Instituto de Investigaciones Jur�dicas-Tribunal Agrario by j351y7

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									Instituto de Investigaciones Jurídicas-
            Tribunal Agrario

        Curso de nulidades
             agrarias
           Introducción
Concepto y definición del Derecho
Agrario
Extensión del término “agrario”:
La palabra mencionada viene del latín
agrariu, de ager, campo y designa todo lo
relativo al campo. Derecho agrario es,
dentro de tan extenso significado,
solamente el estatuto del campo.
Se refiere a las normas legales que rigen
toda relación jurídica cuyo objeto es la
tierra como propiedad o como fuente
económica      de     carácter   agrícola,
entendiendo este carácter en su más
amplio significado: en cuanto explotación
de la tierra misma o de industrias
inmediatamente      conexas    con    esa
explotación.
Contenido del Derecho Agrario: Se
concreta a las leyes, reglamentos y
disposiciones administrativas referentes a
la propiedad rustica, a la agricultura,
ganadería, silvicultura, aprovechamiento
de aguas, crédito rural, seguros agrícolas,
colonización y planificación agraria.
“De las normas que regulan las relaciones
correspondientes a la agricultura, dice
CARRARA, parte son de derecho privado
y parte son de derecho público. En
consecuencia, la primera distinción que
debe hacerse es la de derecho privado
agrario y la de derecho público agrario”.
La mayoría de las disposiciones legales
agrarias en México pertenecen al Derecho
Público, entre otras:
Las que determinan la intervención del
Estado en la distribución de la Tierra,
Las que dan a la propiedad en general, el
carácter de función social;
Las que le imponen las modalidades de
acuerdo con el interés público;
Las expropiatorias por causa del mismo
interés;
Las que crean las autoridades encargadas
de aplicarlas leyes agrarias, y los órganos
correspondientes;
Las que establezcan las facultades de
aquellas y las reglas de funcionamiento de
estos últimos;
Las que organizan la propiedad agraria
derivada de las leyes de la materia;
Las que regulan la educación agrícola;
Las de defensa agrícola contra plagas,
inundaciones, delitos (abigeato), etc.;
Las que promuevan el progreso de la
agricultura, su planificación, su estimulo y
funcionamiento, y
Las que se refieren a la distribución de la
población agrícola, organización de
colonias. (Mendieta y Núñez Lucio.
Introducción al Estudio de Derecho, 2a.
ed, Porrúa, México, 1996, pp.1, 3, 31-32)
Concepto de Ejido:
La palabra ejido proviene del vocablo
latino exitus, que significa “salida”. Al
consumarse la Conquista en lo que hoy es
nuestro territorio nacional, recibían este
nombre las tierras que se encontraban a
la salida de los pueblos españoles que se
iban fundando.
Durante la Colonia se crearon pueblos
indígenas a los que se les doto de ejidos,
tierras que se fueron perdiendo en virtud
de las leyes de colonización, o bien ante
la obligatoriedad que impuso la Ley de
Desamortización de que las tierras o
ejidos de los pueblos fueran fraccionados
y adjudicados a sus miembros.
El ejido resurgió a propuesta de Luis
Cabrera, quien, en su célebre discurso del
3 de diciembre de 1912, planteó la
necesidad de reconstruir los ejidos.
Definición y Patrimonio:
El ejido puede definirse como una
sociedad     de    interés   social,    con
personalidad jurídica y patrimonio propio,
integrado por el conjunto de tierras, aguas
y bosques y, en general, por todos los
recursos naturales que lo constituyen.
Su finalidad es el mejoramiento de la vida
campesina mediante el uso y la
explotación lícita, integral y respetuosa del
medio ambiente y de las tierras de su
propiedad que hubieren sido entregadas
por dotación o se hayan adquirido
mediante cualquier otro título (Art. 9º. de la
L.A.).
 CONTENIDO DEL DERECHO
   AGRARIO MEXICANO
El contenido de las normas integradoras
del derecho agrario mexicano se
subclasifica en derecho agrario sustantivo
y derecho agrario adjetivo, también
llamado procesal.
Por derecho sustantivo (u objetivo) agrario
se entiende el conjunto de normas impero-
atributivas que darán
origen a la facultad jurídica de la ley, o
derecho subjetivo.
A su vez, esta facultad jurídica permitirá al
ejidatario y comunero reclamar ante los
órganos del Estado la reposición o el
cumplimiento de un derecho. De tal
manera, sus normas jurídicas regulan todo
lo relativo a la propiedad rustica
pecuaria, agrícola y forestal, en sus
formas de tenencia territorial, así como en
lo relativo a su aprovechamiento y
explotación, en su aspecto social; también
comprende el señalamiento de los limites
a la pequeña propiedad y la regulación de
sociedades     propietarias     de    tierras
agrícolas y ganaderas, al igual
que de los terrenos nacionales y de las
colonias agrícolas y ganaderas.
El derecho adjetivo o procesal agrario
regula los actos concatenados o
entrelazados que se derivan del ejercicio
de ese derecho subjetivo, dentro de un
ámbito social;
en otras palabras, el contenido del
derecho procesal es el conjunto de reglas
que disciplinan la participación de las
partes, los terceros y el juzgador, dentro
de un proceso agrario en que se reclame
a un tercero la reposición de un derecho
que ha sido arrebatado (conflicto de
intereses) o en el cual se exija el
cumplimiento de una obligación.
De tal modo, el derecho procesal agrario
regula la jurisdicción agraria, así como los
procedimientos administrativos seguidos
por la Secretaría de la Reforma Agraria y
el Registro Agrario Nacional, y también los
procedimientos de conciliación y arbitrales
seguidos ante la Procuraduría Agraria.
El derecho (objetivo) es: “un conjunto de
normas. Trátase de preceptos impero-
atributivos, es decir de reglas que,
además de imponer deberes, conceden
facultades. El derecho subjetivo es una
función del objetivo. Este es la Norma que
permite o prohíbe aquel, el permiso
derivado de la norma.” (Eduardo García
Máynez)
El derecho agrario contiene normas
jurídicas sustantivas y procesales, es
decir, tanto en el aspecto objetivo como
en el subjetivo, que regulan las relaciones
de los sujetos jurídicos agrarios en cuanto
a sus derechos tutelados por la legislación
agraria, el ejercicio de los mismos y la
solución de los conflictos que surjan al
respecto.
 EL DERECHO PROCESAL
El proceso o derecho de procedimiento,
como también podríamos llamarlo, está
constituido por las reglas mediante las
cuales las partes contenderán ante la
presencia del juzgador, deben garantizar
una verdadera igualdad entre los
contendientes y cuya observancia han de
cumplir tanto los justiciables como el
propio juzgador.
De acuerdo con el Diccionario jurídico
mexicano, el derecho procesal es: “el
conjunto de disposiciones que regulan la
sucesión concatenada de los actos
jurídicos realizados por el juez, las partes
y otros sujetos procesales, con el objeto
de resolver las controversias que se
suscitan con la aplicación de las normas
del derecho sustantivo.
Para Eduardo B. Carlos, el derecho
procesal es: “una ciencia que estudia el
conjunto de las normas jurídicas que
regulan el proceso por cuyo medio el
Estado,       ejercitando     la     función
jurisdiccional, asegura, declara y realiza el
derecho”.
Para Rafael de Pina y José Castillo
Larrañaga, el derecho procesal es: La
disciplina que tiene por objeto el estudio
del sistema de las instituciones mediante
las cuales el Estado cumple una de sus
funciones características, la función
jurisdiccional.
Considerado como una rama de la
legislación, el Derecho Procesal es el
conjunto de normas destinadas a regular
el ejercicio de la función jurisdiccional, a la
constitución de sus órganos específicos y
a establecer la competencia de estos.
Desde el punto de vista socio-jurídico, el
proceso es la relación entre los
gobernantes en su función jurisdiccional, y
los gobernados, en reclamo de justicia.
Atendiendo a la capacidad económica,
social y política del individuo, el Estado
debe garantizar a los mas desprotegidos
igualdad jurídica.
Lo que implica dar un trato preferencial a
los más desvalidos o, lo que es lo mismo,
un trato desigual para los desiguales y un
trato igual para los iguales.
En una contienda judicial se traduce en
justicia conmutativa para los iguales y
justicia distributiva o por compensación
para los desiguales.
Este último principio es el rector del
derecho agrario, el origen, la esencia y el
fundamento de todo tribunal social.
Procesalmente la justicia social es la
acción del juzgador para equilibrar la
desigualdad       jurídica,     económica,
educativa y cultural entre las partes, para
lograr la armonía procesal, por lo que se
denomina justicia por compensación.
Conforme a este principio, surgen
tribunales especializados por materia,
como las juntas laborales o los propios
tribunales agrarios.
El Diccionario jurídico de la UNAM señala
que el derecho procesal social está
orientado por el principio de justicia social
o de “igualdad por compensación”,
según la expresión del procesalista
uruguayo Eduardo J. Couture; además,
dentro de él podemos agrupar las
disposiciones    procesales     laborales,
agrarias y de seguridad social.
Justicia Conmutativa:
Es la relación jurídica entre los sujetos
iguales. De acuerdo con este principio, la
ley no establece diferencias, tal como
sucede en el derecho civil, en el que los
contendientes se encuentran en un plano
de igualdad, de igual a igual (aunque en
realidad en muchos casos no lo sean).
CONCEPTO DE DERECHO
  PROCESAL AGRARIO
Para Luis Ponce de León Armenta el derecho
procesal agrario “es el sistema de normas
jurídicas, principios y valores que regulan las
relaciones humanas que se dan con motivo
de la realización de la justicia agraria, la
integración de los órganos y las autoridades
jurisdiccionales agrarias, su competencia, así
como la actuación de los juzgadores y las
partes en la substanciación del proceso”
Para Gonzalo Armienta Calderón el
derecho procesal o adjetivo es el conjunto
de normas jurídicas que regulan el
proceso (agrario), mediante el cual los
particulares obtienen los medios jurídicos
para ejercitar sus acciones, hacer valer
excepciones y defensas, probar su dicho e
impugnar sentencias, resoluciones o actos
de autoridad.
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
     UNITARIOS AGRARIOS
La competencia ordinaria de los tribunales
unitarios agrarios es otorgada por la Ley
Orgánica de los Tribunales Agrarios, que
dispone en su Art. 18:
Los tribunales unitarios conocerán, por
razón del territorio, de las controversias
que se les planteen con relación a tierras
ubicadas dentro de su jurisdicción,
conforme a la competencia que les
confiere este artículo.
Los tribunales unitarios son competentes
para conocer:
I.- De las controversias por límites de
terrenos entre dos o más núcleos de
población ejidal o comunal, y de éstos con
pequeños propietarios, sociedades o
asociaciones;
II.- De la restitución de tierras, bosques y
aguas a los núcleos de población o a sus
integrantes, contra actos de autoridades
administrativas o jurisdiccionales, fuera de
juicio, o contra actos de particulares;
III.- Del reconocimiento del régimen
comunal;
IV.- De juicios de nulidad contra
resoluciones dictadas por las autoridades
agrarias que alteren, modifiquen o
extingan un derecho o determinen la
existencia de una obligación;
V.- De los conflictos relacionados con la
tenencia de las tierras ejidales y
comunales;
VI.- De controversias en materia agraria
entre       ejidatarios,      comuneros,
posesionarios o avecindados entre sí; así
como las que se susciten entre éstos y los
órganos del núcleo de población;
VII.- De controversias relativas a la
sucesión de derechos ejidales y
comunales;
VIII.- De las nulidades previstas en las
fracciones VIII y IX del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia agraria, así
como las resultantes de actos o contratos
que contravengan las leyes agrarias;
IX.- De las omisiones en que incurra la
Procuraduría Agraria y que deparen
perjuicio   a    ejidatarios, comuneros,
sucesores de ejidatarios o comuneros,
ejidos,      comunidades,       pequeños
propietarios, avecindados o jornaleros
agrícolas, a fin de proveer lo necesario
para que sean eficaz e inmediatamente
subsanadas;
X.- De los negocios de jurisdicción
voluntaria en materia agraria; y
XI.- De las controversias relativas a los
contratos         de       asociación        o
aprovechamiento de tierras ejidales, a que
se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria;
XII.- De la reversión a que se refiere el
artículo 97 de la Ley Agraria;
XIII.- De la ejecución de los convenios a
que se refiere la fracción VI del artículo
185 de la Ley Agraria, así como de la
ejecución de laudos arbitrales en materia
agraria, previa determinación de que se
encuentran apegados a las disposiciones
legales aplicables; y
XIV.- De los demás      asuntos   que
determinen las leyes.
LAS ACCIONES AGRARIAS
En el Art. 18 de la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios se encuentran las
figuras jurídicas que podrían ejercitar los
sujetos agrarios para defender sus bienes
inmuebles.
Entre otras, se incluyen: la controversia
por límites entre ejidos, comunidades y
pequeños propietarios;
la restitución;
El reconocimiento del régimen comunal;
Los juicios de nulidad contra resoluciones
dictadas por autoridades agrarias;
Los conflictos relacionados con la
tenencia de las tierras ejidales y
comunales;
las nulidades previstas en la fracs. VIII y
IX del art. 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia
agraria, así como las resultantes de actos
o contratos que contravengan las leyes
agrarias;
Las omisiones en que incurra la
Procuraduría Agraria y que deparen
perjuicio a ejidos y comunidades, así
como        a     pequeños     propietarios,
avecinados o jornaleros agrícolas;
Las controversias relativas a los contratos
de asociación o el aprovechamiento de
tierras ejidales;
la reversión y la ejecución de convenios y
laudos arbitrales.
La controversia por límites de
          terrenos
Es una controversia entre dos o más
núcleos de población ejidal o comunal, y
de estos con pequeños propietarios,
sociedades o asociaciones, su objeto es
poner término a la disputa suscitada por
limites de terrenos donde se involucren las
tierras de un núcleo agrario.
Se ejercita cuando surge una controversia
respecto de los límites del núcleo agrario,
ya sea por confusión de linderos, por que
se hubiera dado una indebida ejecución
de la resolución presidencial, o por el
propósito indebido de una de las partes de
obtener una superficie mayor a la que le
corresponde.
Esta figura jurídica se determinará
mediante la prueba pericial la superficie
correcta de los predios, los linderos y en
su caso la superficie invadida.
De determinarse una sobreposición de los
terrenos, se resolverá quien tiene un
mejor derecho a la superficie en
controversia, y para ello se seguirán las
reglas impuestas por el art. 803 del
Código Civil Federal, que preceptúa: “Es
mejor la posesión que se funda en título, y
cuando se trata de inmuebles, la que está
inscrita. A falta de título o siendo iguales
los títulos, la más antigua.”
Así, verbigracia, si el ejido A esta
sobrepuesto con el ejido B, se procederá
a estudiar a cuál de ellos corresponde la
resolución presidencial más antigua
respecto de la fecha de su emisión.
Si están en igualdad de tiempo, los títulos
se determinarán sobra la base de la
posesión más antigua.
Si la controversia es entre un núcleo y un
pequeño propietario o sociedad, se
deberá determinar a quién le corresponde
la superficie invadida.
Si la propiedad del núcleo se encuentra
sobrepuesta con la pequeña propiedad,
deberá determinarse si la superficie
controvertida fue incluida en la resolución
presidencial y, si es el caso, la superficie
en controversia será otorgada al núcleo,
a no ser que la autoridad de amparo
resuelva la probable afectación de
garantías,    dado    el    carácter  de
inmodificable que tienen la resolución
presidencial.
En su caso, se ordenara el procedimiento
contencioso o el procedimiento de
exclusión cuando se trate de comunidades
agrarias.
           La Restitución
Es la acción que se inicia con la demanda,
de una comunidad agraria que, habiendo
recibido tierra, bosques y aguas en
propiedad comunal, fue despojada en todo
o en parte de dichos bienes de manera
ilegal, solicitando con fundamento en el
art. 27, fracc. VIII, de la Constitución, que
les sean devueltos.
La restitución de esta clase de tierras fue
uno de los propósitos más firmes del
Constituyente de 1916-1917; en él se cifra
la esencia de la reforma agraria. Mediante
la devolución de tierras se pensaba que la
justicia social llegaría pronta y plenamente
al campo.
La restitución de tierras, bosques y aguas
a los núcleos de población procede contra
actos de autoridades administrativas o
jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra
actos de particulares.
           Acto jurídico
El acto jurídico, como manifestación
unilateral de voluntad emitida en ejercicio
de una función pública que crea, modifica,
transfiere o extingue obligaciones y
derechos, goza de la presunción iuris
tantum de validez.
Quien alegue que no se apega a la
legalidad debe probarlo.
               Nulidad
La palabra nulidad, refiere a cuatro
situaciones: 1. f. Cualidad de nulo; 2. f.
coloq. Persona incapaz, inepta. Rufino es
una nulidad; 3. f. p. us. Vicio que
disminuye o anula la estimación o validez
de algo; 4. f. p. us. Incapacidad, ineptitud.
Por su parte mulo (del latín nullus),
significa: 1. adj. Falto de valor y fuerza
para obligar o tener efecto, por ser
contrario a las leyes, o por carecer de las
solemnidades que se requieren en la
sustancia o en el modo; 2. adj. Incapaz,
física o moralmente, para algo; 3. adj.
ninguno (‖ ni uno solo); 4. adj. Dicho de
un combate de boxeo: Sin vencedor, por
haber conseguido ambos púgiles igual
número de puntos; 5. adj. Mat. Que tiene
valor igual a cero.
Como se advierte la palabra refiere a la
carencia de algo. Desde este punto de
vista, la palabra nulidad tiene un
significado negativo.
         Nulidad jurídica
Para Georges Lutzesco, refiriéndose a la
materia civil, la nulidad es la sanción
inherente a todo acto jurídico celebrado
sin observar las reglas establecidas por la
ley, para asegurar la defensa del interés
general, o para expresar la protección de
un interés privado.
En derecho la nulidad es una situación
genérica de invalidez que provoca que
una     norma,    acto     jurídico, acto
administrativo o acto judicial deje de
desplegar sus efectos jurídicos.
Para que una norma o acto sean nulos se
requiere de una declaración de nulidad,
expresa o tácita.
Tiene por fundamento, proteger intereses
que resultan vulnerados por no cumplirse
las prescripciones legales al celebrarse un
acto jurídico o dictarse una norma. acto
administrativo o judicial.
Antes de la declaración de nulidad, la
norma o acto eran eficaces.
Clasificaciones de la Nulidad
La nulidad puede ser absoluta o relativa.
Es absoluta cuando el acto jurídico carece
de los requisitos de existencia, en este
caso, se afirma que el acto no es
convalidable.
Es relativa cuando el acto jurídico se
encuentra viciado en sus requisitos de
validez, el acto puede ser convalidado
llenando los requisitos legales.
También la declaración de nulidad puede
ser ex nunc (nulidad irretroactiva, aquí se
conservan los efectos producidos por el
acto jurídico antes de la declaración de
nulidad) o ex tunc (nulidad retroactiva, se
revierten los efectos producidos por el
acto jurídico con anterioridad a la
declaración de nulidad).
Nulidad expresa o nulidad virtual.
Nulidad manifiesta o no manifiesta, que
coincide con la nulidad y anulabilidad
respectivamente.
Nulidad total y nulidad parcial.
 Actos nulos y actos anulables. Cuando el
defecto está determinado a priori por
la ley, y el vicio es rígido en la mayoría de
los casos, se trata de actos nulos y de
nulidad manifiesta.
Cuando el acto es afectado por un vicio no
manifiesto y flexible en la mayoría de los
casos, se está ante un acto anulable y de
nulidad no manifiesta.
Nulidad total y nulidad parcial.
La nulidad total afecta a todo el acto, y es
amplia en materia contractual, ya que la
nulidad de una de las cláusulas conduce
generalmente a la nulidad de las demás.
La nulidad parcial afecta a parte del acto,
es requisito indispensable que el negocio
sea divisible, que separadas las
cláusulas nulas el negocio no pierda su
esencia, que conserve su naturaleza y
economía. Es amplia en materia
testamentaria y restringida en materia
contractual.
Además podemos hablar de nulidad
sustanciales y procesales. En las primeras
se demanda que se prive de efectos a un
acto jurídico del que se deriva un derecho
u obligación; en la segunda se demanda
que se retire un acto procesal generado
en contravención a las formalidades del
proceso.
También se habla de nulidad para efectos,
que tiene como finalidad subsanar alguna
omisión en la que incurrió una autoridad al
emitir un acto; y lisa y llana lo que implica
que, salvo las excepciones establecidas
en la ley, la autoridad ya no puede emitir
de nuevo el acto anulado.
Características de la nulidad
Reserva legal: aunque es declarada
judicialmente, los jueces no la crean es
una figura jurídica que debe estar
contenida en la ley.
Es aplicable solamente a actos jurídicos,
sólo ellos son susceptibles de nulidad.
Los vicios del actos tienen que ser
originarios, intrínsecos y esenciales.
       Motivos de nulidad
Ausencia de consentimiento en un acto
jurídico que lo requiera.
Carencia de objeto materia del acto
jurídico.
Incumplimiento de requisitos formales en
un acto jurídico que lo requiera.
Ausencia de causa que da origen al acto
jurídico.
Simulación del acto sin verdadero ánimo
de realizarlo (ius jocandi).
Ausencia de la capacidad de las personas
que realizan el acto: menores de edad o
incapaces.
Objeto ilícito, es decir, está prohibido por
ley.
No debemos olvidar que la nulidad es la
sanción más grave que se puede imponer
a un acto jurídico. Por lo tanto los órganos
jurisdiccionales deben ser muy estrictos a
la hora de interpretar las causas de
nulidad.
        Juicio de nulidad
El juicio de nulidad constituye ya un
verdadero litigio jurisdiccional en el que
las partes se sujetan al imperio de un
órgano contencioso-administrativo, para
establecer la legalidad de un acto de la
administración activa o controvertir la
actuación de la misma, por lo que nos
encontramos       ante       un    proceso
administrativo.
 NULIDAD CONTRA RESOLUCIONES
   DICTADAS POR AUTORIDADES
               AGRARIAS
El diccionario nos da los siguientes
significados de nulidad: 1. calidad de nulo:
la de un documento; 2. Abolición,
Cancelación; 3. Vicio que anula un acto.
Mediante esta figura procesal se faculta a
los tribunales unitarios agrarios para
conocer de los juicios de nulidad contra
resoluciones de las autoridades agrarias
que alteren, modifiquen o extingan un
derecho o determinen la existencia de una
obligación.
En este juicio el accionante deberá
acreditar la violación cometida en su
perjuicio, ya sea durante el procedimiento
que conlleva dicha resolución o que ésta
sea contraria a las leyes agrarias.
La sentencia que pronuncian los
tribunales unitarios agrarios por regla
general se limita a establecer si debe o
no anularse total o parcialmente la
resolución o el acto impugnado.
Las causas por las cuales se puede anular
el acto administrativo de determinada
autoridad agraria son:
Incompetencia del funcionario o empleado
que haya dictado el acuerdo o tramitado el
procedimiento impugnado;
Omisión o incumplimiento de las
formalidades legales;
Vicios del procedimiento que afecten las
defensas del demandante;
Violación de una disposición o por no
haberse aplicado la disposición debida;
En el caso de facultades discrecionales,
cuando la resolución administrativa no
corresponda a los fines para los cuales la
ley confiere dichas facultades.
Como se advierte, los tribunales unitarios
agrarios adquieren características de un
contencioso administrativo al tener la
posibilidad de revisar de las resoluciones
que emitan las autoridades agrarias.
Gonzalo M. Armienta Calderón afirma que
el   proceso     agrario    adquiere    las
características propias de un juicio
contencioso administrativo al señalar:
En otra oportunidad he sustentado que las
fracciones IV y VIII del numeral 18
precitado (Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios), configuran supuestos de un
contencioso administrativo de plena
jurisdicción, donde son parte demandada
tanto la autoridad que dicto la resolución
cuestionada, como el particular al que se
haya favorecido con ella. He dicho sobre
el tema, todavía más: Un contencioso
administrativo      de      características
especiales es el que se instituye con
motivo de las demandas planteadas en
contra de la Procuraduría Agraria, cuando
esta incurre en omisiones que
deparan       perjuicio    a     ejidatarios,
comuneros, sucesores de ejidatarios o
comuneros,        ejidos,     comunidades,
pequeños propietarios, avecindados o
jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo
necesario para que sean eficaz e
inmediatamente subsanadas según reza
la fracción XII del numeral supracitado,
para conocer de la revisión a que se refiera el
artículo 27 de la Ley Agraria, pues en este caso
la demanda habrá de entablarse por el
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
–organismo del sector público federal_ en
contra de la Dependencia o entidad que hubiere
solicitado la expropiación de los bienes ejidales
y comunales por alguna causa de utilidad
pública.
En lo que se refiere a la nulidad contra
resoluciones de las autoridades agrarias y
a propósito de la competencia transitoria,
la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justifica de la Nación resolvió la facultad
competencial a favor de los tribunales
unitarios agrarios para conocer de la
impugnación aun de la ejecución de
resoluciones presidenciales
rotatorias de tierras, a condición de que la
impugnación se realice ante los tribunales
unitarios agrarios y que éstos apliquen las
disposiciones vigentes en el momento de
la realización del acto que se impugne,
siempre que dichos actos no hayan sido
impugnados con anterioridad ni se trate de
actos consentidos.
contradicción de tesis 56/97
TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.
SON COMPETENTES PARA CONOCER
DE LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS DE
AUTORIDADES AGRARIAS DENTRO DE
LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE
RESOLUCIONES     PRESIDENCIALES
DOTATORIAS DE TIERRAS EJIDALES Y
COMUNALES
REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY
ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES
AGRARIOS,    SIEMPRE  QUE    LA
IMPUGNACIÓN SE HAGA UNA VEZ QUE
FUERON     INSTAURADOS,     QUE
CONFORME A LAS DISPOSICIONES
VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE
SURGIERON LOS ACTOS NO FUERON
IMPUGNADOS Y LOS TÉRMINOS
TAMBIÉN PREVISTOS EN DICHAS
DISPOSICIONES         NO     SE     HAYAN
AGOTADO. De conformidad con lo
previsto en la fracción XIX del artículo 27
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, reformada mediante
el decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el seis de enero de mil
novecientos noventa y dos, en los
artículos 1o y 163 de la Ley Agraria y 1o. y
18, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios, corresponde a
los Tribunales Unitarios Agrarios conocer
de la impugnación de
los actos de las autoridades que puedan
alterar, modificar o extinguir la existencia
de un derecho o dirimir conflictos sobre la
tenencia de la tierras ejidal y comunal,
dentro     de     los    cuales     pueden
comprenderse las actuaciones realizadas
dentro de la ejecución o reejecución de
resoluciones presidenciales dotatorias de
tierras, aun de los efectuados con
anterioridad a la entrada en vigor de la
última ley citada, siempre que la
impugnación       se    realice  una     vez
instaurados           dichos         órganos
jurisdiccionales, en virtud de que ahora
corresponde a ellos conocer, a través del
juicio agrario, de dicha cuestiones.
Lo anterior no puede implicar que surja de
nueva cuenta la oportunidad de impugnar
actos pretéritos ya firmes en estas
materas, ya que en todo caso deberá
estarse a lo dispuesto respecto a los
términos en las disposiciones vigentes en
su momento y a que dichos actos no
hayan sido impugnados
anteriormente; así como, por ejemplo, una
resolución agraria que no haya sido
impugnada en amparo oportunamente,
debe reputarse consentida; y aquellas
otras que, habiendo sido reclamadas, si
se sobreseyó el juicio y se negó el
amparo, tampoco puedan reclamarse en
la vía ordinaria ante el Tribunal Agrario
Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Novena Época.
Instancia: Segunda Sala. Tomo VI,
noviembre de 1997. Tesis: 2ª. /J. 56/97.
contradicción de tesis 41/98
TRIBUNALES AGRARIOS. PROCEDE
ANTE ELLOS LA ACCIÓN DE NULIDAD
PREVISTA EN LA LEY QUE LOS RIGE,
AUN CUANDO LOS ACTOS CUYA
NULIDAD   SE   DEMANDA    HAYAN
ACONTECIDO DURANTE LA VIGENCIA
DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE
LA REFORMA AGRARIA.
Es procedente el juicio agrario de nulidad
contra las resoluciones dictadas por las
autoridades    agrarias    que     alteren,
modifiquen o extingan derechos agrarios,
emitidas en la época en que estaba
vigente la Ley Federal de Reforma
Agraria, y que durante su vigencia sólo
podían ser impugnadas mediante el
juicio de amparo indirecto, cuando el
afectado por tales determinaciones tiene
el carácter de tercero extraño al
procedimiento afectatorio y conoce la
existencia de tales actos durante la
vigencia de la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios y de la Ley Agraria,
con motivo de la ejecución en su
perjuicio de la resolución correspondiente;
pues a partir de la entrada en vigor de las
reformas al artículo 27 constitucional,
publicadas en el Diario Oficial de la
Federación de seis de enero de mil
novecientos noventa y dos, los tribunales
agrarios debe admitir y tramitar los juicios
en materia agraria,
que se sometan a su consideración a
partir de la vigencia de dicha ley orgánica;
por tanto, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1o. y 163 de la Ley Agraria
y 1o. y 18, fracción IV , de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios corresponde a
los Tribunales Unitarios Agrarios conocer
de la acción
de nulidad de los actos de las autoridades
agrarias que puedan alterar, modificar o
extinguir derechos agrarios, cuando aquel
que resulte afectado por tales actos, se
ostente como         tercero    extraño    al
procedimiento       afectatorio    y    elija
impugnarlos a través del mencionado
juicio de nulidad, a pesar de
existir a su favor la posibilidad de
combatirlos mediante el juicio de amparo
indirecto. Sin embargo, lo anteriormente
expresado no implica la posibilidad de
atacar actos pretéritos ya firmes en estas
materias, ya que en todo caso deberá
estarse a lo dispuesto, respecto de los
términos previstos en las disposiciones
vigentes en su momento, y a que dichos
actos no hayan sido controvertidos
anteriormente; es decir, una resolución
agraria conocida por el afectado durante
la vigencia de la Ley Federal de Reforma
Agraria, que no haya sido reclamada
mediante el juicio de garantías en
términos del artículo 21 de la Ley de
Amparo, debe reputarse consentida, y
aquellas otras atacadas mediante el juicio
de amparo, en el que se haya sobreseído
o negado la protección de la Justicia
Federal solicitada por el quejoso, tampoco
podrán reclamarse posteriormente, en la
vía ordinaria ante el tribunal agrario.
Instancia:    Segunda        Sala.  Fuente:
Seminario Judicial de la Federación y su
gaceta. Época: Novena Época. Tomo VIII,
julio de 998. Tesis: 2ª. /J. 41/98.
Así, para el conocimiento del asunto se
debe atender a su naturaleza y es
necesario considerar a los tribunales
unitarios     agrarios     abastecidos de
competencia material suficiente para
conocer del negocio jurisdiccional que ha
sido sometido a su potestad, ya que el
calificativo de agrario o no de una
determinada controversia o autoridad
deviene precisamente de su naturaleza
jurídica. Así, la naturaleza de una
controversia se identifica por que la
demanda siempre estará enderezada en
contra de autoridades agrarias o por
ejidos, comunidades y ejidatarios o
comuneros, en lo particular, y en general
por aquellas persona a quienes va
encaminada la protección que brinda la
norma agraria; y por que la sentencia que
deba dictarse puede afectar la validez de
actos realizados por dichas autoridades o
afectar los derechos agrarios de los
indicados sujetos.
    jurisprudencia 73/98
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES
COMPETENTE PARA CONOCER DE
LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR
PROPIETARIOS DE DERECHO CIVIL DE
TIERRAS AGRÍCOLAS, GANADERAS O
FORESTALES,      CUANDO       LA
CONTROVERSIA SEA DE NATURALEZA
AGRARIA.
Por tanto, en el actual sistema agrario
constitucional se establece una función
jurisdiccional, cuya tutela se extiende,
conforme a la mencionada fracción XIX, a
toda la cuestión agraria, con el objeto de
salvaguardar la seguridad jurídica no sólo
de los ejidatarios o comuneros, sino
también la de los propietarios de derecho
civil de tierras agrícolas, ganaderas o
forestales; consideración que se reafirma
en la exposición de motivos de la nueva
Ley Agraria, cuyo texto, en lo que aquí
interesa, dice: "La seguridad de la
tenencia de la tierra es base y
presupuesto de todos los instrumentos de
fomento de las actividades del sector
rural. Sin ella se anulan los esfuerzos de
desarrollo. La inseguridad destruye
expectativas, genera resentimientos y
cancela potencialidades. Esta iniciativa
ofrece seguridad a ejidatarios, comuneros
y pequeños propietarios y la garantiza
mediante un nuevo instrumento de justicia
agraria.”
De lo anterior se colige que la justicia
agraria es extensiva a todas las fuerzas
productivas que integran el campo
mexicano, y resultaría carente de sustento
jurídico estimar que en el nuevo marco
constitucional, sólo se imparta a los
ejidatarios y comuneros y no a los
propietarios de derecho civil de tierras
agrícolas, ganaderas o forestales, pues
éstos también tienen derechos agrarios
que precisan ser garantizados y
respetados contra cualquier acto que los
vulnere. En tales condiciones, están
facultados para producir su defensa ante
los tribunales agrarios. Sin embargo, es
condición indispensable para la
procedencia de los juicios instaurados por
los propietarios de derecho civil ante los
tribunales agrarios, que la controversia
sea precisamente de esa naturaleza y no
genéricamente administrativa o civil, pues
estos últimos casos, se rigen por
disposiciones diferentes; así, la naturaleza
agraria de
una controversia iniciada por estos
propietarios se identifica porque la
demanda siempre estará enderezada en
contra de autoridades agrarias, ejidos,
comunidades y/o ejidatarios o comuneros
en lo particular y porque la sentencia que
debe dictarse puede afectar la validez de
actos realizados por dichas autoridades
y/o los derechos agrarios de los indicados
sujetos.
Instancia:     Segunda     Sala       Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Época: Novena Época. Tomo:
VIII, octubre de 1998. Tesis: 2ª. / J. 73/98.
 La nulidad constitucional (frs. VIII y IX del art.
27) y la nulidad contra actos que contravengan
                las leyes agrarias
 La nulidad prevista por la fracc. VIIl del art.
 27 de la Constitución Política, en el que se
 declaran nulas todas las enajenaciones de
 tierras, aguas y montes pertenecientes a
 los pueblos, rancherías, congregaciones o
 comunidades, efectuadas por los jefes
 políticos, gobernadores de los estados o
cualquier otra autoridad local, en
contravención a lo dispuesto en la ley del
25 de junio de 1856 y demás leyes y
disposiciones relativas.
Esas disposiciones de la Ley de
Desamortización o del 25 de junio de 1856
prevenían que las tierras propiedad de los
pueblos debían fraccionarse y
repartirse entre los propios vecinos y no a
favor de terceras personas.
Lo mismo se disponía en lo que respecta
a todas las concesiones, composiciones o
ventas de tierras, aguas y montes hechas
por las secretarías de Fomento, Hacienda
o cualquiera otra autoridad federal des-de
el primero de diciembre
de 1876 hasta la fecha, con las cuales se
hubieran in-vadido y ocupado ilegalmente
los    ejidos,   terrenos   de    común
repartimiento o cualquiera otra clase,
pertenecientes a los pueblos, rancherías,
congregaciones o comunidades y núcleos
de población, así como todas las
diligencias de apeo o
deslinde, transacciones, enajenaciones o
remates practicados durante el periodo de
tiempo a que se refiere la fracción anterior
por     compañías,    jueces      u   otras
au-toridades de los estados o de la
Federación con los cuales se hayan
invadido u ocupado ilegalmente tierras,
aguas y montes de ejidos, terrenos de
común re-partimiento, o de cualquier otra
clase, pertenecientes a núcleos de
población.
Todo acto de particulares o autoridades
administrativas o judiciales realiza-do
desde el primero de diciembre de 1876 a
la fecha, que atenten contra la pro-piedad
de núcleos agrarios, también
será declarado nulo mediante el
respectivo juicio de nulidad tramitado ante
el Tribunal Agrario correspondiente.
En cuanto a lo dispuesto por la fracc. IX
del art. 27 de la Constitución, la nulidad a
que alude procede respecto de la división
o reparto que se haya hecho con
apariencia de legítimo entre los vecinos
de algún núcleo de población (conforme a
la Ley de Desamortización), en el que
haya habido error o vicio.
La legitimación para promover la demanda
se otorga a tres cuartas partes de los
vecinos que estén en posesión de una
cuarta parte de los terrenos mate-ria de la
división, o de una cuarta parte de
los mismos vecinos cuando estén en
posesión de las tres cuartas partes de los
terrenos. Ejemplo: existe un núcleo agrario
integrado por 100 comuneros y con
superficie de 100 hectáreas. En la primera
hipótesis, para demandar la nulidad se
requieren 75 comuneros asentados en 25
hectáreas; en el segundo caso, 25
comuneros en 75 hectáreas.
La otra hipótesis de nulidad a que se
refiere la fracc. VIII, de la Ley Orgánica de
los Tribunales Agrarios, y a diferencia de
la que expresa la fracc IV del art. 18 del
mismo artículo, es la nulidad de actos y
documentos que contravengan las leyes
agrarias.
En este caso, los tribunales unitarios
agrarios son competentes para conocer
de todos actos y contratos realizados por
cualquier autoridad (sin que sea agraria),
particular, o incluso por los propios sujetos
agrarios, cuando resulten contrarios a las
leyes agrarias.
Al respecto, el Segundo Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito se ha
manifestado en la tesis siguiente:
Tribunales unitarios agrarios. nulidad de
actos y documentos, competencia de los.
De acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 18 fracción VIII de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios,
éstos serán competentes para conocer:
"De las nulidades previstas en las
fracciones VIII y IX del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexi-canos en materia agraria, así
como las resultantes de actos o contratos
que contraven-gan las leyes agrarias"; por
lo tanto, dichos tribunales
no sólo son competentes para conocer de
la nulidad de actos y documentos
celebrados ante autoridades agrarias o
con motivo de la aplicación de leyes en la
materia, sino también de todo acto o
contrato que contravenga las leyes
agrarias, independientemente de que no
se hayan cele-brado ante esa clase de
autoridades.
Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: II, octubre
de 1995.Tesis: VI.2o.21 A.
Así, todo acto o contrato realizado por una
autoridad, un particular o los propios
sujetos agrarios que contravenga las
disposiciones contenidas en la legislación
agraria, será declarado nulo.
La revisión y declaración de nulidad son
competencia de los tribunales unitarios
agrarios.
Respecto de la nulidad, se dice que los
actos que han nacido al mundo jurídico
por reunir las condiciones especiales de
existencia,     pero       defectuosos       o
im-perfectos por no cubrir los requisitos de
validez, como la capacidad, ausencia de
vicios de la voluntad, ilicitud en el objeto y
forma, son nulos.
A estos actos im-perfectos se les conoce
como actos de nulidad relativa. A los que
se realicen en contravención a la norma
legal se les denomina de nulidad absoluta.
También estaremos ante la nulidad
relativa cuando el acto afectado produce
efectos jurídicos en tanto no ha sido
decretada la nulidad que pueda hacer
valer la persona en cuyo favor se haya
establecido, y que los efectos del acto
puedan destruirse por la aplicación
retroactiva de la sentencia en que se
decrete la nulidad.
Así como cuando el acto pretendido de
nulidad pueda convalidarse por
confirmación, ratificación o renuncia, y la
acción pueda prescribir o caducar.
Los actos afectados por nulidad relativa
producen efectos jurídicos en tanto no ha
sido decretada su anulación; una vez
decretada    ésta,     serán    invalidados
re-troactivamente.
En virtud de que se trata de una sanción
impuesta      como      protec-ción    para
determinadas personas, como ya quedó
establecido, sólo éstas podrán ejercitar las
acciones correspondientes para declarar
nulo el acto viciado que las afecta y, en
esa medida, dichos actos podrán
convalidarse        por       confirmación,
prescripción o caducidad.
La nulidad absoluta surge del acto jurídico
realizado en contra del mandato o
prohibición de la ley. El acto carece de
efectos jurídicos y puede invocarlo
cualquier interesado. La acción en que se
haga valer no se extingue ni por re-nuncia,
confirmación, ratificación, prescripción o
caducidad.
En lo que concierne a las diferencias entre
la inexistencia y la nulidad abso-luta en
nuestro sistema jurídico, tal distinción
tiene meros efectos teóricos, por-que el
tratamiento que el propio código da a las
inexistencias es correspondiente a las
nulidades.
Tomo: IV. Parte: SCJN. Tesis: 296. P.
   199 Tesis de Jurisprudencia
NULIDAD       E     INEXISTENCIA.     SUS
DIFERENCIAS          SON     MERAMENTE
TEÓRICAS. Aun Cuando el artículo 2224
del Código Civil para el Distrito Federal
emplea la expresión "acto jurídico
inexistente", en la que pretende basarse la
división tripartita de la invalidez de los
actos jurídicos según la cual se les
agrupa en inexistentes, nulos y anulables,
tal distinción tiene meros electos teóricos,
porque el tratamiento que el propio código
da a las inexistencias, es el de las
nulidades, según puede verse en las
situaciones previstas por los artículos 142
7,143 3, 1434,1826, en relación con el
2950,
fracción III, 2042, 2270 y 2779, en las que,
teóri-camente, se trata de inexistencias
por falta de objeto, no obstante el código
las trata como nulidades, y en los casos
de los artículos 1802, 2182 y 2183, en los
que la falta de con-sentimiento originaría
la inexistencia, pero también el código los
trata como nulidades.
Bonnecase distingue entre nulidad
absoluta y nulidad relativa. Explica que el
acto afectado por la primera viola una
regla de orden público y puede ser
invocada por cualquier interesado.
Dicho acto no puede ser convalidado y la
acción de nulidad es imprescriptible. Por
la segunda, viola una regla de orden
privado y puede ser invocada sólo por
personas determinadas.
El acto puede convalidarse y la acción,
prescribir. También explica que los actos
realizados de un modo imperfecto en
alguno cíe sus elementos orgánicos,
aunque estén completos, produ-ce todos
sus efectos, como si fuera regular,
mientras no hayan sido suspendidos o
destruidos por una sentencia judicial
generalmente       aplicada     en     forma
retroactiva.
El art. 8 del Código Civil Federal establece
que los actos ejecutados contra el tenor
de las leyes prohibitivas o de interés
público serán nulos, excepto
en los casos en que la ley ordene lo
contrario.
En materia agraria, ambos casos, es
decir, tanto la nulidad relativa como la
absoluta, son facultades del conocimiento
de los tribunales unitarios agrarios.
A manera de ejemplo, el art. 80 de la Ley
Agraria establece que los ejidatarios
podrán enajenar sus derechos parcelarios
a otros ejidatarios o avecindados del
mismo núcleo de población.
También dispone que para la validez de la
enajenación a que se refiere ese
artículo, bastará la conformidad por escrito
de las partes ante dos testigos y la
notificación que se realice al Registro
Agrario Nacional, que deberá expedir sin
demora       los     nuevos     certificados
parcelarios.
Por su parte, el comisariado ejidal deberá
realizar la inscripción correspondiente en
el libro respectivo, y el cónyuge y los hijos
del enajenante, en ese orden, gozarán del
derecho del tanto, el cual habrán de
ejercer dentro de un término de 30 días
naturales contados a partir de la
notificación, a cuyo vencimiento caducará
tal derecho. Si no se efectúa la
notificación, la venta podrá anularse.
En consecuencia, si la enajenación no se
realiza por escrito ante dos testigos, habrá
vicios que pueden convalidarse, y sólo
podrán demandar su nulidad las personas
involucradas en el acto.
Si no se notificó el derecho del tanto, la
nulidad sólo podrán invocarla la es-posa o
los hijos del enajenante y puede
convalidarse, de igual manera, dicho acto.
En cambio, si la enajenación se realizó a
favor de una persona no ejidataria ni
avecindada del mismo núcleo, estaremos
ante la presencia de una nulidad absoluta,
la cual podrá invocarse ante los tribunales
unitarios agrarios por cualquier
persona interesada (como la misma
asamblea ejidal o comunal, cualquier
ejidatario, comunero o avecindado del
mismo núcleo agrario); además, se
esta-blece que si la enajenación se realiza
en favor de una persona extraña al ejido,
conforme al art. 84, a ellos también les
corresponde el derecho del tanto o de
preferencia a la enajenación.
En cuanto a la nulidad de resoluciones
dictadas por autoridades agrarias, la
Segunda Sala de la Suprema corte de
Justicia de la Nación determino en la
jurisprudencia 109/99 que también
procedía contra acuerdos emitidos por
dichas autoridades sin que propiamente
tengan el carácter de resoluciones,
siempre y cuando modifiquen o extingan
un derecho o determinen la existencia de
una obligación.
De acuerdo con la Ley Agraria, el juicio
agrario es el conjunto de pasos regulados
jurídicamente con el objeto de sustanciar,
dirimir (averiguar, indagar por medio de la
pruebas) y resolver las
controversias que se susciten con motivo
de la aplicación de la legislación agraria
(González, Navarro Gerardo N. Derecho
Agrario, Ed. Oxford, México 2004.
Págs.13,163,337,338,339,347,351,365,3
66,375,380,396,415,416,430,438,446,44
7,469 y 478).
 Problemática relacionada con el
carácter administrativo de la norma
             agraria
Indudablemente la expansión dentro del
mundo agrario de la norma administrativa
es evidente, pero curiosamente la propia
norma administrativa no cesa de acudir, al
abordar los múltiples campos de la
actividad agraria, a las más puras y
tradicionales instituciones del derecho
Civil. En cualquiera de los Reglamentos
Comunitarios, que es donde se observa una
mayor presencia de la norma administrativa, por
su contenido de mercado, jubilación anticipada,
régimen de retirada de tierras, transformación y
comercialización de productos agrarios, fondos
estructurales, etc., se pueden encontrar
continuas referencias a las diferentes partes del
Derecho Civil (Delgado, De Miguel Juan
Francisco. Derecho Agrario de la Unión
Europea. Editorial Thebook. Pág.: 34
Como se advierte, atendiendo al principio
de legalidad, la autoridad sólo puede
hacer aquello que la ley le permite. Lo que
nos lleva a concluir que las nulidades
agrarias se relacionan con los ámbitos de
ejercicio de derechos y obligaciones
legales, y competencias.

								
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