Es evidente by 252s8ux

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A C U E R D O

             En la ciudad de La Plata, a                           de

mayo de dos mil siete, habiéndose establecido, de conformi-

dad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá obser-

varse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Ko-

gan, Negri, Roncoroni, Soria, se reúnen los señores jueces
de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para

pronunciar    sentencia   definitiva    en   la   causa   C.   94.268,

"López, Alfredo. Sucesión".

A N T E C E D E N T E S

             La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en

lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Lomas de Za-

mora confirmó la sentencia de primera instancia que había

ordenado depositar, a la orden del juzgado y en la cuenta

de autos, los fondos suficientes para adquirir la cantidad

de U$S 6366 (fs. 232/234).

             Se interpuso, por el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de

ley (fs. 240/255).

             Encontrándose la causa en estado de dictar sen-

tencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la si-

guiente

C U E S T I O N


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           ¿Es fundado el recurso extraordinario de inapli-

cabilidad de ley?

V O T A C I O N

           A la cuestión planteada, el señor Juez doctor

Hitters dijo:

           Esta Suprema Corte ha resuelto ante recursos ex-
traordinarios sustancialmente análogos al presente que las

restricciones establecidas por el dec. nac. 1570/2001 o en

normas   posteriores     vinculadas   (ley     25.561,   decs.   nacs.

1606/2001; 50/2002; 71/2002; 141/2002, etc.) resultan in-

aplicables para el caso específico de los depósitos y cuen-

tas judiciales.

           En efecto a partir de lo decidido en las causas

I. 1655 (resol. del 2-VII-2003) y Ac. 86.243 (sent. del

4-VII-2003), que fueron posteriormente reiteradas en Ac.

89.848   (resol.   del   2-VII-2003),    Ac.    89.872   (resol.   del

18-XI-2003), Ac. 95.873 (resol. del 24-V-2006), Ac. 94.748
(resol. del 24-V-2006), entre muchas otras, se expuso que a

esos fines resulta indispensable efectuar un análisis de

las disposiciones que regulan el régimen de los depósitos y

la función que cumple el Banco de la Provincia de Buenos

Aires en su relación con el Poder Judicial de la Provincia

de Buenos Aires.


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           Los depósitos del juicio son confiados por razo-

nes de conveniencia práctica, al Banco oficial de la Pro-

vincia (conf. arts. 280, 529, 563, 581, C.P.C.C.; 1 y 6 del

texto ordenado del dec. ley 9434/1979 -orgánica del Banco

de la Provincia de Buenos Aires-).

           La entidad depositaria obra como colaborador al
servicio de la actividad jurisdiccional, con clara finali-

dad de custodia de los depósitos a la orden de los órganos

judiciales, como concretamente se viera ya expresado en la

ley 2752 cuando estableciera las facultades de esta Suprema

Corte de Justicia de presenciar el arqueo mensual de caja

de fondos ingresados en tal concepto, siempre que lo juzga-

re conveniente, y habla de la caja "donde se custodien los

depósitos judiciales" (art. 6, ley cit.).

           La acordada 2579 del 7 de diciembre de 1993, que

reglamenta el trámite de cuentas, depósitos y libranzas ju-

diciales   y   depósitos   judiciales   con   interés   (B.O.,
16-II-1994), regula las cuentas de depósitos judiciales en

el Banco de la Provincia, su apertura y funcionamiento y

-especialmente- en su Título IV "Con relación al reconoci-

miento de intereses en los depósitos judiciales", queda

evidenciada palmariamente la finalidad de esos depósitos

pues permanecen signados por la gratuidad, y la custodia


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sigue siendo el fin primordial y razón de ser de su exis-

tencia.

          Es evidente, así, la diversidad existente entre

los depósitos en cuentas judiciales y las operaciones ban-

carias -pasivas o activas- que el mismo Banco también rea-

liza (depósitos en cuenta corriente bancaria, en caja de
ahorro, a plazo, descuentos de documentos y compra, adelan-

tos, préstamos, anticipos, etc.).

          En los "depósitos bancarios" rigen las condicio-

nes de contratación pactadas entre los bancos y sus clien-

tes depositantes, las normas dictadas desde su creación por

el Banco Central de la República Argentina (destinadas a la

reglamentación de los diversos tipos de depósitos entre

bancos y otras instituciones financieras y sus clientes) y

leyes específicas, en primer lugar, y disposiciones de los

Códigos de fondo, subsidiariamente.

          Por su parte el decreto 1570/2001 no menciona a
los "depósitos judiciales" y/o "cuentas judiciales" en la

enumeración de las restricciones, como tampoco lo hacen los

decretos, leyes y resoluciones que se han dictado vincula-

dos a la emergencia (ley 25.561, decs. 1606/2001, 50/2002,

71/2002, 141/2002).




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           Y -en particular- debemos examinar los motivos

que llevaron al dictado del decreto en cuestión, para ad-

vertir que ninguna de las situaciones contempladas se re-

fiere a los depósitos judiciales (a la afectación del nivel

de las tasas de la economía o a la inestabilidad en el ni-

vel de los depósitos obviamente no concurren los depósitos
judiciales,   alejados    por     su   naturaleza   de   intenciones

fácticas o jurídicas del mero ánimo de los depositantes;

tampoco   lógicamente    podría   considerárselos    ligados   a    la

idea de inestabilidad que induce a las entidades financie-

ras a suspender préstamos y solicitar cancelación de los

otorgados; ni en modo alguno podría entenderse que repre-

sentan activos financieros, si ni siquiera integran la ac-

tividad de intermediación entre la oferta y demanda de re-

cursos financieros; tampoco los depositantes litigantes son

ahorristas, ni los fondos judiciales resultan comprendidos

en el espíritu o la letra de la ley 25.345, modificada por
la ley 25.413).

           Por otra parte la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, en reciente pronunciamiento (causa E. 68. XL, "EMM

S.R.L.", sent. del 20-III-2007), ha llegado a igual conclu-

sión que la de este Tribunal. Y en la causa G. 2286 XLI

("Gómez, Paula Gloria contra Castorina, Hugo Jorge y otra.


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Daños y perjuicios. Incidente de restitución de diferencias

de sumas", sent. del 20-III-2007) confirmó -con el alcance

de su propio pronunciamiento- el dictado por esta Corte que

tramitara bajo el número C. 94.516 (sent. del 27-VII-2005).

             A tenor de todo lo expuesto supra, debe concluir-

se    que   las    restricciones      establecidas     con   la   finalidad
apuntada en el citado decreto o en normas posteriores vin-

culadas, son inaplicables para el caso específico de los

depósitos y cuentas judiciales.

             En definitiva, cautelar los fondos comprometidos

en el litigio es el sino de las cuentas judiciales. La

prestación        del   servicio    por   el   Banco   de    la   Provincia

-auxiliar de la justicia- consiste fundamentalmente en una

obligación de custodia; y no responde a operaciones finan-

cieras de captación y colocación de fondos. La disponibili-

dad o entrega de los fondos de la causa judicial de que se

trate, resulta invariablemente condicionada al circunstan-
ciado trámite del proceso al que se encuentran afectados; y

siempre en satisfacción del fin de la justicia. Ni el liti-

gante a cuyo favor se ordena una libranza es un "ahorris-

ta", ni los fondos que se ordenan pagar representan su "ac-

tivo financiero"; y lejos está de constituir el movimiento

y entrega de fondos de una "cuenta de autos" (libranza ju-


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dicial mediante) una operatoria que implique disminución de

fondos en el sistema financiero regido por la ley 21.526.

          Resulta así evidente que los depósitos y cuentas

judiciales quedan fuera de las razones de ser y previsiones

del decreto 1570/2001; y tampoco en nada pueden resultar

entonces aplicables, en nuestro ámbito local, las reglamen-
taciones del Banco Central de la República Argentina dicta-

das en el marco del art. 8 del citado decreto.

          En cuanto a la alegada incompetencia, la declara-

da inaplicabilidad de las normas sobre las que se asienta

aquélla, sella la suerte adversa de este agravio.

          Consecuentemente, la postura asumida por el Banco

de la Provincia de Buenos Aires no ha encontrado eco favo-

rable ni en este Tribunal ni en la Corte nacional.

          Por todo ello voto por la negativa.

          Los señores jueces doctores Kogan, Negri, Ronco-

roni y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez
doctor Hitters, votaron también por la negativa.

          Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la si-

guiente

S E N T E N C I A




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           Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se

rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas

(arts. 31 bis, ley 5827, texto ley 12.961; 289, C.P.C.C.).

           Notifíquese y devuélvase.




                    DANIEL FERNANDO SORIA




      JUAN CARLOS HITTERS                 HECTOR NEGRI




          HILDA KOGAN              FRANCISCO HECTOR RONCORONI




                                  ADOLFO ABDON BRAVO ALMONACID
                                            Secretario

								
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