TERCER AMPARO ISSSTE by yn4bJdjI

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									                               QUEJOSOS: VIRGINIA GUZMÁN MONROY,
                                ENRIQUETA TUÑÓN PABLOS Y OTROS.




C. JUEZ DE DISTRITO AUXILIAR CON JURISDICCIÒN EN TODA LA
REPÚBLICA Y RESIDENCIA EN EL DISTRITO DEFERAL.


1.- VIRGINIA GUZMÁN MONROY, 2.- ENRIQUETA TUÑÓN PABLOS, 3.-
MARGARITA NOLASCO ARMAS, 4.- TANIA HERNÁNDEZ VICENCIO, 5.- LILIA
VENEGAS AGUILERA , 6.- JOSÉ CARLOS MELESIO NOLASCO, 7.- JULIA
TUÑÓNPABLOS, 8.- OSCAR RODRÍGUEZ LAZCANO, 9.- ANA PATRICIA
CABRERA MURILLO, 10.- RUTH ELIZABETH ARBOLEYDA CASTRO, 11.-
HUGO ANTONIO ARCINIEGA AVILA, 12.- JOSÉ ANTONIO ROJAS LOA OJEDA,
13.- ANA GRACIELA BEDOLLA GILES, 14.- MARÍA CONCEPCIÓN LUGO OLIN,
15.- ROSA MARÍA MEYER COSIO, 16.- CELIA MALDONADO LÓPEZ, 17.-
SERGIO HERNÁNDEZ GALINDO, 18.- MARTHA EVA ROCHA ISLAS, 19.-
GABRIELA CRUZ CHAGOYÁN, 20.- MANLIO FAVIO SALINAS NOLASCO, 21.-
FERNANDO GONZÁLEZ DÁVILA, 22.- JAIME TORRES TREJO, 23.- VERÓNICA
RODRÍGUEZ MANZO, 24.- RUBÉN ROCHA MARTÍNEZ, 25.- JOHN JOSEPH
TEMPLE SÁNCHEZ GAVITO, 26.- MIGUEL MEDINA JAEN, 27.- NORMA
GUADALUPE PEÑA FLORES, 28.- BLANCA LUZ MIREYA PAREDES GUDIÑO,
29.- SAÚL ALFONSO ESCOBAR TOLEDO, 30.- MARÍA DEL CARMEN REYNA
PÉREZ, 31.- GUADALUPE TRINIDAD HERNÁNDEZ SIERRA, 32.- MAYA
LORENA PÉREZ RÚIZ, 33.- MARÍA GAYÓN CORDOVA, 34.- HUGO EDUARDO
LÓPEZ ACEVES, 35.- ALEJANDRO PINET PLASENCIA, 36.- MARINA ALONSO
BOLAÑOS   VALENTÍN   PERALTA    RAMÍREZ,   37.-   VALENTÍN   PERALTA
RAMÍREZ, 38.- JAVIER LIZARRAGA CRUCHAGA, 39.- MARÍA DE LA CRUZ
PAILLES HERNÁNDEZ, 40.- ROSA MARGARITA BRAMBILA PAZ, 41.- JOSÉ
MANUEL ANTONIO CHÁVEZ GÓMEZ, 42.- MICHAEL HERBERT KNAPP RING,
43.- HERNANDO GÓMEZ RUEDA, 44.- JAVIER LÓPEZ CAMACHO, 45.- JUAN
FERNANDO MATAMALA VIVANCO, 46.- OCTAVIO ROGELIO CORONA
PAREDES, 47.- MARÍA EUGENIA ROMERO RIVERA, 48.- MARÍA DE LOS
ANGELES AMBRIZ DOMÍNGUEZ, 49.- MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ VALDÉZ,
50.- ROSA MARÍA DE LOURDES MÁRQUEZ MORFÍN, 51.- ERNESTO
GONZÁLEZ LICON, 52.- PATRICIA OLGA HERNÁNDEZ ESPINOZA, 53.- JOSÉ
LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 54.- GASTÓN MARTÍNEZ, 55.- ROBERTO
FLORES ORTÍZ, 56.- JOSÉ LUIS RAMOS RAMÍREZ, 57.- MARÍA EUGENIA



                               -- 1 --
PEÑA REYES, 58.- MARÍA ANTONIETA CERVANTES LEANDRO, 59.- JANNU
LIRA ALATORRE, 60.- IVONNE SIEGRID SCHÖNLEBER RIUSECH, 61.- JAIME
CEDEÑO NICOLÁS, 62.- MARÍA TERESA MIRANDA REDONDO, 63.- JORGE
PABLO SAÚL MILLÁN VALENZUELA, 64.- BEATRIZ ZÚÑIGA BÁRCENAS, 65.-
MARÍA DEL CARMEN CARBAJAL CORREA, 66.- MARÍA OLIVIA TORRES
CABELLO, 67.- MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ MENDOZA , 68.- ARGELIA
DEL CARMEN MONTES VILLALPANDO, 69.- GABRIEL LALO JACINTO , 70.-
MARÍA DE LOS ANGELES OLAY BARRIENTOS, 71.- EUGENIA FERNÁNDEZ
VILLANUEVA MEDINA, 72.- EFRAÍN CÁRDENAS GARCÍA, 73.- MARÍA OFELIA
MENDOZA BRIONES, 74.- AUSENCIA LÓPEZ CRUZ, 75.- ALICIA MABEL
BARABÁS REYNA, 76.- MIGUEL ALBERTO BARTOLOMÉ BISTOLETTI, 77.-
ARTURO ROMANO PACHECO, 78.- FERNANDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 80.-
DOROTA BIEÑKO DE PERALTA, 81.- JOSÉ ISABEL HERNÁNDEZ RIVERO, 82.-
MARÍA EUGENIA ARAGÓN RANGEL, 83.- MARÍA ELISA VELÁZQUEZ
GUTIÉRREZ, 84.- LUIS FERNANDO DÍAZ SÁNCHEZ, 85.- ANTONIO PORCAYO
MICHELINI, 86.- FRANCISCO RAFAEL BURGOS VILLANUEVA, 87.- KATIA
SALAZAR LÓPEZ, 88.- ALICIA ELSA TORRES GARZA, 89.- MARÍA COATLICUE
OLMEDO MONROY, 90.- DAVID DE LA PAZ DOMÍNGUEZ COBO, 91.-
GABRIELA     ZEPEDA      GARCÍA     MORENO,       92.-   ALEJANDRA      PALACIOS
SÁNCHEZ, por nuestro propio derecho, autorizando en términos del artículo 27 de
la Ley de Amparo indistintamente a los CC. Licenciados Juan Manuel Gómez
Gutiérrez, con cédula profesional No 30064 y Susana Gómez Cardel, con cédula
profesional 2724212, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en Roma No 17, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600,
Distrito Federal, con el debido respeto comparecemos para exponer:


Por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
1, 4, 5, 36, 114 fracción I y demás relativos aplicables de la Ley Reglamentaria de
los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y estando dentro del término que concede el numeral 21 de la Ley
invocada, venimos a solicitar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA
FEDERAL en contra de los actos y de las autoridades que más adelante
precisaremos, acreditando nuestro interés jurídico legítimo para promover el
presente Juicio de Garantías en nuestro carácter de trabajadores al servicio del
Estado adscritos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) y cotizantes del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE por sus
siglas, como se acredita con las siguientes documentales: recibos de pago de



                                       -- 2 --
salarios y prestacions accesorias fecha noviembre y diciembre, del año 2007 y
enero de 2008, documentales originales que exhibimos en este acto acompañadas
de las copias simples para su cotejo y compulsa correspondiente para los efectos
legales conducentes, solicitando a Su Señoría ordene nos sean devueltas las
originales en el momento procesal oportuno, asimismo, exhibimos copias simples
de las credenciales para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral, y
copias de las credenciales expedidas por el INAH a favor de los quejosos,
documentos todos que acreditan la personalidad y el interés jurídico legítimo de
los promoventes en este Juicio de Garantías, y a efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 116 de la citada Ley de Amparo, manifestamos:


I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS: nuestros nombres y domicilio
convencional quedaron debidamente asentados en el proemio de esta demanda.


II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO: No existe.


III.- AUTORIDADES RESPONSABLES, como ordenadoras y ejecutoras:


  1.- H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
     Poder Legislativo, en términos del Artículo 50 Constitucional, por conducto de
     las Cámaras que lo integran:
       a).- H. CÁMARA DE SENADORES, con domicilio en Xicoténcatl Número
          9, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06010,
          México, Distrito Federal; y,


       b).- H. CÁMARA DE DIPUTADOS, con domicilio en Avenida Congreso de
          la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano
          Carranza, Código Postal 15969, México, Distrito Federal.


  2.- C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio
     en Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán Planta Alta, Colonia
     San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850,
     México, Distrito Federal;


  3.- C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, Titular de la Secretaría de
     Gobernación; con domicilio en Bucareli Número 99, Edificio Cobián, Primer
     Piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600,
     México, Distrito Federal;



                                         -- 3 --
  4.- C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, con domicilio
     en Río Amazonas Número 62, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
     México Distrito Federal, y


  5.- C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
     SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, con domicilio en
     Avenida de la República Número 154, Colonia Tabacalera, Delegación
     Cuauhtémoc, Código Postal 06030, México, Distrito Federal.


IV.- ACTO RECLAMADO:


DEL H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por
conducto de las Cámaras que lo integran, se reclama:


PRIMERO.- LA APROBACIÓN DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, publicada en
el Diario Oficial de la Federación del sábado 31 de marzo de 2007, integrada por
254 artículos y 47 transitorios y como consecuencia la expedición y aplicación de
la misma, por tratarse de una Ley afectada de inconstitucionalidad.


SEGUNDO.- LA APROBACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y GACETAS GUBERNAMENTALES, publicada el
24 de diciembre de 1986, que prevé: “El Diario Oficial podrá ser publicado todos
los días del año…”, por inconstitucionalidad y contraponerse a lo establecido por la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 4 de agosto de 1994, la
cual en su artículo 28 establece que las actuaciones administrativas se practicarán
en días hábiles, sin contar los sábados, domingos y días festivos.




DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE RECLAMA:


TERCERO.- LA PROMULGACIÓN, PUBLICACIÓN, EXPEDICIÓN, ENTRADA EN
VIGOR Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, publicada en
el Diario Oficial de la Federación del sábado 31 de marzo de 2007, integrada por
254 artículos y 47 transitorios, así como, la omisión del refrendo correspondiente
por parte de los Secretarios de Estado, que conforman su Gabinete.



                                       -- 4 --
CUARTO.- LA PROMULGACIÓN, PUBLICACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTRADA EN
VIGOR DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN Y GACETAS GUBERAMENTALES, publicada el 24 de diciembre
de 1986, el cual prevé que: “El Diario Oficial podrá ser publicado todos los días del
año”, por inconstitucionalidad y contraponerse a lo establecido por la Ley Federal
de Procedimiento administrativo, publicada el 4 de agosto de 1994, la cual en su
artículo 28 establece que las actuaciones administrativas se practicarán en días
hábiles, sin contar los sábados, domingos y días festivos.


DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN SE RECLAMA:


QUINTO.- EL REFRENDO DEL DECRETO PRESIDENCIAL, MEDIANTE EL
CUAL SE PROMULGÓ, ORDENÓ LA PUBLICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA LEY
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, publicada en el Diario Oficial de la Federación
del sábado 31 de marzo de 2007, integrada por 254 artículos y 47 transitorios.


DEL C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SE RECLAMA:


SEXTO.- La publicación en día inhábil en el Diario Oficial de la Federación del
Decreto que contiene la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, por tratarse de una Ley
afectada de inconstitucionalidad y además por haberla publicado en día inhábil.


Actos que en su conjunto son violatorios de los derechos humanos, de los
derechos laborales y de los derechos sociales de los hoy quejosos, y que se
produjeron en franca trasgresión de disposiciones constitucionales, con incorrecta
motivación, incorrecta fundamentación e interpretación legal, sin audiencia de las
partes y debido proceso, violando la Constitución Política del País, sus leyes
reglamentarias en materia jurisdiccional, administrativa del trabajo, seguridad
social y los principios de la seguridad social establecidos por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), propiciando con ello, por parte de las Autoridades
Responsables     una   intervención   estatal    totalmente   contraria   a   garantías
individuales y sociales, así como a los derechos de seguridad social adquiridos por
parte de los trabajadores, hoy parte quejosa.




                                       -- 5 --
DEL C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SE RECLAMA:


SÉPTIMO.- Como autoridad ejecutora, a la Dirección General del ISSSTE, se
reclama la ejecución de actos que en su conjunto son violatorios de los derechos
humanos, de los derechos laborales y de los derechos sociales de los hoy
quejosos, que se produjeron en franca violación de disposiciones constitucionales,
con incorrecta motivación, incorrecta fundamentación e interpretación legal, sin
audiencia de las partes y debido proceso, en virtud de que es ese INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, quien a través de diversos actos y en la aplicación de una Ley viciada
de origen por inconstitucionalidad, aplica descuentos, propuestas y crea
organismos o fondos derivados de una Ley que en el momento procesal oportuno,
Su Señoría, en atención al interés social y en amparo y protección de la justicia
federal invocada por los quejosos deberá decretar su inconstitucionalidad.


V.- FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-


La parte quejosa fue notificada del acto reclamado el día 10 de enero de 2008, por
el Jefe de personal del INAH y el jefe de personal del INBA, quienes nos
manifestaron al cubrirnos el salario de la primera quincena de enero de 2008, que
en el recibo correspondiente se nos practicaba el descuento de las aportaciones o
cuotas señaladas en la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de marzo de 2007.


VI.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS:
Estimamos que las responsables violan y restringen en perjuicio de la parte
quejosa los artículos 14 (irretroactividad de la Ley, seguridad jurídica y audiencia),
16 (legalidad), 92 (refrendo ministerial), 123 “A” fracción XXVII (irrenunciabilidad
de derechos) y 123 “B” fracción XI (derecho de los trabajadores a la seguridad
social a cargo del Estado) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación a los artículos 1º párrafos primero y tercero (garantía de
igualdad), 13 (garantía de igualdad) y 133 (Ley suprema) del mismo Ordenamiento
legal invocado.


VII.- PROTESTA LEGAL.- Los hechos y abstenciones que a continuación
narramos son ciertos, así lo manifestamos BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, pues son los que constituyen los siguientes:



                                        -- 6 --
ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO


1.- PUBLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL ISSSTE.- El día sábado 31 de marzo
de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que a la letra
dice:




        “Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
        Mexicanos.- Presidencia de la República.


        FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados
        Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:


        Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente


        DECRETO


        “EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
        DECRETA:


        SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
        SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.




        Artículo Único.- Se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
        Sociales de los Trabajadores del Estado.”


2.-     EL   CONTENIDO        DE     LA      NUEVA     LEY    CONTRAVIENE          EL
CONSTITUCIONALISMO SOCIAL Y AGRAVIA DE MANERA PERSONAL Y
DIRECTA LOS DERECHOS DE LA PARTE QUEJOSA.- La aprobación de la Ley,
su contenido y la forma en que se realizó contrarían disposiciones constitucionales
vigentes y los postulados programáticos del constitucionalismo social aprobado
por el Constituyente de 1917, en materia de seguridad social y protección de los
derechos de los trabajadores, propiciando una afectación directa y personal de los
derechos de la parte quejosa como trabajadores y cotizantes del ISSSTE, que se
extienden a la afectación de los derechos adquiridos por los derechohabientes de
los demandantes del amparo.



                                          -- 7 --
Derechos consignados en el


      “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
      útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización
      social para el trabajo, conforme a la Ley.


      El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá
      expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:


      B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus
      trabajadores:


      XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases
      mínimas:


       a) Cubrirá       los    accidentes       y      enfermedades      profesionales;   las
          enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la
          invalidez, vejez y muerte.
       b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al
          trabajo por el tiempo que determine la Ley.
       c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un
          esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación
          con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes
          de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos
          después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su
          empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de
          trabajo.      En    el   periodo    de       lactancia   tendrán   dos   descansos
          extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus
          hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de
          medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías
          infantiles.
       d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica
          y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la Ley.
       e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así
          como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus
          familiares.




                                             -- 8 --
        f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en
           arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente
           aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga,
           establecerá un fondo nacional para la vivienda a fin de constituir
           depósitos a favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de
           financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente
           para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o
           bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos
           adquiridos por estos conceptos.
           Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al
           organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y
           en las que correspondan, la forma y el procedimiento conforme a los
           cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los
           créditos respectivos”.


Disposiciones constitucionales que el articulado de la nueva Ley del ISSSTE
contraviene, causando agravio de manera directa a los demandantes y de manera
indirecta a sus familiares, protegidos por la Ley anterior, del 27 de diciembre de
1983.


3.- LA LEY DEL ISSSTE SE PUBLICA EN DIA SÁBADO, DÍA INHABIL
CONFORME A LA LEY.- La promulgación, publicación y expedición de la Ley
impugnada se encuentran viciadas de nulidad, por lo que su expedición y
publicación no puede surtir los efectos de ponerla en vigor, al resultar irregular e
ilegal dichos actos, pues aunque el artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de la
Federación y Gacetas Gubernamentales, publicada el 24 de diciembre de 1986,
que prevé: “El Diario Oficial podrá ser publicado todos los días del año…”, sin que
establezca en qué supuestos y bajo qué condiciones “podrá” publicarse, su
normativa es contraria a lo establecido por la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo, publicada el 4 de agosto de 1994, la cual en su artículo 28
establece que las actuaciones administrativas se practicarán en días hábiles, sin
contar los sábados, domingos y días festivos.


De tal manera que la publicación de la Ley impugnada en día sábado, la afecta de
nulidad, porque la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es la Ley posterior
y ésta abroga en sus transitorios todas las disposiciones que se le opusieren,
además de que la misma Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone
que los términos fijados solamente podrían suspenderse por causas de fuerza



                                       -- 9 --
mayor o caso fortuito, siempre y cuando, el acto sea justificado, motivado y
fundado, condiciones que no se cumplieron en el Decreto que expide la Ley
impugnada.


4.- LA NUEVA LEY DEL ISSSTE SE PUBLICA SIN REFRENDO MINISTERIAL
CONSTITUCIONAL.- Por otra parte, la Ley impugnada fue publicada sin el
refrendo ministerial que establece el artículo 92 Constitucional, mismo que obliga
al Presidente que para hacer cumplir y obedecer los Decretos, acuerdos y órdenes
que expida, éstos deberán de estar firmados por el Secretario de Estado que
corresponda a la materia del acto y cuando se trate de decretos promulgatorios de
leyes expedidas por el Congreso el refrendo deberá ser de todos los Secretarios
de Estado, mandato constitucional que en este caso fue omitido, ya que solamente
cuenta con el refrendo del Secretario de Gobernación.


5.- NACE EL ISSSTE PARA REGULAR Y PROTEGER LOS DERECHOS DE
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.-
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del
Estado es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia,
con domicilio en la Ciudad de México, que fue edificado a partir del año 1960 para
brindar seguridad a los trabajadores del Estado en el marco de la aplicación de la
Ley, con motivo de que se elevó a rango constitucional el Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio del Estado, adicionando para tal efecto el inciso B) al
artículo 123 Constitucional, el cual en su fracción XI fijó los derechos
proteccionistas para los servidores públicos en materia de trabajo y seguridad
social. El 30 de diciembre de 1959 se expidió la Ley de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, que abrogó la Ley de
Pensiones Civiles del 30 de diciembre de 1947, mediante la cual se creó el
ISSSTE.


Dentro de la seguridad social integral de protección a los trabajadores al servicio
del Estado, cuyas bases constitucionales se encuentran establecidas en el inciso
B) del artículo 123, fracción XI, de la Constitución Federal y articulado de la Ley
anterior del ISSSTE, se establecían prestaciones con carácter obligatorio en
beneficio de los servidores públicos, como lo es la parte quejosa,             que
comprendían el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad, el seguro
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los servicios de
reeducación y readaptación de inválidos, elevación de los niveles de vida del
servidor público y su familia, promociones para el mejoramiento de la preparación



                                      -- 10 --
técnica y cultural y activación de las formas de sociabilidad del trabajador y su
familia, los créditos para la adquisición en propiedad de casa y terrenos para la
construcción de las mismas destinadas a la habitación familiar del trabajador, el
arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al Instituto, los
préstamos hipotecarios, los préstamos a corto plazo, la jubilación, el seguro de
vejez, el seguro de invalidez, el seguro por causa de muerte y finalmente, la
indemnización global, que a pesar de haber sufrido algunas modificaciones en las
posteriores reformas en lo general se conservó el sentido tutelar de justicia social
y de protección al trabajador, situación que ahora se modifica radicalmente, al
aprobarse y expedirse una Ley del ISSSTE que modifica en perjuicio del
trabajador la concepción y normatividad Constitucional sobre el derecho de la
seguridad social, no solamente reconocido en México, sino que también en la
comunidad internacional, a través de diversos instrumentos, tratados, convenios o
declaraciones que sobre la materia existen y que obligan al Estado Mexicano a
observarlos y cumplirlos, por haber sido suscritos y ratificados conforme a
derecho.


6.- LOS DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES,
DERECHOS UNIVERSALMENTE RECONOCIDOS.- En la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre, elaborada por UNESCO, aprobada el 10 de
diciembre de 1948 en el Palais de Chaillot en Paris, se estableció en sus artículos
22 y 25 el derecho de toda persona a la seguridad y a un nivel de vida adecuado
que asegure, a él y a su familia, la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido,
la vivienda y a la asistencia médica y servicios sociales necesarios. Asimismo fijó
considerar los seguros de desempleo, enfermedad e invalidez y otros casos en los
que ocurra la pérdida de medios de subsistencia; además la protección a la
maternidad y a la infancia.


7.-   LA   SEGURIDAD          SOCIAL,    DERECHO        RECONOCIDO         POR     LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- En el Preámbulo de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (texto de 1919,
modificado en 1946) se establece que una paz universal y permanente no puede
fundarse sino sobre la base de la justicia social. De 1925 a 1934 la Organización
Internacional del Trabajo OIT adoptó varios convenios para reglamentar las
indemnizaciones por accidentes de trabajo, el seguro por enfermedad, las
pensiones y el seguro de desempleo. Posteriormente en un documento publicado
en 1991 denominado “Administración de la seguridad social”, la OIT definió la
seguridad social como: “La protección que la sociedad proporciona a sus



                                        -- 11 --
miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones
económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una
fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente
de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también
la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.
La seguridad social es un servicio público regulado por el Estado, es un derecho
humano y social contemplado en los artículos 22 y 25 de la “Declaración Universal
de los Derechos Humanos” de la ONU, aprobada el 10 de diciembre de 1948, la
cual suscribió México. Igualmente México ha ratificado el Convenio 102 de la OIT
de fecha 26 de junio de 1952, relativo a “Normas Mínimas de la Seguridad Social”,
Convenio 102 que al ser aprobado y ratificado por México, el 31 de diciembre de
1959, es obligatorio en cuanto a su observancia, surtiendo efectos plenos en los
términos del artículo 133 Constitucional. La doctrina jurídica existente respecto a
la seguridad social, es uniforme cuando contempla diversos principios básicos que
le sirven de sustento, entre los cuales la solidaridad sobresale como motor y eje
fundamental, al grado de afirmarse que sin la solidaridad no existe la seguridad
social. La seguridad social es un derecho social exigible ante los tribunales, su
normatividad legal se localiza siempre en leyes taxativas de orden público e
interés social, y sus disposiciones son, respecto de los asegurados y
derechohabientes, irrenunciables, imprescriptibles e inalienables.


Derechos hoy negados a los recurrentes con la irregular publicación de la nueva
ley impugnada que en su artículo segundo transitorio dice “A partir de la entrada
en vigor de esta Ley, se abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres con
sus reformas y adiciones, con excepción de los artículos 16, 21, 25 y 90 Bis B,
mismos que estarán vigentes hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil
siete”, y según lo prevé dicha Ley, en agravio de los quejosos, se les incorpora al
PENSIONISSSTE a partir del 1° de enero de 2008. Con el debido respeto nos
permitimos hacer mención de estos artículos a efecto de ilustrar al juzgador:


Ley del ISSSTE de 1983


      “Artículo 16
      Todo trabajador incorporado al régimen de este ordenamiento, deberá
      cubrir al Instituto una cuota fija del ocho por ciento del sueldo básico de
      cotización que disfrute, definido en el artículo anterior.



                                       -- 12 --
       Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma:
       I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades,
         maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental;
       II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y
         corto plazo;
       III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo
         infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos;
         promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de
         recreación y servicios funerarios;
       IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las
         valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e
         indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas
         correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley;
       V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de
         administración del Instituto exceptuando los correspondientes al Fondo
         de la Vivienda.
       Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos
       específicos de administración.”


“Artículo 21
Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta Ley cubrirán
al Instituto, como aportaciones el equivalente al 17.75% del sueldo básico de
cotización de los trabajadores. Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente
forma:
I.        6.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades,
          maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental;
II.       0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y
          corto plazo;
III.      0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo
          infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios
          turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento
          deportivo y de recreación y servicios funerarios;
IV.       0.25% para cubrir íntegramente el seguro de riesgos de trabajo;
V.        3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las
          valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e
          indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas
          correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley;
VI.       5.00% para constituir el Fondo de la Vivienda;



                                         -- 13 --
   VII.   El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de
          administración del Instituto, exceptuando los correspondientes al Fondo
          de Vivienda.
   Los porcentajes señalados en las fracciones I a IV incluyen gastos específicos
   de administración.
   Además, para los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil,
   las dependencias y entidades cubrirán el 50% del costo unitario por cada uno
   de los hijos de sus trabajadores que haga uso del servicio en las estancias de
   bienestar infantil del Instituto. Dicho costo será determinado anualmente por la
   Junta Directiva.”


   “Artículo 25
   La cotización del seguro de enfermedades, de maternidad y medicina
   preventiva que establece este capítulo a favor de pensionistas y sus familiares
   derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma:
   I. 4% a cargo del Instituto, sobre la pensión que disfrute el pensionista;
   II. 4% de la misma pensión, a cargo de la dependencia o entidad.”


   “Artículo 90 BIS-B.
   Las aportaciones a que se refiere el artículo anterior, (Artículo 90 BIS-A. Las
   dependencias y entidades están obligadas a enterar al Instituto, el importe de
   las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro para el retiro, mediante
   la constitución de depósitos de dinero a favor de cada trabajador, en la forma y
   términos señalados en el presente Capítulo) serán por el importe equivalente al
   dos por ciento del sueldo básico de cotización del trabajador. Tratándose del
   ahorro para el retiro, el límite a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será el
   equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito
   Federal.”


El sólo hecho de la publicación y expedición de la nueva ley además de los actos
de autoridad en ella previstos (aplicación), causa a la parte quejosa los siguientes:


CONCEPTOS DE VIOLACIÓN


PRIMERO.- Las autoridades señaladas como responsables violan en perjuicio de
los quejosos las garantías previstas en los artículos 14 (irretroactividad de la Ley,
seguridad jurídica y audiencia), 16 (legalidad), 123 apartado “A” fracción XXVII
(irrenunciabilidad de derechos) y 123 apartado “B” fracción XI (derecho a la



                                        -- 14 --
seguridad social), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación a los artículos 1° párrafos primero y tercero (garantía de igualdad), 13
(garantía de igualdad) y 133 (Ley suprema) del mismo ordenamiento legal
invocado, trascendiendo dicha violación a la esfera de los derechos laborales y de
seguridad social adquiridos de los quejosos.


      En efecto la Ley que por esta vía se combate nace viciada de origen, lo
anterior es así pues del texto del artículo 123 Constitucional se lee


      “El Congreso de la Unión sin contravenir a las bases siguientes, deberá
      expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:


        Apartado “B”. “Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito
      Federal y sus trabajadores:


        XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases
      mínimas:


        a) Cubrirá        los    accidentes     y     enfermedades      profesionales;   las
            enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la
            invalidez, vejez y muerte.
        b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al
            trabajo por el tiempo que determine la ley.
        c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán los trabajos que exijan
            un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en
            relación con la gestión; gozarán forzosamente de un mes de descanso
            antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos
            después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su
            empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de
            trabajo.      En    el   periodo   de     lactancia   tendrán   dos   descansos
            extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus
            hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de
            medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías
            infantiles.
        d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica
            y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.




                                           -- 15 --
      e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así
          como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus
          familiares.
      f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en
          arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente
          aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga,
          establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir
          depósitos a favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de
          financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente
          para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas,
          o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos
          adquiridos por estos conceptos.


        Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al
      organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en
      las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se
      administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos
      respectivos”.


De la lectura de dicho ordenamiento constitucional se colige que cualquier Ley o
Decreto para ser legalmente constitucional, y por tanto jurídicamente obligatorio,
se tiene que ceñir a las bases mínimas antes transcritas y de no ser así, las
leyes, decretos o reglamentos que se aprueben, promulguen o expidan, son
inconstitucionales.


En efecto, la Ley que por esta vía se impugna es inconstitucional, toda vez que
de su simple lectura se desprende que contraviene las bases mínimas
establecidas en el Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, pues desde el
momento en que divide y establece que la seguridad social comprende dos
regímenes y establece seguros que no se encuentran contemplados, eliminando
otros, así como prestaciones y servicios y un ente que administrará los seguros y
prestaciones de dichos servicios, por tanto métodos de operación de la
administradora, aportaciones, aseguradora, cuenta individual, etc., viola en
consecuencia el mencionado precepto constitucional, de lo que se colige la
inconstitucionalidad de la Ley que por esta vía se impugna.


 El texto constitucional invocado no se ha modificado, por tanto hablamos de
una ley tanto positiva como vigente, en consecuencia las Leyes reglamentarias y



                                    -- 16 --
demás    ordenamientos    que    se    pretendan   derivar   de   dicho   precepto
constitucional, se deberán ceñir a sus lineamientos o bases mínimas, pues de no
ser así, son inconstitucionales, por tanto nulos de pleno derecho, y al estar
afectados de nulidad absoluta, no pueden producir consecuencias de derecho,
pues de la nada jurídica no pueden nacer derechos u obligaciones para persona
alguna, por tanto la Ley del ISSSTE que por esta vía se combate, conculca los
derechos sociales y laborales de los hoy quejosos, pues es de consabido y
explorado derecho, que la nada jurídica no produce consecuencias de derecho,
por tanto, si la Ley que se impugna, es nula de                   pleno derecho,
consecuentemente todos los actos que de ella emanen son también nulos de
pleno derecho y por consiguiente inconstitucionales, pues contravienen las
normas o bases mínimas establecidas por nuestra Carta Magna.


Ahora bien, independientemente de la violación antes mencionada,
tenemos que la nueva ley del ISSSTE, que ahora se impugna de
inconstitucionalidad, en el fondo y forma afecta de manera personal y directa los
derechos humanos, derechos laborales y de seguridad social de los
demandantes en este juicio de garantías, al conculcar derechos sociales
adquiridos, ya que en su concreción privatiza la seguridad social, cancela y/o
limita los derechos de protección por accidentes y enfermedades profesionales,
jubilación, invalidez, vejez y muerte, establece regímenes discriminatorios para
los nuevos trabajadores al servicio del Estado y deroga la obligación del Estado
de otorgar la seguridad social a sus trabajadores, contrariando lo dispuesto en el
artículo 123, Apartado “B”, fracción XI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los Convenios Internacionales que México
tiene suscritos y que por ser parte de la Organización Internacional del
Trabajo lo obligan como Estado miembro, convenios que son vinculantes.


SEGUNDO.- La Ley impugnada causa agravio a la parte quejosa al impedirle
gozar de los beneficios de una seguridad social organizada en términos de los
previsto por el artículo 123 Constitucional en la fracción XI de su apartado B,
toda vez que de su texto, jamás se desprende que se trate de una Ley
reglamentaria o emitida con el fin de dar cumplimiento a la norma constitucional,
por el contrario, la ley que nos ocupa, omite mencionar cualquier referencia al
derecho constitucional y al derecho de la seguridad social que se desprende del
mismo, evadiendo la obligación que tiene el Estado para con sus trabajadores de
proporcionarles una seguridad social organizada en materia de los servicios
relativos a enfermedades no profesionales; tiendas económicas; centros para



                                      -- 17 --
 vacaciones y para recuperación; habitaciones baratas, en arrendamiento; la
 obligación del Estado de establecer un fondo nacional de la vivienda mediante
 las aportaciones que haga; el otorgamiento de financiamiento que permita
 otorgar a éstos crédito barato y suficiente, condiciones que constituyen derechos
 adquiridos por los trabajadores al servicio del Estado y que la Ley abrogada
 disponía. Remitiéndonos en obvio de repeticiones innecesarias, a lo
 manifestado       en   el   numeral    que       antecede,   manifestaciones   que
 reproducimos en todas y cada una de sus partes como si se insertasen a la
 letra.




TERCERO.-        La nueva Ley del ISSSTE, publicada en el Diario Oficial de la
Federación del sábado 31 de marzo de 2007, integrada por 254 artículos y 47
transitorios, abroga los derechos de seguridad social de los trabajadores del
Estado, afianza un sistema nacional de seguridad privada y elimina de tajo la
competencia del derecho del trabajo y la jurisdicción de los tribunales laborales en
la aplicación de la seguridad social     al trasladar éstas al campo del derecho
administrativo    y mercantil,   otorgando a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público la interpretación y aplicación de la nueva Ley, observándose una omisión
aberrante del texto sobre el derecho del trabajo y de la seguridad social       que
establece el artículo 123 Constitucional en general y en particular la fracción XI
del apartado “B”, motivo por el cual debe otorgarse el AMPARO Y PROTECCIÓN
DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA PARTE QUEJOSA, decretando su
inconstitucionalidad. En efecto, la seguridad social es parte de las
obligaciones que tiene el Estado como tal, pues una de sus funciones es
precisamente esa, amen de la administración de la res publicum, por tanto,
si las cuestiones relativas a la seguridad social se dejan en manos de los
particulares el Estado Mexicano dejaría de tener razón de ser. La compleja
vida social requiere de especialidades en atención de las diversas áreas de
la vida social, sin confundir ni tratar de abarcar áreas que por su naturaleza
son del ámbito social, laboral, penal, mercantil, administrativo, etc., por lo
que al pretender que los conflictos derivados de la seguridad social a los
trabajadores sean dirimidos por una autoridad administrativa que por su
naturaleza carece de sensibilidad social , es tratar que la materia laboral sea
tratada por un juez en materia fiscal, cuando por la propia naturaleza de los
conflictos laborales, los mismos son resueltos por organismos tripartitos, es
decir, en donde intervienen los factores de la producción, en este caso,
representantes de los trabajadores,         representantes de las dependencias



                                       -- 18 --
federales y representantes del Gobierno como tal, el cual actúa como árbitro
en la solución de la compleja vida laboral y, ahora pretender que sea una
autoridad fiscal quien resuelva dichas controversias es vulnerar el estado de
derecho en el cual vivimos y la propia Carta Magna, por ende las garantías
individuales y sociales de los gobernados, de lo que se colige la violación a
nuestra esfera jurídica y por ende a nuestros derechos humanos, laborales y
sociales, los cuales son sagrados, pues es precisamente en la Constitución
Política como fuente emanadora de leyes, en donde se plasman las bases
mínimas para la creación de dichas normas y pretender lo contrario es violar
todo orden lógico jurídico, en consecuencia, la Ley que por esta vía se
combate, al ser contraria a dichas normas mínimas, es inconstitucional, por
lo que procede y así se solicita se nos conceda el AMPARO Y PROTECCIÓN
DE LA JUSTICIA FEDERAL a fin de que las garantías individuales que nos
fueron violadas por la promulgación y aplicación de una Ley viciada de
origen,    nos sean restituidas y por tanto, en su totalidad sea declarada
inconstitucional con todas las consecuencias que de ello se derivan.




CUARTO.- La nueva Ley del ISSSTE viola las garantías de legalidad y seguridad
jurídica establecidas en los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución por inaplicación
de los artículos 31 fracción IV y 123 Apartado “B”, fracción XI de la misma. Es de
consabido y explorado derecho que el poder del Estado debe estar basado
en los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues es precisamente en
la Carta Magna en donde se establecen éstos, siendo obligación tanto de
gobernantes como de gobernados la observación de los mismos, pues de no
ser así viviríamos en la anarquía, ahora bien, los órganos del Estado son los
primeros     que   tienen    que    cumplir       y   observar   dichos   preceptos
constitucionales, así tenemos que la Ley que por inconstitucional por esta
vía se impugna rompe precisamente con dichos principios, lo anterior es así,
toda vez que el Artículo 123 Apartado “B” en su fracción XI establece las
normas o bases mínimas sobre las cuales se prestará por parte del Estado
Mexicano la seguridad social a todas aquellas personas que le presten un
servicio por medio de un contrato de trabajo sin menoscabar su dignidad ni
sus derechos civiles, ni imponerle mayor carga que la que por ley debe ser
proporcional y equitativa, principios de proporcionalidad y equidad que
deben prevalecer sobre cualquier materia, en la especie tenemos que la Ley
que se impugna por inconstitucional, rompe los anteriores principios para
ello bástenos leer la misma, para darnos cuenta de tal circunstancia, lo



                                       -- 19 --
anterior es así, pues tal y como se ha venido manifestando se nos imponen
cargas desproporcionales e inequitativas, pues al cambiar la terminología
utilizada en la Ley que impugnamos, establece programas y conceptos que
violan las normas o bases mínimas establecidas en la garantía social
contemplada por el Artículo 123 Apartado “B” Constitucional, amén de violar
en nuestro perjuicio las garantías consagradas por los artículos 14 y 16
Constitucionales, por una incorrecta aplicación e interpretación de la
garantía social consagrada en el Artículo 123 Apartado “B” Constitucional,
pues para que el acto de molestia se encuentre apegado a derecho, debe
estar fundado y motivado en forma correcta y en relación con las normas o
bases mínimas establecidas en la propia Constitución y al no ser así,
procede y así se solicita se nos conceda el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA
JUSTICIA FEDERAL, a fin de que nuestras garantías               de seguridad tanto
social como jurídica nos sean restituidas y por tanto se declare
inconstitucional la Ley que por esta vía se impugna.




QUINTO.-     El proceso de aprobación, publicación y expedición de la Ley del
ISSSTE, no solamente son contrarios a la justicia laboral, a la democracia, a la
razón, sino también al derecho. La publicación de la Ley en día sábado, previo a
Semana Santa, es un acto ilegal y sin transparencia opuesto a los principios que
regulan la Administración Pública Federal.


El acto jurídico administrativo por el que se publicó y expidió la nueva Ley del
ISSSTE está viciado de invalidez e inconstitucionalidad, al no haberse cumplido
por las Responsables con los requisitos esenciales del procedimiento de
publicación, pues la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la que se
combate, ocurrió en un día inhábil sin que exista causa de justificación para ello,
siendo de igual manera, inconstitucional el artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de
la Federación y Gacetas Gubernamentales.


En efecto, el artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas
Gubernamentales, publicada el 24 de diciembre de 1986, prevé que: “El Diario
Oficial podrá ser publicado todos los días del año…”, sin que establezca en qué
supuestos y bajo qué condiciones “podrá” publicarse, pero, su normativa es
contraria a lo establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo,
publicada el 4 de agosto de 1994, la cual en su artículo 28, establece que las
actuaciones administrativas se practicarán en días hábiles,           sin contar los



                                       -- 20 --
sábados, domingos y días festivos, de tal manera que la publicación de la Ley del
ISSSTE en día sábado, estaría afectada de nulidad, porque la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo es la Ley posterior y ésta abrogó en sus transitorios
todas las disposiciones que se le opusieran, además de que la misma Ley Federal
de Procedimiento Administrativo dispone que los términos fijados solamente
podrían suspenderse por causas de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y
cuando, el acto sea justificado, motivado y fundado, condiciones que no se
cumplen en el Decreto de la Ley del ISSSTE.




SEXTO.-     Por otra parte, la Ley fue publicada sin el refrendo ministerial que
establece el Artículo 92 Constitucional, que obliga al Presidente que para cumplir y
obedecer los Decretos, acuerdos y órdenes que expida, éstos deberán estar
firmados por el Secretario de Estado que corresponda a la materia del acto y
cuando se trate de decretos promulgatorios de leyes expedidas por el Congreso,
el refrendo deberá ser de todos los Secretarios de Estado, mandato constitucional
que en este caso fue omitido, ya que solamente cuenta con el refrendo del
Secretario de Gobernación, violando lo establecido en el artículo constitucional
referido.


SÉPTIMO.-     Los actos de autoridad consistentes en la aplicación de los
artículos 20 y 25, los cuales ya fueron declarados incluso inconstitucionales
por el Órgano de Control Constitucional en relación con los numerales 3, 5,
6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 43,
44, 45, 48, 52, 54, 57, 58, 62 fracciones II y III, 63, 65, 67 fracciones I y II, 76,
78, 80, 84, 88 al 193, 200, 204, remitiéndonos en obvio de repeticiones
innecesarias a lo manifestado en el cuerpo de esta demanda de garantías,
las cuales solicitamos se tengan por reproducidas como si se insertasen a la
letra.


PRUEBAS


Conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 fracción VII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150, 151, 152 y demás relativos de la
Ley de Amparo; y, 79, 90, 93, 129, 133, 134 y demás aplicables del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, y con el fin
de acreditar los hechos y conceptos de violación del amparo, la parte quejosa
anuncia, las pruebas siguientes:



                                        -- 21 --
I.- LAS DOCUMENTALES, consistentes en originales y copias simples de los
documentos que se anexan, mismos que acreditan el interés y personalidad
jurídica legítimos de la parte quejosa, como trabajadores al servicio del Estado y
cotizantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE).


II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistentes en todas y
cada una de las constancias, datos y documentos que obren en el juicio de
amparo, al momento de resolver el mismo y en todo lo que favorezca a la parte
quejosa.


III.- LAS PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS, que surjan o se deduzcan de
las constancias y pruebas que obren en el expediente, particularmente las que se
deriven de realizar un examen comparativo de la nueva Ley con los derechos
constitucionales que le asisten a la parte quejosa, así como, las que surjan entre la
comparación de la Ley supuestamente abrogada y la Ley impugnada.


SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA.


Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo la parte
quejosa solicita la suplencia de la deficiencia de la queja formulada en el presente
juicio de garantías en virtud de que los demandantes son trabajadores, en razón
de que la materia del amparo es de carácter laboral y se trata de una demanda
contra una Ley afectada de inconstitucionalidad.


CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO


Fundados en lo dispuesto por los artículos 122, 124, 130, 131, 132, 136 y 142 de
la Ley de Amparo en vigor, solicitamos se conceda a la parte Quejosa LA
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, y en su oportunidad LA
DEFINITIVA del mismo, toda vez que al concederse ésta no se causa perjuicio al
interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en virtud de que
la demanda constitucional se solicita en contra de una Ley que se estima
inconstitucional por su contenido, forma y porque opera con retroactividad
vulnerando los derechos adquiridos de la parte quejosa y que se derivan de la
relación de trabajo y derechos adquiridos con el Estado como patrón, bajo una
relación entre particulares y no de orden público, puesto que la Ley impugnada a



                                       -- 22 --
mayor abundamiento, es la que atenta en contra del orden público, e interés social
al transgredir el orden constitucional, que fue establecido en sus orígenes por el
Constituyente de 1917.


Por lo anteriormente expuesto y fundado,



A USTED C. JUEZ, atentamente pedimos se sirva:



PRIMERO.- Tenernos por presentados con este escrito, documentos y copias que
se acompañan, demandando el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA
FEDERAL en contra de los actos de las autoridades que han quedado precisadas
en la demanda. Admitir a trámite la misma, ordenando su substanciación conforme
a derecho, y previos los trámites de ley, otorgar en su oportunidad el Amparo y
Protección de la Justicia Federal a favor de la parte quejosa, declarando la
inconstitucionalidad de la LEY DEL ISSSTE, publicada en el Diario Oficial de la
Federación del sábado 31 de marzo de 2007, así como de los actos de autoridad
que en ella están previstos a aplicarse a partir del 1° de enero de 2008, actos que
por su naturaleza son contrarios a derecho, a los principios de interés y seguridad
social violentando temerariamente los preceptos constitucionales en agravio de los
quejosos.


SEGUNDO.- Requerir, en apego a derecho y mediante los medios de apremio
que Su Señoría considere pertinentes AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TABAJADORES DEL ESTADO, a efecto de que
éste, haga del conocimiento de éste H. Juzgado, informe motivado y fundado
sobre   nuestro   carácter,   derechos     y     obligaciones   como   cotizantes   y
derechohabientes del propio ISSSTE.


TERCERO.- EL PLENO DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, a efecto de cumplir con el compromiso constitucional de IMPARTIR
JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, tomó el ACUERDO GENERAL NÚMERO
22/2007, de 1º de octubre de 2007, relativo a la REMISIÓN DIRECTA DE
EXPEDIENTES POR PARTE DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO AUXILIAR
QUE CONOCE DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO RELACIONADOS
CON LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el sábado 31 de marzo de 2007, que en el punto PRIMERO resolutivo


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establece: “El Juzgado Primero de Distrito Auxiliar con competencia en toda la
República y residencia en el Distrito Federal para conocer de los juicios de amparo
indirecto relacionados con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación de
treinta y uno de marzo de dos mil siete, creado y nominado, respectivamente, en
los Acuerdos Generales 19/2007 y 34/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal,   conforme    dicte   resolución   en    los   mencionados   juicios   y con
independencia del sentido, y se interponga el recurso de revisión, enviará
directamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el número de asuntos
suficientes para que se esté en posibilidad de establecer los criterios relativos, y
en los demás tendrá por presentado el recurso y reservará su remisión a los
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, hasta en
tanto se establezcan y sean de su conocimiento, dichos criterios” (textual), lo que
nos hace concluir lógica y legalmente con respecto de los Juicios de Amparo
indirecto, en contra de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de
marzo de 2007, que la H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN está
interesada en atraerlos y resolverlos en definitiva, solicitamos que, sin esperar a
dictar resolución y ésta sea recurrida en revisión, Usted C. Juez de Distrito Auxiliar
en turno, remita esta demanda de Amparo Indirecto en contra de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2007 y sea ella,
la H. Suprema Corte de Justicia, la que no sólo fije los criterios correspondientes,
como manifiesta en su Acuerdo transcrito, sino resuelva en definitiva sobre la
INCONSTITUCIONALIDAD de la citada LEY DEL ISSSTE, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, ya que como hemos demostrado
en los Antecedentes de los Actos Reclamados y Conceptos de Violación, antes
expuestos, ésta no es una Ley Federal que emana de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sino un “Decreto Presidencial” que va en contra de
dicha Constitución Política, en agravio de dos millones y medio de trabajadores al
servicio del Estado y de sus dependientes económicos.



PROTESTAMOS LO NECESARIO.-



México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de enero de 2008




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