CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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					 República de Colombia




 Corte Suprema de Justicia


                         CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                             SALA DE CASACIÓN LABORAL




Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO
Radicación No. 35946
Acta No. 07.
Bogotá, D.C. nueve (9) de marzo de dos mil diez (2010).


Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto

por ADRIANA MARÍA SANTOS BOHÓRQUEZ, contra la sentencia

proferida el 5 de marzo de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que la

recurrente le promovió al MUNICIPIO DE BELLO.



                                  ANTECEDENTES



Adriana María Santos Bohórquez demandó al Municipio de Bello

con el fin de obtener la pensión de jubilación convencional, los

intereses moratorios y las costas del proceso.



En lo que interesa al recurso manifestó que nació el 18 de febrero

de 1964; que está vinculada al Municipio de Bello desde el 30 de
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                                  ADRIANA MARÍA SANTOS BOHORQUEZ VS. MUNICIPIO DE BELLO

enero de 1984; que actualmente ocupa el cargo de Auxiliar

Administrativo en la Secretaria de Hacienda Municipal; que se

beneficia de las convenciones colectivas de trabajo celebradas

entre dicha entidad territorial y su sindicato de trabajadores

municipales, especialmente, en lo relacionado con la edad y

tiempo de servicios requeridos para acceder a la pensión de

jubilación; que el artículo 3° del Acuerdo Municipal N° 10, del 20

de febrero de 1975, estableció que “los trabajadores oficiales

amparados por la presente convención que hayan prestado sus servicios al

Municipio de Bello durante veinte (20) años continuos o discontinuos tendrán

derecho a la pensión de jubilación con la edad que tengan al momento de

ajustar los veinte (20) años de servicio”; indicó que el Acuerdo Municipal

N° 27, del 6 de diciembre de 1977, extendió dicha convención a

todos los servidores públicos; que el Acuerdo N° 020, del 18 de

diciembre de 1988, en el que se adoptó una nueva convención

colectiva, mantuvo la vigencia de las anteriores disposiciones

transcritas y que igual parámetro se contempló en el artículo 9° de

la Convención Colectiva de 2005; que cumple con el requisito de

tiempo requerido en la convención colectiva de trabajo y que agotó

la vía gubernativa.




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                                     ADRIANA MARÍA SANTOS BOHORQUEZ VS. MUNICIPIO DE BELLO

El Municipio respondió oportunamente la demanda (folios 131 a

134); aceptó la existencia de la relación laboral, la fecha de

iniciación, el cargo que desempeñó la demandante; dijo que si

bien se suscribieron las convenciones colectivas estas sólo

beneficiaron a los trabajadores oficiales, más no a los empleados

públicos, dado que los Acuerdos que así lo pretendieron fueron

ilegales, pues no están facultados para suscribir convenios

colectivos; asintió sobre el agotamiento de la vía gubernativa;

propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación,

prescripción y límite de la prestación.



El Juzgado Laboral del Circuito de Bello, mediante sentencia del 31

de agosto de 2007 (folios 179 a 192), absolvió al Municipio de

Bello de todas las pretensiones y condenó en costas a la parte

demandante.



                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL



Por apelación de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la sentencia

aquí recurrida, confirmó la del juzgado, sin fijar costas en la




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alzada.



Después de realizar un recuento de la normatividad aplicable a los

servidores públicos y de transcribir jurisprudencia de esta Sala,

explicó que no era posible acceder a las peticiones de la

demandante, puesto que, en materia de fijación de salarios y

prestaciones         para     los   empleados         públicos,        existía      una

competencia legal y reglamentaria, que no podía abrogarse otra

autoridad, como se pretendía.



                             RECURSO DE CASACIÓN



Fue propuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal,

y admitido por la Corte. Se procede a decidir, previo estudio de la

demanda que lo sustenta.



                         ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN



Solicita que la Corte CASE TOTALMENTE el fallo acusado, para que,

en sede de instancia, revoque el del juzgado y, en su lugar, acceda

a las pretensiones de la demanda inicial y provea sobre costas




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                                       ADRIANA MARÍA SANTOS BOHORQUEZ VS. MUNICIPIO DE BELLO

como corresponda.



Propuso un cargo el cual no fue replicado.



                                 CARGO ÚNICO



Acusa la sentencia:

       “…por la vía directa, interpretación errónea del parágrafo del artículo 43 de la
       Ley 11 de 1986, en relación con los artículos 41 y 42 ibídem, 10 y 12 de la
       Ley 4ª de 1992; artículo 150 literales e y f y 313 numeral 6° de la
       Constitución de 1991, en relación con los Convenios 98, 151 y 154 de la
       O.I.T (incorporados a la legislación interna mediante las Leyes 26 de 1976 y
       411 de 1997(, artículos 55 y 93 de la Constitución Política.”




Censuró que los supuestos jurídicos de los que se valió el Tribunal

para edificar la sentencia, según los cuales los empleados

públicos no tienen derecho a la negociación colectiva y por tal

motivo no pueden extendérseles los beneficios convencionales, así

como que la potestad para la creación de prestaciones de

servidores públicos está radicada exclusivamente en cabeza del

Congreso de la República, son equivocados.



Luego de transcribir los artículos que denunció en el cargo,




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                                ADRIANA MARÍA SANTOS BOHORQUEZ VS. MUNICIPIO DE BELLO

argumentó que la Constitución Política mantuvo el régimen de

prestaciones de los servidores del orden territorial y que muestra

indudable de ello es la posibilidad de sindicalización de los

empleados públicos, lo que se traduce en la capacidad de realizar

negociaciones colectivas.



Especificó que los yerros mayúsculos se originaron porque el ad

quem no realizó una interpretación sistemática de las normas, ni

buscó la armonización del ordenamiento jurídico; y recalcó que si

bien existen talanqueras para la presentación de pliegos de

peticiones por parte de los empleados públicos, ello no significa

que estos no puedan beneficiarse de las convenciones colectivas.



                             SE CONSIDERA



Dado que la censura, para combatir la sentencia del ad quem

fundamenta el recurso, esencialmente, en lo dispuesto por la

Convención Colectiva de Trabajo en la que se reconoce el derecho

a la pensión de jubilación que reclama, era imprescindible

denunciar como infringidos, al menos, los artículos 467 y 476 del

C. S. del T., que constituyen la fuente de los derechos reclamados.




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                               ADRIANA MARÍA SANTOS BOHORQUEZ VS. MUNICIPIO DE BELLO




Tal defecto técnico advertido afecta el estudio de fondo del cargo,

en punto a los pretendidos derechos extralegales, por el carácter

dispositivo del recurso extraordinario.



No obstante, si se dejara de lado lo anterior, la acusación tampoco

saldría avante, pues es claro que esta Sala ha decantado el tema,

como lo decidió el Tribunal, según el cual a la actora, por ostentar

la calidad de empleada pública, no le eran aplicables las

disposiciones convencionales que consagran la pensión de

jubilación reclamada.



En efecto, según lo contemplado en el artículo 150 de la

Constitución Política, es potestad exclusiva del Congreso de la

República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados

públicos; acorde con la citada disposición, el artículo 12 de la Ley

4ª de 1992, señala que las corporaciones públicas territoriales no

podrán arrogarse la facultad de establecer el aludido régimen

prestacional de los empleados públicos del orden municipal;

desde esta perspectiva, las conclusiones del Tribunal armonizan

con los criterios expuestos por la Corte frente a casos similares,




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donde la entidad demandada ha sido el mismo Municipio de Bello,

así, por ejemplo, en la sentencia del 25 de agosto de 2009,

radicación 37084, se expresó:



                “En ese orden de ideas no le es permitido a las corporaciones
                municipales o departamentales expedir normas generales
                sobre pensiones, ya que esa es una atribución exclusiva y
                excluyente del Congreso, como ya se vio, la cual es integral y
                omnicomprensiva y tiene origen constitucional como quiera que
                estaba incorporada en la Constitución de 1886, y lo está en la
                actualmente vigente, tal como se desprende del contenido de
                su artículo 150 literales e y f, y lo ratifica el artículo 12 de la Ley
                4 de 1992.


                “En consonancia con esa directriz, se tiene entonces que
                ninguna de las disposiciones que fijan las funciones de los
                Concejos municipales, autorizan para regular materias o
                expedir normativas, como lo es para el caso que nos ocupa el
                artículo 14 del Acuerdo municipal 27 del 6 de diciembre de
                1977, que hizo extensivos a todos los servidores del municipio
                demandado, unos beneficios convencionales; constituyendo tal
                circunstancia una razón adicional para que no se le otorgue a
                dicho acto ninguna eficacia ni efecto vinculante.


                “La anterior posición no desconoce el mandato de que los actos
                administrativos, entre los que se encuentran tales acuerdos,
                son obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por
                la jurisdicción de lo contencioso administrativo; pero cuando la
                contrariedad de ellos con el orden jurídico superior a que deben
                sujetarse es ostensible y evidente, es imperativo para los jueces




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                                       ADRIANA MARÍA SANTOS BOHORQUEZ VS. MUNICIPIO DE BELLO

                proceder a inaplicarlos.


                "Finalmente, debe destacarse que la tesis que se deja expuesta
                tiene cabal aplicación cuando se trata de empleados públicos
                del ámbito municipal, aclaración que resulta necesaria dado
                que el Tribunal examinó el asunto desde esa óptica. No
                obstante, si se trata de trabajadores oficiales, lo que contemple
                la ley en materia salarial y prestacional, es apenas un mínimo
                que puede ser superado a través de la contratación colectiva,
                pero se reitera que esta posibilidad no puede dar pie para que
                dicho mejoramiento se produzca a través de actos jurídicos
                expedidos por los Concejos municipales y las Asambleas
                departamentales, porque ello les está perentoriamente vedado
                por la Constitución y la ley".




Sea lo anterior suficiente para que el cargo no prospere.



Sin costas, dado que no hubo oposición.



En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de

Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 5 de

marzo de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior

del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio que ADRIANA MARÍA

SANTOS BOHÓRQUEZ le promovió al MUNICIPIO DE BELLO.




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                                       ADRIANA MARÍA SANTOS BOHORQUEZ VS. MUNICIPIO DE BELLO

Sin costas en el recurso extraordinario.



CÓPIESE,        NOTIFÍQUESE,          PUBLÍQUESE           y     DEVUÉLVASE             EL

EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.




                               CAMILO TARQUINO GALLEGO




ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN              GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA




EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS                               LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ




                         FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ




                             DINORA CECILIA DURÁN NORIEGA
                                      Secretaria




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                    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                     SALA DE CASACIÓN LABORAL


                             SALVAMENTO DE VOTO
             Del Magistrado Eduardo López Villegas



       Radicación No.                35946
       Magistrado Ponente:         CAMILO TARQUINO GALLEGO
       Parte demandada: MUNICIPIO DE BELLO



       No comparto la decisión y planteamientos de la
Sentencia         de     la    referencia    para       variar       la     reiterada
jurisprudencia sobre distribución de competencias entre la
jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa cuando
se reclaman derechos pensionales bajo las reglas del
régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993, que
remite a la aplicación de normas del régimen público
pensional.


       De acuerdo con este criterio jurisprudencial, si la edad,
el tiempo de servicio o número de cotizaciones se han de
dilucidar a la luz de las normas que regulan los derechos de
los empleados públicos, la controversia debe ser dirimida
por la jurisdicción contencioso administrativa, la que por lo
demás, posee una extensa jurisprudencia sobre lo que
corresponde a cada uno de ellos según la diversidad de




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                                    ADRIANA MARÍA SANTOS BOHORQUEZ VS. MUNICIPIO DE BELLO


regímenes que gobiernan la situación según se trate de
funcionarios judiciales, del magisterio etc.


       No existe ninguna razón normativa que justifique hoy
el cambio de este criterio jurisprudencial.


       Soy entonces del criterio según el cual la Sala no debe
conocer       de     los     procesos   que     tengan         por     objeto        las
reclamaciones pensionales, en donde cuente además de la
condición de afiliado a la seguridad social, la de empleado
público, por la cual se reclama el tratamiento favorable
previsto para ellos.


       Pero, en lugar de declararnos inhibidos y no casar la
sentencia del Tribunal que se ataca en casación, soy del
criterio de que estos procesos deben ser remitidos a la
jurisdicción contencioso administrativa.


       Con todo respeto,


       Fecha ut supra,




       EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS




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