buen maestro by sW5qEPE

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									                                                  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
                                          CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
                                               SEPTUAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA
                                                           MORELIA

                                          SESIÓN DEL DÍA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

                                                     VERSIÓN ESTENOGRÁFICA

                                                        SESIÓN NÚMERO 65

MESA DIRECTIVA:

Presidente: Dip. Eduardo Sánchez Martínez (PAN).
Primer Secretario: Dip. Gustavo Ávila Vázquez (PRD).
Segundo Secretario: Dip. Eligio Cuitláhuac González Farías (PRI).
Tercer Secretario: Dip. Juan Manuel Macedo Negrete (PANAL).

Lugar: Morelia, Michoacán.
Fecha: 24 de septiembre de 2009.
Recinto: Palacio del Poder Legislativo.
Apertura: 11:42 horas.

[PRESIDENTE]:

         Septuagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Segundo Año Legislativo.
Sesión del día jueves 24 de septiembre de 2009. [Timbre].

         Se instruye al Segundo Secretario pasar lista de asistencia.

[SEGUNDO SECRETARIO]:

         Con su permiso, diputado Presidente:

         Anaya Gudiño Alfredo, Antúnez Oviedo Luis Manuel, Arriaga Colín Roberto, Ávalos Plata Jesús, Ávila Vázquez
Gustavo, Bautista Villegas Leopoldo Enrique, Calderón Medina María Guadalupe, Campos Ponce Juan Carlos, Campos Ruiz
Francisco, Cardona Mendoza Martín, Chávez Flores María Macarena, Cruz Lucatero Antonio, Elvira Cabrera Gonzalo, García
Conejo Antonio, el de la voz (Eligio Cuitláhuac González Farías), Guzmán Ábrego Arturo, Hinojosa Campa José Jaime, Huirache
Béjar David, Jiménez Rojas Epigmenio, Lázaro Medina Wilfrido, Lucas Ángel José Jesús, Lugo Contreras Heriberto, Macedo
Negrete Juan Manuel, Madero Naranjo Iván, Martínez Carranza Librado, Martínez Pasalagua José Trinidad, Molina Aguilar
Gabriela Desireé, Morelos Borja Francisco Javier, Morón Orozco Raúl, Navarro Sánchez Samuel Arturo, Oseguera Solorio
Arquímides, Prieto Gómez Mauricio, Quintana Martínez Carlos Humberto, Rodríguez López Jaime, Salas Valencia José Antonio,
Sánchez Martínez Eduardo, Solís Suárez Sergio, Tinoco Soto Míriam, Torres Vargas Lourdes Esperanza, Villaseñor Meza José
Eduardo.

         Le informo, señor Presidente, que existe quórum legal.

[PRESIDENTE]:

         Habiendo el quórum legal, se declara abierta la sesión.

         Se solicita al Primer Secretario dar cuenta al Pleno de los asuntos que han de someterse a consideración.

[PRIMER SECRETARIO]:

         Con su permiso, señor Presidente:

                                  Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
                                      Sesión del día jueves 24 de septiembre de 2009.
                                                   ORDEN DEL DÍA:

I.      LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 64, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE
        2009.

II.     LECTURA DE LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA
        CUAL ENVÍAN, PARA ADHESIÓN DE ESTE CONGRESO, ACUERDO RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA FEDERAL
        EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN.

III.    LECTURA DE LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO A TRAVÉS DE
        LA CUAL ENVÍAN ACUERDO A EFECTO DE INSTRUMENTAR UN CAMBIO GRADUAL EN EL MODELO ECONÓMICO DEL PAQUETE FISCAL
        PARA EL AÑO 2010.

IV.     LECTURA DE LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO A TRAVÉS DE
        LA CUAL ENVÍAN, PARA ADHESIÓN DE ESTE CONGRESO, ACUERDO RELATIVO A LA SEQUÍA QUE AFECTÓ AL PAÍS.

V.      LECTURA DE LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR LA XII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A TRAVÉS
        DE LA CUAL ENVÍAN PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL USO DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO.

VI.     LECTURA DE LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR EL DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE
        LA CUAL SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA
        ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

VII.    LECTURA DE LA COMUNICACIÓN REMITIDA POR EL DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO A TRAVÉS
        DE LA CUAL SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA
        LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

VIII.   LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
        HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

IX.     LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL
        DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

X.      LECTURA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL
        EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

XI.     LECTURA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
        2010, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

XII.    LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
        MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL
        ESTADO.

XIII.   LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE
        SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, AMBAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR EL
        DIP. JESÚS LUCAS ÁNGEL.

XIV.    LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 50 Y 159 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
        DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
        INSTITUCIONAL.

XV.     LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
        DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PRESENTADA POR EL DIP. RAÚL MORÓN OROZCO.

XVI.    LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN MICHOACÁN, PRESENTADO
        POR EL DIP. WILFRIDO LÁZARO MEDINA.
XVII.    LECTURA DEL POSICIONAMIENTO SOBRE EL RECICLADO DEL PAPEL Y REDUCCIÓN DEL USO DEL PET EN OFICINAS PÚBLICAS,
         PRESENTADO POR EL DIP. LIBRADO MARTÍNEZ CARRANZA.

XVIII.   LECTURA DEL POSICIONAMIENTO RELATIVO AL PAQUETE ECONÓMICO FISCAL DEL AÑO 2010, FEDERAL Y ESTATAL, PRESENTADO
         POR EL DIP. JUAN MANUEL MACEDO NEGRETE.

XIX.     LECTURA DEL POSICIONAMIENTO RELATIVO AL PAQUETE FISCAL ENVIADO POR EL EJECUTIVO ESTATAL AL PODER LEGISLATIVO,
         PRESENTADO POR EL DIP. EPIGMENIO JIMÉNEZ ROJAS.

XX.      LECTURA DEL POSICIONAMIENTO RELATIVO AL PAQUETE FISCAL DEL AÑO 2010, PRESENTADO POR EL DIP. LUIS MANUEL
         ANTÚNEZ OVIEDO.

XXI.     LECTURA DEL POSICIONAMIENTO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO EN EL EJERCICIO
         PÚBLICO, PRESENTADO POR EL DIP. FRANCISCO JAVIER MORELOS BORJA.

XXII.    LECTURA DEL POSICIONAMIENTO REFERENTE A LA ZONA CONURBADA LA PIEDAD Y PÉNJAMO, PRESENTADA POR EL DIP. DAVID
         HUIRACHE BÉJAR.

         Atendidas su instrucciones, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

         Está a consideración del Pleno el orden del día. Se somete su aprobación en votación económica… Aprobado.

          Para desahogar el primer punto del orden del día, atendiendo al hecho de que el acta correspondiente a la sesión
celebrada el día 14 de septiembre de 2009 se publicó en la Gaceta Parlamentaria, esta Presidencia somete a su consideración,
en votación económica, si es de dispensarse el trámite de su lectura; quienes estén a favor, les solicito manifestarlo en la forma
señalada… Aprobado: Se dispensa el trámite de la lectura.

          Se somete a su aprobación, en votación económica, el contenido del acta; quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo
en la forma señalada… Aprobado.

          En cumplimiento del segundo punto del orden del día, se instruye al Primer Secretario dar lectura a la comunicación
remitida por la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo a través de la cual envían, para adhesión de este Congreso,
Acuerdo relativo a las acciones realizadas por la Policía Federal en el Municipio de Zimapán.

[PRIMER SECRETARIO]:

         Con su permiso, señor Presidente:

CC. Secretarios del H. Congreso del
Estado de Michoacán.
Presentes.

          El diputado Carlos Teodoro Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional,
de la Sexagésima Legislatura, presentó Propuesta de Acuerdo Económico dentro del planteamiento Investigación de las
acciones indebidas, realizadas por la Policía Federal en el Municipio de Zimapán, mismo que fue aprobado en sesión
ordinaria de esta fecha, del cual le estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

         Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

                                                        ATENTAMENTE
                                         EL SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS DEL
                                                   CONGRESO DEL ESTADO

                                            LIC. BERTINO ANTONIO MORALES SALOMÓN

         Atendidas sus instrucciones, señor Presidente.
[PRESIDENTE]:

         Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para conocimiento y trámite conducente.

          En atención al tercer punto del orden del día, se solicita al Segundo Secretario dar lectura a la comunicación remitida
por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero a través de la cual envían Acuerdo a efecto de instrumentar un
cambio gradual en el modelo económico del Paquete Fiscal para el año 2010.

[SEGUNDO SECRETARIO]:

         Con su permiso, diputado Presidente:

                                                   ACUERDO PARLAMENTARIO:

         La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero exhorta respetuosamente a la
LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a instrumentar gradualmente un cambio en el
modelo económico vigente desde 1982, mediante el examen, análisis y posterior aprobación del Paquete Económico para 2010,
que considera un incremento al gasto y a la inversión social en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

         Cumplidas sus instrucciones, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

         Túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico para su conocimiento y trámite conducente.

          Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, se pide al Tercer Secretario dar lectura a la comunicación
remitida por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero a través de la cual envían, para adhesión de este Congreso,
Acuerdo relativo a la sequía que afectó al país.

[TERCER SECRETARIO]:

         Con su permiso, señor Presidente:

H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Michoacán.
Morelia, Mich.

         Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos legales conducentes, el Acuerdo
Parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al C. Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores al Honorable Congreso de la Unión, para que a la
brevedad posible formulen un programa de rescate de áreas siniestradas y de apoyo y compensación a los productores
afectados con motivo de la grave sequía que afecta al país.

         Aprobado en sesión celebrada el día martes 1° de septiembre del año en curso.

                                                          ATENTAMENTE

                                                LIC. BENJAMÍN GALLEGOS SEGURA
                                                         OFICIAL MAYOR

         Signa este documento.

         Es cuanto, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

         Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural para conocimiento y trámite conducente.
          Para desahogar el quinto punto del orden del día, se instruye al Primer Secretario dar lectura a la comunicación
remitida por la XII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo a través de la cual envían Punto de Acuerdo relativo al
uso de las bolsas de plástico.

[PRIMER SECRETARIO]:

         Con su permiso, señor Presidente:

CC. Diputados Secretarios de la
Mesa Directiva del H. Congreso del
Estado de Michoacán.
Presentes.

         En sesión celebrada con fecha 28 de agosto del año en curso, la Diputación Permanente de la H. XII Legislatura tuvo a
bien aprobar los siguientes

                                                      PUNTOS DE ACUERDO:

          PRIMERO. La Diputación Permanente de la Honorable XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
realiza un respetuoso llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, para que dichas autoridades, en el ámbito de su competencia, expidan políticas tendientes a reducir el uso de
las bolsas de plástico, así como promover el uso racional de las mismas.

           SEGUNDO. De la misma manera, remítase el presente Acuerdo al H. Congreso de la Unión, así como a cada una de las
legislaturas locales del país, a fin de que, previa su respectiva consideración, pudieran sumarse a esta propuesta emitiendo el
Acuerdo correspondiente.

         Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra alta y distinguida consideración.

                                                          ATENTAMENTE
                                                Sufragio Efectivo. No Reelección.

                                                                                 Cd. Chetumal, Quintana Roo. Agosto 28 de 2009.

                                                    DIPUTADO PRESIDENTE
                                                 ARQ. LUIS A. GONZÁLEZ FLORES

                                                     DIPUTADO SECRETARIO
                                                 C. WILLIAM A. SOUZA CALDERÓN

         Atendidas sus instrucciones, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

         Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente para conocimiento y trámite conducente.

         En atención del sexto punto del orden del día, se solicita al Segundo Secretario dar lectura a la comunicación remitida
por el Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural a través de la cual solicita prórroga para emitir el dictamen
correspondiente al Primer Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal.

[SEGUNDO SECRETARIO]:

         Con su permiso, diputado Presidente:

Dip. Juan Carlos Campos Ponce,
Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.
           Por medio del presente, comunico a usted que la Comisión de Desarrollo Rural, con fecha 28 de mayo del 2009 y con
fundamento en el artículo 122 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
solicitó al Pleno de este H. Congreso prórroga de 60 días hábiles para dictaminar la glosa del Primer Informe que guarda la
Administración Pública Estatal, obteniendo una respuesta afirmativa; sin embargo, en virtud de que aún falta por revisar algunas
obras y acciones de este Primer Informe, solicito 30 días hábiles para concluir con el proceso de revisión y así estar en
condiciones para emitir el dictamen correspondiente al Primer Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal.

         Sin otro particular, envío un cordial saludo.

                                                            ATENTAMENTE

                                                 DIP. JAIME RODRÍGUEZ LÓPEZ
                                        PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

         Cumplida sus instrucciones, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

            El Pleno ha quedado debidamente enterado, por lo que se somete en votación económica la solicitud presentada por
dicha Comisión; sírvanse manifestarlo en forma referida… Señores diputados, sírvase manifestarlo en forma referida…
Aprobado: Se concede la prórroga solicitada hasta por 30 días hábiles, contados a partir de su notificación, por lo que se ordena
notificar la prórroga a la Comisión de Desarrollo Rural.

          En cumplimiento del séptimo punto del orden del día, se instruye al Tercer Secretario dar lectura a la comunicación
remitida por el Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano a través de la cual solicita prórroga para emitir el
dictamen correspondiente al Primer Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal.

[TERCER SECRETARIO]:

         Con su permiso, señor Presidente:

Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.

          Por medio del presente, comunico a usted que la Comisión de Desarrollo Urbano, con fecha 23 de mayo del presente,
y con fundamento en el artículo 122 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, solicitó al Pleno de este H. Congreso prórroga de 60 días hábiles para dictaminar la glosa del Primer Informe que
guarda la Administración Pública Estatal, obteniendo una respuesta positiva a través del oficio SSP/DGSATJ/DAT/000517/09;
sin embargo, en virtud de que aún falta por revisar algunas obras de este Primer Informe, solicito 30 días hábiles para concluir
con el proceso de revisión y así estar en condiciones para emitir el dictamen correspondiente al Primer Informe del estado que
guarda la Administración Pública Estatal.

         Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

                                                            ATENTAMENTE

                                                  DIP. DAVID HUIRACHE BÉJAR
                                       PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

         Signa el documento.

         Es cuanto, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:
          El Pleno ha quedado debidamente enterado, por lo que se somete en votación económica la solicitud presentada por
dicha Comisión; sírvanse manifestarlo en forma referida… Aprobado: Se concede la prórroga solicitada hasta por 30 días
hábiles, contados a partir de su notificación, por lo que se ordena notificar la prórroga a la Comisión de Desarrollo Urbano.

           En atención al octavo punto del orden del día, se pide al Primer Secretario dar lectura a la Iniciativa de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

[PRIMER SECRETARIO]:

         Con su permiso, señor Presidente.

Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.

          Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio
de las facultades que le confieren al Ejecutivo a mi cargo los artículos 36 fracción I, 47, 60 fracciones V y XXII y 66 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3° y 18 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, por su digno conducto, someto a la consideración, y en su caso, aprobación, del
H. Congreso del Estado, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, y

                                                         CONSIDERANDO:

          Que en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, entre otras diversas disposiciones, se establece el
objeto, sujeto, tasa, la base, la cuota y la fecha de pago para el cobro de los impuestos: sobre Servicios de Hospedaje, sobre
Enajenación de Vehículos de Motor Usados; sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, y sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón.

         Que con respecto al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección
y Dependencia de un Patrón, el segundo párrafo del artículo 24 de la ley que nos ocupa señala las prestaciones que no se
consideran como remuneraciones para ser gravadas con el 2%, faltando incluir el concepto de vacaciones.

         Que con la finalidad de que dicho impuesto no contenga conceptos que pudieran ser de la inconformidad de algún
contribuyente por considerarlo desproporcional y, como consecuencia, pudieran recurrir al amparo ante las autoridades
correspondientes, se considera oportuno incluir entre los conceptos que no se consideran remuneraciones gravadas, la
prestaciones gravadas, la prestación de las vacaciones; ya que actualmente no se precisa este concepto como no gravable.

          Que la creación del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se propone a usted a través de la Ley de
Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, es como consecuencia de las diferentes atribuciones que a las entidades
federativas le otorgan las diversas reformas que el Congreso de la Unión ha llevado a cabo a la Ley del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos.

          Que lo anterior no contraviene a lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, antes, por el contrario, lo
robustece al establecer en su Eje Rector No. VIII, denominado "Gestión Pública, Eficiente, Transparente y Honesta", establece
en sus líneas de acción que, entre otras acciones, se deben de incrementar los ingresos locales, así como los derivados de las
contribuciones federales coordinadas, sin que para ello implique crear nuevos impuestos.

          Que con fecha 21 de diciembre del año 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en el Diario
Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios", mediante el cual, en su artículo tercero, señala: "Se abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso
de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980".

         Que el artículo cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
establece que "El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2012".
           Que visto lo anterior, se puede concluir que el Estado de Michoacán puede establecer como contribución local el
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en sustitución del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal, lo cual
significa que el contribuyente no tendrá una carga fiscal más que cubrir, sino que únicamente pagará un impuesto estatal en
lugar de una contribución federal.

         Que por otra parte, es significativo señalar que los requisitos para el pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso
de Vehículos son los mismos que establece el Impuesto Federal vigente, solamente se ajusta a las necesidades de nuestro
Estado; con lo cual se da debido cumplimiento a las obligaciones que hubieran nacido durante la vigencia del Impuesto Federal,
así como las formas y plazos establecidos en éste.

          Que es importante manifestar que, de ser aprobado el Impuesto que nos ocupa, conforme lo establece la Ley de
Coordinación Fiscal, el monto recaudado por este concepto se adicionará a las variables consideradas para determinar los
coeficientes utilizados para distribuir la segunda parte del Fondo General de Participaciones en Ingresos Federales a las
entidades federativas; situación que financieramente tiene una ventaja más para el Estado.

          Que es significativo destacar que para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, el Gobierno del Estado estima recaudar por
concepto del Impuesto citado un monto aproximado de $600,000,000.00, recursos que son indispensables para continuar
fortaleciendo los programas de inversión de la Administración Pública Estatal.

         Finalmente, la creación del Impuesto que nos ocupa, de ser aprobado por usted, entrará en vigencia a partir del 1° de
enero del año 2012, fecha en que queda abrogada la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; tal y como se
señala en el Artículo Segundo Transitorio de la presente Iniciativa.

          Por las razones expuestas, se somete a la consideración, y en su caso, aprobación, de ese Honorable Congreso del
Estado, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del
Estado de Michoacán de Ocampo.

         Atendidas sus instrucciones, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

          Túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, para
estudio, análisis y dictamen.

           En atención al noveno punto del orden del día, se solicita al Segundo Secretario dar lectura a la Iniciativa de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

[SEGUNDO SECRETARIO]:

         Con su permiso, diputado Presidente:

Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.

          Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio
de las facultades que le confieren al Ejecutivo a mi cargo los artículos 36 fracción I, 47, 60 fracciones V y XXII y 66 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3° y 18 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, por su digno conducto, someto a la consideración y, en su caso, aprobación, del
Congreso del Estado, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código
Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo; y

                                                          CONSIDERANDO:

         Que de conformidad al artículo 60 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, se establece la facultad del Gobernador de iniciar, ante el Congreso, leyes y decretos que tiendan al mejoramiento de
la Administración Pública.
           Que conforme a lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, en su Eje Rector Número VIII, Gestión
Eficiente, Transparente y Honesta, en lo que respecta al Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, establece como objetivo que
los procesos de recaudación y asignación de los recursos deben ser eficientes, que permitan tener una administración eficaz y
eficiente, y se pueda atender con oportunidad las necesidades del Estado.

           Que como consecuencia de los compromisos antes referidos, se propone reformar el Código Fiscal del Estado de
Michoacán de Ocampo en lo relativo al Capítulo de las Infracciones, ya que éstas actualmente no protegen el imperativo
constitucional señalado en el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
establece que queda prohibida la multa excesiva y, por lo tanto, ésta deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien
jurídico afectado.

          Que actualmente el Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, en lo que respecta a las infracciones, no
precisa en su contenido un parámetro que incluya un mínimo y un máximo en la cuantía de la multa o sanción, en el cual la
autoridad fiscal deberá calificarla.

        Que así pues, dichas infracciones en las circunstancias en que se establecen actualmente, la autoridad sancionadora
está imposibilitada para calificar la gravedad de la infracción, ya que se impone una multa de manera irrazonable y
desproporcionada; consecuentemente, en ocasiones puede ser inequitativa.

          Que finalmente, es preciso señalar que la reforma que nos ocupa es de trascendencia para las finanzas públicas
estatales, ya que puede ocasionar que sean impugnadas por los contribuyentes ante la autoridad y, como consecuencia, se
dejarían de percibir los ingresos estimados por este concepto en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio
Fiscal del Año 2010.

           Que la reforma de los artículos 45, 46 y 47 y la adición del 47-A y 47-B es con la finalidad de que las autoridades
fiscales estatales tengan elementos para la determinación presuntiva de los ingresos y el valor de los actos o actividades, así
como las remuneraciones por los que se debe pagar contribuciones, en el caso de que el contribuyente se oponga u obstaculice
la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación.

          Que para la determinación presuntiva antes referida, la autoridad fiscal podrá utilizar la información que obre en poder
del contribuyente; considerar los datos de las declaraciones de cualquier contribución, del mismo ejercicio o anterior; con
información de terceros o cualquier otro medio indirecto de investigación económica, etc.

         Que por las razones expuestas, se somete a la consideración y, en su caso, aprobación, de ese Congreso del Estado,
la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de
Michoacán de Ocampo.

         Cumplidas su instrucciones, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

          Túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, para
estudio, análisis y dictamen.

           En atención al décimo punto del orden del día, se instruye al Tercer Secretario dar lectura a la Iniciativa de Ley de
Ingresos para los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, presentada por el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

[TERCER SECRETARIO]:

         Con su permiso, señor Presidente:

Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.
          Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio
de las facultades que le confieren al Ejecutivo a mi cargo los artículos 36 fracción I y 60 fracción V de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3° y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, por su digno conducto, propongo a la consideración y, en su caso, aprobación, del H. Congreso del
Estado, la presente Iniciativa de Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2010; y

                                                          CONSIDERANDO:

          Que la presente Iniciativa de Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2010, tiene por objeto regular el cobro a las personas físicas y morales que están obligadas a contribuir
con el gasto público y demás obligaciones a cargo de los municipios, mediante el pago de Impuestos, Derechos, Contribuciones
Especiales, Aportaciones de Mejoras, Productos y Aprovechamientos, previstos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, y otros que se establezcan en dicha Ley.

           Que la elaboración de dicha Iniciativa se realizó atendiendo a lo dispuesto por el artículo 31 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que son obligaciones de los habitantes del Estado las de
contribuir para los gastos públicos del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes;
así como por el artículo 4° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

          Que la presente Iniciativa de Ley de Ingresos, además de no proponer la creación de alguna nueva contribución,
contempla que las cuotas y tarifas establecidas en pesos se incrementen en promedio un 4%; y las cuotas establecidas en días
de salario mínimo no tienen modificación alguna, ya que éstas se incrementan automáticamente con los nuevos salarios
mínimos que da a conocer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que son vigentes a partir del 1° de enero del año 2010.
En la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el Año 2010, las cuotas y tarifas también se incrementan en la misma
proporción del 4%.

         Que es importante señalar que la Iniciativa que nos ocupa, en el artículo 13, relativo a los Derechos por Servicios de
Alumbrado Público, a partir del ejercicio 2010, precisa que la base gravable para su cobro es el gasto que representa la
prestación de este servicio, el cual se integra conforme a lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Michoacán de Ocampo:

         Por lo que respecta a los propietarios o poseedores de predios, rústicos o urbanos, que no se encuentren registrados
ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán anualmente el equivalente a 2 días de salario mínimo del Estado de
Michoacán, a través de recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal, el cual puede ser cobrado simultáneamente con
el Impuesto Predial correspondiente. Este concepto no se establecía en ejercicios anteriores.

           Que la propuesta anterior tiene dos cambios importantes con respecto a los ejercicios fiscales anteriores; primero, que
el cobro de los derechos de alumbrado público se determinará en base al gasto que representa para los municipios la prestación
de dicho servicio, en sustitución del consumo de energía eléctrica, como se hacía con anterioridad; y segundo, a partir del
ejercicio 2010, se gravará por primera vez a los propietarios de lotes baldíos con 2 días de salario mínimo anualmente.

         Que otro punto que se ha venido tratando en ejercicios anteriores es el Impuesto Predial, el cual representa el ingreso
propio de mayor potencialidad para los municipios; sin embargo, los ingresos que se obtienen por este concepto apenas
representa dos terceras partes del total del impuesto que puede ser recaudado.

           Que lo anterior es con la finalidad de recordar que las autoridades municipales deben trabajar en la ejecución de los
programas de valuación catastral, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Catastro del Estado de Michoacán de Ocampo, y
lleven a cabo los estudios técnicos que conduzcan a la actualización de los valores unitarios de terreno y construcción, lo cual
constituye un elemento indispensable para determinar el valor catastral de los predios; en este sentido, el Gobierno del Estado
invita a las autoridades municipales para que lleven a cabo los estudios necesarios, con el propósito de que los ayuntamientos
pongan a consideración del Congreso los nuevos valores unitarios, tanto de terreno como de construcción.

          Así mismo es importante manifestar que, de haber un incremento al Impuesto Predial, los municipios tendrán doble
beneficio fiscal, siendo el primero de ellos que sus ingresos propios se vean incrementados; y segundo, que los ingresos
provenientes del Fondo de Fomento Municipal que reciben por parte de la Federación, vía Participaciones en Ingresos Federales
y Estatales, también se vean fortalecidos.
         Finalmente, se propone modificar las cuotas por los servicios relacionados con la reproducción de información, que las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal proporcionan a los solicitantes, conforme a lo dispuesto por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

           Que por cada página, se tiene una cuota de $16.00, ahora se propone que sea de $5.00; por cada información
digitalizada en Cd ROM, se establece una cuota de 53.00, ahora se propone que sea de $15.00.

          Que lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento al principio de gratuidad señalado por la Constitución Federal y
las leyes de la materia, por lo cual se establece una cuota para recuperar el costo de los materiales utilizados para proporcionar
la información solicitada.

          Por las razones expuestas, se somete a la consideración y, en su caso, aprobación, de ese Honorable Congreso del
Estado, la presente Iniciativa de Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2010.

          Cumplidas sus instrucciones, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

          Túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, para su
estudio, análisis y dictamen.

          En cumplimiento del decimoprimer punto del orden del día, se pide al Primer Secretario dar lectura a la Iniciativa de
Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, presentada por el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado.

[PRIMER SECRETARIO]:

          Con su permiso, señor Presidente.

Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado.
Presente.

          Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio
de las facultades que le confiere al Ejecutivo a mi cargo los artículos 36 fracción I y 60 fracciones V, VIII y XXII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3° y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo, por su digno conducto, propongo a la consideración, y en su caso, aprobación, del Honorable
Congreso del Estado, la presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2010; y

                                                           CONSIDERANDO:

           Que la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, se elaboró con
base en los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012; tomando como base la tendencia inercial mostrada en el
presente ejercicio fiscal sobre la recaudación tanto en los ingresos propios como en los de origen federal; a las Medidas
Tributarias, de Ejercicio Presupuestal y Financiamiento para el Desarrollo dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; así como a los Criterios Generales de Política Económica que presentó el Ejecutivo Federal por conducto del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, a la Honorable Cámara de Diputados Federal, el pasado 8 de septiembre de 2009, y
por supuesto las estimaciones de recursos que por concepto de participaciones y aportaciones federales se contemplan para el
Estado de Michoacán, que resultan de aplicar las fórmulas previstas en la Ley de Coordinación Fiscal, en concordancia con las
iniciativas que contemplan nuevas cargas tributarias y modificaciones a las leyes fiscales federales que inciden en la
determinación de la Recaudación Federal Participable.

          Que resulta importante destacar que el proceso legislativo federal recién inicia, y sus resultados en materia de ingresos
públicos estarán definidos hasta que concluya el mismo, cuya fecha límite es el próximo 15 de noviembre del año en curso, por
lo que el Ejecutivo a mi cargo, en su oportunidad, presentará un alcance de esta Iniciativa que se presenta ahora ante esa
Soberanía para dar cumplimiento dentro del término legal que establece nuestra Carta Magna.
         Que considerando la incertidumbre financiera que provoca la crisis económica en la que nuestro país se encuentra
inmerso, estaré atento para incorporar los impactos de la misma en el desempeño de los Ingresos Públicos Federales para
adecuar nuestras previsiones financieras, dada la gran interdependencia que existe en el país entre la Federación y las
entidades federativas, así como entre estos últimos y los municipios, y hacer los ajustes pertinentes en los términos previstos en
nuestro marco jurídico.

          Que teniendo por objeto regular el cobro de los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos,
aprovechamientos, participaciones en ingresos federales, aportaciones federales, transferencias federales y municipales por
convenio, que se establecen en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, y otros que se señalen en esta Ley de
Ingresos.

          Que se atendió a lo dispuesto por el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual señala que son obligaciones de los habitantes del Estado las de contribuir para los gastos públicos del Estado
en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; así como por el artículo 4° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

          Que como consecuencia de lo establecido por los Criterios Generales de Política Económica, en los cuales se señala
que para el año 2009 se tendrá una inflación del 4.3%, se propone a ese Honorable Congreso que las cuotas y tarifas
establecidas en pesos se incrementen en promedio en un 4%. Con respecto a las cuotas establecidas en días de salario mínimo,
es conveniente precisar que éstas no sufren modificación alguna, ya que como consecuencia del incremento a dichos salarios
por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, los señalados incrementos se reflejarán automáticamente en la
recaudación de las contribuciones.

           Que con los incrementos antes destacados, y considerando lo señalado en los párrafos tercero y cuarto de la presente
Iniciativa, la estimación de los ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010 asciende a un monto de 39 mil 055 millones 473 mil 123
pesos, los cuales con respecto al monto autorizado en la Ley de Ingresos para el año 2009, que fue de 38 mil 714 millones 177
mil 007 pesos, se tiene un incremento de 341 millones 296 mil 116 pesos, equivalente a un 0.88%.

         Que la estimación de ingresos para el año 2010 es mínimamente superior a los ingresos autorizados en la Ley de
Ingresos del Estado de Michoacán para el año 2009, entorno distinto a lo acontecido en ejercicios anteriores, donde siempre se
observaron incrementos mucho mayores al esperado para el año 2010, lo cual refleja los efectos de la caída de la actividad
económica y sus repercusiones en la Recaudación Federal Participable.

          Que como consecuencia de la peor crisis que ha enfrentado la economía mundial, la situación económica durante el
año 2009 ha repercutido a las finanzas públicas estatales en aproximadamente 2,700 millones de pesos, según monto
proyectado para fines del presente año, lo cual representa una disminución total del 6.97% aproximadamente con respecto a los
recursos estimados en la Ley de Ingresos del Estado para el año 2009; repercusión que se agrava principalmente en los
ingresos de libre programación como son, entre otros, los derivados de las Participaciones en Ingresos Federales, las cuales se
estiman tendrán un resultado neto negativo de más de 2,200 mil millones de pesos, aun aplicando los recursos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), lo que representa un menos 15.70%; respecto a las
estimaciones iniciales dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

         Que es importante manifestar que los ingresos estimados para el año 2010 consideran la situación de la economía
mundial, y especialmente en nuestro país, la cual se mantuvo débil desde finales del año 2008 y hasta la fecha, más sin
embargo varias economías con las que nuestro país interactúa han mostrado indicios de moderación en su contracción
económica, incluso en algunos, hasta cierta mejoría. Caso palpable es el de Estados Unidos, en el que parece continuar
disminuyendo su actividad económica, pero a un ritmo mucho menor a lo mostrado en los últimos tres trimestres (octubre 2008-
junio 2009). En lo que respecta a las economías emergentes, en la cual se ubica a nuestro país, se vislumbran indicios de
recuperación, según se muestra en el último mes del segundo trimestre del 2009.

          Que es pertinente señalar que si bien las condiciones financieras todavía no han regresado a la normalidad, la
situación de los mercados financieros internacionales mejoró de manera significativa durante los meses abril a junio del año en
curso.

          Que como sabemos, la contracción de nuestra economía ante la recesión mundial ha sido severa, y en particular,
mayor a la registrada por muchos países, lo cual ha evidenciado debilidades y fortalezas de la economía mexicana; a lo cual se
une la elevada dependencia de nuestro país con los Estados Unidos de Norteamérica; el deterioro en los niveles de confianza de
los inversionistas, por las caídas del precio internacional del petróleo crudo, con respecto a los niveles que sostuvo durante el
año 2008; la baja flexibilidad que México muestra para reubicar eficientemente sus factores productivos; y por último, la falta de
mayores incentivos para adoptar tecnologías de punta y de prácticas de trabajo más eficientes.

           Que a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, es importante manifestar que la estrategia macroeconómica
adoptada en los últimos años evita el tipo de acumulación de desequilibrios que en el pasado irremediablemente conducían a
crisis financieras y en balanza de pagos, que siempre afectaban las finanzas públicas de las entidades federativas.

        Que considerando la información antes referida, conforme a lo señalado por los Criterios Generales de Política
Económica para el año 2010, la economía mexicana presenta el siguiente escenario:

CONCEPTO           2009      2010

Producto Interno Bruto. Crecimiento real        -6.8      3.0
Inflación 4.3      3.3
Tipo de Cambio Nominal promedio        13.6     13.8
Precio promedio de barril de petróleo (Dólares de Estados Unidos de Norte América)       51.0      53.9
Plataforma de producción 2.622 2.500

            Que las perspectivas relativas al crecimiento de la economía mexicana para el resto de 2009 y para 2010 toman en
consideración la expectativa de una gradual recuperación de la economía estadounidense a partir de la segunda mitad de 2009.
Lo anterior sugiere que la economía mexicana podría empezar a registrar un cambio de tendencia en sus niveles de actividad a
partir del tercer trimestre de 2009.

          Que de lo señalado anteriormente, se estima que la trayectoria prevista para la inflación general durante los siguientes
seis trimestres (julio 2009-diciembre 2010) permanezca sin cambio, esperando que la inflación general continúe con su evolución
descendente para converger a la meta de 3.3 por ciento a finales de 2010.

          Que es importante señalar que la trayectoria antes referida hacia la consecución de la meta de inflación general no
está exenta de riesgos, tanto al alza como a la baja, lo que podría modificar la evolución prevista para el cierre del año 2010, por
lo que se tendría que observar gradualmente el comportamiento de los siguientes indicadores:

• Incrementos en las cotizaciones internacionales de las materias primas.

• Modificaciones a la actual política de precios administrados en 2010.

• La elevada participación de insumos de importación en la producción nacional, nuevos episodios de ajuste cambiario o
incrementos en la volatilidad de la paridad podrían tener efectos sobre la inflación en el corto plazo.

• Repunte en los precios del grupo de resto de los servicios, el cual se ha visto afectado por la recesión económica y por el brote
del virus de influenza A (H1N1).

          Que adicionalmente a la situación económica ya mencionada, el Ejecutivo a mi cargo reitera lo señalado en los
ejercicios anteriores, en el sentido de no establecer más cargas fiscales a los contribuyentes de nuestra entidad, por lo que
concentraremos nuestro esfuerzo en incrementar la eficacia recaudatoria, realizándose en su caso diversas acciones para
mejorar la recaudación, como son, entre otras: la actualización de la base de datos, la cual con el Programa de Actualización y
Registro (PAR), que se realizó conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya se empiezan a consolidar
resultados positivos; un mejor control interno en las actividades de los empleados que manejan recursos provenientes del pago
de contribuciones; y sobre todo abriendo cada vez mayores espacios para el oportuno pago de las obligaciones por parte de los
contribuyentes michoacanos.

          Que en este sentido, y solamente para tener una referencia de los impuestos que tienen establecidos las entidades
federativas vecinas de nuestro Estado, como son Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Jalisco, a continuación se
señalan aquellos que tienen éstas, adicionales a los que establece la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Año
2010.

Colima: Impuesto sobre Ejercicio de Profesiones y Honorarios; e Impuesto Adicional sobre Derechos del Registro Público de la
Propiedad.

Estado de México: Impuesto Local sobre Tenencia o Uso de Vehículos de más de 10 años; e Impuesto Adicional por Derechos.
Guanajuato: Impuesto Cedular sobre los Ingresos por el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles; Impuesto Cedular sobre
los Ingresos de las Personas Físicas por la Prestación de los Servicios Personales; e Impuesto Cedular sobre los Ingresos de las
Personas Físicas por la Realización de Actividades Empresariales.

Guerrero: Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos; Impuesto sobre Ejercicio de Profesiones Médicas y/o
Honorarios; Impuesto Local sobre Tenencia o Uso de Vehículos de más de 10 años; Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos de menos de 10 años; Impuesto sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales; Impuesto Cedular sobre
los Ingresos por el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles; Impuesto Adicional para Fomento Educativo; e Impuesto
Adicional por Derechos.

Jalisco: Impuesto sobre Ejercicio de Profesiones Médicas y/o honorarios; Impuesto sobre Adquisición de Bienes Muebles
Usados; e Impuesto sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales.

         Que las entidades federativas antes referidas tienen más impuestos estatales que Michoacán.

          Que en relación a los Derechos, por los diferentes servicios que presta la Administración Pública Estatal, es
conveniente señalar que se realizaron modificaciones en cuanto a la descripción de algunos de éstos, así como al monto a pagar
por parte del contribuyente, el cual no es significativo, teniendo en cuenta que para prestar éstos, en ocasiones, como es el caso
del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, se requiere que una o dos personas realicen actividades por uno o
varios días, para poder dar el servicio solicitado; o los Servicios de Trasporte Público, en los que, debido a la gran demanda que
se tiene por parte de los usuarios de estos servicios, en la mayor parte de las ocasiones se ha podido comprobar que pagan más
a gestores o líderes del transporte, en relación al monto que se establece en la Ley de Ingresos del Estado.

           Que en este mismo sentido, se propone disminuir las cuotas por los servicios relacionados con la reproducción de
información, que las dependencias, coordinaciones y entidades de la Administración Pública Estatal, proporcionan a los
solicitantes, conforme a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo.

           Que lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 2° y 32 de la Ley antes
referida, en el sentido de que dicha información debe ser gratuita, estableciéndose solamente una cuota para recuperar el costo
de los materiales utilizados para proporcionar la información solicitada.

         Que el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012 establece en su Eje Temático VIII, Gestión Pública Eficiente,
Transparente y Honesta, eficientar los procesos de recaudación y asignación de los recursos, que permitan tener una
administración eficaz y eficiente, y se pueda atender con oportunidad las necesidades del Estado.

         Que por las razones expuestas, se somete a la consideración, y en su caso, aprobación, de ese Honorable Congreso
del Estado, la presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del Año 2010.

         Atendidas sus instrucciones, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

          Túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, para su
estudio, análisis y dictamen.

         En cumplimiento del decimosegundo punto del orden del día, se solicita al Segundo Secretario dar lectura a la Iniciativa
de Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal
del Año 2010, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

[SEGUNDO SECRETARIO]:

         Con su permiso, diputado Presidente:

Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
          Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio
de las facultades que le confiere al Ejecutivo a mi cargo los artículos 36 fracción I y 60 fracciones V y VIII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, por su digno conducto, propongo a la consideración y, en su
caso, aprobación, del Honorable Congreso del Estado, la presente Iniciativa de Decreto que contiene el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, y

                                                        CONSIDERANDO:

         Que la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal del Año
2010, que se somete a su consideración, estima un gasto neto de 39 mil 55 millones 473 mil 123 pesos, el cual, con respecto al
año de 2009, presenta un incremento del 0.88% en términos nominales.

           Que el monto a ejercer para el año 2010 es plenamente congruente con los ingresos estimados en la Iniciativa de Ley
de Ingresos del Estado para este mismo ejercicio fiscal, ratificando el compromiso de la presente Administración de conservar el
equilibrio financiero entre ingreso y gasto, a través de un fortalecido sistema en el manejo de los recursos financieros.

          Que el gasto público es una herramienta redistributiva de la riqueza, al mismo tiempo que constituye una palanca de
desarrollo, la Iniciativa que se presenta tiene las siguientes características generales:

           Que es austero con incrementos marginales en el capítulo 1000 correspondiente a servicios personales que se
encuentran plenamente justificados por la creación de 823 plazas especializadas en seguridad pública y procuración de justicia,
con lo cual se mantiene la política observada en los últimos 8 años de cero incremento a los puestos de mando; al mismo tiempo
que se está realizando un minucioso trabajo de evaluación de la estructura actual, de la Administración Centralizada y
Paraestatal, con especial énfasis en el gasto administrativo de la Secretaría de Educación en el Estado, con la finalidad de
identificar aquellos rubros que permitan mayores ahorros; incluso se planteará, en los casos que así se justifique, un programa
de retiro voluntario para el personal de base, siempre con pleno respeto a sus derechos laborales, y se trabajará de manera
conjunta con la Representación Sindical en un programa de fortalecimiento del Sistema Estatal de Pensiones, para mejorar las
condiciones de los trabajadores al momento de su retiro.

         Que en lo que respecta a los capítulos 2000 y 3000 relativos a materiales y suministros y servicios generales que
propiamente constituyen el resto del gasto de operación del Gobierno, se continuarán profundizando las medidas de austeridad
que puse en marcha al inicio de mi Administración, éste representará el menor peso presupuestal de los últimos 10 años.

          Que el gasto relativo a subsidios y transferencias señalado en el capítulo 4000, observa una baja de casi 700 millones
de pesos, virtud a la reclasificación de los mismos a los programas que permiten identificar mejor a los beneficiarios de los
mismos y la focalización que realiza el Ejecutivo para que éstos lleguen a los grupos vulnerables en nuestro Estado,
especialmente aquellos que se encuentran en los municipios de alta y muy alta marginación; al trasladar subsidios al gasto de
inversión, se evita la discrecionalidad y se garantiza la responsabilidad de los titulares que ejercen presupuestos públicos,
porque cualquier desviación constituirá delito de acuerdo con nuestra legislación, y a los responsables les serán fincadas las
responsabilidades correspondientes. También resulta pertinente destacar que este rubro registra una caída en los Ingresos por
Convenio Específico, donde se observa que la Universidad Michoacana sufre un decremento de 118 millones de pesos en la
partida contenida en la Iniciativa de Presupuesto de Egresos que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre del
año en curso, comparado el subsidio aprobado por la Cámara de Diputados Federal para el Ejercicio 2009, por lo que estaré
atento de que nuestra Máxima Casa de Estudios no sólo reciba un subsidio suficiente, sino incluso habremos de gestionar con
nuestros legisladores federales el reconocimiento de la Universidad Regional y que el subsidio por alumno sea por lo menos el
equivalente al que corresponde a la media nacional.

          Que con la convicción de que el gasto de inversión es aquel que beneficia de manera directa a los ciudadanos, porque
genera actividad económica, empleo, desarrollo y atiende las necesidades de la colectividad, y que en la Iniciativa en comento
se encuentra contemplado en los capítulos 5000, Bienes Muebles e Inmuebles, y 6000, Inversión Pública, y que asciende a la
cantidad de 11,554 millones de pesos, será el más alto de la historia, ya que en el Paquete Fiscal de 2009 se incluyó como gasto
de inversión estatal la cantidad de 710 millones de pesos, reasignados por la Cámara de Diputados Federal y que finalmente no
fueron transferidos por la SCT, entidad que se encuentra en proceso de ejecución de dicho presupuesto, por lo que en términos
netos hay un crecimiento de 463 millones de pesos que representa un 4.17% mayor que lo aprobado el año pasado.

         Que vale la pena destacar que el gasto de inversión que Michoacán observa es por arriba del 20% sostenido en los
últimos 8 años, pero especial mención debe hacerse del hecho que para el 2010, este gasto se realizará exclusivamente
apoyado en los recursos fiscales, sin que se tenga que acudir al endeudamiento público.
           Que como lo he sostenido desde el inicio de mi Administración, la gran oportunidad de nuestro Estado se encuentra en
la agricultura, y en la inversión en infraestructura carretera, hidroagrícola, hospitalaria, educativa, cultural, de recuperación de
monumentos arquitectónicos, mejoramiento de imagen urbana, medio ambiente, impulso del turismo; otro de los rubros en los
que tenemos grandes posibilidades, sin descuidar la inversión en las acciones de seguridad pública que requiere nuestro
Estado, como es el equipamiento de los cuerpos policiacos y fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, entre otros
rubros, y por ello, desde el inicio de mi Gobierno, he dirigido la mayor cantidad de recursos a estos rubros, pero ante la grave
crisis global que hoy lastima a México, y por supuesto a Michoacán, el presupuesto 2010 tendrá un claro matiz de defensa de la
economía popular, ya sea mediante la generación de empleos nuevos, defensa y fortalecimiento de la planta productiva
existente en nuestro Estado, o mediante la canalización de recursos en aquellos programas que ayuden a proteger el ingreso de
las familias más pobres de nuestro Estado.

          Que el presupuesto se construyó de manera colegiada entre las áreas de Planeación, Desarrollo Económico, Obras
Públicas, Contraloría, Desarrollo Rural y Finanzas, buscando profundizar el ejercicio de Presupuesto Participativo, donde las
organizaciones y la sociedad definen las prioridades, sin que ello implique la inversión de mayores recursos, sino la
jerarquización del gasto con la intervención de todos los actores sociales; igualmente, para racionalizar el uso de los recursos
públicos de los michoacanos y dar cumplimiento cabal a lo que dispone la reforma constitucional del 8 de mayo del 2008, mi
Gobierno ha venido trabajando en la implementación de trabajos que nos permitan construir indicadores de desempeño para
poder llegar a un presupuesto basado en resultados, mejorando así de manera sensible la calidad del gasto público, lo que hará
posible mejorar la aplicación de los recursos, redireccionando los mismos al apoyo y fortalecimiento de los programas sociales.

         Que en virtud de que la mayor parte de los recursos que dan sustento quedarán definidos una vez que se apruebe el
Presupuesto de Egresos Federal, considero que esta Iniciativa deberá ser revisada y, en su caso, ajustada, una vez que ocurra
dicha aprobación.

           Que el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012 establece en su Eje Temático VII, Gestión Pública Eficiente, Transparente
y Honesta, que la distribución de los recursos públicos, traducido en asignaciones presupuestales, se continúa realizando de
manera cíclica y discrecional ante la falta de criterios o mecanismos que permitan formular y ejercer el gasto de manera
eficiente, como pudiese ser, por ejemplo, en función de las prioridades y necesidades reales del Estado, o bien, con base en la
instrumentación de una estructura programática presupuestaria debidamente articulada con todos y cada uno de los elementos
que permitan, por consiguiente, generar un presupuesto basado en resultados y, en consecuencia, un sistema de evaluación
que arroje información financiera veraz, oportuna, honesta y transparente, la cual permita a la vez reducir costos en las
estructuras de Gobierno, y su acceso al conocimiento de la ciudadanía.

          Por las razones expuestas, se somete a la consideración y, en su caso, aprobación, de ese Honorable Congreso del
Estado, la presente Iniciativa.

         Cumplidas sus instrucciones, diputado Presidente.

[PRESIDENTE]:

          Túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, para su
estudio, análisis y dictamen.

          Para desahogar el decimotercer punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al Dip. Jesús Lucas Ángel, a
efecto de dar lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública y de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Michoacán de Ocampo.

DIPUTADO JOSÉ JESÚS LUCAS ÁNGEL:

Con su permiso, diputado Presidente.
Integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros diputados.
Respetables medios de comunicación.
Ciudadanos aquí presentes el día de hoy.

Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
Presente.
          El suscrito, Dip. José Jesús Lucas Ángel, a nombre y representación de las y los diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXXI Legislatura Estatal, con fundamento en los artículos 36
fracción II, 44 fracción I de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo; 10 fracción I, 116 y 117 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, someto a consideración de esta Soberanía
del Estado, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la siguiente Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma
la fracción X del artículo 71 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; así como
la adición de una fracción XVI Bis al artículo 32, apartado a), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, al
tenor de la siguiente

                                                     EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

         La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar los derechos de las personas,
así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

          El Estado debe combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales, así como el
desarrollo de política, proyectos y acciones para impulsar en la sociedad valores y principios culturales y cívicos, que promuevan
el respeto a la legalidad.

          A la autoridad municipal le compete realizar acciones que garanticen el orden, la armonía y la protección de la
integridad física y moral de la población, mediante la prevención de actos delictuosos y la orientación ciudadana que proporciona
la corporación de la Policía Municipal.

          La seguridad pública es, en nuestro país, la exigencia más replicada y sensible de la sociedad. Su atención obliga a la
colaboración decidida, corresponsable y sistematizada de los tres órdenes competenciales del Estado mexicano: la Federación,
las entidades federativas y los municipios.

          Esta intención de coordinación es consecuencia de aquella reforma constitucional realizada en diciembre de 1994,
específicamente a los artículos 21 y 73 fracción XXIII de nuestra Carta Magna.

          El numeral 21 constitucional, en sus párrafos sexto y séptimo, establece: La seguridad pública es una función a cargo
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución
señala... La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para
establecer un sistema nacional de seguridad pública. Con ese respaldo, en diciembre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual
precisa la integración del Sistema Nacional en el artículo 2°, de la manera siguiente: El Sistema Nacional de Seguridad Pública
se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los
objetivos y fines de la seguridad pública.

          De igual forma, el numeral 3° del propio ordenamiento supremo define a la seguridad pública como la función a cargo
del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el
orden y la paz públicos.

          En el ámbito local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en su numeral 123,
establece que la función de la seguridad pública estará cargo de los ayuntamientos, haciéndoles responsables de proporcionar
en sus jurisdicciones los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

          Es un tema central que incide directamente en los responsables de implementar las medidas para combatir la
inseguridad a nivel local, es decir, los titulares de las dependencias de seguridad pública a nivel municipal, específicamente los
Directores de Seguridad Pública Municipal. Estos funcionarios, para reivindicar la credibilidad ciudadana, deben amparar sus
funciones en un esquema reglamentario que haga copartícipes a otras instancias del propio Gobierno Municipal, evitando así
que sea responsabilidad y facultad discrecional propia y exclusiva de los presidentes municipales.

         Actualmente, es el Presidente Municipal quien ejecuta las determinaciones del Ayuntamiento; es quien se encarga de
que los objetivos de la seguridad pública municipal y las atribuciones de la Alcaldía en dicha materia se cumplimenten. Es el
Presidente Municipal quien nombra a los titulares de los órganos encargados de la seguridad pública municipal, y quien dispone
de éstos para asegurar el pleno disfrute de las garantías individuales, la conservación del orden y la tranquilidad pública.
         Es un hecho que la figura del Director de Seguridad Pública Municipal ha sido, en los últimos años, altamente
susceptible a ser corrompida por la delincuencia organizada; por ello, debe modificarse el marco normativo que permita
coordinación, comunicación y responsabilidad compartida con las instancias responsables del Gobierno Municipal.

          En consecuencia de lo anterior, es preciso fortalecer la figura y representatividad del Ayuntamiento en su conjunto y
hacerlo responsable del nombramiento del Director de Seguridad Pública Municipal.

          Debemos hacer valer el nuevo marco jurídico que, en el Estado, hemos aprobado recientemente; me refiero a la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, pues se traducirá en mejores resultados y compromisos
más firmes en materia de seguridad, ya que los encargados de velar por nuestra seguridad serán personas más idóneas para
esos cargos y contarán con el perfil adecuado para su cargo.

          Finalmente, estoy cierto que podemos advertir que los principales desafíos que afrontamos los michoacanos, hoy en
día, en materia de seguridad pública, son: subyugar el riesgo de las personas a ser víctimas de un delito, cualquiera que éste
sea, principalmente de delitos graves, y mejorar la percepción de seguridad y confianza en los funcionarios responsables.

          Es por todo lo anterior que en las apuntadas condiciones, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como en el numeral 10 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo, someto a consideración de esta Asamblea la
siguiente

                                                    INICIATIVA DE DECRETO:

        ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción X del artículo 71 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, en los siguientes términos:

         ARTICULO 71. Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de seguridad pública, las siguientes:
I. …
II. …
…

X. Designar al Director de Seguridad Pública Municipal o su equivalente a partir de la propuesta de terna que realice el
Presidente Municipal y ser ratificado por el Cabildo en sesión extraordinaria, y conforme los requisitos y procedimientos
establecidos en la presente Ley.

XI. …

         ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 32, apartado a)…

[PRESIDENTE]:

         ¿Diputado?... ¿Diputado?...

         Disculpe. Ha leído ya su exposición de motivos. Lo conminamos a terminar.

DIPUTADO JOSÉ JESÚS LUCAS ÁNGEL:

         No. Estoy dando a conocer las reformas que se van a hacer a la Ley de Seguridad Pública Estatal y a la Ley Orgánica
Municipal.

[PRESIDENTE]:

         Sí, diputado. Lo conminamos a terminar. En este caso, se lee nada más la Exposición de Motivos, de acuerdo a la Ley
Orgánica del Congreso.

DIPUTADO JOSÉ JESÚS LUCAS ÁNGEL:

         Está bien, diputado Presidente. Entonces me permito entregarle la presente Iniciativa.
          Es cuanto.

[PRESIDENTE]:

          Túrnese a las comisiones de Seguridad Pública y de Fortalecimiento Municipal para estudio, análisis y dictamen.

          Le solicitamos al diputado David Huirache subir a sustituir al diputado Eligio.

          En atención del decimocuarto punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al Dip. Martín Cardona
Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de dar lectura a la Iniciativa de Decreto por
el que se reforman los artículos 50 y 159 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

DIPUTADO MARTÍN CARDONA MENDOZA:

C. Presidente del Honorable
Congreso del Estado de Michoacán.
Compañeros Secretarios de la Mesa Directiva.
Medios de comunicación.
Señoras y señores:

          Wilfrido Lázaro Medina, Alfredo Anaya Gudiño, Guadalupe Calderón Medina, Juan Carlos Campos Ponce, Martín
Cardona Mendoza, Eligio Cuitláhuac González Farías, David Huirache Béjar, José Trinidad Martínez Pasalagua, Jaime
Rodríguez López y José Eduardo Villaseñor Meza, en nuestro carácter de Diputados en funciones de la Septuagésima Primera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio del derecho que nos
confieren para presentar iniciativas de ley los artículos 36 fracción II de la Constitución Política del Estado, y 10 fracción I de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, y fundando el procedimiento en los artículos 116, 117 y demás
relativos de la propia Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso ya invocada, ante usted y la Secretaría de la Mesa
Directiva comparecemos respetuosamente a exponer:

            Venimos a presentar, al través de ustedes, y para y ante el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, Iniciativa de Decreto a efecto de reformar los artículos 50 y 159 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Michoacán de Ocampo, para que esa Honorable Representación Popular, en el ejercicio de su Soberanía y conforme a las
normas jurídicas del procedimiento legislativo, admita en trámite para su análisis, discusión, y aprobación en su caso, de esta
Iniciativa, la que fundamos y motivamos en la siguiente Exposición de Motivos.

                                                               CONSIDERANDO:

           Que en el artículo 44 fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, se
dispone que son facultades del Congreso: “... XX. Designar a las personas que han de integrar los ayuntamientos o los
concejos municipales, en su caso, cuando falte definitivamente alguna de ellas, por cualquier causa, y no sea posible
que los suplentes electos entren en funciones. Los ciudadanos designados deberán cumplir los requisitos de
elegibilidad que para el cargo respectivo establezca esta Constitución y las leyes de la materia”, lo que sienta las bases
normativas para que el Congreso tenga a su cargo dicha designación de los integrantes de los Ayuntamientos, en los supuestos
jurídicos señalados;

          Que en los artículos 111, 112, 114 y 115 de la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo se indica, respectivamente: “El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta Constitución y de
la legislación reglamentaria respectiva”; “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno
Municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno
del Estado”; “Cada Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal y el número de Síndicos y Regidores
que le Ley determine...”; “Los Presidentes, los Síndicos y los Regidores de los Ayuntamientos serán electos por el
pueblo... Si alguno de los miembros de los Ayuntamientos dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por un
suplente o se procederá según lo dispuesto en la fracción XX del artículo 44 de esta Constitución y en la Ley”,
estableciéndose en estos preceptos al Municipio como célula base del Estado, el tipo de gobierno que tiene, la manera en que
se integran los Ayuntamientos, cómo son electos por regla general los integrantes de los Ayuntamientos, y cómo se norma
cuando son sustituidos en sus cargos;
          Que actualmente la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán (en sus artículos 32 fracción XV, 50 y 159,
preceptos con ciertas oscuridades y lagunas de ley por lo que corresponde a algunas sustituciones de los integrantes de los
Ayuntamientos, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores) ordena: “Los Ayuntamientos tienen las siguientes
atribuciones: a) En materia de Política Interior:... XV. Conceder fundadamente a sus miembros licencias hasta por dos
meses y hasta por seis meses a los empleados municipales”; “El Presidente Municipal podrá ausentarse del municipio
hasta por treinta días para la gestión de asuntos oficiales del Ayuntamiento, en cuyo caso deberá sujetarse a las
siguientes disposiciones: I. Si la ausencia no excede de quince días, los asuntos de trámite y aquellos que no admiten
demora serán atendidos por el Secretario del Ayuntamiento, previa instrucción expresa del Presidente Municipal; II. Si
la ausencia es mayor de quince días, sin exceder de treinta, el Presidente Municipal debe recabar previamente el
permiso del Ayuntamiento y será suplido por el Síndico como encargado del despacho, con todas las atribuciones que
las disposiciones constitucionales, legales y administrativas dispongan para el Presidente Municipal; y III. En los casos
de ausencia definitiva del Presidente Municipal, el Congreso del Estado, respetando su origen partidista, designará
quien deba sustituirlo”; y “Cuando un servidor público municipal sea procesado como responsable de un delito,
quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones, a partir del auto de formal prisión, llamándose al suplente, y si no
concurriere o no lo hubiere, se dará cuenta al Congreso del Estado, para que designe al sustituto. Cuando un servidor
público municipal sea procesado por la comisión de un delito, será suspendido en el ejercicio de sus funciones a partir
del auto de formal prisión, si la sentencia es absolutoria se le reinstalará en su trabajo”, generando con su literalidad
todas estas normas jurídicas, dudas, controversias, e imprecisiones que dificultan su aplicación al caso concreto con interés
controvertido;

          Que lamentablemente, en el Estado de Michoacán hemos vivido, recientemente, una experiencia dolorosa. La
Procuraduría General de la República, en ejercicio de sus funciones ministeriales y con el auxilio de la fuerza pública, dispuso
detenciones de varios servidores públicos, dentro de los que se encontraron integrantes de varios ayuntamientos de nuestra
entidad federativa, sin comunicar a este Congreso oficialmente la situación jurídica que guardaban tales servidores públicos para
los efectos de lo que disponen los artículos trascritos, independientemente de la legalidad o no de estas detenciones, las que
sólo conocimos a través de los medios masivos de comunicación. Así que el hecho en sí creó problemas para la aplicación de
los preceptos que hemos trascrito, en esta Iniciativa, de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

         Primero: los ayuntamientos tienen como atribución el conceder a sus miembros licencias hasta por dos meses, siempre
y cuando lo hagan en forma fundada, entendiendo por sus miembros al Presidente, al Síndico y a los Regidores.

          Segundo: nos encontramos que el artículo 50 de dicha Ley, en sus supuestos jurídicos, sólo previó el ejercicio
potestativo de un presidente municipal para ausentarse de su cargo, al indicar que ese presidente podrá, y el legislador le
impuso el límite de 30 treinta días para ello.

          Tercero: pero ese ejercicio potestativo únicamente lo prevé dicho artículo si la ausencia es para la gestión de asuntos
oficiales del Ayuntamiento, y no para otra cosa, menos cuando su ausencia es involuntaria por tratarse de una detención
ministerial y/o una orden de aprehensión girada por un juez.

        Cuarto: y actualizados esos supuestos, se imponen, en las siguientes tres fracciones, una mezcla de hipótesis, y
consecuencias jurídicas que no distinguen sus alcances y materia, del todo, en esa ensalada.

           Quinto: en la fracción I se suma a los anteriores supuestos genéricos uno más: Si la ausencia no excede de quince
días, sin precisar si son días hábiles o naturales, ni en éste ni en ninguno de los casos subsiguientes, además de que en este
asunto de ausencia, del Presidente, el Secretario del Ayuntamiento es quien debe atender, no todos los asuntos, sino sólo
algunos, los asuntos en trámite y aquellos (sic) que no admiten demora, empero, bajo la condición y/o limitante de que el
Secretario del Ayuntamiento conozca de esos casos, sólo, previa instrucción expresa del Presidente Municipal, y sin señalar
si lo expreso debe ser por escrito o verbal.

          Sexto: en la fracción II se suma a los anteriores supuestos genéricos uno más: Si la ausencia es mayor de quince
días, sin exceder de treinta, ya que en este caso el Presidente Municipal debe recabar previamente el permiso del
Ayuntamiento, y si el Ayuntamiento le otorga este permiso, el Presidente será suplido por el Síndico, pero no como
Presidente, sino únicamente como encargado del despacho, pero con todas las atribuciones constitucionales, legales y
administrativas del cargo de Presidente; sin embargo, a esta ausencia la siguen calificando los supuestos de que sea
potestativa, y para la gestión de asuntos oficiales del Ayuntamiento.

        Y séptimo: en la fracción III se establece un supuesto jurídico distinto a los anteriores, regulando la hipótesis de la
ausencia definitiva del Presidente Municipal, en cuyo caso el Congreso, respetando su origen partidista, designará quién
deba sustituir al Presidente con ausencia definitiva, con la limitante de respetar el origen partidista del sustituido, pues éste y el
sustituto deben ser del mismo partido político, y sujeta, por lógica jurídica, a que sea ausencia potestativa, pero definitiva;

         Que debe permanecer la atribución para los ayuntamientos establecida en la fracción XX del artículo 32 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado, para el efecto de que conceda fundadamente licencias, tanto a sus miembros como a todos sus
empleados, con el mismo alcance que en ese precepto se indica;

          Que en base a lo anterior, es conveniente reformar los artículos 50 y 159 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, para el efecto de que en el primero de los preceptos se establezca de manera clara y precisa que el
Presidente Municipal podrá ausentarse del municipio, para la gestión de asuntos oficiales del Ayuntamiento, sólo hasta por un
mes, pero fijando que por esta medida de tiempo debe entenderse un término de treinta días; en cuyo caso, deberá sujetarse a
ciertas disposiciones: la primera: que si su ausencia no excede de una semana, los asuntos de trámite y aquellos que no
admiten demora, serán atendidos por el Secretario del Ayuntamiento, previa instrucción expresa, verbal o escrita, del propio
Presidente Municipal; esperando los demás asuntos hasta el regreso de éste; y la segunda: que si su ausencia es mayor de una
semana, sin exceder de un mes, el Presidente Municipal debe recabar previamente el permiso del Ayuntamiento y será suplido
por el Síndico como encargado del despacho, con todas las atribuciones que las disposiciones constitucionales, legales y
administrativas, dispongan para el Presidente Municipal; empero, desde la solicitud del permiso debe establecerse el lapso y la
razón que motivan tal pedimento. Pero también el Presidente Municipal podrá ausentarse del municipio, en cualquier otro caso
que no sea por asuntos oficiales relativos al propio Ayuntamiento, hasta por dos meses, siempre y cuando, previamente, le
autorice su licencia el Ayuntamiento, bajo la condición de que sea de manera fundada, al efecto de que se aclare debidamente
cuál es el motivo de su ausencia;

         Que es indispensable que en aquellos casos de licencia mayor a dos meses para el Presidente Municipal, o de
ausencia definitiva de éste, debe conocer el Congreso del Estado para que designe al sustituto, con la regla lógica de la política
que se debe respetar la posición partidista ganada en las urnas;

          Que también resulta necesaria la reforma al artículo 159 de la propia Ley Orgánica Municipal del Estado, para señalar
con claridad y precisión que cuando un servidor público municipal sea arraigado o procesado, como supuesto responsable de un
delito, quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones a partir del auto de formal prisión, indicando que son sólo en el caso
de los miembros del Ayuntamiento cuando se llamará al suplente, y si no concurriere o no lo hubiere, se dará cuenta al
Congreso del Estado, para que designe al sustituto, respetando su origen partidista, como anteriormente se había mencionado;

          Que es indispensable imponer el deber jurídico tanto al Ayuntamiento como al Congreso, en su caso cada uno, para
que después de simplemente tener noticia extraoficial de que un servidor público municipal ha sido detenido, aprehendido,
arraigado, consignado y/o sujeto a proceso, se dirijan de inmediato a la autoridad competente, a efecto de solicitar informe oficial
en caso de que se dicte auto de formal prisión o de vinculación al proceso, para poder aplicar las consecuencias jurídicas de
este artículo 159 de la Ley Orgánica Municipal en cita;

         Que por igual es de justicia que, si para el servidor público municipal procesado la sentencia firme, dentro de ese
proceso penal, es absolutoria, debe reinstalársele inmediatamente en su trabajo.

         Que de lo antes señalado se observa, con toda claridad, que la anterior Legislatura aprobó, y previó para su tiempo y
para las necesidades que en él se daban, preceptos jurídicos ad hoc para sus fuentes reales de derecho; y que ahora, por
nuestra parte, reformando tales preceptos jurídicos, debemos cumplir legislativamente como nuestros antecesores, iniciando y
aprobando estas reformas legislativas que proponemos, para estar a la altura de nuestros tiempos y de nuestras necesidades.

           Que hemos tratado de respetar lo mejor posible, con estas reformas propuestas, la semántica, la lógica y el estilo
jurídicos, seguidos por el legislador de origen de esta Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

          Por lo expuesto, y fundado, sometemos a la atenta consideración del Honorable Congreso de Michoacán de Ocampo
la siguiente reforma a los artículos 50 y 159 de la Ley Orgánica Municipal.

          Es cuanto, diputado Presidente.

[PRESIDENTE]:

          Túrnese a las comisiones de Fortalecimiento Municipal y de Gobernación para su estudio, análisis y dictamen.
          Para cumplimentar el decimoquinto punto del orden del día, se otorga el uso de la palabra al Dip. Raúl Morón Orozco,
a efecto de dar lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

DIPUTADO RAÚL MORÓN OROZCO:

Con su permiso, compañero Presidente.
Compañeros integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros diputados.
Señores de la prensa:

          Los que suscribimos, diputados Raúl Morón Orozco, Gustavo Ávila Vázquez, Leopoldo Enrique Bautista Villegas,
Francisco Campos Ruiz, Antonio Cruz Lucatero, Antonio García Conejo, José Jaime Hinojosa Campa, José Jesús Lucas Ángel,
Heriberto Lugo Contreras, Iván Madero Naranjo, Gabriela Desireé Molina Aguilar, Arquímides Oseguera Solorio, Mauricio Prieto
Gómez y Míriam Tinoco Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 36 fracción II y 164 de la Constitución Política del Estado de Michoacán; así como 10 fracción I,
116 y 117 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, presentamos ante Soberanía del
Estado, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, Iniciativa de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 99
y que adiciona el Título Decimosegundo, denominado Del Control de la Constitución, que comprende de los artículos 166 al 171
de la Constitución Política del Estado de Michoacán, de acuerdo con la siguiente

                                                     EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

            La Constitución es el orden jurídico supremo en nuestro país; por tanto, la preservación de su observancia por
gobernados y gobernantes no debe soslayarse; esto es, el cumplimiento de las normas constitucionales es imperativo para
autoridades y ciudadanos en general, pues, en caso contrario, se quebranta el orden social jurídicamente tutelado y, con ello, se
viola la finalidad última del derecho consistente en la convivencia armónica y el bien común, cuestiones que persigue cualquier
norma, pero sobre todo las constitucionales, por ser éstas el cimiento del Derecho Positivo en nuestro país, en donde existen
dos órdenes jurídicos, el federal y el estatal, cada uno con sus respectivas Constituciones, siendo la federal la que tiene primacía
sobre todas las locales, pues éstas deben ajustarse a aquélla; sin embargo, en cuanto al régimen interno y derechos concedidos
a los ciudadanos, el Constituyente de cada entidad federativa tiene la más amplia facultad y plena libertad –sólo limitada por
determinados principios que la Constitución Federal prevé– para legislar en cuanto a su régimen interior y establecer
instituciones jurídicas que permitan esa mejor convivencia para el desarrollo y bienestar de los habitantes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 124 de la Constitución General de la República Mexicana.

           El problema más añejo del Derecho Constitucional es la defensa o la autodefensa de la Carta Magna, pues de nada
sirve el pronunciamiento de una serie de normas superiores que, violadas, no habrá órgano alguno que invalide o destruya los
actos o normas que resulten contrarios a ellas.

          No existe efecto más nocivo en el Derecho de garantías que la pérdida de la confianza en el orden de la máxima ley,
por ese motivo es necesario que todo orden jurídico supremo tenga un órgano que haga valer la Constitución, tanto por parte del
ciudadano como de la propia autoridad, pues la restauración del orden constitucional obedece a un principio de seguridad y
certeza que permite al gobernado respetar y exigir el respeto, con lo cual se inicia una convivencia social sana para evitar la
barbarie.

         Para solucionar el problema de las Constituciones que son “letra muerta”, se forjaron lo que a la fecha se denominan
“Sistemas de Justicia Constitucional”, que son precisamente formas de resolver los actos o leyes que no se ajustan a la norma
suprema, pudiendo ser dichos sistemas de índole política, administrativa, neutra, mixta o jurisdiccional.

          El sistema adoptado en nuestra sociedad es el jurisdiccional, en el que se encomienda a un órgano judicial la
resolución del asunto en el cual se alega la violación a la norma fundamental. Este sistema, además de difundido, ha sido
aceptado dado que ha demostrado su eficacia a través del tiempo, por dos elementos: la confianza al juzgador y la posibilidad de
que sea a través de un procedimiento en donde se resuelva la disputa constitucional, procedimiento en el que se emiten
argumentos, se rinden pruebas y, en fin, se permite que los involucrados se defiendan, siendo el encargado de resolver un
tercero imparcial que tiene el carácter de juez o tribunal de control constitucional.

           En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se previenen medios de control constitucional
jurisdiccionales, siendo el que goza de más prestigio y tradición jurídica el juicio de amparo, y que se han acuñado en lustros
posteriores, pero de igual manera han probado su eficacia las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales;
empero, los aludidos sistemas de control no han sido emulados por la Constitución de nuestro Estado de Michoacán, por ello es
que consideramos que se encuentra desprotegida contra los embates de quien pudiera vulnerarla.

          Aunque en fechas recientes el Derecho Constitucional Estatal ha sido motivo de estudio, tal cuestión no es suficiente
para negar la primacía y efectividad que debe regir en la tutela de las normas de orden constitucional, sean éstas de índole
federal o estatal.

          La supremacía de las constituciones de las entidades federativas se encuentra sustentada por lo establecido en el
artículo 41, párrafo primero, de nuestra Carta Magna, mismo que en la parte conducente dispone que "El pueblo ejerce su
soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca
a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares
de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal."

          Efectivamente, el control de la constitucionalidad local se explica en función a que en un Estado Federal como el
mexicano, existe en cada entidad federativa un orden normativo diferente pero íntimamente ligado con el orden federal. Este
aserto se desprende de la lectura de los artículos 40, 41, 116 y 124, entre otros, de la Constitución Federal.

          En este orden de ideas, en cuanto a su ubicación como institución, la defensa de las constituciones estatales deber ser
de carácter local, en atención a la regla de reparto de competencias establecido en el citado artículo 124 de nuestra Carta
Magna, en concordancia con el diverso 41, toda vez que las facultades concedidas a las autoridades federales deben estar
expresamente consignadas en la propia Constitución y, de no ser así, se entienden reservadas a los estados. Debe recordarse
que en cada entidad federativa, por su autonomía, corresponde únicamente a las legislaturas reformar la Constitución local y
crear con apego a ella las leyes ordinarias.

          Lo hasta aquí expuesto confluye con las conclusiones dimanadas en diversos foros de análisis constitucional, y las
valiosas aportaciones de estudiosos del Derecho Constitucional como el Dr. Marco Antonio Tinoco Álvarez y el Lic. Roberto
Clemente Ramírez Suárez, estudiante del Postgrado de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos del Centro de Investigación
y Desarrollo del Estado de Michoacán, así como con las Memorias de la Cuarta Mesa Redonda desarrollada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al abordar el tema de “La Justicia Constitucional en las Entidades Federativas de la
República Mexicana” y del "Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México", elaborado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

          En el ámbito de las constituciones locales, las primeras experiencias han tenido lugar en los estados de Veracruz y
Tlaxcala a principios de la presente década. Gracias a que este movimiento se ha generalizado, actualmente más de la mitad de
los estados de la República Mexicana cuentan con algún medio de defensa de sus constituciones, aunque, cabe mencionar, el
desarrollo no ha sido uniforme.

         La reforma constitucional del año 2000 en el estado de Veracruz, quien ha sido pionero en la materia, se acompañó de
una trascendental innovación al contemplar, por vez primera en el constitucionalismo estatal, un conjunto de instrumentos
debidamente sistematizados, destinados a la garantía de su Constitución en el ámbito de validez del ordenamiento, esta
incorporación de mecanismos de “autogarantía constitucional” vino a colmar la omisión histórica existente al respecto,
posicionando a la Constitución estatal no sólo como norma política de carácter fundamental, sino como una verdadera norma
fundamental de garantía exigible a través de mecanismos de naturaleza procesal.

           La adopción del “modelo” veracruzano, por lo atinado de los presupuestos en que se asienta, atrajo rápidamente la
atención de otras entidades que no tardaron mucho en adoptar sistemas similares bajo las adecuaciones que las
particularidades de su organización político-constitucional requirieron. Para constatar lo anterior solamente hay que observar que
en el año 2001 los estados de Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala introdujeron mecanismos de garantía de sus respectivos
ordenamientos fundamentales; en el 2002, lo hizo Chiapas; en el 2003, Quintana Roo, y en el 2004, Nuevo León y el Estado de
México. Recientemente, en marzo de 2008, la profunda reforma constitucional en el Estado de Querétaro ha incorporado
mecanismos similares, aunque sin la fuerza con que lo han hecho las entidades apenas señaladas.

           La dinámica política que se presenta en los estados ha conducido, además, a realizar los primeros ajustes
institucionales a los mecanismos originalmente estipulados. Por ejemplo, el 21 de junio de 2005 se reformó la Constitución de
Coahuila, y entre otros cambios, introdujo el Instituto de la Comisión Legislativa; lo paradójico del caso es que no se incorporó
como un instrumento autónomo de tutela constitucional como existe en otros estados del país, sino como resultado de la
ampliación del objeto de impugnación de la acción de inconstitucionalidad. Igualmente, el 16 de mayo de 2007 se reformó la
Constitución chiapaneca y, entre otros cambios, se sustituyó la Sala Superior creada en 2002 por un Tribunal Constitucional que
se ubica dentro del Poder Judicial del Estado, denominado ahora por la Constitución como Magistratura constitucional.
          Es pertinente señalar que a partir de este fenómeno, nuestro máximo tribunal de justicia incrementó su compromiso
con el Pacto Federal, al resolver con frecuencia diversos asuntos promovidos por órganos de gobierno que exigen el
reconocimiento de sus facultades o reclaman la afectación a su esfera competencial. De esta manera, a través de sus
resoluciones y de la reciente interpretación de algunos preceptos de la Constitución General, se está reconociendo la
delimitación y alcances de la estructura del Estado Federal Mexicano. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la
Jurisprudencia: Estado mexicano. Órdenes jurídicos que lo integran.

          Además del criterio que legitimó el juicio de protección de derechos humanos y reconoció la constitucionalidad de la
Sala Constitucional Local, el Estado de Veracruz se relaciona con el estudio de otros asuntos sobre federalismo. Tal fue el caso
de las acciones de inconstitucionalidad 26, 27 y 28 de 2004, de las cuales derivó la jurisprudencia sobre los límites de la
interpretación auténtica, de rubro: Interpretación auténtica de la ley. Sus límites, en la que se determinó, entre otros puntos,
que dicha interpretación no sólo debe tomar en cuenta a las normas que se encuentran en posición horizontal a la interpretada,
sino también aquellas relevantes de jerarquía superior o vertical –Constituciones Federal y Local– y los principios y valores en
ellas expresados, establecidos por la propia jurisprudencia.

          Otro asunto fue el relacionado con la controversia constitucional 38/2003, en él se determinó pronunciar el criterio que
estableció que si en la demanda de controversia se plantean violaciones directas a la Constitución Federal, no es necesario
agotar el juicio previsto en la Constitución Local. El estudio de este asunto es importante porque establece un elemento de
coordinación entre el Poder Judicial Federal y el Local, ya que reconoce los alcances del juicio de tutela constitucional local, pero
a su vez delimita la esfera competencial del órgano supremo de justicia. Lo que originó la publicación de la jurisprudencia:
“Controversia Constitucional. Si en la demanda se plantean violaciones directas a la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, no es necesario agotar la vía prevista en la Constitución Política del Estado (Estado de Veracruz-
llave).”

          Es claro que del panorama legislativo antes esbozado, se desprende que en las constituciones de algunos de los
estados que conforman la República Mexicana, es latente la intención de establecer medios de protección por los que sea
restaurado el orden constitucional; sin embargo, la norma suprema del Estado de Michoacán no cuenta en la actualidad con
dichos mecanismos, lo cual deja en claro que nuestra Constitución es, como lo afirmó Eisenmann, sólo una carta de principios
que pueden o no observarse, cuando dichas prerrogativas son el orden jurídico superior de nuestra entidad federativa, lo que
nos lleva a afirmar que es indispensable instituir esos medios de control constitucional y que ello se haga de manera judicial.

           Esta necesidad de establecer en la Constitución los instrumentos de tutela constitucional surge, además de lo expuesto
anteriormente, de los foros, consultas y seminarios que en los medios electrónicos al respecto se han desarrollado en los últimos
meses, además del interés de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de
regular la precaria situación que guarda el Derecho Constitucional en nuestra entidad; pero sobre todo, por la más sentida
necesidad expresada por los ciudadanos del Estado de Michoacán que refieren no tener la más mínima seguridad de tutela ante
la violación a su norma suprema; por tanto, la inquietud de establecer estos medios de control constitucional no dimana sólo del
interés particular, sino general de los ciudadanos michoacanos de diversas esferas y, en general, de la posibilidad de engendrar
un sistema protector que, a la larga, proporcionará la seguridad y certeza requerida por el Estado de Derecho actual.

          Para lograr lo pretendido se propone que se adicione a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo un segundo párrafo del artículo 99, así como el Título Decimosegundo, denominado Del Control de la
Constitución, que va desde el artículo 166 hasta el 171, que a la fecha no existen.

         En lo relativo a la iniciativa de adición de un segundo párrafo del artículo 99 de la Constitución Política del Estado de
Michoacán, ésta surge a partir de la necesidad de garantizar el derecho de las víctimas y ofendidos de algún delito del orden
común, para que puedan ser representados debidamente por el Ministerio Público, mediante el obligado ejercicio de la acción
penal, cuando éste emita un acuerdo de “No ejercicio de la acción penal” o del desistimiento de ésta, sin estar debidamente
sustentado y existan elementos que hagan presumir la existencia de la presunta responsabilidad denunciada, a fin de obtener el
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados en la persona, bienes, posesiones o derechos de los ofendidos.

          Frente a esta situación, la presente Iniciativa prevé el derecho constitucional de los afectados para promover contra la
determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal o del desistimiento de ésta, el recurso de reclamación,
ante un Tribunal de Control Constitucional, que en los términos propuestos en la presente Iniciativa recaería en las facultades del
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o en la Sala Constitucional que a la postre pueda crearse para la atención y resolución,
entre otros, de este tipo de recursos, a fin de que los particulares no vean vulnerados sus derechos constitucionales y evitar que
se haga de la impunidad una cultura de omisión ministerial.
           En lo relativo a la adición del Título Decimosegundo de la Constitución Política del Estado de Michoacán, que
comprende de los artículos 166 al 171, éste tiene como finalidad establecer la forma, términos y condiciones de los medios de
control de la Constitución del Estado, optando por un esquema jurisdiccional (artículo 166 de la adición propuesta) cuya
aplicación estará encomendada a un órgano previamente instituido, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Michoacán o, en su defecto, a una Sala Constitucional que a la postre pueda llegar a crearse para ello, si la recurrencia del
ejercicio de este tipo de medios o acciones de control constitucional así lo justifican, cuya labor primordial precisamente será la
de resolver controversias de índole jurisdiccional, lo que deja de manifiesto que dicho órgano cuenta con la preparación técnica y
orgánica para dilucidar tal clase de cuestiones. Queda vedado para el tribunal de orden constitucional conocer de asuntos de
índole electoral, constriñéndose esa materia al mero proceso de elección, pues existen actos que teniendo la naturaleza de
electorales, son susceptibles de violar la Norma Fundamental, y por ello deben ser destruidos; sólo se aleja a los Magistrados
integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, de los procesos electorales para evitar la descalificación de sus
resoluciones y, además, porque existe el Tribunal Electoral del Estado, órgano encargado de resolver tal clase de disputas.

          La institución de los medios de Control Constitucional de Michoacán no debe inmiscuirse en los medios que establece
la Constitución Federal, razón por la cual se hace la excepción de que el Pleno del Supremo Tribunal dé conocer de asuntos que
tengan por objeto cualquiera de las cuestiones que los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Federal dispone, ya que la
esfera de control que aquí se propone se limita a proteger las normas estatales dimanadas de la Constitución local.

          La adición que se propone no resulta inconstitucional, pues la Carta Magna no establece en ninguno de sus artículos
límites expresos a la posibilidad de reformas constitucionales locales; esto es, no prohíbe, ni siquiera restringe la facultad de los
Congresos Estatales para modificar los textos de sus Constituciones, pues los límites de esas facultades no pueden ser
concebidos como candados al desarrollo de las instituciones jurídicas y políticas susceptibles de plasmarse en el documento
constitucional estatal; así, la Norma Fundamental sólo se limita a establecer con precisión, en el artículo 116, las cuestiones
mínimas que las normas supremas locales deberán plasmar en sus textos.

          En este orden, la presente Iniciativa…

[PRESIDENTE]:

          ¿Señor diputado?... Si me permite reclamar. Llamamos a los compañeros diputados, también a los asistentes a esta
sesión la atención debida en este punto para que el diputado Morón pueda continuar.

DIPUTADO RAÚL MORÓN OROZCO:

          …En este orden, la presente Iniciativa de Decreto de adición no puede estimarse violatorio de la Constitución Federal,
en tanto que no se pretende modificar los principios establecidos por los artículos 39, 40 y 116 de ésta, respecto a la soberanía
popular, al régimen republicano, representativo, federal y democrático, la división de poderes y los lineamientos establecidos en
el mencionado artículo 116, se encuentran respetados.

           De igual forma, debe decirse que tampoco se invade la esfera de competencia de los tribunales de la Federación, ya
que el objeto de protección de los medios de control son aquellos actos o normas de carácter general que violen los derechos
previstos por la propia Constitución de la entidad, provenientes, entre otros, de los titulares de las dependencias u órganos del
Estado y que la violación de dichos derechos producirá la sanción y, en su caso, la reparación del daño conforme a la ley
respectiva. Es de mencionarse que los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal establecen las bases competenciales de
los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación para conocer del juicio de amparo, y de manera excepcional a órganos
judiciales estatales, en el caso de la jurisdicción auxiliar o concurrente, delimitándose sus respectivas competencias en la Ley de
Amparo, reglamentaria de dichos preceptos constitucionales, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Estos órganos jurisdiccionales competentes para conocer y resolver los juicios de amparo, tienen por objeto fijar el alcance de
las normas supremas que expresan la soberanía popular; por lo que debe considerarse que la supremacía de las bases
contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que sólo en éstas, mediante la voluntad soberana expresada por el
Constituyente o por el órgano revisor de la Constitución, pueda establecerse la existencia de los medios de control de
constitucionalidad competencia de los órganos jurisdiccionales que integran dicho poder, sin menoscabo de que el legislador
ordinario federal desarrolle y pormenorice las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución.

           Asimismo, la Suprema Corte, al interpretar el artículo 133 de la Constitución Federal, ha sostenido que sólo el Poder
Judicial Federal puede calificar la constitucionalidad de las leyes o de los actos de autoridad a través del juicio de amparo, entre
otros instrumentos. Este precepto ha llevado a distintos problemas, específicamente respecto de dos cuestiones básicas: una, el
conflicto de leyes en el espacio, por cuanto a la validez del Derecho federal y del Derecho local cuando rigen de manera diversa
una misma materia; y otra, el ejercicio del llamado control difuso de la Constitución por parte de las autoridades fuera del
procedimiento constitucional previsto por los artículos 103 y 107 constitucionales.

          De la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado al citado artículo, se concluye que tal
dispositivo no es fuente de facultades de control constitucional para los juzgadores del orden común, pues dicho precepto debe
ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto, que se traduce en un juicio específico
cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarquía en la organización y distribución
de competencias de las autoridades estatales; de donde deriva que tampoco la Constitución local puede preverlos.

           Sin embargo, como se dijo, la presente Iniciativa sólo le da competencia al Poder Judicial del Estado para conocer
únicamente de aquellos conflictos atinentes a la salvaguarda de la Constitución Local, es decir, a la protección de los derechos
previstos en la misma, como es el caso de las garantías ampliadas o los derechos humanos de cuarta y quinta generación, sin
contar, lógicamente, con facultades para pronunciarse sobre violaciones a las garantías individuales previstas en la Constitución
Federal, por lo que, se insiste, la adición que se pretende no implica invasión de las atribuciones que expresamente se reservan
a los tribunales de la Federación, al representar una manifestación de la autonomía y soberanía estatal, de conformidad con los
artículos 39, 40, 41 párrafo primero y 116 fracción III de la Constitución Federal. Este criterio es similar al sostenido por el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver por mayoría la controversia constitucional 16/2000, del que se deriva la
jurisprudencia citada como: “Controversia Constitucional. La facultad otorgada a la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Veracruz-llave para conocer y resolver el juicio de protección de derechos humanos,
previsto en la Constitución Política de esa entidad federativa, no invade la esfera de atribuciones de los tribunales de la
Federación, pues aquél se limita a salvaguardar, exclusivamente, los derechos humanos que establece el propio
ordenamiento local”.

          La presente Iniciativa de Decreto tampoco pugna con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de
Ocampo, pues la fracción XVI de su artículo 16 establece que corresponde al Supremo Tribunal de Justicia conocer en Pleno de
los asuntos que le asignen la Constitución Política del Estado y si, en el caso, las presentes propuestas de adición serán a la
Constitución, por ser ésta la que otorga la competencia al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tal competencia es
legalmente oportuna. Además de que no se genera un órgano diferente con la consecuente erogación presupuestal, sino que se
aprovecha al máximo un órgano ya instituido cuya pericia está comprobada.

           Cabe destacar que el hecho de que conozca el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de los medios de control
constitucional, no engendra, de por sí, carga excesiva de trabajo, toda vez que las atribuciones administrativas (no
jurisdiccionales) con que contaba, actualmente le corresponden al Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por lo
que el Pleno tendrá mayor oportunidad de resolver los medios de control que en la presente Iniciativa se mencionan.

           Una vez sentado el sistema de justicia constitucional que se propone, se pasa a describir y sentar las bases en
particular de cada uno de los medios de control constitucional, pues cada cual goza de un origen y finalidad distinta.

          Así, el juicio de Tutela Constitucional es el medio que tiene el gobernado, sea éste persona física o moral, para
defenderse de cualquier acto autoritario o de una norma de carácter general, definiendo el vocablo “autoridad” como aquel ente,
órgano u organismo que emite actos unilaterales que afectan, modifican, extinguen o alteran la esfera legal del ciudadano; pues
en la actualidad acontece que existen órganos que, sin ser parte del orden autoritario emiten actos que reúnen los caracteres
antes enunciados. Se le da al promoverte de este medio de defensa la posibilidad de que elija si desea o no gestionar tal medio,
para que sea el propio particular quien decida si lo promueve o no. Se fijan, igualmente, los efectos de la sentencia que se llegue
a dictar en este procedimiento, si se trata de un acto concreto, sólo protegerá al particular que lo promovió, pero si la queja versa
sobre una norma de carácter general, deberá hacerse la declaratoria general de Inconstitucionalidad y, para ello, se dice que
será la ley reglamentaria la que fijará con precisión tales cuestiones, para evitar que sea el texto constitucional el que los regule,
haciendo tedioso el mandato de la Máxima Ley.

          Por su parte, las controversias constitucionales son medios de control que tienen por objeto que los órganos del Estado
previamente instituidos se defiendan cuando otro órgano les vulnera algún derecho previsto en la Constitución Estatal, teniendo
como finalidad invalidar el acto violador; pero si se trata de normas o disposiciones de carácter general, la sentencia que se dicte
tendrá que hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad respectiva, también de conformidad con lo que se establezca en
la ley reglamentaria, para evitar el exceso de normatividad constitucional. Para evitar duplicidad de funciones e invasión de
esferas con otros órganos, se prevé que si la propia Constitución de Michoacán estatuye a favor de un órgano diferente al Pleno
del Supremo Tribunal la resolución de la controversia, la prevista en el artículo 168, será improcedente.

        Las acciones de inconstitucionalidad son procedimientos para invalidar las normas que contravengan la Constitución
de Michoacán; pues nada puede ser más nocivo que la existencia de normas que vulneren el orden supremo. A este efecto se
creyó conveniente que fueran órganos de Estado tales como el Gobernador del Estado, el Procurador General de Justicia del
Estado y los Ayuntamientos quienes, en principio, estuvieran legitimados para la gestión de este medio y, en un segundo plano,
órganos técnicos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismos de representación popular como los partidos
políticos con registro estatal y, por último, un porcentaje del 20 por ciento de representantes del Congreso del Estado o de un
cuerpo edilicio de un ayuntamiento o municipio, como minorías, los que tuvieran derecho a la promoción de tal procedimiento. En
virtud de que esta clase de medio de defensa tiene por objeto alcanzar una declaratoria de inconstitucionalidad de normas de
carácter general, se propone que sea la ley reglamentaria la que fije los efectos de la sentencia que se dicte, para que se haga la
declaratoria general de Inconstitucionalidad.

         Se propone también la institución de la acción contra la omisión legislativa. Este procedimiento tiene por objeto que el
órgano deliberante o legislativo determine si una propuesta o iniciativa de ley sea aprobada o no, es decir, la única finalidad de
dicho medio es la de instar al órgano a realizar la función que le compete, ante su inactividad o lentitud.

          Una innovación del texto que ahora se propone en torno a la acción contra la omisión legislativa lo es que no sólo
incluye como órgano legislativo al Congreso del Estado, sino a cualquier órgano colegiado o unitario que produzca normas, pues
de acuerdo al desarrollo y evolución del Sistema Estatal en la actualidad existen entes que, sin ser órganos que emiten leyes, sí
se encargan de producir normas, tales como los reglamentos, o bien, las denominadas cláusulas habilitantes, que son facultades
concedidas en la ley a determinados funcionarios para que con fundamento en la ley emitan normas de carácter general que no
tienen ni el carácter de ley, ni de decretos, ni de reglamentos, pero que cuentan con características de normas.

           Por la naturaleza de la acción contra la omisión legislativa se incluyeron como legitimados para promoverla a cualquier
ciudadano, pues es, a final de cuentas, a quien obligará la ley, a cualquier representante popular, pues es quien tiene el deber
de hacer respetar la Constitución a través de la emisión de normas, al Gobernador y al Procurador del Estado, a los partidos
políticos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

          En último lugar, se estatuye como medio de control las Consultas Constitucionales, que son procedimientos a fin de
que cualquier autoridad u órgano que aplique la ley al caso concreto, en caso de que tenga duda sobre algún punto, eleve su
petición al Pleno del Supremo Tribunal para que éste determine en qué sentido debe interpretarse alguna disposición de orden
constitucional, teniendo como finalidad que se preserve el orden jurídico máximo por las autoridades encargadas de aplicar la
ley.

          En cuanto a otros ordenamientos jurídicos, el previsto en esta adición que se propone es innovador porque de manera
general se dispone que sólo los jueces son quienes deben acudir a la Consulta Constitucional, pero, en el texto aquí propuesto,
se incluye a cualquier órgano o ente que aplique la ley, sea de índole jurisdiccional o administrativa y, en general, cualquier
entidad que resuelva casos concretos o aplique la ley. Al igual que los demás procedimientos se reserva a la ley reglamentaria la
pormenorización de este medio de impugnación.

            Por otra parte, como ya se precisó en párrafos anteriores, dentro del estudio comparado realizado en varias de las
entidades federativas del país, se justifica el hecho de que éste no es un tema nuevo en materia de control constitucional local,
sino que ya varios estados han adoptado en sus respectivas constituciones locales algunas de las figuras mencionadas en esta
Iniciativa, como medios de control constitucional, tal es el caso de Veracruz que los ha establecido en sus artículos 52, 64 y 65,
habiendo tramitado hasta la fecha diversos recursos de queja en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal
del Ministerio Público, a través de su Sala Constitucional; el Estado de Tlaxcala que estableció en su artículo 81 los Juicios de
Protección Constitucional y de Competencia Constitucional, así como las acciones de inconstitucionalidad y de omisión
legislativa, con la tramitación de 56 juicios de este tipo tan sólo en el 2009 y más de 300 juicios desde el 2002 a la fecha, 2
acciones de omisión legislativa, 1 juicio de competencia constitucional y 1 acción de inconstitucionalidad.

          Casos similares se han registrado en el Estado de Quintana Roo. Otros estados donde dichos medios de control
constitucional han sido previstos, son Coahuila, en el artículo 158, y Nuevo León, en los artículos 95 y 96, de sus respectivas
constituciones y se vienen haciendo en los estados Guanajuato, Querétaro y el Estado de México.

          Con lo anterior queda claro que el establecimiento de medios de control constitucional local es un tema que en los
últimos nueve años en nuestro país ha venido generando una tendencia nacional que ha motivado diversos pronunciamientos,
estudios y criterios jurisprudenciales emitidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de este tipo de
reformas constitucionales locales, lo que justifica la necesidad de que sean previstos en Constituciones locales como la nuestra,
para dar un paso de suma trascendencia en el desarrollo del Derecho Constitucional de Michoacán.

        Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con
Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo del artículo 99 y el Título Decimosegundo denominado Del
Control de la Constitución, que comprende de los artículos 166 al 171 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, para quedar como se establece en el siguiente Decreto.

              Es cuanto, compañero Presidente.

[PRESIDENTE]:

              Gracias, diputado.

              Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto de que se declare si ha lugar a admitir a discusión dicha
iniciativa.

              Solicitamos a… bueno, agradecemos al diputado Huirache el haber suplido al diputado Eligio González.

         En desahogo del decimosexto punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Wilfrido Lázaro
Medina, a efecto de dar lectura del Punto de Acuerdo relativo a la situación actual del Sector Educativo en Michoacán.

DIPUTADO WILFRIDO LÁZARO MEDINA:

Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado.
Compañeras diputadas.
Compañeros diputados.
Representantes de los medios de comunicación.
Señoras y señores.
Michoacanos:

        Vengo a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en el artículo 10 fracción I de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, para el análisis y valoración, y en su caso, aprobación, de un proyecto de Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

                                                         CONSIDERACIONES:

          Inicio recordando al filósofo y educador José Vasconcelos, que pronunció un discurso en 1924 siendo Secretario de
Educación Pública con motivo del Día del Maestro, en el que utilizó las siguientes palabras, entre otras, y cito: “El buen maestro
tiene que poner confianza en la generación venidera si la actual la ve pérdida. El buen maestro, aunque carezca de fe, ha de
inspirarse en una especie de sentido de limpieza, que condena la mentira y repudia la maldad”… “El magisterio debe mirarse
como una vocación; debe llevarse adelante con la ayuda del Gobierno, si es posible; sin su ayuda, si no la presta; pero fiándolo
todo en cada caso a la fe en una misión propia y en la causa del mejoramiento humano”, termino la cita.

          Así habló José Vasconcelos a los maestros de México y, sin ninguna duda, sus palabras tienen vigencia en la
actualidad ante la problemática que vive el Sector Educativo en el país al ocupar el último lugar en la calidad de los servicios
educativos que ofrece, de entre 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
a través del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA); y de manera especial en nuestro Estado, en donde
recientemente el Gobernador y la Secretaría de Educación, al encabezar la primera sesión de un Consejo Consultivo y de Apoyo
a la Educación, al que la Comisión de Educación del Congreso no fue invitada –por cierto–, reconocen que los indicadores
educativos correspondientes al ciclo escolar 2008-2009 referentes a eficiencia terminal y deserción escolar, tanto en primaria
como en secundaria, así como la tasa de terminación en media superior y secundaria, se encuentran en el penúltimo lugar a
nivel nacional.

         De igual manera, tenemos que reconocer los logros alcanzados en la educación normalista al mejorar en dos
posiciones el índice de absorción, ubicando a Michoacán en el lugar número 9 a nivel nacional, durante el ciclo escolar 2008-
2009, y conservar la posición 4 en el índice de deserción; en lo referente a la Educación Superior, ocupamos la posición 14 en
absorción, y reducimos en un lugar la deserción, al ubicar la entidad en la posición 18 en el país.

          En términos generales, de 69 indicadores educativos, en el ciclo escolar pasado, Michoacán se mantiene en la misma
posición, con respecto al ciclo anterior, en 39 indicadores, empeora o aumenta en 18 y mejora o reduce su posición en 12
indicadores; pero al final, en la media aritmética, contra todos los estados, nos seguimos quedando abajo.
          Es urgente mejorar los indicadores que ubican a Michoacán en las últimas posiciones en el ámbito educativo del país
y, por tanto, necesario impulsar aquellos programas y acciones que puedan ayudar a abatir cuantitativamente esos indicadores.
Sin embargo, esto no es suficiente, si no se toman decisiones que den solución a los problemas cualitativos que están afectando
el proceso educativo en el ciclo escolar que apenas inició hace un mes.

          Nos referimos, entre otras cosas, a los aproximadamente 200 mil jóvenes, recién egresados de cerca del 70 por ciento
de las escuelas primarias y secundarias, que carecen de los certificados que acreditan ese nivel de estudio, en virtud de que no
hubo quien firmara los documentos y, en el peor de los casos, hay constancias supuestamente apócrifas debido a que quienes
los firmaron en calidad de supervisores de zona carecen del nombramiento formal que otorga facultades para la expedición de
tales escritos certificados; pese a la gravedad del problema, no se ha atendido éste con la urgencia y exigencia que el caso
amerita por parte de las autoridades educativas.

          Y esto es muy delicado, lo que acontece con este tema, porque en caso de que los alumnos inscritos en secundaria y
preparatoria no presenten los documentos con validez oficial en los próximos días, podrían ser dados de baja, afectando
indicadores de deserción y eficiencia terminal que se quieren abatir, pero fundamentalmente afectando su desarrollo personal y
el impulso natural que debe ser para ellos su educación; a más del estímulo a una dinámica familiar sana.

         Otro problema es lo que dio a conocer hace una semana el Secretario General de la Sección 18 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), sobre la venta supuesta de plazas docentes.

          De acuerdo a lo anterior, quienes se manifestaron sobre este tema informaron, el jueves pasado, que desde hace dos
semanas, el Comité Ejecutivo Seccional, al que ellos representan, ha tenido decenas de reportes de trabajadores de la
educación que han recibido llamadas telefónicas para ofrecerles una plaza de preescolar o primaria a cambio de cantidades que
oscilan entre 20 y 30 mil pesos, requiriéndoles un depósito bancario a través de una orden de pago. Por lo que han realizado un
llamado de alerta a todos los trabajadores de la educación en el Estado para que no se dejen sorprender por vivales que han
estado haciendo llamadas para defraudarlos al ofrecer plazas. Señalaron, además, que presentarán una denuncia penal ante las
instancias competentes a través de su área jurídica para que las autoridades puedan dar con los defraudadores, resarcir el daño
y castigarlos conforme a la ley.

         Para evitar este tipo de irregularidades por medio de la venta o el otorgamiento discrecional de plazas, es necesario
que éstas se otorguen mediante un examen de oposición abierta con la finalidad de seleccionar los mejores perfiles para
desempeñarse frente a grupo, o en el caso de la asignación de plazas automáticas, cuidar que sólo sea para los egresados de
las escuelas normales públicas de la entidad; el caso es que se garantice la transparencia y certidumbre en la asignación de las
mismas, teniendo así una mayor oportunidad para mejorar los indicadores educativos en el Estado.

          De igual manera nos referimos a las denuncias realizadas por maestros y padres de familia de varias zonas y regiones
escolares de la entidad, por la falta en la entrega de los libros de texto gratuito de 1° y 6° grados, en el que se requiere la
intervención forzosa de la Secretaría de Educación para dar solución al problema; en caso contrario, se verán afectados miles de
niños, otra vez de Michoacán, por no contar con los libros de texto gratuitos y tener la necesidad de adquirirlos en deterioro de la
economía familiar. Y para muestra, señalamos que en varias regiones del Estado, para subsanar este problema, algunos
educadores han estado solicitando la compra de libros, que oscilan entre 100 y 150 pesos.

           El argumento para no distribuir los libros de texto gratuitos es que no es aceptada la Reforma Integral de la Educación
Básica, que implica la transformación de planes de estudio y la reestructuración de contenidos de enseñanza, con la
modificación de los libros de texto, por lo que no ha sido posible la entrega de los mismos. Mientras esto sucede, los textos se
encuentran empolvándose en las bodegas de la Secretaría, junto a materiales, suministros y equipamiento que deberían ser
utilizados en las escuelas y aulas para el beneficio de maestros y alumnos.

        A nivel federal, la Secretaría de Educación debe subsanar a la brevedad posible la omisión de contenidos
fundamentales, pero eso no debe ser pretexto para que los educandos no cuenten con sus materiales de apoyo.

          Asimismo queremos hacer mención sobre la implementación de los filtros sanitarios escolares en el Estado, que
debieron establecerse el pasado lunes y, sin embargo, en la mayoría de las escuelas no se efectuaron debido a que no
recibieron la notificación oficial por parte de la autoridad educativa, con el objetivo de prevenir los contagios ante el rebrote de la
influenza AH1N1.

         La Secretaría de Educación comunicó que en los diversos planteles escolares se distribuyeron más de 24 mil paquetes
de limpieza; pero especialmente en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, donde se entregaron 5 mil 400
paquetes, uno por cada 50 alumnos, seguidos de Zamora, Jiquilpan, Los Reyes y Zitácuaro, que son los municipios donde se
han detectado los mayores índices de contagio del virus; sin embargo, los otros municipios quedan en desamparo.

           La implementación de los filtros escolares son indispensables para controlar el rebrote de la influenza, pero resulta
discordante el que la Secretaría de Educación no se haya preocupado por cubrir el rezago que muchas escuelas tienen en la
construcción de espacios educativos, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, sobre todo en las colonias marginales y
el medio rural, en donde todavía existen aulas de palitos que no cuentan con sanitarios y agua potable, debido entre otras cosas
a que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán no ha ejercido su presupuesto para este año, de
acuerdo con información proporcionada por el Sindicato Único de Trabajadores del propio Instituto, existiendo el riesgo de que,
al no ser ejecutados, tengan que regresarse los recursos económicos a la Federación y el Estado, y repercutiendo, por lo tanto,
en la calidad académica de los educandos.

           Lo anterior constituye solamente algunos de los problemas más coyunturales que enfrenta el día de hoy el Gobierno
del Estado, a través de la Secretaría de Educación en la entidad. Sin embargo, no son los únicos, ya que preexisten otras
dificultades que siguen sin resolverse, corno es el caso de la existencia, por todos conocida, de personas que cobran un salario
y que no se presentan a laborar; el cobro de cuotas, en dinero o en especie, por parte de algunas autoridades escolares y
asociaciones de padres de familia, que no tienen nada de voluntarias –las cuotas– y que la propia Secretaría de Educación ha
manifestado que no deben de cobrarse, y que en la realidad así es; la multiplicidad de esfuerzos, por cierto descoordinados, en
el ataque al analfabetismo por parte de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS), del recién creado Instituto
Michoacano para la Educación de los Adultos (IMPEA) y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), esta
última, dependencia federal, en donde por cierto la información diverge, ya para el IMPEA –órgano estatal– el índice de
analfabetismo para el ciclo pasado, 2008-2009, es de 3.82 por ciento, mientras que en el INEA –dependencia federal– este
mismo índice es del 11.7 por ciento; y por si fuera poco, la pasividad para designar a los funcionarios que van desde jefes de
departamento hasta subsecretarios, lo que retrasa, por consecuencia, la aplicación de los programas y las políticas públicas
previstas para este año.

          Es innegable que la incapacidad o falta de voluntad política para aplicar la normatividad, es parte de la Secretaría de
Educación, o por parte de la misma, la han llevado a la inoperatividad y disfuncionalidad de la dependencia, lo que ha
ocasionado que otros actores del sistema educativo, ante el vacío de poder de la autoridad educativa, se beneficien del caos y el
desgobierno para lograr sus intereses particulares en quebranto de la autoridad y la calidad educativa de los educandos, que
son el presente y que son la esperanza de un mejor futuro para todos los michoacanos, olvidando la razón de lo que
compromete al buen maestro y dilapidando la fe en una misión propia y en causa del mejoramiento humano que el magisterio
quiere y está llamado a cumplir, como lo manifestó José Vasconcelos hace 85 años.

          Queremos aprovechar en hacer un reconocimiento, desde esta tribuna, a los buenos maestros, a quienes por vocación
dedican gran parte de su vida a la enseñanza académica y escolar; donde, agrupados con sus alumnos, se reúnen día con día
en el salón de clases para compartir los conocimientos teóricos y cultivar así la creatividad, participación, dinamismo, ética y
sobre todo la formación de valores humanos y mejores hábitos de vida para que despierten en el alumno el deseo de superación
humana, intelectual, tecnológica y cultural, además del respeto y el amor a patria y respeto a las personas.

         Enfrentar pues el reto educativo en Michoacán, es la forma más efectiva que tenemos para ser competitivos como
sociedad, consolidar la democracia, mejorar la economía e incrementar el nivel de vida de los michoacanos. No perdamos la
oportunidad histórica, que se nos presenta para resolver con responsabilidad lo que está sucediendo en el sistema educativo en
Michoacán, por lo que el Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional se compromete con el presente y el futuro
de la educación, al poner de su parte la corresponsabilidad que se requiere desde este Poder Legislativo para favorecer a una
educación de calidad que impacte en el nivel de vida de los michoacanos.

         Por lo anterior, proponernos a este Pleno el siguiente Proyecto de

                                                      PUNTO DE ACUERDO:

          PRIMERO. Exhortar al señor Gobernador del Estado con el propósito de que instruya a la Titular de la Secretaría de
Educación en el Estado, para que asuma su responsabilidad total de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Michoacán
de Ocampo y la Ley Estatal de Educación en el Estado de Michoacán, con el objeto de que aplique la normatividad para
solucionar: la regularización de los certificados de primaria y secundaria del ciclo escolar 2008-2009, así como normalice la
duplicidad de funciones administrativas y el vacío de autoridad; aclare sobre la venta de plazas docentes para preescolar y
primaria, y garantice el otorgamiento de plazas mediante procedimientos adecuados y transparentes con la finalidad de
seleccionar los mejores perfiles para desempeñarse frente a grupo; la Secretaría de Educación debe buscar la solución al
problema de distribución y entrega de libros de texto gratuito para escuelas primarias, ya que es un derecho de los niños; y
verificar que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán ejerza el presupuesto destinado a la
construcción de espacios educativos, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura educativa, de acuerdo a las necesidades,
tiempo y normatividad establecida.

           SEGUNDO. Se exhorta al señor Gobernador del Estado para que instruya a la Secretaría de Educación, para que, a
solicitud de este Congreso del Estado, comparezca ante la Comisión de Educación para informar los avances en éstos y otros
rubros sobre la educación en Michoacán.

          TERCERO. Entréguese el documento íntegro al Gobernador del Estado y a la señora Secretaria de Educación en el
Estado.

          PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. 24 de septiembre de 2009.

          Es cuanto, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

         Se somete a discusión el Punto de Acuerdo. Quien desee hacer uso de la palabra, sírvase hacerlo del conocimiento de
esta Presidencia a fin de integrar los listados correspondientes…

DIPUTADO HERIBERTO LUGO CONTRERAS:

          ¿Presidente?... Heriberto Lugo, a favor.

DIPUTADO JUAN MANUEL MACEDO NEGRETE:

          ¿Presidente?... Juan Manuel Macedo, a favor.

[PRESIDENTE]:

          ¿No hay en contra?... Adelante, diputado Heriberto Lugo…

          Permíteme, diputado… Entonces, se abre el debate con la participación del diputado Lugo, a favor.

                                                     INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                                     HERIBERTO LUGO CONTRERAS

          Gracias, Presidente.

Diputado Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.
Compañeras y compañeros diputados.
Medios de comunicación:

          El tema educación en nuestro país, y en particular en el Estado de Michoacán, en necesario abordarlo como un asunto
estratégico para el desarrollo social. Nuestro rezago estructural educativo, ese marasmo al que se refería Felipe Calderón en su
Tercer Informe de Gobierno, pero al cual no atinaba diagnosticar con suficiencia, y mucho menos abordar propositivamente, con
profundidad, no puede menos que merecer un debate sistemático y urgente, como condición básica para enfrentar la crisis, que
actualmente mantiene en vilo todos los ámbitos de la vida pública.

          Para el Partido de la Revolución Democrática es urgente que el Estado mexicano retome los principios básicos sobre
los cuales debe fundar todo proyecto y alternativa educativa, es decir, ahora más que nunca es necesario reconstruir un sistema
educativo nacional que sea verdaderamente público, laico y gratuito.

         Afirma Carlos Monsiváis: “Si para los últimos gobiernos, la educación ha sido la abstracción que oculta el trámite
minimizable y para la sociedad el aparato borroso a cargo de los niños, para la historia de México es uno de los factores
centrales en explicación de avances y retrocesos. Es hora de aprender nuestras deudas profundas con los maestros y, por
extensión lógica, con los alumnos y la sociedad”.

          Si es sincera la voluntad de transformación de Calderón y de su partido, y si el Partido Revolucionario Institucional se
suma a esta transformación real de las condiciones de vida de los mexicanos, tendrán que escuchar los motivos por los cuales
este cambio de rumbo en el país es para nosotros muy distinto al que ambos plantean. A partir de esto último es que podemos
construir nuevos acuerdos y nuevas alternativas; nuestras diferencias serán la materia prima de nuestras coincidencias.

          Por lo anterior, la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática expresa su apoyo al Punto de
Acuerdo aquí presentado; sin embargo, como la política educativa es un asunto de la mayor importancia para los Poderes del
Estado, y sobre todo para la sociedad, proponemos que este Punto de Acuerdo se turne a Comisiones, para que la reflexión y
las decisiones soberanas que esta Legislatura tome al respecto cuenten con un trabajo legislativo de mayor intensidad y
alcance, a la altura de lo que nos exige esta difícil coyuntura. Y así cumplir con el compromiso asumido en esta misma tribuna de
que sea el Pleno del Congreso del Estado, en una reunión especial, que discuta tan delicado asunto.

         Sin embargo, queremos expresar algunos razonamientos sobre el tema de la crisis y su impacto en el tema educativo.

         Estamos frente a un Gobierno Federal que no apoya al financiamiento requerido para impulsar en todo el país la
educación pública y gratuita en todos sus niveles.

           En política educativa, bajo el enfoque del actual Gobierno Federal, la escuela se ve desde una visión empresarial y se
le confiere la formación de la futura fuerza laboral centrada en el manejo de competencias empresariales propias del mercado.
Por tanto, la educación deja de concebirse como derecho social y como asunto de interés público, sujeto más bien a las leyes de
la oferta y la demanda; la educación se convierte en un asunto de quien la puede comprar y quien la puede vender

           Se ha llegado al extremo de atender en términos presupuestales contra la institución educativa más exitosa que cuenta
el país: la Universidad Nacional Autónoma de México. El recorte presupuestal de la UNAM es el camino hacia otro suicidio
educativo. Calderón no le perdona a la máxima casa de estudios del país que haya demostrado, a nivel internacional, que la
educación superior pública, laica y gratuita, en donde se realiza la investigación de altísima calidad y utilidad social, sea uno de
los proyectos más sólidos y un orgullo del otro México que Calderón desprecia.

           Lo entendemos: el éxito de la UNAM como universidad pública está en las antípodas de la educación y la investigación
científica vistas solamente como empresas de investigación científica de libre mercado. Lejos de buscar que la investigación
científica sirva a la sociedad y al futuro del país, se confronta y la pone en peligro utilizando al Estado.

         Por el otro lado, la Alianza por la Calidad Educativa, impulsada por el Gobierno Federal y diseñada desde los modelos
implementados por el Banco Mundial, plantea la desconcentración administrativa de los sistemas educativos y disminuye la
capacidad de inversión en educación por parte del Estado, aplicando la reducción de los presupuestos en el gasto educativo por
más de 5 mil millones de pesos tan sólo en 2009.

          Los estados y los municipios no tienen posibilidades mayores de resolver las necesidades educativas, dado que los
recursos que le aporta la Federación son insuficientes. Los recursos que se invierten para abatir el rezago educativo son
financiados desde el Banco Mundial en programas como el PAREIB y el Programa de Escuelas de Calidad, el Programa de
Apoyo a la Gestión Educativa, CONAFE, entre otros. Esto atenta contra la gratuidad de la escuela pública e instituye el
cofinanciamiento, con una doble aportación de los padres de familia al pagar sus impuestos y al pagar cooperaciones y faenas.
Cabe destacar que en Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional en Escuelas de Calidad, a pesar de que los resultados
de estos programas no han sido los esperados por el Banco Mundial, pues no alcanzan los estándares que impone la evaluación
externa desde la OCDE, pues según ellos, nuestro Estado y el país se encuentran en los últimos lugares en el manejo de las
matemáticas y las habilidades de comunicacionales.

          Debido a las lógicas impuestas desde el exterior, las ciencias sociales y humanistas han sido excluidas del tronco
común de materias en los planes y programas de estudio, así lo reprueban las reformas en la universidad, en el nivel medio
superior, en primaria, preescolar y recientemente con la Reforma en Educación Secundaria y Media Superior. Finalmente, el
Gobierno Federal ha decretado la desaparición en los libros de textos de pasajes significativos de nuestra historia, como una
manera de confinar a las nuevas generaciones al olvido del pasado y manipulando con esto su conciencia histórica.

         Todo esto ha sido propuesto desde la visión neoliberal, ignorando el rechazo generalizado de la sociedad y del
magisterio nacional, la opinión de los historiadores, geógrafos y filósofos eméritos, que han planteado que esta reforma es
altamente destructiva de nuestra conciencia histórica y de nuestra identidad nacional.
         La matemática y otras ciencias exactas hoy están reducidas a una visión pragmática e instrumentalista. La ciencia y la
tecnología en nuestro país están contra las cuerdas, su desarrollo y utilidad social se encuentran muy lejos de las prioridades del
Gobierno Federal, que desatiende el llamado de organismos internacionales, los cuales recomiendan que, en tiempos de crisis
económica, es urgente impulsar el desarrollo científico y tecnológico.

           En investigación es casi nula la inversión, pues se le asigna sólo el 0.4 porcentual del producto interno bruto en nuestro
país, contando únicamente con un padrón menor a los 10 mil investigadores. Se forman 1,000 doctores al año, mientras que en
Estados Unidos se forman 58,000, en España 6,000. Somos un país importador de tecnología, es decir, carentes de soberanía
científica y tecnológica. En los estados de la República se tiene la misma situación: la reducción de presupuesto no permite el
financiamiento de programas de investigación en los centros educativos del nivel medio superior.

          En su decálogo para transformar al país, Calderón ha dicho, en su tercer postulado, que su objetivo será "alcanzar una
educación de calidad y superar el marasmo de intereses a fin de que la educación sea la puerta grande para salir de la pobreza".
Es decir, Calderón denuncia este marasmo educativo y, concediendo que emprenderá acciones concretas para terminar con él,
nos adelantamos a pensar que vendrá una ruptura con los intereses que impiden que la educación nos conduzca para salir de la
pobreza; es decir, terminará con la influencia del sindicato magisterial dominante y su presidenta, Elba Esther Gordillo, tenidos
casi universalmente como causantes del deterioro y el desastre educativo nacional. De no ser así, lo que vendrá será más bien
una simulación.

          Nosotros proponemos que este Punto de Acuerdo vaya a Comisiones, porque coincidimos en que no debe haber
duplicidad de funciones, y que en venta de plazas se debe hacer una investigación exhaustiva sobre, en dónde y quiénes las
están haciendo, para que puedan tener el castigo; y la distribución de libros de texto se haga un análisis muy profundo para que
todos los diputados conozcan el tema y, aparte, que verifiquemos la Comisión de Educación si se están invirtiendo los recursos
para infraestructura, cosa que ya hemos hecho en parte, pero que nos falta.

          Entonces, proponemos que este Punto de Acuerdo se mande a Comisiones.

                                                DIPUTADO PRESIDENTE, ES CUANTO.

[PRESIDENTE]:

          Gracias, diputado.

         Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Manuel Macedo, y se solicita al diputado Manuel Antúnez Oviedo a
que suba a sustituir al diputado.

                                                   INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                                 JUAN MANUEL MACEDO NEGRETE

Con su permiso, señor Presidente.
A los compañeros de la Mesa Directiva.
A todos los compañeros diputados, diputadas.
Compañeros de la prensa.
Y al público en general:

          Nuestro razonamiento es a favor en función de que hay esos motivos, y más tal vez, para hacer un exhorto al Gobierno
Estatal y al Gobierno Federal, que la aplicación de la educación sea como lo estipula el artículo tercero: laica, gratuita,
obligatoria. Lamentablemente, bien se ha dicho, en el Estado de Michoacán las cosas no son como quisiéramos que fueran, ya
no como en otros estados, porque también hay estados que sufren este tipo de situaciones como las que vivimos aquí.

         Comparto en la generalidad lo que plantea el Partido Revolucionario Institucional; en algunas no comparto con el
Partido de la Revolución Democrática. E iniciemos mi participación con que hay un acuerdo previo de hace más de un año de
haber tenido una sesión para ver cuál era el trato que le íbamos a dar a la educación en Michoacán, y hace más de un año que
no se toca este tema hasta que otra vez hay poner el dedo en la llaga; hay que ver que la anarquía, que la Secretaría de
Educación no tiene personalidad, actualmente no tiene cabeza, no tiene pies, no tiene absolutamente nada, más que un grupo
de personas que supuestamente trabajan pero que lamentablemente las cosas no salen.
          Esto quiere decir que hoy podemos programar una sesión, pero que lamentablemente las cosas pueden olvidarse otra
vez, y ya nada más quedan dos años de gestión del actual Gobernador, más seis que tuvo el gobernador Lázaro Cárdenas, qué
lamentable es que los recuentos que se hacen en este momento no son los más óptimos. A mí me preocupa que el exhorto que
se hizo el 24 de junio del año pasado nunca se contestó respecto a la Alianza por la Calidad Educativa, y me preocupa porque
siempre hubo evasivas y aparentemente razones que no convencían, ya no al aparato del Ejecutivo el porqué no era
conveniente, nunca nos han dado una razón adecuada, el porqué la Alianza por la Calidad Educativa no se acepta.

          Yo quiero decirles que el lunes, el lunes, en la Ciudad de México se firmó un sistema de bachillerato a nivel nacional; y
curiosamente, el señor Gobernador estuvo ahí. El señor Gobernador sí firmó un acuerdo nacional de bachillerato, ¡cuando
nosotros carecemos de lo más elemental en educación básica! ¡Qué vamos a generar en el bachillerato, si hoy las peores
condiciones las tenemos en la educación básica! ¡Y aquí está el nombre del señor Gobernador Leonel Godoy, junto con ocho
gobernadores más en representación de todos y cada uno de ellos!: Reforma, martes 22 de septiembre de 2009 –aquí está la
nota–, y en otros diarios más.

           ¿Por qué allí sí se dan las cosas? ¿Por qué no se dan de otra manera, integrales? A mí no nada más me preocupa ni
el bachillerato, ni educación básica, ¡preocupa la Universidad! La Universidad tiene muchos problemas, yo lo comentaba hace un
par de días: creo que la Universidad requiere una reforma que se ha presumido desde hace algunos años que se va a aplicar y
no se aplica.

          Y que sigamos teniendo y viendo ahí que supuestamente se van a generar las condiciones para reformar incluso la
elección del señor Rector. El Consejo de ancianos es el que lo elije y el que dice quién es el próximo rector, ese Consejo de
ancianos es una sola persona, y nosotros sabemos quién es, para qué nos hacemos. Aquí nada más hay una persona que por
dedazo designa quién es el rector, y ya sabemos probablemente quién pudiera ser el próximo.

           Necesitamos una reforma, necesitamos una reforma integral, en la que desde educación inicial hasta superior las
condiciones generen, para mejor educación a nivel estatal. Hoy, la Secretaría está agrediendo a los maestros: ¡les está pidiendo
la jubilación, engañándolos; les está pidiendo la jubilación, porque confunde un tema con el otro! Les dice que a partir del
primero de enero no se pueden jubilar porque entra la Ley del ISSSTE. Compañeros, ni la Secretaria de Educación sabe que
una cosa es el ISSSTE y otra cosa es terminar con mi servicio después de los años que pueda yo cumplir.

          ¡Y muchos de nosotros todavía no conocemos todavía la Ley del ISSSTE, porque lamentablemente no hemos leído el
contenido fundamental! Hoy quieren hacerse de recursos que curiosamente la ACE, la Alianza por la Calidad Educativa, en una
parte establece que necesitamos recuperar recursos para poderlos boletinar y poderlos trasparentar; pero en una parte sí
funciona la ACE, en la otra no funciona, en la otra es neoliberal, en la otra tiene otros proyectos, en la otra hay situaciones que
no podemos nosotros aceptar.

          Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de asignar los recursos, y sí decirle a la Secretaria de
Educación: ¡Ni un peso a congresos que no estén avalados por el Congreso y por la Secretaria de Educación o la Secretaría de
Educación! Hoy se presume que va a haber un congreso popular, otra vez donde hace algunos años se gastaron más de 5
millones; esos 5 millones de pesos sirven para muchas escuelas que no tienen ni butacas, ni láminas, ni absolutamente nada, y
que nada más se llaman escuelas porque ahí está un maestro y está un grupo de alumnos.

          El secuestro de la Secretaría sigue. Necesitamos verdaderamente aplicarnos. Coincido y, para no hacer más larga mi
intervención, haría un apunte: decía el diputado Wilfrido: ¿cómo es posible que sigamos trabajando con libros de 1993 en
secundaria, cuando hay una reforma para la educación secundaria desde hace cuatro años? Los certificados están saliendo con
el plan 93 cuando a nivel nacional ya están con el plan 2007. No es posible que a estas alturas sigamos teniendo este problema.

           Critican los compañeros que son muy estudiosos, que se dedican mucho a investigar, critican que hoy no viene la
historia tal y como se establece, o como la hemos venido aprendiendo; pero yo digo: ¿los libros de 1993 seguirán todavía
vigentes en el siglo XXI? Me parece que no, me parece que tenemos que empezarle a dar personalidad, normatividad y
presencia a la Secretaria de Educación en el Estado, desde aquí.

         Y yo solicito muy respetuosamente que efectivamente, el Punto de Acuerdo se vaya a la Comisión, lo disputamos y
que logremos, logremos, acordar una sesión especial para ver de una vez por todas cuál es el trato de la Secretaría de
Educación en el Estado y cuál va a ser su política, por lo menos en el resto de estos dos años.

                                              MUCHAS GRACIAS, SEÑOR PRESIDENTE.

DIPUTADA LOURDES ESPERANZA TORRES VARGAS:
         ¿Diputado Presidente?... Para razonar el voto.

[PRESIDENTE]:

         Se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Torres.

         ¿En qué sentido, diputada, va su…?

DIPUTADA LOURDES ESPERANZA TORRES VARGAS:

         A favor.

[PRESIDENTE]:

         Gracias.

                                                 INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA
                                              LOURDES ESPERANZA TORRES VARGAS

Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores.
Medios de comunicación:

          Es un hecho que el sistema educativo en Michoacán, desde hace tiempo, ha sufrido el embate de fuerzas con
intereses ajenos a la función esencial educativa; que dichas fuerzas continúan intentando sacar provecho económico y político
del sistema educativo, situación que merma la calidad de la Administración Pública en materia educativa, y disminuye las
facultades y atribuciones sometiéndola a un desempeño irregular que genera falta de eficacia en el cumplimiento de todas sus
responsabilidades.

          Así, por ejemplo, la actual Titular de la Secretaría de Educación ha reconocido públicamente los últimos lugares en que
nos encontramos a nivel nacional en rubros como la eficiencia terminal y deserción escolar, en la educación básica y media
superior, algo que era de todos conocido pero que ahora se ha decidido tomar como punto de partida y parece comenzará a
combatir dichos índices seriamente.

         Este reconocimiento resulta indispensable para la ejecución de cualquier política pública responsable, pero con el
ambiente magisterial que se vive hoy en día, aparte es necesario sumar fuerzas y hacer prevalecer el Estado de Derecho
mediante los canales del diálogo, siempre conscientes de que el interés superior de los educandos es innegociable y que debe
defenderse a toda costa.

            Por ejemplo, no es aceptable que la autoridad educativa propicie la deserción o prive a los alumnos de su continuidad
en el sistema educativo por no haber tenido condiciones administrativas para entregar un certificado oficial de validación de
estudios; esto es en verdad preocupante, por el esfuerzo que representa para la población culminar cualquier año de estudios;
invertir tiempo y los requerimientos que implica para las familias, sumando los demás factores que ya desalientan e inhiben la
opción del estudio, provocando los bajos índices de eficiencia terminal y de deserción de los referidos.

          En materia de control administrativo, la cuestión de las plazas es una situación por demás compleja, partiendo del
hecho discutible de otorgar plazas de manera automática a aquellos que terminan sus estudios de licenciatura en educación, sin
más, hasta el traspaso de las mismas mediante simulaciones legales, o incluso ilegales, al realizarse mediante una práctica
mercantil sistemática.

          Como aquí se comenta, si se engaña a la persona interesada vendiéndole una plaza inexistente, o bien, si se
concursan y otorgan plazas por personas no autorizadas para tal fin, es criticable que luego un conjunto de personas afectadas
por tales hechos exijan que se reconozca un carácter oficial a las plazas dadas de manera irregular, cosa que ha sucedido y,
lógicamente, ha ido en detrimento del presupuesto educativo, pero sobre todo de los controles de calidad que deberíamos exigir
a nuestros maestros.

         Por otro lado, es responsabilidad del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación, distribuir con
oportunidad y eficiencia los libros de texto gratuito y demás materiales didácticos que proporcione la autoridad educativa federal;
sin embargo, sabemos que por posiciones políticas divergentes respecto al Pacto Federal en materia educativa, situación por
demás irregular, somos el único Estado en que se han tenido que comprar libros del viejo plan de estudios para secundaria, y
ahora se pretende hacer caso omiso a las reformas al nivel primaria.

          Tratar de imponer una visión en este aspecto resulta injustificable, el Estado está obligado a cumplir con los planes y
programas que se rigen a nivel federal y que diseñan las propias autoridades federales; o sea, no es cuestión de criterios o una
facultad potestativa del Gobierno Estatal repartir, o no, los libros de texto gratuitos que envía la Federación.

          Finalmente, recordemos que el posible rebrote del virus de la influenza A H1N1 es un peligro latente, por lo que
debemos atender las recomendaciones que emitan las autoridades federales y estatales, para los diferentes ámbitos de la vida
cotidiana; pero sobre todo es impostergable implementar los filtros sanitarios en todas las escuelas conforme lo indican la
Secretaría de Salud y la de Educación Pública, ya que los centros escolares son un foco rojo, que si bien en últimos días no han
tenido situaciones alarmantes, lo propicio es ejecutar con inmediatez las respectivas estrategias preventivas, y continuar sin un
decreto de suspensión de clases que implique, aparte, irregularidades, como la difícil recuperación de clases y el apego de horas
extras que exigieron algunos maestros durante el brote del virus.

         Confío plenamente en que la Titular de la Secretaría de Educación del Estado cumplirá a cabalidad con los
requerimientos expresados en este Punto de Acuerdo, y manifiesto públicamente la disposición del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional a fin de colaborar, en la medida de lo posible, con el reencauzamiento del sistema educativo en el
Estado, por su replanteamiento y reconstrucción, pero sobre todo por el derecho de los michoacanos a una educación de
calidad.

         Es cuanto, diputado Presidente.

DIPUTADO LUIS MANUEL ANTÚNEZ OVIEDO:

         ¿Señor Presidente, puedo hacer una moción?...

[PRESIDENTE]:

         Adelante, diputado.

DIPUTADO LUIS MANUEL ANTÚNEZ OVIEDO:

         Aquí desde mi lugar.

         Mire: yo quisiera proponer que retomemos el acuerdo de celebrar foros en la materia. Ése es un acuerdo que se tomó
hace ya tres o cuatro meses probablemente, no tengo el dato aquí; pero está tomado el acuerdo. Para el mí el tema es
fundamental, es vital para Michoacán, para el país también. Yo sugeriría proponer que retomemos este Acuerdo, e iniciemos de
inmediato un periodo a fondo de análisis con todos los interesados en el tema y tengamos conclusiones oportunas y precisas.
Gracias.

[PRESIDENTE]:

         Gracias, diputado.

         Sí, su solicitud o su moción será atendida y, desde luego, pasada y enterada a la Comisión de Educación.

         Se somete a su consideración en votación económica si el Punto de Acuerdo se encuentra suficientemente discutido;
quienes así lo consideren, favor de manifestarlo en la forma señalada… Aprobado.

          Con fundamento en el artículo 118 fracción III de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado,
túrnese el Punto de Acuerdo a la Comisión de Educación para su conocimiento, estudio y trámite conducente.

          En cumplimiento del decimosegundo punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Librado
Martínez Carranza, a efecto de dar lectura del posicionamiento sobre el reciclado del papel y reducción del uso del PET en
oficinas públicas.
          Adicionalmente, solicitamos al Primer Secretario pasar a ocupar la Presidencia, y se solicita al diputado Jesús Ávalos
Plata suplir al Primer Secretario.

DIPUTADO LIBRADO MARTÍNEZ CARRANZA:

            Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes…

[PRESIDENTE]:

            Disculpe, diputado. Una aclaración: dije decimosegundo, es el decimoséptimo punto del orden del día. Gracias.
Continúe.

DIPUTADO LIBRADO MARTÍNEZ CARRANZA:

Con su permiso, diputado Presidente
Eduardo Sánchez Martínez.
Diputados integrantes de la Mesa Directiva de este
Honorable Congreso.
Compañeras y compañeros legisladores.
Amables medios de comunicación que nos acompañan.
Amigas y amigos todos:

         He solicitado el uso de la palabra, con fundamento en el artículo 10 fracción II de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado, para compartir con el Pleno algunas reflexiones sobre el consumo y uso de pape, así como el uso del
PET, más conocido en estas botellitas de plástico.

          Todos los seres humanos somos responsables de la situación en la que actualmente se encuentra nuestro planeta
Tierra, así como también en cada uno de nosotros están las soluciones, por lo cual hay que llevar a cabo acciones que, por
pequeñas que parezcan, son relevantes, como las propuestas en el Decreto federal vigente de fecha 5 de septiembre de 2007,
en el que se ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que el papel que se adquiera contenga
en su composición material reciclado fibras naturales no derivadas de la madera, o materias primas provenientes del bosque y
de plantaciones forestales que se manejen de manera sustentable, salvo que por la naturaleza de los documentos a emitir, por
consideraciones técnicas o de disponibilidad en el mercado, se deba utilizar papel con otras características.

        Por otra parte, la Ley de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo, en el artículo 48,
ordena a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, a los ayuntamientos y a los organismos autónomos,
implementar sistemas de gestión ambiental en todas sus dependencias y entidades, así como programas de capacitación,
mejoramiento ambiental en la prestación del servicio público, que tengan por objeto prevenir y minimizar los daños al ambiente y
aumentar la preservación de los recursos naturales aprovechando su valor.

          Asimismo que en el proceso de adquisición de bienes para la prestación de sus servicios y el cumplimiento de sus
funciones, conviene promover la utilización y el consumo de productos compuestos total o parcialmente de materiales
valorizables, reciclados o reciclables, y evitar o minimizar el consumo de artículos que tengan un impacto negativo sobre el
ambiente.

         Todo esto obliga al cumplimiento de las disposiciones legales, como el consumo de papel reciclado y su reúso, así
como la reducción en el consumo de productos envasados en recipientes de plástico, mejorando con ello hábitos de vida y
ahorros económicos dentro de las áreas administrativas del Congreso y de todas las dependencias del Gobierno Estatal y
Municipal.

         Utilizando información práctica y sencilla, se logrará de manera clara y tangible el entendimiento de la implementación
de acciones que conduzcan al desarrollo sustentable de los recursos naturales, para la fabricación de las hojas de papel que
necesariamente se utilizan en las oficinas administrativas de las mencionadas dependencias.

         Teniendo el objetivo de preservar el ambiente con la participación responsable en el cuidado, la protección y el
aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, lograremos afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el
patrimonio natural y la calidad de vida.
         Imponer como criterio rector la sustentabilidad ambiental en el fomento de las actividades productivas incorporando
consideraciones de impacto en las políticas públicas, para frenar el creciente deterioro de los ecosistemas.

          Detener la deforestación, evitar la tala clandestina, prevenir los incendios forestales y la introducción de especies no
nativas, como factores de efecto negativo en los bosques y selvas del país, son medidas importantes para darle un destino
diferente a las selvas y bosques de México.

         Promoviendo la disminución del consumo de plásticos, que se fabrican como derivados del petróleo, estaremos
contribuyendo a forjar un ambiente más sano para las presentes y futuras generaciones de México y de Michoacán.

         Es por ello que el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los gobiernos municipales, como principales impulsores de la política
ambiental en el Estado, debemos asumir la obligación de impulsar una cultura del uso sustentable de los recursos naturales,
adoptando medidas orientadas a la reducción de daños al medio ambiente, mediante esquemas de manejo racional de los
recursos naturales.

          En cumplimiento a los ordenamientos legales señalados, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los
ayuntamientos y los organismos autónomos, las dependencias de la Administraciones Públicas en el Estado, estamos obligados
a implementar sistemas de gestión ambiental en todas las dependencias y entidades, para que se adquiera únicamente papel
para impresión y fotocopiado, fabricado con material reciclado, e implementen programas tendientes a reducir su consumo, así
como el de productos envasados en recipientes de plástico conocidos como PET, pues es necesario y es tiempo de mostrar a
los ciudadanos que el sistema político funciona, que sumados institucionalmente se preservan los ecosistemas y se garantiza la
calidad de vida y el derecho de un medio ambiente sano de nuestras futuras generaciones.

         Es cuanto, diputado.

DIPUTADO ARTURO GUZMÁN ÁBREGO:

         ¿Diputado Presidente?... Para hechos, por favor.

[PRIMER SECRETARIO,
EN FUNCIÓN DE PRESIDENTE]:

         Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

                                                   INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                                    ARTURO GUZMÁN ÁBREGO

Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeros de la Mesa Directiva.
Compañeros diputados.
Estimados medios de comunicación.
Público que nos acompaña.
Buenas tardes:

          He solicitado el uso de la palabra simplemente para mencionar que coincidimos, en una gran medida, con lo que acaba
de comentar nuestro compañero diputado, diputado Librado Martínez, y que, si la memoria no me falla, he abordado esta tribuna
en diferentes ocasiones para hacer lo mismo, y quizá con mayor profundidad en el sustento jurídico y en base a cifras, en lo
administrativo y lo práctico, que hoy nuevamente nuestro compañero diputado Librado asiste a esta tribuna.

          En realidad, lo trascendente no es quién presenta el planteamiento, lo trascendente debe ser el fondo del asunto, que
es ayudarnos ayudando al medio ambiente. ¿Y por qué lo digo? Han sido ya dos ocasiones –y lo reitero–, dos, en las que he
solicitado respetuosamente el uso de la palabra, como ahora, para que seamos ejemplo para la sociedad en materia de
reducción de consumo de energía, en materia de reducción en el consumo de agua embotellada y, desde luego, en el consumo
del papel que se origina en este Congreso.

         Sin embargo, no hemos tenido eco ni respuesta a lo solicitado. Ojalá que en esta tercera ocasión, y por primera por
parte de la Fracción del PAN, encontremos eco en esta Honorable Legislatura, y enviemos un verdadero mensaje a los
ciudadanos de la verdadera conciencia ecologista y de recursos de optimización al interior de este órgano legislativo. Está en
nosotros empezar a hacer el cambio.
          Es bien sabido por todos que estamos destruyendo poco a poco nuestro planeta y que, si todos tomamos en cuenta
del daño enorme que estamos generando y ponemos manos a la obra, lograremos disminuir en gran medida la generación de
residuos de cualquier índole. Es verdaderamente urgente que se haga algo al respecto. No se tiene a la fecha un dato exacto de
cuánto tiempo puede transcurrir de que una botella de plástico o de vidrio tarde en degradarse; sin embargo, ya habíamos
comentado que una bolsa de plástico tarda cerca de cien años, y una botella de plástico tarda alrededor de mil, lo que significa
que la degradación es lenta y puede generarse por parte de muchas generaciones valiéndome de la expresión.

          Ahora bien, hablando del uso del papel en las oficinas, podríamos utilizar acertadamente –y coincidimos con nuestro
compañero Librado– en papel reciclado, no en reciclable, sino utilizar papel reciclado; e incluso, señalando que podemos adquirir
el 70% del material que aquí se utiliza de material de igual forma reciclado, de papel reciclado, defendiendo así y contribuyendo
a la disminución de la tala de las zonas forestales, dígase legal o clandestina.

           Coincidimos en que es imperioso que contemos con planes y políticas de manejo de los residuos sólidos en todas las
oficinas, llámeseles de gobierno o privadas, no importando quién lo promueva, sea Gobierno Federal, Estatal o Municipal, o de
qué partido político emane. Lo que debe importar es que a la naturaleza –y lo debemos recordar– le bastan tan sólo cinco
segundos o treinta minutos de lluvia para poder mostrarnos los sucios e irrespetuosos que somos con ella misma; que
simplemente nos muestra la fragilidad con la que vivimos y, desde luego, nos muestra que debemos tomar en consideración que
es con ella con quien vivimos y de ella es de la que vivimos.

          Es necesario que nos empecemos a concientizar para educarnos en relación al uso sustentable de los recursos
naturales, lo cual definitivamente se verá proyectado en la optimización del uso de recursos económicos, así como una mejor
calidad de vida para todos.

          Ahora bien, tenemos que analizar profundamente en qué nivel se ha acatado lo referente a que todas las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o Estatal utilicen materiales reciclados y fibras naturales, ya que
si en verdad se aplicara al 100%, sería un avance importante y que se estaría forzando a que los productores reutilizaran,
reciclaran y trabajaran con todo este tipo de materiales que en gran medida estarían permitiendo preservar el medio ambiente.

           El buen juez por su casa empieza. Vamos haciendo un plan integral para que dentro de este Honorable Congreso se
recicle, se reutilice y trabajemos con materiales que le sean menos dañinos al medio ambiente. Es tiempo de dejar de soñar y
ponernos a actuar. Es tiempo de dejar el discurso y hablar, pero con acciones.

                                               ES CUANDO, DIPUTADO PRESIDENTE.

[PRIMER SECRETARIO,
EN FUNCIÓN DE PRESIDENTE]:

         Pregunto si algún otro diputado desea hacer uso de la tribuna...

         El Pleno ha quedado debidamente enterado.

         En atención del decimoctavo punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Manuel Macedo
Negrete, a efecto de dar lectura al posicionamiento relativo al Paquete Económico Fiscal del Año 2010, federal y estatal.

         Y le solicitamos al diputado Roberto Colín tomar el lugar de la Tercera Secretaría.

DIPUTADO JUAN MANUEL MACEDO NEGRETE:

Con permiso de esta Honorable Presidencia.
Compañeras, compañeros diputados.
Compañeros legisladores.
Estimadas amigas y amigos de los
medios de comunicación.
Ciudadanía en general:

        Juan Manuel Macedo Negrete, diputado único del Partido Nueva Alianza, de la Septuagésima Primera Legislatura del
H. Congreso de Michoacán de Ocampo, en el ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 10 fracción I y 118 relativos
de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito manifestar ante esta
Honorable Asamblea Legislativa el siguiente

                                                       PRONUNCIAMIENTO:

          El anuncio, de hace algunos días, del Gobierno Federal, de crear nuevos impuestos, propuesta contenida en el nuevo
Paquete Fiscal 2010, no es más que otro duro golpe a los bolsillos de todas las familias mexicanas. De igual forma, se anunció
la eliminación de tres Secretarías. El Gobierno de México presentó ayer un Paquete Económico que incluye mayores impuestos
y recortes al gasto gubernamental, con los que busca, según el Presidente de la República, recursos adicionales para lidiar con
su peor crisis económica en décadas.

           En su Paquete Económico propone crear un nuevo impuesto de 2% a los ingresos derivados de ventas en cada etapa
de la cadena productiva. Sin embargo, algunos analistas consideran que este nuevo impuesto es en realidad un incremento al
IVA, que está en 15% y pasará al 17%. Además, busca aumentar temporalmente el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para
personas físicas y morales de 28% a 30% mayores ingresos hasta 2012, incrementar el tributo sobre los depósitos en efectivo y
aplicarlo a los de menor monto.

          En su plan también propone mayores impuestos para el tabaco, la cerveza, otras bebidas alcohólicas, juegos,
apuestas y a las telecomunicaciones. México sufre la caída de las exportaciones a Estados Unidos, su principal socio comercial;
el desplome de la producción petrolera, la caída del precio del crudo en los mercados internacionales y los efectos económicos
del brote de nueva gripe.

           El Gobierno Federal quiere erradicar la pobreza creando miseria total. Se van a aumentar los impuestos, gasolina, gas,
electricidad, etc., pero no se habla de aquellos que no pagan impuestos. ¿Los van a obligar a pagar? Se me hace ridículo este
plan de austeridad del Gobierno Federal, se supone que se debe proteger el empleo y lo que van a hacer es quitar tres
dependencias, estarían quitando trabajo a miles de personas; además, se supone que van a hacer más con menos.

         Sinceramente, pienso que el Gobierno Federal piensa ayudar al país con esta propuesta, pero en realidad lo que pasa
es que no se está ubicando en nuestra realidad, y hablo por la mayoría de los mexicanos, por los que se levantan a las 5:30 de
la mañana para ir a trabajar y están de regreso en sus hogares a las 20 ó 21 horas, y su sueldo tiene un promedio de 2,500 a
4,000 pesos, si bien les va, a la quincena; y me refiero a profesionistas que laboran en empresas, porque otros empleados en
general ganan un promedio de 1,200 pesos quincenales. ¿Creen entonces que se puedan pagar más impuestos?

         Por otra parte, el Secretario de Administración y Finanzas en nuestro Estado informó que para el Ejercicio Fiscal 2010,
el Gobierno del Estado volverá, ahora de forma más eficaz y en búsqueda de una mayor recaudación, a implementar
mecanismos para obtener mayores ingresos, sin establecer nuevos impuestos, a su vez reforzar el ya vigente programa de
austeridad.

          Ante la evidente caída de ingresos de la Federación y del recorte que se prevé al presupuesto federal, considero que
es de vital importancia que los michoacanos sepamos que el Ejecutivo Estatal debe de profundizar en la búsqueda de mejorar la
eficiencia recaudatoria platicada y consensuada con los legisladores y alcaldes, para hacer un uso razonable de los recursos,
donde la inversión se focalice a la infraestructura, al campo y al turismo, así como garantizar todos los programas sociales. Es
con la fórmula anterior con la que podría solucionarse justamente la eficiencia recaudatoria, mas no con la elevación de
impuestos.

          Se debe estudiar a profundidad la viabilidad de todos los programas que ejecutan las dependencias, para así
determinar cuáles son imperantes, quedando exentos obviamente los programas sociales. Sería un error imperdonable que en
este momento de crisis se implementen más tributos, más bien lo que debería hacer nuestro Ejecutivo es implementar una forma
más eficiente en la cobranza de los mismos.

          En el mismo sentido, consideramos que en todos los niveles del Gobierno del Estado no debería de haber incremento
a salarios, y al contrario, se deberían de reducir estructuras y combatir de manera frontal la corrupción, todas las compras de
bienes, cancelarlas, etc. La crisis que enfrentamos es peor que la que se vivió en 1994, y en este momento plantear una nueva
carga fiscal para los mexicanos sería como llevarlos al caos económico.

          Manifestamos que el Poder Legislativo tiene toda la disposición de coadyuvar con el encargado de la administración
financiera del Estado, con la finalidad de lograr hacer un uso responsable del recurso público, que permita impulsar el desarrollo
y proteger el empleo, donde la inversión se focalizará en infraestructura, campo, aprovechando al máximo el marco jurídico que
tiene el Estado, lo que le permite hacer obras mediante los proyectos de prestación de servicios, impulsando con ello la
participación de la iniciativa privada en el desarrollo de Michoacán.

         Y es, por su parte, que los gobiernos municipales en la actualidad deben priorizar las obras que realizarán durante los
próximos meses, y de esa forma hacer un uso adecuado de los recursos, siempre pensando en el desarrollo y crecimiento
social.

          Otra prioridad para poder economizar y no ver mermada la economía del Estado, es lo referente a la transparencia que
debe haber en los sueldos de los funcionarios. No debe de haber nóminas discrecionales. El sueldo es un instrumento que debe
permitir al servidor público vivir con decoro en el cumplimiento de su función, pero los recursos públicos no deben ser botín de
nadie.

         Se acabaron los tiempos en los que la meta era enriquecerse a costa del presupuesto; todos debemos trabajar sin
descanso, sin reservas, sin ambición, sin otra ambición que no sea la de avanzar en el progreso de México, de Michoacán, y
asegurar el bienestar de los mexicanos.

          Con el mismo salario, o con uno más bajo, pueden contratar a gente calificada. Hay personas que viven en el Estado,
algunos desempleados que podrían hacer un trabajo más decoroso que lo que ahora hacen muchos funcionarios de primer nivel,
y que vienen importados de otras partes; es decir, que se note que se quiere hacer algo por salir avante con el presupuesto que
se tiene, y no incrementar los tributos como salida de emergencia; desarrollo social no es darle golpes duros a la población, es
enseñar a pescar y proveer lo necesario para que así se realice.

          Qué fácil es gobernar y resolver los problemas económicos del país aumentando impuestos, ¿y a eso le llaman
administración? ¿Qué pasa? Necesitamos reformas de fondo y con sentido social, pero parece imposible. Urge un cambio, sí, un
cambio, pero de cultura en nuestro país. Si queremos que nuestros hijos tengan un México mejor, empecemos desde nuestras
familias dándole mejor educación y mejor ejemplo cultural a nuestros hijos, porque la cultura no se cambia de la noche a la
mañana. Necesitamos mejores mexicanos, mejores políticos.

         Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

DIPUTADO ARQUÍMIDES OSEGUERA SOLORIO:

         ¿Señor Presidente?... Para hechos. Arquímides Oseguera.

DIPUTADO EPIGMENIO JIMÉNEZ ROJAS:

         ¿Señor Presidente?...

[PRIMER SECRETARIO,
EN FUNCIÓN DE PRESIDENTE]:

         Adelante, diputado Arquímides, hasta por cinco minutos. Y a continuación el diputado Epigmenio Jiménez.

        También agradecemos al diputado Ávalos Plata su participación en la Primera Secretaría, y le pedimos al diputado
Eduardo Sánchez pasar a ocupar la Presidencia.

                                                 INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                                ARQUÍMIDES OSEGUERA SOLORIO

C. Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado.
Señores diputados.
Señoras diputadas.
Amigos compañeros medios de comunicación.
Presentes:
        Es necesario un cambio profundo de perspectivas de la manera de concebir la solución a los problemas nacionales. Y
este cambio no se ha reflejado ni en el decálogo presentado por Felipe Calderón en su Tercer Informe de Gobierno, ni en el
Paquete Económico para el año 2010 presentado por el Gobierno Federal.

          Ahora sabemos que fue un mito el argumento de que la crisis venía de afuera. Si bien el impacto mundial de la crisis
financiera lastimó la economía mexicana, el manejo por parte de la Administración de Calderón fue lamentable e irresponsable.
El Secretario de Hacienda no se cansó de repetir que la inminente crisis tendría un impacto controlado en México, y que el país
estaba preparado para enfrentarla. Ahora vemos cómo el catarrito se transformó en una de las peores depresiones de la
economía nacional en nuestra historia.

         Calderón no actúo a tiempo. Con las elecciones encima, ocultó los estragos que ya estábamos sufriendo y, sumado a
una planta productiva obsoleta y anacrónica, provocó la parálisis de la economía mexicana.

          La fragilidad interna de la economía mexicana está a la vista, contraria a otras economías emergentes que han podido
frenar, en algunas medidas, los efectos más destructivos de la crisis, gracias a las estrategias puntuales que han blindado a sus
sectores más desfavorecidos.

          Otros países asumieron con responsabilidad la actual coyuntura. Por ejemplo: Brasil pasará por esta turbulencia sin
afectar su crecimiento, ya que destinó a tiempo los recursos necesarios en sectores estratégicos, como el gasto social y la
inversión productiva. La turbulencia de los mercados internacionales tendrá un leve impacto en el crecimiento económico en
Brasil en 2009.

         No conforme con el pésimo manejo, el Gobierno mexicano anunció una lluvia de impuestos, destacando entre ellos el
que gravará con 2 por ciento el consumo. Y por si esto fuera poco, el mismo Secretario de Hacienda ha manifestado ahora que
la mayor parte de los nuevos gravámenes que contiene la propuesta económica gubernamental de 2010 deberán ser
permanentes, ya que se perdió una fuente duradera de ingresos por la caída de la plataforma de producción petrolera.

         No sólo es inaceptable esta nueva manera de enfrentar el deterioro de la economía mexicana, ahora también el
Gobierno Federal intenta chantajear y sembrar el temor en la sociedad, al amenazar, pueril, que si no se aprueba el 2 por ciento
al consumo, no habrá recursos para comprar vacunas ni para atender la pobreza. En vez de que el Gobierno alentara el
consumo, que a su vez estimule la producción y el empleo, lo lastima con este nuevo gravamen, aumentando las tasas de los
que ya se han establecido. El resultado puede ser de la disminución del consumo y lo que esto pueda traer de negativo.

         Este impuesto del 2 por ciento abatirá la adquisición de insumos no estrictamente necesarios. Incluso, los insumos más
indispensables se verán afectados, ya que bajará el volumen de la compra diaria y la necesaria para la subsistencia. Nuestra
economía se achicará aún más. Es una contradicción obvia y perversa que los pobres ayuden a pagar a los programas que
supuestamente los van a beneficiar, la economía doméstica de todos los mexicanos se verá seriamente afectada por la
predecible alza de los precios.

         Felipe Calderón reconoce que uno de cada cinco mexicanos vive en pobreza extrema. Ahora ha puesto como prioridad
el combate a esta ofensiva la situación en la que viven millones de mexicanos y ciudadanos.

          Sin embargo, el dispendio en el gasto por parte del Gobierno Federal, su incapacidad para aumentar el ingreso, su
vacilación ante el dilema de proponer mayor recaudación a partir de nuevos o generalizados gravámenes que pueden resultar en
mayor pauperización a los mexicanos, son sólo algunos de los síntomas que nos hacen desconfiar de las palabras de Calderón.

          La pobreza había sido un tema que los últimos dos gobiernos, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, habían
sacrificado en nombre de un engañoso crecimiento macroeconómico, de un combate a la delincuencia que resulta hoy falto de
estrategias reales, profundas, desgastado, y que lejos de poner a la ciudadanía a salvo, está causando un tipo de violencia
inédita. Los mexicanos se encuentran entre dos fuegos, el del crimen organizado y el de un Gobierno Federal que desprecia las
denuncias y señalamientos internacionales sobre los abusos y los daños colaterales que él mismo está causando.

         Estamos de acuerdo con poner como prioridad de la agenda nacional el combate a la pobreza, el Partido de la
Revolución Democrática se ha encargado una y otra vez de hacerle ver a Calderón que en la pobreza de millones de mexicanos
se encuentra la raíz de los grandes problemas nacionales.

          Sin embargo, decir que utilizará toda la fuerza del Estado para abatir la pobreza no basta. Los últimos gobiernos
federales han abusado de las palabras, y ahora que Calderón dice "toda la fuerza del Estado" suena hueco, más bien parece
emular la retórica tremendista del antiguo régimen. La pobreza no se combate con más impuestos para los mexicanos, eso es
seguro, y parece que al único que no le queda claro es al Gobierno Federal, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público quiere poner al límite la economía doméstica de millones de mexicanos.

          En estos días se debate con especial énfasis la propuesta económica del Gobierno Federal. Y estará a prueba la
voluntad de combatir la pobreza de Calderón, y en ella va hipotecado el futuro de su propio partido. Recordemos que Felipe
Calderón ya le ha mentido al pueblo de México cuando hace algunos meses aseguraba que México contaba con una economía
fuerte, capaz de enfrentar los ciclos económicos internacionales.

        La prueba a la que estará sometido Felipe Calderón y su partido no sólo pasará por las fuerzas políticas que,
suponemos, se sumarán desde sus perspectivas para establecer, debatir y acordar una agenda económica que deberá, hoy más
que nunca, ser plural y democrática, la sociedad mexicana y la subsistencia de los sectores más empobrecidos serán el
termómetro que en los tres años que vienen ajustará cuentas con el actual Gobierno Federal.

         También le decimos al Partido Revolucionario Institucional que deberá actuar en correspondencia con el sentir del
pueblo mexicano. El PRI deberá asumir que cualquier arreglo con el Gobierno Federal y con el Partido Acción Nacional que
contravenga la voluntad popular a la aprobación del próximo presupuesto, o la aprobación suicida del paquete de impuestos
enviado por Calderón al Congreso de la Unión, significará para ellos un descrédito profundo, y lo hará cómplice de un Gobierno
que ha querido hacer de la crisis económica un verdadero atropello a los intereses de todos los mexicanos.

                                                      MUCHAS GRACIAS.

[PRESIDENTE]:

         Se concede el uso de la palabra al diputado Epigmenio Jiménez Rojas. Hasta por cinco minuto, diputado.

                                                 INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                                  EPIGMENIO JIMÉNEZ ROJAS

Con su venia, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:

          Sobre el tema que acaban aquí de señalar nuestros compañeros del Partido Nueva Alianza y del Partido de la
Revolución Democrática, es un tema que obliga a analizar y discutir en una forma que permita construir. En ese sentido, resulta
claro que no compartimos esa visión, pues resulta de verdades a medias y algunas imprecisiones que me permitiré puntualizar.

        Primero, recordarle a mi compañero diputado Arquímides que efectivamente, Brasil es un país que ha, con éxito,
manejado el problema de la crisis, pero Brasil tiene una legislación avanzada en materia energética que nosotros en México no
tenemos desafortunadamente, entre otras cosas por la oposición del Partido de la Revolución Democrática.

         El Gobierno Federal no ha está aptando por el camino más fácil, está dejando de la lado la rentabilidad electoral a
sabiendas de que otros pueden capitalizar este tema y, como se dice en el lenguaje llano, llevar agüita a su molino.

          El país requiere de medidas que contrarresten los efectos de la crisis internacional que trae aparejada, entre otros
efectos negativos, que los ingresos del país sean menores; dicho de otra forma, que afrontemos un déficit en las finanzas
públicas en donde existen algunas alternativas; por ejemplo: apelar al endeudamiento, al incremento de cargas impositivas y/o a
los ajustes y recortes presupuestales.

          De acuerdo con el experto en finanzas públicas Mauricio González, desde 1970 hasta 1990 el gasto público se elevó
pidiendo prestado, para sufrir la falta de ingresos tributarios, lo que derivó en varias crisis económicas por un endeudamiento
público excesivo.

          Por lo que respecta al plan de austeridad, preferimos no medir con la misma vara los calificativos que aquí se han
vertido, porque ese no es el tono, o no debe ser el tono en esta tribuna; sin embargo, considero importante señalar que las
medidas adoptadas por el Ejecutivo Federal traen aparejado un esfuerzo sin precedentes que en los últimos 40 años de la
historia de este país no se habían presentado de ese tamaño. Estamos hablando de ahorros totales por 218 mil millones de
pesos. El paquete de austeridad marca la señal clara de que en este país los gobiernos tienen que ser austeros en todos los
niveles y en todos los órdenes.
          Compañeros diputados, el plan económico presentado por el Ejecutivo Federal busca una reforma integral que
mantenga la solvencia de las finanzas públicas en el mediano plazo y, a la vez, estimular al máximo la recuperación económica y
el crecimiento, la creación de empleos y el abatimiento de la pobreza; al mismo tiempo que una agenda de reformas
estructurales para la competitividad y el crecimiento que contemplan acciones para reducir los costos y mejorar el acceso de las
empresas a los mercados, el fortalecimiento institucional y medidas sectoriales complementarias.

          Las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto
Empresarial a Tasa Única y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, buscan enfrentar la crisis permanente de ingresos y hacer
más eficiente la fiscalización. Los ingresos estimados a recaudar con estas modificaciones son alrededor de 176 mil millones de
pesos, equivalente al 80% de lo que vamos a dejar de percibir en los próximos meses o en los próximos años.

         Con estas medidas se podrá incrementar, por ejemplo, en 15% la seguridad social y en casi 22% la asistencia social.
Además, las participaciones a las entidades federativas, y eso es muy importante, en función de estas reformas, aumentará al
ubicarse en más de 920 mil millones de pesos, es decir, 0.3% más que en el año pasado y 17.5% más que en 2006.

          El diseño del paquete tributario que se presenta para 2010, me refiero al federal, está encaminado a establecer una
base sólida de ingresos públicos que disminuya la dependencia de los ingresos petroleros y que permita compensar su caída.

          Por último, compañeros, como se ha visto, el tema da para un profundo análisis donde no caben las descalificaciones a
priori; por otro lado, confiamos en la responsabilidad de los legisladores federales que en estos momentos analizan las
propuestas del Ejecutivo, por lo que conmino a los presentes a abonar, a optar, por el camino del análisis, la reflexión y la crítica
que tenga como fin construir un mejor país.

                                                  ES CUANTO, SEÑOR PRESIDENTE.

DIPUTADO JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ PASALAGUA:

          ¿Presidente?... Para hechos.

[PRESIDENTE]:

          Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado José Trinidad Martínez Pasalagua.

                                                   INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                               JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ PASALAGUA

         El comentario vertido por el compañero, diputado del PRD, en cuanto al PRI. El PRI ha demostrado en esta etapa en el
Congreso, como en los congresos estatales, el trabajo legislativo fuera del partidismo, y digo partidismo por la convivencia de
respeto entre los partidos políticos que nos encontramos aquí.

          Hemos hecho un trabajo a nivel nacional en el Partido Revolucionario Institucional de beneficio a la sociedad,
demostrando que somos una oposición responsable, una oposición que no se vende, y no se vende para perjudicar a la
sociedad. Buscamos en todos los escenarios el beneficio de ésta. No hay otro camino. Para nosotros no hay en esos impuestos
federales, que verdaderamente tampoco estamos de acuerdo en que se grave más hacia la sociedad, más impuestos; pero
también no estamos de acuerdo en que esos recursos en el mismo Estado se utilicen para hacer política.

          Entonces, queremos dejar muy claro: el Partido Revolucionario Institucional y los legisladores de nuestra bancada no
estamos de acuerdo, ni estaremos, en una negociación que no va a existir de ese 2%. Y lo dejamos claro para que no se siga
diciendo que hay negociaciones en lo oscuro.

                                                  ES CUANTO, SEÑOR PRESIDENTE.

DIPUTADO ANTONIO GARCÍA CONEJO:

          Para hechos, Presidente. Antonio García.

[PRESIDENTE]:

          Sí, diputado. Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Antonio García Conejo.
                                                   INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                                     ANTONIO GARCÍA CONEJO

Con su permiso, señor Presidente de la
Mesa Directiva y demás compañeros
integrantes de la misma:

         El tiempo va a ser difícil, no me va, no va a alcanzar, no voy a terminar, pero voy a intentar de, en los cinco minutos,
manifestar lo que considero pertinente. Saludo con atención a las personas que hoy nos acompañan aquí, el público presente; a
los medios de comunicación.

         Hay dos grandes mentiras en la reforma, en la forma en la que se ha plateado la propuesta del Programa Económico
2010. Uno: que el gasto público va a disminuir; y dos: que los principales beneficiarios del Programa Económico serán los más
pobres del país, ya que aumentarían los recursos destinados a este segmento de la población.

         La realidad, lamentablemente, es muy diferente; por un lado, el gasto público en realidad no va a disminuir en el 2010
con respecto al que se va a ejercer o se está ejerciendo en el 2009. De hecho, haciendo esa comparación, que es la más
apropiada y que no la que se usa en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, se observa que el gasto público
va a aumentar en casi el 8% en términos nominales y en 3.2% en términos reales.

          Así, la supuesta austeridad anunciada en días pasados no fue sino una medida meramente cosmética, ya que la
eliminación de las tres Secretarías de Estado, se anunció, no es suficiente para compensar los aumentos en los otros rubros del
gasto público.

         Por otro lado, los grandes ganadores en esta propuesta de Programa Económico no serán los pobres, sino los
gobiernos estatales y municipales, los cuales verán aumentados sus participaciones federales en más de 83 mil millones de
pesos, es decir, en más de 20% en términos nominales y en más de 17% en términos reales.

           El aumento en las participaciones a las entidades federativas es equivalente a lo que se anticipa recaudar por motivo
de la llamada Contribución para el Combate a la Pobreza, por lo que, en realidad, la única pobreza que parece que combatirá
dicho impuesto será la de los gobiernos estatales y municipales, lo cual no es malo, sin duda alguna, compañeros, pero sí
insuficiente. Es, por así decirlo, la gran zanahoria que le ofreció el Gobierno Federal encabezado por Felipe Calderón a los
gobernadores priístas para que aprueben la propuesta económica.

          Así pues, lo que el Gobierno está proponiendo es que todos paguemos más impuestos, para que los gobernadores y
presidentes municipales tengan más recursos que antes; es decir, que todos nos ajustemos el cinturón para que continúe el
gasto, tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos locales. Es, pues, una medida emergente, pero no puede ser la forma
de conducción económica de los próximos tres años.

         El verdadero problema de todo esto, sin embargo, es que los supuestos económicos del Programa Económico son
sumamente endebles y muy poco creíbles. Por ejemplo, la expectativa de que la economía pudiera crecer el 3% en el 2010, con
estas medidas es claramente inviable, por lo que todas las estimaciones de ingresos públicos quedarían bajo cuestiones,
incluyendo, por supuesto, los ingresos que recibirían los Estados y los municipios.

          Por lo pronto, quisiéramos reiterar que el Partido de la Revolución Democrática está listo, como siempre ha estado,
para llegar a los acuerdos que sean necesarios con el propósito de superar los graves problemas del país, en lo cual creemos
que no existe gran discrepancia por lo que hace su enumeración.

           Quizá el problema mayor esté en primer término, en el diagnóstico, la crisis económica no es una calamidad llegada
del extranjero solamente, es producto de un estancamiento muy largo de la economía del país, de un pésimo esquema de
distribución del ingreso, de la falta de liderazgo del Estado para encabezar el desarrollo económico, de la irresponsabilidad en el
manejo de los excedentes petroleros durante muchos años.

         Uno de los elementos que debemos tomar en cuenta, ante todo, es que sin una posición clara del Estado mexicano
como líder del proceso de desarrollo, no habrá superación del problema recesivo que tenemos en este momento, ni de las
causas que han convertido a México en uno de los países con mayor recesión en la coyuntura mundial actual.
         Pocos países tendrán una disminución del producto de más de siete puntos porcentuales, México será el número uno
en América, y eso nos está hablando de fenómenos propios.

         Hemos hablado y reiteraremos: el Estado debe tomar un plan de infraestructura productiva por lo menos de tres puntos
del producto interno bruto, y advertimos: No estaremos de acuerdo con que el déficit público que se programe en el Gobierno
Federal sea para cubrir las deficiencias en el gasto corriente.

[PRESIDENTE]:

         Concluya, señor diputado.


DIPUTADO ANTONIO GARCÍA CONEJO:

         Concluyo: El déficit debe servir íntegramente para la inversión productiva, como dice la Constitución y como lo
recomienda la recesión que estamos padeciendo. Sobre la base de un plan de esta naturaleza, el PRD discute la Ley de
Ingresos, pero de ninguna manera con el propósito de mantener un Estado engordado y sueldos injustificados de la alta
burocracia del Estado mexicano.

          Queremos decir también que estamos dispuestos a colaborar con las leyes que sean necesarias, con el propósito de
combatir la delincuencia; pero no estaremos de ninguna manera de acuerdo con la iniciativa del Presidente Calderón de dotar al
Ejecutivo con capacidad para imponer en los hechos estados de excepción y suspensión virtual de garantías constitucionales,
que sólo el Congreso de la Unión puede dictar desde que se fundó la República en 1824, y defenderemos en tanto las
libertades, y no podremos compartir el enfoque del Estado policiaco.

           No estamos de acuerdo en que las bases de las reformas sea el mismo esquema oligopólico; los convocamos a
ustedes, y también al Gobierno Federal, a dar la lucha contra los males, contra dos males: los monopolios, causantes en parte
de la situación económica de México, y para combatir el Estado corrupto, combatamos ambas cosas…

[PRESIDENTE]:

         Señor diputado, lo conminamos a que termine…

DIPUTADO ANTONIO GARCÍA CONEJO:

         …y abramos la posibilidad de un gran acuerdo nacional.

                                             MUCHAS GRACIAS, SEÑOR PRESIDENTE.
                                                GRACIAS POR LA TOLERANCIA.

[PRESIDENTE]:

         El Pleno ha quedado debidamente enterado.

          Para cumplimentar el decimonoveno punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Epigmenio
Jiménez Rojas, a efecto de dar cuenta al posicionamiento relativo al Paquete Fiscal enviado por el Ejecutivo Estatal al Poder
Legislativo.

DIPUTADO EPIGMENIO JIMÉNEZ ROJAS:

         ¿Señor Presidente?... Quiero retirar este punto de la orden del día.

[PRESIDENTE]:

         Atendida su solicitud, diputado. Se retira del orden del día el punto decimonoveno.

         En desahogo del vigésimo punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Manuel Antúnez
Oviedo, a efecto de dar lectura a un posicionamiento relativo al Paquete Fiscal del Año 2010.
DIPUTADO LUIS MANUEL ANTÚNEZ OVIEDO:

Con su permiso, señor Presidente.
Diputados compañeros de la Mesa Directiva.
Diputadas y diputados de esta Legislatura.
Ciudadanos presentes.
Medios de comunicación
Gracias por su presencia:

           Antes de intervenir, pues tengo algún trabajo para comentar, obviamente el pronunciamiento, quiero decir que me
sentí, ahora que el diputado Epigmenio Jiménez hiciera su comentario de hechos, me sentí en la reunión del 2 de septiembre en
Palacio Nacional. Lamentablemente no fui invitado, pero ahora le voy a dar información clara y precisa como la está pidiendo y
demandando, y pedirle que revise las propuestas de su propio partido y de su Presidente, ya que él habló de que la cifra de
distribución en participaciones iba a ser de 820 mil millones de pesos, y quiero decirle que esa cifra es la que corresponde a los
servicios personales que se gastaron en el 2009 y que, además, hablan de un porcentaje de incremento, como se decía ya aquí,
de por lo menos un 2.7% para este año. Yo no sé dónde está la consistencia de austeridad del programa que expuso Calderón,
tan brillantemente, por supuesto.

          En la última sesión de esta Soberanía, decidí suscribir conjuntamente con el Partido de la Revolución Democrática y el
Partido del Trabajo el posicionamiento relativo al Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, en el cual establecimos con
certeza nuestra preocupación por la lamentable crisis económica en la que se halla inmersa el país que, en mi opinión, no es
solamente una crisis que viene de fuera, sino que, en buena parte –y yo creo que en la mayor parte– es una crisis que se gesta
también gracias a la fragilidad estructural de un Estado Mexicano que en los últimos años, y en nombre del libre mercado, ha
renunciado a toda vocación de intervenir de manera decidida y estratégica en la economía; estrategia que ha privilegiado el
combate a la delincuencia organizada y ha desdibujado de la agenda nacional temas de vital importancia, que hoy en día
resultan los aspectos más sensibles e importantes para la ciudadanía.

         Es por ello que el día de hoy resulta fundamental señalar con toda precisión que después de escuchar con atención el
decálogo expuesto recientemente por el Presidente en Palacio Nacional, y que hoy vimos una réplica acuciosa a tal mensaje, y
una vez visto el Paquete Económico presentado por el Ejecutivo Federal, podemos arribar a la conclusión de que estas medidas
propuestas no fueron sino otra cosa que meros ajustes mediáticos para la permanencia de un grupo específico de poder en Los
Pinos rumbo al 2012.

          En efecto, en dicho decálogo presidencial se llamó a la concordia y unidad por parte de todas las fuerzas políticas, e
incluso se llamó a gobernar de una manera diferente transformando los viejos esquemas, suplantándolos por una verdadera
reorganización estratégica del sector público en función de nuevos objetivos de desarrollo nacional; sin embargo, tal pareciera
ser que rápidamente el Presidente fue llamado a construir una urgente antítesis de dicho decálogo ante lo delicado de su
contenido, y qué mejor que con un Paquete Fiscal de neta vocación centralista y recaudatoria.

          En dicho decálogo en Palacio Nacional, el Presidente, cuando exhortó a un esfuerzo extraordinario de austeridad y
racionalización de los recursos públicos, muchos creímos que era un llamado auténtico; sin embargo, la información que
expondré a continuación demuestra precisamente lo contrario; la gran decepción es que en lo que va de la actual Administración
se han creado 147 mil 57 plazas burocráticas, de las cuales más de 60 mil corresponden a plazas de élite, con lo cual, en
promedio –ése sí es un récord– la creación de plazas de esta Administración es de 942 por semana. Es de esta forma que el
sexenio de Calderón arrancó con 496 mil 493 plazas y, al encontrar en el boom burocrático una terrible tentación para pagar
compromisos de campaña, al día de hoy suma 643 mil 550 plazas.

         Este inédito incremento de plazas, en gran parte, son para cargos de alto rango, es decir, subsecretarios o sus
equivalentes, directores generales, directores generales adjuntos y directores de área, con lo que esto conlleva salarios,
prestaciones, automóviles, choferes, celulares, viáticos y, por supuesto, servicios especiales.

          Todo ello representa un 30 por ciento más de la plantilla original del 2006, lo que genera ahora un gasto adicional
anual de más de 170 mil millones de pesos anualmente. A este pronunciamiento me permito anexar una gráfica donde se habla
del crecimiento y una donde se habla dependencia por dependencia, el crecimiento comparado de 2004 a 2006, y luego de 2006
a 2009, que por supuesto pongo a disposición del diputado Jiménez para su análisis y consideración correspondiente.

         Ejemplo de esta práctica de ver a la Administración Pública como agencia de colocación o bolsa de trabajo del partido
en el poder, se aprecia en la Secretaría de Hacienda, la cual, como es de todos conocido, busca justificar a toda costa un nuevo
impuesto a la pobreza; la plantilla se elevó, durante estos tres años en un 499 por ciento de las plazas, al pasar de 6 mil 526 en
el 2006 a 39 mil 97 en este año. Siendo aún más específicos, en tres años esta Secretaría ha creado 41 plazas equivalentes a
subsecretario, 71 directores generales, 120 directores generales adjuntos y 488 directores de área.

         También en la Secretaría del Medio Ambiente, en la cual, al arrancar el sexenio tenía 5 mil 240, y el día de hoy suma
22 mil 378; es decir, un incremento real de 327 por ciento. Es imposible justificar que esta dependencia tenga 12 plazas
equivalentes a subsecretario, 101 directores generales y 371 directores de área, si lo comparamos por supuesto con sus
escasos resultados.

         Esta misma suerte ha corrido la Secretaría de Gobernación, en la cual se crearon 39 plazas equivalentes a
subsecretario, 96 direcciones generales y 471 direcciones de área.

         En el tema de la seguridad pública, Epigmenio Jiménez, la Secretaría de la Defensa ha tenido un incremento de plazas
en apenas un 4 por ciento frente a un incremento real de 149 por ciento en la Secretaría de Seguridad Pública. Situación
paradójica, pues el combate a la delincuencia organizada ha descansado en gran parte en el Ejército Nacional.

          Sin embargo, en el marco de estas cifras, debemos recordar que con base, otra vez, en el decálogo presidencial en
relación a la austeridad, se planteó la desaparición de tres Secretarías con la finalidad de incrementar la eficiencia y el ahorro del
Ejecutivo Federal. Y ante lo equívoco de ello, vale la pena precisar que de esas tres Secretarías que se pretenden desaparecer,
una de ellas, la Secretaría de Turismo, sólo tuvo un incremento de apenas el 10 por ciento en su plantilla de personal, no digo de
2006, de 2004 a la fecha. Por cierto, no estamos de acuerdo con la desaparición de esta Secretaría, por ser ésta una actividad
económica de alto impacto, la cual genera fuentes de empleo y capta de forma importante divisas en relación a su bajo costo de
operación.

         Es así que ni cualitativa ni cuantitativamente las supuestas acciones de austeridad se justifican cuando en la práctica
sigue en notorio aumento a los incrementos presupuestales a Pemex, Luz y Fuerza del Centro, IFE, TRIFE, etc., las cuales han
dejado plenamente demostrado que fungen como cotos de privilegios y pagos extraordinarios de lealtades. Señor diputado
Jiménez, ¿le dejo la copia con su bancada?..

          Efectivamente, compañeras diputadas y diputados, transformar las dependencias implica esfuerzos extraordinarios y
cambios notorios de actitud; sin embargo, esta importantísima transformación que exige la ciudadanía no se logra con meros
ajustes estéticos y de forma, en los cuales se siguen dejando intocables los intereses de los grandes capitales, para mantener el
rumbo de siempre.

          Es por ello que aseverar que seguimos teniendo gobierno rico y pueblo pobre es imperativo ante una lógica de mayor
recaudación para financiar desesperadamente al Estado; aparato que, una vez que agota su fuente de recursos del petróleo,
agota las participaciones a los municipios y, en esta naturaleza insaciable, ahora busca agotar el bolsillo de la gente con un 2 por
ciento disfrazado de combate a la pobreza, con el cual quedarán canceladas las ya de por sí escasas opciones de desarrollo
social.

         Es este proyecto fiscal una forma infalible de mantener el status quo de los beneficiarios históricos de Los Pinos, ya
que con este proyecto económico se ha dejado de manifiesto que la prioridad es aumentar de forma brutal los impuestos,
estrangulando con ello a los contribuyentes cautivos y aniquilando a la escasa clase media y pobre del país.

          En efecto, el Paquete Fiscal propuesto es un ajuste, pero un ajuste en el cinturón de los otros, de los demás, mas no
en el propio. El Secretario de Hacienda, cuando hablan de impuestos, generalizan en los ciudadanos del común denominador;
pero cuando hablan de recortes presupuestales, sólo actúan bajo simulaciones mediáticas.

          Toda esta ineficacia la pretenden justificar bajo esa sorprende lógica y humor involuntario del Secretario de Hacienda,
quien aseguró en la comparecencia ante la Cámara Baja que cuando hay recursos los hay, y cuando no hay recursos no los hay.
Y simplemente cuando faltan recursos hay que ponerlos. Efectivamente, hay que ponerlos, pero la solución a todo ello no radica
en incrementar y endurecer el régimen fiscal para con los contribuyentes cautivos, sino terminar de una buena vez con los
grandes evasores fiscales que disfrazan utilidades en fundaciones asistencialistas y paliativas del lamentable estado de pobreza
nacional.

         El país no requiere un Estado paternalista, por otra parte, los ciudadanos no requieren más caridades en presupuestos
del orden de los 100 mil millones de pesos repartidos en despensas y subsidios, ni filántropos en demasía, sino un verdadero
Estado que les faculte, capacite e invierta en proyectos productivos y de autoempleo para las colonias y comunidades pobres.
          Es por ello que con la ola de aumentos propuestos como el incremento del Impuesto Sobre la Renta en dos puntos
porcentuales, el incremento del IETU en 1.5, el aumento del 1 por ciento a los depósitos en efectivo, la creación del mal llamado
"impuesto contra la pobreza" que grava con un 2 por ciento todos los productos, el 4 por ciento de telecomunicaciones y las
alzas indiscriminadas a precios y tarifas, como la eliminación del subsidio a la gasolina, que equivaldrá un incremento real del 16
por ciento, la reducción del subsidio a la electricidad en un 10 por ciento y el aumento del precio del gas, ya solamente me falta
imaginar aquella recaudación que hacía don Antonio López de Santa Ana, donde se hablaba hasta de los metros cuadrados de
ventana, por favor. No estamos abonando con estas medidas –discúlpenme– al desarrollo social, sino que lamentablemente
estamos acentuando esa desigualdad lacerante.

           Es así que bajo esta lógica, que tiene ya más de nueve años de ejercicio, y que valdría la pena, no está el señor
diputado Jiménez, pero yo le pediría que le informaran que el modelo de endeudamiento lo originaron los priístas a partir del
1970, pero los últimos 9 años –lo hemos dicho aquí en el Pleno– se han incrementado a lo largo de estos 9 años, hasta llegar a
cifras inconmensurables. Es así que bajo esta lógica, que ya tiene más nueve años de ejercicio, resulta casi obvio decir que para
millones de mexicanos, el 2010 será un año desalentador. Vaya manera de celebrar el Bicentenario, razón por la que debemos
de señalar que esto ya no es un asunto solamente de diferencias ideológicas y de partidos; por el contrario, es un asunto de
responsabilidad social y humana, es inconcebible continuar bajo un proyecto que del 2006 a la fecha ha creado 5 millones de
pobres extremos más, según cifras oficiales reconocidas en esta semana por el Secretario de Desarrollo Social Federal, ya que
durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados señaló que afortunadamente, puntualizando al legislador del PRI que lo
interrogaba en ese momento, que con toda seguridad no eran 7 millones, sino 5 millones más de pobres del 2006 a la fecha.

           No es mediante este plan económico recaudador como se habrá de resolver la crisis del país, ya que éste, entre otras
cosas, tendrá serios efectos inflacionarios y recesivos en la economía nacional, tal y como lo señaló el Premio Nobel de
Economía, Robert Engel, quien estableció con toda claridad que la pretensión de aumentar impuestos es una solución
equivocada, por lo que recomienda elevar el gasto en inversión, disminuir los impuestos y ejecutar reformas que le permitan al
Gobierno Federal ahorrar recursos económicos, ya que, de lo contrario –señalaba–, el impacto inflacionario podía alcanzar un 8
por ciento al cierre del año entrante. Tal y como lo respaldan también estudios del sector productivo de México, los cuales
precisan que el aumento de impuestos tendría un efecto regresivo en los más pobres, ya que si no se garantiza un buen sistema
de redistribución y una estrategia eficaz e integral de combate a la pobreza, se profundizará la desigualdad en el país.

          Es de llamar la atención el análisis que el día de ayer realizó una de las firmas económicas más influyentes del mundo,
Merrill Lynch, firma que en reunión con el Presidente Calderón hace dos días, estableció que dicha propuesta económica no
representa un serio intento para eliminar los privilegios fiscales, ni mucho menos aumenta la base tributaria, y expuso que en
México la fragilidad estructural para la recaudación ha demostrado ser una seria limitación para la implementación real de
medidas contracíclicas; aquí lo acabamos de vivir, en este último ejercicio ha habido tres programas contracíclicos que
señalamos aquí, que nunca pudieron proceder ni funcionar por la ineficacia de la propia Secretaría de Hacienda.

          Estos planteamientos también los apoya el Premio Nobel de Economía 2007, Eric Maskin, quien además de ello, y
perdón que utilice estos nombres porque escuché a Mauricio González, de calidad técnica, en mi opinión bastante refutable. Eric
Maskin, quien además de ello recomienda atender a los más pobres para reducir las diferencias con los ricos, mediante
educación y capacitación constante en los estratos más desprotegidos. Y quisiera referirme a un cuadrito que tengo aquí que
dice que el gasto corriente, el del 2009 para el 2010 crece en un 2.7 por ciento, aquí están las cifras: un billón ochocientos once
mil millones, contra un billón ochocientos sesenta y un mil. ¿Entonces dónde está la austeridad? ¿Sí? En su caso, los servicios
personales pasan de 822 a 829 mil millones de pesos, un 0.8%, que obviamente lleva ya consigo el acumulado de los tres años
de los 170 mil millones. ¿Y qué pasa con la inversión? En la inversión baja esto es inadmisible, de 620,317.5 millones del 2009
se está proyectando una cifra de 536,704.3 millones; 83,613 millones menos, es decir, el 13.5% negativo. ¿Dónde está, pues, la
congruencia y la consistencia?

          Compañeras diputadas y diputados, es preocupante que las verdaderas reformas sólo sean discursivas, mientras que
las contrarreformas se operan de facto con el auspicio de las grandes televisoras y con la omisión de los partidos que están más
pendientes –yo diría que estamos, me agrego–, más pendientes de la construcción retórica que les reditúe dividendos
electorales, que por la construcción de una agenda nacional que pugne por incorporar esquemas de generación de empleos y
mejora educativa, concibiendo a esta última como la verdadera palanca del desarrollo nacional y al empleo, como la única forma
inmediata de disminuir la profunda desigualdad nacional, aquella desigualdad en donde, según cifras oficiales, el 1 por ciento de
la población nacional concentra la mayor parte de riqueza.

           En síntesis, como bien lo señala Denisse Dresser, "el Paquete Fiscal Calderón-Carstens parece más que una reforma
integral, un simple plan recaudatorio".
          Es por todo lo anterior que debemos replantear nuestro quehacer en función de un verdadero acuerdo nacional, en
donde la opción más recomendable sea desaparecer los cotos de privilegios de la alta burocracia, mediante la eliminación de
gastos suntuosos, la desaparición de subsecretarías, direcciones generales adjuntas y de área, partidas secretas, pensiones a
ex presidentes, fondos de ahorro para los funcionarios de primer nivel que se pagan con dinero de los ciudadanos; se debe
buscar la desaparición de las delegaciones federales, las cuales son meros recipiendarios de amigos de partido y compromisos
de campaña. Si se aplican estas medidas a fondo, se lograría con ello un ahorro cercano a los 200 mil millones de pesos. Hice
referencia en el cuadro que de 829 mil, fácil podría ajustarse un 20% en esta materia y lograr esta cifra que se está proponiendo
para hablar de propuestas, porque se nos ha dicho que solamente criticamos, aquí hay una propuesta.

          La otra, bueno, esos recursos bien pudieran enviarse a un fondo de reactivación económica inmediata. ¿Cómo se
haría esto?, lo hemos dicho también aquí: enviándolos directamente en obra pública a los estados y a los municipios; logrando
con eso la reactivación económica esperada. También es necesario señalar, como otra gran medida, que se deben eliminar los
regímenes especiales a los grandes capitales para poner fin, de una buena vez, al México de los privilegios. Con estas medidas
se lograría un impacto adicional del orden de los 500 mil millones de pesos. Para lograr estos recursos, yo le diría: señor
Presidente y señor Secretario de Hacienda, se necesita tener la convicción clara y definida de la historia y del tamaño de su
compromiso con México y con los mexicanos, y no con la élite que lo llevó al poder. Es prioritario con eso invertir en el capital
humano para una verdadera reforma educativa.

           De igual forma, el fortalecimiento municipal no puede postergarse, es una asignatura real y pendiente encontrar
mecanismos financieros tangibles como las transferencias inmediatas de recursos, bajo un programa y un calendario anual para
eficientar los programas operativos de los ayuntamientos, y ¿por qué no?, entrar de lleno también al tema de la reelección de los
presidentes municipales, para que acrediten eficiencia y responsabilidad de gestión.

          Es por todo lo anterior, amigos, amigas diputadas, diputados en esta reunión, que en una crisis de esta naturaleza
debemos profundizar en la descentralización de recursos, funciones y responsabilidades, estableciendo las condiciones
propicias para que los gobiernos en todos los niveles asuman plenamente el compromiso de fomentar las actividades
productivas locales y la generación de empleos, así como verdaderos planes de austeridad, racionalidad y disciplina
presupuestal, como condición indispensable para una mayor equidad social; de lo contrario, el tan temido estallido social –que
ya está entre nosotros– cobrará intensidad y seremos todos responsables ello.

         Muchas gracias y es cuanto.

[PRESIDENTE]:

         El Pleno ha quedado debidamente enterado.

DIPUTADO SAMUEL ARTURO NAVARRO:

         ¿Presidente?... Para hechos, por favor. Solicito el uso de la tribuna para hechos.

[PRESIDENTE]:

         Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Samuel Arturo Navarro.

                                                   INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                                    SAMUEL ARTURO NAVARRO

Dip. Eduardo Sánchez Martínez,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso.
Compañeros de la Mesa Directiva.
Compañeros y compañeras legisladores.
Amigos en general.
Estimados compañeros de la prensa:

           He solicitado intervenir en esta tribuna, con relación a la última presentación y tratando de hacer una defensa en base
al artículo 10 fracción II de la Ley Orgánica y de Procedimientos de nuestro Congreso.

         El Presupuesto de Egresos es el instrumento fundamental para que el Gobierno ejecute programas, encauce los
lineamientos del desarrollo nacional y desempeñe sus funciones constitucionales en materia económica; el Presupuesto de
Egresos tiene tres formas de aplicación: la administrativa, que es la integrada por las distintas dependencias gubernamentales;
la programática, que contiene los objetivos y las metas de gobierno; y la económica, que comprende el gasto cotidiano y la
inversión en infraestructura cotidiana.

          Por lo que toca al denominado boquete fiscal de más de 400 mil millones de pesos al erario federal, debemos señalar
que no es una realidad que se pueda someter a discusión, es una realidad aceptada en forma internacional que México no sólo
ha sido afectado por su alta dependencia de los ingresos petroleros, sino que, además, tiene una balanza comercial negativa por
los efectos de la recesión mundial.

         Adicionalmente a esto, la disminución de los recursos en el país debido a la baja por concepto de remesas ha sido del
orden del 22 por ciento, las exportaciones de nuestro país igualmente han disminuido debido a una crisis económica presentada
también en los países socios con quienes tenemos relación comercial.

          Los ingresos por concepto de impuestos también han disminuido debido a la baja en la productividad nacional y debido
al impacto que tenemos en México de la crisis internacional, pero además no es sólo eso; si a esto se suma que México es uno
de los países con menor recaudación impositiva en el conjunto de las naciones latinoamericanas, y que en la primera mitad de
este año sufrió una disminución del 13.6% de sus ingresos, se entenderá por qué se debe impulsar un Paquete Fiscal realista,
austero, responsable para el año 2010.

         Otro dato fundamental que acredita el ejercicio de ese gasto público en el actual Gobierno es que una tercera parte del
gasto programable se va a satisfactores básicos, como la educación, la salud, el apoyo al campo y al desarrollo social.

          Como sabemos, una situación de emergencia como la que hoy enfrenta nuestro país sólo puede ser subsanada de tres
formas: una, apelando al endeudamiento de las finanzas públicas; dos, recurriendo al incremento de las cargas impositivas, que
ésta puede tener una variante, se puede ampliar la base gravable también o estableciendo medidas estratégicas de ajuste y
recorte presupuestal.

          En este caso, la recomendación de la mayoría de los especialistas en materia de fiscal coinciden en que se deben
implementar soluciones que combinen las tres alternativas para asegurar la estabilidad y el balance adecuado de nuestras
finanzas públicas.

         En el Paquete Fiscal propuesto para el 2010, el Gobierno Federal ya expuso la necesidad de poner el ejemplo en
materia de austeridad y racionalidad en el gasto público, se trata de un gran esfuerzo que debe ajustarse a todos los renglones
del Gobierno Federal.

         Los ajustes y recortes al gasto para 2010 ascienden a 218 mil millones de pesos, que equivalen al 1.8% del PIB. Para
darnos una idea de la magnitud, es 1.8 veces el gasto total que ejerce, por ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal. Además, el
Gobierno Federal, sí es cierto –y se puede comprobar– ha sacrificado entre cuatro y cinco subsecretarias, entre fusiones y
desapariciones.

           Como sabemos, el déficit en cuenta corriente que se propone es del 0.5%, el cual es considerado moderado y mucho
menor al que tendrán en 2010 nuestros principales socios comerciales: Canadá, que lo tendrá del 5.9, y Estados Unidos que lo
tiene del 11.2, y el resto de los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que lo tiene de 8.8, ese
déficit en cuenta corriente, contra lo que nosotros estamos proponiendo, o contra lo que está proponiendo el Gobierno Federal,
que es del 0.5%.

         El nuevo gravamen del 4% al sector de telecomunicaciones se aplicaría principalmente a las franjas industriales de
mayores ingresos y a la reforma del sector que México requiere, porque requiere ramas de la actividad industrial más modernas,
con mayor cobertura en sus servicios y tecnologías, capaces de generar más empleos.

           Y una reflexión que quiero hacer a mis compañeras y a mis compañeros diputados: es cada vez más frecuente en el
uso de esta tribuna que invirtamos horas y sesiones completas al análisis de los temas federales: la reforma energética, en este
caso el déficit fiscal, la crisis internacional, los temas de la reforma petrolera, la sequía y muchos otros temas que son del orden
nacional que, si bien es cierto, respetamos la libertad de expresión que tenemos los diputados en este recinto para hacerlo,
también quiero recordar que nosotros fuimos electos por los ciudadanos michoacanos y michoacanas para resolver los graves
problemas que aquejan a nuestro Estado, a nuestra entidad. Ya lo mencionamos hace un rato, la educación pública en
Michoacán refleja una gran problemática que hemos sido incapaces de resolver, la seguridad pública local es otro de los graves
problemas que tampoco hemos resuelto en el Estado, y mucho otros como estos problemas como el empleo, como el problema
turístico, etcétera, que se han recrudecido en nuestro Estado, no los hemos resuelto, porque cada vez es más frecuente que
intentemos hacer el papel de diputados federales, en lugar de atender con prioridad el mandato que nos depositaron en las
urnas los ciudadanos, a nosotros para resolver la problemática local.

         La austeridad en el gasto, la propuesta que acaba de hacer el diputado Antúnez, nosotros en el PAN la respaldamos,
consideramos que es una propuesta viable y que todos debemos atender; sin embargo, en cualquier caso es oportuno recordar
una atenta invitación a todas y a todos los actores políticos a que en materia económica acompañemos ese voluntarismo crítico
de una dosis conveniente de alternativas y propuestas de solución y de una gran disposición a colaborar en las tareas que
demanda nuestro Estado.

         No solamente venir a criticar.

[PRESIDENTE]:

         Concluya, señor diputado.

DIPUTADO SAMUEL ARTURO NAVARRO:

          Termino, señor Presidente. Es probable que las realidades directas de la economía expresadas en números se intente
sobreponer las lecturas subjetivas de la ideología o de algún interés político. A unos y otros, yo quisiera muy humildemente
recordarles de manera atenta y respetuosa que el interés político particular o de grupo no debe ser subordinado al interés
superior de nuestra nación.

           A veces, la combinación ideal de soluciones para un ejercicio fiscal puede ser que no convenza a quienes no están
dispuestos a correr el riesgo de ser convencidos, pero quizá lo importante no es el convencimiento de las partes, sino asegurar
la viabilidad del todo, en este caso la viabilidad de nuestra patria, de nuestra nación, del país, que es de todos los mexicanos.

                                                      MUCHAS GRACIAS.
                                                ES CUANTO, SEÑOR PRESIDENTE.

DIPUTADO LUIS MANUEL ANTÚNEZ OVIEDO:

         ¿Señor Presidente?... Para alusiones personales.

[PRESIDENTE]:

         Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Antúnez Oviedo, hasta por cinco minutos.

                                                    INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                                   LUIS MANUEL ANTÚNEZ OVIEDO

Señor Presidente.
Diputado integrantes de la Mesa.
Diputadas, diputados.
Señores representantes y señoras
representantes de los medios.
Ciudadanía en general que asiste a esta reunión.
Muchas gracias por su presencia:

          Quise tomar, o hacer uso de la tribuna, para precisar varias cosas. Primero, obviamente que me gustaría ser diputado
federal, espero que en la próxima pueda optar por ello, pero quiero recordarle al señor diputado Samuel Navarro, quien fue a
demás presidente municipal de Zamora, por qué estamos tocando este tema, porque tenemos una alta dependencia
precisamente por este esquema centralizado y recaudador por parte del Gobierno Federal. Vivimos de un 95 a un 97 por ciento
de participaciones; recordemos que desde la época de Salinas se firmó el famoso Convenio del Sistema de Coordinación Fiscal,
con un convenio en el cual a los estados y a los municipios les quitaron todas las facultades recaudatorias: impuestos,
productos, derechos y aprovechamientos, y solamente le dejaron viva, en el Estado y en el caso de algunos municipios, la
recaudación por el impuesto predial y algunos derechos de uso de agua; fuera de eso, cualquier cobro que haga un Presidente
Municipal, y usted lo debe de saber, Samuel, es recurrible, pueden ampararse, y tendría usted que regresarle los recursos.
          Por qué, entonces, toco este tema: desafortunadamente, porque dependemos de las decisiones de ellos. Aquí,
Arquímides, quien hizo uso de la palabra antes, precisó una cosa muy importante: la negociación del 2%, es decir, esa
negociación, quién la hace, ¿la hacemos nosotros, los diputados, con el presupuesto, con el Gobernador? Lo hacen allá, la
Secretaría de Hacienda, quien se compromete con todos los gobernadores de darle una participación adicional para que les diga
a sus diputados federales, independientemente del partido que sean, que tienen que entrar.

          Entonces por eso quise aclarar por qué estoy tocando estos puntos, porque desafortunadamente cualquier cosa que
se diga allá nos viene a afectar aquí, quise precisar eso.

           Por otra parte, quiero decirle también al señor diputado que siempre hemos sido propositivos; señalamos problemas,
pero siempre traemos el trapito, hicimos dos recomendaciones muy importantes, porque me quedé con la duda a quién se
refería el diputado Navarro, que les recomienda las tres estrategias juntas.

          Yo hablé aquí de Engel, de Maskin, para no hablar de Mauricio González, y todos ellos recomiendan que en un
momento de crisis hay que, incluso, bajar los impuestos, apretarse el cinturón de a de veras y los remanentes mandarlos a
inversión pública, para reactivar económicamente la comunidad nacional. No veo para ningún momento el que se incrementen
los impuestos, yo quisiera que ese tema, ojalá, estoy dispuesto a hacer un debate personal, técnico, siempre hemos pedido eso,
sobre todo a la fracción del PAN, estamos abiertos para todos los comentarios, no pensamos establecer dogmas ni mucho
menos, queremos llegar al consenso de todos, esa es la invitación.

        Y para mandar un mensaje final, por eso estoy en Convergencia, porque estamos a favor de la razón y no de los
dogmas que nos impongan.

                                                       MUCHAS GRACIAS.

[PRESIDENTE]:

         El Pleno ha quedado debidamente enterado.

           En atención al vigésimo primer punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier
Morelos Borja, a efecto de dar lectura a un posicionamiento relativo a la responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno en
el ejercicio público.

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MORELOS BORJA:

         Con su anuencia, compañero Presidente:

           La intervención que vamos a tener versa un tanto sobre lo que se ha comentado por los últimos compañeros, y es una
propuesta de balancear los temas que nos ocupan, y de reconocer las competencias y los ámbitos donde podemos incidir sobre
las políticas públicas.

           Con fundamento en el artículo 10 fracción II de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, he
solicitado el uso de la palabra, en representación de mis compañeras y compañeros diputados del Grupo Parlamentario del PAN,
para compartir con el Pleno algunas reflexiones sobre las responsabilidades constitucionales, las atribuciones legales y los
marcos de competencia que asisten a las distintas entidades de la República, para la conducción de sus asuntos y la búsqueda
de soluciones para los problemas derivados de la emergencia, sobre todo económica, que vive nuestro país.

          La Constitución General de la República, expresión superior del régimen jurídico que nos hemos dado los mexicanos,
dispone en sus artículos 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 el marco normativo del sistema federal, puntualizando que el ejercicio
del gobierno debe darse en los órdenes federal, estatal y municipal, y que en cada uno de ellos la responsabilidad de conducir
los asuntos públicos recae directamente en los titulares del Poder Ejecutivo, quienes, por disposición de ley, están mandatados a
realizar una gestión de gobierno eficaz, sobre la demarcación geográfica y la jurisdicción política que se les ha confiado para
ello.

           Este principio del régimen constitucional de nuestro país tiene en cada una de las entidades federativas su propia
expresión normativa en términos de la soberanía y autonomía de los estados y municipios, que rige las relaciones entre los
distintos órdenes de gobierno. Así, los estados no tienen mayores restricciones que las previstas en los artículos 116, 117, 118,
119, 120 y 121 de la Constitución Federal; en contraparte, tienen reservadas para sí, por mandato constitucional, todas las
facultades no concedidas a la Federación.
           De forma sistemática y congruente, el artículo 60 de nuestra Constitución local faculta, a manera de ejemplo, al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, a fomentar el turismo y promover el desarrollo agrícola, industrial y comercial de Michoacán;
iniciar leyes y decretos que tiendan al mejoramiento de la administración pública; cuidar de la recaudación y de la inversión de
los caudales del Estado; así como a visitar los municipios para imponerse de sus necesidades, y proponer al Congreso los
medios para remediarlas. De igual forma, el numeral 129 de la misma norma señala que corresponde al Gobierno del Estado
procurar la armonía entre los sectores público, social y privado para lograr el desarrollo económico estatal, correspondiendo en
todo caso al sector público cuidar el que se impulsen las áreas que se consideren prioritarias para el desarrollo del Estado.

         Consideramos que estas facultades no han sido ejercidas a cabalidad y que se ha pretendido hacer creer que la
Presidencia de la República es el origen de todos los bienes o de todos los males que nos pudieran aquejan.

         Con cierta desilusión hemos visto cómo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el año entrante,
apenas se considera disminuir el aparato administrativo para ahorrar recursos, en una cuantía, proporcionalmente hablando,
bastante menor que la propuesta del Presidente Calderón o, incluso, que la planteada en otras entidades federativas.

         Me atrevo a hacer una aclaración: si el gasto corriente no disminuye en términos netos o relativos en el Gobierno
Federal, del 2009 al 2010, la razón es muy clara: porque hay un incremento en la plantilla, sí, de policías, de doctores, de
maestros y de las pensiones que se tienen que erogar a la gente que va a hacer uso de ese derecho, y es real, sí es real, la
disminución y el adelgazamiento de aparato burocrático al suprimir tres secretarías.

         Podríamos citar ejemplos, ya es tarde, nada más citaré uno, por ejemplo: la Secretaría Particular del Gobernador
pretende gastar para próximo año 65 millones y fracción. Esa parte, de inicio, no suena como un plan austero. En los últimos
días y semanas, algo que nos ha llamado la atención es la presencia de cobertura que tienen las actividades del Gobierno del
Estado en varios medios masivos de comunicación nacionales, pueden consultar estos periódicos, por ejemplo, ojalá no se esté
incrementando el gasto en comunicación social en forma subrepticia.

         El ámbito municipal –que es otro aspecto, independientemente del respectivo partido político del cual haya surgido– no
tiene un panorama más alentador. Bajo una visión cortoplacista y arrastrando muchos compromisos de campaña, los
ayuntamientos han hecho del endeudamiento público una cultura administrativa, que es la alternativa a no incrementar los
impuestos; nada más hay: o se reduce el gasto, o se aumentan los impuestos, o se endeuda. Por otra parte, no hemos sabido ni
hemos podido dotarlos nosotros, en parte, a los ayuntamientos, de herramientas jurídicas y técnicas suficientes para su
profesionalización, para su estabilización y desarrollo; y por iniciativa propia, son contados los munícipes que se acercan y
aceptan las recomendaciones de organismos como el CEDEMUN o el Instituto Nacional para el Federalismo.

          En este contexto, queda claro que cada orden o nivel de gobierno tiene su propia responsabilidad y su esfera de
competencia en la conducción de los asuntos públicos. En cada entidad federativa es el Titular del Poder Ejecutivo, de acuerdo
con sus funciones constitucionales y con el marco de su competencia, el directamente responsable de la gestión gubernamental,
del orden público y de la entrega de resultados útiles y concretos a sus representados.

           Y ya que andamos citando referencias, pues ya Platón, hace siglos, con sabiduría de vigencia plena en nuestros días,
en su famoso tratado de La República decía: El mal viene a las repúblicas del hecho de que no hace cada quien lo que le
corresponde. No sigamos transfiriendo, con fines político-partidistas, a otros la responsabilidad de nuestras obligaciones, ni la
culpa absoluta de situaciones en que se comparte el deber y el compromiso de dar mejores resultados. Si todo o casi todo lo
relativo a las crisis socioeconómicas fuera atribuible al desempeño de la Federación, sería inexplicable la enorme diferencia que
existe en el desarrollo y progreso que se vive en cada uno de los estados. Ciertamente, las condiciones actuales que prevalecen
en Michoacán no atañen sola y exclusivamente al actual Gobierno, pero creemos que pudiera estarse haciendo un mejor trabajo.

           Por esto, no es válido que algunos órganos y órdenes de gobierno pretendan eludir el peso y el alcance de sus propias
funciones constitucionales, incluyendo el Congreso de Michoacán, inculpando al Gobierno Federal por lo que nosotros o ellos,
en buena medida, no han podido o no hemos sabido resolver en el ámbito de las facultades y atribuciones locales. A todos nos
conviene que los tres órdenes de gobierno y los diferentes niveles de la Administración Gubernamental se hagan responsables
de su gestión pública; que respondan por los problemas específicamente locales que corresponden a su jurisdicción, y se
apresten a buscarles alternativas ciertas de solución, con el objeto de mejorar los indicadores de estabilidad y gobernabilidad en
todo el territorio nacional.

        En los próximos días estaremos revisando a conciencia el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de nuestro
Estado para el próximo año. Estoy seguro que esta Soberanía será responsable y propositiva; que se sumará al Gobierno
Estatal en el esfuerzo por alcanzar mejores condiciones de vida para todos los michoacanos, y especialmente para los que viven
en indigencia.

         En cuanto a las realidades y problemas que corresponden directamente al ámbito federal, reconozcamos la
competencia de los poderes y órganos de gobierno, precisamente de la Federación, para que, mediante el diálogo y los
acuerdos, no la diatriba y el pleito, busquen y propicien las correspondientes alternativas de solución.

         En cuanto a los conflictos y problemas propios del orden estatal, independientemente de si se trata de asuntos de
seguridad pública, de combate a la pobreza o de educación, los que debemos resolverlos en primera instancia, sin eludir
responsabilidades ni transferir culpas, somos los poderes y órganos de gobierno locales, de los que la ciudadanía demanda
mayor certeza, nos lo demanda, agilidad y capacidad de operación en la toma de decisiones.

         No faltará quien suba nuevamente a esta tribuna a volver a criticar el Plan Económico Federal, buscando demeritar al
Gobierno de la República, y conseguir quizá espacios en los medios de comunicación. Está bien, se entiende, pero seamos,
compañeras y compañeros, capaces de ver hacia adelante, en forma constructiva y positiva, y démosle lugar y discutamos
también con respeto qué vamos a hacer en Michoacán, qué le vamos a exigir a los ayuntamientos y al Ejecutivo Estatal. ¡Ésas
son nuestras tareas propias! ¡Ésas son nuestras obligaciones que está esperando que cumplamos la ciudadanía michoacana!

         Es cuanto, compañero Presidente.

DIPUTADO IVÁN MADERO NARANJO:

         Iván Madero, para hechos, señor Presidente.

[PRESIDENTE]:

         Se concede el uso de la palabra al diputado Iván Madero Naranjo, hasta por cinco minutos.

                                                   INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
                                                     IVÁN MADERO NARANJO

Con su permiso, Presidente diputado.
Compañeros diputados.
Señores de los medios de comunicación:

          Hemos escuchado con mucha atención las propuestas de los diputados del PAN. Efectivamente, nosotros creemos, ya
lo dijo aquí muy bien el diputado Antúnez, el famoso SAT, que la recaudación tributaria es un asunto que ha servido, y hay que
decirlo de esta manera porque así se creó, desde los gobiernos priístas para pagar, precisamente con creces, a quienes
subsidiaban las campañas. Pero este famoso SAT no ha desaparecido, continuó con el Gobierno de Fox y sigue vigente en este
actual Gobierno; por eso con mucha frecuencia vemos que se ganan cifras millonarias a Hacienda, puesto que hay despacho
privados, concretamente como el Despacho Wait in Case donde son, con información privilegiada, los empresarios de este país
ganan sumas millonarias. Si se recaudaran esos fondos, sería impensable ya pensar en ese 2% que estamos hablando.

          Me congratulo el estar hoy aquí con ustedes, ya que al hablar he escuchado las líneas que nuestro compañero de
Acción Nacional y se ha atrevido a compartir con nosotros. No hay mejor oportunidad para reiterarle que es condenable la
actitud para venir a esta tribuna a intentar confundirnos respecto a lo que llaman responsabilidad constitucional, y deslindarse así
de los compromisos reales que tienen como administración, repito administración, porque Gobierno no lo es, pues sí existen
atribuciones legales y marcos de competencia, la conducción de la política que se gesta desde Los Pinos es la que promete
ayudar a la gente pobre para mantenerse en el poder.

          Lo anterior puede reforzarse inclusive con lo que recientemente Francisco Suárez Dávila, quien fuera Subsecretario de
Hacienda y hoy uno de los economistas más reputados manifestó que –cito–: Las medidas anticíclicas del Gobierno Federal,
además de ser claramente insuficientes, son una maraña de políticas repetitivas, superpuestas que ya nadie entiende; tampoco
se han podido enfrentar con eficiencia los graves problemas de financiamiento y, por ello, no puede impulsarse la inversión
inducida, contracíclica... Sin embargo, compañeros, no vine aquí a hablar de la emergencia económica, como atinadamente lo
han dicho, he venido aquí a exigir que no intenten una vez más confundirnos.

         Es verdad que nuestra Carta Magna dispone que el ejercicio del Gobierno debe darse en los tres órdenes y que, cada
uno en su esfera de competencia deberá responsablemente conducir los asuntos públicos; pero más cierto es aún que el mismo
ordenamiento señala en su artículo 25 que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, cuya seguridad protege esta Constitución..." , termino la cita. En el mismo numeral señala que "El
Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de
las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución".

         Y de lo anterior, compañeros, Felipe Calderón ha hecho exactamente lo contrario, y ahora pretenden decirnos que la
responsabilidad es nuestra. No, no es así, y conforme los días pasan, se va confirmando que la Administración de Calderón
miente a los mexicanos sobre la magnitud y costos de su ineficiencia, a pesar de que se desgarra las vestiduras para intentar
hacer creer que habla con la verdad y que su estrategia por vivir mejor es sincera.

         Ahora bien, si de responsabilidad se trata, es el Estado quien debe organizar un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y democratización política, social y cultural de la nación, así lo marca el artículo 26 de la expresión superior del
régimen jurídico. Parafraseando a mi homólogo del PAN, entonces la gestión de gobierno eficaz y la jurisdicción política que se
les ha confiado ¿dónde está? Como diputados, tenemos la responsabilidad de legislar y no de distraer la atención de la gente
con equívocas esferas de competencia, por ejemplo.

          No necesitamos de más artimañas mediáticas, como las que Calderón y los monopolios de la comunicación han
creado, generando una psicosis en las capas medias y altas de la población, pero en los sectores de los trabajadores existe la
incredulidad y el sarcasmo colectivo por las medidas tomadas por Felipe Calderón, porque viven cada día en carne propia las
consecuencias de un sistema ineficiente y corrupto…

[PRESIDENTE]:

         Concluya, señor diputado.

DIPUTADO IVÁN MADERO NARANJO:

          …por eso, en el rubro de salud, por ejemplo, que efectivamente es responsabilidad compartida, el contagio y las
muertes causadas por la influenza son mucho más de las que se han dado a conocer oficialmente, y es nuestro pueblo el que
está indefenso ante este tipo de contingencias porque existe una desnutrición crónica producto de la pobreza, la miseria y la
hambruna, que reina en este país.

          De nada sirve el manejo mediático con fines políticos, cuando numerosas familias que han sufrido la pérdida de un ser
querido saben perfectamente que la principal responsabilidad de ello está en una Administración y en su representante que,
carentes de credibilidad, no han podido legitimarse, menos con la imposición tributaria y absurda de un 2% que pretende romper
con la tradición solidaria y comunitaria de nuestro pueblo.

[PRESIDENTE]:

         ¿Señor diputado?...

DIPUTADO IVÁN MADERO NARANJO:

          Concluyo: Por eso decimos nosotros que estamos en contra de este impuesto del 2%; sería suficiente en este país que
se cobrara a los monopolios, que son los únicos que tienen privilegios, los barones del dinero en este país. Los grandes
monopolios no están pagando los impuestos que les corresponden, y esta carga económica y pesada se la quieren nuevamente
dar a la gente pobre, a la gente más pobre de este país. Por eso consideramos que se debe restituir la dignidad…

[PRESIDENTE]:

         ¿Señor diputado?...

DIPUTADO IVÁN MADERO NARANJO:

         …se debe restituir el valor histórico que tiene este pueblo mexicano.
                                                            GRACIAS.
[PRESIDENTE]:

         El Pleno ha quedado debidamente enterado.

         En desahogo del vigésimo segundo punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado David
Huirache Béjar, a efecto de dar lectura al posicionamiento referente a la zona conurbada de La Piedad y Pénjamo.

DIPUTADO DAVID HUIRACHE BÉJAR:

          La sesión se ha prolongado demasiado, sé y comprendo que me hubieran agradecido más el retirar mi punto, pero se
trata de un tema de urgente y obvia reacción y atención, y por eso les voy a permitir que con atención me escuchen nada más
cuatro minutos.

Con el permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
Amigos de los medios de comunicación.
Señoras y señores:

         En el Congreso del Estado estamos en favor del desarrollo, y no solamente estamos en favor, sino somos promotores
del mismo. En nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna
para compartir con ustedes algunas consideraciones relativas al asunto que hoy conocería el Pleno en relación con el
expediente para la aprobación del convenio marco de coordinación de acciones para constituir la Zona Metropolitana La Piedad-
Pénjamo, integrada por los municipios conurbados de La Piedad, del Estado de Michoacán de Ocampo, y Pénjamo, del Estado
de Guanajuato.

          Este proyecto, por implicar a dos estados de la República, implica la observancia del artículo 123 de la Constitución
Política del Estado de Michoacán, en la fracción V, en el cuarto párrafo, señala: "Los municipios, previo acuerdo de sus
ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse entre sí, o con las otras entidades federativas, para la más
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan; en este último caso,
deberán contar con la aprobación del Congreso de su Estado".

          El documento, en comento, fue presentado a este Congreso en la oficialía de partes, el día 7 de agosto, y aunque
hasta el día de hoy sería turnado a la comisión correspondiente, en forma extraoficial y con mucha responsabilidad ya nos
encontramos trabajando en él, nos hemos adelantado al estudio de este asunto por el gran interés y beneficios que se pueden
lograr para el desarrollo de los pueblos y de los habitantes de estas dos ciudades.

         De los estudios de este documento, advertimos que falta el Acta de Cabildo que apruebe este Acuerdo, documento
necesario para cubrir la normatividad que todos estamos obligados; documento que Servicios Parlamentarios ya le solicitó al
Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, sin que a la fecha se tenga de recibido.

         Sin embargo, por la prensa nos hemos enterado el día de ayer que el Subsecretario de Urbanismo, junto con el
Presidente Municipal de La Piedad, acusan y responsabilizan al Congreso del Estado de obstaculizar el desarrollo y la
aprobación de este convenio de metropolización, diciendo que por nuestra falta de atención y trabajo no se aprovecharán 716
millones de pesos en infraestructura vial, seguridad pública, ecología y economía, que la Federación tiene destinados para la
Zona Metropolitana La Piedad, Michoacán-Pénjamo, Guanajuato. Citan en los medios: "Todo se encuentra listo para que las
autoridades federales y estatales desarrollen la primera área metropolitana interestatal Michoacán-Guanajuato, mediante la
conurbación de Santa Ana Pacueco, sólo falta que el Congreso del Estado apruebe dicho convenio, que lleva casi un año en el
Congreso".

         Entendemos la urgencia del caso, pero reprobamos la actitud oportunista de ambos funcionarios que hasta el mes de
agosto han traído el documento que sustenta el convenio de conurbación, por cierto, incompleto, y que hoy pretenden lavarse
las manos acusando a esta Soberanía de su negligencia y burocratismo para tratar, con la urgencia del caso, la etapa
correspondiente a este proyecto de desarrollo intermunicipal e interestatal.

          En esta actitud, es particularmente grave que un mando medio del Gobernador del Estado, en el afán de sus cinco
segundos de fama, pretenda denostar al Congreso mintiendo sobre un trámite que, insisto, apenas fue presentado el mes
pasado, y ahora nos plantean respuestas como si fuera el Congreso ventanilla de trámite para sus asuntos, con lo que los
funcionarios en cuestión ponen en riesgo la relación que debe haber entre los poderes del Estado.
         Cierto que este documento tenga casi 45 días en este Congreso, y hasta hoy se haga del conocimiento del Pleno;
amerita una investigación interna para conocer por qué no se presenta y se tarda tanto el trámite entre la oficialía de partes, la
Secretaría de Servicios Parlamentarios y el hacerlo del conocimiento de esta Asamblea.

          Acusar a este Poder Legislativo de responsabilidades que no tiene, sólo es coartada para ocultar la deficiencia de
funcionarios, que lo mismo son incapaces de ejercer el Presupuesto con oportunidad; ahí están los subejercicios. Los
convocamos a entender y respetar los espacios de cada Poder del Estado; lo que no hicieron en todo el año, hoy, ante el riesgo
de perder los 716 millones de pesos a los que hacen alusión, acusan sin fundamento al Poder Legislativo, quien, como se puede
acreditar con el sello de recibido, sólo hasta el mes de agosto fue enterado de este proyecto de convenio, que no han podido
complementar los funcionarios municipales a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, y a la Secretaría le recordamos
que, de no rectificar, porque pudieran haber tergiversado sus declaraciones, pueden ser sujetos de un juicio de responsabilidad,
pues están acusando y demeritando, como funcionario del gobierno, al Poder fundante del propio Gobierno, por lo que
solicitamos que esta exposición sea enviada al Ciudadano Gobernador del Estado, con carácter de queja, para que se realice lo
conducente ante la dependencia correspondiente.

                                                        ATENTAMENTE
                                      LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

         Muchas gracias. Es cuanto.

[PRESIDENTE]:

         El Pleno ha quedado debidamente enterado.

         Agotado el orden del día, se levanta la sesión. [Timbre].

Cierre: 16:52 horas.

								
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