convención “ implica efectivamente un juicio

o     decisión       patronal    por    incidir     en   aspectos    de          índole

presupuestal y de conveniencia, a más que por comisiones y

permisos al exterior advierte cl ara y diafanamente (sic) el Art.

75…”        no cometió los yerros evidentes de hecho que le achaca

la     censura,      por     cuanto    tal    entendimiento    encaja          en         las

posibilidades hermenéuticas del texto en mención.




Ligado a lo anterior, el artículo 11 convencional señala la

obligación de la empresa de pagar los pasajes y viáticos en los

mismos eventos a que se refiere la cláusula 10. Naturalmente

las dos disposiciones son en algunos casos complementarias y
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así lo entendió el ad quem pese a que en esta parte su

redacción no es muy afortunada, en veces contradictoria,

aunque también aclaró que se trata de dos figuras diferentes,

como es evidente, para lo cual basta señalar que en rigor el

permiso no genera ninguna erogación directa y adicional a la

remuneración              ordinaria   como   consecuencia           de              su

otorgamiento, mientras que con los viáticos y gastos de

transporte ocurre lo contrario.




Si de acuerdo con lo discurrido el entendimiento dado a la

cláusula 10 de la convención en el sentido de que la facultad

allí contemplada está condicionada a la autorización previa de

la empresa, no constituye un exabrupto, mucho menos lo es

que se sostenga que la aplicación del artículo 11 ejúsdem

también supone aquella autorización, con más veras si se tiene

en cuenta que en el evento de pasajes y viáticos termina

comprometido el presupuesto de la entidad demandada, cuya

ejecución está a cargo exclusivamente del ordenador del

gasto, y se toma en consideración además que los requisitos
  República de Colombia                                                       39




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para el otorgamiento de los permisos deben ser por lo menos

los mismos que para el otorgamiento de los viáticos y gastos

de transporte, como quiera que hay correspondencia entre las

dos situaciones.




Las mismas razones expuestas a propósito de la interpretación

del artículo décimo, con el agregado de la necesidad d e

soporte presupuestal para la ordenación de gastos, sirven para

fijar el alcance de la cláusula once, por lo que en este aspecto

tampoco es de recibo la imputación de haber cometido el

tribunal un dislate mayúsculo al establecer su alcance. Lo cual

resulta reafirmado, por demás, con los documentos de folios

284 a 334, relativos a comisiones sindicales concedidas en

años y oportunidades anteriores, en los que consta que en

todos esos casos medió la autorización de la empresa para el

disfrute de la novedad administrativa y siempre se señaló el

rubro presupuestal al que se imputarían los gastos. De modo

que tales pruebas antes que simplemente demostrar el pago de

comisiones sindicales en todas las ocasiones precedentes,
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como plantea la acusación, más bien pone n de presente que

en todas esas oportunidades el pago se hizo porque el

desplazamiento fue autorizado expresamente por la empresa,

antes incluso, la mayoría de las veces, del inicio del disfrute

de la comisión.




No puede pasar desapercibido que el ad quem también se

apoyó en la cláusula convencional 75, particularmente el

parágrafo 3º, de donde infirió que el monto de los viáticos, en

el caso de misiones oficiales, comerciales y sindicales, se

fijará por la gerencia mediante resolución motivada, enunciado

que    bien     puede       entenderse   en   el   sentido   de        que            el

reconocimiento de los viáticos está condicionado a que la

empresa        autorice      previamente      el   desplazamiento                  del

trabajador.




De suerte que tanto para efectos de los permisos a que alude

el artículo décimo como de los viáticos y gastos de transporte

del artículo once, no puede tenerse como disparatada la
  República de Colombia                                                                           41




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apreciación del Tribunal en cuanto a que en ambos casos se

requiere de la autorización previa de la empresa, sin que

aparezca evidente que a la luz de las dispo siciones analizadas

los designados puedan hacer uso a su arbitrio de unos u otros

o crear una situaciones de hecho a espaldas del empleador

para forzarlo, contra su voluntad o pese la inexistencia de

recursos presupuestales, a realizar unos pagos que no fu eron

consentidos con anterioridad, como debió ser.




Establecido       pues       que      el    Tribunal    no   incurrió        en          error

mayúsculo        de       hecho       cuando        señaló   la   necesidad                    de

autorización de la empresa en los eventos de permisos,

comisiones y viáticos que se dejaron precisado s, corresponde

ahora analizar si en el caso del desplazamiento de tres de los

demandantes a la 86ª Conferencia Internacional del Trabajo se

produjo en realidad dicha permisión, como lo pregona la

acusación en el error de hecho número once, aduciendo que

según los documentos de folios 144 y 145 la demandada

accedió     a    la       solicitud    de     las    directivas   sindicales                   de
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suministrarle dos cajas de Ron Santafe Añejo para presentar

ese producto ante el mentado evento, con lo cual queda

demostrado, a su juicio, que la em presa autorizó dicho viaje.

Examinadas las pruebas en mención, en verdad no aparece ni

explícita ni implícitamente la mencionada autorización, pues de

ellas solamente se infiere que se atendió la solicitud elevada

por el presidente y el secretario de la or ganización sindical en

los términos antes descritos, pero no que el gerente de la

empresa haya dado el visto bueno para el periplo, máxime

cuando éste no es solicitado en el oficio de marras. Antes por

el contrario, la prueba de folio 144 da un mentís a la

afirmación de los impugnantes, como quiera que en ella los

firmantes dicen que asistirán a la Conferencia “ comisionados

por   la   Junta      Directiva   de   SINALTRALIC      SUBDIRECTIVA

CUNDINAMARCA, en representación de la CONFEDERACION

MUNDIAL        DEL        TRABAJO” .    O   sea   que    evidentemente

asumieron que era suficiente con esa designación, sin que

fuera necesaria la orden de la empresa otorgando la comisión,

entendimiento que el Tribunal no compartió, ni la Corte
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tampoco, por cuanto es apenas obvio que es la empleadora

quien debió autorizar el desplazamiento del trabajador.




A lo anterior debe agregarse que precisamente en el oficio de

folio 146 el gerente de la empresa al tiempo que reconoce en

los órganos sindicales la competencia para hacer la delegación

-    recálcase       que    utiliza   la   expresión   delegación          y        no

autorización o comisión - manifiesta que queda “ en espera de

los mencionados documentos para efecto de establecer la

viabilidad de la solicitud” , esto es determinar si autoriza o no

la comisión. Valga aclarar que la comisión, como generadora

de los viáticos y gastos de transporte, debe ser autorizada por

la empresa pues al sindicato lo único que le incumbe es

designar las personas que van a participar en el evento

respectivo, sin que en esa designación vaya implícito o

involucrado el pago de los gastos de viaje a cargo de la

empleadora.
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En el mismo sentido, tampoco puede sostenerse que la única

exigencia hecha por la empresa para proceder al pago de los

viáticos por la participación en el evento de que se viene

hablando fue la presentación de copia del acta donde se hizo

la designación correspondiente, puesto que si bien ello parece

desprenderse de la carta de folio 127, vista aisladamente, tal

aseveración es desmentida por las cartas de folios 146, que se

acaba de citar; la de folio 162, suscrita por la Directora de

Servicios Administrativos de la Fábrica de Licores donde

después de invocar el Decreto Departamental 00223 del 14 de

marzo de 1997 recuerda que ese acto estatuye que para el

reconocimiento de viáticos es necesario que el funcionario se

encuentre en comisión de servicios debidamente autorizada

por la autoridad competente; la propia contestación de la

demanda en la que textualmente se consignó: “ En cuanto a la

comisión sindical asistente a la ciudad de Ginebra (Suiza) , es

pertinente establecer que la misma no fue autorizada por la

Empresa a la Junta Directiva del Sindicato y por ello no

aprueba el pago de dichos viáticos. En este sentido siempre se
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ha contado con la anuencia de las directivas de la entidad a fin

de autorizar los viajes de las comisiones sindicales y el

correspondiente pago de los viáticos. Si bien en la convención

se encuentra plasmado dicho beneficio en favor del sindicato y

los miembros que se designen, es claro que el mismo no puede

ser utilizado en forma inconsulta porque ello afectaría el

equilibrio en las relaciones obrero - patronales existentes

actualmente.”        (folio 104); y el interrogatorio de parte absuelto

por el representante legal de la demandada donde declara que

los trabajadores “ viajaron sin la correspondiente autorización

de la Junta Directiva de la empresa y sin que existiera el acto

jurídico mediante el cual se reconociera estos gastos y sus

correspondientes viáticos” .




Por consiguiente, esas pruebas vistas en su conjunto debilitan

la afirmación contenida en los errores de hecho siete y trece

en cuanto la empresa condicionó el pago de los viáticos a la

presentación del acta de junta directiva o asamblea general del

sindicato ordenando el viaje a Ginebra y designando para el
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efecto a algunos de los actores, y resaltan en cambio que la

negativa de la empresa se fundamenta en que ésta no autorizó

el desplazamiento.




Es necesario asimismo aclarar que el Tribunal en ningún

momento sostuvo que la empresa estaba facultada por las

normas       convencionales             para      desautorizar     todas                 las

comisiones, porque ello equivaldría a hacer nugatoria la

cláusula once, sino simplemente a afirmar que la obligación de

reconocimiento de los viáticos por “ comisiones sindicales”

(ver   artículo     75      parágrafo    4º    de   la    conve nción)         estaba

condicionada a la autorización previa del viaje. Del mismo

modo no resulta de recibo el razonamiento de la censura, que

tratando de buscar argumentos en respaldo de su perspectiva,

plantea     que     bien     podría     ocurrir     que   la   demandada                   se

abstuviera de incluir partida para viáticos durante una vigencia

para de esa manera burlar la obligación convencional, porque

se trata de un juicio hipotético y conjetural, amén de que en
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ese evento el sindicato tendría facultad para adelantar las

acciones judiciales del caso.




En lo que toca con el primero y décimo errores de hechos,

relativos en su orden a que los designados al Congreso de

Salud Ocupacional y Fondos de Pensiones celebrado en

Buenos Aires y Mar de Plata (Argentina) aceptaron asumir en

forma definitiva el valor de 5 días de viáticos, y que al interior

de la empresa existe convicción de que deben cancelarse esos

días, tiene que decirse que el ad quem luego de examinar el

documento de folio 64, consistente en una carta enviada por el

jefe de control interno al subgerente administrativo de la

demandada, consideró que de allí se desprende que tres de

los demandantes se avinieron a que la empresa les cancelara

los viáticos del 4 al 16 de diciembre de 1997 pues ellos

asumirían los días restantes, es decir, hasta el 21 del citado

mes. La censura aduce que tal documento no fue producido

por los reclamantes de esos viáticos y por ende del mismo no

puede inferirse que ellos hayan renunciado parcialmente a ese
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derecho; resaltan que allí se declara, más bien, la viabilidad

del pago reclamado y se recomienda a la empresa hacerlo.




En realidad, lo que el Tribunal dice es que en el oficio en

cuestión, el Jefe de la Oficina de Control Interno de la

accionada da traslado de la comunicación de algunos de los

demandantes de diciembre 2 de 1997 en la que “ aceptan que

la empresa nos liquide como viáticos del 4 al 16 de diciembre

de 1.997 y los demás días los asumimos por cuenta nuestra” .

Examinado el documento se advierte que ningún error cometió

el Tribunal pues éste no hizo nada diferente que atenerse a su

expreso tenor literal. Es más la misma comunicación reafirma

más adelante la existencia de la carta del 2 de diciembre de

1997 cuando dice en el último párrafo: “ mediante la cual los

designados al congreso manifestaron q ue aceptaban que la

empresa les liquidara los viáticos del 4 al 16 de Diciembre de

1.997 y los demás días los asumían por su cuenta, obedece a

la     no    existencia      de   disponibilidad   presupuestal       para             la

cancelación del total de viáticos en la fecha de la comis ión, por
  República de Colombia                                                                   49




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ende se estableció el procedimiento, de asumir por cuenta los

demás días.”




Ahora bien, determinar si el ad quem podía darle total

pertinencia a esa comunicación en cuanto puso en boca de

tres de los accionantes las afirmaciones antes referidas, es

asunto jurídico atinente al valor de los documentos públicos.

Con todo, cabe tener en cuenta que estos documentos “ hacen

fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que

en ellos haga el funcionario que los autoriza”          (artículo 264 del

C. de P. C.), de donde se desprende que no se equivocó el

Tribunal al darle validez a la manifestación de los accionantes

allí incorporada pues se trata de una declaración contenida en

un   documento            público.   Es   pertinente   añadir       que             ese

comunicado contiene dos partes: una propiamente declarativa

en que se narran hechos y otra que tiene la característica de

un concepto o recomendación; éste último segmento no queda

comprendido en la hipótesis de la norma legal arriba citada,

conclusión que en ningún caso riñe con el principio de
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indivisibilidad del documento (artículo 258 ibídem) por cuanto

éste se refiere a unidad temática y no material.




Es conveniente también asentar que la posición oficial de la

empresa      desde        el   momento   mismo    en   que   autorizó                 el

desplazamiento a Argentina, fue de que solamente asumiría el

pago de los viáticos entre el 4 y el 16 de diciembre de 1997,

puesto que los días restantes serían asumidos por los viajeros.

Las opiniones de funcionarios de la empresa que no son su

representante legal, en modo alguno resultan vinculantes para

ella ni para los jueces, por ende sólo con base en tales

dictámenes       no       puede   fundamentarse   ni   sustentarse               una

condena.




Finalmente es pertinente anotar que los derechos protegidos

con la garantía de irrenunciabilidad son los contemplados en la

ley, y no los convencionales, como lo ha dicho esta Sala por

mayoría en fallos anteriores.
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De conformidad con lo razonado, el cargo no prospera.



Costas en el recurso extraordinario, a cargo de la parte que lo

pierde.




En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la

República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia

proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá D.C. el 20 de noviembre de 2003, en el proceso

ordinario laboral seguido por CLAUDIO JOSE VEGA OJEDA y

OTROS        contra         el   LA   EMPRESA   DE   LICORES                 DE

CUNDINAMARCA.




Costas en casación, a cargo de los demandantes.




Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de

origen.
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                              CARLOS ISAAC NADER




GUSTAVO JOSÉ GNECO MENDOZA                     EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS




LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ               FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ




CAMILO TARQUINO GALLEGO                 ISAURA VARGAS DÍAZ




                          MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA
                                  Secretaria
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