MEDIOS DE PAGO - SANCIONES APLICABLES

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Es sumamente importante abordar este tema en razón que los contribuyentes persisten en
ignorar el cumplimiento de las normas que rigen desde hace ya siete años y que a no dudar
les significará tener problemas muy serios desde el punto de vista tributario en particular.
Las normas vigentes establecen sanciones y penalidades que llegan a ser muy severas, y si
bien algunas de ellas si no son cumplidas implicarán la comisión de infracciones formales,
existen otras que de no ser cumplimentadas pueden representar un grave daño patrimonial.

NORMAS VIGENTES

Ley de Procedimiento Tributario (L.11683) en su artículo 34 (1er. párrafo) dice:
“Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a condicionar el cómputo de deducciones, créditos
fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y/o responsable a la
utilización de determinados medios de pago u otras formas de comprobación de las
operaciones, en cuyo caso los contribuyentes que no utilicen tales medios o formas de
comprobación quedarán obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para
poder computar a su favor los conceptos indicados.”
Esta disposición rige desde el 22/01/1997 por Ley 24765

A posteriori, en noviembre del año 2000 se dicta la Ley 25345 – Ley de Prevención de la
Evasión Fiscal, o Ley Antievasión I- (B. O. 17/11/2000) que rige desde el 26/11/2000 y que
en su Capítulo I artículo 1º trata sobre la limitación de las transacciones en dinero en
efectivo siendo su redacción la siguiente:
“No surtirán efecto entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de
sumas de dinero superiores a mil pesos ($1.000.-), o su equivalente en moneda extranjera,
efectuados con fecha posterior a los quince (15) días desde la publicación en el Boletín
Oficial de la reglamentación por parte del Banco Central de la República Argentina,
prevista en el artículo 8 de la presente, que no fueran realizados mediante:
    1. depósitos en cuentas de entidades financieras;
    2. giros o transferencias bancarias;
    3. cheques o cheques cancelatorios;
    4. tarjeta de crédito, compra o débito;
    5. factura de crédito;
    6. otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo Nacional.
Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la Ley
21526 y sus modificaciones, o aquellos que fueren realizados por ante un Juez Nacional o
Provincial en expedientes que por ante ellos tramitan.”

De esta manera se establecen cuáles son los medios de pago autorizados para poder efectuar
pagos totales o parciales por importes superiores a UN MIL PESOS ($1.000.-)
Por lo tanto aquí tenemos una situación en que la ley manifiesta como “INEXISTENTES”
a los pagos que no se efectúen con dichos medios de pago y por lo tanto “no han de surtir
efectos entre partes ni frente a terceros”
Esta normativa tiene efectos solamente fiscales pero no sobre el derecho positivo.
El punto referente a la reglamentación que debía efectuar el BCRA era sobre el cheque
cancelatorio.
Ahora bien, veamos el artículo 2º que dice:
“Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1º de la presente ley tampoco serán computables como deducciones,
créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o
responsable, aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones.
En el caso del párrafo anterior, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 14 de
la ley 11683”
Este procedimiento significa que en esos casos bastará la simple intimación de pago de los
conceptos reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración
jurada y no será necesario que el organismo fiscal proceda a determinar de oficio el
reclamo.
Entonces resumiendo, el perjuicio fiscal será:
     1) no se puede imputar en la DDJJ del IVA los créditos fiscales incluidos en las
        facturas;
     2) no se pueden considerar como gasto y/o costo en el impuesto a las ganancias los
        montos netos de dichas facturas;
     3) en el caso que se haya computado la factura, entonces puede ser objeto de
        impugnación por parte del organismo fiscal sin utilizar el procedimiento de
        determinación de oficio.


La AFIP dictó la RG 1547 del 11/8/2003 al respecto y en la misma se confirma en su
art. 1º que “El cómputo de las deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que
se prevé en el art. 2º de la Ley 25345 queda condicionado a la utilización de los medios de
pago o procedimientos de cancelación que se disponen en su art, 1º con arreglo a los
procedimientos especiales o características particulares para la emisión de los respectivos
actos jurídicos que se establecen en esta resolución.”
Además establece en su art. 2º cómo deberán librarse o endosarse (de tratarse de cheques)
como se indica:
a) cheque común: a nombre del emisor de la factura y cruzado. En el anverso del mismo
deberá consignarse la leyenda “para acreditar en cuenta” (según Ley 24452 Anexo I art. 46
y concord.)
b) cheque de pago diferido: a nombre del emisor de la factura y cruzado.
c) cheque cancelatorio: a nombre del emisor de la factura.
Los cheques indicados en los incisos a) y b) sólo podrán contener la cantidad de endosos
determinados por el BCRA
Por su parte los cheques cancelatorios sólo admiten dos endosos nominativos.
Se aclara que el monto de UN MIL PESOS ($1.000.-) comprende los tributos que gravan la
operación y, en su caso, las percepciones a que la misma estuviera sujeta.
No se computarán las retenciones de tributos que corresponda practicar.
En el art. 5º se determina que “El adquirente, locatario o prestatario deberá dejar constancia
del medio de pago utilizado y de los datos mismo que permitan su individualización en:
     a) la factura recibida;
     b) el recibo que le emitan como constancia del pago total o parcial. En este caso deberá
         también consignar el o los números de la o las facturas que ha cancelado en forma
         total o parcial;
    c) la orden de pago emitida mediante sistemas informáticos que permitan tal emisión
        junto con el pago respectivo, y en tanto:
            1. dicho documento cuente con numeración consecutiva y progresiva;
            2. se agregue y conserve una copia de la misma junto a la factura;
            3. se conserven el original y las copias de las órdenes de pago anuladas.
Cuando el medio de pago utilizado sea cheque de terceros –ya sea común, de pago diferido
y/o cancelatorio- deberá indicar además la CUIT de su librador o del comprador a la
entidad financiera, según corresponda.
Estas obligaciones podrán cumplirse utilizando con carácter alternativo y opcional, un
registro emitido mediante sistemas computarizados, que deberá ser confeccionado
mensualmente y conservarse archivado a disposición del personal fiscalizador de este
organismo.
La registración, ordenada por fecha de pago, deberá realizarse dentro de los DIEZ (10) días
hábiles administrativos posteriores a la finalización del respectivo período mensual. Para el
armado del mencionado registro se deberán observar los datos y especificaciones que se
consignan en el Anexo a la resolución.
Finalmente, el art. 6º dice:
“Será causal suficiente para impugnar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás
efectos tributarios de interés del contribuyente y/o responsable, los pagos que se efectúen
sin emplear los medios o procedimientos de cancelación en la forma y condiciones
establecidas en la presente.”
En el Anexo a la resolución (ver por Internet “AFIP-RG 1547(1886/2004) se indican:
    1) Datos que debe contener el Registro y
    2) Especificaciones y Diseño de Registro.

CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES

Debemos considerar que existe una confrontación entre lo que dice el art. 34 de la ley
11683 (de procedimiento tributario) y el art. 2º de la ley 25345 (de prevención de la evasión
fiscal o ley antievasión I) y es la siguiente:
    a) el art. 34 dice que en caso de no utilizar los medios de pago admitidos, permite la
        prueba por parte del contribuyente de la veracidad de la operación, pero
    b) el art. 2º de la ley antievasión niega toda posibilidad de tal probanza, señalando
        “aún cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones”
Esto ha dado origen ya a controversias entre contribuyentes y fisco y tenemos un fallo de la
Cámara Federal de Paraná que declara la inconstitucionalidad del primer párrafo “in fine”
del artículo 2 de la ley 25345 y recayó en la causa caratulada “EPUYEN S.A. c/AFIP-DGI
s/acción de inconstitucionalidad” y la síntesis de la Cámara es que:
-en definitiva, el artículo 2º de la ley 25345 al contradecir al artículo 34 de la ley de
procedimiento, impide la prueba de la verdad y resulta inconstitucional-
Aparentemente el Fisco ha apelado esta decisión de la Cámara ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y estaremos a la espera del fallo de la misma.

CONSIDERACIONES FINALES

Finalmente, creemos que no es redundante el insistir en la importancia que tiene el dar
cumplimiento a la presente disposición por cuanto el no observarla puede hacer decaer
créditos fiscales ya computados u otros beneficios fiscales, lo cual ocasionará un grave
daño patrimonial. Además, se debe considerar que aún cuando se utilicen medios de pago
considerados en la misma Ley 25345 como válidos, si no se guardan las formas regladas
entonces los pagos no serán considerados como válidos. Ejemplo sería si se paga con
cheque común o de pago diferido pero se lo confecciona “al portador “ y no se lo haya
cruzado y no se haya insertado al dorso la leyenda “para acreditar en cuenta”.
Otro ejemplo sería respecto al pago mediante depósito bancario al proveedor, dicha
modalidad no libera al contribuyente de tener que autoliquidar el impuesto sobre los débitos
y créditos sobre las transacciones financieras. Esto es respecto a que se estaría eludiendo el
tributo mencionado por no emplear para dicha cancelación cuentas bancarias propias. Lo
que se debiera hacer es depositar primero en la cuenta corriente bancaria y a posteriori
emitir un cheque propio para el pago, o de lo contrario autoliquidar el impuesto referido.

Bs. As. 24/02/2009
Estudio Cohen
SOC

				
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