CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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					      República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

                                CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

                                 SALA DE CASACION LABORAL



                                Magistrada Ponente: ISAURA VARGAS DIAZ

                                Radicación No. 29772

                                Acta No.         57

                                Bogota, D.C. diez (10) de julio de dos mil

                                siete (2007)



                                Resuelve   la   Corte   el   recurso   de    casación

            interpuesto por YOLANDA REGINA BURGOS ALVAREZ contra la

            sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

            Cartagena, el 8 de febrero de 2006, en el proceso que le sigue a la

            CAJA        DE    COMPENSACION      FAMILIAR     DE   FENALCO-     ANDI-

            COMFENALCO.



                                     I. ANTECEDENTES



                                 YOLANDA REGINA BURGOS ALVAREZ demandó a la

            CAJA DE COMPENSACION DE FENALCO –ANDI- COMFENALCO para

            que, previa declaratoria de que entre las partes existió un contrato de
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             trabajo, el cual fue terminado en forma unilateral y sin justa causa por

             la demandada, ya que “mediante constreñimiento, coacciones,

             presiones y amenazas fue inducida y obligada a presentar carta de

             renuncia y a firmar el Acta de conciliación”, que afirmó está viciada de

             nulidad absoluta por tener objeto y causa ilícita, fuera condenada a

             reintegrarla al mismo cargo que venía desempeñando al momento del

             despido y en las mismas condiciones de empleo, o a otro cargo de

             igual o superior categoría y al pago de los salarios dejados de percibir,

             primas, bonificaciones y demás derechos legales y convencionales a

             que      tuviera   acceso,   más   los       aumentos   salariales   legales   y

             convencionales que se causen legalmente o los que se estipulen en las

             convencionales colectivas de trabajo, desde cuando se produjo el

             despido hasta cuando se lleve a cabo el reintegro. De manera

             subsidiaria, pidió que se condene a la demandada a pagarle, en forma

             indexada, la reliquidación de la cesantía y sus intereses, las primas de

             navidad, de servicios y de vacaciones, la indemnización por despido

             injusto, los salarios en especie (alimentación y transporte), los

             aumentos de salarios autorizados por la Junta Directiva, horas extras

             por trabajos en sábados, dominicales y festivos y descansos

             compensatorios, la sanción por mora, lo que resulte probado extra y

             ultra petita, y las costas del proceso.
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                              Para lo que rigurosamente interesa al recurso basta

             decir que fundó las pretensiones en que prestó sus servicios a la

             demandada desde el 27 de enero de 1981 hasta el 19 de abril de

             2000, fecha en la que terminó el contrato de trabajo por “presiones

             y coacciones, siendo víctima de un obrar contrario a derecho, fue

             inducida a presentar carta de renuncia de JEFE ADMINISTRATIVO

             DEL CENTRO RECREACIONAL CONFENALCO, que desempeñaba”;

             que para lograr el retiro y doblegar la voluntad la demandada

             produjo una serie de memorandos con quejas infundadas, insulsas y

             sin ninguna trascendencia legal; que el 17 de abril de 2000 se

             ordenó abrirle investigación, sin que se cumpliera el trámite

             establecido en la convención colectiva de trabajo; que ante las

             diferentes coacciones, presiones y amenazas, fue inducida y

             obligada a firmar el acta de conciliación; que aportaba el 1% de su

             sueldo con destino al Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas

             de Compensación Familiar – SINALTRACAF; y que no le fueron

             ordenados ni practicados los exámenes médicos de retiro.
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                              En la contestación del libelo incoativo, la CAJA DE

             COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO- ANDI- CONFENALCO se

             opuso a la prosperidad de todas y cada una de las peticiones

             formuladas. Propuso las excepciones de renuncia voluntaria,

             transacción, cosa juzgada, prescripción e indebida acumulación de

             pretensiones (folio 168 cuaderno 1).




                              Concluido el debate, el Juez Sexto Laboral del

             Circuito de Cartagena, que fue el de conocimiento, decidió el asunto

             en sentencia de 17 de octubre de 2003 (folios 263 a 271 cuaderno

             1), declarando probadas las excepciones de conciliación y cosa

             juzgada y condenando en costas a la promotora del litigio.




                              II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL




                              La alzada se surtió por apelación de la demandante

             y culminó con la sentencia acusada en casación (folios 13 a 20

             cuaderno 2), mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito
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             Judicial de Cartagena, por medio de su Sala Laboral, resolvió el

             recurso confirmando en su integridad la decisión del A quo, sin

             imponer costas.




                                Para ello, y en lo que en esencia al recurso

             interesa, el juez colegiado luego de analizar el texto de la carta de

             renuncia y el documento         que contiene el acta de conciliación,

             asentó que “si de las consideraciones anteriores se deja entrever la

             posibilidad de que el exempleador le haya solicitado su renuncia a la

             actora, del examen al acta de conciliación ubicado en la foliatura

             mencionada       sólo   puede   deducirse   que   no   hubo   vicio   de

             consentimiento prestado por ambas partes obedeció a un interés

             legítimo y libre de coacciones. Más aún, se ve garantizada esa

             legitimidad cuando la diligencia en cuestión tuvo lugar 5 días

             después de la presentación de la renuncia, tiempo por demás

             suficiente para que el extrabajador hubiese consultado con alguien

             sobre la situación en que supuestamente se encontraba, o para

             haber dejado constancia por cualquier medio de que estaba siendo

             conminada a hacer algo de lo que no tenía intención. Por el

             contrario, en la actuación efectuada ante el departamento Regional
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             de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no aparecen

             en sus declaraciones indicios de presión ejercida por la otra parte,

             sino que aceptó conforme la liquidación de prestaciones hechas por

             la accionada y la bonificación por tiempo de servicios a la entidad.

             Mal hace en acudir posteriormente al órgano judicial para manifestar

             que siempre estuvo presionada, cuando eso no se desprende

             siquiera de su declaración en el interrogatorio de parte absuelto en

             la cuarta audiencia de trámite. Las razones por ella aducidas no

             corresponden con la realidad laboral, porque si bien es cierto que

             dada la difícil situación económica que afronta el país el empleador

             se ubica en una posición ventajosa frente al trabajador, ello no obsta

             para considerarlo como una figura pasiva en la toma de decisiones

             determinantes que directamente lo afecten” (folio 18 ibídem).




                               Posteriormente el juez colegiado copió apartes de

             la sentencia de 3 de octubre de 1995, proferida por esta

             Corporación,     y sostuvo que “no encontrando probada la presión

             argüida por la actora y siendo que del documento comentado se

             desprende claramente que los derechos negociados eran inciertos y

             discutibles, la Sala concluye que la conciliación fue legítima y válida
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             y por ende, las decisiones allí tomadas tiene fuerza de cosa juzgada”

             (ibidem), de donde infirió acertada la decisión del juez al haber

             declarado probada la excepción de cosa juzgada.



                              Como colofón el Tribunal expresó: (i) que el

             ofrecimiento patronal de sumas de dinero a título de bonificación

             son actuaciones legítimas; (ii) que la acción de acuerdo con lo

             dispuesto en la Ley 48 de 1968, se encuentra prescrita; (iii) que la

             liquidación de prestaciones sociales fue conforme a la ley; (iv) que la

             actora ocupó un cargo de dirección, confianza o manejo y por ende

             está excluida de la regulación sobre jornada máxima legal de

             trabajo; y (v) que el fenecimiento del contrato de trabajo fue por

             mutuo consenso, por lo que no procede el reconocimiento de la

             indemnización por despido injusto (folio 19 ibídem).



                              III. EL RECURSO DE CASACION



                              Inconforme     con   la   decisión   la     demandante

             pretende en su demanda (folios 7 a 16 cuaderno 3), que no fue

             replicada, que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en

             sede de instancia, en relación con el fallo de primer grado, lo
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             revoque acogiendo las pretensiones formuladas en el escrito

             inaugural del proceso (folio 15 cuaderno 3).




                              Para tal efecto, le formula un cargo en el que acusa

             la sentencia por ser “violatoria de la Ley Sustancial, por

             interpretación errónea, concretamente por la violación a los artículos

             25 de la C.N. 21 del C.S.T., por falta de aplicación del mismo o

             principio de favorabilidad en concordancia con el 61 No. 1, letra b,

             modificado por la Ley 50 de 1990, e igualmente con los artículos 62

             y 63 modificado por el decreto 2351 de 1965: Parágrafo único, por

             infracción indirecta por haber incurrido en la falta de aplicación del

             mismo artículo 21 mencionado o principio de favorablidad, que

             desmejoró la situación de mi poderdante al darle validez a la

             diligencia de Audiencia de Conciliación celebrada el día 24 de abril de

             2000 y con ello considerando justa la terminación de la relación

             laboral y consecuente con esa postura se impuso la sentencia del

             recurso extraordinario de casación, evitando así la condena que

             contempla el parágrafo único de los artículos 62 y 64 del C. S. T.,

             modificado por el Decreto 2351 de 1965 en su artículo 7º y artículo

             47 subrogado por el Decreto anteriormente citado en su numeral 2
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             en donde se exige que se presente renuncia con antelación de

             treinta (30) días, lo cual no se hizo y el funcionario violando el

             artículo 9º del C. S. T., no protegió al trabajador como era su

             obligación” (folios 14 y 15 cuaderno 3).




                               Inicialmente,   la   censura   en   el    acápite   que

             denomina relación de los hechos acota que “la prueba aportada:

             testimonial, confesional y documental, no cumplió los objetivos para

             los cuales fue planteada y recibida, toda vez que el fallador se alejó

             del principio de la inmediación de la misma sin conseguir obtener su

             verdadero alcance resultando las consecuencias adversas a la

             realidad de los hechos y a los fundamentos de derecho planteados

             en la formulación de la demanda que dio origen al proceso. 7.

             Sostengo lo anterior como secuela necesaria de la lectura de la

             diligencia de interrogatorio de parte absuelta (sic) el día 4 de abril de

             2002 en Audiencia Pública ante el Juzgado 6º Laboral de Cartagena,

             cuando mi poderdante (…) sostuvo no haber presentado renuncia

             afirmando o aclarando dentro de la misma respuesta que el escrito

             lo presentó pero por sugerencia del Dr. RICARDO SEGOVIA BRID,

             representante de la firma demandada, lo que no hizo con libertad
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             (…) En estas condiciones y observando aun más a fondo que las

             declaraciones de las cuales se demuestra la persecución de mi

             patrocinado y los documentos en los cuales se homogenizan los

             hechos         y   pretensiones   reclamadas   hace   que   el   recurso

             Extraordinario de Casación sea acogido por la Honorable Corte

             Suprema de Justicia, dándole la credibilidad a lo sostenido por mi

             representada, ya que no milita prueba en contra (…) cuando la carta

             de renuncia afirma positivamente que esa conducta se asumió por

             solicitud del Director, y lo reafirma mi mandante en el interrogatorio

             de parte practicado ante el señor Juez Sexto Laboral de Cartagena,

             desaparecen los atributos propios del ser y nace a la vida jurídica

             por gestación de un superior el acto viciado de la renuncia que en

             ninguna forma la subsana un acto que es consecuencia directa de la

             conducta del fallador” (folio 10 cuaderno 3).




                                   Posteriormente alude a la Ley 1010 de 2006, de

             acoso laboral y en lo que denomina demostración del cargo asevera

             textualmente la recurrente lo siguiente:
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                              “1. Hubo violación de los derechos de la extrabajadora por
                              parte de la empresa, hechos demostrados con los contratos
                              a término fijo e indefinido.


                              2. Surgieron algunas investigaciones de carácter interno
                              que ponía en tela de juicio su honra (artículo 21 de la
                              Carta).


                              3. El expatrono Dr. Ricardo Segovia Brid, solicitó a mi
                              poderdante la separación del cargo, como bien se dice en el
                              escrito de 19 de abril de 2000, razón por la cual se vio
                              precisada a renunciar, como consecuencia de la solicitud y
                              de las relaciones non (sic) santas que se encontraban en su
                              medio de trabajo, pues, no hubo renuncia al tenor de las
                              normas sustanciales.


                              4. Al momento de realizarse una Audiencia Pública de
                              Conciliación, la causa generadora conservaba su integridad
                              y como tal el vicio del consentimiento, como lo hemos
                              expresado, permanecía intangible e incólume.


                              5. El juzgado con el animo de resolver los hechos en forma
                              precipitada, no tuvo en cuenta que las normas laborales son
                              de orden publico (sic) y por tanto de obligatorio
                              cumplimiento (art 14 C. S. del T.) y fue por ello que olvido
                              (sic) dar aplicación al numeral 2º del artículo 47 del C. S.
                              del T, subrogado por el Decreto 2351 de 1965, artículo 5º,
                              pasando por alto el termino de 30 días que le determina tal
                              norma. Así las cosas, se ha violado la ley y se han
                              quebrantado los derechos de la extrabajadora vulnerando
                              por violación en la interpretación de la ley el artículo 87 No.
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                              1 del C. P. del T y ss, por interpretación errónea de normas
                              contrarias al derecho debatido.


                              6. Si bien es cierto que el a-quo y el Honorable Tribunal, en
                              su errónea interpretación trataron de         demostrar la
                              viabilidad jurídica de la Audiencia de Conciliación, también
                              es cierto y sin pretender demostrar serios conocimientos en
                              hermenéutica jurídica, que se equivocaron en materia
                              grave, porque dieron más importancia a la forma que al
                              fondo, sostener esto, es caminar por la verdad, toda vez
                              que omitieran y repito por errónea interpretación buscar el
                              alcance claro de las normas que se violaron y estaban en la
                              obligación de salvaguardar su integridad. No lo hicieron,
                              presumo de buena fe (artículo 768 CC), que vicia la
                              actuación y se presenta indiscutiblemente el fenómeno de
                              la nulidad contra la sentencia acusada” (folio            15
                              cuaderno 3).



                              IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE



                              Son varios los dislates en que incurre el cargo que

             impiden a la Corte su estudio de fondo. Así se puntualizan:




                              1º) Dada la manera como se plantea el ataque es

             del caso precisar que la “falta de aplicación” es un concepto de

             vulneración no contemplado en el artículo 87 del Código Procesal
      República de Colombia

                                             13                    Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia

             del Trabajo y de la Seguridad Social, pero que la jurisprudencia de

             la Corte de manera reiterada ha asimilado al denominado

             “infracción directa” , que como es ampliamente conocido, es una

             modalidad de violación de la ley que se presenta cuando el

             fallador ignora la disposición o se rebela contra su contenido, y

             por ello exige plena conformidad del recurrente con los supuestos

             de hecho que constituyeron la base esencial de la decisión

             recurrida.




                              2º) Cuando un cargo se propone por la vía

             indirecta, su sustento esencial debe referirse a los supuestos

             errores de hecho cometidos por la sentencia acusada debido a una

             incorrecta valoración probatoria o a la ausencia de estimación de

             determinadas pruebas, cosa que aquí no acontece, porque si

             quiere que la acusación quede debidamente fundada, debe

             exponerse de manera clara qué es lo que la prueba acredita y el

             yerro evidente en su apreciación; demostración que incumbe hacer

             mediante un análisis fáctico razonado y crítico, confrontando la

             conclusión de la resolución judicial y lo que realmente enseñan los

             elementos de juicio, labor que el recurrente omite.
      República de Colombia

                                              14                   Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia




                              3º) Igualmente, de entender que el ataque es por

             la vía directa, constituye un desatino acusar el fallo de ser

             violatorio de la ley sustancial por infracción directa y al mismo

             tiempo por interpretación errónea de idénticas normas (artículo

             21 del Código Sustantivo del Trabajo), submotivos que son

             excluyentes, toda vez que ciertamente no es posible, dado que

             ello riñe con el principio lógico de no contradicción, que se traduce

             en este caso en que si un precepto no se ha interpretado

             correctamente, en relación con él y dentro del mismo ataque, no

             es dable proponer la ausencia de aplicación, dado que aquélla

             presupone necesariamente su empleo.




                              4º) Por otra parte, como ya se dijo aún si se

             entendiera que el cargo esta dirigido la vía directa en la modalidad

             de interpretación errónea, valga anotar que el cargo tampoco

             tendría vocación de prosperidad porque en verdad el Tribunal no

             realizó ninguna labor de exégesis de las normas atacadas.
      República de Colombia

                                                   15                      Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia



                              En sentencia de 13 de agosto de 2003, radicado

             20693, esta Corporación sostuvo que:




                              “La interpretación errónea es una modalidad de violación

                              de la ley que demanda que el juzgador exprese un

                              entendimiento de la norma que no corresponde a su

                              genuino y cabal sentido, por lo que en la sentencia debe

                              aparecer explícita la referencia al precepto que se

                              considera mal interpretado o, al menos, ser indiscutible

                              que así no se haya mencionado, fue utilizado dándole una

                              inteligencia   que    no   corresponde   a     su   verdadera

                              hermenéutica; por ello, en el ataque se deben indicar las

                              razones por las cuales fue incorrectamente comprendida, o

                              cuál es el verdadero sentido que tiene como norma

                              jurídica.”




                              5º) Dice la censura que el Tribunal no apreció el

             acta en la cual quedó plasmado el interrogatorio que absolvió la

             demandante, pero de acuerdo con el art. 195 del Código de
      República de Colombia

                                             16                  Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia

             Procedimiento Civil, para que la manifestación de una de las

             partes pueda tenerse como confesión se requiere que el hecho

             aceptado lo perjudique o al menos releve de prueba a su

             contraparte. En este caso, las afirmaciones de la recurrente

             durante la diligencia de interrogatorio no tienen el carácter de

             confesión sino de una mera declaración de parte, prueba ésta que

             el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 no considera idónea para por sí

             sola fundar error de hecho en casación, pues no es una de las

             calificadas como tal, como sí lo son la inspección judicial, el

             documento auténtico y la confesión judicial.




                              6º) Como se dijo al hacer el compendio de la

             sentencia impugnada, el Tribunal para confirmar la decisión

             absolutoria del juez de primer grado, después de analizar la carta

             de dimisión y el acta de conciliación asentó que “si de las

             consideraciones anteriores se deja entrever la posibilidad de que

             el exempleador le haya solicitado su renuncia     a la actora, del

             examen al acta de conciliación ubicado en la foliatura mencionada

             sólo puede deducirse que no hubo vicio de consentimiento
      República de Colombia

                                              17                   Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia

             prestado por ambas partes obedeció a un interés legítimo y libre

             de coacciones. Más aún, se ve garantizada esa legitimidad cuando

             la diligencia en cuestión tuvo lugar 5 días después de la

             presentación de la renuncia, tiempo por demás suficiente para que

             el extrabajador hubiese consultado con alguien sobre la situación

             en que supuestamente se encontraba, o para haber dejado

             constancia por cualquier medio de que estaba siendo conminada a

             hacer algo de lo que no tenía intención. Por el contrario, en la

             actuación efectuada ante el departamento Regional de Trabajo del

             Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no aparecen en sus

             declaraciones indicios de presión ejercida por la otra parte, sino

             que aceptó conforme la liquidación de prestaciones hechas por la

             accionada y la bonificación por tiempo de servicios a la entidad.

             Mal hace en acudir posteriormente al órgano judicial para

             manifestar que siempre estuvo presionada, cuando eso no se

             desprende siquiera de su declaración en el interrogatorio de parte

             absuelto en la cuarta audiencia de trámite. Las razones por ella

             aducidas no corresponden con la realidad laboral, porque si bien

             es cierto que dada la difícil situación económica que afronta el país

             el empleador se ubica en una posición ventajosa frente al

             trabajador, ello no obsta para considerarlo como una figura pasiva
      República de Colombia

                                             18                  Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia

             en la toma de decisiones determinantes que directamente lo

             afecten” (folio 18 ibídem).




                              Pues bien, la Sala observa que la recurrente no

             ataca la esencia de los argumentos expuestos por el Tribunal, por

             manera que permanecen incólumes y con él, la sentencia conserva

             su presunción de acierto y legalidad, dado que, como es sabido,

             de poco sirve controvertir uno o algunos de los soportes del fallo

             del juez de segundo grado si se dejan libres de ataque otro u

             otros en que también se apoyó. En este último caso, lo cierto es

             que la sentencia se mantiene firme mientras uno solo de los

             razonamientos en que se edifica se mantenga en pie.




                              7º) Con todo, no encuentra la Sala que el juez de

             alzada haya incurrido en yerro probatorio alguno, habida cuenta

             que al adentrarse al estudio del acta de conciliación celebrada por

             los hoy contendientes, basamento de su decisión, brota que: a) la

             terminación del contrato de trabajo fue por mutuo acuerdo; (ii) en

             la audiencia celebrada el 24 de abril de 2000, ante el Inspector de
      República de Colombia

                                             19                  Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia

             Trabajo de Cartagena la actora expresó que “acude a este

             despacho en forma libre y espontánea” (folio 27 cuaderno 1) y “

             que todo lo anteriormente expuesto lo ha dicho en pleno uso de

             sus facultades mentales y en forma libre y voluntaria” (folio 28

             cuaderno 1) , es decir, manifestó su consentimiento puro y simple,

             sin aducir, ante la autoridad administrativa competente, en el acto

             mismo de la conciliación, reparo alguno.




                               Puestas así las cosas, para esta Corporación el

             Tribunal no se equivocó en la valoración de las medios probatorios

             denunciados, porque de ellos no aflora que al momento de la

             firma de la conciliación, Yolanda Regina Burgos Alvarez adoleciera

             de vicio alguno, cuya presencia hubiera tenido la vocación

             suficiente para destruir la libertad y conciencia que la ley

             presupone en el agente para crear, modificar o extinguir

             relaciones jurídicas, y que necesariamente conlleve a declarar la

             nulidad de la conciliación laboral; por el contrario, fluye de los

             mismos el consentimiento voluntario, sano, libre y espontáneo.
      República de Colombia

                                               20                   Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia

                                Por tanto, se impone reiterar lo sostenido por

             esta Sala en el sentido de que no puede calificarse de ilícito el acto

             amigable mediante el cual las partes buscan precaver eventuales

             pleitos poniendo fin de manera total o parcial a sus diferencias

             producto de una relación laboral, pues “para la jurisprudencia la

             conciliación es un instituto jurídico concebido como un acto serio y

             responsable de quienes lo celebren y como fuente de paz y

             seguridad jurídica” (sentencia 11540 del 11 de marzo de 1999).




                                Y recientemente se asentó que “no cualquier

             vicio es suficiente para declarar la nulidad de una conciliación, sino

             que éste debe ser de tal magnitud o característica que brille al

             ojo, por ejemplo, ante una mera y simple lectura del contenido

             del acta” (sentencia de 13 de junio de 2007, radicado 29487).




                              De la mano de todo lo discurrido, el cargo se

             rechaza.
      República de Colombia

                                             21                    Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia

                              En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de

             Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en

             nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO

             CASA la sentencia dictada el 8 de febrero de 2006, por el Tribunal

             Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que

             YOLANDA REGINA BURGOS ALVAREZ            le sigue a     la CAJA DE

             COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO-ANDI- CONFENALCO-.




                              Sin costas en el recurso extraordinario, por

             cuanto no hubo oposición.




                              Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al

             Tribunal de origen.




                                   ISAURA VARGAS DIAZ
      República de Colombia

                                           22                Expediente 29772

Corte Suprema de Justicia




             ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON     GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA




             EDUARDO LOPEZ VILLEGAS                  LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ




                                   CAMILO TARQUINO GALLEGO




                              MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA
                                        Secretaria

				
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