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									El lavado de dinero.




Lavado de dinero

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El lavado de dinero.




 Ética profesional
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INTRODUCCIÓN


Este capitula tiene por finalidad reflexionar desde la etica filosófica, sobre los principios
morales de los códigos de éticas profesional de los Graduados en Ciencias Económicas de
nuestro país y del I.F.A.C., en particular sobre el secreto profesional.

Podría afirmar que la practica profesional de los graduados en Ciencias Económicas no
debe limitarse únicamente al ¨ cumplimiento estricto normativo de cada incumbencia o
especialidad, para evitar sanciones o penas sino que debe estar inspirada por ¨ un plus ético,
que haga que su ¨praxis¨[ profesional genere fe publica y seguridad jurídica de la
incumbencia que se trate.

Para comenzar a abordar una reflexión de la gética en el ejercicio profesional ¨ se hace
necesario distinguir tres niveles del estudio ético.

Un primer nivel, el general, el etico propiamente dicho; esto es el que se refiere al actuar u
obrar del profesional como persona humana. Conforme a lo que la tradición más antigua de
la filosofía m oral enseña, el que trata del actuar del hombre, de acuerdo con las virtudes
naturales, esto es con discernimiento para poder distinguir en su obrar lo bueno de lo malo,
en orden a alcanzar su felicidad y su perfección.

Un segundo nivel etico es el vinculado con el espíritu ético de todas las normas que regulan
la profesión en ciencias económicas y muy especialmente lo normado por los códigos de
ética.

Un tercer nivel es el vinculado con el ejercicio profesional del graduado en Ciencias
Económicas, en su incumbencia especifica conforme a Ley N° 20.488.

Todos los niveles están relacionados entre sí, ya que en definitiva la ética profesional es una
unidad en el actuar. Actuar conforme al bien, en este caso, el actuar éticamente en la
practica profesional.




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¿Qué encierra la palabra ética?


La ética es el estudio del obrar del hombre según principios que le son propios, rectores de
una escala de valores, por medio de los cuales podemos dar la calificación moral de un acto
humano. Esto es la bondad o no del acto humano (bueno o malo, licito o ilícito, justo o
injusto. La ética tiene como fin la búsqueda de normas que lo ayuden a alcanzar la felicidad
y la perfección del fin; por eso, se ha dado a llamar a la ética ¨ la filosofía del obrar o
filosofía moral.

Ello explica la importancia que la ciencia, la cultura y la historia del pensamiento le han
dado a la ética como estudio del acto humano en general, ya que la misma naturaleza
humana es el fundamento del orden ético.

Podría concluir que el fin de la ética profesional es alcanzar la autorrealización como
persona ejerciendo la vocación profesional rectamente, en el marco individual y alcanzar el
bien común en el marco socio-comunitario.

El hombre ha descubierto que para alcanzar la felicidad, auto perfección o autorrealización
es necesario respetar mediante su obrar el orden moral natural. Siendo las vías de acceso la
adecuación del obrar conforme a un modelo virtuoso. Es por eso que el ejercicio de las
virtudes fue siempre el medio para el logro de la perfección intrínseca del hombre.


Fundamentos de la ética: las virtudes y los valores.


La vida moral es la conducta inspirada por el orden moral o ley moral natural, que se
apoya en las virtudes. Es por ello que al organismo de las virtudes se lo considero siempre
el medio de realización personal, puesto que es la capacidad que tiene el hombre para
actuar según su naturaleza. Sin embargo, el hombre no puede acceder a una vida feliz, si
primero desde su capacidad intelectiva no descubre jun valor en ella. Concluimos que la
virtud es la que permite la plena realización de la naturaleza humana, pudiendo enunciar
como virtudes naturales: justicia (la virtud del orden o medida en relación con los otros),
prudencia (virtud de obrar y del querer según la recta razón; es por ello que se la considera
como rectora de todas las virtudes morales); fortaleza (aquella virtud que esta siempre
dispuesta a no acceder contra en fin bueno del acto humano); templanza (la virtud de la
moderación, aquella que coloca en su justo orden las pasiones, y al mismo tiempo permite
que el hombre se tenga por lo que realmente es, llamada también virtud de los humildes.
También podemos agregar otras cuyo fundamento son las anteriores: la inteligencia y la
intuición de los primeros principios.

El acto humano tiene su raíz en la libertad, constituyendo el bien un valor en si mismo.
Como consecuencia, para la ética el bien es un valor moral. Es por este motivo que el
hombre desde su propia experiencia percibió los valores. Existen cuatro niveles de valores:
religiosos e intelectuales, morales y sociales, vitales y económicos. El hombre confecciona

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su propia escala valorativa priorizando alguno de estos niveles. El valor de la verdad, que
es el que se vincula directamente con el intelecto y con Dios para los creyentes esta en el
primer nivel, y no es casual sino causal que aparezca como constante en los códigos de
ética, con los términos de: veracidad, certeza, felicidad, objetividad pues ellos preservan al
actuar profesional del error, del engaño o del delito.


Los códigos de ética.


Son dichos códigos los que dejan expresados en forma explicita e implícita los valores y
virtudes que los profesionales tienen que tener en cuenta al realizar sus actividades. Los
códigos de ética plantean, sea en sus preámbulos, sea en el cuerpo normativo, normas éticas
y principios éticos a veces usados indistintamente. Repasemos algunos puntos de dos
códigos de ética.

El código de ética de Capital Federal en su preámbulo da el fundamento ultimo rector de la
ética de los profesionales en ciencias económicas, ¨ como la responsabilidad ante la
sociedad, y al mismo tiempo dice, que las normas no excluyen otras que conforman un
digno y correcto comportamiento profesional. En el cuerpo del código, en el articulo 3°,
bajo él titulo de Normas Generales, podemos extraer los principios que deben iluminar el
acto profesional, como así también las virtudes que el profesional debe tener al afirmar: Los
profesionales deben actuar siempre con integridad, veracidad, independencia de criterio y
objetividad.

El código de ética de la provincia de Córdoba enumera los deberes del profesional a saber:
servir con lealtad y entusiasmo el espíritu y propósitos enunciados en la legislación,
prestigiar con su conducta y buena fe en lo publico y lo privado, ser circunspecto, decoroso
y moderado y por ultimo debe ser probo y veraz. Además en el apartado segundo dice que
el tribunal de disciplina actúa como juez de conciencia, valor este muy profundo que va
mas allá de un juicio inmanente de la conducta profesional.

También las normas I.F.A.C. hablan de la dimensión social del contador, donde alude a la
objetividad, responsabilidad y al servicio. Dichas normas reconocen como objetivos del
código: la credibilidad, la profesionalidad, la cualidad de los servicios y la
confidencialidad. En uno de sus artículos hace mención a los principios fundamentales
como el de integridad, describiéndolo como la rectitud y honestidad en la actuación
profesional; esto se puede compatibilizar con las normas de conducta ética para los
contadores de gestión o administración, donde él termina integridad se asocia con la
conducta del profesional, quien debe evitar conflictos de intereses, involucrarse en actos
que perjudiquen a terceros, rechazar obsequios entre otras.

Las virtudes, el bien moral, los valores, el fin honesto, y el orden natural son como los
principios rectores que hicieron de fibras intelectuales de la estructura ética de las normas.
Pero todos estos valores y virtudes se ven amenazados por la situación de corrupción que se
da en nuestro país. Podemos asegurar que en la ausencia de valores y del ejercicio de la
virtud, el hombre cae en el vicio y sus obras se corrompen.

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Es por ello que la ética profesional no se debe circunscribir a un código normativo penal
exclusivamente, sino que además debe dar los principios rectores básicos que susciten en la
profesional recta conciencia, para provocar en él una constante tarea de auto perfección,
para el cumplimiento del fin honesto. Esto requiere del profesional contable convicción y
protagonismo, solo así se logrará cambiar situaciones de injusticia y corrupción. En
nuestros días es muy difícil encaminarse hacia una ética recta ya que los valores y la moral
son transitorios, donde a la moral cada uno la funda en su propia verdad.

Los valores no se comprenden si primero no se entiende el dinamismo de la naturaleza
humana, que en su obrar se perfecciona en el cumplimiento del bien como fin. Por esto el
profesional virtuoso, que actúa según valores éticos perennes es merecedor y depositario de
la fe pública, suscitando seguridad jurídica porque se comportará con integridad. La
integridad es la antítesis de la corrupción

Haciendo un balance de todos estos conceptos podríamos asegurar que descubrir los
principios éticos y morales hará del profesional un hombre seguro y protagonista de su
destino y de la historia de un pueblo, de una nación y del mundo. Por lo que los códigos de
ética no solo deben circunscribirse a un cuerpo normativo penal sino que además deben
suscitar recta conciencia profesional, enunciando principios perennes inspirados en la
justicia, la veracidad, la objetividad, la prudencia profesional, la fortaleza para ser íntegros
y la templanza para moderar las pasiones en la actuación profesional.

¨ Estos principios del obrar profesional hacen que nuestra tarea sea ética, no porque el
matriculado esté sujeto a un tribunal de disciplina o a códigos penales o disciplinarios, sino
porque optó libremente por tener vocación a la verdad y al bien.


El profesional más allá de las normas.


Todos conocemos la crisis de confianza y de valores que existe en nuestros días, en el
ámbito social, comunitario e individual. Por tanto, esta situación de crisis afecta también a
nuestros matriculados.

Si bien el graduado en ciencias económicas es contratado por un cliente, la relación frente a
éste por parte del profesional puede estar reñida, no solo con las Normas Contables
Profesionales y el Código de Ética profesional, sino también, y lo que es peor, con los
principios más trascendentes de la moral y de la ética que toda persona debe salvaguardar,
para su propio bien y el de la comunidad. Pero al hablar del cumplimiento de las normas,
no me refiero estrictamente al cumplimiento de la legalidad de la norma, o ley positiva,
sino a algo más profundo, la virtud.

Muchas veces se realizan actos que desde la letra de la norma son lícitos, pero que al
espíritu o la intención de los actos humanos que son realizados por una persona concreta,
pueden estar reñidos con algún valor moral. Estos actos, si bien no pueden encuadrase en
un delito o falta objetiva, que merezca una sanción, sin embargo pueden desde lo subjetivo,
afectar intereses que sorprendan la buena fe del cliente, la comunidad o el Estado.

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Para poder cerrar esta parte del capitulo realizaremos un análisis algo profundo del Código
de ética, en especial su Preámbulo:

El código de ética, consta de tres apartados: 1)el preámbulo, 2) ámbito de aplicación y
3)normas generales.

1)Este consta de dos párrafos: el primer párrafo expone su finalidad ¨ la responsabilidad
de los profesionales hacia la sociedad ¨.Nos presenta la finalidad del código al decir que
su propósito es enunciar las normas y principios éticos rectores que deben conducir el acto
profesional. Y el segundo párrafo expresa que sus normas no excluyen otras que conforman
un digno y correcto comportamiento profesional, lo que las hace meramente enunciativas y
abiertas a los valores éticos más fundamentales. El preámbulo pretende decir cuales son
dichas normas y principios, que a pesar de su intención no los enuncia como tales, pero lo
subsana al hablar del fundamento último de las normas y principios, al afirmar que este
fundamento lo tienen en la responsabilidad de los profesionales hacia la sociedad. Podemos
concluir que la responsabilidad ante la sociedad es la rectora del comportamiento ético del
profesional. En esencia, el acto profesional queda librado a la rectora conciencia de cada
matriculado, para que el cumplimiento de las normas del código sea eficaz.

En el cuerpo del código, en el apartado de normas generales, también podemos extraer los
principios que deben iluminar el acto profesional, como así también las virtudes que el
profesional debe tener. Si bien él articula 3° lleva el título de requisitos para la actuación
profesional, el significado de este artículo es proponer los valores y virtudes que debe
cultivar el profesional para poder actuar conforme al espíritu del código. En los párrafos
siguientes trataremos más a fondo el contenido del artículo 3.

Cuando este dice ¨ actuar con integridad ¨, significa que el profesional debe ser íntegro,
puesto que el obrar sigue al ser, nadie puede obrar íntegramente si no es íntegro.
Seguidamente, como queriendo explicar, qué es actuar con integridad, enuncia que debe
actuar con veracidad, esta se funda en la verdad. La verdad es un valor trascendente que
debe tener toda persona que busca el bien; la verdad es lo que la inteligencia siempre debe
buscar para no caer en el error, o en el engaño, o en el delito.

Podríamos decir que la independencia de criterio y objetividad son dos requisitos que
conducen a la actuación profesional hacia la verdad. Estos requisitos son modos, pautas, de
orden práctico y de procedimientos a tener en cuenta en el acto profesional para no atentar
contra la verdad. Cuando hace mención a la competencia profesional estamos frente al celo
profesional que todo matriculado debe tener, sea con su permanente capacitación, sea con
su responsable dedicación para que su idoneidad no se vulnere.

Debo destacar que el espíritu del código, quiere preservar también otros valores
importantes relacionados con la persona humana, Esto se ve claramente en los artículos 5 y
14 relacionados con la indelegabilidad de la responsabilidad del acto profesional. En los
artículos 6, 7, 15, 18, que hacen mención al sentido de cooperación y solidaridad y respeto
entre profesionales, que en definitiva son pautas de convivencia entre las personas que se
respetan mutuamente y buscan el bien común.


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Para poder cerrar este tema debemos tener en cuenta el contexto socio-cultural crítico, de
crisis de valores, llámese corrupción, incredulidad, individualismo en el que nos
encontramos. Toda esta situación hace que nuestra tarea profesional sea un desafío. Por eso
se hace necesario recordar la naturaleza de nuestro actuar profesional, los valores y virtudes
que deben tener los profesionales al momento de realizar su trabajo. Además debemos
exigir a la sociedad en general, y a nuestros clientes en particular, que respeten siempre
nuestra autoridad profesional, sus incumbencias, y fundamentalmente nuestra
independencia de criterio. Si bien somos contratados por un usuario, en virtud del resultado
de nuestra labor, respondemos a la comunidad o a la sociedad es por eso que debemos tener
muy presente los valores y virtudes. Los principios fundantes del obrar profesional, hacen
que nuestra tarea sea ética, no porque el matriculado este sujeto a un tribunal de disciplina o
códigos disciplinarios o penales, sino porque optó libremente por tener vocación por la
verdad.


El secreto profesional.


Una de las pautas del actuar profesional es el cumplimiento del secreto profesional. Este es
esencial para preservar la fe que se deposita en quienes lo practican; es al mismo tiempo un
derecho y un deber que debe ser celosamente preservado, puesto que interesa al bien
común, creando vínculos de credibilidad entre los profesionales.

Dos son los artículos que se refieren al secreto profesional, ( artículos 19 y 20). En ellos se
expresa que la relación entre el profesional y el cliente debe desarrollarse en la más
absoluta reserva y confianza. El profesional no debe divulgar ningún conocimiento
obtenido como resultado de su labor sin la autorización expresa de su cliente. Pero la norma
tiene una excepción: puede relevar la información obtenida durante el desarrollo de su labor
siempre que sea para su defensa personal, en la medida en que dicha información sea
insustituible.

Sabemos que a fines de poder cumplir acabadamente con su función, todo profesional
puede llegar a necesitar información sobre cuestiones que, incluso, abarque secretos
comerciales e industriales celosamente custodiados. Por tanto, en igual medida que el
médico, el abogado y el confesor, el profesional de ciencias económicas debe tener un gran
sentido de la confidencia con la que su cliente habrá de proporcionarle información. Desde
luego que la limitación mencionada en el artículo 20 es incompleta. Si una ley, u otra
disposición de cumplimiento imperativo, fija la obligación de aquél de proporcionar
información no regirá la limitación citada. Por ejemplo, la orden dada por un juez de
indagar al profesional que hubiera intervenido en una cuestión litigiosa debe ser cumplida
por este, con el debido asesoramiento de su propio letrado, para fijar los límites de la
obligación que le fuera impuesta.




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El delito de violación del secreto profesional.


El tema se ubica en el libro II Título V del código penal sobre los delitos contra la libertad,
y se halla legislado en el capitulo III sobre violación de secretos. Concierne a nuestro tema,
lo dispuesto en el Art. 156: ¨ Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o multa
de veinte mil pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que
teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, profesión o arte, de un secreto cuya
divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.

El contador público debe cuidar que los estados contables se ajusten al llamado principio de
la exposición, es decir que contenga toda la información que sea relevante para el lector de
dichos estados a quien va dirigido.

Sabemos, también, que existen leyes y normas que regulan el contenido de los estados
contables y la forma en que debe exponerse la información respectiva. Además, el
profesional, debe exponer en su dictamen con todos sus efectos sobre su conclusión, todo lo
que no se halla incluido en los estados contables y que, a su juicio, en virtud de su
importancia relativa y por lo dispuesto en las respectivas leyes y normas, debió incluirse.


En suma que, en esencia, podemos afirmar que una de las funciones específicas del
contador público podría ser la de vigilar que la información pertinente y relevante se
divulgue cómo y cuándo corresponda. Por lo tanto, parecería ilógico pretender que lo
dispuesto en el Art. L56 del código penal pueda ser de aplicación al contador público.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, precisamente, en los códigos de ética se le
impone al profesional la obligación de guardar secreto. El Art. 21 del código de ética
profesional aplicable en la Capital Federal establece: ¨ La relación entre el profesional y
cliente debe desarrollarse dentro de la más absoluta reserva y confianza. El profesional no
debe divulgar asunto alguno sin la autorización expresa de su cliente, ni utilizar en su favor
o en el de terceros, el conocimiento íntimo de los negocios, de su cliente adquirido como
resultado de su labor profesional.

Lo que antecede se complementa con lo que establece el Art. 22 de dicho código de ética,
que es la excepción a dicha norma: Está relevado de su obligación de guardar secreto
profesional cuando imprescindiblemente deba relevar sus conocimientos para su defensa
personal, en la medida en que la información que proporcione sea insustituible.

Los artículos transcriptos interesan particularmente para cuando analicemos la
responsabilidad disciplinaria del contador público. Pero a los efectos del estudio de la
aplicabilidad del Art. 156 del código penal al profesional que actúe como síndico o como
auditor externo, nos resultará útil considerar los conceptos que hemos subrayado de los dos
artículos citados

Por un lado, entonces, admitimos que el contador público, sé a como síndico o como
auditor externo, debe cerciorarse de que la empresa en la que ejerce esas funciones,

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suministre en la documentación que debe darse a publicidad, la información que en ella
corresponda. Por otro lado, en cambio, se le impone penas a ese profesional, por violación
de secreto. Cabe inquirir entonces cómo se identifica su responsabilidad penal ya que por el
Art. 156 debe mantener en reserva los secretos, por razón de su profesión; y a su vez, ésta
impone normas éticas que también le exigen reserva y discreción

La solución, entonces es tener en cuenta que en primer término que, de alcanzarle al
profesional el Art. L56 la prohibición de revelar secretos, ella se refiere a la información
que divulgare el profesional que no corresponde hacer pública. Es decir, dicho artículo se
aplica a la divulgación por el profesional de lo que no sea pertinente para el cumplimiento
de la obligación de informar que le hubieran impuesto las leyes, normas o contratos. Debe
entenderse, pues, que se trata de esos asuntos relacionados con el ´’ conocimiento íntimo de
los negocios(fórmulas industriales, estrategias comerciales, políticas financieras, de
personal u otras), que puedan llamarse sec retos. Aunque éstos deben ser de naturaleza tal
que no podrían ser revelados libremente a la asamblea de accionistas de una sociedad
´abierta´ sin daño para ella.

En según do lugar, pues, debe tratarse de información que revele el profesional sin justa c
causa, pues si la hubiere, y no la revelara puede ser acusado de delito ( si el ocultamiento
fuera de algo delictuoso) por reticencia de lo que debe informar actuando ya sea como
agente directo, o como cómplice, e incluso puede ser imputado del encubrimiento, según lo
indicado en capítulos anteriores. Por último, es preciso que lo revelado sin justa causa,
pueda causar un daño, pues éste es un elemento esencial para que pueda invocarse el delito
según lo establece el mismo Art. 156




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Conceptos generales del lavado

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Introducción


Uno de los grandes ´acechos´ que afronta actualmente la economía y la sociedad toda es el
de la criminalidad trasnacional organizada que, aprovechándose de cuantiosos beneficios
económicos, derivados de diversas actividades ilícitas ( tráfico de estupefacientes, armas,
de seres humanos y órganos, corrupción, etc. ), necesitan de complejos y diversos
mecanismos para incorporar dichos fondos a la economía formal a través del denominado
lavado de dinero o blanqueo de capitales

Nos encontramos ante uno de los delitos más complejos, pues el mismo no se manifiesta en
forma clara y precisa, sino más bien requiere de profundas tareas de investigaciones, a la
manera de la unión de las piezas del rompecabezas más ingenioso que pueda imaginarse.

Por tratarse de un delito transnacional se requiere la colaboración de todos los países, a
través de sus organismos gubernamentales que se encuentran abocados a la investigación de
ellos.

El lavado de dinero es, por tanto, un proceso en virtud del cual los bienes de origen
delictivo integran el sistema económico con la apariencia de haber sido obtenidos en forma
legal.

En los países desarrollados este tema fue advertido a mediados de la década del 70, aunque
fundamentalmente desde la óptica del narcotráfico, teniendo el lavado de dinero sus
orígenes en los Estados Unidos ( EE.UU.), en la década del 60.

Luego, el tema se extendió a otros delitos graves, como el tráfico de armas, de humanos y
órganos humanos, corrupción, contrabando, evasiones fiscales y otro.

Los primeros antecedentes legislativos, en el orden internacional, nos remontan a EE.UU. ,
con la ley de control de lavado de dinero, Reino Unido de Gran Bretaña, con la ley de
delitos vinculados al narcotráfico, Italia, Francia y España

Los países del mundo fueron tomando conciencia de la complejidad del tema, por lo que a
través de diversos organismos crearon recomendaciones, reglamentos e instrumentos a los
efectos de alcanzar los objetivos buscados.

En general, podría sostenerse que los países europeos llevan la delantera en las
recomendaciones internacionales sobre el lavado de dinero, mientras que en los
americanos, se ha reducido más al narcotráfico..

En nuestro país, el antecedente lo constituye la 23737 ( l989), que tipifica el delito de
lavado de dinero, aunque exclusivamente referido al tráfico de droga.

Como es sabido, recientemente, se dictó la ley 25246 del encubrimiento y lavado de activos
de origen delictivo


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Tal como ha ocurrido en otras legislaciones, la nuestra ha creado un organismo de
investigación, bajo la denominación de Unidad de Información Financiera ( UIF), que viene
a constituir una pieza clave en el tema.

En tal sentido, el aspecto medular del sistema radica en establecer la obligación, por parte
de los intermediarios en el sistema financiero-económico y de ciertos agentes, de informar a
la UIF sobre las operaciones inusuales o sospechosas de las que tomen conocimiento en su
actividad.


Metodología del lavado de dinero.

Antes de introducirnos en los aspectos legales del tema, me parece adecuado realizar
algunos comentarios sobre sus aspectos operativos y prácticos, a fin de ilustrar el fenómeno
que analizaremos.

Concepto de lavado de dinero: No existe una única definición de “lavado de dinero”, ya que
esta actividad delictiva adopta múltiples combinaciones para lograr su objetivo. En general,
cuando se trata de formular una definición siempre se opta por definir el objetivo final que
consiste en la “simulación de licitud” de activos originados en el ilícito bajo cualquier tipo
de modalidad o actividad.

“El blanqueo de capitales es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se
integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma
lícita.

En tal sentido, destacamos los distintos agentes intervinientes para poder comprender lo
que es lavado de dinero
.
Por un lado tenemos al delincuente, que es el autor del delito, o sea quien dispone de los
elementos o productos de su actividad delictiva.

Por otra parte, el favorecedor real, que es quien ayuda al delincuente a ocultar los
elementos o productos del delito.

El receptador, quien confía y recicla la mercadería que sabe ilícita.

A su vez, el lavador, que es aquella organización cuya actividad como finalidad darle a los
bienes de origen una apariencia de licitud.

Desde el punto de vista de la metodología del lavado de dinero se suele hablar de un
proceso integrado por tres etapas. En el proceso de lavado este desarrollo es un esquema de
carácter teórico pues en la práctica, los casos observados pueden no cumplir estrictamente
con cada una de las etapas o fases aquí expuestas.

COLOCACIÓN : Varias Actividades delictivas poseen la peculiaridad de obtener sus
garantías en dinero en efectivo. Tal el caso, entre otros, delito de narcotráfico. Los que

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obtienen así este dinero enfrentan de inmediato el problema logístico de deshacerse de
estas sumas, generalmente voluminosas, tratando de transformarlas en activos que sean
más fáciles de manejar.

Esto se logra intentando efectuar depósitos bancarios para poder transformar estas sumas en
dinero bancario.

En la colocación generalmente se intenta utilizar a los negocios financieros y a las
instituciones financieras, tanto bancarias como no bancarias, para introducir montos en
efectivos, generalmente divididos en sumas pequeñas, dentro del circuito financiero legal.
El objetivo de este paso es separar o diferenciar el dinero que se trata de invertir de la
actividad ilícita que lo originó y mantener el anonimato del verdadero depositante.

Las organizaciones delictivas usan en esta etapa auxiliares poco sospechosos, como
pueden ser personas con documentación falsa o empresas fachada, para depositar el
dinero en efectivo en montos pequeños y en diferentes instituciones, desde donde se
pueden transferir en corto tiempo y a muchos países del mundo.

Una variante en esta etapa es trasladar el dinero en efectivo a países con reglamentaciones
permisivas o a aquellos que posean un sistema financiero liberal como los conocidos
paraísos fiscales o “bancas off-shore”.

La introducción de dinero en efectivo es justificada muchas veces por medio de la
instalación de empresas que, por sus características, operan también con dinero en
efectivo, como o por ejemplo restaurantes, videos clubes, supermercados, etc., Las
ganancias obtenidas en actividades legitimas son mezclada con ganancias ilícitas que se
legitiman como ganancias legales, al ser depositadas en los bancos.

Las organizaciones delictivas, en general, realizan la colocación por medio de entidades
bancarias,, casino de juegos, casas de juego, etcétera. Los objetivos de esta etapa
podríamos resumirlo en transformación del dinero en efectivo y distanciar los fondos del
delito de origen.


DECANTACIÓN O ESTRATIFICACIÓN

Los objetivos en esta instancia son disfrazar o disimular y cortar la cadena de evidencia
ante eventuales investigaciones sobre el origen del dinero bancario.

En general las sumas son giradas en forma electrónica a cuentas anónimas en países donde
puedan ampararse en el secreto bancario o, en su defecto, a cuentas de firmas fantasmas
ubicadas en varias partes del mundo propiedad de las organizaciones delictivas.

En los procesos de transferencia. El dinero ilícito se mezcla con sumas millonarias que los
bancos mueven legalmente a diario, lo cual favorece al proceso de ocultamiento del origen
ilegal.


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INTEGRACIÓN :

En esta última etapa el dinero es incorporado totalmente al círculo económico legal,
aparentando ser de origen legal a, proveniente de ahorristas, de inversores comunes, etc.,
sin despertar sospecha. Esta integración permite crear organizaciones de “fachada” que se
prestan entre sí, generando falsas ganancias por intereses, o bien invierten en inmueble
que a su vez sirven como garantías de préstamos que son supuestamente invertidos en
negocio con una también supuesta gran rentabilidad. Una vez formada la cadena, puede
tomarse cada vez más fácil legitimar el dinero ilegal.

Los medios más utilizados en esta etapa son las inversiones en cadenas hoteleras,
supermercado, participación en el capital social de empresas, compra de inmuebles, oro,
piedras preciosas, obras de arte, etc., Las metodologías de la sobrefacturación.
subfacturación y facturación ficticia son centrales en el accionar. Podríamos decir que los
objetivos de esta etapa son ingresar en el circuito económico legal, ocultar origen y dar
apariencia de legal.

Consecuencias del lavado de dinero.


La sustracción de fondos de la economía real y productiva, para la inversión en el aparato
especulativo sin un fin económico, trae aparejado una “ Reducción de la tasa crecimiento
internacional “. Los movimientos de capital inducidos por el intento de lavar dinero no son
promovidos por fundamentos económicos , sino que están inducidos por la diferencias de
controles y regulaciones existentes entre los paises. Estos movimientos se producen en
direcciones opuestas a aquellas que serían esperables sobre las bases de fundamentos
económicos.

Los bienes totales controlados por organizaciones criminales son de magnitud tal que la
transferencia, aunque sea de una mínima fracción de ello, de un país a otro puede tener
importantes consecuencias económicas. A nivel nacional, grandes entradas y salidas de
capital podrían influenciar significativamente sobre diferentes variables de la economía (
tasa de cambio y de interés, y aún en los precios de determinados bienes.) Asimismo
podrían afectar la confianza y transparencia que deben tener los mercados de capitales.

Las agrupaciones delictivas invierten en base a su alto “ cash- flow “, especialmente en
sectores de prestación de servicios, expulsando así a las estructuras de producción
tradicionales. Se pierden, entonces, las capacidades de producción de bienes, y aumenta la
dependencia de las importaciones de los países, con efectos negativos para la balanza
comercial y de pagos.




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El lavado de dinero.




    La Ley 25.246


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 LA LEY 25246 DE “ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN
  DELICTIVO”. REGIMEN SANCIONATORIO PENAL Y ADMINISTRATIVO.


Con la sanción de la ley 25246 (BO: 10 y 11/5/2000) se introducen reformas al Código
Penal en relación con el delito y el encubrimiento y se crea un sistema de prevención y
represión del lavado de activos provenientes de delitos de especial gravedad que estará a
cargo de un organismo administrativo con singular relevancia y amplias facultades: la UIF.

La ley 25246 regula el lavado de dinero introduciéndolo en el artículo 2768 del Código
Penal como una figura autónoma que tiene como presupuesto hechos delictivos anteriores.
Sin prejuicio de ello, se trata de una modalidad de la figura básica del delito de
encubrimiento, en rigor, el delito de lavado de dinero constituye un encubrimiento
calificado, de acuerdo con el tratamiento que le dispensan tanto la doctrina como el derecho
comparado en general.

A partir de su nueva regulación como delito autónomo, el lavado de dinero –que
originariamente fue concebido como una especie agravada de aquellas conductas tendientes
a encubrir únicamente los delitos vinculados con el narcotráfico- extiende su campo de
aplicación a los casos en que la procedencia de los activos fuese delictiva en general, es
decir, se amplía el espectro a otros delitos precedentes o previos de especial gravedad; ello
se deduce a partir de la nueva redacción dada al artículo 278 del Código Penal y se
confirma con lo dispuesto para la UIF en el artículo 6° de la ley 25246 que menciona
expresamente los delitos precedentes a los que se aplican las normas de prevención.

El inciso 1) del artículo 278 del Código Penal en su nueva redacción dad por la ley 25426
contempla la figura básica dolosa del lavado de activos que se configura cuando se “...
convierte, transfiere, administre, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero
u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado con la
consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la
apariencia de un origen lícito...”. Las penas aplicables son de prisión de2 a 10 años y una
multa de 2 a 10 veces el monto de la operación en cuestión. En el caso de que el autor
realizare estas conductas con habitualidad o como miembro integrante de una asociación o
banda formada para la comisión continuada de estos hechos, el mínimo de la pena será de 5
años.

El delito se configurará siempre que se verifique que el valor de los bienes con “apariencia”
de origen ilícito superen el “quantum” fijado como l’imite por el tipo objetivo que alcanza
a los $50000 –sea que esta suma se alcance en un solo acto o por la reiteración de hechos
diversos vinculados entre sí-; Caso contrario, el delito de lavado de dinero quedará
subsumido en la figura del encubrimiento previsto en las reglas del artículo 227 del Código
Penal.

Por su parte, el artículo 278 en su inciso3) dispone que “el que recibe dinero u otros bienes
de origen delictivo, con el fin de hacerlo aplicar en una operación que les dé la apariencia
posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277, es decir,
esta norma contempla lo que la doctrina penal denomina “receptación intermedia o “en

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transito” y conforme con el dictamen por la mayoría de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, el tipo penal descrito incrimina el denominado “delito de emprendimiento” al
darle tratamiento de hecho consumado a aquellas conductas que constituyen actos
preparatorios del futuro lavado. En razón de ello es que se lo remite a las normas del
artículo 277, asimilado al receptador intermedio como autor de encubrimiento simple.

Por ultimo, el inciso 4) del artículo 278 del Código Penal en su nueva redacción establece
la posibilidad de que los bienes o cosas objeto del delito de lavado de dinero sean
decomisados. El artículo 279 en su tercer punto prevé la inhabilitación especial de 3 a 10
años para el que hubiera cometido el hecho reprimido en ejercicio u ocasión de sus
funciones públicas o de una profesión u oficio que requieran habilitación especial.

Las disposiciones anteriores serán de aplicación aun cuando los hechos que configuran los
delitos hubieran sido cometidos fuera del ámbito de aplicación del Código Penal y siempre
que existiera una amenaza de pena en lugar de comisión; ello constituye un reconocimiento
expreso del carácter transnacional de la actividad del lavado, así como la existencia de
organizaciones criminales globalizadas.

La legislación penal en este sentido estricto se completa mediante sanciones de carácter
administrativo
Para reprimir el incumplimiento de los deberes de control financiero impuestos a los bancos
y a las instituciones de créditos o financieras sobre las que pesan las obligaciones de
información. La ley 25246 en su capítulo IV crea un sistema de control reprimibles con
multas de diversos montos sea el hecho verificado y la persona a quien se aplica.

El inciso 1) del artículo 23 de la ley 25246 establece una multa de 2 a 10 veces el valor de
los bienes objeto del delito que se aplicara a “... la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor
hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirle la
apariencia de un origen en el sentido del Art.278, inciso 1)... “. Cuando el hecho hubiera
sido cometido por temeridad o imprudencia grave, la multa a la persona jurídica será del
20% al 60% del valor de los bienes objeto del delito. En el caso del delito por el artículo 22
de la ley 25246 (violación del secreto), la persona jurídica será objeto de una multa de
$10000 a $100000.

A través del artículo 24 de la ley 25246 se determina una multa de 1 a 10 veces el valor de
los bienes a los que se refiera la infracción para la persona de existencia visible que actúe
por sí y como órgano o ejecutor de una persona jurídica cuando incumpla algunas de las
obligaciones de informaciones a la UIF. Esta multa se hará extensible a la persona jurídica
por quien actuare.

En el artículo 26 de la ley 25246 se establece que las sanciones administrativas a que dieran
lugar las infracciones previstas en la ley y se regirán por los artículos 1101 y siguientes y
3982 bis del Código Civil, considerando a la acción penal administrativa como “ acción
civil” en los términos de la llamada prejudicialidad, es decir que la norma pretende
implantar un régimen de prejudicialidad de “lo penal” a lo “administrativo”, pues supedita
la aplicación de las sanciones administrativas de multa a la existencia de una sentencia
firme en sede penal respecto de los hechos cuestionados.

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              U.I.F.

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UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA


La UIF funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.

Tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales
en el resto del país.

La UIF establece agencias regionales en las jurisdicciones que considere necesarias, pero
no podrán ser más de una por región.

La función de las regionales será la recepción, complementación y compatibilización de la
in formación producida en sus jurisdicciones, para su posterior remisión a la oficina central
de la UIF.

El territorio de la Nación se divide en las siguientes regiones:

CENTRAL. (Córdoba, Santa Fe), sede Córdoba.
CUYO. (Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis), sede Mendoza.
LITORAL. (Corrientes, Entre Ríos, Misiones), sede Corrientes
NORTE. (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán), sede
Salta.
PAMPEANA ( Buenos Aires. La Pampa), sede Bahía Blanca.
PATAGONICA (Chubut, Neuquen, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego). sede
Comodoro Rivadavia.


FUNCIONES:

Será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos
de prevenir el lavado de activos proveniente de :

      Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes .
      Delitos de contrabando de armas.
      Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los
       términos del artículo 2l0 bis del Código Penal.
      Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (Art. 2l0, CP), organizadas para
       cometer delitos por fines políticos o raciales.
      Delitos de fraude contra la Administración Pública ( Art. 174, inc. 5 CP).
      Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX
       bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal.
      Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos
       l25, l25 bis, l27 bis y l28 del Código Penal.




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Análisis de la información: es el proceso de compatibilización y estudio de los datos
recibidos por la UIF, relativos a los ilícitos mencionados, con la finalidad de obtener los
elementos de convicción objetiva que le permitan ejercer las facultades asignadas por la
ley.

Tratamiento de la información: es la sistematización de la totalidad de los datos obtenidos
en cumplimiento de sus fines.

Transmisión de la información: es la comunicación al Ministerio Público Fiscal de la
posible comisión de los delitos que prevé la norma.

¿Cómo estará integrada la UIF?

Estará integrada por 11 miembros , de acuerdo con las siguientes pautas. Un funcionario
del Banco Central de la República Argentina. Un funcionario de la Administración Federal
de Ingresos Públicos. Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores .Un experto en
temas relacionados con el lavado de activos de la Secretaría de Programación para la
Prevención y la Lucha de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la
Presidencia de la Nación.

Un funcionario por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Un
funcionario por el Ministerio de Economía de la Nación. Los funcionarios mencionados
serán seleccionados por concurso interno del organismo respetivo, cuyo resultado deberá
ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional, como propuesta vinculante, a los fines de la
correspondiente designación.

Cinco expertos financieros, penalistas, criminólogos        u otros     profesionales con
incumbencias relativas al objeto de esta ley.


INTEGRACIÓN Y MECANISMO DE DEC ISIONES TRANSITORIOS DE LA UIF.

El decreto 169/01 dispone que hasta que se cumpla el procedimiento de selección de los
miembros, transitoriamente la UIF estará integrada por: Un funcionario del Banco Central.
Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Un funcionario de la
Comisión Nacional de Valores. Dos miembros del Consejo de la Magistratura, elegidos por
sus pares, con una mayoría de dos tercios. Dos funcionarios del Ministerio Público,
elegidos por el Procurador General de la Nación. Un miembro designado por el Ministerio
de Economía.
Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. El
Presidente tendrá doble voto en caso de empate. Se requiere un quórum de cuatro
miembros.




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REQUISITOS DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DE LA UIF.


Exclusividad e incompatibilidades: tendrán dedicación exclusiva en sus tareas,
alcanzándoles las incompatibilidad y/u obligaciones fijadas por ley para los funcionarios
públicos, no pudiendo ejercer durante dos años posteriores a su desvinculación de la UIF
las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.

Duración del cargo: durarán cuatro años en su cargo, el que podrá ser renovado en forma
indefinida.

Remoción: podrán ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeño de
sus funciones, grave negligencia, por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie o
por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación.

El procedimiento de remoción estará a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento creado por la
ley. Dicho Tribunal estará integrado por tres miembros, ex magistrados designados
mediante sorteo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La intervención, como
integrante del Tribunal, constituirá una carga pública.

El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme a la reglamentación que deberá
respetar el debido proceso legal adjetivo y la defensa en juicio.


Requisito de competencia para integrar la UIF.


_Título universitario de grado, preferentemente en derecho, o en disciplinas relacionadas
 con las ciencias económicas o con las ciencias informáticas.

_Antecedentes técnicos y profesionales en la materia.

_No ejercer en forma simultáneas ni haber ejercido durante el año precedente a su
designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener
interés en ellas.


Oficiales de enlace con otras dependencias gubernamentales para la consulta y
coordinación de actividades con la UIF.


La UIF contará con el apoyo de oficiales designados por los titulares de los siguientes
organismos:

      Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
      Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.


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      Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
       el Narcotráfico.
      Banco Central de la República Argentina.
      Administración Federal de Ingresos Públicos.
      Registros Públicos de Comercio o ente análogo de las Provincias.
      Comisión Nacional de los Valores.
      Superintendencia de Seguros de la Nación.

La UIF podrá solicitar a otros titulares del organismo de la Administración Pública
Nacional o Provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente. El
decreto 169/01, artículo 9°, dispone que cada uno de los organismos mencionados
designará un oficial de enlace.


Funcionamiento de la UIF

Se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el
reglamento interno. El quórum para sesionar será de seis miembros y adoptará las
decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo que esta ley exija
mayoría especial.

Competencia de la UIF.


La UIF deberá recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21
de la ley. Debe disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que
según lo dispuesto en la ley puedan configurar legitimación de activos provenientes de los
ilícitos previstos en la misma. En caso de que esto suceda debe poner los elementos de
convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público para el ejercicio de las acciones
correspondientes.

Este organismo debe dictar su propio reglamento interno para lo cual se requerirá el voto de
las dos terceras partes del total de sus miembros.

A continuación enumerare alguna de las facultades que tiene la UIF: solicitar informes,
documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus
funciones a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas. En los casos en que a la UIF le sean opuestas
disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en
cada caso autorización al juez competente .

La UIF puede solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el
allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de
documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que
arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier



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fuente u origen. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los
sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control.




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Sujetos obligados a informar

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                              Sujetos obligados a informar.


La ley en su artículo 20 enumera los sujetos obligados a informar a la UIF, en las
condiciones que establece el artículo 21 de la misma.

Según dispone el decreto 169/01, el deber de informar es la obligación legal que tienen los
sujetos mencionados en la ley, en su ámbito de actuación, de llevar a conocimiento de la
UIF las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas de las cuales pudiere
inferirse la existencia de una situación atípica susceptible de configurar un hecho u
operación sospechosa.

El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa impondrá a tales sujetos la
obligatoriedad del ejercicio del deber de informar. El decreto 169/01, artículo 18, faculta a
la UIF a determinar los procedimientos y oportunidad a partir de las cual los obligados
cumplirán ante ella el deber de in formar que se establece.

Los sujetos obligados a informar deberán identificar a los terceros: Reclamar de sus
clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad,
personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar
cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto.

Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se
deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la
persona por quienes actúen.

Archivar la Documentación:

Toda información deberá archivarse por el término y según las formas que la UIF
establezca. Informar hechos u operaciones sospechosas, cualquiera fuere su monto. Deben
informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la
misma.

Se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos
y costumbres de la actividad que se trate, así como también de la experiencia e idoneidad
de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o
jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o
reiterada.

El decreto 169/01, artículo 12 establece a mero título enunciativo los que serán
considerados hechos u operaciones sospechosas. Los que reglamenten los organismos de
control, en el marco de la ley: Banco Central de la República Argentina, Administración
Federal de Ingresos Públicos, Superintendencia de Seguros de la Nación, Comisión
Nacional de Valores e Inspección General de Justicia.

Servicios postales por montos o condiciones que excedan lo razonable, en orden a la
naturaleza de la operación. Comercio de metales o piedras preciosas y el transporte de

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dinero en efectivo o su envío a través de mensajerías, fuera de la actividad habitual de
comercio o dentro de ella, excediendo los márgenes de la razonabilidad. La realización de
operaciones secuenciales y transferencias electrónicas simultáneas entre distintas plazas,
sinrazón aparente. La constitución de sociedades sin giro comercial normal y habitual que
realicen operaciones con bienes muebles o inmuebles, contratos de compraventa, facturas
de importación o exportación, o préstamos, sin contar con una evolución patrimonial
adecuada.

Los registros de operaciones o transacciones entre personas o grupos societarios,
asociaciones o fideicomisos que por su magnitud, habitualidad o periodicidad excedan las
prácticas usuales del mercado. Las contrataciones de transporte de caudales que por su
magnitud y habitualidad revelen la existencia de transacciones que excedan el giro
normal de las empresas contratantes.

Las operaciones conocidas o registradas por empresas aseguradoras, fundadas en hechos
y circunstancias que les permitan identificar indicios de anormalidad con relación al
mercado habitual del seguro. Las actividades realizadas por escribanos, martilleros,
rematadores consignatarios de hacienda, contadores, despachantes de aduana, agentes de
transporte aduanero y demás profesionales y auxiliares del comercio, en el ejercicio
habitual de su profesión, que por su magnitud y características se aparten de las prácticas
usuales del mercado.

Las sociedades de capitalización y ahorro que detecten en sus operaciones el giro de
transacciones marginales, incrementos patrimoniales, o fluctuaciones de activos que
superen los promedios de coeficientes generales. Las situaciones de las que, median te la
combinación parcial de algunas pautas establecidas en los incisos precedentes u otros
indicios, pudiera presumirse la configuración de conductas que excedan los parámetros
normales y habituales de la actividad considerada.


Penas para personas físicas:

La nueva ley no sólo penaliza a los autores del delito de lavado de dinero sino también a
quienes obstruyan la investigación o sean cómplices de la comisión de dicho ilícito con
penas de 6 meses a 3 años de prisión. La escala será aumentada al doble ( de 1 a 6 años )
cuando el hecho fuera un delito especial /grave siendo tal aquel cuya pena mínima fuera
superior a 3 años de prisión
Se actúa con fines de lucro.
Hay habitualidad en el delito de encubrimiento.

Para ilícitos mayores a $50000 corresponderá prisión de 2 años y multa de 2 a 10 veces del
monto de la operación al que:
*Adultere bienes que provienen de un delito para que estos adquieran apariencia legal.
*El mínimo de pena será de 5 años de prisión cuando el autor integre una asociación ilícita.
*Cometiera los actos por temeridad o imprudencia grave será reprimida con multa de 20%
al 150% del valor de los bienes objetos del delito.


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Si el delito no estuviese amenazado con prisión se aplicará a su encubridor una multa de
$1000 a $2000.


Penas para personas jurídicas.


Será sancionado con multas de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito, la
persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la
consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen ilícito.

Esta multa no exime a los representantes de una persona jurídica de la pena de prisión que
pudiera corresponderles.

Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo,
a que diera origen los delitos cometidos deberán regirse entendiendo por “ acción civil”, la
acción “penal administrativa”.

Cuando corresponda la competencia federal a Nacional, el Fiscal General designado por la
Procuración General de la Nación, recibirá las denuncias sobre la posible comisión de
delitos de acción pública previsto en esta ley para su tratamiento de conformidad con las
leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal en los restantes casos de
igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que correspondan.




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Recordamos aspectos importantes sobre el secreto profesional


Es evidente que con la sanción de la ley en comentario se eclipsó definitivamente la figura
primordial y privilegiada del “ secreto “ , sea éste el llamado bancario o financiero, o el
meramente profesional. Decimos que el eclipse de esta figura se produjo definitivamente
con la sanción de esta ley, ya que dicha figura ha sido en nuestro país seriamente
trastrocada y recortada, principalmente por los sucesivos _ y en algunos casos excesivos _
privilegios a favor de la Administración Fiscal nacional. Por casos , recuérdese que la ley
23271 ( BO: 21/ l0/l985 ) con el escueto contenido de 3 artículos, dispuso la eliminación
del llamado secreto bancario en materia tributaria, al disponer: “ El secreto establecido en
el Título V de la ley 21526 y en los artículos 8°, 46 y 48 de la ley 17811 no regirá para las
informaciones que, en cumplimiento de sus funciones legales, solicite la Dirección General
Impositiva a cualquiera de las entidades o sujetos comprendidos en los regímenes de las
citadas leyes...”

Como se observa, dentro de la figura genérica del secreto, la específica referida a
información bancaria tuvo su primer gran recorte con la ley antes mencionada, política
progresivamente invasora, que se reitera en la ley que ahora comentamos.

En cuanto a ello, si bien podemos reconocer válidamente diferente tipos de “secretos”, en lo
que aquí respecta, el llamado secreto bancario o financiero quizás sea el de mayor
relevancia, secundado por el secreto profesional en relación con la actividad desarrollada
por profesionales en ciencias económicas.

En principio, cabe definir al “secreto” como “...lo que cuidadosamente se tiene reservado y
oculto...” 13, lo que implicaría para el caso del secreto bancario la obligación de no revelar
a terceros, sin causa justificada, datos referentes a sus clientes que lleguen a su
conocimiento como consecuencia de las relaciones jurídicas que los vinculan. Es decir, ante
determinados actos o hechos que una persona pretende guardar dentro de su esfera de
intimidad sin que trascienda al conocimiento público, y que son celosamente confinados a
terceros, nace la obligación de este tercero de mantener en confidencia los datos traídos a su
conocimiento como parte obligacional de la relación jurídica que los une a ambos
(confidente y terceros).

En el caso del secreto financiero,, existen diversas causas que justifican su existencia desde
la antigua costumbre en el ámbito mercantil como causa primaria hasta las modernas y
detalladas normas legales que describen minuciosamente la figura. Una primera
aproximación en pos de una causa “normativa” del llamado secreto bancario se encuentra
en la verdadera naturaleza del negocio primario de toda entidad, representado en la figura
del banquero como depositario de bienes ajenos y , en consecuencia, obligado a conservar
el secreto sobre la naturaleza y el monto de lo dejado en depósito. Recuérdese que el propio
Código Civil en su artículo 2207 establece como obligación a cargo del depositario ( en el
contrato de deposito regular) la de mantener –si lo supiese-el secreto del contenido del
depósito, bajo apercibimiento de responder ante el depositante sobre los daños causados por
tal cumplimiento.

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El secreto bancario, en nuestro país tiene su fundamento en el artículo 18 de la Constitución
Nacional que determina la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia epistolar y los
papeles privados, disponiendo que sólo una ley determinará en qué casos y con qué
justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Justamente, la propia norma
constitucional es la que en la excepción otorga validez a la obligación de informar,
contracara insoslayable del secreto. La vigencia plena del secreto bancario, siempre
encontró menoscabo con la admisión para otorgar información en circunstancias
excepcionales. Así puede señalarse la reducción al ámbito del secreto a las operaciones
pasivas, lo que ha permitido acceder a información sobre deudores por préstamos u otras
operaciones activas del sistema financiero, lo que produjo como resultado una mejor
evaluación al analizar el otorgamiento de créditos y, consecuentemente, permitir el
minimizamiento del riesgo dentro del sistema financiero.

Podríamos concluir que la obligación de informar fue invadiendo el campo profesional
constituyendo un recorte importante la sanción de la ley 23271 comentada anteriormente,
en tanto eliminó el secreto bancario en materia tributaria, aun en caso de contribuyentes que
no se encuentren bajo fiscalización, lo que deja un margen discrecional de operación en
cabeza del ente Recaudador con posibles consecuencias perniciosas.

El artículo 20 de la ley 25246, establece en su último párrafo que: no serán aplicables ni
podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las
disposiciones legales referentes al secreto profesional, bancario, fiscal, ni los compromisos
de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato cuando el requerimiento de
información sea formulado por el juez competente del lugar donde la información deba ser
suministrada o del domicilio de la UIF a opción de esta.

Si bien rige el secreto profesional, la obligación de reserva responde tanto a un interés
privado como público, la misma no es absoluta, admitiendo ciertas excepciones, como la de
informar a la UIF. Además existe una tendencia a la cooperación internacional, tratando de
lograr normas homogéneas, como la de la Convención de Viena de 1988. Es indudable que
en estos casos, se privilegia el interés público en razón del peligro que representan las
organizaciones que se dedican a estos ilícitos.




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Algunas recomendaciones
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Recomendaciones:


El presente apartado intenta dar ciertas pautas de actuación para los profesionales o estudio
de profesionales con el objeto de no verse involucrados en operaciones delictivas
relacionadas con el lavado de dinero. En este sentido es fundamental conocer las políticas y
procedimientos destinados a lograr una correcta identificación de los clientes. En base a
ello no deberá iniciarse o mantenerse relaciones profesionales con entes o personas
sospechadas de estar involucradas en actividades relacionadas con este delito.

Identificación del cliente


El con junto de medidas que, a nivel internacional se las da en llamar Política de “ Conozca
a su Cliente” deben estar basadas en los siguientes pilares:
La identificación real y completa del cliente. Existencia de una relación coherente entre la
actividad económica declarada por el cliente y los movimientos de fondos realizados así
como también sus inversiones. La actividad económica por el cliente y los servicios
profesionales demandados.

El profesional deberá obtener un conocimiento amplio del rubro y los antecedentes,
incluidos los financieros de su cliente. El cliente potencial deberá proporcionar pruebas de
identidad. Existe una amplia gama de documentos que pueden presentar los clientes
potenciales como prueba de su identidad. Le compete a cada profesional decidir si dichos
documentos son apropiados en vista de otros procedimientos que puedan ser llevados a
cabo.

Debe también archivarse una copia de los documentos en los que se basó la identificación.
Cuando no sea posible deben registrarse los datos pertinentes en el archivo del cliente
potencial.

Adoptar medidas para verificar la estructura y existencia de los clientes que operen por
intermedio de una persona jurídica, informándose en el Registro Público correspondiente
sobre su correcta registración, verificando todos los datos. Examinar los estados financieros
de la empresa para determinar si su situación financiera es consecuente con la de empresas
similares.


Identificación, registro, análisis e informes de operaciones sospechosas

La identificación de operaciones sospechosas es quizás, el elemento central de una política
global de prevención y control del lavado de dinero, dado que sirve como mecanismo de
protección a las actividades financieras comerciales y profesionales que puedan verse
afectadas o involucradas en operaciones delictivas. Existen a su vez diferentes definiciones
que adoptan algunos organismos nacionales e internacionales para establecer este tipo de
operaciones.


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En la definición establecidas por la ley, la identificación de las operaciones sospechosas
debe efectuarse sobre la base de la experiencia e idoneidad de la personas obligadas a
informar. En base a lo antedicho es primordial que los profesionales posean un concreto
conocimiento de este tipo de operaciones y tengan presente no solo la definición que se
adopte sino también el conocimiento de todas las operaciones a tener en cuenta .

Las situaciones en enumeradas a continuación constituyen señales de alerta para identificar
potenciales operaciones de lavado de dinero: utilización de fideicomisos o empresas
ficticias. Utilización de servicios relacionados con inversiones. Actividad internacional “
off-shore “. Operaciones dentro de una empresa u otra actividad comercial.




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El lavado de dinero.




    Conclusiones
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Conclusiones


Este trabajo trata de demostrar la importancia que tiene en nuestros días el lavado de
dinero. Hay varios puntos que deberíamos ajustar para que la ley 25246 no sea solo un
papel.

Primero, todos los profesionales deberían tener un conocimiento del complejo circuito que
tiene el lavado de dinero, no es nada sencillo y es muy difícil de detectar. Para este punto
creo que la solución sería capacitar a los profesionales vinculados con el tema por medio de
un curso. Hasta podríamos hablar de un curso obligatorio, ya que las consecuencias del
lavado son muy importantes y perjudican no solo en el ámbito económico sino en el social.
Una de las posibles soluciones a este problema sería la implementación de programas de
capacitación y difusión.

Segundo, nuestra ley es excesivamente vaga, cuando usa el término hecho u operación
sospechosa, sin aclarar de que hecho se trata, sin dar siquiera una mera enumeración de las
posibles operaciones sospechosas. Debemos agregar que en nuestra normativa existe una
inadecuada definición del ámbito de aplicación y alcance. El consejo opina que la inclusión
de los profesionales en ciencias económicas como sujetos obligados a informar debería
haber tenido un alcance más apropiado, con la que estoy de acuerdo y además debería
tratarse de qué el legislador tome conciencia de las falencias de la ley. Sabemos que está en
proceso de redacción la reglamentación de la ley, entonces sería importante que presencien
la misma profesionales que la ley vincula para poder llegar a una mejor reglamentación.

Dentro de esta reglamentación en proceso, hay un punto esencial que es la determinación
de estas operaciones sospechosas. Aunque la ley determina que la UIF establecerá a través
de pautas objetivas las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la
obligación de informar para cada categoría y tipo de actividad, esto todavía no se llevo a la
práctica. Para poder solucionar este punto creo que sería la redacción urgente de un
proyecto de reglamentación sobre el deber de informar con la definición del alcance de la
profesión, pautas objetivas procedimientos y mecanismos de notificación.

Tercero, luego de conocer cual es el proceso en líneas generales, nos damos cuenta que la
función de detectar es muy complicada, la cadena es muy larga y las operaciones se
confunden, pero donde hay que poner la mayor parte de la atención es la función de
prevenir, digamos que es la función que denota mayor importancia. Pero, ¿Cuándo la
realizamos?. Como vimos en apartados anteriores la etapa donde es más fácil descubrir el
delito es en la colocación, que generalmente está relacionada con entidades financieras
tanto bancos oficiales como entidades no bancarias. Creo que deberíamos trabajar fuerte
sobre las entidades financieras para que ellas tengan todas la herramientas y de esa manera
poder reconocer cuando el dinero proviene de operaciones ilícitas.

Pude averiguar que hay muchos bancos que instalarán en su sistema de información items
para ser completados por sus empleados, esto merece una reflexión. ¿ Los empleados están
capacitados para reconocer si una operación proviene de un ilícito?. Para poder llevar a
cabo este nuevo requisito los empleados deberán ser capacitados a través de un curso que

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fuere obligatorio y no optativo. Además los bancos deben tratar de dejar de lado la no
identificación del cliente. El depositante debe ser identificado por cualquier operación que
realice no debe importar el monto de la operación. En varios países de Europa se habría
determinado un monto para la identificación del cliente pero esta no funcionó. Por ejemplo
Estados Unidos determinó un monto de 10.000 dólares para tener el deber de informar,
entonces los depósitos se realizan por debajo de esta suma y como consecuencia no hay un
control sobre estos. Si bien esto genera un costo, este no es tan importante para impedir que
se lleve a cabo esta registración. Por otro lado los bancos deberían pedir documentación
que respalde el dinero que el cliente quiere depositar. Para poder solucionar este problema
debería el B.C.R.A. determinar algunas normas que obliguen a los bancos a controlar de
una forma más eficiente y de ese modo impedir que la cadena de lavado empiece o bien se
corte.

Cuarto, con la obligación de informar se creo un conflicto entre esta y el secreto
profesional. Si bien por la parte legal quedo claro que el profesional debe informar y no
resguardarse en el secreto para evitar cumplir con esta obligación, la mayor disyuntiva pasa
por el lado ético. Si los profesionales no tienen en cuenta el secreto profesional sus clientes
dejarían de confiar en ellos, pero a su vez las operaciones de lavado de dinero no solo
conllevan consecuencias hacia personas determinadas sino que provoca consecuencias
públicas. Además sino informamos determinadas situaciones provenientes de ilícitos por
fidelidad a nuestro cliente y por no ir en contra de los principios éticos estaríamos
provocando un perjuicio a muchas gente; debemos también considerar cuan ético es nuestro
cliente que se encargo del lavado de dinero.

Para finalizar debemos tomar conciencia de la importancia del lavado de dinero y tener en
cuenta que el deber de informar responde tanto a un interés privado como público.




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El lavado de dinero.




           Anexo

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   1.   El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo.

A) Introducción.

El blanqueo de los fondos procedentes de actividades ilícitas no es desde luego un
fenómeno nuevo. En todas las épocas los delincuentes han intentado ocultar los frutos
de sus acciones delictivas, en la lógica suposición de que el descubrimiento de tales
fondos por parte de las autoridades conduciría obviamente al descubrimiento de los
delitos que las generaron.

En los años recientes sin embargo, y en concreto a partir de la década de los setenta, el
fenómeno del blanqueo de capitales ha llegado ha alcanzar unas dimensiones
extraordinarias, generando una creciente preocupación tanto entre los gobiernos como
en los organismos internacionales. Este enorme crecimiento del fenómeno del blanqueo
ha sido consecuencia lógica del incremento imparable de las actividades delictivas
generadoras de los fondos objeto del mismo, y en especial del trafico de drogas.

El desarrollo del narcotráfico en estos años se ha visto sin duda favorecido –y ahí
radican probablemente las causas fundamentales de su crecimiento –por dos factores:
por una parte, el desarrollo económico occidental, con el consiguiente aumento del
nivel de vida, que ha propiciado un amplio mercado de potenciales consumidores
(especialmente entre la juventud, que ha contado con los recursos económicos
suficientes). Y por otra, el proceso de globalización de la economía, materializado en el
fuerte crecimiento de los intercambios comerciales, el desarrollo de los transportes
internacionales de mercancías, la liberalización del comercio internacional –con una
reducción de las barreras arancelarias, una reducción igual de las restricciones
cuantitativas y una creciente simplificación de las formalidades y los controles
aduaneros –y la propia internacionalización del sistema financiero.

Como sucintamente señala A. Montalvo, <<la necesidad de blanquear dinero surge
cuando no es posible justificar su procedencia porque es la contraprestación a la
ejecución de una actividad delictiva: si se reconoce la existencia del delito. (...) Esto
obliga quiénes acumulan grandes cantidades de dinero de origen ilícito a encontrar las
vías que le permiten introducirlo en lo que podría llamarse “circuito monetario”, de
modo que puedan reconocer su existencia -es decir, obtener una rentabilidad –sin
justificar su procedencia>>.

Esto es precisamente lo que sucedía con las empresas dedicadas al narcotráfico: la
necesidad de legalizar las enormes sumas obtenidas de su actividad les obligaba a
montar mecanismos de blanqueo masivos de estos fondos, lo que no dejaba de tener sus
dificultades. No en vano Cassani calificaba esta actividad de blanqueo como él
autentico <<talón de Aquiles>> de las organizaciones criminales. Y precisamente esto
es lo que constataron las autoridades nacionales a partir de la década de los ochenta; de
ahí los esfuerzos crecientes por penalizar el blanqueo, y por dificultar su practica. Como
bien señala la autora últimamente mencionada, <<golpeando al blanqueador de dinero
sucio se busca golpear en primer termino a las organizaciones criminales; prohibir el
blanqueo es luchar contra el crimen organizado.

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Dentro de este ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales se puede a su vez
distinguir una doble línea de acción seguida por los organismos internacionales y por
los gobiernos de los países: la vía penal, dirigida a tipificar como delito el blanqueo de
capitales, y la vía de la prevención, encaminada a dificultar o impedir la actividad de
blanqueo.

a) La vía penal
La lucha contra el blanqueo de capitales surgió como el medio aparentemente más
eficaz de combatir determinadas actividades delictivas. Y a tal efecto los países,
siguiendo en ello las invocaciones o el mandato de distintos organismos
internacionales, se han aplicado a penalizar dicho blanqueo. Se ha tratado de tipificar el
blanqueo de capitales como un delito en si, independiente de la actividad delictiva que
hubiera generado los capitales objeto de dicho blanqueo. Es decir, se ha tratado de
tipificar el blanqueo como un delito sustantivo, y no tan solo en la medida en que revele
la existencia de la actividad delictiva generadora de los fondos

Prácticamente todos los países del ámbito occidental han ido penalizando, en sus
códigos o mediante leyes especiales, el blanqueo de los capitales procedentes del trafico
de drogas, señalización que se ha extendido también, aunque de forma dispar según los
países, al blanqueo de los capitales procedentes de otro tipo de delito. En el caso
español, este delito ha quedado incorporado al vigente Código Penal de 1995.

b) La vía de la prevención
Paralela e independientemente de al vía penal, los países han seguido además un
camino tendente a impedir el blanqueo desenmascarando las vías y mecanismos del
mismo, e identificando las operaciones de los blanqueadores

Casi desde un principio resulto evidente que el blanqueo de capitales se desarrollaba
esencialmente a través del sistema financiero.

Son varias las razones que pueden explicar este hecho: el volumen del mercado
financiero, la complejidad de sus operaciones que lo hacen idóneo, como ningún otro
sector, para las operaciones de blanqueo, la gran disparidad de las reglamentaciones
nacionales financieras y bancarias, la deficiente supervisión bancaria en muchos países,
la existencia del secreto bancario, las posibilidades de anonimato que con frecuencia
brindan muchas legislaciones mundiales, las nuevas técnicas y procedimientos
bancarios que, encaminados a agilizar las operaciones y facilitar los tramites de los
clientes, son abundantemente utilizadas por los blanqueadores para enmascarar sus
operaciones...

Se ha suscitado una notable controversia doctrinal acerca de cual es el verdadero
objetivo de la lucha contra el blanqueo de capitales. Históricamente la lucha contra el
blanqueo surgió como un medio eficaz de combatir determinadas actividades delictivas,
notablemente el narcotráfico. En este sentido podría calificarse como una medida
instrumental o auxiliar, aunque no faltan autores que consideran que el blanqueo de
capitales de origen delictivo, por su enorme volumen, constituye un problema en sí


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mismo, que afecta gravemente al propio sistema financiero internacional e incluso al
orden socioeconómico mundial.

<<los flujos financieros del lavado de dinero constituyen comportamientos
disfuncionales y nocivos para el orden económico>>

Dada la ingente dimensión cuantitativa de esos flujos, pueden representar un coeficiente
de relevante peligrosidad y contaminación, a la vez que de desestabilización respecto al
equilibrio, y al ordenado funcionamiento de los mercados de capitales, así como con
respecto a la credibilidad y estabilidad de los operadores de dichos mercados.

B) Amplitud del fenómeno
No es fácil evaluar el volumen de los capitales procedentes de las actividades delictivas
que son anualmente objeto del blanqueo. Al tratarse de actividades ilícitas, los ingresos
generados por él trafico de drogas (así como por otros delitos) están por definición
ocultos al escrutinio de las autoridades, de forma que solo por métodos de estimación
indirectos es posible llegar a precisar alguna cifra de discutible fiabilidad.

Por su parte, citando información periodística que dice reproducir datos de INTERPOL
Blanco Cordero menciona una cifra, para los capitales anualmente blanqueados en el
mundo, del orden de los 70 billones de pesetas (para apreciar la magnitud de esta cifra,
piénsese que es similar al de la PIB español para 1996).

B) Características esenciales del blanqueo de capitales.
     El carácter internacional de la actividad del blanqueo;
     El gran volumen alcanzado por esta actividad, que la confiere por sí misma una
        naturaleza especial;
     La profesionalización de las organizaciones dedicadas al blanqueo;
     La gran variedad y variación de las técnicas empleadas;
 A su vez, el blanqueo de capitales se ha visto facilitado o favorecido por una serie de
factores y de tendencias de la economía de la economía mundial en años recientes: la
progresiva Internacionalización del sistema financiero, los procesos de
desregularización en materia financiera y bancaria y de liberalización de los
movimientos de capital, la aparición de nuevos productos e instrumentos financieros, la
aparición y desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas
telecomunicaciones, la existencia de paraísos fiscales... Factores todos que, aunque
aparecidos en los años 80, han adquirido en los 90 especial importancia.

       1) Características del blanqueo de capitales.

a) Internacionalización de las actividades de blanqueo.
     Hace ya mucho tiempo que el fenómeno del blanqueo de capitales ha desbordado el
 ámbito estrictamente nacional –si es que alguna vez lo tuvo -.
 Que el dinero negro sea blanqueado en el mismo país donde se origino es algo hoy en
 día ya inusual. Que el dinero negro sea blanqueado en el mismo país se originó es algo
 hoy día ya inusual.


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Múltiples razones explican y justifican que los blanqueadores utilicen técnicas que
implican un desplazamiento de los fondos a otros países. Pero en realidad todas ellas se
podrían sintetizar en una sola: la movilidad de los fondos de uno a otro país dificulta su
persecución por parte de las autoridades y facilita por tanto su encubrimiento .En primer
lugar , siempre es preferible efectuar las operaciones más delicadas y vulnerables en el
proceso del blanqueo precisamente en aquellos países en que la legislación es más
permisiva o en que los medios represivos con que cuenta la Administración son más
escasos. En segundo lugar, la coordinación internacional en materia de lucha contra el
blanqueo, aunque creciente, deja aún mucho que desear, y permite a los blanqueadores
aprovechas las lagunas existentes; siempre es más mas fácil eludir la acción de las
unidades antiblanqueo si los fondos se desplazan de uno a otro país que si el blanqueo
Se produce en un solo país donde las medidas judiciales y policiales podrían actuar con
más eficacia

b) Volumen del fenómeno
La magnitud del fenómeno es tal que se a convertido, por sí misma, en una
característica esencial del mismo: tiene no ya connotaciones cuantitativas sino
cualitativas. Ya no se trata de operaciones de carácter artesanal, sino de operaciones
masivas que requieren una organización profesional, una estructura, una red de
colaboradores y cómplices en los m’as variados estamentos, un entramado internacional
de empresas y entidades en diversos países, incluso entidades financieras propias que
operen bajo la apariencia de legalidad en fin, toda una compleja organización, amplia,
sofisticada y costosa, que permita realizar esta actividad a gran escala.

d)Variedad y variación de las técnicas empleadas.
Las técnicas y procedimientos utilizados para el blanqueo de capitales son
enormemente variados, y están en constante evolución en las medida en que los
organismos dedicados a la represión de estas actividades localizan y desactivan, o al
menos entorpecen, las vías existentes. La amplia utilización que las organizaciones
dedicadas al blanqueo de capitales hacen del sistema financiero. En realidad, casi
cualquier actividad económica puede ser utilizada con fines de blanqueo, pero es
evidente que algunos sectores o actividades son más idóneos que otros para estas
prácticas y constituyen por consecuencia campo preferente de actividad de los
blanqueadores.

Son varios los sectores sensibles o vulnerables que se pueden citar, teniendo todos
ellos las características comunes de la utilización habitual de billetes de banco u otros
instrumentos al portador como medio de pago, el alto valor unitario de los objetos o
servicios ofrecidos, y en cierto grado de anonimato en las transacciones. Entre ellos se
pueden mencionar las casas y oficinas de cambio de moneda, los casinos de juegos los
establecimientos de venta de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de artes y
antigüedades, o los establecimientos de filatelia y numismática, empresas y entidades
dedicadas a la promoción inmobiliaria y a la compraventa de inmuebles, los seguros, e
incluso determinadas profesiones.



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Factores que favorecen el blanqueo.


En primer lugar el proceso de globalización de la economía mundial de las últimas décadas
ha finalizado la internacionalización tanto del tráfico de drogas como de los procedimientos
de blanqueo de los capitales generados por el mismo. Además se han acelerado procesos de
integración regional, como la Unidad Europea, el Nafta o MERCOSUR, que implican una
mayor facilidad de movimientos de personas, mercancías, servicios y capitales.

En segundo lugar la liberación de los movimientos de capital y la completa desaparición de
los controles de cambio en la Unión Europea.

En tercer lugar, en paralelo al proceso de liberación de los movimientos de capital, se ha
producido en el mundo occidental un proceso de desregulación bancaria que ha reducido y
simplificado los sistemas de control del sistema financiero. El mercado bursátil también ha
sido objeto en diversos países de una amplia reforma legislativa, encaminada a dotarlo de
una mayor agilidad y flexibilidad. Por otra parte, en los últimos años la actividad financiera
y bancaria se ha ampliado con la aparición de nuevas técnicas, instrumentos y productos,
como por ejemplo los derivados, para los que no existía lógicamente regulación y que, por
consiguiente, han escapado al control de los bancos centrales y de las autoridades
encargadas de la supervisión del sistema financiero.

En cuarto lugar, las propias técnicas y sistemas utilizados por el sistema financiero y
bancario han experimentado en los últimos años un importante avance tecnológico cuyas
ventajas son evidentes, pero que, por otro lado, ayudan a los blanqueadores a enmascarar
sus operaciones. El desarrollo de la banca electrónica, el sistema SWIFT de ejecución de
órdenes de transferencias, la aparición de la llamada banca directa o telefónica, la
proliferación de cajeros automáticos, son todos ellos avances que, por una parte, acortan el
proceso de ejecución de las operaciones; por otra reducen el papel tradicional de las
oficinas y sucursales bancarias, y por otro lado dificultan la identificación del ordenante o
beneficiario final y real de las operaciones. No cabe duda alguna de que ese avance
tecnológico es enormemente positivo para el desarrollo económico, pero no debe tampoco
extrañar que haya sido también motivo de preocupación para los entes dedicados a la lucha
contra el blanqueo de capitales.

En quinto y último lugar, la existencia de los llamados paraísos fiscales ha facilitado
extraordinariamente la actividad del blanqueo de capitales. Se trata de países que aplican
regímenes fiscales de escasa o nula tributación, y que en consecuencia son utilizados por
sociedades o particulares de otros países para domiciliar sociedades instrumentales en las
que residenciar sus beneficios. En realidad el problema planteado por estos países no es que
impongan una baja fiscalidad. El verdadero problema planteado por estos países aplican
reglamentaciones extremadamente laxas a las entidades financieras operantes en ellos,
ejercen una supervisión mínima sobre las actividades bancarias y para bancarias, y
permiten y facilitan el anonimato en las operaciones. De ahí que tales países sean un
eslabón fundamental en la cadena del blanqueo de capitales, y de ahí que todos los países
contemplen con prevención a las operaciones e inversiones con origen o destino en los
mismos.

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Técnicas de blanqueo


En apartados anteriores hemos comentado cuales son las fases del blanqueo ahora haré
mención a algunos procesos que se realizan en cada una de las fases.

Procesos de colocación para no levantar sospecha.

Colocación a través de entidades financieras: El fraccionamiento de estas sumas elevadas
de dinero en otras múltiples de menor cuantía. Las legislaciones de los países suelen
establecer exigencias de identificación e investigación para todas las operaciones cuya
cuantía sobrepasa una cifra determinada. Y aunque todas estas normas prevén el riesgo de
fraccionamiento, en la práctica éste no resulta fácil de detectar. La complicidad del propio
personal del banco. Obviamente la colocación de grandes sumas de dinero negro en
efectivo se asegura sin problemas cuando los delincuentes cuentan con la complicidad de
los empleados del banco o más aún cuando el propio banco o entidad financiera está bajo el
control de la organización criminal.

La utilización abusiva de las normas que permiten a los bancos y otras entidades financieras
eximir de la obligación de identificación a determinadas actividades o categorías de
empresas. A fin de aligerar la información, muchas legislaciones nacionales permiten a los
bancos eximir de la obligación de identificación aquellas operaciones resultantes de
actividades legítimas desarrolladas por clientes habituales o conocidos. Obviamente, una
relajación de esta práctica, o una utilización abusiva de la misma por parte del banco,
favorece la acción de los blanqueadores. En estos casos los blanqueadores se suelen valer
de sociedades pantalla, o bien de la complicidad de los empleados del banco.

El desplazamiento continuo de los fondos, mediante numerosas transferencias de banco a
banco, a fin de confundir sobre el origen y naturaleza de tales fondos. Otro de los procesos
es la utilización de documentos falsos para enmascarar el origen o titularidad de los fondos.

Colocación a través de establecimientos financieros no tradicionales

El estudio del GAFI (Grupo de acción Financiera Internacional) denomina de esta forma a
aquellas entidades que ofrecen algunos servicios similares a los de los bancos así como
otros que compran y venden objetos de alto valor añadido, fácil transporte, titularidad
anónima y pago habitual en metálico. Todos estos establecimientos pueden ser utilizados
por los blanqueadores esencialmente del mismo modo que utilizan los bancos y demás
entidades financieras.

Mezcla de fondos lícitos e ilícitos.

Existen muchas actividades en las que el manejo habitual de dinero en metálico en grandes
cantidades resulta normal. Tales negocios pueden ser y son utilizados por los blanqueadores
para introducir, en el circuito legal de estos fondos en metálico, otras cantidades
procedentes de actividades delictivas, mezclando ambas para enmascarar estas últimas.
Incluso en ocasiones, el negocio lícito no es tal, sino una mera pantalla que, careciendo de

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actividad real, no tiene otro objeto que servir de tapadera para los fondos procedentes de la
actividad delictiva.

Contrabando de dinero en metálico.

El tráfico ilegal de billetes de banco a través de las fronteras es otro de los métodos clásicos
utilizados por las organizaciones delictivas. Y los métodos utilizados son de sobra
conocidos constituyendo tema frecuente de interés periodísticos.

Procesos de estratificación

La conversión del dinero en metálico en otros instrumentos o medio de pago: Una vez que
el dinero en efectivo ha sido colocado en una entidad financiera o en un establecimiento
financiero no tradicional es convertido en otro u otros instrumentos o medios de pago tales
como cheques de viajero, cheques bancarios órdenes de pago, letras. Tales instrumentos
pueden ser más fácilmente transportado a otros países, o pueden igualmente ingresarse en
cuentas bancarias sin someterse a las exigencias de identificación aplicables a los ingresos
en efectivo.

La conversión o reventa de bienes adquiridos con dinero en efectivo: cuando el
blanqueador ha adquirido bienes materiales con dinero en efectivo tales bienes pueden
hacer revendidos en el mismo país o en el extranjero. Estos movimientos dificultan la
identificación del titular y el rastreo de los bienes con propósito de su localización y
embargo.

La transferencia electrónica o telegráfica de fondos: este es probablemente el método más
importante de enmascaramiento utilizado por los blanqueadores. Las ventajas que el mismo
les ofrece son evidentes la rapidez, la reducción al mínimo de los rastros contables, la
distancia a la que se pueden remitir rapidamente los fondos y el anonimato en que se
desenvuelven estas operaciones. Debemos añadir a este último punto respecto que el
desarrollo de las nuevas tecnologías bancarias intensifica estos rasgos, especialmente los
relativos a la rapidez de las operaciones y a las dificultades de identificación de los titulares

Métodos utilizados en la etapa de integración.

Venta de bienes inmuebles: Las variaciones de precios son frecuentes en este sector, y
pueden ser utilizados para reinyectar los capitales blanqueados en la economía. Un bien
inmueble puede ser adquirido por una sociedad de tapadera con capitales de origen ilícito.
El bien es a continuación vendido, y los fondos y producto de esta venta son considerados
como fondos legales obtenidos por la venta de un inmueble. La compraventa de inmuebles
es, de hecho,uno de los vehículos más habituales tanto de blanqueo de fondos de origen
ilícito como, simplemente de blanqueo o afloramiento de fondos substraídos a la Hacienda
Pública. Son bienes relativamente líquidos y su valor real es muy difícil de estimar, de
forma que no resulta fácil para las autoridades fiscales determinar si el precio declarado de
la compraventa coincide o no con el efectivamente pagado por el comprador. Esta
dificultad de determinar el precio real hace posible declarar un precio inferior al
efectivamente satisfecho (abonando el comprador la diferencia con dinero negro). O

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inversamente declarar un precio superior, trasvasándose así al comprador una plusvalía
ficticia.

Empresas pantallas y depósitos simulados: Por mediación de una empresa pantalla una
persona o empresa puede prestarse a sí misma fondos de origen ilícito. Los fondos que así
recibe aparecen legalmente como procedentes de un préstamo del exterior.

Complicidad de banqueros extranjeros: el blanqueo de capitales efectuado con la
complicidad de banqueros extranjeros resulta especialmente difícil de descubrir por las
autoridades; esta complicidad permite efectuar las operaciones enmascaramiento y
blanqueo con las máximas garantías de opacidad para los blanqueadores.

Falsas facturas de exportación e importación: otro medio tan elemental como habitual de
blanqueo de capitales consiste bien, en la falsificación lisa y llana de facturas comerciales
para blanquear el pago, como la sobre facturación o infrafacturación de bienes realmente
exportados o importados.


Cerrando esta primera parte debemos puntualizar que el tráfico de drogas continua siendo
la principal fuente de fondos de origen ilícito, bien que esté creciendo el blanqueo de
fondos procedentes de lo que el GAFI denomina criminalidad financiera y que en nuestro
país se conoce vulgarmente como delincuencia del cuello blanco.

Las técnicas clásicas de blanqueo siguen siendo las más utilizadas, en especial el
contrabando de billetes de banco a través de las fronteras. Hay un incremento
experimentado por las actividades del blanqueo a través de oficinas de cambio de divisas
del creciente papel jugado por los blanqueadores profesionales. A parte de las técnicas
tradicionales otros peligros aparecen, como el creado por las nuevas tecnologías bancarias.
Y aunque no parece haber aun evidencias de su utilización sistemática por los
blanqueadores, el GAFI advierte de la necesidad de atajar el problema antes de que se
presente, para lo cual sugiere la adopción de medidas de salvaguardia en este terreno.

El sector de seguros está siendo cada vez más utilizado por los blanqueadores en especial
mediante los contratos de prima única, así como en el campo del reaseguro. Respecto al
sector inmobiliario no se dispone de datos concretos que evidencien su utilización masiva
por los blanqueadores pero la evidencia de que se trata de un sector muy propicio para tales
practicas aconseja prestarle atención especial.

Constatando que evidentemente que el problema del blanqueo no se limita a los capitales
procedentes del narcotráfico, casi todos los países miembros del GAFI han ampliado su
legislación o están en el proceso de hacerlo, para incluir los procedentes de estos delitos.
Finalmente, el GAFI constata la aparición de una nueva fuente geográfica de blanqueo de
capitales localizada en las antiguas repúblicas de la URSS y en los países del Este,
lamentando a la vez una deficiente cooperación en la lucha contra estas actividades por
parte de las autoridades de dichos países.



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Concepto del blanqueo de capitales.


Blanco Cordero, lo define como, el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo
se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma
lícita. Ahora haremos una distinción muy importante que nuesra legislación no tiene en
cuenta en su redacción.

Un punto que debe resultar claro a la hora de definir el blanqueo de capitales es el origen
delictivo de los mismos. El que se denomina dinero sucio es aquel que tiene procedencia
ilícita, ya tenga su origen en el narcotráfico o en cualquier otra actividad tipificada
penalmente. Cuestión distinta es la de aquellos fondos que proceden de actividades lícitas,
pero que se pretenden ocultar a las autoridades, ya sea por razones fiscales o por otro
motivo.

Por supuesto, también los fondos de origen delictivo se pretenderán ocultar a las
autoridades fiscales, pero lo que aquí nos interesa es distinguir el blanqueo o lavado de los
fondos de origen ilícito del de los fondos de origen lícito que simplemente se pretende
sustraer al fisco. En ambos casos existirá una acción encaminada a ocultar la procedencia
de los fondos, y en su caso, sancionar esta ocultación, pero la diferencia entre uno y otro es
sustancial: mientras en le primer caso el objetivo de las autoridades es prevenir y sancionar
esta actividad para combatir las actividades de las que se originan los fondos, en el segundo
se pretende simplemente identificar tales fondos con objeto dde someterlos a tributación,
pero sin propósito alguno de reprimir las actividades que los generaron, que son
perfectamente legítimas.

Si tomamos un concepto legal podríamos decir que los textos legales van dirigidos a la
prevención y sanción del blanqueo de capitales, y lo que en consecuencia hacen es tipificar
las conductas sujetas a la norma, precisando qué tipo de actos se consideran, a efectos de
dicha norma, blanqueo de capitales, y cuales son los delitos generados de los capitales cuyo
blanqueo está sujeto a la misma. En relación con esto último, que a la hora d determinar el
ámbito de las normas antiblanqueo, las divergentes posturas e intereses de los países han
impedido alcanzar la necesaria claridad y uniformidad en los textos legales; pues mientras
hubo clara unanimidad en prevenir y penalizar el blanqueo de capitales procedentes del
narcotráfico, no hubo igual coincidencia en su aplicación a otras figuras delictivas, o
incluso a su ampliación, en cada país, a cualquier delito sancionado con pena grave. De ahí
que se reflejará una cierta ambigüedad en los textos internacionales que inevitablemente se
ha trasladado también a las distintas legislaciones nacionales.



Génesis de la prevención del blanqueo de capitales.

Haré una reflexión sobre las diferentes medidas que algunos países trataron de implementar
en la lucha contra el blanqueo de capitales con anterioridad al año 1988, fecha esta que fija
el cambio hacia la vigente normativa, nacional e internacional. A finales de 1988 la
comunidad internacional tomó conciencia de que el blanqueo era un fenómeno patológico

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que amenazaba pilares fundamentales no sólo de la sociedad occidental sino también de
todos los países desarrollados. Hay que señalar que en aquellas fechas había dos hechos que
caracterizaban este fenómeno; por una parte, el blanqueo de capitales estaba íntimamente
unido al tráfico de drogas, y la razón para criminalizar dicho blanqueo no era otra que la de
considerarlo un arma eficaz en la lucha contra el narcotráfico. Por otra parte Estados
Unidos había llegado al convencimiento del fracaso de su sistema de lucha contra el
blanqueo de capitales, debido fundamentalmente a la internacionalización del sistema
financiero que permitía blanquear en el resto de países los capitales que se habían generado
por actividades ilícitas en el territorio americano.

El impulso de la internacionalización de las medidas de prevención del blanqueo a través de
su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales tiene su origen en los Estados
Unidos, que trata de imponer a los países europeos su propio sistema, consistente en la
comunicación por las entidades bancarias a las administraciones públicas de todas aquellas
operaciones financieras superiores a una determinada cantidad, sistema este que es
conocido por el nombre de reporting sistemático. Los países europeos inicialmente
opusieron una clara resistencia a aceptar esa medida excepcional, en parte por el alto coste
que suponía su implantación tanto para las administraciones nacionales como para las
entidades financieras. Pero además, porque el secreto bancario era una institución
especialmente arraigada a lo largo del tiempo en la mayor parte de los países europeos y
exigía una modificación sustancial en las legislaciones nacionales para aceptar el sistema
americano propuesto. Por otra parte hay que destacar que si bien el secreto bancario nunca
ha sido considerado como un derecho absoluto, sin embargo las excepciones admitidas en
la quiebra de dicha institución normalmente se ha hecho al amparo y con las garantías de la
intervención de los jueces. Por el contrario, el sistema que pretendía implementarse de la
mano de los Estados Unidos suponía poner en manos de la Administración toda una serie
de datos financieros y económicos relativos a personas y empresas, que podían afectar no
solamente al ámbito de la intimidad privada, sino incluso plantear problemas de
competencia desleal económica de la propia Administración, cuando ésta, a su vez, actuar
en sectores económicos a través de sus empresas públicas en concurrencia con las entidades
privadas

Con anterioridad a diciembre de 1988 ya existía en determinados países una serie de
medidas sobre la prevención del blanqueo, a las que parece conveniente hacer una mínima
referencia ya que han constituido la génesis de las normas que hoy en día se encuentran
vigentes tanto en el ámbito internacional como en los distintos países que han aceptado
unirse a la lucha contra el blanqueo. Podemos agruparlas en medidas privadas de
autorregulación, medidas de control por parte de la Administración en su función
inspectora y, por último, medidas impuestas por disposiciones legales.

Medidas de autorregulación (Suiza)

Suiza ha sido tradicionalmente considerado como un país emblemático en el ámbito
bancario, dotado de un sistema financiero caracterizado por la eficacia de sus servicios y
sobre todo por la observancia de un riguroso secreto bancario. Estas características hicieron
que tradicionalmente la banca suiza sirviera no sólo de refugio a los excedentes monetarios
de las grandes fortunas mundiales, sino también como lugar adecuado para blanquear

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fondos de origen dudoso, e incluso de origen claramente ilícito. A partir de los años setenta
una serie de escándalos financieros en la banca suiza que trascendieron a los medios de
comunicación hicieron que los propios profesionales de las finanzas trataran de evitar que
las características de las misma pudieran convertirla en un instrumento seguro para que los
delincuentes blanquearan impunemente los fondos generados por su actividades delictivas.

Para conseguir ese objetivo Suiza inició en la década de los setenta dos vías paralelas; por
una parte, la intervención de la Comisión Federal de Bancos y por otra, la autorregulación a
través de la Convención relativa a la obligación de Diligencias de los bancos. A mediados
de la década de los setenta los responsables de la banca suiza iniciaron una serie de estudios
encaminados a establecer unas reglas de conducta que, sin quebrantar la institución del
secreto bancario tradicionalmente observado en dicho país, pudieran ser eficaces en la
lucha contra el blanqueo. Tales reglas aparecieron recogidas por primera vez en el año
1977, bajo el título de Convención relativa a la obligación de diligencia de los bancos,
adoptando la forma de un acuerdo o contrato de adhesión entre el Banco Nacional Suizo
por una parte, y por otra los banqueros suizos que voluntariamente quisieran adherirse a la
misma. Este sistema continuo hasta el año 1987, en que se aprobó una nueva versión de tal
Convención, y que aparece instrumentada como el Acuerdo entre la Asociación Suiza de
Banqueros por un lado y los bancos suizos firmantes del mismo por el otro. La versión de
esta convención es la actualizada en el año 1992. Hay que decir en todo caso que se trata de
una Convención o acuerdo de carácter privado, no de una norma estatal, a la que se han
adherido los bancos suizos que voluntariamente han querido, si bien puede decirse que en
la actualidad la totalidad de la banca suiza ha firmado dicha convención.

La convención consta de catorce artículos haremos mención a algunos de ellos. El artículo
3° señala específicamente que en los casos en que exista duda de que el que suscribe como
cliente un contrato con el banco sea el beneficiario real de los derechos económicos
derivados de la operación, deberá exigirse la identificación por el contratante del verdadero
beneficiario económico. Se establece la obligación para los bancos de conservar los datos
de identificación de los clientes así como los medios utilizados para comprobar la
identidad, debiendo conservarse copia de estos.

La convención prohíbe en el artículo 8 que los bancos presten ayuda a sus clientes para
engañar a las autoridades suizas o extranjeras, en particular a las autoridades fiscales,
mediante certificaciones incompletas o que puedan inducir a error de cualquier manera.

Hay que reiterar que se trata de una convención privada cuya vigilancia corresponde a un
órgano independiente nombrado por la propia asociación de bancos conforme señala la
convención pero que, en ningún caso, está coordinada o intervenida por la Administración
Pública suiza.

En la mayor parte d los países europeos existen asociaciones empresariales de banca
estructuradas bajo una u otra forma jurídica, aunque todas ellas tienen la característica de
ser entidades de derecho privado. En la actualidad muchas de ellas tienen medidas de
autorregulación.



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Medida de intervención administrativa

La actividad bancaria, como la relativa a otros sectores de importancia en la economía de
los países de libre mercado, está normalmente sometida a intervención administrativa. Esta
es llevada a cabo por los bancos centrales nacionales bien a través de otros organismos
inspectores de las administraciones públicas según los distintos sistemas, teniendo como
esencial vigilar la solidez de las entidades bancarias respecto al conjunto de sus clientes,
aunque sin entrar normalmente a analizar la legitimidad de las operaciones individuales
efectuadas entre cliente y banco.

Durante las décadas de los años setenta y ochenta las transacciones con el exterior estaban
sometidas a un control estricto por muchas administraciones europeas, bien a través de
medidas de intervención discrecional, bien mediante simples controles administrativos.
Naturalmente que esta intervención, que constituía el control de cambios, suponía
indirectamente una seria traba para que las organizaciones dedicadas al blanqueo pudieran
realizar con éxito su cometido. Pero, la liberación de los movimientos de capitales de 1990
ha supuesto la desaparición de muchos de tales controles, facilitando, aunque sin
pretenderlo, el blanqueo de capitales.

En todo caso, la desaparición de esos controles indirectos hizo ver la necesidad de tomar
medidas de intervención administrativa que pudieran dirigirse específicamente a prevenir el
uso del sistema financiero para el blanqueo.


Normativas estatales.

Con anterioridad al año 1988 ya existían en algunos Estados, aunque con finalidades muy
limitadas normas dirigidas a combatir directamente el blanqueo de capitales a través de las
entidades financieras, pudiendo distinguirse dos sistemas dos sistemas el norteamericano y
el sistema continental.

Sistema norteamericano: Estados Unidos con la finalidad de evitar la evasión fiscal y con
posterioridad el narcotráfico, impuso una serie de obligaciones a las entidades financieras
para comunicar a la Administración cualquier transacción superior a 10.000 dólares. La
efectividad de este sistema fue escasa debido a lo dificultoso de la labor de descubrir entre
tantos datos, incluso con las modernas técnicas informativas que tenía las operaciones
delictivas para efectuar con posterioridad su seguimiento.

Sistema continental: representada por el Reino Unido. Obliga a las entidades bancarias y a
sus empleados a comunicar a determinados órganos específicos de la administración
cualquier transferencia o transacción que aquellos entendieran que podía estar relacionado
con el blanqueo procedente del narcotráfico o el terrorismo. Se trataba de un sistema de
comunicaciones selectivas y a iniciativa de las entidades financieras. Esta obligación
pesaba directamente sobre los empleados bancarios y eran subsidiariamente responsables
las entidades en que trabajaban los mismos. La administración no podía hacer uso de los
datos o informaciones recibidas más que para esos dos específicos motivos, tráfico de
drogas o terrorismo.

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Para concluir con este anexo haré un breve comentario comparativo entre las normas
legales argentinas y española.

La norma argentina es excesivamente vaga, se usa el término hecho u operación
sospechosa. La norma española hace una adecuada definición del ámbito de aplicación
enumerando en uno de sus artículos cuales son las actividades que se considerarán
delictivas. En cambio nuestra ley no especifica claramente las actividades, creando una
nebulosa que debe ser encarada con la experiencia y los conocimientos del informante y del
juzgado por un receptor que debe tener las mismas condiciones o, en caso contrario, el
informante será sancionado.

Además la ley española define sobre qué operaciones corresponden informar sin que el
obligado pueda plantear que según su criterio no correspondía hacerlo. El reglamento aclara
en qué casos no es necesario informar.

La norma española es clara y concreta y en ningún momento incluye a los egresados en
ciencias económicas.




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Sumario


Este trabajo trata de demostrar que tan importante es el lavado de dinero para la sociedad de
nuestros días.

Comenzamos con un capítulo sobre la ética profesional, su importancia en el actuar del
profesional y el secreto profesional. Debemos tener en cuenta que el profesional no solo
debe cumplir con las normas sino que también debe tener un plus ético. Si bien hay un
código de ética que regula la profesión es necesario tener en cuenta los valores éticos y
morales que tiene el profesional.

En el segundo capítulo describimos aspectos generales del lavado de dinero. El lavado es el
proceso por medio del cual se integran a la economía bienes con apariencia legal pero que
en realidad no son legales sino que provienen de actividades delictivas. Este proceso es
muy complejo y consta de tres fases: colocación, transformar el dinero en efectivo;
estratificación: disimular, disfrazar; integración, ingresar al circuito legal.

El lavado trae consecuencias financieras como por ejemplo almacenamiento de recursos,
inversiones opuestas a fundamentos económicos. Consecuencias económicas por ejemplo
empresas con objetivos no comerciales. Consecuencias sociales y políticas, favorece ciertos
delitos como el narcotráfico, terrorismo, afecta estructuras gubernamentales.

Ley 25246 Encubrimiento y lavado de activos. Esta ley tipificó el delito, hasta antes de la
ley solo era un agravante y acompañaba a otro delito. A partir de la vigencia de esta ley el
lavado de activos es un delito autónomo. Esta ley crea la UIF que es una entidad con
autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, su función es el análisis, tratamiento y transmisión de la información.

La ley determina quienes son los sujetos obligados a denunciar las actividades sospechosas
y además incluye las sanciones si estos no cumplieran con la obligación de informar. La ley
tiene algunas falencias que deberían ser tomadas en cuenta. Debemos tener en cuenta que la
ley esta pero debemos aplicarla y para este momento necesitamos una ley clara no ambigua
o con falencias. Además la ley necesita de su correspondiente reglamentación.

El último apartado muestra que se hizo en otros países para intentar acá las mismas
acciones cuando hayan sido eficientes en el momento de su aplicación.




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Bibliografía


Nastasi A.                  La ética profesional en Ciencias Económicas.

C.P.C.E                     Revista profesional Colaboraciones.

Bertazza H.                 Doctrina Tributaria. (Errepar)

Quian R.                     D&G profesional y empresaria

Alvarez Pastor y Eguidazu    La prevención del blanqueo de dinero




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                                                      Registro N° 172454




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