RECURSO DE APELACI�N by 7lK8y5

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									                                RECURSO DE APELACIÓN.

                                EXPEDIENTE: TEDF-REA-003/2003.

                                ACTOR:  PARTIDO                DE   LA   REVOLUCIÓN
                                DEMOCRÁTICA.

                                AUTORIDAD RESPONSABLE:
                                CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO              ELECTORAL
                                DEL DISTRITO FEDERAL.

                                TERCEROS        INTERESADOS:                  PARTIDO
                                REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL              Y   PARTIDO
                                ALIANZA SOCIAL.

                                MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE:
                                PEDRO RIVAS MONROY



ENGROSE

México, Distrito Federal, a quince de abril de dos mil tres.


      VISTOS para resolver los autos del recurso de apelación TEDF-REA-003/2003,

interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto del ciudadano

Froylán Yescas Cedillo en su carácter de representante suplente ante el Consejo

General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en contra de la resolución del

Consejo General del Instituto Electoral citado, respecto de la queja interpuesta por el

Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución Democrática,

de fecha catorce de marzo de dos mil tres, por la cual se le impone a este último

Instituto Político una sanción consistente en la reducción del veinte por ciento de las

ministraciones que por concepto de financiamiento público por actividades ordinarias le

corresponden por un periodo de tres meses, y


RESULTANDO:


1. Con fecha catorce de marzo de dos mil tres, el Consejo General del Instituto Electoral

del Distrito Federal aprobó la resolución relativa a la queja identificada con la clave

IEDF-QCG/001/2003, interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en contra

del Partido de la Revolución Democrática.


El contenido de dicha resolución es del tenor literal siguiente:
“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA
QUEJA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

México, Distrito Federal a catorce de marzo de dos mil tres.
VISTO el estado procedimental que guardan las constancias que
integran el expediente al rubro citado, este Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, resuelve con base en el
Dictamen emitido por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, la
queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional por
conducto del C. Vicente Gutiérrez Camposeco, Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en
contra del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la
investigación sobre propaganda electoral y gastos relativos al
proceso de selección interna de los precandidatos que habrán de
contender como candidatos de ese Partido Político a los diversos
cargos de elección popular del próximo seis de julio, así como de
los actos de proselitismo en el que supuestamente incurre el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal; en atención a los siguientes:

RESULTANDOS

I. Con fecha veintidós de enero de dos mil tres, el C. Vicente
Gutiérrez Camposeco, quien se ostenta como Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
presentó en la Oficialía de Partes de este Instituto un escrito sin
fecha, con anexos consistentes en setenta y dos fotografías,
quien acredita su personería en los términos del escrito de fecha
nueve de diciembre de dos mil dos, dirigido al Lic. Javier Santiago
Castillo, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito
Federal, firmado por el Dip. Lic. Florentino Castro López,
Delegado Especial del CEN del Partido Revolucionario
Institucional, en funciones de Presidente del Comité Directivo del
Distrito Federal, documento que obra en el archivo de este
Instituto, en los términos siguientes:

     “VICENTE GUTIERREZ CAMPOSECO, en mi carácter de
     Representante Propietario del Partido Revolucionario
     Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral
     del Distrito Federal, personalidad que acredito con la copia
     certificada de mi nombramiento misma que anexo al
     presente escrito, señalando como domicilio para oír y recibir
     notificaciones y toda clase de documentos, el que se
     encuentra marcado con el número 53, de la Calle Puente de
     Alvarado, esquina con Aldama, en la Colonia Buena Vista,
     de la Delegación Cuauhtémoc de esta Ciudad y autorizando
     para tales efectos a los CC. Lic. en derecho José Luis
     Domínguez Salguero y Rosa Luz Montoya Olivarez, así
     como a los CC. Miguel Ángel Galicia rojas y Vicente
     Vázquez Franco; ante Usted, con el debido respeto
     comparecemos para exponer:

     Que con fundamento en el artículo 277 del Código Electoral
     del Distrito Federal, vengo a presentar ante usted, escrito de
     queja solicitando a ese H. Consejo General que usted
     preside, se investiguen los siguientes hechos que pudieran
     ser constitutivos de infracciones:
Las acciones de propaganda que el PRD realiza bajo el
engaño y pretexto de su Proceso de Elección Interna,
utilizando a su libre albedrío, con el consentimiento y
complacencia de las autoridades del Gobierno del Distrito
Federal, bardas, árboles, casetas telefónicas y postes, así
como inmuebles que son propiedad o de aquellos en que
tiene posesión el Gobierno del Distrito Federal, en los que
pinta, cuelga pendones o pega la más diversa propaganda
promoviendo de manera disfrazada como precandidatos a
quienes      serán    Candidatos    en     las   elecciones
constitucionales: de igual manera, respecto del proselitismo
publicitario que realiza diariamente con su protagonismo
acostumbrado el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
causando a mi representado los siguientes:

AGRAVIOS

1. Deja tanto a mi representado, como a otros Institutos
   Políticos, francamente en clara y total desventaja en la
   competencia del proceso electoral del Distrito Federal, en
   que habrán de elegirse Jefes Delegacionales y Diputados
   a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en virtud
   del engañoso proceso de elección interna en el que se ha
   desplegado un costoso gasto de propaganda
   promoviendo de manera diferenciada a quienes
   realmente serán candidatos a puestos de elección
   popular, es decir, en relación con los que no lo serán, y
   por el posicionamiento que se obtiene en una actitud
   política como la que se reclama.

2. No se respeta con sus acciones el principio de equidad,
   atentando en contra de la integridad y la limpieza que del
   proceso electoral, esperan los habitantes de la Ciudad de
   México, dejando al resto de participantes de la contienda
   electoral en franca desigualdad, e irrumpiendo con los
   acuerdos de civilidad política, que deben prevalecer en
   un proceso como el que actualmente vivimos.

3. La igualdad de circunstancias que debe de imperar en
   todo    proceso       electoral,  muestra     diferencias
   evidentemente notables en relación con el despliegue de
   recursos hechos por el PRD, lo que representa una seria
   y desleal diferencia que lesiona de fondo la participación
   de los partidos políticos nacionales que contienden en
   este proceso, lo que nos coloca en una situación
   antagónica y difícil, por que con ello se obliga a los
   demás partidos políticos a enfrentar en circunstancias
   adversas y fuera de lo normal, a un gobierno y un partido
   que no permiten la coexistencia política y mantiene la
   amenaza de una desquiciante contienda electoral.

   Al respecto, manifiesto a usted, que lo anterior, ha
   propiciado que las circunstancias que prevalecen en el
   ambiente político en el Distrito Federal, sean delicadas,
   por las características y condiciones que han impuesto el
   Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con su populismo y
   protagonismo exacerbado al realizar entrevistas diarias
   de prensa en las que descaradamente aplica proselitismo
   en favor de su partido el PRD, y éste con el pretexto de
   su Proceso de Elección Interna, el que por cierto está
   realizando de manera engañosa utilizando el
   equipamiento urbano a su libre antojo y a nuestro parecer
  han usado de manera sucia y abusiva el equipamiento
  urbano.

  Afectando la ecología y utilizando inclusive en muchos
  casos inmuebles que son propiedad del Gobierno o en
  los que ocupa alguna oficina, contraviniendo así, el
  principio de Equidad en la competencia electora ,
  causando perjuicios al sistema de partidos, tomando
  ventaja por sobre los demás partidos que contenderán en
  las elecciones de Jefes Delegaciones y Diputados a la
  Asamblea Legislativa del Distrito Federal, afectando
  también el Proceso Electoral Federal, causando con ello
  un serio malestar en los demás contendientes; así actúa
  el PRD, partido que se jacta de demócrata, es el primero
  que en el presente proceso electoral se he abocado a
  romper las reglas de la competencia política, rompiendo
  los acuerdos de civilidad que deben imperar en el
  ambiente político, respetando el marco que rija el
  comportamiento de los actores políticos.

  Por ello, como a usted, consta, la mayoría de los partidos
  políticos se pronunciaron en diversos escenarios y
  particularmente en la sesión de instalación del Consejo
  General, manifestando su inconformidad con dicha
  situación.

  Motiva nuestra acción ante ese Consejo General, el
  hecho de que un partido absorbe los espacios
  considerados como de uso común y que éstos dependen
  de la distribución que se haga a los partidos políticos por
  los órganos electorales Federal y local, previo acuerdo
  de colaboración con el Gobierno dell Distrito Federal, lo
  que aún no ha sucedido y preocupa que de ser una
  propaganda irregular, en virtud de que no se borra, se
  convierte en legal a partir del día siguiente al registro de
  candidatos como lo describe el artículo 148 del Código
  electoral del Distrito Federal, dejando sin oportunidad a
  los demás actores políticos.

  Por lo anteriormente expuesto, mi representado espera
  de ese H. Consejo General del Instituto Electoral, que el
  resultado de la investigación que se solicita conduzca a
  requerir del Gobierno de la Ciudad lo siguiente:

1. QUE SE INVESTIGUE EL ORIGEN DE LOS GASTOS
   QUE SE REALIZAN PARA LA PINTA DE BARDAS, LA
   ELABORACIÓN DE MANTAS Y CARTELES ENTRE
   OTROS QUE REALIZAN YA QUE POR LA
   ABUNDANCIA DE ESTA, SE PRESUME MUY
   COSTOSO, ES DUDOSO QUE LOS PARTICIPANTES
   EN EL PROCESO INTERNO DE MOTU PROPIO, E
   INCLUSIVE EL PARTIDO SE LOS HAYA COSTEADO.

2. SI SE ESTÁN OCUPANDO INMUEBLES QUE SON
   PROPIEDAD O EN POSESIÓN DE GOBIERNO DE LA
   CIUDAD, DE LAS DELEGACIONES, O DE ALGÚN
   ORGANO CONCENTRADO O DESCONCENTRADO;
   ASÍ COMO AFECTANDO EL EQUIPAMIENTO
   URBANO, VISUALMENTE.
3. QUE EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO
   FEDERAL, ORDENE EL RETIRO DE LA PROPAGANDA
   Y LIMPIE LA CIUDAD.


  EL   USO    INDISCRIMINADO    DE   ESPACIOS
  CONSIDERADOS COMO E USO COMÚN AÚN NO
  DISTRIBUIDOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ES UN
  BUEN ARGUMENTO PARA QUE EL CONSEJO
  GENERAL SOLICITE AL JEFE DE GOBIERNO QUE
  DEBE PONER ORDEN PARA QUE EN EL PROCESO
  ELECTORAL SE CONDUZCA EN UN CLIMA DE
  EQUIDAD    ELECTORAL,     SIN  CONCESIONAR
  VENTAJAS A SU PARTIDO EL PRD.

  PARA QUE HAYA CONCORDANCIA EN LAS
  ACCIONES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
  ELECTORAL DEBE RESOLVER SOBRE EL ASUNTO
  EN CUESTIÓN QUE EN BASE A LO PRECEPTUADO
  POR EL ARTÍCULO 2° DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL
  DISTRITO FEDERAL, el Jefe de Gobierno del Distrito
  Federal, debe ordenar a los Jefes Delegacionales retiren
  la propaganda electoral del PRD, y limpie la Ciudad,
  dando cumplimiento a su BANDO INFORMATIVO
  NUMERO DIECINUEVE; LA LEY AMBIENTAL DEL
  DISTRITO FEDERAL EN SUS ARTÍCULOS 5 , 8 ,74,77
  151; EL REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA EL
  DISTRITO FEDERAL EN SUS ARTÍCULOS 1°, 7
  APARTADO B         FRACCIÓN IV; LA LEY FEDERAL
  SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS DE MONUMENTOS.
  Instrumentando acciones tendientes a proteger
  conservar y restaurar la imagen de la Ciudad,
  salvaguardando el orden público e interés General de
  sus habitantes, para evitar la anarquía y la contaminación
  visual.

  Desde luego solicitaremos a dichas autoridades
  administrativas locales y federales en su caso, que de
  conformidad con sus atribuciones procedan a retirar la
  propaganda en comento.

  A mayor abundamiento es conveniente citar para su
  claridad los preceptos legales que dispone al respecto, el
  ordenamiento de la materia.

  ARTICULO        152. La propaganda electoral que los
  partidos políticos, las coaliciones y los candidatos,
  difundan por medios gráficos o por conducto de los
  medios electrónicos de comunicación, no tendrán mas
  limitaciones que las establecidas en la Constitución
  política de los Estados Unidos Mexicanos.

  Por ello que, las autoridades electorales, los partidos
  políticos y las autoridades administrativas locales y
  federales deben observar además, las siguientes
  disposiciones del Código Electoral:

  ARTÍCULO 147.- La campaña electoral para los efectos
  de éste Código, es el conjunto de actividades llevadas a
  cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los
  candidatos registrados para la obtención del voto.
Se entiende por actos de campaña              las reuniones
públicas, debates, Asambleas , visitas,       marchas y en
general aquellos en que los candidatos o      voceros de los
partidos políticos se dirigen al electorado   para promover
sus candidaturas.

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de
escritos,    publicaciones,  imágenes,     grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.

Tanto la propaganda electoral como las actividades de
campaña a que se refiere el presente artículo, deberán
propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el
electorado de los programas y acciones fijados por los
partidos políticos en sus documentos básicos y,
particularmente, en la plataforma electoral que para la
elección en cuestión hubieren registrado.

ARTÍCULO 148. Las campañas electorales de los
partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al
de la sesión de registro de candidaturas para la elección
respectiva, debiendo concluir tres días antes de
celebrarse la jornada electoral.

ARTÍCULO 153. Al interior de las oficinas, edificios y
locales ocupados por los órganos de Gobierno del
Distrito Federal y los Poderes Públicos no podrán fijarse
ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo.

ARTÍCULO 154. En la colocación de propaganda
electoral los partidos y candidatos observaran las reglas
siguientes:

   a) Podrá colgarse en elementos del equipamiento
urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe
el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores
de vehículos, se impida la circulación de peatones, o
ponga en riesgo la integridad física de las personas;

   b) Podrá colgarse o adherirse en inmuebles de
propiedad privada, siempre que medie permiso escrito
del propietario, al partido político o candidato, mismo que
se registrara ante el Consejo Distrital correspondiente;

   c) Podrá colgarse o adherirse en los lugares de uso
común que determinen los Consejos Distritales, de
conformidad con los criterios que emita el Consejo
General, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes;

    d) No podrá adherirse o pintarse en elementos del
equipamiento urbano     carretero o ferroviario, ni en
accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen
jurídico; y

  e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en
monumentos históricos, arqueológicos, artísticos y
construcciones de valor cultural, ni en el exterior de
edificios públicos.

ARTÍCULO 155. Se entiende por lugares de uso común,
los que son propiedad del Gobierno del Distrito Federal,
los bienes abandonados o mostrencos, mamparas que
se establecieran en el número que determine el Consejo
General, previo acuerdo con el Gobierno del Distrito
Federal o los lugares que los particulares pongan a
disposición del Instituto Electoral del Distrito Federal para
efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados
para la colocación y fijación de la propaganda electoral.
Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por
sorteo entre los partidos políticos registrados, conforme
al procedimiento acordado por el Consejo General, en
sesión que celebren los Consejos Distritales a más tardar
en la última semana del mes de marzo del año de la
elección.

Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su
competencia velaran       por la observancia de estas
disposiciones y adoptaran las medidas a que hubiere
lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el
pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el respeto
a la propaganda colocada por los mimos .

ARTÍCULO 156. Cualquier infracción a las disposiciones
relativas a la propaganda electoral será sancionada en
los términos de este Código.

En caso de violación a las reglas para la propaganda y la
fijación de misma en los lugares permitidos, el Consejo
General o Distrital respectivo, notificará al partido
infractor, requiriendo su inmediato retiro, que no podrá
exceder de 24 horas; en caso de incumplimiento se
notificará a la autoridad administrativa para el retiro de
propaganda y la sanción que se determine al partido o
coalición responsable considerará el daño económico
coaccionado .

ARTÍCULO 160. Los gastos que realicen los partidos
políticos   las coaliciones y sus candidatos en la
propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde
el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal previo al inicio de las campañas.

Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos
dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

   a) Gastos de propaganda, que comprenden los
realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas,
equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

   b) Gastos operativos de la campaña, que comprenden
los sueldos y salarios del       personas eventuales,
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte de material y personal, viáticos y
otros similares;
   c) Gastos de propaganda en prensa, radio y televisión
que comprenden los realizados en cualquiera de estos
medios tales como mensajes, anuncios publicitarios y sus
similares, tendientes a la obtención del voto. Y

  d) Los destinados con motivo de la contratación de
agencias y servicios personales especializados en
mercadotecnia y publicidad electoral.

No se considerará dentro de los topes de campaña los
gastos que realicen los partidos para su operación
ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos
directivos y de sus organizaciones.

Ahora bien, como se desprende de los hechos que se
citan, el PRD y sus precandidatos han incurrido en una
franca y clara violación a lo prescrito en el artículo 154
inciso d), al utilizar el equipamiento urbano sin
autorización de la autoridad administrativa y por ello, es
prudente considerar que el Jefe de Gobierno vetó la
reforma al Código Electoral del Distrito Federal,
buscando su provecho y el de su partido el PRD, ya que
conociendo las fallas de dicho ordenamiento, ahora está
libre y puede mañosamente operar acciones que rompen
con la Legalidad , la equidad y la transparencia en que
deben participar los partidos políticos en este proceso
electoral;

   La justicia, implica en una de sus concepciones más
    tradicionales, dar a cada cual lo suyo;

   Igualdad.- dispone      que la ley no establece
    distinciones individuales respecto de aquellas
    personas de similares características, ya que a todas
    ellas se les reconocen los mismos derechos y las
    mismas posibilidades.

   Equidad.- Es tratar a cada partido político en el
    proceso electoral de manera igual, es decir que deben
    de contender en las mismas circunstancias y sin
    ventaja para nadie.

   Igualdad y equidad.- corresponden       entonces a
    principios o conceptos que van de la mano con la
    justicia, y debe precisarse que, en ese aspecto, la
    Constitución señala que la ley garantizara que los
    Partidos cuenten de manera equitativa con elementos
    para realizar sus actividades, lo que sucede en la
    práctica por los abusos que hemos señalado.

    Debo manifestar a usted que nos quede claro lo
    prescrito por el artículo 157 del Código Electoral del
    Distrito Federal, referente a la difusión del Jefe del
    Gobierno del Distrito Federal, motivo por el que no se
    abunda sobre el particular,

    Como muestra de lo manifestado, es suficiente y
    basta con señalar algunos ejemplos que acreditan
    nuestras afirmaciones, con las siguientes:

                      PRUEBAS
1. En el modulo donde se encuentra la caseta de policía
   ubicada en la calle Tetis o avenida 35 y calle 8 de la
   Colonia Pedregal de San Nicolás Totolapan, en la
   Delegación Tlalpan, se encuentran sobre la barda de
   este inmueble, diversos pendones y mantas a su
   alrededor, sin que los elementos de seguridad público
   que ahí se encuentran laborando hagan algo por
   quitarla, lo que implica que ellos están de acuerdo,
   eso manifiesta una serie de argucias que se salen de
   los causes de la ley, por parte del PRD y con el
   consentimiento del gobierno.

2. En el puente que se encuentra entre Periférico y
   Renato Leduc en la Delegación Tlalpan DF. Existe
   propaganda en su interior cubriendo toda su
   superficie; En el puente vehicular de Periférico y
   Calzada de Tlalpan se encuentra tapizado de
   propaganda de Carlos Imaz, Susana Manzanares y
   de Ricardo Chávez.

3. En Avenida Centenario a la altura de la estación
   metro Martín Carrera, inmueble que ocupa el metro;
   en Avenida Centenario del mercado Vasco de
   Quiroga en el paso peatonal.

4. En la barda perimetral que se encuentra en Eduardo
   Molina y Talismán, en Eduardo Molina y San Juan de
   Aragón.

5. En los postes de toda la ciudad como los que se
   encuentran en Eje 8 Sur, Calzada Ermita Iztapalapa,
   entre Calzada de la Viga Eje 2 Oriente y Eje 3 ó
   Avenida 5, en los que llama la atención por su costo
   los espectaculares de Clara Burgada; así como los
   espectaculares de Víctor Círigo en Eje 8 Sur y Eje 3,
   ambos se promueven para Jefes Delegacionales en
   Iztapalapa. De Víctor Círigo y Clara Burgada se
   cuenta con una saturación de propaganda en los
   puentes peatonales de Eje 8

6. Sur, Calzada Ermita Iztapalapa entre Calzada de la
   Viga y Eje 3 Arnese ó Avenida 5, también se
   encuentra propaganda en microbuses y en
   espectaculares.

7. En Iztacalco se ha saturado de propaganda de
   Covarrubias y de Armando Quintero en los puentes
   vehiculares como el de San Juan en Zaragoza, en
   donde coinciden las Delegaciones Iztacalco e
   Iztapalapa respectivamente en Cuauhtémoc en las
   casetas telefónicas, postes y árboles en la barda, y
   mobiliario urbano que se encuentra       Puente de
   Alvarado y Zaragoza en la Glorieta Cabeza de Juárez
   .

8. En Venustiano Carranza hay un despliegue de Ruth
   Zavaleta y Alejandra Barrales en espectaculares,
   pendones y mantas que se encuentran en los postes
   y puentes peatonales en la entrada de la Noria en
   Xochimilco en la Calzda México Xochimilco existe
   abundante propaganda de los precandidatos, así
   como en la barda perimetral del tren ligero en las
   estaciones Huichapan y la Noria.

Todo lo anterior, muestra como de entrada el órgano
electoral no debe quedarse impávido ante los hechos que
se argumentan, toda vez que se trata de una actitud
generalizada por parte del PRD y de sus precandidatos,
que aprovechando el veto que hizo de las reformas al
Código de la materia el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal hacen campaña con maña traduciéndose en
acciones en su beneficio,, afectando el sano desarrollo
del proceso electoral.

POR ELLO DEBE DESTACARSE LA CONVENIENCIA
DE QUE EL JEFE DE GOBIERNO PONGA ORDEN EN
LA CIUDAD PARA QUE EL PROCESO ELECTORAL SE
CONDUZCA EN UN CLIMA DE EQUIDAD ELECTORAL,
SIN CONCESIONAR VENTAJAS A SU PARTIDO EL
PRD.

Para la investigación que realice el Consejo General,
deberá aplicar el principio de exahustividad yendo al
fondo del asunto, ya que al igual que los partidos
políticos, y más siendo la autoridad en la materia; no
puede ser posible que se quede callada sin decir o hacer
algo cuando es un asunto de su competencia, que no
sólo merece una llamada de atención, sino que, requiere
de un acuerdo de civilidad política.

Para tal efecto, resulta aplicable al caso, la siguiente
jurisprudencia sobre exhaustividad:

 ‘EXHAUSTIVIDAD            PRINCIPIO          DE.        LAS
 AUTORIDADES           ELECTORALES           DEBEN        DE
 OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE
 EMITAN.       Las     autoridades      electorales,    tanto
 administrativas      como       jurisdiccionales,     cuyas
 resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la
 interposición de un medio de impugnación ordinario o
 extraordinario,     están     obligadas       a     estudiar
 completamente todos y cada uno de los puntos
 integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas
 a su conocimiento y no únicamente a algún aspecto
 concreto, por más que lo crean suficiente para
 sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese
 proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza
 jurídica que las resoluciones emitidas por aquellas
 deben de generar, ya que sí llegarán a revisar por
 causas de un medio de impugnación, la revisora estaría
 en condiciones de fallar una vez la totalidad de la
 cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos que
 obstaculizan la firmeza de los actos objetos del reparo e
 impide que se produzca la privación injustificada de
 derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una
 organización política, por una tardanza en su
 dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley
 para las distintas etapas y la realización de los actos de
 que se compone el proceso electoral. De ahí que si no
 se procediera de manera exhaustiva podrá haber
 retraso en la solución de las controversias, que no sólo
 acarrearían incertidumbre jurídica, sino que incluso
 podría conducir a la privación irreparable de derechos,
          con la consiguiente conculcación al principio de
          legalidad electoral a que se refieren los artículos 41,
          fracción III y 116, fracción IV inciso b), de la
          Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’

          Sala Superior S3EL 005/97

          Juicio para la Protección de los Derechos Político-
          electorales     del   ciudadano    SUP-JDC-010/97.
          Organización Política ‘Partido de la Sociedad
          Nacionalista’. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de
          votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.

    Por lo anteriormente expuesto, a usted, C. Presidente del H.
    Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
    atentamente pido se sirva:

    ÚNICO.- Tener por presentado EL ESCRITO DE QUEJA de
    mi representado, en los términos del presente escrito,
    solicitando se aplique del principio de exahustividad en la
    investigación respectiva, e imponiendo las sanciones que
    resulten procedentes”

II. Con fecha veintitrés de enero de dos mil tres, el escrito que nos
ocupa fue turnado a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su
debida tramitación, en auxilio de la Secretaría Ejecutiva.

III. Con fecha veintiocho de enero de dos mil tres, se turnó a la
Unidad de Asuntos Jurídicos el escrito de fecha veintisiete de
enero del año en curso, dirigido a Don Eduardo Huchim May,
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización
de este Instituto, suscrito por el C. José Alfonso León Matus,
quien se ostenta como Representante Propietario del Partido
Alianza Social, mediante el cual manifestó:

     “Los principios rectores de la organización de los procesos
     electorales son la certeza, legalidad, independencia,
     imparcialidad, objetividad y equidad, conforme a los artículos
     41, 116 y 122 constitucionales, así como los artículos 3 y
     demás relativos del Código Electoral del Distrito Federal.

    A partir del mes de enero corriente se han venido
    presentando una serie de hechos que están viciando el
    proceso electoral ordinario del año 2003. Nos referimos a la
    propaganda electoral que se ha venido desplegando a favor
    del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y militantes
    suyos. Esos hechos son del conocimiento general. Y por
    tener ese carácter, la prueba no es el problema. Más bien, la
    cuestión es determinar las implicaciones fácticas y legales
    que les corresponden.

    La propaganda electoral perredista está atentando contra los
    principios rectores de la organización del proceso electoral
    ordinario 2003. Y no queremos, ni permitiremos que haga
    fraudulento dicho proceso electoral.

    Las actividades desplegadas por los perredistas en realidad
    son actos de campaña, en términos de los artículos 147 y
    relativos del Código Electoral. Están siendo difundidos
    elementos tales como nombres y currículas de dirigentes y
    militantes, ideas políticas, colores y emblemas, todos
    alusivos al PRD. Y se trata de una difusión abierta. Todos
esos elementos alusivos al PRD, están siendo expuestos al
electorado en general. Y el único resultado que le va a
representar a dicho Partido es posicionarse ante la opinión
pública. En términos electorales, eso se llama obtención del
voto de la ciudadanía.

Estamos frente a un fenómeno que tiene todos los elementos
y apariencia de una campaña electoral. No puede
considerársele de otro modo. Se trata una verdadera
campaña electoral. Incluso así lo han reconocido Consejeros
Electorales.

Y no es cierto de que se trate de un mero proceso interno de
selección de candidatos. Si así fuera la propaganda sólo
estaría dirigido a los perredistas, dentro de las instalaciones
de su Partido. Y tampoco es justificación que el PRD alegue
que puede actuar así debido a su método de selección de
candidatos, supuestamente por encuesta. Los métodos de
un Partido Político, por muy democráticos que sean, no
pueden rebasar los límites de la ley.

La propaganda perredista atenta contra el principio de
legalidad. Conforme al artículo 148 del Código Electoral las
campañas electorales iniciarán al día siguiente del registro de
candidatos. La citada disposición legal es determinante. Dice
“iniciarán”. No dice que “se podrán iniciar”. Y mucho menos
autoriza que puedan iniciarse las campañas antes del
registro de candidatos. Ahora bien, en el proceso electoral
ordinario 2003 todavía ni siquiera se registran candidatos.
Todavía no pueden realizarse actos de campaña.

La propaganda perredista atenta contra los principios de
certeza y objetividad. Aun       no inician las campañas
electorales. Y si embargo, la propaganda desplegada por el
PRD, constituye verdaderos actos de campaña electoral. La
ciudadanía puede caer en confusión. ¿Estamos o no en
periodo de campañas electorales? ¿Antes de haber
candidatos debidamente registrados, se pueden hacer
campañas electorales? Y los dirigentes y militantes que
están siendo promovidos, ¿son o no candidatos?

La propaganda perredista atenta contra los principios de
imparcialidad y equidad. Existen Institutos Políticos, como el
Partido Alianza Social que respetuosos de la legislación
electoral y concretamente del citado artículo 148 del Código
Electoral no han iniciado ninguna campaña electoral. Y en
cambio, la propaganda que nos ocupa constituye verdaderos
actos de campaña. Si se permite que el PRD persista en su
conducta, resultará que sus campañas habrán tenido más
tiempo y por lo tanto más penetración.

La propaganda que se ha venido desplegando a favor del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y militantes
suyos también tiene serios
cuestionamientos en su aspecto financiero. Y eso es lo que
especialmente le compete a la Comisión de Fiscalización del
Instituto Electoral del Distrito Federal.

Debe hacerse referencia sobre todo a los artículos 30, 32,33,
36, 160 y 161 del Código Electoral. Los Partidos Políticos
tienen financiamiento público y privado. Sin embargo, debe
prevalecer el financiamiento público. El financiamiento
privado tiene sus propias limitantes. Los Partidos Políticos
pueden recibir de simpatizantes aportaciones: (1) que sean
en dinero; y (2) hasta por el diez por ciento anual del
financiamiento público para actividades ordinarias. En ningún
caso los Partidos Políticos pueden recibir recursos
provenientes del gobierno, de personas no identificadas
(salvo el caso de excepción previsto en la ley), personas
jurídicas aunque sean mexicanas o personas o entidades
públicas, religiosas, extranjeras o internacionales. Y los
destinos que pueden darle los Partidos Políticos a los
financiamientos recibidos son fundamentalmente: para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; para
gastos de campaña; y para actividades especificas como
entidades de interés público. Y a su vez los gastos de
campaña también tienen sus limitantes legales. Son
fundamentalmente los topes de gastos de campaña.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, algunos de los
cuestionamientos que deben ser esclarecidos son los
siguientes:

(1)¿En cuánto se estima el costo de la propaganda que se
viene desplegando a favor del PRD y militantes suyos, a
partir de enero de 2003?

  ¿ Es lícita o ilícita la procedencia de los recursos utilizados
(2)
para el despliegue de la propaganda perredista?

(3)¿ Cuáles son las fuentes de donde provienen los recursos
utilizados para el despliegue de la propaganda perredista y
de cuánto es el monto de cada una de ellas?

(4)Si la fuente no fuera el PRD, y siendo del conocimiento
general que es sumamente costosa la difusión de mensajes
por medios electrónicos ¿ es siquiera creíble que los costos
los estén absorbiendo los militantes en lo individual?

(5)Y si no es el PRD, ni es posible que todos esos gastos de
difusión los sufraguen en lo individual los militantes, entonces
¿ los recursos financieros provienen del Gobierno de la
Ciudad de México o de algún otro Gobierno perredista? Este
cuestionamiento no es deseable a priori. Debe tenerse en
cuenta que el PRD es el Partido en el Gobierno de esta
Ciudad y de otras Entidades.

(6) ¿Es apegado a derecho que se destinen recursos
financieros a actos de campaña a favor del PRD y militantes
suyos, cuando todavía no pueden iniciar las campañas
electorales conforme al artículo 148 del Código Electoral?

(7) ¿Es correcto que ya se estén efectuando verdaderos
gastos de campaña cuando todavía ni siquiera se fijan los
topes?     Y todavía más, siendo verdaderos gastos de
campaña ¿es correcto que no se computen para efectos de
los topes de campaña?

En consecuencia a todo lo anterior, atentamente se solicita
que la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del
Distrito Federal ejerza y cumpla las facultades y
responsabilidades previstas en el artículo 33, inciso a), d), f)
e i) y demás artículos relativos del Código Electoral del
Distrito Federal.
     Teniendo en cuenta los siete cuestionamientos de referencia
     y otros más que pudieran formularse, la Comisión citada:

     (1)Deberá solicitar al Partido de la Revolución Democrática
     rinda un informe detallado respecto de sus ingresos y
     egresos, sobre todo referidos a la propaganda que se viene
     desplegando a favor suyo y de sus militantes desde enero
     de 2003.

     (2)En su caso deberá ordenar la práctica de una auditoría a
     las finanzas del Partido de la Revolución Democrática.

     (3)Y de las irregularidades detectadas deberá informar al
     Consejo General del Instituto Electoral a efecto de iniciar el
     procedimiento de faltas y sanciones.

     (4)A la mayor brevedad posible deberá elaborar lineamientos
     para poder revisar y evaluar con mayor amplitud otros
     futuros casos, como el que nos ocupa.

       Para el respecto de nuestro derecho de petición previsto
     (5)
     en los artículos 8 constitucionales y demás relativos, deberá
     contestar este escrito, refiriéndose a cada uno de los
     cuestionamientos arriba formulados”

IV. Con fecha treinta de enero de dos mil tres, se dictó Acuerdo
de radicación en el que se tuvieron por presentadas las
fotografías que se anexan al escrito de queja e iniciándose el
procedimiento correspondiente, ordenándose correr traslado al
Partido de la Revolución Democrática a efecto de que dentro de
un plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de la
notificación personal de dicho Acuerdo, contestara por escrito
ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, lo que a su derecho
conviniera y aportara las pruebas que considerara pertinentes en
relación con los hechos que le imputó el Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General de este Instituto.

Asimismo, se ordenó a la Unidad de Asuntos Jurídicos, realizara
una inspección en los lugares que refirió el promovente en el
capítulo de pruebas de su escrito de queja; de igual forma, se
ordenó a las cuarenta Direcciones Distritales de este Instituto,
para que presentaran un informe sobre el estado en que se
encuentran los lugares de uso común susceptibles de ser
distribuidos a los Partidos Políticos para efectos de propaganda
en el proceso electoral ordinario, comprendidos en su ámbito
territorial, de acuerdo al catálogo vigente, asimismo debían
informar sobre la existencia de dicha propaganda en el
equipamiento y en el mobiliario urbano; también se ordenó, se
giraran atentos oficios a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones
Políticas, para que informara a la Secretaría Ejecutiva si había
recibido por parte del Partido de la Revolución Democrática
información alguna respecto de los gastos que presuntamente ha
realizado; al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de
que manifestara lo que a sus intereses conviniera; al Secretario
de Desarrollo Urbano y Vivienda, a los dieciséis Jefes
Delegacionales y al Director General de Patrimonio Inmobiliario,
todos ellos del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que en
auxilio de esta autoridad electoral, se sirvieran informar sobre los
hechos materia de la queja y en particular sobre los inmuebles
propiedad del Gobierno del Distrito Federal o de los que tenga
éste en posesión, en los cuales se haya instalado, pegado o
pintado la propaganda a que alude el quejoso.

V. Con fecha treinta de enero de dos mil tres, se dictó un Acuerdo
por el que se tuvo al Partido Alianza Social, por conducto de su
Representante Propietario ante el Consejo General de este
Instituto, haciendo las manifestaciones contenidas en el escrito de
fecha veintisiete de enero del año en curso, para los efectos
legales a que haya lugar, ordenándose glosar a las actuaciones el
escrito referido, para que surta los efectos legales
correspondientes y sea tomado en consideración en la presente
Resolución.
VI. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil tres, en
cumplimiento al punto VIII del Acuerdo de fecha treinta de enero
del mismo año, se realizó una inspección en los lugares que
refiere el promovente en el capítulo de pruebas de su escrito de
queja, a fin de que se corroborara la veracidad de lo afirmado por
el quejoso y la autenticidad de lo reproducido en las fotografías
aportadas como pruebas, lo que se hizo constar por escrito en
tres actas circunstanciadas, en los siguientes términos:

    “ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL RECORRIDO DE
    INSPECCIÓN QUE CON RELACIÓN A LAS PRUEBAS
    TÉCNICAS              OFRECIDAS     POR       EL     PARTIDO
    REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA QUEJA IEDF-
    QCG/01/2003, QUE REALIZAN LOS CC. DAVID SANTIAGO
    PÉREZ Y ÁNGEL JESÚS HERRERA BARRAGÁN.-------------
    ---------------
    En México, Distrito Federal, siendo las trece horas con treinta
    minutos del día treinta y uno de enero de dos mil tres, los que
    suscriben, de conformidad con lo ordenado en el punto VIII
    del acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto
    Electoral del Distrito Federal el día treinta del mismo mes y
    año, por el que se dispuso que la Unidad de Asuntos
    Jurídicos realice una inspección en los lugares que cita el
    promovente en el capítulo de pruebas de su escrito de queja,
    a fin de que esa autoridad corrobore la veracidad de lo
    afirmado por el quejoso y la autenticidad de lo reproducido
    en las fotografías aportadas como prueba, procediendo en
    consecuencia, a dar inicio a la inspección ordenada.------------
    ------------------------
    Encontrándonos en la Avenida Popocatepetl Eje vial ocho
    sur esquina con la calle Alambra , en dirección poniente a
    oriente, habiendo previamente identificado con la fotografía
    aportada como prueba, se trata del lugar a que alude la
    probanza ofrecida, no habiéndose encontrado la
    circunstancia que la fotografía muestra, ni propaganda
    alguna del Partido de la Revolución Democrática en el
    entorno; enseguida nos trasladamos a la Calzada Ermita
    Iztapalapa a la altura del número quinientos cincuenta y siete
    afuera de las instalaciones de la Universidad Tecnológica,
    habiendo previamente identificado con la fotografía aportada
    como prueba, se trata del lugar a que alude la probanza, en
    el que se encontró propaganda consistente en carteles en
    color adheridos y sujetos a postes así como adheridos a
    casetas telefónicas, misma que pertenece al Partido de la
    Revolución Democrática, la cual alude en su mayoría a la C.
    Clara Brugada, en la que se identificó la leyenda “Jefa
    Delegacional”; acto seguido nos desplazamos tres cuadras
    sobre la misma Calzada Ermita Iztapalapa en el sentido
    poniente-oriente, en donde de lado derecho con relación al
    sentido de la circulación vehicular, en la parte superior de un
edificio de dos niveles de color gris se observó un
espectacular       de      sesenta      metros       cuadrados
aproximadamente en la que se hace referencia a la ya
mencionada C. Clara Brugada; acto seguido nos
desplazamos sobre la misma Calzada y procedimos a
identificar el puente peatonal, a que hace referencia la
fotografía aportada como prueba, esto es, a la altura del
número quinientos diez de la propia vía arriba mencionada,
en la colonia Mexicalzingo, Delegación Iztapalapa, en donde
se pudo constatar que no se encuentra propaganda alguna
del Partido de la Revolución Democrática; a continuación nos
dirigimos al sitio que se ubica sobre la Calzada Ermita
Iztapalapa y Eje tres oriente, frente al establecimiento
mercantil con razón social “Casa Góngora”, habiendo
identificado con la fotografía aportada como prueba,
corresponde al lugar a que se alude en la probanza, se
constató que efectivamente se encuentra en este sitio, un
espectacular          de     sesenta     metros      cuadrados
aproximadamente en el que se hace referencia al C. Víctor
Hugo Círigo mismo que contiene la leyenda “Para Jefe
Delegacional en Iztapalapa”; a continuación nos dirigimos al
sitio que se ubica en Calzada Ermita Iztapalapa esquina
Avenida Año de Juárez, habiendo previamente identificado
con la fotografía aportada como prueba, se trata del lugar a
que aparece en la misma, se constató que no se encuentra
propaganda alguna del Partido de la Revolución
Democrática; a continuación procedimos a trasladarnos al
sitio que se ubica en la Calzada Ermita Iztapalapa, entre Eje
tres oriente y Avenida Tlahuac , en el sentido poniente-
oriente constatando que se trata del lugar con la fotografía
aportada como prueba, en el cual se encontró un
espectacular de aproximadamente cuarenta y ocho metros
cuadrados en que se hace referencia al C. Víctor Hugo Círigo
y se pudo constatar que en la parte central del espectacular
aparece la leyenda “Para Jefe Delegacional en Iztapalapa”;
continuando con la inspección ordenada, habiéndonos
trasladado al sitio ubicado en la intersección que forman
Avenida Ignacio Zaragoza y Avenida Rojo Gómez, en sentido
norte-sur e identificado con la fotografía aportada como
prueba que se trata del lugar, encontrándose elementos de
propaganda como carteles adheridos a los postes de color
negro, amarillo y blanco con el emblema del PRD, sin que se
apreciara en la misma cantidad que se muestra en la
fotografía, sino en cantidad considerablemente menor, por lo
puede deducirse, que dicha propaganda fue retirada, aunque
no en su totalidad, de la misma forma se pudo verificar que
en el muro lateral que forma el desnivel ubicado en el punto
de referencia se encuentran pintas que aluden al Partido de
la Revolución Democrática y la leyenda “Armando Quintero
Jefe Delegacional” en varias de ellas; acto seguido nos
trasladamos al sitio conocido como “Glorieta Cabeza de
Juárez” en la Avenida Ignacio Zaragoza, identificado el lugar
con el que aparece en el documento aportado como prueba,
sin que se encontraran ninguno de los elementos de
propaganda que presenta la fotografía; De forma inmediata,
nos trasladamos a la esquina que forman Avenida Te y la
calle de Resina, en la colonia Granjas México, en la
Delegación Iztacalco, identificado el lugar con el que aparece
en el documento aportado como prueba, sin que se
encontraran ninguno de los elementos de propaganda que
presenta la fotografía; Acto seguido, procedimos a ubicarnos
en el cruce que forman Avenida Te y la calle de sur ciento
cincuenta y siete, identificado el lugar con el que aparece en
la fotografía aportada como prueba, es preciso mencionar
que no se encontró alguno de los elementos de propaganda
que presenta la fotografía en comento. No quedando lugares
pendientes de inspeccionar, se cierra la presente acta a las
dieciséis horas con cincuenta minutos del día de la fecha,
constante de dos hojas, firmando al margen y al calce de las
hojas los que intervinieron en ella, para dejar constancia de
los hechos y para todos los efectos legales.--------“

“ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL RECORRIDO DE
INSPECCIÓN QUE CON RELACIÓN A LAS PRUEBAS
TÉCNICAS              OFRECIDAS               POR          EL        PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA QUEJA IEDF-
QCG/01/2003, QUE REALIZAN LOS CC. LOURDES
ALEGRE CHÁVEZ Y JORGE ANTONIO MOLINA LÓPEZ.----
------------------------------
En México, Distrito Federal, siendo las trece horas con treinta
minutos del día treinta y uno de enero de dos mil tres, los que
suscriben, de conformidad con lo ordenado en el punto VIII
del acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Distrito Federal el día treinta del mismo mes y
año, por el que se dispuso que la Unidad de Asuntos
Jurídicos realice una inspección en los lugares que cita el
promovente en el capítulo de pruebas de su escrito de queja,
a fin de que esa autoridad corrobore la veracidad de lo
afirmado por el quejoso y la autenticidad de lo reproducido
en las fotografías aportadas como prueba, procediendo en
consecuencia, a dar inicio a la inspección ordenada.------------
----------------------------------------------------------------------------------
---------------
Encontrándonos ubicados en la Avenida Puente de Alvarado,
en dirección oriente-poniente, esquina con la Calle de
Zaragoza, frente al número veintiséis, se encuentra una
barda pintada en fondo blanco, ostentando el emblema
“PRD", con la mención: “Un partido cercano a la gente” y la
leyenda           “NARCISO              LEÓN”,            “PARA            JEFE
DELEGACIONALEN CUAUHTÉMOC”; continuando por esta
Avenida, esquina con Buena Vista, habiendo previamente
identificado con la fotografía aportada como prueba, se trata
del lugar a que alude la probanza ofrecida, no habiéndose
encontrado propaganda alguna del Partido de la Revolución
Democrática, tanto en los postes como en las cabinas
telefónicas que aparece en la fotografía; enseguida nos
trasladamos a la Avenida Puente de Alvarado, ubicándonos
frente al número setenta y cinco, habiendo previamente
identificado con la fotografía aportada como prueba, se trata
del lugar a que alude la probanza, en el que se encontró
propaganda consistente en carteles en color adheridos a la
jardinera del Partido de la Revolución Democrática, la cual
alude al C. Teodoro Palomino, para fungir como precandidato
a Diputado Local por el Distrito X, sin que aparezca
propaganda alguna en el poste ubicado a la derecha de la
señalada jardinera; acto seguido nos trasladamos a Puente
de Alvarado sentido poniente-oriente, esquina con la Calle
Ponciano Arriaga, frente al negocio denominado “La Flor
Asturiana”, habiendo previamente identificado con la
fotografía aportada como prueba, se trata del lugar a que
alude el Partido quejoso, constatando de que no se
encuentra propaganda alguna del Partido de la Revolución
Democrática; acto seguido, nos trasladamos a la Avenida
Eduardo Molina, ubicándonos en dirección sur-norte,
enseguida de la Avenida San Juan de Aragón, frente al
número siete mil doscientos cincuenta, habiendo identificado
con la fotografía aportada como prueba, se trata del lugar al
que alude la probanza ofrecida, en el que se constató que se
encuentra una barda que colinda con la Escuela Nacional
Preparatoria número tres Justo Sierra, sin que se pueda
precisar el tipo de propiedad a quien corresponde dicha
barda, la cual se encuentra pintada con el emblema del PRD,
en colores amarillo, negro, rojo y blanco, en la que se incluye
la leyenda “UN RUMBO SEGURO EN GUSTAVO A.
MADERO”, “ALBERTO TREJO EL MEJOR”, “PARA JEFE
DELEGACIONAL”; a continuación nos dirigimos al sitio que
se ubica en Avenida Eduardo Molina en dirección norte-sur,
esquina Calle Cinco de Mayo, Colonia Vasco de Quiroga,
habiendo previamente identificado con la fotografía aportada
como prueba, se trata del lugar a que aparece en la misma,
encontrándose una barda que contiene el emblema del PRD,
en colores amarillo, negro y blanco, cuyo contenido
propagandístico, alude al segundo informe del Diputado
Edgar Torres, así mismo se da cuenta que dicha barda se
encuentra en reparación, pudiéndose constatar que el predio
en que se ubica la barda corresponde a una negociación de
lavado de autos y pensión, así mismo los postes que
aparecen en la fotografía carecen de propaganda
relacionada con el PRD; a continuación nos dirigimos al sitio
que se ubica en Avenida Centenario, frente al número mil
novecientos noventa y cinco, habiendo identificado con la
fotografía aportada como prueba, corresponde al lugar a que
se alude en la probanza, habiéndose identificado al puente
peatonal, se constató que no presenta propaganda del PRD;
a continuación procedimos a trasladarnos al sitio que se
ubica en Avenida Centenario casi esquina con Calle Oriente
ciento cincuenta y siete, en dirección norte-sur, constatando
que se trata del lugar con la fotografía aportada como
prueba, en el cual se encontró un inmueble, del que no se
pudo constatar el tipo de propiedad por encontrarse
aparentemente abandonado, presentando propaganda
pintada en las paredes, en la que aparecen signos
pertenecientes al emblema del Partido de la Revolución
Democrática, en colores amarillo, negro, rojo y blanco, con
las leyendas: “AIMÉ ZÚÑIGA”, ”PRECANDIDATA PARA:
DIPUTADA LOCAL IV DISTRITO” y “ESTE 23 DE FEBRERO
VOTA”; continuando con la inspección ordenada,
habiéndonos trasladado al sitio ubicado en Eje 4 Norte,
Avenida Talismán, en sentido oriente-poniente, esquina con
Eduardo Molina e identificado con la fotografía aportada
como prueba que se trata del lugar, encontrándose
elementos de propaganda como carteles adheridos a los
postes de color negro, amarillo y blanco con el emblema del
PRD, al parecer recientemente arrancados, sin que se
apreciara leyenda alguna; acto seguido nos trasladamos al
sitio ubicado en Eje 3 Norte, en sentido oriente-poniente,
esquina Eduardo Molina, identificado el lugar con el que
aparece en la fotografía aportada como prueba, sin que se
encontraran elementos de propaganda que presenta la
fotografía. No quedando lugares pendientes de inspeccionar,
se cierra la presente acta a las dieciocho horas con cuarenta
minutos del día de la fecha, constante de dos hojas, firmando
al margen y al calce de las hojas los que intervinieron en ella,
para dejar constancia de los hechos y para todos los efectos
legales.------------------------------------------------------------”
“ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL RECORRIDO DE
INSPECCION QUE EN RELACION A LAS PRUEBAS
TÉCNICAS          OFRECIDAS              POR      EL       PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA QUEJA IEDF-
QCG/01/2003, QUE REALIZAN LOS CC. MARCO ANTONIO
NAJERA        SALAZAR Y JOSE                  ARTURO GUTIERREZ
HERNÁNDEZ------------------------------------------------------
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las trece
horas con treinta minutos del día treinta y uno de enero de
dos mil tres, los que suscriben, de conformidad con lo
ordenado en el punto VIII del acuerdo emitido por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal
el día treinta del mes y año citados, por el que dispuso que la
Unidad de Asuntos Jurídicos realice una inspección en los
lugares que cita el promovente en el capitulo de pruebas del
escrito de queja a fin de que esa autoridad corrobore la
veracidad de lo afirmado por el quejoso y la autenticidad de
lo reproducido en las fotografías aportadas como prueba,
procediendo en consecuencia a dar inicio a la inspección
ordenada.------------------------------------
Encontrándonos ubicados en la Calzada de Tlalpan y
Periférico, en dirección norte-sur y previamente identificadas
las fotografías aportadas como prueba, se desprende que se
trata del lugar a que aluden, encontrándose en la parte
inferior del puente pintado de manera que aparece en la
fotografía, apreciándose las siguientes leyendas: “La
Esperanza se cumple con Susana Manzanares C., Para Jefa
Delegacional, Tlalpan” y la otra leyenda dice: “En Tlalpan
juntos somos la esperanza Carlos ímaZ , Jefe Delegacional,
Partido de la Revolución Democrática Con la Gente”, esta
publicidad del Partido de la Revolución Democrática, tanto en
el puente Vehicular como en el constado sur de la lateral de
periférico circulación poniente oriente. Por lo que hace a la
caseta telefónica señalada en el mismo lugar, esta no
presenta propaganda electoral alguna, sin embargo a una
distancia aproximada de veinte metros se encuentra la
referida propaganda. Al trasladarnos al siguiente punto a que
alude la probanza, ubicada en Calzada de Tlalpan como
referencia entre el hospital Gea González y de
Enfermedades Respiratorias, no se localizó la propaganda
establecida en las fotografías que se refieren a Higinio y
Carlos Imaz, pero si existe y sobre y sobre puesta las
referente a Susana Manzanares y Ricardo Chávez ambos
para Jefe Delegacional en Tlalpan. Por lo que al trasladarnos
al siguiente lugar ubicado en Calzada de Tlalpan y San
Fernando, no existen los elementos señalados en las
fotografías correspondientes a Banamex, auque si existe en
los postes próximos pendones a Carlos Ímaz, para Jefe
Delegacional. Siguiendo con el recorrido sobre Calzada de
Tlalpan e Insurgentes Sur, si se encontró la propaganda
pintada en la pared acera oriente, circulación sur-norte.
Cambiando de dirección encontrándonos en la Delegación
Xochimilco a altura de la estación del tren ligero la noria , en
el puente peatonal que se localiza en ese crucero, no se
localizó la propaganda referida al C. Eric Villanueva Mukul,
sin embargo, existe propaganda referente a Fausto Soto del
Partido de la Revolución Democrática para Jefe
Delegacional, en la Avenida 20 de noviembre si existe
propaganda que se refiere a Angélica Díaz Elías Martínez,
Faustino Soto por el “Partido de la Revolución Democrática,
para Jefes Delegacionales y Miguel Ángel Solares.--------------
-”
VII. Con fecha tres de febrero de dos mil tres, se emitió un
Acuerdo en el asunto que nos ocupa, mediante el cual se ordenó
se girara atento oficio a la Comisión de Fiscalización de este
Instituto, para que aportara a la Secretaría Ejecutiva, la
información que posea y esté vinculada con la presente queja.

VIII. Con fecha tres de febrero de dos mil tres, se presentó ante la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto el oficio número
DEAP/250.03 de la misma fecha, firmado por el Lic. Alfredo E.
Ríos Camarena Rodríguez, Director Ejecutivo de Asociaciones
Políticas, mediante el cual manifestó:

    “En atención a su oficio NO. SECG-IEDF/207/2002 de fecha
    31 de enero del año en curso, me permito informarle que
    esta Instancia Ejecutiva a la fecha, no ha recibido del Partido
    de la Revolución Democrática información relativa al punto X
    del Acuerdo del día 30 de enero de 2003, recaído en el
    expediente número IEDF-QCG/01/2003, con motivo de la
    queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional,
    con relación a la propaganda de dicho Partido fijada o
    adherida en diversos lugares de esta Ciudad”

IX. Mediante oficio número CF/056/03 de fecha siete de febrero
del año en curso, el Consejero Electoral Eduardo R. Huchim May,
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General
de este Instituto, manifestó lo siguiente:

    “Con relación a su oficio SECG-IEDF/232/2003 del tres de
    febrero del año en curso, recibido el 4 de febrero en mi
    oficina, le informo que a la fecha la Comisión de Fiscalización
    no cuenta con información relacionada con la queja de
    referencia. Sin embargo, en torno a este asunto me permito
    señalarle lo siguiente:

    El 27 de enero de este mismo año, mediante oficio
    CF/023/03, se le remitió un escrito original del Partido Alianza
    Social que se relaciona con la materia de la queja
    presentada por el Partido Revolucionario Institucional.

    El propio 27 de enero, la Comisión de Fiscalización acordó
    solicitar a los once Partidos Políticos, información
    relacionada con los recursos que se hubieren destinado a la
    propaganda de aspirantes a ser postulados para contender
    por un cargo de elección popular. El plazo para la entrega de
    esta información –diez días hábiles- vence el 12 de febrero.

    El 28 de enero de este año, se entregaron en las oficinas de
    los mencionados partidos los oficios CF/026/03, CF/027/03,
    CF/028/03, CF/029/03, CF/030/03, CF/031/03, CF/032/03
    CF/033/03, CF/034/03, CF/035/03, CF/036/03, donde consta
    la solicitud hecha a cada uno. El mismo día fueron enviadas
    a usted sendas copias de los mismos.

    En respuesta a los requerimientos señalados, los Partidos
    Revolucionario Institucional, de la Sociedad Nacionalista y
    México Posible, con fechas 30 de enero, 3 y 4 de febrero,
    respectivamente, presentaron su escrito de respuesta.

    El Secretario de la Comisión, Juan José Rivera Crespo,
    remitió a Usted copia simple del escrito del Partido de la
    Sociedad Nacionalista el mismo 3 de febrero mediante oficio
    CF/051/03. De los relativos a los Partidos Revolucionario
    Institucional y México Posible, los propios partidos le
    marcaron copia. Sin embargo, anexos al presente le envío
    los tres escritos originales señalados, para que se sirva
    certificar copia de los mismos y devolver a esta Comisión
    tales originales”

X. Con fecha siete de febrero de dos mil tres, se emitió un
Acuerdo en el presente asunto, respecto a los oficios números
DEAP/250.03 de fecha tres del mismo mes y año, firmado por el
Lic. Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez, Director Ejecutivo de
Asociaciones Políticas y CF/056/03 de fecha siete de febrero del
año en curso, firmado por el Consejero Electoral Eduardo R.
Huchim May, Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General de este Instituto, respectivamente.

XI. Mediante escrito de fecha cuatro de febrero de dos mil tres,
recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto el día cinco del
mismo mes y año, el Partido de la Revolución Democrática, por
conducto del C. Froylán Yescas Cedillo, quien se ostentó como
Representante Suplente ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, contestó en tiempo y forma la queja
presentada en su contra por el Partido Revolucionario
Institucional, en los siguientes términos:

            “FROYLÁN YESCAS CEDILLO, en mi carácter de
    representante suplente del Partido de la Revolución
    Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral
    del Distrito Federal, personalidad que acredito con la copia
    certificada de mi nombramiento, misma que anexo al
    presente escrito, señalando como domicilio para oír y recibir
    notificaciones y toda clase de documentos el inmueble
    ubicado en la calle de Jalapa, número 88, cuarto piso, en la
    colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de
    México, ya      autorizando para los mismo efectos a la
    Licenciada en Derecho Martha Leticia Mercado Ramírez y a
    las C. Gabriela Serrano Camargo y Cristina Muñoz
    Takayama, ante Ustedes, con el debido respecto,
    comparecemos para exponer:

           Que con fundamento en lo dispuesto por el inciso a)
    del artículo 277 del Código Electoral del Distrito Federal
    comparezco a presentar escrito de cuenta, en mi carácter de
    presunto responsable sobre la apertura de las
    investigaciones a que dio origen la infundada, temeraria y
    oscura queja presentada ante ese H. Consejo por el Partido
    Revolucionario Institucional e identificada con la clave de
    expediente IEDF-QCG/01/2003, Al respecto, me permito
    hacer valer, conforme a mi derecho conviene, las siguientes:

             CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

    El derecho electoral en nuestro país es un producto
    predominantemente moderno. Sin embargo, ha quedado de
    claro manifiesto, no solo en los textos constitucionales y
    legales, sino en la propia jurisprudencia de las autoridades
    jurisdiccionales de algunas entidades y fundamentalmente de
    la federal, que se funda en algunos principios del modelo
    garantista clásico, a saber, la legalidad, la objetividad y la
    imparcialidad, valores plasmados en el texto como fruto de
    una tradición jurídica ilustrada y liberal.
        Más allá de la heterogeneidad y de la ambivalencia de
los presupuestos teóricos y filosóficos que sustentan dicha
tradición, el principio de legalidad es uno de los que se ha
consolidado con mayor regularidad en las constituciones y
las codificaciones modernas, formando en su conjunto un
sistema coherente y unitario. La unitariedad de estos
sistemas,      depende       de    que     estos    principios,
fundamentalmente el de legalidad, configuran un esquema
epistemológico de la desviación sancionada por la ley
encaminado a asegurar el máximo grado de racionabilidad y
de fiabilidad del juicio de la autoridad, y por lo tanto, de
limitación de la potestad punitiva del Estado y de tutela de la
persona contra la arbitrariedad de sus órganos.

Por tanto, podemos considerar que los elementos
constitutivos de este esquema instaurado por el principio de
legalidad son dos, uno relativo a la definición legislativa y el
otro a la comprobación jurisdiccional de la desviación
sancionada.

       El primero de estos elementos es el conocido como
principio de estricta legalidad en la determinación abstracta
de lo que es punible. Este principio exige dos condiciones: el
carácter legal o formal del criterio de definición de la
desviación o irregularidad sancionada y el carácter empírico
o fático de las hipótesis de desviación legalmente definidas.
La desviación o irregularidad, según la primera condición, no
es la que por características intrínsecas es reconocido como
inmoral, como naturalmente amoral, como socialmente lesiva
o cualquier otra consideración. Es más bien lo formalmente
indicada por la ley como presupuesto necesario de la
aplicación de una sanción, según la clásica fórmula nulla
poena et nullum crimen sine crime sine lege. Por otro parte,
conforme a la segunda condición, la definición legal de la
desviación se debe producir no con referencia a figuras
subjetivas de condición o de autor, sino solo a figuras de
comportamiento empíricas y objetivas, según la otra máxima
clásica nulla poena sine crimene et sine culpa.

       La primera condición equivale al principio de la
reserva de la ley del consiguiente sometimiento de la
autoridad a la ley; conforme a ella, la autoridad que ejercita
funciones jurisdiccionales no puede calificar como delitos o
en todo caso, merecedores de sanción, todos los fenómenos
que considere inmorales, que sean de su agrado o que
considere perniciosos, según su opinión, sino sólo los que,
con independencia de sus valores, vienen formalmente
designados por la ley como presupuestos de una pena. La
segunda condición comporta además el carácter absoluto de
la reserva de ley, por virtud del cual el sometimiento del juez
es solamente a la ley; sólo si las definiciones legislativas de
las hipótesis de desviación o irregularidad vienen dotadas de
referencias empíricas y fácticas precisas, estarán en realidad
en condiciones de determinar su campo de aplicación.

     Al pronunciarse sobre el principio de legalidad, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha
pronunciado en estos términos:

     PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De
     conformidad con las reformas a los artículos 41,
     fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II, y 116,
     fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de
     los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos
     de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder
     Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del
     Sistema de Medios de Impugnación en Materia
     Electoral, se estableció un sistema integral de justicia
     en materia electoral cuya trascendencia radica en que
     por primera vez en el orden jurídico mexicano se
     prevén los mecanismos para que todas la leyes, actos y
     resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo
     previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las
     disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los
     derechos político electorales de los ciudadanos
     mexicanos como para efectuar la revisión de la
     constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos
     y resoluciones definitivos de las autoridades electorales
     federales y locales.

     Sala Superior S3EL 040/97
     Juicio de revisión constitucionalidad electoral SUP-
     JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre
     de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús
     Orozco Henríquez.

      El principio de legalidad, por tanto, se constituye como
una técnica legislativa específica dirigida a excluir, por
arbitrarias y discriminatorias, las convenciones no referidas a
hechos, sino directamente a personas, o a partidos políticos
en el caso presente. De esta forma, el principio de legalidad
reside en esta concepción al mismo tiempo nominalista y
empirista de la irregularidad punible, que remite a las únicas
admisiones taxativamente denotadas por la ley excluyendo
de ella cualquier configuración extra-legal. Auctoritas, nos
veritas facit legem es el principio de derecho que expresa
este fundamento convencionalista del derecho electoral
mexicano: no es la moral, la naturaleza, ni el criterio
subjetivo, sino sólo lo que con autoridad dice la ley lo que
confiere a un fenómeno relevancia jurídica.

      En este sentido, no se puede aducir un criterio por
virtud del cual ley calificaría como jurídicamente relevante
cualquier hipótesis de desviación o irregularidad, sino solo
comportamientos empíricos determinados, exactamente
identificables como tales por las hipótesis previstas por el
legislador.

      De lo anteriormente expuesto, resultaría claro para esta
autoridad la improcedencia de la queja que esa H. Autoridad
ha motivado y fundado su admisión en una tesis de
jurisprudencia que, de ser detenidamente revisada, veremos
que descalifica en sí misma la factibilidad procesal del ocurso
presentado por el Partido Revolucionario Institucional.

     MEDIOS       DE    IMPUGNACIÓN        EN     MATERIA
     ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR
     EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA
     DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL
     ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en
     materia electoral, el juzgador de leer detenida y
     cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga
     valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y
     atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a
     lo que aparentemente se dijo, con el objeto de
     determinar con exactitud la intención del promovente,
     ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta
     administración de justicia en materia electoral, al no
     aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca,
     como la expresión exacta del pensamiento del autor del
     medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso
     en que haga valer el mismo, debe ser analizado en
     conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente,
     interpretar el sentido de lo que se pretende.

     Sala Superior S3EL 048/97
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    074/97. Partido Revolucionario Institucional. 11 de
    septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente:
    Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Juicio de revisión
    constitucional electoral. SUP-JRC-099/97.
    Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997.
    Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco
    Henríquez.

     La oración “determinar con exactitud la intención del
promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una
recta administración de justicia en materia electoral”, aduce,
en el lenguaje jurisdiccional que necesariamente es que se
ha de ser empleado en un proceso jurisdiccional como este
al que se ha dado el número de expediente IEDF-
QCG/01/2003, a una pretensión, es decir, una petición a la
autoridad jurisdiccional para sancionar una conducta que
considera violatoria de la ley.

     Es por efecto de esta intención del promovente que
demanda, pide, insta o solicita a la autoridad electoral a que
resuelva en el sentido que considera debe ser, conforme a
derecho, que el promovente adquiere el carácter de actor, es
decir, quien asume la iniciativa procesal, el que ejercita una
acción o entabla una demanda. El que ejercita una acción
judicial es quien pude algo en juicio que le es debido,
conforme a derecho, quien lleva ante una autoridad
jurisdiccional sus pretensiones contra otro.

     El objeto o materia de esta acción, plasmado en una
demanda, es lo que define la procedibilidad de una queja. La
demanda es el acto procesal por el cual una persona, que se
constituye por el mismo en parte actora o demandante, inicia
su ejercicio y formula su pretensión ante el órgano
jurisdiccional. La demanda es un acto procesal, porque
precisamente con ella se va a iniciar la constitución de la
relación jurídica procesal; con ella nace el proceso, pero
también con la demanda se inicia el ejercicio de la acción,
por el cual el actor se obliga a ofrecer y aportar pruebas
sobre la violación a un derecho suyo que ha sufrido
menoscabo o a un precepto legal que haya sido lesionado
por los actos de quien tiene así, en materia electoral, el
carácter de presunto responsable.

     Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo
251 del Código Electoral, en el que se prevé en que casos
se considerará improcedente un medio de impugnación,
considerándose en la hipótesis establecida en el inciso a) de
este precepto, que la autoridad deberá desechar de plano un
medio de impugnación cuando se pretenda impugnar actos o
resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor. Es
aquí en donde radica la improcedencia, ya que lo que pide el
quejoso, como prevé el criterio del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, es algo sobre lo que no
posee interés jurídico, toda vez que este deriva,
necesariamente, de la tutela de un bien jurídico en la ley, lo
que solamente se logra mediante la prohibición, la limitación
o la temporalidad impuesta por el ordenamiento jurídico
emitido con anterioridad a la realización del acto.

    El concepto de interés jurídico tiene dos acepciones: 1)
en términos generales, la pretensión que se encuentra
reconocida por las normas de derecho y 2) en materia
procesal, la pretensión que intenta tutelar un derecho
subjetivo mediante el ejercicio de la acción jurisdiccional.

     En el caso en cuestión, es evidente que no existe
precepto alguno que norme las pretensiones punitivas del
actor, con respecto a los actos que sugiere sean motivo de
investigación del probable responsable, toda vez que la
legislación electoral no ha establecido disposición limitativa,
restrictiva o prohibitiva alguna respecto a los gastos hechos
en las elecciones internas de los partidos, respecto a los
procesos, mecanismos o medios de promoción utilizados por
los militantes, o aún a los ciudadanos, en el caso de un
proceso abierto como es el plebiscito electivo que prevé el
estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

     La promoción de los candidatos de un proceso interno
de un partido político no es un suceso nuevo ni ajeno al
partido que ahora se asume como quejoso. Baste recordar la
elección interna de dicho instituto político, el Partido
Revolucionario Institucional, en la que su actual Presidente
Nacional, así como otros tres candidatos, entre ellos quien
con posterioridad resultaría su candidato a la Presidencia de
la República en la elección celebrada en el año 2000,
erogaron recursos financieros en propaganda tanto impresa
como en medios electrónicos de comunicación; lo mismo
ocurrió en los procesos de designación de las dirigencias
internas de los Partidos Políticos que prevén un mecanismo
de elección entre militantes o abiertas a la ciudadanía
celebrados el año pasado. En todos los casos, los
candidatos utilizaron diversos medios para dar a conocer sus
propuestas y atraer la simpatía de los votantes para sí, sin
que en ese entonces el Partido quejoso interpusiera queja
alguna, de donde se infiere, claramente, que el interponer
una queja infundada y que se sabe de antemano
improcedente contra un acto que consistió con anterioridad
no obedece a otra que a un espurio interés electoral.

En estos casos, es evidente la falta de un marco jurídico
sobre el que pueda ejercitarse una acción punitiva en contra
de un partido político por actos de sus militantes en los
procesos de selección interna, máxime cuando los gastos
erogados a este respecto los efectúan los propios militantes
interesados en resultar electos para ser postulados a una
candidatura para un cargo de representación popular por el
partido político en el que militan. Ante la ausencia en la ley
de un precepto que haga previsible esta conducta y la
constituya, de darse su realización, en un presupuestos de
sanción para su autor, se concluye que no existe interés
jurídico para interponer dicha queja, por lo que acorde a lo
dispuesto en la ley, esa H. Autoridad deberá desecharla ante
su notoria improcedencia, en virtud del estricto apego al
principio de reserva de ley, que entraña el sometimiento de la
autoridad solamente a la ley; por lo que al no prever las
definiciones legislativas una hipótesis de conducta sobre la
cuál pueda determinar una sanción, está impedida a actuar
al respecto.

La falta de acciones punitivas contra este tipo de conductas,
y por tanto, de inexistencia de legitimación para imponer una
sanción a este respecto ya ha sido prevista por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente
criterio:

     ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON
     LOS     RELATIVOS        AL     PROCEDIMIENTO           DE
     SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS. En los
     actos de selección interna de los candidatos de los
     partidos políticos, los dirigentes, militantes, afiliados y
     simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con
     sus estatutos, actividades que no obstante tener
     carácter de actos internos, son susceptibles de
     trascender al conocimiento de toda una comunidad en
     la que se encuentran inmersas sus bases partidarias,
     sin que constituyan actos anticipados de campaña, al
     no tener como fin la difusión de plataforma electoral
     alguna ni pretender la obtención del voto ciudadano
     para acceder a un cargo de elección popular.
     Sala Superior S3EL 023/98
     Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-
     019/98.
     Partido Acción Nacional. 24 de junio de 1998.
     Unanimidad de 6 votos. Ponente; Eloy Fuentes Cerda.
     Secretario: Anastasio Cortés Galindo.

      De lo anterior podemos deducir que el interés jurídico
en materia procesal comprende la pretensión que se tiene de
acudir a la autoridad electoral con el propósito de hacer valer
un derecho violado. En este orden de ideas, por lo que se
refiere a la materia electoral, los partidos políticos tendrán la
potestad de acudir a la autoridad electoral cuando vean
afectados sus derechos por violaciones a la ley, sin embargo,
se ha visto que los actos de las campañas internas
susceptibles de trascender al conocimiento de toda una
comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases
partidarias, que en el caso de nuestro Partido, este
fenómeno se da muy ampliamente a lo largo de toda la
ciudad, sin que este hecho constituya actos anticipados de
campaña, por lo que no se puede derivar de una acción falta
de sustento legal una investigación que reúna los requisitos
de legalidad, objetividad y certeza requeridos por la ley.

       Ahora bien, para dejarlo más claro, en el presente caso,
para demostrar que los partidos políticos tienen interés
jurídico, el inciso a) del artículo 277 ordena que el partido
que pretenda ser quejoso, una vez que tenga conocimiento
de la irregularidad, el Instituto Electoral del Distrito Federal
emplazará al presunto responsable para que en el plazo de
cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga
y aporte las pruebas que considere pertinentes.
¿Con base a qué puede determinar que una situación es
irregular?

En materia electoral, bajo el principio electoral, sólo es
posible llegar a esta condición de irregularidad cuando la
conducta prevista se aparta de lo establecido por la ley.

      Es principio general de derecho que la resolución de los
asuntos debe examinarse, prioritariamente, si los
presupuestos de las acciones intentadas se encuentran
colmados, ya que de no ser así, existiría impedimento para
dictar sentencia condenatoria, a pesar de que la parte
demandada se haya defendido defectuosamente o, inclusive,
ninguna excepción haya opuesto.

       En este orden de ideas, el mismo artículo 277
establece, en su párrafo inicial, que los Partidos Políticos
podrá pedir al Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal se investiguen las actividades de otros
Partidos Políticos o de una Agrupación Política cuando se
incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.
Las obligaciones mencionadas se establecen en el artículo
25 de dicho precepto


     Artículo 25
     Son obligaciones de las Asociaciones Políticas:

     a) Conducir sus actividades dentro de los cauces
     legales así como de sus normas internas y ajustar su
     conducta y la de sus militantes a los principios del
     Estado democrático, respetando la libre participación
     política de las demás asociaciones políticas y los
     derechos de los ciudadanos;
     b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier
     acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden
     público, perturbar el goce de las garantías o impedir el
     funcionamiento regular de los órganos de gobierno;
     c) Ostentarse con la denominación, emblema y color o
     colores que tengan registrados;
     d) Cumplir con las normas de afiliación;
     e) Contar con domicilio social para sus órganos
     directivos, así como comunicar oportunamente los
     cambios al mismo;
     f) Editar por lo menos una publicación mensual de
     divulgación, y otra de carácter teórico, trimestral;
     g) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que
     ordene la autoridad electoral en materia de
     financiamiento, así como entregar la documentación
     que la propia Comisión les solicite respecto a sus
     ingresos y egresos;
     h) Comunicar al Instituto Electoral del Distrito Federal
     cualquier modificación a su declaración de principios,
     programa de acción o estatutos;
     i) Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del
     Distrito Federal la integración de sus órganos directivos;
     j) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o
     subordinación con Partidos Políticos, personas físicas o
     morales      extranjeras,    organismos      o   entidades
     internacionales y de ministros de culto de cualquier
     religión o secta;
     k) Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento
     público de acuerdo a las disposiciones de este Código;
     l) Sostener por lo menos un centro de formación política
     para sus afiliados, infundiendo en ellos el respeto al
     adversario y sus derechos en la lucha política;
     m) Abstenerse de cualquier expresión que implique
     diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que
     denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o
     a otras asociaciones políticas o candidatos; y
     n) Las demás que establezca este Código.

       De esta forma, es claro que el procedimiento
administrativo previsto en el artículo 277 del Código Electoral
del Distrito Federal constituye la regla general en materia
disciplinaria y de imposición de sanciones causadas por lo
actos cometidos por los partidos y agrupaciones políticas en
relación con el incumplimiento de las obligaciones dispuestas
por la ley, siendo únicamente sobre las limitaciones o
restricciones legales que la autoridad electoral puede
establecer un parámetro de irregularidad para determinar la
imposición de una sanción a los institutos políticos respecto
de las infracciones cometidas en esta materia. En este
entendido, la actuación de la autoridad es sólo legítima una
vez que se dan la verificabilidad de las denostaciones
jurídicas y de las fácticas, y de la reserva absoluta de ley en
materia electoral y la consiguiente sujeción del juzgador
solamente a la ley. La aplicación de estos principios, de la
misma forma, es reconocidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación:

     RÉGIMEN ELECTORAL DISCIPLINARIO. PRINCIPIOS
     JURÍDICOS            APLICABLES.        Tratándose      del
     incumplimiento de un deber jurídico, en tanto
     presupuesto normativo, y la sanción, entendida como
     consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por
     llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o
     sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo
     organismo        público    (tanto    centralizado    como
     descentralizado y, en el caso específico del Instituto
     Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los
     principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende
     restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a
     algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total
     de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o
     sus organizaciones políticas con la consecuente
     transgresión de los principios constitucionales de
     legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que
     ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado
     por el aludido principio de legalidad. Así, el referido
     principio constitucional de legalidad electoral en
     cuestiones relacionadas con el operador jurídico <<La
     ley...señalará las sanciones que deban imponerse por
     el incumplimiento de ...(dichas) disposiciones>>
     (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo,
     de la Constitución Política de los Estados Unidos
     Mexicanos), es la expresión del principio general del
     derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia,
     stripta et scticta, aplicable al presente caso en términos
     de los artículos 3º., párrafo 2, del Código Federal de
     Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
     2o. de la Ley General del Sistema de Medios de
     Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que el
     régimen electoral disciplinario existe: a) Un principio de
     reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como
     el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones,
     esto es, sólo las normas jurídicas legislativas
     determinan la causa de incumplimiento o falta, en
     suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto
     normativo y la sanción deben estar determinados
     legislativamente en forma previa a la comisión del
     hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o
     sanción debe estar expresada en una forma escrita
     (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los
     destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos
     políticos, agrupaciones políticas y autoridades
     administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral)
     conozcan cuáles son las conductas ordenadas o
     prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que
     provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los
     principios constitucionales de certeza y objetividad (en
     este caso, como en el de lo expuesto en el inciso
     anterior, se está en presencia de la llamada garantía de
     tipicidad), y d) Las normas disciplinarias requieren una
     interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt
     restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de
     ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy
     limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta
     en marcha deben ser estrechos o restrictivos.

     Sala Superior. S3EL 055/98
     Recurso de apelación SUP-RAP-013/98. Partido
     Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998.
     Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco
     Henríquez. Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

       Así, podemos concluir que el interés jurídico, reputado
como un derecho reconocido por la ley, no es más que lo
que la doctrina jurídica conoce con el nombre de “derecho
subjetivo”, es decir, la facultad o potestad de exigencia, cuya
institución consigna la norma objetiva del derecho.

      Este derecho subjetivo supone la conjunción en su
esencia de dos elementos inseparables, a saber: una
facultad de exigir una obligación correlativa traducida en el
deber de cumplir dicha exigencia. Por tanto, no existe
derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la
persona tiene sólo una mera facultad o potestad, que se da
cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula
una mera actuación particular, como es el caso del derecho
de queja que le concede el artículo 277 del Código Electoral
del Distrito Federal a los Partidos Políticos, sin que ésta
tenga la capacidad, otorgada por dicho orden, para
imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no
haya un poder de exigencia imperativa; como ya hemos
visto, cualquier autoridad, incluyendo a la que ante ella se
interpone la queja, debe ceñirse al cumplimiento de lo
establecido por la ley para pretender sancionar algo, toda
vez que el mismo texto constitucional el que prevé que las
conductas, a fin de ser sancionadas, habrán de encontrarse
anteriormente previstas por un cuerpo legal, principio
fundamental del derecho penal que, como se ha visto, se
considera aplicable dentro de los procesos administrativos
previstos en la materia electoral.
       En virtud de las consideraciones anteriores, de que no
se puede exigir algo que el juzgador no está facultado a dar,
en otras palabras, que no se puede exigir una sanción sobre
una conducta no sancionada, a esa H. Autoridad solicitamos
se deseche la queja presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, por resultar evidentes las causas de
improcedencia y sumamente frívola su interposición, la cuál
obedece únicamente a intereses políticos y no jurídicos.

      A estas causales de improcedencia, añado las
siguientes:

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO

        1. Una de las consideraciones que sometemos al
conocimiento de esa H. Autoridad y que ha sido objeto de,
hasta este momento, pocos debates, es sobre la pretensión
que tiene el Partido Político denominado Revolucionario
Institucional sobre la presunta limitación que intenta imponer
a los ciudadanos en virtud de su calidad de militante de un
partido político.

       Nuestro sistema electoral garantiza una democracia
en la que si bien los partidos políticos se constituyen como el
único medio para que los ciudadanos organizados accedan
al poder que se ejerce a través de los cargos de
representación popular. Sin embargo, es erróneo considerar
que estas instituciones políticas, los partidos, detenten en
exclusiva el ejercicio de la movilidad y movilización política.
Pretender tal cosa en circunscribirse a una partidocracia, lo
cuál no es sano para el sistema jurídico mexicano, y mucho
menos, puede intentar alcanzarse mediante el uso
distorsionado o visiones reducidas de la ley.

        La acepción militante o afiliado contenida en los
artículos 26, 27, 28 y 38 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales se refiere a los ciudadanos
mexicanos que formalmente pertenecen a un partido político,
quienes participan en las actividades propias del mismo
instituto ya sea en su organización o funcionamiento, y que
estatutariamente cuentan con derechos, como el de ser
designados candidatos a un puesto de elección popular, y
obligaciones, como la de aportar cuotas, sin embargo, estas
disposiciones deben sujetarse, invariablemente, a los
principios constitucionales vigentes en el Estado mexicano,

       Es el mencionado derecho de afiliación uno de los que
configuran el status de los ciudadanos mexicanos, entendido
éste en un sentido amplio, es decir no sólo como la potestad
de formar parte de los partidos políticos, sino el derecho de
pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal
pertenencia. De la anterior afirmación, se obtiene que el
status de afiliado es muchísimo más restringido que el de
ciudadano, por lo que ningún partido político, ni ninguna
autoridad, salvo la que cuente con mandato jurisdiccional
expreso, se encuentra posibilitada para imponer limitaciones
a los derechos derivados de la ciudadanía, como es la
libertad de imprenta y la libre expresión de las ideas.

       Los partidos políticos están constituidos por una
colectividad de ciudadanos, siendo uno de los fines
señalados por el artículo 41 Constitucional a los partidos
políticos el de promover la participación del pueblo en la vida
democrática. Esta palabra, promoción, es contraria a
restricción, de donde se hace evidente que los militantes de
un partido, a expensas de sus propios recursos económicos,
que es lo que ha pasado al interior del Partido de la
Revolución Democrática, están posibilitados a ejercitar sus
propios derechos fundamentales dentro y fuera del partido en
que militan.

        En el presente caso, no puede considerarse que el
ejercicio de un derecho ciudadano pueda ser restringido, en
este caso, la libertad de expresión, de imprenta y la libre
participación de los militantes de partido político en la
difusión de sus personas, proyectos o propuestas cuando la
ley no se lo prohíbe y si lo marca como un deber el artículo
41 constitucional.

        En este orden de ideas es dable citar lo señalado por
diversos instrumentos internacionales vigentes en México
como son la Declaración Universal de los derechos del
Hombre, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles y la
Convención Americana de Derechos Humanos que señalan
en sus artículo 19 y 30, 19 y 46 y 13 párrafo 1 y 2,
respectivamente, la imposibilidad de restringir la libertad de
expresión y cualquier otra garantía constitucional
presuponiendo un daño moral o un derecho de tercero o una
violación a la seguridad jurídica tanto de las personas o el
sistema jurídico, si dichas restricciones o limitaciones no
están expresamente fijadas en la ley, situación que no
acontece en el caso que nos ocupa y que genera un grave
agravio a la sociedad en su conjunto al ilegalmente prohibir
la difusión de información como es el caso de los informes de
gastos de partidos políticos o coaliciones. De lo anterior es
procedente citar los artículos de los instrumentos
internacionales vigentes antes citados.

     La Declaración Universal de los Derechos del Hombre
señala en su artículo 19 este derecho.

     Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad
     de opinión y de expresión, este derecho incluye el de
     no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
     investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
     difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
     medio de expresión.

Señalando en su artículo 30 lo siguiente:

      Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá
      interpretarse en el sentido de que confiere derecho
      alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para
      emprender y desarrollar actividades o realizar actos
      tendientes a la supresión de cualquiera de los
      derechos y libertades proclamados en esta
      Declaración.

La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos
señala en su artículo 13 párrafos 1 y 2 establece lo
siguiente:

     Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
     1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de
     pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
     la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
     ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya
     sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
     artística, o por cualquier otro procedimiento de su
     elección.

     2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
     precedente no puede estar sujeto a previa censura
     sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
     expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
     asegurar.

     a) el respeto a los derechos o a la reputación de los
     demás, o

     b) la protección de la seguridad nacional, el orden
     público o la salud o la moral públicas.

  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece en su artículo 19 señala que:

     Articulo 19
     1.- Nadie podrá ser molestado a causa de sus
     opiniones.
     2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de
     expresión; este derecho comprende la libertad de
     buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
     índole, sin consideración de fronteras, ya sea
     oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
     por cualquier otro procedimiento de su elección.
     3.- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de
     este artículo entraña deberes y responsabilidades
     especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a
     ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar
     expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para:
     a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación
     de los demás;
     b) La protección de la seguridad nacional, el orden
     público o la salud o la moral públicas.

El artículo 46 de este mismo instrumento también señala
que:

     Artículo 46.- Ninguna disposición del presente Pacto
     deberá      interpretarse en    menoscabo de        las
     disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de
     las constituciones de los organismos especializados
     que definen las atribuciones de los diversos órganos de
     las Naciones Unidas y de los organismos
     especializados en cuanto a las materias a que se
     refiere el presente Pacto.

      En síntesis estos instrumentos establecen claros
requisitos para poder realizar limitaciones o restricciones, así
pues la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
señala en su artículo 30 que ninguno de los derechos puede
ser interpretado a favor de un Estado o para realizar actos
tendentes a la suspensión de un derecho que, en el caso que
nos ocupa, es el de la información. Si el Estado no se
encuentra facultado a imponer estos límites, mucho menos
un Partido Político puede hacerlo sobre sus militantes, siendo
por tanto, ellos responsables de los gastos realizados
durante las campañas internas, en ejercicio de sus derechos
políticos, así como también son responsables de su
colocación y fijación.

      Respecto a lo señalado por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos señala en su artículo 13, debe
resaltarse lo señalado en su párrafo 2, en el sentido de que
el ejercicio del derecho a la expresión no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el
orden público o la salud o la moral públicas , y sólo bajo
estos supuestos estrictos podrán darse, situación que no
acontece en el caso en estudio.

      Ya se ha dicho además con antelación, que
contrariamente al actuar de la responsable, no solamente no
existe disposición legal que permita los límites al acceso a la
expresión que pretende imponer la responsable sino que,
además, el artículo 49-A párrafo 2 inciso g) fracción III
último párrafo del Código Electoral de instituciones y
Procedimientos Electorales, establece la obligación expresa
de promover la participación del pueblo en la vida
democrática del país.

      Respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos se establece, al igual que la Convención Americana
de los Derechos Humanos que toda restricción debe estar
expresamente fijada por la ley y ser necesaria para asegurar:
1.- respeto a los derechos o a la reputación de los demás y
2.- asegurar la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas. También existe otro
elemento a tomarse en cuenta y es que este instrumento
también señala en su artículo 46 que: “ninguna disposición
del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”.

      En síntesis de la lectura y análisis de los anteriores
instrumentos; ninguna interpretación puede ser en contra del
derecho a la libertad de expresión, de imprenta o de
participación en la vida política del país; que en el caso que
nos ocupa, tendría que estar fijada expresamente en la ley,
situación que por ese sólo hecho violenta lo dispuesto por los
instrumentos internacionales antes citados y signados todos
por México, y que por ende son norma por debajo de nuestra
Constitución, según criterio de la Suprema Corte de Justicia
la Nación, que a continuación se cita:

Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: X, Noviembre de 1999
Tesis: P LXXVII/99
Página: 46
TRATADOS         INTERNACIONALES.        SE     UBICAN
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES
FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la
doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la
jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad
respecto de que la Constitución Federal es la norma
fundamental y que aunque en principio la expresión “...serán
la Ley Suprema de toda la Unión...” parece indicar que no
sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada
por el hecho de que las leyes deben emanar de la
Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido,
como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados
deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que
claramente indica que sólo la Constitución es la Ley
Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás
normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en
la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan:
supremacía del derecho federal frente al local y misma
jerarquía de los dos en sus variantes lisa y llana, y con la
existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley
suprema la que sea calificada de constitucional. No
obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los
tratados internacionales se encuentran en un segundo plano
inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima
del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo
133 constitucional, deriva de que estos compromisos
internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su
conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la
comunidad internacional; por ello se explica que el
Constituyente haya facultado al presidente de la República
a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe
de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene
como representante de la voluntad de las entidades
federativas y, por medio d su ratificación, obliga a sus
autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta
jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia
no existe limitación competencial entre la Federación y las
entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la
competencia federal o local del contenido del tratado, sino
que por mandato expreso del propio artículo 133 el
presidente de la República y el Senado pueden obligar al
Estado mexicano en cualquier materia, independientemente
de que para otros efectos ésta sea competencia de las
entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la
interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer
lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en
virtud de los dispuesto en el artículo 124 de la Ley
Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no
están expresamente concedidas por esta Constitución a los
funcionarios federales, se entienden reservadas a los
Estados.”. No se pierde de vista que en su anterior
conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una
posición diversa en la tesis P.C/92, publicada en la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación. Número 60,
correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro
“LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”; sin
embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar
tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de
los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de
Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999.
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco
Alemán. Ponente; Humberto Román Palacios. Secretario:
Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión
     privada celebrada el veintiocho de octubre en curso , aprobó,
     con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede, y
     determinó que la votación es idónea para integrar tesis
     jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de
     octubre del mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta
     tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92,
     publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
     Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992,
     página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS
     INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA
     NORMATIVA.”.

     De la anterior jurisprudencia, que eleva a carácter
constitucional los tratados mencionados, se obtiene la
imposibilidad de los Partidos Políticos para establecer la limitación
a sus militantes para participar activamente en las campañas
internas, constriñendo así su libertad de expresión, pues tal
restricción    implica   violación    expresa    a    disposiciones
internacionales vigentes en nuestro territorio nacional, los cuales
la autoridad electoral ante la que se promueve la queja está
obligada a observar, de donde se deriva la imposibilidad de
establecer una restricción a este respecto o de sancionar a un
partido político cuando no existe disposición alguna que obligue a
imponer estas limitaciones.

      Esto en razón de que, como ha quedado señalado, las
limitaciones a que se refiere el acuerdo impugnado no están
previstas en ley, siendo este un requisito fundamental para poder
imponer limitaciones o restricciones a un derecho fundamental,
que en este caso se traducen en limitar la libre expresión de las
ideas, la libre asociación o la libre publicación de escritos sobre
ese tema y su libre difusión, restricción que no se encuentra
contemplada por norma alguna, lo cual violenta lo contenido por
los instrumentos internacionales en cita.

      Es en este rubro en donde podríamos mencionar que como
de la misma forma que posee derechos y obligaciones, un partido
político posee, por mandato del párrafo segundo de la fracción I
del artículo 41 de la Constitución un catálogo de finalidades que
derivan de la propia naturaleza de sus vínculos con la sociedad
civil. Estos fines son:

a) promover la participación del pueblo en la vida democrática.
b) Contribuir a la integración de la representación nacional.
c) Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.

      Es claro que de darse curso a la queja del PRI, se estaría
haciendo de imposible cumplimiento la primera función de los
partidos políticos, que forma parte de las llamadas funciones
sociales del partidos, definidas por de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos comentada editada por el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad y cuenta con
distintas facetas, entre las que se pueden destacar: la
socialización política, la movilización de la opinión pública, la
representación la representación de intereses y la legitimación
del sistema político. La socialización política supone el deber de
los partidos de educar a los ciudadanos en la democracia, la
segunda significa que los partidos están obligados a permitir que
se expresen las opiniones, pareceres y criterios de la militancia en
su interior. Los partidos políticos tienen un papel fundamental
como legitimadores del sistema político, es decir, los partidos
deben promover el establecimiento de procedimientos e
instituciones para garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos y la división de poderes necesaria para lograr la
conformación de un sistema democrático, por tanto, sería
contradictorio con el orden constitucional sancionarles por cumplir
con dichas obligaciones, cuando no existe limitación alguna en la
ley sobre las campañas internas de los Partidos Políticos, y como
hemos visto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación impide su sanción.

      Con relación a este tema, sirva como corolario lo expresado
por Norberto Bobbio, quien sobre la importancia que los partidos
políticos tienen al seno de una sociedad. “Al analizar el desarrollo
de los partidos se ha visto cómo éstos han sido un instrumento
importante, sino el principal, a través de los cuales grupos
sociales siempre en aumento se han introducido en el sistema
político y cómo sobre todo por medio de los partidos, esos
grupos han podido expresar de manera más o menos completa
sus reinvindicaciones y sus necesidades y participcar de manera
más o menos eficaz en la formación de las decisiones políticas.

Que los partidos transmiten lo que en la literatura sociológica y
política se llama la “demanda política” de la sociedad y que a
través de los partidos las masas participen en el proceso de
formación de las decisiones políticas significa el cumplimiento de
las dos funciones que se le reconocen unánimemente a los
partidos políticos”.

2.- De la simple lectura de la queja interpuesta por el Partido
Revolucionario Institucional se obtiene una pretensión
incomprensible y evidentemente dolosa, mediante la cual se llama
al Instituto a aplicar sanciones, sin mencionar a quien, de acuerdo
a lo manifestado en un escrito en el que se acusa a una autoridad
democráticamente electa de realizar “proselitismo publicitario
realizado diariamente con su protagonismo acostumbrado del
Jefe de Gobierno”, basando sus dichos en consideraciones
vagas, ya que no proporciona en ningún momento prueba alguna
de que el Jefe de Gobierno, en el ejercicio de sus funciones, haga
proselitismo a favor de determinado partido político.

      Lo que evidencia la superficialidad de esta queja es que a
través de estas inefables consideraciones y cavilaciones sin
sentido se pretenda que esa H. Autoridad imponga restricciones a
las autoridades locales del Distrito Federal, por ese es lo que se
puede interpretar de esta oscura queja, sin que la responsable
cuente con facultades expresas para establecer esta restricción.
Lo que se busca, por desgracia es el efecto político, más que el
jurídico, haciendo así de un medio legal un instrumento para
satisfacer las verdaderas pretensiones de esta queja, que no es
más que un interés simple que en el fondo, no se trata de otra
cosa que un fin espurio.

     Entre los diversos intereses que pueda tener una persona, es
decir, situaciones favorables para la satisfacción de una
necesidad, existen los llamados intereses simples, que consisten
en situaciones en las cuales los particulares dicen recibir un
agravio de una autoridad cuando ésta, en el beneficio de sus
atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que
tiene a su cargo, adopta una conducta que no es adecuada a los
intereses del que ahora se asume como quejoso, quien sin
embargo carecer de derecho para exigir que la autoridad actúe
en la forma que el mismo quejoso crea conveniente para ubicarse
a sí mismo en una situación de privilegio. Estos intereses no
tienen ninguna protección jurídica, ya que no se puede crear una
defensa especial para intereses particulares indiferenciables para
el Estado, como lo pretende hacer el Partido Revolucionario
Institucional a través de la queja que tramita ante esa H.
Autoridad Electoral.

      En este sentido, resulta ilustrativa la resolución recaída al
recurso de Apelación identificado con el número de expediente:
SUP – RAP – 009/097, promovido por el Partido Revolucionario
Institucional, por la que se revoca el Acuerdo del Consejo General
del Instituto Federal Electoral por el que se exhortaba a las
autoridades federales, estatales y municipales, a que
suspendieran las campañas publicitarias de todos aquellos
programas y acciones gubernamentales cuya difusión no fuera
necesaria, o de pública utilidad, para su eficaz instrumentación o
para el logro de sus objetivos, durante los 30 días previos a las
elecciones y el día de la jornada electoral.

     En el presente caso, no es claro que el quejoso pretenda que
la autoridad emita un exhorto, para lo que no estaría facultada de
acuerdo con los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, sino que se intenta que el Poder Ejecutivo del
Distrito Federal, es decir, al Jefe de Gobierno, para que no diga
absolutamente nada, no aparezca en medios e incumpla así uno
de sus deberes principales, que es el de mantener informada a la
ciudadanía de las obras y acciones de gobierno, pretensión sólo
concebible en criterios autoritarios, incapaces de poner por
encima de sus propios intereses los de la sociedad misma.

     El accionar del Jefe de Gobierno es tan legítimo que es el
propio Código Electoral del Distrito Federal, en su artículo 157 el
que impone un parámetro limitativo a esta atribución del ejecutivo.

          ‘Artículo 157.
          Las autoridades del Distrito federal deberán suspender
          las campañas publicitarias de todos aquellos programas
          y acciones gubernamentales cuya difusión no sea
          necesaria, o de pública utilidad, para su eficaz
          instrumentación o para el logro de sus objetivos,
          durante los 3º días previos a las elecciones y el día de
          la jornada electoral, lo anterior no incluye a los
          programas de asistencia social o programas se
          seguridad civil por la eventualidad o presencia de
          condiciones de riesgo a la población.‘

      De lo anterior de desprende que estas disposiciones rigen
en el proceso electoral en el Distrito Federal, pero sólo
determinado tiempo y se refiere única y exclusivamente a
campañas, por lo que no puede, al amparo de estas
consideraciones, pretenderse que la autoridad “desaparezca”
para así satisfacer las pretensiones espurias de un partido
político.

     En consideración a lo expuesto, debe considerarse también
que la frívola queja del Partido Revolucionario Institucional resulta
contraria a lo dispuesto por los artículos 17 fracción V del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 61 y 62 de la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal, que disponen el
derecho de los habitantes del Distrito Federal a ser informados
sobre actos administrativos de carácter general que expida el
Jefe de Gobierno, así como a la realización de obras y prestación
de servicios públicos.

     Es obvio, por tanto, que no puede causarse agravio alguno a
ninguna persona cuando se cumple una obligación impuesta por
la ley, por lo que resulta evidente la inatendibilidad de la queja
presentada por el Partido Revolucionario Institucional. A ello
suma que los actos de autoridad deben siempre considerarse de
buena fe, por lo que habrá de aportarse prueba en contrario para
determinarse una situación distinta, como lo razono el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus
razonamientos vertidos en el Juicio de Revisión Constitucional
Electoral identificado en el Expediente SUP-JRC-118/2002, en
cuya página 180 se pronuncia en estos términos:

          ‘...la actividad en el ámbito administrativo tiene por
          finalidad la realización de los servicios públicos
          encomendados a la administración estatal, cuyo objeto
          consiste en lograr que las relaciones entre los
          miembros de la sociedad no sólo sean armónicas, sino
          que inclusive se puedan llevar a cabo, esto es, la
          administración pública tiene como fin primordial fijar las
          condiciones para la vida en sociedad al establecer el
          entorno necesario para que se lleve a cabo y dotar a los
          individuos de los satisfactores indispensables para su
          desenvolvimiento sicial . Todo lo anterior tiene como
          final el bienestar social’

          ‘Ahora, si la finalidad primordial encomendada por el
          régimen jurídico a la administración pública estatal es
          bienestar social, existe la presunción de que todo acto
          tiende a esa finalidad, por lo que, partiendo de esta
          premisa, los actos administrativos se rigen por el
          principio de buena fe y de favor acti, razón por la cual
          se presume su validez y adquieren eficacia inmediata’

    Por todo lo antes expuesto y fundado, atentamente solicito:

     PRIMERO.- Tener por interpuesto el presente ESCRITO en
los términos del artículo 277 del Código Electoral del Distrito
Federal en tiempo y forma y por reconocida la personalidad de
quien suscribe, resolviendo lo que en el presente se plantea.

    SEGUNDO.- Declarar improcedente la queja materia de la
queja, ante su evidente frivolidad e improcedencia"

XII. Con fecha siete de febrero de dos mil tres, se dictó Acuerdo
en el que se tuvo al Partido de la Revolución Democrática por
conducto de su Representante Suplente, el C. Froylán Yescas
Cedillo, contestando, en tiempo y forma, lo que a su derecho
convino en relación con los hechos que le imputa el C. Vicente
Gutiérrez Camposeco, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, asimismo, se tuvo por acreditada la
personería del C. Froylán Yescas Cedillo, como Representante
Suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, con
base en el escrito de fecha cuatro de julio de dos mil dos, dirigido
al C. Javier Santiago Castillo, Consejero Presidente del Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal, firmado por el
C. Víctor Hugo Círigo Vázquez, Presidente del Comité Ejecutivo
en el Distrito Federal del Partido de la Revolución Democrática,
mismo que obra en los archivos de este Instituto.

XIII. Con fecha seis de febrero del año en curso, se presentó ante
la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número
CA/EJO/017/03 de la misma fecha, firmado por el C. Ernesto
Jiménez Olín, quien se ostentó como Coordinador de Asesores
de la Jefa Delegacional en Coyoacán, mediante el cual manifestó:

     “Por instrucciones de la Sra. María de Lourdes Rojo e
     Incháustegui, Jefa Delegacional en Coyoacán y con relación
     a su oficio SECG-IEDF/206/03 de fecha 31 de enero del año
     en curso y recibido con fecha 3 de febrero del mismo año,
     informo a usted que en ningún inmueble propiedad del
     Gobierno del Distrito Federal a cargo de la Delegación
     Coyoacán, se ha instalado, pegado o pintado propaganda de
     Partido de la Revolución Democrática u otro organismo
     político alguno. Al respecto comunico a usted que en
     coordinación con diversas dependencias del Gobierno del
     Distrito Federal se ha procedido al retiro de cualquier tipo de
     propaganda, particularmente de partidos políticos, del
     mobiliario urbano ubicado en esta demarcación”

XIV. Se presentó ante este Instituto el oficio número
OF.DEL./645/2003 de fecha seis de febrero del año en curso,
firmado por la Lic. Margarita Saldaña Hernández, Jefa
Delegacional en Azcapotzalco, así como sus anexos consistentes
en catorce fotografías, mediante el cual manifestó:

     “Por este conducto, acusamos recibimos recibo de su oficio
     No. SECG-IEDF/206/03 de fecha 31 de enero del 2003 y
     recibo en estas oficinas el día 3 de febrero del año en curso,
     a través del cual solicita información sobre los hechos
     materia de la queja presentada por el Partido Revolucionario
     Institucional, relacionada a la propaganda del Partido de la
     Revolución Democrática fijada o adherida en los inmuebles
     propiedad del Gobierno del Distrito Federal o de los que
     tenga éste en posesión en esta Demarcación Territorial de
     Azcapotzalco.

     Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el
     Partido de la Revolución Democrática instaló, pintó y pegó
     propaganda alusiva a las campañas de sus precandidatos
     para los diferentes cargos de elección popular, en el
     mobiliario urbano de esta Demarcación Territorial,
     principalmente en postes, semáforos, casetas telefónicas,
     bancas, puentes peatonales, puentes vehiculares, bardas de
     escuelas, deportivos, etc.

     Como es del conocimiento público, dichas campañas
     concluyeron con la votación interna del Partido de la
     Revolución Democrática que se llevó a cabo en esta
     delegación los días 25 y 26 de enero del año en curso, por lo
     que al día 3 de febrero de 2003, fecha en que recibimos su
     comunicación de referencia, ya fue retirada la propaganda
     antes mencionada”

XV. Se presentó ante este Instituto el oficio número
DMH/AADR/0126/2003 de fecha seis de febrero del año en curso,
firmado por el C. Arne aus den Ruthen Haag, Jefe Delegacional
en Miguel Hidalgo y un anexo, mediante el cual manifestó:
    “En relación al expediente número IEDF-QCG/01/2003
    integrado con motivo de la queja presentada por el Partido
    Revolucionario Institucional respecto a la propaganda del
    Partido de la Revolución Democrática fijada o adherida en
    diversos lugares de esta ciudad, y en respuesta su oficio No.
    SECG- IEDF/206/03 de fecha 31 de enero de 2003, informo
    a usted que en esta demarcación territorial se retiraron
    múltiples carteles adheridos a mobiliario urbano que
    ostentaban la denominación, el emblema y colores que
    caracterizan y distinguen al Partido de la Revolución
    Democrática.

    Adjunto al presente informe suscrito por el Director del área
    competente, el cual da cuenta del número de postes de los
    que se retiró propaganda, su ubicación, la cantidad de
    anuncios retirados de cada precandidato, así como el costo
    unitario y global que esta delegación tuvo que erogar para el
    retiro de los mismos”

XVI. Con fecha siete de febrero del año en curso, se presentó
ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número
DESJ/084/03 de fecha seis del mismo mes y año, firmado por la
Lic. Dulce María Rodríguez Cervantes, quien se ostentó como
Directora Ejecutiva de Servicios Jurídicos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, mediante el
cual manifestó:

    “En atención al oficio SECG-IEDF/204/0 . de fecha 31 de
    enero del año en curso, recibido en esta Secretaría el día
    tres de los corrientes, dirigido al titular de esta Dependencia,
    mediante el cual solicita se rinda informe sobre los hechos
    materia de queja presentada por el Partido Revolucionario
    Institucional y en particular sobre los inmuebles propiedad
    del Gobierno del Distrito Federal o de los que tenga éste en
    posesión, en los cuales se haya instalado, pegado o pintado
    la propaganda a que se alude en la queja, me permito
    precisar lo siguiente:

    Dentro de las facultades conferidas por los artículos 24 de la
    Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
    Federal, 49, 50 y 50-A de su Reglamento, a la Secretaría de
    Desarrollo Urbano y de Vivienda del Gobierno del Distrito
    Federal, no se prevé el permitir la instalación y el retiro de
    propaganda política a que se hace referencia, a mayor
    abundamiento, los artículos 39 fracción XIX de la Ley
    Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y
    58 fracción V del Reglamento Interior de la Administración
    Pública del Distrito Federal, establecen con claridad la
    competencia de los Órganos Políticos-Administrativos, así
    como la Dirección General de Servicios Urbanos de la
    Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal,
    preceptos que a la letra disponen:

    ART. 39      LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
    PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL:
    ‘Correspondiente a los titulares de los órganos Político-
    Administrativos de cada demarcación territorial:

    XIX ordenar y ejecutar las medidas administrativas
    encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes
    del dominio público que detecten particulares, pudiendo
     ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado
     uso’.

     ART. 58 FRACCIÓN V REGLAMENTO INTERIOR DE LA
     ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL:

     ‘Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos,

     V. ‘Realizar en coordinación con los Órganos Político-
     Administrativos, las acciones de conservación y
     mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos
     elementos que determinan el funcionamiento y la imagen
     urbana de las vialidades principales.’

     Por otra parte, he de precisar que por lo que respecta a los
     inmuebles que tiene en posesión esta Dependencia, en
     ninguno de ellos se ha instalado propaganda política de
     ningún partido.

     No omito precisar que en términos de los artículos 33
     fracción XX, 100 fracción II del Reglamento Interior de la
     Administración Pública y 74 de la Ley del Régimen
     Patrimonial y del Servicio Público, es facultad de la Oficialía
     Mayor del Gobierno del Distrito Federal por conducto de la
     Dirección General del Patrimonio Inmobiliario llevar el
     registro, control, actualización y administración, así como
     proporcionar información de los inmuebles propiedad del
     Distrito Federal o de aquellos que tenga en posesión”

XVII. Con fecha siete de febrero del año en curso, se presentó
ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio sin número, de
la misma fecha firmado por el Lic. José Agustín Ortiz Pinchetti,
Secretario de Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual
manifestó:

     “Con relación a su oficio de fecha treinta y uno de enero del
     año en curso, por el cual comunica al C. Jefe de Gobierno
     del Distrito Federal, en los términos del Punto X del acuerdo
     del día treinta de enero del año en curso, respecto del
     escrito de queja interpuesto por el representante del Partido
     Revolucionario Institucional ante ese Instituto Electoral, oficio
     que fue recibido en la Coordinación General de la Oficina del
     C. Jefe de Gobierno el día tres de los corrientes, y con
     fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, Fracción I,
     de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
     Federal y 23 del Reglamento Interior de la Administración
     Pública del Distrito Federal, en ausencia del Lic. Andrés
     Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito
     Federal, me dirijo a Usted para exponer:

     Como es del conocimiento público, desde hace varios días el
     Gobierno del Distrito Federal está realizando diversas
     acciones de limpieza y retiro de la propaganda desplegada
     por el Partido de la Revolución Democrática y demás
     partidos políticos en los diferentes puntos de la Ciudad.

     Sobre el particular es importante señalar que estas acciones
     de limpieza del gobierno central se han orientado
     principalmente en las vialidades primarias de la Ciudad,
     mientras que las Delegaciones están realizando lo propio en
     las demás vialidades de sus respectivas demarcaciones.
            Dichas acciones de limpieza comprenden tanto el mobiliario
            como el equipamiento urbano que existen en las diversas
            zonas de la Ciudad, con la finalidad de conservar la imagen
            urbana y salvaguardar los intereses de los habitantes de la
            Ciudad.

            Por lo expuesto y fundado a Usted C. Secretario Ejecutivo,
            pido se sirva:

            UNICO .- Tenerme por exhibido en sus términos el presente
            escrito, acordando lo conducente”

XVIII. Con fecha siete de febrero del año en curso, se presentó
ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto el oficio número
IEDF/UCAOD/199/03 de la misma fecha, firmado por el Lic.
Federico Osorio Espinosa, Titular de la Unidad de Coordinación y
Apoyo a los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del
Distrito Federal, mediante el cual manifestó:

            “En cumplimiento del punto IX del acuerdo del día treinta de
            enero de dos mil tres, recaído en el expediente número
            IEDF-QCG/01/2003, con motivo de la queja presentada por
            el Partido Revolucionario Institucional, con relación a la
            propaganda del Partido de la Revolución Democrática fijada
            o adherida en diversos lugares de esta Ciudad, anexo remito
            a usted en original, el informe presentado por las 40
            Direcciones Distritales a esta Unidad”

A continuación se presenta un concentrado de los Informes que
rindieron los Distritos Electorales sobre el estado que guardan los
lugares de uso común que conforme al marco del Convenio
Específico de Apoyo y Colaboración relativo a los lugares de uso
común propiedad del Gobierno del Distrito Federal, susceptibles
de ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda
electoral de los Partidos Políticos y Candidatos, durante los
Procesos Electorales Federal y Local 2002-2003 a realizarse en
el Distrito Federal, celebrado entre el Gobierno del Distrito
Federal, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del
Distrito Federal, suscrito con fecha cinco de noviembre de dos mil
dos, en los que se encontró propaganda del Partido de la
Revolución Democrática fijada o adherida, y que se encuentran
previstos en el anexo del “Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba el
procedimiento para llevar a cabo la distribución de los lugares de
uso común entre los Partidos Políticos y Coaliciones, susceptibles
de ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda
electoral durante el Proceso Electoral ordinario del año 2003”.
                       SECCIÓN
    DTTO.      TIPO                        UBICACIÓN                          ESTADO EN QUE SE
                                                                            ENCUENTRA EL LUGAR
I           Barda     0870       Estado de México, s/n, Col.         Presenta propaganda del Partido de la
                                 Loma la Palma.                      Revolución Democrática
            Barda     0871       Francisco Villa s/n, Col. Loma la   Presenta propaganda del Partido de la
                                 Palma.                              Revolución Democrática
            Barda     0871       5 de mayo, Col. Cuautepec de        Presenta propaganda del Partido de la
                                 Madero                              Revolución Democrática
II          Barda     0986,      Av.    Periférico    s/n,   tramo   Presenta propaganda del Partido de la
                      0995       comprendido entre Vallejo y Cien    Revolución Democrática
                                 Metros.
            Barda     1073,      Av.    Periférico    s/n,   tramo   Presenta propaganda del Partido de la
                      0998,      comprendido entre cien Metros       Revolución Democrática
                      0999,      y Miguel Bernard.
                      1000,
                      1001,
                      1002
            Barda     1041       Av    Periférico   s/n,   tramo     Presenta propaganda del Partido de la
                                 comprendido      entre    Miguel    Revolución Democrática
                                 Bernard y Ticomán.

            Barda     0959,      Río San Javier s/n, tramo           Presenta propaganda del Partido de la
                      0960,      comprendido entre la Ventisca y     Revolución Democrática
                      0961,      Boulevard del Temoluco, Col.
                      0962,      Unidad Habitacional Acueducto
                      0965,      de Guadalupe.
                      0979,
                      1076
III         Barda     0256       Campo tasajera entre campo          Presenta propaganda del Partido de la
                                 chilapilla   y campo cantemoc       Revolución Democrática
                                 col. San antonio
            Barda     0256       Campo chilapilla , entre campo      Presenta propaganda del Partido de la
                                 chilapilla y campo tasajera col.    Revolución Democrática
                                 San antonio
        Barda       0256     Campo Cantemoc entre campo           Presenta propaganda del Partido de la
                             chilapilla y campo tasajera col.     Revolución Democrática
                             San antonio
        Barda       0256     Campo Chilapilla entre campo         Presenta propaganda del Partido de la
                             chilapilla   y campo cantemoc        Revolución Democrática
                             col. San antonio
        Barda       0177     Av. Rio blanco u.h. el rosario,      Presenta propaganda del Partido de la
                             entre av. De      las culturas y     Revolución Democrática
                             cedros
IV      Barda       1534     Av. Cabo Finisterre s/n, Pueblo      Presenta propaganda del Partido de la
                             de Santiago Atzacoalco.              Revolución Democrática
        Barda       1226,    Av     Periférico   s/n    (tramo    Presenta propaganda del Partido de la
                    1227,    comprendido entre la carretera       Revolución Democrática
                    1229 y   México–Pachuca y Centenario.
                    1230     Col. U. H. C.T.M. Atzacoalco.

        Barda       1496     Av. Ing. Eduardo Molina, s/n,        Presenta propaganda del Partido de      la
                             Nueva Atzacoalco                     Revolución Democrática
        Barda       1496     Av. Ing. Eduardo Molina, s/n,        Presenta propaganda del Partido de      la
                             Nueva Atzacoalco                     Revolución Democrática
        Barda       1496     Av. Ing. Eduardo Molina, s/n,        Presenta propaganda del Partido de      la
                             Nueva Atzacoalco                     Revolución Democrática
        Barda       1496     Av. Ing. Eduardo Molina, s/n,        Presenta propaganda del Partido de      la
                             Nueva Atzacoalco                     Revolución Democrática
        Barda       1587     Av. Cabo Finisterre s/n. Pueblo      Presenta propaganda del Partido de      la
                             de Santiago Atzacoalco.              Revolución Democrática
        Barda       1271     Avenida Eva Sámano s/n, Col.         Presenta propaganda del Partido de la
                             Ampliación Gabriel Hernández.        Revolución Democrática
        Barda       1499,    Av. Gran Canal s/n, tramo            Presenta propaganda del Partido de la
                    1505,    comprendido entre San Juan de        Revolución Democrática
                    1522,    Aragón y Periférico
                    1523,
                    1536,
                    1544,
                    1545,
                    1557,
                    1558
        Barda       1558     Av. Gran Canal s/n, cara             Presenta propaganda del Partido de la
                             poniente, tramo comprendido          Revolución Democrática
                             entre Oriente 157 y San Juan de
                             Aragón.
        Barda       1545,    Av. Gran Canal s/n, tramo            Presenta propaganda del Partido de la
                    1557,    comprendido entre Oriente 157 y      Revolución Democrática
                    1558     San Juan de Aragón.

        Barda       1523     Av. Gran Canal s/n, tramo            Presenta propaganda del Partido de la
                             comprendido entre las calles 306     Revolución Democrática
                             y 304.
V       Barda       0309     Calle Poniente 152 s/n, entre la     Presenta propaganda del Partido de la
                             calle Sol de México y Maravillas,    Revolución Democrática
                             Col. Ferrería
        Column      0309     Eje 5 norte y Av. Ceylán, Col.       Presenta propaganda del Partido de la
        a                    Industrial Vallejo                   Revolución Democrática
        Barda       0082     Calz. Azcapotzalco- la Villa, esq.   Presenta propaganda del Partido de la
                             Av. de las Granjas, Col. el          Revolución Democrática
                             Jagüey
VI      Barda       1499,    Av. Gran canal s/n, cara oriente,    Presenta propaganda del Partido de la
                    1505,    carriles     centrales,     tramo    Revolución Democrática
                    1522,    comprendido entre San Juan de
                    1523,    Aragón y Periférico
                    1536,
                    1544,
                    1545,
                    1557,
                    1558
        Barda       1447     Cerrada de Av. Gran Canal s/n,       Presenta propaganda del Partido de la
                             cara oriente, esquina con            Revolución Democrática
                             República Mexicana.
VII          4      1480     Eje Central Lázaro Cárdenas,         Presenta propaganda del Partido de la
        Columnas             Col. Magdalena de las Salinas,       Revolución Democrática
        En “V”               Del. Gustavo A. Madero.

        Barda       1180     Oriente 95, s/n, Col. La Joya.       Presenta propaganda del Partido de la
                                                                  Revolución Democrática
        Barda       1166     Norte   74   “A”,    s/n,  Col.      Presenta propaganda del Partido de la
                             Ampliación Emiliano Zapata           Revolución Democrática

VIII    Barda       1596     Av. 608, s/n, campo deportivo        Presenta propaganda del Partido de la
                             “Anahuac”. 4° y 5° secc. De San      Revolución Democrática
                             Juan de Aragón.
        Barda       1597,    Av. Loreto Fabela s/n, entre 412,    Presenta propaganda del Partido de la
                    1607     608 y 506, del bosque         de     Revolución Democrática
                    y 1663   aragón.

        Barda       1603     Av. 521 s/n, entre 508 y segunda     Presenta propaganda del Partido de la
                             cerrada de 521, primera secc.        Revolución Democrática
                             De San Juan de Aragón.
        Barda       1603     Av. 517 s/n, entre 508 y segunda     Presenta propaganda del Partido de la
                             cerrada de 521, primera secc.        Revolución Democrática
                             De San Juan de Aragón.

IX      Barda       5079     Av. Río San Joaquín          esq.    Presenta propaganda del Partido de la
        Lateral              Legaria, Col. San Joaquín.           Revolución Democrática
        Pte
        Vehicular
XII     Barda       5274     Av. del Peñón esquina Gran           Presenta propaganda del Partido de la
                             Canal (barda nte)                    Revolución Democrática
XIV     Barda       5029     Viaducto Pte. Miguel Aleman,         Presenta propaganda del Partido de la
        Lateral              Esq. Jalisco, Col Tacubaya,          Revolución Democrática
        Puente               Delegación Miguel Hidalgo, Cara
        Vehicular            poniente sur
XV      Barda       1921     Talleres Gráficos (Eje Uno           Presenta propaganda del Partido de la
                             Norte), esquina Avenida Central,     Revolución Democrática
                             colonia Agrícola Pantitlán
        Barda       1935     Canal de Río Churubusco, entre       Presenta propaganda del Partido de la
                             Calzada Ignacio Zaragoza y 2ª        Revolución Democrática
                             cerrada de Río Churubusco,
                             colonia Agrícola Pantitlán

        Barda       1845     Sur 8 esquina Oriente 233 A,         Presenta propaganda del Partido de la
                             colonia Agrícola Oriental            Revolución Democrática
XVI     Barda       1969     Cerrada Santiago y Andrés            Presenta propaganda del Partido de la
                             Molina     Enríquez,      esquina    Revolución Democrática
                             cerrada Tizoc, Barrio San Pedro

        Barda       1969     Tizoc, entre Avenida Santiago y      Presenta propaganda del Partido de la
                             cerrada Tizoc, Barrio San Pedro      Revolución Democrática
        Barda       1969     Avenida     Santiago,    esquina     Presenta propaganda del Partido de la
                             Tizoc, Barrio San Pedro              Revolución Democrática
        Barda       1968     Amacuzac, entre Jesús Urueta y       Presenta propaganda del Partido de la
                             prolongación Ramón y Cajal,          Revolución Democrática
                             Barrio San Pedro
XVIII   Barda       3214     Calle 4 y FFCC de Cuernavaca         Presenta propaganda del Partido de la
                             Col. San Pedro de los Pinos          Revolución Democrática
        Barda       3214     Calle 10 y FFCC de Cuernavaca        Presenta propaganda del Partido de la
                             Col. San Pedro de los Pinos          Revolución Democrática
        Barda       3163     Av. de las Torres s/n ; Col el       Presenta propanda del Partido de la
                             Capulín                              Revolución Democrática

        Barda       3169     Av. de las Torres s/n entre Lino y   Presenta propaganda del   Partido de la
                             Av. Acueducto; Col el Capulín        Revolución Democrática
XIX     Barda       2094     Calle sin nombre, Col. Ejército      Presenta propaganda del   Partido de la
                             constitucionalista                   Revolución Democrática
        Barda       2099     Transportistas esq. con Av,          Presenta propaganda del   Partido de la
                             Guelatao                             Revolución Democrática
        Barda       2214     Av. prolg. Telecomunicaciones        Presenta propaganda del   Partido de la
                             esq. Cadena Azul, Centro de          Revolución Democrática
                             Salud III, Chinampac de Juárez
        Barda       2207     Av. Telecomunicaciones esq.          Presenta propaganda del Partido de la
                             prolg. Plutarco Elías Calles,        Revolución Democrática
                             Chinampac de Juárez
        Barda       2205     Av. Universidad av. Canal de         Presenta propaganda del Partido de la
                             San      Juan      s/n,   Ejército   Revolución Democrática
                             Constitucionalista
        Barda       2205     Av. Canal de San Juan s/n esq.       Presenta propaganda del Partido de la
                                   Av.      Universidad,      Ejército   Revolución Democrática
                                   Constitucionalista
          Barda          5517      Av. Fuerte de Loreto 425, Col.        Presenta propaganda del Partido   de la
                                   Artículo 4° Constitucional            Revolución Democrática
XXI       Muro      De   795       Puerto México num. 29, Camino         Presenta propaganda del Partido   de la
          Protección               a Chimalpa                            Revolución Democrática
          Barda          814       Leandro Valle num. 95, esquina        Presenta propaganda del Partido   de la
                                   Hila, Col. San Lorenzo Acopilco       Revolución Democrática
          Barda          783       Adolfo López Mateos s/n esquina       Presenta propaganda del Partido   de la
                                   Privada Adolfo López Mateos,          Revolución Democrática
                                   Col. Cuajimalpa de Morelos.
XXII      Barda          2003      24 de Abril de 1860, Col. Leyes       Presenta propaganda del Partido de la
                                   de Reforma 3ª sección                 Revolución Democrática
XXIII     Barda          2142      Calz. Ignacio Zaragoza, U. H.         Presenta propaganda del Partido de la
                                   Ermita-Zaragoza 1ª sección            Revolución Democrática
          Barda          2110      Deportivo “la Cascada”, calle         Presenta propaganda del Partido de la
                                   Enna s/n, Col. San Lorenzo            Revolución Democrática
                                   Xicotencatl
          Barda          2224      Sobre la calle Plan de Ayala esq.     Presenta propaganda del Partido de la
                                   Eje 5 sur, Col. Zue Santa María       Revolución Democrática
                                   Aztahuacán
          Barda          2224      Sobre Eje 5 sur esq. calle Plan       Presenta propaganda del Partido de la
                                   de Ayala Col. Zue Santa María         Revolución Democrática
                                   Aztahuacán
XXIV      Barda          2035      Lerdo, casi esq. con calle            Presenta propaganda del   Partido de la
                                   Estrella, Barrio San Pablo            Revolución Democrática
          Barda          2046      Libertad s/n, Barrio San Lucas        Presenta propaganda del   Partido de la
                                                                         Revolución Democrática
          Barda          2393 Eje 5 Sur, Purisima Esq. Río               Presenta propaganda del   Partido de la
                              Churubusco, Col. Picos 6B                  Revolución Democrática
          Barda       2393    Av. Río Churubusco, entre Eje 5            Presenta propaganda del   Partido de la
                              Sur Purisima         y Canal de            Revolución Democrática
                              Apatlaco, Col. Picos 6B
          Barda       2394    Av. Canal de apatlaco, entre Av.           Presenta propaganda del Partido de la
                              Río Churubusco, Col. San José              Revolución Democrática
                              Aculco
          Barda       2394    Av. Río Churubusco, esq. Canal             Presenta propaganda del Partido de la
                              de Apatlaco, Col. San José                 Revolución Democrática
                              Aculco
          Barda       2444    Av. Emilio Carranza, Col. San              Presenta propaganda del Partido de la
                              Andrés Tetepilco                           Revolución Democrática
XXV       Barda       3223    Eje 10 sur río magdalena entre             Presenta propaganda del Partido de la
                              insurgentes y revolución                   Revolución Democrática
          Barda       3490    Calz. las Águilas y Meseta, Col.           Presenta propaganda del Partido de la
                              Águilas primero y segundo                  Revolución Democrática
                              parque
          Barda       3506    Av. Rómulo O´farril s/n, Col.              Presenta propaganda del Partido de la
                              Ampliación las Águilas entre vía           Revolución Democrática
                              del ferrocarril de Cuernavaca y
                              CONALEP.
          Barda       3506    Calz. las Águilas s/n, esq. Cerro,         Presenta propaganda del Partido de la
                              Col. Ampliación las Águilas                Revolución Democrática
          Barda       3563    Av. de las Torres s/n Col. Torres          Presenta propaganda del Partido de la
                              de Potrero, entre las Rosas y              Revolución Democrática
                              Flor de Campo.
XXVI      Barda       2965    Av. de las Torres, entre                   Presenta propaganda del Partido de la
                              Jacarandas y Fresno, Col. 2da              Revolución Democrática
                              Ampliación        de      Santiago
                              Acahualtepec
          Barda       2964    Av. de las Torres, entre Mérida y          Presenta propaganda del Partido de la
                              cda.     Tepoztlán,    Col.    2da         Revolución Democrática
                              Ampliación                Santiago
                              Acahualtepec.
          Muro        2591    Muro de contención sobre                   Presenta propaganda del Partido de la
                              Avenida de las Torres, entre               Revolución Democrática
                              México y cerrada Venus, Col.
                              Ixtlahuacán
          Muro        2602    Muro de contención sobre Av. de            Presenta propaganda del Partido de la
                              las Torres, entre Palmitas y               Revolución Democrática
                              Pípila, Col. San Miguel Teotongo
          Muro        2600    Muro de contención sobre Av. de            Presenta propaganda del Partido de la
                              las Torres, entre Jacarandas y             Revolución Democrática
                              Fresno,      Col.    San    Miguel
                              Teotongo
          Muro        2702    Muro de contención sobre Av. de            Presenta propaganda del Partido de la
                              las Torres, entre 5 de Mayo y              Revolución Democrática
                              Juan de la Barreda, Col. San
                              Miguel Teotongo
XXVII NO CUENTA CON LUGARES DE USO COMÚN
XXVIII    Barda       2364    Tezozomoc entre 5 de Mayo y                Presenta propaganda del Partido de la
                              Cacama, Col. Zue los Reyes                 Revolución Democrática
          Barda       2364    5 de Mayo entre Tezozomoc y                Presenta propaganda del Partido de la
                              Parque Nacional, Col. Zue los              Revolución Democrática
                              Reyes
XXXII     Barda       2896    Ejido casi esq. Av. del Árbol, Col.        Presenta propaganda del Partido de la
                              Lomas de San Lorenzo                       Revolución Democrática
          Barda       2896    Av. Tláhuac casi esq. calle                Presenta propaganda del Partido de la
                              Zacatlán (ejido), San Lorenzo              Revolución Democrática
                              Tezonco
          Barda       2912    Sebastián Lerdo de Tejada, esq.            Presenta propaganda del Partido de la
                              Av. José Clemente Orozco (av.              Revolución Democrática
                              Las Torres), barrio San Antonio
          Barda       2912    Av. José clemente Orozco (av.              Presenta propaganda del Partido de la
                              las torres), esq. Sebastián Lerdo          Revolución Democrática
                              de tejada, barrio San Antonio
XXXIII    Barda       3006    Av. Luis Cabrera, junto al no.             Presenta propaganda del Partido de la
                              227 de la Av. Luis Cabrera. entre          Revolución Democrática
                              Porfirio Díaz y Galeana Col. San
                              Jerónimo Lídice.
          Barda       2989    Av. Corona del Rosal, frente al            Presenta propaganda del Partido de la
                              no. 60. entre Lázaro Cárdenas y            Revolución Democrática
                              Francisco Villa. barda D. G. C.
                              O. H Col. el Tanque.
          Barda       3056    Av. México, junto a la plaza               Presenta propaganda del Partido de la
                              Benito Juárez, frente a la iglesia         Revolución Democrática
                              de Santa Teresa. entre Teocalli y
                              Santa         Teresa        Unidad
                              Residencial Santa Teresa.
          Barda       3054    Camino a Santa Teresa, barda               Presenta propaganda del Partido de la
                              de protección Río Magdalena                Revolución Democrática
                              (lado norte) Col. Héroes de
                              Padierna
XXXIV     Barda       3160    Jalapa casi esq. Pino, Pueblo              Presenta propaganda del Partido de la
                              San Salvador Cuauhtenco                    Revolución Democrática
          Barda       3120    Cuauhtémoc esq. prolongación               Presenta propaganda del Partido de la
                              Cuauhtémoc,        Pueblo      San         Revolución Democrática
                              Antonio Tecómitl
          Puente      3146 y  Avenida Jalisco de Villa Milpa             Presenta propaganda del Partido de la
                      3150    Alta y calle Hidalgo de San                Revolución Democrática
                              Pedro Atocpan, Pueblo San
                              Pedro Atocpan
          Mampara     3133    Guadalupe Victoria esq. España,            Presenta propaganda del Partido de la
                              Pueblo San Juan Tepenáhuac                 Revolución Democrática
          Barda       3133    Calle Guerrero, Pueblo San Juan            Presenta propaganda del Partido de la
                              Tepenáhuac                                 Revolución Democrática
          Mampara     3132    Av. México y Bolivar, mampara              Presenta propaganda del Partido de la
                              del GDF, frente a la coordinación          Revolución Democrática
                              de San Agustín Othenco.
XXXV      Barda       3702    San Rafael Atlixco esq. Mina,              Presenta propaganda del Partido de la
                              Pueblo de San Pedro Tláhuac                Revolución Democrática
          Barda       3688    Canal de Chalco esq. Langosta              Presenta propaganda del Partido de la
                              Col. del Mar                               Revolución Democrática
          Barda       3700    Calz. Reforma Agraria entre                Presenta propaganda del Partido de la
                              Tierra y Libertad y Escarcha Col.          Revolución Democrática
                              San José
          Barda       3700    Calz. Tierra y Libertad entre              Presenta propaganda del Partido de la
                              Reforma Agraria y Agustín Lara,            Revolución Democrática
                              Col. San José
          Barda       3700    Agustín Lara entre Tierra y                Presenta propaganda del Partido de la
                              Libertad y Escarcha Col. San               Revolución Democrática
                              José
          Barda       3700    Escarcha entre Agustín Lara y              Presenta propaganda del Partido de la
                              Calz. Reforma Agraria                      Revolución Democrática
          Barda       3687    Canal de Chalco s/n Col. del Mar           Presenta propaganda del Partido de la
                              cancha de fútbol rápido.                   Revolución Democrática
          Mampara           3737   Av. la Turba s/n esq. Ramón           Presenta propaganda del Partido de la
                                   López         Velarde       Villa     Revolución Democrática
                                   Centroamericana
XXXVI     Barda             4217   Carretera           Tulyehualco-      Presenta propaganda del Partido de la
                                   Xochimilco esq. Zacapa, Santa         Revolución Democrática
                                   María Nativitas
          Malla             4151   Lado oriente 2ª cda. de               Presenta propaganda del Partido de la
                                   Cuauhtémoc.       Col.   Quirino      Revolución Democrática
                                   Mendoza, Pueblo San Luis
                                   Tlaxialtemalco
XXXVII    Muro              3825   Carretera Panorámica al Ajusco,       Presenta propaganda del Partido de la
          De                       entre Hocaba y Conkal, Col.           Revolución Democrática
          Conten                   Héroes de Padierna oriente.
          Ción
          Muro De           3824   Carretera Panorámica al Ajusco        Presenta propaganda del Partido de la
          Contención               entre nunkini y esquina de calle      Revolución Democrática
                                   Uno, Col. Héroes de Padierna
                                   oriente, frente al # 965.
          Muro         De   3884   Carretera Panorámica al Ajusco        Presenta propaganda del Partido de la
          Contención               entre calle 7 y calle 4, Col.         Revolución Democrática
                                   Miguel Hidalgo 4ta. sección.
          Muro         De   3863   Carretera Panorámica al Ajusco        Presenta propaganda del Partido de la
          Contención               esquina calle 9, Col. Miguel          Revolución Democrática
                                   Hidalgo, 4ta. Sección
          Barda             3797   Chicoasén entre Chemax y              Presenta propaganda del Partido de la
                                   Acanceh, cancha de fútbol             Revolución Democrática
                                   rápido. Col. Lomas de Padierna,
                                   frente al # 240 de Acanceh, parte
                                   exterior de la cancha.
          Barda             3797   Chicoasén entre Chemax y              Presenta propaganda del Partido de la
                                   Acanceh, cancha de fútbol             Revolución Democrática
                                   rápido, Col. Lomas de Padierna,
                                   frente al # 240 de acanceh, lado
                                   interior de la cancha, contra
                                   esquina de la estancia infantil
                                   "Cabaña Encantada".
          Barda             3797   Chicoasén entre Acanceh y             Presenta propaganda del Partido de la
                                   Tizimín s/n cancha de fútbol, Col.    Revolución Democrática
                                   Lomas de Padierna, frente de la
                                   maderería multimaderas # 293,
                                   lado exterior de la barda.
          Barda             3797   Chicoasén entre Acanceh y             Presenta propaganda del Partido de la
                                   Tizimín s/n cancha de fútbol, Col.    Revolución Democrática
                                   Lomas de Padierna, frente del #
                                   280, lado exterior de la barda.
          Barda             3812   Chicoasén      esquina     Tizimín,   Presenta propaganda del Partido de la
                                   módulo deportivo, cancha de           Revolución Democrática
                                   basquetbol. Col. Lomas de
                                   Padierna.
          Muro De           3823   Deportivo       "Gral.     Rodolfo    Presenta propaganda del Partido de la
          Contención               Sánchez Taboada", calle Tekal         Revolución Democrática
                                   esquina Izamal, Col. Héroes de
                                   Padierna.
          Muro De           3807   Carretera Panorámica al Ajusco,       Presenta propaganda del Partido de la
          Contención               entre Chemax y Sinanche, Col.         Revolución Democrática
                                   Jardines del Ajusco, a la altura
                                   del # 316, de sur a norte con
                                   vista al poniente.
          Barda             3812   Chicoasén      esquina     Tizimín,   Presenta propaganda del Partido de la
                                   módulo deportivo, cancha de           Revolución Democrática
                                   básquetbol. Col. Lomas de
                                   Padierna, del lado interior, frente
                                   a mz. 123 lote 12.
XXXVIII   Barda             4032   Calz. Acoxpa esq. Prolongación        Presenta propaganda del Partido de la
                                   División del Norte entre Acequia      Revolución Democrática
                                   y Prolongación División del
                                   Norte, Col. Nueva Oriental
                                   Coapa.
          Barda             4077   Calzada      México     Xochimilco    Presenta propaganda del Partido de la
                                   esquina Forestal, frente a la         Revolución Democrática
                                   estación Xomali del tren ligero,
                                   Col. Arenal Guadalupe - Ex.
                                   Ejidos de Huipulco.
XXXIX     Barda             4191   Av. 20 de Noviembre ó                 Presenta propaganda del Partido de la
                                   Cuauhtémoc, Parte posterior del       Revolución Democrática
                                   módulo de la Ex Ruta 100
          Barda             4233   Av. Acueducto Xochimilco, parte       Presenta propaganda del Partido de la
                                   trasera de la Colonia Jardines        Revolución Democrática
                                   del Sur.
          Barda             4191   Av. México # 6114 esquina             Presenta propaganda del Partido de la
                                   prolongación División del Norte,      Revolución Democrática
                                   Parte frontal del módulo de la Ex
                                   Ruta 100.
XL        Barda             3969   Carretera Federal a Cuernavaca        Presenta propaganda del Partido de la
                                   km. 22.0, Pueblo de San Andrés        Revolución Democrática
                                   Totoltepec
          Barda             3954   Carretera Federal a Cuernavaca        Presenta propaganda del Partido de la
                                   km 20.5, casi esquina con Prol. 5     Revolución Democrática
                                   de Mayo, Pueblo de San Andrés
                                   Totoltepec
          Barda             3943   Carretera Federal a Cuernavaca        Presenta propaganda del Partido de la
                                   entre calle Violeta y calle Clavel,   Revolución Democrática
                                   pueblo de San Pedro Mártir



XIX. Con fecha ocho de febrero del año en curso, se presentó
ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número
DJ/040/2003 de fecha siete de febrero del año en curso, firmado
por la Lic. Marina Patricia Nateras Domínguez, quien se ostentó
como Directora de Jurídico de la Delegación Iztacalco, mediante
el cual manifestó:

          “Por este conducto y en atención al oficio número SECG-
          IEDF/206/03 por instrucciones superiores me permito
          solicitar a usted, tenga a bien conceder a este Órgano
          Político Administrativo, un término prudente para estar en
          posibilidades de dar respuesta idónea y correcta a la
          información solicitada.

          No omito mencionar, que se está llevando a cabo una
          inspección física a las bardas que integran el “Catálogo de
          Lugares de Uso Común susceptibles de ser utilizados para
          la colocación y/o fijación de propaganda electoral” a efecto
          de constatar si hay o no propaganda partidista”

XX. Con fecha ocho de febrero del año en curso, se presentó ante
la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número
DGAM/068/2003 de fecha siete de febrero del año en curso,
firmado por el Ing. A. Joel Ortega Cuevas, Jefe Delegacional en
Gustavo A. Madero, mediante el cual manifestó:

    “Me refiero a su similar de fecha 31 de enero del 2003,
    recibido en Oficialía de Partes de la Secretaría particular de
    esta Desconcentrada el 03 de febrero de 2003, relativo al
    expediente citado al rubro mediante el cual solicita: “…se in
    forme sobre los hechos materia del ocurso referido, y en
    particular sobre los inmuebles propiedad del Gobierno del
    Distrito Federal o de los que tenga éste en posesión, en los
    cuales se haya instalado, pegado o pintado la propaganda a
    que alude el quejoso…”, al respecto, me permito informarle
    lo siguiente:

    Derivado de un recorrido por diversos puntos de ésta
    demarcación, se pudo observar que efectivamente existe
    propaganda de diversos partidos como lo son: Partido de la
    Revolución       Democrática,     Partido    Revolucionario
    Institucional, Partido Acción Nacional, Convergencia por la
    Democracia Partido Político Nacional, Partido México
    Posible y Partido Liberal Mexicano.

    Por lo que hace a los inmuebles propiedad del Gobierno del
    Distrito Federal o que estén en posesión de éste en que se
    encuentre adherida la propaganda, he de señalarle que
    como es de su conocimiento, la Dirección General del
    Patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, dependiente de
    la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, es la
    autoridad competente para llevar el registro, control,
    actualización así como realizar los trabajos de identificación
    y señalización de los inmuebles propiedad del Distrito
    Federal, así como promover su debida custodia, lo anterior,
    fundado en el artículo 100 fracciones II, III, IX, X, XI y XIII
    del Reglamento Interior de la Administración Pública del
    Distrito Federal tal y como a continuación se transcribe:

    Artículo 100.-

    Corresponde      a   la   Dirección   General   del   Patrimonio
    Inmobiliario:

    II. Llevar el registro, control y actualización del patrimonio del
    Distrito Federal, concentrado y reguardando los títulos,
    contratos y demás instrumentos que acrediten los derechos
    sobre inmuebles de su propiedad o posesión, así como
    proporcionar información respecto del mismo, a las
    autoridades competentes y determinar su naturaleza jurídica;

    III. Establecer las normas, criterios y políticas de
    adminisración , aprovechamiento y explotación de los
    inmuebles propiedad del Distrito Federal, así como asesorar
    y supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas,
    Órganos      Político-Administrativos  y     los    Órganos
    Desconcentrados de la administración         Pública, en la
    optimización de espacios físicos para oficinas y usos
    diversos, adecuaciones, remodelaciones y ampliaciones;

    IX. Desarrollar programas de inspección física de inmuebles
    propiedad del Distrito Federal;
    X. Realizar los trabajos de identificacion y señalización de
    los inmuebles propiedad del Distrito Federal, así como
    promover su debida custodia;

    XI. Gestionar y promover en el ámbito de su competencia,
    las recuperaciones administrativas y judiciales, así como
    coadyuvar en los procedimientos de inmatriculaciones de
    inmuebles propiedad del Distrito Federal;

    XIII. Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de
    Comercio y el Registro del Patrimonio Inmobiliario del
    Distrito Federal, la inscripción de los documentos en que
    consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera
    la propiedad o derechos posesorios de inmuebles a favor del
    Distrito Federal;

    Ahora bien, en animo de cumplir con lo señalado en el
    artículo 103 del Código Electoral del Distrito Federal, he de
    sugerir que la definición de bienes propiedad del Gobierno
    del Distrito Federal en las que se encuentre instalada,
    pegada o pintada propaganda de algún Partido Político, sea
    solicitada a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario,
    especificando los puntos en los que se encuentra la misma
    con el fin de que dicha instancia pueda definir si los puntos
    referidos son propiedad o están en posesión del Gobierno
    del Distrito Federal.

    Adicionalmente he de manifestar que esta desconcentrada
    no ha emitido autorización o permiso alguno a ninguna
    Asociación Política con motivo de la instalación, fijación o
    adherimiento de propaganda en su territorio”

XXI. Con fecha diez de febrero del año en curso, se presentó ante
la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número
SP/073/2003 de fecha siete de febrero del año en curso, firmado
por el Lic. René Arce Islas, Jefe Delegacional en Iztapalapa,
mediante el cual manifestó:

    “En atención a su oficio número SECG-IEDF/206/03, dictado
    en el expediente número IEDF-QCG/01/2003, de fecha 31
    de enero de dos mil tres y recibido en este órgano político
    administrativo el pasado día tres del mes y año en curso, me
    permito rendirle el informe solicitado en los siguientes
    términos:

    Como se desprende de la simple lectura del escrito de queja
    que presentó el Partido Revolucionario Institucional, con
    relación a la propaganda del Partido de la Revolución
    Democrática fijada en diversos lugares de la Ciudad, en los
    agravios manifestados en dicho curso, no se hace ninguna
    referencia a las autoridades adscritas a la Delegación del
    Distrito Federal en Iztapalapa.

    No obstante lo anterior, se niega categóricamente que este
    órgano     político    administrativo haya    otorgado     su
    “consentimiento y complacencia”, para la utilización de
    bardas, árboles, casetas telefónicas y postes, así como en
    inmuebles que son propiedad o de aquellos que en tiene
    posesión el Gobierno del Distrito Federal, para la colocación
    de propaganda del Partido de la Revolución Democrática, y
    el particular, en los inmuebles que le han sido asignados a
    esta Delegación a mi cargo.
    Ahora bien por lo que respecta a las pruebas que identifica
    el Partido
    Revolucionario Institucional, con los números 5 y 6 del
    capitulo   correspondiente en su escrito de queja, es
    importante señalar lo siguiente:

    a) Los postes y puentes peatonales ubicados en el eje 8 Sur
    (Calzada Ermita Iztapalapa), Eje 2 Oriente (Calzada de la
    Viga) y Eje 3 Oriente (Avenida Cinco),por estar instalados
    en vialidades primarias, se encuentran comprendidos dentro
    del inmobiliario urbano a cargo de la Secretaría de
    Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito
    Federal, por disposición legal, y en consecuencia este
    órgano político-asdministrativo no puede emitir opinión
    sobre los mismos.

    b) La propaganda colocada en microbuses y autobuses es
    de la responsabilidad de los concesionarios del servicio de
    transporte público, cuya consideración, valoración y en su
    caso, autorización o sanción, corresponde a la Secretaría de
    Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal,
    conforme a lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento de
    Anuncios para el Distrito Federal.

    c) Los mensajes, publicidad o propaganda colocada en
    “espectaculares”, son bajo la autorización o consentimiento
    de los propietarios de los inmuebles en los que se
    encuentran los mismos y/o de los titulares de las licencias o
    permisos de las estructuras y elementos de sustentación o
    fijación de los anuncios respectivos.

    Independientemente de lo mencionado, personal de la
    Dirección General de Servicios Urbanos de este órgano
    político administrativo, desde hace varios días, ha procedido,
    por instrucciones del Jefe Delegacional a retirar la
    propaganda colocada en el mobiliario urbano de la
    jurisdicción, dando constancia de este hecho en su
    oportunidad, diversos medios de comunicación”

XXII. Con fecha diez de febrero del año en curso, se presentó
ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número
SCEL/196/2003 de fecha cuatro de febrero del año en curso,
presentado ante este Instituto con fecha diez del mismo mes y
año, firmado por el C. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera,
quien se ostentó como Director General Jurídico y de Gobierno de
la Delegación Cuauhtémoc, mediante el cual manifestó:

    “En atención a su oficio, citado en la referencia por el cuál
    remite a éste Organo Desconcentrado, queja presentada
    por el Partido Revolucionario Institucional, relacionada con la
    pinta, instalación y pega de propaganda del Partido de la
    Revolución Democrática; sobre el particular me permito
    informar a usted lo siguiente:

    En inspección ocular realizada por personal de esta
    Delegación, en el mobiliario urbano ubicado en las calles de
    Puente de Alvarado y Zaragoza, calles referidas en la queja
    en comento, mismas que se encuentran ubicadas en el
    perímetro Juridiccional de la Delegación Cuauhtémoc, no se
    encontro propaganda proselitista de candidatos del Partido
    de la Revolución Democrática, así mismo me permito
     comunicar a usted, que por instrucciones precisas del Jefe
     de Gobierno se mantendra el retiro de propaganda en caso
     de que ésta se encuentre colocada fuera de tiempo Electoral
     respetando así el Código Electoral para el Distrito Federal,
     Ley Abiental , Ley de Anuncios para el Distrito Federal y
     demas ordenamientos relativos al asunto que nos ocupa”

XXIII. Con fecha once de febrero del año en curso, se presentó
ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número DT/C-
10/139/03 de fecha diez de febrero del año en curso, firmado por
el Dr. Gilberto López y Rivas, Jefe Delegacional en Tlalpan,
mediante el cual manifestó:

     “En atención a su oficio número SECG-IEDF/206/03, a
     través del cual solicita un informe sobre los hechos motivo
     de la queja presentada por el Partido Revolucionario
     Institucional, con relación a la propaganda del Partido de la
     Revolución Democrática fijada en diversos lugares de esta
     ciudad, me permito informarle que en lo que se refiere al
     equipamiento urbano, efectivamente los diversos aspirantes
     a ser candidatos por dicho partido colocaron propaganda, no
     así a lo que se refiere a los edificios públicos que se
     encuentran a cargo de este Órgano Político-Administrativo”

XXIV. Con fecha once de febrero del año en curso, se presentó
ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número
DBJ/33/2003 de fecha once de febrero del año en curso, firmado
por el Lic. José Espina von Roehrich, Jefe Delegacional en
Benito Juárez, mediante el cual manifestó:

     “JOSE ESPINA VON ROERICH, en mi carácter de Jefe
     Delegacional en Benito Juárez y estando dentro del término
     concedido vengo a dar contestación a su oficio SECG-
     IEDF/206/203 de fecha 31 de enero de 2003, a través del
     cual solicita se informe sobre los hechos que denuncia el C.
     Vicente Gutiérrez Camposeco Representante Propietario del
     Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante este Instituto
     Electoral, donde manifiesta diversas irregularidades con
     relación a la propaganda del Partido de la Revolución
     Democrática (PRD) fijada o adherida en diversos puntos de
     la ciudad, me sirvo informarle lo siguiente:

     CONTESTACIÓN A LAS MANIFESTACIONES

     Las mismas serán contestadas de manera general, toda vez
     que no tienen una numeración en especifico en los
     siguientes términos:

     1.- Por lo que respecta a que el Partido de la Revolución
     Democrática (PRD) ha utilizado inmuebles propiedad del
     Gobierno del Distrito Federal.- En esta Delegación no
     tenemos conocimiento que se hayan utilizado inmuebles
     propiedad del Gobierno del Distrito Federal, para instalar,
     pegar o pintar la propaganda a que alude el quejoso.

     2.- Por lo que respecta a que el Partido de la Revolución
     Democrática (PRD) ha utilizado el equipamiento urbano
     ubicado en esta Delegación para los referidos fines.- Al
     respecto me permito manifestarle, que se ha confirmado que
     dentro del perímetro de Benito Juárez se encuentra un
     número considerable de propaganda del Partido de la
     Revolución Democrática (PRD) adherida a diverso mobiliario
     urbano”

XXV. Con fecha once de febrero del año en curso, se presentó
ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio sin número de
fecha diez de febrero del año en curso, firmado por la C. María
Guadalupe Morales Rubio, Jefa Delegacional en Venustiano
Carranza, mediante el cual manifestó:

     “MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, en mi carácter de
     JEFA DELEGACIONAL, EN VENUSTIANO CARRANZA,
     personalidad que acredito con la constancia de mayoría de
     elección popular expedida por el Instituto Electoral del
     Distrito Federal, la cual se adjunta, y señalando como
     domicilio para oir y recibir toda clase de Notificaciones y
     documentos el edificio Delegacional, sito en las Avenidas
     Francisco del Paso y Troncoso N. 219, Esquina Fray
     Servando Teresa de Mier, Colonia Jardín Balbuena, C.P.
     15900 de esta Ciudad, y autorizando para los mismos
     efectos, así como para recoger toda clase de documentos a
     los Señores Licenciados y PD.. LIC. MARIO CARLOS
     VILLA MATEOS, EVANGELINA BOJORQUEZ AGUILAR,
     ROGELIO ROJAS ROJAS, EMILIO CATARINO SANTOS,
     GERARDO DOMINGUEZ ELIZALDE, MARIA DE LOS
     ANGELES NORIEGA YEPEZ, LETICIA ORTIZ LARA,
     JOSE      LUIS ORTIZ SOLAR         JOSE    MANUEL LIRA
     SAAVEDRA, ANTONIO ROJO AGUILAR, FABIOLA
     GARCIA GALINDO, YOHANA AYALA VILLEGAS LASVIS
     AÑADÍ BUSTAMANTE CASTAÑON Y RAUL HERNÁNDEZ
     RODRÍGUEZ. De forma conjunta o separadamente, ante
     Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

     Por medio del presente escrito, vengo a dar contestación en
     tiempo y forma, la queja instaurada en mi contra presentada
     por el Partido Revolucionario Institucional, la que desde el
     principio es improcedente e infundada, por las siguientes
     consideraciones de hecho y derecho, que se plasman en el
     contenido literal del presente ocurso

                            AGRAVIOS:

     Hasta antes de dar respuesta a los agravios que se aducen
     en la presente queja, es de notar que los mismos se
     contestarán de acuerdo al orden en que aparecen, pues no
     existe una correlación entre el hecho aducido y el precepto
     invocado, toda vez que no se marca, si es uno o varios
     agravios, toda vez que no hay una exhaustividad en los
     agravio , sino únicamente manifiestan razonamientos de
     carácter subjetivo sin indicar cual es la norma o precepto
     que lo agravia.

     1.- El presente que se contesta, es totalmente improcedente
     e infundado, por que dentro de las facultades que confieren
     a este Órgano Político Administrativo en las leyes y
     Reglamentos no se encuentra la de vigilar a los Partidos
     Políticos, el gasto que deberán de realizar para su
     propaganda política, en consecuencia, deberá declararse
     este H. Instituto infundado e insuficiente el presente agravio,
     dada las consideraciones que se vierten en el mismo.

     Además, la suscrita, es ajena para impedir una elección
     interna de un Partido Político, sea cual fuere su postura.
2.- Se deberá de declarar deficiente e insuficiente el
presente agravio, ya que la transparencia y legalidad del
voto popular, no estuvo sometido a consideración de la
ciudadanía, toda vez que éste se refiere a todo el Distrito
Federal, y la suscrita representa a una demarcación
Territorial como lo es, la JEFATURA DELEGACIONAL EN
VENUSTIANO CARRANZA, por lo tanto, al no darse
mayores indicios, el promovente de cual es el o los agravios
que le deparan perjuicio, deberá declararse insuficiente
como se ha dicho.

Ahora bien, para el solo caso, que se reclame a la suscrita,
la instalación de anuncios espectaculares con proselitismo
electoral, ésta fue colocada y fijada por conducto del Partido
quejoso y ésta se encuentra en vías primarias.


3.- Es improcedente e insuficiente el presente agravio que se
contesta, en virtud de que esta representación es ajena a
vigilar y administrar los recursos que emanen por algún
Partido Político. Ahora bien, si ala suscrita se le reclama
que existen desventajas a los demás partidos políticos

En     conclusión,    deberá    declararse    insuficiente  e
improcedente todos y cada uno de los agravios expresados
por la recurrente en el presente escrito de queja, que se
hace valer, toda vez que del contenido literal de los
supuestos agravios, no se expresan con precisión el o los
preceptos que dice le deparan perjuicio, pues si bien, de
acuerdo a razonamientos jurisprudenciales emitidos por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, un agravio es el
argumento necesario que justifica las transgresiones de la
norma o el precepto jurídico, expresando el razonamiento
lógico y jurídico que explique la afectación que le cause al
particular o a un ente jurídico, conteniendo un argumento
necesario o un indicio, no cayendo al rigorismo o formulismo,
por lo tanto, los agravios que el hoy quejoso carecen de los
más mínimo elemental donde se pueda sostener la violación
que se le causó al promovente.

De lo anterior, se advierte que los agravios que expresa el
inconforme, no reúne los elementos mínimos, para sostener
la pretensión que reclama, al manifestar puntos de vista de
carácter subjetivos que no llegan a concluir la violación que
dice fue objeto el partido político reclamante, al no indicar el
precepto o norma que se viola, los acuerdos de civilidad
política que indica, así como la identidad del agravio que
adolece.

Del mismo modo, se puede advertir la falta de identificación
del acto o norma que se imputa, toda vez que la
contaminación de la visualidad urbana en el Gobierno del
Distrito Federal, es competencia única y exclusivamente de
la Dirección General de Servicios Urbanos, del Gobierno del
Distrito Federal, tal y como lo dispone la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal.

Por cuanto hace a los fondos que dice se desviaron, es
infundado, el agravio que reclama, toda vez que el hoy
quejoso, no señala el precepto que esta demarcación
transgrede, para efecto de cuidar los recursos que le
    competen en su ámbito al Jefe de Gobierno del Distrito
    Federal, por lo tanto, al ser meramente presunción, deberá
    de desestimarse el presente agravio, por ser insuficiente
    para demostrar el perjuicio que le causa, la falta de
    aplicación u observación de dicho precepto o dicha
    conducta.

    Así las cosas, en la demarcación territorial que represento
    en ningún momento se prestaron bienes inmuebles
    propiedad del Gobierno del Distrito Federal, tal como se
    indica en los seudos agravios que expresó el hoy
    promovente y si lo trata de demostrar con las tomas
    fotográficas que exhibe en el presente escrito de queja, las
    misma      no se encuentran dentro de las funciones y
    atribuciones conferidas en el Estatuto de Gobierno y Ley
    Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,
    pues dicha facultad se encuentra encomendadas a la
    Dirección General de Servicios Urbanos de limpiar la imagen
    Urbana que conforma la red vial, vías primarias, vías rápidas
    y ejes viales tal y como dispone el Reglamento Interior de la
    Administración Pública del Distrito Federal.

                              PRUEBAS

    1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente
    en todo lo actuado y lo que se tenga por actuar tanto lógica
    como jurídicamente en el presente juicio, en lo que
    favorezca y beneficie a los intereses de la sociedad y de
    esta demarcación,

    2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL
    Y HUMANA.- En los mismos términos de la probanza que
    antecede.

    Por lo expuesto:

    A este H. Instituto, atentamente pido se sirva:

    PRIMERO.- Tenerme por presentada mediante el presente
    ocurso como Jefa Delegacional por autorizadas y señaladas
    las personas que se indican parta oír y recibir notificaciones.

    SEGUNDO.- Se me tenga dando cumplimiento a la
    contestación del escrito de queja instaurada en contra de
    esta Demarcación.

    TERCERO.- Se declaren improcedentes todos y a cada uno
    de los seudo agravios hechos valer por la inconforme en
    términos del contenido literal del presente líbelo.

    CUARTO.- En su momento procesal oportuno se archive el
    presente como asunto totalmente concluido”

XXVI. Mediante Acuerdo de fecha doce de febrero del año en
curso, se tuvo por presentados dando respuesta a lo requerido
por la Secretaría Ejecutiva mediante oficios identificados con el
número SECG-IEDF/206/02, de fecha treinta y uno de enero del
presente año, al Coordinador de Asesores de la Jefa
Delegacional en Coyoacán; a la Lic. Margarita Saldaña
Hernández, Jefa Delegacional en Azcapotzalco; al C. Arne aus
den Ruthen Haag, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo; a la Lic.
Marina Patricia Nateras Domínguez, quien se ostentó como
Directora de Jurídico de la Delegación Iztacalco; al Ing. A. Joel
Ortega Cuevas, Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero; al Lic.
René Arce Islas, Jefe Delegacional en Iztapalapa; al C. José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera, quien se ostentó como
Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación
Cuauhtémoc; al Dr. Gilberto López y Rivas, Jefe Delegacional en
Tlalpan; al Lic. José Espina von Roehrich, Jefe Delegacional en
Benito Juárez; y a la C. María Guadalupe Morales Rubio, Jefa
Delegacional en Venustiano Carranza. Asimismo, se tuvo a la Lic.
Dulce María Rodríguez Cervantes, quien se ostentó como
Directora Ejecutiva de Servicios Jurídicos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, dando
respuesta al oficio SECG-IEDF/204/02, de fecha treinta y uno de
enero del presente año; al Lic. José Agustín Ortiz Pinchetti,
Secretario de Gobierno del Distrito Federal dando respuesta a lo
requerido mediante oficio SECG-IEDF/203/02, de la misma fecha;
así como al Lic. Federico Osorio Espinosa, Titular de la Unidad de
Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados del
Instituto Electoral del Distrito Federal, dando cumplimiento al
punto IX del Acuerdo de fecha treinta de enero del presente año.

XXVII. Con fecha diecinueve de febrero del año en curso, fue
presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio
número DGJG DJ/SJ/CC/141/2003 de fecha diez del mismo mes
y año, firmado por el Lic. Maximino Molina Almaráz, quien se
ostentó como Director General Jurídico y de Gobierno de la
Delegación Magdalena Contreras, mediante el cual manifestó:

     “Por instrucciones del Lic. Carlos Rosales Eslava, Jefe
     Delegacional en este Órgano Político Administrativo, y en
     atención a su oficio numero SECG-IEDF/206/03 de fecha 31
     de enero del presente, por el cual remite la queja presentada
     por el Partido Revolucionario Institucional, en relación a la
     propaganda del Partido de la Revolución Democrática
     supuestamente fijada o adherida en diversos lugares de esta
     ciudad, y en particular en inmuebles propiedad del Gobierno
     del Distrito Federal o de los que tenga este en posesión en
     los cuales se haya instalado, pegado o pintado la
     propaganda que alude al quejoso, al respecto hago de su
     conocimiento lo siguiente:

     Derivado del escrito de demanda que acompaña al similar
     referido donde se realizan imputaciones que no conciernen a
     esta desconcentrada, toda vez que en la referida
     precampaña del Partido de la Revolución Democrática, no
     se autorizo , ni se permitió la instalación o pinta de
     propaganda en inmuebles propiedad del Gobierno del
     Distrito Federal u ostentados por este en esta demarcación,
     no es óbice de lo anterior señalar que esta desconcentrada,
     con el objeto de evitar en lo posible la instalación de
     propaganda en mobiliario urbano, se realizaron diversos
     operativos, sin embargo, estos cumplieron con su finalidad,
     pero no en su totalidad, toda vez que los contendientes y
     simpatizantes superaban en número al personal
     encomendado, y siendo que dichas actividades las llevaban
     a cabo por la noche o la madrugada; por lo anterior esta
     desconcentrada, se encuentra realizando una campaña de
     limpieza de mobiliario urbano con el objeto de retirar la
     propaganda a este adherida…”.

XXVIII. Con fecha veintiuno de febrero del presente año, se dictó
Acuerdo respecto del oficio número DGJG DJ/SJ/CC/141/2003 de
fecha diez del mismo mes y año, firmado por el Lic. Maximino
Molina Almaráz, quien se ostentó como Director General Jurídico
y de Gobierno de la Delegación Magdalena Contreras.

XXIX. Con fecha veinte de febrero del año en curso, fue
presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio
número DI/SP/102/03 de fecha diecisiete de febrero del mismo
año, firmado por la Lic. Margarita Elena Tapia Fonllem, Jefa
Delegacional en Iztacalco, mediante el cual manifestó:

     “Por este conducto y en atención al oficio número SECG-
     IEDF/206/03, de fecha 31 de enero de 2003, a través del
     cual solicita se informe, derivado del escrito de queja
     presentado por el C. VICENTE GUTIÉRREZ CAMPOSECO,
     Representante Propietario del Partido Revolucionario
     Institucional en el Distrito federal, sobre la propaganda del
     Partido de la Revolución Democrática fijada o adherida en
     diversos inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito
     Federal o de los que se tenga posesión, sobre el particular,
     me permito informar a Usted, lo siguiente:

         En primer lugar, es de precisarse, que este Órgano
          Político Administrativo carece de facultades para
          autorizar la asignación de lugares y espacios de uso
          común en los Procesos Electorales, razón por la cual, la
          Delegación del Gobierno del Distrito Federal en
          Iztacalco, no ha autorizado en ningún momento, el uso
          de dichos espacios.

         Por lo anterior y conforme a lo señalado por el artículo
          189 punto 2 del Código Federal de Instituciones y
          Procedimientos Electorales, dicha facultad se ejerce
          mediante el “Convenio de apoyo y Colaboración que
          celebra el Gobierno del Distrito Federal”, suscrito el
          pasado 5 de noviembre del año próximo pasado, así
          como a la celebración del sorteo de fecha 20 de enero
          del año 2003, por el que se distribuyeron y asignaron
          dichos lugares y espacios, entre los diferentes Instituto
          Políticos participantes en el Proceso Electoral Federal
          2002-2003.

          Tal y como lo señala en documento anexo, el Lic.
          Roberto Beristain Salmeron, Vocal Ejecutivo de la 13ª
          Junta Distrital Ejecutiva, recibido en respuesta al oficio
          número DJ/043/03, de fecha 10 de febrero de 2003,
          suscrito por la Directora de Jurídico, Lic. Marina Patricia
          Nateras Domínguez.

         De lo expuesto en el escrito de queja del Representante
          del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de
          que en Iztacalco se ha saturado de propaganda de
          Covarrubias y de Armando Quintero en los puentes
          vehiculares como el de San Juan en Zaragoza, en
          donde coinciden las Delegaciones Iztacalco e
          Iztapalapa, al respecto, se señala que con fecha 10 de
          febrero del año en curso, personal de la Unidad
          Departamental de Servicios Inmobiliarios adscrito a
          esta Dirección Jurídica, realizó un recorrido de
          reconocimiento por las diversas colonias donde se
          ubican los espacios referidos, encontrando que en esta
          demarcación territorial de Iztacalco, existen 37 lugares
          susceptibles de ser utilizados para la colocación y / o
     fijación de propaganda electoral, de los cuales 30 de
     ellos, entre muros y bardas presentan algún tipo de
     propaganda electoral alusiva a los Partidos de la
     Revolución      Democrática,      Acción     Nacional,
     Convergencia Democrática, Acción Social y difusión de
     eventos musicales y artísticos.

Al respecto, y conforme a los espacios señalados en el
catálogo de lugares de uso común, no debemos descartar la
posibilidad de que se trate de un inmueble propiedad
privada, en razón de que el mismo, no se ubica dentro del
catálogo “oficial” de lugares asignados, y por lo que se
refiere a los otros espacios indicados en el escrito de queja,
los mismos, corresponden a otras demarcaciones de las
cuales no se puede efectuar aclaración alguna.

Asimismo, y por lo que se refiere a la colocación de la
propaganda electoral, no debemos perder de vista, lo
indicado por el Código Electoral del Distrito Federal, que
establece:

     Artículo 154. En la colocación de propaganda electoral
     los partidos y candidatos observarán las reglas
     siguientes:

     a) Podrá colgarse en elementos del equipamiento
     urbano, bastidores y mamparas siempre que no se
     dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de
     conductores de vehículos, se impida la circulación de
     peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las
     personas;

     b) Podrá colgarse o adherirse en inmuebles de
     propiedad privada, siempre que medie permiso escrito
     del propietario, al Partido Político o candidato, mismo
     que se registrará ante el Consejo Distrital
     correspondiente;

     c) Podrá colgarse o adherirse en los lugares de uso
     común que determinen los Consejos Distritales, de
     conformidad con los criterios que emita el Consejo
     General, previo acuerdo con las autoridades
     correspondientes;

     d) No podrá adherirse o pintarse en elementos del
     equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en
     accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen
     jurídico; y

     e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos
     históricos, arqueológicos, artísticos y construcciones de
     valor cultural, ni en el exterior de edificios públicos.

       Artículo 155. Se entiende por lugares de uso común,
     los que son propiedad del Gobierno del Distrito Federal,
     los bienes abandonados o mostrencos, mamparas que
     se establecieran en el número que determine el
     Consejo General, previo acuerdo con el Gobierno del
     Distrito Federal o los lugares que los particulares
     pongan a disposición del Instituto Electoral del Distrito
     Federal para efectos de propaganda, susceptibles de
     ser utilizados para la colocación y fijación de la
     propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos en
     forma igualitaria y por sorteo entre los partidos políticos
     registrados, conforme al procedimiento acordado por el
     Consejo General, en sesión que celebren los Consejos
     Distritales a más tardar en la última semana del mes de
     marzo del año de la elección.

     Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su
     competencia velarán por la observancia de estas
     disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere
     lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el
     pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el
     respeto a la propaganda colocada por los mimos .

Por todo lo anterior, es de observarse, que de acuerdo a las
atribuciones conferidas a cada Unidad Administrativa tanto
Local como Federal, y apegándose a Derecho tal función, se
precisa lo que sigue:

1. Este Órgano Político Administrativo no ha autorizado en
   ningún momento la asignación de lugares de uso común
   para propaganda electoral.

2. El medio idóneo para la obtener la asignación de un
   espacio para la colocación de propaganda electoral en el
   proceso 2002-2003, es mediante el “Convenio de apoyo
   y Colaboración que celebra el Gobierno del Distrito
   Federal”, así como del sorteo efectuado el 20 de enero
   del año que cursa.

3. Que los espacios susceptibles de ser utilizados para la
   colocación y/o fijación de propaganda electoral, se
   encuentran actualmente asignados, de conformidad con
   los lineamientos preestablecidos para tales efectos.

4. En la colocación de propaganda electoral los partidos y
   candidatos observarán las reglas siguientes, podrá
   colgarse o adherirse en inmuebles de propiedad privada,
   siempre que medie permiso escrito del propietario, al
   Partido Político o candidato, mismo que se registrará
   ante el Consejo Distrital correspondiente.

5. Que de conformidad con el Catálogo de lugares de uso
   común, susceptibles de ser utilizados para el proceso
   electoral 2002-2003, anexo al presente encontrará, de
   conformidad con lo señalado por la 13ª Junta Distrital
   Ejecutiva, la distribución de la asignación de los lugares
   multireferidos.

   Finalmente, no omito mencionar que, con esta misma
   fecha, mediante oficio número DJ/046/03, signado por la
   Lic. Marina Patricia Nateras Domínguez, Directora de
   Jurídico, se solicitó de nueva cuenta al Vocal Ejecutivo
   de la 13ª Junta Distrital del Instituto Federal Electoral,
   informe sin perjuicio de la existencia del “Convenio de
   apoyo y colaboración que celebra el Gobierno del Distrito
   Federal”, si existe alguna autorización expresa del
   Órgano que representa, que permita fijar o adherir
   propaganda electoral en diversos lugares de esta Ciudad,
   información que, una vez recibida, se remitirá con
   oportunidad.
XXX. Con fecha veinticinco de febrero del año en curso, se
presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio
número DGJG/000734/2003 de fecha veintiuno de febrero del
mismo año, firmado por el C. Mario Adolfo Peña Urquieta, quien
se ostenta como Director General Jurídico y de Gobierno de la
Delegación Tláhuac, mediante el cual manifestó:

    “Hago referencia a su oficio con número SECG-IEDF/206/03
    datado del 31 de enero de 2003, donde se requiere al Titular
    de éste Organo Político-Administrativo, informe sobre los
    inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal o de
    los que tenga éste en posesión, en los cuales se haya
    instalado, pegado o pintado propaganda, esto, con motivo de
    la queja presentada por el C. Vicente Gutiérrez Camposeco
    Representante Propietario del Partido Revolucionario
    Institucional en el Distrito Federal, en relación con la
    propaganda del Partido de la Revolución Democrática fijada
    o adherida en diversos lugares de esta Ciudad, por lo que a
    éste respecto y toda vez que el asunto de que se trata fue
    turnado para su atención a ésta Dirección general de mi
    Cargo, me permito manifestar a usted lo siguiente:

    Que esta Dependencia en estricto apego a la normatividad
    que lo rige, no ha autorizado, permitido, tolerado o protegido
    la instalación, pegado o pintado de propaganda en
    inmuebles de dominio público propiedad del Gobierno del
    Distrito Federal que se encuentran dentro de la jurisdicción
    de ésta Demarcación Territorial, ni en los inmuebles que se
    tienen en arrendamiento, ello es así, porque de acuerdo a
    las atribuciones que se tienen conferidas en los
    ordenamientos legales que la tutelan, no figuran como
    facultad la de expedir permisos u autorizaciones para la
    pega de propaganda de carácter político, aunado al hecho
    de que de la revisión efectuada en los archivos de ésta
    Delegación, no obran antecedentes de que exista petición
    alguna en ese sentido por parte de los diversos Partidos
    Políticos que en su proceso de elección interna de sus
    candidatos para contender en las futuras elecciones
    constitucionales, la hayan gestionado ni mucho menos en el
    caso concreto del Partido de la Revolución Democrática,
    pues aún cuando esto hubiera acontecido, no es dable por
    parte de las autoridades de ésta administración el de su
    concesión, en virtud de existir impedimento legal para ello de
    acuerdo a lo que disponen los artículos 47 de la Ley Federal
    de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 33 inciso
    a) del Código Electoral del Distrito Federal, preceptos
    jurídicos en los que medularmente se regula que los
    servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal
    deberán abstenerse de participar en las campañas de
    proselitismo que se llevan a cabo en los procesos
    electorales que a nivel local y nacional deberán de
    efectuarse en éste año, asimismo también se prohibe la
    destinación de recursos en cualquier modalidad en dichos
    procesos.

    Ahora bien debe reafirmar el argumento anterior, toda vez
    que como se podrá desprender del simple análisis que se
    vierte al contenido de la queja presentada por el
    representante del Partido Revolucionario Institucional, no se
    hace de manera directa imputación alguna a autoridades de
    ésta Delegación en el sentido de que éstas hubieran
    permitido a los precandidatos del Partido de la Revolución
     Democrática la fijación de propaganda en bienes inmuebles
     propiedad del Gobierno del Distrito Federal, siendo que
     tampoco se señala de manera precisa la ubicación en donde
     ésta se encuentra dentro de la jurisdicción de ésta
     Delegacional Política de Tlahuac , en éste sentido debe
     precisarse que la propaganda política que se encuentra
     pegada o pintada en diversos lugares de ésta Demarcación
     como son áreas de equipamiento urbano (postes,
     semáforos, puentes) así como inmuebles de propiedad
     particular, debe ser en estricto sentido responsabilidad
     propia y exclusiva de los precandidatos que se han
     postulado como posibles candidatos a jefes delegacionales
     por alguna diputación de su distrito, máxime que dicha
     actuación derivada de los vacíos legales que existen en
     cuanto a la regulación de las precampañas, lo que ha
     provocado que los partidos políticos se manejen con cierta
     impunidad durante este tipo de procesos, ya que no hay
     normatividad que la prohíba , siendo que las precampañas
     son un fenómeno político reciente que no esta
     específicamente regulado en la legislación electoral, pues
     solo norma la actividad de las campañas políticas como
     tales siendo necesaria su regulación, lo que implica que éste
     Organo Político-Administrativo se encuentre impedido para
     intervenir de manera directa ante ésta situación así como
     determinar la sanción correspondiente, ya que a contrario
     sensu podría interpretarse que se está favoreciendo a algún
     precandidato en detrimento de otro.

     No obstante lo anterior, es de manifestarles que esta
     Dependencia dentro del ámbito de su competencia y
     atribuciones, se encuentra en la mejor disposición de
     atender cualquier recomendación que surja por parte de esa
     Institución Electoral, al momento de emitir la resolución que
     corresponda con motivo de la substanciación de la queja de
     que se trata, o en su defecto de acuerdo a las instrucciones
     que en su transcurso se den por parte del Gobierno del
     Distrito Federal, ya que el caso que ahora se ventila es del
     dominio y conocimiento de esta autoridad”

XXXI. Con fecha veinticinco de febrero del año en curso, se
presentó ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto el oficio
número CF/104/03 de la misma fecha, firmado por el Lic. Juan
José Rivera Crespo, Secretario de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, así
como ocho anexos, mediante el cual manifestó:

     “Por instrucciones del Presidente de la Comisión y con
     relación a su oficio SECG-IEDF/232/2003 de tres de febrero
     del año en curso, así como el CF/056/03 de fecha siete de
     febrero del mismo año, le remito los siguientes escritos
     originales, para que se sirva certificar copias de los mismos
     y devolver a esta Comisión los originales:

     1. Escrito original del Partido Acción Nacional de 12 de
     febrero de 2003, constante de 2 fojas, y anexo original
     constante de 5 fojas.
     2. Escrito original del Partido del Trabajo de 12 de febrero de
     2003, constante de 1 foja, y anexo original constante de 11
     fojas.
     3. Escrito original del Partido de la Revolución Democrática
     identificado como SF/191/03, constante de 1 foja, y anexo
     original constante de 4 fojas.
     4. Escrito original del Partido Alianza Social de 10 de febrero
     de 2003, constante de 1 foja.
     5. Escrito original del Partido Verde Ecologista de México de
     6 de febrero de 2003, constante de 1 foja.
     6. Escrito original de Convergencia de 10 de febrero de
     2003, constante de 1 foja.
     7. Escrito original de Fuerza Ciudadana de 12 de febrero de
     2003, constante de 2 fojas, y anexo constante de 2 fojas
     originales y 6 copias simples.
     8. Escrito original del Partido Liberal Mexicano de 7 de
     febrero de 2003, constante de 1 foja”

Al oficio referido en el párrafo anterior, entre otros, se anexó el
escrito presentado por el Partido de la Revolución Democrática
(relacionado en el número 3), mismo que, por tener relación con
la presente queja, se transcribe a continuación:

            “En atención a su oficio CF/029/03, de fecha 28 de
     enero del presente año, en donde nos solicita un informe
     detallado respecto de los ingresos y egresos que este
     Comité Ejecutivo estatal ha destinado a la propaganda de
     aspirantes a ser postulados para contender por un cargo de
     elección popular en los próximos comicios del año que
     transcurre, con fundamento en el artículo número 66, incisos
     c) y d) del Código Electoral del Distrito Federal y en el
     numeral décimo noveno de los Lineamientos del Instituto
     Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los
     Recursos de los Partidos Políticos, me permito informarles lo
     siguiente.

            Que este Comité Ejecutivo Estatal no recibió recursos
     ni realizó egreso alguno en la propaganda de aspirantes a
     ser postulados para contender por un cargo de elección
     popular en los próximos comicios del año que transcurre.

     En el anexo 1, con el fin de cumplir con su solicitud, se
     envían debidamente requisitados los formatos utilizados
     para la presentación de los Informes Anuales sobre el
     Origen, Destino y Monto de los Recursos de los Partidos
     Políticos en ceros”

XXXII. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil tres, se dictó un
Acuerdo en el asunto que nos ocupa, respecto a los oficios
números DI/SP/102/03 de fecha diecisiete de febrero del mismo
año, firmado por la Lic. Margarita Elena Tapia Fonllem, Jefa
Delegacional en Iztacalco; DGJG/000734/2003 de fecha veintiuno
de febrero de dos mil tres, firmado por el C. Mario Adolfo Peña
Urquieta, quien se ostenta como Director General Jurídico y de
Gobierno de la Delegación Tláhuac; y CF/104/03 de fecha
veinticinco de febrero de dos mil tres, firmado por el Lic. Juan
José Rivera Crespo, Secretario de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
respectivamente.

XXXIII. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil tres, se turnó a
la Unidad de Asuntos Jurídicos, el escrito de fecha seis de febrero
del año en curso, dirigido a Don Eduardo Huchim May, Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este
Instituto, suscrito por el C. José Alfonso León Matus, quien se
ostenta como Representante Propietario del Partido Alianza
Social, mediante el cual manifestó:
    “En atención al estado que guarda el proceso electoral para
    renovar la Asamblea Legislativa y las Jefaturas
    Delegacionales del Distrito Federal y, sobre todo, ante la
    inquietud manifestada por los diversos actores políticos en la
    pasada sesión del Consejo General del Instituto Electoral del
    Instituto Electoral del Distrito Federal, en el sentido de que
    el Partido de la Revolución Democrática inició de manera
    anticipada la difusión de propaganda de campaña, en franca
    contravención a lo dispuesto por los artículos 147, 148 y
    relativos del Código de la materia, por medio del presente
    me permito solicitarle lo siguiente:

    1.- Que de no existir impedimento legal alguno y a la
    brevedad que sea posible, se someta a consideración de los
    miembros de la Comisión de Fiscalización la necesidad de
    llevar a cabo un monitoreo en los medios electrónicos de
    difusión, de la propaganda que realiza el Partido de la
    Revolución Democrática en el Distrito Federal, y que se
    haga una investigación documental en las radiodifusoras y
    televisoras, para conocer la cuantía y frecuencia de los
    mensajes de campaña que el PRD ha emitido hasta esta
    fecha.

    2.- De igual manera, solicito se tome en consideración la
    necesidad de llevar a cabo un monitoreo de medios
    impresos de ditribución en la Capital de la República, en los
    términos apuntados en el párrafo anterior.

    Los dos puntos anteriores son en razón de que al término de
    los spots o publicidad en diferentes medios se establece
    que... ‘este mensaje es pagado por el partido político’.

    3.- En el mismo sentido explorarse la posibilidad de hacer
    inspecciones oculares por parte de los órganos electorales,
    desconcentrados en cada distrito electoral, a los elementos
    del equipamiento urbano de Distrito Federal, especialmente
    respecto de aquellas         demarcaciones delegacionales
    señaladas durante la sesión del máximo órgano de dirección
    en materia electoral local, toda vez que es preocupante la
    escandalosa ventaja electoral cuanto económica del partido
    político involucrado.

    4.- Finalmente, me permito solicitar se explore la posibilidad
    y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización la
    necesidad de exigir al partido involucrado, la rendición de
    cuentas respecto de su llamado proceso interno de selección
    de candidatos, antes del inicio formal de las campañas
    electorales, pues debe existir un manejo claro, preciso y
    transparente de todos y cada uno de os recursos utilizados
    por los institutos políticos.

    Considero aplicables a mi petición, los artículos: 8 de la
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60
    fracciones X, XI y XV; 62; 64, inciso b); 66, inciso c), d), i) y
    demás relativos del Código Electoral del Distrito Federal”

XXXIV. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil tres, se dictó
Acuerdo respecto del escrito de fecha seis de febrero del mismo
año, dirigido a Don Eduardo Huchim May, Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto,
suscrito por el C. José Alfonso León Matus, quien se ostenta
como Representante Propietario del Partido Alianza Social.
XXXV. Con fecha Con fecha tres de marzo de dos mil tres, se
presentó ante la Secretaría Ejecutiva, el oficio número SE-
UAJ/300BIS/2003 de la misma fecha, firmado por la Lic. Gloria
Athié Morales, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos,
mediante el cual manifestó:

     “En atenta respuesta al oficio No. SECG-IEDF/215/03 de
     fecha treinta y uno de enero dos mil tres y en cumplimiento
     del punto VIII del Acuerdo del día treinta de enero del mismo
     año, recaído en el expediente número IEDF-QCG/01/2003,
     con motivo de la queja presentada por el Partido
     Revolucionario Institucional con relación a la propaganda del
     Partido de la Revolución Democrática fijada o adherida en
     diversos lugares de la Ciudad, por el cual solicita se lleve a
     cabo una inspección en los lugares que cita el promovente
     en el capítulo de pruebas de su escrito de queja, por parte
     de esta Unidad de Asuntos Jurídicos, a fin de se que haga
     constar por escrito en acta circunstanciada, adjunto remito a
     usted los siguientes documentos:

        Acta Circunstanciada del Recorrido de Inspección que
         con relación a las pruebas técnicas ofrecidas por el
         Partido Revolucionario Institucional, en la Queja IEDF-
         QCG/01/2003, que realizan los CC. Lourdes Alegre
         Chávez y Jorge Antonio Molina López, de fecha treinta y
         uno de enero de dos mil tres.

        Acta Circunstanciada del Recorrido de Inspección que
         con relación a las pruebas técnicas ofrecidas por el
         Partido Revolucionario Institucional, en la Queja IEDF-
         QCG/01/2003, que realizan los CC. David Santiago
         Pérez y Ángel Jesús Herrera Barragán, de fecha treinta y
         uno de enero de dos mil tres.

        Acta Circunstanciada del Recorrido de Inspección que
         con relación a las pruebas técnicas ofrecidas por el
         Partido Revolucionario Institucional, en la Queja IEDF-
         QCG/01/2003, que realizan los CC. Arturo Gutiérrez y
         Marco Antonio Najera Salazar, de fecha treinta y uno de
         enero de dos milo tres”

XXXVI. Con fecha tres de marzo de dos mil tres, en virtud de
encontrarse relacionado con el oficio número DI/SP/102/03 de
fecha diecisiete de febrero del mismo año, firmado por la Lic.
Margarita Elena Tapia Fonllem, Jefa Delegacional en Iztacalco, se
remitió a la Unidad de Asuntos Jurídicos, el Convenio Específico
de Apoyo y Colaboración relativo a los Lugares de Uso Común
propiedad del Gobierno del Distrito Federal, susceptibles de ser
utilizados para la colocación y fijación de la propaganda electoral
de los Partidos Políticos y Candidatos, durante los Procesos
Electorales Federal y Local 2002-2003 a realizarse en el Distrito
Federal, celebrado entre el Gobierno del Distrito Federal, el
Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito
Federal, firmado con fecha cinco de noviembre de dos mil dos,
mismo, que en la parte conducente, es del tenor literal siguiente:

     “DE LAS PARTES’

I.   Que conforme lo disponen los artículos 189 del Código
     Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 155
     del Código Electoral del Distrito Federal, en este acto
       convienen la determinación de lugares de uso común para la
       colocación y fijación de propaganda electoral durante el
       proceso electoral federal y local 2002-2003 en el Distrito
       Federal.

 II.   Que tienen conciencia plena que de conformidad con los
       artículos 190, párrafos 1 y 2 del Código Federal de
       Instituciones y Procedimientos Electorales y 148 del Código
       Electoral del Distrito Federal, las campañas electorales de
       los partidos políticos iniciarán a partir del día siguiente al de
       la sesión de registro de candidaturas para la elección
       respectiva debiendo concluir tres días antes de celebrarse la
       jornada electoral y que el día de jornada electoral y durante
       los tres días anteriores no se permitirá la celebración de
       reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de
       proselitismo electorales; por lo tanto, están conscientes que
       las fechas señaladas por las diversas legislaciones no son
       coincidentes, por lo que asumen el compromiso de
       implementar las medidas pertinentes para cumplir en tiempo
       y forma con el presente convenio.

III.   Que se reconocen plenamente la personalidad con que se
       ostentan, así como la capacidad con la que comparecen,
       conforme a las declaraciones anteriores, por lo que han
       decidido conjuntar sus esfuerzos comprometiéndose
       voluntariamente al tenor de las siguientes:

                              CLAUSULAS

       PRIMERA.- El objeto del presente convenio consiste en el
       establecimiento de las bases y mecanismos operativos entre
       ‘LAS PARTES’, para coordinar la determinación y aportación
       por parte de ‘EL GOBIERNO’, a ‘LA JUNTA’ y a ‘EL IEDF',
       de lugares de uso común susceptibles de ser utilizados para
       la colocación y fijación de la propaganda electoral de los
       partidos políticos y candidatos durante los procesos
       electorales federales y locales 2002-2003 en el Distrito
       Federal.

       SEGUNDA.- ‘EL GOBIERNO’, se obliga a determinar y
       proporcionar a ‘LA JUNTA’ y a ‘EL IEDF' los lugares de uso
       común que los partidos políticos y los candidatos podrán
       utilizar para la fijación de propaganda electoral durante las
       campañas de los procesos electorales federal y local 2002-
       2003 en el Distrito Federal.

       TERCERA.- En este acto ‘EL GOBIERNO’ señala como
       lugares de uso común para colocar y fijar la propaganda
       electoral de los partidos políticos y candidatos, por
       demarcación territorial, los que se consignan en el anexo
       único de este documento que forma parte integral del
       mismo.

       Los lugares de uso común que forman parte del anexo
       único, serán verificados por las autoridades de las
       Delegaciones (de ‘EL GOBIERNO’) correspondiente y por
       los funcionarios de ‘LA JUNTA’ y de ‘EL IEDF’. Los lugares
       de uso común por demarcación territorial, que a la firma de
       este convenio no estén incluidos en el anexo único, serán
       entregados por las Delegaciones a ‘LA JUNTA y a ‘EL IEDF’,
       y formarán parte integral de este documento.
CUARTA.- ‘EL GOBIERNO’ otorgará como lugares de uso
común aquellos que sin ser administrados directamente por
las Delegaciones, sean de su propiedad.

QUINTA.- ‘LA JUNTA’ y ‘EL IEDF’ distribuirán en la forma
que disponen sus respectivos Códigos electorales, los
lugares de uso común para la colocación y fijación de la
propaganda electoral.

SEXTA.- ‘EL GOBIERNO’ se compromete expresamente a
notificar el presente convenio a los 16 Jefes Delegacionales,
así como a los organismos desconcentrados de la
administración central, para su observancia y cumplimiento
inmediato, mediante escrito que le dirija ‘EL GOBIERNO’.

SÉPTIMA.- Los lugares asignados por ‘EL GOBIERNO’ se
distribuirán equitativamente entre ‘LA JUNTA’ y el ‘EL IEDF’,
de conformidad con los criterios siguientes:

A.- Las bardas menores de 33 metros lineales, se dividirán
entre la ‘LA JUNTA’ y el ‘IEDF’ a partir de un trazo vertical en
el centro. Mediante sorteo se determinó que a ‘EL IEDF’ le
corresponde el lado derecho y a ‘LA JUNTA’ el lado
izquierdo desde la posición frontal del observador;

B.- Todas las bardas menores de 33 metros lineales se
repartirán por igual entre ‘LA JUNTA’ y ‘EL IEDF’, mediante
el procedimiento aleatorio que para tal efecto se determine,
procurando en todo caso una distribución equitativa de
acuerdo a la geografía electoral;

C.- Las bardas de que tengan conocimiento tanto ‘LA
JUNTA’ como ‘EL IEDF’ que no hayan sido incluidas en el
catálogo de lugares entregado por ‘EL GOBIERNO’, y que
con ese motivo se incluyan, serán repartidas con base en los
criterios antes señalados, y

D.- Los demás lugares de uso común, incluyéndose puentes
peatonales y puentes vehiculares , se repartirán por igual
entre ‘LA JUNTA’ y ‘EL IEDF’ conforme a un sorteo en el que
se incluyan sus ubicaciones.

OCTAVA.- Se empleará un procedimiento aleatorio para la
distribución entre ‘LA JUNTA’ y ‘EL IEDF’ de aquellas bardas
de propiedad privada, cuyos propietarios las pongan a
disposición de las Delegaciones (de ‘EL GOBIERNO’) para
los usos que se refiere este convenio.

NOVENA.- ‘EL GOBIERNO’ se compromete a despintar o
retirar toda la propaganda electoral que se encuentre a
menos de 55 metros de distancia de la casilla electoral
correspondiente durante los tres días anteriores a la jornada
electoral, comprometiéndose expresamente a dar aviso por
escrito del cumplimiento de la presente cláusula a ‘LA
JUNTA’ y a ‘EL IEDF’.

DÉCIMA.- ‘EL GOBIERNO’ se obliga a que en sus
respectivas áreas de competencia se vigile el estricto
cumplimiento del presente convenio.
    DÉCIMA PRIMERA.- Las partes se obligan a guardar
    estricta confidencialidad sobre las actividades materia de
    este convenio, en los casos en que se considere necesario.

    DÉCIMA SEGUNDA.- Las comunicaciones referentes a
    cualquier aspecto de este convenio, deberán dirigirse por
    escrito a los domicilios señalados por las partes en el
    apartado de Declaraciones.

    DÉCIMA TERCERA.- Ninguna de las partes podrá ceder o
    transferir los derechos y obligaciones derivados del presente
    convenio.

    DÉCIMA       CUARTA.-      ‘LAS      PARTES’      convienen
    expresamente que la interpretación del presente instrumento
    se hará con estricto apego a las disposiciones contenidas en
    el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
    Electorales, en el Código Electoral del Distrito Federal y
    demás ordenamiento jurídicos aplicables.

    DÉCIMA QUINTA.- Sin perjuicio de los dispuesto en los
    artículos 190, párrafos 1 y 2 del Código Federal de
    Instituciones y Procedimientos Electorales y 148 del Código
    Electoral del Distrito Federal, el presente convenio entrará
    en vigor a partir del día de su firma, y hasta el 31 de julio de
    2003.

    ‘LAS PARTES’ están conformes en que el presente
    instrumento jurídico previo acuerdo pueda ser modificado o
    adicionado durante en su vigencia a petición que por escrito
    formule alguna de ellas, con la salvedad de que dichas
    modificaciones o adiciones tengan como única finalidad el
    perfeccionar y coadyuvar al cumplimiento de su objeto.

    DÉCIMA SEXTA.- Cualquiera de ‘LAS PARTES’ podrá dar
    por terminado de manera anticipada el presente convenio,
    mediante aviso por escrito a las contrapartes, notificándolo
    con treinta días naturales de anticipación a la fecha en que
    se pretenda dar por concluido; para ello, deberán
    implementarse las medidas necesarias para evitar perjuicios
    a las partes o a terceros, continuando hasta su conclusión
    con la ejecución de las obligaciones, actividades, acciones o
    programas que se encuentren en desarrollo. Asimismo, los
    derechos y obligaciones del convenio subsistirán hasta su
    conclusión para las partes que no manifiesten su voluntad de
    concluirlo anticipadamente.

    Leído que fue por ‘LAS PARTES’ el presente convenio, y
    enteradas de su contenido y alcance legal, de común
    acuerdo lo firman por triplicado en la Ciudad de México,
    Distrito Federal, a los 5 días del mes de noviembre del 2002”

Asimismo, se remitieron los acuses de recibo de once oficios,
todos con número SECG-IEDF/1902/02, de fecha dos de
diciembre de dos mil dos, dirigidos al Partido Acción Nacional,
Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución
Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de
México, Convergencia, Partido Alianza Social, Partido de la
Sociedad Nacionalista, Partido México Posible, Partido Liberal
Mexicano y Fuerza Ciudadana Partido Político Nacional,
respectivamente, mediante los cuales el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Distrito Federal, les informó de la existencia
del Convenio referido, anexando copia de dicho instrumento.

El Partido de la Revolución Democrática, recibió el oficio
mencionado en el párrafo anterior, con fecha tres de diciembre de
dos mil dos, mismo que, para mayor precisión, se transcribe a
continuación:

     “En el marco de las actividades de la elección concurrente
     del Proceso Electoral Ordinario de 2003, le informo sobre la
     firma del Convenio Específico de Apoyo y Colaboración
     relativo a los Lugares de Uso Común propiedad del
     Gobierno del Distrito Federal, susceptibles de ser utilizados
     para la colocación y fijación de la propaganda electoral de
     los Partidos Políticos y Candidatos, durante los Procesos
     Electorales Federal y Local 2002-2003 a realizarse en el
     Distrito Federal, celebrado con el Goberno del Distrito
     Federal, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral
     del Distrito Federal el día 5 de noviembre de 2002, el que se
     anexa al presente”

XXXVII. Con fecha cinco de marzo de dos mil tres, se dictó
Acuerdo en la queja que nos ocupa, respecto de: A) El oficio
número SE-UAJ/300BIS/2003 de fecha tres de marzo de dos mil
tres, firmado por la Lic. Gloria Athié Morales, Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos, B) El Convenio referido en el Resultando
anterior, así como a los once acuses de los oficios identificados
con el número SECG-IEDF/1902/02, de fecha dos de diciembre
de dos mil dos.

XXXVIII. Mediante Acuerdo de fecha cinco de marzo de dos mil
tres, emitido por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se
declaró cerrada la instrucción en el presente asunto.

XXXIX. En virtud de lo anterior y con base en el Dictamen que el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal,
emitió con fecha siete de marzo de dos mil tres, se formulan los
siguientes:

                    CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que este Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, es competente para conocer y resolver la queja
presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra
del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la
investigación sobre propaganda electoral y gastos relativos al
proceso de selección interna de los precandidatos que habrán de
contender como candidatos de ese Partido Político a los diversos
cargos de elección popular del próximo seis de julio, así como de
los actos de proselitismo en el que supuestamente incurre el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 120, 123, 124, 127, 134 y 136 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; 1°, 2°, 3°, 25, inciso a), 74, inciso
k), 274, incisos c) y g), 275, inciso a), 276 y 277 del Código
Electoral del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Que los partidos políticos a través de sus
representantes legítimos, con fundamento en el artículo 277,
párrafos primero y segundo del Código Electoral del Distrito
Federal, están facultados para solicitar mediante queja al Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal, se investiguen
las actividades de otros partidos políticos, por el presunto
incumplimiento de sus obligaciones de manera grave o
sistemática, aportando para ello, elementos objetivos de prueba.

TERCERO.- Que una vez realizado el estudio de la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, se advierte
que no se actualiza causa alguna de improcedencia o
sobreseimiento, por tanto, se analizarán los hechos denunciados
por el promovente, los argumentos del presunto responsable y las
actuaciones realizadas por esta autoridad electoral, aplicando al
presente caso como principio general del derecho, en términos
del artículo 3°, párrafo tercero del Código Electoral del Distrito
Federal, el principio de exhaustividad en la investigación,
situación que le confiere atribuciones a esta autoridad electoral,
para suplir la deficiencia en la exposición y argumentación de los
hechos denunciados; asimismo, se valorarán las pruebas
ofrecidas y aportadas, adminiculándolas con las constancias que
obren en el expediente, de conformidad con las disposiciones
aplicables al caso concreto y con apego a lo dispuesto en el
artículo 265 del ordenamiento legal citado, esto es, atendiendo a
las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia.

CUARTO.- Que con base en lo expuesto en el Considerando
anterior, en la queja que nos ocupa, sustancialmente se deben
investigar los presuntos hechos y en su caso sancionar las
conductas denunciadas siguientes:

1)   Que el Partido de la Revolución Democrática utilizó a su libre
     albedrío, diversos inmuebles en propiedad o posesión del
     Gobierno del Distrito Federal, bardas, árboles, casetas
     telefónicas y postes, para pintar, colgar pendones o pegar
     propaganda para promover a precandidatos que mediante
     su proceso de selección interna, en su momento habrá de
     registrar como candidatos a ocupar los distintos cargos de
     elección popular, a celebrarse en las elecciones del próximo
     seis de julio;

2)   Que el Partido de la Revolución Democrática al utilizar el
     equipamiento urbano para pintar, colgar pendones o pegar
     propaganda a fin de promover precandidatos que mediante
     su proceso de selección interna, en su momento habrá de
     registrar como candidatos a ocupar los distintos cargos de
     elección popular, contraviene el principio de equidad en la
     competencia electoral, ya que causa perjuicio al sistema de
     partidos, por tomar ventaja sobre los demás que habrán de
     contender en las próximas elecciones de Jefes
     Delegacionales y Diputados a la Asamblea Legislativa del
     Distrito Federal;

3)   Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, realiza
     entrevistas diarias de prensa en las que lleva a cabo
     proselitismo a favor del Partido de la Revolución
     Democrática, y

4)   El origen de los recursos con los que se sufragaron los
     gastos originados por la propaganda mencionada.

QUINTO.- Que por razón de método, cada uno de los cuatro
supuestos precisados en el Considerando anterior, serán
estudiados y dictaminados de manera individual en
Considerandos por separado.
SEXTO.- Que por cuanto hace a la manifestación del Partido
Revolucionario Institucional en su escrito de queja, relativo a que
el Partido de la Revolución Democrática utilizó a su libre albedrío,
diversos inmuebles en propiedad o posesión del Gobierno del
Distrito Federal, bardas, árboles, casetas telefónicas y postes,
para pintar, colgar pendones o pegar propaganda para promover
a precandidatos que mediante su proceso de selección interna,
en su momento habrá de registrar como candidatos a contender
por los distintos cargos de elección popular, en el proceso
electoral que se celebrará el próximo seis de julio de dos mil tres;
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal,
mediante Acuerdo de fecha treinta de enero del año en curso,
ordenó, a fin de corroborar la veracidad del hecho antes
expuesto, lo siguiente:

a) A la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Instituto, realizara
una inspección ocular en los lugares a que alude el promovente
en su escrito de queja;

b) A las cuarenta Direcciones Distritales del Instituto Electoral del
Distrito Federal, presentar un informe sobre el estado en que se
encontraban los lugares de uso común susceptibles de ser
utilizados para la colocación y fijación de la propaganda electoral
en el próximo proceso electoral ordinario del seis de julio del año
en curso, comprendidos en su ámbito territorial, de acuerdo al
catálogo de lugares de uso común vigente, además, deberían
informar sobre la existencia de propaganda en el equipamiento y
en el mobiliario urbano y en general en los puentes, pasos a
desnivel y demás elementos que se encontraban en el entorno de
los lugares de uso común;

c) Girar oficio al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que
manifestara lo que a su interés conviniera, respecto de la queja
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, y

d) Con fundamento en el artículo 103 del Código Electoral del
Distrito Federal, girar oficios al C. Jefe de Gobierno; al Secretario
de Desarrollo Urbano y Vivienda; a los dieciséis Jefes
Delegacionales y al Director General de Patrimonio Inmobiliario,
todos ellos del Distrito Federal, a efecto de que en auxilio de esta
autoridad electoral, se sirvieran informar sobre los hechos materia
de la presente queja y en particular sobre los inmuebles
propiedad del Gobierno del Distrito Federal o de los que tenga
éste en posesión, en los cuales se haya instalado, pegado o
pintado la propaganda a que alude el quejoso, apercibiéndolos en
términos del artículo 274, inciso c) del Código Electoral del Distrito
Federal.

El resultado de las inspecciones realizadas por los ciudadanos:
David Santiago Pérez, Ángel Jesús Herrera Barragán, Lourdes
Alegre Chávez, Jorge Antonio Molina López, Marco Antonio
Nájera Salazar y José Arturo Gutiérrez Hernández, todos ellos
personal adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos, consignado
en las actas circunstanciadas de fecha treinta y uno de enero del
año en curso, fue relacionado y adminiculado con las pruebas
técnicas consistentes en las setenta y dos fotografías, ofrecidas y
aportadas por el Partido Revolucionario Institucional en su escrito
de queja y visibles a fojas 012 a la 049 del expediente que nos
ocupa, relación que se expone de manera pormenorizada a
continuación:
Visibles a fojas 014 y 016 del expediente obran dos fotografías en
las que se aprecia un anuncio espectacular, ostentando el
emblema del PRD con la mención “Con la Fuerza de la
Esperanza Clara Brugada, Jefa Delegacional en Iztapalapa”,
dicha probanza, tiene relación con el contenido del acta
circunstanciada, levantada el día treinta y uno de enero del
presente año, por los CC. David Santiago Pérez y Ángel Jesús
Herrera Barragán, quienes fueron comisionados para tal efecto,
en cuyo contenido se consigna lo siguiente:

     “...enseguida nos trasladamos a la Calzada Ermita
     Iztapalapa a la altura del número quinientos cincuenta y siete
     afuera de las instalaciones de la Universidad Tecnológica,
     habiendo previamente identificado con la fotografía aportada
     como prueba, se trata del lugar a que alude la probanza, en
     él se encontraron carteles en color adheridos y sujetos a
     postes así como adheridos a casetas telefónicas, misma que
     pertenece al Partido de la Revolución Democrática, la cual
     alude en su mayoría a la C. Clara Brugada, en la que se
     identificó la leyenda Jefa Delegacional; acto seguido nos
     desplazamos tres cuadras sobre la misma Calzada Ermita
     Iztapalapa en el sentido poniente-oriente, en donde de lado
     derecho con relación al sentido de la circulación vehicular,
     en la parte de un edificio de dos niveles de color gris se
     observó un espectacular de sesenta metros cuadrados
     aproximadamente en la que se hace referencia a la ya
     mencionada C. Clara Brugada”

A foja 019 del expediente están visibles dos fotografías, de las
que se aprecian dos anuncios espectaculares en que se puede
distinguir que ostentan el emblema del PRD con la mención “Un
partido cercano a la gente, Víctor Cirigo, Para Jefe Delegacional,
en Iztapalapa”, dicha probanza, tiene relación con el contenido del
acta circunstanciada, levantada el día treinta y uno de enero del
presente año, por los CC. David Santiago Pérez y Ángel Jesús
Herrera Barragán, quienes fueron comisionados para tal efecto,
en cuyo contenido se consigna lo siguiente:

     “... a continuación nos dirigimos al sitio que se ubica sobre la
     Calzada Ermita Iztapalapa y Eje tres oriente, frente al
     establecimiento mercantil con razón social Casa Góngora,
     habiendo identificado con la fotografía aportada como
     prueba, corresponde al lugar a que se alude en la probanza,
     se constató que efectivamente se encuentra en el sitio un
     espectacular       de       sesenta       metros      cuadrados
     aproximadamente en el que se hace referencia al C. Víctor
     Hugo Círigo, mismo que contiene la leyenda: Para Jefe
     Delegacional en Iztapalapa”; y “...a continuación procedimos
     a trasladarnos al sitio que se ubica en la Calzada Ermita
     Iztapalapa, entre Eje tres oriente y Avenida Tláhuac, en
     sentido oriente-poniente, constatando que se trata del lugar
     con la fotografía aportada como prueba, en el cual se
     encontró un espectacular de aproximadamente cuarenta y
     ocho metros cuadrados en que se hace referencia al C.
     Víctor Hugo Círigo y se pudo constatar que en la parte
     central del espectacular aparece la leyenda: Para Jefe
     Delegacional en Iztapalapa”

A fojas 023 y 024 del expediente se encuentran tres fotografías,
de las que se aprecia una barda pintada en la que se puede
distinguir el emblema del PRD con la mención “Un partido
cercano a la gente, Narciso León, Para Jefe Delegacional”, dicha
probanza, tiene relación con el contenido del acta
circunstanciada, levantada el día treinta y uno de enero por los
CC. Lourdes Alegre Chávez y Jorge Antonio Molina López,
quienes fueron comisionados para tal efecto, en cuyo contenido
se consigna lo siguiente:

     “Encontrándonos ubicados en la Avenida Puente de
     Alvarado, en dirección oriente – poniente, esquina con la
     Calle de Zaragoza, frente al número veintiséis, se encuentra
     una barda pintada en fondo blanco, ostentando el emblema
     del PRD con la mención “Un partido cercano a la gente y la
     leyenda: “NARCISO LEÓN, PARA JEFE DELEGACIONAL
     EN CUAHUTEMOC”.

De la foja 029 del expediente, se aprecian dos fotografías, de las
que se observan tres pendones colocados en postes, de los
cuales en dos se puede distinguir el emblema del PRD con la
mención “Tlalpan juntos somos la esperanza, Carlos Ímaz”, dicha
probanza, se encuentra relacionada con el acta circunstanciada
del día treinta y uno de enero del dos mil tres, levantada por los
CC. Marco Antonio Nájera y José Arturo Gutiérrez, en cuyo
contenido se consigna al respecto lo siguiente:

     “ ...Por lo que al trasladarnos al siguiente lugar ubicado en
     Calzada de Tlalpan y San Fernando, no existen los
     elementos señalados en las fotografías correspondiente a
     Banamex, aunque si existe en los postes próximos
     pendones referente a Carlos Ímaz, para Jefe Delgacional ”.

En las fojas 031 y 033 obran cuatro fotografías, en las que se
aprecian tres pintas en un puente ostentando el emblema del
PRD con la mención “La esperanza se cumple con Susana
Manzanares C. Para Jefe Delegacional Tlalpan...” y con la
mención “con la gente” y “En Tlalpan juntos somos la esperanza
Carlos Ímaz, Jefe Delegacional” ambas probanzas, tienen
relación con el contenido del acta circunstanciada, levantada el
día treinta y uno de enero del año en curso, por los CC. Marco
Antonio Nájera y José Arturo Gutiérrez Hernández, quienes
fueron comisionados para tal efecto, en cuyo contenido se
consigna lo siguiente:

     “...encontrándonos ubicados en la Calzada de Talpan y
     Periférico, en la dirección norte-sur y previamente
     identificadas las fotografías aportadas como prueba, se
     desprende que se trata del lugar a que aluden,
     encontrándose en la parte inferior del puente pintado de la
     manera en que aparece en la fotografía, apreciándose las
     siguientes leyendas: La Esperanza se cumple con Susana
     Manzanares C., Para Jefa Delegacional, Talpan” y otra
     leyenda que dice: “En Tlalpan juntos somos la esperanza
     Carlos ímaZ , JEFE DELEGACIONAL, PRD Con la Gente”

Agregado al expediente a fojas 046 y 047 del anexo al escrito de
queja presentado, se contienen dos fotografías, en las que se
aprecian una barda ostentando el emblema del PRD con la
mención “Un rumbo Seguro en Gustavo A. Madero, Alberto Trejo
Villafuerte, Para    Jefe Delegacional”, dicha probanza, tiene
relación con el contenido del acta circunstanciada, levantada el
día treinta y uno de enero del año en curso, por los CC. Lourdes
Alegre Chávez y Jorge Antonio Molina López, quienes fueron
comisionados para tal efecto, en cuyo contenido se consigna lo
siguiente:
     “... acto seguido, nos trasladamos a la Avenida Eduardo
     Molina ubicándonos en dirección sur –norte, enseguida de la
     Avenida San Juan de Aragón, frente al número siete mil
     doscientos cincuenta, habiendo identificado con la fotografía
     aportada como prueba, se trata del lugar al que alude la
     probanza ofrecida, en el que se constató que se encuentra
     una barda que colinda con la Escuela Nacional Preparatoria
     número tres Justo Sierra, sin que se pueda precisar el tipo
     de propiedad a que corresponde dicha barda, la cual se
     encuentra pintada con el emblema del Partido de la
     Revolución Democrática, en los colores amarillo, negro, rojo
     y blanco, en la que se incluye la leyenda “ UN RUMBO
     SEGURO EN GUSTAVO A. MADERO”, “ALBERTO TREJO
     EL MEJOR”, “PARA JEFE DELEGACIONAL”

Todo lo anterior se robustece con las manifestaciones que se
consignan en los informes que rindieron las cuarenta Direcciones
Distritales de este Instituto, remitidos a la Unidad de Asuntos
Jurídicos a través del Titular de la Unidad de Coordinación y
Apoyo a los Órganos Desconcentrados, mediante oficio
IEDF/UCAOD/199/03 de fecha siete de febrero del presente año.

El oficio y concentrado de los informes se encuentran precisados
en el Resultando XVIII de la presente Resolución, y el oficio y los
informes completos son visibles a fojas de la 153 a la 316 del
expediente en que se actúa, de donde se advierte que del total de
los quinientos veinte lugares reportados, en trescientos sesenta y
uno se encontró propaganda electoral del Partido de la
Revolución Democrática y de éstos un total de ciento veintiocho
corresponden a los de uso común que se encuentran previstos en
el catálogo vigente, identificados de la manera siguiente: ciento
diez bardas, once muros de contención, una malla, un puente
vehicular, dos columnas y tres mamparas.

En apoyo a lo anterior, también se encuentran los oficios de los
servidores públicos: Lic. Margarita Saldaña Hernández, Jefa
Delegacional en Azcapotzalco; C. Arne aus den Ruthen Haag,
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo; Ing. A. Joel Ortega Cuevas,
Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero; Lic. René Arce Islas,
Jefe Delegacional en Iztapalapa; Dr. Gilberto López y Rivas, Jefe
Delegacional en Tlalpan; Lic. José Espina von Roehrich, Jefe
Delegacional en Benito Juárez; Lic. Maximino Molina Almaráz,
Director General Jurídico y de Gobierno en Magdalena Contreras;
Lic. Margarita Elena Tapia Fonllem, Jefa Delegacional en
Iztacalco y Lic. José Agustín Ortíz Pinchetti, Secretario de
Gobierno del Distrito Federal, visibles a fojas 132 a la 146; 147 a
la 149; 318 y 319; 320 a 322; 324; 325; 335; 340 a la 370; y 152
del expediente en que se actúa, los cuales en la parte
conducente, manifestaron lo siguiente:

La Lic. Margarita Saldaña Hernández, Jefa Delegacional en
Azcapotzalco, mediante el oficio número OF.DEL./645/2003 de
fecha seis de febrero del año en curso, manifestó que: “… me
permito hacer de su conocimiento que el Partido de la Revolución
Democrática instaló, pintó y pegó propaganda alusiva a las
campañas de sus precandidatos para los diferentes cargos de
elección popular, en el mobiliario urbano de esta Demarcación
Territorial, principalmente en postes, semáforos, casetas
telefónicas, bancas, puentes peatonales, puentes vehiculares,
bardas de escuelas, deportivos, etc…”
Por su parte, el C. Arne aus          den      Ruthen Haag, Jefe
Delegacional en Miguel Hidalgo, por oficio número
DMH/AADR/0126/2003 de fecha seis de febrero del año en curso,
señaló lo siguiente: “…respecto a la propaganda del Partido de la
Revolución Democrática fijada o adherida en diversos lugares de
esta ciudad, y en respuesta su oficio No. SECG- IEDF/206/03 de
fecha 31 de enero de 2003, informo a usted que en esta
demarcación territorial se retiraron múltiples carteles adheridos a
mobiliario urbano que ostentaban la denominación, el emblema y
colores que caracterizan y distinguen al Partido de la Revolución
Democrática…”

El Ing. A. Joel Ortega Cuevas, Jefe Delegacional en Gustavo A.
Madero, mediante oficio DGAM/068/2003 de fecha siete de
febrero del año en curso, manifestó lo siguiente: “Derivado de un
recorrido por diversos puntos de ésta demarcación, se pudo
observar que efectivamente existe propaganda de diversos
partidos como lo son: Partido de la Revolución Democrática...”

A través del oficio número SP/073/2003 de fecha siete de febrero
del año en curso, firmado por el Lic. René Arce Islas, Jefe
Delegacional en Iztapalapa, expresó: “…personal de la Dirección
General de Servicios Urbanos de este órgano político
administrativo, desde hace varios días, ha procedido, por
instrucciones del Jefe Delegacional a retirar la propaganda
colocada en el mobiliario urbano de la jurisdicción,…”.

El Dr. Gilberto López y Rivas, Jefe Delegacional en Tlalpan, por
oficio número DT/C-10/139/03 de fecha diez de febrero del año en
curso, mencionó que: “…con relación a la propaganda del Partido
de la Revolución Democrática fijada en diversos lugares de esta
ciudad, me permito informarle que en lo que se refiere al
equipamiento urbano, efectivamente los diversos aspirantes a ser
candidatos por dicho partido colocaron propaganda, no así a lo
que se refiere a los edificios públicos que se encuentran a cargo
de este Órgano Político-Administrativo…”

Por oficio número DBJ/33/2003 de fecha once de febrero del año
en curso, el Lic. José Espina von Roehrich, Jefe Delegacional en
Benito Juárez, indicó que: “… 2.- Por lo que respecta a que el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha utilizado el
equipamiento urbano ubicado en esta Delegación para los
referidos fines.- Al respecto me permito manifestarle, que se ha
confirmado que dentro del perímetro de Benito Juárez se
encuentra un número considerable de propaganda del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) adherida a diverso mobiliario
urbano”.

Con fecha diecinueve de febrero del año en curso, se presentó
ante la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número DGJG
DJ/SJ/CC/141/2003 de fecha diez de los corrientes, firmado por el
Lic. Maximino Molina Almaráz, quien se ostentó como Director
General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Magdalena
Contreras, mediante el cual manifestó: “…en la referida
precampaña del Partido de la Revolución Democrática, no se
autorizo , ni se permitió la instalación o pinta de propaganda en
inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal u
ostentados por este en esta demarcación, no es óbice de lo
anterior señalar que esta desconcentrada, con el objeto de evitar
en lo posible la instalación de propaganda en mobiliario urbano,
se realizaron diversos operativos, sin embargo, estos cumplieron
con su finalidad, pero no en su totalidad, toda vez que los
contendientes y simpatizantes superaban en número al personal
encomendado, y siendo que dichas actividades las llevaban a
cabo por la noche o la madrugada; por lo anterior esta
desconcentrada, se encuentra realizando una campaña de
limpieza de mobiliario urbano con el objeto de retirar la
propaganda a este adherida…”.

La Lic. Margarita Elena Tapia Fonllem, Jefa Delegacional en
Iztacalco, mediante el oficio número DI/SP/102/03 de fecha
diecisiete de los corrientes, manifestó: “…se señala que con fecha
10 de febrero del año en curso, personal de la Unidad
Departamental de Servicios Inmobiliarios adscrito a esta Dirección
Jurídica, realizó un recorrido de reconocimiento por las diversas
colonias donde se ubican los espacios referidos, encontrando que
en esta demarcación territorial de Iztacalco, existen 37 lugares
susceptibles de ser utilizados para la colocación y/o fijación de
propaganda electoral, de los cuales 30 de ellos, entre muros y
bardas presentan algún tipo de propaganda electoral alusiva a los
Partidos de la Revolución Democrática….”.

Por oficio de fecha siete de febrero del año en curso, el Lic. José
Agustín Ortiz Pinchetti, Secretario de Gobierno del Distrito
Federal, expresó que: “… desde hace varios días el Gobierno del
Distrito Federal está realizando diversas acciones de limpieza y
retiro de la propaganda desplegada por el Partido de la
Revolución Democrática y demás partidos políticos en los
diferentes puntos de la Ciudad…”

De las pruebas técnicas ofrecidas y aportadas por el promovente
en su escrito de queja, de las diligencias ordenadas por esta
Autoridad Electoral y realizadas por sus órganos internos, y de los
informes rendidos por las autoridades gubernamentales referidas,
las que en su conjunto, en términos de los artículos 262, incisos
b) y c), 264, 265, párrafos primero, segundo y tercero y 277,
párrafo primero del Código Electoral del Distrito Federal,
valoradas conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y
de la experiencia, y en razón de que las documentales referidas,
son originales expedidos en el ámbito de su competencia por
funcionarios electorales y autoridades del Gobierno del Distrito
Federal, tienen valor probatorio pleno, las que al ser
adminiculadas entre si y con las pruebas técnicas ofrecidas y
aportadas, aunado al hecho de que el Partido de la Revolución
Democrática, en su escrito de contestación, recibido en fecha
cinco de febrero de dos mil tres, no niega el haber colocado
propaganda electoral de su Instituto Político en el mobiliario
urbano y lugares de uso común susceptibles de ser utilizados
para la colocación y fijación de la propaganda electoral en esta
ciudad, generan certeza y convicción en esta autoridad electoral
sobre la veracidad de los hechos que se investigan.

A mayor abundamiento, también es importante destacar que la
existencia de la propaganda electoral referida, constituye un
hecho notorio, ya que es del dominio público y del conocimiento
general de la población del Distrito Federal, que fue colocada,
colgada, fijada, adherida y pintada por el Partido de la Revolución
Democrática, en los lugares ya precisados, hecho que en
términos del artículo 264, párrafo primero del Código Electoral del
Distrito Federal, no es objeto de prueba.

Por otra parte, aún cuando la propaganda fuera colocada,
colgada, fijada, adherida y pintada por miembros del Partido de la
Revolución Democrática, independientemente de las sanciones
que a los mismos en su momento habría de aplicarles el Partido
Político, éste, viola disposiciones del Código Electoral del Distrito
Federal, se coloca en la hipótesis señalada en el artículo 275,
inciso a) del mismo ordenamiento.

Por lo tanto, queda plenamente demostrado que el Partido de la
Revolución Democrática:

a) Sí colocó, colgó, fijó, adhirió y pintó propaganda electoral en el
   mobiliario urbano de esta ciudad, en los lugares prohibidos por
   el Código Electoral del Distrito Federal, violando con ello el
   artículo 154, incisos d) y e) del Código Electoral del Distrito
   Federal, porque si bien el legislador con dicha disposición
   pretendió salvaguardar los elementos del equipamiento
   urbano, durante el período legal de campaña, con mayor
   razón tal disposición debe de ser observada y respetada por
   los partidos políticos fuera de éste período; asimismo colocó,
   colgó, fijó, adhirió y pintó propaganda electoral en los lugares
   de uso común, establecidos en el Convenio Específico de
   Apoyo y Colaboración, mediante el cual se determinan los
   Lugares de Uso Común propiedad del Gobierno del Distrito
   Federal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y
   fijación de la propaganda electoral de los Partidos Políticos y
   Candidatos, durante los Procesos Electorales Federal y Local
   2002-2003 a realizarse en el Distrito Federal, celebrado entre
   el Gobierno del Distrito Federal, el Instituto Federal Electoral y
   el Instituto Electoral del Distrito Federal, firmado con fecha
   cinco de noviembre de dos mil dos.

b) Que tuvo conocimiento de la suscripción y contenido de dicho
   convenio, el cual le fue informado mediante oficio número
   SECG-IEDF/1902/02 suscrito por el Secretario Ejecutivo, y
   dirigido al C. Agustín Guerrero Castillo, en su carácter de
   representante propietario del Partido de la Revolución
   Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del
   Distrito Federal, el cual fue recibido por dicho Partido el tres de
   diciembre de dos mil dos, y no obstante lo anterior, sin
   derecho, fuera de los plazos legales establecidos, y a
   sabiendas de que su distribución está sujeta a lo dispuesto en
   el primer párrafo del artículo 155 del Código Electoral del
   Distrito Federal, utilizó lugares de uso común que por
   disposición expresa de dicho Código, habrán de ser repartidos
   entre todos los Partidos Políticos conforme al procedimiento
   acordado por el Consejo General de este Instituto, a más
   tardar en la última semana del mes de marzo de dos mil tres,
   violando con ello lo dispuesto por los artículos 1°, 25, inciso a),
   148 y 155 del Código Electoral del Distrito Federal, conducta
   que esta autoridad considera como grave, lo anterior es así,
   por que al utilizar ilegalmente dichos lugares de uso común,
   fuera de los plazos de ley y de manera generalizada en todo el
   Distrito Federal, dificulta las labores de la autoridad electoral.

c) Que dicha propaganda electoral promueve a personas,
   militantes del Partido de la Revolución Democrática, para
   ocupar un cargo público de elección popular; el proceso
   interno de selección, tuvo como propósito fundamental que los
   contendientes difundieran sus nombres e imagen, con la
   finalidad de que sus bases partidistas los favorecieran con su
   voto, no obstante el carácter interno de esta acciones, las
   mismas trascendieron al conocimiento de la población en
   general del Distrito Federal, sin que se precisara en dicha
   propaganda electoral, que se trataba de un proceso interno,
   para seleccionar a los candidatos que en su momento, habrán
   de registrarse legalmente en las fechas establecidas por el
   Código Electoral del Distrito Federal, como candidatos para la
   elección respectiva, violando con ello lo dispuesto por los
   artículos 1°, 25, inciso a) y 148 del Código Electoral del Distrito
   Federal, conducta que esta autoridad considera como grave,
   lo anterior es así, por que los Partidos Políticos únicamente
   pueden realizar campañas electorales, a partir del día
   siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la
   elección respectiva, lo cual no ha sucedido, situación que
   evidencia la violación al citado precepto legal por parte del
   Partido de la Revolución Democrática, ya que realizó actos de
   campaña fuera de los plazos legales de manera generalizada
   en el Distrito Federal, confundiendo y desinformando con ello
   a la ciudadanía de esta entidad federativa, al no aclarar que se
   trataba de un proceso interno de selección de candidatos.

En esa lógica, el Consejo General de este Instituto, considera que
el Partido de la Revolución Democrática violó lo dispuesto en los
artículos 1°, 25, inciso a), 148, 154, incisos d) y e) y 155 del
Código Electoral del Distrito Federal, ya que no respetó lo
establecido en dichos numerales, al haber realizado actos de
campaña y utilizado a su libre albedrío el equipamiento urbano, al
colgar pendones, adherir propaganda en bardas, árboles, postes
y casetas, violando la prohibición que en materia de colocación de
propaganda electoral se encuentra establecida, así como la
utilización de lugares de uso común susceptibles de ser
distribuidos entre los Partidos Políticos, fuera de los plazos
establecidos para ello por el citado Código y dificultando las
labores de la autoridad electoral, conductas ambas consideradas
como graves, al tratarse de violaciones a las prohibiciones legales
conforme a lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 276 del
Código de la materia. La suma de violaciones graves al Código
multicitado llevan al Consejo General a la convicción que en el
presente caso se está frente a violaciones particularmente graves.
Por lo tanto, es procedente sancionar al Partido de la Revolución
Democrática con la reducción del veinte por ciento de las
ministraciones que por concepto de financiamiento público por
actividades ordinarias le corresponden, por un periodo de tres
mes , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 156,
párrafo primero, 274, inciso g), 275, inciso a) y 276, párrafos
primero, inciso c), segundo y cuarto y 277, inciso e) del citado
ordenamiento legal.

Además, el Partido de la Revolución Democrática deberá retirar la
propaganda electoral que al momento se encuentre colocada,
colgada, fijada, adherida y/o pintada en los lugares ya precisados,
dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir del
siguiente al de la notificación de la presente resolución, apercibido
que en caso de incumplimiento se aplicará una sanción mayor;
una vez concluido el plazo, el Partido Político deberá informar por
escrito a este Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, el cumplimiento dado a la presente instrucción.

El criterio para determinar las sanciones impuestas al Partido de
la Revolución Democrática, deriva principalmente de lo
establecido en los citados artículos 276, párrafos primero, inciso
c), segundo y cuarto y 277, inciso e) del Código Electoral del
Distrito Federal, toda vez que la reducción de hasta el cincuenta
por ciento de las ministraciones que recibe un Partido Político, se
impone cuando el incumplimiento o infracción de que se trate, sea
particularmente grave o sistemático, en el presente caso, el
Partido Político llevó a cabo acciones de propaganda e hizo uso
de espacios comunes que habrán de ser motivo de distribución, a
sabiendas de que no debía realizarlas, por encontrarse fuera del
plazo que marca la ley para los actos de propaganda, obteniendo
en su favor una indebida ventaja, con lo que generó un daño de
imposible reparación, violentando la obligación señalada por el
artículo 25, inciso a) del Código Electoral del Distrito Federal, que
impone al Partido Político la obligación de conducir sus
actividades dentro de los causes          legales, incumpliendo e
infringiendo de forma particularmente grave las prohibiciones
establecidas en el Código Electoral citado; ante esta situación,
este Consejo General, tomando en cuenta las circunstancias y la
gravedad de la falta, considera que procede determinar que la
sanción a imponer al Instituto Político sea del veinte por ciento de
la reducción de las ministraciones de tres meses.

No es óbice para dejar de aplicar las sanciones mencionadas, el
argumento consignado en el escrito recibido el cinco de febrero
del año en curso, por el que el Partido de la Revolución
Democrática contesta la queja instaurada en su contra por el
Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que “... falta
un marco jurídico sobre el que pueda ejercitarse una acción
punitiva en contra de un partido político por actos de sus
militantes en los procesos de selección interna...”, citando para tal
efecto la tesis aislada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, cuyo texto es el siguiente:

    “ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS
     RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
     INTERNA DE CANDIDATOS. En los actos de selección
     interna de los candidatos de los partidos políticos, los
     dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes de los
     mismos, realizan de acuerdo con sus estatutos, actividades
     que no obstante tener carácter de actos internos, son
     susceptibles de trascender al conocimiento de toda una
     comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases
     partidarias, sin que constituyan actos anticipados de
     campaña, al no tener como fin la difusión de plataforma
     electoral alguna ni pretender la obtención del voto ciudadano
     para acceder a un cargo de elección popular...”.

Lo anterior, por que de conformidad con las constancias,
actuaciones y probanzas que obran en el expediente en el que se
actúa, se acreditó plenamente que el Partido de la Revolución
Democrática colocó, colgó, fijó, adhirió y pintó propaganda
electoral en el mobiliario urbano de esta ciudad, así como en los
lugares de uso común susceptibles de ser utilizados para la
colocación y fijación de la propaganda electoral de los Partidos
Políticos y candidatos, lo cual hizo sin derecho, fuera de los
plazos legales establecidos, y a sabiendas de que su distribución
está sujeta a lo dispuesto en los artículos 154, incisos d) y e) y
155 primer párrafo del Código Electoral del Distrito Federal, no
respetando lo establecido en dichos numerales, al realizar actos
de campaña en el equipamiento urbano, al colgar pendones,
adherir propaganda en bardas, árboles, postes, casetas, así como
la utilización de los lugares de uso común susceptibles
distribuidos para ser utilizados para por los Partidos Políticos, por
lo que al realizar dicha conducta fuera de los plazos establecidos
para ello por el citado Código y dificultando las labores de la
autoridad electoral, conductas ambas consideradas como graves,
al tratarse de violaciones a las prohibiciones legales, violando con
ello lo dispuesto por los artículos 1°, 25, inciso a), 148 y 155 del
Código mencionado, conducta que esta autoridad considera como
grave, toda vez que al utilizar ilegalmente dichos lugares de uso
común, fuera de los plazos de ley, dificulta las labores de la
autoridad electoral.

Asimismo, es de hacer notar que en el presente caso, no se está
sancionando el procedimiento de selección interna de candidatos,
sino más bien, el hecho de que el Partido de la Revolución
Democrática realizó actos de campaña, al promover a personas,
militantes de dicho Instituto Político, para ocupar un cargo público
de elección popular, sin que precise en dicha propaganda
electoral que se trata de un proceso interno del citado Partido
Político, dirigido a sus bases, para seleccionar a los candidatos
que en su momento, habrá de registrar legalmente en las fechas
establecidas por el Código Electoral del Distrito Federal, como
candidatos para la elección respectiva, violando con ello lo
dispuesto por los artículos 1°, 25, inciso a), 148 y 154, incisos d) y
e) del Código de la materia, conducta que esta autoridad
considera como grave, ya que realizó actos de campaña fuera de
los plazos legales, confundiendo y desinformando con ello a la
ciudadanía de esta entidad federativa, al no aclarar que se trataba
de un proceso interno de selección de precandidatos.

El criterio jurisdiccional antes transcrito, tampoco resulta aplicable
al presente caso, toda vez que la propaganda del Partido de la
Revolución Democrática, nunca negó haber colocado
propaganda, y menos aún aclarado el hecho de que en dicha
propaganda no se hiciera mención de la elección interna, más
aún resulta evidente que al incluir lemas como: “Ímaz para Jefe
Delegacional”, se promovían ostentándose como candidatos del
Partido, con lo que es evidente la intención de obtener el voto del
ciudadano, para acceder a un cargo de elección popular,
utilizando la confusión que ocasiona en el público; por lo que la
Tesis que cita resulta orientadora, pero precisamente en el
sentido de que no se trata de un acto de precampaña, no estando
dirigida a las bases partidarias, sino, a la población en general;
además de que al ser una tesis aislada, resulta irrelevante su
observancia para esta autoridad electoral, en términos de los
artículos 232 y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; robustece lo anterior, en relación a los actos que
pueden generar ventajas indebidas a favor de un Partido Político
en perjuicio de los demás contendientes, las Tesis que a
continuación se citan:

     “PARTIDOS POLÍTICOS. TIENEN PROHIBIDO EN TODO
     MOMENTO         UTILIZAR     EN      SU     BENEFICIO        LA
     REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS O PROGRAMAS DE
     GOBIERNO. La prohibición contenida en el último párrafo
     del artículo 157 del Código Electoral del Distrito Federal, no
     entraña una temporalidad determinada, sino que es
     susceptible de aplicación y observancia en todo momento,
     más aún durante los procesos electorales, pues una
     interpretación en contrario permitiría a los partidos políticos
     adjudicarse obras públicas o programas de gobierno, bajo el
     pretexto de que no se está en campaña electoral, cuestión
     que evidentemente es contraria a los principios de legalidad
     y equidad que rigen la materia electoral. En este contexto, el
     incumplimiento de la disposición legal en comento
     provocaría consecuencias irreparables, ya que de aceptarse
     que no existe sanción alguna para estos actos, se propiciaría
     inequidad en las reglas de la lucha por el poder,
generándose una ventaja indebida a favor de un partido
político en perjuicio de los demás contendientes.

Recurso de Apelación TEDF-REA-007/2000. Partido de la
Revolución Democrática. 3 de mayo de 2000. Mayoría de
cuatro votos. Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado Secretario
de Estudio y Cuenta: Raúl Arias Trejo”

“EXHORTACIÓN AL GOBIERNO PARA QUE SUSPENDA
LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE ALGUNOS
PROGRAMAS Y ACCIONES. LOS PARTIDOS POLÍTICOS
TIENEN INTERÉS PARA IMPUGNARLA.—El acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el
cual dirige una exhortación a los gobiernos federal, estatales
y municipales del país, para que treinta días antes de la
elección y durante la jornada electoral, suspendan las
campañas publicitarias de todos aquellos programas y
acciones gubernamentales cuya difusión no sea necesaria o
de pública utilidad, para su eficaz instrumentación o para el
logro de sus objetivos, puede ser impugnado por los partidos
políticos, toda vez que no sólo actúan como titulares de su
acervo jurídico propio, sino como entidades de interés
público con el objeto de preservar las prerrogativas de la
ciudadanía, de manera que las acciones que deducen no
son puramente individuales, sino que gozan, en buena
medida, de las características reconocidas a las llamadas
acciones de interés público o colectivas, dentro de las cuales
se suelen ubicar las acciones de clase o de grupo, que
existen en otros países y que se comienzan a dar en México,
o las dirigidas a tutelar los derechos difusos de las
comunidades indeterminadas y amorfas, y estas acciones se
ejercen en favor de todos los integrantes de cierto grupo,
clase o sociedad, que tiene en común cierta situación
jurídica o estatus, sobre el que recaen los actos
impugnados; y porque ese acto de autoridad, sí causa una
molestia que tiene relación con el acervo sustantivo de los
partidos políticos, ya que dentro de los medios y fines
políticos de estas entidades, que se encuentran protegidos
jurídicamente, está el de buscar el favorecimiento del voto
de los ciudadanos, y la experiencia, a que se refiere el
párrafo 1 del artículo 16 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, demuestra de
manera indudable, que la orientación de la tendencia e
intención del sufragio puede variar, motivada por la fuerza
social e individual de cualquier factor de la vida jurídica,
política o económica, y hasta de la naturaleza, si las
personas las llegan a asociar con las circunstancias que ro
dean a un partido político o a sus candidatos. Cuestión
diferente es que la molestia sea fundada en derecho o no, lo
que no determina la existencia o inexistencia de interés
jurídico, sino la desestimación o acogimiento del medio de
impugnación en cuanto al fondo.

Recurso    de    apelación.    SUP-RAP-009/97.—Partido
Revolucionario Institucional.—18 de abril de 1997.—
Unanimidad    de     votos.—Ponente:   Leonel  Castillo
González.—Secretario: Arturo Fonseca Mendoza.

Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento
1, páginas 42-43, Sala Superior, tesis S3EL 006/97.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
1997-2002, página 442”
     “PARTIDOS POLÍTICOS. INTERÉS JURÍDICO PARA
     IMPUGNAR         LOS     ACTOSDE            LA    ETAPA     DE
     PREPARACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL.—Conforme
     a una interpretación sistemática de la legislación y de los
     principios rectores de la materia electoral federal, los
     partidos políticos nacionales tienen interés legítimo para
     hacer valer los medios de impugnación jurisdiccionales
     legalmente procedentes, contra actos emitidos en la etapa
     de preparación del proceso electoral. Por una parte, porque
     dichas personas morales no sólo actúan como titulares de su
     acervo jurídico propio, sino como entidades de interés
     público con el objeto de preservar las prerrogativas de la
     ciudadanía, de manera que las acciones que deducen no
     son puramente individuales, sino que gozan, en buena
     medida, de las características reconocidas a las llamadas
     acciones de interés público o colectivas, dentro de las cuales
     se suelen ubicar las acciones de clase o de grupo, que
     existen en otros países y que se comienzan a dar en México,
     o las dirigidas a tutelar los derechos difusos de las
     comunidades indeterminadas y amorfas, acciones que se
     ejercen a favor de todos los integrantes de cierto grupo,
     clase o sociedad, que tienen en común cierta situación
     jurídica o estatus, sobre el que recaen los actos
     impugnados; y por otra parte, porque conforme al artículo
     41, fracción III, de la Constitución federal , así como a los
     artículos 3o., párrafo 1, inciso b), y 72 de la Ley General del
     Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
     cada acto y etapa del proceso electoral adquiere
     definitividad, ya sea por el hecho de no impugnarse a través
     de los medios legales, o mediante pronunciamiento de la
     autoridad que conozca de esos medios que al respecto se
     hagan valer, de manera que ya no se podrá impugnar
     posteriormente, aunque llegue a influir en el resultado final
     del proceso electoral.

     Recurso    de    apelación.    SUP-RAP-009/97.—Partido
     Revolucionario Institucional.—18 de abril de 1997.—
     Unanimidad    de     votos.—Ponente:   Leonel  Castillo
     González.—Secretario: Arturo Fonseca Mendoza.

     Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento
     1, páginas 53-54, Sala Superior, tesis S3EL 007/97.

     Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
     1997-2002, página 605”

Por otra parte, los Partidos Políticos, ciertamente pueden hacer
todo lo que no esté prohibido por la ley, siempre y cuando no se
desnaturalice, impida, desvirtúe o en cualquier forma altere la
posibilidad de una mejor realización de las tareas que les confirió
la Constitución, ni contravengan disposiciones de orden público,
siendo que en el presente caso, al contravenir el artículo 25,
inciso a) del Código Electoral del Distrito Federal, se impide una
adecuada actuación de la autoridad electoral al ocupar sin
derecho, antes de su distribución de los espacios comunes, con
lo que se desnaturaliza y evita una correcta realización de la
contienda electoral.

     “PUEDEN HACER TODO LO QUE NO ESTÉ PROHIBIDO
     POR LA LEY NO ES APLICABLE PARA TODOS SUS
     ACTOS.—Los partidos políticos, como asociaciones de
     ciudadanos, constituyen parte de la sociedad y se rigen, en
     principio, por la regla aplicable a los gobernados, que se
     enuncia en el sentido de que todo lo que no está prohibido
     por la ley está permitido. Este principio no es aplicable
     respecto a lo previsto en disposiciones jurídicas de orden
     público, pero además, la calidad de instituciones de orden
     público que les confiere a los partidos políticos la
     Constitución General de la República y su contribución a las
     altas funciones político-electorales del Estado, como
     intermediarios entre éste y la ciudadanía, los conducen a
     que el ejercicio de esa libertad ciudadana de hacer lo
     permitido por la legislación en los supuestos que no está
     expresamente regulado como prohibido en normas de orden
     público, no pueda llegar al extremo de contravenir esos
     magnos fines colectivos con sus actos, sino que en todo
     caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para
     cumplir con esa función pública, primordialmente, en razón
     de ser prioritaria con relación a sus fines individuales; así
     pues, se puede concluir que los partidos políticos
     ciertamente pueden hacer todo lo que no esté prohibido por
     la ley, siempre y cuando no desnaturalice, impida, desvíe o
     en cualquier forma altere la posibilidad de una mejor
     realización de las tareas que les confió la Constitución ni
     contravengan disposiciones de orden público. Sin embargo,
     como no son órganos del Estado tampoco los rige el
     principio de que sólo pueden hacer lo previsto expresamente
     por la ley.

     Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados.—
     Democracia Social, Partido Político Nacional.—7 de enero
     de 2000.—Unanimidad de votos en el criterio.— Ponente:
     Leonel Castillo González.—Disidente: José Luis de la
     Peza.—Secretario: Arturo Fonseca Mendoza.

     Recurso de apelación. SUP-RAP-003/2000 y acumulados.—
     Coalición Alianza por el Cambio.—16 de febrero de 2000.—
     Unanimidad de votos.—Ponente: Eloy Fuentes Cerda.—
     Secretario: Antonio Rico Ibarra.

     Sala Superior, tesis S3EL 107/2002.

     Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
     1997-2002, página 604”

Por otra parte y respecto a los informes requeridos a los
servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, precisados
en el presente Considerando, cabe destacar que en el caso de los
CC. Jefes Delegacionales de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa
Alta y Xochimilco, así como la Dirección de Patrimonio
Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal no dieron respuesta,
por tanto, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 274,
inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal, por lo que el
Secretario Ejecutivo mediante oficio, deberá hacer del
conocimiento del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que
dichos servidores públicos violaron el artículo 103 del mencionado
ordenamiento legal.

SÉPTIMO.- El Partido Revolucionario Institucional en su escrito
de queja, también manifiesta que el Partido de la Revolución
Democrática al utilizar el equipamiento urbano para pintar, colgar
pendones o pegar propaganda a fin de promover precandidatos
que mediante su proceso de selección interna, que en su
momento habrá de registrar como candidatos a ocupar los
distintos cargos de elección popular, contraviene el principio de
equidad en la competencia electoral, ya que causa perjuicio al
sistema de partidos, por tomar ventaja sobre los demás que
habrán de contender en las próximas elecciones de Jefes
Delegacionales y Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

Al respecto, se considera que no existe violación legal al principio
de equidad en la contienda electoral, en virtud de que dicho
principio en términos de los artículos 147, 151 y 155, párrafo
primero del Código Electoral del Distrito Federal, solo cobra
vigencia dentro de una campaña electoral con candidatos
registrados, y ésta, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148, párrafo primero del citado ordenamiento legal, inicia
a partir del día siguiente al de la sesión de registro de
candidaturas para la elección respectiva y concluye tres días
antes de la jornada electoral, a mayor abundamiento, las acciones
del Partido de la Revolución Democrática violentan disposiciones
legales del Código Electoral del Distrito Federal y han generando
confusión y desorientación en la ciudadanía porque todavía no
existen candidatos registrados, y la propaganda fijada dentro de
un mismo ámbito territorial, incluye a dos o tres personas del
mismo partido, que en un momento dado, ninguna de ellas
pudiera ser registrada por el Instituto Electoral del Distrito Federal.

OCTAVO.- El Partido Revolucionario Institucional en su escrito de
queja, también manifiesta que el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, realiza entrevistas diarias de prensa en las que aplica
proselitismo a favor del Partido de la Revolución Democrática.

En este sentido, se considera importante destacar que el artículo
277, párrafos primero y segundo del Código Electoral del Distrito
Federal, le otorga al Consejo General la atribución de investigar
las actividades de un partido político o de una agrupación política
por el supuesto incumplimiento grave y sistemático de sus
obligaciones, siempre y cuando así se lo solicite un partido
político, una persona u organización política, compareciendo para
tal efecto por escrito y aportando elementos de prueba.

Por tanto, resulta claro advertir que la atribución de investigación
que el artículo 277 del ordenamiento legal citado otorga al
Consejo General, no puede ser considerada aplicable a los casos
de denuncias de hechos que los partidos políticos imputen a un
servidor público perteneciente a un ámbito distinto al electoral.
Por tal razón, en el presente asunto no se puede investigar y en
su caso sancionar la conducta que según el Partido
Revolucionario Institucional realiza el Jefe de Gobierno de esta
ciudad en sus entrevistas diarias de prensa, toda vez que, como
se ha asentado, dicho servidor público no pertenece al ámbito
electoral; así mismo, del escrito de queja presentado por el
Partido Revolucionario Institucional, con relación al proselitismo
publicitario que menciona realiza el Jefe de Gobierno, no señala
alguna circunstancia de modo, tiempo y lugar, que en base a la
misma permita establecer que se desprenda algún hecho en
virtud del cual esta Autoridad Electoral dentro de sus atribuciones
pudiera en esta vía conocer, a mayor abundamiento, a dicho
escrito tampoco exhibió prueba alguna al respecto.

No es óbice para arribar a la conclusión antes expuesta, el hecho
de que el artículo 274, inciso c) del Código Electoral del Distrito
Federal, establezca que el Instituto Electoral del Distrito Federal
conocerá de las infracciones que cometan las autoridades del
Distrito Federal, toda vez que dicha atribución está expresamente
limitada por el propio precepto legal citado, al ubicarlo únicamente
cuando las referidas autoridades del Distrito Federal no
proporcionen en tiempo y forma la información que con
fundamento en el artículo 103 del multicitado Código de la materia
les sea solicitada por los órganos de este Instituto, situación
totalmente distinta al caso que nos ocupa.

En consecuencia, se dejan a salvo los derechos del Partido
Revolucionario Institucional respecto de la conducta que
supuestamente realiza el Jefe de Gobierno de esta ciudad en sus
entrevistas diarias de prensa, para que, en su caso, los haga
valer ante la autoridad competente y por la vía establecida para
tal efecto.

Resultan ilustrativas para apoyar la conclusión antes expuesta,
las Tesis Relevantes emitidas por el Tribunal Electoral del Distrito
Federal, cuyos textos se transcriben a continuación:

     “CLAVE DE TESIS No.: TEDF015 .1EL1/99
     FECHA DE SESIÓN: 9 DE DICIEMBRE DE 1999.
     INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO
     FEDERAL
     FUENTE: SENTENCIA
     ÉPOCA: PRIMERA
     MATERIA: ELECTORAL

         CLAVE DE PUBLICACIÓN: TEDF1EL 015/99

     CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
     DISTRITO        FEDERAL.       INTERPRETACIÓN         DE    LA
     FACULTAD PARA INVESTIGAR POSIBLES VIOLACIONES
     A NORMAS JURÍDICO-ELECTORALES. El Código Electoral
     del Distrito Federal, prevé dos supuestos para que el
     Instituto Electoral del Distrito Federal, a través del Consejo
     General, realice la investigación de aquellos hechos
     constitutivos de infracción a las normas jurídico-electorales,
     el artículo 277 del citado ordenamiento legal, establece que
     dicho órgano electoral administrativo puede iniciar una
     investigación cuando concurran los presupuestos siguientes:
     la denuncia de un partido político que, aportando elementos
     de prueba, tenga como objeto la investigación de las
     actividades de otros partidos políticos o agrupaciones
     políticas cuando incumplan sus obligaciones de manera
     grave o sistemática. Así, para llevar a cabo la investigación,
     el Consejo General debe emplazar al presunto responsable,
     recabar las pruebas ofrecidas por las partes, pudiendo,
     incluso, solicitar oficiosamente de sus propias instancias los
     informes respectivos, y, por último, dictar la resolución
     conducente. Ahora bien, no es óbice para iniciar dicha
     indagatoria, el que las pruebas aportadas constituyan meros
     indicios, ya que el precepto legal en comento, únicamente
     impone al denunciante la obligación de aportar elementos de
     prueba      respecto      de     los    hechos    denunciados,
     independientemente de su alcance y valor probatorio. Por
     otra parte, el artículo 60, inciso d), segundo en su orden, del
     Código Electoral local, prevé la posibilidad de que el Consejo
     General realice una investigación sobre aquellos hechos que
     afectan de un modo relevante: a) los derechos de una
     asociación política, b) un proceso electoral, o c) un proceso
     de participación ciudadana; en estos casos, no existe
restricción alguna para que el Consejo General se allegue
los medios de convicción que estime necesarios para el
esclarecimiento de los hechos que le fueron sometidos a su
determinación, con la única limitante de que los mismos
versen sobre cualquiera de las tres hipótesis legales antes
relacionadas. Luego entonces, para tales efectos, es
inconcuso que el órgano electoral administrativo cuenta con
las facultades indagatorias necesarias para solicitar toda
clase de informes o documentos a las autoridades locales,
así como para requerir a las partes la exhibición de las
pruebas que obren en su poder, pudiendo, incluso, decretar
diligencias para mejor proveer.

Recurso    de   apelación     TEDF-REA-043/99. Partido
Revolucionario Institucional. 13 de agosto de 1999.
Unanimidad de cinco votos. Ponente: Raciel Garrido
Maldonado. Secretario de Estudio y Cuenta: Alejandro
Cárdenas Camacho.

NOTA: El inciso d), segundo en su orden, del artículo 60 del
Código Electoral del Distrito Federal, actualmente
corresponde a la fracción X del citado artículo, por virtud de
la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
el día 15 de octubre de 1999, vigente a partir del día
siguiente”


"CLAVE DE TESIS No.: TEDF017.1EL1/99
FECHA DE SESIÓN: 9 DE DICIEMBRE DE 1999.
INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO
FEDERAL
FUENTE: SENTENCIA
ÉPOCA: PRIMERA
MATERIA: ELECTORAL

CLAVE DE PUBLICACIÓN: TEDF1EL 017/99

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL. CASO EN EL QUE ESTÁ
FACULTADO PARA DETERMINAR LA IMPOSICIÓN DE
SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. De
conformidad con lo previsto por el artículo 274, inciso c) y f)
del Código Electoral del Distrito Federal, las sanciones a las
infracciones administrativas que en la materia puede
determinar el Consejo General del Instituto Electoral local a
los servidores públicos de los órganos de gobierno de esta
ciudad, operan exclusivamente en el caso de que tales
autoridades no proporcionen en tiempo y forma la
información que les haya sido solicitada por los órganos del
citado instituto. Para ello, una vez conocida la infracción, se
integrará un expediente que será remitido al superior
jerárquico de la autoridad infractora, para que este proceda
en términos de ley, quedando obligado a comunicar al propio
Instituto las medidas que haya adoptado.

Recurso     de   apelación    TEDF-REA-044/99.      Partido
Revolucionario Institucional. 13 de agosto de 1999.
Unanimidad de cinco votos. Ponente: Hermilo Herrejón Silva.
Secretario de Estudio y Cuenta: Javier Pérez González."
     "CLAVE DE TESIS No.: TEDF016.1EL1/99
     FECHA DE SESIÓN: 9 DE DICIEMBRE DE 1999.
     INSTANCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO
     FEDERAL
     FUENTE: SENTENCIA
     ÉPOCA: PRIMERA
     MATERIA: ELECTORAL

     CLAVE DE PUBLICACIÓN: TEDF1EL 016/99

     CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
     DISTRITO FEDERAL. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA
     INVESTIGAR         LAS     DENUNCIAS       DE       HECHOS
     PRESENTADAS          EN    CONTRA      DE    SERVIDORES
     PÚBLICOS QUE NO PERTENECEN AL ÁMBITO
     ELECTORAL. Las atribuciones de investigación que tiene el
     Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
     contenidas en el artículo 277, primer párrafo, del Código
     Electoral de la materia, no pueden ser consideradas
     aplicables a los casos de denuncias de hechos que se
     imputen a un servidor público perteneciente e un ámbito
     distinto al electoral, pues dicho numeral se refiere a las
     denuncias que un partido político puede presentar en contra
     de una agrupación política o de otro partido político; por lo
     que en tales casos, resulta válido el acuerdo que dicte el
     propio Consejo General para dejar a salvo los derechos del
     actor, a fin de que los haga valer ante la autoridad
     competente.

     Recurso     de    apelación   TEDF-REA-044/99.      Partido
     Revolucionario Institucional. 13 de agosto de 1999.
     Unanimidad de cinco votos. Ponente: Hermilo Herrejón Silva.
     Secretario de Estudio y Cuenta: Javier Pérez González."

NOVENO.- Respecto a lo solicitado por el Partido quejoso, en el
sentido de que esta autoridad investigue el origen de los recursos
con los que se sufragaron los gastos originados por la
propaganda electoral desplegada por el Partido de la Revolución
Democrática, debe señalarse que en términos del artículo 66 del
Código Electoral del Distrito Federal, corresponde al ámbito de las
atribuciones de la Comisión de Fiscalización del Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercer la vigilancia de
los recursos que sobre financiamiento ejerzan las asociaciones
políticas.

Al efecto, concierne a dicha Comisión el requerir a los partidos
políticos para que rindan informes al respecto, así como llevar a
cabo la revisión de los mismos; inclusive realizar la práctica de
auditorías; ordenando de ser necesario las visitas de verificación,
y en su caso presentar a este Consejo General dictámenes e
informarle sobre las irregularidades derivadas del manejo de
recursos fiscalizables por dicha Comisión.

En consecuencia, este Órgano Superior de Dirección estima que
para atender los requerimientos planteados por el Partido
Revolucionario Institucional, en este aspecto, y por así
corresponder al ámbito de sus atribuciones, se ordena a la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, para que continúe hasta su
conclusión las diligencias que estime necesarias para atender lo
requerido por el Partido quejoso, específicamente con relación a
la petición relacionada con el origen y destino de los recursos que
el Partido de la Revolución Democrática reporte             como
erogaciones efectuadas por su proceso de selección interna de
candidatos, y con fundamento en el artículo 277, último párrafo
del Código Electoral del Distrito Federal, se deberá resolver a
más tardar en la fecha que se rinda el dictamen correspondiente a
los informes del origen y monto del financiamiento del Partido de
la Revolución Democrática.

Para los efectos deberá remitírsele copia certificada de la
presente Resolución, de sus antecedentes y demás constancias a
dicha Comisión, para que actúe en el ámbito de su competencia.

Por todo lo expuesto y fundado, con apoyo además en los
artículos 120, 123, 124, 127,134 y 136 del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal; 1°, 2°, 3°, 25, inciso a), 74, inciso k), 147,
148, párrafo primero, 154, incisos d) y e), 155, 156, 238, 245,
inciso a), 246, fracción I, 261, 263, 264, 265, 275, incisos a) y f),
276, inciso b) y 277 del Código Electoral del Distrito Federal, este
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal:



                         RESUELVE

PRIMERO.- Conforme a los elementos aportados por el Partido
Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución
Democrática, los resultados obtenidos de los informes recabados,
pruebas y demás elementos en el procedimiento de queja, en
términos de lo expuesto en el considerando SEXTO de la
presente Resolución, ha quedado demostrado que el Partido de la
Revolución Democrática incumplió la obligación de conducir sus
actividades dentro de los cauces legales; así como llevar a cabo
sin derecho la colocación de propaganda electoral en elementos
del equipamiento urbano y lugares de uso común, fuera de los
plazos establecidos por el Código Electoral del Distrito Federal y
promovió a personas, militantes de su Partido, para ocupar un
cargo público de elección popular, sin precisar en dicha
propaganda electoral, que se trataba de un proceso interno del
citado Instituto Político para seleccionar a los candidatos que en
su momento habrá de registrar legalmente en las fechas
establecidas por el Código Electoral, confundiendo y
desinformando con ello a la ciudadanía de esta entidad
federativa.

SEGUNDO.- Una vez demostrada la responsabilidad en que
incurrió el Partido de la Revolución Democrática en términos de lo
expuesto en los Resultandos I, VI, XI, XIII, XV, XV , XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXX, y
XXXV y el Considerando SEXTO de la presente Resolución, se
impone al Partido de la Revolución Democrática:

a) La sanción consistente en la reducción del veinte por ciento de
las ministraciones que por concepto de financiamiento público por
actividades ordinarias le corresponden, por un periodo de tres
meses, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 274,
inciso g), 275, inciso a) y 276, párrafos primero, inciso c),
segundo y cuarto y 277 inciso e) del citado ordenamiento legal, y

b) Deberá retirar la propaganda electoral de su partido que al
momento se encuentre instalada, pintada o pegada en los lugares
ya precisados, dentro de un plazo de diez días contados a partir
del siguiente al de la notificación de la presente resolución,
apercibido que en caso de incumplimiento se pondrá a
consideración de este Consejo General, la aplicación de una
sanción mayor; una vez concluido el plazo, el Partido Político
deberá informar por escrito al Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, el cumplimiento dado a la presente
instrucción.

TERCERO.- Ordénese a las cuarenta Direcciones Distritales,
para que una vez transcurrido el plazo para el cumplimiento del
inciso b) del punto anterior, constaten el cumplimiento que se
haya dado respecto de los lugares precisados e informen de ello
al Consejo General a través del Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Distrito Federal.

CUARTO.- Atento a lo señalado en el considerando SEXTO de
esta Resolución, se deberá hacer del conocimiento del Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, que los Jefes Delegacionales en
Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco, así como el
Director General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del
Distrito Federal, que como autoridades del Distrito Federal
estando obligadas a proporcionar informes a los órganos del
Instituto Electoral del Distrito Federal para el cumplimiento de sus
funciones     no lo hicieron; irregularidades que se deberán
sancionar en los términos de ley, comunicando al Instituto
Electoral del Distrito Federal Electoral las medidas que haya
adoptado en el caso que nos ocupa.

QUINTO.- De acuerdo con el considerando NOVENO, mediante
oficio remítase copia certificada de la presente Resolución, de sus
antecedentes y demás constancias a la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
para que conforme a sus atribuciones, revise los informes sobre
el origen, destino y monto de los ingresos que el Partido de la
Revolución Democrática haya utilizado durante el proceso de
selección interna de candidatos a Jefes Delegacionales y
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para
resolver en el momento procesal oportuno.

SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución al
Partido de la Revolución Democrática, en el domicilio ubicado en
la Calle de Jalapa número 88, cuarto piso, Colonia Roma,
Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, así como al Partido
Revolucionario Institucional, en el domicilio ubicado en la Calle de
Puente de Alvarado número 53, esquina con Aldama, Colonia
Buena Vista, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad.

Asimismo, PUBLÍQUESE esta Resolución en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, en los Estrados del Instituto Electoral del Distrito
Federal y en la página de Internet www.iedf.org.mx, y, en su
oportunidad ARCHÍVESE el presente expediente como asunto
total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por mayoría de cinco votos a favor de los CC.
Consejeros Electorales Eduardo Huchim May, Rubén Lara León,
Rosa María Mirón Lince, Rodrigo Morales Manzanares y Javier
Santiago Castillo y dos votos en contra de los CC. Consejeros
Electorales Juan Francisco Reyes del Campillo Lona y Leonardo
Valdés Zurita, todos ellos integrantes del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, en sesión pública de fecha
catorce de marzo de dos mil tres, firmando al calce, el Consejero
Presidente y el Secretario del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 71
                      inciso g) y 74 inciso n) del Código Electoral del Distrito Federal,
                      doy fe.”


La citada resolución se notificó al Partido Político hoy recurrente el quince de marzo del

año en curso.


2. Con fecha diecinueve de marzo del año en curso, el Partido de la Revolución

Democrática por conducto de su representante suplente ante el Consejo General del

Instituto Electoral del Distrito Federal, ciudadano Froylán Yescas Cedillo, interpuso

recurso de apelación en contra de la resolución descrita en el resultando que antecede.


El Partido Político inconforme, en su escrito de apelación adujo lo siguiente:


                      “FROYLÁN YESCAS CEDILLO, en mi carácter de representante
                      suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
                      General del Instituto Electoral del Distrito Federal, personalidad
                      debidamente acreditada ante esa autoridad, señalando como
                      domicilio para oír y recibir notificaciones y toda clase de
                      documentos el inmueble ubicado en la calle de Jalapa, número
                      88, cuarto piso, en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc,
                      de la Ciudad de México, y autorizando para los mismos efectos a
                      la Licenciada en Derecho Martha Leticia Mercado Ramírez, y a los
                      CC. Gabriela Serrano Camargo, Jesús Jiménez Martínez y
                      Cristina Muñoz Takayama, ante Ustedes, con el debido respeto,
                      comparecemos para exponer:

                            Que por medio del presente escrito, a nombre del Partido de
                      la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 222,
                      227 238, 242 inciso b), 244 párrafo segundo, 246, 247, 253
                      inciso a), 255 y 257 y demás relativos y aplicables del Código
                      Electoral del Distrito Federal, vengo a interponer el presente

                                         RECURSO DE APELACIÓN.

                      En los términos siguientes:

                           I. Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto
                      Electoral del Distrito Federal.

                            II. Acto que se impugna: La resolución del Consejo General
                      del Instituto Electoral del Distrito Federal respecto de la queja
                      interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en contra
                      del suscrito Partido de la Revolución Democrática, identificada con
                      la clave de expediente IEDF-QCG/001/2003.

                            III. Artículos Constitucionales y legales violados: Se violan en
                      perjuicio del Partido Político que represento los artículos 7 , 14, 17
                      Y     23 de la Constitución Política de los Estados Unidos
                      Mexicanos; 134, 136 y 144 del Estatuto de Gobierno del Distrito
                      Federal; 3 , 4 inciso b), 19, 24 inciso b), 52 inciso c), 60 fracción
                      XI, 275, 276 y 277 del Código Electoral del Distrito Federal;
                      Artículos 25, 91, 92 y 92 Bis del Reglamento de Anuncios del
                      Distrito Federal.
     IV. Sustento lo anterior en las siguientes consideraciones.

                           HECHOS

     1. El 14 de marzo de 2003, en la sesión del Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal se aprobó por cinco
votos a favor y dos en contra el punto ocho del orden del día,
mismo que se denominaba, hasta antes de su aprobación,
proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal respecto de la queja interpuesta por el Partido
Revolucionario Institucional, en contra del suscrito Partido de la
Revolución Democrática, identificada con la clave de expediente
IEDF-QCG/001/2003.

      2. Dicho acuerdo sanciona al Partido de la Revolución
Democrática con la reducción del 20% de sus ministraciones por
concepto de financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes durante tres meses, equivalente a poco más de tres
millones de pesos, al quedar demostrado, según el texto de la
resolución, que este partido político incurrió en violaciones
particularmente graves, ya que “incumplió la obligación de
conducir sus actividades dentro de los cauces legales”. Además,
se le sanciona porque llevó a cabo, la colocación de propaganda
electoral en elementos del equipamiento urbano y lugares de uso
común, según lo señala el proyecto, fuera de los plazos
establecidos por el Código Electoral del Distrito Federal, y
promovió, igualmente a decir del proyecto, a militantes de su
partido para ocupar cargos públicos de elección popular, sin
precisar en la propaganda que se trataba de un proceso interno, lo
cual confundió y desinformó a la ciudadanía.

     3. Conforme al proyecto de resolución, se concede al Partido
de la Revolución Democrática un plazo de diez días para retirar la
propaganda electoral de su partido instalada, pintada o pegada;
de no hacerlo, se manifiesta que se pondría a consideración del
Consejo General la aplicación de otra sanción.

     4. En el proyecto, igualmente, se establece la solicitud al Jefe
de Gobierno del Distrito Federal        de sancionar a diversos
servidores públicos.

      5.- A pesar que el suscrito hizo notar que el proyecto carece
de fundamento y motivación, que son falsas las imputaciones
hechas al Partido, que se le dejó en estado de indefensión con
respecto a distintas circunstancias que se integran a la resolución
definitiva, de que se está estableciendo una sanción por analogía
y, según se manifiesta en forma textual, por mayoría de razón, así
como todas las inconsistencias del proyecto, carente de cualquier
sustento jurídico y contraventor de los principios de certeza,
legalidad y objetividad vigentes en materia electoral, siendo éstas
sólo algunas por las que el acuerdo incurre en una serie de
violaciones constitucionales y legales, el mismo fue aprobado.



V. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN: El Partido de la
Revolución Democrática, previo a la exposición de los agravios
que le causa el acuerdo mencionado, funda su interés jurídico en
lo dispuesto por el artículo 129 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, mismo que señala que al Tribunal Electoral le
corresponde resolver, en sus términos y según dispone la ley,
acerca de la determinación e imposiciones de sanciones en
materia electoral. Correlativa a esta disposición es la prevista por
el artículo 227 del Código Electoral del Distrito Federal, que
dispone que el Tribunal Electoral del Distrito Federal tiene a su
cargo substanciar y resolver, en los términos del propio Código,
los medios de impugnación, entre los que se encuentra el previsto
en el inciso e), en el que se habla de los medios de impugnación
por actos y resoluciones de las autoridades electorales del Distrito
Federal, incluyendo aquellos por los que se determinen la
imposición de sanciones, siendo éste precisamente el caso que
atañe a este escrito por el que se interpone el recurso de
apelación, en los términos de los dispuesto por el inciso b) del
artículo 242 del Código Electoral del Distrito Federal, que concede
a los Partidos Políticos la facultad de interponer el recurso de
apelación en contra de actos o resoluciones del Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal, mismo que es
presentado por quien cuenta con la legitimación procesal
necesaria prevista en el artículo 246, fracción I inciso a), es decir,
a través de su representante legítimo, en la modalidad del
registrado formalmente ante el órgano electoral responsable del
acto o resolución impugnado, presentándose dentro del término
de los cuatro días a partir de que tuve conocimiento del acto que
se reclama, según dispone el artículo 247 de dicho ordenamiento.

      Por lo anterior, consideramos que ese H. Tribunal Electoral
del Distrito Federal es competente para resolver el presente medio
de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
128, 129 fracción IV, 130 y 134 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; 3°, párrafo primero, 222, 227, fracción I, inciso e),
238, 242 , inciso b), 244, párrafo segundo, 266, párrafo segundo, y
269 del Código Electoral del Distrito Federal, toda vez que se trata
de un recurso de apelación interpuesto por un Partido Político en
contra de una resolución emitida por el Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal, por virtud del cual se le ha
impuesto al suscrito una sanción.

     Sobre la posibilidad de que el Tribunal Electoral resuelva
conforme a las pretensiones del suscrito, quien manifiesta entre
las violaciones la conculcación de diversos preceptos
constitucionales, esta representación se permite hacer las
siguientes consideraciones.

      Las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos están formadas, fundamentalmente, a base de
principios. Algunos de esos principios se desarrollan en ciertos
artículos, mediante reglas concretas y específicas, que siguen
regidas y gobernadas por el principio que las justifica.

     Así, el artículo 41 fracción IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, recoge el principio relativo a la
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, y como complemento inescindible determina de
manera imperativa el establecimiento de un sistema de medios de
impugnación para garantizar y asegurar que todos esos actos o
resoluciones, que afectan de forma trascendente los principios
constitucionales y legales, se sujeten al control constitucional. De
esta manera, como previsión constitucional de cumplimiento
necesario, no puede haber acto o resolución trascendente de
naturaleza electoral que esté exenta de control a través del
sistema de medios de impugnación en comento.

     Al encontrarse inmersos los Acuerdos del Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal en la naturaleza de la
materia propiamente electoral, su ejercicio, desarrollo y resultado
están sujetos al control de la constitucionalidad y legalidad por el
sistema de medios de impugnación en materia electoral, ya que a
través de éstos se tutela el respeto al principio constitucional de
legalidad de todos los actos electorales.

      Es prudente señalar que los cuerpos jurídicos fundamentales
de los Estados nacionales, usualmente denominados
Constitución, son conceptualizados por la doctrina como el orden
jurídico fundamental de la comunidad; el conjunto de normas que
fundamentan la legitimidad del poder estatal; el fundamento de
validez de todas las restantes normas.

     Con independencia de la variedad de definiciones, ha sido
aceptado en forma general que la Constitución no es una norma
en rigor, sino más bien un conjunto de principios y normas. Sin
embargo, comúnmente se les designa como norma superior para
hacerse referencia a una de sus importantes características,
consistentes en su supremacía respecto de todas las normas
restantes.

      En la actualidad, las normas mencionadas, además de
establecer el modo de creación de las normas jurídicas, también
hacen alusión al contenido necesario de éstas. Al respecto, la
doctrina ha advertido dos tipos de imperativos jurídicos en la
Constitución y en las leyes, que han sido identificados como
principios y reglas.

      La constitución como cuerpo normativo se nutre de
enunciados escritos, en que constan principios fundamentales del
sistema jurídico mexicano, en algunos casos identificados expresa
y directamente, y en otros como elementos informadores de las
instituciones, y por otro lado contiene reglas, como las cuales se
desarrollan o acogen ciertos principios y se asegura directa y
específicamente algún valor.

     Esta característica es propia de las constituciones
democráticas contemporáneas, en las que se pretende regular la
organización del Estado y el status fundamental de los
ciudadanos, mediante el establecimiento de líneas vertebrales de
orden social, así como de directrices en todas las ramas del
derecho.

     La diferencia entre reglas y principios se ha hecho consistir,
primordialmente, en que los principios se configuran en forma
abierta, en tanto que las reglas lo hacen en forma específica, al
determinar concretamente ciertas consecuencias de una hipótesis
que se actualiza con hechos concretos.

      Algunas de las principales acepciones de los principios se
refieren a que, en primer lugar, son normas que expresan y tutelan
los valores superiores de un orden jurídico y b) son directrices o
normas programáticas, que estipulan la obligación de perseguir
determinados fines.

      En atención a estas acepciones, es dable poder afirmar que
los principios jurídicos son un tipo de pauta, en la que no se define
una hipótesis particular y que no cuenta con supuestos de hechos
concretos, sino que se constituyen como un objetivo a alcanzar, y
como límites para el resto de la normatividad y de los actos de las
autoridades.
     Para la aplicación armónica de las reglas y principios
contenidos en la Constitución, debe tenerse en cuenta que, en su
calidad de enunciados jurídicos, tanto los principios como las
reglas presentan un doble aspecto: uno directivo, denominado de
guía de conducta, y otro valorativo o de valoración de la conducta.

      Por cuanto hace al aspecto valorativo éste se refiere a ciertos
estados de cosas, que el derecho reconoce como valiosos y que
en consecuencia, merecen ser protegidos, verbigracia, la vida, la
libertad, la dignidad, entre otros. Al respecto tanto como los
principios como las reglas están orientados a hacer efectiva esa
protección.

     Sin embargo, la diferencia existente entre los principios y las
reglas para hacer efectivos esos valores, radica en que las reglas
son una modalidad concreta y específica de protección de ciertos
valores, en tanto que a través de los principios se establecen
directrices y postulados rectores de todo el sistema jurídico.

      Así, por ejemplo, en tanto que la libertad y la certeza jurídica
se consideran un bien protegido por el sistema jurídico, éste se
encuentra protegido por el principio de legalidad y, tal protección
se lleva a cabo mediante la regla relativa a que no pueden
interponerse penas por analogía o aún por mayoría de razón.

      De esta manera, los principios son rectores de las reglas
positivas que configuran los sistemas jurídicos, pues al expresar
los valores superiores de todo orden normativo, se constituyen en
directrices que dichas reglas deben considerar en las hipótesis
concretas positivizadas.

      En estas condiciones y dada la jerarquía de los principios
constitucionales, en el caso que nos atiende, especialmente el de
legalidad, el mismo necesariamente debe ser tomado en cuenta y
prevalecer en cualquier interpretación de la Constitución y de las
leyes secundarias.

       Dentro de esta rama de principios que orientan el sistema
jurídico mexicano, encontramos los derechos fundamentales
definidos por el jurista Italiano Luigi Ferrajoli, desde el punto de
vista formal, como todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos en
cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas
con capacidad de obrar; entendiéndose por derecho sujetivo
cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no
sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica, y por
status la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma
jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser
titular de situaciones jurídicas y autor de los actos que son
ejercicio de éstas, o bien, ambas.

      Conforme      a    lo   anteriormente     manifestado,     son
fundamentales los derechos adscritos por un ordenamiento
jurídico a todas las personas, en cuanto capaces de obrar. En este
orden de ideas, es válido decir que existen determinados
ordenamientos jurídicos, por ejemplo los totalitarios, en los que se
carece de derechos fundamentales, entre los que se encuentran la
libertad personal, la libertad de pensamiento, los derechos
políticos, los derechos sociales y similares.

     Los derechos fundamentales son por tanto, la base de la
igualdad y la seguridad jurídica. Esta afirmación está
estrechamente vinculada a la universalidad, expresada por la
cuantificación universal de los sujetos que de tales derechos son
titulares, lo que viene a configurarse como un rasgo estructural de
los derechos fundamentales que de esta manera comporta el
carácter de inalienabilidad e indisponibilidad de los intereses
sustanciales en que los mismos consisten.

      En la expresión histórica del constitucionalismo, tales
intereses coinciden con las libertades y con las demás
necesidades de cuya garantía, conquistada al precio de luchas y
revoluciones, principalmente en contra de regímenes despóticos y
autoritarios, depende la vida, la supervivencial , la igualdad, el
bienestar, la seguridad jurídica y la dignidad de los seres
humanos.

      Tales garantías se realizan precisamente a través de la
forma universal recibida mediante su estipulación como derechos
fundamentales en normas constitucionales supraordenadas a
cualquier poder decisional: si son normativamente de todos, estos
derechos no son alienable o negociables sino que corresponden,
por decirlo de algún modo, prerrogativas con contingentes e
inalterables de sus titulares y a otros tantos límites y vínculos
insalvables para todos los poderes públicos.

      Por la trascendencia de estos derechos y la imposibilidad de
permitir su vulneración, hechos decidido, previo a la exposición de
los distintos agravios que me causa el Acuerdo del Instituto
Electoral del Distrito Federal de fecha 14 de marzo de 2003, hacer
hincapié en que el acto impugnado violenta en forma recurrente
los derechos fundamentales contenidos en los numerales 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
consagran diversas garantías de seguridad jurídica, situación ante
la cual es un hecho de estudiado derecho que ese H. Tribunal
Electoral del Distrito Federal se encuentra facultado para conocer
y resolver, a través del recurso de apelación, que es el que se
interpone, de la violación de los derechos fundamentales previstos
por tales disposiciones, ya que como máxima autoridad
jurisdiccional para la resolución de controversias en la materia,
tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de
las autoridades electorales locales, se ajusten invariablemente al
principio de legalidad, referido éste no sólo a que todo acto o
resolución de autoridad debe ser emitido conforme a las leyes
secundarias que lo rigen, consideración que resultaría limitada,
sino también a que tales actos deben respetar las garantías
constitucionales de seguridad jurídica, que son susceptibles de ser
violadas por las autoridades locales, en este caso, en forma por
demás inconcebible por el Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal.

     Ello es así toda vez que estas garantías constituyen
condiciones o circunstancias que deben cumplir todas las
autoridades a fin de que la afectación de la esfera jurídica de los
gobernados esté justificada por encontrarse apegada a derecho, y
no existiendo razón alguna para excluir al derecho electoral de su
observancia, como parece se pretende en el acto reclamado, es
inconcuso que el Tribunal Electoral del Distrito Federal se
encuentra plenamente facultado a verificar que los actos o
resoluciones emanados de las autoridades electorales locales de
carácter administrativo, se ciñan a los citados derechos
fundamentales.
      Este razonamiento ha sido sostenido por esa H. Autoridad en
resoluciones como la recaída a la apelación identificada con el
número de expediente TEDF-REA-025/2002 y su acumulado
TEDF-REA-026/2002, así como la tesis relevante publicada bajo
la clave TEDF1EL024/99, que a la letra dice:

     GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, VIOLACIONES A
     LAS. CASOS EN LOS QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL
     DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA
     CONOCERLAS POR ACTOS O RESOLUCIONES DE
     AUTORIDADES           ELECTORALES          ADMINISTRATIVAS
     LOCALES. De los artículos 122, apartado C, Base Primera,
     fracción V, inciso f), y 116, fracción IV, incisos b) al i), de la
     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
     relación con el 128 y 134 del Estatuto de Gobierno del
     Distrito Federal, se desprende que por disposición
     constitucional y estatutaria, el Tribunal Electoral del Distrito
     Federal, en su carácter de órgano autónomo y máxima
     autoridad jurisdiccional para la solución de controversias en
     la materia, tiene como misión prioritaria que todos los actos
     y resoluciones que emitan las autoridades electorales
     administrativas locales se sujeten al principio de legalidad, a
     través de la substanciación de los medios de impugnación
     que son de su competencia, específicamente, el recurso de
     apelación establecido en los artículos 238 y 242 del Código
     Electoral del Distrito Federal. La definición tradicional del
     principio de legalidad señala que todo acto o resolución que
     emitan las autoridades, deberá ser conforme a las leyes
     secundarias que lo rigen, obligando a aquéllas a ajustar su
     actuación concreta a la norma jurídica y a razonar
     correctamente su aplicación al caso que se trate; sin
     embargo, a juicio de este Tribunal, esta concepción del
     principio de legalidad, referida al ámbito electoral, resultaría
     limitada y, por tanto, inadmisible, si en virtud de ella, el
     Órgano Jurisdiccional estuviera impedido para conocer y
     resolver impugnaciones que derivaran del incumplimiento de
     otras disposiciones constitucionales, cuya inobservancia
     haría prácticamente nugatorio el principio en comento. En
     este contexto, resulta incuestionable que las garantías
     constitucionales de seguridad jurídica, susceptibles de ser
     violadas por actos o resoluciones dictados en agravio de
     ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones políticas
     locales, son las de petición (artículo 8º); de no ser juzgado
     por leyes privativas y tribunales especiales (artículo 13); de
     irretroactividad de la ley en perjuicio de las personas
     (artículo 14, párrafo primero); de privación de derechos sólo
     mediante juicio seguido ante autoridad preestablecida con
     las formalidades esenciales del procedimiento y de
     conformidad con las leyes expedidas con anterioridad a los
     hechos (artículo 14, párrafo segundo); de no ser sancionado
     mediante aplicación analógica de la ley o por mayoría de
     razón (artículo 14, párrafo tercero); de afectación de
     derechos por actos debidamente fundados y motivados de
     autoridad competente (artículo 16, párrafo primero); así
     como de una expedita y eficaz administración de justicia por
     autoridades que emitan sus resoluciones de manera pronta,
     completa e imparcial (artículo 17, párrafo segundo). Este
     conjunto de derechos o garantías constituyen formalidades
     a las que deben sujetarse todas las autoridades del Estado
     mexicano para afectar la esfera de las libertades de los
     gobernados; consecuentemente, al no existir razón alguna
     para excluir al derecho electoral de la observancia de las
     garantías de seguridad jurídica, es incuestionable que este
     Tribunal es competente, a través del recurso de apelación,
     para conocer y resolver casos donde en diversos actos o
     resoluciones de autoridades electorales locales de carácter
     administrativo, se reclame la posible violación de las
     garantías de seguridad jurídica que necesariamente se
     encuentran inmersas en el principio de legalidad, cuyo
     respeto irrestricto corresponde salvaguardar a este Órgano
     Jurisdiccional.

     Recurso de Apelación. TEDF-REA-234/99, Partido Verde
     Ecologista de México. 19 de noviembre de 1999.
     Unanimidad de cinco votos. Ponente: Juan Martínez Veloz.
     Secretario de Estudio y Cuenta: Rogelio Martínez Meléndez.

     Una vez acreditada la procedencia de la vía y de la acción de
los actos reclamados, el suscrito se permite manifestar que la
resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal que por medio de este acto se reclama le genera los
siguientes:

                           V. AGRAVIOS.

PRIMERO.

FUENTE GENERADORA DEL AGRAVIO.- Lo constituyen los
resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO de la resolución del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal respecto de la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en contra
del suscrito Partido de la Revolución Democrática, identificada con
la clave de expediente IEDF-QCG/001/2003, todos ellos, en esta
ocasión, por sustentarse por una ilegal declaración procedencia
del recurso, misma que se encuentra prevista en el considerando
PRIMERO, que en la parte relativa expresa textualmente:

    “PRIMERO.- Qué este Consejo General del Instituto Electoral
    del Distrito Federal es competente para conocer y resolver la
    queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional
    en contra del Partido de la Revolución Democrática, respecto
    a la investigación sobre la propaganda electoral y gastos
    relativos al proceso de selección interna de los precandidatos
    que habrán de contender como candidatos de ese Partido
    Político a los diversos cargos de elección popular del próximo
    seis de julio, así como de los actos de proselitismo en el que
    supuestamente incurre el Jefe de Gobierno del Distrito
    Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 120,
    123, 124, 127, 134 y 136 del Estatuto de Gobierno del Distrito
    Federal; 1°, 2°, 3°, 25, inciso a), 74, inciso k), 274, incisos c) y
    g), 275, inciso a), 276 y 277 del Código Electoral del Distrito
    Federal”.

     ARTÍCULOS          CONSTITUCIONALES              Y      LEGALES
VIOLADOS.- Se violan en detrimento del Partido que represento
los artículos 14, 16, 41 fracción III; y 116, fracción IV, inciso b) de
la Constitución Política de los Estados ; los artículos 120 y 134 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como por los
propios artículos 1° y 3° del Código Electoral del Distrito Federal.

     CONCEPTO DE AGRAVIO.- Sobre la ilegalidad de este
considerando, del cual devienen todos los puntos resolutivos de
este escrito, antes de expresar los razonamientos lógico-jurídicos
tendientes a acreditar su ilegalidad, es pertinente plasmar el texto
de los artículos invocados como fundamento de la resolución,
señalando desde este momento que en ningún momento se
aprecia la motivación, es decir, las circunstancias especiales,
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en
consideración para considerar que estos artículos eran pertinentes
para declarar la procedencia del recurso.

Artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal invocados.

    ARTÍCULO 120.- La renovación de las autoridades legislativa
    y ejecutiva de carácter local, así como de los titulares de los
    órganos político-administrativos de las demarcaciones
    territoriales, se realizará mediante elecciones libres,
    auténticas y periódicas. Son principios rectores de la función
    electoral en el Distrito Federal los de imparcialidad, legalidad,
    objetividad, certeza e independencia. La emisión del sufragio
    será universal, libre, secreta y directa.

    ARTÍCULO 123.- La organización de las elecciones locales es
    una función estatal que se realiza a través de un organismo
    público autónomo denominado Instituto Electoral del Distrito
    Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonios
    propios, en cuya integración participan la Asamblea
    Legislativa, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos,
    en los términos que ordene la ley.

    ARTÍCULO 124.- El Instituto Electoral del Distrito Federal será
    autoridad en la materia electoral, independiente en sus
    decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en
    su desempeño; contará en su estructura con órganos de
    dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo
    General será su órgano superior de dirección y se integrará
    por un consejero Presidente y seis consejeros de la Asamblea
    Legislativa y los representantes de los partidos políticos; la ley
    determinará las reglas para la organización y funcionamiento
    de los órganos, así como las relaciones de mando entre
    éstos. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto del
    Servicio Profesional Electoral, que con base en ella apruebe
    el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los
    servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia
    se integrarán mayoritariamente por representantes de los
    partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casillas
    estarán integradas por ciudadanos.

    ARTÍCULO 127.- El Instituto Electoral del Distrito Federal
    tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las
    que le determine la ley, las actividades relativas a la
    capacitación y educación cívica, geografía electoral, los
    derechos y prerrogativas de los partidos políticos, al padrón y
    lista de electores, impresión de materiales electorales,
    preparación de la jornada electoral, los cómputos en los
    términos que señale la ley, declaración de validez y
    otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados,
    Jefe de Gobierno y titulares de los órganos político-
    administrativos de las demarcaciones territoriales, así como la
    regulación de la observación electoral y de las encuestas o
    sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de
    todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en
    los términos que señale la ley.
    ARTÍCULO 134.- La ley electoral establecerá un sistema de
    medios de impugnación para que todos los actos y
    resoluciones electorales se sujeten invariablemente al
    principio de legalidad. Asimismo, fijará los plazos
    convenientes para el desahogo de todas las instancias
    impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad
    de las etapas de los procesos electorales.

    ARTÍCULO 136.- La ley electoral establecerá las faltas en la
    materia y las sanciones correspondientes.

Artículos del Código Electoral del Distrito Federal invocados.

    Artículo 1o.- Las disposiciones de este Código son de orden
    público y de observancia general en el territorio del Distrito
    Federal.
    El presente ordenamiento reglamenta las normas de la
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
    Estatuto de Gobierno del Distrito Federal relacionadas con:
    a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los
    ciudadanos;
    b) Las prerrogativas, los derechos y las obligaciones de los
    partidos políticos;
    c) La función de organizar las elecciones para Jefe de
    Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes
    Delegacionales, así como los procedimientos de participación
    ciudadana;
    d) Faltas y sanciones electorales;
    e) El Sistema de medios de impugnación para garantizar la
    legalidad de los actos y resoluciones electorales; y
    f) La organización y competencia del Instituto Electoral del
    Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

    Artículo 2o.- Para el desempeño de sus funciones, las
    autoridades y órganos electorales establecidos por el Estatuto
    de Gobierno del Distrito Federal y esta Ley contarán con el
    apoyo y colaboración de los órganos de Gobierno del Distrito
    Federal.

    Asimismo, podrán solicitar el apoyo y colaboración de las
    autoridades federales, estatales y municipales, en sus
    respectivos ámbitos de competencia.

    Artículo 3o.- La aplicación de las normas de este Código
    corresponden al Instituto Electoral del Distrito Federal, al
    Tribunal Electoral del Distrito Federal y a la Asamblea
    Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de
    competencia, quienes tendrán la obligación de preservar su
    estricta observancia y cumplimiento.
    Las autoridades electorales, para el debido cumplimiento se
    regirán por los principios de certeza, legalidad,
    independencia, imparcialidad, objetividad y equidad.
    La interpretación y aplicación del presente Código se hará
    conforme a la letra, o interpretación jurídica de la misma, y a
    falta de ésta se fundará en los principios generales del
    derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del
    artículo 14 de la Constitución Federal. Además, en materia
    electoral se observará el principio de publicidad procesal.

    Artículo 25.- Son obligaciones de las Asociaciones Políticas:
    a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales así
    como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de
sus militantes a los principios del Estado democrático,
respetando la libre participación política de las demás
asociaciones políticas y los derechos de los ciudadanos;

Artículo 74.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:
…
…
…

k) Recibir, sustanciar o tramitar, según sea el caso, los
medios de impugnación competencia del Consejo General, y
en su caso, preparar el proyecto correspondiente, así como
informar al Consejo General de las resoluciones que emitan
los Tribunales Electorales, e integrar los expedientes relativos
a las faltas administrativas, y en su caso, los de imposición de
sanciones, en los términos que establece este Código;

Artículo 274.- El Instituto Electoral del Distrito Federal
conocerá de las infracciones que cometan:

…
…

c) Las autoridades del Distrito Federal a que se refiere el
artículo 103 de este Código, en los casos en que no
proporcionen en tiempo y forma, la información que les sea
solicitada por los órganos del Instituto. Para ello una vez
conocida la infracción, se integrará un expediente que será
remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para
que éste proceda en los términos de ley. El superior
jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá
comunicar al Instituto Electoral del Distrito Federal las
medidas que haya adoptado en el caso.

…
…

g) Las asociaciones políticas; y

Artículo 275.- Las asociaciones políticas, independientemente
de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes,
miembros o simpatizantes, serán sancionados por las causas
siguientes:
a) Incumplan con las obligaciones, o por cualquier medio
violen las prohibiciones y demás disposiciones aplicables de
este Código;

Artículo 276.- Las sanciones a que se refieren las causas del
artículo anterior consistirán:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal;
c) Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del
financiamiento público que les corresponda, por el período
que señale la resolución;
d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones
del financiamiento que les corresponda, por el período que
señale la resolución; y
e) A las Agrupaciones Políticas locales, hasta con la
suspensión o cancelación de su registro.
Las sanciones previstas en los incisos c) al e) se impondrán
cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente
grave o sistemático.
A quien viole las disposiciones de este Código sobre
restricciones para las aportaciones de financiamiento que no
provengan del erario público, se le podrá sancionar con multa
de hasta el doble del monto aportado indebidamente. Si se
reincide en la falta, el monto de la multa podrá ser aumentado
hasta en dos tantos más.
Las violaciones a las prohibiciones establecidas en este
Código serán consideradas graves.

Artículo 277.- Un Partido Político aportando elementos de
prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal se investiguen las actividades de otros
Partidos Políticos o de una Agrupación Política cuando se
incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática,
de acuerdo al procedimiento de este artículo.

Asimismo, cualquier persona u organización política podrá
presentar queja ante los Presidentes de los Consejos
Distritales, o ante el Secretario Ejecutivo, de acuerdo a lo
siguiente:
a) Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el
Instituto Electoral del Distrito Federal emplazará al presunto
responsable para que en el plazo de cinco días conteste por
escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
que considere pertinentes y, en su caso, la pericial contable.
Si se considerase necesaria la pericial, ésta será con cargo al
Partido Político o a la Agrupación Política;
b) Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito en
el que se comparezca al procedimiento. Ninguna prueba
aportada fuera del plazo previsto para ello será tomada en
cuenta;
c) Para la integración del expediente, se podrá solicitar la
información y documentación con que cuenten las instancias
competentes del propio Instituto;
d) Concluido el plazo a que se refiere este artículo, dentro de
los treinta días siguientes se formulará el dictamen
correspondiente, el cual se someterá al Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal para su determinación;
e) El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, para fijar la sanción correspondiente, tomará en
cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de
reincidencia se aplicará una sanción más severa; y
f) Las resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal que no hubiesen sido recurridas, o bien,
que fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral del Distrito
Federal, deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de
Administración del Instituto en un plazo improrrogable de
quince días contados a partir de la notificación. Transcurrido
el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, el Instituto
Electoral del Distrito Federal podrá deducir el monto de la
multa de la siguiente ministración del financiamiento público
que corresponda. De no resultar posible lo anterior, el Instituto
Electoral del Distrito Federal notificará a la Tesorería para que
se proceda a su cobro en términos de la normatividad
aplicable.
Las quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de las asociaciones políticas,
deberán ser resueltos a más tardar en la fecha que se rinda el
    dictamen correspondiente a los informes del origen y monto
    del financiamiento a dichas asociaciones políticas.


A este respecto, causa a esta representación agravio la falta de
estudio de las causales de improcedencia que fueron sometidas al
conocimiento del Instituto Electoral del Distrito Federal, toda vez
que en detrimento del principio de legalidad, establecido en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados , y que
opera en materia electoral en virtud del mandato constitucional de
los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b); los
artículos 120 y 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
así como por los propios artículos 1° y 3° del Código Electoral del
Distrito Federal, citados por el Considerando en comento, en
forma incongruente, como fundamento de la declaración de dicha
procedencia, cabiendo en este contexto manifestar que si bien la
autoridad invocó una serie de artículos del Código Electoral, no los
fundó por la simple y sencilla razón de que todos ellos regulan la
competencia del Instituto y los principios a los que debe apegarse,
más en ninguno pueden leerse las razones por las cuáles tiene
facultades para iniciar una investigación y resolver la queja
presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra
del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la
investigación, a la que la misma autoridad ha determinado que
versa “sobre la propaganda electoral y gastos relativos al proceso
de selección interna de los precandidatos que habrán de
contender como candidatos de ese Partido Político a los diversos
cargos de elección popular del próximo seis de julio”,
apreciándose desde este momento, que la misma responsable, al
declararse competente, lo hace sobre un proceso de selección
interna de un Partido Político.

      Es un hecho de explorado derecho que las autoridades
electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, se
encuentran en todo momento obligadas a estudiar completamente
todos y cada uno de los puntos integrantes de los recursos
sometidos a su conocimiento y no únicamente alguno en
particular, como en la presente ocasión, en que sólo ha efectuado
esta operación con relación al escrito de queja presentado por el
Partido Revolucionario Institucional, dejando de lado el análisis de
las causales de improcedencia interpuestas por el Partido de la
Revolución Democrática, aún a pesar de que existen criterios del
Tribunal Electoral del Distrito Federal que así lo requieren,
conforme a la tesis jurisprudencial del año 1999 que se cita.

    IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES
    PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE
    IMPUGNACIÓN           PREVISTOS           POR         EL       CÓDIGO
    ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. Previamente al
    estudio de los agravios formulados a través de los medios de
    impugnación que regula el Código Electoral del Distrito
    Federal, este Tribunal debe analizar las causales de
    improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por ser
    su examen preferente y de orden público, de acuerdo con lo
    dispuesto por el párrafo primero del artículo 1° del Código
    Electoral del Distrito Federal.--------------------------------------------
    ------------------

    Recurso de apelación TEDF-AP-001/99. Partido Acción
    Nacional. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de cinco votos.
    Ponente: Estuardo Mario Bermúdez Molina. Secretaria de
    Estudio y Cuenta: Nohemí Reyes Buck.------------------------------
    ------------------------------------

    Recurso         de       apelación        TEDF-REA-008/99. Partido
    Revolucionario Institucional. 24 de junio de 1999. Unanimidad
    de cinco votos. Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado.
    Secretario de Estudio y Cuenta: Alejandro Juárez Cruz.---------
    ------------------------------------------------

    Recurso de apelación TEDF-REA-011/99. Socorro Aparicio
    Cruz. 24 de junio de 1999. Mayoría de tres votos. Ponente:
    Estuardo Mario Bermúdez Molina. Secretaria de Estudio y
    Cuenta:           Nohemí           Reyes            Buck.-

      El examen de las causales de improcedencia resulta siempre
oficioso y preferente, por tratarse de una cuestión de orden
público, tal y como lo ha demostrado la tesis de jurisprudencia
anteriormente citada, por lo que la única forma en que la autoridad
podría haber respondido en los términos que lo hizo es que este
Partido, en su carácter de denunciado, no hubiese hecho valer
alguna causal de improcedencia, siendo ésta la única forma en
que podría iniciar el estudio de la queja ante ella interpuesta. Sin
embargo, no fue éste el caso, ya que en mi escrito hice valer
algunas causales de dicha improcedencia.

     De esta manera, es inconcuso que no basta la simple
afirmación de que el recurso es procedente, por más que la
autoridad responsable lo crea suficiente para sustentar una
decisión en virtud de la cuál se desestiman las defensas del
suscrito respecto a la causa de la queja.

      En virtud de que es una práctica usual en materia electoral
que las autoridades resolutoras hagan este estudio a fin de
estimar la factibilidad de entrar al estudio del fondo del asunto,
suele dedicarse alguno de los primeros considerandos de toda
resolución electoral que se apegue a la legalidad al análisis
pormenorizado de las causales de improcedencia hechas valer
por alguna de las partes. En estos apartados, es donde la
autoridad funda y motiva sus consideraciones para tomar o dejar
de tomar en cuenta los argumentos de las partes respecto a las
causales de improcedencia, y sólo hasta después de esta
operación determina si las mismas se actualizan o, por el
contrario, es procedente resolver sobre el fondo del asunto. De lo
contrario, estaremos ante una vulneración del principio de
exhaustividad, en este caso, de especial gravedad, toda vez que
lo que se ha dejado sin un pronunciamiento de la autoridad
responsable son en realidad las defensas jurídicas del autor,
vulnerando así lo dispuesto en el artículo 277 del Código Electoral
del Distrito Federal, que le facultan a manifestar, dentro del
término de cinco días, lo que ha           su derecho convenga;
conculcación que se violenta desde el momento en que esa
presentación no tiene efectos sobre la totalidad del recurso, sino
solamente en aquello que la autoridad decide en forma unilateral,
por lo que se lesiona el derecho de defensa del suscrito, ya que la
autoridad ignora deliberadamente su garantía de defensa al no
atender a sus consideraciones sobre la improcedencia del escrito
del Partido de la Revolución Democrática.

      Es sólo mediante un proceder exhaustivo sobre todos los
instrumentos que integran el expediente que se asegura el estado
de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por cualquier
autoridad electoral deben generar y se impide que se produzca la
privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano
o una organización política, como es el caso, por la falta de
estudio de sus dichos, que de otra forma y como ocurrió en este
caso, no tienen efecto alguno sobre la resolución de la queja en
virtud de que simplemente no fueron tomados en cuenta.

      Por ende, el que la autoridad responsable no haya resuelto
de manera exhaustiva con respecto a las causales de
improcedencia, ya que en ningún otro considerando, se estiman
las causas por las que no se declararon fundadas y operantes las
causales de improcedencia sometidas a su conocimiento por el
suscrito, acarrea una lesiva incertidumbre jurídica, privándome
irreparablemente de derechos, con la consiguiente conculcación al
principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41,
fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los propios
artículos 1°, 3°, 251 y 277 del Código Electoral del Distrito Federal.

      Sobre las causas de improcedencia argüidas por el suscrito
en su escrito de ley presentado en el término de cinco días,
conforme a lo dispuesto por el artículo 277 del Código Electoral
del Distrito Federal, es pertinente apuntar que las mismas operan
en virtud de las irregularidades de que adolecía la queja
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, toda vez
que la finalidad perseguida con estos instrumentos
procedimentales, es decir, las quejas, consiste en hacer realidad
el acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden
público e interés general, en tanto que el rechazo de las
demandas por las causas mencionadas constituye una sanción
para el actor ante el incumplimiento de éste de la carga procesal
de satisfacer los requisitos legales necesarios para la viabilidad
del medio de impugnación de que se trate, de manera que el
acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia por las
omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe
aplicarse en los casos en que se satisfagan claramente y en su
totalidad los elementos que las constituyen.

      Ahora bien, en el caso que nos atiende, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 251 del Código Electoral, en que se
prevé en que casos se considerará improcedente un medio de
impugnación, considerándose en la hipótesis establecida en el
inciso a) de este precepto, solicitamos a la autoridad que
desechara de plano el medio de impugnación, carácter que la
misma autoridad le ha dado a la queja del Partido Revolucionario
Institucional, al invocar el inciso k) del artículo 74 del Código
Electoral del Distrito Federal, toda vez que por medio de él se
pretendían impugnar actos o resoluciones que no afectaban el
interés jurídico del actor.

      Hablamos en ese momento, sin que la autoridad lo tomase
en cuenta, y sostenemos, que para considerar la existencia de
interés jurídico deben presentarse simultáneamente los siguientes
elementos:

     a) Un derecho subjetivo, entendido como una facultad que la
norma jurídica concede a un sujeto y que a la vez entraña una
potestad de exigencia. Es decir, no existe interés jurídico si no
existe un derecho, tutelado por la norma jurídica, cuyo
cumplimiento deba exigirse.

      b) Que ese derecho subjetivo implique necesariamente una
obligación correlativa a cargo de otro sujeto distinto del titular de la
facultad, quien está obligado a cumplir o acatar las pretensiones
que se reclamen a través del ejercicio de la potestad. En el
presente caso, no se estaba ante esta situación, toda vez que no
existe disposición alguna cuyo cumplimiento me fuese exigible, a
lo que debe añadirse que no se violentó en ningún momento
norma alguna del sistema electoral vigente en el Distrito Federal.

     En este sentido, habrá interés jurídico para reclamar un acto
de autoridad, cuando por virtud de éste, una situación establecida
de conformidad con una norma jurídica a favor de una
determinada persona, se vea afectada o lesionada.

      Por esta razón es que procesalmente se ha considerado que
el interés jurídico nace por virtud de una situación de hecho
contraria a una nacida bajo la protección de una norma de la que
se ostente como titular el afectado, que lo coloque en actitud para
reclamarla con el propósito de poner fin a dicha afectación.

      En consecuencia, si un acto de otro Partido Político, en este
caso, imputado al suscrito Partido de la Revolución Democrática,
a pesar que se trataba de actos de sus militantes dentro de un
proceso de elección interna, no menoscaba alguna situación
jurídica a favor del reclamante por virtud de una norma jurídica,
hay una falta de interés jurídico para inconformarse en contra de
estos actos, toda vez que se pedía una sanción sobre algo que no
se encuentra prohibido por la ley, ni es objeto de regulación
alguna, y sí, por el contrario, constituía un ejercicio de derechos
fundamentales de diversos ciudadanos.

      De los anteriores razonamientos se desprende que el Partido
Revolucionario Institucional careciera de interés jurídico para
acudir al Instituto Electoral del Distrito Federal a hacer valer algo
que no es un derecho, en virtud de que no se encuentra prohibido
ni reglamentado por la ley, ni constituía ilegalidad alguna.

     Ante una situación de esta naturaleza, la autoridad
resolutora, en ese caso el Instituto Electoral del Distrito Federal,
se encontraba imposibilitado de atender las pretensiones del
quejoso, toda vez que no existía norma jurídica que se violentara,
por lo que sería imposible fundar y motivar adecuadamente una
sanción, como ocurrió, en un acto que, cómo se demostrará en
considerandos posteriores, resulta del todo ilegal.

     A este respecto, es este el momento de hacer notar que
tanto ese H. Tribunal Electoral del Distrito Federal, como la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han
considerado reiteradamente que las autoridades sólo pueden
cumplir con su obligación de fundar y motivar cuando invoquen las
circunstancias particulares, las razones especiales o las causas
inmediatas que se tomaron en consideración para la emisión del
acto o resolución, con lo cual se tiende a demostrar
racionalmente, que en determinada situación de hecho se
actualizan los supuestos de derecho aplicado, es decir, que en el
caso concreto se surten las hipótesis de los preceptos que al
efecto se invocasen.

      En este caso, al no existir preceptos relativos que
establecieran restricciones sobre las conductas reclamadas, ni
ilegalidad alguna de los mismos, era imposible, legalmente
hablando, que la autoridad emitiese una resolución debidamente
fundada y motivada, de donde se deducía la falta de interés
jurídico de la queja del Partido Revolucionario Institucional, más
bien fundada en un interés simple, de donde se colige la ausencia
de una pretensión jurídicamente susceptible de ser atendida.

      Por pretensión, se dijo en su momento en los argumentos
que fueron ignorados por la responsable, se hace alusión a una
petición a la autoridad jurisdiccional para sancionar una conducta
que considera violatoria de la ley.

      Es por efecto de tal intención del promovente, que demanda,
pide, insta o solicita a la autoridad electoral a que resuelva en el
sentido que considera debe ser, conforme a derecho, que el
promoverte adquiere el carácter de actor, es decir, quien asume
la iniciativa procesal, el que ejercita una acción o entabla una
demanda.

      El que ejercita una acción judicial es quien puede algo en
juicio que le es debido, conforme a derecho, quien lleva ante una
autoridad jurisdiccional sus pretensiones contra otro. El objeto o
materia de esta acción, plasmado en una demanda, es lo que
define la procedibilidad de una queja. La demanda es el acto
procesal por el cual una persona, que se constituye por el mismo
en parte actora o demandante, inicia su ejercicio y formula su
pretensión ante el órgano jurisdiccional.

      La demanda es un acto procesal, porque precisamente con
ella se va a iniciar la constitución de la relación jurídica procesal;
con ella nace el proceso, pero también con la demanda se inicia el
ejercicio de la acción, por el cual el actor se obliga a ofrecer y
aportar pruebas sobre la violación a un derecho suyo que ha
sufrido menoscabo o a un precepto legal que haya sido lesionado
por los actos de quien tiene así, en materia electoral, el carácter
de presunto responsable.

     Ahora bien, como se ha dicho, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 251 del Código Electoral, en el que se prevé en que
casos se considerará improcedente un medio de impugnación,
considerándose en la hipótesis establecida en el inciso a) de este
precepto, que la autoridad deberá desechar de plano un medio de
impugnación cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones
que no afecten el interés jurídico del actor. Es aquí en donde
radica la improcedencia, ya que lo que pide el quejoso, como
prevé el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación que se cita posterior a este párrafo, es algo sobre lo
que no posee interés jurídico, toda vez que este deriva,
necesariamente, de la tutela de un bien jurídico en la ley, lo que
solamente se logra mediante la prohibición, la limitación o la
temporalidad impuesta por el ordenamiento jurídico emitido con
anterioridad a la realización del acto.

    INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS
    DE       IMPUGNACIÓN.           REQUISITOS       PARA       SU
    SURTIMIENTO. La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso
    b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
    en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés
    jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la
    infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez
    éste hace ver, que la intervención del órgano jurisdiccional es
    necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación,
    mediante la formulación de algún planteamiento tendente a
    obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de
    revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que
    producirá la consiguiente restitución al demandante en el
    goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se
    satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico
    procesal para promover el medio de impugnación, lo cual
    conducirá a que se examine el mérito de la pretensión.
    Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del
    derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde
    al estudio del fondo del asunto.

    Sala Superior S3ELJ 07/2002
    Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales
    del ciudadano. SUP-JDC-068/2001 y acumulado. Raymundo
    Mora Aguilar y Alejandro Santillana Ánimas. 13 de septiembre
    de 2001. Unanimidad de 5 votos. Juicio de revisión
    constitucional electoral. SUP-JRC-363/2001. Partido Acción
    Nacional. 22 de diciembre de 2001. Unanimidad de 6 votos.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    371/2001. Partido Acción Nacional. 22 de diciembre de 2001.
    Unanimidad de 6 votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA
    J.07/2002. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.
    Aprobada por unanimidad de votos.

      En el caso en cuestión, es evidente que no existe precepto
alguno que norme las pretensiones punitivas del actor, con
respecto a los actos que sugiere sean motivo de investigación del
probable responsable, toda vez que la legislación electoral no ha
establecido disposición limitativa, restrictiva o prohibitiva alguna
respecto a los gastos hechos en las elecciones internas de los
partidos, respecto a los procesos, mecanismos o medios de
promoción utilizados por los militantes para dar a conocer su
persona o sus propuestas a los militantes, o aún a los ciudadanos,
en el caso de un proceso abierto como es el plebiscito electivo
que prevé el estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

       La promoción de los candidatos de un proceso interno de un
partido político no es un suceso nuevo ni ajeno al partido que
ahora se asume como quejoso. Baste recordar la elección interna
de dicho instituto político, el Partido Revolucionario Institucional,
en la que su actual Presidente Nacional, así como otros tres
candidatos, entre ellos quien con posterioridad resultaría su
candidato a la Presidencia de la República en la elección
celebrada en el año 2000, erogaron recursos financieros en
propaganda tanto impresa como en medios electrónicos de
comunicación; lo mismo ocurrió en los procesos de designación
de las dirigencias internas de los Partidos Políticos que prevén un
mecanismo de elección entre militantes o abiertas a la ciudadanía
celebrados el año pasado. En todos los casos, los candidatos
utilizaron diversos medios para dar a conocer sus propuestas y
atraer la simpatía de los votantes para sí, sin que en ese entonces
el Partido quejoso interpusiera queja alguna, de donde se infiere,
claramente, que el interponer una queja infundada y que se sabe
de antemano improcedente contra un acto que consistió con
anterioridad no obedece a otra cosa que a un espurio interés
electoral.

      En estos casos, es evidente la falta de un marco jurídico
sobre el que pueda ejercitarse una acción en contra de un partido
político por actos de sus militantes en los procesos de selección
interna, máxime cuando los gastos erogados a este respecto los
efectúan los propios militantes interesados en resultar electos para
ser postulados a una candidatura para un cargo de representación
popular por el partido político en el que militan. Ante la ausencia
en la ley de un precepto que haga previsible esta conducta y la
constituya, de darse su realización, en un presupuesto de sanción
para su autor, se concluye que no existe interés jurídico para
interponer dicha queja, por lo que acorde a lo dispuesto en la ley,
esa H. Autoridad deberá desecharla ante su notoria
improcedencia, en virtud del estricto apego al principio de reserva
de ley, que entraña el sometimiento de la autoridad solamente a la
ley; por lo que al no prever las definiciones legislativas una
hipótesis de conducta sobre la cuál pueda determinar una
sanción, está impedida a actuar al respecto.

     A las anteriores consideraciones debe agregarse que si bien
se hizo al suscrito, en este particular caso, la notificación de la
queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional y se
dio a este partido que represento la oportunidad que manifestar lo
que a su derecho conviniese, no respetó la responsable esta
garantía, toda vez que la deliberada omisión sobre atender sus
consideraciones en este Considerando y a lo largo del escrito,
acreditan que se no se le oyó en defensa de sus intereses,
acreditando así la conculcación de la garantía de audiencia
prevista por el artículo 14 constitucional, toda vez que en los
hechos, no se oyó previamente a la agraviada, dejándola en
estado de indefensión, lo que se acredita en este momento al
demostrar las omisiones o hechos negativos determinantes de la
inconstitucionalidad de los actos reclamados, es decir, la falta de
estudio y, como debió hacerse dado que se me impuso por efecto
de la resolución que se reclama, desestimarse, debiendo fundarse
y motivarse las razones de este acto.

      A este respecto resulta ilustrativo el siguiente criterio
jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la Federación:

       Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
       Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
       Parte: III, Mayo de 1996
       Tesis: IV. 1o.3 A
       Página: 597

    AUDIENCIA, GARANTÍA DE. NO SE SATISFACE CON LA
    CITACION. Si la garantía de audiencia consiste en dar al
    gobernado la oportunidad de defenderse, que se traduce en
    la posibilidad de rendir pruebas y de producir alegatos; se
    estima que la mera citación para audiencia en un
    procedimiento administrativo sobre clausura, no cumple en
    forma íntegra con la garantía, contenida en el artículo 16 de la
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya
    que si en ejercicio de ese derecho, el gobernado solicitó el
    nombre de los vecinos, a cuya queja obedeció aquel
    procedimiento de clausura provisional; empero, la
    responsable fue omisa a su petición y procedió a decretar el
    cierre definitivo de su negociación, lo anterior porque al negar
    al particular el derecho de ofrecer pruebas y alegar en cuanto
    a las supuestas quejas de vecinos, se le obstaculizó
    desvirtuar      esa    circunstancia.   PRIMER       TRIBUNAL
    COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
    Amparo en revisión 443/95. Ofelia Martínez Sarabia. 11 de
    marzo de 1996.
    Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez.
    Secretaria: María Inocencia González Díaz.

     PRIMERO.
      FUENTE GENERADORA DEL AGRAVIO.- Lo constituyen el
primer párrafo del resolutivo SEGUNDO de la resolución del
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal
respecto de la queja interpuesta por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra del suscrito Partido de la Revolución
Democrática, identificada con la clave de expediente IEDF-
QCG/001/2003, que, expresa textualmente, en la parte reclamada
en este agravio:

    ‘SEGUNDO.- Una vez demostrada la responsabilidad en que
    incurrió el Partido de la Revolución Democrática en términos
    de lo expuesto en los resultados I, VI, XI, XV, XV , XVI, XVII,
    XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXX y
    XXXV y el Considerando SEXTO de la presente resolución,
    se impone al Partido de la Revolución Democrática…’.

      ARTÍCULOS       CONSTITUCIONALES            Y     LEGALES
VIOLADOS.- Se violan en detrimento del Partido que represento el
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados ; así como
los artículos 120 y 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, así como los artículos 3°, 128 y 277 del Código Electoral
del Distrito Federal 277 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal.

     CONCEPTO DE AGRAVIO.- La ilegalidad de este
Considerando, consiste en la violación al principio de audiencia,
toda vez que para la elaboración del mismo, y entre los
razonamientos que se verifica, de la simple lectura del texto del
primer párrafo del resolutivo SEGUNDO, se encuentran los que se
fundan en los RESULTANDO XXIII y XXIV, en el que se da
cuenta, en términos textuales, de situaciones que vulneran incluso
los principios de imparcialidad de independencia que se debe
observar, en forma obligatoria, en materia electoral:

    ‘XXXIII. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil tres, se
    turnó a la Unidad de Asuntos Jurídicos, el escrito de fecha
    seis de febrero del año en curso, dirigido a Don Eduardo
    Huchim May, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
    de Fiscalización de este Instituto, suscrito por el C. José
    Alfonso León Matus, quien se ostenta como Representante
    Propietario del Partido Alianza Social, mediante el cual
    manifestó:

    ‘En atención al estado que guarda el proceso electoral para
    renovar la Asamblea Legislativa y las Jefaturas
    Delegacionales del Distrito Federal y, sobre todo, ante la
    inquietud manifestada por los diversos actores políticos en la
    pasada sesión del Consejo General del Instituto Electoral del
    Instituto Electoral del Distrito Federal en el sentido de que el
    Partido de la Revolución Democrática inició de manera
    anticipada la difusión de propaganda de campaña, en franca
    contravención a lo dispuesto por los artículos 147, 148 y
    relativos del Código de la materia, por medio del presente me
    permito solicitarle lo siguiente:

    1. Que de no existir impedimento legal alguno y a la brevedad
    que sea posible, se someta a consideración de los miembros
    de la Comisión de Fiscalización la necesidad de llevar a cabo
    un monitoreo de los medios electrónicos de difusión, de la
    propaganda que realiza el Partido de la Revolución
    Democrática en el Distrito Federal, y que se haga una
    investigación documental en las radiodifusoras y televisoras,
    para conocer la cuantía y frecuencia de los mensajes de
    campaña que el PRD ha emitido hasta esta fecha.

    2. De igual manera, solicito se tome en consideración la
    necesidad de llevar a cabo un monitoreo de medios impresos
    de distribución en la Capital de la República, en los términos
    apuntados en el párrafo anterior.

    Los dos puntos anteriores son en razón de que al término de
    los spots o publicidad en diferentes medios se establece
    que… ‘este mensaje es pagado por el partido político’

    3. En el mismo sentido explorarse la posibilidad de hacer
    inspecciones oculares por parte de los órganos electorales,
    desconcentrados en cada distrito electoral, a los elementos
    del equipamiento urbano del Distrito Federal, especialmente
    respecto de aquellas demarcaciones delegacionales
    señaladas durante la sesión del máximo órgano de dirección
    en materia electoral local, toda vez que es preocupante la
    escandalosa ventaja electoral cuanto económica del partido
    involucrado.

    4. Finalmente, me permito solicitar se explore la posibilidad de
    someter a consideración de la Comisión de Fiscalización, la
    necesidad de exigir al Partido involucrado, la rendición de
    cuentas respecto de su llamado proceso interno de selección
    de candidatos, antes del inicio formal de las campañas
    electorales, pues debe existir un manejo claro, preciso y
    transparente de todos y cada uno de los recursos utilizados
    por los institutos políticos.

    Considero aplicables a mi petición, los artículos 8 de la
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60
    fracciones X, XI, y XV; 62; 64, inciso b); 66, inciso c), d), i) y
    demás relativos del Código Electoral del Distrito Federal’.

    ‘XXIV. Con fecha veitiocho de febrero de dos mil tres, se dictó
    Acuerdo respecto del escrito de fecha seis de febrero del
    mismo año, dirigido a Don Eduardo Huchim May, Consejero
    Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este
    Instituto, suscrito por el C. José Alfonso León Matus, quien se
    ostenta como Representante Propietario del Partido Alianza
    Social’

      En el procedimiento administrativo que regula el artículo 277
del Código Electoral del Distrito Federal, se advierte uno de los
elementos fundamentales que configuran la garantía de audiencia,
en orden al cual, una vez que tenga conocimiento de la
irregularidad, el Instituto Electoral del Distrito Federal emplazará al
presunto responsable para que en el plazo de cinco días conteste
por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que
considere pertinentes y, en su caso, la pericial contable.

      Esta hipótesis sólo puede tener lugar sí , en un primer
momento tiene verificativo lo dispuesto por el primer párrafo de
este mismo, artículo, en el que se marca que un Partido Político
aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal se investiguen las
actividades de otros Partidos Políticos o de una Agrupación
Política cuando se incumplan sus obligaciones de manera grave o
sistemática, de acuerdo al procedimiento de este Artículo.
      De una lectura sistemática de este párrafo, se desprende que
si un partido pide al Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal se investiguen las actividades de otro,
necesariamente el Partido acusado debe tener conocimiento del
hecho reclamado, para así poder manifestar lo que ha su derecho
convenga, de lo contrario, quedará en estado de indefensión ante
el inicio de una investigación que se llevará acabo             así,
únicamente de conformidad con lo requerido por el acto,
violentando la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sustento de lo dispuesto por el artículo 277 del Código Electoral
del Distrito Federal.

      Para cumplir con la garantía de audiencia consagrada en el
artículo 14 de la Constitución, se deben atender dos aspectos, uno
de forma y otro de fondo. El primero, comprende los medios
establecidos en el propio texto constitucional constituidos por la
existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente
establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento. El segundo, constituye el contenido, espíritu o fin
último que persigue la garantía, que es el de evitar que se deje en
estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o
en situación que afecte gravemente sus defensas.

     De ese modo, los medios o formas para cumplir debidamente
con el derecho fundamental de defensa deben facilitarse al
gobernado de manera que en cada caso no se produzca un
estado de indefensión erigiéndose en formalidades esenciales
aquellas que lo garanticen.

      Por consiguiente, el procedimiento administrativo previsto en
el artículo 277 del Código Electoral del Distrito Federal, acorde
con tales requisitos, contiene condiciones que facilitan al partido
acusado la aportación de los elementos en que funde su derecho
para rebatir las afirmaciones del denunciante, la omisión de la
notificación de la presentación de un escrito de un partido en el
que se requiere una investigación sobre las actividades de otro, es
violatorio de la garantía de audiencia en tanto que se aparta de los
principios fundamentales que norman el debido proceso legal,
pues rompe el equilibrio procesal entre las partes al impedir al
partido denunciante defenderse en contra de la pretensión del
segundo y de probar lo que le convenga respecto a sus
afirmaciones.

     A este respecto, resulta ilustrativo lo expresado por el Poder
Judicial de la Federación en el siguiente criterio jurisprudencial:

        Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
        Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
        Parte: IV, Septiembre de 1996
        Tesis: IX.1o.15 K
        Página: 601

    AUDIENCIA, GARANTÍA DE. COMPRENDE NO SOLO EL
    ACTO DE EMPLAZAMIENTO. La garantía de audiencia que
    se consagra en el artículo 14 de la Constitución Política del
    país, implica no únicamente el acto de llamado a juicio, sino
    también, que ese llamado se haga con la oportunidad debida,
    para que el afectado tenga la posibilidad de participar, al
    menos, en las etapas básicas de todo procedimiento, como
    son, el oponerse haciendo valer excepciones y/o defensas,
    ofrecer pruebas, expresar alegatos, e incluso, interponer los
    recursos ordinarios de defensa que, en su caso, las leyes
    secundarias prevean. Pero si el emplazamiento se lleva a
    cabo cuando ya no es posible para el afectado ejercer
    íntegramente su derecho a defenderse, con las etapas
    procesales que ello implica, entonces se hace nugatoria su
    garantía de audiencia, aunque la sentencia aún no se emita,
    pues aun así, queda prácticamente en un estado de
    indefensión.

    PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
    Amparo en revisión 159/96. Fernando Juárez Vargas y otro. 8
    de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
    Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo.

      En el presente caso, en ningún momento fue hecho del
conocimiento del Partido de la Revolución Democrática la
presentación de una solicitud de investigación hecha por el Partido
Alianza Social, que aunque no fundamenta en forma expresa en el
artículo 277, de su simple lectura se desprende requiere la
investigación sobre actividades del Partido de la Revolución
Democrática.

      Como constancia de que no fue notificado al Partido que
represento este acto, misma que de afirmar que ocurrió
correspondería acreditar a la responsable, se obtiene que en
ningún momento se menciona en alguno de los resultados nada
relativo a que se hubiese corrido traslado al Partido de la
Revolución Democrática respecto a este escrito, de que hubiese
presentado en el término de cinco días lo que a su derecho
conviniese o de que en un momento dado, hubiese incumplido con
esa obligación.

      A esto debe añadirse que la resolución, en su propio título
menciona únicamente al Partido Revolucionario Institucional como
el actor de la queja o solicitud de investigación, además de que la
identifica con un solo número de expediente, sin referirse en
ningún momento a alguna acumulación procesal.

      A la gravedad que reviste el hecho de que no se haya
notificado a un Partido de las imputaciones influyeron
decisivamente en la resolución impugnada, toda vez que así se
manifiesta en forma expresa en el resolutivo SEGUNDO de esta
resolución, al señalarse que los RESULTADOS XXII y XXIV
fueron tomados en cuenta para acreditar la supuesta
responsabilidad en que incurrió el Partido de la Revolución
Democrática.

     La autoridad electoral responsable, en respecto de la
garantía de audiencia, se encontraba por tanto a instrumentar una
serie de actos secuenciales que a continuación se refieren.

      Ante una solicitud de un Partido Político que derivada en la
posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de otro
Partido Político, denunciado por otro, emplazar al primero y hacer
de su conocimiento, en forma fehaciente, que se imputan en su
contra, por parte de otro partido político, determinados actos y se
ha iniciado una investigación a este respecto, lo que debió haber
hecho por acto específico (notificación) o por cualquier otro medio
suficiente y oportuno.

     El derecho del Partido denunciado de fijar su posición sobre
los hechos y el derecho de que se trate, y la posibilidad de que
dicha partido aporte los medios de prueba conducentes en
beneficio de sus intereses agotan, acorde a lo previsto en el
artículo 277, la garantía de audiencia para el partido denunciado,
ya que ni éste ni el actor se encuentran posibilitados, acorde a lo
dispuesto por inciso b) del artículo recientemente mencionado, en
el que se dispone que las pruebas deberán ser exhibidas junto
con el escrito en el que se comparezca al procedimiento, y
ninguna prueba aportada fuera del plazo previsto para ello será
tomada en cuenta.

      La importancia de esta violación en cuanto a la resolución
emitida por la autoridad es que la posibilidad del ejercicio de la
facultad sancionadora con la cual cuenta la autoridad electoral,
que actualiza su obligación de respetar la garantía de audiencia
de los institutos políticos, surge sólo cuando, se cumplen y agotan
las fases que integran tal procedimiento.

       Esto es así, al tenerse presente que el numeral en examen
prevé: 1. El inicio de un procedimiento; 2. La notificación al partido
o a la agrupación política del hecho, acto u omisión del que derive
la posibilidad de afectación a algún derecho de los propios entes,
por parte de la autoridad; 3. Un plazo específico para que el
instituto político en cuestión realice las aclaraciones o
rectificaciones pertinentes, tales como, fijar su posición sobre los
hechos y el derecho de que se trate, y 4. La plena posibilidad para
aportar pruebas conducentes en beneficio de sus intereses,
durante el transcurso del plazo mencionado en el punto anterior.
En esta virtud, el procedimiento administrativo contenido en el
artículo 277 del Código Electoral, otorga a los institutos políticos
interesados la oportunidad de plena defensa, sin embargo, al no
serle notificada la actuación de un Partido Político en su contra,
misma que fue tomada en cuenta, como ya se ha acreditado, para
sancionarle en forma totalmente desproporcionada.

     En el caso de imposición de multas por parte de la autoridad
administrativa, el partido político denunciado la posibilidad de
controvertir dicha sanción a través de los medios de defensa
conducentes para tener por satisfecha la garantía de audiencia
consignada en el artículo 14 constitucional, la imposición de la
multa deviene necesariamente en ilegal, toda vez que la intención
del constituyente al establecer la garantía de audiencia a favor del
Partido Político, susceptible de ser afectado por un acto de
autoridad, es la de que tenga la oportunidad de defenderse,
ofrecer pruebas para combatir las imputaciones que pueden dar
lugar a la privación de algún derecho.

     Por lo anteriormente manifestado, esta garantía sólo se
estima satisfactoriamente cumplida cuando se otorga la
oportunidad de ser oído y ofrecer pruebas en su defensa al
gobernado, previo a cualquier acto de privación de algún derecho,
situación que no se dio respecto a los escritos referidos en los
resultandos XXIII y XXIV, mismos que fueron tomados en cuenta
para que el Partido que represento, como se ha dicho, fuera
sancionado     en    forma     absolutamente     inequitativa   y
desproporcionada.

     A lo anterior, debe sumarse que este hecho no es una
casualidad ni constituye mucho menos un comportamiento aislado
por parte de la autoridad electoral, toda vez que el resultando III
de la resolución que se impugna, mismo que si bien no se
menciona entre los que fueron tomados en cuenta para determinar
la sanción al Partido de la Revolución Democrática, si forma parte
de todas aquellas constancias que se valoraron efectivamente
para decidir sobre la causa, se da constancia de otro escrito
representado por el representante del Partido Alianza Social, C.
Alfonso León Matus, que al igual que el anteriormente
mencionado no fue notificado al Partido de la Revolución
Democrática, aún a pesar de que a través de él se hacían
imputaciones en su contra, siendo por tanto obligación de la
autoridad que se lo hiciera saber, en forma inmediata, para que en
el término de cinco días manifestase al respecto lo que a su
derecho conviniera, conforme al artículo 277 del Código Electoral
del Distrito Federal.

      Al no hacerlo así, la autoridad le confiere al representante del
Partido Alianza Social un trato preferencial, toda vez que sin ser
una parte del procedimiento, toda vez que tal carácter sólo sería
atribuible a los Partidos Revolucionario Institucional, como actor, y
de la Revolución Democrática, como demandante, integrando sus
escritos y valorando sus consideraciones, sin imponerle carga
procesal alguna y sin conceder al partido que tal asociación
política denuncia derecho a defenderse de sus imputaciones.

      El enlace de los elementos descritos, es decir, un Partido que
de no tener carácter de parte en el procedimiento interviene
activamente, produce la convicción de que en la tramitación de la
queja que motiva esta demanda se afectaron los principios de
legalidad, certeza, imparcialidad e independencia, pues queda
claro que la responsable le concede un carácter semejante al
previsto en el inciso c) del artículo 277, en el que se señala que
para la integración del expediente, se podrá solicitar la información
y documentación con que cuenten las instancias competentes del
propio Instituto.

      Si de la lectura del artículo que norma fundamentalmente
este proceso se obtiene que los únicos que poseen legitimación
son el Partido quejoso, en este caso, el Partido Revolucionario
Institucional, que obtiene este carácter en virtud de que su queja
fue la que se notificó al Partido de la Revolución Democrática, que
así adquirió el carácter de Partido denunciado, segundo sujeto de
la relación procesal, mientras que quien completa la pirámide
procesal en este asunto sería el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, y sus instancias auxiliares, puede
inferirse que le da este carácter al Partido Alianza Social, cuyos
pedimentos influyeron, afirmación que se hace no sólo por la
contundente prueba que se forma de la lectura del resolutivo
SEGUNDO, sino del análisis de la tramitación de un
procedimiento, en el que la actuación y las conclusiones de la
responsable atienden más a los argumentos presentados por el
Partido Alianza Social que a los del Partido Revolucionario
Institucional, como ocurre con la solicitud de éste Partido para
que se practicaran ‘inspecciones oculares por parte de los
órganos electorales desconcentrados en cada distrito electoral, a
los elementos del equipamiento urbano del Distrito Federal,
especialmente       respecto      de     aquellas    demarcaciones
delegacionales’, petición que en ningún momento fue planteada
por el Partido Revolucionario Institucional y que si la autoridad la
refiere entre los RESULTANDOS, es que la atendió, en una
acción que no sólo es una violación al debido proceso, sino una
aberrante conculcación a las más elementales concepciones de
los principios de imparcialidad e independencia.

     De lo anteriormente manifestado concluimos que hubo falta
de independencia e imparcialidad, lo que violenta lo dispuesto por
los artículos 120 y 124 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, así como los artículos 3° y 128 del Código Electoral del
Distrito Federal, cuando esta inspección se hizo en aparente
acatamiento de una solicitud presentada por un partido que
carecía de legitimación procesal y cuyas imputaciones no fueron
dadas a conocer al Partido en contra del cual las hacía. No hay
así, por tanto, neutralidad por parte del Instituto Electoral, como lo
demuestra la sistemática falta de estudio y valoración de las
defensas y consideraciones ofrecidas por el Partido de la
Revolución Democrática, así como por la reiterado omisión por
concederle el derecho de audiencia con respecto a las
manifestaciones hechas por el Partido Alianza Social, al que la
autoridad responsable nunca dio el carácter de parte procesal, en
su contra. Por tanto, se violentan las garantías de audiencia,
imparcialidad e independencia en contra del suscrito,
especialmente, en el caso de la independencia, al no ceñirse por
lo dispuesto en el artículo 124 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, que les mandata a ser independiente en sus decisiones.
Sirva para ilustrar mis afirmaciones la siguiente tesis del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación:

    AUTORIDADES ELECTORALES. LA INDEPENDENCIA EN
    SUS DECISIONES ES UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.
    Conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución
    Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales prevén
    que las autoridades en materia electoral deben gozar de
    autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
    decisiones, este último concepto implica una garantía
    constitucional en favor de los ciudadanos y los propios
    partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional
    que permite a las autoridades de la materia, emitir sus
    decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la
    normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o
    someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o
    insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos,
    de otros poderes del Estado o incluso, de personas con las
    que guardan alguna relación afectiva ya sea política, social o
    cultural.

    Sala Superior. S3EL 118/2001
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    009/2001. Partido de Baja California. 26 de febrero de 2001.
    Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Ojesto
    Martínez Porcayo. Secretario: Arturo Martín del Campo
    Morales.

     TERCERO.

      FUENTE GENERADORA DEL AGRAVIO.- Lo constituye el
resolutivo PRIMERO de la resolución del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal respecto de la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en contra
del suscrito Partido de la Revolución Democrática, identificada con
la clave de expediente IEDF-QCG/001/2003, que, expresa
textualmente:

    ‘PRIMERO.- Conforme a los elementos aportados por el
    Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la
    Revolución Democrática, los resultados obtenidos de los
    informes recabados, pruebas y demás elementos en el
    procedimiento de queja, en términos de lo expuesto en el
    considerando SEXTO de la presente Resolución, ha quedado
    demostrado que el Partido de la Revolución Democrática
    incumplió la obligación de conducir sus actividades dentro de
    los cauces legales; así como llevar a cabo sin derecho la
    colocación de propaganda electoral en elementos del
    equipamiento urbano y lugares de uso común, fuera de los
    plazos establecidos por el Código Electoral del Distrito
    Federal y promovió a personas, militantes de su Partido, para
    ocupar un cargo público de elección popular, sin precisar en
    dicha propaganda electoral, que se trataba de un proceso
    interno del citado Instituto Político para seleccionar a los
    candidatos que en su momento habrá de registrar legalmente
    en las fechas establecidas por el Código Electoral,
    confundiendo y desinformando con ello a la ciudadanía de
    esta entidad federativa’.

      ARTÍCULOS         CONSTITUCIONALES            Y     LEGALES
VIOLADOS.- Se violan en detrimento del Partido que represento el
artículo 7, 14, 16 35 fracción II, 41, 99 fracción V y 116 fracción
IV inciso b) de la Constitución Política de los Estados ; así como
los artículos 120, 137, 138 y 144 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, así como los artículos 1°, 3°, 128, 147, 148, 155,
156, 157 y 277 inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal,
1 , 2 y 3 de la Ley de Imprenta y 1 2 3 y 25 del Reglamento de
Anuncios del Distrito Federal.

     CONCEPTO DE AGRAVIO.- Por principio de cuentas, y a fin
de exponer ante ese H. Órgano Jurisdiccional, en una forma más
sistemática, expondremos por incisos las múltiples violaciones que
se concatenan para dar lugar a ese resolutivo PRIMERO, sin
embargo, los incluimos en un solo agravio, en virtud de que su
estudio debe ser sistemático, armónico y funcional, solicitando a
ese H. Órgano Jurisdiccional, respetuosamente, que así lo haga.
Para hacerlo así, resulta necesario, en primer término, analizar los
términos en que es expuesto el considerando SEXTO de la
presente Resolución.

      A este respecto, en el mencionado considerando SEXTO, la
autoridad resuelve lo siguiente, trascribiendo para ello las partes
medulares de dichos razonamientos, sin que este constituya
irregularidad alguna, toda vez que el sentido de los argumentos se
mantiene intacto:

    ‘De las Pruebas técnicas ofrecidas y aportadas por el
    promoverte en su escrito de queja, de las diligencias
    ordenadas por esta Autoridad Electoral y realizadas por sus
    órganos internos, y de los informes rendidos por las
    autoridades gubernamentales referidas, las que en su
    conjunto, en términos de los artículos 262, incisos b) y c),
    264, 265 párrafos primero, segundo y tercero y 277 párrafo
    primero del Código Electoral del Distrito Federal, valoradas
    conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la
    experiencia, y en razón de que las documentales referidas,
    son originales expedidas en el ámbito de su competencia por
    funcionarios electorales y autoridades del Gobierno del
    Distrito Federal, tiene valor probatorio pleno, las que al ser
    adminiculadas entre sí y con las pruebas técnicas ofrecidas y
    aportadas, aunado al hecho de que el Partido de la
    Revolución Democrática, en su escrito de fecha 5 de febrero
    de dos mil tres, no niega el haber colocado propaganda
    electoral de su Instituto Político en el mobiliario urbano y
    lugares de uso común susceptibles de ser utilizados para la
    colocación y fijación de la propaganda electoral en esta
    ciudad, generan certeza y convicción de esta autoridad sobre
    la veracidad de los hechos que se investigan’.

    ‘A mayor abundamiento, también es importante destacar que
    la existencia de propaganda electoral referida, constituye un
    hecho notorio, ya que es del dominio público y del
    conocimiento general de la población del Distrito Federal,
    que fue colocada, colgada, fijada, adherida y pintada por el
    Partido de la Revolución Democrática, en los lugares ya
    precisados, hecho que en términos del artículo 264, párrafo
    primero del Código Electoral, no es objeto de prueba’.

    ‘Por otra parte, aún cuando la propaganda fuera colocada,
    colgada, fijada y adherida por miembros del Partido de la
    Revolución Democrática, independientemente de las
    sanciones que a los mismos en su momento habría de
    aplicarles el Partido Político, éste, viola disposiciones del
    Código Electoral del Distrito Federal, se coloca en la hipótesis
    señalada en el artículo 275, inciso a) del mismo ordenamiento
    …’

    ‘En esa lógica, el Consejo General de este instituto considera
    que el Partido de la Revolución Democrática violó lo
    dispuesto en los artículos 1°, 25, inciso a), 148, 154, incisos
    d) y e) y 155 del Código Electoral, ya que no respetó lo
    establecido en dichos numerales, al haber realizado actos de
    campaña y utilizado a su libre albedrío el equipamiento
    urbano, al colgar pendones, adherir propaganda en bardas,
    árboles, postes y casetas, violando la prohibición que en
    materia de colocación de propaganda electoral se encuentra
    establecida, así como la utilización de lugares de uso común
    susceptibles de ser distribuidos entre los Partidos Políticos,
    fuera de los plazos establecidos para ello por el citado Código
    y dificultando las labores de la autoridad electoral, conductas
    ambas consideradas graves, al tratarse de violaciones a las
    prohibiciones legales, por lo tanto, es procedente sancionarlo
    con la reducción del veinte por ciento de las ministraciones
    que por concepto de financiamiento público por actividades
    ordinarias le corresponden, por un periodo de tres meses, de
    conformidad con lo dispuesto por los artículos 156, párrafo
    primero, 274, incisos g), 274, inciso a) y 276, párrafos
    primero, inciso c), segundo y cuarto del citado ordenamiento
    legal’.

      A este respecto, en los siguientes incisos fundaré y motivaré
las siguientes irregularidades que acreditan la inconstitucionalidad
y la ilegalidad del resolutivo PRIMERO, fundado a su vez, en el
considerando SEXTO:

a) Es falso que el Partido de la Revolución Democrática no se
haya apegado al cauce legal, lo que se acredita en virtud de que
no existe violación alguna a los preceptos invocados por la
autoridad.

b) La autoridad falta a la verdad al decir que el Partido de la
Revolución Democrática, no niega el haber colocado propaganda
electoral de su Instituto Político en el mobiliario urbano.

c) La autoridad indebidamente, atribuye al Partido y lo
responsabiliza por la actividad de ciudadanos en el ejercicio Pleno
de sus derechos fundamentales.
d) La autoridad no valora las pruebas conforme a los criterios de la
lógica y la sana crítica, dado que ignoró algunas, sobrevaloró
otras y evade los razonamientos que las mismas aportan y que
acreditan que los hechos reclamados, en virtud de que no se trata
de una conducta prohibida, no fueron cometidos en forma
exclusiva por el Partido de la Revolución Democrática, ya que se
tuvo conocimiento de la Comisión de estos mismos actos por
parte de otros partidos políticos.

e) La autoridad aplica una sanción por analogía y mayoría de
razón.

f) La autoridad se excede en sus facultades e invade las
competencias de instancias administrativas.

g) La autoridad no cumplió las obligaciones que la ley le atribuía
en caso de la violación por la que está sancionando al suscrito.

      A continuación, iniciamos el estudio particularizado de las
irregularidades listadas en los incisos referidos.

a) Es falso que el Partido de la Revolución Democrática no se
haya apegado al cauce legal, lo que se acredita en virtud de que
no existe violación alguna a los preceptos invocados por la
autoridad, es decir, los artículos 1°, 25, inciso a), 148, 154, incisos
d) y e) y 155 del Código Electoral.

    En forma textual, transcribimos los artículos e incisos que
supuestamente son violados:

    Artículo 1o.- Las disposiciones de este Código son de orden
    público y de observancia general en el territorio del Distrito
    Federal.
    El presente ordenamiento reglamenta las normas de la
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
    Estatuto de Gobierno del Distrito Federal relacionadas con:
    a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los
    ciudadanos;
    b) Las prerrogativas, los derechos y las obligaciones de los
    partidos políticos;
    c) La función de organizar las elecciones para Jefe de
    Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes
    Delegacionales, así como los procedimientos de participación
    ciudadana;
    d) Faltas y sanciones electorales;
    e) El Sistema de medios de impugnación para garantizar la
    legalidad de los actos y resoluciones electorales; y
    f) La organización y competencia del Instituto Electoral del
    Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

    Artículo 25.- Son obligaciones de las Asociaciones Políticas:
    a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales así
    como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de
    sus militantes a los principios del Estado democrático,
    respetando la libre participación política de las demás
    asociaciones políticas y los derechos de los ciudadanos;

    Artículo 148.- Las campañas electorales de los Partidos
    Políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión
    de registro de candidaturas para la elección respectiva,
    debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada
    electoral.
    El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores
    no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o
    actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo
    electorales.

    Artículo 154.- En la colocación de propaganda electoral los
    partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:
    a) …
    b) …
    c) …
    d) No podrá adherirse o pintarse en elementos del
    equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes
    geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y
    e). No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos
    históricos, arqueológicos, artísticos y construcciones de valor
    cultural, ni en el exterior de edificios públicos.

    Artículo 155. Se entiende por lugares de uso común los que
    son propiedad del Gobierno del Distrito Federal, los bienes
    abandonados o mostrencos, mamparas que se establecieran
    en el número que determine el Consejo General, previo
    acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal o los lugares que
    los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral del
    Distrito Federal para efectos de propaganda, susceptibles de
    ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda
    electoral. Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y
    por sorteo entre los Partidos Políticos registrados, conforme al
    procedimiento acordado por el Consejo General, en sesión
    que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la
    ultima semana del mes de marzo del año de la elección.
    Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su
    competencia velarán por la observancia de estas
    disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar
    con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno
    ejercicio de sus derechos en la materia y el respeto a la
    propaganda colocada por los mismos.

       La autoridad elude su obligación de apegarse al principio de
legalidad constitucional ofreciendo una visión aislada de las
disposiciones presuntamente violadas, sin embargo, demuestra el
Pleno apego de esta representación al marco legal un análisis
sistemático, funcional y armónico de todos los preceptos que, en
el título tercero del Código Electoral del Distrito Federal, norman
lo relativo a las campañas electorales, encontrándose las
disposiciones relativas a esta materia en el apartado en el que se
ubica a aquellas al que el legislador ha dado el carácter de
generales.

                          TITULO TERCERO
                     De las campañas electorales

                              Capítulo I
                       Disposiciones generales


    Artículo 147. La campaña electoral, para los efectos de este
    Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los
    Partidos Políticos, las coaliciones y los candidatos registrados
    para la obtención del voto.

    Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
    debates, asambleas, visitas, marchas y en general aquellos
en que los candidatos o voceros de los Partidos Políticos se
dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los Partidos Políticos, los candidatos registrados y
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas.

Tanto la propaganda electoral como las actividades de
campaña a que se refiere el presente artículo, deberán
propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el
electorado de los programas y acciones fijados por los
Partidos Políticos en sus documentos básicos y,
particularmente, en la plataforma electoral que para la
elección en cuestión hubieren registrado.

Artículo 148. Las campañas electorales de los Partidos
Políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión
de registro de candidaturas para la elección respectiva,
debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada
electoral.

El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores
no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o
actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo
electorales.

Artículo 149. El Presidente del Consejo General podrá
solicitar a las autoridades competentes los medios de
seguridad personal para los candidatos que lo requieran,
desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos
internos de su partido, se ostenten con tal carácter.

Artículo 150. Las reuniones públicas realizadas por los
Partidos Políticos y los candidatos registrados no tendrán más
límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular
los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones
que para el ejercicio de la garantía de reunión y la
preservación del orden público dicte la autoridad
administrativa competente

En aquellos casos en los que las autoridades concedan
gratuitamente a los Partidos Políticos o candidatos el uso de
locales cerrados de propiedad pública, deberán ajustarse a lo
siguiente:

a) Las autoridades locales deberán dar un trato equitativo en
el uso de los locales públicos a todos los Partidos Políticos
que participan en la elección; y

b) Los Partidos Políticos deberán solicitar el uso de los
locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del
acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima
habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación
y realización del evento, los requerimientos en materia de
iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado
por el Partido Político o el candidato en cuestión que se
responsabilice del buen uso del local y sus instalaciones.
Los Partidos Políticos o candidatos que decidan dentro de la
campaña electoral realizar marchas o reuniones que
impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán
hacer conocer a la autoridad competente su itinerario a fin de
que ésta provea lo necesario para modificar la circulación
vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o
reunión.

Artículo 151. La propaganda impresa que los candidatos
utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en
todo caso, una identificación precisa del Partido Político o
coalición que ha registrado al candidato.

El material que se utilice para la elaboración de propaganda
deberá ser de naturaleza biodegradable o en su defecto de
naturaleza reciclable.

La propaganda que en el curso de una campaña difundan por
medios gráficos los Partidos Políticos, las coaliciones y los
candidatos, no tendrán más límite que el respeto a la vida
privada de candidatos, terceros y a las instituciones y valores
democráticos.

La propaganda que los Partidos Políticos, las coaliciones y los
candidatos realicen en la vía pública a través de grabaciones
y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo
previsto por este Código, así como a las disposiciones
administrativas expedidas en materia de prevención de la
contaminación por ruido.

La propaganda de los Partidos Políticos propiciará la
exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los
programas y acciones propuestas por los mismos; y no
deberá utilizar símbolos, signos o motivos religiosos;
expresiones verbales o alusiones ofensivas a las personas,
candidatos de los diversos partidos que contiendan en la
elección.

Artículo 152. La propaganda electoral que los partidos
políticos , las coaliciones y los candidatos, difundan por
medios gráficos o por conducto de los medios electrónicos de
comunicación, no tendrá más limitaciones que las
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Los Partidos Políticos, las coaliciones y los candidatos que
realicen propaganda electoral a través de la radio y la
televisión deberán evitar en ella cualquier ofensa, difamación
o calumnia que denigre a candidatos, Partidos Políticos,
instituciones y terceros.

Artículo 153. Al interior de las oficinas, edificios y locales
ocupados por los órganos de Gobierno del Distrito Federal y
los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse
propaganda electoral de ningún tipo.

Artículo 154. En la colocación de propaganda electoral los
partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

a) Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano,
bastidores y mamparas siempre que no se dañe el
equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de
vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en
riesgo la integridad física de las personas;

b) Podrá colgarse o adherirse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie permiso escrito del propietario, al
Partido Político o candidato, mismo que se registrará ante el
Consejo Distrital correspondiente;

c) Podrá colgarse o adherirse en los lugares de uso común
que determinen los Consejos Distritales, de conformidad con
los criterios que emita el Consejo General, previo acuerdo con
las autoridades correspondientes;

d) No podrá adherirse o pintarse en elementos del
equipamiento urbano, carretero o ferroviario,
ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen
jurídico; y

e). No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos
históricos, arqueológicos, artísticos y construcciones de valor
cultural, ni en el exterior de edificios públicos.

Artículo 155. Se entiende por lugares de uso común los que
son propiedad del Gobierno del Distrito Federal, los bienes
abandonados o mostrencos, mamparas que se establecieran
en el número que determine el Consejo General, previo
acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal o los lugares que
los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral del
Distrito Federal para efectos de propaganda, susceptibles de
ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda
electoral. Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y
por sorteo entre los Partidos Políticos registrados, conforme al
procedimiento acordado por el consejo General, en sesión
que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la
ultima semana del mes de marzo del año de la elección.

Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su
competencia velarán por la observancia de estas
disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar
con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno
ejercicio de sus derechos en la materia y el respeto a la
propaganda colocada por los mimos .

Artículo 156 . Cualquier infracción a las disposiciones
relativas a la propaganda electoral será sancionada en los
términos de este Código.

En caso de violación a las reglas para la propaganda y la
fijación de misma en los lugares permitidos, el Consejo
General o Distrital respectivo, notificará al partido infractor,
requiriendo su inmediato retiro, que no podrá exceder de 24
horas; en caso de incumplimiento se notificará a la autoridad
administrativa para el retiro de propaganda y la sanción que
se determine al partido o coalición responsable considerará el
daño económico ocasionado.

Artículo 157 . Las autoridades del Distrito Federal deberán
suspender las campañas publicitarias de todos aquellos
programas y acciones gubernamentales cuya difusión no sea
necesaria, o de pública utilidad, para su eficaz
instrumentación o para el logro de sus objetivos, durante los
30 días previos a las elecciones y el día de la jornada
    electoral, lo anterior no incluye a los programas de asistencia
    social o ayuda a la comunidad derivados de emergencias
    sociales o programas de seguridad civil por la eventualidad o
    presencia de condiciones de riesgo a la población.

    El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal
    podrá exhortar a las autoridades federales para que
    suspendan las campañas publicitarias a que se refiere el
    párrafo anterior.

    Queda prohibido a los Partidos Políticos y sus candidatos
    adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de
    obras públicas o programas de gobierno, la violación a esta
    prohibición será sancionada en los términos de este código.

     Uno de los primeros elementos que se deben tomar en
cuenta en el análisis sistemático y funcionar de la normatividad
establecida en el Título Tercero del Código Electoral son las
especiales circunstancias de tiempo, así como las calidades
específicas que contiene dicha norma jurídica, que para ser
aplicadas requieren observar ciertas pautas.

      El Maestro Rolando Tamayo Salmorán, al respecto, en su
obra Elementos para una Teoría General del Derecho, publicado
por la Editorial Temis en la página 98 de su segunda edición,
correspondiente al año de 1991, señala que la aplicación de las
normas jurídicas es una operación por la cual cierta instancia
determina los hechos que el derecho define in abstracto en
normas generales e individualizada las consecuencias previstas.
La aplicación del derecho, explica el destacado jurista, es una
función regular del orden jurídico; a través de ella los órganos
aplicadores (tribunales, autoridades administrativas, etcétera), en
ejercicio de sus facultades, determinan que en cierto caso
concreto del tipo definido en la norma general se ha presentado y
como consecuencia de ello, efectúan un acto por el cual
actualizan las consecuencias previstas.

      En este sentido, deben atenderse a lo dispuesto por el
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que en su párrafo tercero establece que en los juicios
del orden crimina , queda prohibido imponer, por simple analogía,
y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

      Este principio constitucional recogido en el artículo 14 es la
concreción de la máxima jurídica nullum crimen nulla pena sine
lege, constituye lo que se conoce como la función garantizadora
del tipo penal, es decir, es la garantía para los miembros de una
sociedad, en el sentido de que sólo puede ser delito aquello que
aparece previsto como tal en un tipo legal contenido en la norma.
El ciudadano, en consecuencia, sólo a partir de la existencia de la
ley penal puede cometer delitos en la medida en que viole la
norma respectiva al lesionar bienes jurídicos protegidos por la
misma.

     En aras de aclarar lo anteriormente dicho, deviene en
ineludible necesidad el esclarecer el concepto del tipo, al cual, el
Maestro Gustavo Malo Camacho, en su obra Derecho Penal
Mexicano, en la página 295 de la tercera edición, correspondiente
al año 2000, señala que el tipo es el contenido medular de la
norma; es la descripción de la conducta prohibida u ordenada,
prevista en todo su ámbito situacional por el legislador; es la
previsión legal que individualiza la conducta humana penalmente
relevante.

      La consideración del tipo ‘en su ámbito situacional’, está
estrechamente vinculada con la expresión constitucional
exactamente aplicable al delito de que se trata”, toda vez que
implica la presencia de una serie de una serie de circunstancias
que requieren ineludiblemente, estar contenidas en la conducta
del actor para acreditar la trasgresión a la norma dispositiva o
restrictiva.

      En este orden de ideas, si el tipo es la descripción, en la ley,
de un comportamiento previsto como acción u omisión dentro de
un determinado ámbito situacional, a la vez violatorio del mandado
o prohibición contenido en la norma que precisamente implica la
valoración normativa de la ley, consecuentemente, la tipicidad es
la atribuilidad de una conducta, dentro de su ámbito situacional, a
la descripción típica, es decir, la conducta prevista por la ley,
dentro de su ámbito situacional en la que la misma aparece
regulada y que implican la presencia de elementos objetivos,
normativos y subjetivos del tipo.

En este orden de ideas, serán causas de atipicidad, es decir la
falta de adecuación de una conducta al tipo penal, aquellas
situaciones que originan la falta de atribuilidad al tipo del delito de
que se trate, lo que implica la falta de tipicidad y, como
consecuencia, la inexistencia del delito. En este sentido, uno de
los criterios estructurales generales de no atribución de la
conducta al tipo, la ausencia de alguno de los elementos
descriptivos objetivos, normativos o subjetivos.

      En el caso que nos atiene, resultan de particular interés dos
elementos objetivos del tipo, a saber, la calidad del sujeto activo,
así como las circunstancias del tipo, concepto que abarca las
relativas al las referencias del tiempo, ocasión, lugar y modo.

      Con respecto a la calidad del sujeto activo, debe apuntarse
que ciertas normas exigen una cierta calidad en el sujeto activo,
con la consecuencia de que si tal calidad no se reúne, el tipo del
que se trata no se conforma. Así por ejemplo, tenemos el caso de
delito de peculado y en general, los delitos cometidos por los
servidores públicos, que exigen necesariamente tal calidad en el
sujeto activo.

      Por otra parte, hemos señalado que los tipos establecen en
su texto la conducta social deseada, dentro del ámbito situacional
en que la propia voluntad social lo determina. Así, se manifiestan
las referencias de lugar, tiempo, modo y ocasión, como también
las referencias a los medios a que aluden algunos tipos y que, en
su caso, tendrá que reunir la conducta para ser típica las
siguientes circunstancias:

     -Circunstancias de espacio o lugar son las referencias de
lugar o espacio vinculadas con la realización de la conducta típica,
a que hacen referencia algunos tipos de la ley.
     -Circunstancias de tiempo son las referencias de tiempo
vinculados con la realización de la conducta típica a que se
contraen algunos tipos de la ley.
     -Circunstancias de modo son los aspectos referidos al modo
de ejecución de la conducta, prevista por algunos tipos de la ley.
     -Circunstancias de ocasión son referencias que enmarcan
situaciones de ocasión, vinculadas con la realización de la
conducta, exigidos por algunos tipos de la ley.

      Ahora bien, si bien , los postulados y principios jurídicos
anteriormente mencionados son propios del Derecho Penal,
debemos tener en cuenta que en el presente caso nos
encontramos inmersos en el ámbito del derecho administrativo
sancionador, que debe ceñirse a estas garantías, toda vez que su
aplicación implica el ejercicio del Ius Puniendi del Estado
Mexicano, del que se ha hecho depositario al Instituto Electoral del
Distrito Federal desde el momento en que se le han atribuido
facultades para sancionar a los Partidos Políticos, sin embargo,
esto lo puede hacer sólo con apego a este tipo de garantías,
previstas inicialmente para el Derecho Penal, pero aplicables en el
Derecho Electoral, en el marco de las sanciones que pueden ser
impuestas a los partidos, conforme se explica en los siguientes
razonamientos.



      El derecho electoral según ha quedado de claro manifiesto,
en los textos constitucionales y legales, así como en la
jurisprudencia de las autoridades jurisdiccionales de algunas
entidades y fundamentalmente de la federal, se funda en algunos
principios del modelo garantista clásico del derecho, a saber, la
legalidad, la objetividad y la imparcialidad, valores plasmados en
el texto como fruto de una tradición jurídica ilustrada y liberal.

       El principio de legalidad es uno de los que se ha consolidado
con mayor regularidad en las constituciones y las codificaciones
modernas, formando en su conjunto un sistema coherente y
unitario. La unitariedad de estos sistemas, depende de que estos
principios, fundamentalmente el de legalidad, configuran un
esquema epistemológico de la desviación sancionada por la ley
encaminado a asegurar el máximo grado de racionabilidad y de
fiabilidad del juicio de la autoridad, y por lo tanto, de limitación de
la potestad punitiva del Estado y de tutela de la persona contra la
arbitrariedad de sus órganos.

      Por tanto, podemos considerar que los elementos
constitutivos de este esquema instaurado por el principio de
legalidad son dos, uno relativo a la definición legislativa y el otro a
la comprobación jurisdiccional de la desviación sancionada.

      El primero de estos elementos es el conocido como principio
de estricta legalidad en la determinación abstracta de lo que es
punible. Este principio exige dos condiciones: el carácter legal o
formal del criterio de definición de la desviación o irregularidad
sancionada y el carácter empírico o fáctico de las hipótesis de
desviación legalmente definidas. La desviación o irregularidad,
según la primera condición, no es la que por características
intrínsecas es reconocido como inmoral, como naturalmente
amoral, como socialmente lesiva o cualquier otra consideración.
Es más bien lo formalmente indicada por la ley como presupuesto
necesario de la aplicación de una sanción, según la clásica
fórmula nulla poena et nullum crimen sine crime sine lege. Por otra
parte, conforme a la segunda condición, la definición legal de la
desviación se debe producir no con referencia a figuras subjetivas
de condición o de autor, sino sólo a figuras de comportamiento
empíricas y objetivas, según la otra máxima nulla poena sine
crimene et sine culpa.
      La primera condición equivale al principio de la reserva de la
ley y del consiguiente sometimiento de la autoridad a la ley;
conforme a ella, la autoridad que ejercita funciones
jurisdiccionales no puede calificar como delitos o en todo caso,
merecedores de sanción, todos los fenómenos que considere
inmorales, que no sean de su agrado o que considere perniciosos,
según su opinión, sino sólo los que, con independencia de sus
valores, vienen formalmente designados por la ley como
presupuestos de una pena. La segunda condición comporta
además el carácter absoluto de la reserva de ley, por virtud del
cual el sometimiento del juez es solamente a la ley; sólo si las
definiciones legislativas de las hipótesis de desviación o
irregularidad vienen dotadas de referencias empíricas y fácticas
precisas, estarán en realidad en condiciones de determinar su
campo de aplicación,

     Al pronunciarse sobre el principio de legalidad, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado
en estos términos:

    PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad
    con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo
    cuarto; 105, fracción II, y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
    como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley
    Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley
    General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
    Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en
    materia electoral cuya trascendencia radica en que por
    primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los
    mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones
    electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la
    Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales
    aplicables, tanto para proteger los derechos político
    electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar
    la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de
    los actos y resoluciones definitivos de las autoridades
    electorales federales y locales.

    Sala Superior. S3EL 040/97
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97.
    Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997.
    Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco
    Henríquez.

El principio de legalidad, por tanto, se constituye como una técnica
legislativa específica dirigida a excluir, por arbitrarias y
discriminatorias, las convenciones no referidas a hechos, sino
directamente a personas, o a partidos políticos en el caso
presente. De esta forma, el principio de legalidad reside en esta
concepción al mismo tiempo nominalista y empirista de la
irregularidad punible, que remite a las únicas admisiones
taxativamente denotadas por la ley excluyendo de ella cualquier
configuración extra-legal. Auctoritas, nos veitas facit legem es el
principio de derecho que expresa este fundamento
convencionalista del derecho electoral mexicano: no es la moral,
la naturaleza, ni el criterio subjetivo, sino sólo lo que con autoridad
dice la ley lo que confiere a un fenómeno relevancia jurídica.
      En este sentido, no se puede aducir un criterio por virtud del
cual    ley calificaría como jurídicamente relevante cualquier
hipótesis de desviación o irregularidad, sino sólo comportamientos
empíricos determinados, exactamente identificables como tales,
por las hipótesis previstas por el legislador.

      De esta forma, es claro que el procedimiento administrativo
previsto en el artículo 277 del Código Electoral del Distrito Federal
constituye la regla general en materia disciplinaria y de imposición
de sanciones causadas por los actos cometidos por los partidos y
agrupaciones políticas en relación con el incumplimiento de las
obligaciones dispuestas por la ley, siendo únicamente sobre las
limitaciones o restricciones legales que la autoridad electoral
puede establecer un parámetro de irregularidad para determinar la
imposición de una sanción a los institutos políticos respecto de las
infracciones cometidas en esta materia. En este entendido, la
actuación de la autoridad es sólo legitima una vez que se dan la
verificabilidad de las demostraciones jurídicas y de las fácticas, y
de la reserva absoluta de ley en materia electoral y la consiguiente
sujeción del juzgador solamente a la ley. La aplicación de estos
principios, de la misma forma, es reconocido por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación:

    RÉGIMEN ELECTORAL DISCIPLINARIO. PRINCIPIOS
    JURÍDICOS APLICABLES. Tratándose del incumplimiento de
    un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la
    sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario
    subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder
    correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido
    todo organismo        público    (tanto    centralizado    como
    descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal
    Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos
    que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar,
    suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el
    efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos
    políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con
    la consecuente transgresión de los principios constitucionales
    de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese
    poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el
    aludido principio de legalidad. Así, el referido principio
    constitucional de legalidad electoral en cuestiones
    relacionadas con el operador jurídico «La ley ... señalará las
    sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ...
    (dichas) disposiciones» (artículo 41, párrafo segundo, fracción
    II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados
    Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del
    derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, stripta
    et scticta, aplicable al presente caso en términos de los
    artículos 3º, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y
    Procedimientos Electorales, así como 2º de la Ley General
    del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
    lo cual implica que en el régimen electoral disciplinario existe:
    a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está
    permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus
    disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas
    determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el
    presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la
    sanción deben estar determinados legislativamente en forma
    previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que
    prevea una falta o sanción debe estar expresada en una
    forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de
    que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos
    políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas
    y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son
    las conductas ordenadas o prohibidas, así como las
    consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual
    da vigencia a los principios constitucionales de certeza y
    objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el
    inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de
    tipicidad), y d) Las normas disciplinarias requieren una
    interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda),
    porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo
    estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los
    requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o
    restrictivos.

    Sala Superior. S3EL 055/98
    Recurso     de    apelación.    SUP-RAP-013/98.  Partido
    Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998.
    Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco
    Henríquez. Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

     En este sentido, los principios contenidos y desarrollados por
el derecho penal, resultan aplicables en el ámbito derecho
administrativo sancionador, toda vez que tanto el derecho
administrativo sancionador, como el derecho penal son
manifestaciones del ius puniendi estatal.

      Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de
reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden
jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el
Poder Constituyente confió la realización de todas las actividades
necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el
respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas
fundamentales con las que se construye el estado de derecho.

      En este sentido, la división del derecho punitivo del Estado
es una potestad sancionadora penal, y otra administrativa, tienen
su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes
jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor
trascendencia e importancia por constituir una agresión directa
contra los valores de mayor envergadura del individuo y del
Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que
con la tipificación, (concediendo que la teoría del tipo es
reconocida y aplicable en el ámbito del Derecho Administrativo
Sancionador), y la sanción de las infracciones administrativas se
propende generalmente a la tutela de intereses generados en el
ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad
administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden,
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y
preservar el bien común y la paz social.

       El poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho
penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como
finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los
ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual; o general,
dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto,
considerado éste en sentido amplio, para disuadir y evitar su
proliferación y comisión futura.

      Por lo anteriormente expuesto, es válido sostener que los
principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese
objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo
sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no
significa que se deba aplicar al derecho administrativo
sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer
los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en
lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de
éstas.

       Es en este entendido que debe estudiarse lo dispuesto por el
artículo 174 del Código Electoral del Distrito Federal, toda vez
que es éste el que proporciona los elementos objetivos que se
utilizan, en forma sistemática, en toda la regulación relativa al
Título Tercero del Código Electoral del Distrito Federal.

    Artículo 147.- La campaña electoral, para los efectos de este
    Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los
    Partidos Políticos, las coaliciones y los candidatos registrados
    para la obtención del voto.

    Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
    debates, asambleas, visitas, marchas y en general aquellos
    en que los candidatos o voceros de los Partidos Políticos se
    dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

    Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
    publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
    expresiones que durante la campaña electoral producen y
    difunden los Partidos Políticos, los candidatos registrados y
    sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
    ciudadanía las candidaturas registradas.

    Tanto la propaganda electoral como las actividades de
    campaña a que se refiere el presente artículo, deberán
    propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el
    electorado de los programas y acciones fijados por los
    Partidos Políticos en sus documentos básicos y,
    particularmente, en la plataforma electoral que para la
    elección en cuestión hubieren registrado.

      De la lectura de este artículo, se desprende que para
acreditar su violación, se requiere, en primer término, que la
conducta que se presuma ilícita tenga verificativo dentro de la
referencia de tiempo que se plantea, que es la campaña electoral,
cuyo inicio y su prolongación hasta la finalización está prevista en
el artículo 148 del Código Electoral del Distrito Federal, mismo en
que se prevé que las campañas electorales de los Partidos
Políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de
registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo
concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

      Los plazos y órganos competentes para el registro de las
candidaturas en el año de la elección se encuentran definidos en
el artículo 143 del Código Electoral del Distrito Federal y son los
siguientes:

     a) Para Jefe de Gobierno del Distrito Federal, del 29 de
marzo al 4 de abril inclusive, por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal;
     b) Para Diputados electos por el principio de mayoría relativa,
del 29 de Abril al 5 de mayo inclusive, por los Consejos Distritales
Electorales;

     c) Para Jefes Delegacionales, del 29 de abril al 5 de mayo
inclusive, por los Consejos Distritales Cabecera de Delegación; y

     d) Para Diputados electos por el principio de representación
proporcional, del 6 al 12 de mayo inclusive, por el Consejo
General.

      El Instituto Electoral del Distrito Federal dará amplia difusión
a la apertura del registro de las candidaturas y a los plazos a que
se refiere el presente Artículo.

      Lo anterior implica que, dado que las primeras campañas
que inicien serán las que hagan los candidatos a Jefes
Delegacionales y a Diputados por el Principio de Mayoría relativa,
la referencia temporal aplicable a todos los preceptos de este
título irá de los 3 días posteriores a la sesión, que tendrá
verificativo entre los días 29 de abril al 5 de mayo del año en
curso, hasta tres días antes de la Jornada Electoral, es decir, el 3
de julio de 2003. Por tanto, será únicamente dentro de este ámbito
que podrán establecerse responsabilidades en términos de lo
dispuesto por los artículos incluidos en este título.

      Esto es así porque todas las menciones de propaganda que
se hacen, distinguen claramente que se trata de propaganda
electoral, la cual es definida por el tercer párrafo del artículo 147
del Código Electoral como el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante
la campaña electoral, es decir, del plazo que irá de los 3 días
posteriores a la sesión que tendrá verificativo entre los días 29 de
abril al 5 de mayo del año en curso, hasta tres días antes de la
Jornada Electoral, es decir, el 3 de julio de 2003, producen y
difunden los Partidos Políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas. Por ende, toda la propaganda que no
reúna estas características, básicamente de carácter temporal, no
puede ubicarse dentro de las hipótesis previstas por este título, de
donde se infiere que ningún otro tipo de propaganda pudo
violentar estos preceptos, toda vez que no tendría el carácter de
electoral.

     En estas últimas líneas se aprecia un elemento objetivo más
requerido por la norma, es decir, los candidatos registrados,
siendo evidente que ninguna persona podrá tener tal carácter
hasta que algún Partido Político presente el registro de su
candidatura, lo cuál podrá tener lugar sólo durante la semana que
va del 29 de abril al 5 de mayo, por hablar tan sólo de las primeras
candidaturas que habrán de ser registradas.

      En virtud de los razonamientos anteriormente vertidos, no es
válido señalar que el Partido de la Revolución Democrática
violentó lo dispuesto por los artículos 148, 154, incisos d) y e) y
155 del Código Electoral, toda vez que como se ha visto, no
estamos aún dentro de las referencias de tiempo previstas por los
artículos presuntamente violados para que los mismos entren en
vigor, ni los sujetos reúnen las calidades requeridas, toda vez que
no se han registrado candidaturas, siendo que la ley se refiere, en
forma expresa a candidatos.
     En apoyo a lo anteriormente expuesto, invocamos la
siguiente tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a fin de acreditar la validez de los principios del
derecho penal en el ámbito del Derecho Administrativo
Sancionador en el ámbito electoral.

    DERECHO             ADMINISTRATIVO              SANCIONADOR
    ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
    IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO
    PENAL. Los principios contenidos y desarrollados por el
    derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho
    administrativo sancionador. Se arriba a lo anterior, si se
    considera que tanto el derecho administrativo sancionador,
    como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi
    estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y
    desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo
    cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras
    especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad
    de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el
    orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al
    cual el Constituyente originario le encomendó la realización
    de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar
    común, con las limitaciones correspondientes, entre las
    cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los
    derechos humanos y las normas fundamentales con las que
    se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los
    valores que se protegen, la variedad de las conductas y los
    entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada,
    ha establecido dos regímenes distintos, en los que se
    pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que
    son: el derecho penal y el derecho administrativo
    sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en
    una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa,
    tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se
    pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela
    aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado
    como de mayor trascendencia e importancia por constituir una
    agresión directa contra los valores de mayor envergadura del
    individuo y del Estado que son fundamentales para su
    existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las
    infracciones administrativas se propende generalmente a la
    tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen por
    finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a
    cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en
    que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien
    común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya
    sea en el campo del derecho penal o en el del derecho
    administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y
    directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea
    especial, referida al autor individual; o general, dirigida a toda
    la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en
    sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y
    comisión futura. Por esto, es válido sostener que los
    principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese
    objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo
    sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no
    significa que se deba aplicar al derecho administrativo
    sancionador la norma positiva penal, sino que se deben
    extraer los principios desarrollados por el derecho penal y
    adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición
    de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las
    particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no
    todos los principios penales son aplicables, sin más, a los
    ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la
    naturaleza de las sanciones administrativas y el debido
    cumplimiento de los fines de una actividad de la
    administración, en razón de que no existe uniformidad
    normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida
    como que todas las normas punitivas se encuentran
    integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben
    toda clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de
    cada materia permite la correlativa peculiaridad de su
    regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza
    una homogeneización mínima.

    Sala Superior, tesis S3EL 045/2002.
    Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.-Partido del
    Trabajo.-25 de octubre de 2001.-Mayoría de cuatro votos.-
    Ponente: Leonel Castillo González.-Disidentes: Alfonsina
    Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando
    Ojesto Martínez Porcayo.-Secretario: José Manuel Quistián
    Espericueta.

      En este orden de ideas, se concluye necesariamente la falta
de adecuación de una conducta al tipo previsto en los artículos
148, 154, incisos d) y e) y 155 del Código Electoral, en virtud de la
ausencia de las referencias temporales y de la calidad de los
sujetos activos, no es posible determinar la atribuilidad de la
conducta al tipo previsto en las normas que la responsable dice
violadas, lo que implica la falta de tipicidad y, como consecuencia,
la inexistencia de la presunta violación, dado que uno de los
criterios estructurales generales de no atribución de la conducta al
tipo es la ausencia de alguno de los elementos descriptivos
objetivos de carácter objetivo, por lo que se acredita plenamente,
que ante la ausencia de las violaciones alegadas por el Instituto
Electoral del Distrito Federal, el Partido de la Revolución
Democrática ha conducido sus actividades dentro de los cauces
legales, cumpliendo así las obligaciones que le son impuestas por
el Artículo 125 del Código Electoral.

      En base a lo anteriormente manifestado, se acredita la
violación al principio de legalidad contenido en el artículo 14
Constitucional, toda vez que por virtud de estos razonamientos se
aplica una pena que no está decretada en la ley, por no existir una
disposición exactamente aplicable a la falta que aduce la
reclamante. Esta violación conlleva a la de los artículos 120 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como los artículos 1
y 3 del Código Electoral, en el sentido de que se fundó ni se
motivó adecuadamente la presunta violación a estos preceptos.

     b) La autoridad falta a la verdad al decir que el Partido de la
Revolución Democrática, no niega el haber colocado propaganda
electoral de su Instituto Político en el mobiliario urbano.

      En el considerando sexto, la autoridad responsable
manifestó: “en su escrito de fecha 5 de febrero de dos mil tres, no
niega el haber colocado propaganda electoral de su Instituto
Político en el mobiliario urbano”.

      Lo anterior resulta falso, toda vez que en el mencionado
escrito, el Partido de la Revolución Democrática, expuso que los
actos que se le imputaban, es decir, la colocación de la
propaganda electoral, no fue hecha por órgano o directivo alguno
del Partido de la Revolución Democrática, sino por sus militantes,
actuando en el carácter de ciudadanos en pleno ejercicio de sus
derechos político-electorales.

    En aquella oportunidad, me manifesté en estos términos:

    ‘Nuestro sistema electoral garantiza una democracia en la
    que si bien los partidos políticos se constituyen como el único
    medio para que los ciudadanos organizados accedan al poder
    que se ejerce a través de los cargos de representación
    popular. Sin embargo, es erróneo considerar que estas
    instituciones políticas, los partidos, detenten en exclusiva el
    ejercicio de la movilidad y movilización política. Pretender tal
    cosa en circunscribirse a una partidocracia, lo cuál no es
    sano para el sistema jurídico mexicano, y mucho menos,
    puede intentar alcanzarse mediante el uso distorsionado o
    visiones reducidas de la ley.’

    ‘La acepción militante o afiliado contenida en los artículos 26,
    27, 28 y 38 del Código Federal de Instituciones y
    Procedimientos Electorales se refiere a los ciudadanos
    mexicanos que formalmente pertenecen a un partido político,
    quienes participan en las actividades propias del mismo
    instituto ya sea en su organización o funcionamiento, y que
    estatutariamente cuentan con derechos, como el de ser
    designados candidatos a un puesto de elección popular, y
    obligaciones, como la de aportar cuotas, sin embargo, estas
    disposiciones deben sujetarse, invariablemente, a los
    principios constitucionales vigentes en el Estado mexicano.’

    ‘Es el mencionado derecho de afiliación uno de los que
    configuran el status de los ciudadanos mexicanos, entendido
    éste en un sentido amplio, es decir no sólo como la potestad
    de formar parte de los partidos políticos, sino el derecho de
    pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal
    pertenencia. De la anterior afirmación, se obtiene que el
    status de afiliado es muchísimo más restringido que el de
    ciudadano, por lo que ningún partido político, ni ninguna
    autoridad, salvo la que cuente con mandato jurisdiccional
    expreso, se encuentra posibilitada para imponer limitaciones
    a los derechos derivados de la ciudadanía, como es la
    libertad de imprenta y la libre expresión de las ideas’.

    ‘Los partidos políticos están constituidos por una colectividad
    de ciudadanos, siendo uno de los fines señalados por el
    artículo 41 Constitucional a los partidos políticos el de
    promover la participación del pueblo en la vida democrática.
    Esta palabra, promoción, es contraria a restricción, de donde
    se hace evidente que los militantes de un partido, a expensas
    de sus propios recursos económicos, que es lo que ha
    pasado al interior del Partido de la Revolución Democrática,
    están posibilitados a ejercitar sus propios derechos
    fundamentales dentro y fuera del partido en que militan’.

    ‘En el presente caso, no puede considerarse que el ejercicio
    de un derecho ciudadano pueda ser restringido, en este caso,
    la libertad de expresión, de imprenta y la libre participación de
    los militantes de partido político en la difusión de sus
    personas, proyectos o propuestas cuando la ley no se lo
    prohíbe y si se lo marca como un deber el artículo 41
    constitucional ’.
      De la anterior lectura se infiere la negativa de que el Partido,
en su carácter de cuerpo colectivo constituido en virtud de la
libertad constitucional de reunión, en su modalidad de afiliación,
dotado de órganos directivos y normatividad interna, haya
participado en forma alguna en los actos que le eran imputados.

     Aún cuando no se hubiera negado en forma expresa, la
autoridad se encontraba obligada a interpretar el texto del ocurso
en cuestión, de acuerdo con la siguiente jurisprudencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

    MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
    RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
    CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
    INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de
    impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer
    detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se
    haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y
    atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que
    aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con
    exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta
    forma se puede lograr una recta administración de justicia en
    materia electoral, al no aceptarse la relación obscura,
    deficiente o equívoca, como la expresión exacta del
    pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es
    decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser
    analizado en conjunto para que, el juzgador pueda,
    válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

    Sala Superior. S3EL 048/97
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97.
    Partido Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de
    1997. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro
    Hidalgo.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97.
    Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997.
    Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco
    Henríquez.
    (Este criterio integra la Tesis de Jurisprudencia número
    J.04/99. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral.
    Aprobada por Unanimidad de votos. 14 de abril de 1999).

     No obstante, contrario a desestimar este escrito, la autoridad
electoral tuvo únicamente a bien a usarlo en mi detrimento,
dándole el sentido que le era más favorable en una premeditada
intención de sancionar al suscrito.

       Lo anterior lo afirmo toda vez de que la misma responsable
tenía en su poder pruebas que acreditaban que el Partido de la
Revolución Democrática, cómo asociación política, no era
responsable de los actos imputados. Este conocimiento lo tenía en
virtud de que la Comisión de Fiscalización, cuyos informes se
utilizaron para substanciar este procedimiento, como se
desprende de la simple lectura del apartado de Resultandos,
requirió información a este partido sobre el monto de los recursos
destinados a sufragar los supuestos gastos en este rubro, siendo
esa la única forma factible que podría imputarse la
responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática. Sobre
este particular, este Partido Político respondió, por medio del
escrito signado por la Secretaría de Finanzas de este Partido,
Ariadna Montiel Reyes, recibido en la Comisión de Fiscalización el
día 12 de febrero de 2003, en los siguientes términos:
    ‘Que este Comité Ejecutivo Estatal no recibió recurso ni
    realizó egreso alguno en la propaganda de los aspirantes a
    ser postulados para contender por un cargo de elección
    popular en los próximos comicios del año que transcurre’.

     De esta forma, se acredita que la autoridad actúa en forma
parcial, vulnerando los principios previstos por el artículo 3° del
Código Electoral del Distrito Federal, vulnerando igualmente lo
dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se establece que
nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

      Entre las formalidades requeridas en el procedimiento se
encuentra la prevista por el inciso c) del artículo 277, en el que se
establece que para la integración del expediente, se podrá solicitar
la información y documentación con que cuenten las instancias
competentes del propio Instituto; una vez hecho de esta forma, la
autoridad se encontraba obligada, en cumplimiento del principio
de exhaustividad y de conformidad a lo establecido en el artículo
268 del Código Electoral del Distrito Federal, a realizar el examen
y la valoración de las pruebas documentales ofrecidas, aportadas
y admitidas; y en su caso, las ordenadas por sus propias
instancias.

      Al no tomar en cuenta estas pruebas que acreditaban que el
Partido de la Revolución Democrática, quien debía gozar para la
responsable de presunción de inocencia, negaba que hubiera
erogado recurso económico alguno a fin de sufragar propaganda
de cualquier tipo, lo que hacía que la carga de la prueba
correspondiera a quien afirmara que así había sido, se ha emitido
una resolución sancionatoria, sin que se hayan demostrado
suficiente y fehacientemente los hechos que se imputan y con los
cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las
disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal relativa a la
propaganda electoral.

     La presunción jurídica de la inocencia se traduce en un
derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes
de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente
prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que,
como principio de todo Estado constitucional y democrático de
derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no
sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier
resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión,
por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un
resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.

      No obstante lo anterior, la autoridad hace responsable al
Partido de la Revolución Democrática de un hecho sobre el que
no existen constancias que así lo acrediten y si en cambio, existe
una negación que robustecía la carga procesal de la prueba para
quien hiciese una afirmación en contrario, vulnerando así el
principio de presunción de inocencia que opera en materia
electoral, acorde a la tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación a continuación expuesta:
    PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN
    EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
    ELECTORAL. De la interpretación de los artículos 14,
    apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
    Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre
    Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país
    en términos del 133 de la Constitución Federal, aplicados
    conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del
    Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
    desprende que el principio de presunción de inocencia que
    informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la
    emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin
    que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos
    con los cuales se pretenda acreditar el supuesto
    incumplimiento a las disposiciones previstas en las
    legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción
    jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados
    a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción
    jurídica, mientras no se presente prueba bastante que
    acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de
    todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el
    nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito
    del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto
    administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de
    la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado
    sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.

    Sala Superior. S3EL 059/2001
    Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001. Partido Acción
    Nacional. 26 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente:
    José Luis de la Peza. Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
    Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.
    Partido Alianza Social y Partido de la Revolución
    Democrática. 8 de junio de 2001. Unanimidad de votos.
    Ponente: José Luis de la Peza. Secretario

     A esto debe agregarse que por virtud de esta omisión, se
acredita que la autoridad responsable no cumple con su obligación
de estudiar completamente todos y cada uno de los puntos
integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su
conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más
que lo crean suficiente para sustentar una decisión, máxime
cuando esta tiene el carácter de sancionatoria.

      Lo anterior obedece a que sólo ese proceder exhaustivo
asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones
emitidas por las autoridades electorales deben generar, por lo que
al no observarse estas condiciones dentro de la resolución
combatida se acredita la violación al principio de legalidad
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116,
fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

     Lo anterior se corrobora con la lectura de la siguiente tesis
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

    PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES
    ELECTORALES          DEBEN   OBSERVARLO        EN  LAS
    RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales,
    tanto    administrativas  como  jurisdiccionales, cuyas
    resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la
    interposición de un medio de impugnación ordinario o
    extraordinario, están obligadas a estudiar completamente
    todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones
    o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente
    algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para
    sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese
    proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica
    que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya
    que si se llegaran a revisar por causa de un medio de
    impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de
    una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los
    reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de
    reparo e impide que se produzca la privación injustificada de
    derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización
    política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos
    fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la
    realización de los actos de que se compone el proceso
    electoral. De ahí que si no se procediera de manera
    exhaustiva podría haber retraso en la solución de las
    controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica,
    sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de
    derechos, con la consiguiente conculcación al principio de
    legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción
    III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de
    los Estados Unidos Mexicanos.

    Tercera Época:

    Juicio para la protección de los derechos político-electorales
    del ciudadano. SUP-JDC-010/97.—Organización Política
    Partido de la Sociedad Nacionalista.—12 de marzo de
    1997.—Unanimidad de votos.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    050/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—13 de
    febrero de 2002.—Unanimidad de votos.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-067/2002
    y acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—12 de
    marzo de 2002.—Unanimidad de cinco votos.

    Sala Superior, tesis S3ELJ 43/2002.

     A este respecto, debe señalarse que la autoridad responsable
indebidamente, no explica las razones jurídicas ni menciona que
elementos probatorios tomó en cuenta a fin de atribuir al Partido
de la Revolución Democrática los actos que motivan la queja, por
lo que la ausencia de los fundamentos jurídicos y razonamientos
lógico-jurídicos que sirvan de base para tal afirmación configuran
la vulneración a lo establecido en el precepto 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.


     En virtud de lo anterior, la irregularidad referida del agravio en
estudio y contenida en este inciso violenta los artículos 14, 41,
fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3°, 268 y
277 inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal.


c) La autoridad, indebidamente, atribuye al Partido y lo
responsabiliza por la actividad de ciudadanos en el ejercicio Pleno
de sus derechos fundamentales.
      Es el mencionado derecho de afiliación uno de los que
configuran el status de los ciudadanos mexicanos, entendido éste
en un sentido amplio, es decir no sólo como la potestad de formar
parte de los partidos políticos, sino el derecho de pertenecer a
éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia. De la
anterior afirmación, se obtiene que el status de afiliado es
muchísimo más restringido que el de ciudadano, por lo que ningún
partido político, ni ninguna autoridad, salvo la que cuente con
mandato jurisdiccional expreso, se encuentra posibilitada para
imponer limitaciones a los derechos derivados de la ciudadanía,
como es la libertad de imprenta y la libre expresión de las ideas.


      El derecho de asociación en materia político-electoral es así
un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en
la formación del gobierno. La libertad de asociación, que subyace
a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de todo
Estado constitucional democrático de derecho, pues, sin la
existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías
constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación
de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos
ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio
universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción
I, párrafo segundo, de la Constitución Federal quedaría socavado;
por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral
está en la base de la formación de los partidos políticos y
asociaciones políticas.


      Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo
ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país; específicamente, es derecho de los ciudadanos
mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones
políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º.; 35,
fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo in fine, y IV; y 99,
fracción V, de la Constitución Federal. Así, en ejercicio del
derecho de asociación en materia político-electoral, los
ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones
políticas, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la
ley y gozando con las garantías que esta tutele, entre las que se
encuentra el participar libremente en los métodos de selección de
dirigentes y candidatos del respectivo partido en que militen.


      En este sentido, no es dable que una autoridad, y mucho
menos un Partido Político, vulnere lo dispuesto por el primer
párrafo del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que en su texto establece que es inviolable la
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni
exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de
imprenta, que no tiene mas limites que el respeto a la vida
privada, a la moral y a la paz publica. en ningún caso podrá
secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.


    Estos límites se encuentran claramente definidos en la Ley de
Imprenta de la República Mexicana, en cuyos artículos 1 , 2 y 3
se delimitan los alcances de las restricciones constitucionalmente
previstas y que son las únicas admitibles.
ARTICULO   1.- CONSTITUYEN ATAQUES A LA VIDA
PRIVADA:


I.- TODA MANIFESTACION O EXPRESION MALICIOSA
HECHA VERBALMENTE O POR SEÑALES EN PRESENCIA
DE UNA O MAS      PERSONAS, O POR MEDIO DE
MANUSCRITO, O DE LA IMPRENTA, DEL DIBUJO,
LITOGRAFIA, FOTOGRAFIA , O DE CUALQUIER OTRA
MANERA QUE EXPUESTA O CIRCULANDO EN PUBLICO ,
O TRANSMITIDA POR CORREO, TELEGRAFO ,
TELEFONO , RADIOTELEGRAFIA O POR MENSAJES, O
DE CUALQUIER OTRO MODO, EXPONGA A UNA
PERSONA AL ODIO, DESPRECIO O RIDICULO , O PUEDA
CAUSARLE DEMERITO O EN SU REPUTACION O EN
SUS INTERESES.


II.- TODA MANIFESTACION O EXPRESION MALICIOSA
HECHA EN LOS TERMINOS Y POR CUALQUIERA DE LOS
MEDIOS INDICADOS EN LA FRACCION      ANTERIOR,
CONTRA LA MEMORIA DE UN DIFUNTO CON EL
PROPOSITO O INTENCION DE LASTIMAR EL HONOR O
LA PUBLICA ESTIMACION    DE LOS HEREDEROS O
DESCENDIENTES DE AQUEL, QUE AUN VIVIEREN;


III.- TODO INFORME, REPORTAZGO O RELACION DE LAS
AUDIENCIAS DE LOS JURADOS O TRIBUNALES, EN
ASUNTOS CIVILES O PENALES, CUANDO REFIERAN
HECHOS FALSOS O SE ALTEREN LOS VERDADEROS
CON EL PROPOSITO DE CAUSAR DAÑO A ALGUNA
PERSONA, O SE HAGAN, CON EL MISMO OBJETO,
APRECIACIONES QUE NO ESTEN           AMERITADAS
RACIONALMENTE POR LOS HECHOS, SIENDO ESTOS
VERDADEROS;



IV.- CUANDO CON UNA PUBLICACION      PROHIBIDA
EXPRESAMENTE POR LA LEY, SE COMPROMETE LA
DIGNIDAD O ESTIMACION      DE UNA PERSONA,
EXPONDIENDOLA AL ODIO, DESPRECIO O RIDICULO , O
A SUFRIR DAÑOS O EN SU REPUTACION O EN SUS
INTERESES, YA SEAN PERSONALES O PECUNIARIOS.


ARTICULO 2.- CONSTITUYE UN ATAQUE A LA MORAL:


I.- TODA MANIFESTACION DE PALABRA, POR ESCRITO,
O POR CUALQUIER OTRO DE LOS MEDIOS DE QUE
HABLA LA FRACCION I DEL ARTICULO ANTERIOR, CON
LA QUE SE DEFIENDAN O DISCULPEN, ACONSEJEN O
PROPAGUEN PUBLICAMENTE LOS VICIOS, FALTAS O
DELITOS, O SE HAGA LA APOLOGIA DE ELLOS O DE
SUS AUTORES;


II.- TODA MANIFESTACION    VERIFICADA CON
DISCURSOS, GRITOS, CANTOS, EXHIBICIONES O
REPRESENTACIONES O POR CUALQUIER OTRO MEDIO
DE LOS ENUMERADOS EN LA FRACCION      I   DEL
ARTICULO 2 CON LA CUAL SE ULTRAJE U OFENDA
PUBLICAMENTE AL PUDOR, A LA DECENCIA O A LAS
BUENAS COSTUMBRES O SE EXCITE A LA
PROSTITUCION   O AL A PRACTICA     DE ACTOS
LICENCIOSOS O IMPUDICOS , TENIENDOSE    COMO
TALES TODOS AQUELLOS QUE, EN EL CONCEPTO
PUBLICO , ESTEN CALIFICADOS DE CONTRARIOS AL
PUDOR;


III.- TODA DISTRIBUCIÓN , VENTA O EXPOSICION AL
PUBLICO , DE CUALQUIER MANERA QUE SE HAGA, DE
ESCRITOS,     FOLLETOS,   IMPRESOS,  CANCIONES,
GRABADOS, LIBROS, IMÁGENES ANUNCIOS, TARJETAS
U OTROS PAPELES O FIGURAS, PINTURAS, DIBUJOS O
LITOGRAFIADOS DE CARACTER       OBSCENO O QUE
REPRESENTEN ACTOS LUBRICOS .


ARTICULO 3.- CONSTITUYE UN ATAQUE AL ORDEN O A
LA PAZ PUBLICA:


I.-TODA MANIFESTACION O EXPOSICION MALICIOSA
HECHA PÚBLICAMENTE POR MEDIO DE DISCURSOS,
GRITOS, CANTOS, AMENAZAS, MANUSCRITOS, O DE LA
IMPRENTA, DIBUJO, LITOGRAFIA , FOTOGRAFIA ,
CINEMATOGRAFO , GRABADO O DE CUALQUIER OTRA
MANERA, QUE TENGA POR OBJETO DESPRESTIGIAR,
RIDICULIZAR O DESTRUIR LAS INSTITUCIONES
FUNDAMENTALES DEL PAIS , O CON LOS QUE SE
INJURIA A LA NACION MEXICANA, O A LAS ENTIDADES
POLITICAS QUE LA FORMAN;


II.- TODA MANIFESTACION     O EXPRESION    HECHA
PÚBLICAMENTE POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS DE
QUE HABLA LA FRACCION ANTERIOR, CON LA QUE SE
ACONSEJE, EXCITE O PROVOQUE DIRECTA O
INDIRECTAMENTE AL EJERCITO A LA DESOBEDIENCIA,
A LA REBELIÓN , A LA DISPERSIÓN DE SUS MIEMBROS,
O AL A FALTA DE OTRO U OTROS DE SUS DEBERES; SE
ACONSEJE, PROVOQUE O EXCITE DIRECTAMENTE AL
PUBLICO EN GENERAL, A LA ANARQUIA , AL MOTIN ,
SEDICION O REBELION , O A LA DESOBEDIENCIA DE
LAS LEYES O DE LOS MANDATOS LEGITIMOS DE LA
AUTORIDAD; SE INJURIE A LAS AUTORIDADES DEL PAIS
CON EL OBJETO DE ATRAER SOBRE ELLAS EL ODIO,
DESPRECIO O RIDICULO ; O CON EL MISMO OBJETO SE
ATAQUE A LOS CUERPOS PUBLICOS COLEGIADOS, AL
EJERCITO O GUARDIA NACIONAL O A LOS MIEMBROS
DE AQUELLOS Y ESTA, CON MOTIVO DE SUS
FUNCIONES; SE INJURIE A LAS NACIONES AMIGAS, A
LOS SOBERANOS O JEFES DE ELLAS O A SUS
LEGITIMOS REPRESENTANTES EN EL PAIS ; O SE
ACONSEJE, EXCITE O PROVOQUE A LA COMISION DE
UN DELITO DETERMINADO;


III.- LA PUBLICACION O PROPAGACION DE NOTICIAS
FALSAS O ADULTERADAS SOBRE ACONTECIMIENTOS
    DE ACTUALIDAD, CAPACES DE PERTURBAR LA PAZ O
    LA TRANQUILIDAD DE LA REPUBLICA O EN ALGUNA
    PARTE DE ELLA, O DE CAUSAR EL ALZA O BAJA DE LOS
    PRECIOS DE LAS MERCANCÍAS O DE LASTIMAR EL
    CREDITO DE LA NACION O DE ALGUN ESTADO O
    MUNICIPIO, O DE LOS BANCOS LEGALMENTE
    CONSTITUIDOS:


    IV.- TODA PUBLICACION PROHIBIDA POR LA LEY O POR
    LA AUTORIDAD, POR CAUSA DE INTERES PUBLICO, O
    HECHA ANTES DE QUE LA LEY PERMITA DARLA A
    CONOCER AL PUBLICO.


     Como se ve, el hecho de publicar cualquier expresión,
conllevando el verbo publicar el hecho de hacerla del
conocimiento de la población en general, constituye un derecho
fundamental del ciudadano, mismo que no puede ser interpretado
en forma restrictiva, ya que de hacerse así implicaría desconocer
los valores tutelados por las normas constitucionales que los
consagran.


     De esta forma, la interpretación debe orientarse conforme un
criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de
un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente, los cuales       deben ser ampliados, no
restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos
fundamentales de carácter político-electoral consagrados
constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de
asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a
tales derechos, tienen como principal fundamento promover la
democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo
dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una república representativa y democrática.


      Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que
rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una
norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio
de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política
y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda
interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica
deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio,
siempre que aquélla esté relacionada con un derecho
fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma
alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter
político sean derechos absolutos o ilimitados.


    De ahí deviene no sólo en inoperante, sino incluso en
absurdo el razonamiento expuesto por la autoridad responsable
en el Considerando SEXTO, en la parte en que manifiesta, en
forma textual:


    ‘Por otra parte, aún cuando la propaganda fuera colgada,
    fijada, adherida y pintada por miembros del Partido de la
    Revolución Democrática, independientemente de las
    sanciones que a los mismos en su momento habría de
    aplicarles el Partido Político, éste viola disposiciones del
    Código Electoral, se coloca en la hipótesis señalada en el
    artículo 275, inciso a) del mismo ordenamiento’


     Sería un acto de incongruencia del Partido de la Revolución
Democrática con sus principios el sancionar a sus propios
militantes por ejercer sus derechos constitucionalmente
garantizados, sin embargo, en el párrafo anteriormente expuesto,
la autoridad electoral responsable muestra, en forma rotunda, el
carácter arbitrario e ilegal de su resolución, toda vez que a pesar
de que en un momento dado, concede reconocer el argumento del
Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que fueron
sus militantes y no el Partido quienes colocaron la propaganda,
actuando estos         últimos en el marco de sus derechos
fundamentales, le hace responsable de tales hechos, sin tomar en
consideración que los militantes actuaban en el marco de una
elección Interna, cuyo conocimiento fue público, toda vez que el
día 14 de diciembre de 2002 fue emitida una convocatoria que
posteriormente sería publicada en un diario de circulación nacional
por medio de la cual se invitaba no sólo a los militantes, sino a los
ciudadanos en general, a participar en los procesos internos del
Partido de la Revolución Democrática para elegir candidatos a
Jefes Delegacionales y a diputados en la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal.


      Todos los ciudadanos con fines políticos, tanto los militantes
de un Partido como por las personas físicas no organizadas o
afiliadas necesariamente en una persona moral, tienen derecho
para manifestar su intención por contender a una candidatura a un
cargo de representación popular, por lo que no es dable que dicha
libertad se restrinja en un Partido Político, máxime cuando la
mayor parte de estos militantes decidió, por su cuenta e invirtiendo
sus propios recursos, libertad que ninguna autoridad está
facultada a restringirles, manifestar su interés por ocupar una
candidatura a determinado cargo de representación popular
dentro de un Partido Político, sin que esto implique
responsabilidad para el Instituto Político por los actos de sus
propios militantes, en ejercicio de sus derechos fundamentales,
siendo además inviable que el Instituto la sancione, toda vez que
en ningún momento se puede considerar que la misma se trata de
propaganda electoral, dado que ésta, como se ha estudiado,
solamente tiene esa naturaleza en virtud del intervalo de tiempo
en que se fija, coloca, pega, pinta, adhiere o de cualquier otra
forma se hace del conocimiento del Público , dentro de una
campaña electoral, en la que actuaron con la calidad de
ciudadanos militantes en un Partido Político que expresan su
voluntad de ocupar un cargo de representación popular, siendo
postulados por el Partido en que militan, independientemente de
los actos y decisiones de los órganos de dirección y
representación del Instituto Político al que representan.


   A este respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha expresado en los siguientes términos:


    ‘MILITANTES DE PARTIDO POLÍTICO. LA POSIBLE
    RESPONSABILIDAD SOBRE SUS ACTOS U OPINIONES
    SE CONSTRIÑE A LA CALIDAD CON QUE SE HAYAN
    OSTENTADO. De una interpretación sistemática de los
    artículos 26, 27 y 28 del Código Federal de Instituciones y
    Procedimientos Electorales, así como 36, 38 y 41 de la
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
    llega a la conclusión de que los militantes de los partidos
    realizan actos con tal carácter, que son independientes de los
    que emite, aun perteneciendo a dichos institutos políticos, si
    tienen algún cargo, por ejemplo de elección popular, o bien,
    los actos u opiniones que emiten o realizan en su calidad de
    ciudadanos. Por tanto, ninguna base hay para confundir los
    actos u opiniones que emitan en cualquiera de los distintos
    ámbitos señalados. Incluso, dichos actos pueden ser
    regulados o sancionados por distintas legislaciones, por
    ejemplo, un diputado puede emitir sus opiniones o realizar
    algún acto como tal, en cuyo caso estará sujeto a la
    legislación correspondiente en cuanto a la responsabilidad de
    los servidores públicos. Ese mismo sujeto puede emitir sus
    opiniones o realizar actos a nombre de su partido, supuesto
    en el cual su conducta podría encuadrar en diversas
    disposiciones de la legislación electoral correspondiente y,
    por último, puede emitir opiniones o realizar actos, como
    ciudadano, en cuyo caso estará sujeto a las leyes civiles o
    penales correspondientes. De ahí que no exista base alguna
    para confundir los actos u opiniones que un militante de un
    partido pueda emitir, según la calidad con la que se ostente.


    Sala Superior, tesis S3EL 103/2002.
    Recurso de apelación. SUP-RAP-010/99.- Partido de la
    Revolución Democrática.-6 de diciembre de 1999.-
    Unanimidad de votos.-Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.-
    Secretario: J. Refugio Ortega Marín.’


     Ahora bien, conforme con lo dispuesto por el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es
promover la participación del pueblo en la vida democrática, lo que
incluye la participación de sus militantes, simpatizantes o
ciudadanos en general, acorde a lo previsto en sus estatutos
internos, dentro de los procesos de selección de candidatos.


     Dentro de los fines de los Partidos Políticos, tal parece que la
autoridad electoral considera que la cuestión electoral de hacer
posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder, es el
único trascendente para los partidos políticos. Sin embargo, estas
organizaciones tienen que ver con todos los aspectos de la
concepción democrática que establece la propia Constitución en
su artículo 3°. De ahí que no exista impedimento constitucional o
legal, para que un partido o sus militantes emita su opinión
libremente respecto de algún problema de interés nacional, aun
cuando no se persigan con tal mensaje fines electorales. Por
tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de la
propaganda, no correspondiendo al Instituto la regulación más que
de la de carácter electoral, no teniendo facultad alguna para
restringir el uso de la misma en procesos de selección interna de
candidatos, y mucho menos a sancionar al Partido por actos de
sus propios militantes en este marco.


     En consecuencia, un mensaje político no sólo se puede dar a
propósito de una campaña electoral, o con fines exclusivamente
electorales, como parece considerar la autoridad electoral, sino
que , como entidades de interés público, los partidos políticos
promueven la participación del pueblo en la vida democrática del
país, para lo cual están en aptitud de expresar opiniones o
simplemente manifestar posiciones o criterios que influyan en la
conciencia política nacional, respecto de problemas que atañen a
la comunidad, o bien sus militantes a promocionar su imagen a fin
de darse a conocer entre la ciudadanía en general y las bases del
Partido con residencia en las 16 demarcaciones de la Ciudad de
México, sin que esto constituya irregularidad alguna, como lo ha
asentado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en el siguiente criterio, en el que queda de claro manifiesto la falta
de acciones punitivas contra este tipo de conductas, y por tanto,
de inexistencia de legitimación para imponer una sanción a este
respecto:


    ‘ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS
    RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
    INTERNA DE CANDIDATOS. En los actos de selección
    interna de los candidatos de los partidos políticos, los
    dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos,
    realizan de acuerdo con sus estatutos, actividades que no
    obstante tener el carácter de actos internos, son susceptibles
    de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la
    que se encuentran inmersas sus bases partidarias, sin que
    constituyan actos anticipados de campaña, al no tener como
    fin la difusión de plataforma electoral alguna ni pretender la
    obtención del voto ciudadano para acceder a un cargo de
    elección popular.


    Sala Superior. S3EL 023/98
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-019/98.
    Partido Acción Nacional. 24 de junio de 1998. Unanimidad de
    6 votos. Ponente. Eloy Fuentes Cerda. Secretario.- Anastasio
    Cortés Galindo.’


     De lo anterior podemos deducir que el interés en materia
procesal comprende la pretensión que se tiene de acudir a la
autoridad electoral con el propósito de hacer valer un derecho
violado. En este orden de ideas, por lo que se refiere a la materia
electoral, los partidos políticos tendrán la potestad de acudir a la
autoridad electoral cuando vean afectados sus derechos por
violaciones a la ley, sin embargo, se ha visto que los actos de las
campañas internas susceptibles de trascender al conocimiento de
toda una comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases
partidarias, que en el caso de nuestro Partido, este fenómeno se
da muy ampliamente a lo largo de toda la ciudad, sin que este
hecho constituya actos anticipados de campaña, por lo que no se
puede derivar de una acción falta de sustento legal una
investigación que reúna los requisitos de legalidad, objetividad y
certeza requeridos por la ley.


     De lo anteriormente manifestado se colige lo infundado que
resulta lo manifestado por la autoridad responsable en el inciso c)
del considerando SEXTO, en el que plantea:


    ‘c) Que dicha propaganda electoral promueve a personas,
    militantes del Partido de la Revolución Democrática, para
    ocupar un cargo público de elección popular; el proceso
    interno de selección, tuvo como propósito fundamental que
    los contendientes difundieran sus nombres e imagen, con la
    finalidad de que sus bases partidistas les favorecieran con su
    voto, no obstante el carácter interno de esta acciones, las
    mismas trascendieron al conocimiento de la población en
    general del Distrito Federal, sin que precisara en dicha
    propaganda electoral, que se trataba de un proceso interno,
    para seleccionar a los candidatos que en su momento, habrán
    de registrarse legalmente en las fechas establecidas por el
    Código Electoral del Distrito Federal, como candidatos para la
    elección respectiva, violando los artículos 1°, 25, inciso a) y
    148 del Código electoral del Distrito federal , conducta que
    esta autoridad considera grave, lo anterior es así, por que
    los Partidos Políticos únicamente pueden realizar campañas
    electorales, a partir del día siguiente al de la sesión de
    registro de candidaturas para la elección respectiva, lo cual
    no ha sucedido, situación que evidencia la violación del citado
    precepto legal por parte del Partido de la Revolución
    Democrática, ya que realizó actos de campaña fuera de los
    plazos legales de manera generalizada en el Distrito Federal,
    confundiendo y desinformando de manera generalizada a la
    ciudadanía de esta entidad federativa, al no aclarar que se
    trataba de un proceso de selección interna de candidatos’.


     Este fragmento del considerando SEXTO, al igual que todo el
escrito, adolece de una falta de objetividad ostensible, misma que
se manifiesta desde la primera línea desde el momento en que se
reifere a Propaganda Electoral, cuando el artículo 147 del Código
Electoral del Distrito Federal señala que por propaganda se
entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Es decir, la
propaganda recibe únicamente la calificante de electoral conforme
al período de tiempo en que es emitida, independientemente del
carácter con que se ostenta aquél que por medio de ella se da a
conocer.


     En segundo lugar, resulta falso que no se haya específicado
que se trataba de un proceso interno, toda vez, que ha decir de la
autoridad, en ninguna parte de la propaganda se especificaba que
fuera así. Esto muestra la falta de apego a la lógica que sigue la
autoridad, en el sentido de que entre las pruebas que se incluyen
en el expediente existen demarcaciones, como los casos de
Tlalpan o Iztapalapa, en que más de un candidato decía contender
para el cargo de “Jefe Delegacional” bajo las siglas y el emblema
del Partido de la Revolución Democrática, lo que resultaría
absolutamente imposible en una elección constitucional, en virtud
de que un Partido Político sólo puede postular un candidato o una
fórmula por cada cargo de representación popular a elegirse,
hecho que es totalmente conocido por cualquier ciudadano,
independientemente de su nivel cultural, dado el nivel de
información de la Ciudad de México.


     A lo anterior debe agregarse un hecho que la autoridad omite
comentar y éste es que en la propaganda se invitaba a votar a la
ciudadanía el día 23 de febrero, que era la fecha prevista para la
realización del plebiscito electivo del Partido de la Revolución
Democrática. Por el contrario, en ninguno de ellos se requería el
voto para la jornada electoral a realizar el 6 de julio, lo que
acredita que se trataba de un proceso de selección interna.


      Con respecto al uso de términos como ‘Jefe Delegacional u
otros semejantes, sin uso de la palabra ‘precandidato’, debe
esgrimirse que contrario a la línea argumentativa de la autoridad
responsable, la elección interna del Partido de la Revolución
Democrática es un hecho dado a conocer públicamente a través
de su convocatoria, siendo un hecho ampliamente conocido,
especialmente entre sus bases y simpatizantes, destinatarios
principal de esta oferta interna y que reside en todas las
demarcaciones del Distrito Federal, por lo que el uso de estas
frases corresponden a una intención de fijar ante el electorado
interno el cargo por el que la persona que se anuncia habrá de
contender con otro u otros candidatos del Partido de la Revolución
Democrática en el proceso de selección interna a fin de resultar
electo, para posteriormente ser registrado por el Partido, de
resultar vencedor, y participar en la elección constitucional
respectiva. A esta consideración, el uso de estos términos es
utilizado para distinguirse de otros militantes que en la misma
demarcación, aspiran a ocupar cargos de representación distintos,
es decir, entre quienes pretenden ser candidatos a Jefes
Delegacionales o a Diputados.


    No obstante, independientemente de estas consideraciones,
ha     quedado plenamente acreditado que el carácter de
propaganda electoral se obtiene conforme a las circunstancias de
tiempo prevista en la ley, así como a la calidad del sujeto que
plantea la hipótesis normativa, a saber, los candidatos registrados,
de donde deviene la futilidad de este argumento, inconcebible en
una autoridad que se apegue al principio de legalidad.


     A lo anterior debe agregarse que no puede alegarse la
confusión como causal de sanción toda vez que éste es un
término subjetivo, imposible de medirse              por meras
elucubraciones, además de la distinta naturaleza de los procesos
que, aduce la responsabilidad, son susceptibles de ser
confundidos por la Ciudadanía, poseen una naturaleza que les
distingue claramente.


      El Proceso interno de selección de candidatos que llevan a
cabo los partidos no tienen como fin primordial, la determinación
de los candidatos que serán registrados para contender en las
elecciones respectivas, y dicho proceso se debe realizar conforme
con los lineamientos previstos en los estatutos del propio partido.
En tanto que, los actos realizados durante el proceso electoral
propiamente dicho, y específicamente en la campaña electoral,
tiene como finalidad la difusión de las plataformas electorales de
los institutos políticos y la presentación ante la ciudadanía de las
candidaturas registradas, para lograr la obtención del voto del
electorado. Por otra parte, la ley no prevé plazo alguno en que se
deban llevar a cabo los procesos de selección interna de los
candidatos, que pretendan buscar la postulación por parte de un
partido político. También se tiene que los actos de selección
interna de los candidatos de los partidos políticos, los militantes,
afiliados y simpatizantes realizan actividades, que no obstante
tratarse de un proceso interno, son susceptibles de trascender al
conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran
inmersas sus bases, a través de medios de convencionales de
publicidad (carteles, espectaculares, engomados, gallardetes,
reuniones, etcétera); pero, siempre tendentes           a lograr el
consenso para elegir a las personas que reúnan los requisitos
legales necesarios para ser candidatos y que cuenten con el perfil
que se identifique con la ideología sustentada por el propio
partido; de ahí que en ocasiones, según lo que el afecto
dispongan los estatutos respectivos, exista la necesidad de
consultar a las bases partidistas, cuyo resultado se traduce en la
elección del candidato idóneo para ser postulado por el instituto
político. Tanto los actos de campaña, como la propaganda
electoral tienden a propiciar la exposición, el desarrollo y la
discusión ante el electorado, de los programas y acciones fijados
por los partidos políticos en sus documentos básicos y,
particularmente, en la plataforma electoral, que para la elección en
cuestión hubieren registrado.


      De esta forma, quedan claramente establecidas las
diferencias que existen entre un proceso interno para la elección
de un candidato, que un partido político posteriormente postulará
para un puesto de elección popular; con un proceso electoral
constitucional y legalmente establecido, dichas diferencias
radican, principalmente, en los fines que se persiguen en uno y en
otro proceso, de manera tal, que no es posible considerar a un
proceso interno, como un proceso externo, paralelo o alterno a un
proceso electoral constitucional y legalmente establecido, mucho
menos se puede estimar que el último proceso se vea afectado
por el desarrollo del proceso interno realizado por un partido
político.


     El anterior razonamiento se ha plasmado con relación a lo
establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en un criterio cuya simple lectura desvirtúa las frívolas
aseveraciones de la autoridad responsable en el sentido de que el
proceso de selección interna de candidatos del Partido de la
Revolución Democrática confundió y desinformó a la ciudadanía
del Distrito Federal:


    ‘PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y
    PROCESO ELECTORAL. SON DISTINTOS, EN SU
    ESTRUCTURA Y FINES, AUN CUANDO PUEDAN
    COINCIDIR TANTO EN EL TIEMPO COMO EN ALGUNOS
    DE SUS ACTOS (Legislación del Estado de San Luis Potosí y
    similares). En términos de los artículos 30, fracción III y 32,
    fracción VI, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí,
    el proceso interno de selección de candidatos que lleven a
    cabo los partidos tiene como fin primordial, la determinación
    de los candidatos que serán registrados para contender en
    las elecciones respectivas, y dicho proceso se debe realizar
    conforme con los lineamientos previstos en los estatutos del
    propio partido. En tanto que, los actos realizados durante el
    proceso electoral propietario dicho, y específicamente en la
    campaña electoral, tiene como finalidad la difusión de las
    plataformas electorales de los institutos políticos y la
    presentación ante la ciudadanía de las candidaturas
    registradas, para lograr la obtención del voto del electorado,
    tal como se encuentra previsto en el artículo 135 de la ley
    electoral local invocada. Por otra parte, la ley no prevé plazo
    alguno en que se deban llevar a cabo los procesos de
    selección interna de los candidatos, que pretendan buscar la
    postulación por parte de un partido político. También se tiene
    que los actos de selección interna de los candidatos de los
    partidos políticos, los militantes, afiliados y simpatizantes
    realizan actividades, que no obstante tratarse de un proceso
    interno, son susceptibles de trascender al conocimiento de
    toda una comunidad en la que se encuentran inmersas sus
    bases, a través de medios convencionales de publicidad
    (carteles, espectaculares, engomados, gallardetes, reuniones,
    etcétera); pero, siempre tendentes a lograr el consenso para
    elegir a las personas que reúnan los requisitos legales
    necesarios para ser candidatos y que cuenten con el perfil
    que se identifique con la ideología sustentada por el propio
    partido; de ahí que en ocasiones, según lo que al efecto
    dispongan los estatutos respectivos, exista la necesidad de
    consultar a las bases partidistas, cuyo resultado se traduce en
    la elección del candidato idóneo para ser postulado por el
    instituto político. Tanto los actos de campaña, como la
    propaganda electoral tienden a propiciar la exposición, el
    desarrollo y la discusión ante el electorado, de los programas
    y acciones fijados por los partidos políticos en sus
    documentos básicos y, particularmente, en la plataforma
    electoral, que para la elección en cuestión hubieren
    registrado. Lo expuesto pone de relieve las diferencias
    sustanciales que existen entre un proceso interno para la
    elección de un candidato, que un partido político
    posteriormente para un puesto de elección popular; con un
    proceso electoral constitucional y legalmente establecido,
    dichas diferencias destacan tratándose de los fines que se
    persiguen en uno y en otro proceso, de manera tal, que no es
    posible considerar a un proceso interno, como un proceso
    externo, paralelo o alterno a un proceso electoral
    constitucional y legalmente establecido para la elección de los
    miembros de un ayuntamiento mucho menos se puede
    estimar que el último proceso se vea afectado por el
    desarrollo del proceso interno realizado por un partido
    político.


    Sala Superior, tesis S3EL 118/2002.
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    048/2000.- Partido Acción Nacional.- 27 de julio de 2000.-
    Unanimidad de votos.- Ponente: Mauro Miguel Reyes
    Zapata.-Secretario: Eliseo Puga Cervantes.’


     Por último, la violación más grave en este fragmento del
Considerando SEXTO es aquella en que se aduce que se
consideran los actos del PRD como una violación grave a la
legislación electoral en el sentido de que violenta la prohibición
establecida en el artículo 148 del Código Electoral del Distrito
Federal, en el cual se prevé que las campañas electorales deben
concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral, así
como que el día de la jornada electoral y durante los tres días
anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de
reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de
proselitismo electoral.


     De la anterior lectura, no se encuentra fundamento alguno
para que diga que el Partido de la Revolución Democrática
violentó las prohibiciones del Código al realizar una campaña
electoral fuera de término, toda vez que los actos que motivan la
queja son de una campaña interna para un proceso de selección
de candidatos y, como se ha explicado, no existe prohibición
alguna respecto la posibilidad de que estos sean realizados por
los militantes de un Partido Político, siendo claro que la única
prohibición y que es la que esgrime la autoridad responsable es la
prevista en el artículo 148 del Código Electoral del Distrito Federal,
misma cuya comisión es imposible en virtud de que se refiere a un
periodo que comprenderá de los días 3 al 6 de julio del año en
curso.


     Por tanto, debe señalarse que la autoridad responsable no
funda ni motiva adecuadamente sus afirmaciones con respecto a
las irregularidades estudiadas en el inciso respectivo del agravio
en comento, configurando así la vulneración a lo establecido en el
precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.


     En virtud de lo anterior, la irregularidad referida del agravio en
estudio y contenida en este inciso violenta los artículos 7, 16, 35
fracción II, 41 y 99 fracción V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3°, 268 y 277
inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal y los artículos 1,
2 y 3 de la Ley de imprenta.


     d) La autoridad no valora las pruebas conforme a los criterios
de la lógica y la sana crítica, dado que ignoró algunas, sobrevaloró
otras y evade los razonamientos que las mismas aportan y que
acreditan que los hechos reclamados, en virtud de que no se trata
de una conducta prohibida, no fueron cometidos en forma
exclusiva por el Partido de la Revolución Democrática, ya que se
tuvo conocimiento de la Comisión de estos mismos actos por
parte de otros partidos políticos.


     En su resolución, en forma preocupante, la autoridad
responsable hace una apreciación sumamente parcial de las
probanzas aportadas, en virtud que de las mismas se desprenden
algunas situaciones que se ignoraron deliberadamente en su afán
de imponer la injusta sanción que se plantea, destacando las
siguientes:


      a) Sobre las pruebas aportadas por el Partido Revolucionario
Institucional, el 80% de los reportes hechos por los funcionarios
enviados por la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto señalan
que las mismas no fueron localizadas o encontradas.


    b) Sobre la pregunta expresa, vinculada con la pretensión del
quejoso sobre la ocupación de inmuebles públicos por
propaganda del Partido de la Revolución Democrática, la totalidad
de ellos dijo que en ningún caso se hizo de esta forma. Por el
contrario, en algunas de estos escritos de las autoridades
delegaciones se acredita que tal propaganda correspondía a un
proceso interno, como es el caso del oficio dirigido al Instituto de
la Jefa Delegacional de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, en la
que textualmente refiere: ‘Como es del conocimiento público,
dichas campañas concluyeron con la votación interna del Partido
de la Revolución Democrática que se llevo a cabo en esta
delegación los días 25 y 26 de enero del año en curso, por lo que
al día 3 de febrero de 2003, fecha en que recibimos su
comunicación de referencia, ya fue retirada la propaganda antes
mencionada.’


     c) De numerosos escritos, como es el caso de los signados
por el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Agustín
Ortiz Pinchetti, y del Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero,
Joel Ortega Cuevas, se desprende que no se trata sólo de
propaganda del Partido de la Revolución Democrática, sino que
existen elementos publicitarios de otros Partidos Políticos;
dándose incluso el caso de que existen anuncios espectaculares
del Partido Revolucionario Institucional en la delegación
Venustiano Carranza, según se desprende del escrito presentado
por la Jefa Delegacional en dicha demarcación, situación que fue
deliberadamente ignorada por el proyecto de resolución, lo que en
ninguna forma contribuye a la preservación de los principios de
equidad y objetividad.


     Lo anterior muestra como el hecho por el que se me sanciona
es una actitud en la que incurren todos los Partidos Políticos, en
virtud de que no existe prohibición alguna relativo a este respecto.
A ello debe agregarse que el único Partido Político que preveía la
realización de un plebiscito electivo durante las fechas en que se
interpuesto la queja por virtud de la cuál se inicio el procedimiento
era el Partido de la Revolución Democrática, situación que en
ningún momento valoró la responsable, que sin prueba alguna
señala que los mismos se trataban de actos anticipados de
campaña, en cuyos casos, suponiendo sin conceder, no existe
fundamento alguno para sancionar los que se engloban en tal
concepto, mismo que no se encuentra siquiera previsto en el
Código Electoral del Distrito Federal.


    En virtud de lo anterior, la irregularidad referida del agravio en
estudio y contenida en este inciso violenta los artículos 120 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como los artículos 3°
y 128 del Código Electoral del Distrito Federal.


e) La autoridad aplica una sanción por analogía y mayoría de
razón.


     Por otra parte, la resolución sanciona al Partido de la
Revolución Democrática, en virtud de que supuestamente violó
con su conducta el artículo 154 incisos d) y e) del Código
Electoral del Distrito Federal, argumentando la motivación que
transcribimos textualmente y se ubica en el mismo considerando
SEXTO del acto reclamado:


    ‘…si bien el legislador con dicha disposición pretendió
    salvaguardar los elementos de equipamiento urbano durante
    el periodo legal de campaña, con mayor razón tal disposición
    deberá ser observada y respetada por los partidos políticos’.


    De la simple lectura de este párrafo se observa una
aberración jurídica impensable en una autoridad que se ciña al
Estado de Derecho, toda vez que se atreve a sancionar, a aplicar
el poder punitivo del Estado del que ha sido depositario,
fundándose no en una norma exactamente aplicable al caso
concreto, sino aplicada en virtud de su propia razón, violentando
así el texto constitucional, que en su artículo 14, prohíbe el
establecimiento de sanción alguna por analogía o aún por simple
mayoría de razón, ya habiendo sido explicado que en estos casos,
los principios contendido y desarrollados por el derecho penal, le
son aplicables al derecho administrativo sancionador, a lo que se
suma la plena vigencia del principio de legalidad en esta materia.


     A esto deberá agregarse que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, máxima autoridad electoral en el país,
pese al desacato de sus criterios que plantea la resolución, ha
establecido que el contenido del artículo 14, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a
la prohibición de imponer, en los juicios del orden criminal, por
simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que
se trate resulta igualmente aplicable para aquellas disposiciones
de las que se derive la posibilidad de imponer una sanción de
naturaleza administrativa en materia electoral.


    ANALOGÍA Y MAYORÍA DE RAZÓN. ALCANCES EN EL
    PROCEDIMIENTO           ADMINISTRATIVO          SANCIONADOR
    ELECTORAL. Del contenido del artículo 14, párrafo tercero,
    de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
    relativo a la prohibición de imponer, en los juicios del orden
    criminal, por simple analogía y aun por mayoría de razón,
    pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
    aplicable al delito de que se trate, se arriba a la convicción de
    que tales reglas son igualmente aplicables para aquellas
    disposiciones de las que se derive la posibilidad de imponer
    una sanción de naturaleza administrativa en materia electoral.
    En efecto, en un importante sector de la doctrina
    contemporánea prevalece la tesis de que no hay diferencias
    sustanciales, cualitativas o cuantitativas, que pudieran
    justificar una regulación distinta, por lo que se ha concluido
    que la tipificación de una conducta como infracción
    administrativa o criminal es el resultado de una decisión de
    política legislativa que, bajo ciertos márgenes, tiende a
    diseñar una estrategia diferenciada de lucha contra la
    criminalidad, con el propósito fundamental de evitar la
    sobrecarga, en exceso, de la maquinaria judicial, para ponerla
    en condiciones de actuar más eficazmente en los ilícitos más
    graves y relevantes para la sociedad. De ahí que la extensión
    de las garantías típicas del proceso penal, como la señalada,
    se justifique por el carácter sancionador del procedimiento,
    pues con ello se impide que, de hecho, sufran un menoscabo
    las      garantías    constitucionales     y    procedimentales
    constitucionalmente establecidas. Y es que, al final de
    cuentas, las contravenciones administrativas se integran en el
    supraconcepto de lo ilícito, en el que ambas infracciones, la
    administrativa y la penal, exigen un comportamiento humano
    (aunque en la administrativa normalmente se permita imputar
    la consecuencia a un ente o persona moral), positivo o
    negativo, una antijuridicidad, la culpabilidad, el resultado
    potencial o actualmente dañoso y la relación causal entre éste
    y la acción, esencia unitaria que, no obstante, permite los
    rasgos diferenciales inherentes a la distinta función, ya que la
    traslación de las garantías constitucionales del orden penal al
    derecho administrativo sancionador no puede hacerse en
    forma automática, porque la aplicación de tales garantías al
    procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en
    que resulten compatibles con su naturaleza.

    Sala Superior. S3EL 045/2001
    Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
    073/2001. Partido del Trabajo. 13 de julio de 2001.
    Unanimidad de 6 votos. Ponente: José Luis de la Peza.
    Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

    En virtud de lo anterior, la irregularidad referida del agravio en
estudio y contenida en este inciso violenta el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


f) La autoridad se excede en sus facultades e invade las
competencias de instancias administrativas.


     Es ilegal y por consiguiente me causa agravio las
consideraciones que hace la autoridad responsable en lo relativo
al uso ilegal, como ella lo califica, de los espacios de uso común
que por disposición expresa, habrán de ser repartidos entre los
Partidos Políticos conforme al procedimiento acordado por el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, mismo
que no ha tenido lugar.


A este respecto, transcribo los argumentos de la responsable,
contenidos en el inciso b) del considerando VI.


    ‘b) Que tuvo conocimiento de la suscripción y contenido de
    dicho convenio, el cual le fue informado mediante oficio
    número SECG-IEDF-/1902/02 suscrito por el Secretario
    Ejecutivo, y dirigido al C. Agustín Guerrero Castillo, en su
    carácter de representante propietario del Partido de la
    Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto
    Electoral del Distrito Federal, el cual fue recibido por dicho
    Partido el tres de diciembre de dos mil dos, y no obstante lo
    anterior, sin derecho, fuera de los plazos legales establecido,
    y a sabiendas de que su distribución está sujeta a lo
    dispuesto en el primer párrafo del artículo 155 del Código
    Electoral del Distrito Federal, utilizó lugares de uso común
    que por disposición expresa de dicho Código, habrán de ser
    repartidos entre todos los Partidos conforme al Procedimiento
    acordado por el Consejo General de este Instituto Electoral
    del Distrito Federal, a más tardar en la última semana del mes
    de marzo de dos mil tres, violando con ello lo dispuesto por
    los artículos 1°, 25, inciso a), 148 y 155 del Código Electoral
    del Distrito Federal, conducta que esta autoridad considera
    como grave, lo anterior es así, por que al utilizar ilegalmente
    dichos lugares de uso común, fuera de los plazos de ley y de
    manera generalizada en todo el Distrito Federal, dificulta las
    labores del Instituto Electoral del Distrito Federal’.


     Habrá de notar la autoridad jurisdiccional a cuyo conocimiento
se somete este asunto, la extrema frivolidad de los razonamientos
de la autoridad, que sin fundamento, motivación y sustento lógico-
jurídico alguno, atribuye al representante del Partido de la
Revolución Democrática la colocación de propaganda, y sin
explicar en que forma, señala que la colocación de la propaganda
del proceso interno de selección de candidatos del Partido de la
Revolución Democrática, dificulta las labores de la autoridad
electoral, resultando incomprensible esta afirmación de quien
debe ser garante de la vigencia de los principios democráticos del
Estado Mexicano, entre los que se incluye la libertad de expresión
y la participación activa del pueblo, incluyendo a los que lo hacen
a través de un partido político, a participar activamente en la vida
política del país, lo que sin lugar ocurre cuando el ciudadano
ejercita sus derechos político-electorales del ciudadano al interior
de su propio Instituto Político. Por lo tanto, tan sólo esta afirmación
es violatoria de lo dispuesto por los artículos 6 , 14, 16 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


      Resulta incomprensible que la autoridad se refiera a una
violación al artículo 148 del Código Electoral cuando el texto de
este precepto, alude en forma expresa a las campañas
electorales, que como se ha explicado, tienen lugar su inicio sólo
tres días después del registro de candidaturas, acontecimiento
que aún no ha tenido lugar y que en el caso de Jefes
Delegacionales y Diputados Locales a ser electos por el principio
de mayoría relativo , se verificará de los días 29 de abril al 5 de
mayo de este año 2003. Sin embargo, el hecho de que en este
artículo se establezca que por ser esta fecha en la que se pueda
iniciar las campañas electorales, no implica que no puedan existir
campañas de otro tipo o que los Partidos Políticos no puedan
utilizar dichos espacios en determinadas coyunturas, como es el
Proceso de selección interna de candidatos, tan sólo por que la
autoridad responsable así lo determina.


      La interpretación sistemática y funcional de este artículo con
lo dispuesto en el artículo 155, que dispone que los lugares de uso
común son un conjunto de bienes propiedad del Gobierno del
Distrito Federal o de particulares que reciben esta denominación
sólo hasta que el Instituto Electoral del Distrito Federal determine
su número, previo acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal;
sin embargo, las facultades de vigilancia sobre estos espacios
tiene lugar única y exclusivamente en forma posterior al inicio de
la campaña electoral, como se desprende de la afirmación que se
hace en el texto de este mismo artículo de que los mismos serán
considerandos susceptibles de ser utilizados para la colocación y
fijación de la propaganda electoral, habiendo sido ya explicado
que este tipo de propaganda sólo pueden existir conforme se
cumpla la referencia de tiempo prevista en el artículo 148 del
Código Electoral del Distrito Federal y que sea utilizada por los
sujetos con las calidades previstas en el 147 del mismo
ordenamiento, es decir, los Partidos Políticos o los candidatos
debidamente registrados.


      El hecho de que el Instituto pretenda sancionar la colocación
de propaganda de un proceso de selección interna, fundando su
decisión en el razonamiento de que con dicho acto se vulnera la
prohibición establecida en el artículo 148 del Código Electoral, es
inoperante, además de superficial y dolosa, toda vez que la única
prohibición contenida en forma expresa, que es la única forma en
que pueden considerarse válidas en términos jurídicas , es la
relativa a que la campaña debe concluir tres días antes de la
jornada electoral, por lo que se prohíbe cualquier acto o
distribución de propaganda en ese lapso de tiempo.


      A esto debe agregarse que para emitir una consideración
restrictiva de esta naturaleza, el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal debía haber manifestada en base a
qué precepto habría emitido dicho razonamiento y en ejercicio de
que facultad explícita que le faculte a sancionar a los Partidos por
colocar propaganda fuera del periodo temporal abarcado por la
campaña electoral y, por consiguiente, desprovisto de esta
naturaleza. Ante la ausencia de estos argumentos dicho acto
carece de la debida fundamentación y motivación, por no existir
esa relación de causa efecto, entre los dispositivos legales citados
y los hechos a que pretende adecuarse.


      Una decisión de esta naturaleza, por la cuál el Instituto
Electoral del Distrito Federal pretende convertirse a sí mismo en el
vigilante permanente de los inmuebles propiedad del Gobierno del
Distrito Federal, resulta además, en algo sumamente grave, en
una violación de la competencia de la Administración Pública
Local en el Distrito Federal, acorde con lo dispuesto en el artículo
137 del Estatuto de Gobierno de la entidad, en el que se dispone
que el patrimonio del Distrito Federal se compone de los bienes de
dominio público y los bienes de dominio privado, añadiendo que la
ley regulará el régimen patrimonial del Distrito Federal, sus
disposiciones serán de orden e interés público y de observancia
obligatoria, situación esta última de la que no puede eludirse la
autoridad responsable, que en virtud de su decisión pretende
ejercitar actos de dominio sobre los bienes propiedad del
Gobierno del Distrito Federal, fuera del plazo que en virtud del
Título Tercero del Código Electoral adquiere facultades de
vigilancia sobre el uso de los mismos con relación a la colocación
de propaganda electoral, es decir, durante la campaña electoral,
de acuerdo con la asignación hecha en una sesión que hasta este
momento no ha tenido lugar. Esta arrogación de facultades
vulnera lo dispuesto por el artículo 144 del Estatuto de Gobierno
del distrito Federal, que prevé que el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal ejercerá los actos de adquisición, posesión, enajenación,
desincorporación, aprovechamiento, administración, utilización,
conservación, mantenimiento, control, inspección y vigilancia de
los bienes propiedad del Distrito Federal en los términos que
señala la ley.


      A mayor precisión, el artículo 138 del estatuto de Gobierno
señala que serán bienes del Dominio Público del Distrito Federal,
excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la
legislación aplicable, los siguientes:


     I. Los de uso común;


     II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen
para la prestación de servicios públicos o actividades equiparables
a ello, o los que utilicen las dependencias y entidades de la
administración pública del Distrito Federal para el desarrollo de
sus actividades;
     III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal,
una vez que sean destinados a un servicio público o algunas de
las actividades que se equiparen a los servicios públicos o que de
hecho se utilicen para esos fines;


      IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en
el artículo 27, párrafos cuarto, quinto y octavo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;


      V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad del
Distrito Federal;


      VI. Los canales, zanjas y acueductos, propiedad o
construidos por el Distrito Federal, así como los cauces de los ríos
que hubiesen dejado de serlo, siempre y cuando no sean de
jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.


      VII. Los inmuebles ubicados en el territorio del Distrito
Federal y que la Federación trasmita a éste, con la finalidad de
satisfacer las necesidades de crecimiento, vivienda y desarrollo
urbano;


     VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sean
algunos de los anteriores;


     IX. Los muebles propiedad del Distrito Federal que por su
naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los
documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos folletos y
grabados importantes o raros, así como las colecciones de sus
bienes, los especimenes        tipo de la flora y la fauna, las
colecciones   científicas    y    filatélicas, los  archivos    y
fonograbaciones,    películas,    archivos fotográficos,   cintas
megnetofónicas y cualquier otra que tenga imágenes y sonidos; y


      X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra
artística incorporada o adherida permanentemente a los
inmuebles del Distrito Federal. Los bienes de dominio público son
inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estarán sujetos
a ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien
su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión
definitiva o provisional.


      En este orden de ideas, a quedad claramente acreditado
que al Instituto Federal Electoral le está vedado ejercer funciones
de vigilancia sobre el uso, conservación, mantenimiento con este
tipo de bienes fuera de los términos temporales comprendidos por
la campaña electoral, y por ende, no puede legalmente establecer
prohibiciones diversas a los contemplados por el Código Electoral
del Distrito Federal y mucho menos, sancionar en base a
incumplimiento de normas que no resultan aplicables en virtud de
la falta de las calidades requeridas en los sujetos activos y en las
referencias temporales que prevé el Título Tercero del Código
Electoral.
      En consideración a lo anterior, el establecer una sanción y el
exigir que el Partido de la Revolución Democrática repare el daño
que supuestamente perpetró .constituye un proceder viciado de
origen, por la ausencia de facultades en tal sentido, toda vez que
los órganos del Instituto Federal Electoral , carecen de
atribuciones expresas o implícitas, que les permitan llevar a cabo
el desarrollo de facultades y el establecimiento de sanciones por
prohibiciones que en realidad no se encuentran previstas en las
normas aplicables.


     Esta invasión de competencias implica, además lesiones a lo
establecido por el Reglamento de Anuncios del Distrito Federal,
que es el ordenamiento legal que rige la colocación de cualquier
propaganda distinta a la electoral, es decir, toda aquella distinta a
la emitida fuera de la campaña electoral que cuente con las
características previstas por el artículo 147 del Código Electoral
del Distrito Federal. El artículo 1 de tal ordenamiento prevé que
sus disposiciones son de orden público y de observancia general y
tienen por objeto regular la fijación, instalación, distribución,
ubicación, modificación y retiro de toda clase de anuncios en
mobiliario urbano, en vía pública, visibles desde la vía pública y en
vehículos del Servicio de Transporte, siendo pertinente señalar
que por mobiliario urbano, la fracción XIV del artículos 2 expresa
que son todos aquellos elementos urbanos complementarios, que
sirven de apoyo a la infraestructura y al equipamiento, que
refuerzan la imagen de la Ciudad como: fuentes, bancas, botes de
basura, macetas, señalamientos, nomenclatura, entre otros. Por
su función pueden ser: fijos, permanentes y móviles o temporales;


       La fracción II, del artículo 2 de este Reglamento define como
anuncio, toda expresión gráfica o escrita que señale, exprese,
muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la
producción y venta de bienes, con la prestación de servicios y con
el ejercicio lícito de actividades profesionales, industriales,
mercantiles, técnicas, políticas, cívicas, culturales, artesanales,
teatrales o del folklore nacional. De la lectura de este precepto se
obtiene, por tanto, que la regulación de la propaganda política
distrital a electoral, que es aquella utilizada sólo durante la
campaña electoral y con las características previstas en el artículo
147 del Código Electoral, se rige por lo dispuesto en este
Reglamento, cuya aplicación no corresponde en forma alguna a la
autoridad responsable.


      Los anuncios del proceso de selección interna del Partido de
la Revolución Democrática, conforme a lo dispuesto en el artículo
7 de este reglamento, entran dentro de la clasificación prevista
por la fracción IV, que abarca los anuncios cívicos, sociales,
culturales, políticos, religiosos y ambientales: los que contengan
mensajes que se utilicen para difundir y promover aspectos
cívicos, sociales, culturales o educativos, eventos típicos de culto
religioso, conocimiento ecológico, de interés social o en general,
campañas que tiendan a generar un conocimiento en beneficio de
la sociedad, sin fines de lucro.


     Por lo que hace a las restricciones a la colocación de
anuncios, la misma es establecida en el artículo 25 del
mencionado Reglamento de Anuncios del Distrito Federal, en el
que se prevé que no se permitirán la instalación de anuncios en
mobiliario urbano cuando:
I. Anuncien productos que dañen a la salud como: cigarros y
bebidas alcohólicas, y éstos no cumplan con las leyendas
preventivas que establecen las disposiciones jurídicas en la
materia;


II. Inciten a la violencia;


III. Se ataquen a la moral, los derechos de terceros, provoque
algún delito o perturbe el orden público;


IV. Promuevan la desintegración familiar;


V. Empleen los símbolos patrios con fines comerciales, salvo para
su promoción, exaltación y respeto, de conformidad con la Ley
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional;


VI. Contengan mensajes subliminales en todos los tipos de
publicidad comercial y/o política;


VII. Interfieran la visibilidad de la circulación vial y peatonal, y


VIII. No cumplan con este Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.


      En virtud de que la propaganda del proceso de selección
interna de candidatos del Partido de la Revolución Democrática no
configura ninguna de las causales del artículo anterior, no puede
afirmarse, como lo hace la responsable, que el Partido
Democrático no se apegó al cauce legal, máxime cuando en esta
materia la consumación de alguna irregularidad debía haber sido
declarada, en todo caso, por una autoridad distinta al Instituto
Electoral del Distrito Federal.


     En virtud de lo anterior, la irregularidad referida del agravio
en estudio y contenida en este inciso violenta los artículos 14, 16 y
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
137, 138 y 144 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3 ,
155, 147 y 148 del Código Electoral del Distrito Federal, y 1 , 2 , 7
y 25 del Reglamento de Anuncios del Distrito Federal.


g) La autoridad no cumplió las obligaciones que la ley le atribuía
en caso de la violación por la que está sancionando al suscrito.


      En el cuerpo del considerando SEXTO del resolutivo que se
impugna, la responsable determina sancionar al Partido de la
Revolución Democrática en virtud de distintas violaciones a
artículos contenidos en el Título Tercero del Código Electoral del
Distrito Federal, en especial lo referente a los artículos 148, 155 y
157.
     Sin embargo y en el supuesto caso, sin conceder obviamente
por no ser así, de que se hubiesen acreditado tales
irregularidades, el artículo 156 del Código Electoral del Distrito
Federal, establecía un procedimiento cuya observancia era
carácter obligatorio para la autoridad electoral en caso de que
existiesen violaciones a las reglas para la propaganda y la fijación
y la fijación de la misma. Dicho párrafo señala:


    ‘En caso de violación a las reglas para la propaganda y la
    fijación de la misma en los lugares permitidos, el Consejo
    General o Distrital respectivo, notificarán al Partido infractor,
    requiriendo su inmediato retiro, que no podrá exceder de 24
    horas; en caso de incumplimiento se notificará a la autoridad
    administrativa para el retiro de propaganda y la sanción que
    determine al partido o coalición responsable, considerando el
    daño económico ocasionado’.


     De la lectura anterior deviene que la autoridad inobservó la
legislación a la que se encuentra obligada a ceñirse, en virtud de
lo dispuesto por los artículos 1 y 3 del Código Electoral del
Distrito Federal, toda vez que de apegarse al mismo, al haber
supuestamente acreditado diversas violaciones a las reglas de
campaña previstas por el Título Tercero del Código Electoral, que
es al razón por la que se me sanciona ilegalmente y por la que se
interpone este recurso, debía necesariamente notificar al suscrito
de dichas anomalías y sólo hasta después de que se hubiese
desatendido esta solicitud, se encontraba en posibilidades de
haber establecido una multa, que de conformidad con la lectura
del escrito, en ningún momento guarda relación alguna con el
monto de los daños presuntamente ocasionados, sin embargo,
teniendo en cuenta la manifestación hecha por la autoridad
responsable en el CONSIDERANDO SEXTO, en el sentido de que
la propaganda fue encontrada, a decir de la autoridad, en 110
bardas, 11 muros de contención, una malla, un puente vehicular,
dos columnas y 3 mamparas, la misma no tiene ninguna relación
con el monto de 3 millones, que es ilegal desde este momento por
efectos de esta desproporción, independientemente de los
razonamientos que se interpondrán al respecto en el siguiente
agravio.


     A lo anterior debe agregarse que, conforme al espíritu del
artículo, el retiro de la propaganda correspondía a las autoridades
administrativas, siendo igualmente por tanto violatorio de este
artículo la resolución con respecto a la orden que se da al Partido
de la Revolución Democrática, para que en un término de diez
días, retire la propaganda.


      Por tanto, se acreditan las violaciones al artículo 156 del
Código Electoral del Distrito Federal en virtud de que no se hizo la
notificación de las presuntas violaciones a las reglas de campaña,
por las que fue el suscrito finalmente sancionado; por la
desproporcionalidad que se observa entre el monto de la multa y
la reparación del daño, misma que nunca se cuantifica,
vulnerando así el principio de certeza jurídica, y por no
cumplimentar lo dispuesto en el precepto en comento, en virtud de
que no se notificó a la Autoridad Administrativa para efectos del
retiro de la propaganda, cuya carga se ha atribuido al Partido de la
Revolución Democrática, cuya colocación por medio de sus
órganos de dirección, que es por medio de los que actúa como
entidad de interés público, nunca fue acreditada.


     Ante la falta de cumplimiento de los presupuestos de la
sanción establecidos en el artículo 156 del Código Electoral, la
multa impuesta al Partido de la Revolución Democrática resulta
ilegal.


     En virtud de lo anterior, la irregularidad referida del agravio en
estudio y contenida en este inciso violenta los artículos 1, 3 y 156
del Código Electoral del Distrito Federal.


    CUARTO


      FUENTE GENERADORA DEL AGRAVIO.- Lo constituyen
resolutivo SEGUNDO de la resolución del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal respecto de la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en contra
del suscrito Partido de la Revolución Democrática, identificada con
la clave de expediente IEDF-QCG/001/2003, que, expresa
textualmente, en la parte respectiva.


    ‘SEGUNDO.- Una vez demostrada la responsabilidad en que
    incurrió el Partido de la Revolución Democrática, en términos
    de lo expuesto en los resultandos I, VI, XI, XIII, XV, XVI, XVII,
    XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXX y
    XXXV y el Considerando SEXTO de la presente Resolución,
    se impone al Partido de la Revolución Democrática:


    a) La sanción consistente en la reducción del veinte por ciento
    de las ministraciones que por concepto del financiamiento
    público por actividades ordinarias le corresponde, por un
    periodo de tres meses, de conformidad con lo dispuesto por
    los artículos 274, inciso g), 275 inciso a) y 276, párrafos
    primero, inciso c), segundo y cuarto del citado ordenamiento
    legal, y
    b) Deberá retirar la propaganda electoral de su partido que al
    momento se encuentre instalada, pintada o pegada en los
    lugares ya precisados, dentro de un plazo de diez días
    contados a partir del siguiente al de la notificación de la
    presente resolución, apercibido de que en caso de
    incumplimiento se pondrá a consideración de este Consejo
    General, la aplicación de una sanción mayor; una vez
    concluido el plazo, el Partido Político deberá informar por
    escrito al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
    Federal, del cumplimiento dado a la presente’.


     ARTÍCULOS        CONSTITUCIONALES           Y     LEGALES
VIOLADOS.- Se violan en detrimento del Partido que represento el
artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados ; así
como los artículos 120 y 124 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, así como los artículos 3°, y 156 del Código Electoral del
Distrito Federal.
     CONCEPTO DE AGRAVIO.- Por principio de cuentas, y a fin
de exponer ante ese H. Órgano Jurisdiccional, en una forma más
sistemática las violaciones que sustentan mi alegato, transcribo la
parte del Considerando SEXTO, en el que se resuelve lo relativo a
la sanción al Partido de la Revolución Democrática:


    ‘En esa lógica, el Consejo General de este Instituto,
    copnsidera que el Partido de la Revolución Democrática violó
    lo dispuesto en los artículos 1°, 25, inciso a), 148, 154 incisos
    d) y e) y 155 del Código Electoral del Distrito Federal, ya que
    no respetó lo establecido en dichos numerales, al haber
    realizado actos de campaña y utilizado a su libre albedrío el
    equipamiento urbano, al colgar pendones, adherir
    propaganda en bardas, árboles, postes y casetas, violando la
    prohibición que en materia de colección de propaganda
    electoral se encuentra establecida, así como la utilización de
    lugares de uso común susceptibles de ser distribuidos entre
    los Partidos Políticos, fuera de los plazos establecidos para
    ello por el citado Código y dificultando las labores de la
    autoridad electora , conductas ambas consideradas como
    graves, al tratarse de violaciones a las prohibiciones legales,
    por lo tanto es procedente sancionarlo con la reducción del
    veinte por ciento de las ministraciones que por concepto de
    financiamiento público por actividades ordinarias le
    corresponden, por un periodo de tres meses, de conformidad
    con lo dispuesto por los artículos 156, párrafo primero, 274,
    inciso g) 275, inciso a) y 276, párrafos primero, inciso c),
    segundo y cuarto del citado ordenamiento’.


Posteriormente, la autoridad razona:


    ‘El criterio para determinar las sanciones impuestas al Partido
    de la Revolución Democrática, deriva principalmente de lo
    establecido en el citado artículo 276, párrafos primero, inciso
    c), segundo y cuarto del Código Electoral del Distrito Federal,
    toda vez que la reducción de hasta el cincuenta por ciento de
    las ministraciones que recibe un Partido Político se impone
    cuando el incumplimiento o infracción de que se trate, sea
    particularmente grave o sistemático, en el presente caso, el
    Partido de la Revolución Democrática llevó a cabo acciones
    de propaganda e hizo uso de espacios comunes que habrán
    de ser motivo de distribución, a sabiendas de que no debía
    realizarlas, por encontrarse fuera del plazo que marca la ley
    para los actos de propaganda, obteniendo en su favor una
    indebida ventaja, con la que generó un daño de imposible
    reparación, violentando la imposible reparación, violentando
    la obligación señalada por el artículo 25, inciso a) del Código
    Electoral del Distrito Federal, que impone al Partido Político la
    obligación de conducir sus actividades dentro de los causes
    legales, incumpliendo e infringiendo gravemente las
    prohibiciones establecidas en el Código Electoral citado, ante
    esta situación procede determinar que la sanción a imponer al
    Instituto Político sea del veinte por ciento de la reducción de
    las ministraciones de un mes’.


     A efecto de evitar repeticiones, y habiendo sido ya explicado
que no existieron violaciones a los artículos 148, 154 incisos d) y
e) y 155 del Código Electoral, ante la ausencia de las referencias
temporales y de la calidad de los sujetos previstos en tales
dispositivos, mismos que se refieren a campañas electorales y a
propaganda electoral, y por lo tanto no concede a la autoridad
responsable facultades para sancionar la colocación de
propaganda dentro de un proceso de selección interna, máxime
cuando no es un acto directamente imputable al Partido Político
que se sanciona.


     Sin embargo, no puede atribuirse una sanción de esta
naturaleza en vista de consideraciones de tipo genéricas y
erróneas. Es erróneo que se considere que la violación es grave
en virtud de que se violenta una prohibición expresa del Código
Electoral, lo que es falso, toda vez que no existe prohibición
alguna plasmada en forma expresa en todo el Título Tercero,
salvo la relativa a la realización de actos de campaña durante los
tres días previos a la jornada electoral, de donde se infiere que no
es válida la consideración que de gravedad hace la responsable.


     Son genéricas afirmaciones como que la propaganda se
colocó a sabiendas de que no estaba permitido hacerlo así. Esto
lo acredito con las afirmaciones del propio Instituto Electoral del
Distrito Federal, quien en su comunicado de fecha 21 de enero de
2003, expresó públicamente lo siguiente:


    ‘Sin embargo, es evidente que actores políticos en el Distrito
    Federal realizan ya distintos actos de propaganda inscritos en
    las llamadas ‘precampañas’ electorales. El Código Electoral
    del Distrito Federal NO faculta al Instituto para regular este
    tipo de actividades’.


      Es evidente que el Instituto Electoral del Distrito Federal, por
medio de este conducto, expresó en forma pública la ausencia de
restricciones respecto a al campaña, hipótesis dentro de la cuál
nos han ubicado ellos mismos en el resolutivo, a pesar de que se
trataba de actos de difusión de un proceso de elección interna.


      Sin embargo, de este comunicado se infiere que es factible
que la autoridad considere que el responsable sabía que se
trataba de una conducta prohibida, a la que ahora dice prohibida,
cuando ella misma señaló que no existían restricciones al
respecto en esta materia, siendo por lo tanto carente de toda
lógica que si la autoridad encargada de la función estatal de
organizar las elecciones no sabía que se encontraban prohibidas,
exija a un Partido Político su conocimiento, máxime cuando ella
misma ha reconocido, por virtud del comunicado que fue hecho
público y que aún se encuentra en la página de internet del
Instituto, solicitando por este acto el suscrito al Instituto que el
original de dicho documento sea requerido a la autoridad
responsable, por obrar en su poder, reconocía que el Código
Electoral en ningún lugar lo manifiesta en forma expresa
prohibición alguna. Anexo en este momento dicho comunicado.


                             COMUNICADO


    El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) es el
    organismo público autónomo, depositario de la autoridad
    electoral y responsable de la función estatal de organizar las
    elecciones locales.


    Con apego al Código Electoral del Distrito Federal, el 10 de
    enero pasado, el Consejo General del IEDF realizó la
    declaratoria formal del inicio del proceso electoral, a fin de
    renovar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las 16
    Jefaturas Delegacionales en comicios que deberán efectuarse
    el 6 de julio del año en curso.


    Es necesario precisar que el artículo 148 del Código Electoral
    establece que: ‘Las campañas electorales de los Partidos
    Políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión
    de registro de candidaturas para la elección respectiva,
    debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada
    electoral’.


    De acuerdo con lo anterior, las campañas electorales no
    deberán iniciarse antes de la primera semana del mes de
    mayo, una vez que hayan quedado legalmente registradas las
    candidaturas.


    Sin embargo, es evidente que actores políticos en el Distrito
    Federal realizan ya distintos actos de propaganda inscritos en
    las llamadas ‘precampañas’ electorales. El Código Electoral
    del Distrito Federal NO faculta al Instituto para regular este
    tipo de actividades.


    Hasta en tanto se efectúen los registros de candidaturas para
    la ALDF y las Jefaturas Delegacionales, y el IEDF esté en
    posibilidades legales de intervenir, corresponde a la autoridad
    administrativa de la Ciudad de México aplicar lo establecido
    en la Ley de Desarrollo Urbano y en el Reglamento de
    Anuncios para el Distrito Federal.


     Como autoridad electoral, el Instituto llama a los actores
    políticos a respetar la normatividad vigente y el espíritu del
    Código Electoral del Distrito.


     Al lado de lo anterior, que es prueba plena del dolo con que
actúa la autoridad para sancionar al suscrito, existen otras
consideraciones genéricas que hacen que el resolutivo en
cuestión adolezca de una adecuada motivación, violentando así lo
dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, como aquella en la que se señala que
los actos del suscrito se reflejan en una ‘indebida ventaja’, sin
explicar que entiende por esta, o en aquella en la que menciona
que causo un daño irreparable, sin precisar cual es este .


       A lo anterior debe añadirse que no es posible atribuir a los
actos que sanciona el carácter de sistemáticos, en virtud de que
este concepto se encuentra sumamente vinculado al de
reincidencia, siendo obvio que no existe antecedente alguno sobre
este tipo de sanciones, de donde se infiere que sólo puede
calificarse como sistemática la conducta que ha sido cometida en
forma reiterada en distintos intervalos de tiempo, existiendo ya
antecedentes sobre su irregularidad.


      Asimismo, dicha sanción carece de la proporcionalidad
prevista en el artículo 22 Constitucional, toda vez que en ningún
momento se fija un monto de los presuntos daños, que permita
establecer una sanción que reúna las características que requiere
lo dispuesto por el artículo 156 del Código Electoral, que debería
ser el sustento de la sanción impuesta en este precepto, en virtud
de que, como la propia autoridad lo manifiesta, las presuntas
irregularidades se cometieron con respecto a las reglas de
campaña.


      Toda vez que la autoridad responsable no cumplió con el
principio de legalidad, había cuenta de que se advierte falta de
motivación en las sanciones que impuso el Partido político
impugnante, vulnerando de esta manera lo previsto en los
artículos 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos mexicanos , y 3°, párrafo segundo, del Código
Electoral del Distrito Federal, la sanción impuesta debe ser
declarada infundada.


     Como es de explorado derecho, el principio de legalidad
consiste esencialmente en que todo acto de autoridad este
debidamente fundado y motivado, lo cual significa, por una parte,
que los órganos de autoridad están obligados a señalar
claramente en sus actos los preceptos legales aplicables al caso
concreto; y por otra, a invocar las circunstancias especiales,
razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en
cuenta para su emisión; debiendo existir congruencia entre los
motivos aducidos y las disposiciones legales invocadas, a fin de
que los destinatarios cuenten con los elementos suficientes para,
en caso, impugnar al acto de autoridad y no quedar en estado de
indefensión.


      Al respecto, cabe señalar que el principio de legalidad obliga
a las autoridades del Estado, ya sean administrativas,
jurisdiccionales u órganos autónomos, como en el caso, el
Instituto Electoral del Distrito Federal, en razón de que se trata de
una garantía individual prevista a nivel Constitucional,
jerárquicamente superior a la legislación ordinaria; de ahí que la
facultad del órgano electoral administrativo, de fiscalizar e imponer
a su libre arbitrio las sanciones que corresponda a los Partidos
Políticos, debe sujetarse invariablemente al referido principio.


     Por tanto, asiste razón al partido impugnante en cuanto a lo
manifestado en el agravio el comento, toda vez que la autoridad
responsable emitió razonar en forma válida los motivos que la
condujeron a imponer dicha sanción, a lo que debe agregarse a
que en ningún momento atendiendo a las peculiaridades del caso
y a los hechos generados de la presunta infracción, es decir, la
concurrencia de un proceso de selección interna del Partido de la
Revolución Democrática para decidirse por la sanción aplicable
entre el mínimo y el máximo.


    QUINTO.
      FUENTE GENERADORA DEL AGRAVIO.- Lo constituyen
resolutivo QUINTO de la resolución del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal respecto de la queja
interpuesta por el Partido de Revolucionario Institucional, en
contra del suscrito Partido de la Revolución Democrática,
identificada con la clave de expediente IEDF-QCG/001/2002, que,
expresa textualmente, en la parte respectiva:


    ‘QUINTO.- De acuerdo con el considerando NOVENO,
    mediante oficio remítase copia certificada de la presente
    Resolución, de sus antecedentes y demás constancias a la
    Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
    Electoral del Distrito Federal, para que conforme a sus
    atribuciones, revise los informes sobre el origen, destino y
    monto de los ingresos que el Partido de la Revolución
    Democrática haya utilizado durante el proceso de selección
    interna de candidatos a Jefes Delegacionales y a Diputados a
    la Asamblea Legislativa para resolver en el momento procesal
    oportuno’.


     ARTÍCULOS      CONSTITUCIONALES            Y     LEGALES
VIOLADOS.- Se violan en detrimento del Partido que represento el
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.


     CONCEPTO DE AGRAVIO.- Este resolutivo, en el que la
autoridad reconoce que los actos materia del proceso eran
relativos a un proceso de selección interna de candidatos en el
Partido de la Revolución Democrática, es conculcatorio de lo
dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, mismo que estahlece que toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.


    Es evidente que esta resolución no es completa, toda vez que
no agota las pretensiones del partido quejoso y además, prosigue
una investigación sobre hechos que, al haber sido sancionados,
debían declararse como definitivamente concluidos ante esa
autoridad, a fin de que pudiese impugnarse una resolución que
hubiese agotado la litis por completo en su instancia inicial y no la
mantenga abierta, lo que vulnera evidentemente la certeza jurídica
del suscrito y posibilita la imposición de dos sanciones por una
misma conducta, lo que es una aberración en cualquier Estado
cuyas autoridades se encuentren obligadas a respetar los
derechos fundamentales de los gobernados.


     La tutela de este principio encuentra su fundamento y razón
en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad
en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la
seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y
derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza
respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios,
mediante el agotamiento de la materia del proceso resuelto
mediante una resolución.
     SEXTO.


      FUENTE GENERADORA DEL AGRAVIO.- Lo constituyen
resolutivo CUARTO de la resolución del Consejo General del
Instituto Electoral del Distrito Federal respecto de la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en contra
del suscrito Partido de la Revolución Democrática, identificada con
la clave de expediente IEDF-QCG/001/2003, que, expresa
textualmente, en la parte respectiva:


    ‘SEXTO.- Atento a lo señalado en el considerando OCTAVO
    de esta resolución, se deberá hacer del conocimiento del Jefe
    de Gobierno del Distrito Federal, que los Jefes
    Delegacionales en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa alta y
    Xochimilco, así como el Director General del Patrimonio
    Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, que como
    autoridades del Distrito Federal estando obligadas a
    proporcionar informes a los órganos del Instituto Electoral del
    Distrito Federal para el cumplimiento de sus funciones, no lo
    hicieron, irregularidades que se deberán sancionar en los
    términos de la ley, comunicando al Instituto Electoral del
    Distrito Federal las medidas que haya adoptado en el caso
    que nos ocupa’.


     ARTÍCULOS         CONSTITUCIONALES          Y         LEGALES
VIOLADOS.- Se violan en detrimento del Partido que represento el
artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el artículo 120 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal y el artículo 3 del Código Electoral del Distrito Federal.


    CONCEPTO DE AGRAVIO.- Este resolutivo es ilegal dada su
indebida fundamentación y motivación, misma que se deriva en
forma directa e inmediata de los actos y omisiones de los que
adolece la resolución que los contiene.


    Un acto adolece de una indebida fundamentación y
motivación, cuando deriva directa e inmediatamente de los actos y
omisiones de otro acto u omisión que violen alguna disposición
constitucional, como, ha quedado acreditado ocurre con la sanción
impuesta al Partido de la Revolución Democrática.


     Lo anterior es en virtud de que no puede considerarse como
motivación jurídicamente válida de un acto o resolución de una
autoridad el que se base en otro que, a su vez, adolece de
inconstitucionalidad o ilegalidad. Esto es, debe arribarse a la
conclusión que existe una relación causal, jurídicamente
entendida como motivo determinante, cuando el posterior acto
tiene su motivación o causa eficiente en los actos y omisiones
inconstitucionales o ilegales de cierta autoridad, máxime cuando
todos esos actos estén, en última instancia, involucrados por el
alcance de su pretensión.


    En mérito de lo antes expuesto, solicito respetuosamente a
los Magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal dejar sin
efecto el Acuerdo que se impugna por la vía del presente recurso,
instruyendo al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal con la finalidad que se modifique en lo conducente.


    A efecto de acreditar lo anterior, ofrezco las siguientes:


                          PRUEBAS


      1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la versión
definitiva del acuerdo impugnado sometido a consideración del
Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral del Distrito
Federal como punto número 8 (ocho) del Orden del Día, de la
sesión extraordinaria celebrada por dicho órgano colegiado, el día
catorce del presente mes y año, y que fue notificada, el día quince
del presente mes y año (se anexa copia de la cédula de
notificación).


     2.-DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple
del oficio número CF/093/03 de la Comisión de Fiscalización.


      3.-DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el original del
comunicado de la Unidad de Comunicación Social del Instituto
Electoral del Distrito Federal de fecha 21 de enero de 2003,
solicitando respetuosamente a esta autoridad que se lo requiera,
toda vez que es necesario para mejor proveer respecto a la causa.


     4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en
las constancias que obran en el expediente que se forme con
motivo del presente recurso, en todo lo que beneficie a mi
representado.


      5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANO.- Consistente en todo lo que este H. Juzgador pueda
deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los
intereses de la parte que represento.


     Las anteriores probanzas se relacionan con todos y cada uno
de los hechos y agravios hechos valer en el presente medio de
impugnación.


     Por todo lo antes expuesto y fundado, atentamente solicito:


     PRIMERO.- Tener por interpuesto el presente recurso en los
términos del mismo y por reconocida la personalidad de quien
suscribe, resolviendo lo que en el presente se plantea.


     SEGUNDO.- En plenitud de jurisdicción dejar sin efecto el
Acuerdo que se recurre, proveyendo en los términos antes
señalados.
                           TERCERO.- En plenitud de jurisdicción dejar sin efecto los
                      resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y
                      QUINTO de la resolución impugnada.”


3. El día veinte de marzo del presente año, se notificó por estrados por un plazo de

setenta y dos horas el acuerdo de interposición del recurso dictado por la responsable y

el escrito relativo al medio de impugnación en cumplimiento al principio de publicidad

procesal ordenado por el artículo 255, del Código Electoral del Distrito Federal.



4. Por considerar que posee un derecho incompatible con el que pretende el partido

recurrente, el veintitrés de marzo del año en curso, dentro del plazo señalado en el

punto anterior, compareció el ciudadano Francisco Carlos Zárate Ruíz, quien se ostenta

como representante suplente del Partido Alianza Social, con el carácter de tercero

interesado, haciendo valer sus pretensiones al tenor literal siguiente:



                              “FRANCISCO CARLOS ZÁRATE RUIZ , Representante
                      Suplente del Partido Alianza Social ante el Consejo General del
                      Instituto Electoral del Distrito Federal, como se encuentra
                      acreditado ante el propio Consejo, con la calidad de TERCERO
                      INTERESADO, señalando como domicilio para efectos del
                      presente procedimiento la casa 136 en la calle de Gabino
                      Barreda, colonia San Rafael, Distrito Federal y autorizando para
                      recibir notificaciones y documentos, indistintamente a los
                      Licenciados en Derecho RAMÓN MACÍAS CORTÉS, MANUEL
                      URIBE Y FREDDY BAUTISTA MOJICA, respetuosamente digo:

                           Que con fundamento en los artículos 245, 247, relativos y
                      aplicables del Código Electoral del Distrito Federal, concurro al
                      presente recurso en calidad de tercero interesado, precisando los
                      siguientes:

                                      PRESUPUESTOS PROCESALES:

                      (1) Apelante, Partido de la Revolución Democrática.

                      (2) Autoridad Electoral Responsable es el Consejo General del
                          Instituto Electoral del Distrito Federal.

                      (3) Acto impugnado: la resolución del Consejo General del
                          Instituto Electoral del Distrito Federal, respecto de la queja
                          interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en
                          contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado
                          con la clave de expediente IEDF-QCG/001/2003.

                      (4) Tercero Interesado, es el Partido Alianza Social.

                      (5) Interés Jurídico, se encuentra en que el Partido Alianza Social,
                          al ser miembro del Consejo General del Instituto Electoral,
                          busca que se respeten los principios rectores del propio
                          Instituto, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
   objetividad, equidad, entre los partidos políticos, y al haber
   iniciado una competencia desleal el partido apelante, es fácil
   inferir que nuestro partido tiene un interés incompatible con el
   apelante.

   Así mismo en la resolución impugnada por el Partido de la
   Resolución Democrática, se hace referencia a promociones
   presentadas por el Partido Alianza Social. Es más el propio
   Partido   de    la   Revolución     Democrática,   profiere
   argumentaciones en relación a esas promociones nuestras.

    Ahora bien, con fundamento en el artículo 247 Fracción II,
Inciso E , del Código Electoral del Distrito Federal, formulo las
siguientes:

                        PRETENSIONES

    ÚNICA.- Que se confirme la resolución que apela el Partido
de la Revolución Democrática, con base en los siguientes
razonamientos:

     El apelante, pretende confundir a la autoridad jurisdiccional,
al señalar en la páginas 35 a 48 de su recurso de apelación, que
se siguió en su contra un procedimiento en forma de juicio, sin
que se le hayan respetado las garantías de audiencia, legalidad y
debido proceso, toda vez que no fue oído, ni vencido en el mismo.

     Pues, argumenta que el Partido Alianza Social, promovió un
procedimiento fundado en el artículo 277 del Código Electoral del
Distrito Federal, situación que es inexacta.

    Desde luego, el Partido Alianza Social, en fecha 28 de enero
del presente año, presentó escrito dirigido al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito
Federal, por considerar que el Partido hoy apelante, con su
despliegue de propaganda, infringió la normatividad vigente, por
cuanto se refiere al aspecto del financiamiento (público y privado)
para las actividades de los Partidos Políticos (ordinarias
permanentes y gastos de campaña).

     Así las cosas, la promoción que presentó el Partido Alianza
Social, ante la Comisión de Fiscalización, halla sustento legal en
los artículo 38, 66 y relativos del Código Electoral del Distrito
Federal, y no en el artículo 277 del mismo ordenamiento como
equivocadamente lo señala el Partido apelante.

      Por otra parte, atinadamente señala el Partido apelante, que
ni siquiera se le ha notificado el procedimiento de denuncia,
iniciado por el Partido Alianza Social, y en este caso, desde luego
que tiene razón: sin embargo, el agravio que hace valer resulta
inoperante, pues el procedimiento que inició con el escrito de
fecha 28 de enero de 2003, aún no ha llegado al momento
procedimental oportuno para hacerle la formal notificación al
apelante, para que concurra al procedimiento, que se le sigue
ante la Comisión de Fiscalización.

     El Instituto Electoral del Distrito Federal, en el acto
impugnado, únicamente se apega a las facultades que legalmente
tienen conferidas, pues al valorar las pruebas, incluso
discrecionalmente puede allegarse elementos para mejor proveer,
sobre la resolución del asunto, como en el presente caso ocurrió,
con los argumentos que encontró en el escrito presentado por
Partido Alianza Social, sin necesidad de que se declaré
acumulación de denuncias o quejas por que como ya quedó
establecido, nuestro escrito de fecha 28 de enero de 2003, es
competencia de la Comisión de Fiscalización.

      Por último, es importante señalar que el apelante tilda al
Instituto Electoral del Distrito Federal como una autoridad parcial,
dependiente, carente de neutralidad, que da un trato preferencial
al Partido Alianza Social; incluso que el Partido Alianza Social es
instancia auxiliadora del Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal. Estas únicamente constituyen apreciaciones
subjetivas que en un afán defensista desesperado, por la sanción
que le impone la autoridad administrativa, emite el Partido
apelante y que en estricto derecho constituyen diatriba, calumnia,
infamia o difamación, proferidas hacia el Partido Alianza Social y
al Instituto Electoral del Distrito Federal.

     Independientemente de todo lo anterior, los argumentos del
Partido de la Revolución Democrática resultan inoperantes por lo
siguiente:


     El procedimiento iniciado a través de nuestros escritos,
todavía no culmina. Los señalamientos que hicimos no han sido
resueltos. Es decir, todavía no se le causa ningún agravio al
Partido de la Revolución Democrática.

     El aspecto que fundamentalmente planteamos fue el
financiero.

     Todo indica que el Partido de la Revolución Democrática,
hizo actos de campaña antes de tiempo. Y por ese motivo, el
Partido Revolucionario Institucional se quejó y el Instituto
Electoral del Distrito Federal sancionó al Partido de la Revolución
Democrática.

     Pues bien, además del aspecto político-electoral, está el
financiero. Esos actos de campaña indebidamente anticipados,
tuvieron repercusión económica. Y lo que el Parido Alianza Social
hizo fue solicitar que la Comisión de Fiscalización del Instituto
Electoral del Distrito Federal, investigue el origen y el uso de los
recursos económicos de estos actos de campaña anticipados.
Sólo hasta que el Partido de la Revolución Democrática sea
sancionado también el aspecto financiero, tendría interés jurídico
en impugnar las consideraciones relativas a nuestros escritos.

                            PRUEBAS

I.- Los hechos son públicos y notorios, por lo que de conformidad
con el artículo 264 del Código Electoral para el Distrito Federal,
no necesitan ser probados por el tercero interesado.

II.- La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y
humana.

Por lo expresado, atentamente pido:

ÚNICO.- Después de los correspondientes trámites de ley,
confirmar la resolución impugnada por el apelante.”
5. Con fecha veinticuatro de marzo del presente año, el ciudadano Vicente Gutiérrez

Camposeco, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, presentó

escrito con el carácter de tercero interesado.



Esta autoridad jurisdiccional advierte que la presentación de dicho escrito se realizó

fuera del plazo estipulado en el artículo 247, fracción II, en relación con el artículo 255,

del Código Electoral del Distrito Federal, los cuales refieren que recibido un recurso de

apelación la Autoridad Responsable lo hará del conocimiento público mediante cédula

que fijará en los estrados por un plazo de setenta y dos horas. En tal virtud y siendo que

la fijación en estrados del recurso interpuesto por el Partido de la Revolución

Democrática fue realizada a las veintiún horas del veinte de marzo de dos mil tres,

feneciendo y procediendo a su retiro a las veintiún horas del veintitrés del mismo mes y

año, resulta evidente que el escrito por el cual el representante propietario del Partido

Revolucionario Institucional, pretende que se le otorgue el carácter de tercero

interesado en el procedimiento fue presentado de manera extemporánea por lo que

esta autoridad jurisdiccional resuelve no tener por interpuesto el referido ocurso.



6. El veinticinco de marzo del año en curso, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral

del Distrito Federal presentó ante este Tribunal el expediente administrativo IEDF-

CG/RA003/2003, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el

Partido de la Revolución Democrática en el cual se contenía el escrito mediante el que

se interpuso el recurso de mérito, la copia certificada del acto impugnado, los escritos

presentados por el Partido Alianza Social y el Partido Revolucionario Institucional, las

pruebas aportadas por el recurrente y los demás elementos necesarios para la

resolución, así como su informe circunstanciado, en el que manifestó lo siguiente:



                      “INFORME CIRCUNSTANCIADO QUE SE RINDE EN LOS
                      TERMINOS DEL ARTICULO 255, PARRAFO PRIMERO,
                      INCISO e) DEL CODIGO    ELECTORAL DEL DISTRITO
                      FEDERAL

                      CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES
                      DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
                      DISTRITO FEDERAL
                      PRESENTES
ADOLFO RIVA PALACIO NERI, con el carácter de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones, el inmueble
ubicado en la calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los
Colorines, C.P. 11510, Delegación Tlalpan de esta Ciudad y
autorizando para tales efectos a los CC. Licenciados en Derecho:
Gloria Athié Morales, Julio Enrique de la Fuente Rocha, Meriba
Trejo Cerda, Gustavo Velasco González, Enrique Abraham
Maldonado Nieto, Félix Correa Sánchez, Andrés Norberto García
Repper Favila, Marco Antonio Nájera Salazar, Martín Núñez
Escárcega, Nancy Fernanda Gutiérrez Trujillo, así como a los
pasantes en derecho Lourdes Alegre Chávez, Rocio Alejandra
Torreblanca, Severino Rogelio Fernández Villanueva y Alma Rosa
Miranda García, indistintamente, ante Ustedes comparezco para
exponer:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 255 párrafo
primero, inciso e) del Código Electoral del Distrito Federal y en
relación con el recurso de apelación interpuesto con fecha
diecinueve de marzo del año en curso ante el C. Presidente del
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
suscrito por el C. FROYLÁN YESCAS CEDILLO, en su carácter
de representante suplente del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, en contra de:

    ‘…La resolución del Consejo General del Instituto Electoral
    del Distrito Federal respecto de la queja interpuesta por el
    Partido Revolucionario Institucional, en contra del suscrito
    Partido de la Revolución Democrática, identificada con la
    clave de expediente IEDF-QCG/001/2003’.

a continuación se rinde:

                    INFORME JUSTIFICADO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 255, inciso e) y
párrafo segundo del Código Electoral del Distrito Federal, y acorde
a lo previsto por el artículo 246 fracción II de dicho ordenamiento,
en relación con los documentos que obran en el archivo del
Instituto Electoral del Distrito Federal, me permito informar que el
C. Froylán Yescas Cedillo, tiene acreditada su personería, como
representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática
ante el consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal
acreditando así su legitimación para presentar el medio de
impugnación que nos ocupa.

Por otra parte y antes de expresar los motivos y fundamentos
jurídicos que se harán valer en el presente Informe
Circunstanciado, es conveniente hacer notar que en términos del
artículo 3° párrafo segundo del Código de la materia, el Instituto
Electoral del Distrito Federal realiza las funciones que tiene
encomendadas, con estricto apego a los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad,
poniendo como único límite a su desempeño, el mandato de la ley.

La apelación que hoy nos ocupa versa sobre la supuesta violación
a los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en
los artículos catorce y dieciséis constitucionales infringida por la
resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal recaída a la queja promovida por el Partido
Revolucionario Institucional en contra el Partido de la Revolución
Democrática identificada     con   clave   de   expediente   IEDF-
QCG/001/2003.

Es el caso que con fecha veintidós de enero de dos mil tres, el
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
presentó un escrito por el cual, con fundamento en el artículo 277
del Código Electoral del Distrito Federal, promueve queja
solicitando al Consejo General, se investigaran hechos que
pudieran ser constitutivos de infracciones tales como:

    ‘Las acciones de propaganda que el PRD realiza bajo el
    engaño y pretexto de su Proceso de Elección Interna,
    utilizando a su libre albedrío, con el consentimiento y
    complacencia de las autoridades del Gobierno del Distrito
    Federal, bardas, árboles, casetas telefónicas y postes, así
    como inmuebles que son propiedad o de aquellos en que
    tienen posesión el Gobierno del Distrito Federal, en los que
    pinta, cuelga pendones o pega la más diversa propaganda
    promoviendo de manera disfrazada como precandidatos a
    quienes     serán   Candidatos         a   las    elecciones
    constitucionales…’

Con fecha veintitrés de enero de dos mil tres, con fundamento en
el artículo 277 del Código de la materia, el escrito que nos ocupa
fue turnado a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su debida
tramitación, en auxilio de la Secretaría Ejecutiva.

Con fundamento en el mismo artículo, el veintiocho de enero de
dos mil tres, se turnó a la Unidad de Asuntos Jurídicos el escrito
de fecha veintisiete de enero del año en curso, suscrito por el
Partido Alianza Social, mediante el cual manifestó presuntas
violaciones a la normatividad electoral así como a los principios de
equidad y legalidad por parte del Partido de la Revolución
Democrática

Con fecha treinta de enero de dos mil tres, se acordó la radicación
de las fotografías ofrecidas como pruebas y dio inicio el
procedimiento correspondiente, ordenándose correr traslado al
Partido de la Revolución Democrática, para que en términos de
ley contestara lo que a su derecho conviniera y aportara las
pruebas que considerara pertinentes en relación con los hechos
que le imputó el Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del este
Instituto.

Asimismo, se ordenó a la Unidad de Asuntos Jurídicos, realizara
una inspección en los lugares que refirió el promoverte en el
capítulo de pruebas de su escrito de queja; se ordenó a las
cuarenta Direcciones Distritales de este Instituto, para que
presentaran un informe sobre el estado que guardaran los lugares
de uso común susceptibles de ser distribuidos a los Partidos
Políticos para efectos de propaganda en el proceso electoral
ordinario, comprendidos en su ámbito territorial, asimismo debían
informar sobre la existencia de dicha propaganda en el
equipamiento y en el mobiliario urbano; también se ordenó, se
giraran oficios a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas,
para que informara a la Secretaría Ejecutiva si había recibido por
parte del Partido de la Revolución Democrática información alguna
respecto de los gastos que presuntamente ha realizado; al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que manifestara lo que a
sus intereses conviniera; al Secretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda, a los dieciséis Jefes Delegacionales y al Director
General de Patrimonio Inmobiliario, todos ellos del Gobierno del
Distrito Federal, a efecto de que se sirvieran informar sobre los
hechos materia de la queja y en particular sobre los inmuebles
propiedad del Gobierno del Distrito Federal o de los que tenga
éste en posesión, en que se hubiera instalado, pegado o pintado
la propaganda aludida.

Con fecha treinta de enero de dos mil tres, se dictó Acuerdo por el
que se tuvo al Partido Alianza Social, por conducto de su
Representante Propietario ante el Consejo General de este
Instituto, haciendo las manifestaciones contenidas en el escrito de
fecha veintisiete de enero del año en curso, ordenándose glosar a
las actuaciones el escrito referido, para los efectos legales
correspondientes.

Con fecha treinta y uno de enero de dos mil tres, en cumplimiento
al Acuerdo de fecha treinta de enero del mismo año, se realizó
una inspección en los lugares que refiere el promoverte en el
capítulo de pruebas de su escrito de queja, a fin de que se
corroborara la veracidad de lo afirmado por el quejoso y la
autenticidad de lo reproducido en las fotografías aportadas como
pruebas, lo que se hizo constar por escrito en tres actas
circunstanciadas, que en términos generales constataron en su
mayoría la existencia de dichos elementos propagandísticos
conforme al dicho de la queja presentada por el Partido
Revolucionario Institucional.

Con fecha tres de febrero de dos mil tres, se emitió un Acuerdo,
mediante el cual se ordenó se girara oficio a la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, para que aportara a la Secretaría
Ejecutiva, información vinculada con la queja.

Con fecha tres de febrero de dos mil tres, se presentó ante la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto el oficio de la misma fecha,
firmado por el Lic. Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez, Director
Ejecutivo de Asociaciones Políticas, mediante el cual manifestó
que esa Instancia Ejecutiva, no había recibido del Partido de la
Revolución Democrática información relativa a la propaganda de
fijada diversos lugares de la ciudad.

Mediante oficio de fecha siete de febrero del año en curso, el
Consejero Electoral Eduardo R. Huchim May, Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General de este Instituto,
manifestó que la Comisión de Fiscalización no contaba con
información relacionada con la queja de referencia y señaló que
requirió información diversa a los partidos políticos relacionada
con la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional

Mediante escrito de fecha cuatro de febrero de dos mil tres, el C.
Froylán Yescas Cedillo, en su carácter de Representante Suplente
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
contestó en tiempo y forma la queja presentada en su contra por
el Partido Revolucionario Institucional, solicitando declarar
improcedente la queja materia de estudio, ante su evidente
frivolidad e improcedencia.

Con fecha siete de febrero de dos mil tres, se dictó Acuerdo en el
que se tuvo al Partido de la Revolución Democrática por conducto
de su Representante Suplente, el C. Froylán Yescas Cedillo,
contestando, en tiempo y forma, lo que a su derecho convino y se
tuvo por acreditada su personería.
Posteriormente se recibieron diversos oficios signados por
distintas autoridades del Distrito Federal, así como autoridades
distritales en donde informaron respecto de lo solicitado por este
Instituto en relación con la queja motivo de la impougnación que
nos ocupa

Mediante Acuerdo de fecha cinco de marzo de dos mil tres,
emitido por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se declaró
cerrada la instrucción en el presente asunto.

En virtud de lo anterior se elaboró Dictamen de resolución, mismo
que fue sometido a la consideración del Consejo General, siendo
aprobado en sus términos en Sesión del Consejo General del día
14 de marzo del año en curso.

Con fecha dieciséis de marzo del año en curso, se recibió en la
Oficialía de Partes de este Instituo el recurso de apelación
interpuesto por el C. Froylán Yescas Cedillo en su carácter de
representante suplente del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
en contra de la resolución recaída a la queja interpuesta por el
Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido de la
Revolución Democrática.

Ahora bien, la resolución impugnada se apegó al principio de
legalidad para ser emitida. Se sustenta lo anterior en los
siguientes términos:

         LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

Dispone el artículo 238, que los medios de impugnación son
medios para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de
la autoridad electoral, y con ello establece el supuesto de que la
legalidad es necesaria en el actuar de la autoridad electoral.

Aplicado a la materia electoral, el principio de legalidad significa
que todo acto que pueda implicar, molestia a los ciudadanos o
agrupaciones políticas deberá constar por escrito, emanar de la
autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado,
entendiéndose por fundado la invocación precisa del precepto
jurídico que la autoridad considera aplicable al caso particular,
debiendo señalar la hipótesis de derecho concretada en el caso
analizado; así como por motivación, el señalamiento preciso de
las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que han determinado a la autoridad a emitir el acto, es
decir, la motivación es la razón fáctica que se erige en causa de la
emisión del acto o resolución.

Una vez acotado el marco jurídico que regula una especial
situación o circunstancia, como lo electoral en el Distrito Federal, a
través de los supuestos que éste señala, la conducta de la
autoridad, debe apegarse a lo prescrito en la norma.

Ahora bien, la resolución impugnada es legal en tanto se apegó al
principio de legalidad al ser emitida. En este informe se hará
referencia a los ordenamientos específicos que se aplicaron al
caso que nos ocupa, a fin de demostrar el apego por parte de esta
autoridad a la ley.

Respecto de la admisión de la queja, que motivo la resolución del
Consejo General hoy impugnada, el Código Electoral del Distrito
Federal, establece en su artículo 277 que un Partido Político,
aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal, se investiguen las
actividades de otros partidos Políticos o de una agrupación
política cuando se incumplan sus obligaciones de manera grave o
sistemática. Con lo anterior, el Código permite la interposición de
denuncias de presuntos hechos violatorios de la norma electoral
por parte de algún partido o agrupación política local.

Asimismo, el artículo 25, inciso a) del Código de la materia
establece que las obligaciones de las asociaciones políticas son
entre otras, conducir sus actividades dentro de los cauces legales
así como de sus normas internas, y ajustar su conducta y la de
sus militantes a los principios del estado democrático, respetando
la libre participación política de las demás asociaciones políticas y
los derechos de los ciudadanos.

En efecto, esta autoridad, en estricto apego al principio de
legalidad con relación a los artículos 277 y 25, inciso a) del Código
de la materia, admitió, tramitó y resolvió el procedimiento de cuya
apelación hoy nos ocupa. Por ello es infundado el argumento de
que la resolución impugnada violenta en forma recurrente los
derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16
constitucionales que consagran diversas garantías de seguridad
jurídica.

                    CAPÍTULO DE AGRAVIOS

PRIMERO.- El hoy apelante argumenta que los resolutivos
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO                  QUINTO Y
SEXTO, le causan agravio “por sustentarse en una ilegal
declaración de procedencia”, establecida en el considerando
PRIMERO, confundiendo como declaración de procedencia, la de
competencia que sobre sí mismo hace el Consejo General en su
considerando PRIMERO al desarrollar la motivación de lo resuelto
en ese procedimiento, Abundando , el impugnante manifiesta que
en ningún momento se motivó la procedencia del recurso, lo
anterior carece de sentido si se observa que la declaración de
competencia del considerando PRIMERO de la resolución
impugnada, en ningún momento intenta fundamentar o motivar
razones por las que se califique al procedimiento de queja
incoado, como procedente.

La competencia de una autoridad para conocer cualquier asunto o
controversia, resulta de un mandato expreso de la norma, cuya
aplicación no requiere de motivación toda vez que por su
naturaleza, es imperativa, no sujeta a un razonamiento de
silogismos que acrediten su aplicación.

Al respecto, esta autoridad sostiene que el Consejo General de
este Instituto es competente para conocer y resolver la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, toda vez
que el artículo 74 inciso k) le otorga la atribución al Secretario
Ejecutivo del Consejo para recibir, sustanciar o tramitar los medios
de impugnación, competencia del Consejo General y en su caso
preparar el Dictamen correspondiente, que se someterá a
consideración del Consejo General para su determinación,
deviniendo en consecuencia la competencia del Consejo General
del manera expresa de este artículo, asimismo, el artículo 274 del
Código de la Materia otorga competencia al Instituto Electoral del
Distrito Federal para conocer de infracciones que cometan las
autoridades del Distrito Federal, y las asociaciones políticas
Más adelante, en su agravio PRIMERO el hoy apelante sostiene
que le causa agravio la falta de estudio de las causales de
improcedencia que sometió a conocimiento del Instituto Electoral
del Distrito Federal. Sobre esto, cabe señalar que dichas causales
fueron estudiadas, y resuelta su pertinencia, como quedó
establecido en el considerando TERCERO de la resolución
impugnada, con vista al escrito mediante el cual se argumentaron.

En dicho ocurso, se apreció que no se actualiza causa alguna de
improcedencia o sobreseimiento, en tanto no se acredita el
supuesto establecido en el artículo 251, inciso a) del Código de la
Materia , no obstante que en su escrito, el apelante manifiesta la
improcedencia de la investigación solicitada, ya que los hechos
denunciados eran –y así lo reconocía la autoridad electoral- de
naturaleza interna al Partido de la Revolución Democrática, y por
lo tanto se carecía de interés jurídico en el sentido de que dichos
actos no afectaban a las demás asociaciones políticas.

No es óbice lo anterior, ya que en apego al principio de
exhaustividad aplicado por esta autoridad al admitir la queja, la
denuncia que provocó el procedimiento y la investigación, versaba
sobre conductas presuntamente violatorias de lo dispuesto en el
artículo 25 inciso a) del Código Electoral del Distrito Federal,
donde el Partido de la Revolución Democrática no condujo sus
actividades dentro de sus cauces legales, no respetando la libre
participación política de los demás partidos, ello, al realizar
conductas que lesionaran la libre competencia debido a que los
actos denunciados eran materia de una campaña formal, con lo
que se colocaba a las demás asociaciones políticas en una clara
desventaja con relación al proceso electoral próximo futuro.

El Partido de la Revolución Democrática argumentó como causal
de improcedencia que el quejoso carecía de interés jurídico. Al
respecto, y por tratarse de una cuestión de orden público, esta
autoridad electoral analizó las causales de improcedencia
esgrimidas.

El Partido de la Revolución Democrática señaló que se actualizó
la causal establecida en el inciso a) del artículo 251 del Código
Electoral del Distrito Federal, que prevé que los medios de
impugnación serán improcedentes cuando se pretenda impugnar
actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor,
agregando existe falta de dicho interés por parte del quejoso.

El Partido quejoso, contó con interés jurídico para promover la
queja en apego al artículo 277 del Código Electoral del Distrito
Federal, en que un partido político, aportando elementos de
prueba, puede solicitar, se investiguen las actividades de otros
partidos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o
sistemática, por lo que los partidos políticos cuentan con el
derecho subjetivo de que la autoridad electoral realice la
investigación correspondiente, y en uso de sus atribuciones,
tramite y substancíe el procedimiento de queja.

Al efecto, no se requiere que el quejoso resienta un perjuicio en su
esfera jurídica, en virtud de que como partido político siendo un
ente, tiene entre otras la finalidad, de promover la participación del
pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la
representación en cargos de elección popular.
El quejoso contó con interés jurídico toda vez que los hechos
respecto de los cuales solicitó se investigara la actuación del
Partido de la Revolución Democrática, conforme a los causes
legales, son objeto de un derecho público subjetivo de promover la
queja conforme al artículo 277 del Código Electoral del Distrito
Federal.

Al respecto es aplicable las tesis sustentadas por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a continuación
se citan:

    ‘CUENTAN CON INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA
    DETERMINACIÓN FINAL QUE SE ADOPTE, SI ESTIMAN
    QUE ES ILEGAL.-El artículo 40, párrafo 1, del Código Federal
    de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que un
    partido político se encuentra en aptitud de pedir al Consejo
    General del Instituto Federal Electoral, se investiguen las
    actividades de otros institutos políticos o de una agrupación
    política cuando incumplan sus obligaciones de manera grave
    o sistemática, lo que muestra que los partidos políticos
    cuentan con esa atribución para incitar el actuar de la
    autoridad, a fin de que ésta, en uso de sus atribuciones,
    atienda su pedimento y acceda a su pretensión; en otras
    palabras, para que desarrolle el procedimiento atinente y lo
    culmine, de ser el caso, con la imposición de una o varias
    sanciones. Así, puede afirmarse, que existe una norma
    objetiva que consigna en favor de los partidos políticos, una
    facultad o potestad de exigencia a la autoridad para que
    proceda en los términos indicados, la cual es correlativa al
    deber jurídico de cumplirla, lo que se traduce en que, quien la
    ejerce, cuenta con el interés jurídico necesario no sólo para
    presentar la queja, sino de participar y vigilar la adecuada
    instrucción del procedimiento relativo e, inclusive, de
    inconformarse con la determinación final que se adopte, si
    estima que se aparta del derecho aplicable.

    Recurso de apelación. SUP-RAP-012/99 y acumulados.-
    Partido Revolucionario Institucional.- 30 de junio de 1999. –
    Unanimidad de cinco votos.- Ponente: Alfonsina Berta
    Navarro Hidalgo.- Secretario: Antonio Valdivia Hernández.

    Revista Justicia Electoral 2000, Tercera Época, suplemento 3,
    páginas 66-67, Sala Superior, tesis S3EL042/99.

    Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
    1997-2002, página 683.’

    ‘PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR
    ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA
    LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. La
    interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley
    General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
    Electoral, ……….

    ………. no se requiere que este interés derive de un derecho
    subjetivo o que el promovente resienta un perjuicio personal y
    directo en su acervo puramente individual, para promover los
    medios de impugnación válidamente. Para este efecto, los
    partidos políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir
    las acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja
    perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos,
    en cuanto entidades de interés público, creadas, entre otras
    cosas, para promover la participación del pueblo en la vida
    democrática, contribuir a la integración de la representación
    nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible
    el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el
    sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos
    se deben observar invariablemente los principios de
    constitucionalidad y legalidad, mismos a quienes se confiere
    la legitimación preponderante para hacer valer los medios de
    impugnación en esta materia, …”
    Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 23-25,
    Sala Superior, tesis S3ELJ 15/2000.’

Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática, manifestó que
es improcedente la queja por no existir un marco legal que norme
las pretensiones del Partido Revolucionario Institucional, en el
sentido de que se investiguen los actos de campañas internas,
susceptibles de trascender a la ciudadanía; al respecto, no le
asiste la razón al Partido de la Revolución Democrática, toda vez
que existe la disposición legal establecida en el inciso a) del
artículo 25 del Código Electoral del Distrito Federal, la cual
dispone que las Asociaciones Políticas deben conducir sus
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la
de sus militantes a los principios del Estado democrático,
respetando la libre participación política de las demás
asociaciones políticas y los derechos de los ciudadanos.

Situación a la que se falta, pues con los actos de propaganda
realizados se contravinieron las disposiciones establecidas en los
artículos 147, 148, párrafo primero, 154, inciso d) y e), 155, 156,
del Código Electoral del Distrito Federal, normas que rigen a los
Partidos Políticos, no sólo para las campañas electorales, sino
que como disposiciones de orden público y de observancia
general en el Distrito Federal, deben ser observadas en todo
momento, siendo una obligación conducirse dentro de los causes
legales, por lo que resultó infundado el argumento manifestado
por el Partido Político en sus causales de improcedencia, en el
sentido de que sus actos de campaña interna no son regulados
por ninguna disposición legal, máxime cuando estos trascienden
su ámbito interno.

En consecuencia, en el presente asunto se cumple con el principio
de legalidad, al existir la norma jurídica aplicable al caso.

Una vez analizadas las causales de improcedencia que hizo valer
el Partido de la Revolución Democrática y del estudio realizado
por esta autoridad, no se desprendió que se actualizara causal de
improcedencia alguna, y atento a ello, se articuló el considerando
que se ataca.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia suguiente :

    ‘PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR
    ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA
    LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES.- La
    interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley
    General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
    Electoral, en relación con el Código Federal de Instituciones y
    Procedimientos Electorales, y especialmente los principios
    rectores en la materia electoral federal consignados
    medularmente en el artículo 41 de la Constitución Política de
    los Estados Unidos Mexicanos hacen patente que los
    partidos políticos nacionales están facultados para deducir las
acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos
que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la
etapa de preparación de los procesos electorales, por las
siguientes razones: Para la consecución de los valores de la
democracia representativa, se requiere la elección de los
gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal, libre,
secreto y directo de la ciudadanía. Para hacer posible el
ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con esas
calidades, se hace indispensable la organización de los
procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la
preparación de las condiciones necesarias para hacer
realidad dicho objetivo. Si los actos preparatorios son de
carácter instrumental respecto al ejercicio del derecho al
sufragio que se lleva a cabo en la jornada electoral, es
indudable que las deficiencias, irregularidades o desviaciones
de tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno
de los ciudadanos que pueden votar en los comicios que
posteriormente se deben celebrar. Sin embargo, la ley no
confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdiccional para
la defensa de ese interés, ni en forma individual ni en
conjunto con otros ciudadanos, sino que sólo les otorga
acción respecto de algunas violaciones directas al citado
derecho político, y ni siquiera les permite invocar en estos
casos como agravios las violaciones cometidas durante el
proceso electoral, como causantes de la conculcación directa
del derecho político, ya que tiene establecido que los actos
preparatorios se convierten en definitivos e inimpugnables al
término de esa etapa del proceso electoral. Las
circunstancias apuntadas ubican a los intereses de los
ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral
en condición igual a los que la doctrina contemporánea y
algunas leyes denominan intereses colectivos, de grupo o
difusos, que tienen como características definitorias
corresponder a todos y cada uno de los integrantes de
comunidades de personas indeterminadas, comunidades que
crecen y disminuyen constantemente, carecen de
organización, de representación común y de unidad en sus
acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo
o difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales
con el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes
con su finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de
las acciones tradicionales construidas para la tutela directa de
derechos subjetivos claramente establecidos y acotados,
acciones individuales que se conceden solamente a los
sujetos que se puedan ver afectados directa e
individualmente por determinados actos. En consecuencia, en
procesos jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción
electoral, se deben considerar acogidos estos tipos de
acciones, cuando se produzcan actos que afecten los
derechos de una comunidad que tenga las características
apuntadas, y que sin embargo no se confieran acciones
personales y directas a sus integrantes para combatir tales
actos, siempre y cuando la ley dé las bases generales
indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o
principios que las obstaculicen. En la legislación electoral
federal mexicana, no existen esos posibles obstáculos,
porque sólo exige que los actores tengan un interés jurídico,
como se advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado 1,
inciso b) de la primera ley citada, pero no se requiere que
este interés derive de un derecho subjetivo o que el
promovente resienta un perjuicio personal y directo en su
acervo puramente individual, para promover los medios de
    impugnación válidamente. Para este efecto, los partidos
    políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir las
    acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja
    perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos,
    en cuanto entidades de interés público, creadas, entre otras
    cosas, para promover la participación del pueblo en la vida
    democrática, contribuir a la integración de la representación
    nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible
    el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el
    sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos
    se deben observar invariablemente los principios de
    constitucionalidad y legalidad, mismos a quienes se confiere
    la legitimación preponderante para hacer valer los medios de
    impugnación en esta materia, según se ve en los artículos 13,
    apartado 1, inciso a); 35, apartados 2 y 3; 45, apartado 1,
    incisos a) y b), fracción I; 54, apartado 1, inciso a); 65,
    apartado 1, y 88, apartado 1, todos de la citada ley de medios
    de impugnación.

    Tercera Época:

    Recurso    de    apelación.    SUP-RAP-020/99. Partido
    Revolucionario Institucional. 6 de diciembre de 1999.
    Unanimidad de votos.

    Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados.
    Democracia Social, Partido Político Nacional.- 7 de enero de
    2000. Unanimidad de votos en el criterio.

    Recurso de apelación. SUP-RAP-039/99. Coalición Alianza
    por México.- 7 de enero de 2000. Unanimidad de votos.

    Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 23-25,
    Sala Superior, tesis S3ELJ 15/2000.’


SEGUNDO.- (Se hace notar que el apelante lo denomina
numéricamente como PRIMERO) El hoy apelante argumenta que
se violó en su perjuicio, la garantía de audiencia consagrada en el
artículo 14 constitucional , toda vez que no se le corrió traslado
respecto del escrito interpuesto por el partido Alianza Social, en el
que solicitaba dicho partido, llevar a cabo un monitoreo de los
medios electrónicos e impresos de difusión de la propaganda del
Partido de la Revolución Democrática; explorar la posibilidad de
hacer inspecciones oculares por parte de los órganos electorales
en cada distrito al equipamiento urbano; y exigir al partido
involucrado la rendición de cuentas respecto de su proceso
interno de selección de candidatos, antes del inicio formal de las
campañas electorales.

En efecto, el escrito interpuesto por el Partido Alianza Social se
recibió con posterioridad a la queja del Partido Revolucionario
Institucional, no obstante, el procedimiento establecido en el
artículo 277 del Código de la materia estaba ya en proceso de
trámite.

Con fecha treinta de enero se emitió acuerdo por el cual se tuvo al
Partido Alianza Social, ‘haciendo las manifestaciones contenidas
en el escrito de veintisiete de enero del año en curso, para los
efectos legales a que haya lugar… NOTIFÍQUESE el presente
acuerdo mediante publicación en los estrados de este Instituto por
un término de setenta y dos horas contadas a partir del momento
de su fijación, en cabal cumplimiento al principio de publicidad
procesal previsto en el artículo 3° párrafo tercero parte final del
código Electoral del distrito Federal.’ Como se observa, el hoy
apelante fue notificado en tiempo y forma, en cumplimiento al
acuerdo del treinta de enero del año en curso, por lo que el
agravio manifestado carece de toda fundamentación y es por ello
improcedente.

Se ajustó la actuación de esta autoridad, a la norma.

Donde el hecho fue oportuna y correctamente conocido por el
impugnante, no cabe posibilidad de agravio alguno. Es en este
sentido que se sostiene la falta de materia en cuanto al agravio
SEGUNDO.

TERCERO.- Igualmente resulta infundado este agravio que hace
valer el recurrente en su escrito de impugnación, toda vez que las
múltiples violaciones que considera el recurrente que se enlazan
para dar lugar al resolutivo PRIMERO de la Resolución recurrida,
se encuentran debidamente fundadas y motivadas en el
considerando SEXTO de la misma, como quedará demostrado
con el razonamiento de cada uno de los incisos en los que divide
el impugnante el presente supuesto agravio.

En cuanto al primer argumento que dice: ‘a) Es falso que el
Partido de la Revolución Democrática no se haya apegado al
cause legal, lo que se acredita en virtud de que no existe violación
alguna a los preceptos invocados por la autoridad.’, el partido
inconforme pretende eludir la innegable realidad del cumplimiento
de un procedimiento llevado a cabo por esta autoridad electoral
hasta sus últimas consecuencias, el cual dió inicio una vez
enterada del escrito de queja interpuesto por el Partido
Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución
Democrática motivo de la Resolución impugnada, en cumplimiento
a lo previsto en el artículo 277 del Código Electoral del Distrito
Federal relacionado con la obligación que tienen las Asociaciones
Políticas en términos de lo dispuesto por el inciso a) del artículo 25
del mismo Ordenamiento , por lo que con la finalidad de
determinar que las actividades del ahora recurrente se hubieran
conducido dentro de los causes legales así como de sus normas,
acordó llevar a cabo una inspección ocular partiendo de las
pruebas ofrecidas por el denunciante, así como diversas
solicitudes de información a las autoridades del Gobierno del
Distrito Federal, para que informaran respecto de la propaganda
fijada por el Partido infractor en diversos puntos de la Ciudad,
especialmente en los inmuebles propiedad del mismo o que
tuviera en posesión, solicitando igualmente a cada uno de los
cuarenta Direcciones Distritales del Instituto, que llevaran a cabo
recorridos de inspección en sus demarcaciones territoriales, a fin
de que a su vez informaran de la propaganda fijada, pegada o
adherida en los denominados lugares de uso común y en el
equipamiento urbano.

Como resultado de los actos señalados en el párrafo anterior,
dispuestos por este Instituto para allegarse de medios de
convicción respecto a los hechos denunciados, a través de las
respuestas recibidas en el mismo, tanto por parte de sus órganos
desconcentrados como por las dependencias del Gobierno del
Distrito Federal, y la inspección ocular directa llevada a cabo por
el propio Instituto, resultó innegable la existencia de propaganda
con fines electorales desplegada por el Partido de la Revolución
Democrática fuera de los tiempos establecidos por el Código
Electoral del Distrito Federal, situación que en ningún momento ha
sido desvirtuada por el recurrente, ni mucho menos ofrece prueba
idónea para acreditar lo contrario, con lo que contrario a su
argumento, dicho Partido no se apegó en los hechos en estudio, a
los cuases legales violando en consecuencia las disposiciones
legales respecto al inicio y plazo de campaña, colocación, colgado
y adherencia de propaganda, así como el ejercicio del derecho del
total de los partidos políticos para tener acceso a los lugares de
uso común, reguladas por los artículos 148, 154, incisos d) y e) y
155 del Código Electoral del Distrito Federal.

Cabe resaltar, que el procedimiento de investigación, legalmente
iniciado con la presentación del escrito de queja interpuesto por el
Partido Revolucionario Institucional, en todo momento se
desarrollo     dentro del marco legal con fines de ajustar la
investigación de la queja, al principio de exhaustividad en términos
de lo dispuesto por los artículos 3° tercer párrafo en relación con
el 277 del Código Electoral del Distrito Federal, por tal motivo el
pretendido agravio hecho valer resulta infundado, en virtud de que
el recurrente no expresa el perjuicio o lesión que sufrió en sus
derechos o intereses políticos a causa de las inspecciones
oculares a que se ha hecho referencia, ni con las solicitudes de
informes a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal o
bien a las cuarenta Direcciones Distritales del Instituto Electoral
del Distrito Federal, toda vez que en términos del artículo 253,
fracción I, inciso e) del Código Electoral del Distrito Federal, para
la interposición de los recursos, se debe cumplir como requisito
entre otros, el mencionar de manera expresa y clara los agravios
que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos
presuntamente violados y los hechos en que se basa la
impugnación; requisitos que en el presente caso no fueron
cumplidos por el recurrente.

En cuanto al argumento señalado en el escrito de impugnación
por el recurrente como: ‘b) La autoridad falta a la verdad al decir
que el Partido de la Revolución Democrática, no niega el haber
colocado propaganda electoral de su Instituto Político en el
mobiliario urbano.’, resulta irrelevante, debido a que ante lo
evidente, ha quedado plenamente demostrado que ni con
argumentos filosóficos, teóricos o doctrinales y con la ausencia de
pruebas idóneas, le ha sido materialmente imposible al partido
inconforme desvirtuar que es responsable de la colocación,
fijación y adherencia de propaganda fuera de los plazos
establecidos para tal efecto por el Código Electoral del Distrito
Federal, aun en el supuesto de que sea responsabilidad de sus
militantes, como lo pretende hacer creer, ante la actividad
desmedida con que fue desplegada dicha propaganda, por lo que
tanto la conducta del recurrente como la de sus miembros viola lo
dispuesto por el artículo 275 del Código Electoral del Distrito
Federal,     siendo      sancionable      el     partido    político
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus
dirigentes, miembros o simpatizantes, en aplicación de este
artículo.

A mayor abundamiento, la legalidad del procedimiento de
investigación de la queja llevado a cabo durante la substanciación
de la Resolución ahora impugnada, se encuentra vinculada
estrechamente a la validez de todas las diligencias ordenadas por
esta autoridad electoral y realizadas por sus órganos internos así
como las rendidas por las autoridades del Gobierno del Distrito
Federal, las que por su propia naturaleza y tomando en
consideración que son documentales originales expedidas por
funcionarios electorales y autoridades del Gobierno del Distrito
Federal, tienen valor probatorio pleno, además de que los hechos
denunciados en contra del recurrente, son notorios, ya que son del
dominio público y del conocimiento de los habitantes del Distrito
Federal.

El siguiente argumento de violación contenido en el agravio de
que tratamos, corresponde a: ‘c) La autoridad, indebidamente,
atribuye al Partido y lo responsabiliza por la actividad de
ciudadanos en el ejercicio Pleno                de sus derechos
fundamentales.’, al respecto como ya señalamos en el análisis de
la supuesta violación anterior, el Partido que recurre, al amparo de
lo dispuesto por los artículos 25 y 275 del Código Electoral del
Distrito Federal, no puede sustraerse ni evitar ser responsable por
la conducta desarrollada por sus militantes, so pretexto de que
corresponde a actividades propias de los ciudadanos en ejercicio
de sus derechos fundamentales, ya que el simple uso de los
colores y emblema característico del Partido, lo vincula con los
mismos en virtud de que se encuentran ejerciendo actividades
netamente políticas que, de ser cierto que las realizaran bajo
estrictas condiciones personales, estarían violando los derechos
de registro del propio partido en cuanto a emblema y colores, pues
resultaría, dando valor al argumento en comento del recurrente,
que sus militantes incurren en responsabilidades del orden penal,
por no haber obtenido la autorización del Instituto Político de sus
simpatías, para desplegar la propaganda aludida en prácticamente
toda la Ciudad de México.

Dentro de este mismo inciso de violación, el Partido recurrente
argumenta que la violación mas grave, es aquella en que se
aduce que se consideran los actos del Partido de la Revolución
Democrática como una violación grave a la legislación electoral en
el sentido de que violenta la prohibición establecida en el artículo
148 del Código Electoral del Distrito Federal, argumentando
erróneamente, que tal prohibición se refiere a que las campañas
deberán concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral,
siendo que la prohibición intrínseca de esta norma electoral,
consiste en que no podrán iniciarse las campañas electorales,
antes del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas
para la elección respectiva, lo que nuevamente nos lleva a
confirmar la ilegalidad de la conducta desplegada por el Partido de
la Revolución Democrática con la fijación, adhesión y pegado de
propaganda que llevó a cabo en la Ciudad de México, colocando
en desventaja ante la opinión pública a los demás partidos
políticos, creando confusión en la ciudadanía y por lo tanto de la
misma manera se acredita la legalidad de la Resolución
impugnada.

Corresponde hacer mención a la supuesta violación señalada por
el recurrente en el agravio de que tratamos con el inciso: ‘La
autoridad no valora las pruebas conforme a los criterios de la
lógica y sana crítica, dado que ignoró algunas, sobrevaloró otras y
evade los razonamientos que las mismas aportan y que acreditan
que los hechos reclamados, en virtud de que no se tata de una
conducta prohibida, no fueron cometidos en forma exclusiva por el
Partido de la Revolución Democrática, ya que se tuvo
conocimiento de la Comisión de estos mismos actos por parte de
otros partidos políticos.’, sobre esta manifestación espontanea del
recurrente, cabe hacer mención en primer lugar, que nuevamente
incurre en confesión de facto respecto de su responsabilidad en
los hechos por los cuales fue sancionada en términos de la
Resolución que recurre, toda vez que declara que la conducta
realizada no es prohibida y también ejecutada por otros entes
políticos, lo cual en los apartados que anteceden ya quedó
debidamente desvirtuado, pues existen disposiciones legales en
materia electoral local que no solamente imponen la obligación a
los partidos políticos de respetar ciertos y determinados términos y
condiciones aplicables a todos y cada uno de ellos, sino que por
consiguiente en aras de la armonía política y democrática, les
impone como prohibición no hacer uso de un derecho que les
atañe a todos llevarlo a cabo una vez que la autoridad electoral
haya dado inicio a la campaña electoral, a fin de evitar incurrir en
violación a lo dispuesto por los artículos 148 en concordancia con
el inciso a) del 275 del Código Electoral del Distrito Federal.

En segundo término cabe señalar, que se valoraron las pruebas
ofrecidas y aportadas, adminiculándolas con las constancias que
obran en el expediente de la queja, de conformidad con las
disposiciones al caso concreto y con apego a lo dispuesto en el
artículo 265 del Código Electoral del Distrito Federal, esto es,
atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia, por lo que no asiste la razón al Partido Político
recurrente, toda vez que la resolución impugnada se encuentra
suficientemente fundada y motivada, debido a que la investigación
de la queja se hizo con estricto apego al procedimiento
establecido en el artículo 277 del ordenamiento legal antes citado,
durante el cual esta Autoridad Electoral no recibió denuncia
alguna respecto de que otros partidos políticos se encontraran en
la misma situación que el Partido de la Revolución Democrática.

Por lo que corresponde al siguiente argumento de supuesta
violación contenida dentro del agravio de que se trata, en su
inciso: ‘e) La autoridad aplica una sanción por analogía y mayoría
de razón.’, al respecto debemos hacer mención a que el resultado
potencial y dañoso de la conducta desplegada por el recurrente
quedó de manifiesto conforme a las constancias, actuaciones y
probanzas que obran en la Resolución impugnada, quedando
acreditado plenamente que el Partido de la Revolución
Democrática colocó, Colgó , fijo , adhirió y pinto propaganda
electoral en el mobiliario urbano de esta Ciudad, así como en los
lugares de uso común susceptibles de ser utilizados para la
colocación y fijación de la propaganda electoral de los partidos
políticos candidatos, lo cual llevó a cabo sin derecho y fuera de los
plazos legales establecidos, a sabiendas que de que                su
distribución esta sujeta a lo dispuesto en los artículos 154, incisos
d) y e) y 155 primer párrafo del Código Electoral del Distrito
Federal, con evidencias comprobadas de que no respeto dichos
preceptos.

En este orden de ideas cabe hacer notar, que en el presente caso
no se sancionó el procedimiento de selección interna de
candidatos, sino el hecho plenamente demostrado, de que el
partido inconforme realizó actos de campaña, al promover a
personas, militantes de dicho Partido para ocupar cargos de
elección popular, realizando por lo tanto, actos de campaña fuera
de los plazos legales, confundiendo y desinformando con ello a la
ciudadanía de esta Ciudad, debido a que en la propaganda
difundida, no se aclaró que se trataba de un proceso de selección
interna de candidatos, por tal motivo no asiste la razón al
recurrente para afirmar que se le aplicó una sanción por analogía
o mayoría de razón, ya que las violaciones en que incurrió y la
gravedad de la falta, ya que al contravenir lo dispuesto por el
artículo 25, inciso a) del Código Electoral del Distrito Federal, se
impide una adecuada actuación de la autoridad electoral al ocupar
si derecho, antes de su distribución de los espacios de uso
común, con lo que se desnaturaliza y evita una correcta
realización de la contienda electoral.

En cuanto a que: ‘f) La autoridad se excede en sus facultades e
invade las competencias de instancias administrativas.’, como se
señala en el estudio del argumento anterior, en el presente caso
no se sancionó otra cosa diferente al hecho plenamente
demostrado, de que el partido inconforme realizó actos de
campaña, al promover a personas, militantes de dicho Partido
para ocupar cargos de elección popular, realizando por lo tanto,
actos de campaña fuera de los plazos legales, confundiendo y
desinformando con ello a la ciudadanía de esta Ciudad, debido a
que en la propaganda difundida, no se aclaró que se trataba de un
proceso de selección interna de candidatos, por lo que resulta
totalmente fuera de lugar la aseveración del impugnante en el
sentido de que este Instituto se encuentre o haya en algún
momento invadido la esfera de competencia de las autoridades
administrativas.

Corresponde analizar el concepto de violación que el recurrente
refiere en el presente agravio en su inciso: ‘g) La autoridad no
cumplió las obligaciones que la ley le atribuía en caso de la
violación por la que está sancionando al suscrito.’, en su
exposición el recurrente manifiesta que la Autoridad Electoral
debió sancionarlo conforme al artículo 156 del Código Electoral
del Distrito Federal, que señala cualquier infracción a las
disposiciones relativas a la propaganda electoral será sancionada
en los términos de este Código, lo que este Instituto llevo
justamente a cabo, conforme al criterio de determinación de
sanciones establecido en los artículos 276, párrafos primero,
inciso c), segundo y cuarto y 277, inciso e) del citado Código Local
.

CUARTO Esta autoridad electoral, al momento de proceder a
sancionar al Partido de la Revolución Democrática, partió de
considerar las pruebas técnicas, tanto las ofrecidas como las
aportadas por el partido promoverte de la queja, además de haber
dispuesto diversas diligencias e informes que fueron rendidos en
cada caso por las autoridades correspondientes, constituyendo
probanzas que fueron valoradas conforme a las reglas de la
lógica, de la sana crítica y de la experiencia.

Al producir su respuesta el Revolución Democrática, de fecha
cinco de febrero de dos mil tres, nunca negó el haber colocado
propaganda electoral en el mobiliario urbano y lugares de uso
común susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación
de la propaganda electoral en esta ciudad, igualmente esta
autoridad al emitir la resolución, no omitió considerar que se
trataba de un hecho notorio, demostrado imputable al Partido de la
Revolución Democrática:

Ciertamente el partido político colocó, colgó, fijó, adhirió y pintó
propaganda electoral en el mobiliario urbano de esta ciudad, en
los lugares prohibidos por el Código Electoral del Distrito Federal,
lo que implicó la violación entre otros del artículo 154, incisos d) y
e) del Código Electoral del Distrito Federal, en cuyos términos se
desprende que el legislador al pretender se salvaguarde el
equipamiento urbano, no sólo durante el periodo legal de
campaña, sino en cualquier fase del proceso electoral, de lo
contrario se corre poner en peligro la equidad en la contienda.
La propaganda electoral, en esencia es un medio con el que
cuentan los partidos políticos para dar a conocer a sus
propuestas, con la finalidad de la obtención del voto; por ello su
colocación, dentro de los plazos establecidos, se ajusta a la
normatividad legal relativa.

Así mismo partiendo del hecho que las reglas previstas en el
artículo 154 del Código Electoral del Distrito Federal para la
colocación de propaganda electoral, no están constreñidas para
ser observadas para solo en una parte del proceso electoral, su
fin no se limita a un momento.

La conducta sancionada, se hizo consistir en que el partido
político colocó, colgó, fijó, adhirió y pintó propaganda electoral,
utilizando inclusive los lugares de uso común, previstos en
Convenio, susceptibles de ser utilizados para la colocación y
fijación de la propaganda electoral de los Partidos Políticos y
Candidatos, en los Procesos Electorales Federal y Local 2002-
2003 suscrito el cinco de noviembre de dos mil dos.

La sanción resulta de que sin mediar derecho, ni justa causa,
fuera de los plazos legales establecidos para campañas, a
sabiendas de que su está sujeta a lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 155 del Código Electoral del Distrito Federal, el
partido político utilizó lugares de uso común que por disposición
expresa de dicho Código, habrán de ser repartidos entre todos los
Partidos Políticos conforme al procedimiento acordado por el
Consejo General de este Instituto, a más tardar en la última
semana del mes de marzo de dos mil tres, violando con ello lo
dispuesto por los artículos 1°, 25, inciso a), 148 y 155 del Código
Electoral del Distrito Federal, conducta que esta autoridad
considera como grave, lo anterior es así, por que al utilizar
ilegalmente dichos lugares de uso común, fuera de los plazos de
ley y de manera generalizada en todo el Distrito Federal, infringió
los artículos aquí citados.

Como se pudo comprobar mediante la información obtenida
previamente, que de acuerdo con el contenido de la propaganda
ésta promovía a, militantes del Partido de la Revolución
Democrática, para ocupar un cargo público de elección popular,
omitiendo, en su caso, precisar en dicha propaganda electoral que
se trataba de un proceso interno del citado Partido Político, para
seleccionar a las personas que en su momento, habrían de fungir
como candidatos para la elección respectiva, por lo que al no
ocurrir transgreden los artículos 1°, 25, inciso a) y 148 del Código
Electoral del Distrito Federal.

Dicha conducta resultó grave, en atención a que los Partidos
Políticos sólo pueden realizar campañas electorales, a partir del
día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la
elección respectiva,

En virtud de la magnitud de los actos y sentidos que se le diera a
la propaganda rebasó la figura de promoción, no se trató de
promociones dirigidas a las bases de un partido, por el contrario,
en autos consta que constituyó un verdadero adelanto de
campaña promocionando cargos de elección popular.

Dichas     situaciones  se    pueden    constatar,  ya   obra
documentalmente en las pruebas e informes que generó la
investigación al efecto realizada    el expediente, generando
además confusión y desinformando a la ciudadanía proceso
interno de selección de precandidatos, se llegó a este
convencimiento atento al resultado de las investigaciones
realizadas lo cual se aprecia suficientemente en la información
obtenida para tal efecto.

En estas condiciones, es de que concluirse el Partido de la
Revolución Democrática violentó lo dispuesto en los artículos 1°,
25, inciso a), 148, 154, incisos d) y e) y 155 del Código Electoral
del Distrito Federal, al quedar comprobado que se trataba de
actos dirigidos a presentar a la ciudadanía una campaña electoral
para cargos públicos y no otros.

La sanción impuesta, de la que se duele el partido político, fue
debidamente fundada, ya que al conducir sus propagandísticas el
partido, junto con sus militantes, como se pudo apreciar en las
probanzas obtenidas, la propaganda contenía elementos
partidarios que nunca negó ni ocultó su presencia, su existencia,
con ello las conductas trasgresoras, con independencia de que en
términos del artículo 25, inciso a) del Código Electoral del Distrito
Federal, es una obligación conducir sus actividades y las de sus
militante , ajustando su conducta dentro de los causes legales.

Al respecto, el partido apelante pretende soslayar su
responsabilidad, pretendiendo ahora desligarse de la conducta de
sus militantes, bajo el argumento de que se trató de una campaña
interna, lo que resulta insostenible atendiendo al despliegue de
recursos y acciones coincidentes en los elementos de
propaganda, por lo que al con lo que atendiendo que pruebas
que al efecto los personajes sus acciones de propaganda las la
sanción aplicada fue procedente.

Es el caso que la sanción se encuentra plenamente fundada y
motivada, ya que la falta o violación cometida, tratándose de un
de la violación a prohibiciones establecidas en el Código, como lo
es el caso en la que se incurriera al actuar violando entre otras las
prohibiciones establecidas en los artículos 25, inciso a), 154 y 155
del Código Electoral del Distrito Federal de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 156, párrafo primero, 274, inciso g),
275, inciso a) y 276, párrafos primero, inciso c), segundo y cuarto
del citado ordenamiento legal.

Al respecto, es inconsecuente pretenda el apelante justificar
conductas violatorias de la ley, prevaliéndose, de un supuesto
comunicado, sin firma ni razón, circunstancia que aún de la
hipótesis de que hubiera si do cierta, resultaría inocuo pretender
que el supuesto documento constituyera un motivo para incumplir
con ordenamiento jurídico.

Al señalar que la sanción carece de proporcionalidad es resulta
insostenible tal aseveración, precisamente en atención que la
naturaleza misma de la sanción, no sólo parte del supuesto de
violación a prohibiciones contempladas por la ley, lo que
necesariamente la ubica en el presupuesto establecido en el
último párrafo del artículo 276 del Código Electoral del Distrito
Federal, mas aun , si observamos desde la motivación hasta las
conclusiones de la resolución que se apela, en todo momento se
encuentran encaminadas a salvaguardar los intereses que se
otorgan a otros gobernados, precisamente para evitar los actos
arbitrarios de molestia y privación de derechos.

QUINTO.- El Partido de la Revolución Democrática, en su agravio
identificado como Quinto, señala que la fuente generadora del
mismo, lo constituye el resolutivo QUINTO de la resolución emitida
por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
respecto de la queja promovida por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra de dicho instituto político.

En dicho agravio, el Representante Suplente del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, manifestó, que con la emisión de la
resolución impugnada, se viola en perjuicio del Instituto Político
que representa, el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, señala que el Consejo General de este Instituto
Electoral, reconoce que los actos materia de la queja eran
relativos a un proceso de selección interna, lo cual es violatorio de
lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, mismo
que establece que toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo
sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial.

Por principio de cuentas, es de señalarse que el Consejo General
del Instituto Electoral del Distrito Federal, en el Considerando
Quinto de la Resolución Reclamada, en ningún momento señaló
que los actos denunciados por el Partido de la Revolución
Democrática, fueran relativos a un proceso de selección interno,
pues el motivo por el cual se le sanciono , fue que realizó actos de
campaña anticipadamente, así como porque ocupo sin derecho la
colocación de propaganda electoral en elementos del
equipamiento urbano y lugares de uso común y no por realizar
actos de selección Interna.

En igual forma, el agravio esgrimido por el Partido de la
Revolución Democrática, es a todas luces infundado, en razón de
que el Instituto Electoral del Distrito Federal, en ningún momento
viola lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, por
la simple razón, de que en dicho precepto se establece la garantía
individual de los ciudadanos, para que concurran ante los
tribunales a efecto de que se les administre justicia, sin embargo
dicha disposición no puede hacerse extensiva a las autoridades
administrativas, por no estar establecido así en la norma, como se
puede apreciar de su simple lectura.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados unidos
mexicanos dispone:

     ‘Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni
     ejercer violenta para reclamar su derecho.

     Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia
     por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los
     plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
     resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su
     servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,
     prohibidas las costas judiciales.

     Las leyes federales y locales establecerán los medios
     necesarios para que se garantice la independencia de los
     tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

     Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter
     puramente civil.’
Asimismo, manifiesta que la resolución no es completa, en razón
de que no se agotaron las pretensiones del Partido Revolucionario
Institucional, además de que se prosigue una investigación sobre
los hechos, es de señalarse que este argumento es infundado, en
razón de que el Instituto Electoral del Distrito Federal, sí se ciño a
investigar las conductas denunciadas por el citado instituto político
en su escrito de queja, sin embargo solo resolvió respecto al
hecho de que el Partido de la Revolución Democrática realizó
actos de campaña anticipadamente, así como porque llevo a
cabo sin derecho la colocación de propaganda electoral en
elementos del equipamiento urbano y lugares de uso común, pero
será hasta que se rinda el dictamen correspondiente a los
informes del origen y monto del financiamiento del Partido de la
Revolución Democrática, cuando se determine sí existe una
sanción aplicable, esto conforme al artículo 277 último párrafo
del Código Electoral del Distrito Federal.

En cuanto al hecho de que el asunto debió declararse
definitivamente concluido a fin de que se pudiera impugnar en una
sola resolución debemos señalar, que este argumento es
infundado en razón de que la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, de
conformidad al ámbito de sus atribuciones de acuerdo al artículo
66 del Código Electoral, realizara la revisión de los informes de
las asociaciones políticas respecto de los recursos que sobre
financiamiento ejerzan las asociaciones políticas, por lo que es
correcto se reserve resolver el aspecto de financiamiento hasta el
momento dicha Comisión revise los informes rendidos por el
Partido de la Revolución Democrática.

Señala además al dejar abierta la instancia, vulnera
evidentemente la certeza jurídica y posibilita la imposición de dos
sanciones por una misma conducta, este argumento es infundado,
en razón de que el hecho de que se haya solicitado a la Comisión
de Fiscalización de Consejero General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, para que conforme a sus atribuciones, revise los
informes sobre origen, destino y monto de los ingresos del Partido
de la Revolución Democrática que haya utilizado durante el
supuesto proceso de elección interna, no atenta contra el
principio de seguridad jurídica, pues la sanción ya impuesta se
estableció por que realizó actos de campaña anticipadamente, así
como porque llevo        a cabo sin derecho la colocación de
propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano y
lugares de uso común y no se impondrá una segunda sanción por
los mismos y si en su momento la referida Comisión de
Fiscalización determina una sanción, será porque así se
desprendió de los informes que rinde el instituto político
recurrente, y será por alguna anomalía económica y no material.

SEXTO.- El representante del Partido de la Revolución
Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal señala en su agravio SEXTO, que la fuente
generadora del mismo lo constituye el resolutivo CUARTO de la
resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal,    respecto de la queja interpuesta por el Partido
Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución
Democrática.

Señala que los artículos violados en perjuicio de dicho Instituto
Político son: el 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el 120 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal y el 3° del Código Electoral del Distrito Federal, esto, en
razón de que de conformidad a su dicho, el resolutivo CUARTO de
la resolución impugnada por esta vía, es ilegal dada su indebida
fundamentación y motivación, misma que deriva en forma directa
e inmediata de los actos y omisiones de los que adolece la misma.

El agravio esgrimido por el Partido de la Revolución Democrática
es inconducente, para acreditar la ilegalidad de la resolución
impugnada, toda vez que de la lectura integral del mismo no se
desprende el agravio que le causa el Resolutivo CUARTO, por las
siguientes razones:

El Resolutivo CUARTO, estableció lo siguiente:

     ‘CUARTO.- Atento a lo señalado en el considerando SEXTO
     de esta Resolución, se deberá hacer del conocimiento del
     Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que los Jefes
     Delegacionales en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y
     Xochimilco, así como el Director General de Patrimonio
     Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, que como
     autoridades del Distrito Federal estando obligadas a
     proporcionar informes a los órganos del Instituto Electoral del
     Distrito Federal para el cumplimiento de sus funciones no lo
     hicieron; irregularidades que se deberán sancionar en los
     términos de ley, comunicando al Instituto Electoral del Distrito
     Federal las medidas que haya adoptado en el caso que nos
     ocupa.’

De la lectura de dicha transcripción, no se desprende que este
resolutivo puede lesionar la esfera jurídica del Partido de la
Revolución Democrática, pues el mismo tiene por objeto hacer del
conocimiento del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que los
Jefes Delegacionales en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y
Xochimilco, así como el        Director General de Patrimonio
Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, violaron el artículo
103 del Código Electoral del Distrito Federal, al no proporcionar la
información a este Instituto Electoral del Distrito Federal y por
consiguiente deben ser sancionados.

Aunado a lo anterior, debemos señalar, que las manifestaciones
realizadas por el Partido de la Revolución Democrática, no
constituyen un concepto de violación, pues si bien es cierto,
señala que el resolutivo de referencia no esta debidamente
fundado y motivado, por lo que viola los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 3° del Código Electoral
del Distrito Federal, no señala por que no reúne los requisito de
fundamentación y motivación, limitándose a señalar que ‘un acto
adolece de una debida fundamentación y motivación cuando
deriva directa e inmediatamente de los actos y omisiones de otro
acto u omisión que viola alguna disposición constitucional’, sin
embargo no señala cual es el caso del que deriva y porque
tampoco esta fundado y motivado, por lo cual esa autoridad no
puede hacer ningún pronunciamiento al respecto, pues carece de
los elementos necesarios para llegar a una conclusión que
determine que existió dicha violación.

En consecuencia, a usted CC. Magistrados que integran el
Tribunal Electoral del Distrito Federal, atentamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma rindiendo
el presente Informe Circunstanciado.
                     SEGUNDO.- Declarar infundado el recurso de apelación
                     interpuesto por el C. Froylán Yescas Cedillo, con fecha diecinueve
                     de marzo del año en curso, toda vez que lo esgrimido por el
                     recurrente, carece de todo sustento legal, siendo infundados todos
                     y cada uno de sus argumentos.”


7. Por acuerdo del veintiséis de marzo del año en curso, el Magistrado Presidente del

Tribunal Electoral del Distrito Federal turnó el expediente identificado con la clave

TEDF-REA-003/2003 al Magistrado Instructor, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 257, del Código Electoral local, lo cual se cumplimentó mediante oficio TEDF-

SG-009/2003 de la misma fecha, suscrito por el Secretario General de este órgano

jurisdiccional, quien puso a disposición del mencionado Magistrado Electoral el

expediente citado, para los efectos antes precisados.



8. Por auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil tres, el Magistrado proveyó la

recepción de los autos turnados por la Presidencia de este Tribunal y con objeto de

llevar a cabo la debida integración del expediente de mérito para una correcta

sustanciación del medio impugnativo hecho valer, ordenó requerir tanto al Instituto

Electoral responsable como al Partido Político actor para que dentro del término de

cuarenta y ocho horas a partir de que surtiera efectos la notificación respectiva, se

remitieran a este órgano jurisdiccional diversos documentos.



9. Con fecha treinta y uno de marzo del presente, la Autoridad Responsable compareció

dando cumplimiento al requerimiento señalado en el resultando anterior, acompañando

al efecto la documentación respectiva.



10. En la misma fecha señalada en el resultando que antecede compareció el Partido

Político actor dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, sin embargo,

éste incumplió el término concedido para su desahogo, por lo que se resolverá con las

constancias que obren en autos.



11. Mediante auto de catorce de abril de dos mil tres, el Magistrado Instructor, al

estimar que el recurso interpuesto satisface todos los requisitos legales, acordó
admitirlo a trámite; tuvo a la Autoridad Responsable dando cumplimiento a la obligación

establecida en el artìculo 255, inciso e) del Código Electoral local y asimismo al

requerimiento formulado tuvo por presentando al Partido Alianza Social ostentando el

carácter de tercero interesado; proveyó sobre las pruebas ofrecidas y aportadas por el

partido impugnante y tercero interesado, mismas que admitió en su totalidad, y por

tratarse de documentales, de la instrumental de actuaciones y de la presuncional en

su doble aspecto, las tuvo por desahogadas en atención a su propia y especial

naturaleza; asimismo, decretó el cierre de la instrucción, quedando el expediente en

estado de resolución, la que ahora se pronuncia de conformidad con el siguiente

apartado de

                              CONSIDERANDOS:


I.- Este Tribunal Electoral resulta competente para conocer y resolver el presente medio

de impugnación, en términos de lo previsto por los artículos 128, 129, fracción VI, 130,

134, y 136 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; los numerales 3°, 222, 227,

fracción I, inciso e), 238, 242, inciso b), 244, párrafo in fine, 266, párrafo segundo; y

269, del Código Electoral del Distrito Federal; en virtud de que se trata de un recurso de

apelación interpuesto por un Partido Político en contra de una resolución emitida por el

Consejo General del Instituto Electoral local, respecto de la queja interpuesta por el

Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido de la Revolución Democrática,

identificada con la clave de expediente IEDF-QCG/001/2003.


II. Previo al estudio de fondo, este Tribunal no advierte que en la especie se actualice

causal de improcedencia alguna, cuyo examen resulta oficioso y preferente, por tratarse

de una cuestión de orden público, tal y como lo establece la tesis de jurisprudencia

sostenida por este Tribunal, misma que se encuentra identificada con el número

(TEDF001.1EL3/99) J.01/99, clave de publicación TEDF1ELJ01/99, misma que

textualmente dice lo siguiente:


                     “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES
                     PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE
                     IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL
                     DEL DISTRITO FEDERAL. Previamente al estudio de los agravios
                     formulados a través de los medios de impugnación que regula el
                     Código Electoral del Distrito Federal, este Tribunal debe analizar
                       las causales de improcedencia que en la especie puedan
                       actualizarse, por ser su estudio preferente y de orden público, de
                       acuerdo con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 1° del
                       Código Electoral del Distrito Federal.

                       Recurso de apelación TEDF-AP-001/99. Partido Acción Nacional.
                       30 de marzo de 1999. Unanimidad de cinco votos. Ponente:
                       Estuardo Mario Bermúdez Molina. Secretaria de Estudio y Cuenta:
                       Nohemí             Reyes             Buck.---------------------------

                       Recurso de apelación TEDF-REA-008/99. Partido Revolucionario
                       Institucional. 24 de junio de 1999. Unanimidad de cinco votos.
                       Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado. Secretario de Estudio y
                       Cuenta: Alejandro Juárez Cruz.-------------------------------------

                       Recurso de apelación TEDF-REA-011/99. Socorro Aparicio Cruz.
                       24 de junio de 1999. Mayoría de tres votos. Ponente: Estuardo
                       Mario Bermúdez Molina. Secretaria de Estudio y Cuenta: Nohemí
                       Reyes Buck”.--------------------------------------------------


En virtud de lo anterior, y toda vez que la autoridad responsable tampoco hace valer

causal de improcedencia, lo que procede es iniciar el estudio de la legitimación del

recurrente y la personería del promovente, así como la del tercero interesado, en

términos del CONSIDERANDO siguiente.


III.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 242, inciso b), y 246, fracción I,

inciso a), del Código Electoral del Distrito Federal, es de tener por acreditada tanto la

legitimación del Partido de la Revolución Democrática, como la personería del

ciudadano Froylán Yescas Cedillo, quien promueve el presente recurso en su carácter

de representante suplente del citado instituto político, ante el Consejo General del

Instituto Electoral del Distrito Federal, habida cuenta que de conformidad con los

dispositivos invocados, los Partidos Políticos a través de sus representantes legítimos,

están facultados para interponer el recurso de apelación en contra de los actos o

resoluciones del mencionado Órgano Administrativo, y que, en la especie, al momento

de rendir su informe circunstanciado, visible de las fojas quinientos veintiuno a la

quinientos cincuenta y dos, Tomo I, del expediente en que se actúa, la autoridad

responsable manifestó que el ciudadano arriba señalado, tiene reconocida su

personería como representante del partido en comento ante el Consejo General de esa

autoridad electoral.
Asimismo, se tiene por acreditada tanto la legitimación del Partido Alianza Social, como

la personería del ciudadano Francisco Carlos Zárate Ruiz, quien presentó escrito de

tercero interesado, en su carácter de representante suplente del referido instituto

político, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, de

conformidad con la copia certificada de la versión estenográfica de la sesión

extraordinaria celebrada por el mencionado Consejo General, el catorce de marzo del

año en curso, en la cual se emitió la resolución impugnada, copia que obra en autos del

expediente y en la cual se aprecia, que la autoridad responsable les reconoce el

carácter con el que se ostenta.



Ahora bien, con fecha veinticuatro de marzo del presente año, el ciudadano Vicente

Gutiérrez   Camposeco,      representante     propietario   del   Partido   Revolucionario

Institucional, presentó escrito con el carácter de tercero interesado.



Al respecto, esta Autoridad Jurisdiccional advierte que la presentación de dicho escrito

se realizó fuera del plazo estipulado en el artículo 247, fracción II, en relación con el

artículo 255, del Código Electoral del Distrito Federal, los cuales refieren que recibido

un recurso de apelación la Autoridad Responsable lo hará del conocimiento público

mediante cédula que fijará en los estrados por un plazo de setenta y dos horas. En tal

virtud y siendo que la fijación en estrados del recurso interpuesto por el Partido de la

Revolución Democrática fue realizada a las veintiún horas del veinte de marzo de dos

mil tres, feneciendo y procediendo a su retiro a las veintiún horas del veintitrés del

mismo mes y año, resulta evidente que el escrito por el cual el representante propietario

del Partido Revolucionario Institucional, pretende que se le otorgue el carácter de

tercero interesado en el procedimiento fue presentado de manera extemporánea por lo

que este Tribunal resuelve tener por no interpuesto el referido ocurso, en virtud de que

los plazos señalados en horas se computan de momento a momento, de conformidad

con el artículo 103 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.



Sentado lo anterior, procede el estudio de fondo del recurso planteado.
IV.- Para estar en aptitud de conocer lo que expresa el partido actor en los agravios del

escrito recursal, procede efectuar un análisis integral de dicho ocurso, a fin de

desprender la verdadera intención respecto del perjuicio que le ocasiona la resolución

reclamada, con independencia de que los motivos de inconformidad puedan

encontrarse en un apartado o capítulo distinto de aquél que dispuso para tal efecto el

interesado.



Lo señalado, encuentra sustento en la Tesis de Jurisprudencia emitida por este Órgano

Jurisdiccional, identificada con la clave TEDF2.ELJ015/2002, cuyo rubro y contenido es

el que a continuación se transcribe:

                     “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN
                     DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE
                     IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL
                     TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. De
                     conformidad con lo dispuesto en el artículo 254, párrafos tercero y
                     cuarto, del Código Electoral del Distrito Federal, cuando en un
                     medio de impugnación exista deficiencia en la argumentación de
                     los agravios u omisión o cita equívoca de los preceptos legales
                     presuntamente violados, este Tribunal estará obligado a deducir
                     de los hechos narrados por el apelante los motivos de
                     inconformidad respectivos y proceder a resolver con los
                     elementos que obren en el expediente, atendiendo a los
                     preceptos legales que debieron ser invocados o los que resulten
                     aplicables al caso concreto. Por lo tanto, en ejercicio de esta
                     facultad, este Órgano Jurisdiccional debe realizar un estudio
                     integral del recurso planteado, a fin de estar en posibilidad de
                     advertir de cualesquiera de sus apartados y no sólo del capítulo
                     que el actor dispuso para tal efecto, los agravios que le ocasiona
                     el acto que reclama y que con la mayor efectividad permitan
                     restituir al inconforme en el ejercicio de los derechos
                     transgredidos por la autoridad responsable; sin embargo, la
                     facultad en comento supone invariablemente la existencia de
                     hechos de los cuales puedan válidamente inferirse los motivos de
                     inconformidad a estudiar en el medio impugnativo, pues sólo así
                     puede conocerse con la mayor exactitud posible la intención que
                     tuvo el promovente al combatir el acto de autoridad, esto es,
                     atender preferentemente a lo que quiso decir el recurrente y no a
                     lo que aparentemente refirió, lo que a su vez garantiza el
                     cumplimiento, en beneficio de los justiciables, de los principios de
                     exhaustividad y congruencia que, entre otros, debe observar este
                     Tribunal en el dictado de sus resoluciones.

                     Recurso de Apelación TEDF-REA-001/2001. Gonzalo Cedillo
                     Valdés. 17 de febrero de 2001. Unanimidad de cinco votos.
                     Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado. Secretario de Estudio y
                     Cuenta: Enrique Figueroa Ávila.

                     Recurso de Apelación TEDF-REA-011/2001. Convergencia por la
                     Democracia, Partido Político Nacional. 16 de octubre de 2001.
                     Unanimidad de cinco votos. Ponente: Hermilo Herrejón Silva.
                     Secretario de Estudio y Cuenta: Fernando Lorenzana Rojas.
                      Recurso de Apelación TEDF-REA-016/2001. Partido de la
                      Revolución Democrática. 15 de abril de 2002. Unanimidad de
                      cinco votos. Ponente: Raciel Garrido Maldonado. Secretario de
                      Estudio y Cuenta: Rafael Cruz Juárez.

                      TESIS      DE    JURISPRUDENCIA:         (TEDF037   .2EL3/2002)
                      J.015/2002.
                      Tribunal Electoral del Distrito Federal. Segunda Época. Materia
                      Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos. 10 de diciembre de
                      2002.”



Lo antes mencionado, garantiza la observancia de los principios de exhaustividad y

congruencia que está obligado acatar este Órgano Jurisdiccional, toda vez que

considerando tanto los hechos como la argumentación que formula el actor, se está en

posibilidad de restituir al justiciable en el ejercicio de los derechos que le hubieran sido

transgredidos por la autoridad demandada.


Establecido lo anterior, se advierte, de un cuidadoso análisis practicado al escrito inicial,

la exposición de los conceptos de agravio siguientes:


A.- Aduce el impugnante que le causa agravio el contenido de los RESOLUTIVOS

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO, de la resolución del

Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, respecto de la queja

identificada con la clave IEDF-QCG/001/2003, interpuesta por el Partido Revolucionario

Institucional, en contra del Partido de la Revolución Democrática, en virtud              de

sustentarse en una ilegal declaración de procedencia del recurso, en términos de lo

establecido en el CONSIDERANDO PRIMERO de la resolución que se combate.


Señala el actor que la ilegalidad de dicho CONSIDERANDO, del cual devienen los

puntos RESOLUTIVOS de la resolución impugnada, se refleja en el hecho de que en

ningún momento se aprecia, del contenido de los preceptos legales descritos en el

mencionado CONSIDERANDO la motivación por la que se declara procedente la queja.


Además de ello, sostiene el partido impugnante, que le causa agravio el que no se

hayan estudiado las causales de improcedencia, sometidas al conocimiento del Instituto

Electoral local, ya que en detrimento del principio de legalidad, el partido actor sostiene

que si bien la Responsable invocó una serie de artículos del Código Electoral local,
también lo es que no los fundó, porque los mismos no se refieren a lo atinente para

iniciar una investigación que versa según la responsable “sobre la propaganda electoral

y gastos relativos al proceso de selección interna de los precandidatos que habrán de

contender como candidatos de ese Partido Político a los diversos cargos de elección

popular del próximo seis de julio”, lo que conlleva a señalar que la responsable se

declara competente en un proceso de selección interna de candidatos de un Partido

Político.


B.- Invoca el Accionante que la Responsable omitió el estudio de las causales de

improcedencia interpuestas por el Partido de la Revolución Democrática, violándose

con este proceder el principio de exhaustividad, lo que propició incertidumbre jurídica,

privándolo irreparablemente de derechos, con la consiguiente conculcación al principio

de legalidad electoral a que aluden los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso

b), de la Carta Magna, así como por los propios artículos 1°, 3°, 251 y 277 del Código

Electoral local.


En este sentido, señala el Partido Político actor que las causas de improcedencia

hechas valer en su escrito, se actualizaron en virtud de las irregularidades de que

adolecía la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido,

se solicitó a la Autoridad Responsable desechara de plano la impugnación presentada

por dicho Partido, en términos de lo estatuido en el artículo 251 del Código Electoral

local, ya que se actualizaba la hipótesis establecida en el inciso a) del invocado

precepto, referente a la falta de interés jurídico.


Así también, el apelante señala que no existe precepto alguno que norme las

pretensiones punitivas del Partido Revolucionario Institucional, respecto a los actos que

sugiere sean motivo de investigación, ya que la legislación electoral no ha establecido

disposición limitativa, restrictiva o prohibitiva alguna, respecto de los gastos hechos en

las elecciones internas de los partidos; así como a los procesos, mecanismos o medios

de promoción utilizados por los militantes para dar a conocer su persona o sus

propuestas a los militantes, o aún a los ciudadanos, en el caso de un plebiscito electivo,

aspectos que prevén los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática.
Finalmente, refiere el actor que la promoción de los candidatos de un Partido Político en

un proceso interno no es un suceso nuevo ni ajeno al Partido que ahora se asume

como quejoso, ya que dichos actos los han realizado también otros institutos políticos

para la elección de sus dirigencias partidistas.

C.- Refiere el Partido Político impugnante que le causa agravio la violación a la garantía

constitucional de audiencia realizada en su contra en la resolución impugnada, así

como la vulneración a los principios de imparcialidad e independencia que deben

observarse en la materia electoral, derivados de dicho acto.


En tal sentido, el Partido Político impetrante sostiene de manera específica la ilegalidad

del CONSIDERANDO SEGUNDO de la resolución recurrida, ya que el mismo se funda

en los Resultandos XXIII y XXIV, en los cuales se hace referencia a la presentación de

una solicitud de investigación realizada por el Partido Alianza Social, que a pesar de

que la misma no se fundamenta expresamente en el artículo 277 del Código Electoral

local; en dicho escrito se requiere a la autoridad investigue actividades del Partido de la

Revolución Democrática, relacionadas con el procedimiento interno de selección de

candidatos.


El Partido Político recurrente añade al respecto, que el procedimiento administrativo

que regula el artículo 277 del Código Electoral local establece la obligación de la

autoridad electoral administrativa para que una vez que tenga conocimiento de la

irregularidad, en cumplimiento a la garantía de audiencia se emplace al presunto

responsable para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho

convenga, aportando las pruebas que considere pertinentes, aspecto que la autoridad

electoral incumplió en relación con el escrito presentado por el Partido Alianza Social,

violándose en perjuicio del Partido apelante la garantía de audiencia y rompiendo el

equilibrio procesal entre las partes, conculcando así la garantía de audiencia prevista en

el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


En el caso en estudio, a decir del actor, en ningún momento fue hecho del conocimiento

del Partido de la Revolución Democrática, la presentación de una solicitud de
investigación hecha por el Partido Alianza Social. Ello es así, ya que en ningún

momento se menciona en alguno de los Resultandos, lo relativo a que se hubiese

corrido traslado al Partido de la Revolución Democrática respecto de esa solicitud; la

resolución únicamente cita como actor de la queja al Partido Revolucionario

Institucional.


Agrega el Partido recurrente que dichos aspectos influyeron decisivamente en la

resolución impugnada, toda vez que así se manifiesta en forma expresa en el

RESOLUTIVO SEGUNDO de dicha resolución, al señalarse en la misma que los

Resultandos XXIII y XXIV fueron tomados en cuenta para acreditar la supuesta

responsabilidad en que incurrió el Partido de la Revolución Democrática.


También el actor añade, que la situación antes referida se reitera en el Resultando III,

de la resolución de marras, mismo que si bien no se menciona entre los que fueron

tomados en cuenta para determinar la sanción al Partido de la Revolución Democrática,

sí forma parte de todas aquellas constancias que se valoraron para decidir sobre la

causa, al referirse a otro escrito presentado por el Partido Alianza Social, a través de su

representante Alfonso León Matus, que al igual que el anteriormente mencionado no

fue notificado al Partido de la Revolución Democrática, aún a pesar de que a través de

él se hacían imputaciones en su contra; siendo por tanto, obligación de la Responsable

hacérselo saber, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.


Al no hacerlo así, sostiene el demandante, la Autoridad Responsable le confiere al

representante del Partido Alianza Social un trato preferencial, toda vez que sin ser parte

en el procedimiento, se valoraron las consideraciones vertidas en sus escritos, sin

imponerle carga procesal alguna y sin conceder al partido objeto de la denuncia

derecho a defenderse de sus imputaciones. En tal sentido, la asociación política

apelante infiere que la Responsable le otorga tal carácter al Partido Alianza Social,

además de que la actuación y las conclusiones de la responsable según el impetrante,

atienden en mayor medida a los argumentos presentados por ese Instituto Político que

a los del Partido Revolucionario Institucional, como ocurre con la solicitud de aquel

instituto político para que se practicaran “inspecciones oculares por parte de los
órganos electorales desconcentrados en cada distrito electoral”, petición que en ningún

momento fue planteada por el Partido Revolucionario Institucional en una acción que no

sólo es una violación a la garantía de debido proceso legal, sino incluso a los principios

de imparcialidad e independencia, violentándose lo dispuesto por los artículos 120 y

124 del marco estatutario, así como los artículos 3° y 128 del Código de la materia.


D.- Sostiene el partido apelante a título de concepto de agravio, que la resolución le

causa perjuicio, ya que al no existir una disposición exactamente aplicable a los hechos

imputados al Partido recurrente se conculca en su perjuicio la garantía de legalidad

contenido en el artículo 14 Constitucional, toda vez que la Autoridad Responsable

aplica una pena que no se encuentra decretada en la ley, lo que conlleva a una

inadecuada fundamentación y motivación del acto materia del presente recurso.


Que con base en dicha garantía, la Autoridad Responsable debía atender lo dispuesto

por el artículo 14 Constitucional, párrafo tercero, que establece que en los juicios del

orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de

razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito

de que se trata, principio que resulta aplicable también en el ámbito del derecho

administrativo sancionador.


En el caso particular, afirma el Partido Político impugnante, que no se cumplen las

calidades referentes al sujeto activo, así como las circunstancias del tipo, abarcando

incluso dicho concepto las referencias circunstanciales de tiempo, ocasión, modo y

lugar.


En este orden de ideas, el apelante argumenta que para acreditar la comisión de la

infracción se requería que la conducta tuviera veficativo dentro de la referencia de

tiempo que se plantea, es decir, la campaña electoral, cuyo periodo de temporalidad

(inicio y finalización) se encuentra previsto en el artículo 148 del Código Electoral del

Distrito Federal. Que tampoco se actualizaron los elementos objetivos referentes a la

utilización de propaganda electoral, ya que la misma es definida por el tercer párrafo del

artículo 147 del Código Electoral local, como el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral

producen y difunden los Partidos Políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas

registradas, siendo que en el presente caso no se cumplieron dichas características en

virtud de que se trataba del proceso interno de selección de candidatos del Partido de la

Revolución Democrática.


De igual manera, tampoco quedó satisfecho el segundo elemento objetivo referente a

que dicha propaganda debía ser producida y difundida por los candidatos registrados,

calidad personal que solo podía obtenerse por medio de la declaración que la autoridad

administrativa electoral realizara en los tiempos que fija la propia ley electoral; por lo

que resultan ineficaces los señalamientos que realizó la responsable en relación a que

el Partido de la Revolución Democrática violentó lo prescrito por los artículos 148, 154,

incisos d) y e) y 155, del Código Electoral de esta entidad federativa, ya que no se

cumplieron las referencias temporales, ni se dieron en los sujetos las calidades

requeridas en dichos numerales, lo que se traduce en la inexistencia de la falta

imputada al Partido recurrente.


E.- El partido apelante en el escrito recursal señala que le causa agravio la afirmación

sostenida por la Autoridad Responsable, en el sentido de que en el trámite de la queja

no negó el hecho de que utilizó los lugares de uso común, así como que colocó

propaganda electoral en el mobiliario urbano del Distrito Federal.


Sostiene al respecto el partido recurrente que en la instancia procesal del procedimiento

instaurado con motivo de la queja de que fue objeto, alegó que la propaganda electoral

no fue realizada por ningún órgano directivo de este Instituto Político, sino que la misma

corrió a cargo única y exclusivamente por parte de los militantes, en ejercicio de sus

derechos políticos-electorales previstos en la Carta Magna.


Que la autoridad administrativa electoral, al considerar lo contrario incumplió con el

principio de exhaustividad, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 268

del Código Electoral del Distrito Federal, no realizó el examen y valoración de todas las
pruebas documentales ofrecidas, aportadas y admitidas y, en su caso, las ordenadas

por sus propias instancias, ya que la Autoridad Responsable no las valoró

adecuadamente, vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia

establecido a favor del hoy recurrente, derivado del escrito de cinco de febrero del año

en curso, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de información requerida por la

Comisión de Fiscalización, a través del cual el Partido Político afirmaba que no recibió

ni realizó algún egreso relacionado con la propaganda de los aspirantes a cargos de

elección popular de ese Instituto Político, revirtiéndose, a decir del apelante, la carga

procesal a quien afirmase lo contrario, por lo que al no explicar las razones jurídicas ni

mencionar los elementos probatorios que la autoridad electoral tomó en cuenta a fin de

atribuir al Partido Político los actos motivo de la queja, se conculcan en su perjuicio las

garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.


F.- Refiere asimismo la parte inconforme como concepto de agravio, que la Autoridad

Responsable no funda ni motiva de manera adecuada diversas afirmaciones que se

contienen en el CONSIDERANDO SEXTO de la resolución recurrida, con lo que vulnera

la garantía establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.


Que el argumento sostenido por el Consejo General responsable, en el sentido de que

el partido recurrente no especificó que la propaganda desplegada respondía a la

selección de precandidatos en el proceso interno, llevado a cabo por el partido actor, se

aparta de criterios lógicos ya que de las propias constancias del expediente de queja se

comprueba, que existen demarcaciones en que participan varios militantes del Partido

de la Revolución Democrática para contender por el mismo puesto de elección popular,

circunstancia   que   no   acontece   en   una    elección   constitucional,   en   la   que

necesariamente debe fungir un solo candidato (registrado); asimismo, la convocatoria

tuvo por efecto invitar a todos los interesados a sufragar en el proceso interno que se

realizó el día veintitrés de febrero, fecha que es distinta al de las elecciones

constitucionales a celebrarse el seis de julio del presente año.
En el mismo sentido cabe decir, que el uso de términos o vocablos relativos a la

selección de las personas idóneas a fungir como contendientes para un cargo de

elección popular, que derivó de la omisión de no haber señalado el calificativo de

“precandidato”, no corresponde a un acto publicitario sorpresivo, toda vez que fue un

hecho ampliamente conocido, que se dirigió a las bases y simpatizantes del partido

actor, por lo que el uso de los vocablos concernientes a los diversos cargos de elección

popular tenía por objeto distinguir a los diversos militantes que aspiraban a contender a

cargos de representación distintos en una misma demarcación, por lo que se concluye

que no se actualiza el supuesto de confusión en el que descansa el argumento que

sustentó la autoridad para imponer la sanción recurrida.


Del mismo modo, la consideración de la responsable en el sentido de que los actos

atribuidos al Partido de la Revolución Democrática constituye una violación de carácter

grave a lo establecido en el artículo 148 del Código Electoral del Distrito Federal,

carecen de la debida fundamentación y motivación, en virtud de que al no existir

prohibición expresa en el Código de la materia, respecto de los actos de propaganda

para decidir la selección de los precandidatos a contender por un cargo público en la

próxima elección del seis de julio del año en curso, la autoridad recurrida carece del

respectivo soporte legal para sustentar el argumento de que la conducta en que incurrió

el partido inconforme, debería ser considerada como la comisión de una falta grave.


G.- Argumenta el partido apelante a título de concepto de agravio, que la autoridad

electoral administrativa realizó una incorrecta valoración de las probanzas que integran

el expediente motivo de la queja, apartándose de los criterios de lógica y de la sana

crítica, en virtud de que se ignoraron algunas probanzas, se sobrevaloraron otras, y se

evadieron los razonamientos que las mismas aportaban, a través de las cuales se

acreditaba que la conducta desplegada por el Partido de la Revolución Democrática no

se encontraba prohibida en la legislación electoral y asimismo la autoridad tuvo

conocimiento de la comisión de estos mismos actos por parte de otros institutos

políticos.
H.- Sostiene asimismo el Partido Político actor como argumento de reproche, que la

resolución recurrida le causa agravio, ya que la autoridad electoral funda y motiva la

aplicación de la sanción que le impuso no en una norma exactamente aplicable al caso

concreto, sino a través de la analogía y mayoría de razón con lo que se violenta lo

prescrito por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


I.- El Partido Político impugnante señala igualmente como agravio, que le depara

perjuicio la indebida fundamentación y motivación de la resolución recaída, ya que al

calificar como ilegal el uso de espacios de uso común en el proceso interno de

selección de candidatos del Partido de la Revolución Democrática, estableció

incorrectamente como fundamento el artículo 148 del Código Electoral local, el cual

alude en forma expresa a las campañas electorales, lo que tiene inicio después del

registro de candidaturas, y deben concluir tres días antes de la jornada electoral,

prohibiéndose cualquier acto o distribución de propaganda en ese lapso.



Argumenta al respecto el Partido Político impetrante, en relación con la utilización de

lugares de uso común, que las facultades de vigilancia del Instituto Electoral del Distrito

Federal sobre estos espacios tiene lugar en forma posterior al inicio de la campaña

electoral, por lo que se viola la competencia atribuida a la Administración Pública del

Distrito Federal, acorde con lo dispuesto en los artículos 137 y 144 del Estatuto de

Gobierno, en virtud de la pretensión por parte de la Autoridad Responsable de ejercer

actos de dominio sobre los bienes del Gobierno del Distrito Federal, fuera del plazo

establecido en el Código Electoral local. Que la vigilancia, en relación a la colocación de

propaganda electoral en los lugares de uso común durante la campaña electoral, tiene

lugar de acuerdo con la asignación verificada a través de una sesión, lo cual no ha

acontecido, con lo que conculca dicha autoridad lo establecido por el Reglamento de

Anuncios del Distrito Federal, en virtud de que dicho órgano no se encuentra facultado

para realizar su aplicación, por lo que resulta incorrecta la afirmación sostenida en la

resolución impugnada, en el sentido de que el Partido de la Revolución Democrática

con su proceder se apartó de los cauces legales.
J.- Aduce el partido impetrante en el propio escrito recursal, que suponiendo sin

conceder la realización de diversas irregularidades relacionadas con la propaganda

utilizada en el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática, la Autoridad

Responsable incumplió el procedimiento establecido en el artículo 156 del Código

Electoral local, el cual dispone en primera instancia, notificar al Partido Político de

dichas anomalías, y solo en caso de que se desatienda dicha solicitud, la autoridad

electoral se encontraba en posibilidad de aplicar una multa.


Que conforme al espíritu del artículo en cita, correspondía a las autoridades

administrativas el retiro de la propaganda, por lo que resulta ilegal el RESOLUTIVO

referente a la orden que se da al Partido de la Revolución Democrática de cumplir con

esa función.


De igual manera, el Partido Político se duele de la falta de proporcionalidad entre el

monto de la multa impuesta y la reparación del daño, la cual según su parecer no se

cuantifica, vulnerando así el principio de certeza jurídica.


K.- Señala el Partido Político apelante en el presente concepto de agravio, que a través

de la resolución recurrida se violan en su perjuicio las garantías de fundamentación y

motivación contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, ya que la autoridad electoral aplica una sanción con base en

consideraciones genéricas y erróneas.


Que lo genérico de la afirmación descansa en que la autoridad administrativa electoral,

sostuvo que la colocación de la propaganda en el proceso interno de selección de

candidatos, se realizó a sabiendas de que no estaba permitido hacerlo, sin expresar los

argumentos del caso.


Por su parte, lo erróneo de dicho argumento estriba, en que consideró la autoridad

recurrida la presunta violación como grave, cuando el Código Electoral local, no prevé

la comisión de los actos imputados como sistemáticos, y por ende, que por esa razón

merezcan dicho calificativo de gravedad.
En contradicción con lo anterior, resalta “El Comunicado” de fecha 21 de enero de

2003, que emitió el Instituto Electoral del Distrito Federal, en el que afirmó que el

Código Electoral del Distrito Federal no facultaba a dicha autoridad para regular las

actividades relativas a los actos de propaganda inscritos en las llamadas “precampañas

electorales”.


De igual manera, -añade el partido recurrente-, que la resolución de marras contempla

otras afirmaciones de carácter genérico, como pueden citarse por ejemplo, que la

propaganda realizada por el Partido de la Revolución Democrática le otorga una

“indebida ventaja” frente a otros partidos; o la mención de que tales actos ocasionaron

un “daño irreparable”; imputación que la Autoridad Responsable no explica de manera

concreta a fin de dar respuesta a esos argumentos, lo que generó un estado de

indefensión que debe ser resarcido en la presente resolución.


Asimismo, el Partido Político apelante señala que resulta incorrecto que la Autoridad

Responsable atribuya a los actos sancionados el carácter de sistemáticos, reprochando

de igual manera la falta de proporcionalidad en la aplicación de la sanción, en lo que la

autoridad es omisa en fijar un monto de los daños ocasionados.


L.- Sostiene el partido recurrente en el citado escrito recursal, que el RESOLUTIVO

Quinto de la resolución impugnada, viola la garantía individual prevista en el artículo 17

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que al remitir

a la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, copia

certificada de dicho fallo, para realizar la revisión del informe sobre el origen, destino y

monto de los ingresos que el partido actor utilizó durante el proceso de selección

interna de candidatos a Jefes Delegacionales y Diputados a la Asamblea Legislativa, no

quedó agotada la pretensión del partido denunciante, ya que prosigue la investigación

de tales hechos, sobre los cuales la autoridad administrativa electoral determinó

imponer la sanción económica combatida, mismos que debieron declararse

definitivamente concluidos; por lo cual, la litis se mantiene abierta, lo que vulnera el

principio de certeza jurídica y posibilita la imposición de dos sanciones por una misma

conducta.
Que el núcleo que protege la garantía en comento, entendida como el derecho que

tiene toda persona para que se le administre justicia por tribunales previamente

constituidos, en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e

imparcial, encuentra su fundamento en la necesidad de preservar y mantener la paz y la

tranquilidad en la sociedad, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto

de los litigios que se susciten, en lo cual conforme a dicho principio, todo proceso debe

quedar agotado con el pronunciamiento de la resolución definitiva.



M.- Afirma finalmente el partido inconforme como concepto de agravio, que el

RESOLUTIVO Cuarto del fallo recurrido, el cual ordena hacer del conocimiento del Jefe

de Gobierno que diversas autoridades del Distrito Federal no proporcionaron informes

al Instituto Electoral del Distrito Federal, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120 del Estatuto de Gobierno del Distrito

Federal y 3° del Código Electoral local, toda vez que si dicho RESOLUTIVO adolece de

indebida fundamentación y motivación, es innegable entonces que no puede

considerarse como soporte jurídico de la misma resolución, considerada ésta en su

integridad.



Es decir, que si el RESOLUTIVO en comento carece de una debida motivación y

fundamentación, de la que se advierte participa dicho fallo, debe arribarse a la

conclusión de que existe una relación causal en cada una de las partes de que se

integra la sentencia, en el entendido de que cuando el acto posterior tiene su

motivación o causa eficiente en los actos y omisiones inconstitucionales o ilegales que

constituyen su antecedente, cabe concluir que tales actos están, en última instancia,

involucrados entre sí, debido a que no pueden desligarse unos de otros, por formar

parte integral de la sentencia recurrida en sí misma.



Precisado lo anterior, y previamente a realizar el estudio de los conceptos de agravio

hechos valer por la parte actora, conviene definir el objeto de la litis, por resultar

determinante para atender congruentemente el planteamiento que formularon las

partes en el escrito recursal y la resolución combatida, respectivamente.
La controversia en el presente procedimiento se constriñe a determinar, si la resolución

que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, con fecha

catorce de marzo del año en curso, a la luz de los conceptos de agravio que sustentó el

Partido actor, debe revocarse, en virtud de que violó las garantías individuales de

legalidad, audiencia, exacta aplicación de la ley, así como la de motivación y

fundamentación, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, o si por el contrario, de conformidad con los fundamentos y

consideraciones que vertió la nombrada autoridad administrativa electoral en dicha

resolución, la misma debe ser confirmada.



Por cuestión de método, en primer término, este órgano colegiado analizará

conjuntamente los argumentos identificados con las letras D a la K, dada la relación que

guardan entre sí; y posteriormente, en forma individual, los restantes, esto es, los

marcados como A, B, C, L y M.



Sobre el particuar, conviene transcribir la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave S3ELJ-

04/2000, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

                     “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
                     CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable
                     de los agravios propuestos,ya sea que los examine en su
                     conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y
                     en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa
                     afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo
                     impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan
                     lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es
                     que todos sean estudiados.

                     Juicio de revisión constituciona electoral. SUP-JRC-249/98 y
                     acumulado. Partidos Revolucionario Institucional y de la
                     Revolución Democrática. 29 de diciembre de 1998. Unanimidad de
                     votos.

                     Juicio de revisión constituciona electoral. SUP-JRC-255/98.
                     Partido Revolucionario Institucional. 11 de enero de 1999.
                     Unanimidad de votos.

                     Juicio de revisión constituciona electoral. SUP-JRC-274/2000.
                     Partido Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000.
                     Unanimidad de votos.

                     TESIS DE JURISPRUDENCIA J.04/2000. Tercera Época. Sala
                     Superor. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos.”
EN FORMA INDIVIDUAL:



En el CONSIDERANDO V, será objeto de examen el concepto de agravio que se

identifica con la letra C, en el que el partido actor plantea que la autoridad recurrida

con base en los Resultandos XXIII y XXIV (según lo asienta en el RESOLUTIVO

Segundo de la resolución impugnada), le impuso la sanción económica, antes

señalada, siendo que el escrito que formuló el Representante del Partido Alianza

Social, ante la Comisión de Fiscalización, en vía de denuncia de hechos, no le fue

notificado de conformidad con el texto del artículo 277 del Código Electoral de esta

Entidad Federativa, lo que violentó en su perjuicio la garantía de audiencia, prevista en

el artículo 14 de la Carta Fundamental.



En el CONSIDERANDO VI, de esta sentencia, se analizará el concepto de agravio que

se identifica con la letra L, en el que la apelante sostiene que al determinar la autoridad

administrativa electoral en el RESOLUTIVO Quinto, el mandato ordenado en el

CONSIDERANDO Noveno, del fallo recurrido, de que la Comisión de Fiscalización del

Instituto Electoral del Distrito Federal, lleve a cabo la revisión del informe sobre el

origen, destino y monto de los ingresos que el partido actor utilizó durante el proceso

de selección interna de candidatos a Jefes Delegacionales y Diputados a la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal; no agotó la pretensión del partido denunciante, ya que

dejó abierta la litis de la investigación de los hechos que fueron objeto de la acusación,

lo que violó la garantía prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, vulnerando el

principio de certeza jurídica al posibilitar que se le pueda imponer a la parte inconforme

dos sanciones diferentes, partiendo de la comisión de una misma conducta.



En el CONSIDERANDO VII, se estudiará el concepto de agravio identificado con la

letra M, en el que la recurrente refiere que el RESOLUTIVO Cuarto de la sentencia

impugnada viola los artículos 14 y 16 de la Carta Fundamental, en virtud de que al

ordenar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, adoptar las medidas que estime

pertinentes por la omisión en que incurrieron determinados Jefes Delegacionales, así

como el Director General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal,
en rendir los informes que les fueron solicitados, dicha determinación adolece de falta

de motivación y fundamentación; lo anterior, en razón de que cuando el acto posterior

tiene su motivación o causa eficiente en los actos y omisiones inconstitucionales o

ilegales que constituyen su antecedente, debe concluirse que tales actos están

involucrados entre sí, debido a que no pueden desligarse unos de otros, por formar

parte integral de la sentencia recurrida.




Asimismo, en el CONSIDERANDO VIII, se abordarán los conceptos de agravio

identificados con las letras A y B, también de manera individual, ya que la parte

inconforme plantea, en el primero de ellos, que en virtud de que los actos de

propaganda desplegados por militantes o simpatizantes del Partido de la Revolución

Democrática, no contravienen ninguna prohibición prevista en el Código Electoral del

Distrito Federal, lo que significa que los intereses del Partido Revolucionario

Institucional denunciante no resultaron afectados, en tal virtud la autoridad recurrida

debió declarar improcedente dicha queja, en términos del numeral 277 del Código de

la materia, por lo que al no haberlo hecho así, la cuestionada resolución de catorce de

marzo del año en curso, lesiona en su perjuicio la garantía de legalidad, prevista en los

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.



Respecto del agravio identificado con la letra B el impugnante aduce que la autoridad

responsable omitió el estudio de las causales de improcedencia, interpuestas por el

Partido de la Revolución Democrática, violándose con este proceder el principio de

exhaustividad, lo que propicio incertidumbre jurídica, privándolo irreparablemente de

derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que

aluden los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna, así

como los numerales 1°, 3°, 251 y 277 del Código Electoral del Distrito Federal.
EN SU CONJUNTO:



En el CONSIDERANDO IX, de la presente resolución, se abordarán en su conjunto los

conceptos de agravio que se identifican con las letras D a la K, del escrito recursal,

mismos que guardan una estrecha relación, lo que se advierte de la lectura de cada uno

de ellos.


En el agravio identificado con la letra D, sostiene la apelante, que sin concurrir la

calidad del sujeto activo, ni los elementos objetivos, entre otros, que la difusión de la

propaganda haya tenido lugar durante la campaña electoral, prevista en el artículo 147

del Código de la materia, así como que haya corrido la misma a cargo de los candidatos

registrados (además de la falta de concurrencia de las circunstancias de tiempo, modo

y lugar), la autoridad recurrida aplica una pena que no se encuentra decretada en la ley,

lo que vulneró la garantía de legalidad, contemplada en el artículo 14, párrafo tercero,

de la Constitución Federal.


En el agravio contenido en la letra E, se duele el partido actor, de que contrario a lo

sostenido por la autoridad recurrida, al contestar el escrito de denuncia, que promovió

en su contra el Partido Revolucionario Institucional, expresó que los gastos de

propaganda que motivaron la queja corrieron a cargo única y exclusivamente de los

militantes, en ejercicio de sus derechos político-electorales previstos en la Constitución

Federal, y no como erróneamente lo sostuvo la autoridad de que tales gastos los realizó

el órgano directivo del partido apelante.


Por otra parte, en el agravio identificado con la letra F, el partido recurrente alude que la

autoridad administrativa electoral fue reiterativa en sostener que la violación a las

prohibiciones en que incurrió dicho partido, derivó de la falta de precisión en la

propaganda electoral difundida, de que se trataba de la selección interna de la persona

que contendería por un cargo público como candidato; sin embargo, al arribar a tal

determinación la autoridad impugnada dejó de observar los principios que la lógica

impone, como son que en la selección del precandidato pueden fungir varias personas,

lo que difiere tratándose de la elección constitucional en la que únicamente puede
concurrir por un partido el candidato registrado; además destaca, que la convocatoria

invitaba a la emisión del voto para el día veintitrés de febrero, mientras que la fecha

para elegir a los Jefes Delegacionales y Diputados a la Asamblea Legislativa, fue fijada

para el seis de julio del presente año; asimismo, manifiesta el actor que aun cuando en

algunos casos la propaganda no contemplaba el señalamiento de que se trataba de un

proceso interno del partido, la difusión de dicha propaganda electoral no puede

considerarse como un acto publicitario sorpresivo, en tanto que estuvo dirigida a las

bases y simpatizantes del partido para elegir al precandidato, que se registraría como

candidato oficial.


Respecto del agravio identificado con la letra G, argumenta la parte inconforme que la

autoridad recurrida al resolver en el sentido que se pronunció, dejó de valorar los

elementos de prueba que obran en el expediente de la queja formulada por el Partido

Revolucionario Institucional, relacionadas con la difusión de propaganda electoral

realizada por otros partidos políticos.


Por lo que se refiere al agravio señalado con la letra H, refiere el partido actor que la

sanción impuesta descansa no en una norma exactamente aplicable al caso concreto,

sino a través de la analogía y mayoría de razón, lo que viola el artículo 14, párrafo

tercero, de la Carta Fundamental.


Por lo que se refiere al agravio contenido en la letra I, afirma la parte inconforme, que la

autoridad recurrida incorrectamente señaló que el partido apelante hizo un uso indebido

de los lugares de uso común, sustentado en el artículo 148 del Código Electoral de esta

Entidad Federativa, ya que el precepto se refiere al tiempo en que se desarrollan las

campañas electorales, las cuales tienen inicio al día siguiente del registro de

candidaturas, y concluyen tres días antes de la jornada electoral, hipótesis que en dicho

caso no acontece. Que al arribar la autoridad administrativa electoral a dicha

determinación, con ello invadió la esfera de competencia atribuida a la Administración

Pública del Distrito Federal, que prevén los artículos 137 y 144 del Estatuto de Gobierno

del Distrito Federal.
En el agravio identificado con la letra J, expresa la apelante que suponiendo sin

conceder que este partido hubiese incumplido con el artículo 156 del Código de la

materia, la autoridad recurrida antes de imponer dicha sanción (como erróneamente lo

hizo), debió notificar tal irregularidad, y sólo en el caso de que persistiera el

incumplimiento, entonces sí procedía imponer la sanción correspondiente. Que según el

texto de dicho precepto, es obligación de las autoridades administrativas llevar a cabo

el retiro de la propaganda electoral, por lo que es ilegal el RESOLUTIVO SEGUNDO,

inciso b), de la sentencia que impone al partido actor lleve a cabo esa obligación.


En cuanto al agravio contenido en la letra K, el partido recurrente sostiene que la

resolución impugnada adolece de una debida motivación y fundamentación,

contraviniendo los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que además

de ser genérica es errónea, al referir que la difusión de la propaganda se realizó a

sabiendas de que no estaba permitido hacerlo, sin expresar los argumentos del caso,

resaltando por otra parte que la autoridad fue omisa en establecer los razonamientos

que explicaran el por qué la comisión de esa conducta resultaba sistemática, y por

ende, mereciera el calificativo de grave.


Asimismo, manifiesta el recurrente que, un ejemplo de que la resolución combatida

adolece de afirmaciones genéricas, vienen a ser los señalamientos de que la

propaganda difundida por el partido actor le concedía una indebida ventaja respecto de

otros partidos, o en su caso, de que tales actos de publicidad ocasionaron un daño

irreparable.


Que en contradicción con lo anterior, obra en los autos del expediente un comunicado

de veintiuno de enero del año en curso, que emitió el Instituto Electoral del Distrito

Federal, en el que expresó que el Código Electoral de esta Entidad Federativa, no lo

facultaba para regular los actos de propaganda descritos en las llamadas “precampañas

electorales”.
Que la autoridad fue omisa en la resolución recurrida en establecer qué criterio de

proporcionalidad adoptó al aplicar la sanción, así como en fijar un monto de los daños

ocasionados.



Ahora bien, toda vez que del resumen de los agravios que se resumen en el

considerando que antecede, la recurrente argumenta que el acto impugnado viola en su

perjuicio diversas disposiciones constitucionales que consagran garantías de seguridad

jurídica, se estima conveniente dejar sentado que este Tribunal se encuentra facultado

para conocer y resolver, a través del recurso de apelación, la posible violación de estos

derechos fundamentales, ya que como máxima autoridad jurisdiccional para la solución

de controversias en la materia, tiene por objeto garantizar que todos los actos y

resoluciones de las autoridades electorales locales, se ajusten invariablemente al

principio de legalidad, referido éste no sólo a que todo acto o resolución debe ser

emitido conforme a las leyes secundarias que lo rigen, lo cual resulta limitado, sino

también que tales actos deben respetar las garantías constitucionales de seguridad

jurídica, que son susceptibles de ser violadas por las autoridades electorales locales,

como son en el caso concreto, la de petición (artículo 8º); la de irretroactividad de la ley

(artículo 14, primer párrafo), de privación de derechos sólo mediante juicio seguido ante

autoridad preestablecida con las formalidades esenciales del procedimiento (artículo 14,

párrafo segundo); de afectación de derechos por actos debidamente fundados y

motivados de autoridad competente (artículo 16, párrafo primero); así como de una

expedita y eficaz administración de justicia por autoridades que emitan sus resoluciones

de manera pronta, completa e imparcial (artículo 17, párrafo segundo).



Ello es así, toda vez que estas garantías constituyen condiciones o circunstancias que

deben cumplir todas las autoridades a fin de que la afectación en la esfera jurídica de

los gobernados esté justificada por encontrarse apegada a derecho, y no existiendo

razón alguna para excluir al derecho electoral de la observancia de las garantías de

seguridad jurídica, es inconcuso que este Tribunal, como garante del principio de

legalidad, está obligado a verificar que los actos o resoluciones emanados de las

autoridades electorales locales de carácter administrativo, se ciñan a los citados
derechos fundamentales.



Así lo ha sostenido el Pleno de este Órgano Colegiado, en la siguiente tesis de

jurisprudencia publicada bajo la clave TEDF2ELJ 007/2002 y que a la letra dice:



                     “GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, VIOLACIONES A
                     LAS. CASOS EN LOS QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
                     DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA CONOCERLAS
                     POR ACTOS O RESOLUCIONES DE AUTORIDADES
                     ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES. De los artículos
                     122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), y 116,
                     fracción IV, incisos b) al i), de la Constitución Política de los
                     Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 128 y 134 del
                     Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se desprende que por
                     disposición constitucional y estatutaria, el Tribunal Electoral del
                     Distrito Federal, en su carácter de órgano autónomo y máxima
                     autoridad jurisdiccional para la solución de controversias en la
                     materia, tiene como misión prioritaria que todos los actos y
                     resoluciones     que     emitan     las   autoridades       electorales
                     administrativas locales se sujeten al principio de legalidad, a
                     través de la substanciación de los medios de impugnación que
                     son de su competencia, específicamente, el recurso de apelación
                     establecido en los artículos 238 y 242 del Código Electoral del
                     Distrito Federal. La definición tradicional del principio de legalidad
                     señala que todo acto o resolución que emitan las autoridades,
                     deberá ser conforme a las leyes secundarias que lo rigen,
                     obligando a aquéllas a ajustar su actuación concreta a la norma
                     jurídica y a razonar correctamente su aplicación al caso que se
                     trate; sin embargo, a juicio de este Tribunal, esta concepción del
                     principio de legalidad, referida al ámbito electoral, resultaría
                     limitada y, por tanto, inadmisible, si en virtud de ella, la Autoridad
                     Jurisdiccional estuviera impedida para conocer y resolver
                     impugnaciones que derivaran del incumplimiento de otras
                     disposiciones constitucionales, cuya inobservancia haría
                     prácticamente nugatorio el principio en comento. En este
                     contexto, resulta incuestionable que las garantías constitucionales
                     de seguridad jurídica, susceptibles de ser violadas por actos o
                     resoluciones dictados en agravio de ciudadanos, partidos políticos
                     y agrupaciones políticas locales, son las de petición (artículo 8º);
                     de no ser juzgado por leyes privativas y tribunales especiales
                     (artículo 13); de irretroactividad de la ley en perjuicio de las
                     personas (artículo 14, párrafo primero); de privación de derechos
                     sólo mediante juicio seguido ante autoridad preestablecida con las
                     formalidades esenciales del procedimiento y de conformidad con
                     las leyes expedidas con anterioridad a los hechos (artículo 14,
                     párrafo segundo); de no ser sancionado mediante aplicación
                     analógica de la ley o por mayoría de razón (artículo 14, párrafo
                     tercero); de afectación de derechos por actos debidamente
                     fundados y motivados de autoridad competente (artículo 16,
                     párrafo primero); así como de una expedita y eficaz
                     administración de justicia por autoridades que emitan sus
                     resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (artículo 17,
                     párrafo segundo). Este conjunto de derechos o garantías
                     constituyen formalidades a las que deben sujetarse todas las
                     autoridades del Estado mexicano para afectar la esfera de las
                     libertades de los gobernados; consecuentemente, al no existir
                     razón alguna para excluir al derecho electoral de la observancia
                     de las garantías de seguridad jurídica, es incuestionable que este
                     Tribunal es competente, a través del recurso de apelación, para
                     conocer y resolver casos donde en diversos actos o resoluciones
                     de autoridades electorales locales de carácter administrativo, se
                     reclame la posible violación de las garantías de seguridad jurídica
                     que necesariamente se encuentran inmersas en el principio de
                     legalidad, cuyo respeto irrestricto corresponde salvaguardar a
                     este Autoridad Jurisdiccional.

                     Recurso de Apelación. TEDF-REA-234/99, Partido Verde
                     Ecologista de México. 19 de noviembre de 1999. Unanimidad de
                     cinco votos. Ponente: Juan Martínez Veloz. Secretario de Estudio
                     y Cuenta: Rogelio Martínez Meléndez”.

                     Recurso de Apelación. TEDF-REA-001/2001, Gonzalo Cedillo
                     Valdés. 16 de febrero de 2001. Unanimidad de cinco votos.
                     Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado. Secretario de Estudio y
                     Cuenta: Enrique Figueroa Ávila.

                     Recurso de Apelación. TEDF-REA-007/2001, Sergio Palmero
                     Andrade. 7 de junio de 2001. Mayoría de cuatro votos. Ponente:
                     Hermilo Herrejon Silva. Secretario de Estudio y Cuenta: Francisco
                     Arias Pérez”.



V.- Por lo que respecta, al agravio referido por el impetrante y que se identifica en la

presente resolución con la letra C, este Órgano Jurisdiccional considera que es

INFUNDADO, con apoyo en los argumentos que a continuación se exponen.



En su escrito recursal el promovente sostiene que la Autoridad Responsable en su

resolución de catorce de marzo de dos mil tres, violó en su perjuicio la garantía de

audiencia, así como los principios de imparcialidad e independencia.



Sostiene el actor en específico que el RESOLUTIVO SEGUNDO de la resolución

recurrida deviene ilegal, ya que se funda en los Resultandos XXIII y XXIV, mismos que

hacen referencia a un escrito del Partido Alianza Social, por el que solicita a la

Autoridad   Responsable    investigue   actividades   del   Partido   de   la   Revolución

Democrática, relacionadas con el procedimiento interno de selección de candidatos;

escrito que según el actor, nunca se le notificó ya que no se hace mención alguna en

ninguna parte de los Resultandos, lo que le reparó un severo perjuicio, toda vez que lo

solicitado en el mismo, influyó determinantemente en la resolución aprobada el catorce

de marzo de dos mil tres, lo que se manifiesta en el contenido del RESOLUTIVO
SEGUNDO, al establecerse que los RESULTANDOS XXIII y XXIV, fueron tomados en

cuenta para acreditar la supuesta responsabilidad en que incurrió el hoy actor.



Añade el impugnante que la misma situación se repite en el RESULTANDO III, de la

resolución de marras, es decir, se omitió notificarle a este respecto de un escrito

presentado igualmente por el Partido Alianza Social, aún a pesar de que a través de él

se hacían imputaciones en su contra, en el que si bien, no se menciona entre los que

fueron tomados en cuenta para imponerle la sanción, si formó parte de todas las

constancias que se valoraron para decidir la causa.



En esa tesitura, aduce el impugnante que se viola su garantía de audiencia y se rompe

el equilibrio procesal entre las partes; haciendo referencia al artículo 277 del Código

Electoral local, que fija el procedimiento que debe observar la responsable a la

presentación de una queja, la que inexorablemente debe hacerla del conocimiento al

presunto responsable, para que dentro del término de cinco días manifieste lo que a su

derecho convenga, debiéndose dar puntual cumplimiento al resto de las garantías

procesales, situación que incumplió la responsable.



Amén de lo anterior, aduce el impugnante que se le confiere un trato preferencial al

representante del Partido Alianza Social, pues sin ser parte en el procedimiento se

valoraron en mayor medida los argumentos vertidos en sus escritos, que los contenidos

en la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional, como ocurrió al

solicitarle a la autoridad administrativa electoral “la práctica de inspecciones oculares

por parte de los órganos electorales desconcentrados en cada distrito electoral”,

petición que nunca fue planteada por ese Instituto Político, lo que es violatorio de la

garantía de debido proceso legal, además de los principios de imparcialidad e

independencia, infringiendo los artículos 120 y 124 del marco estatutario, así como los

numerales 3° y 128 del Código de la materia.



Por su parte, la Responsable en su Informe Circunstanciado, visible a fojas quinientos

veintinuno a la quinientos cincuenta y dos, del expediente en que se actúa, Tomo I, al

respecto señala que el escrito interpuesto por el Partido Alianza Social se recibió con
posterioridad a la queja del Partido de la Revolución Democrática, no obstante, el

procedimiento establecido en el dispositivo 277 del Código Electoral local, estaba ya en

proceso de trámite.



Además, continúa el Órgano Administrativo, con fecha treinta de enero se emitió

acuerdo, por el cual se admitió el escrito de veintisiete de enero del año en curso del

Partido Alianza Social, asimismo, se ordenó llevar a cabo la notificación del acuerdo a

través de su publicación por estrados del Instituto Electoral local, por un término de

setenta y dos horas, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 3° del Código de la

materia, en consecuencia, asevera que el hoy apelante fue notificado en tiempo y

forma, por lo que el agravio del que se duele el accionante carece de fundamentación,

siendo improcedente; de ahí que su actuar se ajustó a la norma.



Ahora bien, mediante escrito de fecha veintidós de marzo del año en curso, visible a

fojas doscientos setenta y cuatro a la doscientos setenta y nueve del presente

expediente, el ciudadano Francisco Carlos Zárate Ruíz, actuando como representante

suplente del Partido Alianza Social, compareció en su carácter de tercero interesado,

argumentando que el apelante pretende confundir a la autoridad jurisdiccional, al

señalar en las páginas treinta y cinco a cuarenta y ocho de su recurso, que se siguió en

su contra un procedimiento en forma de juicio, sin que se le haya oído y vencido en el

mismo, siendo inexacta la apreciación del Partido de la Revolución Democrática, toda

vez que, continúa el tercero interesado, su escrito fue dirigido al Presidente de la

Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, por tratarse de

aspectos de financiamiento para las actividades de los partidos políticos, hallando

sustento legal en los artículos 38, 66 y demás relativos del Código multicitado, y no en

el artículo 277, del mismo ordenamiento legal, como equivocadamente lo señala el hoy

actor.



Por otra parte, aduce el tercero interesado, que tiene razón el Partido apelante al

dolerse de que ni siquiera le han notificado el procedimiento de denuncia iniciado por él,

empero el agravio que hace valer resulta inoperante, ya que el procedimiento que se
inició a través de sus escritos, aún no culmina, por ello no se le ha notificado para que

concurra al procedimiento que se sigue ante la Comisión de Fiscalización.



Asimismo, alega el Partido Alianza Social que el Instituto Electoral del Distrito Federal,

en el acto impugnado, se allegó discrecionalmente de elementos para mejor proveer,

sobre la resolución del asunto, como en la especie ocurrió, con los argumentos que

encontró en su escrito, sin necesidad de que se declare acumulación de denuncias o

quejas, porque como quedó establecido en su libelo de veintisiete de enero de dos mil

tres, es competencia de la Comisión de Fiscalización. Así también, aduce que el

apelante tilda al Instituto Electoral local de ser parcial, dependiente, carente de

neutralidad, que es instancia auxiliadora del Consejo General del referido Instituto, que

da un trato preferencial al Partido Alianza Social; afirmaciones que constituyen

apreciaciones subjetivas, diatribas, calumnias, infamia o difamación, proferidas hacia

ese Partido y al Instituto, en un afán desesperado de buscar la revocación de la sanción

que le impusieron.



Finalmente, refiere el tercero interesado, que solicitó a la Comisión de Fiscalización

investigar el origen y el uso de los recursos económicos de esos actos de campaña

anticipados y sólo hasta que el Partido de la Revolución Democrática sea sancionado

en el aspecto financiero, tendría interés jurídico en impugnar las consideraciones

relativas a sus escritos.



Ahora bien, de lo sostenido por el Partido de la Revolución Democrática en su escrito

recursal, y una vez analizadas las constancias que obran en autos, en específico la

resolución que se impugna, se aprecia que al apoyar el accionante el agravio en estudio

en los RESULTANDOS XXIII y XXIV, citados en el RESOLUTIVO SEGUNDO, incurre

en un error, en virtud de que el RESULTANDO XXIII, alude a un oficio fechado el diez

de febrero del presente año, suscrito por el Jefe Delegacional en Tlalpan, mediante el

cual rinde un informe relacionado con la propaganda del Partido de la Revolución

Democrática, lo que es visible a foja doscientos nueve del expediente en que se actúa;

y el RESULTANDO XXIV, prevé lo relativo a un oficio de fecha once de febrero del año
en curso, suscrito por el Jefe Delegacional en Benito Juárez, en el que rinde un informe

con relación a la propaganda del Partido hoy actor, lo que es visible a fojas doscientos

nueve y doscientos diez de autos.



En ese contexto, es conveniente señalar que es de explorado derecho que el juzgador

está obligado a revisar detenida y cuidadosamente el ocurso del impugnante, para que

de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir

y no a lo que aparentemente se dijo, con el fin de determinar a cabalidad la intención

del promovente, ya que sólo de esa manera se puede lograr una recta administración

de Justicia en la materia.



Lo anterior encuentra sustento en la Tesis de Jurisprudencia emitida por este Órgano

Jurisdiccional, identificada con la clave TEDF2.ELJ-015/2002, cuyo rubro es el

siguiente: “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS

AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN

CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.”, misma que

ha sido transcrita en párrafos anteriores.




Con apoyo en ello, de los agravios contenidos en el escrito recursal del impugnante, se

desprende que el actor se duele no de los RESULTANDOS XXIII y XXIV contenidos en

el RESOLUTIVO Segundo de la resolución que se objeta, sino más bien de lo señalado

en los RESULTANDOS XXXIII y XXXIV del mismo RESOLUTIVO, transcritos en su

recurso de apelación visible a fojas treinta y nueve a cuarenta y uno del presente

expediente, que son los que citan el contenido de un escrito fechado el seis de febrero

del año en curso, suscrito por el ciudadano José Alfonso León Matus, en su carácter de

representante propietario del Partido Alianza Social, dirigido al Presidente de la

Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, Resultandos cuyo

contenido textualmente dice lo siguiente:

                      “XXXIII. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil tres, se turnó
                      a la Unidad de Asuntos Jurídicos, el escrito de fecha seis de
                      febrero del año en curso, dirigido a Don Eduardo Huchim May,
                      Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización
                      de este Instituto, suscrito por el C. José Alfonso León Matus,
quien se ostenta como Representante Propietario del Partido
Alianza Social, mediante el cual manifestó:

    ‘En atención al estado que guarda el proceso electoral para
    renovar la Asamblea Legislativa y las Jefaturas
    Delegacionales del Distrito Federal y, sobre todo, ante la
    inquietud manifestada por los diversos actores políticos en la
    pasada sesión del Consejo General del Instituto Electoral del
    Instituto Electoral del Distrito Federal, en el sentido de que
    el Partido de la Revolución Democrática inició de manera
    anticipada la difusión de propaganda de campaña, en franca
    contravención a lo dispuesto por los artículos 147, 148 y
    relativos del Código de la materia, por medio del presente
    me permito solicitarle lo siguiente:

    1.- Que de no existir impedimento legal alguno y a la
    brevedad que sea posible, se someta a consideración de los
    miembros de la Comisión de Fiscalización la necesidad de
    llevar a cabo un monitoreo en los medios electrónicos de
    difusión, de la propaganda que realiza el Partido de la
    Revolución Democrática en el Distrito Federal, y que se
    haga una investigación documental en las radiodifusoras y
    televisoras, para conocer la cuantía y frecuencia de los
    mensajes de campaña que el PRD ha emitido hasta esta
    fecha.

    2.- De igual manera, solicito se tome en consideración la
    necesidad de llevar a cabo un monitoreo de medios
    impresos de ditribución en la Capital de la República, en los
    términos apuntados en el párrafo anterior.

    Los dos puntos anteriores son en razón de que al término de
    los spots o publicidad en diferentes medios se establece
    que... ‘este mensaje es pagado por el partido político’.

    3.- En el mismo sentido explorarse la posibilidad de hacer
    inspecciones oculares por parte de los órganos electorales,
    desconcentrados en cada distrito electoral, a los elementos
    del equipamiento urbano de Distrito Federal, especialmente
    respecto de aquellas         demarcaciones delegacionales
    señaladas durante la sesión del máximo órgano de dirección
    en materia electoral local, toda vez que es preocupante la
    escandalosa ventaja electoral cuanto económica del partido
    político involucrado.

    4.- Finalmente, me permito solicitar se explore la posibilidad
    y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización la
    necesidad de exigir al partido involucrado, la rendición de
    cuentas respecto de su llamado proceso interno de selección
    de candidatos, antes del inicio formal de las campañas
    electorales, pues debe existir un manejo claro, preciso y
    transparente de todos y cada uno de os recursos utilizados
    por los institutos políticos.

    Considero aplicables a mi petición, los artículos: 8 de la
    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60
    fracciones X, XI y XV; 62; 64, inciso b); 66, inciso c), d), i) y
    demás relativos del Código Electoral del Distrito Federal’

XXXIV. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil tres, se dictó
Acuerdo respecto del escrito de fecha seis de febrero del mismo
año, dirigido a Don Eduardo Huchim May, Consejero Electoral y
                      Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto,
                      suscrito por el C. José Alfonso León Matus, quien se ostenta
                      como Representante Propietario del Partido Alianza Social.”


De dichos RESULTANDOS, se infiere que el ciudadano José Alfonso León Matus,

solicita a la Comisión de Fiscalización se investigue lo relacionado con la propaganda

del Partido de la Revolución Democrática, por un lado y, por el otro, se hace referencia

al Acuerdo que le recayó al citado escrito.



Por lo anterior, se arriba a la convicción de que se debe analizar el agravio en cuestión,

a la luz de lo expresado en los RESULTANDOS XXXIII y XXXIV citados en el

RESOLUTIVO SEGUNDO; ello es así debido a que el actor se duele de lo reseñado en

los mismos, como ha quedado demostrado.



Aclarado lo anterior, a continuación iniciaremos con el estudio de la garantía de

audiencia, que según el actor se vulneró en su perjuicio, al no hacerle de su

conocimiento la autoridad electoral administrativa el contenido de sendos escritos de

fechas seis de febrero del año en curso (referido en los RESULTANDOS XXXIII y

XXXIV, presentado por el Partido Alianza Social a través de José Alfonso León Matus) y

veintisiete de enero del presente año (a que se refiere el RESULTANDO III, presentado

igualmente por el propio instituto político); no obstante que en ambos se solicita al

Presidente de la      Comisión de Fiscalización investigue lo relacionado con la

propaganda del Partido de la Revolución Democrática; por tanto, no tuvo la oportunidad

para manifestar lo que a su derecho conviniera, apoyándose en el contenido del artículo

277, del Código de la Materia, que establece el procedimiento que se debe seguir en

los casos de la presentación de una queja.



A continuación, se transcribe el contenido del escrito de veintisiete de enero de dos mil

tres, así como el artículo 277 del Código Electoral local, que establecen literalmente lo

siguiente:



                      “III. Con fecha veintiocho de enero de dos mil tres, se turnó a la
                      Unidad de Asuntos Jurídicos el escrito de fecha veintisiete de
                      enero del año en curso, dirigido a Don Eduardo Huchim May,
                      Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización
de este Instituto, suscrito por el C. José Alfonso León Matus,
quien se ostenta como Representante Propietario del Partido
Alianza Social, mediante el cual manifestó:

    ‘Los principios rectores de la organización de los procesos
    electorales son la certeza, legalidad, independencia,
    imparcialidad, objetividad y equidad, conforme a los artículos
    41, 116 y 122 constitucionales, así como los artículos 3 y
    demás relativos del Código Electoral del Distrito Federal.

    A partir del mes de enero corriente se han venido
    presentando una serie de hechos que están viciando el
    proceso electoral ordinario del año 2003. Nos referimos a la
    propaganda electoral que se ha venido desplegando a favor
    del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y militantes
    suyos. Esos hechos son del conocimiento general. Y por
    tener ese carácter, la prueba no es el problema. Más bien, la
    cuestión es determinar las implicaciones fácticas y legales
    que les corresponden.

    La propaganda electoral perredista está atentando contra los
    principios rectores de la organización del proceso electoral
    ordinario 2003. Y no queremos, ni permitiremos que haga
    fraudulento dicho proceso electoral.

    Las actividades desplegadas por los perredistas en realidad
    son actos de campaña, en términos de los artículos 147 y
    relativos del Código Electoral. Están siendo difundidos
    elementos tales como nombres y currículas de dirigentes y
    militantes, ideas políticas, colores y emblemas, todos
    alusivos al PRD. Y se trata de una difusión abierta. Todos
    esos elementos alusivos al PRD, están siendo expuestos al
    electorado en general. Y el único resultado que le va a
    representar a dicho Partido es posicionarse ante la opinión
    pública. En términos electorales, eso se llama obtención del
    voto de la ciudadanía.

    Estamos frente a un fenómeno que tiene todos los elementos
    y apariencia de una campaña electoral. No puede
    considerársele de otro modo. Se trata una verdadera
    campaña electoral. Incluso así lo han reconocido Consejeros
    Electorales.

    Y no es cierto de que se trate de un mero proceso interno de
    selección de candidatos. Si así fuera la propaganda sólo
    estaría dirigido a los perredistas, dentro de las instalaciones
    de su Partido. Y tampoco es justificación que el PRD alegue
    que puede actuar así debido a su método de selección de
    candidatos, supuestamente por encuesta. Los métodos de
    un Partido Político, por muy democráticos que sean, no
    pueden rebasar los límites de la ley.

    La propaganda perredista atenta contra el principio de
    legalidad. Conforme al artículo 148 del Código Electoral las
    campañas electorales iniciarán al día siguiente del registro de
    candidatos. La citada disposición legal es determinante. Dice
    ‘iniciarán’. No dice que ‘se podrán iniciar’. Y mucho menos
    autoriza que puedan iniciarse las campañas antes del
    registro de candidatos. Ahora bien, en el proceso electoral
    ordinario 2003 todavía ni siquiera se registran candidatos.
    Todavía no pueden realizarse actos de campaña.
La propaganda perredista atenta contra los principios de
certeza y objetividad. Aun        no inician las campañas
electorales. Y sin embargo, la propaganda desplegada por el
PRD, constituye verdaderos actos de campaña electoral. La
ciudadanía puede caer en confusión. ¿Estamos o no en
periodo de campañas electorales? ¿Antes de haber
candidatos debidamente registrados, se pueden hacer
campañas electorales? Y los dirigentes y militantes que están
siendo promovidos, ¿son o no candidatos?

La propaganda perredista atenta contra los principios de
imparcialidad y equidad. Existen Institutos Políticos, como el
Partido Alianza Social que respetuosos de la legislación
electoral y concretamente del citado artículo 148 del Código
Electoral no han iniciado ninguna campaña electoral. Y en
cambio, la propaganda que nos ocupa constituye verdaderos
actos de campaña. Si se permite que el PRD persista en su
conducta, resultará que sus campañas habrán tenido más
tiempo y por lo tanto más penetración.

La propaganda que se ha venido desplegando a favor del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y militantes
suyos también tiene serios
cuestionamientos en su aspecto financiero. Y eso es lo que
especialmente le compete a la Comisión de Fiscalización del
Instituto Electoral del Distrito Federal.

Debe hacerse referencia sobre todo a los artículos 30, 32,33,
36, 160 y 161 del Código Electoral. Los Partidos Políticos
tienen financiamiento público y privado. Sin embargo, debe
prevalecer el financiamiento público. El financiamiento
privado tiene sus propias limitantes. Los Partidos Políticos
pueden recibir de simpatizantes aportaciones: (1) que sean
en dinero; y (2) hasta por el diez por ciento anual del
financiamiento público para actividades ordinarias. En ningún
caso los Partidos Políticos pueden recibir recursos
provenientes del gobierno, de personas no identificadas
(salvo el caso de excepción previsto en la ley), personas
jurídicas aunque sean mexicanas o personas o entidades
públicas, religiosas, extranjeras o internacionales. Y los
destinos que pueden darle los Partidos Políticos a los
financiamientos recibidos son fundamentalmente: para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; para
gastos de campaña; y para actividades especificas como
entidades de interés público. Y a su vez los gastos de
campaña también tienen sus limitantes legales. Son
fundamentalmente los topes de gastos de campaña.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, algunos de los
cuestionamientos que deben ser esclarecidos son los
siguientes:

(1)¿En cuánto se estima el costo de la propaganda que se
viene desplegando a favor del PRD y militantes suyos, a
partir de enero de 2003?

  ¿Es lícita o ilícita la procedencia de los recursos utilizados
(2)
para el despliegue de la propaganda perredista?

(3)¿Cuáles son las fuentes de donde provienen los recursos
utilizados para el despliegue de la propaganda perredista y
de cuánto es el monto de cada una de ellas?
                           (4)Si la fuente no fuera el PRD, y siendo del conocimiento
                           general que es sumamente costosa la difusión de mensajes
                           por medios electrónicos ¿es siquiera creíble que los costos
                           los estén absorbiendo los militantes en lo individual?

                           (5)Y si no es el PRD, ni es posible que todos esos gastos de
                           difusión los sufraguen en lo individual los militantes, entonces
                           ¿los recursos financieros provienen del Gobierno de la
                           Ciudad de México o de algún otro Gobierno perredista? Este
                           cuestionamiento no es deseable a priori. Debe tenerse en
                           cuenta que el PRD es el Partido en el Gobierno de esta
                           Ciudad y de otras Entidades.

                           (6) ¿Es apegado a derecho que se destinen recursos
                           financieros a actos de campaña a favor del PRD y militantes
                           suyos, cuando todavía no pueden iniciar las campañas
                           electorales conforme al artículo 148 del Código Electoral?

                           (7) ¿Es correcto que ya se estén efectuando verdaderos
                           gastos de campaña cuando todavía ni siquiera se fijan los
                           topes?     Y todavía más, siendo verdaderos gastos de
                           campaña ¿es correcto que no se computen para efectos de
                           los topes de campaña?

                            En consecuencia a todo lo anterior, atentamente se solicita
                            que la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del
                            Distrito Federal ejerza y cumpla las facultades y
                            responsabilidades previstas en el artículo 33, inciso a), d), f)
                            e i) y demás artículos relativos del Código Electoral del
                            Distrito Federal.

                            Teniendo en cuenta los siete cuestionamientos de referencia
                            y otros más que pudieran formularse, la Comisión citada:

                            (1)Deberá solicitar al Partido de la Revolución Democrática
                            rinda un informe detallado respecto de sus ingresos y
                            egresos, sobre todo referidos a la propaganda que se viene
                            desplegando a favor suyo y de sus militantes desde enero
                            de 2003.

                            (2)En su caso deberá ordenar la práctica de una auditoría a
                            las finanzas del Partido de la Revolución Democrática.

                            (3)Y de las irregularidades detectadas deberá informar al
                            Consejo General del Instituto Electoral a efecto de iniciar el
                            procedimiento de faltas y sanciones.

                            (4)A la mayor brevedad posible deberá elaborar lineamientos
                            para poder revisar y evaluar con mayor amplitud otros
                            futuros casos, como el que nos ocupa.

                            (5)Para el respeto de nuestro derecho de petición previsto en
                            los artículos 8 constitucionales y demás relativos, deberá
                            contestar este escrito, refiriéndose a cada uno de los
                            cuestionamientos arriba formulados’



Artículo 277 del Código Electoral del Distrito Federal:
                    “Artículo 277. Un Partido Político aportando elementos de prueba,
                    podrá pedir al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
                    Federal se investiguen las actividades de otros Partidos Políticos o
                    de una Agrupación Política cuando se incumplan sus obligaciones
                    de manera grave o sistemática, de acuerdo al procedimiento de
                    este artículo.

                    Asimismo, cualquier persona u organización política podrá
                    presentar queja ante los Presidentes de los Consejos Distritales, o
                    ante el Secretario Ejecutivo, de acuerdo a lo siguiente:

                    a) Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto
                    Electoral del Distrito Federal emplazará al presunto responsable
                    para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su
                    derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes
                    y, en su caso, la pericial contable. Si se considerase necesaria la
                    pericial, ésta será con cargo al Partido Político o a la Agrupación
                    Política;

                    b) Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito en el
                    que se comparezca al procedimiento. Ninguna prueba aportada
                    fuera del plazo previsto para ello será tomada en cuenta;

                    c) Para la integración del expediente, se podrá solicitar la
                    información y documentación con que cuenten las instancias
                    competentes del propio Instituto;

                    d) Concluido el plazo a que se refiere este artículo, dentro de los
                    treinta días siguientes se formulará el dictamen correspondiente,
                    el cual se someterá al Consejo General del Instituto Electoral del
                    Distrito Federal para su determinación;

                    e) El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
                    para fijar la sanción correspondiente, tomará en cuenta las
                    circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de reincidencia
                    se aplicará una sanción más severa; y

                    f) Las resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral del
                    Distrito Federal que no hubiesen sido recurridas, o bien, que
                    fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal,
                    deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración
                    del Instituto en un plazo improrrogable de quince días contados a
                    partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se
                    hubiere efectuado, el Instituto Electoral del Distrito Federal podrá
                    deducir el monto de la multa de la siguiente ministración del
                    financiamiento público que corresponda. De no resultar posible lo
                    anterior, el Instituto Electoral del Distrito Federal notificará a la
                    Tesorería para que se proceda a su cobro en términos de la
                    normatividad aplicable.

                    Las quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos
                    derivados del financiamiento de las asociaciones políticas,
                    deberán ser resueltos a más tardar en la fecha que se rinda el
                    dictamen correspondiente a los informes del origen y monto del
                    financiamiento a dichas asociaciones políticas.”

Del precepto legal anterior, se deduce que en efecto, el procedimiento que se debe

seguir una vez que se presente una queja ante el Órgano Administrativo por cualquier

Partido Político, este se debe hacer del conocimiento al presunto responsable para que
en el término de cinco días manifieste por escrito lo que a su interés convenga; en el

caso que nos ocupa, no se actualiza la violación a la garantía de audiencia, prevista en

el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a que hace

alusión el actor, por no habérsele hecho de su conocimiento ambos escritos.



En efecto, para cumplir con la garantía de audiencia consagrada en nuestro texto

constitucional, se deben atender dos aspectos, consistentes en la forma y el fondo; el

primero de ellos comprende los medios establecidos en el mismo, constituidos por la

existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; el segundo, constituye el

contenido, espíritu o fin último, que persigue la garantía, que es el de evitar que se deje

en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o, en situación que

afecte gravemente sus defensas.



Ahora bien, del contenido de ambos escritos, se infiere que no tienen relación alguna

con la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido

de la Revolución Democrática, como se puede apreciar; a mayor abundamiento destaca

lo afirmado por el Partido Alianza Social actuando en su carácter de tercero interesado,

mediante escrito de fecha veintidós de marzo del año en curso, visible a fojas

doscientos setenta y cuatro a doscientos setenta y nueve del presente expediente, en el

que sostiene que referente a sus escritos dirigidos al Presidente de la Comisión de

Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, los mismos los dirigió a dicho

funcionario debido a que trata aspectos de financiamiento para las actividades de los

partidos políticos, sustentándolos acorde a lo preceptuado en los artículos 38 y 66 del

Código de la materia, y no el artículo 277 del citado ordenamiento legal, como

equivocadamente lo señala el hoy actor.



Lo anterior viene a desvirtuar el agravio del que se duele el impetrante, toda vez que al

omitirse notificarle el contenido de los escritos referidos, para el efecto de que

manifestara lo que a su derecho conviniera, no se violentó la garantía constitucional de

audiencia en perjuicio del mismo; pues en apoyo a lo sostenido por el Partido Alianza
Social, en el escrito ya citado, así como por lo dispuesto por el artículo 277 del Código

de la materia, se infiere que todo aquel partido que presente queja para investigar

actividades de otros partidos que hayan incurrido en alguna irregularidad, deberán

dirigirlo inexorablemente ante el Instituto Electoral local, debiéndose acompañar al

mismo las pruebas que estime necesarias; aspectos que no revisten en su contenido

los libelos de fechas veintisiete de enero y seis de febrero, presentados por el Partido

Alianza Social, de ahí que no se actualiza la privación a la garantía de audiencia en

perjuicio del Partido de la Revolución Democrática.



A mayor abundamiento, y como lo afirma el Partido Alianza Social en su escrito de

tercero interesado, a la fecha los multicitados escritos se encuentran a disposición de la

Comisión de Fiscalización, derivado de que del análisis a los mismos, ésta determinó

iniciar un procedimiento a fin de deslindar posibles infracciones en que ha incurrido el

Partido de la Revolución Democrática, por cuestiones de financiamiento de la

propaganda de sus precandidatos, o en su caso absolverlo de toda responsabilidad, lo

cual aún no se le ha notificado, toda vez que todavía no culmina su sustanciación.



Por todos los argumentos antes esgrimidos este Tribunal considera que no le asiste la

razón al Partido de la Revolución Democrática, al afirmar que se le violó la garantía de

audiencia, en apoyo a lo antes sustentado.



Aunado a lo anterior, y en atención a lo sostenido por el impugnante, en el sentido de

que los citados escritos se tomaron en consideración para aplicarle la sanción inserta

en el RESOLUTIVO SEGUNDO con relación con los RESULTANDOS XXXIII y XXXIV,

incluso en mayor medida a la queja interpuesta por el Partido Revolucionario

Institucional, sobre el particular; conviene señalar, que contrario a lo aducido por el

actor, al analizar el citado RESOLUTIVO SEGUNDO de la resolución que se combate,

no se aprecia que se hayan tomado en consideración los RESULTANDOS ya citados,

para aplicar la sanción de la que se duele éste.



La Autoridad Responsable al resumir los agravios contenidos en su resolución, se refirió

únicamente a los comprendidos en el escrito de queja presentado por el Partido
Revolucionario Institucional, el que motivó el procedimiento que se sigue en contra del

partido actor, lo que es verificable a fojas doscientos treinta y cuatro a doscientos treinta

y cinco del expediente en que se actúa, no apreciándose de su contenido que aquella

haya entrado al estudio de las investigaciones solicitadas por el Partido Alianza Social

en sus escritos de veintisiete de enero y seis de febrero del año en curso, como lo

sostiene el actor.



Así también, la misma hipótesis se actualiza, respecto del escrito de fecha veintisiete de

enero que se cita en el RESULTANDO III, el que de igual manera se observa, que en la

resolución que se combate, no influyó en forma alguna para aplicarle la sanción al

impetrante; en efecto dicho escrito no se valoró en ninguno de los RESOLUTIVOS, en

particular del SEGUNDO que es el que hace mención a todos los RESULTANDOS, que

sirvieron de base para resolver, aunado a que en su escrito recursal el Partido de la

Revolución Democrática fue muy genérico en su imputación, ya que no precisa en que

parte de la resolución se valoró dicho escrito.



Finalmente, resulta inexacto lo sostenido por el impugnante en el sentido de que la

Autoridad Responsable le confiere al Partido Alianza Social un trato preferencial, toda

vez de que sin ser parte en el procedimiento se valoraron las consideraciones vertidas

en sus escritos, como ocurre al solicitarle se practiquen “inspecciones oculares por

parte de los órganos electorales desconcentrados en cada Distrito”, petición, que según

él, nunca fue planteada por el Partido Revolucionario Institucional; al respecto conviene

precisar que si bien es cierto, que del contenido del escrito del Partido Alianza Social de

fecha seis de febrero del presente año, se aprecia tal solicitud, no menos cierto resulta

ser que las inspecciones oculares llevadas a cabo por los cuarenta Órganos Distritales

Electorales, se llevaron en estricto cumplimiento a lo solicitado por el Partido

Revolucionario Institucional a través de su escrito de queja presentado en Oficialía de

Partes del Instituto Electoral local, con fecha veintidós de enero del año que transcurre,

mismo en el que solicitó entre otros lo siguiente: la investigación exhaustiva de los

hechos que plantea en la misma, lo que se aprecia a fojas ciento cincuenta y seis y

ciento cincuenta y siete, párrafo quinto, del presente expediente, aportando para ello las
pruebas que consideró necesarias para sostener su dicho, consistentes en fotografías,

de donde se observa la fijación de diversa propaganda de los precandidatos del Partido

de la Revolución Democrática; situación que propició que la autoridad administrativa

electoral solicitará no sólo a los cuarenta órganos desconcentrados, sino también a

otras dependencia gubernamentales locales, así como a las Delegaciones, la

presentación de informes sobre la propaganda electoral desplegada por los

precandidatos de dicho partido.



Luego entonces, resulta incorrecto que no se dio un trato preferencial al Partido Alianza

Social, al no imponerle carga procesal alguna, como aduce el actor, ya que de los

razonamientos antes esgrimidos, se concluye que dicho Partido, si bien es cierto que no

es parte de la litis en el procedimiento que se sigue en contra del Partido de la

Revolución Democrática, por la queja presentada por el Partido Revolucionario

Institucional, también lo es que en la investigación que lleva a cabo la Comisión de

Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, por lo que respecta a los

recursos utilizados durante el proceso de selección interna del instituto político actor sí

forma parte de tal investigación, por lo tanto la resolución que hoy emite este Órgano

Colegiado pudiera causarle algún perjuicio.



Por todo lo antes señalado, este Tribunal arriba a la conclusión de que el AGRAVIO

identificado con la letra C, objeto de estudio deviene INFUNDADO.



VI.- Corresponde el análisis del agravio identificado con la letra L mismo que el partido

impugnante hace consistir en lo siguiente:



Sostiene el partido recurrente que el RESOLUTIVO QUINTO de la resolución

impugnada, viola la garantía individual prevista en el artículo 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que al remitir a la Comisión de

Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, copia certificada de dicho fallo,

para realizar la revisión del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que

el partido actor utilizó durante el proceso de selección interna de candidatos a Jefes

Delegacionales y Diputados a la Asamblea Legislativa, no quedó agotada la pretensión
del partido denunciante, ya que prosigue la investigación de tales hechos, sobre los

cuales la autoridad administrativa electoral determinó imponer la sanción económica

combatida, mismos que debieron declararse definitivamente concluidos; por lo cual, la

litis se mantiene abierta, lo que vulnera el principio de certeza jurídica y posibilita la

imposición de dos sanciones por una misma conducta.



Que el núcleo que protege la garantía en comento, entendida como el derecho que

tiene toda persona para que se le administre justicia por tribunales previamente

constituidos, en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e

imparcial, encuentra su fundamento en la necesidad de preservar y mantener la paz y la

tranquilidad en la sociedad, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto

de los litigios que se susciten, en lo cual conforme a dicho principio, todo proceso debe

quedar agotado con el pronunciamiento de la resolución definitiva.



Al respecto, el mencionado RESOLUTIVO QUINTO de la resolución recurrida, visible a

fojas doscientos sesenta y ocho del expediente en que se actúa, establece lo siguiente:



                      “QUINTO.- De acuerdo con el considerando NOVENO, mediante
                      oficio remítase copia certificada de la presente Resolución, de sus
                      antecedentes y demás constancias a la Comisión de Fiscalización
                      del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
                      para que conforme a sus atribuciones, revise los informes sobre
                      el origen, destino y monto de los ingresos que el Partido de la
                      Revolución Democrática haya utilizado durante el proceso de
                      selección interna de candidatos a Jefes Delegacionales y
                      Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para
                      resolver en el momento procesal oportuno.”

Por su parte, el CONSIDERANDO NOVENO de la resolución impugnada, visible a fojas

doscientas sesenta y cuatro del expediente en que se actúa, es del tenor literal

siguiente:



                      “NOVENO.- Respecto a lo solicitado por el Partido quejoso, en el
                      sentido de que esta autoridad investigue el origen de los recursos
                      con los que se sufragaron los gastos originados por la
                      propaganda electoral desplegada por el Partido de la Revolución
                      Democrática, debe señalarse que en términos del artículo 66 del
                      Código Electoral del Distrito Federal, corresponde al ámbito de las
                      atribuciones de la Comisión de Fiscalización del Consejo General
                      del Instituto Electoral del Distrito Federal, ejercer la vigilancia de
                     los recursos que sobre financiamiento ejerzan las asociaciones
                     políticas.

                     Al efecto, concierne a dicha Comisión el requerir a los partidos
                     políticos para que rindan informes al respecto, así como llevar a
                     cabo la revisión de los mismos; inclusive realizar la práctica de
                     auditorías; ordenando de ser necesario las visitas de verificación,
                     y en su caso presentar a este Consejo General dictámenes e
                     informarle sobre las irregularidades derivadas del manejo de
                     recursos fiscalizables por dicha Comisión.

                     En consecuencia, este Órgano Superior de Dirección estima que
                     para atender los requerimientos planteados por el Partido
                     Revolucionario Institucional, en este aspecto, y por así
                     corresponder al ámbito de sus atribuciones, se ordena a la
                     Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
                     Electoral del Distrito Federal, para que continúe hasta su
                     conclusión las diligencias que estime necesarias para atender lo
                     requerido por el Partido quejoso, específicamente con relación a
                     la petición relacionada con el origen y destino de los recursos que
                     el Partido de la Revolución Democrática reporte               como
                     erogaciones efectuadas por su proceso de selección interna de
                     candidatos, y con fundamento en el artículo 277, último párrafo
                     del Código Electoral del Distrito Federal, se deberá resolver a
                     más tardar en la fecha que se rinda el dictamen correspondiente a
                     los informes del origen y monto del financiamiento del Partido de
                     la Revolución Democrática.

                     Para los efectos deberá remitírsele copia certificada de la
                     presente Resolución, de sus antecedentes y demás constancias a
                     dicha Comisión, para que actúe en el ámbito de su competencia.”

En este sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que por cuanto se refiere al

estudio del presente agravio, resultan aplicables los artículos 66 y 277, mismos que a

continuación se transcriben en su parte conducente:



                      “Artículo 66.- La Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral
                      del Distrito Federal tendrá a su cargo la revisión de los informes
                      que las asociaciones políticas reguladas por este Código,
                      presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de
                      campaña, según corresponda, así como para la vigilancia del
                      manejo de sus recursos, además de las atribuciones siguientes:

                      a) Elaborar lineamientos con bases técnicas, para la
                      presentación de los informes del origen y monto de los ingresos
                      que las asociaciones políticas reciban por cualquier modalidad de
                      financiamiento, así como su empleo y aplicación;

                      b) Establecer lineamientos para que las asociaciones políticas
                      lleven el registro de sus ingresos y egresos, y de la
                      documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos;

                      c) Vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan las
                      asociaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente
                      para las actividades señaladas en la ley;

                      d) Solicitar a las asociaciones políticas, cuando lo considere
                      conveniente, rindan informe detallado respecto de sus ingresos y
                      egresos;
e) Revisar los informes que las asociaciones políticas presenten
sobre el origen y destino de sus recursos anuales y del origen y
destino de los recursos de campaña de los Partidos Políticos,
según corresponda;

f) Ordenar, en los términos de los acuerdos del Consejo General,
la práctica de auditorías directamente o a través de terceros, a
las finanzas de las asociaciones políticas;

g) Ordenar visitas de verificación a las asociaciones políticas con
el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la
veracidad de sus informes;

h) Presentar al Consejo General los dictámenes que formulen
respecto de las auditorías y verificaciones practicadas;

i) Informar al Consejo General, de las irregularidades en que
hubiesen incurrido las asociaciones políticas derivadas del
manejo de sus recursos; el incumplimiento a su obligación de
informar sobre la aplicación de los mismos, a afecto de iniciar el
procedimiento sobre faltas y sanciones;

j) Proporcionar a las asociaciones políticas la orientación y
asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
consignadas en este artículo;

k) Intercambiar información con el Instituto Federal Electoral
respecto a los informes y revisiones que se realicen en los
respectivos ámbitos de competencia, a efecto de verificar el
cumplimiento de las normas establecidas por este Código; y

l) Las demás que le confiera este Código.”


“Artículo 277.- Un Partido Político aportando elementos de
prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal se investiguen las actividades de otros Partidos
Políticos o de una Agrupación Política cuando se incumplan sus
obligaciones de manera grave o sistemática, de acuerdo al
procedimiento de este artículo.

Asimismo, cualquier persona u organización política podrá
presentar queja ante los Presidentes de los Consejos Distritales,
o ante el Secretario Ejecutivo, de acuerdo a lo siguiente:

a) Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto
Electoral del Distrito Federal emplazará al presunto responsable
para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a
su derecho convenga y aporte las pruebas que considere
pertinentes y, en su caso, la pericial contable. Si se considerase
necesaria la pericial, ésta será con cargo al Partido Político o a la
Agrupación Política;

…

…

d) Concluido el plazo a que se refiere este artículo, dentro de los
treinta días siguientes se formulará el dictamen correspondiente,
el cual se someterá al Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal para su determinación;
                       …

                       f) Las resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral del
                       Distrito Federal que no hubiesen sido recurridas, o bien, que
                       fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal,
                       deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración
                       del Instituto en un plazo improrrogable de quince días contados a
                       partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se
                       hubiere efectuado, el Instituto Electoral del Distrito Federal podrá
                       deducir el monto de la multa de la siguiente ministración del
                       financiamiento público que corresponda. De no resultar posible lo
                       anterior, el Instituto Electoral del Distrito Federal notificará a la
                       Tesorería para que se proceda a su cobro en términos de la
                       normatividad aplicable.

                       Las quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos
                       derivados del financiamiento de las asociaciones políticas,
                       deberán ser resueltos a más tardar en la fecha que se rinda el
                       dictamen correspondiente a los informes del origen y monto del
                       financiamiento a dichas asociaciones políticas.”


De la lectura de los artículos antes transcritos este Órgano Jurisdiccional desprende

que conforme al procedimiento de queja establecido en el artículo 277 del Código

Electoral local, la Autoridad Responsable cuenta de manera general con un plazo de

treinta días contados a partir de que fenece el plazo de cinco días concedido al

presunto responsable a fin de que conteste lo que a su derecho convenga, para

formular el dictamen correspondiente.


El numeral antes citado establece una excepción al plazo anteriormente mencionado,

en el caso de que la queja verse sobre el origen y aplicación de los recursos derivados

del financiamiento de las Asociaciones Políticas, los cuales deberán ser resueltos a

más tardar en la fecha que se rinda el dictamen correspondiente a los informes del

origen y monto del financiamiento de dichas Asociaciones Políticas.


Ahora bien, en el caso en estudio, la autoridad electoral, derivado de las diversas

peticiones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional en su respectivo escrito

de queja, se avocó a investigar, dentro del plazo general establecido en el artículo 277

del ordenamiento electoral local, los hechos relativos a si la utilización de propaganda

en el proceso de selección interna de los candidatos del Partido de la Revolución

Democrática, conculcaba alguna normatividad electoral, y por lo que respecta a la

petición realizada por el Partido quejoso relativa a investigar el origen de los recursos

con los que se sufragaron los gastos por la propaganda utilizada en el proceso de
selección interna del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el

último párrafo del numeral en comento, dicho aspecto deberá ser resuelto en la fecha

en que se rinda el dictamen correspondiente a los informes del origen y monto del

financiamiento del Partido Político hoy recurrente, correspondiendo dicha atribución a la

Comisión de Fiscalización del Instituto responsable.


En razón de lo anterior, resulta incorrecto lo sostenido por el partido impetrante en el

sentido de que el RESOLUTIVO materia del presente agravio deja sin agotar la

pretensión del partido denunciante, ya que el último párrafo del artículo 277 del

ordenamiento electoral local señala expresamente que en el caso de quejas que versen

sobre el origen y monto de las erogaciones que realicen las Asociaciones Políticas

éstas se resolverán en una fecha y momento distinto, por lo que la Autoridad

Responsable actuó apegada a derecho al resolver primeramente los hechos

denunciados respecto a la utilización de la propaganda en el proceso interno de

selección de candidatos y remitir lo relativo al aspecto de erogaciones a la Comisión de

Fiscalización.


No obsta a lo anterior, que la resolución que recaiga a la investigación que realiza la

Comisión de Fiscalización, la cual se presenta a más tardar de manera conjunta con la

rendición del dictamen relativo al origen y monto del financiamiento otorgado a las

asociaciones políticas, pueda ser recurrida a través del medio de impugnación

correspondiente en caso de que se estime que la misma conculca derechos del hoy

recurrente.


En tal virtud, ESTE TRIBUNAL CONSIDERA QUE EL AGRAVIO IDENTIFICADO CON

LA LETRA L, DEVIENE INFUNDADO.


VII.- Procede el estudio del agravio identificado con la letra M, mismo que el partido

recurrente lo hace consistir en lo siguiente:



Afirma el partido inconforme que el RESOLUTIVO CUARTO del fallo recurrido, el cual

ordena hacer del conocimiento del Jefe de Gobierno que diversas autoridades del

Distrito Federal no proporcionaron informes al Instituto Electoral del Distrito Federal
viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

120 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 3° del Código Electoral local, toda

vez que si dicho RESOLUTIVO adolece de una indebida fundamentación y motivación,

es innegable entonces que no puede considerarse como soporte jurídico de la misma

resolución, considerada ésta en su integridad.



En tal sentido aduce el apelante, que si el RESOLUTIVO en comento carece de una

debida motivación y fundamentación, de la que se advierte participa dicho fallo, debe

arribarse a la conclusión de que existe una relación causal en cada una de las partes

que integran la sentencia, en el entendido de que cuando el acto posterior tiene su

motivación o causa eficiente en los actos y omisiones inconstitucionales o ilegales que

constituyen su antecedente, cabe concluir que tales actos están, en última instancia,

involucrados entre sí, debido a que no pueden desligarse unos de otros, por formar

parte integral de la sentencia recurrida en sí misma.



Al respecto, cabe señalar que el mencionado RESOLUTIVO CUARTO de la resolución

impugnada, visible a fojas doscientos sesenta y siete del expediente en que se actúa,

señala expresamente lo siguiente:



                     “CUARTO.- Atento a lo señalado en el considerando SEXTO de
                     esta Resolución, se deberá hacer del conocimiento del Jefe de
                     Gobierno del Distrito Federal, que los Jefes Delegacionales en
                     Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco, así como el
                     Director General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del
                     Distrito Federal, que como autoridades del Distrito Federal
                     estando obligadas a proporcionar informes a los órganos del
                     Instituto Electoral del Distrito Federal para el cumplimiento de sus
                     funciones no lo hicieron; irregularidades que se deberán sancionar
                     en los términos de ley, comunicando al Instituto Electoral del
                     Distrito Federal las medidas que haya adoptado en el caso que
                     nos ocupa. “


Asimismo, se considera pertinente transcribir los aspectos que guardan relación con el

RESOLUTIVO anteriormente señalado, y el CONSIDERANDO SEXTO de la resolución

impugnada, visible a fojas doscientos treinta y cinco y doscientos treinta y seis del

expediente en que se actúa, el cual establece en su parte conducente:
                     “SEXTO.- Que por cuanto hace a la manifestación del Partido
                     Revolucionario Institucional en su escrito de queja, relativo a que
                     el Partido de la Revolución Democrática utilizó a su libre albedrío,
                     diversos inmuebles en propiedad o posesión del Gobierno del
                     Distrito Federal, bardas, árboles, casetas telefónicas y postes,
                     para pintar, colgar pendones o pegar propaganda para promover a
                     precandidatos que mediante su proceso de selección interna, en
                     su momento habrá de registrar como candidatos a contender por
                     los distintos cargos de elección popular, en el proceso electoral
                     que se celebrará el próximo seis de julio de dos mil tres; el
                     Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal,
                     mediante Acuerdo de fecha treinta de enero del año en curso,
                     ordenó, a fin de corroborar la veracidad del hecho antes expuesto,
                     lo siguiente:


                     …


                     d) Con fundamento en el artículo 103 del Código Electoral del
                     Distrito Federal, girar oficios al C. Jefe de Gobierno; al Secretario
                     de Desarrollo Urbano y Vivienda; a los dieciséis Jefes
                     Delegacionales y al Director General de Patrimonio Inmobiliario,
                     todos ellos del Distrito Federal, a efecto de que en auxilio de esta
                     autoridad electoral, se sirvieran informar sobre los hechos materia
                     de la presente queja y en particular sobre los inmuebles propiedad
                     del Gobierno del Distrito Federal o de los que tenga éste en
                     posesión, en los cuales se haya instalado, pegado o pintado la
                     propaganda a que alude el quejoso, apercibiéndolos en términos
                     del artículo 274, inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal.”


En este sentido, resulta conveniente precisar el contenido de las disposiciones del

Código Electoral del Distrito Federal que la Autoridad Responsable utiliza como

fundamento de su actuación, las cuales son del tenor literal siguiente:


                     “Artículo 103.- Las autoridades del Distrito Federal están obligadas
                     a proporcionar informes, certificaciones y el auxilio de la fuerza
                     pública a los órganos del Instituto Electoral del Distrito Federal
                     para el cumplimiento de sus funciones, previa solicitud que le
                     formulen sus respectivos titulares.

                     El Instituto Electoral del Distrito Federal podrá solicitar la
                     colaboración de las autoridades federales, para los efectos a que
                     se refiere el párrafo anterior.


                     Artículo 274.- El Instituto Electoral del Distrito Federal conocerá de
                     las infracciones que cometan:

                     …

                     c) Las autoridades del Distrito Federal a que se refiere el artículo
                     103 de este Código, en los casos en que no proporcionen en
                     tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los
                     órganos del Instituto. Para ello una vez conocida la infracción, se
                     integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de
                     la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de
                     ley. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior
                        deberá comunicar al Instituto Electoral del Distrito Federal las
                        medidas que haya adoptado en el caso.

                        …”

Derivado de lo anterior, este Tribunal advierte que, contrario a lo sostenido por el

recurrente, la Autoridad Responsable funda y motiva su actuación referente a solicitar

información a diversas autoridades del Distrito Federal con el objetivo de que los

órganos del Instituto Electoral del Distrito Federal cumplan cabalmente con las

funciones que tienen encomendadas y que en el caso concreto se refiere al

procedimiento de queja instaurado contra el Partido de la Revolución Democrática.



En el caso concreto, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, a

fin de corroborar los hechos expuestos en la queja interpuesta por el PRI, con

fundamento en el artículo 103 del Código Electoral del Distrito Federal, ordenó girar

oficio a diversas autoridades del Distrito Federal a efecto de que en auxilio de esa

autoridad electoral se sirvieran informar sobre la veracidad de los hechos denunciados.



Ahora bien, el ejercicio de la facultad conferida a la autoridad electoral consistente en

solicitar información a las diversas autoridades del Distrito Federal, resulta en una

obligación imperativa no sujeta al criterio discrecional de la autoridad de gobierno, ya

que su incumplimiento actualiza la infracción administrativa contemplada en el inciso c)

del artículo 274 del Código Electoral local, aspecto sobre el cual al realizar la solicitud

de   información   el    Secretario   Ejecutivo   realizó   el   apercibimiento   respectivo,

actualizándose en el caso de diversos funcionarios del gobierno del Distrito Federal.



En este sentido, no le asiste la razón al Partido de la Revolución Democrática cuando

afirma que el RESOLUTIVO CUARTO de la resolución impugnada viola las garantías

de fundamentación y motivación pues resulta inconcuso que el Secretario Ejecutivo del

Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra facultado para solicitar información a

las diversas autoridades del Distrito Federal para el cumplimiento de sus funciones, y

asimismo, la autoridad electoral tiene competencia para conocer de las infracciones que

realicen las autoridades del Distrito Federal en los casos en que no se proporcionen en

tiempo y forma la información solicitada para los órganos del Instituto Electoral
responsable, como aconteció en el desahogo del procedimiento de queja materia de la

presente resolución.



Por otra parte, cabe hacer notar que de la lectura del agravio en análisis no se

desprende conculcación personal y directa a la esfera jurídica del promovente, sino que

su argumentación se centra en señalar que existe una supuesta relación causal entre la

fundamentación y motivación de la resolución recaída al procedimiento de queja

instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática y la actualización de las

infracciones administrativas en que incurrieron las autoridades del Distrito Federal por

no haber proporcionado en tiempo y forma la información solicitada, por lo que sí la

autoridad jurisdiccional revoca la resolución recurrida, de igual manera debía revocarse

en el procedimiento lo relativo a las infracciones administrativas imputadas a las

autoridades del Gobierno del Distrito Federal.



Contrario a lo argumentado por el recurrente, el procedimiento sancionatorio instaurado

en contra de las autoridades del Distrito Federal, en virtud de no haber proporcionado

en tiempo y forma los datos requeridos, en concepto de este Órgano Colegiado, es

independiente del procedimiento de queja instaurado por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido de la Revolución Democrática, dentro de cuya

sustanciación se realizó la solicitud de información respectiva.



De admitirse lo esgrimido por el recurrente, se llegaría al absurdo consistente en que

una autoridad podría negarse a brindar colaboración y apoyo, argumentando que

estima a priori que resulta ilegal el procedimiento merced al cual se le requiere la

información solicitada; en tal virtud, se arribaría al extremo inadmisible para este

Tribunal de que las autoridades del Distrito Federal se encuentran facultadas para

analizar de manera previa la legalidad o procedencia de los procedimientos de

investigación que realiza la autoridad electoral local, para en virtud de ello, brindar la

información requerida, lo cual además de generar confusión en los procedimientos

administrativo y jurisdiccional, dilataría la resolución de los mismos en perjuicio de los

justiciables.
Por todo lo anterior, se considera que la determinación de la Autoridad Responsable

consistente en hacer del conocimiento del Jefe de Gobierno del Distrito Federal el

hecho de que diversas autoridades de ese ámbito territorial no proporcionaron informes

al Instituto Electoral del Distrito Federal, se encuentra apegada a la legalidad y en

consecuencia, EL AGRAVIO MARCADO CON LA LETRA M DEVIENE INFUNDADO.



VIII.– En el presente CONSIDERANDO serán objeto de estudio en primer lugar en

forma individual, los conceptos de agravio que se identifican con las letras A y B del

escrito recursal.



A.- Aduce el impugnante que le causa agravio el contenido de los RESOLUTIVOS

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO, de la resolución del

Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, respecto de la queja

identificada con la clave IEDF-QCG/001/2003, interpuesta por el Partido Revolucionario

Institucional, en contra del Partido de la Revolución Democrática, en virtud            de

sustentarse en una ilegal declaración de procedencia del recurso, en términos de lo

establecido en el CONSIDERANDO PRIMERO de la resolución que se combate.


Señala el actor que la ilegalidad de dicho CONSIDERANDO, del cual devienen los

puntos RESOLUTIVOS de la sentencia impugnada, se refleja en el hecho de que en

ningún momento se aprecia, del contenido de los preceptos legales descritos en el

mencionado CONSIDERANDO la motivación por la que se declara procedente la queja.


Además de ello, sostiene el partido impugnante, que le causa agravio el que no se

hayan estudiado las causales de improcedencia, sometidas al conocimiento del Instituto

Electoral local, ya que en detrimento del principio de legalidad, el partido actor sostiene

que si bien la Responsable invocó una serie de artículos del Código Electoral local,

también lo es que no los fundó, porque los mismos no se refieren a lo atinente para

iniciar una investigación que versa según la responsable “sobre la propaganda electoral

y gastos relativos al proceso de selección interna de los precandidatos que habrán de

contender como candidatos de ese Partido Político a los diversos cargos de elección

popular del próximo seis de julio”, lo que conlleva a señalar que la responsable se
declara competente en un proceso de selección interna de candidatos de un Partido

Político.


Lo argumentos de reproche resultan infundados a la luz de los siguientes

pronunciamientos:



Previamente a realizar el estudio a las manifestaciones vertidas por el partido actor,

procede ocuparse del alegado principio de legalidad, que en sus variantes de

fundamentación y motivación, se exponen en este apartado de agravios.



Como es de explorado derecho, tal principio en las referidas vertientes consiste en

vigilar que todo acto emitido por autoridad competente esté debidamente fundado y

motivado, lo que significa, por una parte, la obligación que tienen los órganos de

autoridad para precisar en sus actos, los preceptos legales aplicables al caso concreto;

y por otra, invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas

inmediatas que se tomaron en cuenta en su emisión, para que los motivos aducidos y

las disposiciones legales aplicables al caso concreto sean congruentes, con el propósito

de que los gobernados no se vean afectados en su esfera jurídica, ya que de lo

contrario, podrán inconformarse contra el acto emitido por la autoridad respectiva.


Sirve de ilustración la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal

Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 49, en la Gaceta del Semanario

Judicial de la Federación, Octava Época, número 54, del mes de junio de mil

novecientos noventa y dos, titulada:


                     “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo
                     16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar
                     adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose
                     por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto
                     legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben
                     señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones
                     particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en
                     consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además,
                     que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas
                     aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las
                     hipótesis normativas.
                     …”
En consecuencia, el principio de legalidad en los aspectos ya indicados tiene como fin

obligar a las autoridades del Estado, ya sean administrativas, jurisdiccionales y órganos

autónomos, como es el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal, a emitir sus

resoluciones fundadas y motivadas, con el objeto de no vulnerar en perjuicio del

gobernado la garantía de legalidad invocada, razón por la cual dicho Instituto se avocó

a sustanciar el trámite de la denuncia formulada, identificada con la clave IEDF-

QCG/001/2003, que interpuso el Partido Revolucionario Institucional en contra del

Partido de la Revolución Democrática.


En estas condiciones, procede analizar si en el CONSIDERANDO PRIMERO, de la

sentencia que se impugna, la Autoridad Responsable motivó y fundó la procedencia del

recurso, en virtud de que ambos requisitos guardan estrecha relación, es decir, no

basta simplemente que la autoridad cite los preceptos aplicables al caso concreto, sino

que será indispensable que especifique los razonamientos que la llevaron a tomar tal

determinación, cerciorándose de que guardan relación ambos aspectos, esto es, que

exista congruencia entre lo regulado por dichas disposiciones y lo esgrimido en la

motivación hecha por la autoridad, por tanto, resulta evidente que la inexacta aplicación

de un precepto legal violenta el principio de legalidad.


Al respecto, la Autoridad Responsable en el CONSIDERANDO PRIMERO de la

resolución recurrida, adujo textualmente lo siguiente:


                       “PRIMERO.- Qué este Consejo General del Instituto Electoral del
                      Distrito Federal es competente para conocer y resolver la queja
                      presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra
                      del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la
                      investigación sobre la propaganda electoral y gastos relativos al
                      proceso de selección interna de los precandidatos que habrán de
                      contender como candidatos de ese Partido Político a los diversos
                      cargos de elección popular del próximo seis de julio, así como de
                      los actos de proselitismo en el que supuestamente incurre el Jefe
                      de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto
                      en los artículos 120, 123, 124, 127, 134 y 136 del Estatuto de
                      Gobierno del Distrito Federal; 1°, 2°, 3°, 25, inciso a), 74, inciso k),
                      274, incisos c) y g), 275, inciso a), 276 y 277 del Código Electoral
                      del Distrito Federal”.

Asimismo, la responsable al rendir su informe circunstanciado, en términos del artículo

255, párrafo primero inciso e) del Código de la materia, lo que es visible a fojas
quinientos veintiuno a la quinientos cincuenta y dos, del expediente en que se actúa,

Tomo I, sostuvo lo siguiente:


       a) Que el apelante confunde la declaración de procedencia con la de

competencia, que sobre sí misma hace el Consejo General en su CONSIDERANDO

PRIMERO; y


       b) Que la competencia de una autoridad resulta de un mandato expreso en la

norma, cuya aplicación no requiere de motivación, toda vez que por su naturaleza, es

imperativa, no sujeta a un razonamiento de silogismos que acrediten su aplicación.



Asimismo, la responsable refiere que de un análisis integral de los artículos 120, 123,

124, 127, 134 y 136 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como de los

numerales 1°, 2°, 3°, 25, 74, inciso k), 274, inciso c), 275, 276, y 277 del Código

Electoral del Distrito Federal, se colige que ninguno de ellos resulta apto para declarar

la improcedencia de la queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en

contra del Partido de la Revolución Democrática, por la propaganda electoral y gastos

relativos al proceso de selección interna de los precandidatos, que habrán de contender

como candidatos de ese Partido Político a los diversos cargos de elección popular el

próximo seis de julio; ya que no prevén dicha hipótesis, más bien lo que precisan, entre

otros, es que el Instituto Electoral local es autoridad en materia electoral; los principios

que deben observar las autoridades electorales para el debido cumplimiento de sus

funciones; las obligaciones de las Asociaciones Políticas; las atribuciones del Secretario

Ejecutivo; la competencia del Consejo General para resolver los medios de

impugnación; y el tipo de sanciones a que se harán acreedores las Asociaciones

Políticas cuando violen disposiciones del Código; así como la facultad de los partidos

políticos para presentar quejas, cuando tengan conocimiento de una irregularidad en

que incurra un Instituto Político.



Ahora bien, de lo sostenido por la responsable en su informe circunstanciado, se infiere

que el partido impetrante confunde la declaración de procedencia de la queja, con la de

competencia del órgano resolutor, al señalar que le causa agravio el contenido de los
RESOLUTIVOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO, de

la resolución que se combate, por sustentarse en una ilegal declaración de procedencia

del recurso, establecida en el CONSIDERANDO PRIMERO, toda vez que como se

podrá observar de lo contenido en el mismo, se arriba a la convicción de que la

responsable, funda con apoyo en diversos preceptos legales, la competencia que

ostenta para conocer y resolver la queja planteada por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del Partido de la Revolución Democrática.


Puntualizado lo anterior, es menester señalar que efectivamente acordes con lo

sostenido por la autoridad administrativa, la competencia de una autoridad para conocer

cualquier asunto o controversia, resulta de un mandato expreso de la norma, cuya

aplicación no requiere de motivación alguna, toda vez que por su naturaleza, es

imperativa. Ahora bien, la norma que invoca la responsable para fundamentar su

competencia, resulta ser el artículo 74, inciso k) del Código Electoral del Distrito

Federal, que otorga la atribución al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del

Distrito Federal para recibir, sustanciar o tramitar, según sea el caso, los medios de

impugnación competencia del Consejo General y, en su caso, preparar el proyecto de

resolución correspondiente, el que ineludiblemente se someterá a la consideración del

citado Consejo, para determinar lo procedente.


En esa tesitura, resulta inconcuso que el Consejo General del Instituto Electoral local es

competente para resolver cualquier medio de impugnación, como en la especie resulta

ser la queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido

de la Revolución Democrática, en términos del artículo 60, fracción XII, del Código de la

materia.


Amén de lo anterior, resulta propicio señalar que es de explorado derecho que el

juzgador está obligado a revisar detenida y cuidadosamente el ocurso del promovente,

para que de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se

quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el fin de determinar cabalmente

cuál fue la intención del promovente, ya que sólo de esa forma se puede lograr una

recta administración de justicia en materia electoral.
Lo anterior encuentra sustento en la Tesis de Jurisprudencia emitida por este Órgano

Jurisidccional, identificada con la clave TEDF2.ELJ015/2002, cuyo rubro es el siguiente:

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS.

PROCEDE       EN    LOS     MEDIOS      DE    IMPUGNACIÓN         CUYA     RESOLUCIÓN

CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.”, misma que

ha sido transcrita con antelación.




Con apoyo en lo anterior, de los agravios contenidos en el escrito recursal del

impugnante, se desprende que el actor se duele no de la competencia de la autoridad

administrativa electoral para conocer y resolver de la queja, incoada en su contra por el

Partido Revolucionario Institucional, a que se contrae el CONSIDERANDO PRIMERO,

del cual devienen los puntos RESOLUTIVOS de la resolución; sino más bien de la ilegal

declaración de procedencia de la queja, la que fundó erróneamente en el contenido de

lo dispuesto en el referido CONSIDERANDO, cuando debió hacerlo respecto a lo

establecido en el CONSIDERANDO TERCERO, por ser el acorde en relación con lo

solicitado, el que textualmente señala lo siguiente:


                      “TERCERO.- Que una vez realizado el estudio de la queja
                      interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, se advierte
                      que no se actualiza causa alguna de improcedencia o
                      sobreseimiento, por tanto, se analizarán los hechos denunciados
                      por el promovente, los argumentos del presunto responsable y las
                      actuaciones realizadas por esta autoridad electoral, aplicando al
                      presente caso como principio general del derecho, en términos del
                      artículo 3°, párrafo tercero del Código Electoral del Distrito
                      Federal, el principio de exhaustividad en la investigación, situación
                      que le confiere atribuciones a esta autoridad electoral, para suplir
                      la deficiencia en la exposición y argumentación de los hechos
                      denunciados; asimismo, se valorarán las pruebas ofrecidas y
                      aportadas, adminiculándolas con las constancias que obren en el
                      expediente, de conformidad con las disposiciones aplicables al
                      caso concreto y con apego a lo dispuesto en el artículo 265 del
                      ordenamiento legal citado, esto es, atendiendo a las reglas de la
                      lógica, la sana crítica y la experiencia.”


De dicho CONSIDERANDO, se infiere que la responsable decretó la procedencia de la

queja, al sostener que no se actualizaba causal de improcedencia alguna o

sobreseimiento, de ahí que entró al estudio de fondo de la controversia planteada en

cumplimiento a la garantía de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se resulta apegado a

derecho.



En efecto, el numeral 277 del Código Electoral local, dispone a la letra lo siguiente:



                     “Artículo 277.- Un Partido Político aportando elementos de prueba,
                     podrá pedir al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
                     Federal se investiguen las actividades de otros Partidos Políticos o
                     de una Agrupación Política cuando se incumplan sus obligaciones
                     de manera grave o sistemática, de acuerdo al procedimiento de
                     este artículo.

                     Asimismo, cualquier persona u organización política podrá
                     presentar queja ante los Presidentes de los Consejos Distritales, o
                     ante el Secretario Ejecutivo, de acuerdo a lo siguiente:

                     a) Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto
                     Electoral del Distrito Federal emplazará al presunto responsable
                     para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su
                     derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes
                     y, en su caso, la pericial contable. Si se considerase necesaria la
                     pericial, ésta será con cargo al Partido Político o a la Agrupación
                     Política;

                     b) Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito en el que
                     se comparezca al procedimiento. Ninguna prueba aportada fuera
                     del plazo previsto para ello será tomada en cuenta;

                     c) Para la integración del expediente, se podrá solicitar la
                     información y documentación con que cuenten las instancias
                     competentes del propio Instituto;

                     d) Concluido el plazo a que se refiere este artículo, dentro de los
                     treinta días siguientes se formulará el dictamen correspondiente, el
                     cual se someterá al Consejo General del Instituto Electoral del
                     Distrito Federal para su determinación;

                     e) El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,
                     para fijar la sanción correspondiente, tomará en cuenta las
                     circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se
                     aplicará una sanción más severa; y

                     f) Las resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral del
                     Distrito Federal que no hubiesen sido recurridas, o bien, que fuesen
                     confirmadas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, deberán
                     ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del
                     Instituto en un plazo improrrogable de quince días contados a partir
                     de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiere
                     efectuado, el Instituto Electoral del Distrito Federal podrá deducir el
                     monto de la multa de la siguiente ministración del financiamiento
                     público que corresponda. De no resultar posible lo anterior, el
                     Instituto Electoral del Distrito Federal notificará a la Tesorería para
                     que se proceda a su cobro en términos de la normatividad
                     aplicable.

                     Las quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos derivados
                     del financiamiento de las asociaciones políticas, deberán ser
                       resueltos a más tardar en la fecha que se rinda el dictamen
                       correspondiente a los informes del origen y monto del
                       financiamiento a dichas asociaciones políticas.”

Se advierte de la simple lectura del expediente que se integró con la denuncia del

Partido Revolucionario Institucional, identificado con la clave IEDF-QCG/001/2003, que

este Instituto Político denunció al partido hoy apelante por la realización de actos de

propaganda, fuera de los plazos previstos en el artículo 148 del Código de la materia, al

proyectar en gran escala diversa publicidad que señalaba los nombres de los

candidatos para contender a un cargo público para la elección constitucional fijada para

el día seis de julio del año en curso, contemplándose en ella el nombre y emblema del

Partido de la Revolución Democrática; sin que en la misma se hubiera precisado que se

trataba de un proceso interno de selección de los precandidatos de ese partido.



De la revisión de las constancias que integran el citado expediente de queja, se aprecia

que el partido hoy actor, produjo en el plazo que le fue concedido el escrito de

contestación, con lo que se observa que se respetó la garantía de audiencia, prevista

en el numeral 14 Constitucional.



En ejercicio de sus facultades el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito

Federal, recabó las actas circunstanciadas que ordenó practicar a la Unidad de Asuntos

Jurídicos, de los Coordinadores de los cuarenta Distritos Electorales, los informes de

los Jefes Delegacionales y otras autoridades adscritas al Gobierno del Distrito Federal,

y con base en ese material probatorio con fecha catorce de marzo del año en curso,

aprobó la resolución en la que determinó considerar probada la queja de mérito.



Siendo lo anterior así, en concepto de este Tribunal, la autoridad recurrida al resolver la

procedencia de la queja tantas veces citada, cumplió con el requisito formal de

procedibilidad, previsto en el numeral 277 del Código de la materia, pues en dicho caso

medió la presentación de la denuncia de parte de un partido interesado (al que la Ley

legitima), respecto de la investigación de las actividades realizadas por otro partido, por

presuntas violaciones de las obligaciones del partido infractor, realizadas de manera

grave y sistemática.
En esta virtud, si el requisito formal de procedibilidad fue satisfecho, ninguna

disposición legal faculta a la autoridad recurrida para desestimar “apriorísticamente” la

queja formulada, en tanto que al ordenarse el emplazamiento al partido presunto

infractor, para que produzca el escrito de contestación y ofrezca las pruebas que

considere pertinentes, la sustanciación del procedimiento debe tramitarse y resolverse

dentro del plazo de treinta días siguientes, al de la práctica del citado emplazamiento.



Contrario pues al criterio sostenido por la apelante, el procedimiento al que la misma

quedó sometido, en atención al principio de igualdad procesal, no representa ninguna

violación a la garantía de legalidad, en razón de que con base en el diverso principio de

contradicción que impera en la Teoría General del Proceso, la misma oportunidad de

que goza el denunciante, el presunto infractor cuenta con el derecho a excepcionarse,

disfrutando ambas partes del derecho a ofrecer las pruebas que acrediten sus

respectivas pretensiones. Lo que se extiende, incluso, a la parte resolutiva o conclusiva

del procedimiento, al contar el partido que se le sanciona, con el medio impugnativo que

prevé la ley de la materia.



En las relatadas condiciones, EL CONCEPTO DE AGRAVIO IDENTIFICADO CON LA

LETRA A DEVIENE INFUNDADO.


Ahora bien, por lo que respecta al agravio identificado con la letra B, el mismo es

fundado pero inoperante en atención a los razonamientos siguientes:



En su escrito recursal el partido político apelante se duele de que la autoridad

responsable no estudió la causal de improcedencia establecida en el artículo 251, inciso

a) del Código Electoral del Distrito Federal, relativa a la falta de interés jurídico por parte

del Partido Revolucionario Institucional para interponer la queja en contra del hoy actor,

la cual hizo valer en su escrito de contestación.



Al respecto, este Órgano Jurisdiccional al analizar la resolución impugnada desprende

que en efecto, la responsable fue omisa en el estudio de la causal de improcedencia
hecha valer por el instituto político impugnante en su escrito presentado ante la Oficialía

de Partes del Instituto Electoral del Distrito Federal, con fecha veintdós de enero de dos

mil tres, mediante el cual da contestación a la queja interpuesta por el Partido

Revolucionario Institucional en su contra.



En relación con lo anterior, la autoridad responsable al rendir su informe

circunstanciado lleva a cabo el estudio de la causal en comento, lo cual a juicio de este

Tribunal no es procedente, ya que tal estudio debió haberlo efectuado al momento de

emitir la resolución reclamada.



No obstante ello, en la especie no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer

por el Partido de la Revolución Democrática, toda vez que el Partido Revolucionario

Institucional sí tiene interés jurídico en el presente caso.



En efecto el Partido Revolucionario Institucional, cuenta con interés jurídico para

promover la queja en apego al artículo 277 del Código Electoral del Distrito Federal,

mismo que establece que un partido político, aportando elementos de prueba, puede

solicitar, se investiguen las actividades de otros partidos cuando incumplan sus

obligaciones de manera grave o sistemática, por lo que los partidos políticos tienen el

derecho subjetivo de que la autoridad electoral realice la investigación correspondiente,

y en uso de sus atribuciones, le dé el trámite correspondiente al procedimiento de queja.



Al efecto, no se requiere que el quejoso resienta un perjuicio en su esfera jurídica, en

virtud de que como partido político siendo un ente de interés público, tiene la finalidad,

entre otras, de promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a

la integración de la representación en cargos de elección popular.



En tal virtud el quejoso Partido Revolucionario Institucional cuenta con interés jurídico en

el presente caso, toda vez que los hechos respecto de los cuales solicitó se investigara

la actuación del Partido de la Revolución Democrática, conforme a los cauces legales,

son objeto de un derecho público subjetivo de promover la queja, conforme al
mencionado artículo 277 del Código Electoral del Distrito Federal, es decir, puede

solicitar se investiguen las actividades de otros partidos políticos o de una agrupación

política cuando se incumplan sus obligaciones de manera grave o sistematica.



En consecuencia, el AGRAVIO EN ESTUDIO ES FUNDADO PERO INOPERANTE.



IX. En el presente Considerando se abordará el estudio conjunto de los conceptos de

agravio que se identifican con las letras D a K, en los que el apelante aduce que la

resolución combatida le causa perjuicio y transgrede las garantías de exacta aplicación

de la ley, legalidad, motivación y fundamentación previstas en los artículos 14 y 16

constitucionales.



Al respecto, se estima necesario hacer las siguientes consideraciones:



La Constitución en cualquier nación, es el ordenamiento jurídico fundamental, de ahí

que para referirse a ella se haga uso de expresiones tales como: la Carta Fundamental,

la Carta Magna, el ordenamiento supremo o superior, el orden jurídico fundamental, el

conjunto de normas que fundamentan la legitimidad del poder estatal o el fundamento

de validez de todas las restantes normas.



Con independencia de estas denominaciones, tanto en el ámbito académico como

jurisdiccional, se ha aceptado que la Constitución no es en rigor una norma, sino más

bien un conjunto de principios y reglas y que la calificación de "suprema" que se hace

de ella se justifica en atención a sus importantes características, derivada además de

su jerarquía superior con relación a todos los demás cuerpos legales.



Esto es así, ya que la Constitución como ordenamiento fundamental, contiene

enunciados normativos que consignan principios fundamentales del sistema jurídico

mexicano, mismos que, en algunos casos, así se identifican expresamente, y además,

establece reglas que desarrollan esos principios y que aseguran directa y

específicamente algún valor estimado de orden superior para la colectividad.
En este contexto, la diferencia entre reglas y principios radica esencialmente en que los

principios se configuran en forma abierta, en tanto que las reglas lo hacen en forma

acotada y específica, al prever hipótesis particulares que se actualizan con hechos

concretos.



De esta forma, los principios se conciben como normas que expresan y tutelan los

valores superiores de un orden jurídico, que marcan las directrices o pautas a seguir,

los fines a perseguir por la colectividad. Se erigen, por consiguiente, en los límites que

circunscriben el contenido de la normatividad secundaria y el actuar de los gobernados.



Tanto lo principios como las reglas, al constituir enunciados jurídicos, tienen una

vertiente valorativa o de valoración de la conducta, pues están orientados a proteger

ciertos aspectos o cosas que se estiman valiosos para la colectividad y que en

consecuencia, deben salvaguardarse, verbigracia, la vida, la libertad, la dignidad, la

democracia, la soberanía y la legalidad.



En este contexto, aunque principios y reglas tienden a tutelar y hacer efectivos esos

valores superiores, se diferencian entre sí, pues mientras las reglas constituyen una

modalidad concreta y específica de protección, dado que consignan hipótesis

normativas específicas, los principios establecen directrices o postulados rectores de

todo sistema jurídico, al consagrarse en forma abierta.



Así por ejemplo, en tanto que la libertad se considera un bien que debe ser protegido

por el sistema jurídico, éste se encuentra protegido por el principio de legalidad y tal

protección se lleva a cabo mediante la regla relativa a que nadie puede ser privado de

la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en

el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes

expedidas con anterioridad al hecho.
Esta dualidad (de principios y reglas) es propia de toda Constitución democrática

contemporánea, la que además de sentar las bases de organización del Estado,

garantiza el status de los gobernados.



Así, tratándose de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se

advierten normas que consagran esencialmente principios supremos que son el origen

y fundamento de nuestro sistema jurídico, tales como el de irretroactividad de las leyes,

la igualdad de los gobernados ante la ley o la prohibición de la discriminación, entre

otros, algunos de los cuales se desarrollan en ciertos artículos, esto es, a través de

reglas concretas y específicas que siguen gobernadas por el principio que las justifica.



Por cuanto hace a la materia electoral, nuestra Carta Fundamental consagra diversos

principios, mismos que son el origen y fundamento de la legislación secundaria, y que a

la vez constituyen los límites del actuar tanto de autoridades electorales como de los

diversos actores políticos, sean estos ciudadanos, organizaciones de ciudadanos,

partidos políticos o agrupaciones políticas.



En efecto, los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos señalan textualmente lo siguiente:


                “Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en
                el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
                beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
                de alterar o modificar la forma de su gobierno."

                "Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
                República representativa, democrática, federal, compuesta de estados
                libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero
                unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley
                fundamental."

                “Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes
                de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
                Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
                respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y
                las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán
                contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

                La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
                mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
                siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar
en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán
afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.
Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios
de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos
que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se
sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan
sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes
y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos
electorales y se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la
ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes se fijará anualmente, aplicando los costos
mínimos de campaña calculados por el Órgano Superior de Dirección
del Instituto Federal Electoral, el número de senadores y diputados a
elegir, el número de partidos políticos con representación en las
Cámaras del Congreso de la Unión y la duración de las campañas
electorales. El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en
forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la
elección de diputados inmediata anterior;

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldrá a una
cantidad igual al monto del financiamiento público que le corresponda a
cada partido político por actividades ordinarias en ese año; y

c) Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los
partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
como a las tareas editoriales.

La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones
de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los
montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus
simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del
origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo,
señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de
estas disposiciones.

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado
Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
                 propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión,
                 los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que
                 ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza,
                 legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios
                 rectores.

                 ...

                 IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de
                 los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de
                 medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución
                 y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los
                 procesos electorales y garantizará la protección de los derechos
                 políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los
                 términos del artículo 99 de esta Constitución.
                 …"


De las disposiciones constitucionales citadas, pueden advertirse diversos principios en

materia electoral, algunos de éstos, como se verá enseguida, se encuentran

expresamente mencionados en el texto constitucional, y otros pueden inferirse del

ordenamiento en su conjunto. En concepto de este Tribunal, los principios

fundamentales de la materia son:



1) El principio de soberanía nacional, según el cual todo poder dimana del pueblo y se

instituye en su beneficio.



2) En concordancia con el anterior, está el principio democrático, relativo a que es

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática

y federal, lo cual significa el acogimiento de la institución de la democracia en general

como forma de gobierno, en la que el carácter representativo será el elemento de

mayor peso, sin que ello implique excluir la participación directa del pueblo en los

procesos que determinen las leyes, lo cual se corrobora si se considera que el artículo

3° de la propia Carta Magna, proporciona una definición amplia de democracia, en el

sentido que no debe considerarse sólo como estructura jurídica y régimen político, sino

también como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social

y cultural del pueblo.



Cabe apuntar que este principio constitucional impera y debe estar presente en todos

los procesos democráticos del país, en los que el pueblo, en ejercicio de su soberanía,
elige a sus representantes populares o entre diversas alternativas relativas a ciertos

actos de gobierno.



Asimismo, este principio conlleva que en los procesos democráticos que se organicen

en las entidades que integran la Federación, deberán observarse los principios que

consagra el ordenamiento fundamental, lo que implica que las legislaciones locales en

la materia, en ningún caso podrán contrariar las estipulaciones del Pacto Federal.



En esta tesitura, por virtud del principio democrático, nuestra Carta Magna señala que

la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones

libres, auténticas y periódicas, en las que los partidos políticos tendrán un papel

trascendente al tener como finalidades promover la participación del pueblo en la vida

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el

sufragio universal, libre, secreto y directo.



De esta forma, la propia norma fundamental recoge como principio rector de cualquier

tipo de elección que pretenda ser calificada como democrática, esto es, de cualquier

tipo de proceso en el que el pueblo ejerce su soberanía, que la voluntad de los

ciudadanos se manifieste a través de sufragio universal, libre, secreto y directo y que

esta voluntad sea respetada.



Lo anterior significa que el sufragio de los ciudadanos ha de ajustarse a pautas

determinadas para que las elecciones en las que se emita puedan calificarse como

democráticas y por tanto válidas para la colectividad. Estas pautas parten de una

condición previa: la universalidad del sufragio, la cual se funda en el principio de un

hombre (ciudadano), un voto.



La libertad del sufragio, depende de la vigencia de las libertades políticas, y se traduce

en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna.
Quedando, por tanto, proscrito cualquier acto tendiente a influir o confundir al elector,

porque destruyen la naturaleza del sufragio. Para ejercer realmente el sufragio, el

elector debe tener oportunidad de elegir y gozar de la libertad para ello.



El secreto del sufragio constituye una exigencia fundamental vinculada a la libertad de

quien lo emite. El secreto del voto es en todo caso un derecho del ciudadano-elector

que se traduce en la obligación de la autoridad de garantizar al ciudadano que la

emisión del sufragio se realice en forma secreta.



Asimismo, el sufragio debe ser emitido de manera directa y personal por aquel a quien

compete tal derecho, pues sólo de esta forma se estará ejercitando la parte alícuota de

la soberanía que le corresponde y habrá de verse reflejado su parecer en la voluntad

ciudadana, lo que no puede darse si existen intermediarios en dicha emisión.



Consecuentemente, si el acto jurídico consistente en el ejercicio del voto, como derecho

del ciudadano-elector no se emite en las condiciones indicadas, porque por ejemplo, el

ciudadano no votó libremente, ya que fue coaccionado, es inconcuso que al

encontrarse viciada la voluntad del votante, se ha trastocado uno de los principios

constitucionales en la materia, a saber, el de carácter democrático.



Luego entonces, el sufragio emitido conforme a las directrices constitucionales

mencionadas, es condición de que la elección pueda ser considerada democrática.



3) Derivado de mismo principio democrático, la Constitución prevé el principio de

equidad no sólo durante la contienda electoral, sino en todo momento, al otorgar a los

partidos políticos, elementos para llevar a cabo sus actividades ordinarias y durante sus

campañas electorales; así como su acceso en los mismos términos de equidad a los

medios de comunicación social.



Con la misma finalidad de hacer efectivos los principios de soberanía popular, el

democrático y el de equidad, se instituye un organismo público autónomo que tiene a su
cargo la función estatal de organizar las elecciones federales y que se rege en su

actuación por los principios de legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.



4) Finalmente, en concordancia con las anteriores pautas fundamentales, se instituye

un principio de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales,

que se complementa con el establecimiento, en forma imperativa, de un sistema

integral y completo de medios de impugnación en materia electoral que tiene por objeto

efectuar el control atinente de esos actos y resoluciones y además, permite

salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de

asociación.



De esta manera, como previsión constitucional de cumplimiento necesario, no puede

haber acto o resolución trascendente de naturaleza electoral que esté exento de control

a través del sistema de medios de impugnación en comento, y para que tal imperativo

se vea satisfecho se instituye un Tribuna Electoral incorporado al Poder Judicial de la

Federación, al que compete resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones

que se hagan valer a través de los medios de impugnación dispuestos para combatir los

actos y resoluciones en la materia.



Así, el sistema de medios de impugnación en materia electoral, tutela el respeto a los

principios constitucionales de soberanía popular, de democracia, de equidad y de

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, y se constituye en

garante de cualquier proceso comicial, al tener como objetivo el respeto a la voluntad

ciudadana.



Estos principios, como ha quedado apuntado, rigen también en todos los procesos

democráticos que tienen lugar en los estados de la Federación, por encontrarse

previstos expresamente en el artículo 116, fracción IV de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos. Cabe apuntar que los incisos b) al i) de dicho precepto

rigen también para el ámbito del Distrito Federal, según se advierte de lo dispuesto en

el numeral 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f), del mismo
ordenamiento fundamental. Los artículos en mención señalan, en lo que interesa,

textualmente lo siguiente:



                "Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su
                ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o
                más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni
                depositarse el Legislativo en un solo individuo.

                Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
                de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

                ...

                IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
                garantizarán que:

                a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los
                miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los
                ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y
                directo;

                b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades
                electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad,
                objetividad, certeza e independencia;

                c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las
                elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la
                materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en
                sus decisiones;

                d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos
                los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al
                principio de legalidad;

                e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las
                instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad
                de las etapas de los procesos electorales;

                f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos
                políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su
                sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos
                para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal;

                g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos
                políticos a los medios de comunicación social;

                h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de
                los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los
                montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus
                simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del
                origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos
                políticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el
                incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias, e

                i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral,
                así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

                …"
                "Artículo 122…

                Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el
                Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.
                ...

                El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y
                la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona,
                elegida por votación universal, libre, directa y secreta.
                …

                C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las
                siguientes bases:

                BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa:

                I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres
                años por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que
                disponga la Ley…
                ...

                V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno,
                tendrá las siguientes facultades:
                …

                f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el
                Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de
                Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en
                los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta
                Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos
                políticos con registro nacional;
                …

                BASE TERCERA.- Respecto a la organización de la Administración
                Pública local en el Distrito Federal:
                …
                II.
                …

                Los titulares de los órganos político-administrativos de las
                demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre,
                secreta y directa, según lo determine la ley.

                …”


De lo anterior se advierte que al igual que acontece en el orden federal, para el caso de

las entidades federativas, el texto constitucional consagra diversos principios que rigen

en materia electoral, a saber el de soberanía popular, el democrático, el de equidad y el

de legalidad de todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales locales.



Ello es así, ya que los numerales en comento prevén que los titulares de los órganos

ejecutivo y legislativo en el Distrito Federal serán electos periódicamente por el pueblo,
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, lo cual conlleva un principio de

soberanía popular y de carácter democrático.



Asimismo, el texto fundamental garantiza a los partidos políticos financiamiento

equitativo para sus actividades ordinarias y con apoyos durante los procesos

electorales para sus actividades tendientes a la obtención del voto; el establecimiento

de límites a sus erogaciones durante las campañas electorales, así como a las

aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, para lo cual además se prevé la

existencia de procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los

recursos con que cuenten; en las mismas condiciones de equidad, se tutela su acceso

a los medios de comunicación social y se consagra el funcionamiento autónomo e

independiente tanto de la autoridad electoral encargada de organizar los comicios como

de aquélla que tenga a su cargo la resolución de las controversias en la materia,

autoridades que además se regirán por los principios de legalidad, independencia,

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, todo lo cual queda comprendido en

los principios de equidad y legalidad.



Cabe apuntar además, que este último principio, el de legalidad, se salvaguarda al

prever el establecimiento en las legislaciones electorales locales de un sistema de

medios de impugnación en la materia para que todos los actos y resoluciones

electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, y en concordancia con

ello, se dispone el señalamiento de plazos convenientes para el desahogo de instancias

impugnativas en las que además habrá de observarse el principio de definitividad de las

etapas del proceso electoral.



Aunado a lo anterior, y salvaguardando los principios referidos, se señala que las leyes

electorales locales, habrán de tipificar los delitos y determinar las faltas en materia

electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.



Estas bases o pautas fundamentales constituyen las directrices mínimas que deberán

observar las Constituciones y Leyes de los Estados y del Distrito Federal en materia
electoral, para salvaguardar los principios constitucionales de soberanía popular, el

democrático, de equidad y de legalidad a que se ha hecho mención, de ahí que su

cumplimiento sea irrestricto, pues al encontrarse contemplados por el propio

ordenamiento constitucional, son imperativos de orden público, de obediencia

inexcusable e irrenunciable, dado el interés que tiene la colectividad en su acatamiento.



En otras palabras, son los criterios generales de justificación para las diversas

disposiciones de naturaleza electoral de carácter local, pues consagran los principios

fundamentales que dan sustento a la normatividad electoral en las entidades

federativas.



No obstante el carácter imperativo de estos principios constitucionales, las legislaturas

de los Estados y del Distrito Federal no se encuentran constreñidas a emitir sus

Constituciones o leyes electorales siguiendo un modelo específico, pues como puede

observarse de los numerales constitucionales en comento, el constituyente reservó a

dichos órganos legislativos la facultad de señalar de manera libre el contenido de las

normas en la materia, así como la estructura de sus ordenamientos, siempre y cuando

se sujeten, claro está, a las bases previstas en la propia Constitución Federal (artículo

116, fracción IV).



Por consiguiente, basta que las Constituciones y leyes de los Estados garanticen que

las elecciones de sus órganos ejecutivo y legislativo se realizarán mediante sufragio

universal, libre, secreto y directo; que en el ejercicio de la función electoral serán

principios rectores los de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad;

que los partidos políticos recibirán en forma equitativa financiamiento público; que se

propiciarán condiciones para su acceso equitativo a los medios de comunicación social;

que se fijarán los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos

políticos en sus campañas electorales, así como los procedimientos para el control y

vigilancia del origen y uso de sus recursos, y se establecerán sanciones por el

incumplimiento de las disposiciones sobre el particular, para que se estimen satisfechas

o cumplidas las directrices o pautas constitucionales en comento.
Se insiste, las legislaturas locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, al

dictar las disposiciones relativas a la materia electoral, deben partir de las bases

dispuestas por el propio ordenamiento fundamental, salvaguardando así los principios

fundamentales de la misma jerarquía dispuestos por el constituyente y velando por los

valores tutelados en la propia Constitución, como son la existencia de un régimen

democrático, el respeto a la voluntad popular, una contienda electoral equitativa y la

observancia permanente de la ley.



Ahora bien, el Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad prevista en el artículo

122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, emitió el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual contiene diversos

preceptos que tienen por objeto dar cumplimiento a los principios constitucionales antes

señalados.



Así se contienen normas relativas a la forma y términos en que habrán de integrarse los

órganos ejecutivo y legislativo en el Distrito Federal, señalando que esto deberá ser a

través de elecciones periódicas y por medio del sufragio universal, libre, secreto y

directo (artículos 37, 52, 105 y 120).



Con el mismo propósito se prevén autoridades electorales autónomas en su

funcionamiento e independientes en sus decisiones, encargadas de organizar los

comicios y de resolver las controversias que se susciten en la materia (artículos 123 a

133), las cuales se regirán en su actuación por los principios de imparcialidad,

legalidad, objetividad, certeza e independencia (artículo 120).



Por otra parte, en observancia a los principios fundamentales de orden constitucional,

los numerales 121 y 123 disponen que la ley electoral garantizará que los partidos

políticos reciban en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades

ordinarias y para aquellas tendientes a la obtención del voto; las reglas a las que

sujetará el otorgamiento de esta prerrogativa y las campañas electorales; que la misma
ley electoral propiciará condiciones de equidad para el acceso de dichos institutos

políticos a los medios de comunicación, fijará los límites a las erogaciones de éstos

durante las campañas electorales, los montos máximos de las aportaciones de sus

simpatizantes, así como los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso

de todos sus recursos y, en congruencia con ello, las sanciones por el incumplimiento a

las disposiciones en la materia (artículos 122 y 136).



Asimismo, para satisfacer el principio de legalidad de todos los actos y resoluciones

electorales, el artículo 134 señala que la ley electoral establecerá un sistema de medios

de impugnación en la materia, fijando los plazos convenientes para el desahogo de

todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las

etapas de los procesos electorales, y en congruencia con ello, el numeral 129 delimita

el ámbito competencial del Tribunal Electoral del Distrito Federal.



Finalmente, el numeral 135 del ordenamiento estatutario en cita, dispone que la

legislación penal que expida el órgano legislativo local tipificará los delitos y establecerá

las sanciones correspondientes.



Por su parte, el Código Electoral del Distrito Federal, expedido por la Asamblea

Legislativa de esta entidad en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 122,

Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y 42, fracción X del Estatuto de Gobierno del Distrito

Federal, contempla también una serie de reglas o supuestos normativos que

evidentemente se rigen por los principios constitucionales de soberanía popular,

democrático, de legalidad y de equidad, que dan sustento a nuestro sistema jurídico.



Muestra de ello son los artículos que conforman el Libro Primero denominado "De la

Integración de los órganos de Gobierno del Distrito Federal", de entre los que sobresale

el artículo 3º que consigna los principios rectores de la función electoral, a saber, los de

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad; el artículo 4º

que garantiza el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y que
prohíbe los actos de acción o presión sobre el electorado; los artículos 8, 9 y 10, según

los cuales la renovación periódica del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de los

Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los Jefes Delegacionales

se realizará a través del voto universal, libre, directo y secreto.



Igualmente cobran relevancia las disposiciones que regulan a las asociaciones políticas

(partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas locales) y que se contienen en el

Libro Segundo del Código, entre las que destacan por su importancia, las normas

relativas a las prerrogativas de los partidos políticos, entre ellas la de recibir en

condiciones de equidad, financiamiento público para sus actividades ordinarias y para

aquellas tendientes a la obtención de voto (artículos 24 y 26); así como los preceptos

que regulan el procedimiento para fiscalizar los recursos de las asociaciones políticas

(artículos 32 a 40).



Por su parte las disposiciones del Libro Tercero del Código están destinadas a regular

la organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal, autoridad

responsable de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación

ciudadana y que goza de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus

decisiones, agregando que además será profesional en su desempeño.



Los Libros Quinto y Sexto son de particular importancia, pues están destinados a

regular los procesos electorales y de participación ciudadana, precisando sus etapas,

su duración, los actos inherentes a cada una de éstas, así como los actos concretos y

específicos que deberán desarrollarse con motivo de la elección de los representantes

populares y en los procedimientos de participación ciudadana, tales como el plebiscito o

el referéndum. Así también resulta de especial relevancia, dado que regula las

campañas electorales y señala los criterios para fijar los límites a los gastos con motivo

de éstas.



El Libro Séptimo está reservado a determinar la organización y funcionamiento del

Tribunal Electoral del Distrito Federal, al que se reconoce su carácter de órgano
autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, que tiene a su cargo velar

por el respeto irrestricto al principio de legalidad.



Finalmente, el Libro Octavo está destinado a regular los medios de impugnación en la

materia, a través de los cuales este órgano jurisdiccional ejerce el control de legalidad

de todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, especificando la forma

y términos en que aquéllos se sustancian y las resoluciones que pueden recaer a los

mismos. Además, el Título Segundo de este mismo libro, se refiere a las faltas

administrativas y las sanciones que pueden aplicarse por éstas.



Como puede advertirse, la legislación electoral local contempla un cúmulo de

disposiciones que, partiendo de           las normas constitucionales,   pretenden dar

cumplimiento a los principios constitucionales consagrados por éstas y salvaguardar los

valores que con ellos se persiguen.



Existe pues, un sistema normativo que regula las actividades en materia electoral en el

Distrito Federal, que nace de la Constitución y se desarrolla en la legislación local

aplicable, existiendo correspondencia y congruencia entre ambos, de ahí que se erija

como un sistema jurídico integral y completo.



En las relatadas condiciones, atendiendo a la jerarquía de los principios a que se ha

venido haciendo referencia, mismos que, como ha quedado asentado, se encuentran

previstos expresamente en diversos numerales del ordenamiento constitucional o bien

se infieren de éstos, cualquier aplicación e interpretación de las normas que integran la

legislación secundaria, necesariamente debe efectuarse partiendo de los propios

principios constitucionales.



Ello es así, habida cuenta que los postulados que se contienen en los principios

fundamentales de la materia electoral rigen las reglas de carácter secundario, de ahí

que éstas no pueden ni deben aplicarse o interpretarse en perjuicio de aquéllos, por el
contrario, deben explicarse en congruencia con las directrices o pautas que les dan

origen y sustento.



Cualquier interpretación de las disposiciones estatutarias y legales aplicables al caso,

sea empleando los diversos sistemas de interpretación gramatical, sistemático y

funcional e incluso atendiendo a la ratio legis, debe efectuarse considerando el

contenido de los principios fundamentales que constituyen su punto de partida, así

como los valores que éstos tutelan.



En efecto, no puede perderse de vista que la legislación electoral del Distrito Federal,

como la de cualquier otra entidad federativa, constituye un todo unitario, y que a través

de la interpretación de sus normas debe determinarse el alcance de éstas, atendiendo a

su función especial como parte de un conjunto y no aisladamente, de ahí que deben

armonizarse con las otras reglas y particularmente, con los principios que justifican su

existencia.



En esto consiste precisamente la denominada interpretación conforme, pues para

salvaguardar los principios constitucionales y los valores que éstos protegen, la regla

(norma legal secundaria) debe armonizarse e interpretarse en un sentido amplio, de

modo tal que guarde congruencia con aquéllos y no oponiéndose a los mismos.



Este método de interpretación consiste en que, al interpretar una disposición regida por

una de mayor jerarquía, debe estarse al sentido que sea conforme con el mandato de la

norma superior, pues en todo sistema jurídico y democrático de derecho se entiende

que existen imperativos supremos que establecen mandatos a los cuales deben

ajustarse y someterse todas las demás reglas del sistema.



Luego, de acuerdo con el método de interpretación conforme, el principio constituye la

medida y justificación de la regla, por lo que ésta debe regirse y ajustarse a lo que el

principio postula y protege.
En estas condiciones, por ejemplo, si el principio constitucional democrático garantiza

que las elecciones de los representantes populares se harán mediante la emisión del

sufragio universal, libre, secreto y directo, y el artículo 179, inciso h), del Código

Electoral local, señala que entre los materiales electorales que deberán entregarse a los

Presidentes de las mesas directivas de casilla están los "canceles o elementos

modulares que garanticen que el elector pueda emitir su voto en secreto", no es válido

interpretar esta norma legal en el sentido de que las mamparas respectivas pueden ser

de material transparente al igual que las urnas, argumentando que tal disposición no

indica de manera expresa el material o color que deberá utilizarse y sustentándose

además en que de conformidad con el artículo 174 del mismo ordenamiento legal, es

facultad del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal tomar las

medidas de certeza que estime pertinentes respecto del material electoral que se

utilizará en la elección, de ahí que cuenta con plena libertad para ello, pues

evidentemente esta interpretación trastocaría abiertamente el principio democrático en

comento, al dejar de salvaguardar la emisión del voto de manera libre y secreta.



Esta forma de determinar el alcance de un precepto legal de carácter secundario ya ha

sido asumida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en otras resoluciones;

muestra de ello es que con motivo de algunas impugnaciones de las que ha conocido,

se ha percatado que es factible que el supuesto planteado en el recurso de apelación

respectivo no actualice alguno de los cuatro supuestos de procedencia a que se refiere

el numeral 242 del Código de la materia, lo que bajo una interpretación estricta o

restringida del marco normativo aplicable y concretamente del numeral en comento,

habría conducido a desestimar el medio de defensa planteado bajo el argumento de

que no se surte ninguna de las hipótesis legales; sin embargo, atendiendo a las

disposiciones constitucionales de las cuales deriva el marco legal secundario, este

Tribunal determinó acoger la impugnación respectiva, pues no hacerlo habría implicado

trastocar el principio constitucional según el cual todos los actos y resoluciones de las

autoridades electorales deben ajustarse al principio de legalidad, para lo cual la Ley

electoral de cada entidad federativa establecerá un sistema de medios impugnación

que permita ejercer este control, esto es, rechazar el recurso de apelación bajo una
interpretación estricta o restringida del numeral 242, habría implicado desconocer la

autoridad del principio que la rige.



Resultado de la interpretación en comento es la tesis de jurisprudencia aprobada por

este órgano colegiado el diez de diciembre de dos mil dos, publicada con la clave

TEDF2ELJ 008/2002, cuyo rubro es "APELACIÓN, RECURSO DE. ES PROCEDENTE

PARA     IMPUGNAR        ACTOS         O   RESOLUCIONES    DE    LAS    AUTORIDADES

ELECTORALES LOCALES, AÚN CUANDO LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA NO

CONTEMPLE EXPRESAMENTE EL SUPUESTO PLANTEADO."



En esta tesitura todos los preceptos legales, deben aplicarse y en su caso, interpretarse

armónicamente con el todo, y esencialmente, respetando los principios que los

justifican, lo que a su vez permite concluir que por regla general, es inadmisible

sostener que una norma u ordenamiento carece de efecto jurídico alguno o se

contrapone a los principios que la rigen.



Esto es, sólo excepcionalmente pudiera estimarse que un precepto contiene

expresiones aisladas o inocuas, carentes de sentido o de relación con el sistema

jurídico en su conjunto, por ejemplo, cuando se demuestra de manera fehaciente que el

enunciado o expresión de que se trate es producto de un descuido del legislador.



En resumen, cualquier aplicación o interpretación de los preceptos que integran el

marco jurídico en la materia en esta entidad, impone al Tribunal Electoral local dos

obligaciones ineludibles:



a) El deber de armonizar entre sí los preceptos que integran la legislación secundaria,

así como procurar que ésta igualmente armonice o guarde congruencia con los

principios fundamentales que le dan sustento; y



b) El deber de salvaguardar los bienes, fines o valores superiores a que se refieren

dichos principios constitucionales, como podrían ser la existencia de una régimen
democrático, el respeto a la voluntad popular, la celebración de elecciones libres y

auténticas, el fortalecimiento y preservación de un sistema plural de partidos políticos,

los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia que

deben orientar la función electoral, la equidad en la contienda electoral, el respeto y

apego irrestricto a la legalidad, por mencionar algunos.



Lo anterior pone de manifiesto que a los principios constitucionales que constituyen el

origen y fundamento de la normatividad electoral local, no puede atribuírseles una

vigencia circunscrita únicamente a determinado periodo, habida cuenta que tutelan

bienes o valores que tienen cabida en todo momento y en todas las actividades propias

de la materia electoral en el Distrito Federal, de las que son la pauta y el límite.



En efecto, al no ser posible concebir el adecuado desarrollo de la actividad electoral sin

la observancia irrestricta del conjunto de bases normativas intrínsecas al sistema

jurídico electoral, debe concluirse que tales fundamentos de orden constitucional son de

observancia obligatoria en todo momento, máxime cuando el texto constitucional no

circunscribe su vigencia a un periodo determinado.



Suponer lo contrario, esto es, que el principio de legalidad, por ejemplo, únicamente

debe respetarse durante el tiempo en que tienen lugar los procesos electorales o de

participación ciudadana, implicaría aceptar que durante el periodo en que no se suscita

alguno de éstos, los actores políticos e incluso las autoridades electorales, pueden

realizar actividades que se aparten y vulneren el principio referido, lo que resulta

inadmisible y confirma que la vigencia de esta directriz fundamental no está limitada a

un periodo determinado, sino que es permanente.



Esto se corrobora si se considera que el artículo 238 del Código Electoral local, regla

que encuentra su origen en el principio en comento y que se justifica por virtud del

mismo, señala expresamente: "Para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones

de las autoridades electorales del Distrito Federal, en todo momento y durante los

procesos electorales para la elección de representantes populares y los procesos de
participación ciudadana, los ciudadanos, los Partidos Políticos y las organizaciones o

Agrupaciones Políticas contarán con los medios de impugnación que se establecen en

el presente Libro".



Lo anterior permite sostener válidamente que aún cuando los ordenamientos legales de

carácter secundario sean omisos en establecer alguna regla tendiente a hacer efectivo

alguno de los principios constitucionales a que se ha venido haciendo alusión, todos los

sujetos que realizan actividades electorales están constreñidos a observar una

conducta que no trastoque dichos principios, sin que esta regla admita excepción

alguna, circunstancia que las autoridades electorales locales deben vigilar a fin de

reprimir o procurar por los medios a su alcance que las conductas contraventoras de las

bases fundamentales no continúen.



Sostener lo contrario, implicaría aceptar que en el supuesto de que no existiera regla

expresa que prohibiera los actos de presión durante la jornada electoral, los partidos

políticos podrían realizar actos tendientes a la obtención del voto en las casillas

electorales bajo el argumento de que estas conductas no se encuentran expresamente

proscritas, lo que resulta evidentemente inadmisible, pues una interpretación en este

sentido trastoca abiertamente el principio constitucional democrático que tiene como

nota fundamental que el voto debe emitirse de manera libre, lo que permite concluir que

aún ante la ausencia de norma expresa que consigne tal prohibición, al existir principios

fundamentales de observancia inexcusable, la autoridad electoral, en ejercicio de sus

atribuciones, está obligada a instrumentar los mecanismos tendientes a asegurar su

cumplimiento.



Esto es así, ya que tal como lo establecen los artículos 116, fracción IV, inciso b) de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable al Distrito Federal por

remisión expresa del numeral 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f)

del mismo ordenamiento fundamental, así como 120 del Estatuto de Gobierno del

Distrito Federal y 3º, párrafo tercero, del Código Electoral del Distrito Federal, las

autoridades electorales locales, tanto administrativa como jurisdiccional, se rigen en su
actuar por los principios de legalidad, objetividad, certeza, independencia e

imparcialidad, los cuales, dada su construcción general y amplia, conllevan para dichos

órganos el deber de procurar el respeto irrestricto al marco jurídico vigente, el que como

ha quedado asentado, parte de los principios fundamentales derivados del propio texto

constitucional.



Aunado a lo anterior, el Instituto Electoral del Distrito Federal, en términos del artículo

52 del Código de la materia, tiene el deber de orientar sus fines y acciones a: a)

contribuir al desarrollo de la vida democrática; b) preservar el fortalecimiento del

régimen de partidos políticos; c) asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos

político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; d) garantizar la

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los

órganos de gobierno Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como la celebración

de los procedimientos de participación ciudadana; e) preservar la autenticidad y

efectividad del sufragio y, f) llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la

difusión de la cultura democrática, de donde se advierte que dicha autoridad electoral

administrativa local, debe encaminar su actuación a la observancia y salvaguarda de los

principios fundamentales de la materia electoral.



En concordancia con ello, al Tribunal Electoral del Distrito Federal se tiene la facultad

de garantizar, a través del sistema de medios de impugnación en la materia, que todos

los actos y resoluciones de las autoridades electorales locales, se sujeten

invariablemente al principio de legalidad; responsabilidad que, como ha quedado

precisado, tiene en todo momento y no sólo durante los procesos electorales o de

participación ciudadana.



Tratándose de los partidos políticos como lo es el recurrente, también existe el deber de

ajustar su conducta a las normas legales y principalmente, a los principios que dan

sustento al régimen electoral en el Distrito Federal, lo cual adquiere mayor relevancia si

se considera su carácter de entidades de interés público y las finalidades que

constitucionalmente les han sido asignadas, a saber, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, de donde se advierte que su

actuación, dentro y fuera de los procesos electorales o de participación ciudadana,

reviste un particular carácter.



Efectivamente, no debe soslayarse que la constitucionalización de los partidos políticos

en nuestro país tuvo por objeto elevar a estas asociaciones políticas al rango de

entidades de interés público y de esta forma, conferirles la calidad de vehículos o

intermediarios entre los ciudadanos como titulares de los derechos político-electorales y

los órganos públicos, con el objeto de propiciar una más amplia participación de los

ciudadanos en los procesos y actividades electorales, a fin de alcanzar una finalidad de

carácter superior (que guarda congruencia con el principio democrático) de perfeccionar

la democracia no sólo como un sistema para elegir a los gobernantes, sino también

como un modo de vida de los mexicanos.



En este contexto, el reconocimiento de los partidos políticos como entes de la sociedad,

con funciones preponderantes e indispensables en la vida pública, política y electoral de

la nación, los coloca como organizaciones de ciudadanos con características

particulares, en virtud de las cuales se les confía la responsabilidad de contribuir de

forma relevante en las tareas que los poderes públicos deben desempeñar para el

desarrollo político y social de los mexicanos, sin que ello implique que sean parte de los

órganos del Estado.



Todo lo anterior se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa presidencial

de reformas a la Constitución Federal del cuatro de octubre de mil novecientos setenta

y siete, por la cual, entre otras cuestiones, se propone por primera vez la

constitucionalización de los partidos políticos y que culminó con el decreto que se

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el seis de diciembre del mismo año. Dicho

documento en su parte conducente señala:
"La iniciativa de reformas plantea la necesidad de regular en nuestra
Ley Fundamental la existencia y funciones de los partidos políticos; de
esta manera podrá configurarse cabalmente su realidad jurídica, social
y política.

Elevar a la jerarquía del texto constitucional la normación de los
partidos políticos asegura su presencia como factores determinantes
en el ejercicio de la soberanía popular y en la existencia del gobierno
representativo, y contribuye a garantizar su pleno y libre desarrollo.

Imbricados en la estructura del Estado, como cuerpos intermedios de la
sociedad que coadyuvan a integrar la representación nacional y a la
formación del poder público, el Ejecutivo Federal a mi cargo estima
conveniente adicionar el artículo 41 para que en este precepto quede
fijada la naturaleza de los partidos políticos y el papel decisivo que
desempeñan en el presente y el futuro de nuestro desarrollo
institucional.

Los partidos políticos aparecen conceptuados en el texto de la adición
que se prevé, como entidades cuyo fin consiste en promover la
participación del pueblo y en hacer posible, mediante el sufragio
universal, libre, directo y secreto, el acceso de los ciudadanos a la
representación popular, de acuerdo con los programas y principios que
postulan.

El carácter de interés público que en la iniciativa se reconoce a los
partidos políticos, hace necesario conferir al Estado la obligación de
asegurar las condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar
el mínimo de elementos que éstos requieren en su acción destinada a
recabar la adhesión ciudadana.

También se hace necesario garantizar en forma equitativa a los
partidos políticos nacionales la disposición de los medios que les
permitan difundir con amplitud sus principios, tesis y programas, así
como los análisis y opiniones que formulen respecto de los problemas
de la sociedad. Para este fin se estima conveniente establecer como
prerrogativa de los partidos políticos, su acceso permanente a la radio
y la televisión, sin restringirlo a los períodos electorales.

Esta prerrogativa de los partidos tiene el propósito de dar vigencia en
forma más efectiva al derecho a la información, que mediante esta
iniciativa se incorpora al artículo 6º, que será básico para el
mejoramiento de una conciencia ciudadana y contribuirá a que ésta
sea más enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el
progreso de nuestra sociedad.

Siendo los partidos políticos entidades fundamentales en la acción
ideológica y política, el ejercicio de su derecho a difundir sus ideas en
los medios de comunicación social, se traducirá en el mayor respeto al
pluralismo ideológico y cobrará plenitud la libertad de expresión y su
correlativo derecho a la información.

Por otra parte, la diversidad de opiniones expresadas de manera
regular por los partidos políticos, en medios tan importantes como son
la radio y la televisión, sumadas a las de otras fuentes generadoras de
información, contribuirán a que ésta sea más objetiva y a que la opinión
pública, al contar con una mayor variedad de criterios y puntos de vista,
esté mejor integrada.

Al estimar que por definición los partidos políticos nacionales son los
mejores canales para la acción política del pueblo, su papel no debe
                limitarse exclusivamente a tomar parte en los procesos electorales
                federales; considerando la importancia de la vida política interna de las
                entidades federativas, se reconoce el derecho de que puedan
                intervenir, sin necesidad de satisfacer nuevos requisitos u obtener otros
                registros, en las elecciones estatales y en las destinadas a integrar las
                comunas municipales.

                Estamos seguros que, de aprobarse estas adiciones constitucionales,
                se habrá dado un paso muy importante para lograr la transformación
                progresiva de nuestras estructuras políticas.


                Como se ve, la iniciativa de reformas plantea la necesidad de regular
                en nuestra Ley Fundamental la existencia y funciones de los partidos
                políticos; de esta manera podrá configurarse cabalmente su realidad
                jurídica, social y política.
                ...

                Las reformas a los artículos 6º, 41, 51, 52, 53, 54 y 60 se proponen
                establecer las condiciones para la existencia de un sistema de partidos
                más dinámicos; crear un procedimiento electoral más auténtico y lograr
                una composición de la Cámara de Diputados de mayor
                representatividad desde el punto de vista de la pluralidad de ideas que
                en el país co-existen."

                (El resaltado en negritas es nuestro)


Cabe señalar que en el dictamen emitido por las Comisiones Unidas, Primera de

Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, en el que se propone a la Cámara

de Diputados del Congreso de la Unión, como Cámara de origen, la aprobación total de

la iniciativa presidencial mencionada, en los términos en que ésta fue presentada, se

reiteran en forma prácticamente textual algunas de las consideraciones de la exposición

de motivos de la iniciativa, donde se considera la formación de los partidos políticos

como una de las piezas maestras de las democracias contemporáneas, por ser los

instrumentos más eficaces para encuadrar y canalizar la voluntad popular, y los mejores

instrumentos para la acción política del pueblo, pero sin cambiar o modificar los

objetivos perseguidos con la propuesta, ni adicionarle algunos otros.



Asimismo, una vez aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados, relativo la

reforma del párrafo segundo del artículo 41 constitucional, que se refiere al mínimo de

elementos que se deben proporcionar a los partidos políticos para sus actividades

electorales, se envió para su revisión a la Cámara de Senadores, donde se turnó a las

Comisiones Unidas, Segunda de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos,
Primera Sección, las cuales emitieron dictamen favorable, que fue leído en sesión

ordinaria celebrada el tres de noviembre de mil novecientos setenta y siete.



El documento referido, en lo que interesa, señala:


                "Se adiciona el artículo 41 de la Constitución con objeto de regular, en
                términos generales, la existencia y participación de los partidos
                políticos de la vida democrática de México.

                Incluir en la Ley fundamental normas que enriquecen la intervención de
                los partidos políticos, no sólo en los procesos electorales sino en la
                vida diaria del país, es concederles la máxima importancia. Mediante la
                reforma se les reconoce categoría constitucional y su exacta dimensión
                como parte de nuestro ser integral. Los partidos, además de ser
                órganos de elección, son fundamentalmente de orientación política.

                ...

                Ya el señor presidente López Portillo, en su Informe al Congreso, del 1º
                de septiembre último, sostuvo que: La iniciativa de reformas intenta
                elevar a rango constitucional las normas jurídicas relacionadas con los
                partidos políticos, viendo en ellos formas superiores de asociación, a
                través de las cuales se realiza la conducta cívica y se contribuye a la
                formación de la voluntad popular y a la integración de sus órganos
                representativos. Es determinante la diferencia entre las asociaciones
                generales a que se refiere el artículo 9º y las que menciona el artículo
                41 a estudio, pues a estas últimas se les reconoce como de interés
                público, lo que implica consecuencias trascendentales. Como entidad
                de interés público, se reconoce la personalidad jurídica del partido
                político y se le atribuye una importancia social. En la colectividad
                coexisten dos intereses: el público y el privado; el carácter de interés
                público de una asociación significa aceptar que la comunidad está
                interesada en su funcionamiento y por ello el Estado debe velar por su
                buen desenvolvimiento.

                La reforma comprende los procesos electorales a fin de que, dentro del
                pluripartidismo, todos los ciudadanos, con derecho constitucional,
                puedan votar y ser votados para los cargos de elección popular.
                Además, se facilita la actividad permanente de los partidos políticos, al
                permitirles el uso de los medios de comunicación para difundir sus
                ideas y comentar los actos de gobierno, seguros de contar con los
                elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones. La adición
                en esta parte del artículo 41, con la del 6º constitucional ya comentada,
                complementa la garantía social de información.

                Así se amplía el derecho a la libre manifestación de las ideas, pues se
                considera que la comunicación, en virtud de los grandes adelantos
                tecnológicos es un medio eficaz de que disponen los partidos políticos
                para la función que les corresponde realizar.

                En esta época, los partidos políticos son organismos intermedios entre
                los ciudadanos y el Estado. La democracia requiere de su existencia
                para que los individuos se agrupen conforme a la ideología que
                sustenten, para que garantizada la acción, puedan influir en los
                destinos del país y se descarten los medios violentos contrarios a un
                régimen de derecho.

                ...
                Es indudable que al exigir que los partidos políticos tengan un mínimo
                de membresía para realizar sus actividades, se eliminan los partidos
                sin carácter representativo y se alientan verdaderas organizaciones de
                ciudadanos que, con su particular concepción de la vida política,
                presenten sus puntos de vista a la consideración nacional.

                Con el mismo sentido de objetividad, se consagra el derecho a favor de
                los partidos políticos, para participar en las decisiones estatales y
                municipales, sin necesidad de satisfacer otros requisitos que los que la
                ley fundamental y su ordenamiento reglamentario establezcan
                …"

                (El resaltado en negritas es nuestro)


De lo transcrito se infiere que el objeto de la reforma fue regular la existencia y

participación de los partidos políticos en la vida democrática de México, mediante

normas que enriquecen su intervención, no sólo en los procesos electorales sino en la

vida diaria del país; se les elevó a rango constitucional; se les confirió la calidad de

órganos, además de elección, de orientación política; se establece que la reforma

política comprende los procesos electorales a fin de que, dentro del pluripartidismo,

todos los ciudadanos, con derecho constitucional, puedan votar y ser votados para

acceder a los cargos de elección popular; se facilita a los institutos políticos el acceso a

los medios de comunicación para la difusión de sus ideas; se destaca que son

organismos intermediarios entre los ciudadanos y el Estado. Luego, se precisa que la

democracia requiere de su existencia para que los individuos se agrupen conforme a la

ideología que sustenten, a fin de que puedan influir en los destinos del país; la

exigencia de que los partidos políticos tengan un mínimo de membresía tiene por objeto

eliminar aquellos sin carácter representativo, alentando por el contrario, las

organizaciones de ciudadanos que presenten sus puntos de vista a la consideración

nacional; finalmente, se les exenta de satisfacer requisitos distintos a los previstos en la

Constitución Federal, para participar en los procesos electorales estatales y

municipales.



Como se advierte, el objeto de la reforma, por lo que atañe a los partidos políticos,

consistió en regular su existencia y funciones en la ley fundamental para poder

configurar cabalmente su realidad jurídica, social y política, y asegurar su presencia

como factores determinantes en el ejercicio de la soberanía popular y en la existencia
del gobierno representativo, contribuyendo a garantizar su pleno y libre desarrollo, con

lo cual se resalta el carácter de protagonistas fundamentales en los procesos

democráticos que actualmente tienen.



Así, con la reforma constitucional en comento, los partidos políticos fueron elevados a la

calidad de entidades de interés público, con funciones específicas de gran importancia

para el proceso democrático, y se les dotó de un conjunto de derechos o prerrogativas

de rango constitucional, con el objeto de lograr su fortalecimiento, por considerarlos

protagonistas indispensables para el avance y desarrollo de los procesos democráticos.



La calidad de entes de interés público con que se les dotó, implicó sustraerlos de la

generalidad de las organizaciones privadas, y colocarlos en un lugar primordial, pues

éstos no forman parte de la administración, pero realizan una función pública de

intermediación entre el Estado y la sociedad.



Así, el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público trajo

aparejado el establecimiento de lo que en la doctrina suele denominarse un "sistema de

partidos políticos", los cuales, dada su calidad especial, están dotados de un conjunto

de garantías y prerrogativas para facilitar su alta misión pública, pero a la vez tienen un

cúmulo de obligaciones y responsabilidades que sólo son inherentes a éstos.



Cabe apuntar que atendiendo a este régimen especial, el Código Electoral del Distrito

Federal, en su artículo 52, inciso b), dispuso, como ha quedado precisado, que entre los

fines y acciones del Instituto Electoral del Distrito Federal está el de “preservar el

fortalecimiento del régimen de partidos políticos”, circunstancia que permite considerar

que la ley electoral local, siguiendo el principio constitucional democrático, tiene el

propósito de asegurar, ante todo, la presencia