Derechos Humanos by X6Y9pOh4

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									                         Derechos Humanos



Delito contra la Humanidad: Narcotráfico, Tráfico de órganos, tráfico

         de niños, genocidio, desaparición forzosa, torturas.



                      Desapariciones forzadas



                       Luz lía Juárez Morote



            Universidad Nacional Mayor De san Marcos



                      Lijumo19@hotmail.com

                       Ljuarez@rree.gob.pe
                           Derechos Humanos



                        Desapariciones Forzadas




I.- generalidades

      1.1.- Delitos de Lesa humanidad

II.- Desapariciones forzadas

      2.1.- Tipificación como delito

      2.2.- Objetivos de la desaparición forzada

      2.2.- Agentes activos del delito

      2.3.- Modus Operandi

      2.5.- Caso peruano



III. Concluciones
                               Desapariciones Forzadas


I.- Generalidades:
1.1.- Delitos de Lesa Humanidad:


Este concepto aparece a mediados del siglo XIX, pero fue recogido por primera vez en
1945 en la Carta del Tribunal de Nuremberg. Los crímenes de lesa humanidad
determinados en esta Carta fueron reconocidos en 1946 como parte del derecho
internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se definieron por
primera vez en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de
1998.


Para que un delito sea considerado como de lesa humanidad, debe tener tres
características importantes:


PRIMERO: que los actos que constituyen delitos de lesa humanidad sean cometidos de
forma generalizada y sistemática, los actos no solo se circunscriben a una agresión
militar, asimismo se puede darse en aplicación de leyes y medidas administrativas como
deportación o traslado forzoso de población.


SEGUNDO: tienen que ir dirigidos contra una población civil los actos aislados o
cometidos de manera dispersa o al azar q no llegan a ser crímenes de lesa humanidad no
pueden ser objeto de enjuiciamiento como tales. La presencia de soldados entre la
población    civil   no   basta   para   privar    a   ésta   de   su    carácter   civil.


TERCERO: tienen que haberse cometido de conformidad con la política de un Estado
o de una organización. Por consiguiente, pueden cometerlos agentes del Estado o
personas que actúen a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, como
los «escuadrones de la muerte». Asimismo, pueden ser cometidos de conformidad con
la política de organizaciones sin relación con el gobierno, como los grupos rebeldes1.
En el Estatuto de Roma se enumera los 11 actos que son considerados crímenes de lesa
humanidad:


a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas
fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el
párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo
al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente
párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o
física2.


II.- Desapariciones Forzadas:
Según la historia latinoamericana las desapariciones forzadas han sido utilizadas
principalmente          por regímenes políticos autoritarios y dictatoriales   como un
procedimiento          para reprimir e intimidar a la población. En América Latina, las
desapariciones forzadas se extendieron principalmente entre la década de los sesenta y
ochenta, dándose en gobiernos autoritarios, dictatoriales, o que experimentaron
conflictos armados internos como se dio en los casos de Chile, Argentina, Uruguay,
Haití, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Honduras, Colombia y Perú.




2
    Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Artículo 7º.
La desaparición forzada es el acto por el cual se desaparece y priva de su libertad a una
o más personas, estos actos son principalmente cometidos por agentes del Estado o por
quienes actúen con su autorización, apoyo o tolerancia, así como por particulares o
miembros de organizaciones subversivas. Dicho acto es seguido por la falta de
información o la negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el
paradero de la persona. Tal ausencia de información o negativa impide el ejercicio de
los recursos legales y de los mecanismos procesales pertinentes; en esta definición se
incluye a las víctimas cuyo paradero continúa desconocido, aquellas cuyos restos fueron
encontrados y aquellas que recuperaron su libertad3.


2.1.- El Delito de Desaparición Forzada


La desaparición forzada de personas es un delito pluriofensivo, por cuanto afecta varios
derechos humanos: libertad física, el debido proceso, la presunción de inocencia y
puede llegar a afectar el derecho a la integridad personal y hasta el derecho a la vida4.


Según la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
desaparición forzada constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos
protegidos por la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y
garantizar; es así que las desapariciones forzadas además de violar diversas
disposiciones de la Convención, significan también una ruptura con este tratado, porque
este acto implica el abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los
principios que fundamentan el Sistema Interamericano.

Como la desaparición forzada constituye la violación de varios derechos en forma
simultanea (vida, integridad física, libertad, debido proceso), esta también viola
diversos Instrumentos Internacionales que protegen esos derechos, entre los cuales se
encuentran: los Convenios de Ginebra de 1949, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otras.



3
  Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final del a Comisión de la Verdad y Reconciliación,
Tomo IV, página 58, Perú, 2003.
4
  Corte interamericana de Derechos Humanos, caso Velasquez Rodriguez contra Honduras, sentencia de
29 de julio de 1988, párrafo 155.
En el ámbito interno de cada país, específicamente en Perú, las Constituciones Políticas
de 1979 y 1993 regulaban o regulan el derecho a la libertad personal, a la protección
judicial, a un debido proceso, a la interposición de garantías constitucionales, a la vida,
a la prohibición de la tortura, entre otros derechos que son vulnerados o amenazados
con la desaparición forzada de personas. Asimismo los hechos que conforman la
desaparición forzada pueden ser tipificadas a partir de los Códigos Penales de 1924 y
1991.


En el Código Penal de 1991 en el Capítulo II del Título XIV del Libro Segundo del
Código Penal, relativo al delito de terrorismo, articulo 323º, se tipificó la desaparición
forzada de personas. Sin embargo, dicho capítulo fue derogado por el Decreto Ley Nº
25475, en el art. 22, de 6 de mayo de 1992. Posteriormente, mediante el Decreto Ley Nº
25592, de 26 de junio de 1992, tipificó el delito en términos semejantes; es asi que entre
el 7 de mayo y el 1 de julio de 1992, la desaparición forzada como delito estuvo impune
en Perú. En dicho periodo se podría aplicar el delito de secuestro. El Decreto Ley Nº
25592 fue derogado mediante Ley Nº 26926, art. 6º , esta ley introdujo la desaparición
forzada como delito contra la humanidad y lo ubicó en el artículo 320º del Código
Penal:
         “Art. 320ª: El funcionario o servidor público que prive a una
         persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que
         tengan por resultado su desaparición debidamente comprobada,
         será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
         quince años e inhabilitación, conforme al artículo 36º incisos 1
         y 2”.


Existen países en los cuales este delito de lesa humanidad no se encuentran tipificados,
tal es el caso de México, en el que existe el tipo penal de privación de la libertad, sin
embargo este no es adecuado para prevenir y sancionar la práctica de las desapariciones.


Analizando la desaparición forzada se concluye que es:
-   Un Delito pluriofensivo porque afecta diversos derechos inherentes a la persona, e
    incluso pueden llegar a afectar el núcleo esencial o duro de los derechos de la
    persona.
-   Un delito que implica la degradación de la persona, ya que se le infringe un trato
    cruel e inhumano, vulnerándose la integridad personal.
-   Es un delito continuado y permanente.
-   Un delito que concurre con otros delitos como son: la ejecución arbitraria, que es
    uno de los desenlaces posibles de la desaparición forzada; en los casos concretos la
    presunción de las ejecuciones arbitrarias de las personas es razonable debido al paso
    del tiempo y a la cantidad de denuncias que sobre este delito existe.
-   Un delito que victimiza a la familia de la persona desaparecida, ya que esta es
    afectada profundamente por la desaparición, esto la convierte en una víctima,
    principalmente por la afectación del derecho a la verdad, ya que no se les da ninguna
    información sobre los desaparecidos, aunado a ello las continuas amenazas y
    maltratos infringidos por parte de los miembros de los servicios de inteligencia, ya
    sea el ejercito, la marina y la policía, los cuales se producían cuando estos buscaban
    a sus familiares en los cuarteles5.


2.2.- Objetivos de la desaparición forzada:


Según las investigaciones realizadas se ha llegado a determinar que los agentes, que
principalmente eran del Estado, tenían básicamente tres objetivos:


a) Conseguir información de los subversivos o sospechosos.
b) Eliminación del subversivo o simpatizante de la subversión asegurando la
    impunidad.
c) Intimidar ala población y forzarla a ponerse al lado de las fuerzas del orden.


2.3.- Agentes activos del delito:


Según la casuística peruana los principales agentes activos fueron los miembros de las
fuerzas armadas, debido a que el ejército fue responsable del orden interno en gran
parte del territorio peruano; también fueron sujetos activos las fuerzas policiales,
debido a que actuaban conjuntamente con las fuerzas armadas y por ultimo pero en
menor proporción también son sujetos activos las rondas campesinas y los comités de

5
 Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final del a Comisión de la Verdad y Reconciliación,
Tomo IV, página 68.
autodefensa, y que participaron también en la lucha contrasubversiva y cometieron
actos de violación de derechos humanos.


2.4.- Modus Operandi


La desaparición forzada tenía una practica compleja, la cual estaba compuesta por un
conjunto de actos que eran realizados por diferentes grupos de persona; como ya se dijo
líneas arriba esta concluía principalmente con la ejecución de la víctima y la
desaparición de sus restos.


Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú, puede distinguirse las
siguientes etapas:


-   La selección de la víctima para ello tenían diversos criterios, basados en perfiles
    generales para identificar a personas que podrían ser miembros o simpatizantes de
    organizaciones subversivas; algunas veces la información era proporcionada en base
    a datos dados por “delatores” y con ellas se hacían listas de sospechosos que iban a
    ser detenidos.
-   La detención, era practicada de varias formas: por incursión violenta al domicilio
    (mas frecuente, realizada principalmente en los lugares más alejados), por detención
    en la vía pública (en las llamadas batidas o redadas), por detención colectiva (en las
    incursiones a comunidades campesinas), por detenciones en operaciones de control
    (operaciones de control en garitas o carreteras), por detenciones individuales
    (dirigentes políticos, comunales o estudiantiles), entre otras modalidades.
-   El lugar de reclusión, eran recintos públicos como cuarteles, guardianías, bases
    policiales o militares, etc.
-   El interrogatorio y la tortura, estos son los medios para obtener información,
    dentro de la estrategia militar, los interrogatorios se hacen con equipos de torturas
    preparados para tal propósito; la información obtenida por ese medio es recabada y
    reportada a los superiores que coordinan las labores de inteligencia.
-   La eliminación de la víctima, una vez obtenida la información los agentes activos
    proceden en la mayoría de casos a la ejecución arbitraria de los detenidos, y
    posteriormente a ello a la desaparición de los restos de la víctima para si evitar
    que se conociera cual fue la suerte de la persona desaparecida, para esto se utilizan
    diversos métodos como son: la incineración, el descuartizamiento, el entierro de los
    cadáveres.
-   Para la realización de estas etapas es necesario un importante despliegue tanto de
    personal como económico, es por ello que no se puede concluir que solo se trata de
    simples detenciones, sino que para esta acción se pone en marcha una compleja
    organización.


2.5.- Casos peruanos:


    En el período comprendido entre los años 1984 y 1993 la Comisión Interamericana
    de Derechos Humanos recibió, entre otras, veinticinco (25) peticiones en las que se
    denunciaba que el Estado peruano violó derechos humanos consagrados en la
    Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de ciento diecinueve
    (119) personas: (Luis Miguel Pasache Vidal, Walter Wilfredo Valer Munaylla ,
    Nilton Adelmo Loli Mauricio, Saturnino Serrate García y Esaú Daniel Moreno
    Cotrina , Javier Alberto Ipanaque Marcelo, Guillermo Salinas Conde, Fidel Romero
    Conde, Uriol Tafur Ayala, Víctor Manuel Briceño García y Eusebio Aniceto
    Garay); Juan Hualla Choquehuanca, Francisco Atamari Mamani, Feliciano Turpo
    Valeriano y Roberto Quispe Mamani , Guillermo Marín Arenas, Gerardo Chaico,
    Cirila de Chaico y su hijo de cinco años, la hermana de Cirila de Chaico y su hijo de
    dos años, y seis personas no identificadas; entre otras).


     En dichas peticiones se señaló que algunas de las personas antes mencionadas
    fueron ejecutadas extrajudicialmente por agentes del Estado, y que las demás
    fueron víctimas de desapariciones forzadas llevadas también a cabo por agentes
    estatales.


    Una vez recibidas las peticiones, la Comisión Interamericana de Derechos
    Humanos abrió cada uno de los casos y los tramitó individualmente, de
    conformidad a las disposiciones de la Convención Americana y del Reglamento de
    la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado alegó inadmisibilidad
    por falta de agotamiento de los recursos internos, en algunos casos, y en otros se
    limitó a informar sobre el curso de la investigación. Teniendo en cuenta la
    uniformidad en el estado actual del trámite en todos los casos, el cual permite
resolverlos conjuntamente, las características comunes de los hechos denunciados,
el marco cronológico común, y que todos ellos se refieren a denuncias de
ejecuciones extrajudiciales o a desapariciones forzadas que se han imputado a
agentes del Estado, la Comisión decidió acumular los anteriores casos y proceder a
resolverlos en forma conjunta, con fundamento en el artículo 40 de su Reglamento.


La Comisión, decide admitir los casos, y pronunciarse sobre el mérito de éstos. Al
respecto, la Comisión Interamericana determina que el Estado peruano es
responsable por la ejecución extrajudicial de algunas víctimas y por la desaparición
forzada de las demás de ellas, y encuentra que Perú violó en perjuicio de las
víctimas, derechos humanos a la libertad personal, integridad personal, garantías
judiciales, protección judicial, medidas especiales de protección y personalidad
jurídica, consagrados en los artículos 7, 5, 8, 25, 19, y 3, respectivamente, de la
Convención Americana. Asimismo, la Comisión efectúa al Estado peruano las
recomendaciones pertinentes, referidas a dejar sin efecto las disposiciones internas
y las decisiones judiciales que tiendan a impedir la investigación, procesamiento y
sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos en
cuestión; llevar a cabo una investigación seria, exhaustiva, imparcial y eficaz para
determinar las responsabilidades individuales por dichas violaciones, sancionar a
los responsables e indemnizar a los familiares de las víctimas por las violaciones de
derechos humanos comprobadas. La CIDH recomienda también al Estado peruano
adherir a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.


Notas De Página:


Amnistía Internacional, Corte Penal Internacional: Enjuiciamientos Por
Crímenes De Lesa Humanidad, Folleto 4.

2
    Estatuto De Roma De La Corte Penal Internacional, Artículo 7º.

3
    Comisión De La Verdad Y Reconciliación, Informe Final Del A Comisión De
La Verdad Y Reconciliación, Tomo IV, Página 58, Perú, 2003.
4
    Corte Interamericana De Derechos Humanos, Caso Velasquez Rodriguez
Contra Honduras, Sentencia De 29 De Julio De 1988, Párrafo 155.

5
    Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final del a Comisión de la
Verdad y Reconciliación, Tomo IV, página 68.
    Conclusiones:


-   Este delito considerado de lesa humanidad, se realiza principalmente en el marco de
    gobiernos dictatoriales, violencia interna, estados de emergencia o de sitio, debido al
    amparo legal que se da en la mayoría de casos, al darles poder de dirección en
    diversas circunscripciones territoriales.


-   La Legislación que debe sancionar a este delito en algunos casos es insuficiente o no
    existente, por lo cual debe hacerse una reestructuración legal con respecto a las
    desapariciones forzadas.


-   El delito de separación forzada constituye una plena violación de diversos
    organismos e instrumentos internacionales, por ello los Estados Parte de ellos deben
    velar por su cumplimiento y por la debida sanción de este delito.

								
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