Las coaccionadas Telplasa S by 03y0NED6

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									                                   A C U E R D O

              En la ciudad de La Plata, a 13 de julio de 2011,

habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en

el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de

votación: doctores Hitters, Kogan, Soria, Negri, se reúnen

los   señores       jueces    de    la   Suprema    Corte    de       Justicia   en

acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en

la    causa    L.     99.465,       "Enrique,      Pablo    Norberto          contra

Telplasa S.A. y otros. Despido".

                        A N T E C E D E N T E S

              El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento

Judicial      Quilmes       hizo    lugar     parcialmente        a    la     acción

promovida, imponiendo las costas a las codemandadas vencidas.

              Las coaccionadas "Telplasa S.A.", "Radiotrónica

de Argentina S.A." y "Telefónica de Argentina S.A." dedujeron

recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.

              Dictada la providencia de autos y hallándose la

causa    en     estado       de      pronunciar      sentencia,          ante    la

insuficiencia         del     valor      de   lo    cuestionado          en     esta

instancia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las

siguientes

                             C U E S T I O N E S

              1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar res-

pecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley

incoado por "Telplasa S.A." a fs. 624/632?
             2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar res-

pecto del deducido por "Radiotrónica de Argentina S.A." a

fs. 635/650?

             3ª)    ¿Qué    pronunciamiento           corresponde   dictar      en

relación al interpuesto por "Telefónica de Argentina S.A."

a fs. 653/665?

                                       V O T A C I Ó N

             A la primera cuestión planteada, el señor Juez

doctor Hitters dijo:

             I. En lo que interesa para la resolución de la

litis, el tribunal del trabajo hizo lugar a la demanda

deducida por Pablo Norberto Enrique contra "Telplasa S.A.",

"Radiotrónica de Argentina S.A." y "Telefónica de Argentina

S.A.", en cuanto les había reclamado el pago de haberes

adeudados,    horas       extra,      sueldos    anuales    complementarios,

integración        del    mes   de     despido    e     indemnizaciones        por

vacaciones     no        gozadas,     falta      de     preaviso    y    despido

injustificado, así como las previstas en los arts. 2 de la

ley 25.323 y 16 de la ley 25.561.

             En el veredicto, el juzgador consideró acreditado

que el actor trabajó bajo relación de dependencia de la

coaccionada        "Telplasa         S.A.",     desempeñando        tareas      de

instalación de líneas telefónicas y equipos de telefonía de

propiedad    de     "Telefónica        de     Argentina    S.A.".       Tuvo   por

probado,     asimismo,          que     dicho         vínculo   laboral        fue
deficientemente registrado, habida cuenta que el empleador

abonaba solo una porción ($ 300) del importe total de la

remuneración       ($       800)    "en     blanco",          pagando     el   saldo

adicional sin constancia en los recibos de haberes. Además,

se demostró que si bien el actor renunció el día 23-I-2002,

con posterioridad a esa fecha continuó prestando tareas en

las mismas condiciones, aunque dejó de suscribir recibos de

sueldo (vered., fs. 587/590).

             En otro orden, el tribunal de origen señaló que,

sin perjuicio de que el actor se hallaba inscripto como

trabajador    de    la      construcción,           no   se    demostró    que    las

tareas por él prestadas pudiesen encuadrarse como trabajos

de construcción propiamente dichos (art. 1 inc. "a" de la

ley 22.250), ni tampoco se probó que se hubiera desempeñado

complementaria          o    coadyuvantemente            para     una      obra    en

construcción (art. 2 inc. "b" de la ley 22.250). Ello así

-puntualizó- porque quedó acreditado que el actor procedía

a la instalación de telefonía tanto en empresas como en

domicilios     particulares,              sin   relación         con      obras    en

construcción    (vered.,           fs.   590    y    vta.).     Sobre   esa    base,

resolvió el sentenciante que el vínculo habido debía quedar

regido por la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio

Colectivo de Trabajo 163/91, descartando su inclusión en el

ámbito de la ley 22.250 en virtud de que el empleador había

encuadrado falsamente la relación laboral en un régimen
legal a la baja de los derechos del trabajador (sent., fs.

597 vta./598).

            Por otra parte, también consideró demostrado el

juzgador, con sustento en la prueba testimonial, que el

actor trabajaba 12 horas extra semanales de lunes a viernes

y 6 los días sábados, cuyo pago no fue acreditado por las

accionadas (vered., fs. 592). En consecuencia, condenó a

las   coaccionadas            a     abonar      al     actor   en    tal    concepto    el

importe de $ 1.892,80 (sent., fs. 600).

            Más adelante, tras juzgar justificado el despido

indirecto perfeccionado por el actor (sent., fs. 598/599),

determinó       el       a    quo    que       la    mejor     remuneración       normal,

mensual     y    habitual            que       debía      tomarse    como      base   para

calcular la indemnización por despido -integrado por el

salario percibido, más la parte proporcional del sueldo

anual      complementario                  y        las     horas     extraordinarias

devengadas- ascendía a $ 1.024,40 (sent., fs. 599).

            Por       último,         tras       considerar      acreditado       que   la

coaccionada       "Telpasa           S.A."       -empleadora        del    actor-     había

sido subcontratada por "Radiotrónica S.A.", quien, a su

vez, era contratista de "Telefónica de Argentina S.A.", el

juzgador        resolvió          condenar          solidariamente         a   las    tres

codemandadas         a       pagar    los      rubros      laborales       adeudados     al

accionante, con fundamento en el art. 30 de la Ley de

Contrato    de       Trabajo.         Para      así       decidir,   ponderó      que   la
instalación de líneas y equipos de telefonía (tarea que

desempeñaba el actor) forma parte de la actividad normal y

específica      propia      de      "Telefónica           de     Argentina       S.A.".

Destacó, en tal sentido, que, sin la instalación aludida,

resultaría      imposible         la        prestación          del     servicio        de

telecomunicaciones          que      dicha     empresa          está        obligada     a

realizar, debiendo haberla asumido con su propia estructura

y   personal,    razón        por      la    cual,       al     haber       optado     por

transferirla      a     una      tercera       empresa,             debía     responder

solidariamente        por   los      créditos       laborales          adeudados       por

ésta. Luego, tras resaltar que, a partir de la reforma del

precepto legal indicado, pesa sobre los contratistas la

carga de exigir las constancias de pago de remuneraciones y

aportes a la seguridad social, y computando que en autos se

habían     demostrado       maniobras         fraudulentas            por     parte     de

"Telefónica de Argentina S.A.", así como la clandestinidad

parcial -primero- y total -después- de la relación laboral,

resolvió      que       correspondía               extender           sin     más       la

responsabilidad         del       empleador          a        las     dos      empresas

codemandadas (sent., fs. 602/603 vta.).

             II. Contra dicho pronunciamiento, la coaccionada

"Telplasa       S.A."       dedujo           recurso           extraordinario           de

inaplicabilidad        de     ley,     en     el    que       denuncia       absurdo     y

violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional

y de la doctrina legal que identifica (fs. 624/632).
           Plantea los siguientes agravios:

           1. En primer lugar, señala que el tribunal "se

apartó de las constancias de la causa y de la doctrina

legal" en relación a la actividad cumplida por las partes y

su correspondiente encuadre normativo.

           En   ese   sentido,   destaca   que     en   el   caso    quedó

demostrado que la actividad principal de "Telplasa S.A." es

la de construcción, estando todos sus empleados registrados

ante el organismo correspondiente.

           Añade que de los precedentes que identifica se

desprende que el tribunal ha valorado arbitrariamente y sin

fundamento alguno el correcto encuadre efectuado por el

empleador de la relación laboral.

           2. Cuestiona, asimismo, el salario que el juzgador

tuvo por acreditado ($ 800 mensuales). Afirma que dicha

decisión   resulta    arbitraria,    en    tanto    ninguna     de     las

pruebas producidas en autos permite concluir que el actor

percibía semejante suma.

           En lo que respecta a las horas extra, sostiene

que el actor no probó haberlas realizado, máxime cuando la

coaccionada "Telefónica de Argentina S.A." no toma reclamos

los días sábados y domingos.

           Añade que el tribunal incurrió en absurdo en la

valoración de la prueba, vulnerando la doctrina legal que,

en relación a ese vicio, ha elaborado esta Suprema Corte en
los precedentes que identifica.

                En particular, ataca la valoración de la prueba

testimonial señalando que el tribunal tomó indebidamente en

cuenta testimonios de sujetos que tenían juicios pendientes

contra     las      accionadas        quienes,      por   lo    tanto,      estaban

interesados         en    la    solución      del    litigio.       Tal    decisión

resulta        -a   criterio     de     la    quejosa-      violatoria      de   la

doctrina establecida en las causas L. 46.357 (sent. del 22-

X-1991) y L. 42.033 (sent. del 12-IX-1989).

                3. Por último, solicita que esta Corte "tenga a

bien revocar por altos" los honorarios regulados por el a

quo, toda vez que "sobrepasan considerablemente las tareas

llevadas a cabo".

                III. El recurso no prospera.

                1. En primer lugar, corresponde señalar que el

valor de lo cuestionado por la recurrente no supera el

monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal

Civil      y    Comercial       para    la    admisibilidad         del     recurso

extraordinario de inaplicabilidad de ley.

                Por tal razón, el remedio procesal fue concedido

por   el       tribunal    de   grado    en    el   marco      de   la    excepción

consagrada en la última parte del primer párrafo del art.

55 de la ley 11.653 (res. de fs. 690).

                Siendo ello así, corresponde analizar si se ha

configurado en la especie el supuesto excepcional receptado
en dicho precepto, que -con prescindencia de la cuantía del

litigio-    habilita       la     instancia    extraordinaria         cuando    el

fallo recurrido contraría la doctrina de esta Suprema Corte

vigente a la fecha en que se dictó aquél.

            2. Por las razones que seguidamente desarrollaré,

considero que tal situación no se verifica en autos.

            a.     Como     reiteradamente           lo    ha    señalado     este

Tribunal, dicho supuesto excepcional de admisibilidad se

configura     cuando       la     Suprema     Corte       ha    determinado    una

doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen

la   relación       sustancial        debatida        en       una   determinada

controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso

similar (conf. causas Ac. 77.899, "Elizondo", res. del 28-

VII-2000; Ac. 93.927, "J., A.", sent. del 3-V-2006; Ac.

99.173, "Esnal", res. del 30-V-2007).

            b. Pues bien, partiendo de dicha hermenéutica,

este Tribunal ha tenido oportunidad de resolver que tal

hipótesis no se verifica cuando mediante la denuncia de

violación     de    la     doctrina     legal        se    pretende    traer     a

consideración de esta Corte agravios relativos a cuestiones

de hecho y prueba privativas de los jueces de grado, que

solo podrían ser eventualmente revisables por la vía del

absurdo (conf. causas Ac. 61.241, "Toranza", res. del 22-X-

1996;   Ac.      81.809,        "Gallay",     res.    del       19-VI-2002;    Ac.

94.568, "Renzi", res. del 21-VI-2006).
            Siendo ello así, queda sellada la inadmisibilidad

del    agravio    vinculado          con   la     absurda     valoración       de   la

prueba    testimonial,             conducto      por    el    cual     la     quejosa

pretende que se revise la conclusión del tribunal relativa

al salario y las horas extra que correspondía percibir al

accionante.

            Y no obsta a lo expuesto la circunstancia de que

la    recurrente       haya    denunciado         violación     de     doctrina     en

relación al vicio de absurdo (ver recurso, fs. 628/630),

habida cuenta que -como también lo ha resuelto este Tribunal-

aquélla    no     es        apta    para    la     aplicación        del     supuesto

excepcional       de    admisibilidad            indicado     (conf.       causas   L.

85.658,    "Trentini",             sent.   del    22-VIII-2007;        L.    96.009,

"Serrano", sent. del 15-IV-2009, entre otras).

            c. En lo que respecta al resto de los agravios

(reseñados en los puntos 1. y 2. del apartado II de este

voto),    deben    ser       rechazados         sin    más,   toda     vez    que   en

relación a ellos no se ha denunciado violación de doctrina

legal alguna, siendo que los precedentes invocados no lo

constituyen.

            IV.        En     virtud       de    lo    expuesto,       corresponde

rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de

ley. Con costas (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

            Así lo voto.

            Los señores jueces doctores Kogan, Soria y Negri,
por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters,

votaron la primera cuestión en igual sentido.

             A la segunda cuestión planteada, el señor Juez

doctor Hitters dijo:

             I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad

de ley, la coaccionada "Radiotrónica de Argentina S.A."

denuncia absurdo y violación y errónea aplicación de las

leyes 22.250, 24.013, 25.232, 25.345 y 25.561; de los arts.

14   bis,   17    y     18    de    la    Constitución       nacional   y    de    la

doctrina legal que cita (fs. 635/650 vta.).

             1. En primer término, cuestiona que no se haya

encuadrado       la    relación      laboral       en   el   ámbito    de   la     ley

22.250.

             Señala          que    la    actividad      desempeñada        por    el

empleador al momento de contratar al actor era propia de la

construcción,          por    lo    que    deben    aplicarse     al    caso       las

disposiciones del estatuto profesional en cuestión.

             Al       respecto,      afirma    que,     de   conformidad       a    la

jurisprudencia que indica, las actividades de "reparación,

conservación o instalación" de líneas telefónicas quedan

encuadradas en el ámbito del referido cuerpo legal.

             Añade       que       las    circunstancias       mencionadas         han

quedado acreditadas con la prueba testimonial y que, en

todo caso, debió el tribunal haber utilizado sus facultades

instructorias, solicitando alguna medida para mejor proveer
"que acredite en debida forma los dichos de los testigos".

          2. En otro orden, señala que la sentencia atacada

dispuso arbitrariamente la aplicación al caso del régimen

de solidaridad establecido en el art. 30 de la Ley de

Contrato de Trabajo.

          Aduce que el a quo no contempló que "Radiotrónica

S.A." hizo efectivo en debida forma su control sobre la

subcontratista en lo que respecta al cumplimiento de sus

obligaciones    laborales     y   previsionales,        por   lo   que   -de

conformidad a la jurisprudencia que cita- no correspondía

responsabilizarla solidariamente con el empleador.

          3. También cuestiona la mejor remuneración que el

tribunal utilizó para calcular la indemnización por despido.

          Al     respecto,       expresa    que   el     tribunal    llegó

arbitrariamente a la suma de $ 1.024,40, cuando ninguno de

los testigos mencionó una cifra semejante y, además, de la

pericia contable surge que el salario más alto percibido

por el actor ascendió a $ 852. Agrega que, a todo evento,

deben descontarse de esa cifra los $ 300 que el actor

cobraba bajo recibo.

          4.    También      denuncia      violación    de    la   doctrina

legal   sobre    el    absurdo    y   cuestiona    la     regulación     de

honorarios,     en    los   mismos    términos    que    la   coaccionada

"Telplasa S.A.".

          II. Este recurso tampoco puede prosperar.
             1. Al igual que en el caso anterior, en relación

al   remedio        bajo   examen,       el    valor      de    lo     cuestionado

-representado        también    aquí     por   el    importe      de    condena     y

excluidos, a contrario de lo que pretende la quejosa a fs.

635 vta./636, los intereses- no supera el umbral establecido

en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.

             Es      por    ello     que      este     embate        también      fue

-acertadamente- concedido por el juzgador de grado en el

marco de la excepción contemplada en el art. 55 de la ley

11.653 (res. de fs. 666).

             Corresponde,       en      consecuencia,          verificar     si    ha

mediado violación de la doctrina legal de este Tribunal.

             2.      Adelanto      la    respuesta        negativa       a     dicho

interrogante.

             Tal como sucedió al abordar la primera cuestión,

en relación a este recurso tampoco se ha invocado doctrina

idónea para la revisión casatoria en el estrecho marco en

el que fue concedido.

             En efecto, la única doctrina de esta Corte que trae

la quejosa es la vinculada al vicio de absurdo (agravio que ha

sido planteado exactamente en los mismos términos en ambos

recursos, ver fs. 628/630 y 646/648), la cual, por los motivos

esgrimidos     en    la    primera      cuestión,    no    resulta      apta      para

modificar lo resuelto en la instancia ordinaria.

             Por lo demás, la restante jurisprudencia invocada
por la quejosa (fs. 642 vta. y 644 vta.) no emana de esta

Corte, resultando aplicable a su respecto lo señalado en el

ap. III. 2. c. de mi voto a la primera cuestión, al que

remito por razones de brevedad.

           III.   En   virtud    de   lo    expuesto,       corresponde

rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de

ley. Con costas (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

           Así lo voto.

           Los señores jueces doctores Kogan, Soria y Negri,

por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters,

votaron la segunda cuestión en igual sentido.

           A la tercera cuestión planteada, el señor Juez

doctor Hitters dijo:

           I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad

de ley "Telefónica de Argentina S.A." denuncia violación de

los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y de la

doctrina legal que identifica (fs. 653/665).

           Plantea los siguientes agravios:

           1. En primer lugar, señala que el tribunal "se

apartó de las constancias de la causa" en relación a la

actividad cumplida por las codemandadas y la llevada a cabo

por "Telefónica de Argentina S.A.", conducto por el cual

aplicó   indebidamente    al   caso   el   art.   30   de   la   Ley   de

Contrato de Trabajo.

           Al respecto, afirma que tanto "Radiotrónica de
Argentina S.A." como "Telplasa S.A." tienen por objeto la

realización        de        obras     o     servicios       vinculados      con    la

actividad     de        la    construcción,          al    punto     tal    que,    de

conformidad a lo que surge de las pruebas pericial contable

e   informativa,        tanto        ellas    como    el   actor     se encuentran

inscriptos, respectivamente, como empresas constructoras y

trabajador    de        la    construcción.          Añade    que    el    accionante

revistaba en la categoría "oficial de telefonía" previsto

en "el CCT 227/93 de UOCRA" y las tareas por él cumplidas

han sido acordes a las descriptas en dicho convenio para el

apartado "rama obras de ingeniería telefónica", situaciones

conocidas y aceptadas por él, quien de esa manera consintió

la calificación brindada al vínculo contractual.

             Añade que las tareas que tenía a cargo el actor

podían ser realizadas por "Telefónica de Argentina S.A." o

bien ser "tercerizadas por la especificidad de su objeto",

encargándoselas a una empresa especializada que lucra con

tal actividad y asume los riesgos del fracaso económico. En

consecuencia,       el       actor     y   su   empleador      han    cumplido     una

actividad secundaria o coadyuvante al giro de "Telefónica

de Argentina S.A.", por lo que no corresponde incluirla en

la actividad específica propia de ésta, que no es otra que

el servicio público de telecomunicaciones.

             Agrega que lo resuelto en la instancia ordinaria

en el sentido de que cualquier actividad que coadyuve al
fin societario de la empresa debe ser incluido en el ámbito

del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, contradice

"los precedentes de la Suprema Corte de Justicia en casos

análogos", resultando numerosos los fallos que excluyen a

la actividad secundaria o accesoria del ámbito del precepto

legal indicado. Al respecto, precisa que, en los precedentes

que indica, se resolvió que los trabajos de instalación,

conexión    y   empalme        de    cables     resultan    una   actividad

diferente de la específica que desarrolla "Telefónica de

Argentina S.A.", lo que pone de manifiesto la arbitrariedad

del fallo atacado, en tanto, al establecerse soluciones

distintas para casos similares, introduce una situación de

inseguridad     jurídica       y    provoca    un    "escándalo   jurídico".

Expresa, asimismo, que lo resuelto se opone a la jurispru-

dencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que

identifica, en la cual se ha resuelto que, para que resulte

de aplicación la solidaridad prevista en el art. 30 de la

Ley   de   Contrato       de   Trabajo,       debe   existir   una   "unidad

técnica de ejecución" entre las empresas contratistas.

            2. Sin perjuicio de lo señalado, indica que la

sentencia atacada viola la doctrina legal que esta Corte ha

establecido     en   la    causa     "Rodríguez       c/Granallado   Arenado

Pintado S.A.", en la cual se resolvió que la industria de

la construcción no se encuentra incluida dentro del sistema

instituido por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo
en virtud de lo que dispone el art. 35 de la ley 22.250.

             3. En otro orden de ideas, expresa que resulta

"arbitrario       e    infundado"       concluir         que   el      actor    realizó

horas extra, tal como lo hizo el tribunal, basándose en

argumentos "aparentes y contradictorios".

             Destaca que se ha producido una "duplicación de

rubros",     en   tanto      se    pretende      cobrar        como     horas     extra

conceptos     que       ya   han       sido     abonados          en    concepto       de

comisiones. En ese sentido, afirma que, en tanto el actor

era remunerado de esa manera, no debió reconocerse el pago

de   horas   extra,      pues     el    desempeño         durante       éstas    estuvo

compensado por el pago de aquéllas.

             Por último, manifiesta que el actor no reclamó la

totalidad de las horas extra, sino la diferencia entre la

hora normal y la hora extraordinaria, por lo que a los

montos reclamados en este concepto debe ser descontado lo

percibido por aquél.

             4. También se queja de que se haya condenado a

"Telefónica       de    Argentina       S.A."        a   entregar       al   actor     el

certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la Ley de

Contrato de Trabajo.

             Señala que dicha condena resulta de cumplimiento

imposible, desde que mal puede aquélla certificar servicios

prestados    bajo      relación        de    dependencia          de   un    tercero    y

remuneraciones         que   nunca          abonó,       habida     cuenta      que    la
solidaridad no convierte en empleados de la principal a los

dependientes de la subcontratista.

           5.    Por   último,    cuestiona     la     regulación     de

honorarios efectuada por el tribunal de grado.

           Solicita que esta Corte "tenga a bien revocar por

altos los mismos", en virtud de considerarlos excesivos,

toda vez que -alega- exceden la verdadera labor desarrollada

por los profesionales durante el trámite procesal.

           Luego, con fundamento en el art. 1 del decreto

1813/1992, solicita que los honorarios "sean reducidos a su

justo valor".

           II. El recurso no prospera.

           1. Al igual que en los dos casos anteriores, el

valor de lo cuestionado por la quejosa no supera el mínimo

establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y

Comercial, por lo que también fue concedido por el a quo en

el marco de la excepción del art. 55 -primer párrafo in

fine- de la ley 11.653 (res. de fs. 666).

           2. Aclarado ello, la queja ha de ser desestimada,

en tanto la impugnante no logra evidenciar la violación de

la doctrina legal de esta Suprema Corte.

           a. En lo que respecta al agravio vinculado a la

aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo,

cabe   señalar   que   -a   excepción   del   que    analizaré   en   el

apartado siguiente- la totalidad de la jurisprudencia que
invoca la quejosa no proviene de esta Suprema Corte, sino

de otros órganos jurisdiccionales, por lo que no resulta

idónea para habilitar la revisión casatoria, tal como fue

aclarado en las dos primeras cuestiones.

          Tampoco es hábil para modificar lo resuelto, la

jurisprudencia de la Corte nacional que la quejosa invoca a

fs. 658 y vta. ("Rodríguez c/ Embotelladora", sent. del 15-IV-

1993; "Luna c/Agencia Marítima Rigel", sent. del 2-VII-1993,

entre otras), habida cuenta que, en línea con lo que he

sostenido en el párrafo anterior, cabe recordar una vez más

que la doctrina legal es la producida por esta Suprema Corte y

no la que deriva de los fallos de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación (conf. causas L. 56.669, "Zenari", sent. del 28-

II-1995; C. 99.668, "Bissio de Vigil", sent. del 22-IV-2009;

L. 93.721, "Martín", sent. del 29-IV-2009, entre otras).

          b. Sentado ello, debo decir que la doctrina que

emana de la causa L. 47.443, "Rodríguez" (sent. del 8-IX-

1992) -único precedente de este Tribunal invocado en el

recurso (ver fs. 660 vta.)- no resulta de aplicación al

caso bajo juzgamiento.

          Es cierto que en dicho precedente esta Suprema

Corte resolvió que la industria de la construcción no se

encuentra incluida dentro del sistema instituido por el

art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

          Sin embargo, no lo es menos que tal circunstancia
en modo alguno alcanza a conmover lo resuelto en el caso

bajo examen, toda vez que -de un lado- en autos quedó

acreditado (en conclusión que debe permanecer firme, en

tanto no ha sido adecuadamente cuestionada por la quejosa

y, a todo evento, no podría ser revisada en el marco en el

que fue concedido el recurso) que la actividad delegada por

"Telefónica de Argentina S.A." a la empresa empleadora del

actor     no   podía           ser    encuadrada        en   el    Estatuto      de    los

Trabajadores de la Construcción (sent., fs. 588) y -del

otro-     el    art.       30        de    la   Ley    de    Contrato      de    Trabajo

establece, en su redacción actual (texto según ley 25.013,

B.O. del 24-VIII-1998, aplicada por el sentenciante, sent.,

fs. 602 vta.), que sus disposiciones "resultan aplicables

al   régimen        de    la    solidaridad           específico     previsto     en    el

artículo 32 de la ley 22.250", lo que demuestra que la

doctrina legal invocada ha perdido virtualidad a partir de

la reforma legal mencionada.

               En    consecuencia,              mediando     circunstancias       tanto

fácticas como jurídicas disímiles a las que se verificaron

en   el   fallo          cuya    doctrina        se     reputa     transgredida,        el

agravio    debe          ser    desestimado,          habida      cuenta   que    no    se

observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto

por el art. 55 de la ley 11.653, en el sentido y con el

alcance    establecido               por    esta      Suprema     Corte,    cuando      se

denuncia la violación de doctrina legal de este Tribunal
pero    los    precedentes         invocados          aluden     a    presupuestos

distintos a los de la causa bajo juzgamiento (conf. Ac.

62.677,       "Agostini",         res.     del        14-V-1996;       Ac.   63.146

"Martinese",        res.    del    24-VI-1997;         Ac.    77.721,    "Ibáñez",

res. del 10-V-2000; Ac. 82.277, "Espinoza Peláez", res. del

3-VII-2002; L. 93.721, "Martín", sent. del 29-IV-2009).

              c.    Por    último,       los    agravios      vinculados         a    las

horas extra, el certificado de trabajo y los honorarios

deben ser rechazados sin más, toda vez que en relación a ellos

no se ha denunciado violación de doctrina legal alguna.

              III.    En     virtud       de     lo    expuesto,       corresponde

rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de

ley traído. Con costas (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

              Así lo voto.

              Los señores jueces doctores Kogan, Soria y Negri,

por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters,

votaron la tercera cuestión en igual sentido.

              Con    lo    que    terminó       el    acuerdo,       dictándose        la

siguiente

                              S E N T E N C I A

              Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se

rechazan los recursos extraordinarios traídos; con costas a

los    respectivos         recurrentes         vencidos      (arts.    68    y       289,

C.P.C.C.).

              Regístrese, notifíquese y devuélvase.
             HECTOR NEGRI




DANIEL FERNANDO SORIA       JUAN CARLOS HITTERS




              HILDA KOGAN




                        GUILLERMO LUIS COMADIRA

                                Secretario

								
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