Segunda Sala Laboral

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SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL.


I


Juicio Nº 341-99.


Juicio laboral seguido por Víctor Mera Jiménez contra el
Consejo Provincial de Imbabura.


SÍNTESIS:
La Segunda Sala de lo Laboral y Social desecha el
recurso interpuesto, por cuanto, la excepción del
artículo 188 del Código del Trabajo penúltimo inciso,
únicamente procede en el caso que el trabajador
hubiese sido despedido intempestivamente, lo que en
los autos, no se ha probado.


PRIMERA INSTANCIA.


JUZGADO DEL TRABAJO DE IMBABURA. Ibarra, 15 de junio
de 1999. 08h30.
VISTOS: Víctor Hugo Mera Jiménez, comparece con la
siguiente demanda laboral: Que el primero de agosto de mil
novecientos setenta y uno, ha ingresado a prestar sus
servicios al Consejo Provincial de Imbabura, hasta el veinte y
cinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, o sea,
por el lapso de veinte y cuatro años aproximadamente. Que
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fue presionado por su empleador a presentar la renuncia
voluntaria del cargo que desempeñaba, a fin de tener
derecho   a     la    liquidación,         de     acuerdo      con    la   Ley    de
Modernización del Estado. Que su ex-patrono el Consejo
Provincial, en el Acta Transaccional antedicha, no toma en
consideración la jubilación patronal que, dice, es derecho
irrenunciable. Con estos antecedentes, fundamentado en las
disposiciones        legales          y    constitucionales          que    invoca,
demanda, en juicio verbal sumario, a los señores: Lic.
Gustavo Pareja Cisneros, Prefecto Provincial de Imbabura y al
doctor Arturo Terán, como Procurador Síndico de esta
entidad, a fin de que se ordene, previo el trámite legal su
jubilación patronal. Citados legalmente los demandados, al
igual que el señor Procurador General del Estado, tiene lugar
la audiencia de conciliación, diligencia dentro de la cual se
contesta a la demanda oponiendo las excepciones que
constan   a     fojas       trece         del     proceso:     Negándose          los
fundamentos de hecho y derecho de la acción; improcedencia
de la misma por el fondo y por la forma; que hay reiteradas
jurisprudencias        de        la       Corte      Suprema         de    Justicia,
desconociéndose el derecho a la jubilación patronal a quienes
no   hayan      laborado         menos          de    veinte    y     cinco   años
consecutivos     para       la    misma           empleadora,        conforme     se
consigna en el Art. 219 del Código Laboral vigente; se cita un
fallo, cuya copia obra de autos. No conviniendo las partes en
acuerdo alguno que dé por terminado el juicio, a petición
ábrese la causa a prueba por el término de seis días, dentro
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del cual se ordenan y se practican todas las diligencias
solicitadas por las dos partes contendientes. Encontrándose
la causa en estado de dictar sentencia, para resolver se
considera: PRIMERO: El trámite dado al juicio, es el
pertinente a esta clase de procedimiento, sin que haya
nulidad alguna que se deba declarar de oficio. SEGUNDO: La
relación laboral habida entre las dos partes del juicio, no es
aspecto que se discute y se justifica con las propias
excepciones vertidas en la contestación a la demanda.
TERCERO: De la jurisprudencia esgrimida por la parte
demandada, en base de la sentencia cuya copia consta a
fojas quince de los autos, se lee textualmente: “De otra
parte, por excepción, el penúltimo inciso del Art. 188 admite
la posibilidad de una jubilación patronal proporcional, cuando
el trabajador hubiere cumplido veinte años y no haya
alcanzado a prestar servicios por veinte y cinco años. Pero
esta   alternativa   de   excepción   solo   procede   cuando   el
trabajador hubiere sido despedido intempestivamente…”.
CUARTO: Del certificado de fojas 18 del proceso el actor
señor Mera Jiménez Hugo, consta como afiliado del Consejo
Provincial de Imbabura desde agosto de mil novecientos
setenta y uno hasta agosto de mil novecientos noventa y
cinco, o sea veinte y cuatro años. QUINTO: Obra de autos el
Acta Transaccional de Finiquito (fojas 19), que nos ilustra de
que el ex-trabajador Hugo Mera Jiménez recibió la liquidación
pormenorizada de sus haberes, acogiéndose a la Ley de
Modernización del Estado, documento legalmente celebrado,
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que tiene el valor de finiquito inviolable, pasado en autoridad
de cosa juzgada, conforme consta en la cláusula quinta de
este instrumento. SEXTO: El juramento deferido de fojas 34
nos entera del tiempo de servicios y de los sueldos percibidos
por el accionante. SÉPTIMO: Al no haber cumplido veinte y
cinco años de prestación de servicios el demandante, no
habiendo precedido despido intempestivo alguno, se ha
producido la renuncia voluntaria. OCTAVO: El Art. 219 del
Código del Trabajo, textualmente dispone o en el se
establece: “Los trabajadores que por veinte y cinco años o
más      hubieran   prestado      servicios,   continuada       o
ininterrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por
sus      empleadores…”.     Sin      otras     consideraciones,
ADMINISTRANDO         JUSTICIA      EN       NOMBRE   DE       LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se deseca la
demanda por improcedente. Consúltese al Superior. Hágase
saber.
Firma ilegible.


SEGUNDA INSTANCIA.


CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA. Ibarra a 22
de julio de 1999 a las 09h30.
VISTOS: En juicio verbal sumario de trabajo Víctor Hugo
Mera Jiménez demanda al Lcdo. Gustavo Pareja Cisneros, en
calidad de Prefecto Provincial de la provincia de Imbabura y
al Dr. Arturo Terán, Procurador Síndico, con la finalidad de
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que el Consejo Provincial proceda a jubilarlo de acuerdo a la
Ley en consideración al tiempo que ha prestado sus servicios
en dicha Institución; en vista de que el 1º de agosto de 1971
ha entrado a prestar sus servicios lícitos y personales bajo la
dependencia de su patrono el Consejo Provincial de Imbabura
hasta el 25 de agosto de 1995, o sea por el lapso de 24 años
aproximadamente, fecha en la cual ha sido presionado por
parte del empleador, a fin de que presentara la renuncia
voluntaria con la finalidad de tener derecho a la liquidación
de    acuerdo    con   la   Ley de    Modernización del         Estado,
Privatizaciones, Prestación de Servicios, por parte del la
Iniciativa Privada y su Reglamento, en relación con el
numeral segundo del Art. 169           del Código del Trabajo en
vigencia. Que su patrono el Consejo Provincial en el acta
transaccional de finiquito celebrada ante el Inspector del
Trabajo el 25 de agosto de 1995, no ha tomado en
consideración la jubilación patronal a que tiene derecho ya
que la misma Constitución Política del Ecuador dispone que
los derechos del trabajador son irrenunciables y que sobre
todo    es    imprescriptible   su    derecho     a     la   jubilación.
Fundamenta el actor la presente acción en el Art. 189 inciso
sexto del Código del Trabajo en concordancia con lo prescrito
en el Art. 221 del Código en referencia, Art. 49 de la
Constitución Política del Estado literales: c)- d) e) - f). Citada
en legal forma la parte demandada se lleva a efecto la
audiencia de conciliación y contestación a la demanda fojas
13.    13    vuelta,   oponiendo     las   siguientes    excepciones:
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Negativa simple y absoluta de los fundamentos de hecho y de
derecho deducidos en la demanda; improcedencia de la
acción tanto por el fondo como por la forma; que reiterada
jurisprudencia   de    la   Corte     Suprema   de   Justicia     ha
desconocido el derecho a la jubilación patronal a las personas
que   no   hayan      laborado   al    menos    veinticinco     años
consecutivos para la misma Entidad, conforme lo exige el Art.
219 del Código del Trabajo vigente y que así lo garantiza el
fallo dictado por la Tercera Sala de lo Laboral y Social de la
Corte Suprema de Justicia el 26 de octubre de 1998, dentro
del juicio propuesto por José Ramón Jaramillo Borja en contra
del Banco del Pichincha C.A. Tramitada la causa y concluida
la misma el señor Juez del Trabajo de Imbabura dicta
sentencia desechando la demanda por improcedente. De la
mencionada sentencia interpone recurso de apelación el actor
Víctor Hugo Mera Jiménez. Radicada la competencia en esta
Segunda Sala, mediante sorteo de ley, para resolver se
considera: PRIMERO: El proceso es válido no se han omitido
las formalidades legales sustanciales comunes a esta clase de
juicios. SEGUNDO: El actor en los antecedentes constantes
en su demanda reconoce haber presentado la renuncia
voluntaria, afirmación que se encuentra avalizada por el Acta
Transaccional de Finiquito que obra a fojas 19-20 de los
autos, la cual establece que el actor Víctor Hugo Mera
Jiménez ha ingresado a prestar sus servicios bajo las órdenes
y dependencia del Consejo Provincial de Imbabura, desde el
primero de agosto de mil novecientos setenta y uno, hasta el
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veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco,
fecha en la cual las partes contendientes han dado por
terminada la relación laboral existente, de conformidad con la
Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación
de   Servicios   por   parte   de   la   Iniciativa    Privada    y   su
Reglamento, en relación con el numeral segundo del Art. 169
del Código del Trabajo. además en la Cláusula Quinta de la
mencionada Acta Transaccional se establece que las partes
intervinientes, de común acuerdo, convienen en dar a dicha
acta el valor de finiquito inviolable, pasado en autoridad de
cosa juzgada en última instancia, con sujeción a lo prescrito
en el Art. 571 del Código del Trabajo. En consecuencia de lo
expuestos anteriormente se llega a la conclusión de que en la
terminación de la relación laboral no se ha producido despido
intempestivo, sino renuncia voluntaria para acogerse a los
beneficios determinados en la Ley de Modernización antes
referida. TERCERO: El actor ha trabajado veinticuatro años,
veinticuatro días y si bien el Art. 188 del Código de Trabajo
vigente determina que “en el caso del trabajador que hubiere
cumplido veinte años, y menos de veinticinco años de trabajo
continuada o ininterrumpidamente, adicionalmente tendrá
derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal”, es
necesario destacar que dicho beneficio surte efecto cuando se
trata   de   despido   intempestivo,      particular    que      no   ha
justificado el actor, y no cuando se ha producido renuncia
voluntaria, como en el caso que nos ocupa. al respecto existe
abundante jurisprudencia establecida por la Corte Suprema
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de Justicia, basta señalar la sentencia dictada por la Tercera
Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, signada
con el Nº 193-98, publicada en el Registro Oficial Nº 90 del
día jueves 17 de diciembre de 1998 que en la parte
pertinente del considerando CUARTO manifiesta lo siguiente:
“por excepción, el penúltimo inciso del Art. 188 (Código del
Trabajo) admite la posibilidad de una jubilación patronal
proporcional, cuando el trabajador hubiere cumplido 20 años
y no haya alcanzado a prestar servicios por 25 años. Pero
esta alternativa de excepción, solo procede cuando el
trabajador hubiera sido despedido intempestivamente”. Por
todo lo expuesto, la Segunda Sala, ADMINISTRANDO
JUSTICIA       EN   NOMBRE    DE   LA   REPÚBLICA      Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, confirma la sentencia recurrida.
Actúe el señor Secretario Relator de la Primera Sala.
Notifíquese.
f) Drs. Jaime Orquera G. Amable Araujo Pazos.- Rosa
de Gudiño.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, febrero 3 del 2000; las 10h30.
VISTOS: Inconforme con la sentencia que dictó la Segunda
Sala de la Corte Superior de Justicia de Ibarra, el actor Víctor
Hugo Mera Jiménez, interpone recurso de casación en el
juicio laboral que propuso en contra del Consejo Provincial de
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Imbabura, representado por el licenciado Gustavo Pareja
Cisneros y Dr. Arturo Terán, Prefecto y Procurador Síndico,
en su orden. Sostiene el accionante que la Sala de Alzada “no
ha aplicado correctamente la Ley, concretamente los artículos
188, inciso 6º, en concordancia con lo prescrito en el artículo
221 del Código del Trabajo”. Recuerda en su recurso lo
estatuido en los numerales 3, 4 y 6 del artículo 35 de la
Constitución Política. Hace presente que no se ha tomado en
cuenta como antecedente, el fallo que consta en la Gaceta
Judicial Nº 6 de la Serie 16. Dice que se han infringido las
normas de los artículos 4, 5 y 7 del Código el Trabajo.
Fundamenta su recurso en lo que contienen las causales 1ª y
3ª del artículo 3 de la Ley de Casación. Siendo el estado de la
causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO:
La competencia de esta Sala está establecida por lo que
dispone el artículo 1 de la Ley de Casación y por la razón del
sorteo que obra fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO: La
confrontación de lo afirmado por el casacionista en su escrito
y lo que aparece del proceso, permite observar que la acción
tiene como único objetivo, alcanzar la jubilación patronal,
tomando en consideración que sirvió al Consejo Provincial por
24 años. Para determinar si realmente la Sala de Alzada ha
hecho aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de normas de derecho, como afirma el señor
Víctor Hugo Mera Jiménez, es preciso analizar tres aspectos
fundamentales: a) El tiempo de servicios del accionante; b)
La forma como termina la relación laboral; y c) El valor del
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acta transaccional que puso término a la relación laboral. Al
efecto, se ha establecido y no hay duda que el actor trabajó
desde el 1º de agosto de 1971 hasta el 25 de agosto de
1995, es decir, 24 años y 24 días. Esto lo sostiene en su
demanda y así aparece de la prueba. A fojas 19 y 20 del
proceso     aparece        el   “acta   transaccional      de   finiquito”,
celebrada    ante     el   Inspector     Provincial   de    Trabajo      de
Imbabura, el 25 de agosto de 1995. El acta ha sido celebrada
cumpliendo con todas las formalidades que prescribe el
artículo 592 del Código del Trabajo. Por esta consideración, la
Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Imbabura le
otorga el valor de “Finiquito inviolable, pasado en autoridad
de cosa jugada.” Del texto de este documento se puede
constatar que no hay renuncia de derechos, recordando que
el artículo 35 numeral 5 de la Constitución, faculta la
transacción en materia laboral “siempre que no implique
renuncia de derechos”. Debe tenerse presente que en el
texto de la demanda se manifiesta que el accionante fue
presionado para presentar su renuncia voluntaria y en el acta
de finiquito se abunda en razonamientos para explicar que
esta renuncia se produce a la luz de los preceptos de la Ley
de Modernización. No hay prueba alguna sobre la presión
afirmada por el señor Mera Jiménez. TERCERO: Las reglas
del artículo 219 del Código del Trabajo, determinan el
derecho a la jubilación patronal para las personas que
hubieren trabajado para el mismo empleador 25 años o más,
en forma continuada o ininterrumpida. En el presente caso,
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tanto en la demanda, como en el acta transaccional de
finiquito, el demandante puntualiza que trabajó para el
Consejo Provincial, desde el 1º de agosto de 1971 hasta el 25
de agosto de 1995, es decir, 24 años y 24 días. Si en verdad,
como excepción, el artículo 188, penúltimo inciso, admite la
posibilidad de una jubilación patronal proporcional, cuando el
trabajador hubiere cumplido 20 años, sin alcanzar los 25
años de servicios, no es menos cierto, que esta excepción
únicamente procede en caso de que el trabajador fuere
despedido intempestivamente, lo cual no ocurre en el
presente caso. Por tanto, el demandante no ha probado
haber trabajado 25 años para el Consejo Provincial de
Imbabura, como tampoco ha probado que fue despedido
intempestivamente, así, la Corte Superior de Justicia de
Ibarra ha procedido con apego a la Ley, en su fallo que ha
sido impugnado por el actor. Por lo expuesto, esta Sala,
ADMINISTRANDO         JUSTICIA      EN   NOMBRE      DE     LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el
recurso de casación. Sin costas. Notifíquese.
f) Drs. Camilo Mena Mena.- Julio Jaramillo Arízaga.-
Teodoro Coello Vásquez.




II


Juicio Nº 168-2000.
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Juicio laboral seguido por José Jara Zamora contra EMETEL
S.A. (ANDINATEL S.A.).


SÍNTESIS:
La Segunda Sala de lo Laboral, desecha el recurso
intentado por la Empresa demandada, por cuanto
advierte, que de conformidad con el artículo 619 del
Código Laboral, con la solicitud de visto bueno ante el
Inspector del Trabajo el empleador está obligado a
consignar la remuneración de un mes del empleado a
quién se refiera; “ahora bien, abundante jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que el
plazo máximo que tiene el Inspector del Trabajo para
resolver sobre la petición de visto bueno es de un mes,
pues, por lógica jurídica y al amparo de la ley si se
exige para la suspensión la cantidad equivalente a un
mes…” es obvio que el visto bueno que exceda de este
plazo es ineficaz. De igual forma el artículo 633 letra b
del mismo cuerpo legal, establece en un mes la
facultad para despedir o dar por terminado el contrato
de trabajo con el trabajador.


PRIMERA INSTANCIA.


JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.
Santo Domingo de los Colorados, a 18 de mayo de 1998, las
10h00.
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VISTOS: José Antonio Jara Zamora comparece a fojas uno y
dos de los autos y dice estar domiciliado en esta jurisdicción
cantonal, y luego de exponer sus generales de ley, añade:
“Que mediante contrato de trabajo el 31 de octubre de 1985,
ingresé a prestar mis servicios lícitos y personales en calidad
de albañil 2, pero últimamente desempeñando funciones de
técnico   de     redes    en   el     Instituto   Ecuatoriano     de
Telecomunicaciones,       actualmente       Empresa    Estatal    de
Telecomunicaciones, EMETEL, en esta ciudad de Santo
Domingo de los Colorados. Mi sueldo inicial fue de ocho mil
quinientos     sucres    mensuales,    el   mismo     que   se    fue
incrementando conforme se iban emitiendo las respectivas
alzas salariales, hasta llega a percibir la suma final de
quinientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta sucres
mensuales. Mi horario de trabajo fue de lunes a viernes, con
la jornada de ocho horas diarias. Con fecha 30 de marzo de
1995, en la Inspección del Trabajo de Pichincha, con asiento
en esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados, mi
empleador señor Ing. Juan Carlos Werner Huppert, en su
calidad de Gerente General de EMETEL R-1, por tanto
representante legal de esta regional, presentó solicitud de
visto bueno, tendiente a dar por terminadas las relaciones
laborales con el suscrito, diciendo haber infringido las
causales 2 y 3 del Art. 171 del Código de Trabajo, por
supuestas faltas cometidas en el año de mil novecientos
noventa y tres”. Continúa diciendo el accionante lo siguiente:
“Con una agilidad asombrosa el mismo día 30 de marzo de
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1995, se califica y notifica la mentada solicitud de visto
bueno, la cual fue contestada el 03 de abril de 1995 con las
siguientes excepciones “(…) a) negativa pura y simple de los
fundamentos de hecho y de derecho; b) Falta de causa y
objeto lícito; c) Improcedencia de la petición de visto bueno
por ausencia de los elementos de forma y fondo propios para
esta clase de acciones; d) Falta de derecho del actor para
proponer esta petición del visto bueno, en virtud de que no
he cometido ninguna falta; e) Improcedencia de la petición
de visto bueno por no haberse agotado la vía administrativa
conforme lo impone el Art. 13 del Contrato Colectivo del
Trabajo; f) En el supuesto de existir alguna falta y en forma
subsidiaria, alego prescripción, conforme lo establece el Art.
612 letra b) del Código del Trabajo, pues la supuesta falta se
dice haberse cometido en el año de 1993, conocida por el
accionante el 22 de diciembre de 1994; g) Alego nulidad de
la acción de visto bueno en virtud de que es efecto de un
sumario administrativo nulo, para el caso de un trabajador
sujeto al Código del Trabajo; h) Ilegitimidad de personería
del actor (…)” Una vez que se evacuen las diligencias propias
de esta clase de trámite, y, luego de probar mi persona que
jamás transgredió norma reglamentaria y legal alguna, así
como de demostrar que en el supuesto no consentido de
existir las faltas, el derecho del empleador caducó por
haberse prescrito la acción al tenor de la letra b) del Art. 612
del Código del Trabajo; con fecha 4 de mayo de 1995 esto es
fuera de los 30 días que tienen las autoridades de trabajo
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para conocer y decidir una solicitud de visto bueno, cuando
sea suspendido en el trabajo al obrero; el Lcdo. Freddy Lara,
Inspector del Trabajo de Pichincha concede la petición de
visto bueno presentada por mi empleador, culminándose de
ese modo la relación laboral que me unía con la empresa
EMETEL. La relación (Sic) en referencia la impugno por
parcializada, amañada e ilegal tal como probaré en el
momento procesal oportuno. Pues, la misma no hizo más que
legalizar la actitud unilateral de mi empleador para culminar
en forma abrupta las relaciones de trabajo que mantuve por
el lapso de más de diez años de servicios. Con los
antecedentes expuestos, en juicio verbal sumario demanda a
la Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL Regional-
1, representada legalmente por el Sr. Ing. Juan Carlos
Werner Huppert, el pago de los valores que concreta en
quince   numerales,   incluyendo     los   intereses   respectivos
previstos en el Art. 591 del Código del Trabajo. Fija la cuantía
en treinta millones de sucres. Radicada la competencia en el
Juzgado en razón del sorteo de estilo (fojas 2 vuelta) en
cumplimiento del Reglamento de Sorteos, expedido por la
Excma. Corte Suprema de Justicia, en auto de 20 de julio de
1995, se admite al trámite verbal sumario, por reunir los
requisitos   prescritos   en   el   Art.   71   del    Código    de
Procedimiento Civil. Citado que ha sido legalmente el
demandado mediante deprecatorio remitido al señor Juez
Séptimo de lo Civil de Pichincha (fojas 15 vuelta), comparece
a litis señalando domicilio judicial para sus notificaciones
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posteriores (fojas 4) y manifestando que en la audiencia de
conciliación dará contestación a la demanda y deducirá
excepciones que considere pertinentes. De igual forma en
cumplimiento con lo previsto en el Art. 585 del Código Obrero
se ha procedido a citar al señor Procurador General del
Estado, con fecha 12 de septiembre de 1995, según consta a
fojas 12 vuelta. Continuando con la sustanciación propia de
este tipo de causas en decreto de 28 de septiembre de 1995,
se convoca a las partes a la audiencia de conciliación (fojas
16 vuelta), diligencia de sumo interés en atención a la
naturaleza de la controversia, a la cual concurren los señores
abogados Luis Cuvi Gaybor y Miguel Paz y Miño Realpe,
ofreciendo poder y ratificación del actor y demandado en su
orden; intervenciones que han sido legitimadas a fojas 19 y
20 del proceso. El último de los nombrados defensores
durante la audiencia de conciliación, al contestar y deducir
excepciones a nombre de EMETEL R-1, dice: “ En relación al
audaz, improcedente juicio laboral que el señor José Antonio
Jara Zamora ha planteado en contra de EMETEL R-1, dando
contestación   a   la   misma   digo: Señor   Juez intervengo
ofreciendo poder o ratificación del señor Carlos Eduardo
Aguirrre Carrillo, de profesión ingeniero electrónico de 54
años de edad, casado, ecuatoriano, Gerente de EMETEL
Región Uno, conforme lo justifico con la copia certificada de
la resolución 0277, que me permito hacer la entrega. Por los
términos y la forma que se ha planteado la demanda, me
permito manifestar y dejar expresa constancia que EMETEL,
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apegado a las normas existentes en la empresa y apegado a
las solemnidades sustanciales y legales, planteó la solicitud
de visto bueno en contra del señor José Jara Zamora,
solicitando se den por terminadas las relaciones laborales con
dicho trabajador por indisciplina grave a los reglamentos de
la empresa, falta de probidad y conducta inmoral al haber
vendido dos rollos de cable de acometida tipo IETEL,
acometida    CPW2x10MM,      Cablec-Ecuador,   es     decir    con
logotipo de EMETEL, por la suma de trescientos mil sucres,
bajo el ofrecimiento de ayudar a trasladar la línea telefónica
número 752-018, que consta a nombre del señor Julio Chang
Aguayo, sin que se le haya cumplido tal ofrecimiento; razón
por la cual dicho trabajador fue denunciado por el señor Julio
Chang. En base a esta denuncia y más pruebas presentadas
por EMETEL el señor Lcdo. Freddy Lara Naranjo, con asiento
en esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados, emite
resolución concediendo el visto bueno a favor de mi
representada, y por consiguiente en forma legal y al amparo
de las causales segunda y tercera del Art. 171 del Código del
Trabajo y más disposiciones pertinentes se concluyó las
relaciones laborales con el señor José Jara Zamora, por lo
que la impugnación al visto bueno por el actor de este juicio
es irrelevante y antijurídico; es más por las irregularidades
denunciadas al momento se encuentra en trámite un juicio
penal   en    contra   del    señor   José     Jara     Zamora,
consiguientemente propongo las siguientes excepciones: 1.
Incompetencia del Juzgado para conocer y resolver sobra la
                                                                    18




demanda que se contesta. 2. Negativa simple, total y
absoluta de todos y cada uno de los fundamentos de hecho y
de derecho de la demanda. 3. Total y absoluta improcedencia
de la demanda presentada tanto por la forma cuanto por el
fondo. 4. Absoluta falta de derecho del actor para proponer la
demanda y peor en la forma como ha planteado. 5. Falta de
legítimo contradictor; y 6. Dejo expresa constancia que no
me allano a las nulidades que adolece este proceso y de la
demanda    en    especial.    Por   todas       las    excepciones       que
anteceden para el efecto de que no declare la nulidad de la
causa (Sic), como en efecto lo alego; solicito que acogiendo
todas y cada una de las excepciones Ud. señor Juez se
servirá desechar la demanda planteada con costas, a quien la
ha propuesto y disponga se regule los honorarios de la
defensa de la empresa; así como deberá ratificarse la
resolución de Visto Bueno. Trabada así la litis y no siendo
factible se arribe a un acuerdo se recibe la causa a prueba
por el término legal de seis días. Evacuadas todas la pruebas,
llega la causa al estado de resolver y para hacerlo se hacen
las siguientes consideraciones de ordena legal. PRIMERO:
Por   cuanto    se   han   observado       todas      las   solemnidades
sustanciales comunes a todos los juicios (Art. 355 Código de
Procedimiento Civil) y los propios relativos al juicio verbal
sumario,   el   proceso      es   válido    y    así    se    lo   declara
expresamente. SEGUNDO: A la causa se ha dado el trámite
verbal sumario, estipulado en el Art. 584 de la última
codificación al Código del Trabajo, publicado en el Registro
                                                        19




Oficial Nº 162 del 29 de septiembre de 1997, siendo el
suscrito competente para conocer y resolver el caso en
discusión, en acatamiento a lo previsto en el Art. 68
reformado de la Ley Orgánica de la Función Judicial.
TERCERO: Trabada la litis con la contestación de la demanda
y deducción de excepciones por parte de la empresa
demandada,     durante    la   audiencia    de    conciliación;
correspondía entonces probar a las partes lo que han
sostenido afirmativa o negativamente de conformidad con lo
previsto en el Art. 117 y 118 del Código de Procedimiento
Civil. CUARTO: La relación laboral entre las partes no es
materia de controversia y ha quedándo establecida por la
abundante prueba instrumental que consta en autos entre
ellas el contrato de trabajo que consta fojas 27, 28 y 29; que
releva de cualquier análisis más pormenorizado. QUINTO: El
asunto esencial de la controversia radica en determinar si se
ha producido o no despido intempestivo del trabajo conforme
alega el demandante, puesto que la empresa empleadora con
fecha 30 de marzo de 1995, ha presentado solicitud de Visto
Bueno en contra de José Antonio Jara Zamora, tendiendo a
dar por terminadas las relaciones laborales, aduciendo que
éste, ha infringido las causales dos y tres del artículo 171 de
la anterior codificación del Código del Trabajo. Al respecto
bien vale puntualizar lo siguiente: a) Tanto la Constitución
Política de la República, en el Art. 49, letra f), que
textualmente dice: “En caso de duda sobre el alcance de las
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en
                                                                     20




materia laboral se aplicarán en el sentido más favorable a los
trabajadores; “principio social de carácter insoslayable que
también se halla previsto en el Art. 7 del Código Obrero en
actual vigencia; b) El señor Inspector del Trabajo, con fecha
cuatro de mayo de 1995, emite resolución (fojas 140),
concediendo el Visto Bueno pedido por el representante legal
de EMETEL, declarando terminadas las relaciones laborales
entre las partes; resolución que debe acogerse con el valor
de informe de conformidad con lo previsto en el inciso
segundo del Art. 586 del Código del Trabajo; no obstante es
preciso    indicar    que       la   Empresa    empleadora      al    haber
practicado una investigación administrativa de conformidad
con lo previsto en el Art. 51 de la Ley Especial de
Telecomunicaciones          y    Art.    100   del   Reglamento      de   la
Administración de los Recursos Humanos, publicado en el
Registro Oficial 597 del 26 de diciembre de 1994 y al haber
remitido    la   comunicación           pertinente   al   Comité     Obrero
Patronal, (fojas 127) organismo llamado a defender a los
trabajadores, ha demostrado que concedió al trabajador el
derecho     a    su   defensa,       otorgándole     la   oportunidad     de
desvirtuar las irregularidades imputadas por parte de Julio
Chang Aguayo, uno de los usuarios abonados de EMETEL; c)
Desde      el día 22 de diciembre de 1994, fecha en que el
Representante Legal del empleador admite haberse enterado
de las faltas cometidas por el accionante del presente juicio
(fojas 286) hasta el día 2 de marzo de 1995 (fojas 127) en
que la misma parte decide presentar solicitud de Visto Bueno
                                                            21




haciendo conocer de las anomalías al Comité Obrero Patronal
para que este organismo dando cumplimiento al Art. 13 del
Primer Contrato Colectivo (fojas 23 y vuelta) autorice la
prosecución del Visto Bueno, han transcurrido mucho más de
sesenta días y hasta la presentación de la petición del Visto
Bueno (fojas 87, 88 y 89) han transcurrido mas de noventa
días; d) En cuanto a la cuestionada conducta del trabajador
en el desempeño de su trabajo, el juzgador considera que no
cabe duda de que este ha incurrido en la causales 2ª y 3ª del
Art. 172 de la última codificación al Código Obrero; puesto
que el accionante a lo largo del extenso proceso ha
evidenciado argumentos contradictorios e incoherentes, al
igual que ha evidenciado haber auspiciado una concusión
prevista en el Art. 264 del Código Penal, al hacer que Julio
Chang Aguayo, en su calidad de interesado, entregue un
regalo para un bingo organizado por funcionarios de EMETEL,
a cambio de ayudarle en un servicio al que por ley estaba
obligado; para corroborar lo dicho basta analizar la confesión
judicial   rendida   a   fojas   161,   de   manera   especial   las
respuestas dadas a las preguntas número 4, 8, 9, 17, frente
a la declaración indagatoria constante a fojas 360; de otra
parte resulta risible pensar que el actor como empleado de
EMETEL, se haya ofrecido voluntaria e incondicionalmente así
por que así a dar comprando material (cable) recorriendo
distancias considerables dentro de la ciudad, sin perseguir
ninguna prebenda para su beneficio; e) El Art. 633 de la
última Codificación al Código Laboral en la letra b) dispone
                                                         22




textualmente, respecto de ciertas prescripciones especiales
que se deben verificar en 30 días, lo que sigue: “La de los
empleadores para despedir o dar por terminado el contrato
con el trabajador”; prescripción que al haber sido alegado por
el actor de conformidad con lo dispuesto en el Art. 2417 del
Código Sustantivo Civil obliga al Juzgador en fiel acatamiento
a las reglas 1 y 2 del Art. 18 ibídem ha declararla como tal.
SEXTO:    En    lo   atinente   al   tiempo   de   servicios   y
remuneraciones percibidas por el trabajador, en ausencia de
otras pruebas de mejor jerarquía, necesariamente hay que
acoger el juramento deferido por él rendido (fojas 153 y
vuelta). SÉPTIMO: No habiendo justificado por parte de la
Empresa empleadora el pago de ciertos derechos adquiridos
a su trabajador, debe cancelar los valores que corresponden
a los siguientes conceptos: a) El pago de la remuneración de
los meses de marzo, abril y cuatro días del mes de mayo de
1995, con el recargo previsto en el Art. 94 del Código; b)
Partes proporcionales de los décimos tercero, cuarto quinto y
sexto sueldos, la compensación al incremento del costo de
vida, bonificación complementaria, subsidio de antigüedad
por todo el tiempo de duración de las relaciones laborales; e)
Pago de vacaciones anuales por el período 1994-1995; d)
Pago del bono vacaciones el de doce mil sucres al tenor de lo
previsto en el Art. 23 del Primer Contrato Colectivo de
Trabajo (fojas 237); el Pago de refrigerio conforme solicita en
su numeral 10 del escrito de demanda; f) Pago proporcional
de las bonificaciones de mayo y julio previstas en el Art. 45
                                                           23




del primer contrato colectivo de trabajo fojas 246; g) Pago
del subsidio de comisariato en la forma solicitada en el
numeral 13 del libelo de demanda; h) En cuanto a las
indemnizaciones derivadas por concepto de estabilidad, se
considera procedente el pago de los siguientes rubros: 1.
Pago de diez remuneraciones de conformidad con lo previsto
en el Art. 188 de la actual codificación del Código Laboral. 2.
Pago del 25% de la última remuneración, por diez años de
servicios que el trabajador ha laborado bajo las ordenes de
EMETEL al tenor del Art. 185 ibídem. 3. De conformidad con
lo previsto en la parte inicial del Art. 13 y Art. 14 del Primer
Contrato Colectivo que consta de autos (fojas 231 y 232) se
dispone que EMETEL, cancele al accionante el valor que falta
para completar la estabilidad pactada, esto es desde el mes
de mayo de 1995 en que se concedió el Visto Bueno hasta el
mes de enero de 1996 -Art 12- del referido Contrato
Colectivo.   OCTAVO:     Los   otros   reclamos,   tales   como
transporte, subsidio familiar, subsidio de educación y ropa de
trabajo se desestiman por falta de prueba; es decir por no
haberse justificado lo previsto en el Art. 9 del Decreto de
creación de compensación de transporte, publicado en el
Registro Oficial Nº 573 de 25 de abril de mil novecientos
setenta y ocho, así como por no haberse determinado el
número de cargas familiares, beneficiarias de los subsidios
familiar y de educación, al igual que por no haberse
especificado los valores equivalentes a ropa de trabajo. Por
los   razonamientos    que     proceden,   ADMINISTRANDO
                                                                24




JUSTICIA    EN    NOMBRE         DE    LA    REPÚBLICA        Y POR
AUTORIDAD        DE   LA    LEY,      se   acepta   parcialmente     la
demanda y se dispone que la empresa demandada EMETEL,
cuya razón social actual luego de la escisión de dominio
público es ANDINATEL pague al tenor de lo previsto en el Art.
16 del Primer Contrato Colectivo fojas 233, en favor del actor
los valores determinados en el considerando séptimo de la
presente resolución, lo cual se liquidarán parcialmente (Sic).
Se aplicarán los intereses previstos en el 611 de la actual
codificación al Código del Trabajo. Sin costas. En el 5% del
monto que ascienda la liquidación se regulan los honorarios
del defensor del demandante por su trabajo profesional. Por
Secretaría, hágase el descuento del 5%, para el Colegio de
Abogados de Quito. Elévese la presente sentencia en consulta
a la H. Corte Superior de Justicia de Quito, de conformidad
con lo previsto en el Art. 607 del Código del Trabajo en
vigencia. Notifíquese.
Firma Ilegible.


SEGUNDA INSTANCIA.


TERCERA SALA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
QUITO. Febrero 29 del 2000. Las 10h30.
VISTOS: En su demanda de fojas 1 a 2 vuelta José Antonio
Jara Zamora manifiesta que mediante contrato de trabajo ha
ingresado   a   prestar    sus   servicios    en    el   Instituto   de
Telecomunicaciones el 31 de octubre de 1985. Que el 30 de
                                                          25




marzo de 1995 el representante de su empleador ha
presentado petición de Visto Bueno en la Inspección del
Trabajo de Pichincha, con asiento en Santo Domingo de los
Colorados, para dar por terminadas las relaciones laborales,
aduciendo que el actor ha infringido las causales 2 y 3 del
Art. 171 del Código del Trabajo, por supuestas faltas
cometidas en el año de 1993. Que a dicha petición de Visto
Bueno ha dado contestación ha opuesto las siguientes
excepciones: 1) Negativa pura y simple de sus fundamentos
de hecho y de derecho. 2) Falta de causa y objeto lícitos. 3)
Improcedencia de la petición por ausencia de los elementos
de fondos y forma propios para esta clase de acciones. 4)
Falta de derecho del peticionario, por o haber cometido
ninguna falta. 5) Improcedencia de la petición, por no
haberse agotado la vía administrativa, conforme lo dispone el
Art. 13 del Contrato Colectivo. 6) Que en el supuesto de
existir   alguna   falta,   en   forma   subsidiaria   alega   la
prescripción, de acuerdo con lo establecido en el Art. 612
literal b) del Código del Trabajo, porque la supuesta falta se
dice haberse cometido en el año 1993, conocida por el
peticionario del Visto Bueno el 22 de diciembre de 1994. 7)
Nulidad de la acción de Visto Bueno, por ser efectivo (Sic) de
un trámite sumario administrativo nulo, “Para el caso de un
trabajador sujeto al Código del Trabajo”; y, 8) Ilegitimidad de
personería del actor. Que el 4 de mayo de 1995 el señor
Inspector del Trabajo ha dictado su Resolución concediendo
el Visto Bueno a su empleador para dar por terminadas las
                                                              26




relaciones laborales; y que esto ha ocurrido fuera de los
treinta días que tiene el Inspector del Trabajo para decidir
una petición de visto bueno. Impugna por ilegal la resolución
de visto bueno dictada por el Inspector del Trabajo de Santo
Domingo de los Colorados. Que su sueldo inicial fue S/.
8.500, mensuales y su última remuneración S/. 547.680,00
mensuales; y que comenzó a prestar sus servicios como
Albañil 2, pero que últimamente desempeñaba las funciones
de técnico en redes. Con estos antecedentes, en juicio verbal
sumario    demanda      a       la     Empresa      Estatal        de
Telecomunicaciones,    Emetel        Región   1,   representanda
legalmente por el Ing. Juan Carlos Werner Huppert, para que
en sentencia se le condene al pago de las indemnizaciones y
más valores que los detalla en 15 numerales de su demanda;
y fija la cuantía en 30'000.000,00. Citada la demanda,
inclusive al señor Procurador General del Estado, en la
audiencia de conciliación y contestación a la demanda, cuya
acta consta de fojas 17 a 18, el demandado luego de
manifestar que el visto bueno concedido por el Inspector del
Trabajo está ceñido a la Ley y que la impugnación que hace
el actor es irrelevante y antijurídica, opone las siguientes
excepciones: 1) Incompetencia del juzgado para conocer y
resolver esta demanda; 2) Negativa simple total y absoluta
de todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de
derecho de la demanda. 3) Improcedencia de la demanda por
el fondo y por su forma. 4) Total y absoluta falta de derecho
del actor para proponer la demanda y peor en la forma como
                                                                    27




la ha planteado. 5) Falta de legítimo contradictor; y, 6) Que
no se allana a las nulidades que adolece el proceso y de la
demanda en especial. Termina solicitando que acogiendo sus
excepciones, se deseche la demanda con la correspondiente
condena en costas. Tramitada la causa y actuadas las
pruebas solicitadas por las partes, el 18 de mayo de 1998 el
señor Juez Décimo Noveno de lo Civil de Pichincha (Santo
Domingo de los Colorados), dicta sentencia (fojas 896 a 898
vuelta), que acepta parcialmente la demanda y dispone que
la empresa EMETEL, actualmente ANDINATEL, pague al actor
los valores correspondientes a los rubros determinados en el
considerando Séptimo de su sentencia; y dispone la consulta
al Superior. Interpone recurso de apelación el actor, que por
presentado    en       término   se     le    concede.       Radicada    la
competencia       en     esta    Sala        en    virtud    del    sorteo
correspondiente y encontrándose la causa en estado de
resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: No obstante
las alegaciones de incompetencia y nulidad propuestas por el
demandado, en el presente caso se aprecia que no hay
ningún motivo para ello, y se declara la validez del proceso.
SEGUNDO: La existencia de la relación laboral no es asunto
que   este   en    discusión,    aparte       de   que      se   encuentra
ampliamente probada inclusive con la contestación a la
demanda. TERCERO: El expediente contentivo del trámite de
la petición de Visto Bueno del empleador en contra del
trabajador, actor de este juicio, consta de fojas 87 a 146,
notificada al demandado en la misma fecha; y en su libelo
                                                                28




inicial, el señor Gerente de EMETEL REGION 1, en su calidad
de Representante Legal de esta Regional y con Poder Espacial
del señor Presidente Ejecutivo de EMETEL, manifiesta que el
trabajador    José    Antonio   Jara      Zamora,   que   ha    estado
cumpliendo las funciones de Instalador-Reparador en el
Departamento de Redes en la ciudad de Santo Domingo de
los Colorados, ha incurrido en indisciplina grave a los
reglamentos de EMETEL, y falta de probidad y conducta
inmoral, porque por denuncia presentada por el señor Julio
Chang Aguayo, se ha llegado a conocer que los trabajadores
José Antonio Jara Zamora y José Antonio Aguirre Calderón
han vendido al denunciante dos rollos de cable de acometida
tipo IETEL PW 2 xl. Omm, CABLEC-ECUADOR con el logotipo
de   IETEL,   en     la   cantidad   de    S/   300.000,00     bajo   el
ofrecimiento de ayudarlo a trasladar su línea telefónica Nº
752-018, venta que ha ocurrido a fines de 1993; y que el
indicado denunciante ha hecho conocer estos particulares a
las autoridades de EMETEL el 22 de diciembre de 1994, por lo
que se han seguido acciones administrativas y penales que
actualmente están en trámite en el Juzgado Sexto de lo Penal
de Santo Domingo de los Colorados; y funda su petición en el
Art. 171 causales segunda y tercera del Código del Trabajo, y
solicita que luego de la investigación correspondiente se le
conceda el visto bueno para dar por terminadas las relaciones
laborales con José Antonio Jara Zamora. El señor Inspector
del Trabajo dicta su resolución el 4 de mayo de 1995, acepta
la petición del empleador y concede el visto bueno para dar
                                                       29




por terminada la relación laboral con José Antonio Jara
Zamora, Resolución que se notifica a las partes el 5 de mayo
de 1995, según consta de fojas 140 y vuelta. Respecto de
este visto bueno, que es punto central de discusión en esta
causa, es necesario destacar lo siguiente: a) La grave falta
cometida por el actor, al vender a una tercera persona bienes
de propiedad de su empleador, por lo que se sigue juicio
penal en su contra, ha tenido lugar a fines del año 1993. b)
El empleador ha llegado a tener conocimiento de este
particular el 22 de diciembre de 1994. c) Si su petición de
visto bueno presenta el empleador el 30 de marzo de 1995,
significa que transcurrió mucho más del plazo de 30 días,
para que tuviera validez y eficacia jurídica su petición, de
conformidad con el Art. 633 literal b) del Código del Trabajo;
d) Al contestar la petición de Visto Bueno, entre otras
excepciones el trabajador propuso la de prescripción de la
acción, es decir que hay alegación expresa al respecto. e) Si
el trámite de visto bueno comenzó el 30 de marzo de 1995,
el señor Inspector del Trabajo debió dictar su Resolución
hasta el 29 de abril del mismo año, y de los autos aparece
que la dictó el 4 de mayo de 1995 y notificó a las partes el 5
del mismo mes, esto es después de concluido los treinta días
que tuvo para tramitar y resolver dicho visto bueno.
CUARTO: Las referidas irregularidades llevan a la Sala a la
conclusión de que es absolutamente ilegal la concesión del
visto bueno hecha por el señor Inspector del Trabajo de
Santo Domingo de los Colorados en favor de EMETEL, hoy
                                                                   30




ANDINATEL REGION 1; por lo que aceptando la impugnación
que hace el actor en su demanda, se deja sin ningún valor ni
efecto esta Resolución de Visto Bueno tantas veces referida;
lo   que   hace    que    se     configure   el     hecho   del   despido
intempestivo, como en muchos casos han resuelto las Salas
de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia. QUINTO: No
proceden los reclamos de la demanda: Los subsidios de
transporte, familiar y educación, por falta de prueba; la
bonificación de julio de 1995, según el Art. 45 del Primer
Contrato Colectivo, por falta de derecho; y de la ropa de
trabajo porque es un beneficio del que goza el trabajador
mientras    está       vigente     su    relación    laboral.     SEXTO:
Determínase como tiempo de servicio del 3 de noviembre de
1985 hasta el 4 de mayo de 1995, fecha en que se dictó la
Resolución de Visto Bueno; y como última remuneración la
cantidad de S/. 540.000,00 mensuales, de conformidad con
el juramento deferido de fojas 152 y vuelta, y la resolución
de Visto Bueno de fojas 140. SÉPTIMO: Apreciada la prueba
en su conjunto de conformidad con las reglas de la sana
crítica y, además, en falta de prueba del pago por parte del
demandado,        el   actor     tiene   derecho     a   las    siguientes
indemnizaciones y más valores: 1) Por diez meses de
remuneración, de conformidad con el Art. 188 del Código del
Trabajo S/. 5'400.000,00. 2) Por la bonificación del 25% del
Art. 185 del mismo Código S/. 1'350.000,00; 3) Por ocho
meses de remuneración, de acuerdo con los Arts. 13 y 14 del
Primer Contrato Colectivo, que se refieren a la estabilidad S/.
                                                               31




4'320.000,00. 4) Por las remuneraciones de marzo, abril y
cuatro días de mayo de 1995, con el triple del recargo S/.
4'608.000,00; por las partes proporcionales correspondientes
al último período; 5) Por la décimo tercera remuneración S/.
231.000,00. 6) Por la décima cuarta remuneración S/.
101.667,00. 7) Por la décima quinta remuneración S/.
4.726,00.   8)   Por     la   décima      sexta    remuneración     S/.
135.000,00 9) Por la bonificación complementaria por marzo
y abril de 1995 S/. 192.000,00. 10) Por la compensación del
costo de vida, más lo del Art. 49 del Primer Contrato
Colectivo S/. 360.000,00. 11) Por subsidio de antigüedad
S/.215.900,00. 12) Por vacaciones del último año más lo del
Art. 23 del Primer Contrato Colectivo S/. 215.408,00. 13) Por
el Bono Vacacional a que se refiere el mismo Art. 23 S/.
8.000,00. 14) Por refrigerio de marzo a abril de 1995, según
el Art. 40 del Primer Contrato Colectivo S/. 40.000,00. 15)
Por la bonificación de mayo de 1995 según el Art. 45 del
Contrato Colectivo S/. 540.000,00. 16) Por el aguinaldo
navideño    según      del    Art.   50   del     Contrato   Colectivo
S/.105.000,00 y, 17) Por el Subsidio de Comisariato de
marzo y abril de 1995, según el Art. 65 del Contrato
Colectivo S/. 88.000,00. Lo que totaliza la cantidad de S/.
17'914.701,00. Por las consideraciones precedentes, la Sala
ADMINISTRANDO            JUSTICIA         EN      NOMBRE     DE     LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY desecha las
excepciones, acepta parcialmente la demanda, y dispone que
la Empresa hoy ANDINATEL, pague al actor la cantidad de
                                                       32




DIECISIETE     MILLONES     NOVECIENTOS      CATORCE        MIL
SETECIENTOS UN SUCRES, más los intereses del Art. 611 del
Código del Trabajo respecto de los valores determinados en
los numerales 4 al 10 y 12 del considerando inmediato
anterior, que el señor Juez de primera instancia los liquidará
en la fase de ejecución de la sentencia. Sin costas. De este
modo queda reformada la sentencia de primera instancia.
Notifíquese.
f) Drs. Jaime Miño Villacís.- José García Falconí.- María
de los Ángeles Montalvo.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, septiembre 12 del 2000; las
09h50.
VISTOS: Dr. Hernán León Guarderas, Presidente Ejecutivo
de ADINATEL S.A., interpone recurso de casación de la
sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior de
Justicia de Quito, en el juicio verbal sumario de trabajo que
sigue en contra de esa entidad José Antonio Jara Zamora.
Siendo el estado procesal el de dictar sentencia, para
hacerlo, se considera: PRIMERO: La competencia de esta
Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de
Justicia, está dada por el ordenamiento jurídico vigente y la
razón del sorteo de ley, cuya razón a sido sentada a fojas 1
de este cuaderno. SEGUNDO: El recurso de casación es
                                                                  33




esencialmente formal y extraordinario, esto implica que el
juzgador debe analizar detenidamente el escrito mediante el
cual se lo interpuso, en relación con la sentencia impugnada
y con las piezas procesales indispensables, con miras a
singularizar el sentido o el origen de la impugnación.
TERCERO: En este sentido, el recurrente advierte que la
Sala de Alzada infringió los Arts. 618 y 619 del Código del
Trabajo,   pues,    equivocadamente       en     el    literal   e)    del
considerando tercero de la sentencia de segundo nivel se
argumenta que “si el trámite de visto bueno comenzó el 30
de marzo de 1995, el señor Inspector del Trabajo debió dictar
su resolución hasta el 29 de abril del mismo año, y de los
autos aparece que la dictó el 4 de mayo de 1995 y notificó a
las partes el 5 del mismo mes, esto es después de concluidos
los treinta días que tuvo para tramitar y resolver dicho Visto
Bueno”. Todo lo cual, a criterio de los Ministros del Tribunal
Superior   invalida   la   eficacia   jurídica   del    visto    bueno,
produciéndose      el despido intempestivo. Fundamenta su
recurso en la causal 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación.
CUARTO: La inconformidad del casacionista y el motivo del
recurso radica entonces, en la impugnación del argumento
jurídico de la Sala de Alzada que invalidó el Visto Bueno y dio
lugar a la existencia del despido intempestivo demandado y
con ello al pago de las indemnizaciones correspondientes.
Para aclarar el asunto, es necesario puntualizar: 1. Que, el
Código Laboral, en su Art. 633, dispone que prescriben en un
mes las siguientes acciones: “…b) La de los empleadores
                                                                        34




para despedir o dar por terminado el contrato con el
trabajador;…”. A su vez, la Corte Suprema de Justicia,
mediante Resolución expedida al amparo del Art. 130 de la
Constitución      Política     del     Estado,    con    el     carácter     de
generalmente obligatoria, dispuso que, en los casos del Art.
172 (anterior 171) numeral 3 del Código del Trabajo, el
tiempo para que opere la prescripción deberá computarse
desde la fecha en que el empleador o su representante tuvo
conocimiento de los hechos. A su vez, la Tercera Sala de la
Corte Superior de Justicia de Quito, en su Considerando
Tercero, literales b) y c), con absoluta claridad, dice: “b) El
empleador ha llegado a tener conocimiento de este particular
el 22 de diciembre de 1994. c) Si su petición de visto bueno
presenta el empleador el 30 de marzo de 1995, significa que
transcurrió mucho más del plazo de treinta días, para que
tuviera validez y eficacia jurídica su petición, de conformidad
con   el   Art.     633      literal   b)   del   Código       del    Trabajo.
Consecuentemente, aplicó e interpretó con estricta sujeción a
la Ley, las normas legales concernientes al caso. 2. Que, el
Art. 619 del Código del Trabajo dispone que “En los casos de
visto bueno el inspector podrá disponer, a solicitud del
empleador,     la    suspensión         inmediata   de        las    relaciones
laborales, siempre que consigne el valor de la remuneración
equivalente a un mes, la misma que será entregada al
trabajador si el visto bueno fuere negado”. Del texto de la
petición de visto bueno que obra a fojas 87 del expediente de
primer nivel, se determina que el empleador denunciante
                                                            35




solicitó la suspensión de las relaciones laborales consignando
el valor correspondiente a un mes de remuneración del
trabajador, en la forma dispuesta por el Art. 619. Ahora bien,
abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha
determinado que el plazo máximo que tiene el Inspector del
Trabajo para resolver sobre la petición de Visto Bueno es de
un mes, pues, por lógica jurídica y al amparo de la ley, si se
exige para la suspensión de las relaciones laborales la
cantidad equivalente a un mes de remuneración es obvio,
que la resolución de visto bueno que excede ese plazo pierde
eficacia y efecto jurídico, tal cual lo ha declarado el Tribunal
de Alzada. Por lo expuesto, esta Sala ADMINISTRANDO
JUSTICIA        EN   NOMBRE     DE   LA     REPÚBLICA     Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza por ilegal e improcedente
el    recurso   de   casación   planteado   por   el   demandado.
Notifíquese y devuélvase.
f) Drs. Camilo Mena Mena.- Julio Jaramillo Arízaga.-
Teodoro Coello Vásquez.




III


Juicio Nº 238-2000.


Juicio laboral que sigue Mario Ordeñana contra la INDUSTRIA
CARTONERA ECUATORIANA.
                                                                 36




SÍNTESIS:
La Segunda Sala de lo Laboral y Social casa el fallo
recurrido. Estima la Sala, que en el análisis del Art. 8
del   Código    Laboral, no existe            discusión sobre         el
acuerdo de voluntades, tampoco sobre la prestación de
servicios; la duda surgió respecto de la dependencia y
retribución.    Tras        prolijo    análisis   respecto      de    la
dependencia, citando la Sala a Mario de la Cueva, quien
dice: “La subordinación es una relación jurídica de
poder, de autoridad en el patrono y de obediencia y
sometimiento en el trabajador”; se concluye que en el
presente caso, resulta evidente la dependencia, pues el
actor   recibía        ordenes        de   atención      odontológica
emitidas    por        el     Departamento        de      Relaciones
Industriales de la demandada. Se halla probado en
autos también, que la demandada pagaba al actor su
remuneración por 4 horas diarias como empleado
privado.   De     lo    dicho,    esta     justificado    el   despido
intempestivo por lo que se acepta parcialmente la
demanda.


PRIMERA INSTANCIA.


JUZGADO CUARTO PROVINCIAL DEL TRABAJO DEL GUAYAS.
Guayaquil, junio 30 de 1999. Las 17h30.
VISTOS: Mario Ordeñana Bolaños comparece a fojas uno
manifestando haber venido prestando sus servicios lícitos y
                                                                       37




personales en calidad de Odontólogo, bajo dependencia de la
Compañía Industria Cartonera Ecuatoriana S. A. desde el 02
de enero de 1991. Que el día 28 de noviembre de 1997 fue
despedido de su trabajo por parte del abogado José Ortiz
Mata, quien funge de Gerente de Relaciones Industriales de
la   Compañía    Industria        Cartonera        Ecuatoriana   S.A.,       al
comunicarle la terminación del contrato y consecuentemente
la relación laboral que los unía. Que por cuanto es evidente
que ha sido despedido intempestivamente de su trabajo y no
haber recibido la liquidación, acude a demandar en la vía
verbal sumaria a Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. en las
interpuestas personas de sus representantes legales señores
Héctor Crespo Ricaurte y Norman Reed P. y a éstos por sus
propios derechos de acuerdo al Art. 36 del Código del
Trabajo, para que luego del trámite correspondiente, sean
condenados a pagarle las indemnizaciones y beneficios
sociales   que   detalla     en       la    demanda.      Cumpliendo        con
disposiciones legales, se sorteó la causa y correspondió a
esta Judicatura tramitarla, procediéndose a calificarla, y
ordenándose      se   cite        a        los   demandados,     los        que
comparecieron a juicio y señalaron domicilio legal para sus
notificaciones. Convocadas las partes a la audiencia de
conciliación, a la diligencia concurrieron los abogados Diana
González    Benítez   y    Ciro        Díaz      Guzmán    a   nombre        de
demandados y actor, cuyas gestiones fueron ratificadas a
fojas 13 y 241. La parte demandada dio contestación a la
demanda en los términos que consta en el acta de fojas 11 -
                                                               38




12 y el actor reprodujo íntegramente el contenido de la
demanda. No hubo conciliación, ordenándose recibir la causa
a prueba por seis días, transcurridos los cuales y siendo el
estado de la causa el de resolver, al hacerlo se considera.
PRIMERO: No se advierte vicio u omisión de solemnidad
sustancial que influya en la decisión de la causa por lo que se
la declara válida.        SEGUNDO: Dada la naturaleza de la
contratación, es importante dilucidar la existencia el nexo
laboral entre los litigantes. El Art. 8 del Código del Trabajo al
definir el contrato de trabajo establece como elementos
determinantes a: 1) prestación de servicios lícitos; 2)
remuneración;       y      3)   dependencia     o      subordinación.
Configurados estos tres elementos existe una relación laboral
en estricto apego a lo dispuesto en el Art. 8 del Código del
Trabajo, es decir existe un contrato individual de trabajo. En
el caso subjudice que nos ocupa, es evidente que no han
existido estos tres elementos tal y como establece la
legislación laboral. En el contrato de servicios profesionales
odontológicos de fojas 230-231 se determinan que el Dr.
Mario Ordeñana Bolaños atenderá a los trabajadores y
familiares de los trabajadores de la Industria Cartonera
Ecuatoriana S. A. en su consultorio de las calles Rumichaca #
1108 y Luque, con un horario de atención señaladas en las
consultas del profesional y con un valor de S/. 15.000 por
limpieza   dental       (profilaxis);   S/.19.000,00    obturaciones
(calces) y S/. 10.000,00 extracciones, es decir el accionante
no estaba sujeto a un horario ni a una remuneración
                                                            39




determinada, esto último probado con los comprobantes de
fojas 171 - 200 y 201 - 228 donde constan los pagos
realizados al accionante, estableciéndose que estos mes a
mes eran por diferentes valores y no un valor establecido
como remuneración. Tampoco hay dependencia pues el actor
no estaba sujeto a un horario determinado en el que debía
laborar una, dos, tres o un determinado número de horas
bajo la sujeción de un empleador. Nada de esto ha
acontecido en este proceso. Ahora en la tesis de la suscrita
otro hecho importante es el que esta determinando valores
por los trabajos a realizarse en los pacientes, es decir que
por una extracción se le pagaba al actor S/. 10.000 por una
profilaxis    (limpieza)   S/.   15.000,00    y   por   obturación
S/.19.000,00 estos pagos de honorarios profesionales que
están completamente alejados de lo que es un sueldo o una
remuneración. Por otra parte, un punto esencial de la litis se
contrae respecto a la dependencia, pues el actor desarrollaba
su labor profesional en su propio consultorio médico con un
horario      establecido   por    el   y     lógicamente   recibía
comunicaciones de la empresa de que o cuales personas
debía atender y cuales no cuando éstas ya habían cumplido
su mayoría de edad, pues teniendo firmado un contrato de
prestación de servicios es obvio que deba saber a quien
atender, pues siendo su consultorio de atención al público
cualquier persona podía acudir a su consultorio y señalar que
era trabajador o pariente de un trabajador para recibir
tratamiento gratuito y que la empresa luego pague, ésta
                                                                   40




debía tomar precauciones y una de ellas era el envío de las
comunicaciones señaladas a quien atender y a quien no, sin
que esto implique orden o dependencia, puesto que éstas
siempre se realizaban bajo la responsabilidad del profesional
y a la luz de sus conocimientos científicos en los trabajos
odontológicos      que    sus    pacientes,     en    este    caso      los
trabajadores de la demandada le solicitaba. Por lo tanto no
habiéndose      reunido    los    requisitos    indispensables          que
determine un nexo contractual entre los litigantes la suscrita
Juez Cuarto de Trabajo del Guayas, ADMINISTRANDO
JUSTICIA     EN     NOMBRE        DE    LA     REPÚBLICA          Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, declara sin lugar la demanda
presentada por el Dr. Mario Ordeñana Bolaños. Sin costas y
sin honorarios que regular. Léase.- Notifíquese.
f) Ab. Olga Campos.


SEGUNDA INSTANCIA.


SEGUNDA SALA DE LA CORTE SUPERIOR DE GUAYAQUIL.
Guayaquil, enero 12 del 2000; las 13h45.
VISTOS: De la sentencia que declara sin lugar la demanda,
ha   interpuesto    recurso      de   apelación,     el   actor   MARIO
ORDEÑANA BOLAÑOS al que se ha adherido la parte
demandada, “INDUSTRIA CARTONERA ECUATORINA S. A.”,
habiendo subido en grado el presente juicio, a conocimiento
de la Corte Superior de Guayaquil, en cuya Segunda Sala se
ha radicado la competencia, por el sorteo correspondiente.
                                                                 41




Siendo el estado de la causa el de resolver, en segundo nivel,
para   hacerlo,   se   considera:        PRIMERO:         Que    en   la
sustanciación del presente juicio, se ha observado todas las
solemnidades de Ley, sin haber incurrido en violación alguna
de   procedimiento,    por   lo   que,    se   ratifica   su    validez.
SEGUNDO: Que en todo juicio laboral, es indispensable
establecer si entre los litigantes ha existido el vínculo laboral,
en la forma en que se determina en el Art. 8 del Código del
Trabajo. En el presente caso, es evidente que dicho vínculo
no ha existido, pues los servicios profesionales que el actor
prestaba para la compañía demandada, entran en el ámbito
del Derecho Civil. El Dr. Mario Ordeñana Bolaños, no laboró
bajo la dependencia de la “Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A.”, pues ni siquiera trabajaba en el local de dicha
empresa, sino en su propio consultorio particular, y no estaba
sometido a un horario determinado, ni recibía órdenes o
directivas de la demandada, sino que obraba de acuerdo con
su preparación y criterio profesional; y tampoco recibía un
sueldo o remuneración fija, sino que cobraba sus honorarios
profesionales, de acuerdo con el trabajo dental practicado a
cada trabajador, en base al respectivo contrato de servicios
profesionales odontológicos, de naturaleza civil, que excluye
expresamente la relación laboral alegada por el accionante
(fojas 230 - 231), y sus remuneraciones sucesivas. Por lo
expuesto, la Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil.
“ADMINISTRANDO          JUSTICIA         EN    NOMBRE           DE    LA
                                                        42




REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY” CONFIRMA la
sentencia recurrida. Sin costas. Publíquese y notifíquese.
f) Drs. José V. Ordeñana Trujillo.- Holger E. Bonilla
Andrade.- Ilegible.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, agosto 30 del 2000; 16h40.
VISTOS: El Dr. Mario Ordeñana Bolaños, demandante,
interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la
Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,
en el juicio laboral que sigue en contra de Héctor Crespo
Ricaurte y Norman Ree P., por sus propios derechos y como
representantes de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. Dice
que en el fallo que impugna se han infringido los preceptos
de los artículos 1, 4, 7, 8, 9, 37, 40 inciso 2do. 277, 280 y
311 del Código del Trabajo; artículos 35, numerales 1, 4 y 6
de la Constitución. Fundamenta su recurso en lo que
prescriben las causales primera y tercera del artículo 3 de la
Ley de Casación. Siendo el estado de la causa el de resolver,
para hacerlo se considera. PRIMERO: La competencia de
esta Sala se halla establecida en virtud de lo dispuesto en el
artículo 200 de la Constitución Política y por la razón de
sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO: El
estudio de lo que sostiene el casacionista con las piezas del
proceso y particularmente la sentencia de la Sala de Alzada,
                                                              43




permite a este Tribunal, observar que el asunto fundamental
radica en determinar si existe o no relación laboral, que ha
sido negada por la Segunda Sala de la Corte Superior de
Justicia de Guayaquil, que ha confirmado en esta forma el
fallo del inferior. Para sustentar su recurso, cita varias
disposiciones constitucionales y legales, en relación con la
protección que la legislación ofrece a los trabajadores, así
como los preceptos relacionados con el trabajo a domicilio y
de los empleados privados, recogidos por el Código del
Trabajo en los artículos 277, 280 sobre trabajos a domicilio y
311 sobre empleados privados. TERCERO: Sostiene el
demandante que el tipo de actividad que desarrollaba,
Odontólogo de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. para
los trabajadores de la Empresa que demanda, está tipificada
en el artículo 8 del Código Laboral, en concordancia con los
artículos 277, 280 del propio Cuerpo de Leyes, sobre trabajo
a domicilio, que no es aplicable a este caso, y 311
relacionado con el trabajo de empleados privados. CUARTO:
El   artículo   8    del   Código   del   Trabajo    determina     las
características y elementos del contrato laboral. El tratadista
Dr. Carlos Vela Monsalve, analiza la definición que contiene la
norma señalada, refiriéndose al acuerdo de voluntades, a la
ejecución de una obra o prestación de servicios, bajo la
dependencia     de     quien   ordena     su   ejecución,   por    una
retribución, fijada por el convenio, la ley o la costumbre. Para
el caso del litigio, no ha sido motivo de discusión el acuerdo
de voluntades, pues consta del proceso la existencia de
                                                                  44




contratos escritos. Tampoco hay duda sobre la prestación de
servicios, que no ha sido negado, pues existen elementos de
juicio para demostrar la actividad que desarrollaba el
accionante para los trabajadores de la Industria Cartonera
Ecuatoriana     S.A.,   cumpliendo       con   lo   estipulado    en   el
contrato. La duda ha surgido en torno a la dependencia y al
sistema de retribución. El tratadista mencionado se formula
una pregunta en torno a la dependencia “¿De qué clase de
dependencia se trata? técnico industrial, administrativa y
disciplinaria, económica y jurídica? La ley no lo especifica y
para averiguarlo debemos inquirir a la luz de la naturaleza
misma del contrato”. El tratadista citado hace algunos
análisis   en   torno   a     sistemas   de    dependencia       “técnica
industrial”; administrativa y disciplinaria” y al referirse a
“esta última dependencia bien se puede entender dentro del
término dependencia jurídica”. Se refiere también -resulta
importante este criterio para la Sala- a la afirmación de que
la dependencia esencial, la que constituye el elemento básico
de este contrato (se refiere al laboral) es la dependencia
jurídica, es decir, la emanada de la contratación en virtud de
la cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios o a
ejecutar una obra, bajo la subordinación y dirección del
empleador, quien en virtud de tal contratación y de la Ley,
adquiere el derecho de dar órdenes y dirigir el trabajo, así
como de reglamentarlo. Esta dependencia no excluye la
económica       e   incluye     la   dependencia      disciplinaria    y
administrativa. Mario de la Cueva expone las técnicas de los
                                                       45




autores Jacobi, Boris y Parlogesi, Sinzhimier y Barasi,
quienes   esencialmente   están   de   acuerdo   en   que   la
subordinación es una relación jurídica de poder, de autoridad
en el patrono y de obediencia y sometimiento en el
trabajador”. Agrega: “La relación de poder que importa la
subordinación ha de ser jurídica, esto es de derecho, para
que pueda operar entre hombres libres que se asocian en la
tarea de producir la que para realizar se necesita de un
derecho de dirección y de un correctivo deber obediencia”.
Hay autores    que   sostienen que la dependencia “debe
entenderse en el sentido de subordinación económica” la cual
ha sido considerada “que no implica renuncia alguna de la
dignidad humana”. Para el presente caso, que ha motivado
varias citas, resulta claro que el demandante, según los
términos del contrato, mantiene una relación de dependencia
jurídica, pues ejecuta su trabajo según órdenes de atención
odontológica que emite el Departamento de Relaciones
Industriales de la Empresa demandada. Labores que son
remuneradas por la clase de atención odontológica que
requieren los trabajadores de la Empresa. Hace bien el
accionante en citar la norma del artículo 311 del Código del
Trabajo, que define lo que es un empleado privado. La
sentencia dictada por la Corte Suprema que aparece del
expediente, s/n. publicada en el Registro Oficial Nº 452 de 1
de julio de 1994, en donde se transcribe el contenido de la
norma legal citada y se concluye “… la dependencia en este
caso, se concreta al cumplimiento de las atenciones médicas
                                                           46




a los empleados de la empresa L.Q.S.A. , incluso bajo un
horario y retribución. Los que prestan servicios profesionales
a un patrono son empleados privados, tanto más si la
prestación es permanente y no ocasional”. Finalmente, en
torno a la retribución que es otro elemento del contrato, no
existe duda de que ésta -la retribución- puede ser designada
de diversa manera: sueldo, jornal, honorario, etc. Este
Tribunal ya se ha pronunciado en varios juicios sobre el
particular. No hay duda pues que el actor, según las
características de los contratos celebrados, incorporados a los
autos, ha prestado sus servicios a Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A., en labores tipificadas en el artículo 8 del
Código del Trabajo, a tiempo parcial, en una labor de cuatro
horas diarias. Se encuentra probado el despido intempestivo
y la demandada no ha demostrado haber cumplido con el
pago de los derechos e indemnizaciones reclamadas por el
actor.   Por   las   consideraciones   anotadas,    esta        Sala
ADMINISTRANDO          JUSTICIA     EN    NOMBRE       DE        LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la
sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior
de Justicia de Guayaquil, acepta parcialmente la demanda
presentada por el Dr. Mario Ordeñana Bolaños y dispone que
Industria Cartonera Ecuatoriana S. A. pague al actor los
rubros que constan puntualizados en los numerales 1, 2, 3, 4
y 5 excepto transporte, 6 y 7 del libelo. La liquidación la
practicará el Juez de primer nivel. Sin costas. Notifíquese.
                                                           47




f) Drs. Camilo Mena Mena.- Julio Jaramillo Arízaga.-
Teodoro Coello Vásquez.


AUTO.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, septiembre 12 del 2000; las
10h20.
VISTOS: El demandante Dr. Mario Ordeñana, dentro del
término   previsto   por   el   artículo   285   del   Código   de
Procedimiento Civil, solicita ampliar la sentencia dictada por
esta Sala el 30 de agosto del 2000 a las 16h40, dentro del
juicio que sigue en contra de Industria Cartonera Ecuatoriana
S.A., y, al respecto plantea tres cuestiones concretas. La Sala
estima que la ampliación tiene lugar “cuando no se hubiera
resuelto alguno de los puntos controvertidos”, según reza la
disposición legal citada. Por tanto, habiendo resuelto la Sala
todos los puntos materia de la casación, no ha lugar tal
solicitud, sin embargo, este Tribunal hace las siguientes
precisiones. 1. La norma del artículo 590 del Código del
Trabajo establece en forma clara, en lo que respecta a las
remuneraciones, que el juramento deferido sirve para probar
la remuneración, cuando del proceso no aparece otra prueba
al respecto. En la especie hay prueba suficiente sobre la
remuneración que percibió el actor, inclusive comprobantes
de retención del Impuesto a la Renta, en donde están
especificados los valores que recibió el accionante, según
                                                      48




documentos presentados por el actor, que deberán ser
apreciados por el Juez de Primer Nivel, quien debe liquidar
los derechos del demandante. 2. No se ha evacuado prueba
alguna sobre “la remuneración reclamada en el Nº 8 de la
demanda. Por lo mismo, no se ha aceptado este rubro; y, 3.
El numeral 9 de la demanda contiene una expresión general
en donde se reclama “todos y cada uno de los beneficios
contemplados en el Contrato Colectivo”. No se especifican
cuales son los beneficios que reclama y la demanda debe
contener una descripción de “la cosa, cantidad o hecho que
se exige”, según lo dispone el artículo 71 numeral 4 del
Código de Procedimiento Civil, lo que no ocurre en el
presente caso. Notifíquese.
f) Drs. Camilo Mena Mena.- Julio Jaramillo Arízaga.-
Teodoro Coello Vásquez.




IV


Juicio Nº 94-2000.


Juicio laboral seguido por Victor Hugo Valarezo contra Andec
S.A.


SÍNTESIS:
La Segunda Sala de lo Laboral casa el fallo recurrido,
aceptando parcialmente la demanda. En el análisis
                                                       49




minucioso de las probanzas constantes de autos, la
Sala advierte que es evidente la voluntad unilateral de
la Empresa, de dar por terminadas las relaciones
laborales;   toda   vez   que,   consta   una    notificación
dirigida por la demandada a la Jefa de Inspectores del
Trabajo del Guayas, en la cual, expresa que ha resuelto
dar por terminado el referido contrato de trabajo. Del
texto del acta de finiquito, se aprecia fácilmente que
ésta ha sido preelaborada, violentándose la norma del
Art.   592 del Código Laboral y fortaleciéndose             la
convicción, de que existió el despido intempestivo. En
virtud de lo dicho, analizadas las restantes actuaciones
se estima, que de conformidad con el Art. 188 del
mismo cuerpo de leyes, el actor tiene derecho a la
jubilación patronal, por cuanto, aunque el trabajador
no la haya reclamado expresamente, la Constitución
Política y los Principios del Derecho Social, consagran
la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de
los trabajadores.


PRIMERA INSTANCIA.


JUZGADO QUINTO DEL TRABAJO DEL GUAYAS. Guayaquil,
agosto 13 de 1998; las 09h45.
VISTOS: A fojas uno y vuelta de los autos comparece
VICTOR HUGO VALAREZO, quien manifiesta que, desde el 5
de agosto de 1974, ha venido prestando sus servicios lícitos y
                                                       50




personales en calidad de empleado para la Compañía
ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S. A., en esta ciudad
de Guayaquil;      que, su última remuneración mensual
percibida fue de S/. 2'858.334,00 correspondiente al mes de
octubre de 1996; que, durante el tiempo que duró la relación
laboral, siempre se desempeñó con honestidad, pulcritud y
eficiencia, razón por la cual el tiempo de labores fue
prolongado por cerca de veinte años, sin embargo de lo
anterior, de una manera abrupta, inesperada e intempestiva,
su ex-empleador el día 15 de noviembre de 1996, procedió a
terminar unilateralmente el nexo laboral que los unía,
expresándole por escrito, tal determinación; que, posterior al
ilegal hecho del despido, se le entregó una liquidación, la
misma que no estaba debidamente pormenorizada, faltando
casi todos los beneficios e indemnizaciones que de acuerdo al
Décimo Tercer Contrato Colectivo le corresponden, faltando
también la indemnización legal del Art. 189 y 185 del Código
del Trabajo, habiéndosele       entregado la suma de S/.
65'037.462,00 que, es incuestionable su derecho a impugnar,
como en efecto impugna la referida liquidación del 15 de
noviembre de 1996 y a pedir que se revise el error de
cálculo, así como se liquiden y pormenoricen todos los rubros
que por ley le corresponde, por lo cual acude a demandar en
juicio   verbal   sumario   a   su   ex-empleador    ACERIAS
NACIONALES DEL ECUADOR S.A., en la persona de su
representante legal Ing. Eduardo Silva Maridueña, a quién
además demanda por sus propios derechos y al abogado
                                                                   51




Oscar Heinert Insúa de acuerdo al Art. 35 del Código del
Trabajo, para que en sentencia se los condene al pago de los
valores que señala en su demanda. Radicada la competencia
por sorteo de ley, se admitió la demanda al trámite y se
dispuso citar al demandado, lo cual se cumplió conforme
consta a fojas 3 del proceso; habiendo comparecido los
demandados      a     fojas   5      y   7   señalando   casilla       para
notificaciones y designado defensor. Convocadas las partes a
la audiencia de conciliación, esta se llevó a efecto en el día y
dentro de la hora señalada (fojas 12), con la comparecencia
del   abogado       Carlos    Díaz       Guzmán   a   nombre       y    en
representación del actor, no habiendo concurrido la parte
demandada, pese a que fue notificada. Instalado el acto se
concedió la palabra al abogado Díaz, quien a nombre de su
representado se ratificó en los fundamentos de la demanda y
acusó la rebeldía de la parte demandada por su inasistencia a
la diligencia de conciliación y ofreció ratificación de gestiones.
No habiendo sido posible conciliación entre las partes y por
existir hechos sujetos a comprobación, se dispuso recibir la
causa a prueba por el término común de seis días, dentro del
cual las partes han solicitado la práctica de las que se ha
creído asistidas y que obran de autos; y, siendo el estado de
la causa el de dictar sentencia, para hacerlo se considera.
PRIMERO: En la tramitación de la causa no se ha omitido
solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la decisión
de la misma, razón por la cual se declara expresamente su
validez. SEGUNDO: Al tenor de los prescrito en los Arts. 107
                                                           52




y 117 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a
accionante    probar    los    hechos    que      ha    propuesto
afirmativamente en el juicio y que ha negado el reo.
TERCERO: La relación laboral entre los litigantes no ha sido
materia de controversia, la misma se encuentra debidamente
acreditada con el carné de afiliación al IESS que correa a
partir de fojas 71 a 73 y más constancias procesales.
CUARTO: En la especie se torna fundamental determinar la
forma en que terminó la referida relación laboral entre los
contendientes, por lo cual se hace imperativo precisar lo
siguiente. IV-1 Consta a fojas 76 del proceso, el original de la
notificación de fecha 15 de noviembre de 1996. IV-2 Consta
en el finiquito (fojas 13) otorgado ante el funcionario
competente aportado por los accionados adjunto a sus escrito
de fecha 17 de noviembre de 1997 a las 17h55, y fechado 15
de   noviembre   de    1996,   el   mismo   que    se   encuentra
pormenorizado, por cuanto consta en su texto, los valores
proporcionales que recibió por décimo tercer sueldo, décimo
cuarto sueldo, décimo quinto sueldo vacaciones, y una
entrega voluntaria imputable a cualquier reclamo posterior,
en razón de la terminación por acuerdo entre las partes de la
relación de trabajo acreditada documentadamente y que deja
sin efecto la notificación referida en literal anterior, conforme
ha sido alegado por los accionados. IV-3. Consta a fojas 14
copia debidamente notarizada del escrito presentado por los
señores Jaime Andrade Chica, Flavio Zamora Fernández y
Ovidio Quijano Moreira, en sus calidades de Secretario
                                                            53




General, Secretario de Defensa Jurídica y Secretario de Actas
y   Comunicaciones     del    Comité   de    Empresa       de    los
Trabajadores de Acerías Nacionales del Ecuador S.A. en el
juicio ordinario 497 ventilado en este mismo Juzgado y en el
cual   los   comparecientes   afirmaron     que   fueron   electos
dirigentes del Comité de Empresa de los Trabajadores de
Acerías Nacionales del Ecuador S.A., cuya representación
ejercieron hasta el 20 de diciembre de 1996, fecha ésta en
que por acuerdo de las partes, se dieron por terminados los
contratos de trabajo con todos lo trabajadores de dicha
compañía. QUINTO: Por lo tanto, en aplicación a los
principios constitucionales y legales que obligan al Juzgador a
prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para
la garantía y eficacia de sus derechos, respetando las normas
legales y fallos jurisprudenciales, y habiéndose otorgado el
finiquito que obra de autos, en forma pormenorizada y ante
inspector de trabajo, no se acepta a impugnación al
documento de finiquito celebrado. Por las consideraciones
que anteceden, el suscrito Juez Quinto del Trabajo del
Guayas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara sin
lugar la demanda. Sin costas, ni honorarios que regular.
Cúmplase con lo dispuesto en el Art. 281 del Código de
Procedimiento Civil. Notifíquese.
Firma ilegible.


SEGUNDA INSTANCIA.
                                                                 54




SEGUNDA SALA DE LA CORTE SUPERIOR DE GUAYAQUIL.
Guayaquil, marzo 3 de 1999; las 09h35.
VISTOS: El actor, VICTOR HUGO VALAREZO, ha interpuesto
recurso de apelación de la sentencia expedida por el Juez
Quinto de Trabajo del Guayas, en la que se declara sin lugar
la demanda seguida en contra de “ACERIAS NACIONALES
DEL     ECUADOR       S.A.”,   habiendo    subido     el    juicio    a
conocimiento de la Corte Superior de Guayaquil, en cuya
Segunda Sala se ha radicado la competencia por el sorteo de
rigor. Siendo el estado de la causa el de resolver, para
hacerlo, se considera. PRIMERO: Que el juicio es válido,
pues se ha tramitado con apego a las normas procesales
pertinentes,    sin   vicios   ni   omisiones   que    lo    afecten.
SEGUNDO: Que la relación laboral que ha existido entre las
partes, se encuentra debidamente probada en autos, con el
contenido del carné de afiliación del trabajador al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (fojas 71 a 73), y más
instrumentos agregados al proceso. TERCERO: Que la
demanda tiene como base la impugnación del acta de
finiquito suscrita entre las partes, el 15 de noviembre de
1997, en la cual, según afirma el actor, no se han incluido
todos los beneficios e indemnizaciones que le corresponden
por el Contrato Colectivo de Trabajo, ni la indemnización
legal   por    despido   intempestivo,    además      de    no    estar
pormenorizada. CUARTO: Que de fojas 13 de los autos,
consta el acta de finiquito impugnada, la misma que ha sido
                                                                55




otorgada ante un Inspector Provincial del Trabajo y está
debidamente pormenorizada, de modo que, surte todos sus
efectos legales. En dicha acta, el trabajador declara que su
contrato de trabajo ha terminado por acuerdo entre las
partes, de modo que no cabe el reclamo de indemnizaciones
por despido intempestivo, lo cual, está confirmado con el
contenido del documento de fojas 14, en el que los
representantes    del   Comité   de     Empresa        de     “Acerías
Nacionales del Ecuador S.A.”, declaran que habiéndoles
pagado las correspondientes liquidaciones finales de haberes,
quedaron finalizadas las relaciones laborales que existían
entre ANDEC y los trabajadores afiliados al Comité de
Empresa de la misma, esto es, que todos los contratos de
trabajo terminaron por acuerdo entre las partes. Que
tampoco se ha probado que en el acta de finiquito en
mención existan errores de cálculo. Por lo expuesto, la
Segunda    Sala   de    la   Corte    Superior    de        Guayaquil,
“ADMINISTRANDO          JUSTICIA      EN    NOMBRE            DE     LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY” CONFIRMA la
sentencia recurrida. Publíquese y notifíquese.
f) Dr. José V. Ordeñana Trujillo.- Freddy Rodríguez
Mora.- Holger E. Bonilla Andrade.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.
                                                            56




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, septiembre 12 del 2000; las
10h30.
VISTOS: La Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de
Guayaquil acepta conceder el recurso de casación interpuesto
por el actor Víctor Hugo Valarezo, en el juicio verbal sumario
de trabajo que sigue en contra de la empresa Acerías
Nacionales del Ecuador S.A. (ANDEC); el fallo recurrido, fue
totalmente confirmatorio del dictado por el Juez Quinto
Provincial del Trabajo del Guayas, que declara sin lugar la
demanda.- En virtud del recurso deducido, ha subido el
proceso   a   la   Corte   Suprema   de   Justicia,   por   tanto,
corresponde ahora, por ser el estado de la causa, resolver,
para ello, se considera. PRIMERO: La competencia se ha
radicado en esta Segunda Sala de lo Laboral y Social, de
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 200 de la Constitución
Política del Estado, el Art. 1 de la Ley de Casación y la razón
del sorteo de Ley practicado. SEGUNDO: El recurso de
casación no constituye una nueva instancia ni admite la
posibilidad de que se realice un nuevo examen de todo el
proceso, sino un análisis minucioso del escrito contentivo del
recurso en relación con la sentencia impugnada y con las
piezas procesales pertinentes. TERCERO: El recurrente,
indica en su escrito que el Tribunal de Alzada no ha
considerado el precedente jurisprudencial que se deriva del
Art. 19 de la Ley de Casación; ha infringido los Arts. 295 del
Código de Procedimiento Civil; el 2384 del Código Civil; y el
                                                          57




188 del Código del Trabajo. Además, cita el Art. 192 de la
Constitución Política; y luego se refiere al Art. 23 Nº. 27 de la
misma, en cuanto al “Derecho al debido proceso y a una
justicia sin dilaciones”, en relación con el Art. 191 de la Ley
Orgánica de la Función Judicial. Fundamenta su recurso en la
causal 1ª del Art. 3 de la Ley de la Materia, pues, no se ha
aplicado por parte de la Sala de Alzada las normas antes
descritas. CUARTO: Estudiada en derecho la fundamentación
del recurso, en función con las normas estimadas infringidas
es necesario analizar lo siguiente: 1. Resulta fundamental en
el presente caso, determinar la forma en que concluyeron las
relaciones laborales entre las partes litigantes; por ello, es
indispensable referirse al documento de fojas 76; en él, en
forma expresa consta la notificación de la Empresa Acerías
Nacionales del Ecuador S.A., respecto del contrato de trabajo
con el actor, la cual textualmente dice: “… ésta empresa
resolvió darlo por terminado con fecha 15 de noviembre de
1996.”; esto demuestra en forma contundente la voluntad
unilateral y arbitraria de la empresa demanda de concluir el
vínculo laboral con el trabajador denunciante, configurándose
sin lugar a dudas la existencia del despido intempestivo
demandado; y, 2. El Art. 592 del Código del Trabajo dispone
que éste documento, puede ser impugnado por el trabajador
si la liquidación no hubiere sido practicada ante el Inspector
del Trabajo quien cuidará que sea pormenorizada, esto
implica que dicha autoridad tiene que precautelar que todos
los valores allí detallados sean los correctos, los que por ley
                                                             58




le corresponden al trabajador, en suma, no sólo considerarla
sino realizarla. En la copia del acta de finiquito que obra de
fojas 13, se comienza indicando: “En la ciudad de Guayaquil,
el 15 de noviembre de mil novecientos noventa y seis, ante
el suscrito Inspector Provincial del Trabajo comparecen …”
luego, se especifica: “PRIMERA. El trabajador ha venido
prestando sus servicios lícitos y personales al empleador,
desde el 1 de diciembre de 1974 hasta la presente fecha en
que por acuerdo de las partes se da por terminado el
contrato de trabajo y consecuentemente finalizadas las
relaciones de trabajo existentes”. En la última línea, se da
cuenta que se ha procedido a firmarla “… en unión del
infrascrito Inspector del Trabajo, quien por encontrarlo todo
conforme a derecho, lo aprueba, autoriza y certifica”. Vienen
las firmas, y entre ellas se lee: “El Inspector Provincial del
Trabajo. Abg. Silvia Cevallos B. Jefa de Inspectores del
Trabajo”. Se nota claramente una inconsistencia de género
en el texto, lo que resulta preocupante, puesto que, si se lo
celebraba ante una funcionaria del trabajo, por qué razón,
esta no utilizó el género femenino en la denominación del
cargo, que, sí lo emplea en su sello junto a su firma. Esta
situación efectivamente simple, sin embargo, debió mas bien
ser estudiada por los juzgadores, en relación con las
constancias procesales, de las cuales obra el documento de
fojas   76,   ya   indicado   en   el   número   1   del   presente
considerando de este fallo, y obviamente al encontrarse tan
notoria contradicción en los indicados documentos (el de
                                                               59




fojas 13, con el de fojas 76), y también con el de fojas 15, en
el que, el Apoderado de ANDEC, se dirige precisamente a la
“Señora Jefa de Inspectores del Trabajo del Guayas”, y le
manifiesta: “…Que con fecha 15 de noviembre de 1996, a las
09h30, comuniqué a su autoridad, que mi representada
decidió    unilateralmente     dar    por   terminados     todos    los
contratos individuales de trabajo según lista que consta en la
misma comunicación. Que por haber llegado a un arreglo
extrajudicial con todos los ex-trabajadores, pido dejar sin
efecto el escrito del 15 de noviembre del presente año, por
cuanto los contratos individuales de trabajo han terminado
POR ACUERDO DE LAS PARTES”, (el subrayado es de esta
Sala). Del texto transcrito, se desprende con toda claridad,
incoherencias respecto de la forma como se sostiene que
concluyeron    las    relaciones     laborales;    y,   aplicando   los
principios de valoración de la prueba, llevan a la conclusión
de   que   dicha     acta,   fue   preelaborada,    partiéndose     del
supuesto de que los celebrantes acudirían ante un Inspector
del Trabajo, de donde se colige fácilmente que, no hubo fiel
acatamiento a la disposición contenida en el Art. 592
(anterior 571) del Código Laboral, y fortaleciéndose la
convicción de que se produjo el despido. Aceptada la
impugnación estudiada, y con las expresas constancias
procesales de fojas 15 y 76 que las relaciones laborales
terminaron de manera unilateral por decisión de la parte
empleadora. QUINTO: Respecto del pago de los quince
primeros días del mes de noviembre de 1996, no procede
                                                                  60




dicho reclamo en virtud del expreso reconocimiento de pago
constante de la Cláusula Segunda del Acta de Finiquito de
fojas   13;   y,   consecuentemente,       tampoco      proceden las
reliquidaciones en los demás rubros planteados, tanto más
que el recurrente se limita a enumerarlos, sin indicar las
normas de derecho que estima han sido violadas inaplicadas,
o erróneamente interpretadas. SEXTO: Admitido el despido
intempestivo,      corresponde      reconocer    en    favor    del    ex-
trabajador     señor       Víctor   Hugo       Valarezo,       todas     la
consecuencias jurídicas de dicho despido, una de las cuales,
por derecho es la jubilación patronal prescrita en el Art. 219
del Código del Trabajo, y a la cual también se hace referencia
en el acta transaccional que obra de fojas 16 y 17 de primer
nivel, aunque no haya sido expresamente reclamada en la
demanda, porque la Constitución Política del Estado invoca
los principios del Derecho Social como parámetro necesario
para la aplicación de las leyes, y consagra la intangibilidad e
irrenunciabilidad de los derechos consagrados en favor de los
trabajadores. En consecuencia, como el Art. 188 del Código
Laboral   reconoce     a    favor   del   trabajador    despedido        el
beneficio de la jubilación patronal, siempre que al menos
haya completado veinte años de servicio, procede que en
sentencia se lo reconozca tal derecho, aunque el trabajador
no lo hay reclamado expresamente en la demanda. Por todas
las     consideraciones         que       anteceden,       la         Sala,
ADMINISTRANDO              JUSTICIA       EN    NOMBRE          DE      LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la
                                                              61




sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior
de Justicia de Guayaquil, y dispone que, el Juez Quinto del
Trabajo    del   Guayas,     practique   la    liquidación   de     las
indemnizaciones que le corresponden al accionante, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 10 del Décimo Tercer
Contrato Colectivo de Trabajo, así como en los Arts. 188 y
185 del Código del Trabajo, y se impute el valor que resulte,
la   cantidad    de   S/.   63'669.390,00     que   ha   recibido    el
accionante según acta de fojas 13, con la denominación
“Entrega    Voluntaria,      Imputable   a     cualquier     reclamo
posterior”. Liquide también el valor de la pensión de
jubilación patronal proporcional correspondiente desde el
mes siguiente a la terminación de las relaciones laborales, así
como las adicionales correspondientes a décimo tercera,
décima cuarta, décimo quinta y décima sexta pensiones, que
deben pagarse en forma acumulada, sin intereses, y luego
reconocerse el beneficio de la jubilación patronal en forma
vitalicia conforme a la Ley. Con costas. Notifíquese y
devuélvase.
f) Drs. Camilo Mena Mena (V.S.), Julio Jaramillo
Arízaga, Teodoro Coello Vásquez.


VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR CAMILO MENA
MENA.
                                                         62




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, septiembre 12 del 2000; las
10h30.
VISTOS: La Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de
Guayaquil acepta conceder el recurso de casación interpuesto
por el actor Víctor Hugo Valarezo, en el juicio de trabajo que
sigue en contra de la Empresa Acerías Nacionales del Ecuador
S.A. (ANDEC). El fallo recurrido fue totalmente confirmatorio
del dictado por el Juez Quinto Provincial del Trabajo del
Guayas, que declara sin lugar la demanda. En virtud del
recurso deducido ha subido el proceso a la Corte Suprema de
Justicia, por tanto, corresponde ahora, por ser el estado de la
causa, resolver, para ello se considera. PRIMERO: La
competencia se ha radicado en esta Sala, en virtud a lo
dispuesto en el artículo 200 de la Constitución Política del
Estado y la razón de sorteo que obra de fojas 1 de este
cuaderno. SEGUNDO: El recurrente indica en su escrito que
el Tribunal de Alzada no ha considerado el precedente
jurisprudencial que se deriva del artículo 19 de la Ley de
Casación; Ha infringido los artículos 299 del Código de
Procedimiento Civil; el 2384 del Código Civil; y, el 188 el
Código del Trabajo. Además cita el artículo 192 de la
Constitución Política y luego se refiere al articulo 23 numeral
27 de la misma, en cuanto al “Derecho al Debido Proceso y a
una justicia sin dilaciones”, en relación con el artículo 191 de
la Ley Orgánica de la Función Judicial. Fundamenta su
recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de
                                                           63




Casación, pues no se ha aplicado por parte de la Sala de
Alzada las normas antes descritas. TERCERO: Analizada, en
derecho la fundamentación del recurso, frente a las normas
que se estiman han sido infringidas, es necesario analizar lo
siguiente: 1. Resulta fundamental en el presente caso,
determinar la forma en que concluyeron las relaciones
laborales   entre   las   partes   litigantes;   pero   ello,   es
indispensable referirse al documento de fojas 76; en él, en
forma expresa consta la notificación de la Empresa Acerías
Nacionales del Ecuador S.A., respecto del contrato de trabajo
con el actor, la cual textualmente dice: “…ésta, empresa
resolvió darlo por terminado con fecha 15 de noviembre de
1996”; esto demuestra en forma contundente la voluntad
unilateral de la empresa demandada de concluir el vínculo
laboral con el trabajador accionante, configurándose sin lugar
a dudas la existencia del despido intempestivo demandado; y
2. El artículo 592 del Código del Trabajo dispone que este
documento, puede ser impugnado por el trabajador si la
liquidación no hubiere sido pactada ante el Inspector del
Trabajo, quien cuidará que sea pormenorizada, esto implica
que dicha autoridad tiene que precautelar que todos los
valores ahí detallados sean los correctos, los que por Ley le
corresponden al trabajador, en suma, no solo considerarla
sino realizarla. En la copia del acta de finiquito que obra de
fojas 13, se comienza indicando: “En la ciudad de Guayaquil,
el 15 de noviembre de mil novecientos noventa y seis, ante
el suscrito Inspector Provincial del Trabajo, comparecen…”
                                                        64




luego, se especifica: “PRIMERA: El trabajador ha venido
prestando sus servicios lícitos y personales al empleador,
desde el 1 de diciembre de 1974, hasta la presente fecha en
que por acuerdo de las partes se da por terminado el
contrato de trabajo y consecuentemente finalizadas las
relaciones de trabajo existentes”. En la última línea se da
cuenta que se ha procedido a firmarla”… en unión del
infrascrito Inspector del Trabajo quien por encontrarlo todo
conforme ha derecho lo aprueba, autoriza y certifica”. Vienen
las firmas y entre ellas se lee: “El Inspector Provincial del
Trabajo, Abg. Silvia Cevallos B: Jefa de Inspectores del
Trabajo”. Se nota claramente una inconsistencia de género
en el texto, lo que resulta preocupante, puesto que si se lo
celebra ante una funcionaria del Trabajo, por qué razón, esta
no utilizó el género femenino en la denominación del cargo
que sí lo emplea en su sello junto a su firma. Esta situación
simple,   debió   ser   estudiada   por   los   juzgadores,    y
obviamente, al encontrarse tan notoria contradicción en los
indicados documentos y, también con el de fojas 15, en el
que el apoderado de ANDEC, se dirige precisamente a la
“Señora Jefa de Inspectores del Trabajo del Guayas”, y le
manifiesta: “…Que con fecha 15 de noviembre de 1996, a las
09h30, comuniqué a su autoridad que mi representada
decidió   unilateralmente   dar   por   terminados   todos    los
contratos individuales de trabajo, según lista que en la
misma comunicación… Que por haber llegado a un arreglo
extrajudicial con todos los ex trabajadores, pido dejar sin
                                                              65




efecto el escrito de 15 de noviembre del presente año, por
cuanto los contratos individuales de trabajo han terminado
por ACUERDO DE LAS PARTES”. Del texto transcrito se
desprende, con toda claridad, incoherencias respecto de la
forma como se sostiene que concluyeron las relaciones
laborales; y, aplicando los principios de valoración de la
prueba, llevan a la conclusión de que dicha acta, fue
preelaborada,    partiéndose   del    supuesto      de      que    los
celebrantes acudirían ante un Inspector del Trabajo, de
donde se colige fácilmente que, no hubo fiel acatamiento a la
disposición contenida en el artículo 592 del Código del
Trabajo. Aceptada la impugnación estudiada y con las
expresas constancias procesales, la Sala estima que las
relaciones laborales terminaron de manera unilateral por
decisión de la parte empleadora. CUARTO: Respecto del
pago de los 15 primeros días del mes de noviembre de 1996,
no   procede     dicho   reclamo     en    virtud    del    expreso
reconocimiento de su cancelación constante de la Cláusula
Segunda    del    Acta   de    Finiquito    de      fojas    13    y,
consecuentemente tampoco proceden las liquidaciones en los
demás rubros planteados, tanto más que el recurrente se
limita a enumerarlos, sin indicar las normas de derecho que
estima han sido violadas, inaplicadas, o erróneamente
interpretadas. QUINTO: Admitido el despido intempestivo,
debe reconocerse a favor del ex trabajador todos los
derechos que le corresponden por tal hecho, de conformidad
con lo que dispone el artículo 10 del Décimo Tercer Contrato
                                                                66




Colectivo       de    Trabajo,   mas         las      indemnizaciones
correspondientes, dispuestas en los artículos 188 y 185 del
Código Laboral. Esta reliquidación deberá ser practicada por
el señor Juez de primer nivel, que deducirá de la suma total
la   cantidad    de   S/.63'669.390,00       que      ha   recibido   el
accionante, según acta de fojas 13, con la denominación
“Entrega    voluntaria,     imputable    a         cualquier   reclamo
posterior”, tomando en consideración que si bien se ha
aceptado la impugnación al acta de finiquito, no se ha
objetado la recepción de los valores que constan en dicho
documento. Por las consideraciones anotadas, esta Sala,
ADMINISTRANDO             JUSTICIA      EN     NOMBRE          DE     LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la
sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior
de Justicia de Guayaquil, en los términos que constan en el
considerando Quinto de este fallo. Sin costas. Notifíquese.
f) Drs. Camilo Mena Mena (V.S.).- Julio Jaramillo
Arízaga.- Teodoro Coello Vásquez.




V


Juicio Nº 221-2000.


Juicio laboral seguido por Amparito Espinosa Espinosa contra
ABN AMRO BANK.
                                                          67




SÍNTESIS:
La Segunda Sala de lo Laboral, en fallo de mayoría casa
el fallo recurrido, ordenando pagar a la demandada, la
pensión     jubilar     correspondiente   a   la    actora     de
conformidad con los artículos 219 y 220 del Código del
Trabajo. La Sala declara, respecto de la excepción de
cosa juzgada alegada por la Institución demandada,
que de conformidad con el artículo 848 del Código de
Procedimiento Civil, al momento que las partes en la
audiencia    de    conciliación    llegaren   a    un   acuerdo,
“quedará concluido el pleito”; por lo que, “se deduce
entonces, que esta facultad que tienen las partes de
arribar a un acuerdo es la que pone fin al juicio y no la
decisión del juez; dicha autoridad está en la obligación
de aceptar la voluntad de las partes generada por el
acuerdo…”. A lo dicho se suma, que la Constitución
Política del Estado en su artículo 35, números 4 y 5;
expresa     los       principios   de   irrenunciabilidad       e
intangibilidad de los derechos del trabajador; así, la
validez de toda transacción en materia laboral que no
implique la renuncia de derechos, está supeditada a
estas     normas       supremas     que   prevalecen         ante
cualesquiera otras. Por lo expresado, se desecha la
excepción de cosa juzgada, y por cuanto la jubilación
patronal es un derecho imprescriptible e irrenunciable,
se ordena su pago desde la fecha del retiro de la
actora, debiendo descontarse la cantidad ya recibida.
                                                          68




En fallo de minoría, la Sala declara que este acuerdo
transaccional suscrito en un juicio anterior en el que
existe identidad objetiva, identidad subjetiva y se
reclama por la misma vía, ha sido aprobado en
sentencia cumpliendo todas sus formalidades. Que es
preciso recordar la norma dispuesta en el artículo 303
del Código de Procedimiento Civil; y que para ello es
preciso llevar a cabo previamente un juicio de nulidad
de sentencia pues es imposible para esta Sala de la
Corte Suprema “anular una sentencia dictada por un
juez, para cuya resolución se cumpliera todas las
formalidades”. Por lo dicho casa la sentencia recurrida
y rechaza la demanda por la excepción de cosa
juzgada.


PRIMERA INSTANCIA


JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DEL GUAYAS. Guayaquil
julio 9 de 1998 a las 9h15.
VISTOS: A fojas 1 y 2 comparece AMPARITO DEL CARMEN
ESPINOSA DE RUCHTI alegando haber laborado para el
Banco Holandés Unido S.A., actualmente ABN AMRO BANK,
desde el 8 de diciembre de 1969 hasta el 28 de febrero de
1995, fecha en la cual renunció a su trabajo para acogerse a
los beneficios de la jubilación. Manifiesta también que según
lo dispuesto en el Art. 20 del Décimo Segundo Contrato
Colectivo   celebrado   entre   el   referido   Banco,   sucursal
                                                        69




Guayaquil, y el Comité de Empresa de sus trabajadores, el 20
de octubre de 1993, el Banco tenía la obligación de
entregarle una bonificación por retiro voluntario, tomando
como base la última remuneración mensual percibida, de
acuerdo a una tabla elaborada según los años de servicio.
Dice también el demandante que por el antedicho concepto,
esto es, la bonificación por retiro voluntario, como última
remuneración   consideró   solamente   la   cantidad   de    S/.
1'980.316, cuando en realidad era de S/. 2'461.460. Que así
mismo, que para el pago de la pensión jubilar patronal, su
empleador no consideró como referencia las sumas aportadas
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entregándole
únicamente la cantidad de S/. 50'985.950,00 que estima es
inferior a lo que en realidad le corresponde, sintiéndose
perjudicada por cuanto se debe fijar la pensión jubilar de
acuerdo con lo que dispone el Art. 221 del Código del
Trabajo. Que con los antecedentes expuestos, demanda en
juicio verbal sumario al ABN. AMRO BANK, antes Banco
Holandés Unido S.A. en las interpuestas personas de los
señores ROBERTO PANIZO BECEIRRO, Apoderado General,
ALEJANDRO      PERÉ   GUMMA,     Vicepresidente   de    Banca
Corporativa, JAVIER REYES SOSA, Vicepresidente de la Banca
de   Consumo      y    MARCOS      HOLLIHAN       BRUCKMAN,
Vicepresidente de Banca Privada, y a todos ellos también por
sus propios derechos en razón de la responsabilidad solidaria
establecida en el Art. 36 del Código del Trabajo, para que en
sentencia sean condenados a pagarle los valores reclamados
                                                         70




en la demanda. Sorteada la demanda, correspondió a esta
Judicatura su conocimiento y tramitación, en virtud de lo cual
se la calificó ordenando la citación de los demandados
quienes comparecieron a juicio señalando casillero judicial
para recibir las notificaciones correspondientes. Celebrada la
audiencia de conciliación, al no haberse producido ésta, el
suscrito Juzgador ordenó que se recibiera la causa a prueba
por seis días, término durante el cual las partes solicitaron y
practicaron todas la pruebas de las que se creyeren asistidas,
transcurrido el cual y siendo el estado del presente juicio el
de resolver, al hacerlo se considera lo siguiente: PRIMERO:
No se observa omisión de solemnidad sustancial alguna que
vicie el procedimiento, por lo que se declara la validez del
proceso. SEGUNDO: De autos consta que la parte actora ha
presentado como prueba la copia certificada del juicio
número 22-95 (fojas 124 y 134) donde consta que la ahora
demandante planteó ya una demanda similar a la que motivó
el presente proceso, contra el mismo ABN AMRO BANK, antes
Banco Holandés Unido S.A., exigiendo en ella también el
pago de su pensión jubilar, juicio que se ha sustanciado
hasta el estado de haberse celebrado la audiencia de
conciliación en la cual las partes llegaron a un acuerdo y
aceptaron un contrato previo de transacción ya celebrado el 1
de marzo de 1995 transacción que ha sido aprobada en
sentencia   según   consta   de   la   copia   certificada    del
correspondiente expediente. Es decir, que la demandante ya
inició anteriormente un proceso que tiene con en el presente
                                                                     71




identidad objetiva, que tiene una misma finalidad, identidad
subjetiva, pues intervienen las misma partes como actor y
demandado, y en ambos se exige una misma cosa, al amparo
de la misma causa razón o derecho. Así pues, se acepta la
excepción propuesta por los demandados de cosa juzgada.
De lo expuesto se concluye que no es necesario entrar a
analizar    otro    aspecto    del    presente     juicio,    por   lo    que
“ADMINISTRANDO                JUSTICIA       EN     NOMBRE          DE    LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY”, se desecha
la demanda planteada por Amparito del Cármen Espinoza
Espinosa de Tuchti. Sin costas ni honorarios que regular.
Léase y notifíquese.
f) Ab. Carlos Alfago Vite.


SEGUNDA INSTANCIA.


SEGUNDA SALA DE LA H. CORTE SUPERIOR DE GUAYAQUIL.
Guayaquil, febrero 28 del 2000; las 10h00.
VISTOS: A fojas 147 y a fojas 166 la accionante señora
Amparito del Carmen Espinoza de Tuchti interpone recurso de
apelación    disconforme        con    la   sentencia        desestimatoria
pronunciada por el Juez Primero Provincial del Trabajo del
Guayas. Mediante sorteo se ha radicado la competencia en
esta Segunda Sala, a la que corresponde decidir por el mérito
de los autos, y para hacerlo considera: PRIMERO: Se ha
dado a la controversia el trámite fijado en el Art. 584 del
Código     del     Trabajo,   sin    que    se    advierta     omisión     de
                                                       72




solemnidad sustancial que pueda influir en la decisión de la
causa, por lo cual se confirma la declaración de validez de lo
actuado. SEGUNDO: La relación procesal quedó constituida
con las excepciones opuestas por la parte accionada al
contestar la demanda en la audiencia de conciliación,
habiéndose distribuido entre las partes en juicio la carga de
la prueba en la forma prevista por el Art. 118 del Código de
Procedimiento Civil. TERCERO: La existencia de la relación
de carácter laboral en la cual se fundamenta la acción ha sido
expresamente aceptada por el ex-empleador demandado, al
contestar la demanda y durante la sustanciación del juicio.
CUARTO: Entre las excepciones deducidas está la de litis
pendencia. Para probarla, la parte demandada aporta copia
autorizada del juicio verbal sumario seguido en el Juzgado
Primero del Trabajo de Pichincha con sede en Quito (fojas 49
a 57 vuelta), causa en la cual la señora Amparo Espinoza de
Ruchti demanda a su ex empleadora ABN AMRO BANK
GUAYAQUL, para que en sentencia se le condene al pago de
la jubilación patronal a que tiene derecho de conformidad con
lo dispuesto en el Art. 221 del Código del Trabajo. Según se
lee a fojas 57, se pronunció sentencia el veintinueve de mayo
de mil novecientos noventa y seis, a las 15h50, fallo
mediante el cual el juez aprobó el acuerdo transaccional al
que llegaron las partes en la audiencia de conciliación.
QUINTO: Examinados los instrumentos que se menciona en
el considerando Cuarto anterior, se observa que entre el
juicio tramitado en el Juzgado Primero del Trabajo de
                                                         73




Pichincha y el que está juzgando este Tribunal, existe
identidad subjetiva e identidad objetiva, y que se demanda la
misma cosa con fundamento en la misma causa. Como no
aparece constancia de ejecutoria del fallo expedido por el
Juez Primero del Trabajo de Pichincha, es de rigor entonces
acoger la excepción de litis pedencia. Por las anteriores
consideraciones, la Segunda Sala de la Corte Superior de
Justicia de Guayaquil, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY”,    admite     la   excepción   de   litis   pendencia   y,
consecuentemente, desecha la demanda por improcedente.
En estos términos queda reformada la sentencia del inferior.
Sin costas. Léase en público y notifíquese.
Firmas ilegibles.


RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, septiembre 27 del 2000; las
14h40.
VISTOS: Amparo Espinosa de Ruchti, en el juicio verbal
sumario de trabajo seguido en contra de ABN.AMRO-BANK,
interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la
Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,
el mismo que le fue negado por el Tribunal Superior, por ello,
interpuso recurso de hecho, el que admitido a trámite en esta
instancia, por considerar que el recurso inicial cumple con los
                                                              74




requisitos establecidos en la Ley de la materia. Siendo el
estado de la causa el de resolver, para hacerlo, se considera:
PRIMERO: La competencia para decidir la presente causa se
ha radicado en esta Segunda Sala de lo Laboral y Social de la
Corte Suprema de Justicia de acuerdo con el ordenamiento
jurídico vigente y previo el sorteo de ley practicado.
SEGUNDO: La recurrente, ataca la sentencia de alzada,
indicando que ella infringe varias normas de Derecho, entre
las que menciona: Art. 35 numerales 1, 4 y 6 de la
Constitución Política del Estado; y, los Arts. 4, 5, 7, 219 y
222 del Código del Trabajo. Además fundamenta su recurso
en las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación.
TERCERO: En concordancia con los lineamientos jurídicos
que regulan la casación y por la naturaleza extraordinaria de
éste, procede el estudio analítico de las normas estimadas
infringidas, con relación a la sentencia impugnada y con las
piezas procesales indispensables inmersas en el proceso.
Realizado este estudio comparativo, se vislumbra que el
asunto en disputa se centra en determinar el derecho o no
del   pago   de   la   jubilación   patronal   mensual    vitalicia
demandada, que es el único punto materia de casación; y
tomando en cuenta que de fojas 49 a 57 del cuaderno de
primer nivel, constan copias certificadas de la demanda
propuesta anteriormente por la trabajadora en contra de
ABN-AMRO-BANK, persiguiendo el pago de la jubilación
patronal. Esta demanda, debía ser contestada por los
accionados   en   la   audiencia    de   conciliación;   en    dicha
                                                        75




diligencia, los demandados se allanaron con los fundamentos
de hecho y derecho, por ello, convino en pagarle por
concepto de jubilación patronal la cantidad única de S/.
50'985.950,00. Este acuerdo o transacción fue aprobado
mediante sentencia por el Juez Primero del Trabajo de
Pichincha; por tal motivo, en el presente juicio, la parte
demanda se excepcionó principalmente argumentando la
existencia de cosa juzgada y de litis pendencia. CUARTO:
Nuestro sistema procesal dispone que en los juicios verbal
sumarios el juez en la audiencia respectiva, procurará la
conciliación de las partes, de lograrla, quedará concluido el
pleito (Art. 848 del Código de Procedimiento Civil); se deduce
entonces que esta facultad que tienen las partes de arribar a
un acuerdo es la que pone fin al juicio y no la decisión del
Juez; dicha autoridad está en la obligación de aceptar la
voluntad de las partes generadas por el acuerdo al que
llegaron y en materia laboral, de cuidar además que este
acuerdo no implique renuncia de derechos por parte del
trabajador; que el Juez acepte este acuerdo a petición de
parte y mediante sentencia, lo cual significa que, lo único que
está haciendo es aprobar una transacción que en su
momento las partes han considerado pertinente. QUINTO:
Nuestra Constitución actual en su Art. 35 númeral 4 dispone
que: “Los derechos del trabajador son irrenunciables. será
nula toda estipulación que implique renuncia, disminución o
alteración. …”; y luego, en el número 5. dice: “Será válida la
transacción en materia laboral, siempre que no implique
                                                                                76




renuncia de derechos…”,              es decir, Normas Supremas que
prevalecen ante cualesquiera otras que se les opongan.
SEXTO: La jubilación ha sido declarada por el Tribunal
Supremo derecho imprescriptible, los cual implica que es
irrenunciable. De ahí que en innumerables fallos emitidos por
las Salas especializadas de lo Laboral y Social se ha sentado
jurisprudencia respecto del pago de la jubilación patronal; en
ellos    se   ha     dicho     ya,    al      amparo       de        las    normas
constitucionales, que no es negociable, es irrenunciable, es
intangible y que por ser de tracto sucesivo debe ser
satisfecha mes a mes y no con una sola cantidad que va en
detrimento     del    origen    y     fundamento        jurídico           de        esta
institución laboral que persigue la protección económica de
quienes después de haber entregado su vida productiva,
cuenten con algún sustento económico fijo mensual. En
cuanto    a   la   excepción         de    litis   pendencia         deviene          su
improcedencia por todo lo expresado en este fallo y además
porque dentro del proceso, no ha sido probada en debida
forma por la parte demandada. Por lo expuesto, esta Sala,
ADMINISTRANDO                JUSTICIA          EN     NOMBRE               DE         LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la
sentencia     recurrida,       ordenándose           que        la     Institución
demandada pague a la actora la pensión jubilar, de acuerdo
con los Arts. 219 y 220 del Código del Trabajo, más lo
correspondiente a décima tercera, décima cuarta, décima
quinta y décima sexta pensiones jubilares, desde la fecha de
su retiro. Estos valores serán liquidados por el Juez de Primer
                                                             77




Nivel, debiendo descontarse sin intereses la cantidad ya
recibida por la trabajadora. Notifíquese y devuélvase.
f) Drs. Camilo Mena Mena (V.S.).- Julio Jaramillo
Arízaga.- Teodoro Coello Vásquez.-


VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR CAMILO MENA
MENA


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO
LABORAL Y SOCIAL. Quito, septiembre 27 del 2000; las
14h40.
VISTOS: Inconforme con la sentencia dictada por la Segunda
Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, la
demandante Sra. Amparito del Carmen Espinosa de Ruchti,
interpone recurso de hecho, al habérsele negado el de
casación, en el juicio laboral que sigue contra ABN-AMRO-
BANK,    antes   Banco    Holandés    Unido    S.A.,     a        sus
representantes legales Roberto Panizo Becciro, Alejandro
Peré Gumma, Arq. Javier Reyes Sosa y Marcos Hollinhan
Bruckman, a quienes demandó también por sus propios
derechos. Afirma que en el fallo que impugna se han
infringido los preceptos de los numerales 4, 5, 7, 219 y 222
del Código del Trabajo. Fundamenta su recurso en las
causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de
Casación. Siendo el estado de la causa el de resolver, para
hacerlo se considera: PRIMERO: La competencia de esta
Sala se halla establecida en razón de lo dispuesto en el
                                                           78




artículo 200 de la Constitución Política y por el sorteo de Ley
efectuado. SEGUNDO: La confrontación de lo que sostiene el
recurso, con las piezas procesales pertinentes, se puede
establecer que el asunto de fondo radica en la documentación
que aparece del proceso a fojas 124 y 125 vuelta, copias
certificadas del juicio 1790, de 17 de julio de 1995, iniciado
por Amparito Espinosa de Ruchti en contra de Patricio
Alzamora y Wilson Villacís, Gerente de Recursos Humanos y
Representante Legal de ABN.AMRO-BANK, la misma que
acompañada por los demandados dentro del correspondiente
término de prueba ha sido impugnado por la accionante. La
copia de este juicio ha servido de base para la sentencia
dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de
Guayaquil. Para sustentar el recurso, la actora cita los
preceptos   constitucionales   y   legales     de   protección   al
trabajador y las normas de los artículos 219 y 222 del Código
Laboral sobre la jubilación patronal. TERCERO: No hay duda
sobre las características del derecho social protector al
trabajador, que regulan las relaciones labores. Las citas de
las normas constitucionales y del Código del Trabajo que
formula la demandante en su escrito que contiene el recurso
de casación, se ajustan a tales preceptos. Sin embargo, no
pueden   soslayarse   preceptos    jurídicos    que   constituyen
verdaderos pilares del derecho. Por ello, toca al juzgador,
analizar con imparcialidad y ponderancia, para que las
decisiones estén encuadradas en las normas de la justicia.
Las normas del Código Laboral y los casos de jurisprudencia
                                                              79




citados por la accionante, merecen recordar que cada caso
tiene sus propias peculiaridades y características. Esta es la
situación   de   la     presente    controversia,     en   donde   la
casacionista sostiene que en el fallo que reprocha, se han
violado normas constitucionales y legales, recordando que los
derechos    de    los    trabajadores     son    irrenunciables    e
inalienables, porque la trabajadora tiene derecho a percibir la
jubilación patronal. CUARTO: Al respecto debe analizarse:
Primero: que las normas del Código de Procedimiento Civil,
constituyen principios de derecho público. En verdad, muchas
normas legales del derecho público, han sido superadas
porque el derecho social en su doctrina y la jurisprudencia de
la Corte Suprema lo han consagrado así. Sin embargo, en el
presente caso, podrían presentarse serios peligros. En el
presente caso hay una demostración de transparencia, pues,
en el proceso, empezando por el sorteo, se han cumplido con
todas las formalidades. La suma pagada es el resultado de un
cálculo actuarial hecho por el Banco, que responde a un
pedido formulado por la actora, en la demanda. No existe
renuncia de derechos. Es cierto que las diversas Salas de lo
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se han pronunciado
en el sentido de que la jubilación debe hacerse por
mensualidades, en forma periódica, a base del principio de la
intangibilidad de los derechos de los trabajadores. En varios
fallos ha desconocido las actas transaccionales, convenios,
liquidaciones,   que     no   han   cumplido    con    determinados
requisitos, precisamente pensando que la jubilación patronal
                                                                80




pertenece al derecho público, pues es el derecho del
trabajador que ha laborado por más de 25 años para un
mismo empleador a que este le pague una pensión jubilar
patronal periódica, mensual por el resto de su vida. Pero,
este   es   un      caso   diferente,   porque     hay   un    acuerdo
transaccional, en un juicio que ha sido aprobado en sentencia
y cumpliendo con todas sus formalidades. Existe además otro
aspecto de fondo: no es posible anular una sentencia dictada
por un Juez, para cuya resolución se cumpliera todas las
formalidades. Conviene recordar la norma del artículo 303 del
Código de Procedimiento Civil, sobre nulidades de sentencia
ejecutoriada. Dicho artículo taxativamente enumera los casos
en los cuales la “sentencia ejecutoriada es nula”. Para ello
debe seguirse una demanda, pidiendo la nulidad de la
sentencia, cuyo trámite esta establecido en dicho Cuerpo de
Leyes. No es posible, por lo mismo, que una sentencia
legalmente emitida, ejecutoriada y ejecutada pueda ser
anulada en un fallo de la Corte Suprema, en un juicio en el
cual no se ha planteado ese punto, porque además, no tiene
ni facultad ni competencia para ello. Segundo: Que la
institución de cosa juzgada es una condición o calidad de los
efectos procesales que el legislador lo configuró en el articulo
301 del Código de Procedimiento Civil, que dice: “La
sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables respecto de
las partes que siguieron el juicio o de sus sucesores en el
derecho. En consecuencia no podrá seguirse nuevo juicio si
hubiere     tanto    identidad    subjetiva,     constituida   por   la
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intervención de las mismas partes, con identidad objetiva,
consistente en que se demanda la misma cosa, cantidad o
hecho, fundándose en la misma causa, razón o derecho”. La
autoridad   de   la   cosa   juzgada   no   tiene   lugar        sino
precisamente con respecto a lo que ha sido objeto del juicio.
Es necesario que la demanda se instaure sobre la misma cosa
y con la misma calidad. Para el Dr. Juan Isaac Lovato, en su
obra Programa Analítico del Derecho Procesal Ecuatoriano,
“La cosa juzgada en sentido sustancial consiste en la
indiscutibilidad de la esencia de la voluntad concreta de la
Ley afirmada en la sentencia”. La cosa juzgada se presume
verdadera y la Ley le da el carácter de irrevocable, no
admitiendo a las partes a probar lo contrario, porque de otro
modo, los pleitos no tendrían fin”. La cosa juzgada es la
fuerza que el derecho atribuye a los resultados procesales,
fuerza traducida en un necesario respeto y subordinación a lo
dicho y hecho en el proceso. “La cosa juzgada en una
institución de aplicación general, necesaria, que en ningún
caso, se interpone con el criterio social y con los principios
del Código del Trabajo. Conviene recordar, adicionalmente, a
un gran tratadista en la obra “Curso de Derecho Procesal”
Fernando Alessandri, al referirse a la cosa juzgada (Pág. 98)
dice: “1) Concepto: Es esencia definitiva la que pone fin a la
instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto
del juicio”. 2) Excepción de cosa juzgada (Pág. 146).
Concepto: La excepción de cosa juzgada es el efecto que
producen determinadas resoluciones judiciales en virtud de la
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cual no puede volver a discutirse entre las partes la cuestión
que ha sido objeto del fallo. 3) Irrevocabilidad de la cosa
juzgada (Pág. 147). La sentencia reglamenta la situación
jurídica de las partes; es el estatuto de las partes; les da
derechos que no pueden ser privados en forma alguna. Este
derecho no puede ser alterado ni por los Tribunales ni por el
legislador sino de acuerdo con los principios establecidos por
la Constitución Política. El legislador mismo no puede
desconocer el derecho que la cosa juzgada da a las partes”.
En conclusión, no hay duda que existe un juicio, una
sentencia ejecutoriada y ejecutada sobre el pago de la
jubilación patronal, que demanda Amparito del Carmen
Espinosa Espinosa a ABN.AMRO-BANK, antes Banco Holandés
Unido que es exactamente idéntico con el que se está
conociendo ahora, por lo mismo, es aceptable la excepción
de cosa juzgada, tomando en consideración, además, que el
fallo dictado por el Juez Primero del Trabajo del Guayas, se
encuentra ejecutoriado y ejecutado. Consecuentemente, esta
Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la
sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior
de Justicia de Guayaquil y rechaza la demanda, por existir
cosa juzgada. Sin costas. Notifíquese.
f) Drs. Camilo Mena Mena.- Julio Jaramillo Arízaga.-
Teodoro Coello Vásquez.

				
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