Foro "Corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la by o6ro3ki

VIEWS: 9 PAGES: 4

									INTERVENCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, LUIS CAMILO OSORIO ISAZA, EN
EL FORO "CORRESPONSABILIDAD DEL SECTOR PRIVADO EN LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN", ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Y EL COMITÉ
COLOMBIANO DEL CONSEJO ECONÓMICO DE LA CUENCA DEL PACÍFICO, PBEC
COLOMBIA

(Bogotá, D.C., Cámara de Comercio, 4 de abril de 2004)


Nunca antes en nuestra historia se había necesitado tanto como en la actual coyuntura,
implementar una auto pedagogía empresarial, solidaria con la sociedad, dentro de la cultura de
apego a la ley y a la honestidad y en contra de la corrupción.


Observación de las reglas en el ejercicio de la libre empresa para combatir la corrupción

El éxito económico de la empresa privada tiene su dinámica en la productividad y la emulación
entre los mejores, pero no puede basarse en prácticas contra la ética y el ejercicio de actividades
que comporten conductas equivalentes a los delitos de cuello blanco o a simples maneras de burlar
las reglas de juego así estas no constituyan conducta punible, pero si ventaja indebida en el libre
mercado.

La empresa privada debe generar espacios de cultura y formación de valores positivos en
desarrollo de los negocios propios o ajenos; se trata de un desafío que no da tregua ni espera, su
implementación es ahora.

La convergencia de esfuerzos comunes deberá cubrir los factores posibles, desde aquellos
internos como el control de calidad, los costos de producción y el establecimiento de precios al
consumidor, y los de relaciones comerciales cuyo fundamento es la necesidad del bien o del
servicio en condiciones de una libre competencia con conocimiento y reglas claras del mercado.
Estas reglas debe extenderse al momento de formular oferta o cuando se presente propuesta
pública o privada o al momento de participar en licitaciones de cualquier índole.

Cuando no existe esa cultura de lo ético, es cuando sobrevienen los productos de mala calidad, los
sobreprecios que conducen a la pérdida de caudales del erario, o solicitud y entrega de beneficios
ilícitos para sostener empresas que no tendrían posibilidad dentro del normal y honesto devenir de
la lucha por el mercado. También lo propio acontecería frente a los mecanismos de concurso o
licitacíon que terminarían deteriorando al beneficiario final –que ya no lo será tanto- y a la propia
entidad contratante.

Es hora de implementar un cambio de paradigma, dejar atrás el método gerencial de beneficio
económico a toda costa, reconocido que métodos tradicionales como los de evasión de impuestos,
el recorte de la inversión en áreas como el control de calidad, la seguridad industrial y la seguridad
social de los trabajadores, atentan contra la calidad de vida del trabajador, de su familia y generan
perjuicios para todos, con productos de mala calidad, precios elevados y salarios inadecuados, en
fin, inestabilidad de la empresa y de la producción.

La tecnología poco competitiva en un mercado cada día más abierto al mundo, hará que la
empresa local se relegue por multinacionales, cuyas transacciones comerciales son favorecidas
por contar con una cultura organizacional adecuada y mejor preparada.

Algunos comerciantes y empresarios que aún persisten en prácticas corruptas, no han
comprendido cuál es su papel en la sociedad, trascendencia que se refleja no solamente en el
bienestar de los consumidores, sino, en grado sumo, en toda le economía.
                                                                                                   2




De ahí las fundamentales tareas que cumplen las cámaras de comercio y las asociaciones
gremiales de la pequeña, mediana y gran industria nacional, generando una cultura de
entendimiento entre sus asociados acerca de la labor trascendente que tiene su actuación con
arreglo a la ley y a las del mercado, para los propios dueños, su clientela y usurarios y de contera
para el desarrollo económico de la nación.

De allí que la empresa privada desempeñe una de las tareas vitales en la lucha contra la
corrupción: el rechazo a toda forma ilegal del ejercicio de su objeto social, además porque es la
única forma de demostrar la solidaridad que de ella demanda el desarrollo de la actividad
empresarial y comercial.

Existen métodos reactivos de control del gasto público como las investigaciones penales y las
actividades desplegadas por las veedurías ciudadanas, transparencia internacional, y las entidades
de control del Estado mediante la evaluación de la gestión pública y privada, lo cual no es
suficiente en la lucha contra la corrupción, cuando uno de los principales actores real y potencial,
que es la empresa privada, no emplea mecanismos proactivos de prevención.

Esta labor de cooperación de la empresa privada puede desarrollarse de manera individual, en
cada caso particular por el comerciante o empresario, pero es más efectiva y duradera cuando se
realiza de manera conjunta, cuando los comerciantes y empresas unen sus esfuerzos y generan
espacios como éste en el que nos encontramos, o cuando celebran pactos de transparencia en sus
transacciones con el Estado.

Con ocasión del desenvolvimiento de la acción penal que el Estado ejerce por conducto de la
Fiscalía y de los jueces de la República, las investigaciones han dejado al descubierto un
sinnúmero de casos de corrupción administrativa. La sociedad comprende hoy el fenómeno de la
corrupción en sus verdaderas dimensiones y cuestiona y rechaza no solamente las conductas
ilícitas de los servidores públicos, sino también la participación de los particulares que siempre se
da correlativa, esto es de la empresa privada.

Para la opinión pública hoy día es tan grave que un funcionario del Estado solicite o reciba
ilícitamente dádivas, como que un particular o empresario ofrezca o entregue estos reprochables
beneficios.

Es hora de que la empresa privada cambie su fundamentación filosófica y haga prevalecer el
ejercicio transparente de sus actividades en abierta competencia.

Si bien es cierto que las convenciones, los tratados y los convenios internacionales, la Constitución
Política y las leyes de la república garantizan la libertad de empresa, también lo es que los
comerciantes y empresarios deben propender porque exista una libre empresa, pero con
responsabilidad social.

Debe entender la empresa privada que en ese conflicto entre el interés general y el interés privado
o particular, siempre prevalecerá el bien común y social sobre la utilidad privada.

En foros y conferencias se ha dicho que es gestor y autor de corrupción la empresa privada, lo cual
resulta parcialmente cierto porque también detrás habrá un servidor público.

La empresa privada evade impuestos en orden aproximado del 35% anual, según cifras del
Ministerio de Hacienda. Esta es de las formas más graves de corrupción que tiene incidencia sobre
la economía y el desarrollo sostenido. La corrupción, según cálculos no desmentidos, apunta al
desvío de los recursos públicos en cuantía que puede estimarse en cerca del 10% de su valor total.

En Colombia, la Fiscalía General ha destacado a la Unidad Nacional Anticorrupción, que recoge los
casos más importantes de cuantos se presentan a nivel central y regional. Algunas cifras
demuestran la clara participación de sectores de la empresa privada en la comisión de delitos
                                                                                                 3




contra la Administración Pública, en investigaciones sensibles para la sociedad como las que se a
continuación se destacan:

CAPRECOM, donde se investigaron aproximadamente 900 contratos con particulares, y que dio
lugar a una de las penas más altas impuestas a un servidor público, de treinta años de prisión, por
delitos de peculado y celebración indebida de contratos.

CAJA AGRARIA, uno de los autores fue condenado a catorce años de prisión por la misma
categoría de delitos.

REGALIAS, aparecen involucrados no solamente el sector privado en contratación ilícita, sino que
se investiga el desvío del presupuesto de regalías hacia grupos armados al margen de la ley.

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, al igual que la Caja Agraria, concedió innumerables créditos a
la empresa privada sin garantías, procesos que se encuentran en la etapa del juicio en varias
ciudades del país.

INURBE, correspondiente a dineros del erario que a través de contratos con constructores
particulares dan lugar a la perdida de caudales en detrimento de las familias menos favorecidas,
investigaciones en curso con varias medidas de aseguramiento vigentes.

Desafortunadamente, a esta lista se suman los contratos ilícitos celebrados por el Senado de la
República y la Cámara de Representantes, dentro de cuyos procesos ya se cuenta con sentencias
condenatorias en contra de varios congresistas y empleados de menor rango. En el sector Salud,
por investigaciones relacionadas con el mal manejo del dinero destinado a las ARS, hechos
ocurridos desafortunadamente en las regiones más apartadas y de menos presencia del Estado Se
investigan los contratos del Estado con la empresa privada, en los sectores Termoeléctrico (por
venta de las mismas) e Hidroeléctricas (por contratos de adquisición de bienes y servicios);
igualmente son investigados los contratos al parecer ilícitos celebrados con la empresa privada por
parte de Alcaldías de grandes ciudades como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Bogotá y
Medellín. Que decir de los contratos con la empresa privada por parte de empresas que
demostraban una gerencia seria a nivel nacional como TELECOM, INVIAS y la DIAN y, finalmente,
aunque la lista no termina allí, casos de corrupción administrativa, como FONCOLPUERTOS, quizá
el más grave de todos, cuando los propios trabajadores, en connivencia con sus directivos, jueces,
abogados y empresarios, asaltaron el erario público en cuantía que podría acercarse a varios
billones y que difícilmente el aparato de justicia intenta, al menos parcialmente, recuperar.

Papel importante en la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones, es el concurso
decidido de la comunidad internacional, para lo cual cuenta con mecanismos jurídicos adecuados
para la cooperación entre los estados contra este flagelo.

Estos mismos propósitos deben ser los de la empresa privada, la cual tiene asiento importante en
el orden de la cooperación por conducto de las cámaras de comercio interestatales y de los
mecanismos internacionales, en el contexto de la apertura, la globalización y las formas de
intercambio y de comercio entre las naciones.

Al unir los esfuerzos, no solamente de gobiernos sino de la empresa privada de los distintos
países, en la lucha contra la corrupción, se cierra el camino a las organizaciones de delincuentes
internacionales. La fuente de enriquecimiento de ellas es incrementada cada vez que haya falta de
entendimiento y solidaridad entre los pueblos del universo.

Por vía de ejemplo, la Convención interamericana contra la corrupción compromete la voluntad
política de los estados en la lucha contra la corrupción cometida por servidores públicos y
particulares, principalmente la empresa privada.
                                                                                                  4




La empresa privada a nivel internacional, en consecuencia, tiene la palabra: ¿Será posible que
adopte medidas internacionales comunes, relacionadas con materias como el soborno interno y el
transnacional, el peculado, el cohecho, tráfico de influencias, levantamiento de la reserva bancaria
y la evasión de impuestos?

El Estado, representado por el Gobierno Nacional, la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y
los entes de control, aunamos esfuerzos en la lucha contra la corrupción y hemos puesto en
práctica mecanismos tendientes a agilizar las investigaciones y a obtener respuesta inmediata con
sanciones para quienes delinquen y afectan los recursos públicos.

Los empresarios no deben temer algún tipo de represalia por parte de los servidores públicos, al
rechazar propuestas indebida de parte de éstos, porque el compromiso actual del Estado en la
lucha contra este flagelo es institucional.

La empresa privada debe sentirse respaldada por sus instituciones y propender por la
transparencia en la gestión recíproca que implica las transacciones con el Estado.

No obstante, a las organizaciones del crimen no se les puede combatir únicamente desde las
esferas gubernamental, judicial y de control del Estado; debe contarse con el concurso de la
sociedad, en la cual tiene un papel protagónico y de liderazgo la empresa privada.

La empresa privada no puede permitir que se luche contra la corrupción cuando los hechos han
sucedido; de esta forma se envía un mensaje equivocado a la opinión pública, en el sentido que se
denuncian los hechos solamente cuando existen intereses particulares afectados.

Es hora de que la empresa privada enarbole las banderas de la lucha contra la corrupción al
interior de sus propias filas, de manera proactiva; para ello, debe empezar por acordar pactos de
transparencia y de lucha contra la corrupción en la empresa privada, por una parte, negándose a
participar en prácticas corruptas, pero además cumpliendo con la función social que impone su
privilegiada posición económica, cumpliendo con sus obligaciones tributarias, laborales y
empresariales.

En este sentido, aplaudo y agradezco como colombiano, los pactos que ha suscrito la empresa
privada en varias regiones del país, los denominados comités intergremiales, los cuales promueven
pactos de transparencia para el desarrollo de una conducta ajustada a la normatividad, ajeno al
Gobierno, con acciones y compromisos claros a favor del interés superior y finalmente, los
esfuerzos, iniciativas y concertación que obtengan bajo el amparo próvido de la Cámara de
Comercio y de su dinámica directora, María Fernanda Campo, quien hoy los convoca y tendrá
como colofón la ratificación del pacto de “no al soborno”. Los mayores éxitos en sus deliberaciones.

Muchas gracias.

								
To top