El presidente del Consejo by aiPADj2I

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									SINTESIS DE PRENSA
11 de MARZO DE 2009

AGENCIA ACTA CTA

Puja distributiva
Contundente paro de estatales, judiciales y médicos
bonaerenses
Martes 10 de marzo de 2009, por Corresponsalía Buenos Aires *


La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), conjuntamente con la Asociación Judicial
Bonaerense (AJB-CTA) y CICOP, llevaron adelante hoy el paro en todo el territorio
bonaerense, con más del 90% de adhesión.




                                                    Los trabajadores y trabajadoras de la
administración pública, respondieron así a la absoluta insuficiencia de la propuesta de aumento
hecha por el Gobierno y a actitudes dilatorias para resolver en paritarias todos los temas que
tienen que ver con las necesidades de los compañeros.

El Secretario general de ATE Buenos Aires, Hugo “Cachorro” Godoy, expresó: “Hemos sido
convocados nuevamente para el próximo jueves, y queremos ir a esa reunión exigiendo el
respeto que merecen los trabajadores. Exigiendo que el aumento del salario recupere lo
perdido por la inflación y recupere en términos históricos cuestiones como la jerarquización de
los trabajadores del Estado, en los diversos sectores, tema que todavía esta pendiente, entre
otros”.

Además adelantó que “si esto no sucediera el próximo viernes 13 nos reuniremos todos los
secretarios generales de ATE de la provincia para decidir las nuevas medidas y profundización
de lucha para la semana próxima”.

El paro fue total en todos los sectores, en Salud, en Educación, en la Administración Central,
en los Institutos de Menores, y todas las dependencias de la Administración Pública Provincial,
asambleas, volanteadas, corte de la AU Ricchieri, fueron parte de esta jornada de lucha.
                                                  Por su parte, los trabajadores judiciales
protagonizaron una jornada de lucha junto a ATE y la Asociación Sindical de Profesionales de
la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA), gremios nucleados en la Central de
Trabajadores de la Argentina, ya que el Gobierno no los convocó a una discusión paritaria.

En los dieciocho departamentos judiciales se realizaron asambleas con retiro y reuniones en
los lugares de trabajo.

"Hace más de dos semanas le pedimos por escrito al Gobernador Scioli que, tal como se
comprometió a fin del año pasado, reabra la discusión salarial. No sólo no tuvimos respuesta,
sino que el Estado provincial intenta fijar un techo a la discusión a partir de la partiria docente,
donde encima formuló una propuesta irrisoria", señaló Hugo Blasco, titular de la Asociación
Judicial Bonaerense (AJB-CTA).

La Comisión Directiva Provincial del gremio resolvió también "profundizar el plan de lucha si la
semana próxima los trabajadores judiciales no cuentan con una propuesta concreta por parte
del Poder Ejecutivo".


Libertad y democracia sindical
Una nueva organización de trabajadores papeleros
se suma a la CTA en Misiones
Martes 10 de marzo de 2009, por Carlos Saglul *


Dos de los tres sindicatos que representan a los trabajadores papeleros de Misiones se enrolan
a la Central de Trabajadors de la Argentina con la incorporación del Sindicato de Obreros del
Papel Misioneros que se suma al de los motosierristas de Alto Paraná.




                                            Fabián Lescano, integrante de la conducción de
Sindicato de Obreros y Empleados de Papel Misionero y Lorenzo Barrientos, secretario general
del Sindicato Papelero de Wanda y secretario de Interior de la Central de Trabajadores de la
Argentina misionera dialogaron con ACTA sobre la realidad del sector.
Los dirigentes sindicales misioneros están en Buenos Aires participando en la sede de la CTA
de un plenario de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA-CTA).

Lescano es miembro de la conducción de un gremio que se ha sumado al que representa a los
motosierristas de Alto Paraná dotando de mayor organización y referencia a los trabajadores
de ese sector en el seno de la CTA.

Ustedes señalaban como reivindicación central de los trabajadores del sector la Ley de
Salubridad.

El actual diputado y ex secretario general del Sindicato de Papel Misionero, Federico Alvarez,
fue el propulsor de está iniciativa que ya tiene media sanción. En principio regirá en nuestra
provincia pero la idea es que se extienda a todo el territorio nacional. Apunta a reducir la
jornada laboral de 8 a 6 horas y adelantar la jubilación a los 55 años de edad para los
compañeros que tengan 35 años de servicio.

Hablemos de los fundamentos de la Ley.

En la producción de papel, la fibra es tratada con productos químicos que producen gases muy
nocivos para la salud. Hay también otros factores de contaminación como los que van a los
efluentes.

Desde el inicio de la crisis, los que más han sufrido son los trabajadores tercerizados.

En Wanda hay más trabajadores tercerizados que bajo convenio.Es una realidad que estamos
tratando de enfrentar.En la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo, hemos tratado de
limitar esta flexibilización exigiendo que los trabajadores tercerizados deban cobrar de los
contratistas igual que si dependieran directamente de la empresa. Eso los ha limitado bastante.
En nuestras empresas, no se habla de despidos, cosa que si sucede en otros puntos del país.

¿Qué pasa con el resto de las papeleras?.

Hay tres en Misiones. La restante es Papel Piray que está tomada por los obreros y en una
crisis que puede ser terminal. Es un tema de análisis ver como podemos auxiliar a los
compañeros de esa empresa.

Cierres, despidos, suspensiones suelen ser sinónimo de baja de salarios.

En Papel Misionero estamos por iniciar paritarias con la empresa. Si bien atendemos a lo que
negocia la Federación a nivel nacional, debemos reconocer que somos casi una isla a nivel
salarios. Hasta ahora por lo menos, hemos negociado en forma satisfactoria.

La industria papelera es casi sinónimo de contaminación después de lo de Botnia en
Uruguay y la política de los países centrales de trasladar al sur las industrias
contaminantes.

Papel Misionero lleva adelante una reconversión para reducir el impacto ambiental que implica
la producción de papel. Se está construyendo una planta de tratamiento de efluentes para no
contaminar el Paraná. Se controlan las emisiones de gases a través de las chimeneas. Nos
comprometimos a dejar de usar combustibles fósiles y cambiarlos por celulósicos, es decir
generar vapor a través de quemar la corteza del pino.

Es similar lo que pasa en Piray, pero hay que aclarar que la contaminación se reduce, no se
elimina. El olor a huevo podrido se siente por lo menos a 10 kilómetros.

Los efluentes siguen arrojando los desechos al río. Se hizo ahora un efluente más largo que
termina en la mitad del río. Es decir, no se ve desde la costa. La provincia supervisó esto que,
en realidad, lo que detiene es la contaminación visual. Los desechos van al río, sólo que no se
ven. Hablando de Botnia que tiene los métodos de punta, convengamos que no es lo mismo
desagotar en el caudal del río Uruguay que en el Paraná.

¿Quién ejerce los controles?

Ecología del gobierno provincial. Ellos dicen que están en orden. A nosotros no nos consta.
Convengamos que en la empresa lo que rige es la ganancia. Todos te dicen que cuando se
detecta un derrame, se detiene la producción. Es mentira. La producción no se detiene por
nada. Se ve como se disimula. Lo hacen todas las empresas.




DIARIO CLARIN



Pocos avances en la negociación con el campo y
habrá protestas
00:00

Los ruralistas cuestionan la falta de definiciones y calificaron como pobre la reunión de ayer.
Llamaron a realizar movilizaciones mañana al costado de las rutas. Pero igual volverán a
encontrarse con el Gobierno la semana que viene.

Por: Matías Longoni




Una enorme distancia separa lo que las entidades del campo reclaman de lo que el Gobierno
les ofrece. Esta situación --a un año de aquel malogrado proyecto de retenciones móviles que
puso en pie de guerra al sector rural--, explica por qué las incipientes negociaciones iniciadas
tres semanas atrás parecen haber ingresado ayer en vía muerta. La Mesa de Enlace calificó de
"pobre" la tercera reunión con los negociadores del Ejecutivo y quedó a la vuelta de la esquina
de un retorno a la protesta.

El martes próximo será un día clave. Como sucedió ayer, los ministros del Interior, Florencio
Randazzo, y de la Producción, Débora Giorgi, volverán a reunirse con Eduardo Buzzi
(Federación Agraria), Mario Llambías (CRA), Carlos Garetto (Coninagro) y Hugo Luis Biolcati
(Sociedad Rural). Estos expusieron un petitorio que dista mucho de lo que les concedió el
Ejecutivo. Las retenciones y la eliminación de las barreras a la exportación vuelven a ser
exigencias de un campo que se siente fortalecido frente a un Gobierno que ya no es el mismo
que cuando encaró esta pelea, en marzo de 2008.

Mañana, como antesala de dicha reunión, los ruralistas harán un medido acto en Córdoba.
Pero la Mesa de Enlace ayer dejó abierta la puerta para que los productores de todo el país
recuperen por un rato sus posiciones a la vera de las rutas que en su momento cortaron. La
provincia del Chaco, mientras se desarrollaba la reunión, se mantuvo ayer prácticamente
aislada del resto del país: cinco rutas sufrieron cortes intermitentes de parte de productores que
reclaman medidas de socorro por la sequía. La presión de las bases es evidente.

En conferencia de prensa, Randazzo se mostró "asombrado" por la reacción de las entidades
rurales. "La convocatoria a las rutas no contribuye a nada", resaltó. Y señaló que el Ejecutivo
cumplió en menos de una semana con todo lo que pactó con la Mesa de Enlace, tras aquella
reunión en la que apareció por sorpresa Cristina Kirchner. Buzzi, de inmediato, le bajó el tono a
los actos de mañana. En diálogo con Clarín, explicó que el sector sigue en estado de alerta y
movilización, pero que lejos está la Mesa de Enlace de querer saboterar estas negociaciones.
"El martes tiene que haber reunión", aclaró.

Puertas adentro, la reunión de ayer transcurrió en calma. En todo momento, Randazzo se
mostró sumamente conciliador. Ante cada planteo de los agropecuarios, preguntaba: "¿Y esto
cómo lo solucionamos?". Para muchas cuestiones menores, se encontraban alternativas. Claro
que el frente oficial hacía agua ante los planteos de fondo que realizó ayer el sector. La Mesa
de Enlace pidió que se eliminen las retenciones al trigo, el maíz, el girasol y el lino, y que se
rebaje de 15 a 5% el tributo para los cortes vacunos de exportación. También exigió la
"normalización" del comercio de granos y carnes. "Tenemos que estudiarlo", decían los
ministros ante esos embates.

Respecto de las retenciones a la soja, el agro se resignó a que el asunto sea tratado en el
Congreso. Esto valió un cruce entre Llambías y el ministro del Interior, cuando el primero le
pidió al segundo que el oficialismo brinde quorum.

"Esta situación se resuelve con plata, así de simple", señaló Buzzi. "Hay malestar en el interior
y un conflicto en el umbral de nuestras puertas", agregó Garetto. "Cuando se puede decir que
sí, se dice sí. Pero cuando no se puede, se dice no", replicó Randazzo.

Giorgi, a su lado, enumeró las medidas tomadas hasta ahora y afirmó que el costo para el
Fisco será de $1.400 millones. Los agropecuarios reclaman bastante más, que se les devuelva
parte sustancial de las retenciones que pagan, y que suman $20.000 millones.

En Olivos, donde hoy parece existir vocación para desactivar el conflicto rural, no hubo
reacciones airadas frente a la posibilidad de que las entidades decidan volver a la protesta.
Todo lo contrario, se instruyó a Giorgi y Randazzo para que muestren que se está haciendo
todo lo posible por cumplir con las demandas, siempre en el marco de la crisis internacional.
También hubo satisfacción por el desempeño de los nuevos negociadores ante el campo.

Anoche, ante insistentes versiones que daban cuenta de que el secretario de Comercio,
Guillermo Moreno, volvía a presionar a operadores de la carne (incluso suena fuerte el rumor
de la intervención de Liniers), Randazzo hizo gala de ese respaldo de la Rosada: "Los únicos
responsables de la negociación somos nosotros", afirmó.




La Corte pide $ 500 millones para agilizar los
juicios por la represión
00:00

Es para contratar a 900 empleados que reforzarán los juzgados que llevan esas causas y otros.

Por: Lucio Fernández Moores




Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pedirán hoy personalmente al jefe
de Gabinete, Sergio Massa, que autorice el uso de 500 millones de pesos del Poder Judicial
para contratar 900 empleados y poder reforzar así los tribunales nacionales. El objetivo
principal es acelerar las causas de derechos humanos, aunque la mejora presupuestaria
servirá para toda la Justicia en general.

"No es un refuerzo presupuestario. Son partidas asignadas al Poder Judicial que por distintos
motivos no se utilizaron. Están depositada en el Banco Nación pero se necesita la autorización
del jefe de Gabinete y del ministerio de Economía. Y el que lo ejecuta es el Consejo de la
Magistratura, donde hay un control grande del Gobierno", explicó anoche una fuente del
máximo tribunal a Clarín.

La Corte ya le había hecho este pedido a Massa por nota, hace diez días, pero nunca se
recibió una respuesta, aseguraron en el Palacio de Justicia. "Pareciera que los canales
institucionales aquí no funcionan y sólo se reacciona a través de los diarios", expresó sin ironía
la fuente consultada en la Corte.

"No pueden pedirnos que lo hagamos nosotros cuando las facultades son de ellos",
respondieron en la Corte a los reclamos de ejecución de ese presupuesto que hicieron los
representantes oficialistas en el Consejo de la Magistratura. En el fondo subyace una vieja
disputa de la Corte con el Consejo de la Magistratura, el órgano que el Gobierno reformó hace
tres años con fuertes críticas de la oposición.

El encuentro con Massa se iba a hacer ayer mismo a la tarde, pero a pedido del jefe de
Gabinete se postergó, según dijeron en Tribunales. Massa irá hoy a la tarde al Palacio de
Justicia, aseguraron anoche fuentes de la Casa Rosada.

Massa fue uno de los funcionarios del Gobierno que participaron del cruce verbal con jueces de
la Corte por la situación del Poder Judicial. En su caso cuestionó a una fiscal y un juez
provinciales por la liberación de detenidos.

Anoche, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y la vicepresidenta de la Corte, Elena
Highton, hicieron declaraciones contemporizadoras para bajarle el tono a la disputa (ver
"Señales...").

En esa línea, el máximo tribunal formalizó la invitación a los otros poderes del Estado para
crear una comisión que analice la manera de agilizar los juicios por los crímenes de la
dictadura reabiertos tras la anulación de las leyes del perdón, en 2004. La invitación, que se
había resuelto la semana pasada, es al Ejecutivo, el Senado, Diputados, el Consejo de la
Magistratura y la Procuración General.

Aun así, en su habitual reunión semanal de los días martes, los jueces de la Corte (faltaron
Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi) respaldaron ayer a su colega Carmen Argibay. La jueza se
había quejado por la falta de presupuesto para el Poder Judicial. Fue una respuesta a la
presidenta Cristina Fernández, quien había dicho que era "la hora de la Justicia" en materia del
juzgamiento de los represores.

"Lo que dijo Argibay es lo que piensan todos los jueces de la Corte. Ella dijo lo que hubiera
dicho cualquiera de los otros jueces. Esto es una política de Estado y no una cuestión
electoral", expresó una fuente del tribunal. Igualmente, en la Corte consideran que no se
necesitan más cruces públicos sino "resolver los problemas".

El máximo tribunal dispuso una serie de medidas, además de la convocatoria a la comisión.
Pedirá un informe a cada uno de los tribunales que tiene causas por el terrorismo de Estado. Y
publicará esos informes en internet. Algo similar ya hicieron la Cámara de Casación, la
Procuración General y el Consejo de la Magistratura.

La Corte también pedirá a los tribunales orales un cronograma de los juicios que tienen a su
cargo por estos temas. Y a los de instrucción, que informen cuándo estiman elevar a juicio las
causas en las que hay detenidos por crímenes de lesa humanidad.

La idea que se baraja en Tribunales es la de reasignar causas para descomprimir los tribunales
tapados de trabajo. El caso paradigmático es el Tribunal Oral Federal 5 porteño. Tiene las
megacausas ESMA y Cuerpo I de Ejército.

Pero también faltan jueces titulares (deben salir por concurso del Consejo de la Magistratura) y
conjueces (el Gobierno debe conformar un listado).
Apuran la presentación de la nueva Ley de
Radiodifusión
00:00

Por: Clarín.com




La presidenta Cristina Fernández presentaría el miércoles próximo el proyecto kirchnerista para
una nueva Ley de Radiodifusión, hicieron trascender ayer fuentes del oficialismo en la Cámara
de Diputados. La versión, que también circuló por la Casa Rosada, señaló que el escenario
elegido por la mandataria para la presentación será el Teatro Argentino de La Plata. Fue allí
donde Cristina Fernández presentó su candidatura presidencial.

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado domingo 1 de
este mes, la Presidenta aludió a la iniciativa en cuestión: "Enviaremos al Congreso todos
aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exijan. Algunas viejas deudas también de
la democracia argentina, como la reforma de la Ley de Radiodifu-sión, el cambio definitivo de
esa vieja deuda de la democracia", dijo en su discurso.

El año pasado, distintos dirigentes del oficialismo anunciaron la presentación del proyecto de
ley, pero finalmente la iniciativa fue postergada, al parecer, para el actual ciclo legislativo.
Aquellos anuncios fueron acompañados por seminarios organizados en la Biblioteca Nacional,
y por otras actividades impulsadas por la CGT (dirigidas por el judicial, Julio Piumatto,
secretario de Derechos Humanos de la central obrera).

El acto a realizarse la semana que viene sería el inicio de otra serie de iniciativas, todas
dirigidas a abrir el debate en organizaciones gremiales y sociales. Después de este proceso, el
Ejecutivo enviaría al Congreso el proyecto de ley para avanzar en su tratamiento.

Ayer la Presidenta se reunió en la Quinta de Olivos con el titular del Comité Federal de
Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, que está trabajando en la redacción del proyecto.

Desde la oposición política parlamentaria, ya hubo voces de alerta sobre la iniciativa oficial.
"Queremos que se trate un proyecto de radiodifusión que tenga garantías de transparencia",
comentó la diputada nacional radical, Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertad de
Expresión. A su vez, Francisco de Narvaéz (peronista disidente), señaló: "Ojalá que el debate
se haga en el marco de una discusión amplia y no como condición de apriete a algunos
medios". Al propósito de esta advertencia, anteayer, el ex presidente Néstor Kirchner se mostró
disgustado con la prensa por su cobertura sobre las elecciones catamarqueñas, donde el
kirchnerismo resultó ampliamente derrotado.




Nuevo planteo empresarial para postergar las
paritarias
00:00

Lo hizo un directivo de la UIA, que dijo que la prioridad debe ser conservar el empleo.

Por: Clarín.com
"¿Qué es preferible, conservar los trabajos o hablar de aumentos?". Con esta frase, el
secretario general de la Unión Industrial Argentina, Juan Sacco, buscó sintetizar la posición de
la central fabril en materia salarial. Fue justo en el momento en que algunos gremios iniciaron
la negociación paritaria con reclamos que exceden las expectativas patronales.

"Los próximos seis meses serán durísimos. Esto es algo que lo reconoció inclusive (el
presidente de Estados Unidos) Barack Obama. Así que no es momento para hablar de
aumentos salariales", planteó ayer el dirigente en declaraciones radiales. "¿Qué es preferible,
conservar los trabajos o hablar de aumentos?", remató.

En este marco, ayer se reunió la paritaria de los encargados de Edificios de Renta (porteros).
Tal como como adelantó a Clarín el titular del sindicato, Víctor Santa María, el SUTERH
concretó el pedido de un aumento salarial del 25% para este año.

La difusión del porcentaje de ajuste reclamado por el gremio de los porteros generó de
inmediato las quejas de los representantes de los consorcios que lo consideran excesivo y
argumentan que tendría un impacto negativo en las expensas. Sin embargo, según pudo saber
este diario, no hubo hasta el momento reacción alguna desde la Casa Rosada, donde se
pretende mantener las apetencias sindicales dentro de una pauta "prudente".

La negociación por el sueldo de los porteros pasó a cuarto intermedio para mañana, pero se
estima que podría alcanzarse algún acuerdo hacia fin de mes. Las partes quieren dejar cerrado
el convenio este mes para que lo que se acuerde entre a regir con el pago de los sueldos de
marzo y evitar más adelante el pago de sumas retroactivas.

Los dirigentes de la industria aparecen hasta ahora como los más interesados en postergar la
discusión salarial hasta tanto se aclaren mejor los alcances de la crisis internacional y sus
efectos sobre la Argentina. Pero sus preocupaciones frente a la coyuntura no se limitan sólo a
lo salarial. Por eso, Sacco elogió la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
de pedirles a los embajadores que promuevan en el extranjero las ventas de productos
fabricados localmente. Como una forma de paliar la caída del consumo y la producción interna.

Osvaldo Rial, uno de los vicepresidentes de la UIA, agregó en que "hay que ir ajustando" el
valor dólar para no perder competitividad. "Brasil, Chile o México, donde va la mayoría de las
exportaciones argentinas, han devaluado entre 40 y 60 por ciento, eso afecta la competitividad
de la industria nacional", destacó.

Por otro lado, el también presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires
(UIPBA) se refirió además a la preocupación de los industriales por las tasas de interés. Puso
de relieve que "las tasas son tremendamente abusivas, de 40% anual", y advirtió que "así no
hay economía que pueda funcionar". Y dijo: "El nivel más bajo de crédito del mundo está en la
Argentina, con 11% o 12 % del PBI" destinado a financiar la economía, dijo.




Apuran la reestatización de la fábrica de aviones
de Córdoba
00:00

Por: Marta Platía




Todo está listo para que el próximo martes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
anuncie, con bombos y platillos en su tercera visita a esta provincia en menos de un mes, la
reestatización del Area Material Córdoba. La legendaria Fábrica Militar de Aviones que, desde
hace más de una década, está bajo la concesión de la norteamericana Lockheed Martin Aircraft
Argentina. Este cambio de manos le costaría al Estado unos $ 110 millones.

Mientras que en el Congreso aguardan que la presidenta envíe el proyecto que devolverá a la
Nación el Area Material Córdoba (AMC), como aquí se conoce a la planta de camino a Carlos
Paz; voceros de la Lockheed que pidieron reserva para sus nombres, le aseguraron a Clarín
que "la Lockheed no le cree nada al gobierno hasta que las cosas se concreten y cumplan lo
que dicen que harán y pagarán". Un anuncio que tienen entre ceja y ceja cuando, hace poco
menos de un año, la ministra de Defensa, Nilda Garré, adelantó las intensiones del gobierno de
recuperar la fábrica. "Por el momento nosotros prestamos servicios en dos contratos -
precisaron a este diario desde la empresa--: el mantenimiento de los aviones de la Fuerza
Aérea, y la fabricación de los aviones Pampa, de los que ya entregamos 6 de los 12 pautados".
Actualmente, en el inmenso predio, trabajan 1.100 empleados.

Entre los planes que el gobierno kirchnerista tiene para el AMC, destaca que en sus hangares
se haga el mantenimiento de las flotas de Aerolíneas Argentinas y Austral; además de la
continuación del armado de los IA-63 Pampa. También se anunció que Embraer, de Brasil,
podría fabricar partes de su avión E-170 en suelo cordobés, aunque desde afuera y desde
adentro de la Lockheed descreen de un futuro convenio y citan, a modo de prueba, que la
central brasileña ha despedido "casi 5 mil trabajadores en los últimos meses".

Por lo pronto, a la Lockheed, parecen agotársele sus días en tierras cordobesas, si el Congreso
Nacional le da curso al envío presidencial en los dos meses siguientes de recibido el proyecto;
para agosto el predio estará nuevamente en manos del Estado.

Pero no sólo de aviones se trata la visita de la presidenta a Córdoba el próximo martes. Ya
estuvo en Villa Dolores a fines de febrero; y en Villa María, el jueves pasado. ¿El objetivo de
tanta presencia? Ponerle su sello personal a una alianza que estima crucial para pelear las
elecciones legislativas de octubre: la que intenta tejer entre el gobernador Juan Schiaretti y el
intendente capitalino Daniel Giacomino; y disputarle así los números a la inminente unión entre
el verborrágico Luis Juez, del Frente Cívico y Social, y el titular del radicalismo cordobés, Mario
Negri quienes irían primeros en la intención de voto; seguidos por los "radicales puros" Rubén
Américo Martí y Ramón Mestre (h).

Hace pocos días, en la inauguración de un nuevo tramo de la autopista Córdoba-Rosario en
Villa María, Cristina le prodigó numerosos guiños de amistad a Schiaretti, a quien llamó
directamente "Juan". Mientras y desde la platea, Giacomino, con la actitud del soldado con que
gusta autodefinirse, les aplaudió cada palabra.




La Corte, a un voto de despenalizar el consumo
personal de drogas
00:00

Solo resta que el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, emita su posición. Trascendió que
se sumará a la mayoría, que está a favor de considerar inconstitucional la ley que castiga la
tenencia para uso personal de estupefacientes.

Por: Silvana Boschi




El fallo de la Corte Suprema que despenalizaría la tenencia de droga para consumo personal
está demorado por un voto. Aunque estaba previsto que fuera firmado en estos días, tal como
informó Clarín en diciembre, fuentes del Tribunal aseguraron que aún falta que el presidente de
la Corte, Ricardo Lorenzetti, termine de redactar su propuesta.

Lorenzetti votaría en sintonía con la mayoría de sus colegas, a favor de la despenalización,
pero prepararía un borrador con argumentos propios. Además, desde el tribunal no descartan
que, una vez reunidos los borradores de todos los jueces, se decida aguardar al momento "más
oportuno" para sacar este fallo, que seguramente desatará una fuerte polémica.
Por ese motivo, los jueces, y particularmente Lorenzetti, quieren dejar en claro que el fallo no
implicará que los adictos sean despojados de la asistencia del Estado. Y también les interesa
transmitir que es muy distinto avalar la despenalización de la tenencia de droga para consumo
personal –como hará la Corte– que despenalizar el tráfico de drogas, como han insinuado
algunos sectores que ven con malos ojos este fallo.

La decisión de la Corte coincide con la posición del Gobierno sobre la legalización de la
tenencia de drogas para consumo. Esta postura consiste en reemplazar la sanción penal por la
asistencia médica, y optimizar así los recursos de la justicia para investigar y condenar a los
vendedores de estupefacientes. Recientemente, varias Cámaras de apelaciones adoptaron
esta postura, que cuenta con el apoyo de muchos jueces. Ocurre que en los juzgados federales
una buena parte de los recursos son destinados a las causas contra portadores de pequeñas
cantidades, mientras se reducen los recursos para investigar a los proveedores de droga.

Según cifras de la Justicia, el 47% de las causas por drogas del país son contra portadores de
pequeñas cantidades.
La posición de la Corte sobre este tema tuvo sus idas y vueltas a los largo de la historia. En
1978, durante la dictadura, estableció en el caso "Colavini" que era constitucional sancionar la
tenencia de drogas para uso personal. En 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Corte
firmó el fallo "Bazterrica", donde opinó lo contrario, y declaró inconstitucional la penalización de
la tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades. Luego, en 1990, durante el gobierno
de Carlos Menem, una Corte con otra composición retomó el criterio del caso "Colavini" y volvió
a penalizar la tenencia.

Ahora, la Corte planea volver a los argumentos del fallo "Bazterrica" y despenalizar la tenencia
por tratarse de "actos privados de los hombres, que no ofenden la moral pública o afectan a
terceros", y por lo tanto escapan a la acción de los jueces, como establece el artículo 19 de la
Constitución. Sostendrán, en cambio, que estos casos son objeto de la asistencia médica.
Entre los primeros jueces de la actual Corte que elaboraron su voto en este sentido están Raúl
Zaffaroni, autor del primer borrador, y Juan Carlos Maqueda. Los otros miembros de la Corte
que apoyarían este fallo son Enrique Petracchi, quien en 1986 firmó el caso Bazterrica y avaló
con argumentos propios la despenalización; Carmen Argibay, Lorenzetti y Elena Highton. El
séptimo juez, Carlos Fayt, votaría en disidencia, como ya lo hizo en 1986 y en 1990, cuando
avaló la penalización.

El caso que eligió la Corte fue iniciado por dos personas, Villacampa y Mindurry, quienes
apelaron una sentencia de la Justicia de Rosario, confirmada luego por la Cámara de
Casación, que los condenó a uno y dos meses de prisión en suspenso por "tenencia de
estupefacientes para consumo personal". La causa se había iniciado luego de que la policía los
encontró con un cigarrillo de marihuana a cada uno.




DIARIO PAGINA 12


Los ruralistas volvieron a pedir baja de retenciones y apertura total de los mercados de
exportación


Otra vez el cuento de la buena soja
Pese a las concesiones oficiales, los empresarios se volvieron a mostrar
disconformes y convocaron a movilizarse mañana en las rutas del país.
“El cuestionamiento a las retenciones a la soja es una bandera que no
vamos a bajar”, dijo Buzzi.

Por Fernando Krakowiak
 La tercera fue la vencida. Luego de dos reuniones en las que se habían logrado acordar
medidas para incentivar la producción de trigo, carne, leche y economías regionales, el
Gobierno y la Mesa de Enlace volvieron a confrontar ayer al término de un nuevo encuentro.
Los ruralistas se mostraron disconformes debido a la negativa oficial a aceptar rebajas en las
retenciones a la soja, girasol y carne, bajas adicionales en trigo y maíz y la apertura total de los
mercados de exportación. Para expresar ese malestar y celebrar el primer aniversario del inicio
del lockout que forzó la derogación de la Resolución 125, convocaron a los productores a
concentrarse mañana en las rutas del país. Pese a haber frenado entonces el aumento en las
retenciones a la soja y haber conseguido luego varias concesiones por parte del Gobierno, la
consigna de la movilización será “A un año y sin respuestas”. El ministro del Interior, Florencio
Randazzo, se mostró sorprendido por la reacción y aseguró que “la convocatoria a las rutas no
contribuye en nada”.

Desde el inicio de esta nueva ronda de negociaciones, el Gobierno dejó en claro que no estaba
dispuesto a conceder rebajas en las retenciones a las exportaciones de granos. Al ser
consultados sobre la posibilidad de reducir la alícuota a la soja, los funcionarios dijeron que en
el actual contexto de crisis internacional eso suponía quitarles recursos a otros sectores que
recientemente recibieron aumentos en sus ingresos, como los jubilados y los maestros.
Cuando les preguntaron por las retenciones al trigo y al maíz, argumentaron que hace menos
de dos meses otorgaron una rebaja de cinco puntos para esos cultivos, la cual fue
acompañada por la implementación de un programa que contempla recortes adicionales a
medida que la producción aumenta.

Esa negativa hizo que la negociación durante los dos primeros encuentros se focalizara en
lácteos, economías regionales, carne y trigo, aunque en estos dos últimos casos sin hablar de
retenciones. Pese a ello, los dirigentes rurales se mostraron conformes con la propuesta oficial
y hace apenas una semana firmaron un acta-acuerdo que contempló la eliminación de las
retenciones a los lácteos, subsidios a los tamberos, rebajas de un 50 por ciento en las
retenciones de economías regionales, aumento del precio de referencia del trigo destinado al
mercado interno, apertura gradual del registro de exportación de ese cultivo, aumento de la
cuota anual de exportación de carne y reducción del encaje que les exigen a los frigoríficos,
entre otras medidas.

Para evitar cuestionamientos sobre demoras en la implementación, algo que en otras
ocasiones había sido cuestionado por los productores, en el Gobierno trabajaron contra reloj y
sólo seis días después de los anuncios se publicaron once resoluciones oficializando las
medidas. El esfuerzo que realizaron la ministra de Producción, Débora Giorgi, y el secretario de
Agricultura, Carlos Cheppi, para cumplir con lo prometido no fue reconocido por los dirigentes
de la Mesa de Enlace, los cuales comenzaron a endurecer su discurso durante la semana a
medida que los grupos más intransigentes mostraron su disconformidad con lo que se había
firmado.

Primero realizaron cuestionamientos sobre la redacción confusa de un par de puntos de las
resoluciones, luego se quejaron por la supuesta intervención del secretario de Comercio
Interior, Guillermo Moreno, quien habría estado presionando a frigoríficos para que no
convaliden subas de precios en el Mercado de Liniers y ayer por la mañana, antes de la
reunión, remarcaron que volverían a insistir con las retenciones a los granos, pese a que
conocían la negativa oficial.

Ese preámbulo hizo prever un nuevo desencuentro con el Gobierno, que se terminó haciendo
público a poco de terminar la reunión. “Hubo escasos resultados y hemos dejado planteada la
enorme preocupación que tenemos”, afirmó el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi,
apenas lo consultaron sobre los resultados de la negociación. A continuación mencionó
rápidamente algunos de los temas que se habían tratado en el encuentro, minimizándolos, y
volvió a insistir sobre la necesidad de rebajar las retenciones. “Es una bandera que no vamos a
bajar”, dijo. También reclamó una rebaja de los aportes patronales y una “readecuación” de los
contratos laborales que, según su visión, en la actualidad fuerzan a muchos productores a
tener a sus trabajadores en negro.

Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales, también se quejó por las retenciones a la
soja y aseguró que le pidieron a Randazzo que el Gobierno al menos diera quórum en el
Congreso cuando la oposición trate un proyecto que prevé rebajas en la alícuota. Hugo Biolcati,
titular de la Sociedad Rural, por su parte, criticó la intervención que realiza la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario (Oncca) en los mercados agrícolas. “Mientras el comercio
dependa del otorgamiento discrecional de los ROE, todo es cartón pintado. Hay que terminar
con ese monstruo y devolverle a la Oncca su función original”, remarcó.

La respuesta no se hizo esperar. Randazzo y Giorgi ofrecieron una conferencia de prensa
cerca de las 21, en la cual se mostraron sorprendidos por la reacción de las entidades. Ambos
funcionarios aseguraron que el encuentro había sido cordial y que durante el mismo habían
atendido a todos los requerimientos de los productores, salvo los reclamos referidos a las
retenciones y los pedidos para que haya una menor regulación del Estado en los mercados.

Giorgi afirmó que aclararon los reclamos que surgieron a partir de la publicación de las
resoluciones sobre carnes, leche y trigo, que les dieron el visto bueno a 18 expedientes de
emergencia agropecuaria que establecen el diferimiento impositivo y la refinanciación de los
créditos del Banco Nación en distintas provincias, que presentaron un anteproyecto de ley que
prevé un estímulo fiscal para incentivar la producción de novillos pesados y que avanzaron con
nuevas medidas para incentivar la producción de miel, lana, madera, té, yerba y maní.
“Podemos mostrar que seguimos trabajando, aunque a veces parece que no alcanza”, afirmó la
ministra. Randazzo, por su parte, remarcó que es esperable que los productores consideren
insuficientes las concesiones otorgadas porque la función del Gobierno es responder a las
necesidades del conjunto de la población y no sólo de un sector.




Opinión


Fuera de foco
Por Alfredo Zaiat

Los debates económicos y las presiones del poder para conseguir beneficios y recursos del
Estado permiten observar qué intereses están en juego y qué sector social se privilegia. En
épocas de bonanzas esas definiciones quedan en un espacio de confusión para la mayoría
porque la mejora se generaliza, aunque en un análisis fino surge que algunos reciben más que
otros. Además de esas cuestiones estructurales que fueron escasamente visibilizadas en
épocas de vacas gordas, en el año que hoy cumple la fallida Resolución 125 se han ido
incorporando batallas políticas y de pujas con medios de comunicación que han sumado una
mayor confusión. En cambio, en el período de la reversión del ciclo gatillada por la crisis global,
la tensión por la distribución del ingreso queda más expuesta, como también la presión de
lobbies para favorecer a determinado grupo económico en tiempos de vacas flacas.

En el actual estadio del conflicto con los representantes de la trama multinacional sojera, se
expone la evidente preferencia de gran parte de la oposición y de variados analistas por un
sector del capital que no es ni ha sido desfavorecido en los últimos años. Esa medida sobre el
rendimiento económico debe ser comparada en relación con otros sectores mayoritarios que no
han gozado de la fortuna de la naturaleza ni de las extraordinarias condiciones del mercado
internacional. Y también vinculada con el nivel de incumplimiento fiscal y de negreo de
producción y de trabajadores, categorías que ubican al rubro agropecuario en un lugar
destacado. Las retenciones en ese cuadro de contribuyente terminan actuando como sustituto
a la extendida informalidad impositiva del sector. Ignorar esos aspectos, como ha sido
frecuente a lo largo de estos doce meses desde posiciones conservadoras y de cierto
progresismo prolijo, ofrece más pruebas de esa elección por los ganadores.

El Gobierno no ha colaborado para transparentarla porque, más allá de enfáticos discursos
acerca de la distribución de la riqueza, ha carecido de capacidad para exhibir una política
agropecuaria de mediano y largo plazo, además de exponer el desacierto de dispersar
interlocutores que se peleaban por espacios de poder, se contradecían en el mensaje y
también en la implementación de medidas sectoriales.

Este proceso traumático, que en el primer aniversario del lanzamiento de la 125 lo hace
regresar con intensidad, está agudizado por una Mesa de Enlace desgastada, dividida y con
menor simpatía en los centros urbanos. El conflicto queda de ese modo fuera de foco ante el
nuevo escenario económico. La convocatoria de la oposición a una sesión especial para bajar
las retenciones a la soja, del mismo modo que lo hacen dirigentes de lo que fue una
Federación Agraria que representó a pequeños productores y agricultores familiares y hoy es
socia de las reaccionarias Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, muestran la elección por
una porción privilegiada del capital.

Ante un mundo que está viviendo la mayor crisis del capitalismo global, que ofrece una
inquietante dimensión de lo desconocido, la comarca de la política doméstica tiene como
preocupación casi exclusiva el mundo campo, que no se inhibe en expresar su carácter
conservador y regresivo. En el nuevo escenario económico queda así fuera del debate la
preservación del empleo, del ingreso de la población más vulnerable y del riesgo de que se
agudice el problema de la pobreza y la indigencia. Se trata de una elección a favor del poder
económico y en estos días muchos la exponen sin vergüenza.




El Gobierno presenta la semana que viene un anteproyecto de ley de Radiodifusión


Los medios en el centro del debate
El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual buscará
reemplazar la norma vigente. Será presentado en el Teatro Argentino de
La Plata por la Presidenta y el titular del Comfer. Está previsto realizar una
ronda de consultas con foros y talleres.

Por Martín Piqué
 La decisión se había tomado hace varios días y se intentó mantener en secreto para no
conspirar contra el efecto sorpresa. Esto es: la tendencia habitual del Gobierno a impactar con
anuncios que ocupen la agenda mediática. La presidenta Cristina Fernández presentará el
anteproyecto de la nueva ley de Radiodifusión el próximo miércoles 18, con un acto en el
Teatro Argentino de La Plata. La presentación tendrá un marco institucional: en el palco se
sentarán todos los miembros del gabinete, también los gobernadores, tanto oficialistas como
opositores. Habrá invitaciones para todos, aunque el Ejecutivo descuenta que algunos
preferirán faltar. El acto está programado para las 18 y, en principio, tendrá sólo dos oradores:
el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y por supuesto, la Presidenta. Ambos insistirán con
un mensaje central. El anteproyecto será sometido a un debate abierto con todos los partidos
políticos. Y el debate se ampliará a todo el país. Está previsto realizar una ronda de consultas
que funcionará a través de foros y talleres de comunicación.

El anteproyecto lleva por título “proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual”. Se
trata de un texto que hasta ahora tiene 100 páginas y cuenta con abundantes citas de
legislación comparada. Es lo que en el derecho suele llamarse una “ley anotada”, un proyecto
que para defender sus reglamentaciones se ampara en legislaciones que rigen en otros países.
En este caso, el texto menciona leyes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y
Uruguay. El anteproyecto se está terminando de delinear en las oficinas del Comfer. Sus
reglamentaciones más importantes son:

- Reduce la cantidad de licencias de servicios que puede detentar un mismo operador. Según
la ley actual, una empresa puede tener hasta 24 licencias. La idea es disminuir esa cifra a 10 o
12.

- Establece una división del espectro de frecuencias disponibles, en radio y TV, entre el sector
privado comercial, el sector privado sin fines de lucro (universidades, cooperativas, ONG,
iglesias) y el sector público (Estado nacional, provincial y municipal).

- Determina que la TV por cable debe ser considerada un servicio público, y no un servicio
complementario, como fija la ley vigente. El cambio permitiría que el Estado pueda supervisar
las tarifas que cobran las empresas que se dedican al rubro, que se caracteriza por la
concentración.

- Promueve que la digitalización favorezca la pluralidad de voces en vez de potenciar la
concentración. La norma japonesa de TV digital, ya implementada por Brasil, sería más útil
para este objetivo, aseguran.

- Levanta la prohibición existente para que las operadoras de telecomunicaciones –léase
Telefónica y Telecom– puedan incorporarse al negocio de la radiodifusión con vistas al triple
play (la posibilidad de brindar servicios de teléfonos, Internet y TV en un mismo soporte).

A la presentación fueron oficialmente invitados los gobernadores, legisladores nacionales del
oficialismo y la oposición, la jerarquía de la Iglesia Católica, también representantes de las
religiones judía y musulmana, las entidades empresarias de la comunicación (Adepa, Adira,
Arpa, ATA, Atvc), los secretarios generales de la CGT y la CTA, sindicatos del área, la
comunidad universitaria nacional, las entidades que integran la Coalición por una Radiodifusión
Democrática, una multisectorial que pugna por la sanción de una nueva ley democrática.

También se invitó a los embajadores de los países que aparecen citados en los párrafos de
legislación comparada. Si los diplomáticos invitados hacen honor a las invitaciones, en el teatro
se podrá ver al embajador estadounidense, Earl Anthony Wayne, habitual visitante de varios
propietarios de medios de la Argentina. La convocatoria se completará con miembros de los
pueblos originarios que tienen radios cuya programación es transmitida en lengua indígena.
También se espera que asistan el arzobispo Jorge Bergoglio, a quien el Gobierno invitó en
calidad de titular del Episcopado, y el arzobispo de Mercedes, Agustín Radrizzani. La presencia
de Bergoglio, que nunca tuvo demasiada empatía con el kirchnerismo, sería algo inédito.

El Teatro Argentino de La Plata es un lugar muy caro al kirchnerismo. Se trata, si hace falta
recordarlo, del escenario preferido por el matrimonio presidencial para las ocasiones
importantes. En sus instalaciones se lanzó la candidatura a senadora de Cristina Fernández en
2005, también allí se presentó la postulación de CFK para ocupar la Presidencia. Dentro de
diez días, el teatro con mejor acústica del país –según algunos entendidos, compite con el
Teatro Colón– será la plataforma de lanzamiento del nuevo proyecto oficial. En la Casa Rosada
intuyen que el anteproyecto puede despertar resistencias entre los diversos sectores que se
consideren perjudicados.




Pedido de los organismos de DD.HH. al Consejo de la Magistratura


En plan de apurar los juicios
Frente a las demoras en los procesos a los represores, solicitaron que se
controle a los jueces. También plantearon la necesidad de unificar
causas, abrir los archivos del Estado y participar en la comisión
interpoderes que impulsa la Corte.

Por Adriana Meyer
 Un grupo de organismos de derechos humanos estuvo ayer en el Consejo de la Magistratura
y, como ya lo había hecho en la Casa Rosada y también en la Corte Suprema, volvió a plantear
su preocupación por la demora de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura.
“Necesitamos que los juicios no sean eternos”, dijo Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo
línea Fundadora, mientras que Rosa Roisinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo, coincidió en que
“hay que apurar los juicios porque hay más de 400 nietos por recuperar”. Los consejeros fueron
interpelados para que controlen la labor de los jueces y acusen a quienes no cumplan, y
recibieron el documento donde los organismos plantean la necesidad de unificar causas, abrir
los archivos del Estado y participar en la comisión interpoderes que impulsó la Corte, a
propuesta de ellos.

La necesidad de crear un ámbito en el que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
establezcan una “estrategia estatal” para acelerar los procesos sobre los delitos cometidos por
los sicarios del Estado había sido escuchada por Cristina Fernández de Kirchner el 18 de
febrero, y por los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco días
después. El máximo Tribunal recogió el guante y envió la convocatoria oficial para que esa
comisión empiece a funcionar. Madres, Abuelas, APDH, Herman@s, Familiares, LADH, MEDH
y Serpaj quieren que sea un ámbito público en el que los organismos puedan presenciar las
reuniones.

Con el actual ritmo de sentencias anuales habría juicios a los represores hasta 2025. En su
documento, los organismos manifestaron que estos procesos se deben desarrollar bajo “una
premisa irrenunciable: se debe juzgar a todos los represores por todas las víctimas”.

El presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, los recibió con un discurso de tinte
republicano, mientras que las palabras de la consejera Diana Conti fueron más combativas.
“Hay resistencia en muchos jueces, son lentos a propósito y así cometen mal desempeño y el
Consejo de la Magistratura actúa. Eso no es conflicto de poderes”, había argumentado Conti,
en alusión al cruce entre la Rosada y la Corte, antes de ingresar a la sala de acuerdos, que
permaneció cerrada a pedido de los organismos.

Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, planteó la falta de
sanción al Tribunal Oral Federal 5 y al juez Sergio Torres por el asesinato del represor Héctor
Febres. El año pasado el Consejo desestimó el juicio político contra esos magistrados, y por
eso los organismos no esperan que prospere el nuevo pedido de enjuiciamiento que hizo la
Secretaría de Derechos Humanos, aunque no descartan que el viento político haya cambiado.
Rosenblum también expresó la preocupación por el cambio de juzgado de la causa por la
desaparición del testigo Jorge Julio López, y, una vez más hubo silencio en la sala. Sí
reaccionaron ante la indefinición del juicio por el asesinato de Floreal Avellaneda. Llamado
telefónico mediante, informaron que comenzará el 15 de abril en San Martín. Los consejeros
estuvieron de acuerdo en integrarse a la comisión interpoderes, y anunciaron que irán a todos
los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La calma se vio
alterada cuando Conti los exhortó a hacer las acusaciones específicas contra los jueces que
entorpezcan estos juicios, porque José Schulman, de la LADH, le respondió: “¿Qué más
quieren que hagamos? Juntamos toda la prueba de los juicios, ponemos los testigos, los
abogados, el transporte”.

Para graficar la gravedad de la situación, los organismos estimaron que este año la Cámara de
Casación pondría en libertad a 127 represores. Algunos consejeros manifestaron su sorpresa,
otros prometieron hacer algo. “Acá más que atraso en las causas lo que hay es una demora en
juzgar el genocidio, y ésa es la razón de fondo de que no se avance”, les dijo Schulman. Mabel
Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos, apuntó que “además de crear nuevos tribunales
hay que traer aquellos que tienen poca carga laboral para que se hagan cargo de algunas
causas”. El periplo que iniciaron en Balcarce 50 seguirá el martes en la Procuración, luego en
el Congreso y finalmente en el despacho del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.




Hoy se reanudan las paritarias docentes en la comuna porteña y en Buenos Aires


Llega la hora de mostrar la oferta
Después de varios encuentros de trabajo técnico, los gremios docentes
retomarán la negociación. En la ciudad de Buenos Aires, Mariano
Narodowski, y en la provincia Mario Oporto serán los encargados de
comunicar los números. El fantasma de la huelga.

Por Julián Bruschtein
 Los docentes y los funcionarios de Capital y provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo
round hoy cuando cada distrito se reúna en la mesa paritaria. A pesar de que las comisiones
técnicas salariales mantuvieron reuniones, los gremios se encuentran alertas porque “no hay
avances en la negociación salarial”. “No hay más tiempo, hay que respetar los tiempos
acordados”, aseguró Roberto Baradel, secretario general de Suteba. Los maestros porteños
escucharán la oferta, pero ya los gremios mayoritarios evalúan una medida de fuerza para la
semana que viene.

“Los maestros ya hicimos el gesto de dar una semana. Ahora es el gobierno el que tiene que
hacer un gesto hacia nosotros”, aseguró Baradel a Página/12. Los maestros bonaerenses
retomarán el diálogo luego de la tregua de una semana solicitada por el gobierno de Daniel
Scioli cuando a las 16 se encuentren con el director general de Escuelas, Mario Oporto, y su
equipo de técnicos. El Frente Gremial Bonaerense, que nuclea a los sindicatos docentes de la
provincia, se mostró preocupado ante “la falta de una propuesta salarial”. Fuentes gremiales
confiaron a este diario que existe “una fuerte interna hacia dentro del gabinete de Scioli” entre
la cartera educativa y la económica generada por la necesidad política de resolver el conflicto
docente y la imposibilidad financiera que aduce Hacienda.

Luego de la reunión de veinte minutos del miércoles pasado, donde acordaron la tregua y la
conformación de una comisión técnica para acercar posiciones, finalmente “la comisión se
reunió una sola vez el jueves pasado y desde entonces no tenemos más noticias”, afirmó el
dirigente ceterista, dejando entrever que el grupo de trabajo conjunto no tuvo mucho éxito.
Baradel adelantó que “en la paritaria esperamos que nos hagan una propuesta superadora que
destrabe la situación, porque así como está vamos al conflicto”. En el mismo sentido, Alfredo
Conde, de la Uda bonaerense, advirtió que los docentes “con voluntarismo no solucionan sus
demandas” y señaló que esperaba que “mañana el gobierno haga una propuesta salarial
acorde con las pautas nacionales”, del 15,5 por ciento de suba, porque “de otro modo el
conflicto será responsabilidad de los funcionarios”.

La negociación comenzó después de que gremios nacionales y el Gobierno acordasen en la
paritaria un aumento de 200 pesos, que lleva el salario de un maestro que recién se inicia de
1290 a 1490 pesos, lo que implica un incremento del 15,5 por ciento. A partir de la paritaria
nacional, cada provincia pasó a negociar con los sindicatos locales la forma en la que se
traduce aquel acuerdo en cada distrito. Finalmente las clases se iniciaron con una huelga de 24
horas en los dos distritos –en Buenos Aires, la FEB extendió la protesta a 48 horas–. Los
sindicatos rechazaron la oferta que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, aumentaba el
salario inicial de 1450 a 1490 y proponía además 40 pesos para el básico en la provincia. Los
maestros porteños se encontraron con una propuesta de aumentar el inicial de 1290 a 1510 y
sumar 55 pesos al básico a partir de mayo, que rechazaron rápidamente por encontrarla
insuficiente. En ambos casos insisten en el 15,5 por ciento de incremento “para todas las
categorías” salariales.

La comisión técnica salarial que funcionó en la comuna porteña no obtuvo mejores resultados
que su par de provincia. El lunes debía realizarse un nuevo encuentro, pero lo “suspendió el
gobierno dando la pauta de que no va a haber una propuesta superadora”, informó el secretario
adjunto de UTE, Alejandro Demichelis. Ya se había formalizado la comisión el viernes pasado,
pero fuentes gremiales reconocieron que los encuentros estuvieron “mal barajados” y con
“manoseos de horarios” por parte de los funcionarios, lo que los llevaba a suponer que el
gobierno estaba “dilatando las cosas”. Demichelis resaltó que “la ciudad tiene los recursos y no
está en crisis como otras provincias. Seguimos reclamando la cifra de la paritaria nacional del
15,5 por ciento que vaya al salario conformado”.

En la última jornada de trabajo conjunto, los cinco gremios que participaron en representación
de los 17 que existen en el distrito llegaron a tener una propuesta entre sus manos que no
habría satisfecho sus reclamos por “contener sumas en negro”. Pero cuando aún no
terminaban de analizarla, un llamado del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, dio por tierra el
ofrecimiento desautorizando la oferta del ministro de Educación, Mariano Narodowski, y de sus
propios técnicos de Economía. “Vamos a asistir a la reunión de mañana (por hoy) para
escuchar la propuesta que el jueves se va a discutir en todas las escuelas y el viernes en el
plenario de secretarios generales se decidirá qué es lo que vamos a hacer”, explicó Demichelis.
Los gremios porteños estarían evaluando una medida de fuerza de 24 o 48 horas para la
semana que viene si no aceptan el ofrecimiento que les acerque el gobierno de Mauricio Macri.




La Corte Suprema invitó a Sergio Massa para tratar cuestiones presupuestarias


Con todas las cartas sobre la mesa
Los jueces del máximo tribunal evitaron alimentar la polémica con el
Gobierno, pero respaldaron a su colega Carmen Argibay. Hoy recibirán al
jefe de Gabinete. Le pedirán que autorice la designación de más personal
en los juzgados.

Por Laura Vales
 En su primera reunión de acuerdo tras la polémica con el Gobierno, los ministros de la Corte
Suprema respaldaron a su colega Carmen Argibay, que había confrontado con Cristina
Kirchner por las demoras en los juicios a los represores y decidieron una serie de medidas para
dar respuesta a los reclamos de los organismos de derechos humanos. Aunque no hubo más
entredichos con la Casa Rosada, el malestar por las críticas de la Presidenta se hizo evidente
en un gesto de los integrantes del máximo tribunal, quienes apenas terminada su deliberación
llamaron al jefe de Gabinete, Sergio Massa, para invitarlo a un encuentro donde “resolver
cuestiones presupuestarias”. También anticiparon que les pedirán a los jueces un cronograma
sobre cuándo realizarán los procesos orales.

Massa confirmó que concurrirá a la Corte esta tarde –inicialmente iba a hacerlo ayer mismo,
pero luego pasó la cita a hoy–; el funcionario definió la visita como “una de las reuniones
habituales que mantengo para hablar sobre temas administrativos y por cuestiones de
presupuesto” con el Poder Judicial. Escuchará allí un reclamo de que autorice el uso de las
partidas destinadas a designar más personal en los juzgados. En la Corte se quejan de haber
quedado en una trampa burocrática con el uso de los fondos: “Tenemos presupuesto, pero
para ser utilizado se necesita de la autorización del jefe de Gabinete”, señalan. E ilustran que
una de las consecuencias es que, aunque elevaron al Ejecutivo un listado de 900 contratos
requeridos por los juzgados para acelerar las causas, los nombramientos están congelados
porque la jefatura de Gabinete no autorizó aún el uso de las partidas.
Los ministros dedicaron prácticamente toda su reunión de ayer a discutir la situación creada
por la lentitud en los procesos. Preocupados por el tono que tomó la controversia pública con el
Gobierno, coincidieron en que no debían alimentar más la discusión a través de declaraciones
individuales. “La Corte respalda lo que ha dicho Argibay desde la primera a la última palabra, lo
que ella dijo es lo que habíamos hablado todos en el acuerdo anterior”, avalaron a su par.
Elena Highton de Nolasco fue la única en decir unas palabras sobre el tema cuando los
periodistas la abordaron en un acto por el Día de la Mujer en la residencia del embajador
norteamericano. Dijo que había “unanimidad de criterio” y desmintió cualquier desacuerdo con
Argibay. “No quiero agregar nada más a esta polémica que para mí está terminada”, subrayó la
jueza.

Las habituales fuentes de la Corte definieron “la posición” del tribunal con una última réplica:
“Con estos casos se debe hacer una política de Estado y no discutir como si fuera un problema
electoral, echándole la culpa a uno u a otro”.

La idea que prevalece en la Corte es que para sacar adelante los juicios empantanados hay
que “solucionar problemas prácticos”, problemas que varían según cada caso y que van de la
falta de un juez a la de salas de audiencia adecuadas. Tomando una propuesta de los
organismos, la semana pasada convocaron a la creación de una comisión que reunirá a
representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes tendrán como función
remover esos obstáculos. La creación de esta mesa de trabajo debería concretarse en pocos
días, una vez que el Ministerio de Justicia, el Congreso y el Consejo de la Magistratura
nombren a sus delegados.

Con este fin, el máximo tribunal envió notas al ministro de Justicia, Aníbal Fernández; al
presidente del Senado, Julio Cobos; al titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; al
procurador general, Esteban Righi, y al titular del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge
Campos, para que designen al representante que integrará la Comisión interpoderes.

Los ministros decidieron, por otra parte, tomar medidas con los jueces que tienen expedientes
de derechos humanos, a quienes les pedirán que presenten un informe “de los problemas
concretos que tienen por los cuales están demoradas las causas”. Los tribunales orales
deberán hacer un cronograma en que se comprometen a realizar las audiencias públicas y los
jueces de instrucción que tengan causas sin procesados deberán informar de las medidas que
van a tomar para que las investigaciones avancen. La Corte impulsará, a su vez, que la
Cámara de Casación traslade a otros juzgados los juicios que están en espera por la
saturación de ciertos tribunales, como sucede con el TOC 5 de la Capital Federal y en Rosario.

Los integrantes del máximo tribunal ven en cambio más difícil la posibilidad de unificar juicios.
Según aclaró la fuente, para la unificación de causas debería intervenir el Poder Legislativo con
una reforma, lo que llevaría de por sí su tiempo. Los ministros evalúan además que habilitaría a
los defensores de los acusados a interponer recursos de inconstitucionalidad y esto podría
demorar aún más los procesos.

La polémica entre la Corte y el Gobierno se desató a partir del reclamo de Cristina Kirchner de
que se agilicen los juicios por delitos de lesa humanidad, ante lo cual los jueces argumentaron
que la demora se produce por la falta de presupuesto, de infraestructura, de personal y de
jueces. La Presidenta afirmó al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso que los
legisladores ya habían sancionado leyes para facilitar los juicios y el Gobierno asignado
recursos, por lo que consideró que es el turno “de que la Justicia de respuestas”. Argibay
replicó sus dichos: “El Legislativo y Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Si quieren que
aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos”.

Según los registros de los organismos de derechos humanos, los tribunales tienen en trámite
más de 500 causas, con unos mil represores imputados. Hasta ahora sólo 40 procesados
fueron llevados a juicio oral y 38 condenados. La mayoría de los represores tienen una edad
avanzada, por lo que si no se toman medidas para agilizar los juicios muchas casos quedaran
impunes. De hecho, 193 acusados ya murieron sin haber sido llevados a juicio.
El Gobierno acordó con autoservicios y almacenes rebajas en 120 productos


Esta vez oferta se escribe en chino
La Cámara de Autoservicios Chinos y otros pequeños comercios
ofrecerán desde mañana artículos de primera necesidad a precios entre
10 y 20 por ciento más bajos que los de los supermercados. Serán 3500
negocios del área metropolitana.

Por Roberto Navarro
 Mañana el Gobierno anunciará un acuerdo con la Cámara de Autoservicios Chinos y otras
agrupaciones de pequeños comercios para que 3500 negocios del área metropolitana
comiencen a vender 120 artículos de primera necesidad a precios menores que los que se
ofrecen en las cadenas de supermercados. En la negociación, que duró dos meses,
participaron veinte empresas que fabrican segundas marcas para los supermercados y que, en
muchos casos, complementan la producción de compañías de primera línea. Según la
Secretaría de Comercio Interior, los productos –la mayoría de segundas marcas– saldrán en
oferta con precios hasta un 10 por ciento por debajo de lo que se vende en los supermercados.
Y, en promedio, un 20 por ciento más barato que las primeras marcas. La Serenísima proveerá
la leche La Rodriguense a 1,88 el litro; el aceite mezcla se venderá a 2,67 pesos, el medio kilo
de yerba mate a 2,40, el kilo de premezcla para pizza Blancaflor a 3,20 pesos y la lata de
tomate pelado La Colina a 2,08, entre otros (ver aparte).

Los acuerdos del Gobierno con distintos sectores empresarios para ofrecer productos
rebajados terminaron en numerosas ocasiones sin los resultados esperados. Esta vez, la idea
del convenio la planteó la Cámara de Autoservicios Chinos como una contraofensiva hacia el
sector supermercadista, que desde el inicio de la crisis está lanzando ofertas y promociones
que causaron una caída en las ventas de los negocios de barrio. En la Secretaría de Comercio
afirman que el plan de ofertas no sólo beneficiará a los comerciantes y consumidores: también
a los fabricantes que trabajan a fasson (producen para otros) a instalar sus propias marcas y, a
la vez, perder la dependencia que les origina producir para uno o dos clientes. En el acuerdo
participan también la Cámara de Mayoristas y la de distribuidores, que son los que van a
entregar los productos a los comercios.

En el Gobierno aseguran que el plan de ofertas será otra forma de impulsar el consumo, ya que
las ofertas de los supermercados no pueden ser aprovechadas por toda la población. En
muchos casos los consumidores no van a los supermercados porque, por lo reducido de sus
compras, les sale más caro el viaje que lo que ahorran en precios. Otros no pueden aprovechar
muchas promociones porque están atadas a las compras con tarjeta de crédito.

Los 3500 comercios que participarán del plan de 120 ofertas comercializan el 50 por ciento de
los alimentos que se consumen en el área metropolitana y el 40 por ciento del resto de los
bienes de consumo familiar. Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior señalaron a
Página/12 que el secretario Guillermo Moreno está negociando con 40 fábricas más para llevar
la canasta de ofertas a 350 productos. En principio se anunciará que las ofertas durarán 90
días. Pero según fuentes de la Cámara de Autoservicios, salvo el precio de las bebidas cola,
suponen que el resto podrán mantenerlos por lo menos seis meses. Los comerciantes
trabajarán con un precio sugerido, que se acordó como el máximo al que pueden vender. En la
cámara afirman que muchos piensan vender un poco más barato para competir con sus
vecinos.

Muchos de los productos que se ofrecerán son de primera marca o de otras de reconocido
prestigio. En el listado figuran el arroz Máximo Oro a 3,20 pesos el kilo; queso rallado marca La
Serenísima a 2,25 pesos; café Arlistán por 190 gramos a 10,50 pesos; mermelada de durazno
Noel por 500 gramos a 2,62 pesos; bizcochuelo Favorita, de Molinos, a 3,25 pesos, y
margarina Manty por 500 gramos, de la misma empresa, a 2,65 pesos, entre otros.

Uno de los problemas de precios que se intenta quebrar con esta jugada es que las empresas
de primera cobran muy caro el valor marca, que en algunos casos duplica el costo de
producción de la mercadería. La eficacia del plan, que todavía está por comprobarse, revelaría
los enormes márgenes de ganancia con los que trabajan las compañías líderes. También los
altísimos márgenes con que operan las grandes cadenas de supermercados.

La idea de que los productos de uso familiar, principalmente los alimentos, pueden venderse a
un precio mucho más barato que el actual surgió al revisar los últimos balances de las
principales empresas del sector. Arcor, líder en ventas de alimentos, que produce todo tipo de
enlatados y maneja el negocio de galletitas y helados, ganó 345 millones de pesos en 2008, un
40 por ciento más que en 2007. Molinos Río de la Plata, principal productor nacional de
aceites, harinas y yerbas, registró en su último balance utilidades por 107 millones de pesos,
un 75 por ciento más que en 2007, con un aumento en sus ventas en unidades de apenas un
18 por ciento. El resto del incremento de las ganancias lo consiguió aumentando sus precios.

La Secretaría de Comercio Interior deberá demostrar que su idea de conformar una asociación
estratégica entre 20 fábricas, más de 100 intermediarios y 3500 comercios diseminados por
toda el área metropolitana es realizable. Y también que puede controlar a todos los eslabones
de la cadena para que los productos lleguen a los consumidores en tiempo, forma y precio
acordados. Si lo consigue habrá logrado frenar la concentración de la venta de productos de
uso familiar, redistribuir la renta que genera el negocio y favorecer a los consumidores.




El retorno del desprestigiado organismo para prestarles a países en desgracia


El Fondo volvió sin que lo llamaran
En medio de una desorientación general de las grandes potencias sobre
qué hacer con el sistema financiero, el FMI reaparece con viejas y
gastadas recetas, pero sin hacerse responsable de las consecuencias
pasadas.

Por Tomás Lukin
 Luego de un largo período ausente, el Fondo Monetario Internacional se reinsertó en la escena
económica mundial. El retorno del desprestigiado organismo multilateral llegó con una serie de
créditos otorgados a países como Letonia, Islandia, Ucrania y Hungría para enfrentar los
efectos de la crisis y proyecciones macroeconómicas cada vez más pesimistas. La magnitud de
los estímulos fiscales impulsados por los países centrales llevó al Fondo a convalidar en sus
documentos los planes y duplicó la apuesta al pedir que preparen nuevos proyectos para los
próximos dos años. Informes aparte, al momento de prestar el FMI condicionó los recientes
desembolsos a sus históricas recetas: ajuste del gasto, alza de tarifas y mayores tasas de
interés. Los países del G-20 y sus invitados debatirán el futuro del organismo en su próximo
encuentro en Londres.

Los distintos documentos que están preparando para la reunión proponen, sin mucha precisión,
desde una reforma integral en la estructura de poder del organismo hasta convertirlo en el
nuevo supervisor del sistema financiero. Pese a que el FMI asegura que tiene fondos de sobra
para prestar en medio de la crisis, los veintisiete gobiernos de la Unión Europea acordaron
impulsar un aumento provisorio en los recursos financieros del Fondo “para ayudar a los países
más afectados”. Para la economista Noemí Brenta, “hay que tener claro que el Fondo sólo
provee una pequeña parte del financiamiento que requiere un país miembro, porque tiene muy
poca capacidad para prestar en relación con los montos que se manejan en el mundo”.
Tras las crisis asiática, rusa y argentina, las funciones del FMI habían quedado desactivadas.
La ausencia de la desacreditada institución en la resolución de una crisis que tiene su epicentro
en Estados Unidos y los países más desarrollados no se presenta como algo novedoso. “El
Fondo ha sido una institución enfocada en los países en desarrollo y controlada por los
Estados Unidos y los países desarrollados, donde estos últimos decidían la orientación y las
políticas para tratar los problemas de financiamiento de los primeros”, sostiene el economista
Roberto Frenkel. Pero el resurgimiento de escenarios macroeconómicos muy parecidos a los
que el organismo estaba acostumbrado a ayudar en los ’90 –en varios países emergentes,
principalmente del centro y este de Europa– reactivó su funcionamiento.

Con el regreso de los préstamos volvieron las mismas condiciones –el viejo combo de
privatizaciones, recortes presupuestarios y salariales e incremento en las tasas– para
acreditarse los fondos. Los resultados tampoco fueron muy diferentes. Letonia suscribió un
acuerdo con el FMI por 7500 millones de dólares; los condicionamientos del plan generaron
violentas manifestaciones y el primer ministro terminó cayendo. En Islandia, el gobierno
también renunció meses después de la inyección recibida por el Fondo.

Argentina, por su parte, intenta encabezar el grupo que buscará realizar cambios en los votos,
las cuotas y los instrumentos del FMI. El objetivo del Gobierno es conseguir un acuerdo para
que antes de 2011 aumente la representatividad de los países emergentes. El desinterés de
Estados Unidos para realizar cambios en la estructura de poder o convertir al organismo en el
lugar donde se discuta la crisis, relativiza la posible efectividad del reclamo histórico de los
países emergentes. De todas formas, en el Ministerio de Economía sostienen que consiguieron
un consenso “casi unánime” para impulsar la agenda de reformas. El titular de la cartera,
Carlos Fernández, y el presidente del Banco Central, Martín Redrado, encabezarán una
comisión de funcionarios que participarán de un encuentro previo este fin de semana.

Algunos analistas interpretan la insistencia del Fondo para que los países impulsen nuevos
planes de estímulo fiscal coordinados a escala global para estimular la demanda no como un
giro en la orientación de la entidad. Los llamados a incrementar el gasto se entienden más bien
como la presión del Estados Unidos para que la Unión Europea, que pretende sólo ajustar la
coordinación de los paquetes ya anunciados, lance nuevos proyectos. Para otros el gobierno
norteamericano estaría buscando que el Banco Central Europeo (BCE) relaje aun más su
política monetaria. Las tasas de la Reserva Federal están entre 0 y 0,25 por ciento, mientras
que la tasa del BCE está en 1,5 por ciento.

Ayer, mientras que los mercados festejaban las noticias del Citigroup, Strauss-Kahn volvió a
corregir sus proyecciones y afirmó que “el FMI prevé un crecimiento mundial por debajo de cero
para este año, el peor resultado en decenas de años”. El lunes, después de asegurar que la
crisis se podría haber prevenido si los países de-sarrollados hubiesen escuchado sus
advertencias, el amnésico director ejecutivo de la entidad apuntó que su entidad nunca forzó la
privatización de empresas estatales, “aunque sí recomendamos una mejor mezcla de los
sectores público y privado”.




DIARIO LA NACION

Por la libertad sindical


Hay tensión en la relación entre la
CGT y el Gobierno
Enojo de los sindicalistas por el posible
reconocimiento a la CTA
Juan Pablo Morales
LA NACION

La inestable relación entre el Gobierno y la CGT sumó ayer un inesperado pico de tensión. En
una reunión reservada en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el ministro de
Trabajo, Carlos Tomada, escuchó quejas y reproches de la cúpula de la central obrera
encabezada por el camionero Hugo Moyano, molesta por el fallo de la Corte Suprema en favor
de la libertad sindical y la posibilidad de que el Gobierno le otorgue la personería a la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA).

Tomada llegó ayer, a las 9.30, a la sede de la UOM, citado por la mesa chica de la CGT,
ansiosa por negociar en secreto una agenda de temas que consideraba prioritarios. Entre ellos,
conseguir que el Gobierno garantice su poderío sin competencias después de que la Corte le
pusiera límites al monopolio sindical, en noviembre pasado.

El jefe metalúrgico Antonio Caló ofició de anfitrión, acompañado por José Luis Lingieri (Obras
Sanitarias), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Omar Viviani (Taxistas) y el vicepresidente de la
central, Juan Belén. Al rato se sumó el líder de la CGT, el camionero Hugo Moyano. Los
problemas empezaron cuando se tocó el tema de la libertad sindical. "Tenemos que plantear
una estrategia para evitar más fallos de la Corte", reclamó un mandamás gremial en medio de
la reunión.

Tomada contestó lo que los sindicalistas no estaban dispuestos a escuchar: "No podemos
garantizar que la Corte no emita más resoluciones en favor de la libre agremiación". Al rato
volvió a excusarse: "Además, es un tema que tiene que resolver el propio movimiento obrero".

Según tres altas fuentes de la CGT, la posición del funcionario enfureció a los gremialistas,
preocupados porque la CTA amenazó otra vez con presionar ante la Justicia para recibir la
personería, que, entre otras cosas, otorga inmunidad a los delegados, permite cobrar cuotas
sindicales y autoriza a la central gremial a negociar con las empresas.

"Hablar con la Corte"

Las mismas fuentes gremiales aseguraron a LA NACION que Moyano fue inflexible. "Este
proceso es irreversible. Tenés que hablar con la Corte", exigió a Tomada, que se negó y adujo
que el Gobierno no tenía contacto con los ministros del alto tribunal. "¡Es mentira!", coincidieron
Moyano y sus hombres. Recordaron además que el ex presidente Néstor Kirchner le había
adelantado a la CTA el dictamen de la Corte tres días antes de que fuera público. "Así que
información tienen", ironizó un sindicalista.

En el Gobierno ayer admitieron que la reunión existió. También que hubo reclamos respecto de
limitar la libertad sindical. Pero negaron que hubiera habido tensión y críticas.

"Moyano apenas habló", dijo un funcionario que participó en el encuentro. Eso sí, ratificó la
posición oficial: no habrá intervención del Gobierno si la Corte decide avanzar con fallos contra
el monopolio gremial. "No podemos hacerlo. Es una posición obvia", contestó ayer una
autoridad de Trabajo.

En la CGT anoche estaban furiosos. "La Casa Rosada debe hacerse responsable de que la
Corte que ellos renovaron ahora imponga fallos políticos", criticó una alta autoridad sindical.
Los gremialistas no admiten discusiones: la personería debe ser sólo para la confederación de
mayor representación.
La posición prescindente del Gobierno inquieta a Moyano. "Por eso, el 30 de abril hay que dar
una muestra de poderío sindical", desafió un hombre de confianza del camionero. Ese día, por
primera vez desde 2003, el sindicalismo ortodoxo planifica festejar sin el kirchnerismo el Día
del Trabajador. Quieren hacerlo en la Plaza de Mayo. Tendrán un problema: la Casa Rosada
promueve allí un acto de las Madres. "No importa. Vamos a ir al Congreso", dijo ayer un
hombre de la CGT.

Mientras tanto, el moyanismo sigue cuestionando el reparto de fondos a las obras sociales, que
maneja la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y estudia lanzar una línea interna en el PJ, con
base sindical.

"Es un mensaje", argumentan. Sobre todo luego de la derrota kirchnerista en Catamarca y la
diáspora política del PJ. "Nosotros mantenemos la fuerza de este Gobierno", se ufanan. En la
intimidad agregan amenazas: "Si no lo reconocen, nos lanzamos después de octubre".


La situación


Ocaña vuelve a desafiar a Moyano
Carlos Pagni
Para LA NACION

Graciela Ocaña, por candor o por audacia, suele poner en tela de juicio algunas reglas del
poder que se presumen inflexibles. En las últimas horas volvió a desafiar el vínculo entre
Néstor Kirchner y Hugo Moyano. A la ministra no le bastó con destronar a Héctor Capaccioli, el
ex superintendente de Salud y recaudador de la campaña presidencial del oficialismo. Ahora
quiere eliminar la Comisión Consultiva que asesoró a Capaccioli durante su gestión. Ese
organismo está integrado por sindicalistas designados por Moyano para distribuir los subsidios
entre las obras sociales.

Ocaña acusa a los gremios de haber sido cómplices con el ex superintendente en cierta
liviandad de criterio -por decirlo de algún modo- en el reparto de los fondos. En su pelea
encontró como inesperado aliado a Juan Rinaldi. Es el sucesor de Capaccioli y, hasta hace
pocos días, se lo tenía como un ahijado de Moyano, quien lo presentó en la CGT como "un
hombre del movimiento obrero".

Moyano comenzó a sospechar de la incondicionalidad de Rinaldi cuando el superintendente
demoraba la convocatoria a la comisión sindical asesora. La semana pasada, contra todas sus
costumbres, el camionero envió una carta a la Superintendencia para expresar su queja. En
vez de contestarle, Rinaldi envió a Cristina Kirchner una propuesta por la cual se reemplazaría
la comisión sindical por otra compuesta por funcionarios del Estado, empresarios de la salud y
gremialistas. Nada que objetar: es lo que prevé la ley 23.661 que organiza la oficina de control
de las obras sociales.

Borocotización

Moyano brama por la "borocotización" de Rinaldi. Casi todos los gremialistas que serían
destronados (10 en total) le responden a él. Es más: como secretario general de la CGT, el
camionero había reclamado a Kirchner que se respetara un criterio político en el reparto de
subsidios. El esposo de la Presidenta respondió: "Arreglalo con Ocaña". Moyano, indignado,
llevó el pedido a Rinaldi, quien contestó lo mismo: "El problema lo tenés con Ocaña. Yo sólo
cumplo órdenes". Ahora Cristina Kirchner, quien al designar a la ministra le indicó un
enigmático "vos sabés lo que tenés que hacer", debe resolver si cederá a la presión del
camionero.
Moyano está sumergido en un dilema. Olfatea que el kirchnerismo se ha subido al tobogán y
quiere, como hicieron sus antecesores con todos los gobiernos, sacar ventajas corporativas
durante el deslizamiento. Su estrategia es demográfica. El 30 de abril se propone reunir
100.000 personas en la Plaza de Mayo para, sin funcionario alguno en el palco, hacer una
demostración de poder a la Casa Rosada. Supone que, sensibles a la muchedumbre, los
Kirchner cederán lugares en las listas legislativas y cargos en la administración. "Ellos saben
que se sostienen por nosotros", repite.

Ese sueño experimenta sobresaltos. El día previsto, el lugar estará ocupado por las Madres de
Plaza de Mayo. Además, Oscar Lescano, Carlos West Ocampo y Armando Cavalieri, a quienes
se suponía lejanos a Kirchner, solicitaron el lunes pasado, mientras comían un puchero con
Moyano, que la CGT invitara a Kirchner. "¿Vas a hacer un discurso contra el Gobierno? ¿No lo
vas a convocar cuando vos mismo integrás su mesa en el PJ? ¿Quién le va a decir que no lo
invitamos? Y si viene ¿quién le va a decir «vos no hablás»?

Moyano deberá resolver el cuestionario en las próximas horas. No hay muchas señales en su
ayuda. Al contrario, ha comenzado a sospechar que la nueva comisión que pretende Ocaña
puede haber sido pactada con Cavalieri, quien siempre se quejó de que lo discriminaban en el
reparto de subsidios. A esa intuición sumó otro dato: hasta ahora la única con un lugar seguro
en las listas del oficialismo es Ocaña. Un paso más y Moyano comenzará a dudar de Kirchner.


La situación social


Mal trago para Scioli en un acto con
Wayne
Acompañó al embajador a un hogar de víctimas
de la violencia familiar y recibió duros reproches
LA PLATA.- El gobernador bonaerense Daniel Scioli pasó ayer un momento incómodo al
acompañar al embajador de los Estados Unidos, Earl Wayne, a visitar una fundación platense
dedicada a auxiliar a mujeres víctimas de violencia familiar.

Cuando Wayne, Scioli y el intendente de La Plata, Pablo Bruera, recorrían la Casa Abierta
María Pueblo, algunas de las mujeres que permanecen allí alojadas junto con sus hijos le
reprocharon por las deficiencias del sistema que debería protegerlas. Ante un impávido Wayne
-a quien, en cambio, le agradecieron una donación de la embajada-, las mujeres le exigieron a
Scioli soluciones urgentes.

El momento incómodo para Scioli ocurrió cuando, junto con el embajador norteamericano y
Bruera, entró en el taller de tejido y costura que funciona en el lugar. La coordinadora del taller,
Sandra Sosa, le reclamó que garantizara el cumplimiento de la ley provincial 12.569 sobre
violencia familiar, sancionada en 2001.

"Que sacar a un marido abusador de la casa sea cuestión de días y no de meses", se quejó.
Pronto, algunas de las mujeres alojadas en la Casa Abierta sumaron sus voces: dijeron que se
sienten desprotegidas, que en las comisarías de la mujer no les toman las denuncias y que no
se cumple con los perímetros fijados por los jueces para mantener a los maridos golpeadores
lejos de sus esposas e hijos. "Ustedes son las autoridades; ustedes tienen que mover los
hilos", le dijo Sosa al gobernador.
Decreto presidencial / Facilidades para la inscripción de niños


El DNI, gratis hasta los 12 años
El Gobierno extendió el plazo al doble para el primer documento, con una
amplia amnistía que elimina multas

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto de necesidad y urgencia (el N°
90/2009) por el cual todo niño, desde su nacimiento y hasta los 12 años, podrá obtener de
forma gratuita su DNI.

Según la medida presidencial, se busca promover la inscripción de numerosos niños en todo el
país que actualmente carecen de documentación. En los hechos, el decreto actúa como una
amplia amnistía a las restricciones y multas que establece la ley 26.413, sancionada el 10 de
octubre pasado.

El artículo 28 de esa norma establece la obligatoriedad de la inscripción de todos los
nacimientos en un plazo no superior a los 40 días y dispone la judicialización del trámite o la
inscripción por oficio a partir de los 20 días posteriores (art. 29) junto con la aplicación de
multas (art. 91), vencidos esos plazos.

Esa norma también admite el registro de los nacimientos ocurridos fuera de establecimientos
médico-asistenciales dentro del plazo máximo de un año, previa intervención del Ministerio
Público.

El decreto presidencial, que tiene carácter excepcional y fue refrendado por todo el gabinete de
ministros, dispone por un año, prorrogable a otro más, el registro de los nacimientos hasta los
12 años, en los casos de niños que no hayan sido inscriptos o cuyo proceso de anotación aún
estuviese en trámite.

La medida presidencial fue bien recibida entre los miembros de Poder Ciudadano, que, en su
momento, cuestionaron duramente la ley.

Cuando fue sancionada, los especialistas de Poder Ciudadano alertaron que el texto aprobado
por los legisladores judicializaba innecesariamente un proceso administrativo y sembraba más
obstáculos e imponía penalidades a los sectores socialmente más vulnerables y con
limitaciones geográficas para anotar los nacimientos.

"Una amnistía encubierta"

"El decreto es claramente una amnistía encubierta, pero es también un avance importante
porque aumenta la edad de identificación para conseguir una documentación. Así no habrá
multas ni tasa ni recargos. Suponemos que esta medida se orienta a resarcir los efectos de la
ley anterior, que eran un verdadero contrasentido", juzgo María Batch, coordinadora de
ciudadanía de Poder Ciudadano.

En esa ONG, alertaron, no obstante, sobre la demora de entre seis meses y tres años para la
confección de los DNI y la escasa preparación del personal en los registros civiles de todo el
país para acelerar esos trámites. "El Registro Nacional de las Personas (Renaper) tiene
actualmente más de 1, 2 millones de documentos demorados", explicó Batch.

Por otro lado, Poder Ciudadano aconsejó al gobierno nacional que en el próximo censo de
2011 se incluya la pregunta sobre si la gente posee o no un documento de identidad con el
objetivo de conocer con precisión la cantidad de indocumentados en el país.
Sólo en la provincia de Buenos Aires varias organizaciones no gubernamentales (ONG)
sospechan que más de un millón de personas no tienen documento de identidad.

En el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadeep), entretanto,
confirmaron esa sospecha: "Nos llegó un caso puntual hace unos años y cuando comenzamos
a investigar vimos que el problema era estructural", explicaron, según reproduce Poder
Ciudadano en un informe. Y recordaron que en 2002 y 2003 hubo resoluciones similares pero
que no tuvieron incidencia, "ya que no había una formación acorde [con lo que había que
hacer] en los estados provinciales y municipales" para inscribir a los ciudadanos.

Otra ONG, Jóvenes en Construcción, también encomió la medida, pero se mostró escéptica
respecto de su instrumentación. "Todavía falta mucho por hacer, pero es clave trabajar en la
difusión del decreto para que las personas inicien el trámite. Si los encargados de los registros
civiles no están al tanto de los alcances, no servirá de nada y seguirá existiendo una traba
cultural que es difícil de salvar."

El derecho y el acceso a la identidad son considerados una prioridad por las ONG, ya que su
carencia priva al niño de otros derechos, como los de educación, salud y vivienda.

Los DNI requieren dos actualizaciones obligatorias: entre los 5 y 8 años la primera (que con el
decreto presidencial queda desestimada) y otra a los 16 años. Esta última genera un nuevo
documento y, a su vez, una notificación a la Cámara Nacional Electoral con el fin de que el
ciudadano ingrese en el Padrón de Electores.




DIARIO CRITICA

lanzaron un programa de becas para formar profesionales


Déficit de 3.000 enfermeras en
Buenos Aires
“En la provincia de Buenos Aires tenemos un déficit de 3.000 enfermeras”, afirmó el ministro de
Salud bonaerense, Claudio Zin. Según la Organización Mundial de la Salud, la asistencia
hospitalaria óptima requiere de un enfermero por cama; sin embargo, en los hospitales
provinciales ejercen actualmente 9.800 enfermeros para 12.800 camas de internación.

El lunes se lanzó un programa de becas para la formación de personal de enfermería. De este
modo, se prevé la formación de 4.500 enfermeros para el sistema público provincial, con la
meta de paliar el histórico déficit de este recurso humano esencial en el sistema sanitario.
Según fuentes de la cartera sanitaria, en esta primera etapa ya se inscribieron 2.240
aspirantes, que comenzarán sus cursadas el 23 de marzo. Durante los tres años que dura la
carrera recibirán 500 pesos por mes para capacitarse.

El ministro explicó que los inscriptos estudiarán en los 42 centros de formación que ya se
abrieron en hospitales públicos de la provincia. La carrera, que se extiende por tres años y
ofrece el título de enfermero profesional, contempla que el 60% de la carga horaria del último
año sea práctica, es decir, con trabajo supervisado en el hospital. Y agregó que como
contraprestación se requerirá que una vez que obtengan el título presten servicio en un
establecimiento provincial público por el mismo tiempo que duró la carrera.

“Además, de la carencia actual de enfermeros calculamos que en tres años habrá 3.500 en
condiciones de jubilarse”, explicó el director provincial de Capacitación, Luis Franco. A esto hay
que sumarle un déficit funcional, que si bien es variable, se estima en el orden del 34% de
ausentismo, ya sea por estrés, enfermedad del trabajador o de un familiar directo, entre otras
causas.



DIARIO EL DIA


Radiodifusión: el proyecto lo presentan en La Plata

La presidenta Cristina Kirchner presentará el "anteproyecto" de la nueva Ley de Radiodifusión el próximo
miércoles 18 en el Teatro Argentino de La Plata, donde anunciará que la iniciativa será analizada por
distintos sectores de la sociedad antes de ser remitida al Congreso.


Así lo confirmaron fuentes oficiales y detallaron que a partir de la presentación del "borrador", el proyecto
será sometido a un fuerte "debate social" en las provincias, antes de ingresar al Congreso nacional para
comenzar a ser tratado por los legisladores.


La jefa de Estado presentará el anteproyecto con "bombos y platillos" en nuestra ciudad, con la intención
de alcanzar un "fuerte respaldo popular" durante el período de debate, antes de la llegada de la medida al
Parlamento.


Tras el puntapié inicial que dará la Presidenta, la norma legislativa comenzará a circular por las provincias
durante los próximos meses, del mismo modo que el oficialismo trató la Ley de Educación, según pudo
saberse.


Por lo tanto, la iniciativa recorrerá escuelas, sociedades de fomento, organizaciones sociales y centros
culturales, a fin de alcanzar un alto consenso en todos los sectores y poder definir finalmente los 21
puntos que posee la medida.


Cristina Kirchner anunció el tratamiento de la nueva ley el pasado 1 de marzo, en el marco de la
Asamblea Legislativa, cuando aseguró que eliminar la normativa vigente "es una deuda de la
democracia", ya que el actual reglamento de los medios data de épocas de la dictadura militar.


Si bien no se anticipan fechas en el ámbito oficial, se presume que el debate no culminará antes de las
elecciones de octubre próximo, por lo que el tratamiento en el recinto se podría dar recién a fin de año o
durante 2010.


La intención del Gobierno nacional, plasmada en el anteproyecto de ley, es dictar la reducción de las 24
licencias por empresa otorgadas en la actualidad, a fin de terminar con la concentración del mercado
audiovisual.


A la vez, la Casa Rosada espera que las empresas privadas, el Estado y el sector en el que se inscriben
gremios, cooperativas y organizaciones no gubernamentales tengan un acceso proporcional al mercado
comunicacional.


Así, las empresas privadas -que controlan el 95 por ciento de los medios argentinos- tendrían que ceder
el 62 por ciento al Estado -en la actualidad tiene un 5 por ciento.
Ofrecerían a docentes suma fija superior a 100
pesos
No tendría descuentos ni se tomaría para las bonificaciones. Igual propuesta a estatales


El gobierno provincial elevará hoy una nueva propuesta de aumento salarial a los docentes que, según
trascendió, se extendería a todos los sectores estatales bonaerenses. Se trataría de una suma fija
superior a los 100 pesos, no remunerativa y no bonificable.


De tal modo, ese mismo monto sería el que se percibiría de bolsillo, al no aplicarse los descuentos por los
aportes de ley (jubilación y obras sociales), y sería el mismo para todos los trabajadores, sin
diferenciación por categorías ni antigüedad, al no ser incorporado al básico ni aplicado al pago de los
diversos adicionales.


Asimismo, de tratarse de una suma no remunerativa ni bonificable, el aumento no alcanzaría a los
jubilados.


Así lo indicaron a EL DIA fuentes calificadas, que señalaron que los funcionarios seguirán trabajando esta
mañana en la determinación final de la oferta que por la tarde presentarán a los gremios docentes, pero
ayer ya se había definido el trazo grueso de la propuesta: una suma fija, algo superior a los $100 no
remunerativa y no bonificable.


En el caso de los docentes, el sueldo mínimo (maestro de grado sin antigüedad), que actualmente es de
$1.450 y fue fijado por el gobierno nacional en $1.490, pasaría a una cifra algo por debajo de los $1.600,
mientras que el monto del aumento sería fijo para el resto y se aplicaría a cada cargo (unos 480 mil sobre
290 mil docentes).


La nueva oferta salarial llegará en momentos en que se aceleran los procesos de discusiones paritarias
de los distintos sectores estatales de la Provincia. Hoy será la segunda ronda de los docentes; mañana se
reunirán nuevamente las partes vinculadas al personal de Administración central nucleado en la ley
10.430 y ayer el ministro de Justicia, Ricardo Casal, convocó a paritarias a los judiciales para el jueves.

LA PARITARIA DOCENTE


Como se sabe, las clases comenzaron la semana pasada con paros, que Suteba cumplió el lunes y la
Feb lunes y martes, tras haber rechazado un aumento de $40 que se iban a incorporar al básico, con
incidencia proporcional en la escala, y que implicaba un incremento del 4,20% sobre la masa salarial del
sector. De ese modo, el haber mínimo hubiera pasado de $1.450 a $1.490, como lo fijó el gobierno
nacional. Los gremios del sector piden un aumento del 15,5% ó $200 remunerativos y con impacto en
toda la escala.


Tras ese conflictivo arranque, el miércoles pasado se reunió la paritaria docente, en la que el gobierno de
Daniel Scioli se comprometió a realizar hoy una nueva oferta salarial y los gremios acordaron una "tregua"
-la no realización de paros.


Fuentes gremiales indicaron que entre ambas reuniones iban a concretarse encuentros de las comisiones
técnicas paritarias "para ir avanzando, pero sólo hubo contactos inorgánicos y nada en concreto", y
especularon en ese sentido que "la Provincia habría buscado un auxilio económico de la Nación para
afrontar este aumento, que finalmente no habría llegado".


Anoche en los gremios se dejaba trascender que en el encuentro de hoy, de no haber acuerdo, no
aceptarían otra tregua y anunciarían un paro de 24 o 48 horas para la semana que viene.


En ese marco, el titular de Suteba, Roberto Baradel, dijo ayer que "no hubo avances en el ámbito técnico
y tenemos preocupación; nosotros dimos un gesto al conceder una semana de negociación y ahora el
Gobierno tiene que demostrar responsabilidad y hacer una oferta superadora".


Por su parte, Mirta Petrocini, de Feb), dijo que "solicitamos que la discusión salarial no se dilate y que el
aumento sea retroactivo al 1° de marzo de este año" y Alfredo Conde (Uda) señaló que "con voluntarismo
el tema no se soluciona".

480.000


En la Provincia hay 290 mil docentes que ejercen 480 mil cargos. Y el aumento de suma fija se otorgaría
a cada cargo existente.


Dispar adhesión al paro de médicos y estatales

El paro convocado ayer por trabajadores estatales, profesionales de la salud y empleados del Poder
Judicial tuvo un alto acatamiento que, en algunos sectores como escuelas y hospitales fue "casi total",
según advirtieron ayer voceros de los gremios. Para el gobierno provincial, en cambio, la adhesión fue
"baja".


ATE informó que la adhesión alcanzó el 90% por parte de los trabajadores de la administración pública.
"El paro fue total en todos los sectores, en Salud, en Educación, en la Administración Central, en los
Institutos de Menores, y todas las dependencias de la Administración Pública Provincial", detallaron.


Los trabajadores judiciales, en tanto, no realizaron una jornada de paro en sentido estricto, sino que
realizaron asambleas en los espacios laborales en cada una de las 18 departamentales de la Provincia.


En La Plata, la medida de fuerza incluyó el corte de la calle 7 entre 45 y 46, frente a la sede del ministerio
de Economía, donde los trabajadores de ATE y la Asociación Judicial Bonaerense hicieron oír su reclamo.
Además, hubo interrupción del tránsito frente al ministerio de Salud, donde se concentraron los
trabajadores de la CICOP.


La protesta también incluyó un corte de ruta sobre la Autopista Ricchieri, a la altura del puente El Trébol,
donde trabajadores de ATE bloquearon tres carriles en medio de un fuerte operativo montado por la
Gendarmería Nacional.


"BAJO ACATAMIENTO"


Con todo, desde el gobierno provincial consideraron que el nivel de acatamiento a la medida de fuerza
convocada por los gremios fue "bajo". Así lo consideró el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar
Cuartango, quien volvió a insistir con la posibilidad de que se realicen descuentos a los trabajadores que
se adhirieron al paro.


"Esta jornada de protesta realmente no ha tenido mucha repercusión. En las áreas de la Provincia donde
he consultado se está trabajando normalmente de manera que podemos decir que el nivel del
acatamiento es bajo", dijo Cuartango.
Pero se negó a dar cifras. "Honestamente, no puedo hablar de porcentajes porque todavía no hemos
hecho el correspondiente relevamiento", explicó.


Suba del agua: ya se pueden pedir exenciones
Desde hoy Absa atenderá a los usuarios y analizará cada una de las presentaciones


Después de diez días de reclamos masivos y descontento vecinal con el "tarifazo" en los servicios de
agua corriente y cloacas, ABSA comenzará a evaluar descuentos en las boletas de quienes se consideren
"imposibilitados" de pagarlas. Desde las 15 de hoy, en las oficinas de la empresa provincial se recibirá la
documentación que presenten los usuarios en busca de bonificaciones.


Los voceros de la prestataria hicieron hincapié en que habrá una evaluación minuciosa de cada caso
particular, y que quienes acrediten dificultades económicas podrán gozar de exenciones parciales o
totales por el plazo de un año como máximo. Para lograrlo, deberán llevar ante los mostradores de Aguas
Bonaerenses documentos personales -incluyendo DNI, CUIT o CUIL (fotocopia)-; la última factura del
agua, acompañada por las de otros servicios -por ejemplo electricidad, gas, teléfono y cable-; contrato de
alquiler -si se es inquilino- o fotocopia de la escritura -en caso de ser propietario-; y constancias que
acrediten la condición de desocupado, jubilado y/o pensionado.


Las solicitudes se recibirán en todos los locales comerciales de Aguas Bonaerenses, pasado el horario de
cierre habitual, y hasta las 18. En Berisso y Ensenada, la "atención personalizada" se brindará entre las
14 y las 17. Si bien en ABSA aseguran que habrán respuestas "a la brevedad", se aclaró que la mera
presentación implicará que sea diferido el pago de las boletas de la discordia.


El operativo anunciado apunta a encauzar la avalancha de quejas que se registra en 5 y 49 desde el
lunes 2 de marzo, cuando se generalizó el arribo a los hogares platenses de facturas con aumentos que
llegaron hasta el 700 por ciento. Empero, el gobierno provincial sostiene que no se trata de una suba sino
de una "recategorización" de usuarios que llega tras 18 años de atraso, basada en la valuación fiscal que
se calculó para los inmuebles durante 2005.


Concretamente, el precio que el Estado le asigna al agua domiciliaria y las cloacas no depende de
parámetros de consumo, sino de estimaciones basadas en factores urbanos y edilicios -zona de
residencia, superficie de las propiedades-. Esto lleva a que una propiedad abandonada o desocupada
pague eventualmente lo mismo o más que otra en pleno uso.


En este contexto, hay quienes vieron sus facturas subir de $19 a $67, $11 a $76, o $18 a $60, entre otras
combinaciones. El golpe al bolsillo indignó especialmente a los jubilados, que en no pocos casos
adelantaron que no cancelarían sus deudas. "Los servicios se deberían medir por consumo; lo que
corresponde es que ABSA invierta en instalar medidores como pasa con la luz y el gas" subrayó Marisa
Lasagna, que pasó de pagar $11 a $67 en su casa de City Bell: "de esa manera habría un consumo
responsable y una carga justa para cada usuario. Tal como están planteadas las cosas, el agua es un
impuesto más y de los caros".


Según el gobierno provincial, la "recategorización" sólo alcanzó a uno de cada diez usuarios -en total,
unos 100 mil-. El titular del Ejecutivo bonaerense, Daniel Scioli, señaló que "está directamente
relacionada" con un plan de inversión "para mejorar la calidad del agua" y puso en relieve que "son tarifas
que no se tocaban desde 1991", aunque aclaró que "si hay alguna aplicación injusta se revisará y
evaluará, como hicimos con todo".



DIARIO HOY
Mas paralizacion, mas suspensiones

Callejón sin salida

En las industrias de la región se agudiza
la crisis. Techint suspende actividades
durante una semana en abril. Y
Copetro paralizó un horno. En Abasto
se incrementaron los despidos, mientras
que la textil Mafisa decidió continuar
cerrada. Para la Unión Industrial, “las
medidas del Gobierno son aisladas y no
ayudan”



Las empresas ya abandonaron el pay back -mecanismo utilizado para medir la crisis a
futuro- y comenzaron a elaborar las estrategias para sobrevivir en los próximos meses.
¿Podrán? Techint (en la planta Siderar, de Ensenada) anunció la suspención de su
producción una semana durante abril; Copetro detuvo un horno; Mafissa decidió que la
producción textil continuará paralizada hasta los primeros días de mayo y el Parque
Industrial de Abasto despidió al 25% de su planta.
Un panorama oscuro donde la salida aún no alcanza a divisarse. La crisis económica
provoca colosales pérdidas en las fábricas e industrias de todo el mundo. Y Argentina no
escapa a ese fenómeno, que durará “todo este año y quizás más”, indicó a Hoy el
economista de la UNLP Gerardo Sívori. Los especialistas le apuntan al Gobierno
nacional -distraído en las internas políticas para las legislativas de octubre- ante “la falta
de planificación y medidas para contrarrestar el colapso financiero”.
Los números son contundentes y se repiten a lo largo de todo el país: en Córdoba 100
empresas, 90 en Santa Fe y otras 125 en la provincia de Buenos Aires comenzaron los
trámites del “procedimiento preventivo de crisis” ante los respectivos ministerios de
Trabajo. Lo que se traduce como una advertencia de que se aprestan a reducir sus
plantillas o suspender, abonando indemnizaciones inferiores a las marcadas por
la ley.
La Plata no es la excepción. La planta siderúrgica de Techint (Siderar) suspendió a todo
su personal entre diciembre y enero. Y si bien los reincorporó en febrero, ya anunció que
el mes próximo habrá “otra semana de vacaciones adelantadas”. ¿Por qué? Se redujo el
mercado y, por ende, se debe reducir la producción.
Copetro, que produce coque para la industria siderúrgica y de alumino, paralizó uno de
sus hornos. La razón es similar a la de Siderar: el mercado del alumino cayó
abruptamente, y deben reducir la producción entre un 30 y 50%.
Francisco Glielmmo, presidente de la Unión Industrial de La Plata, explicó a Hoy que
“la situación es preocupante, y lo será más a partir de mediados de marzo. Las medidas
adoptadas por el Gobierno nacional son aisladas, sin planificación ni confianza. Esto
complica la producción en un mercado que se achicó considerablemente”. Y agregó:
“Las empresas grandes de la región están muy afectadas, en espacial, las exportadoras.
Hay rubros que cayeron entre un 20 y 40%”.
Para la Unión Industrial, las fábricas cuya producción está vinculada al acero registraron
disminuciones de entre un 50 y 60%, y esto repercute en los empleados. Para colmo,
marzo es un mes clave: vencen muchas paritarias y los gremios esperan lograr una
recomposición de haberes. “Sería algo poco sensato hablar de paritarias. Hay que
esperar a ver qué pasa, cómo sigue la crisis”, indicó Glielmmo.
Los empresarios, según trascendió, miran con “buenos ojos” el ejemplo de Canadá,
donde se desató un furor por acordar rebajas de sueldo. La automotriz General Motors
espera la aprobación del gobierno -ya hay acuerdo con los gremios- para bajar los
salarios de sus 12.000 empleados canadienses y las pensiones de los 56.000 jubilados.
También reducir un 10% el salario de sus altos dirigentes.
Pero, a diferencia de nuestro país, el Estado canadiense comenzó una campaña para
bajar los precios no sólo de los productos que integran la canasta básica, sino también de
bienes de lujo como la playstation 3.
“Mal parada”
Para explicar la debacle, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna sostuvo que la
crisis internacional agarró a la Argentina mal parada por, justamente, desaciertos del
Poder Ejecutivo. “A la Argentina, la crisis internacional la agarra mal parada”, sostuvo
el ex ministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Lavagna destacó que el país “ya
tuvo un cuarto trimestre (de 2008) negativo”, y sostuvo que “está en recesión desde
principios de 2008”.
El ex funcionario adjudicó el mal pie del país para enfrentar la crisis internacional
debido a que “en 2006 y 2007, en el frenesí reeleccionario, el Gobierno destruyó el
superávit fiscal que se había construido”.
Por errores y falta de estrategias para mitigar los efectos, la crisis achica los mercados y
golpea a las empresas. Pero también a los trabajadores que observan cómo se achica la
oferta laboral y aumentan el desempleo.

Ni el acero resiste las finanzas

El dato circula en pocos despachos privados y oficiales, pero revela que la crisis
productiva
es profunda: la producción de acero cayó más del 50% durante enero pasado, y hasta
podría acercarse al 60%. La comparación es contra el mismo mes del año anterior. En
diciembre ya se perfilaba esta tendencia, porque “industrias metálicas básicas” bajó casi
24% y su capítulo “acero crudo” más del 31%. La casi paralización de las industrias
automotriz y de maquinaria agrícola, el descenso de la construcción, y la situación de la
industria petrolera hicieron que la caída se profundizara durante enero.
El dato oficial se conocerá
este lunes o martes próximos, cuando sea difundido por el Centro de Industriales
Siderúrgicos (CIS). “La producción de Siderar cayó 50%”, se indicó, remarcando que la
acería del Grupo Techint habitualmente marca la tendencia de un mercado en el cual las
otras grandes son Acindar, Tenaris, Zapla y Aceros Bragado.
Por otra parte, entre las automotrices y siderúrgicas comenzó una especie de juego de
ajedrez. Como el precio internacional de este commoditie cayó durante las últimas
semanas, al igual que la venta de autos en todo el mundo (por ejemplo, 37% en los
Estados Unidos durante enero), las terminales de automóviles comenzaron a pedir
rebajas. Por ahora son rechazadas, ya que hay un gran stock de chapa producida con los
niveles de precios y costos anteriores.
“Vendrán meses peores”

La situación para las pequeñas empresas es más que desesperante. “Estamos como el
país, con poco trabajo. La fábrica está casi paralizada. Es más, desde noviembre hasta
hoy no hemos realizando ninguna venta”, sostuvo, a diariohoy.net José Luis Fariñas, que
representa la tercera generación de una fábrica metalúrgica en Tandil “que nunca vivió
una situación similar”.
Sin embargo, todavía se lucha para seguir de pie. La empresa local tenía la capacidad de
fabricar tres carrocerías por mes, pero en el último trimestre no han tenido ventas, por
ende al no existir la demanda, la producción se paralizó. ¿El futuro? “Creo que vendrán
meses mucho peores”, pronosticó para describir una realidad que recorre distintos
puntos.
La crisis económica global golpea particularmente a cada uno de los sectores
productivos de todo nuestro país, y a la localidad de Tandil en particular.
El jefe de Gabinete del municipio, Carlos Fernández, sostuvo que “al día de hoy hay 485
trabajadores suspendidos, y creemos que a fines de marzo vamos a llegar a los 1.000
suspendidos”. Y agregó: “Los operarios, en algunos casos, perciben la mitad del salario
básico y, en otros casos, no gozan de ningún tipo de sueldo”.

Por qué suspender y no echar

Mientras que una suspensión a la compañía le cuesta, por ejemplo, 50 pesos no
remunerativos (sin cargas patronales, sólo se paga la cuota gremial), un despido equivale
a 12 o 13 salarios por diez años de antigüedad.
Así, con el costo de dos meses de salario se abonan seis meses de suspensión, y en ese
período se puede -o no- recuperar los niveles de producción. Estos mecanismos de
suspensiones rotativas permiten a los empleados conservar su trabajo, aunque con una
reducción salarial del 25%.
No obstante, en La Plata como en todo el país, el desempleo crece. Y, paralelamente, se
achica la oferta laboral.

Acelerando la caída

La industria automotriz
argentina, en sintonía con la actividad en el resto del planeta, no detiene su caída. En
medio del recrudecimiento de la crisis internacional, y a pesar del plan de estímulo
lanzado por el Gobierno,
febrero significó un mes para el olvido.
Según datos difundidos este miércoles por la Asociación de Fábricas de Automotores
(Adefa): la producción nacional registró una baja del 55,7% con relación a igual mes del
año pasado. De este modo, de los 33.637 vehículos que salieron de las terminales locales
en febrero de 2008 se pasó a una tibia suma de apenas 14.903. Las exportaciones
también cayeron dramáticamente en enero (60%) y febrero (64%).
La crisis desnudó los comportamientos políticos y empresarios. Las automotrices
tuvieron un gran año en 2008, llegando al récord de 628.000 vehículos vendidos. Esto
pulverizó la marca del boom automotriz de Carlos Menem y Domingo Cavallo, en 1994,
de los 400.000 autos.
Sin embargo, a pesar de esa performance, apenas se desató la crisis en EEUU, los
directivos de las multinacionales del automotor tomaron decisiones “antiobreras”: hubo
centenares de despidos y suspensiones en Renault, Fiat, Iveco, General Motors,
Volkswagen y otras terminales.

La situación en la Provincia

La provincia de Buenos Aires no está ajena a esta situación. Los registros del ministerio
de Trabajo toman nota de la pérdida de 440 puestos de trabajo y 1.800 despidos en
fábricas e industrias bonaerenses.
Según la cartera laboral, hasta el 16 de febrero se registraron conflictos en 125 empresas.
El mapeo revela que las regiones más afectadas son La Plata (22 empresas), La Matanza
(11), Tigre (10) y
Tandil (9).
Además, en el último mes, 170 trabajadores acordaron la reducción de la carga horaria.
Y entre las empresas que solicitaron el procedimiento preventivo de crisis hay diez
metalúrgicas, cinco autopartistas, cuatro curtiembres y distintas áreas de producción.


Se reanuda la paritaria en un clima tenso

Docentes amenazan
con nuevos paros

Hay preocupación en los gremios
porque no se avanzó en la discusión.
Scioli tiene problemas para mejorar la
última oferta. Esta tarde, educadores y
Ejecutivo seguirán negociando



En medio de un clima de tensión e incertidumbre, esta tarde se reanudará la negociación
paritaria entre el gobierno de Daniel Scioli y los gremios docentes bonaerenses. Entre
los educadores reina una fuerte preocupación por la ausencia de contactos con los
funcionarios y la posibilidad concreta de que la Provincia no pueda mejorar su última
oferta salarial.
En ese caso, volverá el conflicto con la consecuente pérdida de más días de clases. Ayer,
varios dirigentes sindicales advirtieron que ya tuvieron el gesto de generar una tregua,
por lo que ahora esperan una respuesta oficial satisfactoria.
A principios de marzo pasado, el Frente Gremial Docente (FEB, Suteba, Sadop, UDA y
AMET), rechazó la suba de $ 40 que ofreció el gobierno y exigió una recomposición del
15,5%, que serían $ 200, a fin de que el sueldo mínimo para maestros sin antigüedad
escale de
$ 1.450 a $ 1.650.
Ayer, Roberto Baradel de Suteba mostró inquietud por la falta de contactos con las
autoridades durante la tregua que vence por estas horas. “Debemos ser cautos, todavía
no ha habido ningún adelanto de la propuesta oficial”, comentó.
También el titular de UDA, Alfredo Conde, señaló que “la pauta salarial fijada por el
Gobierno nacional es un gran avance que debe ser acompañado por la Provincia, de no
lograrse ese objetivo, la situación será responsabilidad del Ejecutivo provincial”.
En tanto, la Comisión de Salario de la FEB analizó ayer en la sede del gremio las
diferentes variables que componen el salario docente. Manifestó su preocupación por el
silencio oficial, lo que produce un estancamiento en las negociaciones.
De acuerdo con los resultados del encuentro realizado por la Comisión, un futuro
incremento salarial deberá favorecer a “toda la escala docente” y llegar “a los
educadores en actividad y a jubilados, tal como siempre ha defendido la FEB en sus
principios”.
“Es difícil evaluar variables porque, hasta el día de hoy, no se pudo analizar en números
concretos una propuesta superadora”, señaló Mirta Petrocini, presidenta de FEB.
Asimismo, la Comisión de Salario solicitó que “se respeten los aumentos en los distintos
componentes del sueldo para que cada uno de ellos refleje e impacte en el porcentaje
total”.



Convocan a judiciales
que pararon junto a
los estatales

Los ministros de Justicia y Trabajo,
Ricardo Casal y Oscar Cuartango
respectivamente, convocaron a la
Asociación Judicial Bonaerense (AJB)
para el jueves 19 de marzo a las 15, a fin
de establecer la mesa de discusión
salarial de los empleados judiciales.



La convocatoria al encuentro, que se realizará en la sede del ministerio de Trabajo y
contará con la presencia de funciona-rios de Economía, llega después de que ayer los
empleados judiciales realizaron una jornada de protesta junto a los profesionales de la
salud y a un sector de los estatales.
El reclamo salarial de los judiciales se hizo sentir en toda la Provincia donde se
registraron asambleas con retiro de los lugares de trabajo.
La Comisión Directiva Provincial resolvió “profundizar el plan de lucha si, en la
paritaria a la que se convocó, los trabajadores judiciales no cuentan con una propuesta
concreta por parte del Poder Ejecutivo”.
Por enriquecimiento ilicito

La Corte confirmó
procesamiento contra
el diputado Raúl
Pérez

Se trata del vicepresidente del Consejo
de la Magistratura bonaerense y
presidente del bloque del FpV. El
máximo tribunal bonaerense rechazó un
planteo de prescripción de la causa por
el paso del tiempo. Ahora, una jueza
penal de La Plata lo citará a declarar y
podría pedir su desafuero. El
expediente lleva doce años en trámite



La Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó el procesamiento del diputado
provincial (FpV), y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Raúl Pérez, en una
causa que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. En los próximos días, una jueza de
La Plata lo citará a prestar declaración y pediría su desafuero.
En rigor, el máximo tribunal de la Provincia acaba de ratificar lo resuelto por la Sala IV
de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata en 2007, cuando sostuvo que no
podía considerarse prescripta la acción penal contra el diputado bonaerense.
En el mismo sentido que los jueces de Cámara, Carlos Alberto Ocampo, María Elia
Riusech y Sara Berta Rodríguez de González, la Suprema Corte consideró que como el
delito de enriquecimiento ilícito aún no se había configurado en la causa, ya que Pérez,
presidente del bloque de diputados del Frente por la Victoria, nunca prestó declaración y
la acción no estaba prescripta.
De este modo, el expediente que permaneció sin movimiento cerca de dos años en la
Corte, casi otro año en la Sala IV de la Cámara, regresó ahora al Juzgado de Transición
n° 4 de La Plata a cargo de la jueza Carmen Palacios Arias.
Fuentes judiciales informaron que la magistrada citará a Pérez a un interrogatorio. Es
que para el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba: es el
imputado quien tiene que demostrar su inocencia y no el magistrado. Es decir, el
procesado debe acreditar fehacientemente que el origen de su patrimonio se condice con
sus ingresos.
Si no lo logra se dará entonces por primera vez, desde el inicio de la causa, por
configurado el delito. Y Pérez tendría que ser juzgado en un juicio oral y público.
La fecha de comienzo de las actuaciones tampoco es un dato menor. El derrotero judicial
del expediente comenzó en 1997 y ya pasó por las manos de una decena de jueces en lo
criminal, de transición, de cámara y de Corte.
En estos doce años, ninguno de los magistrados ha realizado el paso formal de citar a
declarar a Pérez, actual miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense, nada
menos que el decisivo ámbito donde se seleccionan los candidatos y las ternas de jueces
para el Poder Judicial de la Provincia.
En tribunales se informó que la jueza Palacios Arias tenía pensado citar al legislador
hace un par de semanas pero, en ese momento, Pérez sufrió un accidente con su moto
BMW en una de las rutas de acceso a La Plata, sin mayores consecuencias.
Ahora, cuando lo llame a declarar, Pérez deberá resolver, antes de concurrir a los
juzgados penales de 8 y 56, si se ampara en sus fueros. La norma indica que todo
ciudadano de bien debería someterse a la justicia para demostrar su supuesta inocencia,
y más por el rol jerárquico que ocupa en el Consejo de la Magistratura.
Si el diputado eligiese acobijarse, una vez más, en su paraguas político de privilegio, la
jueza Palacios Arias tendrá entonces que pedir su desafuero al Senado bonaerense.

Un intrincado laberinto judicial

La causa llegó a la Suprema Corte por un recurso interpuesto por la defensa de Pérez
contra los reiterados rechazos -en primera y segunda instancia-, de los pedidos de
prescripción de la acción, por el transcurso del tiempo que presentó el legislador.
Una muestra del paso del tiempo precisamente es que el defensor falleció hace varios
años. Y hasta una de las integrantes de la Sala IV de la Cámara, Sara Berta Rodríguez de
Gonzalez, ya se jubiló y su lugar fue reemplazado por el ex fiscal de Delitos Complejos,
Carlos Ariel Argüero. Esta magistrada, junto al doctor Ocampo, con disidencia de
Riusech, habían instado por la no prescripción del expediente.
En 2006, la jueza de Transición, Palacios Arias había citado a declarar a Pérez. Esa
decisión
fue recurrida por la defensa con el planteo de prescripción, la Sala IV de la Cámara la
confirmó en 2007 y así el caso llegó a la Corte.

Un verdadero camaleón

Así como pasaron varios jueces por el expediente, también fueron cambiando las
banderas políticas a las que se abrazó el presidente del Bloque K en Diputados. En los
’90, cuando comenzó esta causa penal, era un recalcitrante menemista. Luego pasó a las
filas duhaldistas, felipistas y kirchneristas. Tal vez en su capacidad de reacomadomiento,
según las conveniencias, encuentre explicación la casi nula actividad que tuvo la causa
penal en todos estos años. Pérez también es cuestionado por su labor en el Consejo de la
Magistratura por distintos jueces. Por caso, el titular del juzgado en lo Contencioso
Administrativo nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, ha denunciado su falta de
formación jurídica y académica para ocupar ese cargo y la forma en que elige a dedo a
los postulantes.

Seis años de prisión e inhabilitación

El delito de enriquecimiento ilícito es castigado con penas de dos a seis años de prisión e
inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos, más una multa del 50 por
ciento del valor del enriquecimiento. El enriquecimiento ilícito es una figura jurídica
muy particular.
Primero se le debe requerir al denunciado que justifique el incremento de su patrimonio.
Sólo si no puede hacerlo se considera configurado el presunto delito y se prosigue el
proceso. Es entonces el único caso del Código Penal en el que no se aplica el principio
jurídico que reza: “El que alega debe probar”.
Está normado en el artículo 268 (2) del Código Penal, que establece que una persona
incurre en ese delito cuando “al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia
de un enriquecimiento patrimonial apreciable, suyo o de persona interpuesta para
disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y
hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.

El expediente paso a paso

èLa investigación se inició en octubre de 1997 por una denuncia del ex concejal Aníbal
Zorraíndo, quien acusó a Raúl Pérez de presunto incremento desmedido de su
patrimonio desde que inició su carrera en la función pública.
èPérez presidió el Concejo Deliberante de La Plata durante gran parte de los ‘90 y en
2001 fue electo diputado bonaerense; cargo en el que fue reelegido en 2005 y por el que
ingresó en 2006 al Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona los candidatos a
jueces de la Provincia.
èLa denuncia de Zorraíndo fue radicada en 1997 ante la jueza penal platense Elva
Demaría Massey, pero la magistrada se declaró incompetente por la fecha de la
presentación y la causa pasó a su par, Emir Caputo Tártara.
èCon la reforma procesal penal en la Provincia, en septiembre de 1998 los juzgados
penales se disolvieron y las causas allí radicadas pasaron a los llamados juzgados de
transición.
èLa causa contra Pérez quedó largo tiempo en medio de un intrincado laberinto judicial,
hasta que en 2001 fue radicada en el juzgado de Palacios Arias. En ese mismo año, la
jueza convocó a peritos contables -Pérez aportó uno de parte- para que analizaran el
patrimonio del denunciado.


DIARIO LA CAPITAL (MAR DEL PLATA)]



Pararon estatales, judiciales y trabajadores de la
salud
La medida tuvo un alt nivel de adhesión en la provincia. Es porque consideran insuficiente un
aumento salarial del 4,2%, propuesto por el gobierno bonaerense.

En una jornada de protesta que incluyó asambleas, volanteadas, cortes de calle y
movilizaciones hacia los ministerios de Economía y Salud bonaerenses, ayer pararon los
empleados estatales, los judiciales y los trabajadores de la salud en la Provincia.

La medida de fuerza fue acordada entre los respectivos gremios luego de que el gobierno
bonaerense propusiera la semana pasada otorgarles un aumento salarial del 4,2%, suba que
los trabajadores consideraron "insuficiente".

El paro fue llevado a cabo por los empleados enrolados en la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y de la Salud agremiados en la
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (Cicop).

Desde ATE consideraron que, en cuanto al paro, hubo un "alto nivel de adhesión en toda la
provincia". En una conferencia de prensa realizada ayer al mediodía, el secretario general de
esa entidad, Hugo Godoy, rechazó de plano la oferta del Ejecutivo de Scioli y manifestó que "el
Gobierno nacional tiene que aportar recursos que todavía no ha aportado a la provincia de
Buenos Aires".

Sobre el incremento que deberían recibir los empleados de la ley 10.430, Godoy consideró que
"el parámetro son las necesidades que tienen los trabajadores, que tenemos salarios de 1.400
pesos de mínima. La canasta familiar está en más de 3.600 pesos; por lo tanto queremos
recomponer seriamente el ingreso de los trabajadores y la jerarquización en todos los niveles
de la tarea del trabajador del Estado".

Desde la Cicop calificaron al paro de "muy fuerte", ya que "hubo más del 90% de adhesión",
según transmitió a LA CAPITAL el titular del gremio, Hugo Amor.

Como en otras ocasiones, el paro de salud se evidenció en los 77 hospitales públicos de la
provincia y consistió en la suspensión de cirugías y consultas programadas, aunque se atendió
con normalidad a los pacientes internados y las urgencias.

Los profesionales nucleados en Cicop reclaman un aumento salarial del 33%, "que equipare el
salario de un ingresante de planta que trabaja 36 horas semanales a la canasta básica
familiar", dijo Amor.

Pero además los trabajadores de la salud mantienen dos antiguos reclamos: el nombramiento
de 160 becarios acordado en la paritaria del año pasado y la apertura de la paritaria sectorial
profesional.

"Vamos a ver qué plantea el Gobierno, pero hasta ahora no vemos ninguna señal de que vayan
a mejorar la propuesta", sostuvo el titular del gremio. Y añadió que el sábado se reunirán en un
congreso para evaluar la posibilidad de siguientes medidas de fuerza.

La propuesta que el jueves realizó el Ejecutivo provincial a los estatales consiste en una suba
de alrededor de 4,2%, que se traduce en un aumento de 30 pesos que irían al sueldo básico y
una suma remunerativa no bonificable de 14 pesos. Según trascendió, en la reunión de la
comisión técnica del lunes el gobierno de Scioli decidió reiterar esa propuesta, que, de hacerse
efectiva en la paritaria general del jueves, los gremios nuevamente rechazarían.


DIARIO EL SOL (QUILMES)


Los médicos de la CICOP pararon para pedir más
cargos
En la jornada de ayer, los trabajadores hospitalarios reunidos en la CICOP realizaron un
paro de actividades de 24 horas en todos los hospitales públicos bo-naerenses en
reclamo de diferentes mejoras presupuestarias para el sector.
De esta manera se suspendieron las cirugías y las consultas programadas, y sólo se
garantizó la atención de las urgencias y de los internados.
Entre los reclamos se enmarcan la urgente creación de 800 nuevos cargos para el año
2009, pase a planta permanente de los becarios, y la finalización definiti-va de este
sistema. Reclaman además por la titularización de más de dos mil profesionales
interinos.
Otro de los puntos en disputa es el pedido de aumento salarial del 33 por ciento "para
poner al día la canasta familiar del profesional", según destacaron desde el gremio.
La medida de fuerza contempló una movilización a la sede de la cartera de Salud
bonaerense, en la que se entregó una nota con los reclamos pertinentes a su titular el
doctor Claudio Zin. Luego, delegados de Asociación Sindical de Profesionales de la
Salud de la Provincia de Buenos Aires tuvieron una entrevista con el diputado
provincial Roberto Pasos, responsable del área de salud de la Legislatura a quien
también le expusieron las demandas del gremio.
En el Hospital Isidoro Iriarte el paro se sintió con mucha fuerza y los pasillos y
consultorios se vieron vacíos a lo largo de toda la jornada. Además, la cartelería con
anuncio de paro se hacía presente por todo el nosocomio.

También ATE

Los trabajadores congregados en la Asociación de Trabajadores del Estado realizaron
una jornada de paro en reclamo de mejoras salariales tras el rechazo al acuerdo ofrecido
por el gobierno en la última paritaria.

Servicios limitados

De esta manera se resintió fuertemente el trabajo en los auxiliares docentes y además la
tarea en los comedores, donde se dispuso un cronograma de emer-gencia por la falta de
personal.
Vale recordar que la semana pasada ATE ya había realizado un paro similar, y en caso
de no llegar a un acuerdo en paritarias los mismos podrían volver a realizarse durante la
semana próxima.
Con esta manifestación los médicos bonaerenses vuelven al plan de lucha para reclamar
mejoras al Gobierno bonaerense.

Maestros siguen con su reclamo
En la mañana de ayer, los trabajadores docentes quilmeños congregados en el SUTEBA
realizaron una nueva movilización por el centro de la ciudad en recla-mo de mejoras en
los salarios y subas en el presupuesto educativo de la Provincia. Tras pasar por el centro
de la ciudad se reunieron con los empleados de la AJB con quienes manifestaron sobre
la intersección de Yrigoyen y Alsina.
Los docentes marcharon desde la plaza San Martín por la peatonal Rivadavia
enarbolando su estandarte y haciendo oír sus reclamos a la ciudadanía local. Bajo la
consigna de "en la escuela ya no se puede trabajar", los miembros del SUTEBA
exigieron mejoras salariales y en las condiciones de trabajo, lo que incluyó un pedido de
mayor presupuesto.
Una vez terminada la manifestación en la zona de la estación, los docentes marcharon
hasta la jefatura regional para manifestar su profundo desacuerdo con el cierre de cursos
en escuelas de la ciudad.
Sobre esta situación, la secretaria general del gremio a nivel local, Lidia Braceras,
explicó que "esta manifestación es por un fuerte reclamo al aumento de pre-supuesto
para la educación, porque los chicos no pueden ir al colegio, porque no tienen becas, no
tienen útiles, zapatillas o guardapolvos y eso lo tendría que proveer el Estado" y añadió
que "hay miles de chicos que hoy están en las calles sin posibilidad de ir al colegio y
eso es una situación inconcebible".

Por el aumento

En torno al reclamo de aumento salarial, Braceras destacó que "estamos aquí también
para exigir un aumento salarial ya que la propuesta del gobierno en paritarias no ha sido
satisfactoria. Exigimos un aumento de 500 pesos al básico para equiparar los salarios
con los aumentos que ha sufrido la canasta básica".
Por su parte, los trabajadores judiciales realizaron una asamblea en la sede de los
edificios penales y luego marcharon para confluir con los docentes en la es-tación. De la
misma manera y unificando su reclamo, Gonzalo Cianis, secretario de la AJB local,
manifestó que "nuestro reclamo es similar al de los docentes y todos los trabajadores del
Estado. La situación de los empleados judiciales es crítica, ya que se está trabajando en
condiciones inhumanas, con 12 horas diarias y sin ventilación, sabiendo que el
presupuesto de la Justicia en la Provincia es el más bajo en todo el país".
"Vamos por una reivindicación salarial del 25 por ciento, ya que hemos tenido una
significativa pérdida del poder adquisitivo en el sueldo", concluyó Gonzalo Cianis.


SECRETARIA DE PRENSA
CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL

								
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