PRESENTAN RECURSO ADMINISTRATIVO by eEDv5N0

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									                          IMPUGNAN RESOLUCION. SOLICITAN AVOCACIÓN.




A la Señora
Procuradora General ante la
Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires
María del Carmen FALBO
S             /              D




Victor ABRAMOVICH, en representación del CENTRO     DE   ESTUDIOS LEGALES   Y   SOCIALES
(CELS), con el patrocinio letrado de Rodrigo Diego BORDA (CAQ T° IV F° 81), y
Hugo Ernesto GODOY, Secretario General Adjunto de la CENTRAL        DE   TRABAJADORES
ARGENTINOS (CTA) de la provincia de Buenos Aires, con el patrocinio letrado de
Marcelo Enrique PONCE NÚÑEZ, (CALP Tº XXX Fº 271), constituyendo domicilio
legal en Palacio de Tribunales Civil y Comercial, calle 48 e/13 y 14 - Sala de
Profesionales, casillero n° 868, ciudad de La Plata, a Ud. nos presentamos y
decimos:


I. Objeto
Venimos a poner en su conocimiento y recurrir la resolución dictada el 27 de julio
de 2004 por el señor Agente Fiscal Marcelo Carlos ROMERO, titular de la Unidad
Funcional de Instrucción n°. 6 del Departamento Judicial de La Plata, en las
actuaciones n° 232.560, caratuladas “Abramovich, Victor, Centro de Estudios
Legales y Sociales s. Recurso Administrativo. Impugnan Instrucción General”.
Dicha resolución fue dictada en respuesta a la impugnación que las
organizaciones presentantes hicieran oportunamente a la Instrucción General N
4/2004 de esa fiscalía.


Asimismo venimos a        solicitarle que en su calidad superior jerárquico y en el
marco de las atribuciones de superintendencia que le concede la ley de Ministerio
Público n° 12.061 (en adelante, LMP) se avoque al conocimiento y resolución de
la cuestión oportunamente planteada ante el Fiscal Marcelo ROMERO y haga lugar
a lo peticionado por los presentantes.




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II. Antecedentes
Con fecha 31 de mayo de 2004 el Sr. Fiscal de Instrucción, Marcelo Carlos
ROMERO, de la UFI n° 6 de La Plata, dictó la Instrucción General 4/2004. En ella
instó principalmente a las fuerzas de seguridad asignadas a las custodias de
movilizaciones y marchas a procurar “organizar las protestas de manera tal que
exista una vía de circulación libre adyacente al piquete o manifestación” y a
impedir “la presencia de personas que porten armas impropias [...] y/o con
rostros cubiertos por pasamontañas o similares, procediendo a su inmediato
SECUESTRO...”. Determinando que ante la negativa o resistencia de las personas
debían labrar “... actas de iniciación de I.P.P., por la presunta comisión del delito
de Intimación Pública...” (los destacados son del original).


En virtud de la mencionada orden, el CELS y la CTA presentan un recurso
administrativo ante el Fiscal ROMERO solicitándole que deje sin efecto dicha
instrucción.


El día 27 de julio de 2004, el Fiscal ROMERO resuelve “desestimar la presentación
deducida”. Dicha resolución nos fue notificada el 26 de agosto del corriente.


En estas circunstancias nos presentamos ante Ud. a fin de requerirle revoque la
resolución mencionada y deje sin efecto la Instrucción General 4/2004 dictada por
el Fiscal Romero, en tanto dichos actos administrativos afectan derechos previstos
en el ordenamiento jurídico nacional y los principios de legalidad y legitimidad que
gobiernan la actuación de los agentes del Ministerio Público.


III. Fundamentos. Los vicios de la resolución del 27 de julio de 2004
Los argumentos esgrimidos por el Sr. Fiscal para el rechazo de nuestra pretensión
se sustentan básicamente en la idea de que su Instrucción Nro. 4/2004 es
inimpugnable. Para sostener esta postura el Fiscal recurre a los siguientes
conceptos: a) el alcance limitado de la instrucción a la esfera interna de actuación
del Ministerio Público Fiscal y de la policía en su carácter de auxiliar de aquél, y b)
la improcedencia del remedio elegido.


Exagera ROMERO al sostener que los impugnantes intentamos condenar al
Ministerio Público Fiscal “a la inoperatividad e ineficiencia, en desmedro del Orden
Social, por cuya realización (...) debe velar”, poniendo énfasis en destacar que “se




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procura —a través       de   nuestra impugnación—       cercenar a la Sociedad
jurídicamente organizada, de la realización de su existencia, que como fin último
busca la Paz Social garantizada por normas claras y racionales de convivencia”
(Las mayúsculas son del original).


Por otro lado, el Fiscal ROMERO analiza la cuestión de fondo planteada afirmando
que el dictado de la Instrucción no excede las atribuciones conferidas a los
fiscales por la LMP ni cercena garantías o derechos constitucionales.


De este modo, mediante una serie de premisas carentes de todo sustento
jurídico, el Fiscal ROMERO pretende negar el ejercicio del derecho a peticionar y de
expresarse libremente, y erigir a los instructivos del Ministerio Público Fiscal en
una categoría particular de actos que ni aún cuando estén afectados por alguna
irregularidad jurídica pueden ser controlados y cuestionados por agentes externos
a dicho órgano.


III. 1. El alcance limitado de la instrucción a la esfera interna de
actuación del Ministerio Público Fiscal
El Fiscal ROMERO sostiene que la Instrucción General N° 4/2004 que impugnamos
es clasificable como una instrucción impartida en el marco de las facultades
conferidas por el art. 27 de la LMP, que únicamente instruye a los auxiliares del
fiscal respecto de la forma de sustanciación de las eventuales investigaciones.
Sostiene que el instructivo está destinado “a organizar y optimizar el cauce laboral
…”.


Sin embargo, contrariando lo argumentado en los considerandos III, IV y V, VI y
VII en los que el Fiscal intenta dejar bien en claro que el Instructivo impugnado
ha sido dictado en uso de las atribuciones de orden operacional asignadas a los
fiscales de instrucción por la LMP teniendo como único objeto ordenar el trabajo
de los auxiliares del fiscal, en el considerando VIII en cambio argumenta que
dicho instructivo “no emana del Ministerio Público Fiscal en tanto autoridad
administrativa, sino en su calidad de órgano judicial (art. 189 de la Constitución
Provincial)”.


Sin perjuicio de lo que confusamente señala el Fiscal ROMERO, estamos en
presencia de un acto de alcance general cuyos efectos se extienden más allá de




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los “funcionarios a quienes fue dirigida”, ya que regula el ejercicio de derechos
fundamentales de los administrados, como son los derechos a la libertad de
expresión, de reunión y de peticionar a las autoridades. En efecto, al disponer
que el personal policial “impedirá la presencia de personas que porten armas
impropias (palos, caños, escopetas rudimentarias o elementos intimidantes
similares), y/o con rostros cubiertos por pasamontañas o similares”; y que ante la
negativa de tales personas a deshacerse de dichos elementos “el personal policial
labrará actas de iniciación de I.P.P. por la presunta comisión del delito de
Intimidación Pública”, lo que hace el fiscal es indudablemente regular el modo en
que la gente debe concurrir y comportarse en las manifestaciones, so perjuicio de
ser castigado penalmente, esto es: se debe concurrir a las manifestaciones a cara
descubierta y sin palos.


No cabe duda entonces que, si bien la instrucción se dirige a los funcionarios
policiales, en tanto determina el modo de actuación de ellos, también se
encuentra destinada a restringir derechos de los administrados.


III. 2. La supuesta improcedencia del remedio elegido
Posicionándose en este equivocado punto de partida que, ignora los verdaderos
alcances de la instrucción, es que el Sr. Fiscal puede manifestar que la única
forma de impugnar este acto en sede administrativa es a través del mecanismo
previsto en el art. 31 de la LMP, que sólo otorga legitimación para impugnar una
instrucción a aquellos funcionarios a quienes la misma se encuentre dirigida.


En efecto, explica en el considerando VI de la resolución que se impugna,
refiriéndose al artículo mencionado, que “la Ley de Ministerio Público contempla
las vías de impugnación de tales resoluciones por los sujetos legitimados para
ello” y que “entre los mismos no se encuentran incluidos los presentantes”.


A mayor abundamiento, dice que aún en el hipotético caso de que el acto fuera
de naturaleza administrativa no procedería la aplicación subsidiaria prevista en el
art. 1 “in fine” de la ley 7.647 en virtud de existir el mecanismo específico del art.
31.


Por último, el Fiscal sorprendentemente arguye que los remedios adecuados para
impugnar dicho instructivo por parte de estas organizaciones serían sin distinción




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el amparo o habeas corpus previstos en la Constitución Nacional y Provincial,
adjuntando copia de un habeas corpus presentado contra la Instrucción General
referida.    Paradójicamente, dicha acción judicial fue rechazada por ser
considerada improcedente, lo cual contradice precisamente lo que Romero
pretende significar.


Podría interpretarse que el Fiscal ROMERO intenta ampararse con esta
argumentación en la consabida distinción que se realiza en el campo del derecho
administrativo entre los reglamentos o actos administrativos de alcance general y
las circulares o instructivos. Se entiende que estos últimos, al ser simplemente
órdenes que los órganos superiores dan a los inferiores para dirigir su actividad y
sin obligar ni vincular jurídicamente a los particulares, quedan fuera de los
procedimientos de impugnación que rigen para los actos administrativos en
general.


La falta de previsión de un mecanismo de impugnación externo para este tipo de
actos se justifica en que ellos no tienen efectos sobre los administrados, lo que
también explica que estos actos, en general, no se den a publicidad.


Este parece ser el criterio que subyace al art. 31 de la LMP. En tanto no parece
concebirse dentro de las atribuciones de dicho órgano la posibilidad de dictar
instrucciones que tengan efectos jurídicos sobre terceros ajenos a la institución,
tampoco se regula un mecanismo para que los terceros impugnen dichas
instrucciones.


Ahora bien, cuando el acto dictado trasciende el ámbito interno de la
administración, proyectándose al plano externo y produciendo efectos jurídicos
sobre los particulares –que, como hemos argumentado, sucede en el caso que
nos ocupa-       el acto en cuestión constituye un reglamento cuyo contenido e
impugnabilidad deben ser regidos por los principios generales que regulan la
actuación y el procedimiento administrativo con independencia de la intención
declarada por el órgano que los dictó y de las normas en que pretenda
fundamentarlo.


Entre tales principios corresponde resaltar —por su propia relevancia— el de
legalidad y el de debido proceso legal cuyo fundamento reconoce raigambre




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constitucional (art. 18 CN), y a cuya merced existen, además de otros institutos
jurídicos, el régimen de los recursos y reclamos en sede administrativa.


Estos principios se deben aplicar con independencia del ámbito de actuación del
órgano que dictó el acto y más allá de su expresa reglamentación por las normas
formales que rijan el procedimiento en cuestión.


Tal como enseña GORDILLO, a pesar de que en principio “los decretos del Poder
ejecutivo reglamentando el procedimiento administrativo no son aplicables sino al
procedimiento de los órganos de él dependientes… pero no a los que dependen
de exclusivamente de los otros poderes […] los principios fundamentales a
aplicarse son iguales, y en ausencia de normas específicas para el procedimiento
administrativo de los órganos judiciales y legislativos, le son de aplicación
analógica las existentes para el procedimiento administrativo de los órganos
dependientes del Poder Ejecutivo.” (GORDILLO, Agustín, “Tratado de Derecho
Administrativo”, T. II, Cap. IX-9, 3ra. Ed.).


En este entendimiento es que sostenemos que al no estar reglamentado
explícitamente en la LMP la posibilidad de impugnación de las instrucciones de
carácter general dictadas por los fiscales, debe aplicarse supletoriamente el
Decreto Ley 7647/70 que sí regula específicamente la impugnación de actos de
carácter general, cuyo artículo 1° establece que las normas allí contenidas serán
“de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas con regímenes
especiales”.


No obstante, aún en el supuesto de que dicho cuerpo legal no sea de estricta
aplicación al ámbito de actuación del MP, no por ello el acto dictado deja de ser
susceptible de impugnación en sede administrativa. Tal posibilidad se deriva
directamente de los principios de legalidad y de debido proceso. Según el primero
el obrar de la administración debe ajustarse al ordenamiento jurídico vigente. El
segundo, comprende entre otros el derecho a ser oído y se materializa en la
posibilidad de interponer recursos y de presentar alegatos y descargos.


Siguiendo nuevamente a GORDILLO, cabe decir que “el principio constitucional de
la defensa en juicio, en el debido proceso, es por supuesto aplicable al
procedimiento administrativo, y con criterio amplio, no restrictivo” (GORDILLO,




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Agustín, op. cit., T. II, Cap. IX-13, 3ra. Ed.). Esto implica que en principio está
vedada cualquier interpretación de las normas jurídicas que de algún modo
restrinjan el ejercicio de tal derecho, como lo hace el Sr. Fiscal en la resolución
que impugnamos al negar la posibilidad de impugnar la Instrucción General por el
dictada. Principios axiológicos fundamentales sobre los que se erige el estado de
derecho exigen que el intérprete o ejecutor de la norma jurídica deba buscar la
interpretación que la hace más justa en el caso y que de mejor manera protege
los derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional y los tratados
internacionales de derechos humanos y nunca la que resulta más restrictiva a los
mismos, mucho menos cuando la interpretación más favorable no lesiona ni
interfiere con los derechos de los demás como es el caso que nos ocupa.


A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo dicho, cabe mencionar que existen
asimismo razones de índole práctica que aconsejan que se permita a los
particulares impugnar los reglamentos en sede administrativa y no como parece
pretender el Fiscal que la existencia de la vía judicial elimine la administrativa. En
efecto el régimen recursivo no solo tiende a proteger y garantizar derechos
básicos del administrado, sino que también está en función de propender a la
“defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio de la
legalidad y justicia en el funcionamiento administrativo” (Gordillo, op. cit., T. II,
Cap. IX-49) es decir, en función del principio de legalidad objetiva.


“De tal principio general surge la necesidad de conferir una amplia oportunidad
de defensa al administrado y usuario (…) para asegurar la efectiva y correcta
aplicación de aquello que en el régimen sea la legalidad objetiva” (GORDILLO,
Agustín, ob. cit., T. II, Cap. IX-51).


“En efecto –dice GORDILLO- sea el régimen jurídico general respetuoso de los
derechos individuales o tiránico, el mismo solo será aplicado correctamente si es
posible reclamar adecuadamente en vía administrativa contra cualquier desvío o
exceso en su ejecución” (GORDILLO, ob. cit., T. II Cap IX-51)


Asimismo,     tal   como     señala      CASSAGNE,   la   posibilidad   de   impugnar
administrativamente un acto de alcance general propende al logro de la economía
procesal. En efecto al posibilitarse que el acto irregular se revea y eventualmente
revoque en sede administrativa se previene que se “susciten múltiples




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controversias con motivo del acto administrativo de alcance general reputado
contrario   al   ordenamiento      jurídico”   (CASSAGNE,   Juan   Carlos,   Derecho
Administrativo, Abeledo-Perrot).


Además, la posibilidad de recurrir administrativamente las instrucciones de los
agentes fiscales se compadece con lo establecido por los principios de autonomía
e independencia del Ministerio Público, ya que permite —en primer término— que
los actos irregulares que emanen de dicho órgano sean reparados sin
intervención del Poder Judicial.


De este modo, la postura del Fiscal ROMERO de negar toda              posibilidad de
impugnación de la Instrucción general por parte de los administrados ante la
Administración, resulta no solo palmariamente contraria a principios básicos de
raigambre constitucional sino que además atenta contra la eficacia y los intereses
mismos del Ministerio Público y de la eficaz administración de justicia.


III. 3. El control de los actos del Ministerio Público Fiscal y la función
del Procurador General
El Sr. Fiscal rechaza también la presentación efectuada por considerar que el
control de este tipo de actos afecta el normal funcionamiento del Ministerio
Público Fiscal e impide que se dirija al logro de sus objetivos.


En esta línea sostiene que en la medida que este tipo de actos “establecen reglas
de actuación para hacer operativo su destino”, el tipo de control y el límite que se
pretende imponer “transformaría al Ministerio Público en la quinta rueda de un
carro, cuya existencia o inexistencia sería indiferente o inocua”, lo que iría en
“desmedro del Orden Social, por cuya realización el Ministerio Público Fiscal, entre
otros órganos, debe velar”.


Como queda en evidencia desde la primer lectura, este tipo de argumentación, no
sólo indica la falta de comprensión de la naturaleza de los actos del Ministerio
Público Fiscal y su función en el procedimiento penal de la Provincia de Buenos
Aires, sino que resultan palmariamente contrarios a los principios que rigen a un
organismo público de cualquier Estado de derecho.




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La mención a que —en el caso de prosperar la presentación que estos organismos
efectuamos—, el Ministerio Público Fiscal acabaría como “la quinta rueda del
carro” queda fuera de contexto para esta discusión o, aún más grave, esconde la
pretensión de que sin instrucciones de este tipo el Ministerio Público Fiscal no
podría llevar adelante su misión institucional.


Decimos que —en el mejor de los casos—, quedaría fuera de contexto porque
esta expresión está referida en la doctrina a la necesidad de que el Ministerio
Público Fiscal deje de ser un acompañante del juez instructor, que dictamina
sobre la investigación penal ajena, para convertirse en un verdadero actor
procesal que tenga el impulso de la acción penal, la investigación a su cargo y la
dirección de la policía en función de investigación. Esta ha sido la crítica principal
recaída sobre los sistemas inquisitivos o inquisitivos mixtos respecto de la
imposibilidad de que una misma persona investigue y decida respecto de esa
misma hipótesis acusatoria y que al fiscal sólo le toque un papel de “convidado de
piedra” en el proceso penal, como también se lo ha caracterizado.


Esta digresión académica sirve para explicar que esta no es la situación de la
Provincia de Buenos Aires luego de la reforma procesal penal, porque como el Sr.
Fiscal bien debe saber, la investigación penal y la dirección de la policía en
función judicial se encuentran en manos de los fiscales, razón por la cual
difícilmente se pueda hablar del Ministerio Público Fiscal bonaerense como “la
quinta rueda del carro” (Ver en este sentido MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal
Penal. II. Parte General. Sujetos Procesales, pag. 309 y ss. y sus citas).


Si, en cambio, lo que el Sr. Fiscal está pretendiendo decir es que la atribución
dada por el Código Procesal Penal de la Provincia y la LMP es una autorización
genérica para dar cualquier tipo de instrucción a la policía en su función de
auxiliar de la justicia, y que cualquier control o límite que se imponga a esta
facultad implica vaciarla de contenido y transformar a la actividad del MPF en
inocua o indiferente, la cuestión se torna aún más grave.


Como queda claro de su lectura, la presentación efectuada al Sr. Fiscal para que
revise su instrucción de ningún modo estuvo dirigida a criticar la existencia de la
facultad de los fiscales de dictar instrucciones a la policía en el marco de una
investigación penal. Por el contrario, en el reconocimiento de que el fiscal tiene




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esta atribución, la crítica se basa en el ejercicio abusivo y excesivo de una
facultad legítima.


Afirmar que un control de este tipo y la imposibilidad de dar directivas como las
que impartió dejan al Ministerio Público Fiscal sin las herramientas para cumplir
con su misión institucional pone en evidencia la falta de convicción del Sr. Fiscal
respecto de las facultades constitucionales y legales que posee para llevar
adelante investigaciones penales en el marco de un estado de derecho. En
definitiva, lo que el Sr. Fiscal parece no reconocer es que existen límites a la
actividad coercitiva del Estado y estos límites están dados, en el marco de la
actuación del Ministerio Público Fiscal, por la existencia del comienzo de ejecución
de un delito. No cualquier regla destinada a “organizar y optimizar el cauce
laboral” de la policía es legítima para el Ministerio Público Fiscal.


¿Cuál puede ser el argumento de derecho adecuado para afirmar que una
decisión de una autoridad pública que afecta derechos constitucionales de
terceros quede al margen de la revisión por parte de los que pueden resultar
afectados?    Sin duda, ninguno y mucho menos uno que deje supeditado la
afectación de garantías y derechos constitucionales a la operatividad del
organismo.


Así como el Sr. Fiscal acude a consideraciones de la doctrina para rechazar la
presentación, es útil en esta presentación hacer mención también a las
deficiencias institucionales que han acompañado la actuación del Ministerio
Público Fiscal, en buena medida, por su carácter histórico relegado en el proceso
penal. Así, la idea instalada sobre la imposibilidad de la existencia de un efectivo
control interno y externo a la actuación del MPF resulta importante para explicar
una decisión como la del Fiscal ROMERO. Esto conduce a la importancia de un
sistema democrático y efectivo de revisión de las instrucciones de los miembros
del Ministerio Público Fiscal, que evidentemente está regulado en forma deficiente
en la ley orgánica de la provincia.


La función procesal que recae sobre el Ministerio Público Fiscal determina en gran
medida sus objetivos institucionales ya que el ejercicio de la actividad requirente
en materia penal no es otra cosa que la materialización de una porción
fundamental de la política criminal estatal. Las instrucciones que el fiscal pueda




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impartir a la policía, sobre todo en materias como la que se encuentra en
discusión en el caso, son parte de esta actividad del Ministerio Público Fiscal. Así
explicado se advierte con mayor claridad la importancia de hacer explícito este
papel y la indispensable necesidad de un control amplio.


Lo dicho anteriormente impone asimismo la necesidad de que el organismo
funcione con coherencia política (al igual que en el resto de las políticas públicas)
y exige que el responsable máximo del organismo, en este caso la Sra.
Procuradora General, utilice las herramientas a su alcance para que —en el marco
de su función elemental de definir y ejecutar la política de persecución penal del
organismo a su cargo—, imparta directivas precisas sobre este tema.


La Ley orgánica del Ministerio Público (n° 12.061) es clara en este sentido, al
encomendar al responsable del organismo “el adecuado funcionamiento del
Ministerio Público y la superintendencia general (artículo 12), a su vez, el
Procurador es quien debe fijar las políticas generales del Ministerio Público y
controlar su cumplimiento, para lo cual puede dictar instrucciones generales
(artículo 13). Ello importa para la Sra. Procuradora la necesaria revisión de la
actuación del Sr. Fiscal Marcelo ROMERO y la avocación sobre la procedencia y
legitimidad de una instrucción como la dictada por éste.


Más allá de la tesis que se adopte sobre la posición institucional del Ministerio
Público, lo cierto es que como explica MAIER, “es difícilmente concebible
culturalmente” un Ministerio Público que contradiga sus “bases originarias de
creación”, esto es: los principios de unidad e indivisibilidad y organización
jerárquica o monocrática. (MAIER, ob. cit., pags. 328 y ss.) La consecuencia
necesaria de este tipo de organización es la existencia de instrucciones que guíen
la tarea de todos los integrantes del Ministerio Público y el control jerárquico
sobre las acciones de sus integrantes.


En consecuencia, los principios rectores del Ministerio Público Fiscal —unidad de
actuación, indivisibilidad y la subordinación jerárquica (artículo 2 de la LMP)—
exigen que este tipo de decisiones puedan ser controladas por la cabeza del
organismo, fundamentalmente cuando terceros ajenos se presentan para
reclamar por la protección de su derechos. La discusión sobre los límites
constitucionales y legales respecto del contenido y alcance de las instrucciones




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que legítimamente pueden emitirse en el marco de la actividad del Ministerio
Público Fiscal es una tarea pendiente en la provincia de Buenos Aires.


Y la importancia de hacerlo en este caso queda puesta en evidencia si, como
explica ROXIN, entendemos que una de las razones fundamentales que dieron
origen al Ministerio Público ha sido su posición estratégica para controlar los actos
de la policía en el marco de una investigación penal, razón por lo cual, se lo
considera también una columna del Estado de Derecho. Para fundar esta idea cita
un famoso escrito de SAVIGNY que llamaba la atención (ya, en ese momento)
sobre la necesidad de “…dar una base jurídica a las primeras intervenciones
policiales” cuestión que debería ser, “con toda propiedad, tarea del Ministerio
Público” (ROXIN, Claus, “Posición jurídica y tareas futuras del Ministerio Público”,
en El ministerio Público en el proceso penal, AAVV, editorial AD- Hoc, pags. 425 y
ss).


Esta afirmación pone exactamente en contexto la importancia de controlar la
instrucción impugnada ya que se trata de un caso que pone a prueba esta tarea
primordial del Ministerio Público respecto de la dirección de la policía. Mantener
una    orden   que   afecta   derechos   constitucionales   implica   abandonar    la
responsabilidad institucional que le cabe sobre la definición de una política
criminal respetuosa de los derechos y una correcta actuación de la policía.


III. 4. La ilegitimidad de la Instrucción General impugnada
Para sostener que al impartir la Instrucción General 4/04 actuó en el marco de las
atribuciones conferidas a los fiscales por la LMP, el Sr. Fiscal alega que su acto se
encuentra dentro de los límites fijados por el art. 27, ya que “carece de vocación
legisferante, en tanto no cercena conductas de la ciudadanía” y que su dictado
surge de la misión específica del MP, es decir la “defensa de los intereses de la
sociedad y [el] resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos
consagrados en las disposiciones constitucionales y legales…”.


Además para justificar que su directiva no superpone la función originaria de las
fuerzas de seguridad sostiene -como señaláramos supra- que la Instrucción
“únicamente instruye a sus auxiliares, el criterio del infrascripto en cuanto a la
forma de sustanciación de las eventuales investigaciones que se inician y la
recolección de los elementos de convicción, que en virtud de los principios de




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autonomía e independencia, no solo puede sino que debe observar y hacer
cumplir”.


Finalmente, sostiene el Fiscal ROMERO que no existe vulneración de la normativa
internacional en materia de derechos humanos pues la misma “necesariamente
debe ser interpretada en forma integral, orgánica y armonizada”, pretendiendo
sustentar su defensa de la Instrucción cuestionada en lo prescrito por el art. 32
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


Tales argumentos resultan absolutamente infundados, tal como lo expondremos
seguidamente.



III. 4. a. El Agente Fiscal ROMERO carece de competencia para dirigir a la
policía en materia de prevención de delito

Las medidas ordenadas por el Sr. Agente Fiscal Marcelo ROMERO no tienen por
objeto organizar la tarea del personal policial en el marco de una investigación
penal, contrariamente a lo que el funcionario postula al final de la resolución
impugnada. Las indicaciones del Fiscal ROMERO están dirigidas a organizar la tarea
de la policía estableciendo qué es lo que debe hacer para evitar que se cometa lo
que, según su opinión, sería un delito.



Esto significa que, lo que se establece en la criticada instrucción, es cómo debe
actuar el personal policial para prevenir un ilícito y no qué es lo que debe hacer
para reunir elementos de prueba que permitan esclarecerlo una vez ya cometido
o empezado a cometerse.



En efecto, el Fiscal ROMERO le ordena al personal policial que procure "organizar
las protestas de tal manera que exista una vía de circulación libre adyacente al
piquete o manifestación", pues ello, según su criterio, es lo que evitaría que se
configure un delito.



Asimismo, le encomienda a la policía que proceda al secuestro de palos y
capuchas que porten los participantes de las movilizaciones y establece que sólo
"[a]nte la negativa o resistencia de estas personas a cumplir con la orden, el




                                                                               13
personal policial labrará actas de iniciación de I.P.P. por la presunta comisión del
delito de Intimidación Pública, art. 211 del Código Penal, y procederá a
documentar con medios fotográficos, fílmicos o de video todas las secuencias de
la operación".



Esto significa que si los manifestantes entregaran los objetos requeridos por la
autoridad policial no deberían labrarse actas de iniciación de I.P.P., ergo no
habría delito.



De esta manera el Fiscal ROMERO pretende regular la actuación policial en
materias que resultan ajenas a su competencia funcional, resultando, por ello,
ilegítima su pretensión.



Según lo establece la ley 12.061, los fiscales tienen por función promover y
ejercer la acción penal pública, teniendo a su cargo la dirección de la
investigación penal preparatoria del juicio (art. 17, incs. 1 y 2). Esto significa que
la actuación del Fiscal debe tener como antecedente la existencia de un hecho
delictivo que ya se ha materializado y que, por ello, deba ser reprimido mediante
la actuación de la ley penal. No así la mera posibilidad de que algo ocurra.



Los Fiscales no tienen atribuciones en materia de prevención de delitos sino que
desarrollan tareas de persecución y castigo de aquellos que fueron ya cometidos
(vgr. promoción y ejercicio de la acción penal pública).



En consonancia con lo expuesto, la ley 12.061 establece también que le
corresponde al Agente Fiscal "dirigir a la policía judicial y a la policía en función
judicial" (art. 17, inc. 2).



Precisamente la función de la policía judicial y de la policía en función judicial "se
dirigen hacia el pasado, a una obra por lo menos ya comenzada en el mundo de
los hechos, con características de ilícito penal, y, por tanto, ya plasmada como
individual y concreta (histórica), que no vive tan sólo en la imaginación o en el




                                                                                   14
mundo de lo posible. Esta función de investigación es propia del procedimiento
penal" (MAIER, Julio B. J., ob. cit., pág. 408).



Por el contrario, la función preventiva de la policía (policía de seguridad), "se
caracteriza por su dirección hacia el futuro, hacia ilícitos que aún no tienen vida o
no forman parte del mundo real, sino, antes bien, que se hallan en el mundo de
lo posible y todavía sin suceder. Sintéticamente definida, esta función consiste en
el empleo de muy diversos medios para evitar la comisión de ilícitos posibles o
para disuadir a quienes pueden ser autores o partícipes a que no emprendan su
obra criminal" (MAIER, Julio B. J., ob. cit., pág. 408).



Las medidas dispuestas por el Fiscal ROMERO claramente se enmarcan en el
ámbito de esta función preventiva de la policía que describimos en el párrafo
precedente, es decir tienden a disuadir, evitar o prevenir lo que para este
funcionario sería un delito.




Pero como ya lo expresáramos, estas medidas exceden las atribuciones que
tienen por ley los Agentes Fiscales, cuya tarea es la de procurar que se acredite la
verdad material sobre la atribución a una persona de un hecho delictivo ocurrido,
y no la de ordenarle medidas a la policía de seguridad para que evite que éste se
cometa. Esto último es competencia de otros funcionarios estatales.



Los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial sí tendrían facultades para
disponer algunas medidas de prevención y, en tal sentido, consensuar con
quienes participen de alguna manifestación pública algunas reglas mínimas para
evitar problemas mayores, pero esto de ninguna manera autoriza la intervención
de quien tiene por función, exclusivamente, promover la persecución de los
delitos.



Por tal motivo, si no hay delito o no hay comienzo de ejecución de un delito, un
Agente Fiscal no tiene competencia para intervenir. Por otro lado, si se considera
que existe un delito de acción pública o que ha comenzado su ejecución, la
iniciación de una investigación penal no puede estar supeditada a nada.




                                                                                  15
En tal sentido, Maier señala que "la facultad de los Fiscales de dictar instrucciones
tiene su límite en el principio de legalidad. Conforme a esa sentencia sería tan
ilegítima, por ej., una instrucción que procurara la persecución de un inocente,
como aquella que instara a dejar de perseguir a un culpable (CP, 71 y 274)" (ob.
cit. pág. 338; cfr. ROXIN, ob. cit., p. 53).



Siguiendo una definición de Gustavo BRUZZONE, puede observarse con mayor
claridad las dos caras del principio de legalidad: legalidad procesal y legalidad
material (nullum crimen sine lege). Según este autor, el principio puede ser
resumido de la siguiente forma: "no hay culpabilidad (penal) sin pena"; o dicho
de manera neutral: se parte de la base de que las razones que determinan la
selección del comportamiento punible, dentro del sinnumero de comportamientos
desviados, están predeterminadas por normas de carácter general; no son
admisibles decisiones particulares diferentes a las previstas por las normas
generales" (BRUZZONE, Gustavo, Las llamadas instrucciones de los fiscales, en
Revista Pena y Estado, edición Ministerio Público, n° 2, Edit. Del Puerto, pág.
222).



De esta manera, resulta violatorio del principio de legalidad tanto omitir perseguir
un delito (legalidad procesal) como ordenar la persecución de conductas que,
conforme las leyes vigentes, no pueden considerarse delictuales (legalidad
material).



Frente a esto, concluimos que la instrucción general del Fiscal Romero configura
una violación del principio de legalidad material pues ordena la intervención
policial respecto de conductas que no configuran un delito. Dichas conductas, por
otra parte se hayan amparadas por nuestra Constitución Nacional y los Tratados
Internacionales en materia de Derechos Humanos, tal como lo señalamos
oportunamente.


III. 4. b. Criterios generales de restricción en el derecho internacional
de los derechos humanos
El Fiscal ROMERO ataca nuestro planteo de que su instrucción general vulnera
derechos reconocidos en tratados internacionales en materia de derechos




                                                                                  16
humanos, imputándonos un supuesto olvido del “resto de las garantías y
derechos tutelados” en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante, Convención, Convención Americana o CADH), y destacando que en su
art. 32 la citada Convención establece que “los derechos de las personas están
limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las
justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.


De esta manera Romero vuelve a recurrir a esa formula tan remanida como vacua
de que "los derechos no son absolutos". Hecha con esa liviandad sólo denota el
absoluto desconocimiento que el Sr. Fiscal tiene de los criterios generales de
restricción en el derecho internacional de los derechos humanos.


El Artículo 29.a. de la CADH establece que dicho instrumento no puede ser
interpretado de manera tal que se permita a los Estados o a las personas
“suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”.              En
consecuencia, es necesario determinar cuáles son las limitaciones autorizadas por
la Convención para dichos artículos, ya sea en el texto mismo del artículo o en
otras disposiciones de la Convención que regulan de manera general las
restricciones o limitaciones permisibles.


Por un lado, encontramos el artículo 32.2 que “opera especialmente en aquellos
casos en que la Convención, al proclamar un derecho, no dispone nada en
concreto sobre sus posibles restricciones legítimas” (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC
del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5 (en adelante “OC-5"), párr. 65). Éste
determina una serie de reglas para limitar los derechos. Entre otros aspectos,
establece que los derechos de otros, la seguridad y el bien común de una
sociedad democrática deben orientar la interpretación y aplicación de estos
derechos. Es decir que los derechos de los demás y las necesidades colectivas en
una sociedad democrática deben ser la guía necesaria para establecer
limitaciones a los derechos contenidos en la CADH.


Por otra parte, el Artículo 30 de la Convención señala que las restricciones
autorizadas deben ser aplicadas conforme a las leyes y atender al interés general.




                                                                                17
La noción de “interés general” en el Artículo 30 debemos entenderla en los
mismos términos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante, Corte IDH o Corte Interamericana) caracteriza los conceptos de “orden
público” o “bien común” del Artículo 32.2: “esos conceptos, en cuanto se
invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser
objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de
“una sociedad democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos
intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención”
(OC-5, supra nota de pié , párr. 67, y OC-6, supra nota de pié , párr. 31).


Entonces, las limitaciones contenidas en el Artículo 32.2. o en aquellas normas
que establezcan restricciones específicas permisibles para ciertos derechos deben
cumplir, de acuerdo con la Corte IDH, con las siguientes condiciones:
“a. Que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención y
en las condiciones particulares en que la misma ha sido permitida;
b. Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir,
que obedezcan a “razones de interés general” y no se aparten del “propósito para
el cual han sido establecidas”.
c. Que tales restricciones estén dispuestas por las leyes y se apliquen de
conformidad con ellas” (OC-6, supra nota de pié , párr. 18).


En general se puede afirmar que las disposiciones que autorizan limitaciones a
derechos consagrados en un tratado de derechos humanos deben ser
interpretadas en forma restrictiva de manera que esos derechos no sean limitados
más allá de lo requerido (Pinto, M., Temas de derechos humanos (1997) en La
dimensión internacional de los Derechos Humanos, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (Rodríguez-Pinzón, Martin & Ojea Quintana, ed. 1999); Nadine
Strossen, Recent U.S. and International Judicial Protection of Individual Rights: A
Comparative Legal Process Analysis and Proposed Synthesis, 41 Hastings L.J. 805
(1990); Alexandre Charles Kiss, Permissible Limitations on Rights, en THE
INTERNATIONAL BILL OF RIGHTS: THE COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL
RIGHTS 290 (Louis Henkin ed. 1981).


Ello implica que las medidas de restricción deben ser “necesarias”, y en este
sentido la Corte Interamericana ha determinado que no basta que la medida sea




                                                                                   18
conveniente, suficiente o útil para proteger el derecho, sino que debe ser
“estrictamente necesaria” (OC-5, supra nota de pié , párrs. 77-81) .


Y el hecho de que deban ser necesarias en una sociedad democrática, determina
que no resulta suficiente una justificación que pretenda proteger a las mayorías
de una conducta considerada ofensiva (Pinto, supra nota 8; Strossen, supra nota
8, pág. 851).


Todo ello obliga al Estado a optar por aquella medida que sea la menos intrusiva
posible, de manera que quede reducida a un mínimo ineludible (Pinto, supra nota
8, pg. 68-69. Strossen, supra nota 8 pg. 853. Refiriéndose al Caso Klass y otros
de la Corte Europea).


Adicionalmente, una medida necesaria y lo menos intrusiva posible debe ser
proporcional, de forma tal que el derecho protegido no sea rebasado por un
interés legítimo del gobierno que compita directamente con el derecho en
cuestión. Dicho interés debe tener una importancia especial para el gobierno y se
refiere solo a aquellos “intereses legítimos” establecidos en el Artículo 32.2 de la
Convención Americana (u otros que se establezcan en disposiciones que
consagren derechos específicos): los derechos de otros, la seguridad de todos y
las justas exigencias del bien común. Sin embargo es necesario recordar que,
según el criterio de la Corte IDH, en la medida que un artículo de la Convención
autorice limitaciones específicas a cierto derecho, el Artículo 32.2. debe ser
aplicado con más cautela para restringir dicho derecho.


Sin embargo, no solamente es importante analizar las normas que establecen
limitaciones a los derechos protegidos. Es igualmente relevante establecer si la
práctica o aplicación de una norma es excesivamente restrictiva. Una norma
puede ajustarse a los parámetros establecidos para limitar un derecho pero su
aplicación puede exceder dichos límites. Dicha práctica puede presentarse en el
ámbito de los tribunales de justicia así como en la administración pública


Por último, las autoridades nacionales al justificar una limitación a un derecho
protegido deberán demostrar que el fin y objeto de la norma (protección del bien
común) es el de evitar un daño cierto o tangible a la sociedad.




                                                                                 19
Para el derecho internacional de los derechos humanos, no es suficiente
argumentar la limitación sobre la base de afirmaciones no sustentadas o meras
especulaciones de un daño presumido al bien común.


Podemos concluir entonces que las restricciones deben estar prescriptas por ley;
su aplicación debe ser conforme a ella; debe perseguir uno de los fines previstos
en la Convención; ser proporcional y necesaria para una sociedad democrática.


III. 4. c. Violación de los principio de legalidad, proporcionalidad y
razonabilidad
La instrucción dictada por ROMERO constituye una restricción ilegitima de los
derechos de reunión, de expresarse libremente y de peticionar a las autoridades,
por no adecuarse a los parámetros descriptos precedentemente.


Tal como lo destacamos oportunamente, dicho acto administrativo viola el
principio de legalidad, por ordenar la intervención policial respecto de hechos que,
en el mejor de los casos, solo constituirían meros actos preparatorios.


La invocación abstracta a la necesaria armonización entre todos los derechos no
otorga fundamento suficiente a la decisión de restringir una protesta, pues no
ofrece mayores argumentos acerca del modo en que debe construirse el
entramado de los intereses en juego.


Luego de afirmar que ningún derecho es absoluto, no sabemos mucho más
acerca de cómo deberíamos actuar y esta relativa incertidumbre exige que la
resolución de un conflicto constitucional recurra a un análisis refinado y
cuidadoso, especialmente cuando de él depende la imposición de una pena ¿qué
derecho debe prevalecer, en qué grado o medida, cuándo puede ejercerse la
restricción?


Por supuesto, muchas de las protestas se desarrollan en vías públicas importantes y
acarrean severas molestias para muchas personas ajenas a la manifestación. Sin
embargo, en modo alguno ello permite concluir que por tal razón se trate ya de
actos ilícitos.




                                                                                 20
No puede olvidarse que justamente las calles y parques son lugares
especialmente privilegiados para la expresión pública. La construcción del “foro
público” en la doctrina de la Corte de los Estados Unidos, sobre la base de
decisiones como Hague y Schneider’ (Hague v. Cio, 307 US 496 (1939) y
Schneider v. State, 308 U.S. 147 (1939).)considera, justamente, que
  “[l]as calles y los parques han sido confiadas al uso público desde tiempo
  inmemorial, usándose desde siempre para el propósito de que los ciudadanos se
  reúnan en asambleas, se comuniquen entre sí, y discutan sobre cuestiones
  públicas” (Hague) – (GARGARELLA, Roberto; Expresión cívica y “cortes de ruta”, s/p.)


Notablemente entonces, continúa afirmando GARGARELLA, desde Hague, la Corte
Suprema norteamericana se preguntó dónde, sino en la vía pública, pretender la
expresión de la ciudadanía.
  “... Schneider reprodujo los mismos conceptos de Hague en un caso en donde se
  cuestionaba la actividad de unos manifestantes que arrojaban panfletos a la calle. El
  hecho de que el máximo tribunal norteamericano decidiera dar una fuerte protección
  a las expresiones realizadas en parques y calles aún cuando la actividad en cuestión
  involucrara ciertos perjuicios a terceros, se convirtió en un dato de enorme
  importancia”.
  “(...) el balance constitucional en Schneider fue decidido enfáticamente en favor de
  mantener abierto el foro público a este tipo de comunicación’ (H. KALVEN, “The
  Concept of the Public Forum”: Cox v. Louisiana 1965 Sup. Ct. Rev. 1, pp. 18-21.)
  Ciertas expresiones acarrean ciertos costos, innegables, que sin embargo deben
  tolerarse en honor de la libertad de expresión. Existen, claramente, limitaciones
  permisibles a la expresión en cuanto a su "tiempo, lugar, y forma." Pero ellas no
  deben atentar en ningún caso contra el contenido del discurso en juego, o contra la
  misma posibilidad de que éste se convierta en público (Expresión cívica y “cortes
  de ruta”, s/p.).

Tampoco parece especialmente relevante la argumentación según la cual los cortes
de calles, no son una “simple” o “pura” expresión, pues existen también otra serie
de acontecimientos dañosos vinculados a ellos —como incendios de neumáticos— o
daños. Todos los discursos implican expresiones y “algo más”. Si se trata de una
expresión oral, tenemos ruidos que pueden interrumpir a otros; si se trata de una
expresión escrita, tenemos la posibilidad de ensuciar [la vía pública]” (KALVEN Ibid.,
pág. 23, cit. por GARGARELLA, R.; Expresión cívica y “cortes de ruta”, s/p.)


Lo verdaderamente importante es que en todos los casos existen ideas en debate, y
éstas merecen el más decidido cuidado por parte del poder público. Los daños
podrán merecer reproches por parte de la comunidad pero es perfectamente posible
distinguir un exceso reprochable de la prioritaria necesidad de resguardar las
expresiones públicas de la ciudadanía.




                                                                                          21
Además, la instrucción del Fiscal ROMERO resulta una restricción ilegitima de
derechos fundamentales por violar los principios de proporcionalidad y
razonabilidad.


En efecto, entre las medidas dispuestas por el Fiscal ROMERO se encuentra la de
promover la persecución penal de aquellos manifestantes que cubran sus rostros
con "pasamontañas o similares" y porten "palos" o "caños", por considerarlos que
incurren en el delito de intimidación pública (art. 211 del Código Penal).


Esta disposición del Fiscal importa promover una restricción de la libertad de
expresión y del derecho de peticionar a través del Derecho Penal, imponiendo una
pena de prisión de hasta seis años. Por ello corresponde determinar si es posible
restringir el derecho a la libertad de expresión y de peticionar a través de
sanciones penales.


En este sentido, cabe hacer referencia a la condición del Derecho Penal como
última ratio. Esta idea también responde al criterio de que la pena —por los
graves perjuicios que causa a quien debe padecerla— sólo es admisible cuando
no hay otro "mal menor". Sólo se consideran legítimas las normas jurídico-penales
cuando su función no la puede asumir otros instrumentos de regulación del
contacto   social,   sea   mediante   disuasión    policial   o   sanciones   civiles    o
administrativas o medidas estatales de control social u otras (Cfr. SILVA SANCHEZ,
Jesús María. Aproximación al derecho penal contemporáneo. J. M. Bosch Editor
S.A., Bercelona, 1992, ps. 247 y 270; JAKOBS, Günther. Derecho penal. Parte
general. Fundamentos y teoría de la imputación. 2° edición corregida. Marcial
Pons Ediciones jurídicas S.A., Madrid, 1997, p. 60).


Se debe entender que la condición para la aplicación del derecho penal es la
última instancia o el último recurso. Conviene destacar, en este sentido, el voto
del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García
Ramírez, en la sentencia del caso Bulacio. En uno de sus párrafos expone:
  “Una vez más es preciso subrayar la condición de ultimo recurso que posee el
  control penal o cuasi penal...”, y continúa: “Las figuras de conducta que justifican
  la intervención sancionadora del Estado deben referirse a verdaderas afectaciones
  indebidas de bienes jurídicos, previstas legalmente, no apenas a situaciones de
  supuesto riesgo o peligro que hagan sospechar —conforme al arbitrio de quienes
  las observan— la posibilidad de que ocurra una transgresion, y con este
  fundamento pongan en curso el aparato represivo del Estado” (Corte IDH, Caso




                                                                                         22
  Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, voto razonado del
  juez GARCÍA RAMÍREZ, párrafo 14).


El citado magistrado concluye:
  “De todo ello resulta la necesidad de respetar el ámbito del comportamiento libre y
  establecer cuidadosamente y dentro del marco de la ley, aquellos actos que
  implican lesión grave de bienes jurídicos, frente a los cuales resulte legítimo —
  conforme a un criterio de legitimidad material, no apenas formal— poner en
  movimiento la función punitiva, deslindándolos de infracciones menores, que deben
  ser atendidas con otras medidas e instrumentos, públicos y privados” (Corte IDH,
  Caso Bulacio, sentencia del 18 de septiembre de 2003, voto razonado del Juez
  GARCÍA RAMÍREZ, párr. 15).


De ahí entonces que la finalidad que persigue el derecho penal no se vincula con
la limitación de manifestaciones sociales. La herramienta que, en este caso,
ordena utilizar el Fiscal ROMERO, no es idónea para restringir el derecho a la
libertad de expresión y de peticionar.


El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
ha señalado, con relación a la criminalización de las demostraciones en la vía
pública, que
  “resulta en principio inadmisible la criminalización también per se de las
  demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la
  libertad de expresión y al derecho de reunión. En otras palabras: se debe analizar
  si la utilización de sanciones penales encuentra justificación bajo el estándar de la
  Corte Interamericana que establece la necesidad de comprobar que dicha
  restricción (la criminalización) satisface un interés público imperativo necesario para
  el funcionamiento de una sociedad democrática. Asimismo, es necesario valorar si
  la imposición de sanciones penales se constituye como el medio menos lesivos para
  restringir la libertad de expresión practicada a través del derecho de reunión
  manifestado en una demostración en la vía pública o en espacios públicos” (Ver,
  Informe Anual, del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002, capítulo IV
  –Libertad de Expresión y Pobreza-, párr. 35).

Seguidamente agrega el Relator Especial:
  “Es importante recordar que la criminalización podría generar en estos casos un
  efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de
  la sociedad que no pueden acceder a canales de denuncia o petición como ser la
  prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el
  reclamo se origina” (Ver, Informe Anual, del Relator Especial para la Libertad de
  Expresión 2002, capítulo IV –Libertad de Expresión y Pobreza-, también, párr. 35).


La Comisión Interamericana ya había señalado -cuando se refirió al delito de
desacato- que
  “El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a
  expresar sus opiniones sobre problemas de interés público...” (CIDH; Informe
  Anual 1994, Capitulo V; Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato
  y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya citado).




                                                                                            23
     Por todo ello, el Fiscal ROMERO no puede sostener la persecución penal de
     manifestantes en la simple constatación de un entorpecimiento de los transportes
     terrestres y/o en la portación de capuchas. Ese análisis no tiene en cuenta la
     última instancia de operación del derecho penal y las restricciones permitidas a la
     libertad de expresión.


     Para la resolución de un conflicto de derechos es necesario recurrir a un análisis
     refinado y cuidadoso, especialmente cuando de él depende la imposición de una
     pena. La razonabilidad de la medida restrictiva esta dada por la adecuación de los
     medios a los fines. En tal sentido, las autoridades están obligadas a optar por las
     medidas restrictivas que sean lo menos gravosas posible para el ejercicio del
     derecho a la libertad de expresión y los derechos políticos (no solamente deben
     ser medidas deseables o útiles, sino que deben ser estrictamente necesarias).


     Sin lugar a dudas, amenazar con la imposición de una pena de hasta seis años de
     prisión a quienes participen en una manifestación publica, por el sólo hecho de
     hacerlo encapuchados o portando un palo, resulta una medida que no se ajusta a
     los parámetros, señalados precedentemente, de razonabilidad y proporcionalidad,
     resultando por ello ilegítima tal restricción.


     IV. Acompaña copias
     Acompañamos copias de la documental que seguidamente detallamos:
a)          Instrucción General n° 4/2004 dictada por el señor Agente fiscal Marcelo
     Carlos ROMERO.
b)          Recurso administrativo presentado por el CELS y la CTA contra la
     mencionada instrucción con fecha 8/7/04.
c)          Resolución del Fiscal ROMERO de fecha 27/7/04, en las actuaciones n°
     232.560, caratuladas “ABRAMOVICH, Victor, Centro de Estudios Legales y Sociales s.
     Recurso Administrativo. Impugnan Instrucción General”, tramitadas por la Unidad
     Funcional de Instrucción n° 6 de La Plata.


     V. Petitorio
     Por todo lo expuesto, a Usted solicitamos:
1.          Se tenga por presentada en tiempo y forma esta impugnación.
2.          Se nos tenga por parte y por constituido el domicilio legal indicado.




                                                                                     24
3.         Se adopten las medidas necesarias para el inicio y conclusión del trámite
     administrativo de impugnación que se promueve.
4.         Se avoque al conocimiento y resolución de la cuestión oportunamente
     planteada ante el Fiscal ROMERO, revoque la resolución que impugnamos y deje
     sin efecto la Instrucción General n° 4/2004 dictada por el señor Agente fiscal
     Marcelo Carlos ROMERO.


     Proveer de conformidad,
                               SERA JUSTICIA




                                                                                 25

								
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