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									Señor:
Presidente de la Comisión de Juicio Político
de la Cámara de Diputados de la Nación
D. José Ricardo Falú
S          /           D


                            Eduardo Aguirre Obarrio y Gregorio
Badeni, en nuestro carácter de letrados apoderados del Ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eduardo
Moliné O´Connor, constituyendo domicilio especial a los fines de
la contestación de los cargos formulados por la Comisión de
Juicio Político en Viamonte 1519, 3° piso, ante el señor
Presidente nos presentamos y decimos:
                            I
                            PERSONERIA
                            El mandato general conferido por el
Ministro Eduardo Moliné O´Connor, del cual resulta que estamos
habilitados, a igual que los restantes abogados citados en el
mismo, para intervenir en estas actuaciones en resguardo de sus
derechos e invocando su representación, fue oportunamente
presentado ante esa Comisión el 2 de abril de 2002.
                            Tal hecho no puede escapar al
conocimiento de los miembros de aquella, así como tampoco el
espacio físico donde fue reservado o archivado.
                            Sin embargo, cuando el día 11 de
julio del corriente año, a las 11,40 horas, el Dr. Martín Camilo
Galli Basualdo se constituyó en la sede de la Comisión de Juicio
Político para retirar la documentación que había sido puesta a
                                 2




disposición de nuestro representado conforme a la nota que le fue
cursada el día 10 de julio, se le informó que no era posible
concretar la entrega de aquella sin exhibir el poder que acreditara
su personería. Tal decisión, adoptada por personal de la
Comisión siguiendo las instrucciones del señor Presidente, fue
claramente arbitraria y lesiva para los derechos de nuestro
mandante (ver documento N° 1).
                            Es       que,   reiteramos,   mal   podía
ignorar el señor Presidente la existencia de ese mandato y que,
conforme al mismo, el Dr. Galli Basualdo revestía el carácter de
mandatario.
                            Le recordamos al señor Presidente
que, ese mandato, había sido conferido por escritura N° 69,
pasada al folio 179, del Registro Notarial N° 1863 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con fecha 28 de febrero de 2002.
                            En horas de la tarde del 11 de julio,
reiteramos el pedido para que se hiciera entrega de aquella
documentación, invocando el carácter de letrados del Dr. Moliné
O´Connor. Nuestra petición fue, nuevamente, desestimada “por
no tener autorización expresa suficiente del Dr. Moliné O´Connor”
(ver documento N° 2).
                            Finalmente, el 11 de julio, a las 17,45
horas, nos presentamos agregando copia del nuevo mandato
general que nos otorgó nuestro representado, que se extiende a
los mismos profesionales citados en la escritura N° 69. En esa
oportunidad,   recién nos fue entregada la documentación
requerida. De todas maneras, y como consecuencia, nuestro
representado no tuvo los elementos necesarios para analizar la
                                 3




seriedad de los cargos durante, prácticamente, un día. Así, el
plazo de 4 días y doce horas concedido para la contestación de
los cargos, se vio reducido a 3 días y 12 horas.
                             Para      evitar   cualquier   nuevo
cuestionamiento de nuestra personería, acompañamos en este
acto bajo el N° 3 fotocopia del poder general que nos otorgó el Dr.
Moliné O´Connor por escritura N° 309, pasada al folio 688, del
Registro Notarial N° 1863 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con fecha 11 de julio de 2003.
                             Declaramos, bajo fe de juramento,
que el mandato acompañado, a igual que el que se adjuntó con la
presentación de fecha 2 de abril de 2002, son copia fiel de sus
originales y que ambos están en vigencia a la fecha de esta
presentación.


                           II
                             OBJETO
                             Que venimos, en tiempo y forma de
ley, a contestar la nota por Usted remitida el día 10 de julio de
2003, para brindar la información pertinente sobre los cargos
formulados por la Comisión que preside, conforme a lo que
establece el artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de
Juicio Político.
                             Desde ya, y por las razones que
expondremos, solicitamos a esa Comisión que, de acuerdo al
artículo 14 del Reglamento Interno, resuelva la improcedencia del
juicio público requerido respecto de nuestro representado, sobre
                                   4




la base de las consideraciones de hecho y derecho que se
desarrollan a continuación.
                              CONSIDERACIONES
                              PRELIMINARES
                              A primera vista se advierte que se han
tomado en cuenta tres causas resueltas por la Corte Suprema en
desacuerdo con las ideas de la mayoría de los componentes de
esa Comisión.
                              Van, pues, algunas observaciones
preliminares.
                              Es preciso aclarar que, según consta
en el Acta de Reunión de Comisión, de fecha 3 de julio de 2003,
la declaración de la admisibilidad formal de los cargos contra el
Dr. Moliné O’Connor se realizó con la presencia –y el voto- de
menos de la mitad de los integrantes de la Comisión de Juicio
Político de la Cámara de Diputados de la Nación.
                              Presumiblemente por aplicación de
una norma reglamentaria –de lo que no se dejó constancia en el
Acta- la reunión comenzó a las 11:30 horas, encontrándose
ausentes DIECIOCHO DIPUTADOS, y con la presencia de
CATORCE LEGISLADORES ÚNICAMENTE. De modo que la
calificación de “unánime” a la referida decisión, sólo importa el
pronunciamiento de menos del 44% del total de integrantes de
dicha Comisión.
                              Quienes votaron afirmativamente en la
reunión son los diputados: Falú, Johnson, Martínez, Cettour,
Conte Grand, Di Cola, González A., Hernández S., Iparraguirre,
M. De Ferreira, Minguez, Nieto Brizuela, Polino y Tanoni. De los
                                  5




nombrados, los diputados Falú, Iparraguirre, Nieto Brizuela y
Minguez son, a su vez, denunciantes –con otros diputados- en las
causas cuya procedencia formal votaron.
                             Por consiguiente, el criterio en que se
sustentan los cargos contra el Dr. Moliné O’Connor, que
presuponen error o desacierto en los fallos de la Corte Suprema,
en realidad está fundado en la opinión minoritaria de la Comisión,
conformada por CATORCE DIPUTADOS, quienes han puesto en
movimiento este delicado mecanismo constitucional.
                             En nuestro derecho, el último y más
importante intérprete del sentido de los textos constitucionales es
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no los miembros
denunciantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de
Diputados. Lo saben ellos.
                             No tienen la suma del poder público,
ni pueden interferir en la Justicia ni imponer las propias
interpretaciones que su política del momento ansíe. Porque el
sistema de gobierno establecido por la Constitución Nacional
consiste en que, mientras la legislatura y el Presidente se van
renovando periódicamente y por el voto popular, no sucede lo
mismo con el Poder Judicial, cuyos integrantes, incluida la Corte
Suprema, son designados para que permanezcan en sus cargos
aunque las cámaras modifiquen su composición y las ideas
presidenciales varíen.
                             De modo que alterar ese método,
substituyéndolo por el peso del número de legisladores, así sean
todos, va contra el sistema de la República que regla la
Constitución. Es grave que los miembros denunciantes de la
                                    6




Comisión de Juicio Político actúen mecánicamente, y fijen fecha
para presentar su acusación, mostrando así que no les interesa
qué pueda decirse contra sus argumentos, porque acusarán de
todas maneras. Eso es despreciar el derecho de defensa.
                             También puede notarse el cuidado
que los miembros que declararon la admisibilidad de los cargos y
los miembros denunciantes de la Comisión han puesto para eludir
la exposición de lo que sucedió en cada uno de los casos. Porque
con esa explicación basta para que la gente advierta su sinrazón.
             Además no dicen en qué consiste lo malo que ven,
sino que lo substituyen por calificativos. Por ejemplo, ya el primer
cargo   es     “haber     legitimado      judicialmente   un     proceso
administrativo fraudulento”. Y eso no es un cargo, porque a
menos que entremos en el campo del derecho autoritario, los
cargos deben expresar hechos, y después vendrá la calificación
(Esto se explica, por ejemplo, en Derecho y razón, de Luigi
Ferrajoli, principalmente en cuanto a la garantía procesal de
necesidad de prueba y posibilidad de refutación (147), y “no se
puede probar, y todavía menos contradecir, una acusación
indeterminada    o      expresada       mediante   valoraciones,   tanto
inverificables como no confutables” (pág. 129), “suele ignorarse, o
al menos descuidarse, el problema de la semántica del lenguaje
judicial en que los actores del proceso exponen los hechos y las
pruebas” (pág. 125).
                             En vez, la transcripta es una frase, en
la que no se dice porqué el proceso administrativo es fraudulento.
                             Nos        encontramos   ante     un Juicio
Político, fuera de todo marco constitucional y legal, violatorio de
                                 7




las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, y
aniquilador –definitivamente- de la independencia del Poder
Judicial.
                            La destitución se funda, como hemos
visto, en la voluntad de los Poderes Políticos, disconformes con la
opinión vertida por el Dr. Moliné O’Connor – y otros Jueces- en
las decisiones adoptadas en el ejercicio de su función
jurisdiccional.
                            No sólo no existe esta causal de
remoción en la Constitución Nacional, sino que tampoco existe en
ninguno de los países que integran la comunidad civilizada.
                            La protección de las libertades de los
ciudadanos reposa en un sistema que garantiza la independencia
de los jueces contra el abuso del poder por parte del Estado; y
esa garantía es ilusoria, si los jueces pueden ser destituidos por
las sentencias que dicten en ejercicio de su función.
                            El juez es el último garante del honor,
la libertad y la fortuna del pueblo de la Nación; pero esa garantía
desaparece y se transforma en un mero enunciado vacío de
contenido, si su inamovilidad en el cargo no es efectiva.
                            A partir de ahora, ha desaparecido la
independencia     del   Poder   Judicial   de   nuestro     régimen
constitucional real: los jueces, para resolver, no solo tendrán en
cuenta el texto de la Constitución y de las leyes para garantizar
las libertades, sino también ponderarán las consecuencias que
sobre sus personas y sobre su cargo pueden tener sus
decisiones.-
                                  8




                            Si la sentencia que dicten tendrá un
efecto no deseado por las autoridades sobre la economía –desde
principios de 2002 se ha hablado de esto con relación al
“corralito”-, la suerte del Juez puede estar echada; lo mismo, si la
decisión versa sobre la libertad de alguna persona o la libertad de
pensar, o cualquiera de las garantías esenciales de nuestro
sistema constitucional, el juez puede tener su cargo en juego por
la decisión que adopte.
                            Si   los   miembros     que    declararon
admisibles los cargos y los miembros denunciantes deciden
cuáles sentencias motivan la remoción de los jueces, la única
jurisprudencia vigente será la que ellos determinen y definirán
cuál debe ser la opinión de los jueces bajo apercibimiento de ser
removidos.
                            Esta cuarta instancia parlamentaria,
inexistente en el mundo entero, implica que nadie quedaría fuera
del alcance irrestricto de la voluntad del gobierno del turno, pues
quien buscara refugio en los Tribunales se encontraría con que el
Juez que meramente piense en que fallar en su favor será
removido, y sustituido por otro que tenga otro criterio.
                            El daño al país es profundo y será
perdurable; no solo por la pérdida de protección de los derechos
de sus habitantes, sino por la aniquilación de la seguridad jurídica
que pone en grave riesgo su prosperidad y futuro. ¿Quién
invertirá dentro del país si sus ahorros no pueden ser
garantizados pro un Juez independiente? ¿Quién traerá sus
capitales para contribuir al progreso general, si las reglas jurídicas
no están garantizadas por un Poder Judicial cuya permanencia en
                                    9




los cargos defiende de la coincidencia de sus decisiones con la
voluntad del Poder Político.
                              El daño será irreparable, o por lo
menos pasarán años antes de que pueda tenerse fe en el sistema
judicial, que es la condición necesaria para que pueda tenerse fe
en el país.-
                              No pueden dejar de señalarse los
profundos y graves vicios que oscurecen el procedimiento
impreso a este juicio político:
                              El agravio a la garantía de defensa en
juicio, mediante:
   a) El Presidente de la Comisión; Dr. Falú, ha dicho que los
      descargos deben probar la inocencia del Juez imputado lo
      que implica que toda persona es culpable salvo que pruebe
      lo contrario. Gravísimo planteo que hace retroceder el
      marco jurídico de este proceso a la Edad Media,
      aniquilando una de las más grandes conquistas del derecho
      constitucional, la presunción de inocencia.
   b) La concesión de brevísimos plazos para ejercer la defensa,
      disminuidos al dificultar el acceso a la documentación.
   c) La formulación de cargos de una vaguedad que agravia la
      garantía del debido proceso, pues sobre actuaciones de
      centenares y miles de fojas se acusa de legitimación de
      procedimientos       fraudulentos,      u    oscuros   intereses,   u
      obstrucción de procedimientos, sin indicar los hechos
      concretos que configurarían tan graves acusaciones.
   d) Las      denuncias   iniciadas    por       los   propios   miembros
      denunciantes de la comisión de juicio político que tienen
                                 10




     prohibido la iniciación autónoma del procedimiento de
     remoción porque está vedado que actúe de oficio, con el
     agravante de que los mismos denunciantes son instructores
     y votan sobre la procedencia de sus propias denuncias.
  e) La intervención de diputados que desde antes de llegar el
     momento de resolver sobre si procede o no la destitución,
     han expresado que la remoción debe concretarse en el más
     rápido plazo posible.
  f) Las actuaciones constituyen, como el año pasado, un juicio
     a la Corte, no a un solo Juez, pues al cuestionarse las
     sentencias, se cuestiona a la institución. Un Juez de la
     Corte no puede dictar una sentencia: para que haya
     sentencia, se necesitan cinco firmas, previa deliberación de
     los nueve miembros.
                             Se aparenta que no hay juicio a la
Corte mediante el procedimiento de atacar a sus miembros uno
por uno; pero si se remueve al Dr. Moliné O’Connor por
Magariños, Macri, Meller, habrá cosa juzgada respecto de los
Dres. Belluscio, López, Vázquez, Boggiano (Nazareno ya
renunció), y si la Comisión no promoviera la destitución, se
encontrarían incursos probablemente en incumplimiento de sus
deberes; y los Dres. Petracchi y Fayt, se expidieron en cuanto a
la inapelabilidad extraordinaria de las resoluciones como las
dictadas en “Meller” en más de una oportunidad.
                             Mediante el cumplimiento de meras
“formas”, y no la sustancia de la garantía de defensa en juicio y
del debido proceso, se aparenta, cumplir, pero no se cumple la
Constitución.
                                 11




                           Atacando a los jueces por el contenido
de sus sentencias, destruye la independencia del Poder Judicial
definitivamente y éste se convierte en un subordinado de los
Poderes Políticos.
                            Dios nos guarde de este escenario, y
los señores Diputados adviertan la responsabilidad histórica que
les cabe si convierten al Poder Judicial de la Constitución,
protector último de sus habitantes, en un montón de escombros.


                           III
                           INTRODUCCION: IMPROCEDENCIA
                           SUSTANCIAL DEL JUICIO POLITICO
                           Sin perjuicio de rebatir todos y cada
uno de los cargos formulados a nuestro mandante y de
neutralizar las irregularidades perpetradas en estas actuaciones,
afirmamos que, el procedimiento iniciado por la Comisión de
Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, es
improcedente por la sola formulación de las causales por las que
ha sido promovido.
                           La forma republicana de gobierno que
adopta la Constitución Nacional en su artículo 1°, tiene como
presupuesto fundamental la división de poderes.
                           En el caso, ese principio básico de la
organización nacional, ha sido transgredido por la imputación de
mal desempeño que se formula exclusivamente sobre la base del
contenido de las sentencias dictadas por el magistrado en
ejercicio de su función.
                                  12




                            La solución de controversias por la vía
jurisdiccional es la función exclusiva y excluyente del Poder
Judicial de la Nación, que compete a los Jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales inferiores de
la Nación (art.116 de la Constitución Nacional).
                            No puede el Poder Ejecutivo de la
Nación ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de
causas pendientes o restablecer las fenecidas (art.109 de la
Constitución Nacional). Y tampoco puede el Poder Legislativo de
la Nación, sustituir a los jueces en la asignación del contenido de
los fallos, aunque esa función pretenda ser ejercida, por vía
indirecta, mediante la amenaza de destitución por no coincidir con
el sentido de tales decisiones.
                            El solo enunciado de las imputaciones
formuladas contra el Dr. Moliné O´Connor revela que la Comisión
de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación se ha
investido del papel de tribunal judicial, de instancia superior a la
de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
                            Cabe recordar, al respecto, que no ha
sido el Dr. Moliné O’Connor quien ha dictado los fallos que se
mencionan en las imputaciones, sino el Máximo Tribunal de la
Nación.
                            Por tratarse de un tribunal colegiado,
las decisiones de la Corte Suprema sólo pueden ser adoptadas
con el voto coincidente de, al menos, cinco de los jueces que lo
integran. Tal es lo acontecido con las causas invocadas por la
Comisión para acusar solamente al Dr. Moliné O’Connor de mal
desempeño.
                                     13




                              Ello    revela    que    la   mencionada
Comisión parlamentaria exhibe su desacuerdo con una o varias
sentencias de la Corte Suprema y, erigida en juzgador del
Tribunal, elige a uno de los magistrados que las suscribieron, sin
motivo particular alguno, para imputarle mal desempeño por el
sentido de la decisión adoptada por la mayoría de los jueces que
integran la Corte.
                              La inamovilidad de los jueces mientras
dure su buena conducta (art. 110 de la Constitución Nacional), es
la garantía de la independencia de los jueces y de la vigencia del
sistema republicano de gobierno.
                              Alfredo Palacios, en ocasión del juicio
político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, señaló que: “... así como ninguno de los miembros del
Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni
molestado por opiniones que emita en desempeño de su
mandato; ni el Poder Ejecutivo puede atribuirse funciones
judiciales, recíprocamente los magistrados no pueden ser
enjuiciados por las doctrinas o convicciones que sustenten en sus
fallos     porque     entonces       desaparecería     totalmente      su
independencia y quedaría abolido el principio de separación de
poderes” (Alfredo Palacios, “La Corte Suprema ante el Tribunal
del Senado”, Ed. Jus, Buenos Aires, 1947, pág.252).
                              Esa doctrina centenaria y universal,
iniciada    con     Montesquieu,     recogida   y    afianzada   por   la
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y toda su
doctrina y jurisprudencia, y jamás controvertida en nuestro
derecho, defendida firmemente por nuestros más insignes
                                   14




constitucionalistas y legisladores, amenaza con ser abandonada
por la formulación del cargo de mal desempeño por la opinión
vertida por un juez en las sentencias que suscribió con otros
magistrados.
                            La vigencia de la doctrina que concibe
a la independencia del Poder Judicial como indisolublemente
unida a la independencia de criterio de los magistrados y a la
inamovilidad en sus cargos, es continuamente afianzada por
organismos y asociaciones nacionales e internacionales de la
más variada índole.
                            Precisamente, la independencia de
criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se
pretende avasallar mediante el ataque individual a uno de los
jueces que la sostienen, acaba de ser reconocida por la U.B.A.
                            En     el     informe      del     Instituto    de
Investigaciones Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, se puede leer con toda claridad
que no hay fallos en que solo votaron jueces llamados
oficialistas.   Siempre   vota   al     menos       uno      no    oficialista.
Obviamente, dado que son minoría (4 sobre 9), tampoco hay
desde entonces fallos en que sólo votaron jueces denominados
no oficialistas.
                            Este        estudio   de      la      Universidad
Nacional de Buenos Aires (ver N. Guillermo Molinelli, La Corte
Suprema de Justicia de la Nación frente a los poderes políticos a
través del control de constitucionalidad, 1983-1998), a través de
un análisis sistemático de los votos durante el período 1935-1998
comparó los períodos de las diferentes cortes supremas y en
                                  15




especial las normas declaradas inconstitucionales en cada
período y si estas normas habían sido dictadas por el gobierno
que en forma contemporánea ejercía la Presidencia. El resultado
es el siguiente:
      - que la llamada “mayoría oficialista” no se expresa como tal
en el 91% de los fallos.
      - que el control judicial se ejerce, lo que se comprueba con
este dato: la Corte Suprema encontró inconstitucionalidades en
85 fallos como mínimo, en 43 antes y 37 luego de la ampliación.
      - La Corte ampliada de 1990 no manifestó una especial
reverencia al gobierno de Carlos Menem, pues declaró la
inconstitucionalidad de normas dictadas por ese gobierno en 15
oportunidades, mientras que en la Corte de 1983/90 solo hubo
una declaración de inconstitucionalidad de normas dictadas por
Alfonsín. Por lo tanto, concluye en estudio de la UBA, no hubo
una “reverencia particular hacia las normas emanadas durante la
Presidencia de Menem, lo que es un hallazgo interesante en
cuanto no coincide con la percepción popular al respecto”
(Informe citado, pag. 18).
                              También    se   afirma    que    en   la
declaración de inconstitucionalidad, el “71% (de los fallos) fueron
unánimes y que los fallos que encontraron a la llamada mayoría
oficialista fueron sólo 10” (pag. 16 del citado Informe).
                              Se expresa en el Informe de la UBA
una     “interesante       cantidad     de    normas        declaradas
inconstitucionales por la Corte desde 1983 y en particular desde
1990, con importantísimas consecuencias patrimoniales para el
                                      16




Fisco Nacional… indicio de que existe un cierto grado de
independencia” (cuyo grado el estudio no determina), pág. 19.
                              Se indica que ha habido en 1990-1998
“pocos cambios de jurisprudencia” (pág. 22).
                              Para tener una idea de la importancia
de las decisiones de la Corte contra el Estado en los años
noventa debe tenerse en cuenta que entre 1992 y 1994 se
emitieron Bocones y se pagó en efectivo por un importe de $
9.500.000.000 (pag. 18), por lo que mal puede descalificarse a la
Corte como “adicta” o “automática”.
                              Estas conclusiones, emanadas de la
Universidad de Buenos Aires, demuestran que no hay hechos
que avalen una “dependencia” de la Corte 1990-1998 respecto
del gobierno de Carlos Menem, y que la calificación de “mayoría
automática” es un slogan descalificador que no refleja una
realidad verificable en los fallos.
                              Esto no solo es grave sino que
gravísimo en cuanto sustenta el ataque institucional que hoy
padecen los miembros del tribunal designados durante el período
1990-1999.
                              También, otro informe según Ambito
Financiero (15/7/2003) da un repaso por la jurisprudencia
publicada en Fallos de la Corte y comprueba que esa mal llamada
mayoría no alteró la concepción jurídica entonces vigente. Por un
parte, la jurisprudencia no ha cambiado con la ampliación de la
Corte (salvo en cuestiones técnicas como ser la prescripción
comercial y fiscal -Fallos 314:1704 y 313:1366- o el agotamiento
de la instancia administrativa -Fallos 322:76-). Por la otra, los
                                 17




casos señalados como consecuencia de la mayoría automática
han sido resueltos por aplicación de principios tradicionales
enraizados    en   la   jurisprudencia   nacional    y     el   derecho
constitucional norteamericano (e.j. falta de caso, falta de
legitimación, cuestiones políticas, etc). Por ende, en estos
supuestos, la jurisprudencia no sólo no cambió, sino que, por el
contrario, el Tribunal se dedicó a cimentar sólidamente esos
principios.
                            Si la formación de una mayoría
automática de apoyo al Poder Ejecutivo tuvo lugar, sería lógico
encontrar multitud de sentencias a favor de esa rama del
gobierno. Sin embargo son escasos los casos en que una
sentencia de la Corte Suprema con la mencionada mayoría ha
beneficiado al Poder Ejecutivo. En realidad parece absurdo hablar
de beneficiar al Poder Ejecutivo cuando se dan casos donde, por
ejemplo, se consideró la falta de legitimación de los actores que
cuestionaban una determinada política o acto de gobierno. Si bien
esto implicaba el rechazo del recurso y por ende dejar vigente la
norma atacada, está claro que el Tribunal no podría modificar las
reglas centenarias que exigen la existencia de un caso o una
cuestión justiciable.
                            El   magistrado,   Dr.       Miguel   Angel
Caminos, en su carácter de Presidente de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, declaró el 2
de julio de 2003, con motivo de la celebración del 75° aniversario
de esa prestigiosa entidad, que “…perseveramos en reclamar la
irrestricta observancia de las garantías establecidas en beneficio
de la comunidad, para asegurar que los magistrados, en sus
                                 18




funciones, sólo se encuentren sujetos a la Constitución y a las
leyes que están llamados a interpretar y aplicar y que, por ello, no
puedan ser juzgados por el contenido de sus sentencias a menos
que éstas constituyan delito, porque de lo contrario se trastocaría
su libertad de conciencia. Se trata de garantías absolutas por la
naturaleza de la materia que preservan, y como tales no deben
ser relativizadas por interpretaciones facilistas que respondan a
situaciones   de crisis   sociales    o económicas,     porque es
precisamente en los momentos difíciles o graves cuando más se
requiere que funcionen en plenitud para alejar cualquier influencia
que pueda desviar el sentido de las decisiones judiciales”.
                            Añadió    que   “En   defensa     de    la
independencia del Poder Judicial, no podíamos permanecer
silenciosos frente a la crisis de extrema gravedad institucional por
la que hoy atraviesa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y
que derivó en la reciente renuncia de su presidente. Por eso,
frente   a    manifestaciones   que    podían     avasallarla,     nos
pronunciamos por el respeto irrestricto de la división de los
poderes del Estado, y reclamando por la celosa preservación de
esa atmósfera de respeto e independencia que debe rodear al
más alto Tribunal del país, que es, como lo definiera Joaquín V.
González, “intérprete final e irrevocable de todas las reglas,
doctrinas y poderes que contiene la Constitución Nacional, así
relativas a los particulares a quienes obliga o ampara, como a las
autoridades y Estados que de ella derivan su mayor fuerza y
majestad”, sentido de respeto en el que está insito el cuidado de
la dignidad y solemnidad de los jueces que la integran”.
                                    19




                               La “American Bar Association” , en el
informe     redactado    el     4    de    julio    de     1997    formuló
“Recomendaciones” relativas a “problemas relacionados con la
independencia de los jueces” , que por su actualidad y aplicación
al caso, conviene transcribir:
                               “El desacuerdo con una decisión
determinada de un juez no es una base apropiada para iniciar el
procedimiento de acusación. Los funcionarios públicos deberán
abstenerse de amenazar con la iniciación del procedimiento de
acusación basado en sus percepciones de la interpretación -
efectuada por el magistrado- acertada o equivocada de la ley, en
una resolución determinada.”
                               El informe pondera que, en doscientos
años, ningún juez fue removido en base a sus decisiones,
señalando que así como es inapropiado para un miembro del
Congreso amenazar a un juez de acusación y remoción por un
fallo que considera impopular, el juez está resguardado con la
necesaria independencia para resistir un juicio fundado en esa
clase de imputaciones.
                               Apartarse de esa doctrina universal,
importaría un severo retroceso para la ubicación de la República
Argentina     en    el        concierto        mundial    de      naciones,
comprometiéndola, inclusive, en el cumplimiento de tratados
internacionales    que   a      partir    de     1994    tienen   jerarquía
constitucional.
                               El Pacto de San José de Costa Rica
-Convención Americana sobre Derechos Humanos-, en el artículo
8, “Garantías Judiciales”, establece que toda persona tiene
                                20




derecho a ser oída por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, hipótesis que sería conceptualmente
imposible de alcanzar si los jueces pudiesen ser destituidos por el
contenido de sus sentencias.
                           El Tribunal Constitucional de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, dictó sentencia en la
causa “Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú”,
en fecha 31 de enero de 2001, promovida a raíz de una denuncia
relativa a la ilegal remoción de tres magistrados del Tribunal
Constitucional del país demandado.
                           Los jueces habían sido destituidos
como culminación de un proceso político de presión y
hostigamiento originado en un pronunciamiento judicial adverso al
gobierno. Ponderó el Tribunal los argumentos de la Comisión
Interamericana, en el sentido de que la independencia de los
jueces, amparada por el artículo 8 de la Convención, debía ser
valorada en el caso con relación a la posibilidad de los
magistrados de dictar decisiones contrarias a los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, como así también al carácter en que debe
actuar el Congreso como juez en el procedimiento de destitución
de los magistrados. Dijo que: “Cualquier acto estatal que afecte
esa independencia y autonomía resulta contrario al artículo 8 de
la Convención”. Señaló también que “puesto que la inamovilidad
de los jueces se encuentra implícitamente garantizada en el
artículo 8.1 de la Convención, en caso de que un juez tenga que
ser removido, esta decisión debe ser tomada luego de un
procedimiento establecido en la Constitución, pues ello, además
de evitar la arbitrariedad, garantiza la independencia de los
                                21




jueces ante los demás poderes del Estado y ante los cambios
político -electorales.” Halló que en el caso en estudio se dio “una
confabulación de los tres poderes públicos” y expresó que:
                           “El juicio político contemplado en la
Constitución peruana no puede emplearse para controlar el
ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ni para
ejercer presión contra sus magistrados, pues ello constituiría,
como efectivamente sucedió, una interferencia ilegítima en la
función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de
gobierno.”
                           Hizo mérito, asimismo, de que el
Congreso había violado los criterios de “imparcialidad subjetiva”
dado que varios hechos reflejaban que: “la mayoría del Congreso
ya tenía una convicción formada respecto al caso”, pues
consideró que 40 congresistas, entre ellos varios integrantes de
las Comisiones Investigadora y Acusadora, habían tomado
partido públicamente acerca del sentido en que debía resolverse
la cuestión judicial sometida a decisión de los magistrados, que
después fueron destituidos.
                           La Corte Interamericana, por su parte,
destacó que “uno de los objetivos principales que tiene la
separación de los poderes públicos, es la garantía de
independencia de los jueces”. Agregó que: “Esta Corte considera
necesario que se garantice la independencia de cualquier Juez en
un estado de derecho y, en especial, la del juez constitucional en
razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su
conocimiento”.
                                   22




                            Finalmente, la Corte concluyó que: “...
es evidente que el procedimiento de juicio político al cual fueron
sometidos los magistrados destituidos no aseguró a éstos las
garantías del debido proceso legal y no se cumplió con el
requisito de la imparcialidad del juzgador. Además, la Corte
observa que, en las circunstancias del caso concreto, el Poder
Legislativo   no   reunió    las        condiciones   necesarias   de
independencia e imparcialidad para realizar el juicio político
contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional.”
                            Por ello, juzgó que: “el Estado violó el
derecho a la protección judicial...consagrado en el artículo 25 de
la Convención Americana”, en virtud de lo cual y del resultado de
las restantes cuestiones sujetas a decisión, impuso al Estado una
severa sanción pecuniaria, consistente en el pago de los salarios
caídos -dos de los magistrados ya habían sido repuestos en sus
cargos- y de las sumas fijadas por la Corte en concepto de costas
y gastos.
                            Nuestra Corte Suprema de Justicia
jamás se apartó de esos principios y destacó en numerosos fallos
que no podrá lograrse una administración imparcial de justicia si
los jueces carecen de plena libertad de deliberación y decisión en
los casos que se someten a su conocimiento y si se viesen
sometidos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las
consideraciones vertidas en sus sentencias pudieran ser
objetables (Fallos 274:415). También es doctrina constante que el
eventual error judicial en materia opinable, no puede determinar
el enjuiciamiento del magistrado (Fallos 271:175), pues si cada
juez se hallase sujeto al temor de responder patrimonialmente por
                                  23




la más mínima equivocación, sólo un mendigo o un tonto
aceptaría desempeñar ese cargo (“Miller v. Hope”, House of
Lords, April 1, 1824).
                            En     ese      marco   homogéneo        de
pensamiento     democrático,      se    instala   desde    antiguo   la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de
Norteamérica, al señalar:
                            “Es        un   principio     general    de
fundamental importancia de toda administración de justicia que un
funcionario judicial, cuando ejerce las facultades que le han sido
conferidas, tenga libertad para actuar de acuerdo con sus propias
convicciones, sin miedo a sufrir consecuencias personales”
(“Bradley v. Fischer”, 80 U.S. 13 Wall. 335-1871).
                            Podrían completarse libros enteros
con citas de doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, del
presente y del pasado, sin que exista en ellas fisura alguna que
pudiese dar lugar a dudas acerca de lo que constituye el objeto
del presente capítulo: la absoluta imposibilidad constitucional y
legal de iniciar proceso de destitución a un magistrado por la
opinión vertida en sus sentencias.
                            Por cierto que este principio no es
extraño a la doctrina del Congreso de la Nación. Reiteradamente
ha sostenido que no le corresponde interferir en la órbita del
Poder Judicial, aprobando o desaprobando sus sentencias (Diario
de Sesiones de la Cámara de Diputados de 1899, págs. 828/829;
dictamen de la Comisión de Juicio Político de rechazo in limine en
los expedientes acumulados 3531-D-92, 3745-D-92 y 158-P-92).
                                 24




                            Asimismo, la Comisión de Juicio
Político de la Cámara de Diputados, tiene resuelto que "no
corresponde que el Parlamento interfiera en la órbita del Poder
Judicial aprobando o desaprobando sus fallos, y ésa ha sido la
doctrina que tradicionalmente ha seguido el Congreso...Sostener
que el criterio registrado en los fallos puede constituir mal
desempeño de sus funciones, destruye en sus bases el principio
de separación de los poderes; y convierte al Congreso en una
especie de supertribunal, árbitro final de las contiendas judiciales,
que impondría su jurisprudencia mediante la inhabilitación de los
jueces que no siguieran su dictado...Desaparecería así el control
de constitucionalidad de las normas emanadas del Parlamento;
no sólo por la enorme presión que significa en el ánimo del juez
pensar en alzarse frente a la ley dictada por el órgano que tiene
en sus manos removerlo, sino porque el Congreso podría
destituirlo de inmediato, conservando como jueces sólo a
aquellos que no declararan la inconstitucionalidad de sus leyes"
(Labor Legislativa-Comisión de Juicio Político- año 1998, pág.
711 y siguientes).
                            También los señores Legisladores han
tenido ocasión de expedirse en el marco legal que compete al
desempeño del Consejo de la Magistratura, en forma concreta e
inapelable sobre el mismo punto que aquí se examina, pues
dispone el art.14 de la ley 24.937:
                            “Queda asegurada la garantía de
independencia de los jueces en materia del contenido de las
sentencias.”
                                 25




                            A pesar de tan claro texto legal, y de
que en nuestro derecho, el último y más importante intérprete del
sentido de los textos constitucionales es la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el curso que toma este procedimiento de
juicio político revela que ese intérprete final ha de ser la Comisión
de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
                            Por ello, en forma coincidente con las
normas constitucionales y legales citadas, con la doctrina y
jurisprudencia nacionales y extranjeras y con la doctrina emanada
del Congreso de la Nación, la Comisión de Juicio Político de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación debe rechazar, sin
más, la formación de causa en virtud de las imputaciones sub
examine y ordenar el archivo de las actuaciones, dando
cumplimiento de tal modo a su deber constitucional, con ajuste
las disposiciones y principios que rigen el caso.
                            IV
                            INCORPORACION                        DE
                            DOCUMENTOS Y PRODUCCION DE
                            PRUEBAS
                            Conforme      al    artículo   12    del
Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político, “Si del
estudio previo del expediente surgieren indicios ciertos o
semiplena prueba de causales graves que hagan a la
procedencia del juicio político, se procederá a abrir la instancia
mediante sustanciación de sumario”, a fin de obtener elementos
probatorios para la comprobación de los “hechos investigados”.
                            En el marco de esa instrucción
sumarial, que es la etapa en que nos encontramos, el
                                 26




requerimiento de documentos y la producción de ciertas pruebas
es una facultad indiscutible de la persona imputada (conf. art. 73
del Código Procesal Penal). No solamente en resguardo de su
inviolable derecho de defensa, sino también para evitar la
prosecución de una causa que, posteriormente, se compruebe
que era manifiestamente improcedente. Improcedencia que se
puede evitar mediante una diligente instrucción sumarial.
                            Conforme a la notificación cursada a
nuestro mandante el 10 de julio de 2003, se destaca que estaban
a su disposición “los expedientes referenciados, sus anexos y los
elementos constitutivos de indicios o semiplena prueba de
causales graves (art. 12, primera parte, del Reglamento Interno),
que hacen a la procedencia del juicio político”.
                            Como el tratamiento de las denuncias
formuladas contra el Dr. Moliné O´Connor se concretó el 3 de
julio, es comprensible que, en el lapso de 7 días, no se hubieran
recolectado la totalidad de los elementos que podrían servir de
sustento, o no, a los cargos expuestos.
                            Consideramos        que     corresponde
remediar este defecto propio de un apresuramiento innecesario y
que, por las razones indicadas en el segundo párrafo de este
capítulo se proceda a:
1)   En el caso “Macri”:
1.1) Requerir la remisión al seno de la Comisión de la totalidad
     de las causas penales relacionadas con dicho caso que se
     detallan seguidamente: (i)       "Macri,      Francisco y otro
     s/recurso de casación", que tramitara por ante la Sala IV de
     la Cámara Nacional de Casación Penal bajo el n 1378, y
                                 27




     originariamente ante el (ii) Juzgado Federal de Concepción
     del Uruguay, provincia de Entre Ríos, bajo el n° 2646, y
     posteriormente ante (iii) la Cámara Federal de Apelaciones
     de Paraná, provincia de Entre Ríos, bajo el n 4-1378.
     Como el cargo formulado por la Comisión se basa sobre la
     sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la
     Nación, y en particular sobre el voto concurrente que emitió
     nuestro representado, en resguardo del derecho de defensa
     corresponde tener a la vista la totalidad de los antecedentes
     que determinaron aquella sentencia. Ello se impone para
     poder evaluar los elementos fácticos que lucen en tales
     causas penales y que componen un expediente judicial que
     concluye con una sentencia. Componentes fácticos que, a
     igual que los legales, son los que determinan un
     pronunciamiento judicial.
                            Cabe      aclarar    que,     en     la
documentación existente en la Comisión, sólo se registran las
actuaciones que lucen de fs. 9630 a 9648. Pero no las anteriores
de fs. 1 a 9629 cuya remisión se solicita, por ser indispensables
para el ejercicio del derecho de defensa e, inclusive, para que los
miembros de la Comisión de Juicio Político tengan cabal
conocimiento sobre los antecedentes determinantes de la
sentencia que cuestionan.
  2) En el caso "Meller":
2.1) La totalidad de las causas penales promovidas con relación
     al caso "Meller". Solamente nos fueron entregadas algunas
     actuaciones desarrolladas en la Oficina de Anticorrupción,
     entre las cuales figuran fotocopias de ciertas piezas de una
                              28




    causa penal, tales como: sentencia del juez federal Jorge
    Ballestero del 30 de diciembre de 2002 disponiendo el
    archivo de la causa penal Nº 9618/01; dictamen del fiscal
    federal Gerardo Di Masi del 27 de diciembre de 2002
    requiriendo el archivo de esas actuaciones; sentencia del
    juez de primera instancia del 9 de diciembre de 2002
    rechazando una medida de no innovar presentada por la
    Oficina de Anticorrupción; sentencia de la Cámara en lo
    Criminal y Correccional Federal del 6 de febrero de 2003
    confirmando la denegación de esa medida de no innovar;
    diversas cédulas remitidas a la Oficina de Anticorrupción
    notificando resoluciones judiciales. Pero, a igual que en el
    caso anterior, como la formulación de cargos se basa sobre
    el contenido de la sentencia que emitió la Corte Suprema
    de Justicia, corresponde requerir y poner a nuestra
    disposición copia íntegra de la causa penal Nº 9618/01 y de
    cualquier otra sustanciada por el caso "Meller".
2.2) Corresponde requerir, y poner a nuestra disposición,
    fotocopias de todas las actuaciones administrativas que, a
    fs. 163 de los autos "Meller Comunicaciones S.A. c/
    Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ Recurso de
    Hecho" le fueron oportunamente remitidas a la Corte
    Suprema de Justicia como antecedentes de base a los fines
    de la resolución judicial del caso. La Comisión de Juicio
    Político, solamente nos entregó fotocopia del expediente
    que corresponde al recurso de hecho pero, en la carátula
    de ese expediente judicial, precisamente, se mencionan "6
    agregados ver fs. 163" que en su momento fueron
                                29




     reclamados por la Corte Suprema y luego devueltos a la
     autoridad administrativa. El análisis de tales antecedentes,
     que fue realizado antes de que la Corte dictara su
     sentencia, se impone en esta ocasión debido a que los
     cargos se relacionan con el contenido de esa sentencia.
  3) Un tema crucial, como el referente a si los jueces pueden
     ser destituidos de sus cargos por la causal de mal
     desempeño debido al contenido de sus sentencias, debería
     contar con la opinión que emitan las entidades más
     calificadas del país en materia jurídica. Nos referimos a la
     Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y a la
     Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Solicitamos,
     se les requiera una opinión fundada sobre el particular para
     constatar la seriedad jurídica de los cargos formulados y en
     resguardo del derecho de defensa del Dr. Moliné O´Connor.
  4) Por la activa participación que tuvieron en los casos
     "Meller", "Magariños" y "Macri", solicito la declaración de los
     testigos siguientes que podrán ser interrogados libremente:
4.1) El Dr. Juan Carlos Cassagne, con domicilio en Reconquista
     360, 6º piso.
4.2) El Dr. Ricardo Gil Lavedra, con domicilio en Avenida Santa
     Fe 1643, 1º piso.
4.3) El Dr. Agustín Gordillo, con domicilio en Viamonte 749, 10º
     piso, oficina 8.
4.4) El Dr. Alejandro Carrió, con domicilio en 25 de Mayo 555,
     16º piso.
  5) Destacadas personalidades del ámbito jurídico formularon
     declaraciones públicas, cuya ratificación y desarrollo se
                                30




     imponen a los fines del debido esclarecimiento de los
     hechos sobre los cuales se sustentan los cargos:
5.1) El Dr. Lino Palacio, con domicilio en Maipú 864, 9º piso,
     quien publicó una carta de lectores en la edición del diario
     La Nación correspondiente al día 13 de julio de 2003.
5.2) El Dr. Ricardo Gil Lavedra, cuyo domicilio ya fue
     denunciado, quien, en declaraciones efectuadas a Radio
     10, según informa Infobae el 4 de junio de 2003, declaró
     con referencia a un discurso del Presidente de la República
     que "es muy malo para la república la interferencia de un
     poder a otro y remarcó que debe cesar este clima de
     confrontación permanente. No me parece lógica esta
     actitud. Cualquiera sea el juicio que nos merezcan los
     miembros de la Suprema Corte, no son los hombres, sino la
     institución la que debemos empezar a respetar".
5.3) El Dr. Jorge Bacqué, ex miembro de la Corte Suprema, con
     domicilio en Avda. Santa Fe 1317, 3º piso, 5º, quien, según
     informa Infobae el 4 de junio de 2003, manifestó: "Me
     parece que todo este asunto alrededor de la Corte es un
     gran mamarracho, francamente me parece lamentable.
     Nadie puede pensar que le tenga simpatía a la actual Corte,
     pero como institución, la Corte debe ser defendida. Inventar
     un juicio político porque se considera que no conviene que
     siga, es muy malo para la República".
5.4) El Dr. Julio Strassera, con domicilio en Marcelo T. de Alvear
     1577, 8º piso, quien, en declaraciones ante Radio 10
     difundidas por Infobae el 5 de junio de 2003 declaró: "Es un
     asunto muy grave. Cuidado con fabricar juicios políticos
                                   31




     para disponer de vacantes. Porque son los mismos
     diputados que, el año pasado, le cerraron el juicio, y ahora
     quieren reflotar estos mismos juicios. Es muy grave. Se
     corre un riesgo muy alto contra el sistema republicano.
     Porque mañana viene otro Presidente al que no le gusta la
     composición de la Corte y los echa de un plumazo.
     Salvemos los principios republicanos".
5.5) El Dr. José Miguel Onaindia, domiciliado en Leandro N.
     Alem 639, 9º "C", quien, en declaraciones a Radio 10
     difundidas por Infobae el 7 de junio de 2003 declaró: "La
     decisión del gobierno de Néstor Kirchner de embestir contra
     la Corte Suprema de Justicia genera enfrentamiento entre
     poderes. Estamos frente a una injerencia indebida por parte
     del Poder Ejecutivo. Crear un conflicto de poderes no es
     sano para el estado de derecho".
  6) En este marco de declaraciones testimoniales, también
     solicitamos el testimonio del Ministro de Justicia, señor
     Gustavo Beliz, con motivo de sus graves imputaciones y
     cargos formulados sobre la totalidad de los integrantes de la
     Corte Suprema de Justicia. Para el supuesto que Beliz opte
     por contestar las preguntas por escrito sin asistir a la sede
     de   la      Comisión   de    Juicio   Político,   presentaremos
     oportunamente el interrogatorio de estilo.
  7) Se   libre    requerimiento    al   Juzgado    Nacional   en   lo
     Contencioso Administrativo Federal Nº 9, para que remita
     copias del expediente Nº 40522/95 caratulado "Empresa
     Nacional de Telecomunicaciones c/ Telefónica de Argentina
     S.A. s/ Contrato Administrativo", del cual resulta que ciertas
                                  32




       obligaciones   asumidas    por   ENTEL,    similares   a   las
       resultantes del caso "Meller", no deberían ser soportadas
       por el Estado Nacional sino por las empresas telefónicas
       privadas.
     8) Se citará aprestar declaración testimonial a los integrantes
       del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
       en la sede del mismo para que expresen si i) dicho
       organismo tiene resuelto que los Magistrados judiciales no
       pueden ser removidos de sus cargos por el contenido de
       sus sentencias. La citación abarcará a:
8.1) Dr. Horacio Vicente Billoch Caride.
8.2) Dr. Angel Francisco Pardo.
8.3) Dr. Jorge Alfredo Agundez.
8.4) Dr. Manuel Justo Baladrón.
8.5) Dr. Sergio Oscar Dugo.
8.6) Dr. Enrique Pedro Balsa.
8.7) Dr. Guillermo Ernesto Sagües.
8.8) Dr. Eduardo Alejandro Roca.
9)     Se requiera informe al Consejo de la Magistratura de la
       Nación para que comunique si, con motivo de algunas de
       las causas penales vinculadas al caso “Macri” se han
       recibido, y en qué fecha, pedidos de remoción de los jueces
       Ana María C. de Durañona y Vedia, Amelia Lydia Berraz de
       Vidal, Gustavo M. Hornos, César Osiris Lemos, Claudio
       Gutiérrez de la Cárcova, Gustavo Losada y Marcelo Ignacio
       Aguinsky. Asimismo, de haber sido presentados, cuál es el
       curso que se les dio a los mismos.
                                33




10)   Se requiere a la Comisión de Juicio Político que informe si,
      con referencia a los casos “Macri”, “Meller” y “Magariños”
      existen denuncias presentadas ante ellas solicitando, en
      forma conjunta o indistinta, por todas o algunos de tales
      casos, pedidos de juicio político contra los ministros de la
      Corte Suprema de Justicia, Dres. Guillermo López, Antonio
      Boggiano, Adolfo Vázquez y Augusto Belluscio.
11)   Se requiera a la Cámara de Diputados de la Nación y al
      Senado de la Nación informen si, con motivo de la
      acusación en un juicio político a los magistrados judiciales
      se sostuvo que ellos no podían ser removidos por el
      contenido de sus sentencias, indicando en cada caso los
      nombres de los diputados y/o senadores que se expidieron
      en tal sentido y acompañando copia auténtica de las
      versiones taquigráficas de lo actuado en las sesiones
      correspondientes.
12)   Como prueba, acompañamos 46 artículos y desgrabaciones
      de programas periodísticos citados en el curso de esta
      presentación.
                           A fin de esclarecer debidamente los
hechos en el marco del procedimiento establecido por el artículo
12 del Reglamento Interno, y en resguardo del derecho de
defensa de nuestro representado, solicitamos se ordene la
producción de las medidas de prueba enunciadas.
                           Sin perjuicio de lo solicitado “ut supra”,
se solicitan las siguientes medidas de prueba:
13)   Se oficie al Consejo de la Magistratura a los fines de que
      remita:
                                34




13.1) Copia certificada de la versión estenográfica de la reunión
      del 1° de julio de 2003, es especial conteniendo los dichos
      del consejero Yoma.
13.2) Copia certificada de todas las actuaciones relacionadas con
      el pedido de avocación del Dr. Magariños en relación a la
      sanción impuesta por la Corte Suprema.
13.3) Copia certificada de la Resolución N° 123/99 del Consejo
      de la Magistratura.-
13.4) Copia certificada de la decisión que adoptó por mayoría el
      1° de julio del 2003 en relación al caso Magariños y
      dictámenes de todas las comisiones que intervinieron en el
      trámite –incluidas las disidencias que existieron en cada
      comisión- y del pleno y de sus disidencias.
14)   Se oficie a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los
      fines de que remita:
14.1) Copia certificada del Expediente Nº 4128/01 iniciado por el
      Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de la
      Nación, donde tramitó el sumario al juez Magariños.
14.2) Copia certificada de la Acordada 52/98 y de las siguientes
      resoluciones: Resolución 26/99 del 30 de junio de 1999 en
      el caso “Urso, Jorge Alejandro s/ presentación”; Resolución
      51/99 del 19 de octubre de 1999 en el caso “Intervención
      dispuesta en Exptes. 27/99, 98/99 y 139/99 S.G. del C.M.”;
      Resolución 1/00 del 3 de febrero de 2000 en el caso
      “Cámara Nacional de Apelación en lo Civil s/ relevamiento
      en Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
      43”; Resolución 31/00 del 25 de abril de 2000 en el caso
      “Cámara Nacional de Casación Penal s/ eleva actuaciones”;
                                  35




      Resolución 33/00 del 4 de mayo de 2000 en el caso
      “Justicia Nacional del Trabajo s/ relevamiento”; Resolución
      21/01 del 3 de abril de 2001 en el caso “Leoni de Capozzi,
      Gladys Nilda s/ avocación (apercibimiento)”; y Resolución
      N° 36/02 del 21 de mayo de 2002 en el caso “Actuación por
      publicación en carta de lectores en diario Clarín de fecha
      25/8/98”, y S.10-24.700/98, “Robbio, Mario A. s/ avocación -
      causa n° 737”, del 21/12/99 (Fallos 322:3289).
14.3) Copia certificada del Reglamento para la Justicia Nacional.
14.4) Copia del caso "Fernández Prieto".
15)   Al Director General de Derechos Humanos del Ministerio de
      Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, para que
      informe porqué remitió una nota a la Corte Suprema de
      Justicia en la cual destacaba que, en el caso Nº 12.315 de
      la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
      OEA, el Ministerio había recibido nuevas observaciones de
      los peticionarios cuestionando los argumentos defensivos
      expuestos por el Estado Argentino y porqué precisó que
      entre los dictámenes elevados por los codenunciantes en
      apoyo de su postura, figuraba uno emitido por el Dr. Héctor
      Magariños entre cuyos antecedentes presentados figuraba
      el de ser Juez de Cámara de los Tribunales Orales en lo
      Criminal de la Capital Federal.
16)   A la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
      Nacional, para que informe (i) si emitió un comunicado al
      iniciarse el juicio político y cual fue su contenido; (ii) si sus
      asociados acostumbran a asesorar a la Defensoría General
      y otras dependencias o poderes del estado en los casos
                                 36




      contenciosos a nivel internacional y con que fundamentos;
      (iii) si la conducta referida en el punto anterior se ajusta al
      comportamiento ético que se espera de los magistrados de
      la justicia nacional.
17)   A Editorial La Ley, para que informe si el Dr. Héctor
      Magariños publicó un artículo en La Ley 1999-D-661, remita
      un ejemplar e informe la difusión que tuvo el mismo,
      incluyendo cantidad de ejemplares y donde fue distribuido.-
18)   A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para
      que informe si se encuentra en su poder una copia del
      dictamen elaborado por el Juez Magariños y si lo ha
      utilizado en la acusación que formuló al estado Argentino
      ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
19)   Se requiera la remisión ad effectum videndi de la causa
      caratulada “Macri, Francisco y otro s/recurso de casación”,
      que tramitara por ante la Sala IV de la Cámara Nacional de
      Casación Penal bajo el no. 1378, y originariamente ante el
      Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, provincia de
      Entre Ríos, bajo el n° 2646, y posteriormente ante la
      Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de
      Entre Ríos, bajo el no. 4-1378, a cuyo fin se libre el
      pertinente oficio.
20)   Se requiera la remisión ad effectum videndi de la causa que
      bajo el número 10.120 se siguiera ante el Juzgado en lo
      Penal Económico no. 6 de esta ciudad contra Francisco
      Macri y Raúl Martínez.
21)   Se requiera la remisión ad effectum videndi de la causa que
      tramitara ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico no. 2
                                   37




      de esta ciudad contra Francisco Macri y Raúl Martínez por
      infracción a la Ley Penal Tributaria.
22)   Se libre oficio a la Dirección General Impositiva a los
      efectos de que se remita todas aquellas actuaciones
      labradas en vinculación con el pago de la pretensión fiscal
      por un monto de $ 7.044.345 con relación al hecho
      investigado ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico
      nro. 2 aludido más arriba.
23)   Se libre oficio al Consejo de la Magistratura a los efectos de
      que se informe sin con motivo de alguno de los expedientes
      que aparecen vinculados con las decisión arribada por la
      Cámara Nacional de Casación Penal existen actuaciones
      vinculadas con algún eventual pedido de juicio político
      respecto de los magistrados Ana María C. Durañona y
      Vedia, Amelia Lydia Berraz de Vidal, Gustavo M. Hornos,
      César Osiris Lemos, Claudio Gutiérrez de la Cárcova,
      Gustavo Losada y Marcelo Ignacio Aguinsky.
24)   Se libre oficio a la Comisión de Juicio Político de la Cámara
      de Diputados de la Nación a los efectos de que se informe
      si con motivo de la tramitación ante la Corte Suprema de
      Justicia de la Nación del recurso de hecho M 286 deducido
      por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación
      Penal en los autos “Macri, Francisco y otro s/evasión fiscal -
      causa 2646- “existen actuaciones vinculadas con algún
      eventual pedido de juicio político respecto de los Dres.
      Guillermo A. F. López, Antonio Boggiano y Adolfo Roberto
      Vázquez, quienes aparecen firmando junto con el Dr.
      Eduardo Moliné O´Connor el voto de la mayoría.
                                38




25)   Se libre oficio a la Comisión de Juicio Político de la Cámara
      de Diputados de la Nación a los efectos de que se informe
      si con motivo de la tramitación ante la Corte Suprema de
      Justicia de la Nación del expediente “Magariños” existen
      actuaciones vinculadas con algún eventual pedido de juicio
      político respecto de los Dres. Guillermo A. F. López, Adolfo
      Roberto Vázquez, y Augusto C. Belluscio quienes aparecen
      firmando junto con el Dr. Eduardo Moliné O´Connor el voto
      de la mayoría.
26)   Se libre oficio a la Comisión de Juicio Político de la Cámara
      de Diputados de la Nación a los efectos de que se informe
      si con motivo de la tramitación ante la Corte Suprema de
      Justicia de la Nación del expediente “Meller” existen
      actuaciones vinculadas con algún eventual pedido de juicio
      político respecto de los Dres. Guillermo A. F. López, Adolfo
      Roberto Vázquez, o Antonio Boggiano quienes aparecen
      firmando junto con el Dr. Eduardo Moliné O´Connor el voto
      de la mayoría.
27)   Se libre oficio al Presidente de la Cámara de Diputados de
      la Nación a los efectos de que se informe con relación a los
      juicios políticos que tuvieron lugar hasta la fecha, si en
      alguna oportunidad se decidió que los magistrados no
      podían ser sometidos a juicio político con motivo del
      contenido de sus sentencias, indicando en cada caso los
      nombres de los diputados y/o senadores que se expidieron
      en tal sentido y acompañando además copia autenticada de
      las versiones taquigráficas de lo actuado en las sesiones
      correspondientes.
                                  39




28)   Se libre oficio al Presidente de la Cámara de Senadores de
      la Nación a los efectos de que se informe con relación a los
      juicios políticos que tuvieron lugar hasta la fecha, si en
      alguna oportunidad se decidió que los magistrados no
      podían ser sometidos a juicio político con motivo del
      contenido de sus sentencias, indicando en cada caso los
      nombres de los diputados y/o senadores que se expidieron
      en tal sentido y acompañando además copia autenticada de
      las versiones taquigráficas de lo actuado en las sesiones
      correspondientes.
29)   Se libre exhorto vía diplomática, o bien se instrumente de la
      forma en que esa Comisión disponga, al señor relator
      Especial   sobre    la   Independencia   de   Magistrados    y
      Abogados de la Comisión de Derechos Humanos de la
      Organización de las Naciones Unidas, Dato Param
      Cumaraswamy, con domicilio en 8-14 Avenue de la Paix
      1211 Geneva 10, Switzerland (República Suiza), a los
      efectos de que se expida (i) acerca de si el trámite del juicio
      político al que se ve sometido el Dr. Eduardo Moliné
      O´Connor se ajusta a las normas consagradas al efecto por
      las Naciones Unidas y (ii) acompañe además copia de “Los
      Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la
      Independencia de la Judicatura”.
30)   Se libre oficio a cada uno de los tribunales inferiores en que
      intervinieron en las causas que se somete a juicio político a
      mi defendido para que informen el plazo de tiempo
      empleado para dictar sentencia en las causas “Meller” y
      “Magariños”.
                                    40




31)   Se libre oficio al titular de la Fiscalía en lo Criminal y
      Correccional N° 8 a fin de requerirle tenga a bien remitir a
      esa comisión la causa no. 9618/01 caratulada “N.N. s/abuso
      de autoridad y violación de los deberes de funcionarios” o,
      en su defecto, copia integra de la misma.
32)   Se oficie al tribunal arbitral de obras pública a fin de que
      sean remitidos a esa Comisión los siguientes expedientes: i)
      expediente no. 010711 ENTEL (e.l.); (ii) expte. TAOP No.
      2346/98 con todos sus agregados y vinculados.-
33)   Se oficie al Ministerio de Economía (Dirección General de
      Asuntos Jurídicos) a fin de que sean remitidos los
      expedientes EXP-S01:0285493/2002 y Expte. no. 0288520-
      02.
34)   Se libre oficio al Señor Ministro de Economía, Obras y
      Servicios Públicos de la Nación a fin de que informe, con
      relación al reclamo de la empresa Meller S.A. -directamente
      vinculado a la causa objeto de investigación-, acerca de la
      totalidad de las actuaciones administrativas cumplidas con
      motivo de la pretensión de cobro de las acreencias que
      fueran    reconocidas   a     dicha    empresa,   a   partir    del
      pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la
      Nación del 5 de noviembre del 2002.
35)   Se    libre   requerimiento    al   Juzgado    Nacional    en    lo
      Contencioso Administrativo Federal No. 9, para que remita
      copias del expediente no. 40.522/95 caratulado “Empresa
      Nacional de Telecomunicaciones c/Telefónica de Argentina
      SA s/contrato administrativo”, del cual resulta que ciertas
      obligaciones    asumidas      por     ENTEL,   similares   a    las
                                  41




      resultantes del caso “Meller”, no deberían ser soportadas
      por el Estado Nacional sino por las empresas telefónicas
      privadas.
36)   Se oficie a El Derecho, con domicilio en Tucumán 1438,
      para que informe si el Dr. Juan Carlos Bonzón Rafart
      publicó un artículo El Derecho, tomo 187, pág. 566 y sgtes.
      comentando el fallo de Casación “Macri”, y que opinión
      formula en ese caso, artículo del cual se acompaña copia
      respectiva.-
37)   Se acompaña en la presente copia certificada del
      expediente N° 19.442/2003 que tramita por el Juzgado N° 2,
      Secretaría No. 3 en lo Contencioso Administrativo Federal
      “Meller S.A.- Meller Comunicaciones S.A.-UTE c/ PEN-LEY
      25561 DTO 1570/01 214/02 (Caja Valores) s/ Proceso de
      Conocimiento Ley 25561. En caso de negarse su
      autenticidad se solicita oficio al Juzgado mencionado a fin
      de que remita el original o copia certificada del expediente.
38)   Se requiera de la Academia Nacional de Derecho de
      Buenos Aires y a la Academia Nacional de Derecho de
      Córdoba, a los fines de que emitan un dictamen sobre los
      casos que son motivo de juzgamiento en base a los
      siguientes puntos:
38.1) Si las decisiones en los casos “Macri”, “Meller” y
      “Magariños” se encuentran ajustadas a la letra de la
      Constitución y de la ley, sin perjuicio de la posibilidad de
      emitir alguna disidencia;
38.2) Si las decisiones en los casos “Macri”, “Meller” y
      “Magariños”    resultan     razonables   de   acuerdo   a   la
                                  42




      jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
      Nación.
38.3) Si corresponde someter a juicio político a los jueces de la
      Corte Suprema de Justicia de la Nación por el contenido de
      las sentencias que éstos han dictado y con que alcances;
39)   Se cite a los siguientes testigos:
          Ana María C. Durañona y Vedia, Juez de la Cámara
            Nacional    de    Casación     Penal,   domiciliada   en
            Comodoro Py 2002, de esta Ciudad.
          Amelia Lydia Berraz de Vidal, Juez de la Cámara
            Nacional    de    Casación     Penal,   domiciliada   en
            Comodoro Py 2002, de esta Ciudad.
          Gustavo M. Hornos, Juez de la Cámara Nacional de
            Casación Penal, domiciliada en Comodoro Py 2002,
            de esta ciudad.
          César Osiris Lemos, Juez del Tribunal en lo Penal
                                                                  -
          Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Juez del Tribunal en
            lo Penal Económico no. 2, domiciliado en Comodoro
            Py 2002.-
          Gustavo Losada, Juez del Tribunal en lo Penal
            Económico n° 2, domiciliado en Comodoro Py 2002.
          Marcelo Ignacio Aguinsky, Juez del Juzgado en lo
            Penal Económico no. 6, domiciliado en Av. De los
            Inmigrantes 1950.
          Jorge L. Landaburu, abogado, con domicilio en 25 de
            Mayo 555, 16° piso. Capital Federal.
                               43




         Luis A. Rodríguez, abogado, cuyo domicilio deberá
           requerirse al Colegio Público de Abogados de la
           Capital Federal.
         Alejandro Carrió, abogado, domiciliado en 25 de mayo
           555, Piso 16.
         Ricardo Gil Lavedra. Abogado, domiciliado en Avda
           Santa Fe 1643, Piso 1°.
         Director General de Derechos Humanos del Ministerio
           de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación para
           que explique porque remitió una nota a la Corte
           Suprema explicando que había un juez de la nación
           que había firmado un dictamen, con domicilio en
           Esmeralda y Arenales.
         Al titular de la Defensoría General de la Nación,
           Callao 970 de esta ciudad.
         Dr. Juan Carlos Bonzon Rafart, cuyo domicilio deberá
           requerirse al Colegio Público de Abogados de la
           Capital Federal.-
         Rodolfo Barra, abogado con domicilio en Avda.
           Corrientes 316 Primer Piso de esta ciudad.
                           V
                           NATURALEZA          DEL       JUICIO
                           POLITICO     Y   FUNCION     DE    LA
                           COMISIÓN DE JUICIO POLITICO
                           Las manifestaciones públicas vertidas
por varios diputados, por integrantes de la Comisión de Juicio
Político, por el señor Presidente e, inclusive, por algunos
funcionarios del órgano ejecutivo del Gobierno nacional, ponen de
                                  44




relieve un desconocimiento preocupante, desde la óptica
constitucional, sobre la naturaleza del llamado “juicio político” y
sobre las funciones que desempeña aquella Comisión.
                             Desconocemos si tales expresiones
responden a una finalidad de política agonal incompatible con el
curso de este procedimiento, o si fueron formuladas para
satisfacer requerimientos de algún funcionario público, o para
confundir a la ciudadanía, buscando un anticipado consenso al
resultado pretendido. Pero, cualquiera que fuera la real
motivación, se impone la necesidad de precisar jurídicamente qué
es el “juicio político” y cuál es la función de la Comisión de Juicio
Político.
                             Solicitamos         se       nos    excuse   si
incurrimos en alguna reiteración de conceptos vertidos en ocasión
del procedimiento seguido ante la misma Cámara en el año 2002,
pero ello resulta ineludible para asegurar en plenitud, en estas
actuaciones, el ejercicio de legítima defensa.
                             El mecanismo establecido por los
artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, tiene por objeto
hacer   efectiva   la   responsabilidad        política    del   presidente,
vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y jueces de la Corte
Suprema de Justicia por mal desempeño de sus cargos, o por la
comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, o por la
comisión de delitos comunes.
                             Si   bien    la     Ley      Fundamental     no
designa a ese procedimiento con el rótulo de “juicio político”, ha
sido aceptado por la generalidad de la doctrina y en la práctica
                                  45




congresual. En efecto, el artículo 59 alude a un “juicio público” y
no a un “juicio político”.
                             Los antecedentes mediatos de este
procedimiento los encontramos en el juicio de residencia de la
época colonial y en el impeachment inglés, aunque presenta
importantes diferencias con ellos.
                             El juicio de residencia consistía en
una investigación impuesta por el derecho indiano al cual
quedaban sujetos los virreyes, gobernadores y magistrados
coloniales cuando concluían sus funciones. Se fundaba sobre el
principio de responsabilidad inherente a toda función de gobierno,
y como un freno necesario para obligarlos a estar atentos y
ajustados a sus deberes (conf. Joaquín V. González, “Manual de
la Constitución Argentina”, pág. 501, Ed. Estrada, Bs. As. 1983).
                             A diferencia del juicio político, el juicio
de residencia era ineludible. Se trataba de una verdadera
rendición de cuentas que se llevaba a cabo para determinar la
eventual responsabilidad de los ex funcionarios. En cambio, el
juicio político constituye un “antejuicio” que apunta a la destitución
del funcionario que está en ejercicio de su cargo con
prescindencia de la verificación de una eventual responsabilidad
jurídica (conf. Germán Bidart Campos, “Tratado Elemental de
Derecho Constitucional Argentino”, T.II, pág. 189, Ediar, Bs. As.
1986), que está sujeta a la consideración excluyente del Poder
Judicial.
                             El impeachment inglés, que comenzó
a ser aplicado en 1376, consistía en la acusación formulada
contra un individuo por la Cámara de los Comunes ante la
                                    46




Cámara de los Lores, con motivo de conductas consideradas
opuestas a los intereses del Estado. Se utilizó para separar de
sus cargos a los ministros de la Corona, por cuanto no era
aplicable al monarca ni a los jueces. Su tramitación solamente
estaba    condicionada   a    circunstancias           de    orden    político
relacionadas con el manejo de los negocios públicos. Esta,
seguramente, fue la razón por la que dejó de aplicarse desde
1805, cuando se consolidó en Gran Bretaña el régimen de
gabinete, que determina la renuncia solidaria de sus integrantes
por el simple hecho de no obtener un voto de confianza o ser
objeto de un voto de censura por la Cámara de los Comunes,
procedimiento    coherente     en        el    marco    de     un    sistema
parlamentario para concretar la destitución (conf. Segundo V.
Linares   Quintana,   “Tratado      de        la   Ciencia    del    Derecho
Constitucional”, T. IX, pág. 457, Plus Ultra, Bs. As. 1977/1988).
                             En cambio, el llamado juicio político,
es una institución propia de los Estados que tienen una
organización ejecutiva de tipo presidencial. Mediante él no se
hace efectiva la responsabilidad política solidaria propia del
sistema parlamentario, como tampoco la responsabilidad jurídica
por la comisión de hechos delictivos, que está reservada
explícitamente al Poder Judicial.
                             Nuestros constituyentes, al incluir el
llamado juicio político, se basaron sobre el texto constitucional de
los Estados Unidos que, a su vez, se inspiró en el impeachment
inglés, aunque adecuándolo al sistema presidencialista. Como se
trata de un juicio donde se considera la responsabilidad política
del funcionario en función del principio de idoneidad requerido por
                                47




el artículo 16 de la Ley Fundamental, resulta razonable que el
juzgamiento se atribuya a un órgano político y representativo, y
que el fallo condenatorio se limite a producir la destitución del
acusado y, eventualmente, su inhabilidad para ocupar cargos
públicos en el futuro.
                           Pero esa responsabilidad no tiene
carácter absoluto, porque solamente puede basarse sobre
algunas de las tres causales que prevé el artículo 53 de la
Constitución.
                           Si bien las razones que motivan la
sustanciación de un juicio político no son susceptibles de revisión
judicial si se basan sobre algunas de esas causales, el
pronunciamiento condenatorio que emane del Senado queda
sujeto al control del Poder Judicial en la medida que configure la
violación sustancial de algunas de las garantías y derechos que la
Constitución reconoce a todos los habitantes del país (conf.
Fallos C.S. 308:961), y otro tanto respecto del proceso
instructorio.
                           El carácter político que se atribuye a
este procedimiento, no responde a una concepción de política
agonal, sino de alta política arquitectónica, que queda sujeta al
imperio de la ley. El sólo hecho de que tal procedimiento esté
impuesto por una ley –la Constitución-, quiere decir que no puede
transitar por carriles políticos arbitrarios, sino de conformidad a
los preceptos legales.
                           Resulta ilustrativo que, en los Estados
Unidos, cuando se aplica este procedimiento, la Cámara de
Representantes se designa como “Grand inquest of the Nation”, y
                                 48




al Senado como “High Court of Impeachment”. Es que, las etapas
inquisitorias anteriores a la acusación, y la propia acusación, son
por su naturaleza una función judicial que la Constitución asignó
al Congreso (conf. Bernard Schwartz,           “Los poderes del
Gobierno”, T. I, pág. 150, Universidad Nacional Autónoma de
México, México 1966) y que, por ende, debe ser ejercida
preservando los derechos y garantías de tipo jurisdiccional que, la
Constitución federal y los tratados internacionales sobre derechos
humanos, reconocen con meridiana claridad.
                            Si el procedimiento no se adecua a
tales reglas, estará al margen de la Constitución careciendo de
toda validez. Así, Sánchez Viamonte enseñaba que el juicio
político aplicado a los magistrados judiciales es “una institución
judicial para quienes ejercen el poder jurídico mediante la
aplicación de la ley” (“Manual de Derecho Constitucional
Argentino”, pág. 278, Kapelusz, Bs. As. 1958).
                             Está claro que, esa referencia, no
tiene vigencia tan sólo cuando la Cámara de Diputados formula
su acusación, y cuando el Senado asume el rol de tribunal
judicial. Se extiende a todo el procedimiento del juicio político,
que arranca cuando la Comisión de Juicio Político resuelve abrir
la instancia instructoria que prevé el artículo 12 de su Reglamento
Interno. Es que, “mal podría sostenerse que el enjuiciamiento de
los jueces puede hacerse discrecionalmente y librado al arbitrio
de las Cámaras legislativas”, porque, en tal hipótesis, el juicio
político dejaría de “servir a su elevada finalidad institucional con
que ha sido concebido, subvirtiéndose y desnaturalizándose,
cuando interfiere con el no menos importante principio de la
                                  49




división de los poderes, acertadamente reputado como el baluarte
de la libertad civil y política. Asimismo, el juicio político contradice
los propósitos que lo inspiran, cuando sirve de instrumento a la
pasión, a la baja política, a la venganza o no se respetan en su
tramitación de resolución los sagrados mandatos de la justicia y la
seguridad jurídica del individuo” (Segundo V. Linares Quintana,
ob. cit., págs. 454 y 456).
                               En sentido similar, se pronuncian, en
orden al estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso
legal, Germán Bidart Campos (ob. cit., pág. 188) y Humberto
Quiroga Lavié (“Constitución de la Nación Argentina Comentada”,
pág. 291, Zavalía, Bs. As. 2000).
                               El procedimiento del llamado juicio
político comienza cuando, la Comisión de Juicio Político procede
“a abrir la instancia mediante sustanciación de sumario” (art. 12
del Reglamento Interno). Abrir la instancia, mediante la
sustanciación del sumario, significa el inicio de una etapa de
instrucción, que concluye con el despacho que emite la Comisión
(conf. Humberto Quiroga Lavié, ob. cit., pág. 301).
                               Tal temperamento fue compartido
por la Comisión cuando, en su nota del 18 de marzo de 2002,
accedió parcialmente al pedido de prórroga formulado por nuestro
mandante, citando el artículo 346 del Código Procesal Penal.
                               Aceptando este punto de vista, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar el 31 de
enero de 2001 la sentencia N° 71, expresó que toda denuncia o
queja “formulada contra un juez por su actuación judicial y
profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo
                                   50




al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído
imparcialmente. En esta etapa inicial, el examen de la cuestión
será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. En
otras palabras, la autoridad a cargo del proceso de destitución de
un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento
establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de
defensa" (consid. 74). Añadió que, a su criterio, constituía una
irregularidad que, los legisladores que hubieran cuestionado el
funcionamiento del Tribunal Constitucional del Perú, "luego
participaron en las diferentes comisiones y subcomisiones que se
nombraron en el proceso en estudio" (consid. 78).
                            Es un procedimiento, si se quiere, de
carácter mixto. Es político por la naturaleza de las causales
constitucionales que lo impone, y porque es un órgano político el
que interviene en su sustanciación. Pero. esa naturaleza política,
reiteramos, no se relaciona con el concepto de política agonal al
cual es tan proclive la clase política. No se relaciona con los
fenómenos de conquista y conservación del poder, sino con el
concepto de política arquitectónica (Juan Francisco Linares, “La
política como técnica social”, Revista Jurídica de Buenos Aires
1962, pág. 220; Maurice Duverger, “Introducción a la política”,
pág. 16, Ariel, Barcelona 1964).
                            Pero        también   tiene   naturaleza
jurídica porque no configura una atribución discrecional del
Congreso, sino sujeta a los límites establecidos por la
Constitución. No solamente respecto a su estructuración en los
artículos 53, 59 y 60 de la Ley Fundamental, sino también en
orden a la rigurosa aplicación y respeto de todos los derechos y
                                     51




garantías individuales que ella establece, y que han sido objeto
de reglamentación por los tratados internacionales sobre
derechos humanos previstos en su artículo 75, inciso 22.
                                De        manera     que,    aunque     la
sustanciación esté a cargo de un órgano político -el Congreso- su
curso debe ajustarse estrictamente a las normas jurídicas que
tutelan los derechos humanos, tal como lo enseñaba Carlos
Sánchez Viamonte (ob.cit.), que le asignan una naturaleza
jurídica. Y, asimismo, cuando involucra a magistrados judiciales,
reviste el carácter de una institución judicial. Tales circunstancias
determinan      que    el   actual   procedimiento     revista    carácter
jurisdiccional y no meramente político. Asimismo, si bien no es
susceptible de reglamentación mediante una ley, pues abarca
atribuciones constitucionales propias y diferentes de cada
Cámara del Congreso, sí es susceptible de ello en virtud de una
reglamentación interna.
                                A tal fin, responden el Reglamento
de la Cámara de Diputados y el Reglamento Interno de la
Comisión     que      Usted   preside.      En     ambos,    encontramos
disposiciones    regulatorias    del      procedimiento     que   estamos
cursando. Ellas son lo suficientemente amplias y genéricas como
para avalar la postura que hemos expuesto en orden a su
carácter jurídico y judicial. Ninguna de ellas presenta el rigor
propio de las normas procesales de índole penal o civil, de
manera que la interpretación de aquellas no puede quedar sujeta
a las limitaciones provenientes de estas últimas. Por el contrario,
ellas deben ser interpretadas en función de los principios
teleológicos que inspiran a la Constitución Nacional: la libertad y
                                 52




dignidad de la persona humana como valor supremo de la
organización política global. Principios que, inclusive en caso de
duda, avalan la aplicación del principio “in dubio pro libertate”
cuando entramos a debatir el alcance de los derechos y garantías
de los individuos (Segundo V. Linares Quintana, “Tratado de
Interpretación Constitucional”, pág. 273 y sig., Abeledo Perrot, Bs.
As. 1998).
                             En síntesis, el “juicio político” que
regula la Constitución Nacional en su articulado, tiene carácter
jurisdiccional y, en el curso de su sustanciación que se inicia en el
ámbito de la Comisión de Juicio Político, tanto ella como las
Cámaras del Congreso carecen de potestades absolutas,
arbitrarias, discriminatorias o discrecionales en orden a sus
efectos.
                             Ese procedimiento, que ni siquiera
recibe la denominación de “juicio político” en la letra de la Ley
Fundamental, sino de “juicio público” (art. 59 C.N.), es una
excepción al principio general que concentra la actividad
jurisdiccional del Estado en el Poder Judicial y, como toda
excepción, debe ser objeto de una interpretación restrictiva (conf.
Segundo V. Linares Quintana, ob. cit., págs. 579 y sig.).
Interpretación restrictiva que, en modo alguno, permite soslayar
los principios y garantías que conforman el debido proceso legal.
Ni por parte de la Comisión de Juicio Político, en su carácter de
instructor; ni de la Cámara de Diputados, en su condición de
fiscal; ni por el Senado en su papel constitucional de juez.
                             El carácter jurisdiccional del “juicio
político”, proviene del hecho de estar regulado en la Constitución
                                  53




Nacional, que no puede ser objeto de interpretaciones aisladas o
fragmentarias de sus contenidos, sino de una interpretación
sistemática. De una regla hermenéutica que la considere como un
conjunto de preceptos inescindibles cuyo significado debe resultar
de un análisis armónico de todas las partes de su texto (conf.
Segundo V. Linares Quintana, ob. cit., pág. 401 y sig.).
                              Tal circunstancia determina que, en
el “juicio político”, se apliquen todas las garantías reconocidas por
la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre
derechos humanos a las personas que están sujetas a cualquiera
de las manifestaciones del poder jurisdiccional del Estado. Los
jueces, la Comisión que Usted preside y las cámaras del
Congreso, jamás pueden desconocer tales garantías a menos
que se decida dejarlas sin efecto mediante la reforma de la
Constitución conforme al sistema de su artículo 30, o a la
denuncia de los tratados sobre derechos humanos en la forma
prevista por su artículo 75, inciso 22.
                             Sin embargo, y tal como se describirá
a continuación, la actuación desplegada por la Comisión de Juicio
Político   ha   desconocido    los     principios   más   elementales
constitutivos del debido proceso legal apartándose, inclusive, de
la doctrina impuesta por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al dictar la sentencia N° 71 del 31 de enero de 2001.
Sentencia que, como ya hemos dicho, impone la aplicación de las
reglas del debido proceso legal en los pedidos de remoción de
magistrados judiciales.
                              Solución, esta última, que se adecua
plenamente a los principios expuestos en el artículo 18 de la
                                54




Constitución federal y en el artículo 8° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Precisamente, esta última
impone el deber de conceder a todo inculpado el tiempo y los
medios adecuados para su defensa, y que se presuma su
inocencia hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad.
                            Conforme a manifestaciones vertidas
por integrantes de la Comisión de Juicio Político y otros
diputados, aquellas garantías no serían exigibles en el marco de
la instrucción de un “juicio político”. Ello sería así porque, la
decisión de remover a nuestro representado estaría respaldada
por una suerte de “clamor popular” reflejado en presuntas
encuestas de opinión. Nada más inexacto en el marco de un
sistema constitucionalista sobre el cual se asienta el Estado de
Derecho, como figura opuesta al Estado de Policía.
                            Sobre el particular, en el célebre
caso “Horta c/ Harguindeguy” (Fallos C.S. 137:47), nuestra Corte
Suprema de Justicia destacó que “la doctrina de la omnipotencia
legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la
mayoría del pueblo, es insostenible dentro de un sistema de
gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los
distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Si el pueblo
de la Nación quisiera dar al Congreso atribuciones más extensas
que las que ya le ha otorgado o suprimir algunas de las
limitaciones que le ha impuesto, lo haría en la única forma que él
mismo ha establecido al sancionar el art. 30 de la Constitución.
Entretanto, ni el legislativo ni ningún departamento del gobierno
pueden ejercer lícitamente otras funciones que las que le han
sido acordadas expresamente o que deben considerarse
                                    55




conferidas por necesaria implicancia de aquéllas. Cualquiera otra
doctrina es incompatible con la Constitución, que es la única
voluntad popular expresada en dicha forma”. Y, si esta conclusión
no complace a los miembros de la Comisión de Juicio Político
debido a la naturaleza del órgano que la emitió, de todas maneras
deben acatarla fielmente en función de la doctrina vinculante
expuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
cuando dictó la ya citada sentencia N° 71 del 31 de enero de
2001.
                               VI
                               NULIDADES E IMPUGNACIONES
                               El procedimiento sustanciado hasta
el presente contiene numerosas irregularidades determinantes de
su nulidad, cuya declaración desde ya se solicita.
                               No nos corresponde analizar si ellas
son fruto de la negligencia o de la forma precipitada que se gestó
este “juicio político” para nuestro mandante, o si esto último
respondió   a    un   diseño    concebido     en   concurrencia   con
funcionarios del Poder Ejecutivo, que tomaron indisimulada
injerencia en un procedimiento estrictamente legislativo.
                           Cabe, en cambio, puntualizar algunas
irregularidades que tornan nulo de nulidad absoluta a este
procedimiento.
                           A
                           ES INVIABLE LA REMOCION DE
                           LOS           JUECES    EN   RAZON     DEL
                           CONTENIDO DE SUS SENTENCIAS
                                 56




                            La totalidad de los cargos formulados
respecto de nuestro mandante, aluden al contenido de sus votos
en ciertas sentencias y resolución emitidas por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
                            Se   hace    mención      de   presuntos
criterios jurídicos contradictorios; en el desconocimiento de
ciertas normas jurídicas; y hasta de una finalidad política
encubierta. Son, todas ellas, apreciaciones subjetivas que, al
margen de no ser veraces, carecen de toda entidad para
fundamentar la sustanciación de un juicio político.
                            En modo alguno puede, algún órgano
legislativo, juzgar el acierto o el error de las resoluciones
judiciales. En estos años de normalidad institucional, en
innumerables ocasiones hemos asistido al impulso de juicios
políticos con motivo de las opiniones sustentadas por los jueces
en sus fallos. Reclamar la existencia de un Poder Judicial
independiente y solicitar la remoción de un magistrado por el
criterio sostenido en una sentencia es una contradicción en los
términos. Es que, la independencia del juez se vincula,
inescindiblemente, con la imposibilidad de invocar el sentido de
sus pronunciamientos como causal de mal desempeño.
                            De no ser así, las sentencias dictadas
no serían el reflejo del libre pensamiento de los jueces sino del
que sustentan los órganos de control (llámese el Congreso, para
los jueces de la Corte Suprema, el Jurado de Enjuiciamiento, para
el resto de los magistrados), conclusión que demuestra, con su
mero enunciado, lo insostenible de los principios que conducen a
ella. Sólo sería admisible, en este esquema, lo que opinan las
                                  57




cámaras del Congreso o el Jurado de Enjuiciamiento, para
interpretar   la   Constitución   y    las   leyes.   Función   que,
constitucionalmente, ha sido reservada al Poder Judicial.
                            En esta línea de pensamiento se
enrola el juez Marcos A. Grabivker, al sostener que la
independencia de los jueces para resolver los casos que les son
sometidos a juzgamiento ha sido un principio cardinal y
estratégico en la construcción de nuestro sistema de organización
política. El mencionado sistema se cimenta sobre ciertas pautas,
entre las cuales figura la libertad de decidir sin presiones,
influencias o coacciones provenientes de los otros poderes del
Estado. Cita el caso "Bradley vs. Fischer" (80 US (13 Wall) 335
de 1871), en el cual la Suprema Corte de los Estados Unidos
destacó que "un juez debe ser libre para juzgar según sus
convicciones personales sin temor que ello le podrá acarrear
consecuencias personales", y que "el cuestionamiento de las
bases jurídicas de un fallo atenta contra la independencia del
juez".
                            Añade que, igual temperamento, fue
adoptado por la Unión Internacional de Magistrados en la
conferencia celebrada en Río de Janeiro en marzo de 1995; el
Estatuto del Juez Iberoamericano; el Estatuto del Juez Europeo,
aprobado en Sevilla en 1992; por la Organización de las Naciones
Unidas en diciembre de 1985, mediante la Resolución 40/144 de
su Asamblea General; por el reporte de la Comisión de División
de Poderes e Independencia Judicial de la American Bar
Association el 4 de julio de 1997 ("Remoción de Magistrados-
                                   58




Pretensión de decidir la apertura del procedimiento en razón del
contenido de las sentencias", La Ley 1999-F-905).
                             Por cierto que este principio no es
extraño a la doctrina del Congreso de la Nación , a la que se ha
aludido supra y a la que aquí cabe remitirse para evitar
repeticiones innecesarias.
                             Nunca en Estados Unidos se llegó al
extremo de remover a un juez solo por el contenido de sus
sentencias. En 1805 el Congreso llegó a acusar al Justice Samuel
Chase por su decisión en el caso de la “Alien and Sedition Act” (2
U.S. 137 [1803]) pero el Senado correctamente lo absolvió. Tal
como señaló Stephen Burbank al testificar ante la Comisión:
                             “Desde          la     conclusión    del
procedimiento contra el Juez Samuel Chase hasta el presente la
opinión generalizada que incluye a muchos funcionarios de las
ramas políticas es que la invocación del procedimiento de juicio
político no es una respuesta apropiada para contrarrestar
decisiones judiciales no populares”.
                             Y en abril de 1996 el Chief Justice
Rehnquist, en una conferencia en la American University, señaló
que el caso de Justice Chase daba “la seguridad al poder judicial
que los actos judiciales, sus decisiones no serían la base para
removerlos de sus oficinas a través de un juicio político y que ese
había sido el principio rector en la Cámara de Diputados y en el
Senado desde ese día hasta la fecha”.
                              En        síntesis,   200    años   de
precedentes avalan la tesis de que no es posible someter a
                                     59




jueces a un procedimiento de juicio político solo por el contenido
de sus sentencias.
                                Por otra parte es muy difícil para los
jueces explicar sus propias sentencias. El juez habla a través de
sus sentencias y por una cuestión ética le es muy difícil hacer
comentarios extrajudiciales sobre lo que ha resuelto. Pero a los
poderes políticos les corresponde entonces acatar las decisiones
de la justicia, no atacarlas.
                                Un claro ejemplo de liderazgo lo
encontramos con el caso de Nelson Mandela. Cuando la Corte
Suprema de Sudáfrica declaró contrarios a derecho una serie de
delegaciones de facultades que el congreso de ese país había
hecho en el Presidente Mandela, éste declaró que la Corte había
dado la última palabra y que al Ejecutivo sólo le cabía obedecer
su decisión (Stephen Bright, “Political attacks on the judiciary:
Can justice be done amid efforts to intimidate and remove judges
from office for unpopular decisions?” en New York University Law
Review, Vol. 72, p. 308, 1997).
                                En   tal   sentido,   Enrique   Hidalgo,
destaca que la Comisión de Juicio Político resolvió que "si el
Congreso de la Nación pretendiera imponer su punto de vista
respecto de cada cuestión susceptible de diversa opinión, grande
sería el daño a la magistratura, tanto por la pérdida de respeto,
crédito y solemnidad que ésta sufriría, como por cuanto sería
ilusoria la independencia de aquel Poder para adoptar decisiones
conforme a derecho según su ciencia y conciencia (siempre
dentro del marco de razonable opinabilidad que presenta la
materia jurídica, y mientras no se pueda presumir que la opinión
                                 60




dada no corresponde al leal pensamiento del magistrado, sino
que ella es interesada por pasiones o intereses económicos u
otra razón que desvirtúe la magna función de impartir justicia). Y
esto no es baladí, y por eso desde antiguo se lo ha respetado
como un principio liminar de las sociedades justas, y así se dijo
que "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté
asegurada, ni la separación de los poderes determinada, carece
de constitución" (art. 16 de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789) ("Controles constitucionales
sobre funcionarios y magistrados", pág. 120, Ed. Depalma, Bs.As.
1997).
                           Sobre la misma base, el Jurado de
Enjuiciamiento de los Magistrados de la Nación, tiene resuelto
que, "Si el juez resolvió la pretensión dentro de un marco
razonablemente compatible con la legislación aplicable, más allá
de su acierto o error, su actuación no traduce un apartamiento del
regular desempeño jurisdiccional, en los límites y con el alcance
provisional de la decisión adoptada: medida cautelar" (Causa N°
3).
                           También destacó que "Así como
ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado,
interrogado judicialmente ni molestado por opiniones que emita
en desempeño de su mandato; ni el Poder Ejecutivo puede
atribuirse funciones judiciales, recíprocamente los magistrados no
pueden ser enjuiciados por las doctrinas o convicciones que
sustenten   en   sus   fallos   porque   entonces   desaparecería
totalmente su independencia y quedaría abolido el principio de la
separación de poderes" (Causa N° 3).
                                 61




                            Por su parte, el Consejo de la
Magistratura, al dictar la Resolución N° 212/01 recaída en el
expediente N° 89/2001, del 11 de julio de dicho año,
desestimando la denuncia formulada contra el Dr. Roberto
Falcone, destacó que "...reiteradamente se ha dicho que debe
procurarse evitar que se utilice la solicitud de sanciones
disciplinarias o inclusive la amenaza de juicio político, como
herramientas para condicionar el ejercicio independiente de la
magistratura, lo cual constituye un avance indebido sobre las
atribuciones constitucionales de los órganos judiciales". Tras citar
fallos atinentes a la independencia del Poder Judicial y dictados
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos C.S.
305:113 y 305:1751), añadió que "No cabe, pues, por la vía de
una denuncia de la índole de la examinada en el presente
expediente, cercenar la libertad de deliberación y decisión de que
deben gozar los jueces en los casos sometidos a su
conocimiento".
                            En igual postura se inscribe María
Angélica Gelli (“Constitución de la Nación Argentina”, pág. 696,
Ed. La Ley, Buenos Aires 2001).
                            Consideramos     un   grave    atentado
contra la independencia del Poder Judicial que se pretenda
revisar el criterio con el cual son falladas las causas por los
magistrados del Poder Judicial. De ser así, siempre pendería
sobre los jueces la amenaza de enjuiciamiento, con lo que su
libertad de decisión se vería coartada pues no tendrían que
decidir según su criterio sino compulsando el que pudieran
                                 62




sustentar los integrantes del Congreso, cuya función en un
régimen republicano de división de los poderes no es la de juzgar.
                            Si   el   criterio   que   objetamos   se
consagrara, ello significaría lisa y llanamente el fin de la
independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes
del Gobierno. El fin de la independencia del Poder Judicial es el
fin del régimen republicano de gobierno que consagra la
Constitución. Así lo expresó hace ya más de dos siglos el artículo
16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789: “Toute société dans laquelle la garantie des
droits n´est pas assurée, ni la séparation des pouvouirs
déterminée, n´a point de constitution” (Toda sociedad en la cual la
garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de
los poderes determinada, no tiene constitución).
                            Ese criterio ha sido recientemente
señalado por organismos internacionales.
                            Así, el 19 de febrero de 2002, el
Relator Especial sobre la independencia de magistrados y
abogados de la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas se dirigió al Representante
Permanente de la República Argentina ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, embajador extraordinario y
plenipotenciario Horacio Emilio Solari, a fin de llamar la atención
del Gobierno argentino sobre las normas contenidas en los
Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura,
particularmente los arts. 1 y 17, que dicen así:
                            “1. La independencia de la judicatura
será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o
                                        63




la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y
de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la
judicatura”.
                                 “17.        Toda   acusación        o   queja
formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se
tramitará      con   prontitud    e     imparcialidad    con     arreglo    al
procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído
imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión
será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario”.
                                  Por         su    parte,      el       Grupo
Iberoamericano de Trabajo de la Unión Internacional de
Magistrados se reunió durante el año 2002 en la ciudad de
Asunción, con asistencia de delegaciones de la Argentina, Bolivia,
Brasil, Costa Rica, Chile, España, México, Paraguay, Portugal,
Puerto Rico y Uruguay, y acordó que “la independencia del poder
judicial –prevista en beneficio de la sociedad y no de los jueces, y
fundamental para la vigencia del estado de derecho- se sustenta
esencialmente en la garantía de la inamovilidad y en el ejercicio
de la magistratura sin restricciones, influencias, amenazas,
presiones e intromisiones indebidas” (considerando 1°) y que
“afectan dichos principios las iniciativas genéricas e improvisadas,
como … el juicio político a magistrados por el contenido de sus
sentencias (considerando 2°), resolvió lo siguiente:
                                 1°) Rechazar del modo más enérgico
las iniciativas referidas, que se oponen a los postulados de estas
organizaciones internacionales que promueven especialmente la
independencia judicial.
                                   64




                            2°) Constituir una comisión integrada
por las asociaciones de magistrados de Brasil, Costa Rica, Chile,
España, México y Portugal a fin de que siga la evolución de la
situación planteada e informe a este Grupo Iberoamericano de
U.I.M.
                            3°) Poner en conocimiento del Comité
de Presidencia de la Unión Internacional de Magistrados y, por su
intermedio, a su Consejo Central, el caso de referencia.
                            4°) Adoptar las medidas necesarias
para que, en su caso, intervengan la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y el Comité para el Resguardo de la
Independencia Judicial de las Naciones Unidas”.
                              La    disconformidad      expuesta   por
algunos miembros de la Comisión o denunciantes, acerca del
contenido jurídico de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y
de los votos emitidos por nuestro representado, en modo alguno
son causal suficiente para la sustanciación de estas actuaciones.
Y, en cuanto a las motivaciones de índole extrajurídica que le
fueron atribuidas, son notoriamente falsas. Se basan sobre juicios
de valor de aquellos por el sólo hecho de no haber acogido sus
intereses políticos o jurídicos. Sobre el particular, y con referencia
a la amenaza del "juicio político", Grabivker destaca que "Es
especialmente lamentable -como se ha demostrado en la
experiencia- que aquella herramienta de presión sobre los jueces
sea utilizada, también, por algunos hombres políticos que,
incluso,   desempeñan     funciones     públicas   en    los   Poderes
Legislativo y Ejecutivo Nacionales, actuando así sólo por razones
                                   65




o intereses partidarios, por supuestas "razones de Estado", o aun
por mezquinos intereses personales" (ob.cit.).
                                En igual sentido, advirtiendo este
riesgo, Segundo V. Linares Quintana escribe que, el juicio
político, "deja de servir a su elevada finalidad institucional con
que ha sido concebido, subvertiéndose y desnaturalizándose,
cuando interfiere con el no menos importante principio de la
división de los poderes, acertadamente reputado como el baluarte
de la libertad civil y política. Asimismo, el juicio político contradice
los propósitos que lo inspiran, cuando sirve de instrumento a la
pasión, a la baja política, a la venganza o no se respetan en su
tramitación de resolución los sagrados mandatos de la justicia y la
seguridad jurídica del individuo" (ob. cit., pág. 456).
                               Ese principio ha sido violado por la
Comisión de Juicio Político que, sin atender a la Constitución (la
Corte es Suprema, en el sentido de que es la máxima autoridad
que interpreta el derecho) y a la ley (no se puede sancionar a los
jueces por el contenido de sus sentencias, art. 14 ley 24.937) han
sometido a hostigamiento y presión al Presidente de la Corte,
obligándolo a renunciar y ,en la consecución de un plan
anunciado homogéneamente por todos los periódicos del país,
han formulado cargos contra el Dr. Moliné O´Connor por sus
opiniones en ciertos fallos.
                               B
                               VICIOS EN LA FORMACION DE LA
                               COMISIÓN DE JUICIO POLITICO
                               En el Libro de Actas de la Comisión
(fs. 86), resulta que ella estaría integrada por 31 personas. Si
                                66




bien, entre los diputados presentes y ausentes se llega al número
de 30, en esa oportunidad -29 de mayo de 2003- se destaca que
la vacante producida por la renuncia del diputado Sergio Acevedo
será cubierta por el diputado Gerardo Conte Grand.
                            A fs. 89, el 5 de junio de 2003, se
deja constancia que “concurren además los señores diputados
Obei y Conte Grand quienes integrarán la Comisión en reemplazo
de los diputados Acevedo y Díaz Bancalari”. En la nómina de los
30 legisladores presentes y ausentes no figuran los nuevos
miembros, pero sí Díaz Bancalari. Al margen que el apellido de
uno de los diputados entrantes es Obeid y no “Obei”, éste
aparece reemplazando al diputado Acevedo que, a fs. 86, ya
había sido sustituido por el diputado Conte Grand.
                            A fs. 91, el 12 de junio de 2003, la
nómina de los diputados presentes y ausentes es de 30 y, en ella,
prosigue figurando Díaz Bancalari y no Obeid y Conte Grand,
pese a que se deja constancia que asistieron a la reunión con
otros diputados que no la integran: “Daniel Esain, Alberto Natale,
Atilio Tazzioli, Franco Caviglia, Carlos Sonegui y Guillermo
Cantini”.
                            A fs. 94, el 19 de junio de 2003, el
total de diputados presentes y ausentes prosiguió siendo de 30
con inclusión de Díaz Bancalari y sin mención de Conte Grand y
Obeid.
                            A fs. 99, el 26 de junio de 2003, el
total de miembros presentes y ausentes se elevó a 31 porque, en
la nómina, fueron incluidos los diputados Obeid y Conte Grand y
                                 67




excluido el diputado Díaz Bancalari. Igual situación se había
registrado a fs. 98 el 25 de junio de 2003.
                             A fs. 105, el 3 de julio de 2003, la
nómina de diputados presentes y ausentes es de 32 porque se
vuelve a mencionar al diputado Díaz Bancalari y se incluyen a los
diputados Obeid y Conte Grand. De manera que, reemplazado y
reemplazante, figuran como miembros de la Comisión. Se trata
de una irregularidad operada en la reunión donde fueron
enunciados cuatro expedientes declarados admisibles para la
sustanciación de los sumarios respecto de nuestro representado.
                             A fs. 108, el 10 de julio de 2003,
oportunidad en la que se resolvió correr traslado de los cargos a
nuestro mandante, la nómina de diputados presentes y ausentes
fue de 32 estando incluidos los reemplazantes Obeid y Conte
Grand, así como también el reemplazado Díaz Bancalari.
                             Del Libro de Actas de la Comisión
solamente resulta la renuncia presentada por Sergio Acevedo,
pero no la de Díaz Bancalari que, conforme a fs. 89, habría sido
reemplazado por el diputado Conte Grand. Pero, el hecho de
proseguir figurando Díaz Bancalari como miembro de la
Comisión, mal resultaba admisible asignar esa calidad al diputado
Conte Grand que estuvo presente en las reuniones de fs. 105 y
108 avalando las decisiones adoptadas respecto de nuestro
representado.
                             Este vicio, resultante de la irregular
integración de la Comisión de Juicio Político determina,
necesariamente, la nulidad de las decisiones adoptadas a fs. 105
y 108 por participar en ellas un diputado designado en reemplazo
                                 68




de otro –Díaz Bancalari- que prosigue figurando como miembro
de la Comisión.
                           C
                           DEFECTOS DE TRAMITACION Y
                           PRORROGA DE PLAZO
                           Reiteradas declaraciones periodísticas
de legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo, que reproducen
profusamente los medios de comunicación, expresan que “el
juicio político fracasó el año pasado porque fue dirigido contra la
Corte en su totalidad, por eso ahora se dirige contra cada uno de
los jueces de manera individual”. Estas afirmaciones, expuestas
inclusive por el Presidente de la Comisión, revelan que se
persigue idéntico objetivo al citado el año pasado: remover a
todos o casi todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia,
pero mediante un “efecto dominó”.
                           Los         señores        legisladores
seleccionaron, en principio, tres causas sobre las que se
pronunció la Corte Suprema de Justicia: “Meller”, “Macri” y
“Magariños” y, careciendo de toda autoridad sobre el particular,
"juzgó" que desaprobaba los fallos del Tribunal y que, el hecho de
haberlos suscripto, configuraría una causal de mal desempeño
del cargo. Quienes dictaminaron o votaron en tales casos
contradiciendo la línea de pensamiento de los denunciantes y
miembros de la Comisión, además de nuestro mandante y el Dr.
Nazareno -quien renunció a su cargo de juez de la Corte- son los
ministros Belluscio, Vázquez, López y Boggiano. A ellos, se
añade el Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Becerra.
                                  69




                              Una vez seleccionados los fallos, el
paso siguiente fue el de "seleccionar a los jueces" de manera
individual para ocultar el fin perseguido: la remoción colectiva.
Así, la primera elección recayó sobre el ministro Fayt quien,
oportunamente, presentó sus descargos. La segunda sobre el Dr.
Nazareno y la tercera sobre nuestro representado.
                              Inmediatamente, y conforme a las
declaraciones de algunos legisladores e integrantes del Poder
Ejecutivo, se proseguirá con otros jueces y el Dr. Becerra tal
como, en el curso del corriente mes, fue informado por diversos
medios de prensa.
                              Analizando       las         recientes
publicaciones del diario La Nación, advertimos:
1)   Por cadena nacional, el presidente de la República "pidió
     remociones en la Corte. Reclamó al Congreso que acelere
     los enjuiciamientos contra algunos miembros del máximo
     tribunal” (5 de junio, pág. 8).
2)   "El gobierno espera un efecto dominó. Si cae Nazareno, el
     oficialismo cargará contra el resto de la mayoría automática"
     (19 de junio, pág. 6).
3)   "Analizan los siguientes pasos contra la Corte. Diputados
     espera un gesto de Kirchner" (26 de junio, pág. 6).
4)   "Beliz, contra Moliné O´Connor y López" (29 de junio, pág.
     10). A la pregunta "¿Coincide con quienes dicen que Moliné
     O´Connor fue el cerebro de la mayoría automática?", Beliz
     contestó: "No sé, ni siquiera lo conozco. Pero me alegra que
     muchos legisladores estén pensando que las causales que
     investigaron sobre Nazareno no deben archivarse". Singular
                                 70




     premonición porque, los tres expedientes en que se
     formulan cargos a nuestro mandante, también fueron fuente
     de cargos para el Dr. Nazareno. Además la decisión de no
     archivar, citada por Beliz, se hizo efectiva por la Comisión
     de Juicio Político el 3 de julio (fs. 105 del Libro de Actas).
5)   El día 29 de junio, en las págs. 16 y 17, se publicó un aviso
     de propaganda de la Presidencia de la Nación donde, entre
     los logros que habría conseguido el Presidente de la
     República en sus primeros treinta días de gobierno, figura:
     "Solicitud de enjuiciamiento político a miembros de la
     Suprema Corte de Justicia".
6)   "Comenzó el enjuiciamiento a Moliné. La Comisión de Juicio
     Político de Diputados lo anunció luego de una llamada de
     Kirchner; hay cuatro causas en su contra" (4 de julio, pág.
     6).
7)   "Beliz acusó a Moliné O´Connor de dictar fallos oscuros y
     opacos" (12 de julio, pág. 8).
                            En otras publicaciones se advierte:
8)   "El discurso de Kirchner apuntó contra Nazareno, y
     Diputados reaccionó como un resorte para iniciarle juicio
     político. El jefe de la Corte es el primer objetivo, pero no el
     único. También está en la mira Moliné O´Connor" (Clarín, 8
     de junio).
                            Tales       publicaciones       y         las
declaraciones que reflejan de los diversos protagonistas políticos,
ponen en evidencia la existencia de un plan concebido para
concretar la separación de todos o casi todos los jueces de la
Corte Suprema. Plan, cuya ejecución fue dispuesta desde la
                                  71




Presidencia de la Nación y acatada dócilmente por la mayoría de
los integrantes de la Comisión de Juicio Político.
                            La realidad descripta por los medios
de prensa demuestra que, lamentablemente, se está incurriendo
en una violación del régimen republicano de gobierno mediante la
deliberada y organizada intromisión arbitraria de los órganos
ejecutivo y legislativo en el funcionamiento del Poder Judicial.
Demuestra que no existen causales válidas para provocar la
remoción de los jueces de la Corte por mal desempeño de sus
funciones, sino la mera disconformidad con el funcionamiento
independiente del Poder Judicial.
                            Los        efectos   esenciales   en    la
promoción del proceso de enjuiciamiento, se proyectan sobre la
formulación de las imputaciones en tres causas judiciales. Como
el agravio recae sobre los conceptos jurídicos vertidos en ellas,
las imputaciones son comunes a todos los jueces que firmaron
los fallos, pero sólo se parcializan para lograr debilitar la posición
de cada magistrado de manera individual y no en función de
actos o conductas particulares sino colectivas.
                            Así, en el expediente 3033-D-03, caso
"Meller", los cargos A y C son absolutamente genéricos e
infundados. Se reprocha, "haber legitimado judicialmente un
proceso administrativo fraudulento" y haber abdicado del control
de constitucionalidad. Por su parte, la imputación B se asemeja,
sugestivamente, al fallo de un tribunal superior en grado al que
dictó la sentencia, pero se suma una imputación que, por su mera
formulación, agravia a las garantías constitucionales que
preservan el principio de inocencia y de defensa en juicio.
                                 72




Imputaciones que ya fueron claramente expuestas por el
presidente de la Comisión en las declaraciones que emitió para
Infobae y que se difundieron el 27 de junio de 2003. Conforme a
ellas, el imputado tiene el deber de probar su inocencia.
Conclusión manifiestamente absurda en nuestro régimen legal.
                            Produce verdadera preocupación que,
una Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación, enuncie
como subsumible dentro del mal desempeño la admisión o
desestimación de un recurso judicial. Pero más aun que lo haga
destruyendo    el   principio   constitucional   de   la   inocencia
amparándose en una "presunción" que no concreta en modo
alguno. Así, como la sentencia no es del agrado de los
legisladores, se "presume" que el juez actuó por "otros intereses".
Pero ¿cuáles son esos "intereses"?, y ¿sobre qué bases se los
"presume"? Nada se dice sobre el particular.
                            En el caso "Magariños", los cargos
consisten en defender la competencia de un organismo que
integra el Poder Judicial, cuya jefatura recae constitucionalmente
sobre la Corte Suprema de Justicia. La formulación de los cargos
expresa una postura predeterminada. No se trata de la
consecuencia de una investigación o indagación acerca de un
eventual mal desempeño. También, en el caso "Macri", se
formulan imputaciones propias de un tribunal de alzada,
totalmente ajenas a la noción de "mal desempeño" de un juez y sí
contestes con la expresión de desacuerdo con el sentido dado al
fallo.
                            Analizando el curso impuesto a los
expedientes que corresponden a los casos "Meller", "Magariños"
                                  73




y "Macri", conforme a las constancias obrantes en el Libro de
Actas de la Comisión, resulta evidente que no se cumplieron los
pasos previstos en el Reglamento Interno de ella.
                              A fs. 106, en la reunión del 3 de julio
de 2003, se destacó, con referencia al expediente Nº 3033-D-03
(caso "Meller"), que "de su estudio surge que reúne las
condiciones subjetivas y objetivas para ser declarado admisible
en lo que respecta al Dr. Moliné O´Connor... Resulta declarado
admisible por unanimidad". Luego, la Comisión delegó en su
presidente     "todas   las    diligencias   necesarias    para    la
sustanciación" del sumario que prevé el artículo 12 del
Reglamento Interno, sugestivamente en uno de los denunciantes.
                              Ahora bien, el expediente Nº 3033-D-
03 ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el 2
de julio de 2003, siendo promovido por los diputados Falú e
Iparraguirre contra nuestro mandante y los ministros de la Corte
Vázquez, López y Boggiano. Resulta sorprendente que, en
menos de 24 horas, los miembros de la Comisión de Juicio
Político hubieran realizado el estudio previo del expediente y
verificado la existencia de "indicios ciertos o semiplena de
causales graves que hagan a la procedencia del juicio político"
(art. 12 del R.I.).
                              Igual determinación se adoptó con los
expedientes Nº 2503-D-03 (ingresado el 10 de junio) y Nº 2645-D-
03 (ingresado el 13 de junio de 2003), referentes al caso
"Magariños". Pero, con un vicio grave adicional. A fs. 109, en la
reunión del 10 de julio de 2003, cuando se formulan y aprueban
los cargos por el caso "Magariños", se cita un expediente que no
                                  74




fue considerado en la reunión del 3 de julio (fs. 105). Es el
expediente Nº 3040-D-03 que ingresó el 2 de julio de 2003
requiriendo el juicio político de nuestro representado y de los
jueces Belluscio, López y Vázquez. Ese expediente en ningún
momento fue sometido al procedimiento que impone el artículo 12
de Reglamento Interno, ni se dispuso a su respecto el análisis
previo que ordena el artículo 9 del Reglamento. Tal circunstancia
configura una grave irregularidad que acarrea la nulidad de lo
actuado.
                             También se siguió ese criterio con el
expediente Nº 3062-D-03 (caso "Macri") que, habiendo ingresado
por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el 3 de julio a
las 11 horas, en la reunión de ese mismo día (fs. 105) celebrada
a las 11,30 horas, fue declarado admisible a los fines de los
artículos 9 y 12 del Reglamento Interno. Es evidente que, en
todos los casos, existía una decisión predeterminada u ordenada
por alguien, sin que los miembros de la Comisión tuvieran tiempo
material suficiente para cumplir con los pasos previos que impone
su Reglamento Interno. Es admisible la celeridad en los
procedimientos, siempre y cuando no se traduzca en una grosera
parodia de la antesala de un "juicio político".
                             Pero hay más irregularidades. En la
reunión del 10 de julio de 2003 (fs. 108), cuando se formularon
los cargos contra nuestro mandante, el instructor designado      -
diputado Falú- expresó que se habían adoptado todas las
medidas instructorias y producido las pruebas pertinentes, pero
sin indicar cuáles eran. Medidas y pruebas que, a tenor de la
                                  75




documentación extraída de la Comisión, resultan manifiestamente
inexistentes.
                             Asimismo, a fs. 108, y con referencia
al caso "Meller", el instructor informó que “sólo faltaría la reciente
resolución de la Cámara Criminal y Correccional Federal que
ordenó que el Estado se abstuviera de efectuar el pago a la
empresa”. Reconoce que la instrucción no estaba concluida.
Pero, además, no se había recibido el expediente judicial N°
35.232 correspondiente a dicha causa y que habría sido solicitado
a la Cámara Federal Criminal y Correccional conforme se dejó
constancia en el expediente N° 3033-D-03.
                              Los      defectos   sustanciales    que
presenta la instrucción sumarial que impone el artículo 12 del
Reglamento Interno, demuestra la forma precipitada, superficial y
distante de las reglas del debido proceso legal en que se
desarrolló y desarrolla la labor de la Comisión de Juicio Político.
Ningún esfuerzo serio se ha realizado para la comprobación de
los hechos investigados, ni para ajustarse a la normativa
contenida en el Reglamento Interno de la Comisión. Todo ello
configura, reiteramos, una parodia que, como tal, debe ser
declarada nula de nulidad absoluta por lesionar los principios que
conforman el debido proceso legal y las normas jurídicas que lo
regulan.
                              A las      razones citadas    en este
capítulo, se añade el plazo irrisorio de 4 días hábiles y 12 horas
concedido para la formulación de los descargos. Plazo que, como
ya hemos visto, se redujo en un día ante la negativa del
                                 76




presidente de la Comisión para que se nos hiciera entrega de la
documentación sobre la cual se basan los cargos.
                            Ese plazo no se compadece con el de
11 días hábiles concedido en el año 2002 durante un
procedimiento similar. Plazo que, en aquella oportunidad, fue
prorrogado por 3 días aplicando el artículo 346 del Código
Procesal Penal. En definitiva, fueron 14 días hábiles contra 3 días
y 12 horas reconocidos en esta ocasión.
                             Desde ya,      y en resguardo del
derecho de defensa, solicitamos la ampliación del plazo a un
término no inferior al de 10 días hábiles, tal como el que prevé el
artículo 354 del Código Procesal Penal. Para el supuesto que no
nos sea concedida esa prórroga, tal como aconteció en el caso
del Dr. Nazareno, formulamos expresa reserva de derechos para
recurrir por la vía judicial pertinente para la tutela del derecho de
defensa que le asiste a nuestro representado.
                            D
                            EL        ARTÍCULO         90       DEL
                            REGLAMENTO DE LA CAMARA DE
                            DIPUTADOS
                            El segundo párrafo del artículo 90 del
Reglamento de la Cámara de Diputados establece que, cuando
las denuncias se formulan contra jueces de distritos donde,
alguno de los miembros de la Comisión de Juicio Político, ejerzan
su profesión de abogado o procurador, ellos deberán excusarse
de intervenir en las actuaciones.
                            En el caso de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la excusación no se extiende a todos los
                                 77




abogados, sino solamente a aquellos que están matriculados
para intervenir ante el fuero federal ya que, solamente ellos están
habilitados para efectuar peticiones ante ese Tribunal ejerciendo
el arte de abogar.
                             Cuando, oportunamente planteamos
esta cuestión, en el año 2002, la Comisión resolvió que: “Al punto
III no ha lugar por notoriamente inadmisible e improcedente dado
que la norma invocada (art. 90 del Reglamento de la H.C.D.N.) se
refiere a los jueces de distrito y a los diputados abogados de la
misma jurisdicción, no a los jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que tienen jurisdicción en la totalidad de los
distritos federales y ordinarios de la Nación. A ello debe
agregarse que el citado artículo 90 del Reglamento, actualizado
en el año 1996, tenía su aplicación en orden a lo establecido por
la disposición transitoria decimocuarta de la Constitución
Nacional, en virtud de la cual la H.C.S.N. mantenía la
competencia de enjuiciamiento político a los jueces de grado de
todos los distritos hasta que se instale el Consejo de la
Magistratura, lo que ocurrió a partir de la vigencia de la ley 24.937
del año 1998, momento en que el segundo párrafo del artículo 90
quedó sin efecto a los fines transitorios de la cláusula
constitucional arriba citada. Mas allá del rechazo a la recusación
en los términos planteados, la Comisión considera que sólo
podría interpretarse como causal de excusación el hecho de que
alguno de sus integrantes tuviera actualmente en ejercicio de su
profesión, intervención letrada con su propia firma por ante la
Corte Suprema, extremo que no acaece con sus actuales
integrantes" (Libro de Actas, fs. 41/42, 26 de febrero de 2002).
                                  78




                             No caeremos en la descortesía de
calificar a esta interpretación como “notoriamente inadmisible e
improcedente”, pero sí de no ajustarse a derecho.
                             Siempre        presumimos     que,    los
legisladores, son expertos en materia de técnica legislativa, de
manera que las expresiones de la voluntad de los órganos que
integran, responden a propósitos claramente enunciados.
                             En primer lugar, si el propósito de la
excusación que prevé el artículo 90 es dotar de imparcialidad la
labor de la Comisión, no hay razón alguna que justifique excluir
de su texto a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Habría,
respecto de los jueces federales y nacionales, una causal de
excusación destinada a brindar transparencia al procedimiento
del juicio político, que no se extendería a los ministros de la Corte
Suprema de Justicia, con la consecuente privación, para estos
últimos de tan importante garantía. Esa distinción, al vulnerar el
principio de igualdad impuesto por el artículo 16 de la Ley
Fundamental, conduciría a una solución arbitraria e irrazonable.
Consecuencia que, en modo alguno. cabe presumir como
explícitamente impuesta por una de las cámaras del Congreso.
                             La norma era aplicable, tanto a los
jueces nacionales, como a los federales incluyendo, claro está, a
los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque ellos
también son jueces.
                             Es    cierto    que,   con   la   reforma
constitucional de 1994, el “proceso político” de los magistrados
judiciales de instancias inferiores se concreta con la intervención
del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento (arts.
                                79




114, inc. 5°, y 115 de la C.N.), pero también es cierto que,
respecto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, se
mantiene el sistema vigente con anterioridad a aquella.
                             De modo que, si la intención del
legislador, al dictar en 1996 el Reglamento de la Cámara, y ya
reformada la Constitución, hubiera sido la que expresa la
Comisión, habría efectuado la salvedad que ella indica. Pero no
fue así. La cláusula del artículo 90 es general y abarcativa de
todos los magistrados del Poder Judicial. Es razonable que su
aplicación hubiera cesado, al entrar en vigencia la ley N° 24.937,
respecto de los jueces inferiores. Pero mantiene plena vigencia
respecto de los restantes magistrados judiciales que componen el
órgano judicial que integra nuestro representado. Caso contrario,
el legislador, al redactar la cláusula del artículo 90, tendría que
haber hecho la salvedad que indica la Comisión. Pero, como no lo
hizo, carece de razonabilidad sostener que su intención fue la de
excluir del régimen general a los jueces de la Corte Suprema de
Justicia. Mal podemos hacerle decir al legislador algo que no dijo.
                             Por otra parte, habiendo entrado en
vigencia la ley N° 24.937 en 1998, y funcionando plenamente el
Consejo de la Magistratura, de ser cierta la interpretación
efectuada por la Comisión, se habría procedido de manera
inmediata a modificar el texto del articulo 90. Al no haber
efectuado esa reforma la Cámara de Diputados, sólo cabe
entender que decidió mantener su vigencia respecto de los únicos
jueces comprendidos, desde entonces, en dicha norma. Y, esos
jueces, son los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
                                  80




                             Si la norma no fue modificada, y por
ende está en vigencia para los magistrados que no fueron
excluidos por los artículos 114, inciso 5°, y 115 de la Constitución
federal, se impone su estricta aplicación tal como corresponde en
un Estado de Derecho.
                             Si   bien,   en    2002,    la   Comisión
rechazó nuestra petición por entender que era “notoriamente
inadmisible e improcedente”, es evidente que no estaba
convencida de su propia interpretación. Así resulta de la
alternativa que expuso. Conforme a ella, la causal sólo sería
aplicable a los integrantes de la Comisión que tuvieran
actuaciones ante nuestro Superior Tribunal.
                             Esa alternativa, en modo alguno
resulta del texto del artículo 90. La norma alude a los miembros
de la Comisión que ejerzan su profesión de abogados en el
distrito judicial del magistrado objeto de la denuncia. En el caso
de la Corte Suprema de Justicia, se trata del “distrito federal”. De
manera que, todos los diputados-abogados matriculados en el
fuero   federal   quedan   comprendidos        en   la   inhabilitación.
Reiteramos que, solamente quedan al margen los diputados-
abogados matriculados en las provincias que no se incorporaron
a la matrícula federal, y aquellos que, estando inscriptos en la
matrícula federal, fueron excluidos de ella o solicitaron la
suspensión. No interesa si, en alguna oportunidad, actuaron o no
ante el Alto Tribunal, ya que basta con que puedan actuar ante el
mismo. Con mayor razón, quienes sí ejercieron su profesión, por
derecho propio, en representación o como partes en procesos
sustanciados ante la Corte Suprema de Justicia. Ellos, a raíz de
                                    81




las sentencias dictadas, pueden tener prejuicios respecto de los
integrantes    de   aquella    que       avalan   su    exclusión    para,
precisamente, dotar de absoluta transparencia al curso de todas
las etapas del “juicio político”.
                               De la nómina de los miembros de la
Comisión, que están matriculados en el fuero federal y habilitados
para litigar ante el Tribunal del cual forma parte nuestro
mandante, resultan, entre otros:
1)    Bussi, Ricardo: está inscripto en el Colegio Público de
      Abogados      de   la   Capital     Federal,     con   matriculación
      automática en el fuero federal.
2)    Baladrón Manuel; se inscribió el 18 de diciembre de 1981.
3)    Casanovas, Jorge: está inscripto en el Colegio Público de
      Abogados      de   la   Capital     Federal,     con   matriculación
      automática en el fuero federal.
4)    Damiani, Hernán; inscripto el 7 de junio de 1989.
5)    Di Cola, Eduardo; inscripto el 26 de marzo de 1982.
6)    Falú, José; inscripto el 25 de agosto de 1982.
7)    González, María América; inscripta en el Colegio Público de
      Abogados de la Capital Federal al T° 8. F° 625.
8)    Hernández, Simón; inscripto el 1 de octubre de 1982.
9)    Iparraguirre, Carlos; inscripto el 7 de junio de 1983.
10)   Johnson, Guillermo; inscripto el 31 de agosto de 1995.
11)   Minguez, Juan, inscripto el 17 de noviembre de 1982.
12)   Nieto Brizuela, Benjamín; inscripto el 19 de marzo de 1982.
13)   Villaverde, Jorge, inscripto en el Colegio Público de
      Abogados de la Capital Federal al T° 14, F° 74.
                                  82




14)   Conte Grand, Gerardo Amadeo; inscripto en el Colegio
      Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos
      Aires.
15)   Díaz Bancalari, José; inscripto el 21 de diciembre de 1981.
                              De manera que, casi la mitad de los
integrantes de la Comisión, están inhabilitados para actuar en el
caso concreto. Por ende, todas las actuaciones realizadas por la
Comisión con la intervención de tales diputados, son nulas y de
nulidad absoluta.
                              Corresponde destacar tres casos
particulares para los cuales no rige esa inhabilitación:
   1) Carrió, Elisa; si bien está inscripta desde el 26 de diciembre
      de 1990, resolvió cancelar su matrícula el 4 de septiembre
      de 1997.
   2) Polino, Héctor; si bien está inscripto en el Colegio Público
      de Abogados de la Capital Federal (T° 10, F° 654),
      revestiría el carácter de inactivo.
   3) Garré, Nilda; está inscripta en el Colegio Público de
      Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (T° 27, F° 835),
      pero consta que fue suspendida en la matrícula por falta de
      pago de las cuotas impuestas por la ley N° 23.187.
                              Causa un poco de extrañeza advertir,
como destacó un columnista de un conocido diario, que “Muchos
de los acusadores ejercen su profesión letrada ante los estrados
del Alto Tribunal, lo que produce una incompatibilidad ética que,
lamentablemente, ha sido desestimada por ellos como causal de
recusación. No pueden ser acusadores de jueces que tienen que
decidir, en última instancia, litigios en los que ellos son parte
                                   83




interesada. (La Nación del viernes 29 de marzo de 2002, página
17, 1° columna)”.
                              En       síntesis,   y   conforme   a   lo
expuesto, procede declarar la nulidad de lo actuado en todos
aquellos casos en que, en el seno de la Comisión, tuvieron
intervención aquellos diputados abogados que, conforme al
artículo 90 del Reglamento de la Cámara de Diputados, debieron
excusarse de integrar la Comisión de Juicio Político.
                              Asimismo. y sin perjuicio de la
reserva del caso federal que se plantea en orden a la
interpretación que se acuerda a una norma federal en perjuicio de
los   derechos      constitucionales     de    nuestro     representado,
corresponde que la interpretación de dicha norma sea efectuada
por la Cámara de Diputados, como paso previo a la prosecución
de estas actuaciones.
                             E
                             HABER            EMITIDO       OPINIONES
                             CONDENATORIAS
                             A partir de comienzos del corriente
año, varios de los diputados que integran la Comisión de Juicio
Político, declararon públicamente que correspondía separar a
nuestro representado de la Corte Suprema de Justicia. En la
mayoría de los casos, emitiendo juicios de valor.
                             Formularon        opiniones     categóricas
acerca de la necesidad de separar de su cargo a nuestro
representado. Por otra parte, tales manifestaciones fueron
vertidas antes de ingresar en la etapa prevista por el artículo 12
del Reglamento Interno y antes de proceder a la agrupación de
                                   84




los temas a los fines de la instrucción y emisión de cargos. Es
decir, tanto antes como durante el curso de la instrucción si es
que la hubo. ¿Qué actuación imparcial y transparente cabe
esperar de quienes ya emitieron opinión sobre el tema? Inclusive
el señor Presidente antes del 3 de julio de 2003 (Libro de Actas,
fs. 105).
                             Así, el periodista Samuel Gelblung le
preguntó al diputado Falú “Diputado Falú ¿Usted cree realmente
que esta Corte se tiene que ir?”
                             Falú respondió “Mire, yo creo que
algunos integrantes, no voy a dar nombres porque no
corresponde, deberían tomar conciencia de que por la salud de la
Justicia de la Nación, han perdido el crédito y la confianza social.
Independientemente de que sea justo o no, este criterio de la
sociedad. La mujer del Cesar debe ser y parecer. Y a la sociedad
argentina ya no le parece que algunos integrantes de la Corte
Suprema tengan crédito para administrar justicia. Esta es mi
visión política a su pregunta”.-
                              Hugo Alsina, enseñaba que quien
ejerce la instrucción, debe permanecer al margen de la influencia
de ciertos poderes y de las circunstancias del caso. Es que, si se
aspira a que un procedimiento tenga realmente transparencia, se
debe evitar la participación de personas que carezcan de
objetividad, como son todas aquellas que han emitido opinión
antes o durante la sustanciación del sumario de investigación
("Tratado   Teórico   Práctico     de   Derecho   Procesal   Civil   y
Comercial", T. II, pág. 281 y sig., Ediar, Bs. As. 1957).
                                     85




                               Se trata de una garantía fundamental
que, conforme al artículo 8°, inciso 1°, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. es aplicable a la
sustanciación de cualquier tipo de actuación sumarial.
                               Por        las        razones      expuestas,
corresponde declarar la nulidad de las actuaciones concretadas
por todos aquellos integrantes de la Comisión que prejuzgaron
sobre el objeto de su labor.
                               Entre ellos, y a título de ejemplo, cabe
citar a:
      1)    El   diputado      Eduardo          Di    Cola     (declaraciones
formuladas a Infobae y difundidas el 4 de junio de 2003).
      2)    Elisa Carrió (declaraciones publicadas en La Prensa el
8 de junio de 2003).
      3)    Declaraciones de Carlos Iparraguirre (diario La Nación
del 2 de julio de 2003).
      4)    Declaraciones de José Ricardo Falú (diario La Nación
del 29 de junio; 2, 3, 4, 7 y 8 de julio de 2003. Diario Infobae del 7
de julio de 2003. Diario Clarín del 8 de julio de 2003. Titulares de
Infofax del 20 de junio de 2003. Emisiones del diario Clarín del 5,
6 y 7 de julio de 2003. Emisión de Infobae del 5 de julio de 2003 y
diario Infobae del 10 de julio de 2003).
                               F
                               DIPUTADOS DENUNCIANTES
                               La Comisión de Juicio Político, que
tiene a su cargo la instrucción del sumario y cuya misión reside
en determinar si existen, o no, motivos para dictaminar sobre la
procedencia del juicio político, presenta la particularidad de haber
                                  86




sido integrada con diputados que formularon denuncias contra
nuestro representado, solicitando su remoción como juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
                              Advertimos   que,   conforme    a   la
documentación aportada por la Comisión y constancias que lucen
en su Libro de Actas, la participación como denunciantes de los
siguientes integrantes de la Comisión de Juicio Político:
     1) Caso "Meller":
1.1) Expediente Nº 3033-D-03. Formularon denuncias el 2 de
       julio de 2003 los diputados Ricardo Falú y Carlos Raúl
       Iparraguirre contra nuestro representado y los jueces de la
       Corte Dres. Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio
       Boggiano.
1.2) Expediente Nº 2342-D-03. Formularon denuncias el 4 de
       junio de 2003 los diputados Carlos Raúl Iparraguirre y
       Margarita Stolbizer.
2)     Caso "Magariños":
2.1) Expediente Nº 3040-D-03. Formularon denuncias el 2 de
       julio de 2003 los diputados Rafael Romá, Marcela
       Rodríguez, Elsa Siria Quiroz, Elisa Carrió, Atilio Tazzioli,
       José Roberto Roselli, Marcela Bordenave y Laura Musa
       contra nuestro mandante y los ministros de la Corte Dres.
       Augusto Belluscio, Guillermo López y Adolfo Vázquez.
2.2) Expediente Nº 2503-D-03. Formularon denuncias el 10 de
       junio de 2003 los diputados Julio Gutiérrez y José Mirabile
       contra nuestro representado y los jueces de la Corte
       Suprema Dres. Augusto Belluscio, Adolfo Vázquez y
       Guillermo López.
                                   87




2.3) Expediente Nº 2645-D-03. Formuló denuncias el 13 de junio
      de 2003 el diputado Julio Gutiérrez contra nuestro
      mandante y los jueces de la Corte Dres. Augusto Belluscio,
      Adolfo Vázquez y Guillermo López.
3)    Caso “Macri”:
3.1) Expediente Nº 3062-D-03. Formularon denuncias el 3 de
      julio de 2003 los diputados Ricardo Nieto Brizuela, Carlos
      Raúl Iparraguirre y Juan Jesús Minguez contra nuestro
      mandante. En esta denuncia, si bien se reprocha la
      actuación de otros ministros de la Corte Suprema que
      votaron en forma coincidente con nuestro representado, no
      se extiende la denuncia a ellos.
                              El    Reglamento    Interno   de    la
Comisión de Juicio Político establece que, presentada una
denuncia, corresponde que el Presidente de ella analice “si se
dan en la especie las condiciones subjetivas del denunciado y
objetivas de la causa para la apertura del sumario de
investigación…”, y que este informe “…deberá ser considerado
por el plenario de la Comisión” (art. 9°).
                              Luego, el artículo 12 dispone que, “si
del estudio previo del expediente surgieren indicios ciertos o
semiplena prueba de causales graves que hagan a la
procedencia del juicio político, se procederá a abrir la instancia
mediante sustanciación de sumario…”.
                              Concluido el sumario, el artículo 13
establece que “…se citará al denunciado a fin de que, si así lo
considera, informe a la Comisión sobre los cargos formulados…”.
                                  88




                               Sin embargo, del Libro de Actas de la
Comisión resulta:
  1) Que el Presidente de ella omitió dar una fundamentación y
     análisis previo sobre las condiciones objetivas para la
     apertura del sumario.
  2) No dispuso la apertura del sumario ni su sustanciación.
     Solamente a fs. 106, la Comisión delegó en el Presidente
     “todas las diligencias necesarias para la sustanciación de
     los sumarios”, sin embargo no se ordenó expresamente
     aquella apertura ni hay constancia alguna sobre las
     medidas sumariales adoptadas (fs. 108).
                               De las constancias obrantes en el
Libro de Actas, se advierte:
     1)    El incumplimiento de los requisitos impuestos por los
           artículos 9° y 12 de la Comisión. Las simples
           expresiones efectuadas por el diputado Falú, en modo
           alguno avalan la satisfacción de dichos recaudos ni se
           compadecen con la seriedad y transparencia que
           debe presidir la actuación impuesta normativamente a
           la Comisión de Juicio Político.
     2)    Es sugestivo, aunque guarda relación con las
           declaraciones periodísticas del diputado Falú y otros
           legisladores, que sin la sustanciación del debido
           sumario, se declarara la admisibilidad de los cargos
           sin que se conocieran las razones fundadas para ello.
     3)    Es sugestivo que, tales actuaciones se concretaran en
           el lapso de 7 días, desde la consideración de las
           denuncias.
                                    89




      4)    Es sugestivo que, semejante celeridad, en el marco de
            una      manifiesta     desprolijidad,       se    verificaran
            conjuntamente con los requerimientos formulados por
            el titular del Poder Ejecutivo y uno de sus ministros
            para que se procediera a remover a algunos de los
            jueces de la Corte Suprema de Justicia y, en
            particular, a nuestro representado.
      5)    Es sugestivo que la instrucción se delegó en uno de
            los denunciantes, el diputado Falú.
                              Por        otra   parte,   en    todas   las
votaciones y como resulta del Libro de Actas de la Comisión,
participaron los propios diputados denunciantes.
                              Tales         irregularidades,    por    su
envergadura y gravedad, configuraron una grosera violación de
las reglas más elementales del debido proceso legal y de las
propias normas contenidas en el Reglamento Interno de la
Comisión de Juicio Político. La mezcla de los roles de
denunciantes y miembros de la Comisión, determina la nulidad de
todo lo actuado a partir de fs. 105 del Libro de Actas.
                              A ellas se añade otra que no deja de
ser significativa.
                              El 10 de julio de 2003 se resolvió
disponer el traslado, a nuestro mandante, de los cargos
formulados. Ese mismo día, se cursó a nuestro mandante la
notificación de los cargos formulados por la Comisión en su
despacho.
                              Ante la negativa arbitraria de la
Comisión de hacer entrega a nuestro mandante de la
                                90




documentación y denuncias que servirían de sustento a los
cargos, recién se tuvo conocimiento de ellas a las 17,45 horas del
día 11 de julio.
                            Esta descripción de hechos y fechas
responde a que, el diputado Falú decidió, con la conformidad de
la Comisión de Juicio Político, que nuestro representado disponía
de 4 días y 12 horas hábiles para expresar sus descargos.
                            Plazo realmente irrisorio teniendo en
cuenta la relevancia institucional que presenta el denominado
“juicio político”, y a que, en casos anteriores, los plazos
concedidos no fueron inferiores a 10 o 15 días hábiles.
                            No se comprende jurídicamente el
por qué de este trato discriminatorio, aunque políticamente sí: la
decisión públicamente proclamada por el diputado Falú e
integrantes de aquella Comisión de remover a nuestro mandante
de su cargo lo antes posible. Y, si para el logro de ese “lo antes
posible” corresponde prescindir de las más elementales garantías
y normas jurídicas, pues no hay reparos para desconocerlas.
                            Este desprecio manifiesto por las
reglas del derecho se comprende recordando los plazos
establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación y por el Código Procesal Penal (art. 354) para casos
similares. Ellos son sumamente superiores para resguardar el
ejercicio del derecho de defensa en cuestiones carentes de la
relevancia institucional de un “juicio político”. Tales plazos, que
son usualmente de 10 o 15 días hábiles, revelan que la fijación de
un lapso tan breve por la Comisión de Juicio Político responde al
propósito deliberado de cercenar el derecho de defensa de
                                   91




nuestro mandante y de complacer a quienes aspiran a remover al
juez Moliné O´Connor “lo antes posible y por cualquier medio”.
                             Tal        circunstancia,    unida   a     las
manifestaciones condenatorias que, ya desde hace varios meses,
expresan varios integrantes de la Comisión de Juicio Político,
incluyendo a su propio presidente el diputado Falú, pone en
evidencia la violación de las garantías más elementales del
debido proceso legal o, en el mejor de los casos, la ignorancia de
ellas y de las normas constitucionales, internacionales y de
derecho común local que las imponen.
                             De     tal     manera,      se   soslaya    la
tipificación republicana del “juicio político”, mediante un hecho
político consumado. Un hecho político que forma parte de un
eslabón esbozado para provocar la remoción de un ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, desconociendo las
normas básicas del debido proceso legal cuyo cumplimiento fuera
exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
dictar la sentencia N° 71, ya citada, que condenó al Estado de
Perú por violar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
                            G
                            INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO
                            7° DEL REGLAMENTO INTERNO
                            El artículo 7° del Reglamento Interno,
establece que la Comisión carece de iniciativa para promover
juicio político a los funcionarios y magistrados incluidos en el
artículo 53 de la Constitución Nacional.
                                      92




                                Al carecer de iniciativa, solamente
puede promover ese procedimiento con motivo de las denuncias
de legisladores que no integran la Comisión o presentados por
terceros. Si las formula un miembro de la Comisión, debe
abstenerse de actuar en su seno cuando ella es considerada
(conf. art. 55, inc. 1°, del Código Procesal Penal) considerando su
calidad de órgano instructor.
                                En el caso concreto, esa prohibición
fue vulnerada en forma elíptica al ser integrada la comisión por
los denunciantes. No se trata de un denunciante aislado, sino de
un conjunto significativo de miembros de la Comisión.
                             Del análisis efectuado en el punto
anterior, resulta que revisten el carácter de denunciantes los
diputados Elisa Carrió, Carlos Iparraguirre, Juan Minguez, Julio
Gutiérrez, José Mirabile, Ricardo Nieto Brizuela y Ricardo Falú,
presidente de la Comisión.
                                Si la Comisión está inhabilitada para
formular denuncias, ese principio se desnaturaliza cuando sus
componentes son denunciantes y, sobre la base de sus
presentaciones, se desarrolló la labor de la Comisión con la
intervención de ellos.
                                Por        otra   parte,   es   razonable
interpretar que, si algún integrante de la Comisión reviste el rol de
denunciante, tendría que ser separado de ella. ¿Cómo es posible
que, los propios denunciantes, resuelvan la promoción del
proceso informativo, citen a los denunciados para que presenten
sus informes y, además, expidan el dictamen definitivo que
menciona el artículo 14 del Reglamento Interno?
                                  93




                             Tampoco resulta del Libro de Actas
que se hubiera dado cumplimiento a los "requisitos esenciales"
impuestos por el artículo 7, incisos a), b) y c) del Reglamento
Interno. El incumplimiento de tales requisitos esenciales, acarrea
la nulidad de las actuaciones, y otro tanto haber permitido que los
diputados denunciantes, miembros de la Comisión, participaran
en las reuniones del 3 y 10 de julio de 2003 (fs. 105 y 108).
                            VII
                            A QUÉ CAUSAS SE REFIERE LA
                            COMISIÓN
                            Esas       causas   son   denominadas
“Meller” (Expediente D-3033-03), “Macri” (Expedientes D-3040, D-
2503 y D-2645) y “Magariños”, (Expediente D-3062). Se inician
por denuncia de los propios diputados que integran la Comisión,
cosa que, aparentemente, no les suscita inconveniente ético ni
reglamentario.
                            Brevemente, se anticipa una síntesis
de esas causas, sin perjuicio del tratamiento in extenso que se
efectuará más abajo.
                            1.- El caso “Meller”.
                            Cabe señalar que nadie discute -ni
siquiera el Estado- que existió un contrato entre Meller y Entel
para publicar la guía de páginas amarillas; que Meller cumplió con
sus obligaciones; que intimada Entel para que informara cuanto
había percibido por la publicidad en la guía amarilla, contestó que
no tenía elementos para dar respuesta a esa solicitud -sobre
sumas que ella misma había percibido y sobre las cuales debía
liquidarse la deuda-; que ante esa respuesta, Meller continuó el
                                     94




trámite, durante el cual dictaminaron varios sobresalientes juristas
(dos de ellos académicos del Derecho, el Dr. Miguel Marienhoff,
una leyenda en el campo del derecho administrativo y el Dr. Juan
Carlos Cassagne, reputadísimo profesor y publicista de la misma
especialidad), ninguno desfavorable a las pretensiones de Meller.
Posteriormente, Meller sometió la decisión de pagar al tribunal
arbitral   de    obras    públicas    (tribunal   integrado   por   dos
representantes del Estado y por uno de las empresas), que
dispuso abonar la deuda. Ante esa decisión favorable al pago de
un servicio prestado por Meller, Entel recurrió ante la Corte, la
cual desestimó el recurso.
                               El cuestionamiento que se formula al
Doctor Moliné O’Connor no tiene fundamento alguno pues
mediante su voto, que concurrió a formar mayoría en ese caso,
siguiendo el dictamen del Procurador General de la Nación, no se
hizo más que respetar la invariable línea de los pronunciamientos
adoptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con
respecto a los recursos deducidos contra las decisiones del
Tribunal Arbitral de Obras Públicas durante más de cuarenta
años. Se desestimó el recurso del Estado Nacional y se ratificó el
fallo del tribunal arbitral.
                               Por otra parte, en todo caso, no sería
la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa “Meller” la causa de que el Estado Nacional deba, según
se sostiene, pagar la suma de $ 400.000.000. Ello es el resultado
de actuaciones internas del Ministerio de Economía, ajenas a la
sentencia que dictó la Corte Suprema.
                                 95




                            2.- El caso Macri.
                            En el llamado caso “Macri” fue la
Cámara Nacional de Casación Penal que por unanimidad revocó
el fallo que había adoptado por mayoría la Cámara Federal de
Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, e hizo lugar a la
excepción de cosa juzgada, sobreseyendo en consecuencia a los
imputados Francisco Macri y Raúl Martínez por considerar, a
través de un meduloso fallo, que en el caso mediaban las tres
identidades que constituyen el presupuesto necesario para la
garantía de la cosa juzgada.
                            La Corte debió intervenir ante el
recurso de queja del fiscal, cuya apelación extraordinaria había
sido declarada inadmisible. Vale aclarar que el Procurador
General sólo se limitó a mantener el recurso de su inferior
mediante un mero formulismo, y sin aportar nuevos fundamentos,
como sucede habitualmente.
                            Llegado el momento de resolver, el
tribunal se expidió considerando que el recurso extraordinario que
originaba la queja era inadmisible, con cita del art. 280 del Código
Procesal Civil y Comercial, que autoriza a la Corte a rechazar el
recurso a su sana discreción por no existir cuestión constitucional
y con sola mención de la norma.
                            La desestimación del recurso se
ajusta a la reiterada jurisprudencia de la Corte según la cual lo
decidido por los tribunales ordinarios sobre la existencia de cosa
juzgada resulta ajena, como regla, a la competencia de la corte,
salvo supuesto de arbitrariedad, aspecto que no mediaba en el
caso por cuanto las consideraciones expuestas por la Cámara
                                 96




Nacional de Casación Penal para fundar su conclusión sobre el
punto descartaban sin duda alguna la arbitrariedad aducida por el
apelante. Tales fundamentos de la Cámara no aparecían como
irrazonables ni se apartaban de las constancias del expediente,
así como también en el fallo apelado se había brindado suficiente
y fundada respuesta a los planteos del fiscal y se había
resguardado el valor de la cosa juzgada como consecuencia de
un examen apropiado de los diversos elementos de convicción
reunidos en el legajo. Por otra parte, las normas que establecen
el concurso de delitos indudablemente remiten al análisis de
cuestiones de derecho común, ajenas como principio a la
competencia de la corte suprema. También la cuestión federal
que la defensa de los Sres. Macri trajo a consideración de la
Corte fue tratada y resuelta favorablemente por la Cámara de
Casación para los intereses de los acusados en cuyo resguardo
existe la mencionada garantía, lo que significa que, en la
actualidad,   no   existía    resolución   contraria   al   derecho
constitucional esgrimido que pudiera abrir el acceso a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
                             En cuanto al supuesto perjuicio al
Estado Nacional acerca de que se habría privado de percibir
supuestos tributos, ello no resiste el menor análisis, por cuanto el
fallo favorable a los Sres. Macri y otros, en el que luego se
fundamentó la cosa juzgada, tuvo lugar con motivo de que los
ellos satisficieron íntegramente el monto del impuesto debido, el
que fue establecido unilateralmente por el fisco y se pagó en su
totalidad (art. 14 de la ley 23.771), lo que excluye el mentado
daño al Estado.
                                 97




                            3.- El caso Magariños.
                            El cargo formulado en el expediente
“Magariños” consiste en imputar a los jueces que firmaron el
arrogarse facultades constitucionalmente asignadas al Consejo
de la Magistratura al aplicar sanciones disciplinarias a un
magistrado judicial.
                            El caso puede resumirse en los
siguientes términos. La Corte Suprema en el caso “Fernández
Prieto” (Fallos 321:2947) confirmó la detención y la condena
seguida contre el imputado Carlos Alberto Fernández Prieto por
transporte de estupefacientes. La defensa oficial de Fernández
Prieto llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos por considerar que esa detención era violatoria del
Pacto de San José de Costa Rica. En el proceso, el Estado
Argentino fue citado para defenderse y al tomar conocimiento que
entre los documentos presentados por la defensa en contra del
Estado Argentino existía un dictamen sobre el caso elaborado por
un juez de un tribunal oral, lo puso en conocimiento de la Corte
Suprema. Esta lo sancionó por haber emitido opinión en una
contienda judicial, actividad prohibida para los jueces, conforme lo
establece el reglamento elaborado por la Corte Suprema que
regula la conducta de los jueces del Poder Judicial, que prohíbe
ese tipo de tareas a los miembros de la magistratura. Cabe aclara
que la sanción impuesta fue una multa del 30% del sueldo del
juez.
                            En cuanto al cuestionamiento de la
sanción por hipotética falta de atribuciones para ello, cabe señalar
                                    98




que en una acordada, la Corte consideró en forma unánime que
las facultades disciplinarias del Consejo de la Magistratura no
eran excluyentes de las que le competen a ella en relación con
los magistrados sobre los cuales ejerce superintendencia. Esta
acordada nunca fue cuestionada por el Consejo. Es mas, éste la
consintió expresamente en varias resoluciones y posteriormente
en diversas oportunidades, la Corte Suprema de Justicia ejerció
su potestad disciplinaria respecto de magistrados judiciales.
                             En todas estas resoluciones, la Corte
Suprema de Justicia entendió que estaba habilitada para ejercer
las facultades disciplinarias concurrentes con aquellas atribuidas
por el constituyente al Consejo de la Magistratura que, por otra
parte, admitió la existencia de esa situación al dictar la
Resolución 123/99.
                             Incluso la ley de creación del Consejo
de la Magistratura aclara que las sanciones que éste imponga
son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De
manera que, en última instancia, la potestad disciplinaria es
ejercida por el Alto Tribunal.
                                 Es curioso advertir que, con este
motivo, la sensibilidad de los diputados que acusan los lleva a
decir que el Dr. Moliné (debieron decir que la Corte) afectó al Dr.
Magariños en “sus garantías constitucionales, avanzando sobre el
derecho a la libre expresión, derecho fundamental de todas las
libertades”, y se le imputa también “violar la independencia del
Poder Judicial, amedrentando a un juez de la Nación a través de
una sanción administrativa”.
                                  99




                            En rigor, es la Comisión de Juicio
Político la que está amedrentando a los jueces al advertirles que
si no comparten sus opiniones, corren riesgo cierto de destitución.
                            El Dr. Lino E. Palacio, que es profesor
titular emérito de la U.B.A. y sobre cuyos méritos académicos no
hay disputa, ha dicho de la actuación de la Comisión de Juicio
Político, que es una parodia de juicio político (en LA NACIÓN del
13 de julio de este año), opinión que merecería, al menos, una
reflexión.
                            La Comisión de Juicio Político acusa
al Dr. Moliné a sabiendas de que la Corte, por unanimidad,
resolvió en una Acordada (n°52/98) que conservaba su derecho
concurrente a sancionar jueces.
                            Por lo tanto, no es el Dr. Moliné quien
ha tomado para sí derechos del Consejo de la Magistratura. Es
que la Comisión de Juicio Político quiere inculpar al Dr. Moliné,
como antes inculpó al Dr. Nazareno, de una irregularidad
inexistente, a la caza de su renuncia.
                            En la misma línea coercitiva, algunos
legisladores amenazan con seguir estudiando más cargos, como
si fueran frutos que van madurando y que ellos tiene el derecho
de recolectar a voluntad, en olvido de que están ejercitando una
de las funciones de más alta responsabilidad para la subsistencia
del régimen republicano de gobierno.
                                    100




                             VIII
                             EL      EXPEDIENTE     N°   3033-D-03:
                             CASO “MELLER”
                             Los primeros tres cargos, a los cuales
hace referencia la nota del presidente de la Comisión de Juicio
Político del 10 de julio de 2003, aluden al caso “Meller”.
                             Se impone, previo al tratamiento de
cada uno de los mismos, puntualizar que ellos contienen
inexactitudes y meras afirmaciones dogmáticas respecto del
contenido del voto que emitió nuestro representado en fecha 5 de
noviembre de 2002, junto con el ministro Guillermo López, en los
autos caratulados “Meller Comunicaciones S.A. UTE c/ Empresa
Nacional de Telecomunicaciones”.
                             Los infundados cuestionamientos son
los siguientes:
   A) “Haber legitimado judicialmente un proceso administrativo
      fraudulento”.
   B) “Negar al Estado la vía judicial de revisión de una
      resolución administrativa, que ilegítimamente lo perjudica en
      centenares de millones de pesos, omitiendo el tratamiento
      de los serios planteos del recurso, las disidencias judiciales
      y la existencia del proceso penal, lo que hace presumir ante
      lo manifiesto de las irregularidades y arbitrariedad del caso,
      que su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su
      función como juez, sino por otros intereses”.
   C) “Haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad
      de efectuar el control de constitucionalidad en los términos
      del art. 14 de la ley 48”.
                                      101




                                 Todos        estos      cargos      son
absolutamente infundados e incurren en graves inexactitudes que
los descalifican.
                                 Conforme a los antecedentes del
caso, el 7 de julio de 1999, el Tribunal Arbitral de Obras Públicas
resolvió aceptar la petición formulada por “Meller S.A.” dejando
sin efecto la Resolución ENTEL Nº 18/98 en mérito a la cual se
había suspendido el cumplimiento de la Resolución ENTEL Nº
146/96, la cual ordenaba el pago de la suma de $28.942.839,81.
                                 Dicha decisión del mentado Tribunal
Arbitral   fue      notificada    a      la   Empresa     Nacional    de
Telecomunicaciones (e.l.), el 8 de julio de 1999.
                                 Interpuesto un recurso de aclaratoria
contra la misma, se dictó el segundo laudo del Tribunal Arbitral de
Obras Públicas, en fecha 4 de agosto de 1999, el cual se notificó
a ENTEL el 9 de agosto del citado año.
                                 El 24 de agosto, ENTEL dedujo un
recurso extraordinario, el cual es rechazado por extemporáneo
por el Tribunal Arbitral de Obras Públicas (el día 27 de agosto)
habida cuenta que la interposición de una aclaratoria no
interrumpe el plazo legal para la interposición de un recurso
extraordinario.
                                 Tal     circunstancia   determinó   que,
aquella empresa, presentara un recurso de queja ante la Corte
Suprema de Justicia el 10 de septiembre.
                                 Con fecha 12 de junio de 2000, la
Procuración General de la Nación dictaminó que correspondía el
rechazo del recurso ya que, las decisiones del Tribunal Arbitral de
                                 102




Obras Públicas, no eran recurribles judicialmente. Por tal razón,
estimó que eran insustanciales los agravios respecto a la
presentación extemporánea del recurso.
                              El 5 de noviembre de 2002, la
mayoría     de   los   integrantes     de   la    Corte,   con   diversa
fundamentación, decidió desestimar el recurso de queja.
                              Nuestro mandante, conjuntamente
con el juez López, de conformidad con lo dictaminado por el
Procurador General de la Nación, resolvió desestimar el recurso
de queja.
                              Reiteramos,        lo   antes   dicho,   en
cuanto a que esta Comisión, sobre la base de los votos emitidos
por otros jueces en el mismo pronunciamiento, pretende acusar a
nuestro representado, por un “presunto mal desempeño”, en
razón de la decisión que escogiera para el caso en particular. Lo
cual trasunta, claramente, una simple discrepancia expuesta por
los legisladores frente a los contenidos de una sentencia judicial.
                              Vale decir, discrepancias sobre: si el
“tribunal arbitral de obras públicas” es o no un “tribunal
administrativo”, si sus decisiones fueron consideradas como
revisables o irrevisables a lo largo de los años por las distintas
integraciones que tuvo el máximo Tribunal de la Nación; y si los
laudos del mentado tribunal arbitral pueden ser ejecutados sin
revisión judicial conforme así lo considera calificada doctrina en la
materia (v. gr. Gordillo).
                              Sin perjuicio de ello, y a efectos de
demostrar la inconsistencia de los cargos, cuya más grave
falencia reside en cuestionar la opinión de los jueces vertida en
                                103




un fallo judicial, procedemos a explicar a esta Comisión las
razones fundadas sobre las cuales se apoya la postura jurídica
adoptada por nuestro representado.
                             A.- Primer cargo: “haber legitimado
judicialmente un proceso administrativo fraudulento”.
                             En primer lugar, ENTEL cuando
interpuso el recurso de queja por denegación del extraordinario
interpuesto ante el Tribunal de arbitraje, no demostró la existencia
de un fraude respecto del procedimiento administrativo previo a la
Resolución N° 146/96. Por ende, jamás pudo la Corte “legitimar
un procedimiento administrativo fraudulento”, porque esa cuestión
se encontraba fuera del ámbito del recurso interpuesto por
ENTEL sin que fuera viable incurrir en un exceso de jurisdicción.
                             Si bien la respuesta a ello se
encuentra directamente vinculada con los fundamentos que
desarrollaremos al analizar el siguiente cargo, no obstante ello,
corresponde formular ciertas aclaraciones.
                             La Corte Suprema de Justicia de la
Nación no “legitimó” un “proceso administrativo” pues, al sostener
la irrevisibilidad del laudo arbitral, conforme jurisprudencia
constante e inalterable sostenida desde el año 1957, no se
pronunció sobre el fondo de la cuestión.
                             Amén de ello, no resulta posible
desentrañar a qué se refiere con “proceso administrativo
fraudulento”, lo cual impide a nuestro representado ejercer
correctamente su derecho de defensa en juicio (art. 18 CN),
habida cuenta de la confusa forma en la que es formulado este
cargo infundado.
                               104




                            Es de preguntarse dónde existió,
según los legisladores, una etapa fraudulenta que nuestro
representante desconoce:
                            1) ¿En el marco del “procedimiento
administrativo” cuando se dictaron las Res. ENTEL 146/96 y
18/98, y tuvo su intervención el Ministerio de Economía?
                            2) O quizá, ¿con motivo del dictado
de los laudos de parte del Tribunal Arbitral de Obras Públicas?
                            De acuerdo a la redacción de este
cargo parece que se trata del segundo de ellos, y no del primero,
ya que se alude a “proceso administrativo”.
                            Según      enseña       la     doctrina
especializada en la materia: “...el procedimiento administrativo
constituye la forma o el cauce formal de la función administrativa
(en sentido material). El concepto de proceso resulta más
adecuado referido al cauce formal de la función jurisdiccional,
entendida ésta como la solución de controversias (en sentido
amplio) con fuerza de verdad legal” (Cassagne, Juan Carlos,
“Derecho Administrativo”, Tº I, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1998, pág. 91; en sentido concordante: Gordillo, Agustín, “Tratado
de Derecho Administrativo”, Tº 2, Fundación de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, pág. XVII-15).
                            Es decir que en el caso “Meller”,
hasta que toma intervención el Tribunal Arbitral de Obras
Públicas, ya dictados los actos administrativos por ENTEL,
emitidos los dictámenes del Ministerio de Economía y de
especialistas en esta materia, se trata de la etapa del
                                  105




“procedimiento administrativo”; y, con la instancia jurisdiccional
arbitral se abre la segunda etapa, la del “proceso administrativo”.
                             Entiende esta parte, de acuerdo a lo
que se desprende de este cargo, que cuando se dice “proceso
administrativo” se pretende aludir a que la Corte debió revisar la
decisión arbitral más no la decisión de los funcionarios
administrativos.
                             No     es    claro    dónde   ubica   los
cuestionamientos esta Comisión y, por consiguiente, cuáles son
las responsabilidades en cada etapa.
                             Adviértase que, en el marco de un
cargo que ronda en derredor de una fina distinción de derecho
administrativo como es si el “Tribunal Arbitral de Obras Públicas”
es un “tribunal administrativo” y, en razón de ello, si estos laudos
arbitrales están sujetos al “control judicial suficiente”, se produce
este grosero error en la formulación de un cargo que impide
vislumbrar a ciencia cierta de qué se lo acusa a nuestro
representado y qué es lo que los legisladores creen que debió
revisarse por conducto de una sentencia judicial.
                             Además, tal como ya se explicó, no
se encontraba dentro de las cuestiones sometidas a la Corte el
supuesto fraude administrativo, por lo que mal puede caber
alguna responsabilidad por no haber resuelto lo que no fue
planteado en el recurso judicial.
                             Amén        de   lo   expuesto,   resulta
indiscutible el carácter irrevisable de las decisiones del Tribunal
Arbitral en cuestión, a tenor de la jurisprudencia constante e
inalterable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las
                                106




opiniones doctrinales en la materia y las normas dictadas por el
mismo Estado Nacional que son aplicables al Tribunal Arbitral en
cuestión.
                             Sobre el particular, nos referiremos
en el punto siguiente, con lo cual se advertirá que la actuación de
nuestro representado fue acorde con la alta magistratura judicial
que ejerce.
                             B.- Segundo cargo: “Negar al Estado
la vía judicial de revisión de una resolución administrativa, que
ilegítimamente lo perjudica en centenares de millones de pesos,
omitiendo el tratamiento de los serios planteos del recurso, las
disidencias judiciales y la existencia del proceso penal, lo que
hace presumir ante lo manifiesto de las irregularidades y
arbitrariedad del caso, que su voto no estuvo motivado por el
cumplimiento de su función como juez, sino por otros intereses”.
                             Cabe analizar por separado las
distintas imputaciones que injustificadamente se expresan en este
segundo cargo contra nuestro representado.
                             B.1.- “Negar al Estado la vía judicial
de revisión de una resolución administrativa”.
                             B.1.1.- Adviértase que existe una
contradicción entre la “revisión del proceso administrativo
fraudulento”, al que se refiere en el punto precedente, y la
revisión de las resoluciones arbitrales a las que se alude en el
presente.
                             Se pretende imputar que la Corte
Suprema debió revisar un “proceso administrativo”, de lo cual se
entiende que con ello se refiere a la instancia jurisdiccional del
                                107




Tribunal Arbitral de Obras Públicas. Pero, ahora, en este segundo
cargo, se dice que se debió revisar la etapa procedimental
administrativa, es decir, las resoluciones administrativas. Sin
embargo, no se requirió judicialmente la revisión de un
procedimiento administrativo.
                             Nos preguntamos ¿Cuáles son las
resoluciones administrativas que correspondía revisar? ¿Las
resoluciones de ENTEL? Ó, ¿las decisiones del Tribunal Arbitral?
                             Parece que ahora se alude a la
Resoluciones de ENTEL 146/96 y 18/98, que son ciertamente
resoluciones administrativas y no laudos arbitrales.
                             Carece de seriedad, en un juicio de
tal gravitación como el presente, que no se formulen con la
debida precisión cuáles son los cargos que se imputan, y sobre la
base de contradicciones terminológicas se impide conocer a
ciencia cierta de qué se acusa a nuestro mandante.
                             Nuevamente, esta Comisión, sobre la
base de términos confusos, conculca el derecho de defensa de
nuestro representado, produciendo una flagrante violación en el
debido proceso legal que prescribe el artículo 14 de la
Constitución Nacional.
                             Para poder contestar un cargo toda
persona necesita conocer en debida forma qué se le imputa.
                             Esto no sucede en el presente caso,
en el que pretende acusarse a nuestro representado de un
presunto error en una sentencia judicial sin que se conozca
mínimamente el tema en cuestión. Más, cuando se acusa de no
                                     108




haber resuelto respecto de un planteo que no fue solicitado a la
Corte en el recurso extraordinario.
                                B.1.2.-     Ahora      bien,        cabe   pasar
revista a cuál fue el criterio seguido por las distintas integraciones
de la Corte Suprema frente a la revisibilidad o irrevisibilidad de los
laudos dictados por el Tribunal Arbitral de Obras Públicas, antes
denominado como Comisión Arbitral.
                                El estudio de este punto permitirá
determinar si realmente puede imputarse que se ha denegado al
Estado    la   vía    de    revisión   judicial     de        una    “resolución
administrativa” y/o de un “proceso administrativo”, de acuerdo al
alcance que pueda conferirse a los términos mismos de los
confusos cuestionamientos, y según la particular naturaleza que
entrañan los laudos que emite el tribunal arbitral en cuestión, si la
Corte alguna vez ha considerado admisible su revisión,
revocando estos laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas.
                                La     Corte       Suprema           ha    tenido
oportunidad de pronunciarse acerca de la naturaleza de las
decisiones     de    este   tribunal   arbitral    y     la    revisibilidad   o
irrevisibilidad judicial de ellas.
                                Sobre       esta    materia,         el    primer
precedente jurisprudencial es “Amelcom” (Fallos: 239:357; 11 de
diciembre de 1957), en el cual se consideró improcedente el
recurso extraordinario interpuesto, en razón de que el mismo se
sustentó en la interpretación de cláusulas contractuales.
                                En     el    precedente         “Servente      y
Magliola” (Fallos: 252:109; del 12 de marzo de 1962), también se
declaró improcedente el recurso extraordinario deducido.
                                  109




                             En     el    dictamen     del    Procurador
General de la Nación, Ramón Lascano, después de invocar el
precedente “Amelcom”, se expresó que respecto de la alegada
“arbitrariedad” de la decisión recurrida, ella no se encuentra
configurada en los términos de la jurisprudencia elaborada por la
Corte Suprema. Concluyó, por consiguiente, en que correspondía
desestimar el recurso intentado.
                             El    Alto    Tribunal,    en      su     fallo,
compartió el criterio del Procurador, fundando su pronunciamiento
en los siguientes argumentos:
     1)"... con arreglo a lo prescripto en el artículo 7 de la ley
12.910, en los artículos 6, 7 y 8 del decreto N° 11.511/47 y en el
decreto 1098/56 -especialmente considerando 1º-, respecto de
las decisiones de la Comisión Arbitral no cabe recurso judicial
alguno".
     2)"... tratándose de un régimen optativo, la elección del
proceso administrativo importa la renuncia judicial, incluso del
recurso extraordinario -Fallos:189:156; 237:392; 241:203 y otros-.
En los autos no se ha propuesto, por lo demás, cuestión alguna
atinente a la validez del régimen legal así configurado".
     3) No es "... aplicable al caso la jurisprudencia establecida
en materia de arbitrariedad ..." pues la apelada es una resolución
dotada     de   fundamentos       suficientes,   que         impiden     su
descalificación como acto jurisdiccional. Decide cuestiones
jurídicas de naturaleza opinable, que no varía por razón de
invocarse opiniones vertidas en dictámenes administrativos".
                            En el caso "Empresa Tomagra y
Sastre S.A." (sentencia del 11 de junio de 1962), la Corte
                                110




Suprema falló aplicando la doctrina del precedente antes citado
("Servente y Magliola") y, en consecuencia, declaró improcedente
el recurso extraordinario interpuesto.
                             En la causa "Kimbaum Ferrobeton
S.A. de Construcciones" (Fallos: 261: 27, sentencia del 19 de
febrero de 1965), la Corte estimó que no caben recursos
judiciales contra las decisiones dictadas por la Comisión Arbitral
(Fallos 242:109 y otros).
                             Por su parte, en el precedente "Juan
Di Nitto" (Fallos: 308:116, sentencia del 13 de febrero de 1986) la
Corte, reiteró esta doctrina, señalando que:
   1) "El remedio federal sólo procede respecto de los tribunales
      de justicia, carácter atribuible a los integrantes del Poder
      Judicial de la Nación y de la Provincias y, por extensión, de
      las decisiones de los organismos administrativos dotados
      por la Ley de facultades jurisdiccionales, no revisables por
      vía de acción o de recurso (Fallos:301:594, 1152, 1226;
      302:174; causa E.1.XX. "Echenique y Sánchez Galarce S.A.
      c/ Tietar S.A.", del 22 de mayo de 1984)".
   2) "... no cabe recurso judicial alguno respecto de las
      decisiones   de   la   Comisión    Arbitradora.   En   efecto,
      tratándose de un régimen optativo, la elección del proceso
      administrativo importa renuncia del judicial incluso del
      recurso extraordinario (Fallos: 252:109; 261:27)".
   3) "... la invocación de garantías constitucionales y la doctrina
      de arbitrariedad no obvia la ausencia de tribunales de
      justicia... Así ocurre en el caso en que el art. 7º, de la ley
      12.910, 8º del decreto 11.511/47 y su aclaratorio nº
                                  111




      4517/66, establecen que no cabe recurso judicial alguno
      respecto de las decisiones de la comisión arbitradora".
                           En el caso "Pirelli Cables c/ Empresa
Nacional de Telecomunicaciones" (Fallos: 322:298, sentencia del
9 de marzo de 1999), la decisión adoptada unánimemente por la
totalidad de los magistrados que por entonces integraban la Corte
-Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos S.
Fayt, Augusto Cesar Belluscio, Enrique Santiago Petracchi,
Antonio Boggiano, Guillermo A. F. López, Gustavo A. Bossert y
Adolfo Roberto Vázquez-, fue reiterar esta doctrina expresando lo
siguiente:
                           "...la pretensión de la demandada de
acceder a esta instancia extraordinaria a pesar de lo dispuesto en
las   normas   citadas,   en     tanto   supone   un   planteo   de
inconstitucionalidad de aquellas, resulta inadmisible puesto que el
Estado Nacional no está legitimado para plantear la invalidez
constitucional de las normas que él mismo dicta (Fallos: 122:73;
132:101; 134:37; 284:218; 296:732 –considerando 4-; doctrina de
Fallos: 303:1039; 307:630; y Fallos 311:1237).
                               Asimismo, en los autos "Aion S.A.I.C.
y A. y Natelco c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones"
(sentencia del 29 de agosto de 2000) también adoptada por la
totalidad de sus miembros -Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo
Moliné O´Connor, Carlos S. Fayt, Augusto Cesar Belluscio,
Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano, Guillermo A. F.
López, Gustavo A. Bossert y Adolfo Roberto Vázquez-, el Alto
Tribunal desestimó el recurso deducido por la demandada por
                                  112




remisión a los fundamentos vertidos en el precedente "Pirelli"
antes reseñado.
                             Idéntico temperamento adoptó el
Tribunal en la causa "TECSEL Sociedad Anónima s/ apelación
expediente Tribunal Arbitral de Obras Públicas N° 2308/98"
(sentencia del 29 de agosto de 2000).
                             De esta reseña jurisprudencial, se
puede advertir que, en los pronunciamientos que van desde el
año 1957 hasta el presente, se mantuvo como regla un criterio
constante e inalterable a fin de resolver la improcedencia de
recurso judicial alguno, incluso el recurso extraordinario, contra
los laudos que emanan del Tribunal Arbitral de Obras Públicas.
                             Ello así, no sólo respecto del Estado
Nacional (cfr. precedente “Pirelli”, Fallos: 322:298), sino también
frente a recursos deducidos por particulares (cfr. “Juan Di Nitto”,
Fallos: 308:116; “Servente y Magliola”, Fallos: 252:109).
                             Puede colegirse de lo expuesto que,
conforme la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, resulta inviable el recurso extraordinario
frente a laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, en razón
del carácter optativo que reviste la jurisdicción de este Tribunal
arbitral, y dicha opción -por las mismas normas que dictó el
Estado Nacional- se encuentra a cargo del co-contratante del
Estado, habida cuenta que de sus tres integrantes dos son
funcionarios del Ministerio de Economía.
                             Se     reitera   que   esta    doctrina
jurisprudencial se mantuvo inalterable desde el año 1957 al
presente.
                                   113




                               Si la decisión adoptada por nuestro
representado provoca la disconformidad de parte de esta
Comisión, lo propio debería acontecer con todos los votos
emitidos por los jueces que integraron, con anterioridad, la Corte
Suprema y confirieron el mismo carácter irrevisable a los laudos
de este particular tribunal arbitral.
                               Por algo no se imputa a nuestro
representado haberse apartado de la doctrina de los precedentes
jurisprudenciales de la Corte Suprema.
                               Ello, por la simple razón que se
respetó, con el pronunciamiento en la causa “Meller”, la postura
jurídica sostenida constantemente con anterioridad por los
diversos integrantes de la Corte desde el año 1957. Sin que por
ello, se le haya ocurrido a persona alguna que, por esta decisión
claramente técnica, se incurra en una presunta causal de mal
desempeño en función de meras discrepancias en la forma de
identificar la naturaleza del Tribunal Arbitral de Obras Públicas.
                               B.1.3.- Cabe también puntualizar
sobre qué es lo que se ha dicho respecto de la irrevisibilidad de
las decisiones del Tribunal de Obras Públicas, de parte de la
doctrina especializada en esta materia.
                               Así, Gordillo, señala que “A partir del
fallo de la CSJN in re Pirelli cables se entiende que contra los
fallos (laudos) del Mencionado Tribunal Arbitral no cabe acción o
recurso judicial alguno, incluido el recurso extraordinario federal
regulado en los Artículos 14 a 16 de la Ley 48. Concluido el
proceso arbitral y previo dictamen jurídico, el Tribunal dictará el
fallo o laudo arbitral que decide sobre el fondo del asunto, el que
                                   114




no contendrá costas ni regulación de honorarios. El laudo firme se
ejecuta judicialmente por juicio ejecutivo” (Aut., cit., “Tratado de
Derecho       Administrativo”,    Tº2,   Fundación    de   Derecho
Administrativo, Buenos Aires, pág. XVII-15).
                                 Por su parte, Eduardo Mertehikian
sostiene que "Precisamente, por tratarse de un régimen
administrativo, la elección –libremente ejercida- por el tribunal
arbitral, conformado como un órgano jurisdiccional de opción,
importa la renuncia a la jurisdicción judicial; renuncia que resulta
plenamente válida como ha tenido oportunidad de interpretar la
Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antigua
jurisprudencia ...". Dicho autor concluye que "en suma y para
disipar toda duda, contra los fallos (laudos) del mencionado
tribunal arbitral no cabe acción o recurso judicial alguno, incluido
el recurso extraordinario federal regulado en el art. 14 de la ley
48" (Eduardo Metehikian, “La inviabilidad de la revisión judicial de
los laudos del Tribunal Arbitral de Obras Públicas”, Revista
Argentina del Régimen de la Administración Pública, n° 250, p.
29, 1999).
                                 Si se desean obtener más opiniones
doctrinarias sobre esta materia, puede observarse en la misma
causa que, Marienhoff dictaminó originariamente en la instancia
administrativa, y con cuyo criterio luego discrepó el Procurador
del Tesoro de la Nación.
                                 Por su parte, Cassagne y Barra,
emitieron sus opiniones en un tenor discordante con el mentado
Procurador.
                                    115




                               Finalmente, Meller SA requirió la
ejecución del laudo arbitral pues conocía que ninguna decisión de
este tribunal arbitral fue modificada por la Corte, habida cuenta de
su carácter de autoridad de cosa juzgada que le impide ser
susceptible de revisión judicial.
                               Más aún, lo reiteramos, este criterio -
de irrevisabilidad de las decisiones del mentado Tribunal arbitral-
fue sostenido por el Procurador General de la Nación, en su
dictamen en el caso "Meller", y con cita de los mismos
precedentes jurisprudenciales a los que hizo mérito nuestro
mandante.
                               B.1.4.- Esta interpretación sostenida
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y compartida por
la calificada doctrina citada, es la adecuada al régimen normativo
que regula el funcionamiento del Tribunal Arbitral de Obras
Públicas el que se encuentra integrado por las siguientes normas:
   1) Ley 12.910, que disponía que "el acogimiento del contratista
      a los beneficios de esta ley implicará automáticamente la
      renuncia a toda acción judicial basada en las causas que
      motivan la presente ley" (art. 7º).
   2) Decreto 11.511/47 (ADLA, VII, 660), reglamentario de la ley
      12.910, que en su art. . 8º creó la llamada "Comisión
      Arbitral", integrada por dos funcionarios del Estado y un
      representante de las empresas constructoras. Es decir, una
      composición colegiada y paritaria, conviniendo el sector
      público y el privado.
   3) Ley   13.064    de      “Obras      Públicas”   que   autoriza   el
      sometimiento del Estado Nacional a la jurisdicción arbitral
                             116




  (conf. Interpretación doctrinaria y jurisprudencial del artículo
  55 párrafo 2).
4) Decreto 1978/64, reglamentario de la Comisión Arbitradora.
5) Decreto 3772/64 (arts. 4, 5 y 6) reglamentario de la ley
  12.910.
6) Decreto 4517/66, aclaratorio del art. 8º del Dec. 11.511/47.
  Allí se dispuso que para la dilucidación y resolución de las
  cuestiones referentes a variaciones de costos producidas
  en los contratos de obra pública existe una doble vía a
  opción del contratista: una ante la ya mencionada Comisión
  Arbitradora, y otra mediante el recurso jerárquico, dejando
  establecido que la elección de una en cada caso concreto,
  excluye la utilización de la otra (conf. decreto 4517/66,
  artículo 1°).
7) Decreto 7759/67, sobre normas para interponer recursos de
  apelación ante la Comisión Arbitral.
8) Decreto 2875/75, en lo atinente a normas y plazos de
  presentación ante el Tribunal Arbitral.
9) Decreto 1496/91 (art. 6º), en virtud del cual se dispuso que
  como "Responsabilidad Primaria" del Tribunal Arbitral de
  Obras Públicas se encuentra la de ejercer la función
  jurisdiccional que le encomiendan las leyes de obras
  pública (decs. 11.511/47, 1978/64 y 772/64; de consultoría,
  ley 22.460; y de concesión de obra públicas ley 17.520).
  Asimismo, en dicho decreto se dispuso que las decisiones
  del mentado tribunal arbitral importaban resoluciones finales
  Por lo demás, se mantuvo el carácter paritario y colegiado
                                  117




     del Tribunal Arbitral de Obras Públicas y la intervención del
     mismo a instancia del contratista.
  10) La resolución S/N aprobada por el Tribunal Arbitral
     mediante Acta Nº 1543, publicada en B.O. el 4/9/98, a tenor
     de la cual se dispone que:
     a)    El particular se encuentra frente a dos vías excluyentes
           a su elección, la arbitral o la judicial.
     b)    El tribunal dicta el fallo o laudo arbitral previo dictamen
           del Asesor Jurídico, y no contendrá costas ni
           regulación de honorarios.
     c)    El fallo del tribunal sólo resulta pasible de recurso de
           revisión.
                               Sobre esas bases cabe concluir que
el régimen estructurado por el propio Estado en torno del Tribunal
Arbitral de Obras Públicas partió de la idea del "sometimiento liso
y llano a la jurisdicción administrativa con total exclusión de la
judicial", la cual culminaba con la "consideración definitiva de una
Comisión Arbitral, que designará el Poder Ejecutivo, por conducto
del Ministerio de Obras Públicas" (arts. 6° y 8° del Dto.
11.511/47).
                               Respecto de la antedicha Comisión,
los asesores legales del Poder Ejecutivo entendieron que la
interpretación concordante del artículo 7°, último apartado, de la
ley 12.910 con los artículos 7º y 8º del decreto reglamentario
11.511/47, llevaba a la conclusión de que "los fallos dictados por
la Comisión arbitradora tienen autoridad de cosa juzgada" (conf.
considerando 1° del decreto 1098/56), razón por la cual, y
teniendo en cuenta que "es conveniente para mayor garantía de
                                 118




acierto de las decisiones de la Comisión arbitradora, conceder a
ésta la facultad de reverlos en determinados casos" (conf.
considerando 3° del mismo decreto), se decidió hacer pasibles de
recurso de revisión a los fallos dictados por la Comisión
mencionada (artículos 1° del decreto citado y 5° del decreto
3772/64).
                            También             se            consideró,
particularmente, que entre las acciones encomendadas al
Tribunal Arbitral de Obras Públicas se encuentra la de resolver
con fuerza de verdad legal las cuestiones que le sometan a su
jurisdicción, sobre los temas de su competencia (Anexo II del
decreto 1496/91).
                            Lo expuesto evidencia la absoluta
inconsistencia del cargo referente a la negación de la vía judicial
de revisión al Estado Nacional en tanto, como principio, la Corte
nunca pudo negar un recurso del que el Estado carecía de
acuerdo con el régimen por él mismo estructurado.
                            B.2.-      "Que     ilegítimamente        lo
perjudica en centenares de millones de pesos".
                            Esta       acusación       es       también
absolutamente falsa.
                            En efecto, debe hacerse referencia a
los alcances que la Comisión de Juicio Político le asigna a la
decisión adoptada por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, cuando afirma que ella causó "un perjuicio de
centenares de millones de pesos al Estado Nacional".
                            En         primer        lugar,       dicho
pronunciamiento no condenó a pagar suma alguna ni ello
                                 119




formaba parte del recurso extraordinario, sino que denegó, como
quedó expuesto, siguiendo reiterados precedentes, el recurso de
queja   deducido   contra   la   desestimación   de   un   recurso
extraordinario extemporáneo interpuesto contra una decisión del
Tribunal Arbitral de Obras Públicas que había levantado la
suspensión dispuesta por la Resolución ENTEL 18/98.
                             Pero, más allá de ello, de ser cierto
que exista el reconocimiento por parte del Estado de una deuda
"de centenares de millones de pesos", esa circunstancia no sería
consecuencia del fallo de la Corte sino el resultado de una
actuación posterior del Ministerio de Economía vinculada a la
modalidad con la cual se dispuso satisfacer el reclamo –bonos de
consolidación-, de la cual el Tribunal resulta absolutamente ajeno
en su conocimiento y responsabilidad.
                            Precisamente, el conocimiento que
recién hemos podido tomar en las últimas horas de la causa
“Meller SA -MELLER COMUNICACIONES SA- UTE c/ PEN-LEY
25561 DTO 1570/01 214/02 (CAJA VALORES) s/ PROCESO DE
CONOCIMIENTO - LEY 25561", en trámite ante el Juzgado
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, a cargo
del Doctor Sergio G. Fernández, Secretaría N° 3, cuya titular es la
Doctora Estela M. Arberas, no hace más que ratificar esa
conclusión.
                            En efecto, el Estado Nacional -
Ministerio de Economía-, en su primera intervención en dichas
actuaciones, expresa:
                            “...2.- A fs. 22/24 del expediente EXP-
S01:0285493/2002 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
                                120




Ministerio de Economía dictamina que corresponde continuar con
el (sic) tramitación de dichos obrados, relacionados con el
reclamo de la accionante que fuera reconocido, por la ex - Entel
(e.l.) por medio de su Resolución 146/96, sugiriendo para tal fin,
su pase a la Subsecretaría de Administración y Normalización
Patrimonial “debiendo tener en cuenta que la peticionaria ha
formulado la presentación obrante a fs. 1/4 del Expte. N°
0288520/02 agregado sin acumular, en el cual ha formulado la
propuesta de percibir Bonos de Consolidación en moneda
nacional”.
                            2.1.- Así las cosas, a fs. 31 de los
actuados administrativos citados, la aludida Subsecretaría
requirió al Grupo de Fortalecimiento de Dependencias Jurídicas y
Administrativas del Ministerio de Economía, que proceda a
expresar el crédito reclamado por la actora, en Bonos de
Consolidación de Deuda Pública en Moneda Nacional.
                            2.2. Dicha dependencia se expidió a
fs. 33/71 -siempre de los actuados administrativos citados, -
donde, determinando el valor del crédito al 30/11/2002 en la
suma de $ 102.894.175,69, expresa el valor del reclamo en
Bonos de Consolidación en pesos segunda serie 2% (PRO 12)
según    su   cotización   en   el    mercado    (30,50%)    en   $
337.357.953,07.
                            2.3.- Posteriormente, en virtud de la
presentación de la actora a fs. 70/73, el aludido Grupo Técnico
recalcula el valor del reclamo al 28/02/03 arribando a un total de $
115.740.043,97. Sobre la base de aquél, ponderando el valor
de mercado de los Bonos de Consolidación en pesos 4a.
                                 121




Serie 2% (PRO 12), determina la cantidad de dichos títulos
valor nominal, necesarios para cancelar la suma aludida en $
399.103.599,91.
                            2.4.- A fs. 115 el actor prestó su
conformidad a dichos cálculos, en la medida que la entrega
de los títulos allí determinados, se efectuara con anterioridad
al 27/03/2003...” (conf. fs. 157 vta. y fs. en 158 de la causa
citada, el resaltado nos pertenece).
                            Asimismo, de dichas actuaciones se
desprende que el 18 de marzo de 2003 el Subsecretario de
Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de
Economía aprobó el acuerdo concertado por Meller con la
Dirección Nacional de Normalización Patrimonial y autorizó el
pago en bonos de consolidación de $ 399.103.599,91 (fs. 109/113
de la causa citada).
                            Como podrá apreciar la Comisión, es
evidente que si en una pretendida vinculación con la llamada
“causa Meller” se llegase a producir un “perjuicio” al Estado
de “centenares de millones de pesos”, ello en modo alguno
encontraría origen en la decisión adoptada -con el voto
concurrente de mi representado- por la mayoría de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación el 5 de noviembre de 2002,
sino en la exclusiva actuación de dependencias de otro Poder         -
posterior y ajena a la intervención del Alto Tribunal-, a las resultas
de la cual se habría arribada a un determinado resultado,
consecuencia     del   temperamento     seguido    en   materia    de
suscripción de bonos de consolidación.
                                122




                            Reitérase    aquí   que    el   aludido
pronunciamiento de la Corte Suprema denegó -siguiendo una
constante doctrina-, el recurso extraordinario deducido contra el
fallo del TAOP que había dejado sin efecto la orden de
suspensión del pago a la actora de $ 28.942.839,81 en Bonos de
Consolidación de la Deuda Pública, dispuesto por la resolución
146 de 1996 dictada por la Liquidadora de la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones, monto cuya determinación no fue objeto
de cuestionamiento en ese recurso.
                            La liquidación final fue aprobada por el
Subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del
Ministerio de Economía, y a pagarse mediante Bonos de
Consolidación de la Deuda Pública, según el régimen de la ley
23.892, con posterioridad a la sentencia de la Corte Suprema y
sin que ésta se haya referido a monto alguno ni a pautas para su
determinación, que no se comprenden.
                             Ninguna intervención tuvo en dicho
desarrollo la Corte Suprema de Justicia.
                             B.3.- "...omitiendo el tratamiento de
los serios planteos del recurso, las disidencias judiciales y la
existencia del proceso penal...".
                             B.3.1. Con respecto a la alegada
omisión en el tratamiento de "los serios planteos del recurso", del
voto suscripto por mi representado, junto con el Dr. López, surge
que en modo alguno se prescindió de la consideración de dichos
planteos, sino que, por el contrario, se concluyó que ellos no
resultaban idóneos para alterar la doctrina de la Corte Suprema
acerca de la irrevisibilidad de los laudos del Tribunal Arbitral de
                                   123




Obras Públicas, mantenida desde siempre. Así se falló de
conformidad con lo dictaminado por el Procurador General de la
Nación.
                                Adviértase    un    punto    que     es
importante poner de resalto.
                                Si existieron responsabilidades de
funcionarios en la causa “Meller”, ella se debía a funcionarios de
la administración y/o de quienes emitieron sus dictámenes
técnicos.
                                No es la Corte quien, en el marco de
un expediente de un recurso de hecho deducido contra un laudo
del mentado Tribunal Arbitral, considerado desde siempre como
irrevisable, el órgano del Estado que debe sustituir al órgano
ejecutivo en las funciones administrativas ejercidas.
                                La Corte no puede hacer caer todo el
andamiaje jurídico, pues el principio de legalidad debe aplicarse
al caso. La Corte no puede resolver lo que no forma parte de un
recurso sin violar las normas procesales que definen la
jurisdicción, con fundamento en la garantía del debido proceso.
                                La Corte no puede sustituir presuntos
errores cometidos por funcionarios de la Administración, ya que
no es el órgano autorizado, ni fue este recurso de queja el cauce
legal, para ello.
                                De existir estas responsabilidades
administrativas     por   una    defectuosa    actuación     en    sede
administrativa, arbitral o judicial, la vigilia de las responsabilidades
le cabe al propio Poder Ejecutivo quien debe velar por ello y
denunciar en la vía penal pertinente.
                                   124




                              De allí, surgen los órganos y los
cauces legales para realizar el escrutinio judicial correspondiente.
                              La         división       de         funciones
gubernamentales, que esta Comisión no puede desconocer, así
lo imponen.
                              B.3.2. En cuanto a la supuesta
omisión de "las disidencias judiciales", aun entendiendo que se
pretende hacer referencia a los votos de los señores Ministros de
la Corte Suprema que quedaron en minoría en el fallo de que se
trata, el supuesto reproche resulta manifiestamente inadmisible
pues en tal caso no se trataría más que del reconocimiento de la
existencia de criterios jurídicos distintos del sostenido por mi
representado.
                              Sin perjuicio de ello, cabe señalar
que, a diferencia de la posición sostenida en el caso en análisis
por los jueces Fayt y Petracchi, mi mandante adhiere al criterio
según el cual el Tribunal Arbitral de Obras Públicas no reviste
naturaleza de tribunal administrativo.
                              Criterio      sostenido        por    nuestra
doctrina administrativista, por las distintas integraciones de la
Corte conforme reseña jurisprudencial ut supra reseñada.
                              Con relación a ese tema resulta
adecuado remitir al Dictamen N° 173, del 29 de diciembre de
1994, de la Procuración del Tesoro de la Nación que resulta
ilustrativo de la opinión jurídica de mi representado. Allí se
concluyó en que el Tribunal Arbitral de Obras Públicas es un
“tribunal arbitral” y no un “tribunal u órgano administrativo”.
                                 125




                              Los     principales argumentos   para
arribar a tal conclusión fueron los siguientes:
   1) El carácter paritario del tribunal, por lo que no puede ser
      asimilado sin más a un órgano de la Administración.
   2) No es un órgano consultivo ni de asesoramiento.
   3) Es un verdadero tribunal de solución de controversias.
   4) Sus pronunciamientos constituyen resoluciones finales con
      fuerza de verdad legal.
   5) Las normas que regulan el procedimiento del tribunal
      confieren una opción a favor de los particulares, ya que su
      competencia sólo se habilita a instancia de los mismos
      voluntariamente.
   6) Hizo mérito en que la integración del tribunal arbitral cuenta
      con un representante de las empresas constructoras, cuyo
      voto es parte de la decisión.
   7) Concluyó en que las decisiones del mentado Tribunal
      Arbitral no eran revisables a través del recurso que dispone
      el art. 99 del Decreto 1759/72 que rige para todos los
      tribunales administrativos de la Nación. Para ello la
      Procuración sostiene que estos laudos arbitrales no pueden
      ser objeto de un control jerárquico (el citado art. 99 Dec.
      1759/72) sobre el acto de quien no forma parte de la
      Administración, no siendo tampoco dable suponer que
      "...una fragmentación de la decisión, sujetando al control
      jerárquico los votos de los funcionarios administrativos que
      lo componen y excluyendo de dicho control, al del tercer
      miembro".
                                 126




                             Este      punto    resulta      de       vital
importancia, pues las decisiones de un tribunal administrativo son
revisables en la vía administrativa según lo dispone el art. 99 del
Dec.   1759/72     (cfr.    Cassagne,    Juan      Carlos,      "Derecho
Administrativo", Tº I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, pág.
91).
                             Al ser ello así, encontrándonos frente
a un "tribunal arbitral", no resulta aplicable la doctrina del fallo
"Fernández Arias Elena y otros c. Poggio, José (sucesión)"
(Fallos: 247:646) en relación al "control judicial suficiente" al que
debe   ser   objeto   una     decisión   dictada    por    un      tribunal
administrativo.
                             Sin embargo, corresponde aclarar que
aun en la hipótesis de considerar al Tribunal Arbitral de Obras
Públicas como a un tribunal administrativo, el voto de mi
representado no contradice la doctrina de la Corte Suprema en la
materia.
                             En el leading case "Fernández Arias",
el Alto Tribunal admitió la validez de los actos dictados por
organismos administrativos con facultades jurisdiccionales, en
tanto los mismos queden sujetos a control judicial suficiente, lo
que supone el reconocimiento a los litigantes del derecho a
interponer recursos ante el Poder Judicial y la negación a los
tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones
finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertido (conf.
considerando 19 del fallo citado. Puede verse también Palacio,
Lino   Enrique,   Algunas     consideraciones      sobre     los     actos
                                  127




jurisdiccionales de la Administración, en la obra 120 años de la
Procuración del Tesoro de la Nación, 1863-1983, pág. 75 y ss.).
                              El examen del precedente judicial no
seria adecuado al presente análisis, si no se trajera a colación lo
resuelto en el citado considerando 19) del fallo, en relación al
sentido y alcance que debe conferirse a la expresión control
judicial suficiente utilizada por la Corte.
                              Dicho concepto resulta decisivo en
torno a definir la validez del carácter de resolución final que tienen
las decisiones emanadas del Tribunal Arbitral de Obras Públicas,
aun cuando se confiriera a éste la caracterización de un tribunal
administrativo.
                              Expresa en tal sentido el fallo que:
"…control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los
litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces
ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la
potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y
el derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en
que, existiendo opción legal, los interesados hubieren elegido la
vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial
(doctrina de Fallos:205:17; 245:351) …".
                              De ello deriva que, a la luz del texto
constitucional, la cuestión central y determinante radica en que la
existencia de una opción legal para el interesado resulta decisiva
en la interpretación que debe realizarse acerca del carácter de
resolución final que se predica respecto de las decisiones
arbitrales.
                                  128




                               Como quedó evidenciado en el
análisis del régimen jurídico de funcionamiento del Tribunal
Arbitral de Obras Públicas, su jurisdicción es siempre voluntaria
para los particulares y su competencia se habilita exclusivamente
a instancia de una opción solamente deferida a favor de aquellos,
por lo que el régimen cumple en tal sentido con el requisito de
conferir una opción legal para que sus decisiones adquieran el
carácter de resoluciones finales. En el supuesto del Estado, la
opción la efectuó al crear el tribunal arbitral por lo cual el posterior
cuestionamiento a la decisión que finalmente adopte el Tribunal
Arbitral de Obras Públicas pondría en evidencia una contradicción
"con los propios actos", lo cual, según reiterada doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, es causa suficiente para
desestimar tal pretensión.
                               En suma, ha quedado demostrado
que, aun cuando se caracterice al Tribunal Arbitral de Obras
Públicas como un “tribunal administrativo”, el voto del Dr. Moliné
O´Connor, junto con el Dr. López, -lo que no es así, según resulta
del dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación citado ut
supra, Dictamen 173 del 29/12/94-, no ha contradicho la doctrina
judicial del control judicial suficiente. Antes bien, lo cierto es que
los pronunciamientos emanados del examinado tribunal arbitral,
cumplen con los requisitos de validez constitucional que la
doctrina de la Corte analizada exige para conferir carácter de
resolución final con fuerza de verdad legal a las decisiones de
dicho tribunal.
                                129




                            B.3.3.- Por su parte, la Comisión
atribuye a mi representado haber omitido considerar la existencia
del "proceso penal".
                            Al respecto, dada la sorprendente
ligereza e indefinición del reproche, pues se ignora a qué trámite
o actuación de naturaleza penal se está haciendo alusión,
únicamente cabe mencionar las constancias del expediente
tramitado ante la Corte (causa M.681.XXXV.Recurso de Hecho
en los autos "Meller Comunicaciones S.A. Unión Transitoria de
Empresas c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones"), que
pudiesen guardar algún punto de vinculación con la imprecisa
referencia contenida en el cargo de que se trata. En tal sentido, a
fs. 172 de esas actuaciones, a las cuales se hará referencia en el
presente párrafo, obra una solicitud del Fiscal Adjunto de la
Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 8, Dr. Jorge Dahl Rocha,
dirigida "en causa N° 9618/01 de trámite por ante esta Fiscalía", a
los efectos de solicitar la remisión de copias certificadas "de la
integridad de los expedientes administrativos N° 8946/96 y
10.711/96 del registro de la ex empresa de telecomunicaciones
ENTEL".
                            A fs. 174 obra el oficio suscripto por
el Fiscal, Dr. Dahl Rocha, mediante el cual procede a la
devolución de los expedientes administrativos antes aludidos que
le fueran remitidos por el Tribunal para extraer las fotocopias
solicitadas.
                            Asimismo, a fs. 184 el titular de la
Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 8, Dr. Gerardo R. Di
Masi, se dirigió a la Corte Suprema "en la causa N° 9618/01,
                               130




caratulada ´N.N s/ abuso de autoridad y violación de los deberes
de funcionario público´, que tramita por ante esta dependencia,
oportunidad en la cual se requiere la remisión de expediente
8946/96".
                            A fs. 187, el Dr. Di Masi se dirige
nuevamente al Tribunal "a fin de solicitarle tenga a bien informar
si se ha dictado resolución en los autos caratulados ´Meller
Comunicaciones S.A. Unión Transitoria de Empresas c/ Empresa
Nacional de Telecomunicaciones, recurso de hecho deducido por
la demandada´; caso positivo se remita copia certificada de la
misma".
                            Las      referidas,    eran   las   únicas
constancias que existían en la causa en trámite ante la Corte
Suprema al momento de dictarse el fallo cuestionado, las que no
justificaban ninguna otra medida de parte de la Corte.
                            Máxime,       habida     cuenta     de   lo
dictaminado por el Procurador General de la Nación, sobre la
base de la jurisprudencia en forma inalterable que resulta
aplicable frente a los laudos del Tribunal Arbitral de Obras
Públicas.
                            Si en actuaciones penales, en otras
instancias judiciales, se encontraba en estudio alguna cuestión
sobre responsabilidad de funcionarios, no era en el marco de este
recurso de queja improcedente, interpuesto por denegación de un
recurso extraordinario presentado en forma extemporánea, la vía
pertinente para resolver de un modo distinto, apartándose así de
la legislación y jurisprudencia que cabía aplicar en el caso
concreto.
                                   131




                             B. 4. "... lo que hace presumir ante lo
manifiesto de las irregularidades y arbitrariedades del caso, que
su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función
como juez, sino por otros intereses".
                             Las expresiones que anteceden no
permiten el menor análisis. En efecto, de acuerdo con lo hasta
aquí expuesto, del voto suscripto por nuestro representado sólo
cabe extraer que el único interés que lo ha guiado ha sido el
cumplimiento de los deberes inherentes a su alta responsabilidad
como juez del máximo Tribunal de la República.
                             ¿Cómo puede inferirse un interés de
tal tenor sin relación de causalidad alguna?
                             En cualquier esfera que se trate para
responsabilizar a una persona se requiere de: 1) una causa
imputable, 2) de un efecto que se produzca por ello, 3) de un
nexo causal adecuado.
                             Si no se produjo un apartamiento de
la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, la doctrina
especializada en la materia sostiene la irrevisabilidad de estos
laudos de este tribunal en cuestión y así también lo dispuso el
mismo Estado por las normas que se dictaron en la materia.
                             Es de preguntar ¿dónde se origina
esta imputación sobre nuestro mandante en cuanto a que “su
voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función como
juez, sino por otros intereses”?
                             El ejercicio regular de la magistratura
judicial, conforme se demuestra con las citas jurisprudenciales,
doctrinales y normativas aplicables en esta materia, en modo
                                   132




alguno    puede    originar   cuestionamientos         contra   nuestro
representado.
                              No hubo efecto perjudicial para el
Estado que pueda tener originen en el obrar judicial de la
sentencia que se discute.
                              Vale decir que, con este accionar
ilegítimo de esta Comisión, se advierte claramente la flagrante
violación que se produce de la división de poderes, habida cuenta
que lo que se imputa a nuestro mandante es una mera
discrepancia sobre “la revisabilidad o irrevisibilidad de las
decisiones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas” y si el
mentado tribunal es un “tribunal administrativo” o no.
                              Discusión académica que excede el
marco de un juicio político y demuestra que nos encontramos
frente a una infundada imputación de presunto mal desempeño
de funciones judiciales.
                              De lo expuesto, puede colegirse que
estas imputaciones contra nuestro representado importan un
atropello sobre la independencia de la misma magistratura judicial
toda vez que se pretende inculpar a un Juez sobre una actuación
adecuada a derecho.
                              Tercer Cargo: "Haber abdicado de
manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de
constitucionalidad en los términos del artículo 14 de la ley 48".
                              En         cuanto   al     control    de
constitucionalidad que se habría "abdicado", en los precedentes
supra mencionados el Alto Tribunal consideró que no era posible
efectuar el test de constitucionalidad contra los laudos del
                                 133




mentado Tribunal Arbitral de Obras Públicas ("Pirelli", Fallos:
322:298).
                              Además, la parte que pretendió
recurrir por ante la Corte Suprema, el Estado Nacional, no planteó
la inconstitucionalidad de las normas que le impedían requerir la
revisión judicial de las decisiones del tribunal arbitral. Y, sí así lo
hubiera expresado, no es posible que el propio Estado Nacional
requiera la declaración de inconstitucionalidad de las mismas
normas que él ha dictado ("Pirelli", Fallos: 322:298; con cita a
otros precedentes de Fallos: 122:73; 132:101; 134:37; 284:218;
296:723; 303:1039; 307:630; 311:1237).
                              Habida    cuenta    que    el   régimen
jurídico aplicable al Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que
dispone la vía arbitral excluyente a opción del contratista, fue
dictado por el Estado Nacional -que integra ENTEL-, resulta
aplicable sobre el particular la "doctrina de los actos propios".
                              En sentido coincidente, cabe reiterar
que los pronunciamientos emanados del examinado tribunal
arbitral, cumplen con los requisitos de validez constitucional que
la doctrina de la Corte analizada exige para conferir carácter de
resolución final con fuerza de verdad legal a las decisiones de
dicho tribunal.
                             Si aplicamos un enfoque alternativo,
advertimos que los tres primeros cargos que se formulan
constituyen una unidad, es decir, forman parte de una misma y
única conducta, que consistió en desestimar el recurso
extraordinario interpuesto por E.N.T.E.L. residual contra el fallo
del Tribunal Arbitral de Obras Públicas. A esa conducta se le
                                   134




asignan tres significados o consecuencias distintas: a) Negar a la
Administración el derecho de obtener la revisión judicial de una
resolución administrativa que la perjudica ilegítimamente en
millones de pesos; b) Dejar firme esa resolución administrativa
significaría legitimar judicialmente un proceso administrativo
fraudulento; c) Ello, a su vez, implicaría abdicar de ejercer el
control de constitucionalidad en los términos del art. 14 de la ley
48.
                              El examen de la conducta en cuestión
y de sus implicancias debe comenzar, pues, por determinar si en
el caso el recurso extraordinario fue correctamente desestimado.
En caso de haberlo sido, el voto por el que se formulan los cargos
no habría implicado negar la revisión judicial ni abdicar del control
de constitucionalidad, debido a que las leyes procesales no
obligan a revisar todos los actos administrativos ni controlar su
constitucionalidad, cualesquiera sean las condiciones en que
concretamente se los impugne. La firmeza de la resolución
arbitral resulta una consecuencia necesaria de la imposibilidad de
deducir el recurso extraordinario contra ella; es decir, es la
consecuencia jurídica necesaria de la desestimación del recurso.
De la misma manera, la alegada “convalidación de un proceso
administrativo fraudulento” no resultaría ser otra cosa que la
consecuencia jurídica necesaria de la imposibilidad de recurrir por
la vía del art. 14 de la ley 48.
                              Cabe aclarar que la intervención de la
Corte en caso de fraude procesal presupone que la parte
afectada, previamente, haya hecho uso de los remedios
procesales establecidos por las leyes para combatirlo, esto es,
                                   135




que en el juicio por “estafa procesal” o “cosa juzgada fraudulenta”
los jueces de la causa se hayan expedido al respecto. En
síntesis,   de   acreditarse    que      en    la   especie     el   recurso
extraordinario resultaba improcedente, no podrá ya sostener que
el voto en virtud del cual se formulan los cargos antedichos negó
al Estado el derecho a obtener la revisión judicial de una
resolución arbitral.
                               Dado que el recurso extraordinario es
improcedente, la resolución arbitral debía ser cuestionada por
otra vía, por ejemplo, por medio de las acciones ordinarias de
lesividad o de cosa juzgada fraudulenta. Tampoco podrá decirse
que   se    legitimó   judicialmente      un    proceso       administrativo
fraudulento, porque la desestimación del recurso extraordinario
en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación no implica convalidar decisión alguna, sino “dejarla
firme”. La desestimación no significa que la Corte considere que
la decisión apelada ante ella sea válida; puede serlo o no.
Significa, simplemente, que el remedio excepcional previsto en el
artículo 14 de la ley 48 es improcedente en el caso concreto.
                               La validez o invalidez de lo resuelto en
las instancias anteriores, particularmente en el caso de procesos
fraudulentos, debe resolverse por vía de otros remedios
procesales y la intervención de la Corte sólo puede tener lugar
después de que los jueces de la causa se hayan pronunciado
sobre el carácter “fraudulento” del proceso, extremos que en el
caso nunca se dieron.
                               En cuanto a la procedencia del
recurso extraordinario cuya desestimación funda los tres primeros
                                    136




cargos, reiteramos que la jurisprudencia ha sostenido de manera
clara e invariable que las decisiones de los tribunales arbitrales y,
en especial, las del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, no son
susceptibles      de   ser    impugnadas       mediante          el     recurso
extraordinario.
                              Por    otra    parte,    en    el       caso,    el
Procurador General de la Nación, funcionario que tiene a cargo la
función específica de velar por la defensa de los intereses
públicos y expedirse acerca de si la Corte tiene competencia
apelada para conocer sobre un asunto determinado (Arts. 25,
incs. a) y b), y 33, inc. a, ap. 5º, de la ley 24.946) se pronunció
por la improcedencia del recurso del art. 14 de la ley 48. El dato
no es menor, por cuanto el funcionario cuyo deber es representar
los intereses públicos ante la Corte, siguiendo la doctrina de los
fallos citados, sostuvo que el recurso extraordinario era
inadmisible. ¿Por qué? La razón por la cual se ha considerado
que, como regla, las decisiones de los tribunales arbitrales no son
susceptibles de recurso extraordinario no es otra que la
denominada        doctrina   del    sometimiento      voluntario         a    las
consecuencias de un régimen jurídico determinado.
                              En     otros   términos,      el        voluntario
sometimiento de las partes a un régimen legal que excluye la
posibilidad de recursos judiciales impide pretender valerse de
ellos   con    posteridad:    “La    jurisdicción     arbitral    libremente
consentida excluye la que normalmente comprende a los jueces y
puede culminar con el conocimiento por esta Corte, sin que
resulten admisibles en dicha hipótesis otros recursos que los que
consagren las leyes procesales por cuyo medio ha de buscarse
                                137




reparar los agravios ocasionados por el laudo” (Fallos 296:230,
con cita de Fallos 237:392, 250:408, y 274:323, entre otros).
                            En el caso del Tribunal Arbitral de
Obras Públicas, que es un tribunal pre-constituido por el Estado
Nacional para resolver los conflictos entre éste y sus contratistas,
su régimen específico establece que para la resolución de tales
conflictos existe una “doble vía a opción del contratista” y
expresamente prevé que “la elección de una excluye la utilización
de la otra”. De modo que el consentimiento de la vía arbitral
excluye la vía judicial, así como la opción por la vía judicial
excluye la jurisdicción arbitral. Por tales razones, en la especie,
tanto el Procurador General de la Nación como la Corte Suprema
se limitaron a reiterar la doctrina de que los fallos del Tribunal
Arbitral de Obras Públicas no son susceptibles de impugnación
por medio del recurso del art. 14 de la ley 48.
                            Por ello, en el caso, el derecho a
obtener la revisión judicial de los actos administrativos poco tiene
que ver con la desestimación del recurso extraordinario
interpuesto por ENTEL residual. Consentida la jurisdicción arbitral
que, como se ha visto, implica la renuncia a la vía judicial, la
pérdida del derecho a la revisión por la vía extraordinaria deriva
de la propia conducta discrecional de la parte afectada.
                            Una vez expuestos los principios
generales que rigen la procedencia del recurso extraordinario
contra las decisiones de los tribunales arbitrales, es menester
determinar si en la especie el fallo arbitral cuestionado podía ser
considerado “arbitrario. Pues, según se estableció en la causa A.
269 “Aion S.A.I.C. y Natelco S.A.I.C. c/ENTEL”, del 29/8/2000, los
                                 138




fallos del tribunal arbitral son susceptibles de ser impugnados
mediante el recurso del art. 14 de la ley 48 en los casos de
“arbitrariedad”. A fin de establecer si existió arbitrariedad, es
menester recordar que el asunto sometido a decisión del tribunal
arbitral se refería a si había mediado o no cumplimiento del
contrato entre las partes; más específicamente, si la empresa
estatal adeudaba, o no, un saldo de precio a su co-contratante.
Ese conflicto se reflejaba en dos resoluciones administrativas
consecutivamente dictadas por los interventores de ENTEL.
Según la primera, la empresa estatal en liquidación adeudaba a la
contratista   28.942.839    pesos      pagaderos    en   Bonos     de
Consolidación de la Deuda Pública (ley 23.982). De acuerdo con
la segunda resolución, la empresa estatal y el Estado Nacional no
adeudaban suma alguna porque, como lo había puesto de
manifiesto el Procurador del Tesoro de la Nación, las partes
habían transigido el conflicto extra-judicialmente, en el expediente
administrativo ENTEL 8946/94, en el cual habían reconocido y
cancelado un saldo de precio mucho menor.
                            La controversia planteada remitía, en
consecuencia, al examen de temas de hecho, prueba, y derecho
común, ya que los conflictos relacionados con la existencia o
inexistencia del pago de una obligación o la extensión y alcance
de las cláusulas de un contrato o transacción, y la determinación
de la existencia de un saldo de precio impago son por entero
ajenas a la vía del recurso extraordinario. En la especie, para que
la Corte pudiera afirmar que existían un supuesto de arbitrariedad
era necesario que el recurrente hubiera alegado y demostrado
que el fallo del Tribunal Arbitral no sólo era opinable, incorrecto, o
                                  139




desacertado, sino que era inconcebible en un sistema racional de
administración de justicia. La acreditación de tal extremo se
hallaba exclusivamente a cargo del recurrente pues, en ausencia
de una cuestión federal típica, la Corte debía atenerse
rigurosamente a los agravios expuestos en el escrito de
interposición del recurso en cuestión, en el cual el Estado
Nacional no dijo que había existido “estafa procesal” “cosa
juzgada fraudulenta” ni nada por el estilo. A falta de agravios
sobre este particular, mal puede serle imputada a la mayoría del
Tribunal   haber   “abdicado”     del   ejercicio   del   control   de
constitucionalidad pues, como es bien sabido, dicho control se
ejerce en el caso concreto a petición de la parte interesada y en
la estricta medida que resulta de los agravios llevados ante la
Corte en el escrito respectivo.
                            Tal como sucede en la inmensa
mayoría de los conflictos derivados del cumplimiento de
contratos, públicos o privados: ¿Cómo podría saber la Corte si
alguna de las partes le adeuda algo a la otra, sin tener ante sí
evidencias incontrastables de este hecho? ¿Cómo estaría en
condiciones de sugerir o afirmar que un proceso administrativo ha
tramitado de manera fraudulenta, es decir, de manera delictiva, si
la parte afectada no lo denuncia como tal, omite promover las
acciones respectivas y no aduce el carácter fraudulento de la
cosa juzgada recaída en dicho proceso? ¿Cómo se podría haber
presumido, con algún grado de probabilidad de acierto, que el
Estado nada adeudaba a su co-contratante si en la causa no
constaba prueba alguna al respecto, sino tan solo meras
alegaciones contradictorias de las partes interesadas?
                                140




                            El razonamiento en que se basan los
cargos formulados parte de la premisa, no alegada ni acreditada
por el recurrente en el escrito de interposición del recurso
extraordinario, de que todo el procedimiento administrativo que
culmino con el fallo arbitral fue fraudulento. Claro está que,
admitida esa premisa, la Corte debió haber admitido el recurso
extraordinario debido a que en el caso se daba un supuesto de
arbitrariedad. No obstante, un somero examen del escrito de
interposición (que, por un imperativo procesal, debe describir de
modo autónomo todas las circunstancias relevantes del caso)
pone de manifiesto lo contrario. La Corte no podía partir de la
premisa de que el proceso anterior había sido fraudulento porque
dicha circunstancia, no alegada ni mucho menos demostrada,
requería que hubiera mediado la previa sentencia penal firme que
declarara la existencia de fraude contra la administración pública.
                            En tales condiciones, no es posible
afirmar que la Corte obró irrazonablemente al desestimar el
recurso extraordinario por haber considerado que, en la especie,
no se daba un supuesto de arbitrariedad. El carácter fraudulento
de un proceso no se puede presumir. Debe estar acreditado. Y no
lo estaba. Como tampoco estaba acreditado, ni lo está, que a
consecuencia de la sentencia de la Corte por la cual se formulan
los cargos, el Estado Nacional haya sido condenado a pagar
“centenares   de   millones”.   Como     se   dijo,   la   resolución
administrativa convalidada por el Tribunal Arbitral dispuso que
E.N.T.E.L. (en liquidación), es decir, el propio Estado, pagara una
suma cercana a los 29 millones de pesos en Bonos de
Consolidación de la Deuda Pública que, aparentemente, tampoco
                                141




han sido emitidos hasta el momento, de manera que el Estado
Nacional se halla en condiciones de acudir a todos los remedios
procesales diferentes del recurso del artículo 14 de la ley 48 (que,
como se expresó, no constituye la vía idónea) para reparar el
perjuicio que la resolución administrativa le causa.
                            Además de las mencionadas acciones
de “cosa juzgada fraudulenta” o de “lesividad”, el Estado Nacional
cuenta con el remedio procesal específicamente previsto en el
art. 506, incs. 1º y 4ª, del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación: si el fallo del Tribunal Arbitral es fraudulento, la parte
afectada puede oponer la excepción de “falsedad de la ejecutoria”
cuando la empresa co-contratante pretenda ejecutarlo; y si
efectivamente E.N.T.E.L. ya canceló todas sus obligaciones y no
adeuda suma alguna a título de saldo de precio (tal como sostuvo
el Procurador del Tesoro en su dictamen), debe oponer la
excepción de pago en caso de que la empresa contratista
pretendiera ejecutar un crédito que ya cobró. Por tanto, el
derecho a la revisión judicial de la resolución administrativa que
ordenó el pago de la deuda que se dice cancelada se halla
absolutamente indemne. La parte interesada está en penal
condiciones de ejercerlo utilizando a ese fin las vías procesales
adecuadas.
                            Pretender que la Corte, en la instancia
extraordinaria del artículo 14 de la ley 48, supla la actividad de la
parte interesada es, directamente, no comprender cuáles son los
límites del control de constitucionalidad por vía del recurso
extraordinario federal.
                                  142




                             En síntesis, la solución expuesta en
su voto, junto al ministro López, está debidamente fundada en
derecho y en los precedentes de la propia Corte. Los
legisladores, como las partes de un proceso, podrán estar de
acuerdo o en desacuerdo, pero en modo alguno lo pueden
descalificar con la argumentación expuesta por los denunciantes.
                             Los        cargos        referentes    al     caso
"Meller" en modo alguno puede configurar una causal de mal
desempeño de un juez. No lo puede ser porque no es función de
los legisladores controlar a los órganos judiciales por el contenido
de sus sentencias.
                            IX
                            EXPEDIENTE N° D-3040-03, D-2503
                            Y D-2645-03: CASO “MAGARIÑOS”
                            El cargo formulado en este expediente
se traduce en las imputaciones siguientes:
  1) Arrogarse facultades constitucionalmente asignadas al
     Consejo     de   la   Magistratura          al     aplicar     sanciones
     disciplinarias a un magistrado judicial.
  2) Afectar el derecho a la libre expresión.
  3) Cercenar el derecho a la opinión científica.
  4) Violar la independencia del Poder Judicial amedrentando a
     un juez a través de una sanción administrativa.
                             El    cargo         se     basa       sobre    las
actuaciones registradas en el Expediente Nº 4128/01 iniciado por
el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
                             De dicho Expediente resulta:
                                       143




     1) El 30 de octubre de 2001 el Director General de Derechos
       Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
       la Nación, remitió una nota a la Corte Suprema de Justicia
       en la cual destacaba:
     1.1) Que,      en    el   caso     Nº     12.315     de     la    Comisión
          Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el
          Ministerio había recibido nuevas observaciones de los
          peticionarios cuestionando los argumentos defensivos
          expuestos por el Estado Argentino.
     1.2) Que todos los codenunciantes en tales actuaciones son
          defensores oficiales instando una denuncia en el ámbito
          internacional contra el Estado Argentino.
     1.3) Que,      entre      los    dictámenes        elevados       por    los
          codenunciantes en apoyo de su postura, figuraba uno
          emitido por el Dr. Héctor Magariños entre cuyos
          antecedentes presentados figuraba el de ser Juez de
          Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la
          Capital Federal.
2)     A fs. 2, luce una nota presentada, el 28 de marzo de 2001, por el Dr.
Magariños a la Secretaría de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la Defensoría
General de la Nación. En ella, expresa que acompaña el dictamen que le fue
requerido en relación con el caso Nº 12.315 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos donde tramita la denuncia efectuada por la Defensoría General
conjuntamente con el señor Fernández Prieto, principal interesado en el caso.
3)     A fs. 3/11 luce el dictamen del juez Magariños expresando,
       entre otros conceptos, que la decisión adoptada por la Corte
       Suprema de Justicia respecto de la detención de Fernández
       Prieto no solamente violaba los artículos 18 y 19 de la
       Constitución       Nacional,       sino     también       las    normas
       internacionales que se debieron aplicar al caso concreto.
                                  144




4)    Si bien, al suscribir el dictamen, Magariños se individualiza
      como docente universitario, en los datos personales que se
      adjuntan a ese dictamen, se deja constancia que reviste el
      cargo de Juez nacional (fs. 10).
5)    El 27 de noviembre de 2001, la Secretaria de Auditores
      Judiciales de la Corte, consideró que el juez Magariños
      había violado el articulo 8º, incisos c y d, del Reglamento
      para la Justicia Nacional que prohíbe, a los jueces,
      funcionarios y empleados judiciales "evacuar consultas, ni
      dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual
      o posible”, y de gestionar asuntos de terceros ni interesarse
      por ellos, salvo los supuestos de representación necesaria.
      Por     tal   razón,   correspondía     instruir   el   sumario
      correspondiente.
6)    El 12 de diciembre de 2001, el juez Magariños contestó la
      vista que se le había conferido de las actuaciones (fs.
      22/24). En su escrito de defensa el magistrado no planteó la
      incompetencia de la Corte Suprema para sancionarlo.
7)    Tras la producción de varias medidas instructorias, el 12 de
      septiembre de 2002, la Corte Suprema de Justicia, por el
      voto de nuestro representado y de los jueces Augusto
      Belluscio, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y
      Guillermo López, con la disidencia de los ministros Enrique
      Petracchi y Gustavo Bossert, dictó la Resolución Nº 59/02.
      En ella se destacó:
     7.1) Que, el cargo de juez, no es en principio incompatible
            con el ejercicio de la docencia universitaria, pero que la
            autorización "concedida para ocupar cargos docentes
                               145




    no implica permiso para eludir las prohibiciones e
    incompatibilidades previstas" en el artículo 8º del
    Reglamento para la Justicia Nacional y que, por otra
    parte, del legajo del Dr. Magariños no surgía que
    hubiera sido autorizado para ejercer la docencia
    durante los años 2000 y 2001, "circunstancia que por sí
    sola resulta suficiente para aplicar el correspondiente
    correctivo disciplinario".
7.2) Que, "del dictamen en cuestión surge que el Dr.
    Magariños tenía pleno conocimiento de que el caso
    "Fernández     Prieto"      se       estaba planteando o se
    plantearía   ante     la     Comisión       Interamericana      de
    Derechos     Humanos"            y   que,   "al   no    ser   parte
    contendiente el citado magistrado, debe considerárselo
    a su respecto como un asunto de terceros del que no
    puede interesarse... y que no puede gestionar (art. 8º,
    inc. d, del RJN)".
7.3) Que Magariños, para emitir su opinión realizó un
    examen de los antecedentes del caso, "tarea que de
    por sí demuestra su interés. Así, sin que sea objeto de
    debate el contenido del fondo del dictamen, es dable
    observar en él que se hacen referencias a probanzas
    acompañadas al expediente relativo a Fernández
    Prieto, como así también a las argumentaciones del
    Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de
    Derechos Humanos".
7.4) Que,   aunque       el     juez      Magariños    no     asesoró
    directamente al interesado, expidió un dictamen
                               146




          favorable a su interés en dicha denuncia, "lo cual
          implica la evacuación de una consulta en los términos
          del art. 8º, inc c, del Reglamento para la Justicia
          Nacional".
     7.5) "Que dicha actitud implica avalar la procedencia de una
          eventual reclamación del interesado contra el Estado
          Nacional Argentino ante foros internacionales, lo que
          resulta notoriamente incompatible con la función
          desempeñada por el Dr. Magariños quien, como juez
          nacional, es parte integrante de uno de los poderes del
          Gobierno Federal. Ello no sólo viola los deberes e
          incompatibilidades de los jueces sino que lo coloca en
          la posición de enfrentar internacionalmente al propio
          Estado que lo ha distinguido con la atribución de una
          magistratura, ofendiendo así los intereses de la Nación
          cuyos cuadros gubernativos integra...”.
8)   Sobre tal base, la Corte Suprema aplicó una multa al juez
     Magariños, equivalente al 30% de su remuneración
     mensual, conforme al artículo 21 del Reglamento para la
     Justicia Nacional, el artículo 16 del Decreto-ley 1285/58 y el
     artículo 14, parágrafo B, de la ley N° 24.937.
                           Hasta la reforma constitucional de
1994, era indiscutible la facultad que tenía la Corte Suprema de
Justicia para aplicar sanciones disciplinarias a los jueces
inferiores. Ella emanaba del anterior artículo 99 que establecía:
“La Corte Suprema dictará su reglamento interior y económico, y
nombrará todos sus empleados subalternos”. Esa cláusula está
                                   147




reproducida en el actual artículo 113, en el cual solamente se
excluyó la referencia a “y económico”, y “subalternos”.
                              Por su parte, en el artículo 114 de la
Constitución, inciso 4°, cuando se alude a las atribuciones del
Consejo de la Magistratura, se destaca que ejerce facultades
disciplinarias sobre magistrados.
                              En     el   seno   de   la   Convención
Reformadora de 1994 se formularon diversas opiniones sobre si
la Corte Suprema de Justicia había sido privada o no, en su
totalidad, de las potestades disciplinarias que había ejercido
secularmente. Así, el convencional Cornet, señaló que el Consejo
de la Magistratura “No va a ser un tribunal sancionador de la
conducta de los jueces. En todo caso, quedará el poder de
superintendencia en manos de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que entenderá en lo que hace al decoro y la buena
conducta de los magistrados según la ley orgánica del Poder
Judicial” (Convención Nacional Constituyente, pág. 3267). En
sentido similar se pronunció el convencional Cullen (ob. cit., pág.
3291). Por su parte, la convencional María Falbo expresó: “En
cuanto a las facultades disciplinarias no parece acertado ingresar
fórmulas excluyentes ya que la vinculación que se pretende entre
la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, permitirán una
deseable interrelación en aquellos temas en que puedan existir
límites grises a sus respectivas atribuciones” (ob. cit., pág. 1790).
                              El     Consejo     tiene     competencia
disciplinaria por disposición constitucional, pero la Constitución
Nacional no dice que esta competencia sea exclusiva de ese
órgano. Existen numerosos casos en los que la Constitución
                                148




Nacional enuncia competencias para un órgano que no implican
exclusividad. Tal el caso de la intervención federal, la declaración
del estado de sitio y la convocatoria al Congreso para sesiones
de prórroga o extraordinarias. En el caso concreto, resulta
innecesario que el texto supremo asevere en forma expresa tal
facultad respecto de la Corte Suprema, porque ésta las tiene
como cabeza del Poder Judicial (art. 108 C.N.).
                             Desde      el    punto         de   vista
constitucional y político, es inconcebible un órgano sin poderes
inherentes para auto administrarse y para ejercer gobierno sin
facultades de superintendencia.
                             Pero además, es la propia ley la que
se los otorga. La ley 24.937 (según t.o. 1999 por dec. 816/99)
expresamente y sobreabundantemente al asignarle facultades de
superintendencia en su artículo 30:          “[...]   Las   facultades
concernientes a la superintendencia general sobre los distintos
órganos judiciales continuarán siendo ejercidas por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y las cámaras nacionales de
apelación, según lo dispuesto en las normas legales y
reglamentarias vigentes”.
                             Y por último, la misma ley que
venimos citando le asigna a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación competencia recursiva respecto de las sanciones
disciplinarias. ¿Cómo puede entonces sostenerse que quien tiene
competencia recursiva y originaria no tiene facultades para
sancionar?
                             Por otro lado, la Corte Suprema
como cabeza del poder judicial y en ejercicio de facultades
                                149




inherentes ejerce facultades disciplinarias propias. Sobre el
particular, existe una centenaria jurisprudencia que reconoce en
la CSJN poderes implícitos en razón de ser la cabeza del Poder
Judicial de la Nación (ver Joaquín V. González, “Manual de la
Constitución Argentina”, no. 595, Ed. Angel Estrada y Cía SA,
1971).
                              La ley N° 24.937, en su artículo 7°,
inciso 12, establece que la Corte Suprema y los tribunales
inferiores   mantienen   la   potestad   disciplinaria   sobre   los
funcionarios y empleados del Poder Judicial, sin perjuicio de la
facultad del Consejo de la Magistratura “para aplicar sanciones a
los magistrados”, aunque a propuesta de la Comisión de
Disciplina. Por su parte, el artículo 14 de esa ley, faculta al
Consejo para aplicar sanciones “por faltas disciplinarias” de los
magistrados, pero aclarando que ellas son apelables ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. De manera que, en
última instancia, la potestad disciplinaria es ejercida por el Alto
Tribunal.
                              La existencia de zonas grises para
delimitar el ámbito del poder disciplinario de la Corte y del
Consejo de la Magistratura determinó, el 17 de noviembre de
1998, por el voto de todos los ministros de la Corte, la emisión de
la Acordada N° 52/98. En su punto 4° estableció: “Que la
aplicación de sanciones motivadas por hechos acaecidos
después de la instalación del Consejo de la Magistratura
corresponde, en cambio, a las facultades concurrentes de los
mencionados tribunales y de dicho Consejo, por lo que las
actuaciones destinadas a la investigación de faltas cometidas por
                                  150




los magistrados podrán tramitarse indistintamente ante aquellos y
éste” (Fallos C.S. 321:2673). La Acordada fue firmada por todos
los jueces de la Corte, con la salvedad del Dr. Nazareno.
                             La     Corte   consideró     que    las
facultades disciplinarias del Consejo de la Magistratura no eran
excluyentes de las que le competen a ella en relación con los
magistrados sobre los cuales ejercen superintendencia.
                             Por otra parte, el artículo 30 de la ley
N° 24.937 dispone que “Las disposiciones reglamentarias
vinculadas con el Poder Judicial, continuarán en vigencia
mientras no sean modificadas por el Consejo de la Magistratura
dentro   del   ámbito   de   su     competencia.   Las    facultades
concernientes a la superintendencia general sobre los distintos
órganos judiciales continuarán siendo ejercidas por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación…”.
                             Por su parte, el Consejo de la
Magistratura emitió la Resolución N° 123/99, en la cual destacó:
“Que de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la ley
24.937, es competencia de este Consejo de la Magistratura la
aplicación de sanciones disciplinarias a los magistrados. Sin
embargo, dicha competencia no se extiende a las sanciones que,
de acuerdo con lo dispuesto por los respectivos ordenamientos
procesales, pueden aplicar los tribunales superiores a los jueces,
cuando se trata de facultades anexas al ejercicio de la función
jurisdiccional, y no de atribuciones de superintendencia, que
tienen por objeto dirigir los procesos y mantener el buen orden y
decoro en los juicios…”. Añadió que, “En tales condiciones, y no
obstante lo expuesto en relación a los límites impuestos
                                 151




legalmente a las facultades disciplinarias previstas en el artículo
14 de la ley 24.937, corresponde remitir estas actuaciones a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado el conflicto
suscitado entre los tribunales federales…., sobre los cuales
ejerce funciones de superintendencia general con fundamento en
la más eficiente administración del servicio de justicia”.
                              Considerando la Resolución           N°
123/99 del Consejo de la Magistratura, la Acordada N° 52/98 y el
carácter de intérprete final de la Constitución que reviste, en
forma excluyente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las
actuaciones ventiladas en el caso “Magariños” son válidas y
ajustadas a derecho, sin que puedan ser cuestionadas ni
evaluadas por un órgano, como lo es el legislativo, que está
desprovisto de aquella potestad interpretativa. Por otra parte, y
cualquiera que sea la competencia que se le atribuya al Consejo
de   la   Magistratura   sobre    esta   materia,    sus     sanciones
disciplinarias siempre pueden ser revisadas por el Alto Tribunal.
                              En este caso, es el propio Consejo
de la Magistratura el que reconoció la existencia de facultades
concurrentes. Sorpresivamente, con una nueva composición
decidió lo contrario con fecha 1° de julio de 2003 y, como
veremos, ello carece de sustento razonable. De todas maneras,
esta nueva interpretación efectuada por el Consejo es posterior al
pronunciamiento de la Corte.
                              En el caso “Magariños”, la mayoría
de los jueces de la Corte Suprema entendieron que no se trataba
de una mera opinión académica expresada en un ámbito
universitario respecto de la decisión adoptada por un tribunal
                                  152




superior, sino de un dictamen relativo a un caso concreto en una
causa seguida contra el Estado Argentino por su hipotético
incumplimiento de las obligaciones contraídas en tratados
internacionales.
                              No era una simple opinión, ni un
artículo, ni un papel privado. Era un “dictamen en un caso”
concreto conforme así lo calificó el propio juez que la suscribiera
(ver fs. 3 y título del dictamen), que incluye incluso referencias a
la defensa del Estado Argentino ante la Comisión, a pesar de la
prohibición expresa contenida en el artículo 8°, inciso c, del
Reglamento para la Justicia Nacional.
                              Del dictamen en cuestión surge que
el Dr. Magariños tenía pleno conocimiento de que el caso
"Fernández Prieto" se estaba planteando o se plantearía ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos" y que, "al no
ser parte contendiente el citado magistrado, debe considerárselo
a su respecto como un asunto de terceros del que no puede
interesarse... y que no puede gestionar (art. 8º, inc. d, del RJN)".
                              Es más, para emitir su opinión el juez
sancionado realizó un examen de los antecedentes del caso,
tarea que de por sí demuestra su interés. Así, sin que sea objeto
de debate el contenido del fondo del dictamen, es dable observar
en él que se hacen referencias a probanzas acompañadas al
expediente relativo a Fernández Prieto, como así también a las
argumentaciones     del   Estado    Argentino   ante   la   Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Entre esto, y un dictamen
de un abogado penalista contratado para asesorar el caso hay
poca o casi ninguna diferencia.
                                  153




                             Cabe destacar que, en diversas
oportunidades, la Corte Suprema de Justicia ejerció su potestad
disciplinaria respecto de magistrados judiciales: Resolución 26/99
del 30 de junio de 1999 en el caso “Urso, Jorge Alejandro s/
presentación”; Resolución 51/99 del 19 de octubre de 1999 en el
caso “Intervención dispuesta en Exptes. 27/99, 98/99 y 139/99
S.G. del C.M.”; Resolución 1/00 del 3 de febrero de 2000 en el
caso “Cámara Nacional de Apelación en lo Civil s/ relevamiento
en Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 43”;
Resolución 31/00 del 25 de abril de 2000 en el caso “Cámara
Nacional de Casación Penal s/ eleva actuaciones”; Resolución
33/00 del 4 de mayo de 2000 en el caso “Justicia Nacional del
Trabajo s/ relevamiento”; Resolución 21/01 del 3 de abril de 2001
en el caso “Leoni de Capozzi, Gladys Nilda s/ avocación
(apercibimiento)”; y Resolución N° 36/02 del 21 de mayo de 2002
en el caso “Actuación por publicación en carta de lectores en
diario Clarín de fecha 25/8/98” y S. 10-24700/98, “Robbio, Mario
s/ Avocación – causa N° 737”, del 21-12-99 (Fallos C.S. 322-
3289), entre otros.
                             En todas estas resoluciones, la Corte
Suprema de Justicia entendió que estaba habilitada para ejercer
las facultades disciplinarias concurrentes con aquellas atribuidas
por el constituyente al Consejo de la Magistratura que, por otra
parte, admitió la existencia de esa situación al dictar la
Resolución 123/99.
                             De     modo   que      mal    puede   ser
sostenido que, en el caso “Magariños”, los jueces de la Corte
Suprema     de   Justicia   se    excedieron   en    sus    funciones
                                 154




disciplinarias. La simple lectura de los antecedentes citados, y su
condición de intérprete final de la Constitución y de las leyes del
Congreso, así lo avalan.
                             Cabe resaltar sin embargo que en la
Resolución 26/99 del 30 de junio de 1999 en el caso “Urso, Jorge
Alejandro s/ presentación”, los Dres. Petracchi y Bossert
formularon una disidencia, y en especial el Dr. Petracchi
manifestó que los términos de la acordada 52/98 lesionan las
facultades que la Constitución Nacional y la ley le han atribuido al
Consejo de la Magistratura, por lo que en su disidencia propuso
dejarla sin efecto y remitir a este último órgano los expedientes
disciplinarios relativos a los magistrados que se encuentren en
trámite ante la Corte, cualquiera fuera su fecha de inicio.
                             Este sorpresivo cambio de criterio del
juez Petracchi, ocurrido a menos de un año de dictada la
Acordada 52/98, tiene una sola explicación: el tema es harto
controvertido y genera interpretaciones dispares. Por ende, no
puede aceptarse que el Poder Legislativo lo incluya como una
causal de juicio político, como si fuera tajante y simple la solución
jurídica del caso. Tanto es así que un mismo juez de la Corte que
había sostenido ese criterio en diciembre de 1998 al firmar la
acordada 52/98, a los seis meses cambió de parecer.
                             Con posterioridad a la sanción de la
Corte Suprema el juez sancionado se presentó ante el Consejo
de la Magistratura y solicitó “avocación” pidiendo se deje sin
efecto la sanción y se suspenda su ejecución.
                             El Consejo de la Magistratura decidió
por mayoría, el 1° de julio de 2003, que el Dr. Magariños no
                               155




cometió falta alguna y que la Corte no tiene atribuciones para
aplicar sanciones disciplinarias a los jueces en los términos del
art. 114 de la Constitución Nacional. Dictaminaron en disidencia
los consejeros jueces Dres. Abel Cornejo y Bindo Caviglione
Fraga.
                            Es más, esa decisión esta teñida de
intencionalidad,   pues como surge de la lectura de las
transcripciones del debate en el Consejo de la Magistratura, el
dictamen y la mayoría tuvieron como finalidad evitar que el cargo
de acusación basado en la causa “Magariños” quedara sin
sustento legal.
                            Así el Senador Yoma sostuvo en el
debate ocurrido el 1° de julio de 2003, cuando mi representado ya
estaba siendo acusado, que “…no se nos puede escapar y creo
que este es un buen momento para resolver este tema ¿Por qué?
Porque es público y notorio, es manifiesto, que este tema está
siendo motivo de análisis en la Comisión de Juicio Político de la
Cámara de Diputados, con lo cual es mejor resolverlo cuando no
tiene nombre y apellido a cuando lo tiene. Sobre un magistrado
que está siendo sometido por este tema que el Consejo debe
resolverlo o no. ¿Por qué digo esto? Porque si se resuelve por lo
que sostienen Cornejo y Caviglione, evidentemente, uno de los
principales elementos que está analizando el otro poder del
Estado se cae. Esto es así. Creo que es necesario resolverlo. Si
este Consejo tiene o no facultades disciplinarias, si las ejerce o
son compartidas con la Corte Suprema […] además ya estamos
próximos a que haya un receso –por la feria judicial-, con lo cual
lo mas seguro es que esto puede llegar a pasar” (Consejo de la
                                156




Magistratura, Plenario, versión estenográfica de la reunión del 1°
de julio de 2003, pág. 46).
                              Dos reflexiones. Primero, entre esta
opinión y decir “vamos a emitir esta resolución así mantenemos
vivo el cargo de acusación contra el juez Moliné y le damos mas
fundamentos a la Comisión de Juicio Político” no hay mucha
diferencia. La premura en resolverlo estaba ligada a una clara
intención política. Segundo, por otra parte, está claro nuevamente
que para los miembros del Consejo de la Magistratura el “tema no
estaba resuelto”. Esta fue la primera vez que el Consejo de la
Magistratura se pronunciaba en forma tan tajante, pero está claro
que ello origina un conflicto de poderes al que el Legislativo es
totalmente ajeno y que por ello mucho menos puede ser
fundamento de acusación en un juicio político.
                              En fin, estas expresiones de uno de
los miembros consejeros del Consejo de la Magistratura
demuestran la intencionalidad y parcialidad de este juicio político
lo cual es una clara violación a la garantía de defensa en juicio y
a la inamovilidad de los magistrados. Desde ya adelanto que
estas son razones válidas para recusarlo como juez en el Senado
y así se hará.
                              Los verdaderos fundamentos de la
validez legal de la sanción de la Corte los encontramos en la
disidencia de los consejeros Caviglione y Cornejo. La Corte es la
cabeza del Poder Judicial, y como tal tiene las facultades que
ejerció.
                              También surge de los dichos de otros
consejeros, que Magariños no cuestionó la competencia de la
                                  157




Corte Suprema en el sumario que le realizó la Secretaría de
Auditores y que el pedido de “avocación” –si se puede llamar tal a
la solicitud realizada a un órgano inferior-, y que la única vía que
le quedaba era realizar una acción contenciosa para revisar lo
decidido por la Corte en materia administrativa, como ha sido
aceptado en otros casos.
                             Lo         curioso     es    que     las
consideraciones del Consejo se basaron en la disidencia de los
Dres. Petracchi y Bossert en la Resolución 26/99 de la Corte
Suprema. Podrán tratarse de argumentos atractivos pero son sólo
disidencias, y el Consejo no puede desconocer –como veremos-
una decisión de la Corte, tal como lo entendieron varios
integrantes del Consejo.
                             Justamente           estas   disidencias
demuestran que la cuestión era opinable, incluso en la mente de
los propios magistrados disidentes que primero firmaron una cosa
y luego otra. Está claro entonces que el órgano legislativo carece
de facultades para decidir a quién le asiste razón en una cuestión
interna de competencias entre el Consejo y la Corte Suprema.
                             Además, la resolución del Consejo
está demostrando la razón de la Corte. El Consejo, en su
considerando 18, señala que la falta enrostrada por la Corte no
está prevista en el art. 14, Apartado A, inciso D de la ley 24.937.
Pero nada dice del art. 8 del RJN. Con esta disposición el
Consejo borra lo dispuesto en esa norma.
                             Esto está claro porque la propia ley
del Consejo establece un recurso contra sus sanciones
administrativas (ver art. 14 C de la ley 24.937). Si ello es así, cae
                                    158




de maduro que la Corte es un órgano superior al Consejo y como
tal puede supervisar y revocar sus sanciones, pero no a la
inversa. Sostener lo contrario sería tergiversar el orden jerárquico
y lógico existente en cualquier organización.
                              Según el Derecho Administrativo y la
jurisprudencia, la avocación es el acto por el que el superior
asume el conocimiento de una cuestión que corresponde a la
competencia del inferior, la avocación implica tomar una sola
decisión del inferior, con la que se agota (C. Nac. Cont. Adm.
Fed., sala 1ª, 08/06/2000, - Gamboa Manuel Alberto /Incidente
Med. Cautelar- v. Estado Nacional /Secretaría de Transporte
resol. 7/00- s/medida cautelar /autónoma /Causa: 16.781/00). En
el mismo sentido se pronuncia la doctrina nacional. Por tratarse
de sanciones administrativas, la Corte puede ejercer la
avocación.
                              La     sanción   la    aplica      la   Corte
Suprema de Justicia dentro de sus facultades administrativas, y
como tal es irrevisable por el Poder Legislativo. Si el Poder
Legislativo   intenta   revisarla    estaría   violando     el    régimen
republicano de gobierno por afectar la división de poderes. Es
que el Congreso carece de potestad jurisdiccional o de revisión
de decisiones de cualquier índole adoptada en la esfera exclusiva
de actuación de los otros poderes.
                              Resulta      absurdo        afirmar      que,
mediante la decisión adoptada en el caso “Magariños”, nuestro
representado y demás ministros de la Corte que votaron de
manera concordante, hubieran avanzado sobre el derecho a la
libre expresión, o que cercenaron el derecho a la opinión
                                        159




científica,     o   que    amedrentaron       a      un   juez    violando    la
independencia del Poder Judicial.
                                     Si un juez quiere asesorar en una
causa concreta respaldando los intereses de una de las partes; si
quiere formar parte de una legislatura; si quiere ejercer una
función       ejecutiva;   si   desea     ejecutar    aquellos     actos     que
normativamente son incompatibles con la función jurisdiccional, lo
puede hacer pero, previamente, resignando su condición de
magistrado judicial. El ser juez no abarca un espacio temporal o
funcional limitado. El ser juez es un trabajo de dedicación
exclusiva y excluyente. Es un cargo, que trae aparejada ciertas
cargas y límites a su libertad de actuación.
                                     El magistrado Ricardo Li Rosi explicó
claramente por qué un funcionario decide y prefiere “trabajar de
juez que ser juez”. Dice: “Preferí en cambio la imagen del juez en
una república y la imagen del trabajo me inundó hasta la plenitud.
La magistratura, decidí, no debía ser para mí una misión, siquiera
una sagrada sino un trabajo. Entienda bien quien a esta altura
siga leyendo que no estoy hablando de cualquier trabajo sino de
uno excepcional, superlativo, institucionalmente relevante, pero
un trabajo. Entendí, entonces que, como todo trabajo exige de la
presencia de un trabajador que, forzoso es decirlo, se somete a
las reglas del trabajo. Admite que, como todo trabajo, exige la
existencia de herramientas, que debe reconocer y que debe
aprender       a    manejar.    Lo     primero,   porque     no    todas     las
herramientas sirven para todos los trabajos; lo segundo porque
no basta poseer las herramientas sino manejarlas idóneamente.
Y luego admití que, reconocida la calidad del trabajo, la existencia
                                160




del trabajador, el reconocimiento y el aprendizaje de las
herramientas era preciso ordenar un plan de trabajo pues, como
todo producto humano, debe seguir un orden” (“Cultura, trabajo y
transformación judicial”, Considerando Revista del Órgano de
Prensa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, año 5, número 35, mayo 2002, pág. 31). La
sutileza del mensaje del autor y su proyección a nuestro caso
resulta muy clara.
                            La prohibición de “evacuar consultas,
ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o
posible” que contiene el Reglamento de la Justicia Nacional
tiende a evitar los conflictos que podrían producir a quien,
ejerciendo la magistratura, manifieste opiniones legales sobre
casos que se plantearon o puedan plantearse en sus estrados. Es
cierto que la norma le prohíbe expresarse al juez, pero también
es cierto que el interés en mantener la imparcialidad de la
Justicia, y en especial de quienes la ejercen, requiere que los
jueces renuncien a la posibilidad de ejercer ciertos derechos
constitucionales. En este caso lo único que se le prohíbe al juez a
través de la norma en cuestión es expresarse sobre cuestiones
legales de contienda judicial actual o posible. Se trata de un juez
penal y la cuestión en discusión era estrictamente penal, por ende
la importancia de la prohibición era mucho mayor. Hay que
recordar que cuando un juez habla a través de sus sentencias, no
expresa sus opiniones personales sino lo que la ley objetivamente
establece.
                            Jamás se vulneró la libertad de
expresión del juez Magariños ni se cercenó su derecho a emitir
                                 161




opiniones científicas. Como muestra, cabe destacar que el Dr.
Magariños no fue objeto de reproche o sanción alguna cuando,
en el año 1999, publicó en la revista La Ley el artículo titulado “La
detención de personas sin orden escrita de autoridad competente
y la Constitución Nacional” (La Ley 1999-D-661). Se trataba de
una nota comentando el fallo dictado por la Corte Suprema en el
caso “Fernández Prieto”. Precisamente el mismo caso sobre el
cual, posteriormente emitió su dictamen. Con la particularidad,
además, que su contenido se aproxima sensiblemente al del
dictamen posterior. Es que, la publicación efectuada en la revista
La Ley, tenía un presunto carácter científico y representaba el
ejercicio de la libertad de expresión que, en tales circunstancias,
en modo alguno vulneraba las normas a las cuales debe
adecuarse la conducta de un juez.
                             Este       elemento   es   por   demás
suficiente para demostrar la falacia del cargo expuesto. Sin
embargo, sería un error terminar aquí, pues si Magariños pudo
escribir ese artículo criticando el fallo de la Corte Suprema, ¿por
qué no podría enviar entonces el mismo contenido a la defensoría
oficial para que sea presentado ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos?
                             Sucede que aquí lo que se le critica
no es la expresión sino ante quién lo hizo, es decir, el acto mismo
de asesorar a alguien, aunque sea gratuito, pues entra en
conflicto con su investidura de juez.
                             Es más, la doctrina norteamericana,
que como es sabido es un país donde la libertad de expresión
tiene una trascendencia importante, y donde se respetan los
                                 162




derechos por ser la cuna de la libertad, tiende a favorecer
restricciones a la libertad de expresión de los jueces, incluso
teniendo en cuenta que en varios estados éstos pueden
candidatearse y ser elegidos conforme propone Steven Lubet,
Judicial Conduct: Speech and Consequences, 4 The Long Term
View 71 (1997).
                              También se critica el hecho de que
jueces en actividad opinen sobre procesos en trámite en forma
pública y se lo considera una falta ética digna de sanción, pues
demuestra una falta de respeto por la “regla de derecho” y tiende
a “politizar” el sistema de justicia y el proceso judicial (ver Arthur
L. Alarcon, Off-The-Bench Criticism of Supreme Court Decisions
by Judges Fosters Disrespect for the Rule of Law And Politicizes
our system of Justice, en 28 Loy. L.A. L. Rev. 795, el autor es
juez decano de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito).
                              Pero lejos estamos de que se
prohíba criticar libremente a los jueces los fallos de la Corte. De
hecho, el juez sancionado pudo escribir su artículo sobre el caso
y así debería suceder siempre. Estas críticas ayudan a construir
un Poder Judicial serio y transparente y por ello consideramos
que no puede sancionarse a nadie por manifestar sus
expresiones. Pero reiteramos que el caso es distinto, y que el
juez en cuestión emitió opinión en un caso concreto con un
dictamen preparado para formar parte de los elementos de
convicción de un organismo internacional, y la Corte no lo
sancionó por lo que dijo en su ámbito académico o por un artículo
doctrinario que escribió.
                                163




                             El Profesor Magariños puede opinar
en clase frente a sus alumnos sin limitaciones sobre los Fallos de
la Corte, e incluso sobre procesos en trámite o futuras contiendas
y sobre cuál debió haber sido el resultado final del caso, sobre las
garantías constitucionales en Argentina y cómo éstas se aplican.
También puede escribir cuántos artículos, libros y tratados desee
sobre la materia jurídica o ir a una reunión académica o científica
y hacer lo propio.
                             Por eso alegar que se cercena su
opinión científica es confundir las cosas. Si bien es cierto que en
la opinión expresada por Héctor Magariños éste firma como
Profesor universitario en ejercicio de su función académica, lo
cierto es que él no dejó de ser juez y mediante esa acción estaba
evacuando una consulta en una contienda actual que el Estado
tiene a nivel internacional. No se trata de que como profesor
pueda hacerlo y como juez no puede hacerlo. Un juez no puede
evacuar consultas de ninguna manera, ni siquiera bajo el disfraz
de Profesor universitario. Y está claro que sí puede opinar tanto
en clase como por escrito en artículos o papers académicos.
                             Magariños bien puede en el aula, en
un Congreso científico o en un artículo doctrinario señalar su
opinión sobre un caso fallado. Pero no puede “asesorar por
escrito” a la Defensoría oficial de la Nación en un caso que ésta
lleva adelante contra el estado Argentino a raíz de un fallo de la
Corte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La
opinión científica se caracteriza porque carece de efectos, es
simplemente una opinión. Lo que hizo Magariños es un dictamen,
una pericia jurídica, que tendrá efectos, nada menos que en la
                                164




responsabilidad internacional de su país y posibles condenas
económicas. Y ello es así porque esta opinión será utilizada por la
Corte, en caso de proseguir el proceso contra el Estado
Argentino.
                             Con frecuencia, ante los estrados de
la Corte internacional opinan juristas locales cuando se ventila un
caso. Estas opiniones están dirigidas a que los jueces
internacionales se interioricen de la mecánica local que
desconocen. Esto podría haberlo hecho un abogado; es más, la
defensoría podría haber acompañado su artículo publicado en La
Ley y no requerirle la opinión firmada a modo de dictamen en
donde el dictaminante claramente se refiere a la defensa del
Estado Argentino y la descalifica en base a argumentaciones
jurídicas. Es claro que tomo partido por la defensa.
                             La sanción no amedrenta al Juez.
Este cargo, como todo este juicio político, es un verdadero
monumento a la confusión jurídica. Amedrentar es, según la Real
Academia Española, “infundir miedo, atemorizar”. Parece que el
juez no se amedrentó sino todo lo contrario, pues se presentó
ante el Consejo solicitando que se revoque la sanción de la Corte.
Pero por otra parte, si cada sanción válidamente impuesta por la
Corte va a generar temor en los magistrados inferiores, le sería
imposible ejercer sus facultades constitucionales.
                             Para finalizar, resulta sugestivo que
ninguno de estos argumentos que la Comisión de Juicio Político
elaboró tan “diligentemente” y con tanta “preocupación” por el
ejercicio adecuada en función del deslinde de competencias
dentro del Poder Judicial, en una esfera que le es totalmente
                                 165




ajena, esté apuntando al fondo de la cuestión. Esto es a si
Magariños podía emitir dictamen sobre el caso mientras se
sustanciaba en la jurisdicción internacional del Pacto de San José
de Costa Rica y en el cual el Estado Argentino era parte como en
cualquier   otro     proceso   normal,   que    incluye   demanda,
contestación, pruebas y sentencia con la eventual condena al
Estado Argentino.
                               Es decir, se ataca la forma y no el
fondo, porque en el fondo no cabe duda de que la sanción era
procedente por violación expresa del art. 8 del Reglamento de la
Justicia Nacional, y porque además la Corte tiene facultades para
hacer lo que hizo.
                               Conforme lo expuesto en los párrafos
anteriores, la sanción impuesta al juez lo fue en ejercicio de
facultades sancionatorias de la Corte, que ésta ejerce en forma
concurrente con el Consejo. Esta conclusión está avalada por el
texto mismo de la ley de creación del Consejo, y de la práctica
administrativa emanada no sólo de la Corte Suprema en los
casos citados, sino de pronunciamientos del propio Consejo de la
Magistratura.
                               Tampoco se cercena el derecho a
expresarse libremente o a la libertad académica. Estas libertades
tienen sus canales alternativos, a través de las cuales pueden
expresarse. Magariños bien puede en el aula, en un Congreso
científico o en un artículo doctrinario señalar su opinión sobre un
caso fallado. Pero no puede “asesorar por escrito” a la Defensoría
oficial de la Nación en un caso que ésta lleva adelante contra el
                                 166




estado Argentino a raíz de un fallo de la Corte ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
                             Como surge de lo expuesto, los
fundamentos de la acusación en este tema desconocen principios
elementales     de    Derecho       Administrativo,   del   Derecho
Constitucional y principios generales del derecho y aquellos
relativos a la interpretación constitucional. Los cargos de la
acusación parecen confundir los roles de la Comisión de Juicio
Político, con las de una cuarta instancia autorizada a revisar
pronunciamientos de la Corte Suprema, o a juzgar a la Corte en
el ejercicio de funciones administrativas privativas del órgano
judicial, y que, en ese caso concreto, no resultan justiciables a los
fines del juicio político en tanto fueron ejercidas dentro de sus
límites constitucionales y legales.
                            X
                            EL CASO “MACRI”
                            El Expediente D- 3062/03 se refiere a
la causa que denominamos "Macri", cuya carátula es "Macri,
Francisco y Martínez, Raúl, s/presunto contrabando", que
tramitaba el Juez Federal de Concepción del Uruguay.
                            Síntesis. En "Macri" hay un planteo
de     la      defensa:      cosa       juzgada       y     prospera
en Casación.
                            En esa causa, la defensa planteó el
problema de que la cosa había sido juzgada, aduciendo que se
violaba principios contenidos en dos tratados con jerarquía
constitucional, que individualizó, con lo que introdujo la cuestión
federal. El Juez de Concepción la rechazó, y la Cámara Federal
                                   167




de Paraná, por dos votos contra uno, confirmó el rechazo. Pero la
Cámara de Casación Penal, por unanimidad, estableció que
existía cosa juzgada, aplicando entonces el principio ne bis in
idem. Se trata de un fallo muy meditado, que pronto analizaremos
con más detalle.
                            El      Fiscal     planteó   el   recurso
extraordinario, que fue correctamente rechazado, y entonces
acudió en queja ante la Corte. El Procurador General dio pase a
la actuación, sin pronunciarse, y la Corte Suprema rechazó el
recurso por cinco votos en el sentido que correspondía, contra
dos y otro diferente (a nuestro juicio equivocados). Se fundó en el
artículo 280 del Código Procesal Civil, como debía hacer.
                            La razón para no otorgar el recurso es
evidente, y basta leer el inciso 3º del artículo 14 de la ley 48 para
saberlo. Dice que sólo podrá apelarse a la Corte Suprema: "3º
Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de
"un tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en
nombre de la "autoridad nacional haya sido cuestionada y la
decisión sea contra la validez del "título, derecho o privilegio o
exención que se funda en dicha cláusula y sea "materia del
litigio."
                            En           el   presente    caso,    el
cuestionamiento fue hecho por la defensa y la decisión de la
Cámara de Casación fue a favor de la validez del derecho de la
Constitución y los tratados. Al no ser una resolución en contra, el
recurso del inciso 3º no existe.
                                 168




                           Los cargos de la Comisión
                           En cuanto a este asunto la Comisión
formula los siguientes cargos:
     a) Obstruir el debido proceso legal respecto a la tarea de
investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el
Juez Federal de Concepción del Uruguay en los autos “Macri,
Francisco y Martínez, Raúl s/presunto contrabando”.
     b) Causar un grave perjuicio al Estado Nacional que se vio
privado de percibir los debidos tributos aduaneros y/o ejecutar las
eventuales multas tributarias penales y/o decomisos.
     c) Forzar la interpretación del principio de cosa juzgada, ya
que no existía entre las causas identidad en los hechos, ni en los
bienes jurídicos involucrados, ni en las pretensiones punitivas,
requisitos para aplicar el aludido principio, beneficiando a un
grupo económico.
                           Observaciones iniciales a los cargos
                           La primera observación que merecen
esos cargos es que son frases, maneras de hablar, pero no son
realmente imputaciones, salvo la tercera (forzar la interpretación
del principio de la cosa juzgada). Pero esa tercera imputación no
cuadra a la Corte, sino que va contra la Cámara de Casación
Penal, que es la que interpretó el principio de cosa juzgada. Y lo
interpretó bien. La interpretación forzada es la de la Comisión de
Juicio Político, que evidentemente ha confundido el tema de los
bienes jurídicos (mencionado sin explicación posible) y el de la
identidad de    hechos    que,   evidentemente,   no   alcanzó    a
comprender.
                               169




                            La Corte, por supuesto, miró de qué
se trataba y leyó argumentos, pero advirtió que el Fiscal no tenía
recurso federal para el caso (lo que es evidente) y es por eso que
lo negó, como era su obligación. Por otra parte, el fallo no era
inicuo ni cosa parecida, así que el tema de la arbitrariedad era
imaginativo.
                            La Comisión no expresa hechos
sino que adjetiva
                            Desgraciadamente la Comisión ha
omitido una narración de los hechos a que se refiere,
conformándose con presentar, como si se tratara de cargos,
algunas afirmaciones desvinculadas de la realidad, calificaciones
subjetivas o lo que a nuestro modo de ver son errores en el
conocimiento del derecho.
                            Una vez aclarada esta cuestión (que
luego trataremos con más detalle), se aprecia que el cargo a) es
una banalidad infundada. La Comisión quiere tener el derecho a
llamar a cualquier sentencia de sobreseimiento una traba contra
la investigación. Y ese modo de pensar es una traba contra la
independencia de los jueces.


     La justicia no es la agencia cobradora del Estado
                            El cargo b) es otra banalidad. ¿Así
que los señores diputados que piensan en esa forma creen que
los fallos que extinguen la acción por delitos son actos que van
contra la hacienda pública? ¿O creen que la justicia es una
agencia de cobro compulsivo a favor del Estado?
                                170




                           Ir contra la cosa juzgada es ir
contra el Estado de Derecho
                           A    nosotros    nos   parece     que   la
Comisión ha olvidado porqué existe el instituto de la cosa
juzgada, que es algo muchísimo más importante. Y vulnerarlo,
que es lo que buscan hacer esos señores diputados, es una de
las peores formas de atentar contra el estado de derecho, que se
asienta en la cosa juzgada por necesidad de existencia, como lo
vienen señalando los más importantes tratadistas desde hace
centurias.
                           ¿Dictar     sentencia    es     obstruir
el debido proceso legal?
                           Débese     tener   presente       que   la
Comisión imputa al Dr. Moliné "Obstruir el debido proceso
legal respecto a la tarea de investigación por presunto
contrabando llevada a cabo por el Juez Federal de
Concepción del Uruguay en los autos “Macri, Francisco y
Martínez, Raúl s/presunto contrabando”.
                           En este caso, la Comisión no dice que
la intervención del Dr. Moliné O'Connor consistió en firmar, como
Ministro que es, con otros colegas, una resolución de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que descartó un recurso
extraordinario   improcedente    y    así   quedó   firme,     como
correspondía, un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal
dictado por unanimidad.
                           Por qué intervino la Cámara de
                           Casación.
                           Ne bis in idem
                                    171




                              Esa     Cámara     de    Casación   había
resuelto que la intervención de la Cámara Federal de Paraná
importaba una violación del principio denominado por la doctrina
penal tradicional non bis in idem, aunque hay autores alemanes e
italianos y algunos nuestros, como el profesor Julio Maier y los
firmantes de este escrito, que preferimos decir ne bis in idem, que
es el mismo principio, expresado con un énfasis mayor.
                              Ese         principio,     correctamente
traducido, significa que nunca se debe juzgar dos veces el mismo
hecho (ni la misma persona).
                              La Cámara de Casación interviene
porque los particulares consideraron violado su derecho, y el
tribunal coincidió en ello. Contra un fallo así, no hay recurso
federal y creer que existe es desconocer la ley 48 que
expresamente reclama que el fallo sea contra la pretensión de
validez de la Constitución. Y el fallo de casación es a favor.
                              El fiscal no tiene cuestión federal
                              en este caso
                              Por estas razones, lo que la Comisión
de Juicio Político llama "obstruir el debido proceso" es haber
actuado en una causa judicial conforme a sus atribuciones, es
decir es una actuación básica para nuestro sistema de gobierno,
del cual se aparta peligrosamente la conducción o grupo
mayoritario de la Comisión.
                              ¿Debe la Comisión ir acusando uno
a uno los jueces que componen un mismo tribunal
por las sentencias que firman conjuntamente?
                                172




                            Por otra parte, es bien claro que el Dr,
Moliné firmó junto a varios colegas, uno de los cuales ya hubo
sido inculpado y dejó una vacante en la Corte Suprema. De
donde esta forma de escindir los acuerdos y los votos no es el
propio y seguramente día vendrá en que otros se ocuparán y no
faltará quien califique la actuación de esta Comisión.
                            El Estado cobró, pero la Comisión
dice que fue perjudicado
                            En cuanto al asunto presentado como
cargo b), es mentira o, lo que para algunos es peor, es ignorar
qué ocurrió.
                            "¿Causar un grave perjuicio al
estado Nacional que se vio privado de percibir los debidos
tributos aduaneros y/o ejecutar las eventuales multas
tributarias penales y/o decomisos?"
                            A decir verdad, no sabemos a quien
se le ocurrió tan peregrina idea, porque el fisco dijo cuál era
su perjuicio y lo reclamó y lo percibió. Si los diputados pro
dictamen creen que está mal la extinción por oblación que
contemplan las leyes para unos casos y el Código Penal para
otros, harían bien en propiciar una reforma legislativa, pero
no pueden prescindir del derecho vigente ignorándolo en sus
efectos.
                            ¿Forzar la interpretación del principio
de la cosa juzgada?
                            El cargo c) es más interesante,
porque inculpa "Forzar la interpretación del principio de cosa
juzgada, ya que no existía entre las causas identidad en los
                                173




hechos, ni en los bienes jurídicos involucrados, ni en las
pretensiones punitivas, requisitos para aplicar el aludido
principio, beneficiando a un grupo económico."
                          A juicio de esta defensa, eso de
"forzar la interpretación del principio de cosa juzgada" es un
tema que revela una visión parcial e insostenible.
                          Debe        destacarse   la     calificación
superlativa que poseen los integrantes del tribunal de
casación    que    se    expidieron       sobre    una      cuestión
rigurosamente técnica, y que no es fácil de igualar ante el
nivel de su trabajo.
                          Así, por ejemplo, el tema de los
bienes jurídicos no tiene nada que ver con el caso, porque
sean los que sean, si el hecho ha sido juzgado (y absuelto o
sobreseído) no interesan. En cambio pueden entrar en juego
si hubiera condena, lo que no ocurrió.
                          Los           bienes          jurídicamente
protegidos se refieren, por supuesto, a una hipótesis legal, a
una figura delictiva, tipo o como prefieran llamarle los
señores diputados. Y en el caso del ne bis in idem no
interesan, porque ese caso no se refiere al encuadramiento
jurídico de una conducta, sino a si "el hecho" fue juzgado o
no. Enseguida veremos de nuevo el punto.
                          En cuanto al final "beneficiando a un
grupo económico" muestra que los señores diputados se
expresan sin tener una clara comprensión de las normas jurídicas
y de su papel y el que corresponde a la justicia, que no es el de
beneficiar ni el de perjudicar grupos económicos. El fallo de la
                                  174




Cámara de Casación no benefició a ningún grupo económico,
sino al país porque aplicó el derecho como se debe.
                             Volvamos al cargo c), recordando que
consiste en:
                             "Forzar    la   interpretación   del
principio de cosa juzgada, ya que no existía entre las causas
identidad en los hechos, ni en los bienes jurídicos
involucrados, ni en las pretensiones punitivas, requisitos
para aplicar el aludido principio, beneficiando a un grupo
económico."
                             Quizás interese destacar algunos
principios que juegan acerca de la institución de la "cosa
juzgada" y su impedimento para seguir otra causa que se
refiera a un hecho abarcado por la primera.
                             Los señores diputados hablan de
"identidad de los hechos", frase a veces utilizada por los
doctores, pero con explicaciones y aclaraciones. Porque
todos saben que no se precisa identidad de los hechos que
formaron       el   objeto   de    la   primera   causa   y   los
correspondientes a la segunda. Así, por ejemplo, si se trata
de averiguar si me robé un paraguas, un bastón y un gato, y
soy absuelto o sobreseído, no me pueden imputar después el
robo de la tela del paraguas o el de su mango. Aunque, por
supuesto no es lo mismo la tela del paraguas que el
paraguas completo, ni lo mismo que un bastón o un gato.
Eso es tan evidente que los antiguos ya explicaban que la
fórmula comprendía, dentro del alcance de la cosa juzgada,
                              175




los hechos conexos y, por supuesto, cualquiera de sus
partes, tramos o secciones.
                          Autores    más   técnicos    después
enseñaron que el objeto del proceso constituye una unidad
indisoluble. Abraza todos los hechos pertenecientes a la
causa penal, sea que la autoridad los conozca o no, y sus
declaraciones procesales los mencionen o no. Además, el
proceso comprende el hecho bajo todos los aspectos
jurídicos imaginables. Las más pequeñas partículas de la
causa penal no pueden ser objeto de un proceso nuevo si
han sido olvidadas o han quedado ignoradas: en el futuro
quedan fuera de cualquier posibilidad de enjuiciamiento
(Estas frases son reproducción textual de uno de los más
famosos autores).
                          La Corte debía desestimar la queja
                          En síntesis, hemos explicado que la
Corte no se pronunció sobre el fondo -como sí lo hizo en
cambio la Cámara Nacional de Casación Penal, que es el fallo
que resuelve la cuestión en favor de Macri y Martínez-,
limitándose a desestimar la queja mediante la fórmula del art.
280 del C.P.C.C. Así declaró que el            tema traído a
conocimiento no era de su competencia porque no existía
cuestión federal ni arbitrariedad al decidir cuestiones de
hecho y de derecho común, con fundamentos suficientes de
tal naturaleza.
                          Imputaciones difusas de la Comisión
                          Y volvemos a insistir en que las
imputaciones son difusas: “obstruir el debido proceso legal” -no
                                176




se dice de qué manera-, “causar un grave perjuicio al estado
nacional” -se omite expresar cuál fue el perjuicio, cuáles los
tributos no percibidos y qué efecto tuvo el pago de la pretensión
fijada unilateralmente por el fisco, qué mercadería debió
decomisarse y por qué se presupone que debían pasar todos
esos sucesos si no había sentencia condenatoria sino apenas un
proceso en trámite- “forzar la interpretación...” -no se dice de qué
manera lo hizo la Corte, porque la interpretación corresponde a la
Cámara de Casación Penal. Y la Corte rechazó la queja, como
correspondía y ya vimos.
                            Revisión con más detalle
                            Como la falta de tiempo para preparar
esta contestación no nos permite efectuar una síntesis de
argumentos análogos, no tenemos otra solución que presentar el
mismo enfoque sucesivamente, mostrando más argumentos,
aunque en cierta forma sean parecidos. Esto podría ser evitado
de contar con un plazo más lógico.
                            Llegan los autos a la Corte
                            Recordemos que llegaron los autos a
la Corte con motivo de la apelación extraordinaria del Ministerio
Público Fiscal contra el fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional
de Casación Penal que, haciendo lugar por unanimidad al recurso
de la especialidad, revocó la decisión de la Cámara Federal de
Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, que por mayoría
confirmó el fallo de primera instancia que rechazaba el planteo de
cosa juzgada realizado por los imputados Francisco Macri y Raúl
Martínez.
                            Análisis del fallo de Casación
                                 177




                            La Cámara de Casación admitió la
existencia de cosa juzgada en un largo y fundado fallo.
                            Cosa juzgada. Efectos característicos
                            Para arribar a tal conclusión, dicho
tribunal partió de una premisa fundamental: el efecto con mayor
trascendencia de la sentencia penal es “... la producción de la
cosa juzgada, cuya presencia significa la firmeza e irrevocabilidad
del pronunciamiento penal y su inmutabilidad con relación al caso
concreto decidido...”.
                            Sostuvo el tribunal que de tales
características   se deriva,     desde un     aspecto   positivo,   la
ejecutabilidad del fallo y, del negativo, la imposibilidad de reeditar
el juzgamiento y consiguiente pronunciamiento sobre el fondo de
la misma materia, en virtud de la garantía del “non bis in idem”.
En esto, la Cámara de Casación no hizo más que repetir clásicas
e incontestadas enseñanzas de los grandes juristas que en el
mundo se refirieron al asunto.
                            Destacó además que la cosa juzgada,
por sus efectos radicales de preclusividad y definitoriedad de la
sentencia firme, constituía uno de los pilares de la seguridad
jurídica cuyo valor esencial no puede ser desconocido so riesgo
de minar las bases mismas del sistema procesal y de afectar la
garantía del debido proceso en que se sustenta todo Estado de
Derecho.
                            Mediante otras palabras, la Cámara
agregó lo que dijimos nosotros: que la naturaleza de la cosa
juzgada es de la esencia de la seguridad jurídica, porque no es
posible que contra cada fallo exista un recurso, y contra el fallo
                               178




del recurso, exista otro recurso. No es posible que el fallo de la
Corte sea recurrido ante una supercorte, porque de aceptarse
esto, habría que admitir que de la supercorte se debería poder
apelar a una maxicorte y así sucesivamente, las declaraciones
sobre el derecho de cada cual llevarían a una sociedad en estado
de ebullición.
                           Siguiendo la doctrina de la Corte
(Fallos 321:2826) el tribunal afirmó que la “... aplicación del
principio ne bis in ídem conduce no sólo, a la inadmisibilidad de
imponer una nueva pena por el mismo hecho ya juzgado, sino
que conlleva a la prohibición de sustanciación de un segundo
proceso por igual objeto fáctico anteriormente consumido al
resolverse sobre el fondo, sea que el acusado haya sufrido pena
o no la haya sufrido, sea que en el primer proceso haya sido
absuelto o condenado …”.
                           La Cámara de Casación describe los
hechos
                           Sentadas tales premisas, describió los
hechos conforme la denuncia formulada el 9 de febrero de 1994
por la Dirección General Impositiva ante el Juzgado Federal N° 1
de San Isidro, provincia de Buenos Aires. El hecho se vinculaba
con maniobras, en la comercialización de automóviles importados
al amparo del decreto 2677/91, que habrían estado orientadas a
defraudar al fisco. El denunciante encuadró los hechos en los
artículos 1º y 2º de la ley 23.771 e imputó su comisión a los
responsables de “Opalsen S.A.”, “Sevel S.A.”, diversas agencias
oficiales que comercializaban vehículos de esta última empresa,
                                179




al despachante de Aduana Enrique Ernesto Perri y a los
responsables de “Conasiq S.A.” (Comisionistas del despachante).
                           En     la   causa      formada    como
consecuencia de tal denuncia, el 10 de marzo de 1994 se dictó
auto de procesamiento contra Francisco Macri (por “Sevel S.A.”) y
Raúl Martínez (por “Opalsen S.A.” de Argentina) por el delito de
infracción al artículo 2º de la ley 23.771 con relación a maniobras
perpetradas respecto de un determinado número de automotores
que fueron puntualizados en ese decisorio.
                           San Isidro declina competencia
                           Asimismo el Juez de San Isidro
declinó la competencia en favor del Juez a cargo del Juzgado
Federal de Concepción del Uruguay respecto de los hechos por
los que fueran indagados Enrique Ernesto Perri (despachante de
aduana) y Siquier -con la salvedad del delito previsto en el art.
299 del C. Penal- y también con relación a la eventual
responsabilidad que pudiera haberles cabido en los hechos al
Administrador   General    de    Aduanas     de   la   ciudad   de
Gualeguaychú y al Administrador Nacional de Aduanas. Ambas
decisiones fueron confirmadas por la Cámara Federal de
Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, y
adquirieron firmeza.
                           También el Juzgado Federal N° 1 de
San Isidro declinó la competencia en favor del Juzgado Nacional
en lo Penal Económico N° 6 de esta Capital para entender en el
delito de contrabando agravado (art. 865 inc. 1º del C. Aduanero)
que se habría cometido con relación a veinticinco automóviles
                                 180




que se habrían ingresado al país por la Aduana de Buenos Aires
valiéndose para ello de documentación reputada como falsa.
                            Separación de causas
                            De tal modo, aquella causa originaria
se fragmentó de la siguiente manera:
     a) La “causa madre”, aquella instruida ante el Juzgado
Federal N°1 de San Isidro por infracción a la Ley Penal Tributaria,
quedó finalmente radicada en esta Capital, ante el Tribunal Oral
en lo Penal Económico N° 2. En dichos autos se obló
íntegramente     la    pretensión      fiscal     -$     7.044.345-   y,
consecuentemente, se declaró extinguida la acción penal y se
sobreseyó a Francisco Macri y Raúl Martínez de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la ley 23.771.
     b) Como consecuencia de lo así decidido, en la causa que
tramitaba ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 6 se declaró
extinguida la acción penal por considerar que mediaba cosa
juzgada y se sobreseyó respecto de las acciones sujetas a
juzgamiento    bajo   las   normas     del      Código    Aduanero.   El
fundamento de tal decisión se asentó en la circunstancia de que
la resolución dictada con relación al hecho calificado como “delito
tributario” impedía a ese Juzgado continuar la investigación sobre
el mismo “factum” y con respecto a los mismos imputados desde
la perspectiva del delito de contrabando.


     c) En cuanto a la causa radicada ante el Juzgado Federal
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el fiscal
actuante sostuvo que no correspondía efectuar un nuevo
requerimiento de instrucción sino, en cambio, ampliar aquel
                                 181




oportunamente realizado ante el Juzgado Federal N° 1 de San
Isidro con miras a determinar la supuesta comisión del delito de
contrabando calificado de importación en base “...a los mismos
hechos que originaran la denuncia y que están claramente
determinados en el punto IV de los considerandos del auto de
procesamiento del Dr. Marquevich ...”.
                             Pesquisa del mismo hecho (con
otro nombre)
                             De tal modo, apareció insinuado
desde el principio el curso que se pretendía seguir con esa
investigación, cual es la pesquisa del mismo hecho histórico por
el que ya mediaba pronunciamiento pasado en autoridad de cosa
juzgada, aunque observado esta vez bajo la óptica de una
calificación legal distinta -contrabando-.
                             Planteado así el tema, y a los efectos
de iniciar el razonamiento sobre el fondo de la materia -cosa
juzgada-,   la   Cámara    de    Casación    comenzó   el   análisis
examinando si, en el caso, se daba la conjunción de las tres
identidades que gobiernan la aplicación del “non bis in idem”, a
saber:
      1.- Identidad de la persona que es objeto de la persecución
penal.
      2.- Identidad del objeto procesal que constituye la materia
del nuevo proceso.
      3.- Identidad de la causa de la persecución.
                             Como se ve, la Cámara de Casación
empleó una de las más clásicas maneras de identificar el caso de
ne bis in idem. Ya enseñada por maestros como Máximo Castro.
                               182




                           Respecto       de   la   primera   de   las
identidades, afirmó que en su aspecto personal o subjetivo
apunta a la protección exclusiva de quien aparece perseguido en
una nueva causa, no obstante que aquella otra que involucra el
planteo hubiera concluido por sobreseimiento, o sentencia
absolutoria o condenatoria, que se encontraran firmes. Es decir,
que en una y otra persecución debe ser la misma persona la que
aparece como autora o partícipe del hecho y aquella garantía sólo
alcanzará a ella, con independencia de los coautores o cómplices
que pudieran aparecer, además, como imputados. La Cámara
pudo haberse extendido mucho más sobre este asunto, porque
es evidente que hay formas de terminar la causa (por inexistencia
de delito) que se refieren a cualquiera, formas que comprenden
varias posibilidades (como explica la Casación) y formas que
comprenden una sola persona.
                           Así se descartó el argumento del a
quo en cuanto a que no mediaba tal identidad porque no existía
absoluta coincidencia entre la totalidad de las personas
imputadas en uno y otro hecho, sosteniendo al respecto que la
circunstancia de que se tratara de una garantía personal, que rige
individualmente y carece de cualquier eventual efecto extensivo,
en manera alguna implica que debiera ceder para el caso de que,
en el otro hecho, fueran juzgados además otros imputados. El
argumento del "a quo" era insostenible.
                           Evaluando el caso de marras, se
concluyó en que tal identidad se llenaba por cuanto, quienes
fueron oportunamente sobreseídos en uno de los expedientes -
                               183




Francisco Macri y Raúl Martínez- eran los mismos sujetos
sindicados en la causa que motivaba el planteo.
                           Con relación a la identidad objetiva,
sostuvo el tribunal que se impone que la nueva imputación sea
idéntica y que ello se da cuando el nuevo proceso tiene por objeto
el mismo comportamiento atribuido a idéntica persona. Es decir,
abarca el suceso en su materialidad, con independencia de cuál
fuera la calificación legal atribuida al hecho en uno u otro caso.
En esto hay acuerdo en todos los autores importantes.
                           Dicho de otro modo, debe atenderse
al hecho histórico concreto, esto es el acontecimiento real que se
produjo en lugar y tiempo determinado, cualquiera fuera la
denominación jurídica escogida y sin que importe la eventual
circunstancia de que en el primer procedimiento no se hubiere
agotado el conocimiento posible de él. Y repetimos, hay acuerdo
completo y creer lo contrario, como hace la Comisión de Juicio
Político, es contradecir o desconocer los conceptos básicos del
derecho.
                           Análisis fuera de lo común de la Cámara de
Casación
                           Sentado     lo    expuesto,     y    para
confrontar los hechos, la Cámara de Casación realizó una
supresión mental de los hechos (en doctrina se denomina
"supresión mental hipotética" y es una forma de controlar el
acierto de las conclusiones que se pueden obtener acerca de los
hechos y su conjunto de condiciones, circunstancias, motivos y
fines. Es muy conocido el trabajo de Thyrén, profesor sueco con
quien estudió Jiménez de Asúa), que merecieran el dictado de
                               184




auto de sobreseimiento por parte del Tribunal Oral en lo Penal
Económico N° 2 y del Juzgado en lo Penal Económico N° 6
aludidos más arriba, para concluir así en que los sucesos allí
comprendidos abarcaban la operatoria total llevada a cabo por los
imputados Macri y Martínez durante los años 1992 y 1993 relativa
a la importación de automóviles, y que quedaban comprendidas
tanto las finalidades de carácter tributario cuanto aquellas de
carácter aduanero que se les imputaban.
                          Sobre      esa   premisa,   se   afirmó
consecuentemente que los hechos que aparecen como objeto
procesal en la causa del Juzgado Federal de Concepción del
Uruguay no son más que una porción de ese factum total, que
constituye un hecho complejo, aunque único, constitutivo de un
delito continuado (no es necesario: puede tratarse de un delito
continuado, de un concurso ideal, de un concurso real (aunque la
Comisión crea que no) y de un concurso aparente (caso en que la
Comisión no pensó, como es evidente), que fuera sobreseído en
su totalidad, extremo que trae como consecuencia la más
absoluta imposibilidad de que “... sus diversos fragmentos
pudieran    ser     nuevamente       juzgados,    puesto     que
irremediablemente a todos les ha caído el peso de la cosa
juzgada ... bajo la lupa del derecho tributario tanto como del
aduanero...” (Considerando VI).
                          Con ese fundamento, la Cámara de
Casación avanzó con su análisis (Considerando VII), y afirmó que
la tercera identidad -causa de persecución-, hace referencia
concretamente al derecho de acción ejercitado, que de nuevo se
intentaría desplegar por el mismo objeto y contra la misma
                                 185




persona. Caracterizó a esta identidad como “la particular
pretensión punitiva que se hace valer mediante la persecución
penal en relación con la naturaleza de la jurisdicción del primer
juez y su competencia material”.
                            La Cámara pudo haberse extendido
también aquí, porque el asunto se refiere a la acción penal. Una
es la del fiscal (que comprende la de todos los fiscales y las
querellas en delito de acción pública), otra es la dependiente de
instancia privada y otra la acción privada. Como es evidente, aquí
no hay otra posibilidad que la de delitos de acción pública. De
donde este punto no se puede discutir.
                       Sobre esa base estimó que aquel hecho
endilgado a los inculpados Macri y Martínez constituía un único
hecho que se insertaba en las previsiones de las leyes penales
en juego a título de concurso ideal (art. 54 del C. Penal) y no, por
el contrario a título de concurso real (art. 55 del C. Penal) (Como
antes   dijimos,   el concepto     de "hecho"    no   quiere   decir
exclusivamente un caso encuadrable como concurso ideal, pues
puede tratarse de un concurso aparente. Agregamos que podría
ser un concurso por progresión y hasta un concurso real). Por lo
tanto, debió haber sido juzgado íntegra y completamente por los
tribunales en lo penal económico de esta ciudad, quienes gozan
de competencia específica para ello, tanto tributaria como
aduanera, para agotar así la investigación de ese único evento en
todo su espectro jurídico penal, ante los cuales tampoco podría
haberse llevado una persecución derivada de una diferente
imputación originada en un mismo hecho. De tal modo, aún
considerando la circunstancia de que no se hubiera procedido
                                 186




así, ello de ninguna manera podía sentar la base para
fundamentar una duplicación inaceptable, tal como pretendía
sostener de manera contraria a derecho la Cámara Federal de
Apelaciones de la ciudad de Paraná.
                            En su pronunciamiento, la Cámara de
Casación hizo mención expresa a que el juzgado originario
solamente declinó su competencia en favor del Juzgado Federal
de Concepción del Uruguay respecto de las conductas imputadas
a los despachantes de aduana Pierri y Siquier, así como también
con relación al personal de la Administración de Aduana de
Gualeguaychú y de la Administración de Aduanas. De ahí que si
el mismo hecho fue considerado y resuelto desde uno de sus
aspectos -el tributario, y también desde el otro -el ilícito aduanero-
constituiría una duplicación inaceptable intentar una nueva
persecución penal por una fracción de aquél, lo que violaría
además la garantía del ne bis in ídem.
                            Otro análisis más de la Casación
                            (por el absurdo)
                            Asimismo,        para     reforzar      el
razonamiento desarrollado, la Cámara Nacional de Casación
Penal realizó un nuevo análisis, desde una perspectiva
imaginaria, cual es, atendiendo a la eventualidad de que no se
diera efectivamente la concurrencia de las tres identidades y
fuera así viable una nueva persecución penal sobre el mismo
hecho (Considerando VIII). Para ello, abordó la decisión de la
Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico que motivó su
intervención.
                                  187




     Sostuvo entonces que el tribunal inferior en grado, por
mayoría, rechazó la excepción previa de cosa juzgada por
considerar que el suceso materia de juzgamiento en esa
jurisdicción territorial no era constitutivo de un hecho con doble
encuadramiento jurídico (fraude tributario y contrabando). De
haberse considerado así, a juicio de dicho tribunal, debió
acogerse la pretensión de la defensa. Por el contrario, en el fallo
revocado se consideró que con las maniobras (siempre se trata
de las mismas maniobras) sujetas a juzgamiento se pretendió no
sólo un tratamiento fiscal más favorable que el que correspondía
sino que se burlaron las normas del decreto 2677/91,
circunstancia constitutiva del delito de contrabando porque habría
implicado la utilización ilegal de un régimen de importación (no
nos ocuparemos aquí de explicar porqué el delito de contrabando
está redactado pésimamente en el Código Aduanero, pero puede
presentarse un ejemplo de cómo no se debe legislar).
                              Por eso se afirmó en el fallo dictado
por la Cámara de Casación que las maniobras realizadas por
“SEVEL S.A.” y “Opalsen S.A.” -puestas en cabeza de sus
representantes    Macri   y     Martínez,   respectivamente-    que
apuntaban a evadir el debido pago del IVA y del impuesto a las
ganancias constituyen sólo una infracción a la ley penal tributaria,
por el carácter de agente de percepción con que actúa la Aduana
al respecto por delegación de la DGI. Tal conducta aparece
abarcada por el sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral en lo
Penal Económico N°2, sin que importe por cuál de las aduanas
ingresaron los automóviles al país. Esta es una apreciación tan
elemental que sería vergonzoso desconocerla.
                                  188




                       Sin embargo, y de manera paralela, en la
resolución del tribunal de Entre Ríos se expresa que esas mismas
maniobras configuran además el delito de contrabando puesto
que con ellas se habrían burlado las normas establecidas
respecto de la importación de automotores -decreto 2677/91-,
obteniendo el ingreso de rodados en condiciones que la Aduana
no habría permitido de conocer su efectivo destino. Tal acción
(aquí la palabra "acción" sirve para encubrir que se trata el mismo
hecho. Además, no es una "acción" distinta..), consistente en
sustraerse ilegítimamente a la política (quien haya estudiado a
fondo la teoría del bien jurídico sabe que "la política de
exportación e importación" no es un bien jurídico, sino la
declaración de que la política de un momento es protegida con
sanciones penales, que es la esencia del totalitarismo. Nótese
que es, exactamente, la tesis del hitlerismo y de la ley de
seguridad pública italiana) de exportación e importación de
automotores -cuyo control corresponde a la Aduana- impidiendo
el debido control aduanero, se entendió que configura el delito de
contrabando tipificado en los artículos 864 inc. b) y 865 incs. a) y
f) del Código Aduanero y no habría sido investigada ni juzgada
por la justicia en lo Penal Económico de esta ciudad, por lo
menos en lo que hace a los vehículos ingresados por la Aduana
de Gualeguaychú. Como consecuencia de ello, sumado a que
aún cuando coincide la identidad de alguno de los imputados en
uno y otro caso, no pasa eso con todos, es que la Cámara
entrerriana rechazó la excepción de cosa juzgada. Esto
contradice todo buen principio.
                                189




                            Invento de nuevo objeto procesal
                            Derivado de tal razonamiento erróneo,
y de manera inevitable, quedó inventado el objeto procesal
constitutivo del contrabando endilgado, aunque se trataba de los
mismos hechos. Ello es relevante porque justamente es ese
hecho lo que condiciona negativamente, a juicio de la Cámara de
Apelaciones, el progreso de la excepción intentada.
                            Así es que para interpretar esta
argumentación,    la   Cámara     de    Casación    endereza     su
razonamiento a los efectos de establecer si el hecho en cuestión
“... puede aspirar, con cierto grado de verosimilitud a la categoría
sospechada de ilícito penal en los términos de los artículos 864
inc. b) y 865 incs. a) y f) del Código Aduanero. O si, por el
contrario, debiera descartarse tal hipótesis, en cuyo caso
quedaría como único encuadre posible del suceso a investigar el
de infracción al artículo 2º de la ley 23.771, en cuyo caso se
tornaría procedente el planteo de la defensa ya que el único
encuadramiento posible sería aquel que fue definitivamente
juzgado”.
                            La cuestión se centró entonces en
determinar si las maniobras llevadas a cabo a través de “Sevel
S.A.” y “Opalsen” -por las que se responsabiliza a Macri y a
Martínez, respectivamente-, y que consistieron en la presentación
ante la Aduana de documentación falseada en cuanto a la calidad
de importador con la finalidad de obtener un beneficio desde el
punto de vista impositivo -fraude tributario, constituyen además el
delito de contrabando por sustraerse ilegítimamente a la política
de importación y exportación de automotores (Decreto 2677/91).
                                  190




Como hemos explicado, en el fondo que se haya estudiado o no
una posibilidad no es importante, porque de lo que se trata es del
análisis de un hecho. No es posible admitir que si a una persona
de quien se dice que se apoderó de una cosa ajena, por ejemplo
un libro, y se decide que sea absuelto, venga el fiscal a sostener
que no se averiguó si el hecho ocurrió con fuerza en las cosas y
pretenda un nuevo enjuiciamiento. Los encuadramientos serán
distintos, pero no importa.
                              Parecería que los miembros de la
Comisión fueran partidarios de un sistema jurídico conforme al
cual se le ofrece a una persona que si paga 7 millones de pesos,
no tendrá problemas penales, y una vez que el Estado los cobra,
pretende meterlo en prisión explicando, si dice la verdad, que lo
engañó.
                              La Casación analiza la figura del
contrabando
                              Luego pasó a analizar el tipo penal del
contrabando a través de precedentes de esta Corte así como
también de distintas opiniones doctrinarias, para concluir en que
la amplitud que se fija a la previsión contenida en el artículo 863
del Código Aduanero tiene un límite que se encuentra fijado
legalmente por el régimen aduanero: requiere que se afecte la
función de control sobre la introducción, extracción y circulación
de mercaderías y no alguna otra que también pudiese haberse
encomendado a las Aduanas ya que -según se sostuvo- el sólo
hecho de impedir o dificultar, de la manera que exige la ley, esa
función primordial que tiene la Aduana de verificar toda
                                191




mercadería que ingrese o egrese del país, es configurativa de
contrabando.
                           Dicho de otro modo, el núcleo de la
tutela jurídica del contrabando es la protección de esa legislación
específica de la aduana, en otros términos, el régimen de control
aduanero. Como es evidente.
                           Se consideró además que dentro de la
sistemática del régimen aduanero -ley 22.415-, así como también
del texto del decreto 2766/91 -que invocara la Cámara de
Apelaciones-, y de la ley 21.932 que lo origina, no resulta
competencia de las aduanas el control del cumplimiento de las
importaciones   compensadas      realizadas   por   las   empresas
terminales radicadas en el país, extremo que debe ser
monitoreado por la autoridad de aplicación, cual es la Secretaría
de Industria y Comercio del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos. Así, según valoró el a quo, no existía al
momento de los hechos prohibición legal de importación para las
empresas terminales radicadas en el país -ni tampoco para
cualquier persona física o jurídica la que, de haber existido, sí
hubiera estado a cargo de la aduana controlar, por tratarse de
una de las actividades que le son propias cual es la de impedir el
ingreso de mercaderías restringidas o vedadas. Por tanto, se
consideró que la cuestión sobre si se simuló la calidad del
importador que aparentaba el documentante no afectó las
funciones propias de la aduana ya que, con tal maniobra, no se
posibilitó introducir a plaza mercadería prohibida o restringida
para la importación, ni tampoco hacer variar la base imponible
para el pago de los tributos aduaneros, o el logro de estímulos a
                                192




la importación o de beneficios arancelarios. En otras palabras, no
hubo contrabando.
                           Relación de tipos simples y calificados
                           En esa misma línea de razonamiento,
la Cámara de Casación afirmó -siguiendo a gran parte de la
doctrina- que no toda declaración aduanera falsa se convierte en
el delito de contrabando (eso es más que evidente) si con ella no
se afectan las funciones que integran el tipo penal de la figura
base (artículo 863 del Código Aduanero), y que son sólo aquellas
estrictamente inherentes a la función específica de las Aduanas
que la ley intenta proteger. Acotamos que es un principio
elemental de derecho penal que todo delito agravado o atenuado
necesita reunir todos los elementos del tipo básico. Sin saber eso,
no se puede aprobar derecho penal. Por eso un contrabando es
agravado si, primero, es un contrabando. Si no lo es, no hay
agravante.
                       Concluyó entonces en que las falsedades
que hacen al importador de los vehículos introducidas en los
despachos no afectan el bien jurídico tutelado por el artículo 863
del Código Aduanero, y que recién cuando tal figura básica se
hubiera configurado podrá entrarse en el análisis de las
modalidades calificadas pues el tipo penal de éstas se estructura
con los del delito base mas algún plus que las agrava. Como ya
explicamos, la referencia al bien jurídico es innecesaria. Lo
importante es que no se configuró el tipo básico.
                           De tal modo, aún cuando no hubieran
sido auténticas las declaraciones realizadas en el “despacho de
confianza”, que debe ser veraz, ello no supone que por sí que se
                                    193




castigue el hecho a título de delito de contrabando en tanto con
tal acción no se produjo efecto aduanero alguno, teniendo la
maniobra en su completitividad sólo incidencia sobre el pago del
anticipo del Impuesto a las Ganancias y el pago del Impuesto al
Valor Agregado.
                                Como consecuencia de ello, y no
señalándose luego de una profusa investigación otras falsedades
o simulaciones, ni el uso de vías no habilitadas o desviaciones de
ruta, certificados de importación con beneficios arancelarios
falaces, ocultación o disimulación de mercadería, autorizaciones
especiales, licencias arancelarias espurias, u otras acciones que
impidieran o dificultaran el control de las aduanas, el tribunal
entendió que la resolución materia del recurso casatorio “...
configura una clara vulneración de la garantía del ‘ne bis in
idem’...”, e hizo lugar al recurso de la especialidad, revocó el fallo
de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de
Entre Ríos, y sobreseyó a Francisco Macri y a Raúl Martínez por
el hecho que se les imputaba.
                                El recurso fiscal
                                Tal pronunciamiento motivó que el
Fiscal General dedujera recurso extraordinario cuya denegación
dio origen a la respectiva queja.
                                Dicho funcionario, para motivar su
apelación, argumentó que existía cuestión federal suficiente
puesto que, a su juicio, se encontraba en tela de juicio la
interpretación de normas de carácter federal -la ley 22.415-, y
pretendió   descalificar   el     fallo   efectuando   una   tacha   de
arbitrariedad contra el pronunciamiento con relación a la
                                  194




interpretación de los hechos, tanto en lo que atañe a la tipificación
del delito de contrabando como a su pretensión de incluir los
sucesos en un concurso real -y no ideal, como se había realizado
en   el     pronunciamiento     atacado-     y   manifestando,    en
consecuencia, su disconformidad con la conclusión de cosa
juzgada que se resolvía en el fallo.
                              Motivo para rechazar el planteo
                              La Cámara Nacional de Casación
Penal rechazó el remedio federal por considerar que en la
resolución que pretendía recurrirse, al momento en que tocaba
decidir, no existía contrariedad al derecho federal invocado -
garantía del ne bis in ídem-, ya que dicha cuestión había sido
tratada y resuelta favorablemente para los intereses de la parte
en cuyo resguardo se estipuló tal garantía -los imputados-, y
porque, en lo demás, los agravios remitían a cuestiones de
derecho común que habían sido abordadas y resueltas con
fundamentos suficientes de tal naturaleza, extremo que ponía al
fallo a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada. Ya vimos que
es el caso expreso del art. 14, inc. 3º de la ley 48.
                              Tal denegatoria dio lugar a un recurso
de hecho.
                              Puede     agregarse       como     dato
significativo que, una vez radicados los autos ante la Corte, al
producir el dictamen de rigor, el señor Procurador General se
limitó a mantener la queja con una simple fórmula de estilo (“... Al
sólo efecto de que V.E. se pronuncie en las presentes
actuaciones, mantengo la queja articulada por el Sr. Fiscal
General ante la Cámara Nacional de Casación Penal ...”), sin
                                   195




hacer propios los argumentos de su inferior jerárquico, ni tampoco
aportar nuevos fundamentos que, eventualmente, sirvieran para
apuntalar el recurso en trámite, contrariando así lo que resulta
práctica habitual.
                             La      Corte       declara   inadmisible   el
recurso.
                             Es lo que corresponde
                             Llegado el momento de resolver, el
tribunal se expidió considerando que el recurso extraordinario que
originaba la queja era inadmisible, con cita del art. 280 del Código
Procesal Civil y Comercial, que faculta a la Corte Suprema a
rechazar el recurso a su sana discreción por no existir en el caso
cuestión constitucional y con la sola mención de la norma.
                             La misma, en lo que para el caso
interesa, literalmente dice así:
      “... Cuando la Corte Suprema conociere por recurso
extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento
de autos. La Corte, según su sana discreción, y con la sola
invocación    de     esta   norma,       podrá     rechazar   el   recurso
extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las
cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de
trascendencia ...”
                             La desestimación del recurso se
ajusta a la reiterada jurisprudencia de la Corte según la cual lo
decidido por los tribunales ordinarios sobre la existencia de cosa
juzgada resulta materia propia de los jueces de la causa y ajena,
como regla, a la apelación del art. 14 de la ley 48, salvo supuesto
de arbitrariedad (Fallos: 274:231; 280:424; 289:355; 296:281;
                                 196




301:1032; 302:1574; 303:1203). Y en este caso, lo que podría
criticarse es cualquier solución diferente.
                            Consideró asimismo que, en el caso,
no cabía apartarse de dicha regla por cuanto las consideraciones
fácticas y procesales expuestas por la Cámara Nacional de
Casación Penal para fundar su conclusión sobre el punto
descartaban sin hesitación alguna la arbitrariedad aducida por el
apelante (Fallos: 297:551, 564; 301:870). Resulta elemental
destacar que la aplicación de la doctrina sobre arbitrariedad de
sentencias reviste carácter excepcional y que, de ninguna
manera, tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria
donde pudieran discutirse decisiones que el recurrente estimara
equivocadas respecto de la apreciación de los hechos de la
causa y el derecho común que les fuera aplicable. Por eso antes
dijimos que debe tratarse de una sentencia inicua, y hasta podría
agregarse que contenga apreciaciones ilógicas, pero no una
solución con la que no estemos de acuerdo. En efecto, dicha
tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias que
pudieran reputarse como equivocadas, sino que solamente
atiende a los supuestos de omisiones o desaciertos de gravedad
extrema que pudieran haber tenido lugar en el fallo y que, como
consecuencia de ellos, dichos pronunciamientos quedaran
descalificados como actos judiciales (Fallos: 266:178; 296:82).
                            Siguiendo tal línea de razonamiento,
se evaluó que los argumentos en base a los cuales la Cámara de
Casación sustentó lo resuelto no aparecían como irrazonables ni
se apartaban de las constancias del caso, así como también que
en el fallo apelado se había brindado suficiente y fundada
                                 197




respuesta a los planteos del recurrente y se había resguardado el
valor de la cosa juzgada como consecuencia de un examen
apropiado de los diversos elementos de convicción reunidos en el
legajo, lo que excluía la alegada arbitrariedad. Además se tuvo
por descontado, dado su obviedad, que ni el eventual error ni el
carácter opinable de lo decidido podría otorgarle entidad para
habilitar la instancia extraordinaria. Esto es lo que pensó el Dr.
Moliné, pero nosotros agregamos que la solución de la Cámara
de Casación debe alabarse.
                            Claramente     hay     cuestiones    de
derecho común.
                            Es   insoslayable    también   que los
agravios relativos a la tipificación del delito de contrabando y a
cómo deberían aplicarse en el sub examine las normas que
establecen el concurso de delitos -a criterio del apelante,
concurso real- indudablemente remiten al análisis de cuestiones
de derecho común, ajenas como principio a la vía del art. 14 de la
ley 48 (Fallos: 306:925), habida cuenta la suficiencia de las
razones que había dado el tribunal anterior en grado al decidirla.
                            Pero sobre todo, el fiscal no tenía
recurso federal.
                            Finalmente, se atendió además a que,
tal como sostuvo la Cámara Nacional de Casación Penal en el
auto denegatorio del recurso extraordinario, “......la cuestión
federal que la defensa trajo a consideración de este Tribunal -por
la Cámara Nacional de Casación Penal y que, como se dijo, abrió
el carril del recurso de la especialidad- fue tratada y resuelta
favorablemente para los intereses de la parte en cuyo resguardo
                                  198




se estipuló la mentada garantía, lo que significa que, en la
actualidad, no existe resolución contraria al derecho federal
esgrimido que pueda desbrozar el acceso a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (art.14,inc. 3º, de la ley 48). Ello, ya que, en
rigor, no se encontraba en tratamiento ante esta Sala la
adecuación típica de las conductas atribuidas a los encartados,
de manera de dar razón a la ponencia fiscal de que la cuestión
federal inserta en autos se basa en la inteligencia de normas del
Código Aduanero......”. Por tanto, se consideró que no aparecía
demostrado -tal como requiere el art. 15 de la ley 48-, que las
garantías constitucionales que se dijeron desconocidas guardaran
relación directa e inmediata con lo que había sido materia de
concreta decisión en el pleito.
                             Los votos en minoría
                             En cuanto a los votos de la minoría,
respecto de las afirmaciones realizadas en el Considerando
Tercero por los Dres. Belluscio y Fayt en sus respectivos votos
(que reproducen literalmente los términos) podría decirse que,
cuando menos, incurren en un error lógico de razonamiento. En
efecto, en tales posturas se concluye en la existencia de cuestión
federal suficiente con base a la invocación de la garantía del non
bis in idem, sosteniendo que la misma aparece “... receptada
expresamente en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8.4) y
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.
14.7), y que lo resuelto por el a quo ha sido adverso al derecho
que el recurrente sustenta en ella...”.
                             Ahora bien, forzoso es puntualizar que
tanto en una como otra Convención tal garantía aparece
                                199




instaurada, por supuesto, sólo en beneficio del imputado. Ello se
deriva de la lógica y de la mera lectura de sus respectivos textos.
                            En efecto, el Pacto de San José de
Costa Rica, en su art. 1 titulado “Obligación de respetar los
derechos”, en el apartado 1° se compromete a los Estados parte
a”...respetar los derechos y libertades reconocidos en ella -
aludiendo a dicha Convención- y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción...”. Luego, en el apartado 2, se
define a “persona” como “... todo ser humano...”. Finalmente, en
el art. 8 titulado “Garantías Judiciales”, en su apartado 4 que
fuera citado por los aludidos ministros, se afirma “...El inculpado
absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un
nuevo juicio por los mismos hechos ...”.
                            Por su parte, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 se refiere
expresamente a los derechos de “las personas” frente a los
tribunales. En el apartado 7, y concretamente en lo que se refiere
a la jurisdicción en materia penal, consagra que “...Nadie podrá
ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo a la ley
y el procedimiento penal de cada país ...”.
                            Conforme       lo   dicho   y   atendiendo
además a que en el Considerando Quinto de los respectivos
votos mencionados se reconoce expresamente que dicha
garantía constitucional aparece instaurada en beneficio del
imputado, no puede sino concluirse en el error lógico en que se
incurre en aquellas afirmaciones para la apertura del recurso -
toda vez que se llega a esta instancia sólo por la apelación
                                   200




extraordinaria del Ministerio Público-, al afirmar que aquello
vinculado con el non bis in idem, en la especie, constituye
cuestión federal suficiente. Esta no es una garantía establecida
en favor del Ministerio Público.
                            Por otra parte, la garantía consiste en
no enjuiciar dos veces a nadie por lo mismo, y eso es lo que se
resolvió, así que no es posible sostener que se mantiene la
garantía apoyando la tesis contraria.
                            También en el Considerando Octavo
de los respectivos votos (en ambos se reproducen literalmente los
términos) se descalifica el pronunciamiento de la Cámara de
Casación por considerarse que, de manera arbitraria, dicho
tribunal habría otorgado a la garantía del non bis in idem “... una
extensión impropia que importó desvirtuar la finalidad y el alcance
de las normas constitucionales en juego ...”, en base a que en el
fallo apelado se habría establecido mediante una afirmación
dogmática que “... el hecho había sido decidido en su totalidad
por los tribunales que habían intervenido anteriormente ...”. Sin
embargo, en ninguno de los casos los señores ministros abordan
el argumento expuesto en la sentencia apelada acerca de que el
pago de la totalidad de la pretensión fiscal por parte de los
imputados llevó a que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2
declarara extinguida la acción penal por satisfacción íntegra de la
pretensión fiscal y, en consecuencia, sobreseyera en la causa
respecto del hecho investigado.
                            Finalmente, el Dr. Belluscio, en el
Considerando Decimoquinto de su voto, entiende que como los
inculpados   habrían    consentido       el   desdoblamiento   de   la
                                201




investigación de las diversas conductas que se les imputaban,
ello resulta “... la prueba más evidente de lo escindibles que son
las conductas que se les habían atribuido ...”. Ahora bien, más
allá de que la garantía del non bis in ídem está incorporada a
nuestra Constitución Nacional por los Pactos más arriba
mencionados que la establecen como obligatoria para los estados
parte, lo cierto es que el planteo de la excepción de cosa juzgada
fue articulado en tiempo oportuno por la asistencia letrada. De tal
modo no puede derivarse algún consentimiento tácito sobre el
punto, sino que sólo cabe interpretarlo como una razón de
estrategia procesal, aspecto potestativo que hace al ejercicio del
derecho de defensa. Por otra parte, no obstante cualquier
supuesto renunciamiento, el mismo siempre sería estéril en tanto
se referiría a una obligación del Estado cual es la salvaguarda de
todas y cada una de las garantías constitucionales. La cosa
juzgada debe aplicarse de oficio tanto en sede penal como en
sede civil.
                            En cuanto a la disidencia del Dr.
Petracchi, cabe señalar que el nombrado se expide por el
progreso del recurso exclusivamente en base a la doctrina sobre
arbitrariedad de sentencias, la que a su juicio deriva de la relación
concursal atribuida a los hechos por la Cámara Nacional de
Casación Penal lo que, según sostiene, habría llevado a dicho
tribunal a una interpretación errónea acerca del alcance que
correspondía otorgar al sobreseimiento dictado por extinción de la
pretensión fiscal. Así concluye en la descalificación del fallo
apelado por entender que el tribunal a quo “... ha omitido el
tratamiento de aspectos argumentales básicos relativos tanto al
                                   202




alcance de la cosa juzgada como de las relaciones de
competencia de los magistrados, sin cuya resolución previa la
decisión no puede sostenerse como acto jurisdiccional válido ...”.
Tampoco en este caso, el señor ministro aborda ni cuestiona el
argumento expuesto en la sentencia apelada acerca de la
extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento de
los imputados declarada por el Tribunal Oral en lo Penal
Económico N°2 con motivo de considerarse que se había
satisfecho la pretensión fiscal.
                             El argumento de que el Estado
no cobró más pesos
                             Sin perjuicio de lo que antes dijimos
sobre la dudosa moralidad de este argumento crematístico, es
decir que el Estado Nacional se vio privado de percibir “... los
debidos tributos aduaneros y/o ejecutar las multas tributarias y/o
decomisos...”, resulta incontrastable que, tal como se viene
diciendo, frente a ese argumento aparece, por un lado el
desenfado con que una mano del Estado pide siete millones y los
recibe, y la otra esgrime el azote porque quiere más. Pero sobre
todo existe el fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2,
que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, y a partir del cual
se fundamenta el pronunciamiento de la Cámara Nacional de
Casación Penal acerca de acerca de que el pago de la totalidad
de la pretensión fiscal por parte de los imputados llevó a que el
Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 declarara extinguida la
acción penal por satisfacción de la pretensión fiscal y, en
consecuencia, sobreseyó en la causa respecto del hecho
investigado.
                                203




                           Los abogados denunciantes de la
Comisión de Juicio Político no tienen razón.
                           XI
                           FORMULA RESERVA DE ACUDIR A
                           LA COMISION INTERAMERICANA
                           DE DERECHOS HUMANOS POR
                           VIOLACION A LAS NORMAS DEL
                           PACTO DE SAN JOSE DE COSTA
                           RICA
                           Formulo la reserva de acudir a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el caso de
obtener una decisión adversa a mis pretensiones. En efecto, una
decisión que, con fundamento en el contenido de las sentencias y
fallos dictados por la Corte, haga lugar al juicio político sería
violatoria de la defensa en juicio, el derecho a un tribunal
imparcial, y la inamovilidad del juez, implícitamente garantizada
en el art. 8.1. de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
                           Por ello planteo en este acto la
reserva de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en los términos del art. 44 y 46 del Pacto de San José
de Costa Rica para que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos revise la legalidad del procedimiento a la luz de todas
las irregularidades que he expuesto en este escrito, tal como lo
hizo en el caso del “Tribunal Constitucional del Perú”, donde ante
hechos similares se juzgó que el Estado había violado la defensa
en juicio de los allí recurrentes, tres jueces del Tribunal
                                    204




Constitucional del Perú que fueron removidos de sus funciones
en forma ilegal.
                             Allí    la     Corte    Interamericana,      al
referirse a la institución del juicio político en razón de su
aplicación al caso concreto y por las exigencias establecidas en la
Convención Americana en cuanto a los derechos fundamentales
de las supuestas víctimas del caso dijo “En un Estado de
Derecho, el juicio político es una forma de control que ejerce el
Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto
del Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales. No
obstante, este control no significa que exista una relación de
subordinación entre el órgano controlador -en este caso el Poder
Legislativo- y el controlado -en el caso el Tribunal Constitucional-,
sino que la finalidad de esta institución es someter a los altos
funcionarios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por
parte de la representación popular”.
                             En      ese     caso,      a   instancias   del
Presidente Fujimori, el Congreso removió a tres jueces del
tribunal constitucional que habían fallado en contra de la re-
reelección del entonces Presidente. Se juzgó a los jueces por el
contenido de sus sentencias. Al revocar el juzgamiento, la Corte
dijo “De conformidad con los criterios establecidos por este
Tribunal, es evidente que el procedimiento de juicio político al
cual fueron sometidos los magistrados destituidos no aseguró a
éstos las garantías del debido proceso legal y no se cumplió con
el requisito de la imparcialidad del juzgador. Además, la Corte
observa que, en las circunstancias del caso concreto, el Poder
Legislativo   no    reunió    las         condiciones       necesarias   de
                                   205




independencia e imparcialidad para realizar el juicio político
contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional”.
                               La Corte Interamericana observó que
el Estado Peruano había violado los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana en perjuicio de los tres jueces (Dres.
Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo
Marsano), por lo que concluyó que Perú no ha cumplió con su
deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos
la Convención Americana y de garantizar su libre y pleno
ejercicio, como lo dispone el artículo 1.1 de la Convención.
                               Este juicio político, incluso antes de su
comienzo formal, es una constante violación a los derechos que
otorga el Pacto de San José de Costa Rica al Juez Moliné
O´Connor tanto en su carácter de ciudadano argentino como de
juez de la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido señalo que:
 -                             Hay violación a la defensa en juicio
pues:
 -                             Según la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, la garantía de juez imparcial se aplica al juicio
político. Así, en el caso del “Tribunal Constitucional del Perú” se
dijo que “De conformidad con la separación de los poderes
públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función
jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros
órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del
mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al
derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal
competente" para la "determinación de sus derechos", esta
expresión   se   refiere   a    cualquier    autoridad   pública,   sea
                                206




administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus
resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas.
Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier
órgano    del   Estado   que    ejerza   funciones   de   carácter
materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar
resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal
en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”
(párrafo 71 de la sentencia).
     o       Es claro que de los hechos del presente caso surge
diafanamente que no se ha respetado el debido proceso legal.
Veamos:
     o       Ya se ha juzgado a Moliné O´Connor de palabra y por
los medios por los miembros de la Comisión de Juicio Político,
quienes adelantan sus opiniones en su contra incluso antes de
que se supieran los cargos, los descargos y las explicaciones y
pruebas de este juicio. ¿Cómo es posible que estén tan seguros
de su destitución? ¿Y de las pruebas si están ni siquiera se han
producido? Mas que juicio, entonces, se debería hablar de
simulacro.
     o       El plazo otorgado para ejercer la defensa fue
extremadamente corto, considerando la necesidad del examen de
las causas, su extensión y abundante documentación y la revisión
del acervo probatorio a que tiene derecho cualquier imputado
(casualmente este fue uno de los argumentos que la Corte
Interamericana utilizó para declarar ilegal la destitución de los
jueces peruanos);
     o       Moliné O´Connor ha sido seleccionado por la
comisión de juicio político, y por quienes han formado parte de
                                207




este operativo en una especie de “ejecución política”. Prueba de
ello es que los restantes jueces de la Corte Suprema, jueces
inferiores del sistema judicial federal en todas sus instancias y
hasta miembros de tribunales administrativos que han participado
en o han firmado las resoluciones o causas cuestionadas no han
sido molestados por las mismas opiniones por las cuales a se
juzga a Moliné. Esto no parece una casualidad.
      o     Se trata de un juicio que es discriminatorio y motivado
solamente por intencionalidad política, como surge de las
transcripciones del debate en el pleno del Consejo de la
Magistratura en el caso “Magariños”, donde los consejeros
deciden apurar la resolución que “pretende” revocar una decisión
de su superior, la Corte Suprema, al solo efecto de que no “caiga”
uno de los elementos de la acusación en la Comisión de Juicio
Político. ¡Lo que mas asombra es que lo dicen en una sesión
publica donde queda registro de todo lo dicho como si contaran
con impunidad o como si no fuera posible revisar estas
parcialidades ante un tribunal internacional!
      -                     Hay violación al derecho a un tribunal
imparcial, conforme lo expuesto en los párrafos anteriores (Corte
interamericana de Derechos Humanos, “caso del Tribunal
constitucional del Perú”, sentencia del 31 de enero de 2001, y
Fallos 247:646);
      -                     Hay      violación   a   la   garantía   de
inamovilidad del juez, implícitamente garantizada en el art. 8.1. de
la   Convención    Americana    de     Derechos      Humanos     y   la
Constitución Nacional (art. 110 CN). Al respecto señalo que se
enjuicia al Juez Dr. Moliné O´Connor únicamente por el contenido
                                 208




de sus sentencias, y justamente ella es una de las únicas
causales por las cuales, según el derecho interno argentino
vigente, no es posible remover a un juez de la nación: tanto la ley
como la jurisprudencia no permiten que se remueva a los jueces
simplemente porque no se comparta el contenido de sus
decisiones (ver en tal sentido Fallos 323-JE-18 y ley 24.937, art.
14 Apartado B). Como ha dicho el Jurado de Enjuiciamiento, de
ser así se afectaría la garantía de inamovilidad de los jueces que
es condición primaria y esencial de tal independencia del Poder
Judicial y de la administración de justicia imparcial (Fallos 323-JE-
18). Estas decisiones fueron tomadas con fundamentos jurídicos
serios y con un respaldo jurisprudencial, conforme se expuso en
este escrito. Se trata, por parte, de una de las ventajas de vivir en
democracia: la diversidad de opiniones, que siempre que estén
dentro del marco legal, no pueden considerarse mala conducta ni
mal desempeño.
     -                       Hay violación a Los Principios Básicos
de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la
Judicatura,
     o        Al respecto la Corte Interamericana ha dicho que “73.
Esta Corte considera que uno de los objetivos principales que
tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la
independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes
sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para
su nombramiento como para su destitución. Los Principios
Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de
la Judicatura, establecen que: “La independencia de la judicatura
será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o
                                209




la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y
de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la
judicatura”.
      o        De lo expuesto surge que la Comisión de Juicio
Político, apoyada claramente por otro poder (el Ejecutivo), y
usando como “ariete” al Ministro de Justicia, no respeta estos
principios si impulsa un juicio político basado en el contenido de
las sentencias del Poder Judicial. Esta claro que puede no
gustarles las decisiones, pero no pueden por ello remover al juez
sin mas, como si se tratara de un funcionario meramente
administrativo.
      -                     También la Corte Interamericana en el
caso que venimos citando dijo que “74. En cuanto a la posibilidad
de destitución de los jueces, los mismos Principios disponen:· ·
Toda acusación o queja formulada contra un juez por su
actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e
imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez
tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el
examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez
solicite lo contrario”. Si alguna duda queda sobre qué quiso decir
la Corte Interamericana al transcribir estos principios, ella misma
nos lo explica seguidamente “En otras palabras, la autoridad a
cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse
imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y
permitir el ejercicio del derecho de defensa”.
      -                     Para   probar   que   se   ha   violado
abiertamente este principio, bastará con leer los diarios de todos
los días del último mes para comprobar como no sólo el Ejecutivo
                                210




o la Comisión de Juicio Político no han guardado silencio, sino
que, por el contrario, armaron una embestida contra la
independencia del Poder Judicial.
     -                      Seguidamente agrega: “75. Esta Corte
considera necesario que se garantice la independencia de
cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez
constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos
a su conocimiento. Como lo señalara la Corte Europea, la
independencia de cualquier juez supone que se cuente con un
adecuado     proceso   de   nombramiento,    con   una    duración
establecida en el cargo y con una garantía contra presiones
externas”.
     -                      Nuevamente, consideramos que se
afecta la independencia del juez pues no se cuenta con una
duración establecida en el cargo y con una garantía contra
presiones externas: esta claro que busca remover a jueces cuyos
dictámenes se consideran inconvenientes.
     -                      Como vimos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha aplicado estos Principios para juzgar la
validez de un juicio político en Perú y según la jurisprudencia de
la Corte Suprema (Fallos 318:514, caso “Giroldi” y “Bramajo”
Fallos 319:1840), estas conclusiones de la Corte Interamericana
resultan obligatorias para los órganos internos de nuestro país –lo
que incluye a la Comisión de Juicio Político y al Congreso en sus
dos ramas- para que el Estado no incurra en responsabilidad
internacional. Tan fuerte están arraigadas estas normas en el
Estado Argentino que, según nuestra Constitución, la denuncia de
este Tratado, solo puede tener lugar por el Poder Ejecutivo
                                       211




Nacional previa aprobación de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 75 inc. 22 in fine
CN).
       -                      Como corolario de todo lo expuesto,
hay violación al artículo 1.1 de la Convención, el cual dispone
que:
       -                      ·    [l]os     Estados    partes     en   esta
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
       -                      la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido, con fundamento en el artículo 1.1 de la
Convención Americana, que el Estado está obligado a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el
poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Según las
reglas del derecho de la responsabilidad internacional del Estado
aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
la     acción   u   omisión       de     cualquier     autoridad    pública,
independientemente de su jerarquía (lo que incluye a la Comisión
de Juicio Político), constituye un hecho imputable al Estado que
compromete su responsabilidad en los términos previstos por la
misma Convención Americana.
                                  212




                            Asimismo planteo en este acto la
reserva del caso federal a los fines de recurrir por la vía del
recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para el caso de obtener una resolución contraria a mis
derechos constitucionales, con fundamento en la defensa en
juicio (art. 18 CN), el derecho a un tribunal imparcial, y la
inamovilidad del juez, implícitamente garantizada en el art. 1.1. y
8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás
tratados e instrumentos internacionales antes enunciados.
                            XII
                            SOLICITAMOS                  PRORROGA.
                            RESERVA DEL CASO FEDERAL.
                            Tal como lo expusimos en el curso de
esta presentación, el plazo de 4 días hábiles y 12 horas
concedido a nuestro representado para formular sus descargos,
es por demás exigüo e insuficiente para permitir el cabal ejercicio
del derecho de defensa y el cumplimiento de las reglas
configurativas del debido proceso legal.
                            Hemos       citado,   como    punto   de
referencia, el plazo de 11 días hábiles –al cual se añadieron 3
días hábiles por prórroga- que la Comisión nos otorgó en el curso
del año 2002 para la formulación de los descargos pertinentes.
                            El plazo fijado por la Comisión, en
rigor se redujo a 3 días hábiles y 12 horas con motivo de la
injustificada negativa de poner, a nuestra disposición, el día 11 de
julio, los expedientes referenciados, anexos y elementos de
prueba mencionados en su nota del 10 de julio de 2003.
                                   213




                             Semejante lapso, en orden al derecho
de defensa, colisiona con una interpretación finalista del artículo
18 de la Constitución Nacional, con las cláusulas contenidas en el
artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos ni con el artículo 3° del Reglamento que regula el
procedimiento para el caso de juicio político en el Senado, que
prevé un plazo de 15 días.
                             Tampoco se adecua a los plazos de
10 días hábiles establecidos por los artículos 354 y 428 del
Código Procesal Penal, así como tampoco al plazo de 6 días
hábiles prorrogables que cita el artículo 346 del mencionado
cuerpo legal.
                             Como los cargos formulados contra el
Dr. Moliné O´Connor se basan sobre el contenido de las
sentencias en las cuales participó, resulta manifiestamente
imposible expedirse, o defenderse, sobre el acierto de una
resolución si, además, no se tienen a la vista los expedientes que
dieron lugar a tales decisiones.
                             No      podemos     olvidar        que   las
sentencias y resoluciones judiciales son la derivación jurídica de
las actuaciones en las cuales se dictan, de manera que es
imposible pronunciarse sobre ellas si no se dispone de tales
antecedentes.
                             En     el   ofrecimiento      de    prueba,
destacamos la necesidad de ordenar la agregación de ciertos
documentos. No solamente para permitir el cabal ejercicio del
derecho de defensa, sino también a los fines instructorios para
que la Comisión conozca sus contenidos antes de efectuar
                                 214




imputaciones como las expuestas en la nota de formulación de
cargos del 10 de julio.
                            Es que, reiteramos, para expresar
seriamente los descargos, se necesita contar con la totalidad de
los antecedentes administrativos y judiciales cuyo análisis
precedió al dictado de los actos de la Corte Suprema que, en el
caso del Dr. Moliné O´Connor, con cuestionados por la Comisión.
                            La Comisión de Juicio Político ha
dirigido a nuestro representado diversos cargos, vinculados con
los denominados casos “Macri”, “Meller” y “Magariños”.
                            Dichas     imputaciones      se   han
formulado de manera por demás difusa y se vinculan con
decisiones dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en expedientes judiciales o administrativos.
                            Sin embargo, las actuaciones que se
han puesto a disposición de nuestro representado para su
compulsa en la Secretaría de la Comisión de Juicio Político sólo
constituyen una escasa o mínima parte de aquellas que
constituyen la prueba instrumental en la que, supuestamente,
debería basarse la imputación.
                            Vale mencionar que, por ejemplo, las
actuaciones vinculadas con el caso “Macri”, según se tiene
noticia, están conformadas por una voluminosa causa judicial que
consta de aproximadamente diez mil fojas, así como también
numerosos expedientes conexos, y legajos y cajas varias con
documentación diversa. De ellas, sólo se nos exhibieron las que
constan a partir de fs. 9630, pero no las anteriores.
                                215




                           En lo que atañe al caso “Meller”,
existen   numerosos     expedientes   penales    y      de   carácter
administrativo. Y con relación al caso “Magariños”, el expediente
del que se deriva el cargo se encuentra en el Consejo de la
Magistratura.
                           Aparece como un dato obvio afirmar
que resulta imposible expedirse o intentar defenderse acerca del
acierto de una resolución o de una sentencia sin tener a la vista
los expedientes que dieron lugar a tales decisiones. Tampoco
parecería razonable la formulación de cargos sin ese paso previo,
toda vez que tanto las sentencias cuanto los actos administrativos
no son más que la derivación jurídica de las actuaciones donde
se dictan. En efecto, ellas son el presupuesto fáctico a partir del
cual se emitieron los fallos que ahora se cuestionan.
                           De tal modo, como a nadie debería
escapar, deviene materialmente imposible ejercer algún acto de
defensa sin acceder a la compulsa de tales elementos.
                           Por otra parte, esas piezas cuentan
con miles de fojas y abundante documentación anexa, cuya sola
lectura demandará numerosos días, aspecto indispensable para
formular válidamente un descargo.
                           En síntesis, ni la instrucción puede ser
realizada con la debida seriedad si no se dispone de todos los
elementos esenciales para la formulación de cargos, ni tampoco
es viable ejercer razonablemente el derecho de defensa si no se
tiene acceso a ellos.
                           Si bien procedemos a contestar los
cargos en el exigüo plazo establecido, ella reviste carácter
                                216




provisorio. Si no se cuenta con las actuaciones que configuran el
presupuesto fáctico sobre las cuales se emitieron los fallos
cuestionados, mal cabe el ejercicio pleno del derecho de defensa
que impone el Reglamento Interno de la Comisión.
                            Por tales razones, y hasta tanto no
sean agregados la totalidad de los antecedentes citados en este
capítulo y en el del ofrecimiento de prueba, y hasta tanto no sean
producidas estas últimas, corresponde disponer la suspensión del
plazo para contestar los cargos y la fijación de un nuevo plazo
una vez que ellos sean puestos a disposición de nuestro
representado.
                             Debido        a    lo   voluminoso    de   la
documentación, resultan necesario el plazo de 30 días desde el
momento que estemos en poder de esta documentación y otros
30 días para analizar y realizar la defensa.
                            Asimismo, nuestro mandante plantea
expresamente la reserva del caso federal para el supuesto que no
se admitan todas o cualquiera de las peticiones e impugnaciones
realizadas en el curso de esta presentación. El caso federal
resulta del incumplimiento de las garantías impuestas por el
artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8° de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros,
para afianzar la vigencia del debido proceso legal y del derecho
de defensa. Todo ello, conforme a la doctrina, ya citada, de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
                            Asimismo, y para el supuesto que se
denieguen los pedidos expuestos por nuestro mandante,
formulamos      expresa   reserva     de       acudir   a   la   Comisión
                                   217




Interamericana de Derechos Humanos, en los términos de los
artículos 44 y 46 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos para que, en su oportunidad, la Corte Interamericana
revise la legalidad del procedimiento en función de todas las
irregularidades, vicios y nulidades descriptas en este escrito.
                            XIII
                            CONCLUSIONES
                            Nuevamente nos enfrentamos a un
hecho que lamentablemente se reitera en la historia constitucional
del país: la pretensión de remover a los ministros de la Corte
Suprema, a pocos meses de haber sido declarado improcedente
un pedido similar. Claro está que con una estrategia diferente,
que consiste en someter a juicio político a cada uno de ellos en
forma escalonada. Una especie de efecto “dominó”, tal como lo
describió el presidente de la Comisión.
                            En 1983, se restableció el orden
constitucional. El Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado,
designó como ministros de la Corte Suprema a las personas que,
por diversas razones, consideraba más capacitadas para ejercer
la jefatura del Poder Judicial. Durante 20 años, se produjeron
renuncias de algunos ministros, y las vacantes fueron cubiertas
conforme al mecanismo estatuido por la Ley Fundamental.
                            Asimismo, por decisión del Congreso -
ley N° 23.744- se resolvió aumentar el número de los ministros de
la Corte. Criterio similar al adoptado en 1960 cuando, por la ley
N° 15.271, se elevó a siete la cantidad de jueces del Alto
Tribunal. Recordemos que, en esa oportunidad, por Acordada
suscripta por los ministros Alfredo Orgaz, Benjamín Villegas
                                218




Basavilbaso y Julio Oyhanarte, y con la disidencia de Aristóbulo
Araoz de Lamadrid, se había destacado la conveniencia de elevar
a nueve el número de los ministros.
                           La Corte Suprema, en su actual
composición, está integrada por ministros que fueron designados
por los ex presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Eduardo
Duhalde, con acuerdo del Senado. Su integración fue fielmente
respetada en 1999 por el ex presidente Fernando de la Rúa,
suscitando un fenómeno que no se había operado desde 1947.
Una Corte Suprema cuya totalidad de miembros no habían sido
nombrados por el titular del órgano ejecutivo.
                           Tuvieron que transcurrir 16 años para
que, en 1999, comenzara a funcionar uno de los engranajes
constitucionales que, tanto objetiva como subjetivamente, permite
visualizar la independencia del Poder Judicial frente al Poder
Ejecutivo.
                           Sin embargo, y por razones que no
viene al caso analizar, se pretende tirar por la borda este logro
alcanzado en el arduo proceso de transición democrática que
estamos afrontando cotidianamente. Con una particularidad. A
raíz de la crisis política, económica y social que se opera en el
país desde 2001, el órgano ejecutivo está emitiendo numerosos
decretos     de   necesidad     y     urgencia   sobre   materias
constitucionalmente reservadas al Congreso y, simultáneamente,
el órgano legislativo delegó amplias potestades legisferantes en
el Poder Ejecutivo generando un grado de concentración del
poder, como nunca se produjo bajo la plena vigencia de la
Constitución Nacional.
                                219




                           En esta instancia, el único órgano
gubernamental que conserva su independencia es, precisamente,
el Poder Judicial. Es el único órgano que puede, en cada caso
concreto que se sujete a su poder jurisdiccional, evitar los
eventuales excesos en que puedan incurrir los estamentos
políticos del gobierno. No para trabar o impedir el normal
funcionamiento de ellos, sino para preservar los principios,
derechos y garantías que consagra la Constitución Nacional. Es
que, la Constitución Nacional no fue concebida para regir
solamente en épocas de normalidad, sino también en procesos
de crisis como el que padece la República.
                           Al    propiciar,   arbitrariamente,   la
separación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia,
estamos atentando contra la independencia del Poder Judicial y
desconociendo la raíz teleológica del sistema constitucional.
                           La doctrina de la separación de las
funciones gubernamentales, esbozada por Locke, expuesta por
Montesquieu y complementada en el siglo XX por Karl
Loewenstein, constituye la técnica más eficiente para evitar la
concentración del poder con su secuela inevitable de abuso del
poder y consecuente degradación de la libertad y dignidad de las
personas.
                           La distribución del ejercicio del poder
estatal entre los diversos órganos del gobierno requiere la
instrumentación de un delicado equilibrio y coordinación para
evitar la atrofia o ineficiencia del poder y, al mismo tiempo, una
sutil técnica de controles recíprocos para impedir que su
manifestación desborde los limites impuestos en salvaguarda de
                                     220




los fines humanistas que caracterizan a las sociedades políticas
democráticas.
                           La Constitución Nacional establece
claramente aquella doctrina de la división de los poderes forjada
por el movimiento constitucionalista, estableciendo las garantías
para el funcionamiento independiente de los tres órganos del
gobierno, aunque sujeto a controles horizontales y verticales.
                           Pero, de manera muy especial, la Ley
Fundamental se ocupa de las garantías destinadas a tutelar la
independencia del Poder Judicial porque, al ser políticamente el
más débil de los órganos gubernamentales, requiere de una
mayor protección constitucional para preservar el equilibrio entre
ellos evitando su subordinación a los órganos ejecutivo y
legislativo.
                           El         desarrollo    del     movimiento
constitucionalista determinó la paulatina separación de las
funciones del gobierno. Sin embargo, en una primera etapa, la
separación se concentró en distinguir la función legislativa de la
ejecutiva. No aconteció lo propio con el Poder Judicial. La
facultad de aplicar las leyes para resolver los conflictos
particulares fue considerada como una potestad residual
perteneciente al órgano ejecutivo. Recién en el siglo XVIII
comenzaron a ser formuladas ciertas concepciones orgánicas
que    pretendían   sustraer    al     órgano   ejecutivo   la   función
jurisdiccional.
                           En los países europeos el proceso fue
lento y engorroso. Hasta el día de hoy se advierte una
dependencia del órgano judicial ordinario frente a los poderes
                                221




políticos en la medida que se le desconoce la función de ejercer
el control de constitucionalidad. En los sistemas parlamentarios
europeos esa potestad fundamental es conferida a órganos
especiales en cuya integración, de manera total o parcial, gravita
decisivamente el Parlamento o el órgano ejecutivo.
                            En cambio, en los países americanos
que adoptaron el modelo presidencialista impuesto por la
Constitución de los Estados Unidos, el órgano judicial aparece
revestido de una fortaleza singular que le permite ejercer su
actividad jurisdiccional en una doble dirección. Por una parte,
mediante la aplicación de la ley resuelve las controversias
suscitadas entre particulares en un proceso judicial, promovido
por parte interesada que tiene un legítimo interés para ello. Por
otra, ejerce el control de constitucionalidad que le permite, en
cada caso concreto, verificar si los actos de los órganos
legislativo y ejecutivo se adecuan a la Constitución, y declarar su
inaplicabilidad si así no fuera. A estas expresiones de la actividad
jurisdiccional se añade el poder administrativo y disciplinario
reconocido al Poder Judicial en resguardo de su autoridad e
independencia.
                            El reconocimiento constitucional de
las libertades no es suficiente si no se tornan efectivas las
garantías que le permitan al hombre desarrollar su actividad en
forma espontánea, con libertad y responsabilidad, prescindiendo
de los lineamientos establecidos por las cambiantes y transitorias
pasiones   políticas que puedan presidir a la conducción
gubernamental.
                                222




                            Al hombre se le ofrece libertad y se le
reconocen sus derechos para hacerla efectiva, pero también
aspira a que se le brinde cierto grado razonable de seguridad.
Aspira a que exista un control efectivo sobre la legalidad de los
actos emanados de los órganos políticos del gobierno, a que se
respete la estructura consagrada por la Ley Fundamental sin
someterla a modificaciones arbitrarias o inconstitucionales
(Héctor R. Orlandi, “Teoría de la representación política en
nuestra Constitución”, Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 1971, pág. 56). Pretende que se respeten las reglas del
juego, forjando una continuidad política y jurídica que hará posible
el desenvolvimiento de la vida humana en un marco estable.
Sobre el particular, se ha señalado con acierto que: “Ante las
fuerzas que desbordan los organismos de la Constitución, cabe
procurar la organización democrática y el encauzamiento de las
mismas. Para ello siempre es mejor la normalidad de conducta
derivada de la Constitución y no el cambio constante de ésta para
adecuarla a las variables circunstancias históricas” (Alfredo C.
Rossetti, “El problema de la democracia”, Universidad Nacional
de Córdoba, Córdoba, 1976, pág. 221).
                            Tradicionalmente se ha considerado
que el fundamento de toda organización política global o, si se
prefiere, uno de los móviles esenciales que impulsan a los
hombres hacia la asociación en el seno estatal, lo configura la
justicia cuya administración, dentro de un sistema democrático-
constitucional, está estrechamente vinculada con el concepto de
libertad. Es que así como no puede haber justicia sin libertad,
tampoco puede haber libertad sin justicia.
                                 223




                            También se ha entendido que la mejor
herramienta para concretar la vigencia y defensa de ese ideal por
parte del Estado, lo constituye un órgano gubernamental
independiente que es el Poder Judicial, al cual se le encomienda
el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. De tal manera,
al Poder Judicial se le atribuye la responsabilidad de velar por la
vigencia de la vida democrática, mediante el control que ejerce
sobre el poder político y la corrección de todos aquellos abusos
con los cuales se vulneran los derechos individuales y sociales ya
que, en definitiva, “la función jurisdiccional es la que mejor define
el carácter jurídico del Estado constitucional” (Segundo V. Linares
Quintana, “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional”, t.
IX, ob. cit., pág. 404).
                            En efecto, la convivencia democrática
está supeditada a la aceptación por parte de la comunidad de tres
ideas fundamentales: los derechos naturales del hombre, el
imperio de la ley y la asignación al pueblo de la titularidad del
poder. Asimismo, para tutelar esa convivencia democrática, han
sido instrumentadas diversas técnicas, como son la supremacía
de la Constitución, la designación de los gobernantes por la
comunidad, la distinción entre poder constituyente y poderes
constituidos y, finalmente, la división y control de los poderes
constituidos.
                            En cuanto a esta última técnica, no
son suficientes los controles políticos generados por los órganos
ejecutivo y legislativo, por los grupos de opinión, los partidos
políticos, los grupos de presión, las fuerzas políticas o por la
comunidad a través de su participación en el proceso electoral.
                                   224




Hace falta, además, un control real, tangible y efectivo como lo
constituyen la revisión judicial y el control de constitucionalidad.
                             Precisamente, tal concepción estuvo
presente en las perspectivas y objetivos de los hombres que
redactaron la Constitución Nacional ya que, si bien consideraron
que la estructura de los órganos políticos del gobierno debía ser
fuerte para consolidar la unidad nacional y la democracia
constitucional, su fortaleza jamás debía superar los límites
establecidos por la presencia de los derechos naturales del
hombre, para cuya preservación forjaron la estructura del Poder
Judicial, asignándole la función de órgano gubernamental creado
para garantizar la vigencia plena de la legalidad y de las
libertades consagradas por la Constitución en su parte dogmática.
                             Esa     necesidad   de    consolidar      el
armazón constitucional de los órganos del gobierno resalta el
deber de mantener resguardado al Poder Judicial de todas las
secuelas de la actividad política agonal. Si el Poder Judicial es un
órgano de poder que tiene a su cargo el ejercicio de una función
de control sobre los restantes órganos del gobierno velando por la
constitucionalidad de sus actos, resulta indispensable dotarlo de
la energía suficiente como para que pueda contrarrestar las
presiones políticas provenientes de los órganos ejecutivo y
legislativo.
                             Tal circunstancia pone de manifiesto
que, para dar cumplimiento al legado de los constituyentes de
1853/60, no es suficiente con establecer formalmente al Poder
Judicial e integrar sus cuadros. Tal procedimiento no bastará para
que podamos afirmar la existencia del Poder Judicial como
                                  225




órgano de poder. Además, habrá que asegurar su funcionamiento
independiente y brindarle cierto grado de autarquía que le permita
asumir el rol que le destina la Constitución, teniendo presente que
los jueces no sólo son intérpretes de la Ley Fundamental, sino
también sus servidores. De tal modo, el Poder Judicial podrá ser
el órgano de poder indispensable para posibilitar que la
convivencia social se desenvuelva libremente bajo el manto
protector de la seguridad jurídica.
                               Consideramos que el procedimiento
instaurado contra nuestro mandante, y teniendo en cuenta la
fundamentación de política agonal que le fue asignada, altera
aquella concepción y acarrea, no solamente un grave daño a las
instituciones republicanas, sino también a los derechos legítimos
de nuestro representado.
                               Es que, desde el mes de junio del
corriente año y a lo largo de la actuación desenvuelta por la
Comisión de Juicio Político, nuestro mandante fue objeto de
agravios, insultos y prejuzgamientos emanados de varios de los
integrantes de la Comisión, así como también de otros
legisladores y miembros del Poder Ejecutivo. A ellos, cabe añadir
las graves irregularidades expuestas en esta presentación, y los
actos manifiestamente nulos concretados en estas actuaciones.
Ese conjunto de “desprolijidades” ha desembocado en una real y
potencial   lesión de    los    derechos   de   nuestro   mandante,
amparados por los artículos 14, 18, 19 y 110 de la Constitución
Nacional, así como también en los tratados internacionales sobre
derechos humanos previstos en el artículo 75, inciso 22, de la Ley
Fundamental. Tal circunstancia determina que, a todo evento, se
                                226




formule la expresa reserva del caso federal en función del artículo
14 de la ley N° 48, así como también de la potestad acordada por
el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
                           En momentos tan difíciles como los
que afronta el país; ante situaciones fácticas que parecen,
deliberadamente, encaminadas a destruir el orden constitucional
y la convivencia democrática que, con grandes sacrificios, los
argentinos forjaron a lo largo de estos últimos 20 años, configura
un nefasto error institucional promover una campaña para alterar
la composición de la Corte Suprema de Justicia -y por añadidura
del Poder Judicial- invocando razones de política agonal. Bien
dice Bernard Schwartz que, sin un Poder Judicial independiente
de los órganos políticos, la constitución es un simple compendio
de palabras vacías; que sin el respeto y acatamiento por los
órganos políticos de las decisiones de los jueces –aunque no las
compartan- se quiebra toda estructura institucional; que, si ante
una decisión judicial adversa a los fines e intereses de los
órganos políticos, adoptamos una postura como la atribuida al
presidente Andrew Jackson al conocer un fallo de la Suprema
Corte: “Bien, John Marshall tomó una decisión, ahora dejemos
que trate de ejecutarla”, es inviable consolidar una democracia
constitucional (“Understanding Constitutional Law”, pág. 6,
Matthew Bender/Irwin, New York 1995).
                           Se ha dicho que “El ejecutivo no sólo
dispensa honores, sino que tiene el sable de la comunidad. La
legislatura no sólo comanda la bolsa sino que prescribe las reglas
por las cuales los derechos y deberes de cada ciudadano son
                                 227




regulados. El judicial, por el contrario, no tiene influencia sobre el
sable ni la bolsa; no dirige la fuerza ni la riqueza de la sociedad, y
en ningún caso puede tomar medidas activas. Puede decirse en
verdad que no tiene fuerza ni voluntad sino meramente juicio; y
finalmente depende del brazo ejecutivo para la eficacia de sus
juicios... No hay libertad si el poder de juzgar no está separado de
los poderes ejecutivo y legislativo (Publius, Hamilton, “El
Federalista”, LXXVIII-1788).
                            Fue así que, cuando por primera vez
una Corte se puso a revisar la constitucionalidad de un acto de
otro poder, lo que ocurrió en 1801 en Estados Unidos de
Norteamérica, caso Marbury vs. Madison, el gobierno que el
partido republicano y Jefferson acababan de obtener por 8 votos,
suprimió por ley uno de los dos períodos de sesiones de la
Suprema Corte e impidió que se reuniera durante 14 meses. Así
consiguió postergar el fallo.
                            Por eso no es una novedad esa
característica psicológica conforme a la cual quien tiene poder
tiende a abusar de él.
                            Por eso es dable observar que cuando
hay pocas razones y mucho ímpetu, se produce una serie de
imputaciones que presentan a cosas opinables como fallas
imposibles de tolerar.
                            En estos momentos, más que nunca,
resulta indispensable que la sensatez se imponga sobre las
transitorias y mezquinas pasiones políticas. Que la prudencia,
sabiduría y el realismo que forjaron nuestras instituciones
republicanas, no cedan ante los embates de fuerzas irracionales,:
                               228




recordando, tal como lo hiciera el General José de San Martín
cuando, en 1821, dictó el Estatuto Provisional del Perú, que toda
organización gubernamental se basa sobre la independiente
administración de justicia “como una de las garantías del orden
social”,   debiendo   establecerse   que   todo   gobernante   “se
abstendría de mezclarse jamás en las funciones judiciarias,
porque su independencia era la única y verdadera salvaguardia
de la libertad del pueblo, pues nada importaban las máximas
liberales cuando el que hace la ley es el que la ejecuta y aplica”
(Bartolomé Mitre, “Historia de San Martín”, Obras Completas, T.
III, pág. 511).
                           En función de lo expuesto, solicitamos
al señor Presidente que tenga por contestado el informe previsto
en el artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio
Político, con las reservas expuestas en orden a la suspensión y
ampliación del plazo para completar los descargos.




OTROSI DECIMOS:
                           Eduardo Aguirre Obarrio y Gregorio
Badeni, en nuestro carácter de letrados del Ministro Eduardo
Moliné O´Connor, dejamos bien en claro, tal como lo hicimos en
el año 2002 que, cualquier expresión o juicio de valor emitido en
el curso de esta presentación, que pueda ser considerado
                                 229




agraviante por alguno de los miembros de la Comisión de Juicio
Político, es de nuestra exclusiva autoría. Que, las eventuales
molestias que tales expresiones puedan acarrear, no deben ser
atribuidas a nuestro representado sino a sus mandatarios.
                             Nosotros, como abogados, podemos
realizar ciertos comentarios que, tal vez, un miembro de la Corte
Suprema no puede emitir, para preservar su independencia de
criterio el día de mañana.
                             Nosotros, podemos hablar de los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, de una manera que
ellos no lo hacen, y otro tanto respecto de los miembros de la
Comisión, de los integrantes del Congreso y de quienes
componen el Poder Ejecutivo. Podemos, como abogados,
ponderar y criticar con más soltura sin que ello traiga aparejado
un mal entendido entre nuestro mandante y los legisladores.
                             Así, por ejemplo, podemos exteriorizar
nuestra perplejidad por los controles rigurosos impuestos para
ingresar a la Comisión de Juicio Político. Exhibir documentos de
identidad; ofrecer explicaciones a los requerimientos formulados
por los custodios del acceso; aguardar veinte o treinta minutos
hasta que se autoriza nuestro ingreso. Acaso, ¿es razonable que
“los representantes del pueblo” sientan temor porque quienes
formamos parte de ese pueblo necesitamos ingresar a sus
comisiones o despachos? Claro está que, como abogados,
desarrollamos nuestra actividad en los tribunales judiciales donde
no se imponen Iimitaciones similares. Esto explicaría nuestra
extrañeza porque advertimos que, en definitiva, en el ámbito del
Poder Judicial, la convivencia democrática entre gobernantes y
                               230




gobernados es mucho más intensa a la que se verifica en el seno
del Poder Legislativo.
                           No podemos desconocer que, el
personal administrativo de la Comisión, facilitó sensiblemente
nuestra tarea indagatoria a pesar de las trabas autoritarias
impuestas por el diputado Falú; que siempre fuimos objeto de un
trato ejemplar por parte de la Dra. Osella Muñoz. Pero ello no es
óbice para que cuestionemos aquellos controles de tipo
“penitenciario”.
                           Nosotros, como abogados, y también
a título de ejemplo, hemos cuestionado el Reglamento interno de
esa Comisión, y el sistema de la vista que se le ha corrido a
nuestro mandante. Porque, aunque aparentemente parece servir
a la defensa, puede ser utilizado para perjudicarla. En efecto, al
conocer este informe, la Comisión tiene la posibilidad de alterar
los cargos procurando contrarrestar en la Cámara de Diputados
las críticas que hemos formulado. De modo que, la Cámara de
Diputados, que es la que tiene en sus manos la potestad de votar,
afirmativa o negativamente, se pronunciará tras escuchar la voz
de la Comisión de Juicio Político, corregida después de nuestra
intervención. Y, sugestivamente, sin posibilidad alguna para que
podamos replicar la opinión que emita la Comisión ante la
Cámara de Diputados. Es que, como advertimos una particular
animosidad de la mayoría de los integrantes de la Comisión, la
decisión de acusar, se adoptará de esa manera tan cuestionable.
                           Criticamos   ese    Reglamento.    Sin
embargo, si los integrantes de la Corte Suprema firmasen ese
aserto, ya sabemos que no faltarían voces contra los miembros
                               231




de un poder por inmiscuirse opinando sobre los reglamentos de
otro poder.
                          En este aspecto, la Comisión carece
de autocrítica, porque endilga a nuestro mandante no haber
controlado a ciertos organismos que dependen del Poder
Ejecutivo como, por ejemplo, las dependencias del Ministerio de
Economía que, en marzo de 2003, dispusieron el pago de una
cifra sideral a Meller S.A. que jamás fue ordenada por la Corte y
sin advertir que el Poder Ejecutivo no adoptó los recaudos
oportunos para preservar los intereses del Estado. Pero, jamás
admitirá que ella no lo hizo y que, de haberse concretado ese
proceder fraudulento en el ámbito del Ministerio de Economía,
bien puede la Cámara de Diputados designar una comisión
investigadora para precisar las responsabilidades en el órgano
administrativo.
                          También    nosotros,   los   abogados,
podemos referirnos a las menciones acerca de la ética y pérdida
de imagen, que se leen en los documentos remitidos por esa
Comisión, con más soltura que nuestro representado.
                          Comprenderá el señor Presidente de
la Comisión que, cuando percibimos en los medios de prensa las
opiniones que emiten algunos de sus integrantes sobre la Corte
Suprema, de alguno de sus miembros o de las defensas y hasta
de nosotros, sus letrados, mal podemos tener confianza en su
buen criterio. en su equilibrio. Y menos, en algunos casos, sobre
el conocimiento de las reglas que conforman la buena educación
y cortesía, así como también los conocimientos sobre el derecho.
                               232




                           Por supuesto que nadie puede ser
ofendido porque, mediante un mero juicio de valor, se sostenga
que no conoce el derecho. Pero, cuando se permite criticar a
personas que ejercen el arte de abogar atribuyéndoles graves
faltas de ética, como el “chicanear”, se imaginará el señor
Presidente lo que pensamos.
                           Quizás, ingenuamente, creímos que la
fundamentación de los cargos se haría de manera civilizada, con
la altura propia que impone la cortesía, las buenas costumbres
que tipifican la convivencia democrática. Que se otorgaría un
plazo razonable para formular los descargos en función de la
trascendencia institucional de estas actuaciones. Sin agravios
personales y con un razonamiento lógico conforme a derecho.
Lamentablemente, no fue así. Pero esa ingenuidad, o si se quiere
absoluta convicción sobre las bondades que emanan de las
reglas morales, es la que nos impulsa a reiterar que se imponga
la sana reflexión y la sensatez en el curso de este paradójico
procedimiento.
                           Thomas Jefferson decía que una
República se constituye sobre hombres honestos y optimistas. Lo
primero, lo somos; lo segundo, tratamos de serlo.
                           Saludamos al señor Presidente,




OTROSI DECIMOS:
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                            Los plazos de suspensión y prórroga
que se piden resultan de: suspensión: debe suspenderse el plazo
mientras se agregan las actuaciones judiciales, administrativas y
documentación anexas en las que se dictaron las sentencias y
resoluciones, en mérito de las cuales se cuestiona la conducta de
nuestro representado.
                            No pueden responderse con plena
eficacia los cargos si no se agrega la documentación en que se
fundan.
                            Una vez agregadas estas actuaciones
y documentación, que debe consistir en más de 30.000 fojas (un
solo expediente, sin agregados, tiene más de 10.000), comenzará
a correr el plazo para completar la defensa.
                            Téngase en cuenta que sólo para leer
30.000 fojas, se requieren 30 días; y no menos de un plazo igual
para pensar y redactar las defensas correspondientes a los
hechos que surjan de tales documentos.
                            Reiteramos desde ya peticionar la
nulidad y las acciones de responsabilidad de toda índole que
deriven de la omisión de tener a la vista la documentación en
mérito de la cual se formulan los cargos; sin perjuicio de plantear
el caso federal por estos vicios.
                            Reiteramos nuestro saludo al señor
Presidente

								
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