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									 República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

                   CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                               SALA PLENA




                            Magistrado Ponente
                     AUGUSTO IBAÑEZ GUZMÁN


           Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-000-2008-00026-01
                            Aprobado Acta No.10
                                  No. 10




      Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de dos mil ocho
(2008).-


                                 VISTOS




La Corte resuelve la colisión de competencia suscitada entre la
Fiscalía 263 Local de Bogotá y el Juzgado Décimo Penal Municipal
con función de Pequeñas Causas de la misma ciudad, para seguir
conociendo del proceso que se sigue contra Enrique Eduardo
Caviedes Rey y Henry Oswaldo Montes Clavijo, sindicados de
tentativa de hurto calificado agravado.




                             ANTECEDENTES


1. El 20 de enero de 2008, el señor Pedro Antonio Torralba
Gutiérrez estaba realizando unas reparaciones en el local de la
avenida 15 número 122-09 del sector de Unicentro (Bogotá), sitio
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que abandonó momentáneamente. Aproximadamente a las 12:30
horas del día regresó y se percató que la chapa había sido
violentada y en el interior estaban dos personas, una de las cuales
agredió con un destornillador a Torralba Gutiérrez. Ante los gritos
de auxilio que éste dio, acudieron agentes de la Policía Nacional,
que capturaron a Enrique Eduardo Caviedes Rey y a Henry
Oswaldo Martínez Clavijo, quienes tenían listas varias bolsas en
donde habían guardado diversos elementos destinados para el
arreglo del baño (lavamanos, tasas, espejos, grifería), avaluados en
$ 3.200.000.


2. En audiencia realizada el 21 de enero ante el Juez Décimo Penal
Municipal de Control de Garantías, la Fiscalía 303 Local formuló
imputación a los detenidos, como coautores de tentativa de hurto
calificado   agravado,      previsto   en   los   artículos   27,    239,     240
numerales 1° y 4° e inciso 3°, y 241 numerales 10 y 11 del Código
Penal.


3. En escrito del 12 de febrero de 2008, la Fiscal Local 263 se
abstuvo de continuar con el trámite de la investigación, que dispuso
remitir a los Jueces de Pequeñas Causas con propuesta de colisión
negativa, porque consideró que por favorabilidad resultaba aplicable
la Ley 1153 del 2007.


4. En audiencia preliminar del 12 de febrero, el Juzgado Décimo
Penal Municipal de Pequeñas Causas aceptó el conflicto y rechazó la
competencia, porque el hurto se cometió con violencia contra las
personas.




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5. Luego de la remisión del expediente a diversos despachos,
finalmente llegó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.




                             CONSIDERACIONES



1. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º, artículo 17
de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,
corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
resolver los conflictos de competencia en la jurisdicción ordinaria,
“que no correspondan a alguna de sus Salas o a otra autoridad
judicial”.


2. De la reseña que de los hechos se hizo en el aparte anterior,
surge que cuando el ofendido sorprendió a los sindicados, uno de
ellos lo agredió con un destornillador y le causó lesiones en un dedo
y en el brazo1, señal inequívoca de violencia que enmarca la
conducta dentro de los incisos segundo y tercero del artículo 240
del Código Penal, que dicen:


           “La pena será de prisión... cuando se cometiere con violencia sobre
           las personas.

           Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar
           inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido
           empleada por el autor o el partícipe con el fin de asegurar su
           producto o la impunidad”.


Si bien el Juez que resuelve el conflicto no debe inmiscuirse en
asuntos de tipificación, propios de los funcionarios de conocimiento,


1
    Folio 4 de la carpeta.



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en casos como el presente ello resulta necesario, como que de esa
situación depende el factor objetivo de competencia.


En efecto, la Ley 1153, del 31 de julio de 2007, que comenzó a
regir seis (6) meses después (el 31 de enero de 2008, artículo 60)
“Por medio de la cual se establece el tratamiento de las pequeñas
causas en materia penal”, en             su   artículo    30    tipificó   como
“contravenciones     contra   el   patrimonio      económico”,       el    hurto,
excepto, entre otras causas, cuando se comete “con violencia sobre
las personas”.


En esas condiciones, sin importar la cuantía, cuando el atentado
contra el patrimonio tiene aquel ingrediente, es evidente que el
procedimiento aplicable es el previsto en la Ley 906 del 2004,
porque expresamente el legislador lo excluyó de las nuevas
contravenciones.


Esta razón es suficiente para concluir que el asunto debe ser
tramitado por la Fiscalía.


3. Un argumento adicional deriva del citado artículo 60 de la Ley
1153 del 2007, que ordena:


      “De los procesos que estén en curso seguirán conociendo los
      funcionarios judiciales donde se estén tramitando y bajo los
      procedimientos que a estos corresponde”.


La intención clara y expresa del legislador apuntó a que el
procedimiento de las “pequeñas causas” se aplicara única y
exclusivamente a actuaciones procesales iniciadas a partir de la
vigencia. Por tanto, las que se hubiesen comenzado con antelación



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deben proseguir su trámite conforme con la ley vigente en ese
entonces.


La inteligencia de la disposición se entiende en cuanto a la
necesidad de evitar el caos que se presentaría al intentar mezclar
procedimientos disímiles, como que, por vía de ejemplo, en la ley
de pequeñas causas los trámites son más ágiles, con intervención
activa del juez y sin participación de la fiscalía.


La   aplicación    del      principio   y    derecho    fundamental         de    la
favorabilidad, que inquieta a la Fiscalía, no presenta ningún
obstáculo, porque, primero, los procedimientos por sí mismos no
resultan más o menos benignos, pues unos y otros establecen
reglas claras para el respeto de los derechos de las partes y están
regidos por un Juez, máximo garante de ellos; y, segundo, porque
el funcionario judicial, sin importar el trámite que deba aplicar, está
obligado a realizar el juicio de favorabilidad y acoger la legislación
benéfica cuando corresponda.


El punto por dilucidar es desde qué momento debe entenderse que
existe “proceso”, dado que el concepto marca el límite para derivar
el procedimiento aplicable.


El artículo 29 de la Constitución Política define como derecho
fundamental el debido “proceso”, rango que compete garantizar a
los jueces de la República, punto de partida que permite inferir,
respecto de la Ley 906 del 2004 y para lo que interesa dirimir en
este asunto, que el “proceso” como tal se inicia cuando, a pedido de
la Fiscalía, el Juez interviene e inicia la actuación para integrar el




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contradictorio, esto es, para que la persona sindicada conozca los
cargos y pueda comenzar el ejercicio de su defensa.


Ese límite lo marca la formulación de la imputación, como que en
ese momento el Juez conoce la pretensión del ente acusador y
realiza las gestiones necesarias para que al imputado se le hagan
saber los cargos fácticos y jurídicos que se tienen en su contra, con
el fin de que pueda iniciar su controversia.


En esas condiciones, cuando quiera que un hecho haya sido
cometido antes de la vigencia de la Ley 1153 del 2007 y, por tanto,
el trámite que se le daba era el de la Ley 906 del 2004, continuará
bajo este procedimiento si y sólo si antes del 31 de enero de 2008
se hubiese realizado la formulación de la imputación.


En sentido contrario, los hechos sucedidos antes del 31 de enero
del 2008 y que pudieran ubicarse en la Ley 1153 del 2007, se
regirán por las reglas de la última, cuando para ese entonces no se
hubiese formulado la imputación.


Como en este asunto la Fiscalía formuló imputación el 21 de enero
de 2008, a ella corresponde seguir el rito por los lineamientos de la
Ley 906 del 2004.


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
Plena,




                             RESUELVE



                                                                            6
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1. Asignar la competencia para conocer la investigación seguida
contra, a la Fiscalía 263 Local de Bogotá.


2. Comunicar lo pertinente al Juzgado Décimo Penal Municipal de
Pequeñas Causas.




Contra esta decisión no procede recurso alguno.




                         Comuníquese y cúmplase.




                  FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ
                                Presidente




JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR              ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN




RUTH MARINA DÍAZ RUEDA                   SIGIFREDO DE JESÚS ESPINOSA PÉREZ




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  GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA           ALFREDO GÓMEZ QUINTERO




MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS      AUGUSTO IBAÑEZ GUZMÁN




  EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS              PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA




   WILLIAM NAMÉN VARGAS                LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ




  JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS          YESID RAMÍREZ BASTIDAS




 JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA         ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ




 CAMILO H. TARQUINO GALLEGO       CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE




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 ISAURA VARGAS DÍAZ                   EDGARDO VILLAMIL PORTILLA




                            JAVIER ZAPATA ORTÍZ




                      MARÍA CRISTINA DUQUE GÓMEZ

                             Secretaria General




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