APROBACI�N DE ACTAS - DOC 20 by 39Fxi9

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									                                  Nº 76-08

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las

ocho horas del nueve de octubre del dos mil ocho.

      Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Chaves, Presidente en

ejercicio; de la licenciada Miriam Anchía Paniagua, el licenciado Marvin

Martínez Fernández y los suplentes licenciada Carmen Aguilar Mora y

Macario Barrantes Ramírez, en sustitución de las licenciadas Lupita Chaves

Cervantes y Milena Conejo Aguilar, por permiso con goce de salario, para

atender asuntos propios del cargo. Asiste también el Director Ejecutivo,

licenciado Alfredo Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS

                                 ARTÍCULO I

      Se aprueba el acta de la sesión N° 72-08 celebrada el 25 de setiembre

último.

      También se aprueba la separata del acta N° 74-08 del 2 de octubre en

curso, artículo LV.

      La licenciada Carmen Aguilar Mora y el licenciado Macario Barrantes

Ramírez, se abstienen de votar por no haber participado en las citadas

sesiones.

CONDOLENCIAS
                                                                             2


                               ARTÍCULO II

      Ante el sentido fallecimiento del señor Álvaro Solano Murillo, padre del

servidor Juan Pablo Solano Sing, Auxiliar Judicial de la Fiscalía de Cañas, se

acuerda expresar las condolencias de la Corte Plena y de este Consejo a don

Juan Pablo y a su estimable familia.

                               ARTÍCULO III

      Con ocasión del sentido fallecimiento de la licenciada Vera Coto

Gaucherand, Jubilada Judicial, se acuerda expresar las condolencias de la

Corte Plena y de este Consejo a su estimable familia.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS

                               ARTÍCULO IV

      En sesión N° 71-08 celebrada el 23 de setiembre último, artículo X, se

conoció la apelación interpuesta por los servidores Víctor Obando Rivera y

Henry Sandoval Gutiérrez, Asistente Judicial y Auxiliar Judicial del Juzgado

Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, por su orden, contra el acto final

dictado por el Tribunal de la Inspección Judicial, número 1129-2007 de las 10

horas 5 minutos, del 21 de diciembre del año pasado y se dispuso: 1.)

Rechazar la nulidad invocada por el señor Henry Sandoval Gutiérrez. 2.)

Confirmar el acto administrativo venido en alzada en cuanto al servidor

Sandoval Gutiérrez. 3.) Confirmar el acto administrativo impugnado en cuanto
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declara con lugar la queja seguida contra Víctor Obando Rivera, variando la

calificación como falta grave, por la que se le impuso ocho días de suspensión

sin goce de salario. 4.) La sanción de revocatoria de nombramiento impuesta

a Sandoval Gutiérrez, regía a partir del 24 de setiembre del año en curso y la

suspensión impuesta al servidor Obando Rivera en el momento que lo

dispusiera su jefatura.

      El señor Henry Sandoval Gutiérrez, a la sazón Auxiliar Judicial del

Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, en nota de 29 de

setiembre último, manifestó lo siguiente:

              “Quien suscribe Henry Sandoval Gutiérrez, Auxiliar Judicial
       del Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, encausado
       bajo el proceso disciplinario número 06-1065-M, me apersono ante
       ustedes a interponer formal recurso              REVISIÓN Y
       RECONSIDERACIÓN, contra la resolución de las ocho horas
       treinta minutos del once de abril del dos mil ocho, basado en los
       siguientes hechos:

               1- Que bajo proceso disciplinario número 06-1065-M, se
       dictó resolución por parte del Tribunal de la Inspección Judicial y
       ratificada por el Consejo Superior, a efecto de que se imponga al
       suscrito la sanción de Revocatoria de nombramiento a partir del día
       24 de setiembre del año en curso, basada en una falta indebida con
       consecuencias graves para un tercero, la cual no se integra a las
       circunstancias del caso que se trata.

             2- Que dicho expediente se tramitó en el Tribunal de la
       Inspección Judicial.

              3- Que la sentencia recurrida carece de todo fundamentación
       legítima que se ajuste a una adecuada aplicación del régimen
       disciplinario.

              4- Que en autos existe una errónea valoración de la prueba y;
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      5- Que la misma contradice las normas aplicables con
respecto a la Ley General de Control Interno.

       6- Yo no tengo la culpa de que esta situación generara con
efectos a terceros, por cuanto el que nada debe, nada teme y yo
actué de buena fe, sin dolo alguno.

       Se aqueja al suscrito la violación de los principios de
objetividad, imparcialidad e igualdad ante las partes, siendo que
tales aseveraciones son totalmente falsas y carentes de todo
fundamento, por cuanto mi actuación como servidor judicial
siempre se apegó a las normas y directrices dictadas por el
Despacho en donde desempeño mis labores. Si bien es cierto como
funcionario público me encuentro sometido al régimen
constitucional y a las Leyes, en lo que respecta a los deberes, no he
cometido falta alguna y de haber sido así, no existe hasta el
momento prueba alguna que me inculpe, siendo que con respecto
a los testimonios ofrecidos por parte de los señores Manuel Briceño
López, Watson Moncada Uzziel y Campos Meza Olman, los
mismos han sido calificados por parte del Tribunal de la Inspección
Judicial como testigos complacientes. Tal situación recurriendo el
suscrito a las Leyes, considero justo y necesario la formulación de
dicho recurso. Durante el transcurso de la presente investigación
dichos testimonios han sido erróneos y por consiguiente los efectos
son fatales.

    CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA FALTA Y
SANCIÓN QUE SE IMPONE:

       Es de su estimable conocimiento que de las faltas y sanciones
que refiere el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
me ha sancionado indebidamente y tal calificación no lleva razón ya
que se desprende de los autos que fue considerado los lineamientos
para la correcta aplicación del debido proceso, sea con la sanción
menos gravosa de conformidad con el orden que se debe seguir en
los diferentes procesos.

       Como todo servidor público y titular SUBORDINADO, tal
calidad me permite ser responsable de los procesos designados para
la correcta tramitación, con autoridad ordenar y tomar decisiones,
siempre y cuando tenga conocimiento el superior jerárquico ejerce
la máxima autoridad dentro del Despacho en este caso. Para tales
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efectos el señor Manuel Briceño tenía total conocimiento de causa
ya que lo que existió fue un acuerdo entre él y el suscrito con
respecto a la tramitación del expediente de marras. Nunca existió ni
referí la ocultación de actuaciones de mi parte, ya que en el acto de
estampar las iniciales que no eran las mías, Briceño tenía
conocimiento de dicho acto. La actuación del suscrito, no ha sido
más que como profesional preparado y disciplinado en el plano
social, sin más limitaciones que las impuestas por el Ordenamiento
Jurídico, se encuentran apegadas al cultivo de los valores éticos de
seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, cortesía y discreción.
Al haber existido una inercia demostrada por parte de las personas
involucradas en el presente proceso, se me achaca la
responsabilidad absoluta de los hechos ocurridos siendo que todas y
cada una de las actuaciones realizadas por el suscrito, se ajustaron a
derecho y en el cumplimiento de mis labores, mismas que fueron
supervisadas por mi superior en todo momento. De acuerdo a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, la sanción que se
me aplica se encuentra desproporcionada. Tómese en consideración
que los hechos probados, únicos para determinar la conducta del
aquí encausado, se indican que se daban una serie de circunstancias
anómalas tales como el intercambio de expedientes entre
compañeros, que por dicha conducta, se me achaca, falta de
transparencia, objetividad, probidad e imparcialidad como
funcionario judicial. Veamos: Si bien es cierto yo tramité dicho
expediente, en qué norma se indica que los expedientes
corresponden a un funcionario en específico, es cierto que habían
políticas en el Despacho, pero bien es sabido y no es para nadie un
secreto, que el Poder Judicial y especialmente los Despachos Civiles
tienen atrasos considerados ya en números conocidos con respecto a
la tramitación de los expedientes. Si bien es cierto yo tramité un
expediente que no me correspondía por rol, ello se hizo únicamente
por ser una costumbre del Despacho, pero sin ningún ánimo de
dolo, pero ello no significa falta de transparencia en mi proceder,
mucho menos conductas que se me endilgan, las cuales devienen en
esta sanción, desproporcionada. Respetables señores, en esta causa
a mi persona me están castigando con las mayores de las penas que
se le dan a un funcionario judicial, totalmente desproporcionada,
toda vez que sí admitió la conducta realizada, pero no fue con dolo
y dicha conducta no tiene nada que ver con el expediente que se
tramitó en el Juzgado II de Mayor Cuantía de San José, como lo dije
antes y lo vuelvo a recalcar, yo no tenía conocimiento de ese asunto,
ni por ninguna razón tenía que tener conocimiento, pero es muy
fácil presumir un dolo donde no lo hubo, ni tampoco se demostró en
                                                                          6


todo el proceso. Es por ello mis estimados señores que solicito
respetuosamente, se me reconsidere la sanción y se me imponga una
menos gravosa, ya que esto me genera un enorme daño psicológico
a mi persona y familiares. No tengo ninguna mancha en mi
expediente personal, tengo dieciocho años de trabajar para tan noble
Institución y todavía esto no me pasa, si, no me pasa, porque se me
castiga, como si yo tuviera algo que ver con lo que sucedió en el
Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía, situación que es
conocida y por consiguiente tramitar en mis deberes como servidor
diligente, un expediente judicial. Recordemos que aquí y porque
nunca lo hubo, se demostró con lo sucedido en el expediente 97-
000396-181-ci, que nunca hubo una conexión, en este proceso no se
pudo demostrar, porque nunca hubo una conexión de mi persona
con las partes, tanto actores como demandados con respecto al
expediente 06-1418-183-ci, que se tramitó en mi Despacho, sea el
Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía. Aquí no se pudo
demostrar, porque nunca lo hubo, una conducta dolosa de mi parte,
y por último, si bien es cierto tramité un expediente que no me
correspondía, ello fue por la diligencia en mi proceder en las labores
asignadas y también ello no implica una complicidad de mi parte de
ninguna especie en la tramitación del proceso. Ahora bien, díganme
respetable Consejo, por el hecho de tramitar un expediente,
conforme lo indica el ordenamiento jurídico, Justicia Pronta y
Cumplida, el cual es un derecho de todos y no siendo asignado a mi
persona, como si la tramitación de los expedientes judiciales es
problema de un servidor o del juez, o del Secretario. No, el
problema es de todos, del Despacho no de una persona en
específico, porque eso si sería imparcialidad, falta de transparencia,
falta de objetividad; por ello que se me castiga con la sanción más
gravosa. Por lo anteriormente indicado, solicito a este honorable
Tribunal del Consejo Superior, se sirva proceder a Revisar y
Considerar la sentencia dictada a fin de que se me de la oportunidad
de variar la misma, ya que en caso contrario me ocasionaría un
trastorno total en mi vida, por cuanto soy una persona de edad
avanzada con cincuenta y siete años de edad y a estas alturas es muy
difícil conseguir trabajo. Apelo a su inteligencia a fin de que revisen
OBJETIVAMENTE y a profundidad la sentencia dictada en mi
contra. Señalo para notificaciones el Fax número 2256-3702.”
                                 -0-
                                                                                7


      Asimismo, el señor Henry Sandoval Gutiérrez, en su expresado

carácter, en nota de 6 de este mes, aportó medio correcto para oír

notificaciones al fax número 2252-3702.

     Vista la revisión y reconsideración interpuestas por el señor Henry

Sandoval Gutiérrez, contra la resolución de las ocho horas treinta minutos del

once de abril del dos mil ocho, que le impone la sanción de revocatoria de

nombramiento a partir del día 24 de setiembre del año en curso. En lo

referente al recurso extraordinario de revisión procede rechazarlo en virtud de

no encontrarse en los supuestos del artículo 353 de la Ley General de la

Administración Pública. El de reconsideración, debe igualmente ser rechazado

ya que las resoluciones que dicte este Consejo en segunda instancia, carecen

de ese recurso (relación de los artículos 83 a contrario sensu y 209 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial).

     Por las razones anteriores, se acordó: Rechazar los recursos planteados.

     El Integrante Macario Barrantes Ramírez, se abstiene de votar.

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS

                                ARTÍCULO V

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8736-DP/10-08 de 1° de octubre en curso, manifestó

lo siguiente:
                                                                            8


              “Con el fin de que se someta a consideración de los
       estimables integrantes del Consejo Superior, respetuosamente le
       remito las diligencias llevadas a cabo por este Departamento en el
       procedimiento de Licitación Abreviada N° 2008LA-000069-
       PROV, promovido para la “Contratación de servicios de
       vigilancia de la Defensa Pública de Hatillo”.

              A dicho concurso no se presentaron ofertas, por lo que la
       citada licitación deviene en infructuosa.”

                                     -0-

      Por las razones indicadas, se acordó: Declarar infructuoso el

procedimiento    de    Licitación   Abreviada    N°    2008LA-000069-PROV,

promovido para la "Contratación de servicios de vigilancia de la Defensa

Pública de Hatillo".

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO VI

      En oficio N° 8402-DP/15-08 de 29 de setiembre último, la máster Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de Proveeduría, comunicó lo

siguiente:

             “En relación con la Licitación Pública N° 2008LN-000025-
       PROV “Compra de microcomputadoras”, se remite a usted la
       documentación adjunta, con el ruego de que sea sometida a
       conocimiento de los miembros del Consejo Superior para lo que
       consideren conveniente resolver.
              El plazo dispuesto para el vencimiento para adjudicar de
       conformidad con la cláusula 2.1.19 del cartel, quedó definido para
       el día 16 de octubre de 2008.
                                                                             9


      Conforme lo disponen los artículos 33 y 36 del Reglamento
Interno de Compras, 42 bis de la Ley de Contratación
Administrativa y 87 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, se determina que:

       PARTICIPANTES:

       Para este concurso, se recibieron las cuatro ofertas siguientes:

      N° 1: P.C. Central de Servicios, S. A., cédula jurídica N° 3-
101-096527.

     N° 2: Consorcio de las empresas Asesoría Inmobiliaria y
Negocios Red Global, S. A., cédula jurídica N° 3-101-344598 y
Alpha Global Comunication, S. A. cédula jurídica N° 3-101-
348439.

      N° 3 Siemens Enterprise Comunications CAM, S. A.,
cédula jurídica N° 3-101-452245.

      N° 4: Componentes El Orbe, S. A., cédula jurídica N° 3-
101-111502-18.

       ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:

       A la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva,
mediante oficio N° 7886-DP/15-08 de 04 de setiembre en curso se
le solicitó el análisis legal de las ofertas presentadas, en el cual en lo
conducente se indicó:

       “A efecto de que se proceda con el estudio legal de las
ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº 2008LN-000025-
PROV, denominada “Compra de microcomputadoras”, adjunto el
correspondiente expediente administrativo.

      Asimismo, sin perjuicio del estudio que se realice por parte
de ese Despacho, en donde se determine tanto la admisibilidad de
las ofertas como cuales defectos u omisiones son subsanables,
producto de la revisión inicial de los documentos aportados, esta
Proveeduría ha advertido lo siguiente:

      N° 1 Central de Servicios P. C., S. A., cédula jurídica N° 3-
101-096527.
                                                                        10




      1. No aportó el timbre de la Ciudad de las Niñas por ¢ 5.00.

      2. La certificación de personería jurídica, en cuanto a los
nombres de los integrantes de la junta directiva sólo se señala la
presidenta y el secretario.

       3. Aportó fotocopia de documento en el que se indica que el
taller se encuentra autorizado por el fabricante y el cartel requiere
que sea documento original o copia certificada.-

     N° 2 Consorcio de las empresas Asesoría Inmobiliaria y
Negocios Red Global, S. A. cédula jurídica N° 3-101-344598 y
Alpha Floral Communication S. A., cédula jurídica N° 3-101-
348439.

      1. No indica la fecha de lanzamiento al mercado y país de
fabricación de los equipos ofertados.

       2. Aportó fotocopia de documento en el que se indica que el
taller se encuentra autorizado por el fabricante y el cartel requiere
que sea documento original o copia certificada.-

      N° 3 Siemens Enterprise Comunications CAM, S. A.,
cédula jurídica N° 3-101-452245.

      1. No aportó la declaración de no encontrarse afecto por la
incompatibilidad del art. 18 Ley 8422 (Ley contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito en la Función Pública).

       2. No manifiesta si requiere exoneración para la entrega de
los equipos o son bienes nacionalizados.

       3. Aportó fotocopia de documento en el que se indica que el
taller se encuentra autorizado por el fabricante y el cartel requiere
que sea documento original o copia certificada.-

      N° 4 Componentes El Orbe, S. A., cédula jurídica N° 3-
101-111502-18.

      1. No aportó la declaración de no encontrarse afecto por la
incompatibilidad del art. 18 Ley 8422 (Ley contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito en la Función Pública).
                                                                        11




       2. Aportó fotocopia de documento en el que se indica que el
taller se encuentra autorizado por el fabricante y el cartel requiere
que sea documento original o copia certificada.-

      En cuanto al criterio técnico de las ofertas, el Licenciado
Marco Barboza Roldán, Jefe de la Sección de Soporte Técnico del
Departamento de Tecnología de la Información mediante el oficio
N° 112-ST-2008, manifestó:

       “En relación con el oficio 7421-DP/14-07 en el cual se
solicita criterio respecto a las propuestas recibidas de las empresas
Central de Servicios P.C. S.A., Asesoría Inmobiliaria y Negocios
Red Global S.A., Siemens Enterprise Comunications CAM S. A. y
Componentes El Orbe, me permito indicar que analizadas las
mismas, así como la valoración de las muestras aportadas, se
concluye:

       1. Las muestras entregadas por las empresas Siemens y Red
Global no se apegan a las ofertas presentadas. En el caso de la
primera, los dos equipos aportados no incluían el teclado y mouse.
Además de lo anterior, una de ellas no incluía la unidad de DVD.
En cuanto a las muestras de la casa comercial Red Global,
físicamente cumplen con la memoria RAM solicitada, pero en el
momento de funcionamiento del equipo, el sistema operativo
reporta una cantidad inferior. Por lo anterior, ambas propuestas
no pueden ser consideradas.

       2. Respecto a las propuestas y muestras de las casas
comerciales Central de Servicios P.C. y Componentes El Orbe,
estas cumplen técnicamente con lo solicitado, por lo que son
susceptibles de adjudicación. En cuanto a los precios, estos se
consideran razonables, conforme a la investigación realizada en
internet, respecto a estos bienes.

       Se anexa el cuadro resultado de la valoración de las ofertas,
así como el acta de las pruebas realizadas, a la cual solamente
asistió el representante de la empresa Componentes El Orbe.”

      ANÁLISIS LEGAL:

      Mediante oficio N° 1542-DE/AL-08 recibido el 11 de
setiembre en curso, la licenciada Itzia Araya García, Asesora Legal
                                                                        12


a. í. de la Dirección Ejecutiva, con el visto bueno del Licenciado
Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, al referirse al estudio legal
de las ofertas recibidas, señaló:

       “Me refiero al oficio # 7886-DP/15-08 de 4 de setiembre del
año en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley,
Jefa a.i. del Subproceso de Licitaciones de ese departamento,
requiriendo el análisis legal de las cuatro ofertas presentadas en la
Licitación Pública N° 2008LN-000025-PROV, cuyo objeto es la
“Compra de microcomputadoras”.

      OFERTA Nº 1.- Central de Servicios P. C., S. A.:

      Cumple legalmente. Los dos primeros aspectos indicados por
ese Departamento son subsanables mediante prevención según lo
dispuesto en el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, por lo que se les debe solicitar que aporten el
timbre respectivo y una personería jurídica que contenga el nombre
de miembros de la Junta Directiva de la sociedad.

        En cuanto al punto tres, el documento aportado es copia
certificada, tal como se desprende de la revisión de los folios 147
vuelto y 161, por lo que la oferente cumple con lo solicitado en el
cartel respectivo (cláusula 4 a. de Condiciones Específicas).

     OFERTA Nº 2.- Consorcio de las empresas Asesoría
Inmobiliaria y Negocios Red Global S. A. y Alpha Global
Communication S. A.:

      Los dos primeros aspectos indicados por ese Departamento
son subsanables mediante prevención.

       Adicionalmente, llama la atención que el número de cédula
jurídica consignado en la personería jurídica de la sociedad Alpha
Global Communication S. A., visible a folio 256 del apartado de
Ofertas, no coincide con el indicado en el acuerdo de consorcio
(folio 326) y la copia de la cédula jurídica respectiva (folio 248);
por lo que se requeriría solicitar aclaración al respecto.

      No obstante, según lo indicado en oficio 112-ST-2008 del 29
de agosto de 2008, de la Sección de Soporte Técnico del
Departamento de Tecnología de la Información, las muestras
aportadas no cumplen con la capacidad de memoria RAM indicada
                                                                         13


en el cartel, por lo que en aplicación de la cláusula 6 del acápite de
muestras del pliego de condiciones, al no tener un desempeño apto
con lo requerido se debe desestimar la oferta.

    OFERTA Nº 3.-           Siemens Enterprise Communications
CAM S. A.:

      No se observan vicios graves que la inhiban de participar al
concurso. Sobre lo consultado por ese Departamento, los tres
puntos señalados pueden ser subsanados mediante prevención
conforme a la normativa referida.

       Adicionalmente, la personería jurídica presentada es una
fotocopia, por lo que se requiere prevenir la presentación de un
documento original o copia certificada, el cual deberá incluir
además el nombre de los integrantes de la Junta Directiva, ya que
la fotocopia aportada sólo indica el nombre del presidente de la
sociedad y los apoderados generalísimos (lo anterior en
cumplimiento de la cláusula 2.1.9 del pliego de condiciones). Valga
aclarar que una vez aportada la personería jurídica, se deberá
verificar que quien suscribe la oferta tiene poder suficiente para
contratar en nombre de la sociedad.

        También se debe prevenir para que aporte declaración
jurada de no encontrarse afectados por las incompatibilidades del
artículo 18 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito en la Función Pública.

       Por último, en relación al criterio vertido por la Sección de
Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de la Información
en oficio 112-ST-2008 supra indicado, se aclara que la omisión en
las muestras por parte de la empresa Siemens Enterprise
Communications CAM S. A., puede ser subsanada mediante
prevención, según el numeral 57 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.

      OFERTA Nº 4.- Componentes el Orbe S. A.:

      Califica legalmente al concurso. Los dos aspectos
consultados por ese Departamento son subsanables mediante
prevención según la normativa referida.
                                                                         14


       La plica no contiene la certificación solicitada en la cláusula
2.1.21 c) en cuanto a encontrarse al día en el pago de las
obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del
Seguro Social, por lo que se debe solicitar su presentación (artículo
65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).”

      ANÁLISIS TÉCNICO:

       Mediante oficio N° 112-ST-2008 del 29 de agosto del año en
curso, el Licenciado Marco Barboza Roldán, Jefe de la Sección de
Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de la
Información, al referirse a las ofertas presentadas, señaló:

       En relación con el oficio 7421-DP/14-07 en el cual se solicita
criterio respecto a las propuestas recibidas de las empresas Central
de Servicios P.C. S.A., Asesoria (sic) Inmobiliaria y Negocios Red
Global S.A., Siemens Enterprise Comunications CAM S. A. y
Componentes El Orbe, me permito indicar que analizadas las
mismas, así como la valoración de las muestras aportadas, se
concluye:

       1. Las muestras entregadas por las empresas Siemens y Red
Global no se apegan a las ofertas presentadas. En el caso de la
primera, los dos equipos aportados no incluían el teclado y mouse.
Además de lo anterior, una de ellas no incluía la unidad de DVD.
En cuanto a las muestras de la casa comercial Red Global,
físicamente cumplen con la memoria RAM solicitada, pero en el
momento de funcionamiento del equipo, el sistema operativo
reporta una cantidad inferior. Por lo anterior, ambas propuestas no
pueden ser consideradas.

      2. Respecto a las propuestas y muestras de las casas
comerciales Central de Servicios P.C. y Componentes El Orbe, estas
cumplen técnicamente con lo solicitado, por lo que son susceptibles
de adjudicación. En cuanto a los precios, estos se consideran
razonables, conforme a la investigación realizada en internet,
respecto a estos bienes.

       Se anexa el cuadro resultado de la valoración de las ofertas,
así como el acta de las pruebas realizadas, a la cual solamente
asistió el representante de la empresa Componentes El Orbe.

                          Central de Servicios    Componentes El Orbe
                                                                          15


                                    PC
Precio                             $790                    $730.04
Plazo de entrega                 Inmediato              3 días hábiles
Certificaciones UL o CSA          Cumple                   Cumple
de EUA
Certificaciones UL o CSA    Cumple                         Cumple
de Canada (sic)
Certificación ISO           Cumple                         Cumple
                        EVALUACIÓN
Precio                        55                             60
Plazo de entrega              10                             10
Certificaciones UL o CSA      10                             10
de EUA
Certificaciones UL o CSA      10                             10
de Canadá (sic)
Certificación ISO             10                              10
 TOTAL EVALUACIÓN             95                             100

        En cuanto a las muestras presentadas por las oferentes, el
  Departamento de Tecnología de la Información elaboró el acta
  correspondiente sobre las pruebas realizadas, en la cual señaló:

                      “ACTA DE VERIFICACIÓN
                   LICITACIÓN 2008LN-000025-PROV
                      San José 29 de agosto de 2008

        Inicia la revisión de las muestras al ser las 10:00 a.m. en
  presencia de Christian Díaz Gacía (sic) de la empresa Componentes
  El Orbe, así como Jorge Ivan (sic) Castillo y Marco Barboza, del
  Departamento de Tecnología de Información. Se procede a revisar
  las muestras aportadas por las diferentes casas comerciales para este
  proceso:

             Red Global, marca DELL, modelo Optiplex 740.
         Resultado: El sistema reporta 1.9GB de memoria. Demás
         características se apegan conforme con lo ofrecido.
             Red Global, marca DELL, modelo Optiplex 755.
         Resultado: El sistema reporta 1.9GB de memoria. Demás
         características se apegan conforme con lo ofrecido.
             Componentes El Orbe, marca HP, modelo dc5850sff.
         Resultado: se apega conforme a lo ofrecido
                                                                      16


           Central de Servicios, marca DELL, modelo Optiplex
       740. Resultado: se apega conforme a lo ofrecido.
           Siemens, marca DELL, modelo Opiplex 740.
       Resultado: La muestra no incluye parlantes, teclado y
       convertidor de video. Por lo anterior no satisface con lo
       establecido por el cartel.
           Siemens, marca DELL, modelo Optiplex 755.
       Resultado: La muestra no incluye unidad de DVD,
       parlantes, teclado y convertidor de video. Por lo anterior
       no satisface con lo establecido por el cartel.

      Finalizan las pruebas al ser las 10:30”

       En adición a lo señalado, dado que de la lectura del acta no
queda claro si las muestras presentadas por el consorcio Asesoría
Inmobiliaria y Negocios Red Global, S. A. y Alpha Floral
Communication S. A. se apegan a los requerimientos solicitados, se
le pidió al Licenciado Barboza Roldán ampliar su criterio técnico,
por lo que mediante correo electrónico de fecha 22 de setiembre en
curso, manifestó: “No cumplen, por cuanto al momento de utilizar
el equipo, la memoria se comparte, por lo que ya no cumpliría con
lo solicitado.”

      PREVENCIONES:

      De acuerdo con lo externado en el informe de la Sección
de Asesoría Legal, se procedió a realizar las prevenciones
respectivas, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma por las
oferentes, a excepción de la empresa Siemens Enterprise
Comunications CAM, S. A., la cual no atendió la prevención
cursada.

      ANÁLISIS DE LOS PRECIOS:

       En cuanto a la razonabilidad del precio ofertado, del
“ANALISIS TÉCNICO” transcrito se concluye que los precios
ofertados por las empresas P.C. Central de Servicios, S. A. con un
precio unitario de $790,00 y Componentes El Orbe, S. A., con un
precio unitario de $730,04, se consideran razonables, conforme lo
manifestó la Sección de Soporte Técnico del Departamento de
Tecnología de la Información.
                                                                        17


       Analizada la disponibilidad presupuestaria y las necesidades
institucionales, resulta factible adquirir una mayor cantidad de
microcomputadoras, por lo que mediante correo electrónico de 26
de setiembre en curso, se le solicitó a la empresa Componentes El
Orbe, S. A., empresa, que como se verá más adelante cumple con
los requerimientos cartelarios y obtiene la mayor calificación al
aplicar el sistema de evaluación previsto en el pliego de
condiciones, analizar la posibilidad de aplicar una mejora en el
precio unitario ofertado, dada la posibilidad de incrementar
significativamente la cantidad de equipos a adquirir, por cuanto en
un inicio se tenía previsto adquirir 525 equipos, pero por los
motivos señalados se podrían adquirir hasta 1.139 micros, a lo que
el señor Juan Barquero Vargas, Apoderado Legal de la empresa
consultada manifestó:

      “(…) hemos evaluado la opción de ofrecerles un descuento
adicional para la licitación de referencia, pero luego del estudio
financiero respectivo no nos es posible mejorar el monto final en
caso de incrementar el número de máquinas a adquirir.

       El motivo por el cual no estamos en capacidad de hacerlo
(sic) es debido principalmente a que mi representada y el fabricante
(sic) hicimos nuestro mayor esfuerzo al presentar nuestra oferta lo
que no nos deja margen para continuar negociando mejoras.”

       ANÁLISIS Y VALORACIÓN:

      Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, se procede seguidamente
a la exposición, análisis y valoración de las circunstancias
concurrentes en el presente procedimiento de contratación.

      Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de cuatros oferentes,
Central de Servicios P. C., S. A., Asesoría Inmobiliaria y Negocios
Red Global, S. A., Siemens Enterprise Comunications CAM, S. A.
y Componentes El Orbe, S. A.

      De conformidad con el criterio emanado por la Sección de
Asesoría Legal, las ofertas califican para una eventual adjudicación,
siempre y cuando resuelvan las prevenciones correspondientes, las
cuales se atendieron en tiempo y forma, a excepción de la empresa
Siemens Enterprise Comunications CAM, S. A., la cual no atendió
                                                                          18


la prevención cursada, por lo que se está enviando copia del
presente oficio al Subproceso de Verificación y Ejecución
Contractual para que se valore la ejecución de la garantía de
participación conforme lo señalado en los artículos 39 y 82 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

      Con base en el criterio técnico y de las pruebas realizadas por
la Sección de Soporte Técnico del Departamento de Tecnología de
la Información a las muestras presentadas, los equipos de las
empresas Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global, S. A. y
Siemens Enterprise Comunications CAM, S. A. no cumplen con los
requerimientos técnicos solicitados, por lo que no pueden ser
consideradas para una eventual adjudicación.

       En virtud de que el presupuesto inicial se basó en un valor
por computadora de $1.173,00 y dada la disponibilidad
presupuestaria para la compra de las microcomputadoras que posee
el Departamento de Tecnología de la Información, el Organismo de
Investigación Judicial, el Ministerio Público, así como la Defensa
Pública y dadas las necesidades de equipos informáticos para
atender de forma eficiente las labores propias que se desarrollan y
así como las necesidades del proyecto de delitos en flagrancia, es
necesario también adicionar la compra de más microcomputadoras
para estas dependencias y así coadyuvar a la prestación de un
servicio de administración de justicia ágil y oportuno. Esto de
conformidad con lo señalado en el artículo 86 del Reglamento de la
Ley de Contratación Administrativa.

      Así las cosas, se procederá a aumentar la cantidad de
microcomputadoras inicialmente requeridas en las cantidades
siguientes, para el Organismo de Investigación Judicial en 57
equipos para un total de 202, para el Ministerio Público se
incrementaría en 90 para un total de 240, para la Defensa Pública en
4 para un total de 56 y para el Departamento de Tecnología de la
Información se incrementaría en 85 para un total de 285.

       En vista de que el Departamento de Proveeduría cuenta con
un presupuesto de ¢145.714.182,60 para la adquisición de equipo de
cómputo, se adquirirán 356 microcomputadoras para el inventario
de distribución de activos fijos que maneja este Departamento, por
lo que el total a adquirir mediante esta licitación pública es de 1.139
microcomputadoras.
                                                                           19


         EVALUACIÓN DE OFERTAS:

          Con base en el criterio técnico emitido por el Departamento
   de Tecnología de la Información, del análisis de las ofertas y de las
   respuestas a las prevenciones cursadas por esta Proveeduría, se
   desprende que el ganador del concurso es la empresa que obtenga el
   mayor puntaje, al considerar dentro del sistema de evaluación los
   siguientes aspectos: precio con un 60%, plazo de entrega con un
   10%, Certificación U.L con un 10%, Certificación C.S.A. o C.U.L
   con un 10% y cumplimiento de la Norma ISO con un 10%, para lo
   cual se presenta el siguiente cuadro:

                              CUADRO N° 1
                Licitación Pública N° 2008LN-000025-PROV
                      “Compra de microcomputadoras”

  Aspectos a evaluar           OFERTA N° 1               OFERTA N° 4
                         P. C. Central de Servicios         EL ORBE
     Precio (60%)               P.U. $790,00               P.U.$730,04
                              P.T. $889.810,00           P.T.$831.515,56
                              ¢503.101.767,20            ¢464.916.979,91
                                   55,40%                    60,00%
Plazo de entrega (10%)           Inmediata                  Inmediata
                                   10,00%                    10,00%
   Certificación U.L              Si cuenta                  Si cuenta
         (10%)                     10,00%                    10,00%
 Certificación C.S.A. o           Si cuenta                  Si cuenta
     C.U.L (10%)                   10,00%                    10,00%
  Cumplimiento de la              Si cuenta                  Si cuenta
   norma ISO (10%)                 10,00%                    10,00%
      TOTALES                      95.40%                     100%
          Tipo de cambio de ¢559,12 del 29-09-2008

         RECOMENDACIÓN:

          De acuerdo con las circunstancias concurrentes en este
   concurso, se concluye que el ganador es la empresa Componentes
   El Orbe, S. A., por cumplir a cabalidad con las condiciones y
   especificaciones del objeto contractual y obtener la mejor
   calificación al aplicar el sistema de evaluación dispuesto en el
   pliego de condiciones.
                                                                          20


       En cuanto al contenido presupuestario, se cuenta con las
Solicitudes de Pedido que se dirán, con cargo a la subpartida
5.01.05 “EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO”, las cuales
cuentan con los fondos suficientes a efecto de atender las
obligaciones que se deriven de esta contratación.

                                                    Monto disponible
Solicitud     Programa         F.F.        I.P.
                                                   para esta licitación
280921            927          280         34          ¢145.714.182,60
281330            927          280         34           ¢17.034.971,40
281333            930          280         34           ¢28.086.000,00
280922            926          280         40           ¢23.110.960,29
280736            926          280         40           ¢65.550.000,00
280965            930          280         25           ¢23.179.720,11
280974            929          280         24           ¢21.962.803,38
280964            929          280         24           ¢90.307.031,00
280963            928          280         23           ¢65.894.381,61
 Total                                                 ¢480.840.050,39

      Así las cosas, se recomienda adjudicar la presente licitación
conforme al detalle siguiente:

     A: Componentes El Orbe, S. A., cédula jurídica N° 3-101-
111502-18.

       Línea única

       Cantidad              Descripción

       1139                Microcomputadoras     marca    Hewlett
                           Packard, modelo H.P. Compaq, dc5850sff
                           Business PC.

       Precio unitario:     $730.04

       Precio total:        $831.515,56

       Plazo de entrega:    Inmediata una vez entregado en Pedido
                            vía fax o en forma personal. Requerirá
                            de trámite de exoneración.

       Garantía técnica:    24 meses contra defectos de fábrica.
                                                                            21


             Demás términos y condiciones conforme al cartel y la oferta.

             El detalle de distribución de estas microcomputadoras por
       cada centro de responsabilidad es el siguiente:

       Departamento de Tecnología de la Información: 285
       microcomputadoras.
       Departamento de Proveeduría (Inventario): 56 microcomputadoras.
       Ministerio Público: 240 microcomputadoras.
       Defensa Pública: 56 microcomputadoras.
       Organismo de Investigación Judicial: 202 microcomputadoras.

             GRAN      TOTAL        RECOMENDADO            ADJUDICAR:
       $831.515,56. (Equivalentes a ¢464.916.979,91 al tipo de cambio de
       ¢559,12 * 1US$ del 29/09/2008).”
                                      -0-

     De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras

del Poder Judicial, 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 87 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la recomendación

formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente

transcrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación Pública N° 2008LN-000025-

PROV conforme al siguiente detalle:

     A Componentes El Orbe, S. A., cédula jurídica N° 3-101-111502-18.

     Línea única

     Cantidad                   Descripción

     1139                       Microcomputadoras marca Hewlett Packard,

                                modelo H.P. Compaq, dc5850sff Business PC.
                                                                           22


      Precio unitario:          $730.04

      Precio total:             $831.515,56

      Plazo de entrega:         Inmediata una vez entregado en pedido vía fax

o en forma personal. Requerirá de trámite de exoneración.

      Garantía técnica:         24 meses contra defectos de fábrica.

      Demás términos y condiciones conforme al cartel y la oferta.

      El detalle de distribución de estas microcomputadoras por cada centro

de responsabilidad es el siguiente:

      Departamento        de   Tecnología     de    la    Información:   285

microcomputadoras.

      Departamento de Proveeduría (Inventario): 356 microcomputadoras.

      Ministerio Público: 240 microcomputadoras.

      Defensa Pública: 56 microcomputadoras.

      Organismo de Investigación Judicial: 202 microcomputadoras.

      Gran total a adjudicar: $831.515,56.

      (Equivalentes a ¢464.916.979,91 al tipo de cambio de ¢559,12 * 1US$

del 29/09/2008)

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO VII
                                                                                 23


      La licenciada Sonia Navarro Solano, Directora del Programa Poder

Judicial- BID, en oficio N° PJ-BID 547-08 de 29 de setiembre último, indicó

lo siguiente:

             “En relación con la Licitación Pública N° 2008LN-000144-01
        “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE
        PARA LA DEFENSA PÚBLICA Y EL MINISTERIO DE
        JUSTICIA, se remite a usted la documentación adjunta, con el
        ruego de que sea sometida a conocimiento de los miembros del
        Consejo Superior para lo que consideren conveniente resolver.

             Conforme lo disponen la Ley del Préstamo 8273, los artículos
        42 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 87 del
        Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se determina
        que:

                PARTICIPANTES:

                Para este concurso, se recibieron las seis ofertas siguientes:

                No.1: IPL Sistemas S.A., cédula jurídica N° 3-101-090056-
        16

             No. 2: SIEMENS, Enterprise Comunications CAM S.A.,
        cédula jurídica N° 3-101-452245

             No. 3: TELERAD, Telecomunicaciones Radiodigitales S.A.,
        cédula jurídica N° 3-101-049635

              No. 4: CONISA, Consorcio de Importación y Exportación
        S.A., cédula jurídica N° 3-101-036807-03

            No.5: Componentes El Orbe S.A., cédula jurídica N° 3-101-
        111502-18


             No. 6: IS productos de Oficina S.A., cédula jurídica N° 3-
        101-059552-20
                                                                                            24


           SOBRE LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS DE
        PARTICIPACIÓN.

              Las empresas        aportaron     las     siguientes    garantías    de
        participación:

      Oferente           Tipo de Garantía             Monto          Custodia      No. documento

IS    Productos    de Depósito                        $180,00    236900-1         90
Oficina S. A.
TELERAD                BAC San José, Carta de         $130,00    BCR 2842         4218264
                       garantía
CONISA                 Banco LAFISE                   $500,00    UEP       Caja 610011975
                                                                 Fuerte
IPL Sistemas           Banco LAFISE               $1,326,00      UEP       Caja 610011992
                                                                 Fuerte
SIEMENS              BAC San José, Carta de       $1,910,00      UEP       Caja 4218282
                     garantía                                    Fuerte
Componentes       EL Banco Cuscatlan              $1,415,00      UEP       Caja GRB0810010934
Orbe                                                             Fuerte


               ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:

              A la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva,
        mediante oficio N° PJ-BID 413-08 de 1 de agosto del año en curso
        se le solicitó el análisis legal de las ofertas presentadas, en el cual en
        lo conducente se indicó:

              “ Con la finalidad de solicitar el criterio legal respectivo, me
        permito remitir las ofertas originales correspondientes a la
        Licitación Pública Nacional No. 2008LN-000144-01 “Adquisición
        de Equipo de Cómputo y Software para la Defensa Pública y el
        Ministerio de Justicia y Gracia”.

               Oferentes:

                      IPL Sistemas
                      SIEMENS
                      TELERAD
                      CONISA
                      El Orbe
                      IS Productos de Oficina”

               ANÁLISIS LEGAL:
                                                                         25




      Mediante oficio N° 1362-DE/AL-08 recibido el 20 de agosto
último, Licda. Ana Patricia Álvarez Mondragón, Jefe de Sección
Asesoría Legal, de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio
legal de las ofertas recibidas, señaló:

      “En atención a su oficio número PJ-BID 413-08 de 1° de
agosto del año en curso, requiriendo el análisis legal de las seis
ofertas recibidas en la Licitación Pública Nacional N°2008LN-
000144-01, denominada “Adquisición de Equipo de Cómputo y
Software para la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia y
Gracia”; me permito referirle lo siguiente:

     OFERTA N° 1.-IPL Sistemas S. A.:

      La oferta cumple desde el punto de vista legal. Presenta las
cédulas de persona jurídica y de identidad del representante legal
sin certificar, aspecto subsanable por medio de prevención (artículo
81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Debe
presentar la siguiente documentación que no consta dentro de la
oferta: personería jurídica (lo que permitirá definir el poder
suficiente de quien suscribe la oferta) con el detalle de la propiedad
de las acciones de la sociedad, certificación de la Caja
Costarricense del Seguro Social de que se encuentra al día en el
pago de las obligaciones obrero patronales (artículo 65 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

      OFERTA N° 2.- Siemens Enterprise Communications CAM
S. A.:

     Cumple legalmente. Omite presentar documentos originales
en cuanto a la personería jurídica aportada y propiedad de las
acciones. Adicionalmente, las copias de la cédula de identidad de
quien tiene la representación de la oferente y de la cédula jurídica
no son certificadas, todo lo cual es subsanable.

      OFERTA N° 3.- Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales
S. A.:

     Califica legalmente al concurso. Dentro de las declaraciones
juradas aportadas en su oferta omitió indicar que no está afectado
por las prohibiciones del artículo 22 bis de la Ley de Contratación
Administrativa.
                                                                       26




   OFERTA N° 4.- Consorcio de Importación y Exportación,
CONISA S. A.:

      Califica legalmente al concurso. Es preciso que presente los
documentos originales en cuanto a la personería jurídica aportada
y propiedad de las acciones. Asimismo se requieren copias
certificadas de la cédula de identidad de quien tiene la
representación de la empresa oferente y de la cédula jurídica de la
sociedad, estos aspectos son subsanables mediante la vía de la
prevención. Se hace la observación de que pese a lo dispuesto en la
cláusula 9 de Condiciones Especiales del Cartel, en la que se indica
que las ofertas deben ser claras sobre el alcance de su propuesta y
no limitarse a indicar solamente "cumplimos" o "entendemos y
aceptamos", esta oferente no cumple esta disposición en muchas de
las cláusulas.

      OFERTA N° 5.- Componentes el Orbe S. A.:

      No se observan vicios graves que la inhiban de participar al
concurso. Debe presentar fotocopias certificadas de la cédula de
identidad de quien tiene la representación de la empresa y de la
cédula jurídica de la sociedad.

      OFERTA N° 6.- I. S. Productos de Oficina Centroamérica S.
A.:

      Legalmente califica al concurso. La omisión de la siguiente
documentación es subsanable mediante la vía de la prevención:
declaraciones juradas de que se encuentra al día en el pago de los
impuestos nacionales y de que no está afectado por ninguna causal
de prohibición de conformidad con los artículos 100 de Ley de
Contratación Administrativa y 22 y 22 bis de su Reglamento, así
como aportar copias certificadas de la cédula de identidad de quien
tiene la representación de la empresa y de la cédula jurídica de la
sociedad. Se hace la observación de que pese a lo dispuesto en la
cláusula 9 de Condiciones Especiales del Cartel, esta oferente no
cumple la disposición en muchas de las cláusulas.

     Por último, dentro de la documentación remitida a esta
Asesoría para el respectivo análisis, no constan los depósitos de
garantía de participación rendidos por los oferentes, lo cual está
contemplado en las cláusulas 10 de los Datos de la Invitación y 17-
                                                                     27


1 de las Disposiciones Reglamentarias, por lo que esa Unidad
Ejecutora deberá verificar este extremo en cuanto al monto y plazo
de la referida garantía”.

     ANÁLISIS TÉCNICO:

     Mediante oficio del 29 de agosto del año en curso, el Master
Fernando Ruiz Elizondo, Asesor de Tecnología de Información del
Programa PJ-BID y la Licenciada María Felicia Zoch Badilla,
Gerente del Componente Defensa Pública, al referirse a las ofertas
presentadas, señalaron:

      “En relación con LICITACION PÚBLICA NACIONAL N.
2008LPN-000144-01 “Adquisición de Equipo de Cómputo y
software para la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia y
Gracia” le informamos sobre los resultados de la evaluación
técnica de las ofertas para las líneas de la 1 a la 10,
correspondientes a la Defensa Pública.

     A)    De las ofertas recibidas

     Las ofertas por evaluar que se recibieron, según el oficio
citado anteriormente, son las siguientes:


          Número de                   Empresa
           Oferta
             1          IPL SISTEMAS
             2          SIEMENS
             3          TELERAD
             4          CONISA
             5          COMPONENTES EL ORBE
             6          IS PRODUCTOS DE OFICINA


     B)    De las prevenciones realizadas

      Con fecha 11 de agosto del 2008 la Gerencia del Proyecto de
Fortalecimiento de la Defensa Pública remitió a la Unidad
Ejecutora, una lista de prevenciones de carácter técnico a las
siguientes empresas participantes: Siemens, Componentes el Orbe,
IS Productos de Oficina e IPL Sistemas.
                                                                         28


     Con fecha 27 de agosto del 2008 se recibió oficio PJ-BID 487-
08 firmado por Rodrigo Arroyo Guzmán, Administrador de la
Unidad Ejecutora, en la cual hace entrega de las respuestas a las
prevenciones solicitadas.

      Con fecha de hoy se recibió el oficio Nº494-08, firmado por la
Licda. Sonia Navarro Solano, directora de la Unidad Ejecutora en el
cual traslada las respuestas a las prevenciones solicitadas a la firma
Siemens.

     C)     Del incumplimiento de los requerimientos solicitados

     LÍNEA 1: DOS (2) IMPRESORAS PARA CARÁTULAS

  1. La oferta #6 de la empresa IS PRODUCTOS DE OFICINA no
cumple con la característica Nº3 requerida para esta línea y que
dice: “Capacidad de impresión por ambas páginas (duplex printing).
Se entiende esto que las impresoras deben contar con opción duplex
automática.”. La empresa ofreció un modelo de impresora que no
cumple con este requisito, de tener capacidad de impresión por
ambas páginas en forma automática, sino que se ofrece en forma
manual. Por lo tanto no cumple con los requerimientos y no se
evalúa.

   LÍNEA 3: TREINTA Y NUEVE (39) UNIDADES PARA
GRABACIÓN DE DISCOS COMPACTOS

      a) La oferta #1 de la empresa IPL SISTEMAS ofreció bienes
cuyo país de origen es Taiwán, que no es aceptado por el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID. Por lo tanto no cumple con los
requerimientos y no se evalúa.

      D) De la aplicación de los criterios de evaluación
estipulados en el cartel

   Los resultados obtenidos al aplicar los criterios de evaluación se
detallan como sigue para cada una de las líneas requeridas en esta
Licitación.

               EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS
                      LÍNEAS 1-10
                    DEFENSA PÚBLICA
                                                                        29


LÍNEA 1: DOS (2) IMPRESORAS PARA CARÁTULAS

      No recomienda adjudicar esta línea a ninguna de las ofertas
evaluadas por cuanto los precios ofrecidos superan en más del 100%
al presupuesto establecido.


LÍNEA 2: VEINTITRES (23) ACCESS POINT

     Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta Nº1 de la
empresa IPL SISTEMAS, al obtener una calificación de 100.00% y
ofrecer el menor precio, la cual fue superior al resto de las ofertas
presentadas. El monto por adjudicar es de $1,196.oo.


LÍNEA 3: TREINTA Y NUEVE (39) UNIDADES PARA
GRABACIÓN DE DISCOS COMPACTOS

      Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta Nº5 de la
empresa COMPONENTES EL ORBE, al obtener una calificación
de 100.00% y ofrecer el menor precio, la cual fue superior al resto
de las ofertas presentadas. El monto por adjudicar es de $4,134.00.

LÍNEA 4: CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) UNIDADES
DE ALMACENAMIENTO USB

     Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta Nº5 de la
empresa COMPONENTES EL ORBE, al obtener una calificación
de 100.00% y ofrecer el menor precio. El monto por adjudicar es de
$3,333.75.

LÍNEA 5: DOS (2) IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA

     Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta Nº5 de la
empresa COMPONENTES EL ORBE, al obtener una calificación
de 100.00% y ofrecer el menor precio. El monto por adjudicar es de
$483,62.

LÍNEA 6: UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

    Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No.6 de la
empresa IS PRODUCTOS DE OFICINA, al obtener una
                                                                          30


calificación de 100.00% y ofrecer el menor precio, la cual fue
superior al resto de las ofertas presentadas. El monto por adjudicar
es de $1,215.00.

LÍNEA 7: UN (1) SISTEMA DE SONIDO

LÍNEA 8: LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT PROJECT
2007

LÍNEA 9: LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT VISIO
2007

LÍNEA 10: LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE
SUITE 3 MASTER COLLECTION

     Para las líneas anteriores: 7, 8, 9 y 10 no se recibieron ofertas.

     Asimismo, la Master Marianella Granados Saavedra, jefe del
departamento de Informática del Ministerio de Justicia, señaló
mediante oficio DINF-286-2008:

      “A fin de que sea adjuntado a la información enviada mediante
oficio DINF-284-2008 del 12-09-2008, le indico que el cuadro de
adjudicación de la citada contratación, para las líneas que
corresponden a este Ministerio, sería el siguiente:

                       Resumen de adjudicación
                 Licitación 2008LN-000144-01PJ-BID
      ITE                 EMPRESA                MONTO $
       M
       11                    Siemens                       11.526,00
       12                    El Orbe                        4.633,20
       15                     Telerad                       1.907,55
       16                    CONISA                          209,00
       20                     Telerad                       1.833,34
       22                    El Orbe                         169,87
       23                    El Orbe                        6.992,00

     PREVENCIONES:
                                                                             31


          Producto de los estudios legal y técnico, se procedió a prevenir
    a las firmas para que corrigiera los errores subsanables y aportara
    documentación complementaria de sus propuestas, para lo cual se
    les concedió un plazo de cinco días hábiles.

          Mediante oficio 30-GPDP-2008, del 11 de agosto de 2008, la
    licenciada María Felicia Zoch Badilla, gerente del Componente de
    la defensa Pública solicito transmitir unas prevenciones para los
    oferentes, que a continuación se detallan:

    LÍNEA 1: DOS (2) IMPRESORAS PARA CARÁTULAS

          Pedir a las empresas oferentes Siemens, El Orbe e IS
    Productos de Oficina que indiquen el número de folio de la oferta
    presentada en donde se encuentre el cumplimiento de la siguiente
    característica solicitada en el cartel y/o se aporte documentación
    técnica que lo demuestre.

     Capacidad para imprimir en papel bristol blanco y amarillo, con
    un tamaño de 9 x 11 pulgadas (22.8 x 27.9 centímetros), con un
    grosor de 23 centésimas de milímetro en bandeja principal.

          Pedir a la empresa Siemens que indique el número de folio de
    la oferta presentada, en donde se encuentre el cumplimiento de la
    cláusula 4.8 del apartado 4. “NORMAS DE ASEGURAMIENTO
    DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN TODAS
    LAS LÍNEAS” de las Condiciones Generales, que dice
    textualmente lo siguiente: “4.8. El oferente deberá contar con el
    respaldo o soporte técnico directo del fabricante de los equipos que
    cotiza. La anterior condición se debe demostrar mediante la
    presentación de un documento original o copia de este certificada
    por notario público.”, o en su defecto aportarlo como respuesta a
    esta prevención.


    LÍNEA2:       VEINTITRÉS (23) “ACCESS POINT”

         Pedir a las empresas oferentes IPL Sistemas y Siemens que
    indique el número de folio de la oferta presentada, en donde se
    encuentre el cumplimiento de la cláusula 4.8 del apartado 4.
    “NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS
    EQUIPOS SOLICITADOS EN TODAS LAS LÍNEAS” de las
    Condiciones Generales, que dice textualmente lo siguiente: “4.8. El
                                                                        32


oferente deberá contar con el respaldo o soporte técnico directo del
fabricante de los equipos que cotiza. La anterior condición se debe
demostrar mediante la presentación de un documento original o
copia de este certificada por notario público.”, o en su defecto
aportarlo como respuesta a esta prevención.

LÍNEA 3: TREINTA Y NUEVE (39) UNIDADES PARA
GRABACION DE DISCOS COMPACTOS

     Pedir a la empresa oferente IPL Sistemas que indique el país
de origen y domicilio del fabricante(s) de los productos ofrecidos
para esta línea.

      Pedir a las empresas oferentes IPL Sistemas y El Orbe que
indique el número de folio de la oferta presentada, en donde se
encuentre el cumplimiento de la cláusula 4.8 del apartado 4.
“NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS
EQUIPOS SOLICITADOS EN TODAS LAS LÍNEAS” de las
Condiciones Generales, que dice textualmente lo siguiente: “4.8. El
oferente deberá contar con el respaldo o soporte técnico directo del
fabricante de los equipos que cotiza. La anterior condición se debe
demostrar mediante la presentación de un documento original o
copia de este certificada por notario público.”, o en su defecto
aportarlo como respuesta a esta prevención.

LÍNEA  4:   CUATROCIENTAS  CINCUENTA    (450)
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO USB (LLAVE MAYA)

      Pedir a la empresa oferente El Orbe que indique el país de
origen y domicilio del fabricante(s) de los productos ofrecidos para
esta línea. Asimismo, que indique el número de folio de la oferta
presentada, en donde se encuentre el cumplimiento de la cláusula
4.8 del apartado 4. “NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN TODAS LAS
LÍNEAS” de las Condiciones Generales, que dice textualmente lo
siguiente: “4.8. El oferente deberá contar con el respaldo o soporte
técnico directo del fabricante de los equipos que cotiza. La anterior
condición se debe demostrar mediante la presentación de un
documento original o copia de este certificada por notario público.”,
o en su defecto aportarlo como respuesta a esta prevención.

LÍNEA 6: UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
                                                                       33




     Pedir a la empresa oferente IS Productos de Oficina que
indique el número de folio de la oferta presentada en donde se
encuentre el cumplimiento de la siguiente característica solicitada
en el cartel, la cual debe ser en forma automática y/o se aporte
documentación técnica que lo demuestre.

      Impresora

      Impresión a doble cara.

      Asimismo, que indique el número de folio de la oferta
presentada en donde se encuentre el cumplimiento de las siguientes
características solicitadas en el cartel y/o se aporte documentación
técnica que lo demuestre.

       C.     Fax

     1. Marcación rápida de al menos 60 números
     2. Marcación de grupos de al menos 60 números.

       Mediante oficio DINF, del 29 de agosto de 2008, la
    Master Marianella Granados Saavedra, solicita las siguientes
    prevenciones:

              Ítem 11 Seis (6) Computadoras PORTÁTILES

       Observaciones para SIEMENS:

       El oferente incumple con el punto 2.4 del apartado de
    “Soporte Técnico”, ya que no indica detalladamente el precio
    de mantenimiento del equipo, solo indica un valor porcentual
    del mismo.

       Debe indicar que el equipo cuenta con lo solicitado en los
    puntos 13 y 16 de las especificaciones técnicas del equipo, lo
    anterior por cuanto estos elementos no se pueden comprobar
    mediante el la literatura técnica aportada.

       Ítem 12 Cinco (5) Computadoras de Escritorio

       Observaciones para SIEMENS:
                                                                34


   El oferente incumple con el punto 2.4 del apartado de
“Soporte Técnico”, ya que no indica detalladamente el precio
de mantenimiento del equipo, solo indica un valor porcentual
del mismo.

   Debe indicar que el equipo cuenta con lo solicitado en el
punto 16 de las especificaciones técnicas del equipo, lo
anterior por cuanto estos elementos no se pueden comprobar
mediante el la literatura técnica aportada.

   Observaciones para El Orbe:

   Dentro de la carta del fabricante hace falta especificar
dentro de la misma que tanto los equipos ofertados
(Computadoras, servidores e impresoras) como los
suministros son totalmente nuevos y no contienen partes
reconstruidas o reparadas.

   Debe indicar que el equipo cuenta con lo solicitado en el
punto 16 de las especificaciones técnicas del equipo, lo
anterior por cuanto estos elementos no se pueden comprobar
mediante el la literatura técnica aportada.

   Ítem 15 Tres (3) Impresoras Tecnología Láser a Color

   Observaciones para El Orbe:

   Dentro de la carta del fabricante hace falta especificar
dentro de la misma que tanto los equipos ofertados
(Computadoras, servidores e impresoras) como los
suministros son totalmente nuevos y no contienen partes
reconstruidas o reparadas.

  Ítem 16 Una (1) Impresora de Inyección de Tinta a
Color

   Observaciones para CONISA:

   Dentro del precio establecido para el producto ofertado se
incluyo el impuesto de ventas (13%) al mismo.

    Falta carta del Fabricante por parte de la empresa EPSON,
dirigida a la Unidad Ejecutora, Préstamo Corte BID
                                                                  35


1377/OC-CR, del Poder Judicial, indicando que la empresa
CONISA es distribuir autorizado de equipos y suministros
originales EPSON, además de que cuentan con la garantía y
respaldo de la empresa, además de indicar que tanto los
equipos ofertados (Impresoras) como los suministros son
totalmente nuevos y no contienen partes reconstruidas o
reparadas.

   Falta original o copia de documento donde demuestran
que los equipos ofrecidos (marca y modelo) cumplen con los
requerimientos de la clase B de la norma FCC (Federal
Communications Comission) para el equipo ofrecido.

   Falta original o copia de documento donde demuestre que
los equipos ofrecidos (marca y modelo) cumplen con la
certificación HCL de Microsoft para el equipo ofrecido.

   Ítem 20 Una (1) Impresora Multifuncional

   Observaciones para Telerad:

   Dentro del panfleto proporcionado por la empresa oferente
se indica que la garantía del producto ofrecido es de un (1)
año y no de 24 meses como se solicita.

   Debe indicar que el equipo cuenta con lo solicitado en los
puntos 3, 5, 6, 7, 8, y 9 de las especificaciones técnicas del
equipo, en lo que respecta al fax. Lo anterior por cuanto estos
elementos no se pueden comprobar mediante el la literatura
técnica aportada.

   Debe indicar que el equipo cuenta con lo solicitado en los
puntos 3 y 4 de las especificaciones técnicas del equipo, en lo
que respecta al escaner. Lo anterior por cuanto estos
elementos no se pueden comprobar mediante el la literatura
técnica aportada.

    Debe indicar que el equipo cuenta con lo solicitado en el
punto 5 de las especificaciones técnicas del equipo, en lo que
respecta las características generales. Lo anterior por cuanto
estos elementos no se pueden comprobar mediante el la
literatura técnica aportada.
                                                                  36


   Observaciones IS Productos de Oficina:

   Dentro del panfleto proporcionado por la empresa oferente
no se indica la vigencia de la garantía.
Debe indicar que el equipo cuenta con lo solicitado en los
puntos 5, 6, 7 y 8 de las especificaciones técnicas del equipo,
en lo que respecta al fax. Lo anterior por cuanto estos
elementos no se pueden comprobar mediante el la literatura
técnica aportada.

   Debe indicar que el equipo cuenta con lo solicitado en el
punto 5 de las especificaciones técnicas del equipo, en lo que
respecta al escaner. Lo anterior por cuanto estos elementos
no se pueden comprobar mediante el la literatura técnica
aportada.

    Debe indicar que el equipo cuenta con lo solicitado en los
puntos 1, 6, 7 y 8 de las especificaciones técnicas del equipo,
en lo que respecta las características generales. Lo anterior
por cuanto estos elementos no se pueden comprobar mediante
el la literatura técnica aportada.

   Ítem 22 Diez (10) Unidades de Almacenamiento USB

   Observaciones IPL:

   No presenta carta del fabricante indicando que la empresa
oferente es distribuidor autorizado del producto ofrecido,
además de indicar en la misma que tanto el producto ofertado
como los suministros son totalmente nuevos y no contienen
partes reconstruidas o reparadas.

   Falta original o copia del registro de la serie ISO 9000 y/o
14000, vigente con la misma razón social del fabricante,
certificada por una empresa reconocida por ISO para el
producto ofrecido.

   Falta original o copia de documento donde demuestran
que los equipos ofrecidos (marca y modelo) cumplen con los
requerimientos de la clase B de la norma FCC (Federal
Communications Comission) para el producto ofrecido.
                                                                  37


   Falta original o copia de documento donde demuestre que
los equipos ofrecidos (marca y modelo) cumplen con la
certificación HCL de Microsoft para el producto ofrecido.

   Observaciones para El Orbe:

   La empresa no aporto dentro de la oferta original o copia
de un panfleto con las especificaciones técnica acerca del
producto ofrecido.

   No presenta carta del fabricante indicando que la empresa
oferente es distribuidor autorizado del producto ofrecido,
además de indicar en la misma que tanto el producto ofertado
como los suministros son totalmente nuevos y no contienen
partes reconstruidas o reparadas.

   Falta original o copia del registro de la serie ISO 9000 y/o
14000, vigente con la misma razón social del fabricante,
certificada por una empresa reconocida por ISO para el
producto ofrecido.

   Falta original o copia de documento donde demuestran
que los equipos ofrecidos (marca y modelo) cumplen con los
requerimientos de la clase B de la norma FCC (Federal
Communications Comission) para el producto ofrecido.

   Falta original o copia de documento donde demuestre que
los equipos ofrecidos (marca y modelo) cumplen con la
certificación HCL de Microsoft para el producto ofrecido.

   Ítem 23 Un (1) Servidor para Siap

   Observaciones Siemens:

    Debe indicar que el equipo cuenta con conector serial, si
posee al menos 7 puertos USB 2.0, si la tarjeta de red está
integrada a la tarjeta madre. Lo anterior por cuanto estos
elementos no se pueden comprobar mediante el la literatura
técnica aportada.

   Observaciones para El Orbe:
                                                                             38


    Dentro de la carta del fabricante hace falta especificar
 dentro de la misma que tanto los equipos ofertados
 (Computadoras, servidores e impresoras) como los
 suministros son totalmente nuevos y no contienen partes
 reconstruidas o reparadas.

    Debe indicar que el equipo cuenta con al menos 7 puertos
 USB 2.0, si poseen 5 Discos Duros de 146GB a 10,000RPM,
 Serial Attached SCSI 3GBps de 2,5 pulgadas, con la opción
 de Hot Plug. Lo anterior por cuanto estos elementos no se
 pueden comprobar mediante el la literatura técnica aportada.

    Las empresas respondieron a lo solicitado en tiempo y
 forma y sus respuestas fueron remitidas al componente según
 correspondía para que se continuara con la revisión del ajuste
 de las ofertas con los términos del cartel.

    ANÁLISIS DE LOS PRECIOS:

Línea No. 1 DOS (2) IMPRESORAS PARA CARÁTULAS

                   Concepto                SIEMENS                  CEO
     Precio Unitario                        4.159,00              4.229,54
     Precio Línea                           8.318,00              8.459,08

     No se recomienda su adjudicación por cuanto los precios
superan al presupuesto establecido en más del 100%.

    Línea 2: VEINTITRES (23) ACCESS POINT

                   Concepto              IPL SISTEMAS             SIEMENS
     Precio Unitario                          52,00                 107,00
     Precio Línea                           1.196,00               2.461,00

   Línea 3: TREINTA Y NUEVE (39) UNIDADES PARA
GRABACIÓN DE DISCOS COMPACTOS

                   Concepto               CONISA              CEO
     Precio Unitario                       169,56            106,00
     Precio Línea                         6.612,84          4.134,00

   Línea 4: CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) UNIDADES DE
ALMACENAMIENTO USB
                                                                            39


                        Concepto                       CEO
           Precio Unitario                             7,41
           Precio Línea                              3.333,75

      No se recomienda su adjudicación por cuanto el precio
cotizado es inaceptable por considerarse precio ruinoso.

      Línea 5: DOS (2) IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA

                       Concepto                       CEO
           Precio Unitario                           241,81
           Precio Línea                              483,62

Línea 6:   UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

                                                              IS PRODUCTOS DE
                       Concepto            TELERAD            OFICINA
           Precio Unitario                  2.215,46          1.215,00
           Precio Línea                     2.215,46          1.215,00

LÍNEA 11: 6 COMPUTADORAS PORTÁTILES

                               Concepto                SIEMENS
                 Precio Unitario                        1.921,00
                 Precio Línea                          11.526,00

LÍNEA 12: 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

                 Concepto                 El Orbe               SIEMENS
   Precio Unitario                         926,64                1.304,00
   Precio Línea                           4.633,20               6.520,00

LÍNEA 15: 3 IMPRESORAS TECNOLOGÍA LASER A COLOR

                  Concepto                Telerad                El Orbe
    Precio Unitario                        635,85                 924,85
    Precio Línea                          1.907,55               2.774,55

LÍNEA 16: 1 IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR

                              Concepto                CONISA S.A.
                Precio Unitario                         209,00
                Precio Línea                            209,00

LÍNEA 20: 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
                                                                               40



                                                           I.S. PRODUCTOS DE
                Concepto                 TELERAD S.A.            OFICINA
   Precio Unitario                         1.833,34               5.933,00
   Precio Línea                            1.833,34               5.933,00

LÍNEA 22: 10 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

                Concepto                   EL ORBE            IPL SISTEMAS
   Precio Unitario                           169,87               190,00
   Precio Línea                             1.698,70             1.900,00

LÍNEA 23: 1 SERVIDOR PARA EL SIAP

                Concepto                   EL ORBE
  Precio Unitario                           6.992,00
  Precio Línea                              6.992,00

Las siguientes líneas se recomienda declararlas desiertas, debido que sus
precios son inaceptables:

LÍNEA 1: DOS (2) IMPRESORAS PARA CARÁTULAS

LÍNEA 4:  CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) UNIDADES DE
ALMACENAMIENTO USB (LLAVE MAYA)

Las siguientes líneas se recomienda declararlas infructuosas, debido que
ninguno de los oferentes cotizó:

LÍNEA 7: UN (1) SISTEMA DE SONIDO

LÍNEA 8: LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT PROJECT 2007

LÍNEA 9: LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT VISIO 2007

LÍNEA 10: LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE 3
MASTER COLLECTION

LÍNEA 13: 2 CAMARAS DE VIDEO DIGITAL

LÍNEA 14: 1 PROYECTOR MULTIMEDIA

LÍNEA 17: 2 MONITORES PANTALLA PLANA

LÍNEA 18: 1 MONITOR DE PLASMA

LÍNEA 19: 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES
                                                                         41




LÍNEA 21: 4 CAMARAS WEB.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN:

      Una vez vencido el plazo para la recepción de las respuestas a
las prevenciones realizadas, los equipos de profesionales encargados
de la evaluación técnica de las ofertas, procedió a conformar dicho
estudio conforme la Metodología de Calificación contenida en el
cartel del concurso, documento aprobado por la representación del
BID (en oficio CID/CCR/714/2008) y por la Dirección Ejecutiva
mediante Resolución No. 1320-08.

      Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y
técnico, detallados en los párrafos anteriores, se procede
seguidamente a la valoración de las circunstancias concurrentes en
el presente procedimiento de contratación.

     Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de seis oferentes;
IPL Sistemas S.A., SIEMENS, Enterprise Comunications CAM
S.A., TELERAD, Telecomunicaciones Radiodigitales S.A.,
CONISA, Consorcio de Importación y Exportación S.A.,
Componentes El Orbe S.A., IS productos de Oficina S.A.

     De conformidad con el criterio emanado por la Sección de
Asesoría Legal, las ofertas califican a una eventual adjudicación,
siempre y cuando resuelvan las prevenciones correspondientes.

     En este sentido, se previno a las empresas, las cuales fueron
atendidas en tiempo y forma.

     RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

     El equipo de especialistas técnicos conformados por el Máster
Fernando Ruiz Elizondo, Asesor en Tecnología de Información del
Programa PJ–BID, la Licenciada María Felicia Zoch Badilla,
gerente del Componente Fortalecimiento Defensa Pública y la
Master Marianella Granados Saavedra, Jefe del departamento de
Informática del Ministerio de Justicia, analizaron todos los criterios
de evaluación y los confrontaron con las ofertas respectivas y las
respuestas recibidas de las prevenciones, aplicaron la metodología
                                                                           42


     de calificación incluida en el cartel y remitieron el resultado de
     dicho procedimiento a la Unidad Ejecutora del Programa.

          DEL CONTENIDO PRESUPUESTARIO

           La Unidad Ejecutora del Programa, mediante la emisión de las
     solicitudes de Pedido:

                                                        Monto disponible para
  Solicitud     Subpartida   Programa    F.F.    I.P.      esta licitación
285026-2008       50105         942       01      26       ¢28.830.000,00
285027-2008       50103         942       01      26        ¢2.950.000,00
285028-2008       50105         943      499       0       ¢13.163.000,00
285029-2008       50103         943      499       0        ¢5.005.000,00
  TOTAL                                                    ¢49.948.000,00

          RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

          De acuerdo con el criterio técnico vertido por los equipos de
     evaluación correspondientes, los cuales se adjuntan, la Unidad
     Ejecutora del Programa, se permite recomendar la adjudicación de
     la Licitación Pública Nacional No. 2008LN-000144-01.
     ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE
     PARA LA DEFENSA PÚBLICA Y EL MINISTERIO DE
     JUSTICIA, de la siguiente forma:

          A: IPL Sistemas S.A., cédula jurídica No. 3-101-090056-
     16

           Línea        2
           Cantidad           Descripción
             Veintitrés (23) Access Point
          Precio unitario:    $ 52.00
          Precio total:       $1.196.00
          Plazo de entrega: 15 días hábiles
          Garantía:      24 meses
          Total recomendado adjudicar a IPL Sistemas S.A.:
     $1.196.00.

         A: Componentes El Orbe S.A., cédula jurídica No. 3-101-
     111502-18

              Línea    3
                                                             43


     Cantidad            Descripción
    Treinta y nueve (39) Unidades para grabación de discos
    compactos
    Precio unitario:    $ 106.00
    Precio total:       $4.134.00
    Plazo de entrega: 15 días hábiles
    Garantía:     12 meses

     Línea        5
     Cantidad            Descripción
    DOS (2)             Impresoras de inyección de tinta
    Precio unitario:    $ 241,81
    Precio total:       $ 483,62
    Plazo de entrega: 15 días hábiles
    Garantía:     12 meses

     Línea        12
     Cantidad            Descripción
    Cinco (5)           Computadoras de escritorio
    Precio unitario:    $ 926,64
    Precio total:       $ 4.633.20
    Plazo de entrega: 15 días hábiles
    Garantía:     36 meses

     Línea        22
     Cantidad            Descripción
    Diez (10)           Unidades de Almacenamiento USB
    Precio unitario:    $ 16.99
    Precio total:       $ 169.90
    Plazo de entrega: 15 días hábiles
    Garantía:     6 meses

     Línea        23
     Cantidad            Descripción
    Uno (1)             Servidor para el SIAP
    Precio unitario:    $ 6.992.00
    Precio total:       $ 6.992.00
    Plazo de entrega: 15 días hábiles
    Garantía:     36 meses

     Total recomendado adjudicar a Componentes El Orbe
S.A.: $16.412.72
                                                                  44


    A: IS productos de Oficina S.A., cédula jurídica No. 3-101-
059552-20

      Línea        6
      Cantidad            Descripción
     Una (1)              IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
     Precio unitario:    $ 1.215.00
     Precio total:       $ 1.215.00
     Plazo de entrega: 15 días hábiles
     Garantía:     24 meses

     Total recomendado adjudicar a IS Productos de Oficina
S.A.: $1.215.00

      A: SIEMENS, Enterprise Comunications CAM S.A., cédula
jurídica No. 3-101-452245

      Línea        11
      Cantidad            Descripción
     Seis (6)             COMPUTADORAS PORTÁTILES
     Precio unitario:    $ 1.921.00
     Precio total:       $ 11.526.00
     Plazo de entrega: 15 días hábiles
     Garantía:     24 meses

     Total recomendado adjudicar a Siemens S.A. : $11.526.00

     A: TELERAD, Telecomunicaciones Radiodigitales S.A.,
cédula jurídica No. 3-101-049635


      Línea        15
      Cantidad            Descripción
     Tres (3)            Impresoras tecnología laser a color
     Precio unitario:    $ 635.85
     Precio total:       $ 1.907.55
     Plazo de entrega: 15 días hábiles
     Garantía:     12 meses

      Línea    20
      Cantidad           Descripción
     Una (1)             IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
                                                                           45


            Precio unitario:    $ 1.833.34
            Precio total:       $ 1.833.34
            Plazo de entrega: 15 días hábiles
            Garantía:     24 meses

            Total recomendado adjudicar a TELERAD S.A.:$3.740.89

            A: CONISA, Consorcio de Importación y Exportación S.A.,
       cédula jurídica No. 3-101-036807-03

             Línea        16
             Cantidad            Descripción
            Una (1)              Impresora de inyección de tinta a color
            Precio unitario:    $ 209.00
            Precio total:       $ 209.00
            Plazo de entrega: 15 días hábiles
            Garantía:     12 meses

            Total recomendado adjudicar a CONISA: $209.00

             Gran Total recomendado adjudicar en la licitación
       2008LN-000144-01 “ADQUISICION DE EQUIPO DE
       CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA LA DEFENSA PÚBLICA
       Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA”: $34.299.61 (TREINTA Y
       CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
       DÓLARES CON 61/100).”
                                      -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 42 bis de la Ley de Contratación

Administrativa, 87 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y

la recomendación formulada por el Programa Poder Judicial-BID en el oficio

anteriormente transcrito, se acordó: Adjudicar la Licitación Pública N°

2008LN-000144-01 denominada "Adquisición de Equipo de Cómputo y
                                                                            46


Software para la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia", de la siguiente

manera:

      1.) A IPL Sistemas S.A., cédula jurídica N° 3-101-090056-16

      Línea 2

      Cantidad           Descripción

      Veintitrés (23)    Access Point

      Precio unitario:   $ 52.00

      Precio total:      $1.196.00

      Plazo de entrega: 15 días hábiles

      Garantía:          24 meses

      Total a adjudicar a IPL Sistemas S.A.: $1.196.00.

      2.) A Componentes El Orbe S.A., cédula jurídica N° 3-101-111502-18

      Línea 3

      Cantidad                          Descripción

      Treinta y nueve (39)              Unidades para grabación de discos

      compactos

      Precio unitario:   $106.00

      Precio total:      $4.134.00

      Plazo de entrega: 15 días hábiles

      Garantía:          12 meses
                                                      47


Línea 5

Cantidad           Descripción

DOS (2)            Impresoras de inyección de tinta

Precio unitario:   $241,81

Precio total:      $483,62

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:          12 meses

Línea              12

Cantidad           Descripción

Cinco (5)          Computadoras de escritorio

Precio unitario:   $926,64

Precio total:      $4.633.20

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:          36 meses

Línea              22

Cantidad           Descripción

Diez (10)          Unidades de Almacenamiento USB

Precio unitario:   $16.99

Precio total:      $169.90

Plazo de entrega: 15 días hábiles
                                                                         48


     Garantía:            6 meses

     Línea 23

     Cantidad              Descripción

     Uno (1)              Servidor para el SIAP

     Precio unitario:     $6.992.00

     Precio total:        $6.992.00

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Garantía:            36 meses

     Total a adjudicar a Componentes El Orbe S.A. $16.412.72

     3.) A IS productos de Oficina S.A., cédula jurídica N° 3-101-059552-20

     Línea           6

     Cantidad              Descripción

     Una (1)               IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

     Precio unitario:     $1.215.00

     Precio total:        $1.215.00

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Garantía:       24 meses

     Total a adjudicar a IS Productos de Oficina S.A.: $1.215.00

     4.) A SIEMENS, Enterprise Comunications CAM S.A., cédula jurídica

N° 3-101-452245
                                                                49


     Línea 11

     Cantidad              Descripción

     Seis (6)              COMPUTADORAS PORTÁTILES

     Precio unitario:     $1.921.00

     Precio total:        $11.526.00

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Garantía:       24 meses

     Total a adjudicar a Siemens S.A. $11.526.00

     5.) A TELERAD, Telecomunicaciones Radiodigitales S.A., cédula

jurídica N° 3-101-049635

     Línea 15

     Cantidad              Descripción

     Tres (3)             Impresoras tecnología láser a color

     Precio unitario:     $635.85

     Precio total:        $1.907.55

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Garantía:       12 meses

     Línea 20

     Cantidad              Descripción

     Una (1)               IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
                                                                               50


      Precio unitario:     $1.833.34

      Precio total:        $1.833.34

      Plazo de entrega: 15 días hábiles

      Garantía:       24 meses

      Total a adjudicar a TELERAD S.A. $3.740.89

      6.) A: CONISA, Consorcio de Importación y Exportación S.A., cédula

jurídica N° 3-101-036807-03

      Línea 16

      Cantidad              Descripción

      Una (1)               Impresora de inyección de tinta a color

      Precio unitario:     $209.00

      Precio total:        $209.00

      Plazo de entrega: 15 días hábiles

      Garantía:       12 meses

      Total a adjudicar a CONISA $209.00

      7.) Declarar desiertas las líneas 1 y 4, por cuanto los precios cotizados

son inaceptables.

      8.) Asimismo, declarar infructuosas las líneas 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18,

19 y 21.
                                                                              51


      Gran total a adjudicar en la Licitación Pública Nacional N° 2008LN-

000144-01 denominada “Adquisición de Equipo de Cómputo y Software para

la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia”, $34.299.61 (treinta y cuatro

mil doscientos noventa y nueve dólares con 61/100).

      El Programa Poder Judicial-BID tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO VIII

     En oficio N° PJ-BID 548-08 de 29 de setiembre último, la licenciada

Sonia Navarro Solano, Directora del Programa Poder Judicial-BID, manifestó:

             “En relación con la Licitación Pública N° 2008LN-000145-01
       “ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE
       PARA LA ESCUELA JUDICIAL Y PROCURADURIA, se
       remite a usted la documentación adjunta, con el ruego de que sea
       sometida a conocimiento de los miembros del Consejo Superior
       para lo que consideren conveniente resolver.

            Conforme lo disponen la Ley del Préstamo 8273, los artículos
       42 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 87 del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se determina
       que:

             PARTICIPANTES:

             Para este concurso, se recibieron las diez ofertas siguientes:

             No.1: Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A.,
       cédula jurídica No. 3-101-344598

             No. 2 Sistema Empresarial R.C. S.A., cédula jurídica No. 3-
       101-079566-34

             No. 3 Edgar Pérez Ávila, cédula de identidad No. 1-677-415
                                                                                 52


             No. 4 Alexander Saborío Álvarez, cédula de identidad No.
       1-677-415

             No. 5: IS productos de Oficina S.A., cédula jurídica No. 3-
       101-059552-20

              No. 6: CONISA, Consorcio de Importación y Exportación
       S.A., cédula jurídica No. 3-101-036807-03

              No.7 IPL Sistemas S.A., cédula jurídica No. 3-101-090056-
       16

             No.8: Componentes El Orbe S.A., cédula jurídica No. 3-
       101-111502-18
             No. 9: SIEMENS, Enterprise Comunications CAM S.A.,
       cédula jurídica No. 3-101-452245

             No.10: PC Central de Servicios S.A., cédula jurídica No. 3-
       101-096527

           SOBRE LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS DE
       PARTICIPACIÓN.

              Las empresas    aportaron   las   siguientes    garantías   de
       participación:

       Oferente           Tipo de           Monto             Custodia        No.
                         Garantía                                          documento
SERC                    Depósito      ¢86,800,00             236899-4     38230170
Edgar Pérez Ávila       Depósito      $100,00                236900-1     208
Alexander Saborío       Depósito      $100,00                236900-1     697
Álvarez
IS Productos de         Depósito      $240,00                236900-1     10
Oficina S. A.
Red Global              Banco          $3,245,00             BCR 2842     4611
                        Cathay
Central de Servicios    BAC San        $4,155,00             UEP Caja     4218288
PC                      José, Carta                          Fuerte
                        de garantía
SIEMENS                 BAC San        $3,910,00             UEP Caja     4218281
                        Jose, carta de                       Fuerte
                                                                                   53


                            Garantía
IPL Sistemas                Banco         $1,000,00            UEP Caja      610011997
                            LAFISE                             Fuerte
CONISA                      Banco         $350,00              UEP Caja      610011974
                            LAFISE                             Fuerte
Componentes El Orbe         Scotiabank,   $3,575,00            UEP Caja      38000000144
                            carta de                           Fuerte        2
                            garantía

               ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:

             A la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva,
      mediante oficio N° PJ-BID 414-08 de 1 de agosto del año en curso
      se le solicitó el análisis legal de las ofertas presentadas, en el cual en
      lo conducente se indicó:

             “Con la finalidad de solicitar el criterio legal respectivo, me
      permito remitir las ofertas originales correspondientes a la
      Licitación Pública Nacional No. 2008LN-000145-01 “Adquisición
      de equipo de cómputo y software para la Escuela judicial y
      Procuraduría”

               Oferentes:

                  1. Red Global
                  2. Sistema Empresarial R.C.
                  3. Edgar Pérez Ávila
                  4. Alexander Saborío Álvarez
                  5. IS Productos de Oficina
                  6. CONISA
                  7. IPL Sistemas
                  8. SIEMENS
                  9. El Orbe
                  10. PC Central de Servicios”

               ANÁLISIS LEGAL:

             Mediante oficio N° 1382-DE/AL-08 recibido el 12 de agosto
      último, Licda. Ana Patricia Álvarez Mondragón, Jefe de Sección
      Asesoría Legal, de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio
      legal de las ofertas recibidas, señaló:
                                                                          54


       “En atención a su oficio número PJ-BID 414-08 de 1° de
agosto del año en curso, requiriendo el análisis legal de las diez
ofertas recibidas en la Licitación Pública Nacional N°2008LN-
000145-01, denominada “Adquisición de Equipo de Cómputo y
Software para la Escuela Judicial y Procuraduría”; me permito
referirle lo siguiente:

    OFERTA    N°   1.-CONSORCIO   ASESORÍA
INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL, S.A. Y
ALPHA GLOBAL COMUNICATION, S.A.:

        La oferta cumple desde el punto de vista legal. Presenta las
cédulas de persona jurídica y de identidad del representante legal sin
certificar y la certificación de propiedad de las acciones no indica el
nombre de los miembros de la Junta Directiva, aspectos subsanables
por medio de prevención (artículo 81 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).

      OFERTA N° 2.- Sistema empresarial R.C.:

      Cumple legalmente. Las copias de la cédula de identidad de
quien tiene la representación de la oferente y de la cédula jurídica
no son certificadas, todo lo cual es subsanable.

      OFERTA N° 3.- Edgar Pérez Ávila:

       Califica legalmente al concurso. Presenta cédula de identidad
sin certificar y debe solicitársele certificación de que cotiza a la
Caja Costarricense del Seguro Social como trabajador
independiente con vigencia a la fecha de apertura de las ofertas
(artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).

      OFERTA N° 4.- Alexander Saborío Álvarez:

      Se hace la observación de que este oferente no indica la
garantía del objeto contractual y cotiza el soporte por aparte.
Además, debe solicitársele certificación de que cotiza a la Caja
Costarricense del Seguro Social como trabajador independiente con
vigencia a la fecha de apertura de las ofertas (artículo 65 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
                                                                       55


     OFERTA       N°   5.-       IS    Productos     de     Oficina
Centroamericana, S.A.:

       No se observan vicios graves que la inhiban de participar al
concurso. Debe presentar fotocopias certificadas de la cédula de
identidad de quien tiene la representación de la empresa y de la
cédula jurídica de la sociedad.

      OFERTA N° 6.- CONISA:

      Cumple, sin embargo, presenta cédulas sin certificar y
fotocopia de la propiedad de las acciones sin indicar los nombres de
los miembros de la Junta Directiva y de la personería, aspectos que
son todos subsanables mediante prevención.

      OFERTA N° 7.- IPL SISTEMAS:

       No aporta cédula jurídica, ni de identidad de la persona que
tiene la personería jurídica. Omite presentar certificación de
propiedad de las acciones y personería jurídica, además, debe
pedírsele que aporte certificación de la cotización a la Caja
Costarricense del Seguro Social, vigente a la fecha de apertura de
las ofertas.

      OFERTA N° 8 COMPONENTES EL ORBE:

      Legalmente cumple. Presenta cédulas sin certificar.

      OFERTA N° 9 SIEMENS:

      Desde el punto de vista legal es apta para el concurso. Se
hacer la observación de que presenta copia de personería y
propiedad de las acciones sin certificar y de las cédulas.

      OFERTA N° 10 PC CENTRAL DE SERVICIOS:

      Cumple. Presenta sin certificar las cédulas de identidad del
personero y no indica los nombres de los miembros de la Junta
Directiva en las certificaciones aportadas.

      Por último, dentro de la documentación remitida a esta
Asesoría para el respectivo análisis, no constan en su mayoría los
depósitos de garantía de participación rendidos por los oferentes,
                                                                     56


por lo que esa Unidad Ejecutora deberá verificar este extremo en
cuanto al monto y plazo de la referida garantía”.

      ANÁLISIS TÉCNICO:

      Mediante oficio del 09 de setiembre del año en curso, el
Master Fernando Ruiz Elizondo, Asesor de Tecnología de
Información del Programa PJ-BID, Ingeniero Marco Barboza
Roldan, Subjefe Departamento de Tecnologías de Información y
MBA, Magdalena Aguilar Álvarez, señalaron:

       “En       relación  con     LICITACION          PÚBLICA
INTERNACIONAL N. 2008LPN-000145-01 “Adquisición de
Equipo de Cómputo y software para la Escuela Judicial y
Procuraduría” le informamos sobre los resultados de la evaluación
técnica de las ofertas.

      A) De las ofertas recibidas

       Las ofertas por evaluar que se recibieron, según el oficio
citado anteriormente, son las siguientes:

       Número de Oferta                        Empresa
              1                  RED GLOBAL
              2                  SISTEMA EMPRESARIAL R. C. (SERC)
              3                  EDGAR PÉREZ ÁVILA
              5                  I. S. PRODUCTOS DE OFICINA
              6                  CONISA
              7                  IPL SISTEMAS
              8                  COMPONENTES EL ORBE
              9                  SIEMENS
             10                  PC CENTRAL DE SERVICIOS

       En ese sentido, el señor Rodrigo Chaves, encargado de
Contrataciones de esta Unidad Ejecutora, informó verbalmente que
la oferta Nº 4 quedó excluida del concurso por incumplimiento de
aspectos legales.

      B) De las prevenciones realizadas

      Con fecha 04 de setiembre del año en curso se recibió oficio
Nº PJ-BID 513-08 firmado por la Licda. Sonia Navarro Solano,
                                                                       57


directora de esta Unidad Ejecutora, en la cual hace entrega de las
respuestas a las prevenciones solicitadas por los suscritos.

      Se recibieron las prevenciones de las empresas Red Global,
Componentes el Orbe, Siemens, PC Central de Servicios, SERC e
IPL Sistemas.

    C) Del incumplimiento de los requerimientos solicitados

     LÍNEA 2: NUEVE (9) COMPUTADORAS PARA EQUIPO
DE DESARROLLADORES

       La oferta Nº 1 de la empresa RED GLOBAL ofreció el
computador Marca DELL modelo OPTIPLEX 755DT. No obstante,
el procesador chipset INTEL Q35 Express no cumple con el
requerimiento de soportar memoria ECC, según se solicitó en la
característica Nº3 “Procesador INTEL Core 2 Duo con velocidad
mínima de 2.13 GHZ y con soporte ECC. Además, se debe indicar
el código del chipset.”. Por lo tanto no cumple y no se evalúa.

    LÍNEA 3: TREINTA Y TRES (33) COMPUTADORAS
PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

       La oferta # 8 de la empresa COMPONENTES EL ORBE
ofreció la computadora de escritorio HP Compaq modelo dc5800-
SFF, que no tiene el puerto paralelo solicitado en la característica
“Nº 11: Al menos un puerto paralelo”, sino que lo ofrece a través de
un puerto USB, lo cual no fue lo requerido. Por lo tanto no cumple y
no se evalúa.

     LÍNEA 10: TREINTA Y NUEVE (39) UNIDADES
ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA-UPS

      a) La oferta # 2 de la empresa SERC ofrece la UPS marca
         Powercom, modelo KIN-800VA cuyo país de origen es
         Taiwán y no es un país miembro del BID. Por lo tanto, no
         cumple y no se evalúa.

      b) La oferta # 7 de IPL Sistemas ofreció la UPS marca
         FORZA, modelo LS-751 cuyo país de origen es China, y
         no es un país miembro del BID. Además, este oferente no
         presentó la carta de fabricante, según la cláusula 4.8 del
         apartado 4. “NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE
                                                                         58


          CALIDAD DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN
          TODAS LAS LÍNEAS” de las Condiciones Generales,
          que dice textualmente lo siguiente: “4.8. El oferente
          deberá contar con el respaldo o soporte técnico directo del
          fabricante de los equipos que cotiza. La anterior
          condición se debe demostrar mediante la presentación de
          un documento original o copia de este certificada por
          notario público.”. Por lo tanto no cumple y no se evalúa.

       c) La oferta # 10 de PC Central de Servicios ofreció la UPS
          marca FORZA, modelo SL-101 cuyo país de origen
          también es China y no es un país miembro del BID, así lo
          confirma su respuesta a la prevención solicitada. Por lo
          tanto no cumple y no se evalúa.

       d) De la aplicación de los criterios de evaluación estipulados
          en el cartel

       Los resultados obtenidos al aplicar los criterios de evaluación
se detallan como sigue para cada una de las líneas requeridas en esta
Licitación

                  EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS
                          LÍNEAS 1-18
                   PARA LA ESCUELA JUDICIAL

    LÍNEA 1: DIECIOCHO (18) COMPUTADORAS
PORTÁTILES PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA

      Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 1 de la
empresa RED GLOBAL al obtener una calificación de 98.00%, la
cual fue superior al resto de las ofertas presentadas. El monto por
adjudicar es de $30.446,00.

     LÍNEA 2: NUEVE (9) COMPUTADORAS PARA EQUIPO
DE DESARROLLADORES

      Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 9 de la
empresa SIEMENS, al obtener una calificación de 100.00%, la cual
fue superior al resto de las ofertas presentadas. El monto por
adjudicar es de $11.448,00.
                                                                         59


    LÍNEA 3: TREINTA Y TRES (33) COMPUTADORAS
PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

      Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 9 de la
empresa SIEMENS, al obtener una calificación de 100.00%, la cual
fue superior al resto de las ofertas presentadas. El monto por
adjudicar es de $32.505,00.

      LÍNEA 4: DOS (2) EQUIPOS DE SERVIDORES DE RED

      Para esta línea se solicitó como característica # 7 “Al menos
un puerto paralelo”, sin embargo ninguno de los oferentes cumplió.
Se ha de señalar que aunque la oferta Nº 1 de Red Global especificó
que si cumplía con la característica solicitada, sin embargo la
documentación técnica demostró que el equipo ofrecido no tiene el
puerto paralelo solicitado.

       Con base en lo anterior, el Comité Evaluador observó que
todos los oferentes participantes en esta línea estaban en igualdad de
condiciones, ya que ningún oferente cotizó servidores de red con el
puerto paralelo, por lo que se considera como una mejora
tecnológica a nivel de servidores de red. Así las cosas, se procedió
con la evaluación técnica y por lo tanto se recomienda adjudicar
esta línea a la Oferta No. 9 de la empresa SIEMENS, al obtener una
calificación de 96.71%, la cual fue superior al resto de las ofertas
presentadas. El monto por adjudicar es de $6.948.oo.

      LÍNEA 5: DOS (2) IMPRESORAS LÁSER A COLOR

       Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 5 de la
empresa IS PRODUCTOS DE OFICINA, al obtener una
calificación de 100.00%, la cual fue superior al resto de las ofertas
presentadas. El monto por adjudicar es de $3.100,00.

     LÍNEA 6: UN (1) SERVIDOR DE RED PORTÁTIL PARA
EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA

      Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 9 de la
empresa SIEMENS, al obtener una calificación de 100.00%, la cual
fue superior al resto de las ofertas presentadas. El monto por
adjudicar es de $2.404,00.
                                                                         60


      LÍNEA 7: DOS (2) SCANNER

      Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 6 de la
empresa CONISA, al obtener una calificación de 100.00% al ser la
única oferta participante, presentar un precio razonable y cumplir
con los requerimientos. El monto por adjudicar es de $323,00.

     LÍNEA 8: UN (1) MONITOR PARA EL LABORATORIO
DE INFORMÁTICA

      No se recibieron ofertas para esta línea.

      LÍNEA 9: Dos (2) ACCESS POINT

       Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 7 de la
empresa IPL SISTEMAS, al obtener una calificación de 100.00%,
al ser la única oferta participante, presentar un precio razonable y
cumplir con los requerimientos. El monto por adjudicar es de
$104,00.

     LÍNEA 10: TREINTA Y NUEVE (39) UNIDADES
ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA-UPS

      Se recomienda declarar infructuosa esta línea por cuanto
la única oferta evaluada, la No. 5 de la empresa CONISA,
ofreció un precio mayor en más del 100% al presupuesto
estimado. Las demás ofertas participantes no cumplieron los
requerimientos. Ver apartado C) Del incumplimiento de los
requerimientos solicitados.

    LÍNEA 11: LICENCIA DE SOFTWARE ENCICLOPEDIA
MICROSOFT ENCARTA

       Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 7 de la
empresa IPL SISTEMAS, al obtener una calificación de 100.00%,
la cual fue superior al resto de las ofertas presentadas. El monto por
adjudicar es de $22,00.

      LÍNEA 12: LICENCIA DE SOFTWARE JAWS

       Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 3 del
participante EDGAR PÉREZ AVILA, al obtener una calificación de
                                                                         61


100.00%, al ser la única oferta participante, presentar un precio
razonable y cumplir con los requerimientos. El monto por adjudicar
es de $1.710,25.

    LÍNEA 13: LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT
PROJECT 2007

       Se recomienda adjudicar esta línea a la Oferta No. 7 de la
empresa IPL SISTEMAS, al obtener una calificación de 98.00%,
la cual fue superior al resto de las ofertas presentadas. El monto por
adjudicar es de $353,31.

    LÍNEA 14: ACTUALIZACION DEL SOFTWARE SONY
VEGAS

      No se recibieron ofertas para esta línea.

    LÍNEA 15: ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
MACROMEDIA STUDIO

      No se recibieron ofertas para esta línea.

    LÍNEA 16: ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ADOBE
PHOTOSHOP

      No se recibieron ofertas para esta línea.

    LÍNEA 17: SOFTWARE PARA PLATAFORMA DE
CURSOS EN LÍNEA

      No se recibieron ofertas para esta línea.

     LÍNEA 18: SOFTWARE PARA ACTUALIZACIÓN DE
SISTEMA DEL CENTRO DOCUMENTAL

      No se recibieron ofertas para esta línea.

      Se adjuntan los cuadros comparativos sobre la aplicación de
los criterios de evaluación y se hace entrega de toda la
documentación recibida sobre las ofertas presentadas.
                                                                      62


       Asimismo, el Lic. Juan Carlos Corrales Umaña, Director de
Informática y el Lic. Jorge Omar Camacho Alvarado, Proveedor
Institucional de la Procuraduría General de la República, señalaron
mediante oficio NIN-019-2008:

     “Una vez evaluadas las ofertas admisibles, técnica y
económicamente, le comunicamos lo siguiente:

      Evaluación Técnica:

    Para la línea número 19 denominada “Dos Servidores de red
     para la Procuraduría General de la República”, le indicamos
     que las empresas objeto de estudio fueron: Red Global,
     Siemens y PC Central de Servicios, las cuales cumplen con
     los requerimientos técnicos solicitados.

    Para la línea número 20 denominada “Siete computadoras
     portátiles”, le indicamos que las empresas objeto de estudio
     fueron: Red Global, Siemens y PC Central de Servicios.

          o Red Global y PC Central de Servicios, cumplen con
            los requerimientos técnicos solicitados. Siemens,
            incumple con lo solicitado en el punto número 2 -
            “Pantalla de 15 pulgadas WXGA o superior”-

    Para la línea número 21 denominada “Tres Software de
     dictado por reconocimiento de voz”, le indicamos que el
     oferente objeto de estudio fue Edgar Pérez, el cual cumple
     con los requerimientos técnicos solicitados.

    Para las líneas número 22, 23 y 24 denominadas, “07
     Licencias Microsoft Exchange CAL, 07 Licencias Windows
     Server CAL y 07 Licencias SQL Server CAL”,
     respectivamente, le indicamos que las empresas objeto de
     estudio fueron: IPL, Componentes el ORBE, Siemens y PC
     Central de Servicios, las cuales cumplen con los
     requerimientos técnicos solicitados.

    Para la línea número 25 denominada “Tres Scanners
     Nuevos” la empresa participante fue PC Central de Servicios,
     la cual cumple con los requerimientos técnicos solicitados.
                                                                      63


    Para la línea número 26 denominada “Tres impresoras
     láser”, le indico que las empresas objeto de estudio fueron:
     IS Productos de Oficina, IPL y PC Central de Servicios las
     cuales cumplen con los requerimientos técnicos solicitados.

    Para la línea número 27 denominada “Dos proyectores
     multimedia” la empresa participante fue PC Central de
     Servicios, la cual cumple con los requerimientos técnicos
     solicitados.

      Evaluación Económica:

    Para la línea número 19 denominada “Dos Servidores de red
     para la Procuraduría General de la República”, se recomienda
     adjudicar a: Siemens, por monto de $9.910.00.

    Para las líneas número 20, 25 y 27, se recomienda adjudicar
     a: PC Central de Servicios, por un monto total de $18.401.19.

    Para la línea número 21 denominada “Tres Software de
     dictado por reconocimiento de voz”, se recomienda adjudicar
     a: Edgar Pérez, por un monto de $915.00.

    Para las líneas número 22, 23 y 24, se recomienda adjudicar
     a: IPL Sistemas, por un monto total de $1.974.00.

    Para la línea número 26 denominada “Tres impresoras láser”,
     se recomienda adjudicar a: IS Productos de Oficina, por un
     monto de $3.387.00.

      Notas Generales:

      3. Se adjunta el estudio Técnico y Económico, respectivo.
      4. La recomendación de adjudicación estará sujeta a la
disponibilidad económica reservada para cada línea, por lo cual
dichos montos deberán ser verificados”.

      PREVENCIONES:

       Producto de los estudios legal y técnico, se procedió a
prevenir a las firmas para que corrigiera los errores subsanables y
aportara documentación complementaria de sus propuestas, para lo
cual se les concedió un plazo de cinco días hábiles.
                                                                       64




      Mediante correo electrónico, el Master Fernando Ruiz
Elizondo solicitó comunicar las siguientes prevenciones a los
oferentes, que a continuación se detallan:

    LÍNEA 1: DIECIOCHO (18) COMPUTADORAS
PORTÁTILES PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA

     LÍNEA 2: NUEVE (9) COMPUTADORAS PARA EQUIPO
DE DESARROLLADORES


    LÍNEA 3: TREINTA Y TRES (33) COMPUTADORAS
PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO


         LÍNEA 4: DOS (2) EQUIPOS DE SERVIDORES DE RED

     LÍNEA 6: UN (1) SERVIDOR DE RED PORTÁTIL PARA
EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA

         Pedir a las empresas oferentes en las líneas anteriores, a
saber:

        RED GLOBAL,
        COMPONENTES EL ORBE
        SIEMENS, y
        PC CENTRAL DE SERVICIOS

       Que aporten las certificaciones solicitadas en el punto 7.1.3
IDENTIFICACIÓN O CERTIFICACIÓN (10%) solicitados en los
criterios de evaluación del correspondiente cartel.

 7.1.3. IDENTIFICACIÓN O CERTIFICACIÓN (10%)

                 Se asignará un 2% por cada una de las
           siguientes certificaciones que aporte el oferente. De no
           adjuntar certificación alguna, se asignará un 0%.

                 • Identificación o certificación UL o CUL.
                 • Identificación o certificación CSA.
                 • Certificación ISO 9000 o ISO 14000.
                                                                                  65


                      • Certificación de la norma FCC.
                      • Certificación Energy Star.


            LÍNEA 10: TREINTA Y NUEVE (39) UNIDADES
       ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA - UPS

           Pedir a las empresas oferentes SERC, IPL SISTEMAS y PC
       CENTRAL DE SERVICIOS lo siguiente:

       1.Que indiquen claramente el país de origen y domicilio del
       fabricante (s) de los productos ofrecidos para esta línea.

       2. Que indiquen el número de folio de la oferta presentada, en donde
       se encuentre el cumplimiento de la cláusula 4.8 del apartado 4.
       “NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS
       EQUIPOS SOLICITADOS EN TODAS LAS LÍNEAS” de las
       Condiciones Generales, que dice textualmente lo siguiente: “4.8. El
       oferente deberá contar con el respaldo o soporte técnico directo
       del fabricante de los equipos que cotiza. La anterior condición
       se debe demostrar mediante la presentación de un documento
       original o copia de este certificada por notario público.”, o en su
       defecto aportarlo como respuesta a esta prevención.

              Las empresas respondieron a lo solicitado en tiempo y forma
       y sus respuestas fueron remitidas al componente según correspondía
       para que se continuara con la revisión del ajuste de las ofertas con
       los términos del cartel.

               ANÁLISIS DE LOS PRECIOS:

           LÍNEA 1: DIECIOCHO                 (18) COMPUTADORAS
       PORTÁTILES   PARA   EL                  LABORATORIO   DE
       INFORMÁTICA

                                                                   PC CENTRAL
                   RED                                                 DE
  Concepto        GLOBAL             EL ORBE         SIEMENS        SERVICIOS

Precio
Unitario            1.549,00         1.791,15         1.905,00         1.881,49
Precio Línea       30.446,00         33.724,16        37.514,00       33.866,82
                                                                            66


           LÍNEA 2: NUEVE (9) COMPUTADORAS PARA
       EQUIPO DE DESARROLLADORES

                                                          PC CENTRAL
                                                              DE
      Concepto          EL ORBE          SIEMENS           SERVICIOS
      Precio
      Unitario           1.408,58         1.272,00            1.326,43
      Precio Línea      12.677,22        11.448,00           11.937,87

           LÍNEA 3: TREINTA Y TRES (33) COMPUTADORAS
       PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

                             RED                         PC CENTRAL
         Concepto         GLOBAL          SIEMENS        DE SERVICIOS
      Precio Unitario      1.085,00         985,00           1.028,71
      Precio Línea        35.805,00       32.505,00         33.947,43

             LÍNEA 4: DOS (2) EQUIPOS DE SERVIDORES DE
       RED

                        RED
   Concepto          GLOBAL         EL ORBE     SIEMENS       PC CENTRAL
Precio Unitario       3.975,00       3.418,05    3.474,00        4.000,00
Precio Línea          7.950,00       6.836,10    6.948,00        8.000,00

             LÍNEA 5: DOS (2) IMPRESORAS LÁSER A COLOR

                                IS PRODUCTOS
         Concepto                 DE OFICINA              EL ORBE
      Precio Unitario               1.550,00               2.518,53
      Precio Línea                  3.100,00               5.037,06

           LÍNEA 6: UN (1) SERVIDOR DE RED PORTÁTIL
       PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA

                                      RED
                 Concepto           GLOBAL            SIEMENS
              Precio Unitario       2.736,00           2.404,00
              Precio Línea          2.736,00           2.404,00

                            LÍNEA 7: DOS (2) SCANNER
                                                                     67


                             Concepto     CONISA
                           Precio
                           Unitario       161,50
                           Precio Línea   323,00

                         LÍNEA 9: DOS (2) ACCESS POINT

                                                IPL
                          Concepto          SISTEMAS
                  Precio Unitario              52,00
                  Precio Línea                104,00

                 LÍNEA 11: LICENCIA DE SOFTWARE
              ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA

                                          IPL
               Concepto               SISTEMAS      PC CENTRAL
       Precio Unitario                   22,00          22,55
       Precio Línea                      22,00          22,55

                  LÍNEA 12: LICENCIA DE SOFTWARE JAWS

                                                   EDGAR PEREZ
                         Concepto                     AVILA
       Precio Unitario                                1.710,25
       Precio Línea                                   1.710,25

        LÍNEA 13: LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT
    PROJECT 2007

                                                        PC CENTRAL
                             IPL                            DE
     Concepto             SISTEMAS         EL ORBE       SERVICIOS
Precio Unitario             353,31          361,78         371,26
Precio Línea                353,31          361,78         371,26

         LÍNEA 10: TREINTA Y NUEVE (39) UNIDADES
    ININTERRUMPIBLES DE POTENCIA-UPS

          La oferta de la empresa CONISA presenta sobreprecio de
    más del 100% con respecto al presupuesto estimado para estos
    bienes en el mercado nacional, por lo que no se recomienda su
    adjudicación.
                                                                        68




      Las siguientes líneas se recomienda declararlas infructuosas
por que los oferentes no cotizaron.

    LÍNEA  8:  UN   (1) MONITOR                       PARA       EL
LABORATORIO DE INFORMÁTICA

    LÍNEA 14: ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
SONY VEGAS

   LÍNEA 15: ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
MACROMEDIA STUDIO

    LÍNEA 16: ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
ADOBE PHOTOSHOP

    LÍNEA 17: SOFTWARE PARA PLATAFORMA DE
CURSOS EN LÍNEA

     LÍNEA 18: SOFTWARE PARA ACTUALIZACIÓN DE
SISTEMA DEL CENTRO DOCUMENTAL.

      ANÁLISIS Y VALORACIÓN:

       Una vez vencido el plazo para la recepción de las respuestas a
las prevenciones realizadas, los equipos de profesionales encargados
de la evaluación técnica de las ofertas, procedió a conformar dicho
estudio conforme la Metodología de Calificación contenida en el
cartel del concurso, documento aprobado por la representación del
BID (en oficio CID/CCR/769/2008) y por la Dirección Ejecutiva
mediante Resolución No. 1446-08.

       Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y
técnico, detallados en los párrafos anteriores, se procede
seguidamente a la valoración de las circunstancias concurrentes en
el presente procedimiento de contratación.

      Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de 10 oferentes;
Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A., Sistema
Empresarial R.C. S.A., Edgar Pérez Ávila,   Alexander   Saborío
Álvarez, IS productos de Oficina S.A., CONISA, IPL Sistemas
                                                                                 69


      S.A., Componentes El Orbe S.A. SIEMENS, Enterprise
      Comunications CAM S.A., PC Central de Servicios S.A..

            De conformidad con el criterio emanado por la Sección de
      Asesoría Legal, las ofertas califican a una eventual adjudicación,
      siempre y cuando resuelvan las prevenciones correspondientes.

            En este sentido, se previno a las empresas, las cuales fueron
      atendidas en tiempo y forma.

              RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

            El equipo de especialistas técnicos conformados por el
      Máster Fernando Ruiz Elizondo, el Ingeniero Marco Barboza
      Roldán y la MBA Magdalena Aguilar Álvarez, analizaron la compra
      de equipo para la Escuela Judicial y por los licenciados Juan Carlos
      Corrales Umaña y Jorge Omar Camacho Alvarado de la
      Procuraduría, analizaron todos los criterios de evaluación y los
      confrontaron con las ofertas respectivas y las respuestas recibidas de
      las prevenciones, aplicaron la metodología de calificación incluida
      en el cartel y remitieron el resultado de dicho procedimiento a la
      Unidad Ejecutora del Programa.

              DEL CONTENIDO PRESUPUESTARIO

             La Unidad Ejecutora del Programa, mediante la emisión de
      las solicitudes de Pedido:

                                                                   Monto disponible
 Solicitud     Subpartid     Programa         F.F.       I.P.     para esta licitación
                   a
285045-2008      50105           943          499         0            ¢99.985.000,00
285046-2008      50103           943          499         0             ¢1.010.000,00
  TOTAL                                                             ¢100.995.000,00

              RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

            De acuerdo con el criterio técnico vertido por los equipos de
      evaluación correspondientes, los cuales se adjuntan, la Unidad
      Ejecutora del Programa, se permite recomendar la adjudicación de
      la Licitación Pública N° 2008LN-000145-01 “ADQUISICION
      DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA LA
                                                                   70


ESCUELA JUDICIAL Y PROCURADURIA, de la siguiente
forma:

      A: Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A.

       Línea         1
       Cantidad           Descripción
       Dieciocho (18)     Computadoras      portátiles para   el
laboratorio de informática
       Precio unitario:   $ 1.549.00
       Uno (1)            Carro Especial para transporte      de
portátiles
       Precio Unitario    $ 2099.00
       Uno (1)            Cargador de corriente
       Precio Unitario    $ 465.00
       Precio total:      $30.446.00
       Plazo de entrega: 15 días Hábiles
       Garantía: 36 meses

     Total recomendado adjudicar a Asesoría Inmobiliaria y
Negocios Red Global: $30.446.00

      A: SIEMENS, Enterprise Comunications CAM S.A.

      Línea         2
      Cantidad          Descripción
      Nueve (9) Computadoras tipo desktop
      Precio unitario:  $ 1.272,000
      Precio total:     $11.448.00
      Plazo de entrega: 15 días Hábiles
      Garantía: 36 meses

      Línea         3
      Cantidad            Descripción
      Treinta y tres (33) Computadoras tipo desktop
      Precio unitario:    $ 985,00
      Precio total:       $ 32.505.00
      Plazo de entrega: 15 días Hábiles
      Garantía: 36 meses

      Línea       6
      Cantidad          Descripción
      Uno (1)           Servidor de Red Portátil
                                                          71


     Precio unitario:  $ 2.404,00
     Precio total:     $ 2.404,00
     Plazo de entrega: 15 días Hábiles
     Garantía: 36 meses

     Línea         19
     Cantidad          Descripción
     Dos (2)           Servidores
     Precio unitario:  $ 4.955,00
     Precio total:     $ 9.910,00
     Plazo de entrega: 15 días Hábiles
     Garantía: 36 meses

    Total recomendado adjudicar a SIEMENS, Enterprise
Comunications CAM S.A.: $56.267,00

     A: Componentes El Orbe S.A.,

     Línea         4
     Cantidad          Descripción
     Dos (2)           Equipos de Servidores de Red
     Precio unitario:  $ 3.418,05
     Precio total:     $ 6.836,10
     Plazo de entrega: 15 días Hábiles
     Garantía: 36 meses

      Total recomendado adjudicar a Componentes El Orbe
S.A: $6.836,10

     A: IS productos de Oficina S.A.


     Línea         5
     Cantidad          Descripción
     Dos (2)           Impresoras Láser a Color
     Precio unitario:  $ 1.550,00
     Precio total:     $ 3.100,00
     Plazo de entrega: 15 días Hábiles
     Garantía: 24 meses

     Línea      26
     Cantidad          Descripción
                                                                     72


       Tres (3)          Impresoras Láser a Color
       Precio unitario:  $ 1.129,00
       Precio total:     $ 3.387.00
       Plazo de entrega: 15 días Hábiles
       Garantía: 24 meses

       Total recomendado adjudicar a IS productos de Oficina
S.A.: $6.487,00.

       A: CONISA Consorcio de Importación y Exportación S.A

       Línea         7
       Cantidad          Descripción
       Dos (2)           Scanner
       Precio unitario:  $ 161.50
       Precio total:     $ 323,00
       Plazo de entrega: 15 días Hábiles
       Garantía: 24 meses

       Total recomendado adjudicar a CONISA: $3.100,00.

       A:   IPL Sistemas S.A.

       Línea         9
       Cantidad          Descripción
       Dos (2)           Access Point
       Precio unitario:  $ 52.00
       Precio total:     $ 104.00
       Plazo de entrega: 15 días Hábiles
       Garantía: 24 meses

     Línea         11
     Cantidad            Descripción
     Una (1)             Licencia de       Software   Enciclopedia
Microsoft Encarta
     Precio unitario:    $ 22,00
     Precio total:       $ 22,00
     Plazo de entrega:   15 días Hábiles

       Línea      13
       Cantidad          Descripción
       Una (1)           Licencia de Software Microsoft Project
2007
                                                                  73


      Precio unitario:  $ 353,31
      Precio total:     $ 353.31
      Plazo de entrega: 15 días Hábiles

      Línea         22
      Cantidad            Descripción
      Siete (7)     Licencia de Software Microsoft Exchange CAL
      Precio unitario:    $ 73.00
      Precio total:       $ 511.00
      Plazo de entrega: 15 días Hábiles

      Línea         23
      Cantidad            Descripción
      Siete (7)     Licencia de Software Windows Server CAL
      Precio unitario:    $ 32.00
      Precio total:       $ 224.00
      Plazo de entrega: 15 días Hábiles

      Línea         24
      Cantidad            Descripción
      Siete (7)     Licencia de Software SQL Server CAL
      Precio unitario:    $ 177.00
      Precio total:       $ 1.239.00
      Plazo de entrega: 15 días Hábiles

      Total recomendado adjudicar a IPL Sistema S.A.: $
2.453,31

      A: Edgar Pérez Ávila

      Línea         12
      Cantidad          Descripción
      Una (1)           Licencia de Software Jaws
      Precio unitario:  $ 1.710,25
      Precio total:     $ 1.710,25
      Plazo de entrega: 15 días Hábiles
      Garantía: 6 meses

      Línea        21
      Cantidad           Descripción
      Tres (3)           Licencia de Software Para dictado de
reconocimiento de voz.
      Precio unitario:   $ 305.00
                                                               74


     Precio total:     $ 915.00
     Plazo de entrega: 15 días Hábiles
     Garantía: 6 meses

      Total recomendado adjudicar a Edgar Pérez Ávila : $
2.625,25

     A: PC Central de Servicios S.A

     Línea         20
     Cantidad           Descripción
     Siete (7)     Computadoras Portátiles
     Precio unitario:   $ 2.186.51
     Precio total:      $ 15.305.57
     Plazo de entrega: 15 días Hábiles
     Garantía: 36 meses

     Línea         25
     Cantidad          Descripción
     Tres (3)          Scanner
     Precio unitario:  $ 386.04
     Precio total:     $ 1.158.12
     Plazo de entrega: 15 días Hábiles
     Garantía: 24 meses

     Línea         27
     Cantidad          Descripción
     Dos (2)           Proyectores Multimedia
     Precio unitario:  $ 968.75
     Precio total:     $ 1.937.50
     Plazo de entrega: 15 días Hábiles
     Garantía: 24 meses

      Total recomendado adjudicar a PC Central de Servicios:
$ 18.401.19

       Gran Total recomendado adjudicar en la licitación
2008LN-000145-01 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA LA ESCUELA JUDICIAL
Y PROCURADURIA”: $126.615.85 (Ciento Veinte seis mil
seiscientos quince dólares con 85/100).”

                              -0-
                                                                            75


     De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 42 bis de la Ley de Contratación

Administrativa, 87 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

la Ley de Préstamo N° 8273 y la recomendación formulada por el Programa

Poder Judicial-BID en el oficio anteriormente transcrito, se acordó: Adjudicar

la Licitación Pública N° 2008LN-000145-01 denominada "Adquisición de

Equipo de Cómputo y Software para la Escuela Judicial y Procuraduría", de la

siguiente forma:

     1.) A la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A.

     Línea 1

     Cantidad           Descripción

     Dieciocho (18)     Computadoras portátiles para el laboratorio de

informática

     Precio unitario:   $ 1.549.00

     Uno (1)            Carro Especial para transporte de portátiles

     Precio Unitario    $ 2099.00

     Uno (1)            Cargador de corriente

     Precio Unitario    $ 465.00

     Precio total:      $30.446.00

     Plazo de entrega: 15 días hábiles
                                                                   76


     Garantía:       36 meses

     Total a adjudicar a Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global:

$30.446.00

     2.) A SIEMENS, Enterprise Comunications CAM S.A.

     Línea 2

     Cantidad             Descripción

     Nueve (9)       Computadoras tipo desktop

     Precio unitario:     $ 1.272,000

     Precio total:        $11.448.00

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Garantía:       36 meses

     Línea 3

     Cantidad             Descripción

     Treinta y tres (33) Computadoras tipo desktop

     Precio unitario:     $ 985,00

     Precio total:        $ 32.505.00

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Garantía:       36 meses

     Línea 6

     Cantidad             Descripción
                                                                 77


     Uno (1)              Servidor de Red Portátil

     Precio unitario:     $ 2.404,00

     Precio total:        $ 2.404,00

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Garantía:       36 meses

     Línea 19

     Cantidad             Descripción

     Dos (2)              Servidores

     Precio unitario:     $ 4.955,00

     Precio total:        $ 9.910,00

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Garantía:       36 meses

     Total a adjudicar a SIEMENS, Enterprise Comunications CAM S.A.

$56.267,00

     3.) A Componentes El Orbe S.A.,

     Línea 4

     Cantidad             Descripción

     Dos (2)              Equipos de Servidores de Red

     Precio unitario:     $ 3.418,05

     Precio total:        $ 6.836,10
                                                                78


Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:            36 meses

 Total a adjudicar a Componentes El Orbe S.A., $6.836,10

 4.) A IS productos de Oficina S.A.

Línea 5

Cantidad             Descripción

Dos (2)              Impresoras Láser a Color

Precio unitario:     $ 1.550,00

Precio total:        $ 3.100,00

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:       24 meses

Línea 26

Cantidad             Descripción

Tres (3)             Impresoras Láser a Color

Precio unitario:     $ 1.129,00

Precio total:        $ 3.387.00

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:       24 meses

 Total a adjudicar a IS productos de Oficina S.A.: $6.487,00.

5.) A CONISA Consorcio de Importación y Exportación S.A.
                                                                      79


Línea 7

Cantidad              Descripción

Dos (2)               Scanner

Precio unitario:      $ 161.50

Precio total:         $ 323,00

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:       24 meses

Total a adjudicar a CONISA: $3.100,00.

6.) A IPL Sistemas S.A.

Línea 9

Cantidad              Descripción

Dos (2)               Access Point

Precio unitario:      $ 52.00

Precio total:         $ 104.00

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:       24 meses

Línea 11

Cantidad              Descripción

Una (1)         Licencia de Software Enciclopedia Microsoft Encarta

Precio unitario:      $ 22,00
                                                                   80


Precio total:        $ 22,00

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Línea 13

Cantidad             Descripción

Una (1)              Licencia de Software Microsoft Project 2007

Precio unitario:     $ 353,31

Precio total:        $ 353.31

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Línea 22

Cantidad             Descripción

Siete (7)       Licencia de Software Microsoft Exchange CAL

Precio unitario:     $ 73.00

Precio total:        $ 511.00

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Línea 23

Cantidad             Descripción

Siete (7)       Licencia de Software Windows Server CAL

Precio unitario:     $ 32.00

Precio total:        $ 224.00

Plazo de entrega: 15 días hábiles
                                                                           81


     Línea 24

     Cantidad             Descripción

     Siete (7)       Licencia de Software SQL Server CAL

     Precio unitario:     $ 177.00

     Precio total:        $ 1.239.00

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Total a adjudicar a IPL Sistema S.A.: $ 2.453,31

     7.) Al señor Edgar Pérez Ávila

     Línea 12

     Cantidad             Descripción

     Una (1)              Licencia de Software Jaws

     Precio unitario:     $ 1.710,25

     Precio total:        $ 1.710,25

     Plazo de entrega: 15 días hábiles

     Garantía:       6 meses

     Línea 21

     Cantidad             Descripción

     Tres (3)             Licencia de Software Para dictado de reconocimiento

de voz.

     Precio unitario:     $ 305.00
                                                           82


Precio total:        $ 915.00

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:       6 meses

 Total a adjudicar al señor Edgar Pérez Ávila $ 2.625,25

8.) A PC Central de Servicios S.A.,

Línea 20

Cantidad             Descripción

Siete (7)       Computadoras Portátiles

Precio unitario:     $ 2.186.51

Precio total:        $ 15.305.57

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:       36 meses

Línea 25

Cantidad             Descripción

Tres (3)             Scanner

Precio unitario:     $ 386.04

Precio total:        $ 1.158.12

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía:       24 meses

Línea 27
                                                                                 83


      Cantidad             Descripción

      Dos (2)              Proyectores Multimedia

      Precio unitario:     $ 968.75

      Precio total:        $ 1.937.50

      Plazo de entrega: 15 días hábiles

      Garantía:       24 meses

      Total a adjudicar a PC Central de Servicios: $ 18.401.19

      Gran total a adjudicar en la licitación 2008LN-000145-01 “Adquisición

de Equipo de Cómputo y Software para la Escuela Judicial y Procuraduría”:

$126.615.85 (ciento veinte seis mil seiscientos quince dólares con 85/100).

       9.) Declarar desierta la línea 10 en razón de que presenta un sobreprecio

de más del 100% con respecto al presupuesto estimado para estos bienes en el

mercado nacional.

       10.) Asimismo, declarar infructuosas las líneas 8, 14, 15, 16, 17 y 18.

      El Programa Poder Judicial-BID tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO IX

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8580-DP/09-08 de 1° de octubre en curso, comunicó

lo siguiente:
                                                                       84


      “En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
000086-PROV “Alquiler de local para alojar al Juzgado
Contravencional y Menor Cuantía de Alvarado”, remitimos a
usted la documentación adjunta, para que sea sometida a
conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que se tome el
acuerdo que consideren conveniente.

      En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
hábiles dispuesto en la cláusula 6.2.11 del aparte condiciones
generales del cartel para resolver esta contratación, vence el 13 de
octubre de 2008.

       Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo
con los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría,
se determinó que:

      1. Ofertas presentadas

      1.1 Al concurso licitatorio se presentaron ofertas de:

      N° 1. MÁRQUEZ Y RÁMIREZ S.A., cédula jurídica N° 3-
101-257793, por una renta mensual de ¢300.000,00.

      N° 2. HENRICH MOYA MOYA, cédula de identidad N° 1-
754-448, por una renta mensual de ¢409.500,00.

      2. Análisis legal de la oferta:

       2.1 Mediante el oficio 7944-DP/09-08 de 08 de setiembre del
año en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, el estudio del marco legal de las ofertas
recibidas, de la manera siguiente:

      “Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal de
las dos ofertas recibidas en la Licitación Abreviada N° 2008LA-
000086-PROV, denominada “Alquiler de local para ubicar al
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Alvarado,
Cartago”, para lo cual adjunto el respectivo expediente
administrativo.
                                                                        85


       Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de las
ofertas y qué defectos u omisiones es subsanable, seguidamente se
detallan los aspectos más relevantes que se han advertido producto
de la revisión inicial de los documentos aportados en las ofertas,
respecto de los cuales se solicita especial pronunciamiento de la
Sección a su cargo.

      OFERTA N° 1 MÁRQUEZ Y RAMÍREZ S.A:

    No aporta personería jurídica, en la que se indique, la
      vigencia, domicilio, el nombre de los integrantes de la Junta
      Directiva y dirección de la sociedad.
    No aporta certificación pública sobre la naturaleza y la
      propiedad de sus cuotas y acciones.
    La representante de la empresa aporta las declaraciones
      juradas a título personal.
    No aporta constancia que indica si se encuentran al día en el
      pago de sus obligaciones con la seguridad social, se procede
      a realizar la consulta en el “Sicere”, instalado en la
      Proveeduría, el cual indica que no aparece inscrita, sin
      embargo, por tratarse de un alquiler, nos acogemos a lo
      indicado por esa Asesoría Legal, en el oficio 542-DE/AL-08
      recibido el 10 de marzo en curso.
    Solicita un incremento anual del 15%.
    No aporta certificación o documentación extendida por la
      Municipalidad, en la que se indique se existe plan regulador en
      la zona.

      OFERTA N° 2 HENRICH MOYA MOYA:

      1. No aporta certificación del Registro de la Propiedad.
      2. No aporta certificación o documentación extendida por la
Municipalidad, en la que se indique se existe plan regulador en la
zona.

       En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.”

      2.2 Mediante oficio N° 1543-DE/AL-08 recibido el 11 de
setiembre de 2008, la Licda. Itzia Araya García, Asesora Legal de la
                                                                         86


Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de las ofertas
recibidas, señaló:

       “En atención al oficio N° 7944-DP/09-08 de 5 de setiembre
en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa a. i.
del Proceso de Adquisiciones de ese Departamento, requiriendo el
análisis legal de las ofertas recibidas en la Licitación Abreviada
N°2008LA-0000086-PROV, cuyo objeto es el “Alquiler de local
para ubicar el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de
Alvarado, Cartago"; me permito referirle lo siguiente:

      OFERTA N° 1.- MÁRQUEZ Y RAMÍREZ S.A.:

       Respecto a la observación señalada por ese Departamento en
los puntos 1 y 2, son aspectos subsanables según lo establecen los
artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, por lo que se le debe prevenir al representante de la
empresa que aporte certificación de personería jurídica en la que
indique la vigencia de la empresa, el domicilio social y el nombre
de los integrantes de la Junta Directiva; además, que contenga la
naturaleza y propiedad de las cuotas y acciones solicitadas en la
cláusula 6.2.12 inciso a) y b) del cartel.

      En cuanto a lo señalado en el punto 3), se le debe prevenir a
la oferente que aporte las declaraciones juradas a nombre de la
empresa.

      En relación al punto 4, estése a lo dispuesto por esta Asesoría
conforme a lo indicado en el oficio N° 542-DE/AL-08 del 10 de
marzo del año en curso.

       Respecto al punto 5) se le debe prevenir a la oferente que se
ajuste a lo requerido en la cláusula 5.1.11 del pliego de condiciones
que reglamenta los aumentos porcentuales anuales sobre el precio
de la renta.

      Por último, en atención al punto 6), se le debe prevenir a la
empresa que aporte la certificación o documentación extendida por
la municipalidad en la que indique si existe plan regulador en la
zona.

      OFERTA N° 2.- HENRYCH MOYA MOYA:
                                                                        87


       Legalmente califica a una eventual adjudicación. Los
aspectos señalados por esa Proveeduría en los puntos 1) y 2),
pueden ser subsanados por medio de una prevención a la oferente
(artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).”

      3. Prevenciones

        3.1 Conforme lo indicado en el informe legal, resultaba
posible prevenir a la oferente N° 1 Márquez y Ramírez S.A., no
obstante, no se cursó la prevención, en virtud de que, el área
ofertada si bien se ajusta a la requerida en el cartel, resulta ser
insuficiente para ubicar al despacho de interés, conforme una
aclaración que en forma posterior remitió la M.B.A. Pilar Obando
Masís, Administradora Regional de Cartago. En cuanto a la oferente
número 2 Henrich Moya Moya, se le previno para que aportara
certificación del Registro de la Propiedad y documentación
extendida por la Municipalidad, en la que se indique si existe plan
regulador en la zona de Alvarado. Así las cosas, mediante nota
recibida el 25 de setiembre en curso el señor Moya Moya, aportó la
documentación solicitada en tiempo y forma, en cuanto al Plan
Regulador, aportó nota de la Municipalidad que indica que a la
fecha este no existe.

      4.    Solicitud de informes técnicos

        4.1 Mediante oficios 7696 y 7697-DP/09-2008, de fecha 29
de agosto de 2008, se remitió copia de las ofertas presentadas en la
licitación, a los Departamentos de Servicios Generales y Seguridad,
respectivamente, con el fin de que se realizara la valoración técnica
de los inmuebles ofertados.

      4.2   Análisis técnico

       4.2.1 Mediante oficio N° 1109-05-SG-08, de 12 de setiembre
del año en curso, el Ingeniero Francisco González Picado, Jefe de la
Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios
Generales, remite el informe técnico número 321-AI-2008,
realizado por el arquitecto Héctor Maroto Cambronero, Profesional
2 de la Sección de Arquitectura e Ingeniería de ese Departamento,
en conjunto con el Departamento de Seguridad. En el mismo se
indica lo siguiente:
                                                                           88


       En respuesta a la solicitud del Departamento de Proveeduría
según oficio 7696-DP/09-2008, para realizar la valoración de las
ofertas de los inmuebles ofrecidos para contratar el alquiler y
trasladar al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Alvarado, le informo:

      Oferta 1 presentada por Mónica (sic) Márquez (sic).

Área del local 83m²
Precio del alquiler ¢300.000.00
Precio del alquiler por metro cuadrado ¢3.614.45

             CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

      Generalidades

       La oferta contempla el alquiler de un local, este es en dos
plantas pero solo la primera planta se está ofreciendo para ubicar las
oficinas del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Alvarado, las paredes perimetrales son en concreto, contrapiso en
concreto, el cual se está construyendo ya que está utilizado
actualmente como garage, el mismo se ubica en Pacayas de
Alvarado 150 mts al norte de la Plaza de Futboll (sic).

       Actualmente, la obra se encuentra como garage por lo que las
paredes están sin pintar no tiene enchape en el contrapiso, ni tiene
cielo raso y solo un servicio sanitario.por lo que la propietaria del
mismo indico que de ser adjudicado procedería a confeccionar la
distribución arquitectónica que se le indique a fin de cubrir las
necesidades del Juzgado y lo entregaría completamente terminado a
satisfacción de la Institución.

       El total del área útil ofrecida es de 83m2 la cual se ajusta a la
superficie solicitada en el cartel, cuyo espacio debe ser de 80m2
mínimo hasta 120m2 como máximo. A su vez se observa que el
espacios (sic) se encuentra en planta libre, lo que hace que se puede
distribuir las necesidades del despacho no elaborando muchas
paredes, sino trabajarlas en áreas, abiertas con paredes a media
altura y con una sola oficina para juez que sirva también para hacer
audiencias, ya que el espacio es pequeño.

      Esta ubicación es céntrica y bastante favorable para el
despacho, no tiene tan facil (sic) el acceso para una persona con
                                                                         89


discapacidad pero si se puede acceder ya que la entrada se encuentra
frente a una calle asfaltada pero con una pendiente manejable para
llegar en sillas de ruedas si llegase solo.

       El local tiene solo un acceso principal, ya que la parte
posterior esta cerrada y no posee ni acceso ni salida por ese sector,
lo que provocaría un problema si se presentará algo al frente, ya que
no se podrian (sic) salir del lugar.

       El edificio ofrecido no se encuentra cerca de paradas de buses
o taxis, cantinas o salones de baile, ni de reuniones públicas, como
tampoco de instituciones de enseñanza ni de establecimientos
comerciales que generen ruidos excesivos. Mas (sic) bien la zona
donde se encuentra es básicamente de oficinas, residencias y locales
comerciales además contiguo al mismo se ubica, unos locales
comerciales y oficinas.

       De acuerdo a las necesidades y espacios que se requieren para
el despacho se considera que al estar en planta libre la distribución
arquitectónica que se plantee en el sitio se puede ajustar a las
necesidades del despacho siempre y cuando no haga falta la
confección de una sala de juicios sino que la oficina del Juez se
utilice para hacer audiancias (sic) como se hace en la actualidad,
para que este cumpla las funciones a entera satisfacción de los
usuarios y el personal que las utilizará. Asimismo, el anteproyecto
que ofrece la oferente no estaría cumpliendo porque el mismo
encierra mucho el lugar y debido a eso no habrian (sic) estradas de
luz y aire efectivas por lo que no se aprovecharía la poca ventilación
e iluminación que posee el local.

      En cuanto a lo referente a que si cumple con lo establecido
por la Ley 7600, en relación a la accesiblidad de personas con
alguna discapacidad, hago la salvedad que se dificulta un poco por
la pendiente que tiene la calle que se ubica al frente sin embargo se
puede acceder.

      De acuerdo a la visita el oferente esta en la disposición de
terminar el local de acuerdo a los acabados y recomendaciones que
se den por parte de la institución

      Iluminación y ventilación del inmueble
                                                                          90


      El edificio cuenta con una única fachada principal hacia el
lado de la calle asfaltada actualmente se encuentra cerrada puesto
que funciona como garaje, pero se puede trabajar con facilidad un
cerramiento con paños en cristal y celosías para darle una buena
iluminación y ventilación natural al local por la parte frontal, aparte
que se trabajaría con paredes bajas y espacios abiertos para no
oscurecer el lugar.

       Por la parte posterior se ubican dos perforaciones en la paded
(sic), que se pueden trabajar para darle iluminación y ventilación
natural a los baños y oficina que se construyan.

       La iluminación eléctrica en la actualidad es poca debido a la
función que se le esta dando, de contratarse el lugar deberá estar
compuesta por lámparas fluorescentes las cuales deberán ser
colocadas de acuerdo a la distribución de los nuevos espacios
solicitados en las especificaciones técnicas del cartel y que de ser
necesario se aumentará la cantidad de estas lámparas hasta lograr
una iluminación apropiada para los espacios aptos para oficinas.

       El único baño no tiene ventilación ni iluminación natural, por
lo que deberá ser artificial, por lo que se deberá trabajar con
extractores y luminarias.

      Seguridad del inmueble

       El edificio está construido en concreto tanto las paredes
perimetrales como el contrapiso, es decir materiales altamente
resistentes al fuego. No tiene paredes internas ya que esta en planta
libre.

      Tiene columnas en acero que sostienen el entrepiso y
columnas en concreto en las paredes perimetrales y entrepiso en
concreto.

       La seguridad de la edificación estará basada en el acceso
principal el cual deberá contar con cortinas de metal, ya que
actualmente posee un portón eléctrico para cochera y las ventanas
que se hagan por la parte posterior deberán ir debidamente
enrejadas.
                                                                         91


      En cuanto a la parte posterior del nivel de ventana al suelo
hay unos siete metros lo que dificulta acceder por ese sector, por lo
que se considera seguro

       El edificio es nuevo ya que según la propietaria tiene unos
cuatro años de construido, cuenta con un sistema eléctrico
debidamente entubado y que cumple con las normas del Código
Eléctrico totalmente independiente (se indica que el sistema
eléctrico existente en la actualidad es mínimo).

       El edificio no tiene problemas de ingresos por las tapias ya
que las alturas de de las mismas son altas en la parte posterior y los
laterales son paredes que van hasta el segundo piso.

      Calidad de la Construcción

      El edificio en lo que respecta al área ofrecida es nuevo ya que
tiene unos cuatro años de construido, y las paredes perimetrales,
contrapiso y entrepiso son el (sic) concreto, de ahí que se observa
una buena calidad de la construcción. Los materiales parecen ser de
buena calidad. Así mismo la altura de N.P.T a N.C.T es de 2.60
metros lo que permite una mayor circulación de aire.

       El inmueble cuenta con un servicio sanitario que no cumple
la ley 7600 pero se puede adaptar fácilmente, y se pueden construir
en la parte posterior dos sanitarios mas (sic) con ventilación e
iluminación natural.

      Existe la disponibilidad de los servicios básicos como agua
potable, alumbrado público, servicio telefónico, recolección de
basura y eléctrico.

      Flexibilidad de la distribución arquitectónica

       El edificio está diseñado en planta libre, lo que hace que la
flexibilidad del mismo se pueda adecuar facilmente (sic) siempre y
cuando no se confeccione una sala de juicios o audiencias ya que sin
esta sala, las necesidades de espacios que necesita el Juzgado se
pueden cumplir.

       El propietario del inmueble se compromete a realizar todos
los cambios necesarios para que la distribución de espacios, que fue
solicitada en el cartel y en la visita al sitio, se ajuste a las
                                                                      92


necesidades físicas del despacho. De cumplirse esta condición se
puede decir que la distribución arquitectónica es flexible y el
Juzgado se puede ubicar sin ningún problema en el local ofrecido.
Entre los cambios que se solicitaron durante la visita que se hizo,
para entregar a satisfacción de la institución el local, están los
siguientes:

   1. Construir un servicio sanitario para personas con
      discapacidades de acuerdo a la normativa de la Ley 7600,
      ubicado por la entrada principal del despacho parte externa y
      dos baños mas para el personal.
   2. Construcion (sic) de una oficina para la Juez.
   3. Construcción del Cielorraso.
   4. Enchape completo de los pisos.
   5. Una Cocineta.
   6. Un Archivo
   7. Pintura total del inmueble
   8. Repellar las paredes
   9. Confección del cerramiento de la entrada principal.
   10. Confeccion de los mostradores que cumplan la ley 7600.
   11. La Recepción
   12. Área de espera.
   13. Área para el asistente Judicial.
   14. Cerrar con pared el buque que da a las escaleras.
   15. Confeccion (sic) y mejoramiento de la acera (Nivelarla).

      Precio del alquiler

      El precio del alquiler de la oferta es de ¢300.000.00 por un
área de 83m², lo que es equivalente a pagar a ¢ 3.614.45 el m² de
construcción útil de oficina. Se considera que este precio esta un
poco elevado por estar fuera de los precios de mercado que se
deberían estar pagando en la zona los cuales van de ¢ 2480 a ¢
                                                                     93


3100, si se toma como referencia el precio que se estableció
mediante oficio 514-12-AI-2006 de Octubre del 2006 que es de
¢2000 a ¢2500 por m2, mas la inflación asumiendo un punto
porcentual por mes que de Octubre del 2006 a Septiembre del 2008
que sería 24%, nos estaría dando un rango de ¢2480 a ¢3100 por m2
en la zona actualmente.

      Sin embargo se considera razonable aún así, debido a que la
costo de la remodelación que se esta dando la cual tiene un precio
elevado, es asumida por el propietario, aparte que la construcción
como tal esta siendo construida en este momento por lo que se
considera una instalación nueva, ya que se le estaría dando su
primer uso al inmueble como oficina.

      Recomendación

       En resumen se dan las siguientes razones técnicas que hace
que la oferta cumpla con el objeto de esta licitación y de los
intereses del Poder Judicial y con los requerimientos físicos
solicitados por este Departamento, a saber,

     1. Por el costo de la remodelación indicada la cual será
asumida por el propietario.
      2. Por lo difícil que es encontrar edificios grandes que se
adapten a las necesidades de un despacho judicial
      3. Porque el edificio es nuevo y presenta una buena calidad
de construcción.
      4. El local tiene una excelente ubicación.
      5. El precio del alquiler mensual es razonable
      6. La ventilación e iluminación natural es buena.
      7. El local es seguro y por la disponibilidad que indica el
propietario de entregar el local en tres meses para ser ocupado de
acuerdo a las mejoras indicadas.
      8. Cumple con el área establecida como mínima en el cartel.


            Oferta 2 presentada por Henrich Moya Moya
                                                                         94


      Área del local 117 m²
      Precio del alquiler ¢409.500.00
      Precio del alquiler por metro cuadrado ¢3.500.00

            CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

                              Generalidades

      La oferta contempla la construcción de un local de alquiler
diseñado para oficinas, para ubicar el Juzgado Contravencional y de
Menor Cuantía de Alvarado. El mismo según su propietario y
anteproyecto presentado, se construirá con las paredes perimetrales
en concreto y las divisiones internas en pared liviana (Fibrolit),
contrapiso en concreto, cubierta en estructura en perfiles RT.
Actualmente en el sitio se encuentra el lote sin construir, el mismo
se ubica en Pacayas de Alvarado 100 sur y 25 al este del Banco
Nacional de Costa Rica.

       De acuerdo al anteproyecto presentado por el oferente, la
distribución arquitectónica que se indica en la misma, posee los
siguientes espacios, una sala de juicios, dos baños para funcionarios,
un baño para discapacitados y público en genera (sic), una oficina
para el juez, una oficina para archivo, una cocina, una recepción, un
área de espera y espacio para auxiliares y área para tres parqueos,
por lo que dicha distribución cubre a satisfacción las necesidades
del Juzgado.

      El total del área útil ofrecida es de 117m2 según planos, la
cual se ajusta a la superficie solicitada en el cartel, cuyo espacio
debe ser de 80m2 mínimo hasta 120m2 como máximo.

       Esta ubicación es céntrica y bastante favorable para el
despacho, ya que de construirse en el lugar donde esta planteado
hacerse, su ubicación sería idónea para que sea accesado por
cualquier persona con discapacidad ya que la entrada se encuentra
frente a una calle asfaltada, a nivel de la acera completamente plano
sin pendientes ni obstáculos que impidan un libre transito (sic) y
acceso.

       El local tendría solo un acceso principal que da a la calle
asfaltada, además tendrá una salida secundaría por la parte posterior
del edificio a fin que sea utilizada como salida de emergencias.
                                                                          95


       El edificio ofrecido no se encuentra cerca de paradas de buses
o taxis, cantinas o salones de baile, ni de reuniones públicas, como
tampoco de instituciones de enseñanza ni de establecimientos
comerciales que generen ruidos excesivos. Mas bien la zona donde
se encuentra es básicamente de oficinas, residencias y locales
comerciales.

       De acuerdo a las necesidades y espacios que se requieren para
el despacho se considera que la distribución arquitectónica
planteada se ajusta a las necesidades del despacho ya que el
anteproyecto que ofrece el oferente permite observar que todos los
espacios poseen buena ventilación e iluminación natural, idónea
para que el despacho cumpla las funciones a entera satisfacción de
los usuarios y el personal que las utilizará.

      En cuanto a lo referente a que si cumple con lo establecido
por la Ley 7600, en relación a la accesiblidad de personas con
alguna discapacidad el mismo cumple a cabalidad la normativa
vigente.

      De acuerdo a la visita el oferente está en la disposición de
terminar el local de acuerdo a los acabados y recomendaciones que
se den por parte de la institución.

      Iluminación y ventilación del inmueble

       El edificio según anteproyecto presentado cuenta con la única
fachada principal hacia el lado de la calle asfaltada, lo que le da una
buena iluminación y ventilación natural directa al local por la parte
frontal, además todos los espacios internos son iluminados y
ventilados naturalmente por medio de tres patios de luz amplios.

       La iluminación debe de estar compuesta por lámparas
fluorescentes las cuales deberán ser colocadas de acuerdo a la
distribución de los nuevos espacios solicitados en las
especificaciones técnicas del cartel y que de ser necesario se
aumentará la cantidad de estas lámparas hasta lograr una
iluminación apropiada para los espacios aptos para oficinas.

     Seguridad del inmueble

      El edificio será construido en concreto tanto las paredes
perimetrales como el contrapiso, la cubierta será a base de perfiles
                                                                       96


RT y las paredes internas serán livianas, es decir materiales
altamente resistentes al fuego.

       La seguridad de la edificación estará basada en el acceso
principal y su perimertro (sic) por lo que se deberá construir los
portones respectivos en la parte frontal, además asegurar los
perímetros o tapias con buena altura y con alambre navaja, esto
debido a que hay patios de luz que provocarían acceder a las
instalaciones con facilidad si alguna persona sobrepasa las tapias.

       El edificio por ser nuevo deberá tener un sistema eléctrico
debidamente entubado y que cumpla con las normas del Código
Eléctrico totalmente independiente.

      Calidad de la Construcción

      El edificio no esta aún construido por lo que deberá ser
construido con materiales de buena calidad. Así mismo la altura de
N.P.T a N.C.T debe de ser como mínima de 2.60 metros
permitiendo así una mayor circulación de aire.

      Existe la disponibilidad de los servicios básicos como agua
potable, alumbrado público, servicio telefónico, recolección de
basura y eléctrico e hidrantes cercanos.

      Flexibilidad de la distribución arquitectónica

       Según el anteproyecto el edificio está diseñado pensando en
las necesidades del despacho de tal manera que cumple con las
necesidades del mismo, y siendo que las paredes internas serán
livianas, tienen la facilidad de reubicarse en cualquier momento por
lo que el edificio puede ser flexible para adecuarse fácilmente para
las necesidades de espacios que necesite el Juzgado en un momento
determinado.

      El propietario del inmueble se compromete a realizar todos
los cambios que sean necesarios en la distribución si fuera el caso,
para que se cumpla con lo solicitado en el cartel y se ajuste a las
necesidades físicas del despacho. De cumplirse esta condición se
puede decir que la distribución arquitectónica es flexible y el
Juzgado se puede ubicar sin ningún problema en el local ofrecido.
                                                                         97


       Entre las recomendaciones que se indicaron durante la visita
que se hizo, para entregar a satisfacción de la institución el local y
las que se hacen dentro de este documento, están los siguientes:

   1. Construir un acceso o salida en la parte posterior del local
      esto para que sirva de acceso secundario y salida de
      emergencias en caso de que se presente un problema en el
      edificio

   2. En caso de seguridad las paredes perimetrales deben ser altas
      y protegidas con alambre navaja para impedir el paso de
      personas.

   3. Confección de los mostradores que cumplan la ley 7600.

   4. Rediseñar la recepción y sala de espera.

   5. Construir una pared y puerta para impedir el paso de
      personas ajenas al despacho en el área de recepción y sala de
      espera como se indico en la visita.

   6. El sistema eléctrico debe estar compuesto por lámparas
      fluorescentes las cuales deberán ser colocadas de acuerdo a la
      distribución de los nuevos espacios solicitados.

   7. Que el acceso o pasillo que se va a construir para el acceso al
      edificio debe de tener 1.2m de ancho y si es más alto que el
      nivel de acera deberá hacerse la rampa respectiva para el
      acceso de personas con discapacidad.

   8. Encima del tanque séptico no se debe construir nada.

      Precio del alquiler

      El precio del alquiler de la oferta es de ¢ 409.500.00 por un
área de 117m², lo que es equivalente a pagar a ¢ 3.500.00 el m² de
construcción útil de oficina. Se considera que este precio esta un
poco elevado por estar fuera de los precios de mercado que se
deberían estar pagando en la zona los cuales van de ¢ 2480 a ¢
3100, si se toma como referencia el precio que se estableció
mediante oficio 514-12-AI-2006 de Octubre del 2006 que es de
¢2000 a ¢2500 por m2, mas la inflación asumiendo un punto
porcentual por mes que de Octubre del 2006 a Septiembre del 2008
                                                                         98


que sería 24%, nos estaría dando un rango de ¢2480 a ¢3100 por m2
en la zona actualmente.

       Sin embargo se considera razonable aún así, debido a que la
costo de la construcción del edificio que se ofrece es asumida por el
propietario, aparte que la construcción es completamente nueva en
concreto y diseñada de acuerdo a las necesidades que tiene el
Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Alvarado en la
actualidad, por lo que llegaría a suplir las necesidades reales que
tiene el despacho.

      Recomendación

       En resumen se dan las siguientes razones técnicas que hace
que la oferta cumpla con el objeto de esta licitación y de los
intereses del Poder Judicial y con los requerimientos físicos
solicitados por este Departamento, a saber,

      1. Por el costo total del inmueble que será asumida por el
propietario.

       2. Por lo difícil que es encontrar en la zona un edificio nuevo
y grande que se diseñe pensando en las necesidades de un despacho
judicial.

      3. Porque es un edificio completamente nuevo que va a
cumplir con la normativa vigente de nuestra legislación en todos los
aspectos, y por ser nuevo debe ser de buena calidad en la
construcción.

      4. El local tiene una excelente ubicación.

      5. El precio del alquiler mensual es razonable

       6. La ventilación e iluminación natural es muy buena en la
totalidad del los espacios.

       7. El local es seguro y por la disponibilidad que indica el
propietario de entregar el local completamente terminado en un año
para ser ocupado de acuerdo a las mejoras indicadas.

      Tabla de Calificación.
                                                                      99


      Ofertas               OFERTA 1                  OFERTA 2

      Precio                          53.26                   55
      Antigüedad del Local.             2                      2
      Estado de Paredes.                3                      3
      Estado de pisos.                 2                       2
      Estado de Pinturas.              2                       2
      Estado de Aguas potables.         2                      2
      Estado de Aguas Negras.           3                      3
      Estado del Sistema Eléctrico     3                       3
      Estado sistema Pluvial y Techos. 3                       3
      Ubicación.                        3                      3
      TOTAL                          7 6.26                 78%

       Nota importante: No omito indicarles que de acuerdo al
oficio numero 514-12-AI-2008, de fecha 23 de octubre del 2006,
confeccionado por el Arq Sergio Sotelo Dona, se recomendó que el
área mínima para alojar al Juzgado Contravencional y de Menor
Cuantía de Alvarado debía ser de 130m2, sin embargo en el cartel
se estableció un área que va de los 80m2 a los 120 m2, lo que no
coincide con lo recomendado en el informe mencionado

      DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD

      I.     OBJETIVO:

       Valoración de las condiciones de dos locales para el posible
traslado del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Alvarado, petición solicitada por el Departamento de Proveeduría,
según oficio 7697-DP/09-2008.

      II.   METODOLOGÍA:

      La visita fue realizada por la Licda. Roxana Hidalgo Vega,
Asistente de Seguridad, señor Franck Montero Acosta, Técnico en
Salud Ocupacional, de la zona de Cartago, servidores del
Departamento de Seguridad y el Arquitecto Héctor Maroto
Cambronero, del Departamento de Servicios Generales.

      III   DIAGNÓSTICO

     Basándose en la aplicación de la metodología antes
mencionada, se determinó lo siguiente:
                                                                          100




         1. MÓNICA MÁRQUEZ ORTIZ

       El inmueble está ubicado 150 metros norte de la Plaza de
         Fútbol de la localidad, a 400 metros de la Municipalidad.

    ASPECTOS ENCONTRADOS EN                         MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

        Está ubicado en una pendiente que se observa un poco
         pronunciada para el acceso de personas con discapacidad.
        El local es de dos plantas, en la segunda hay dos
         apartamentos habitados.
        Este local es un área libre no tiene divisiones, piso, cielo
         raso, únicamente un servicio sanitario pequeño, actualmente
         este local es utilizado para garaje.
        La propietaria del local se compromete a realizar las
         modificaciones y mejoras necesarias que se indiquen para
         acondicionar el local de acuerdo a las necesidades del
         Juzgado.
        Una vez acondicionado el lugar, posiblemente el local no
         cuente con suficiente ventilación e iluminación en algunas
         áreas, debido a que a los lados de la estructura no existen
         ventanas, ni la posibilidad de crearse.
        No contaría con una salida alterna para casos de
         emergencia.
        El acceso de la calle al local se observa agrietado y en mal
         estado, debe corregirse.
        En la parte de atrás las ventanas que se confeccionen deben
         tener verjas.
        Se debe construir un servicio sanitario que cumpla con la ley
         7600.
        Se debe cerrar totalmente el espacio libre que da a la segunda
         planta.
        La entrada principal debe quedar protegida por verjas o
         cortina metálica.
                                                                         101




       CONCLUSIÓN

      Realizando las mejoras antes mencionadas, el local se
recomienda para alojar el despacho en estudio, no obstante se
requerirá una nueva visita cuando se realicen todas las
modificaciones.

   2. HENRICK MOYA MOYA

       Este local se ubica a 250 metros de la plaza de deportes de la
localidad., a 400 metros este de la Municipalidad.

    ASPECTOS ENCONTRADOS EN                        MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

      Lo que visitamos es el lote en donde tiene planeado la
       construcción.
      Se procedió a revisar los planos, de acuerdo a éste, el local
       contará con buena iluminación y ventilación natural y
       artificial, suficiente espacio físico, acceso para personas con
       alguna discapacidad.
      Las ventanas deben contar con suficientes celosías para el
       ingreso de aire.
      Las ventanas, tragaluces, puertas de entradas principales
       deben contar con verjas.
      Rampas de acceso, servicio sanitario, puertas y pasillos
       anchos adecuados para personas con discapacidad.
      Deben estar delimitadas las colindancias con tapias altas y
       alambre navaja.

       CONCLUSIÓN

      Construyendo el local de acuerdo a lo establecido por el
Depto. de Servicios Generales y este Departamento, se recomienda
para alojar el despacho en estudio, no obstante se requerirá una
nueva visita cuando este terminado el inmueble.

       CALIFICACIÓN
                                                                         102




      ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN (10%)
      SEGURIDAD (10%)

                       ILUMINACIÓN Y                  SEGURIDAD
                       VENTILACIÓN
               Iluminación     Ventilación            Protección   Seguridad
               natural y       natural y artificial   Interna      Perimetral
               artificial
OFERTA 1             2.5                2.5                5            5
OFERTA 2              5                  5                 5            5

      CALIFICACIÓN FINAL:

      OFERTA 1: 15%
      OFERTA 2: 20% “

       4.2.2 Respecto al informe técnico anteriormente transcrito, se
indica que las dos propuestas cumplen desde el punto de vista
técnico, sin embargo, queda la inquietud, en cuanto a la oferta N°1
de Márquez y Ramírez S.A., ya que el arquitecto Maroto
Cambronero manifiesta que con las actuales condiciones del
despacho, éste se ajusta a las necesidades institucionales, siempre y
cuando no se confeccione una sala de juicio o audiencias, además,
indicó que el acceso principal cuenta con una pendiente maneja, sin
embargo, el Departamento de Seguridad indica que dicha pendiente
es un poco pronunciada y por último, dice que el local no posee
ventilación e iluminación natural, razón por la cual no se podría
aprovecharía la poca existe.

      4.2.3 Con correo electrónico del 22 de setiembre en curso, se
le consultó al ingeniero Francisco González Picado, a la licenciada
Roxana Hidalgo Vega y a la M.B.A. Pilar Obando Masís, en su
orden, Jefe de la Sección de Arquitectura e Ingeniera del
Departamento de Servicios Generales, funcionaria de Salud
Ocupacional del Departamento de Seguridad y Administradora
Regional de Cartago, lo siguiente:

       “En relación con el informe técnico 321-AI-2008, realizado
por el arquitecto Maroto Cambronero, para las ofertas presentadas
para el alquiler de un local para ubicar al Juzgado Contravencional
                                                                       103


de Alvarado. Revisando el informe específicamente en la oferta N°
1 de Mónica Márquez, nos encontramos con varias incongruencias:

      En la página dos del informe se indica que el inmueble no
tiene fácil acceso para una persona con discapacidad pero que si se
puede acceder, sin embargo, el informe de Seguridad indica que la
pendiente es un poco pronunciada para el acceso de personas con
discapacidad. Realmente el inmueble cumple a cabalidad con la
Ley 7600?

      En esa misma página, se dice: “la oferente no estaría
cumpliendo porque el mismo encierra mucho el lugar y debido a eso
no habrían entradas de luz y aire efectivas por lo que no se
aprovecharía la poca ventilación e iluminación que posee el local”.
El informe de Seguridad indica “que una vez que este
acondicionado el inmueble, posiblemente el local no cuente con
ventilación e iluminación en algunas área, debido a que a los lados
de la estructura no existen ventanas, ni posibilidad de crearse”.
Puede el despacho laborar bajo esas condiciones?

      Pilar

       El informe del arquitecto indica que esta oferta cumpliría
siempre y cuando no se confeccione una Sala de Juicios. Favor
indicar si se tiene crecimiento a futuro o se tienen planes de
confeccionar una sala de juicios?

       4.2.4 Como respuesta a nuestra solicitud, mediante correo
electrónico de ese mismo día la M.B.A. Obando Masís, indicó: “Le
informo que para el presupuesto 2008, hay una plaza de auxiliar
adicional para este despacho. Por otra parte, es conveniente que se
cuente con una sala de debates, que facilite más la labor que se ha
venido realizando”.

     4.2.5 Con correo del 23 de setiembre el arquitecto Héctor
Maroto Cambronero, Profesional 2 del Departamento de Servicios
Generales, expresó:

      “En cuanto al primer punto le informo;

       Como se indicó en el informe se hace ver que existe una calle
asfaltada al frente de la entrada principal al edificio con una
pendiente sin embargo la accesibilidad al local es factible para una
                                                                        104


persona con discapacidad esto ya que la acera que posee al frente
de la entrada es completamente plana             la cual tiene
aproximadamente unos 3 metros de ancho, por lo que estaría
cumpliendo con la ley 7600,

       En cuanto al segundo punto mencionado el cual indica lo
siguiente En esa misma página, se dice: “la oferente no estaría
cumpliendo porque el mismo encierra mucho el lugar y debido a eso
no habrían entradas de luz y aire efectivas por lo que no se
aprovecharía la poca ventilación e iluminación que posee el local”.
El informe de Seguridad indica “que una vez que este
acondicionado el inmueble, posiblemente el local no cuente con
ventilación e iluminación en algunas área, debido a que a los lados
de la estructura no existen ventanas, ni posibilidad de crearse”.
Puede el despacho laborar bajo esas condiciones?

       El informe indica lo siguiente: "el anteproyecto (plano
ofrecido ) que ofrece la oferente no estaría cumpliendo porque el
mismo encierra mucho el lugar y debido a eso no se aprovecha la
poca ventilación e iluminación que posee el local" esto quiere decir
que la distribución que planteó el oferente en el anteproyecto tiene
paredes que van de nivel de piso terminado a nivel de cielo
terminado, lo que estaría encerrando mucho la poca ventilación e
iluminación del local, sin embargo si se trabajara con una fachada
totalmente en vidrio con ventanas que permitan el acceso de
ventilación e iluminación desde el acceso principal además con
pocas paredes y a media altura que sirvan para dividir los espacios
internos se le estaría dando ventilación e iluminación desde la
fachada principal al interior del local, además hay dos ventanales en
la parte trasera del local que serviría para ventilar e iluminar los
baños y una oficina del juez, solo que el baño para discapacitados
estaría con ventilación e iluminación artificial.

      En cuanto a lo que indica la Licenciada Pilar Obando, de
que se debe de hacer una sala de juicios o audiencias, y además
se prevé el crecimiento del personal a una plaza mas, le indico
que siendo así, el espacio ofrecido por la señora Mónica
Marquez es insuficiente para hacerle frente a las necesidades
del despacho.”

          5. Análisis y valoración:
                                                                        105


       5.1 Conforme lo señalado en los informes de legal y técnico
antes transcritos, se procede seguidamente a exposición, análisis y
valoración de las circunstancias concurrentes en el presente
procedimiento de contratación.

      5.2 Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de dos ofertas
presentadas por Márquez y Ramírez S.A. y Henrich Moya Moya.

      5.3 De conformidad con el criterio emanado por la Sección
de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, las dos propuestas son
admisibles al concurso.

       5.4 De acuerdo con los criterios técnicos emitidos por los
Departamentos de Servicios Generales y Seguridad, se concluye que
las dos ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del cartel,
sin embargo, de conformidad con lo manifestado por la
Administradora Regional de Cartago, al indicar de la necesidad de
contar con una sala de juicios o audiencias, así como, de la
expectativa que se tiene de crecimiento a futuro del despacho, el
área ofertada por Márquez y Ramírez S.A., resultaría insuficiente
para albergar dicho despacho, ya que las áreas adicionales
indicadas, no fueron contempladas en el cartel de la licitación. Así
las cosas, como resulta necesario contar con dichas áreas, este
procedimiento de contratación se debe declarar desierto y realizar
un nuevo procedimiento licitatorio en el que se contemple el total de
área que se requiere para el Juzgado Contravencional y Menor
Cuantía de Alvarado.

          6. Recomendación

       6.1 De acuerdo con el análisis del estudio técnico
anteriormente detallado, a la luz de la normativa aplicable, el
Departamento de Proveeduría, recomienda, al no contar el cartel
con todas las especificaciones técnicas requeridas, declarar desierta
la presente licitación. Para promover un nuevo concurso, se
solicitará a la Unidad Administrativa Regional de Cartago que
redefina, los requerimientos de área o espacio físico.”
                                -0-
                                                                               106


      Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de Proveeduría,

en consecuencia, declarar desierta la Licitación Abreviada N° 2008LA-

000086-PROV denominada "Alquiler de local para alojar al Juzgado

Contravencional y Menor Cuantía de Alvarado."

      Para promover un nuevo concurso, se solicitará a la Administración

Regional de Cartago que redefina, los requerimientos de área o espacio físico.

      La Dirección Ejecutiva, la Administración Regional de Cartago y el

Departamento de Proveeduría, tomarán nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO X

      En oficio N° 8573-DP/10-2008 de 1° de octubre en curso, la máster Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de Proveeduría, comunicó lo

siguiente:

            “En referencia a la Licitación Abreviada 2008LA-000036-
       PROV, “Contratación de servicios de limpieza para diversos
       despachos judiciales de la zona de Cartago”, remitimos a usted la
       documentación adjunta, para que sea sometida a conocimiento del
       Consejo Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que consideren
       conveniente.

             En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 8.1.22 del cartel para resolver esta
       contratación vence el lunes 13 de octubre del 2008.

            Al tenor de los artículos 78, siguientes y concordantes del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del
       Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial, el pliego de
                                                                        107


condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los que
conserva esta Proveeduría, se determinó que:

      Ofertas recibidas en el presente concurso:

      Para este concurso        se    recibió   una   única    oferta
correspondiente a:

1. Serta Servicios Técnicos Administrativos S.A., cédula jurídica N°
3-101-169810.

      Estudio de las ofertas:

      Mediante el oficio número 8119-DP/10-2008, se solicitó a la
Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el estudio del
marco legal de la única oferta recibida, en los siguientes términos:

       “…Para que se proceda al estudio de legal de las cinco
ofertas recibidas, adjunto expediente administrativo de la Licitación
Abreviada 2008LA-000036-PROV, denominada “Contratación
de servicios de limpieza para diversos despachos judiciales
ubicados en la zona de Cartago”.

       Al indicado efecto y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de las ofertas y qué defectos u omisiones serían
subsanables e indispensables de requerir, seguidamente se detallan
los aspectos más relevantes que se han advertido por parte de este
Despacho, producto de su revisión inicial:

      Oferta única: Serta Servicios Técnicos Administrativos
S.A., C.J. N° 3-101-169810:

   1. En relación con la cláusula 3.4 sólo se advierte la respuesta
      “Mi representada cuenta con las pólizas del INS, solicitadas
      por este cartel”, manifestación que no suple la información
      relativa al tipo y alcance de las pólizas que dispone y/o se
      obliga a adquirir, para los fines que en dicha cláusula se
      señalan. Dada esta circunstancia se solicita indicar si se
      estima posible e importante prevenir al oferente que supla
      esta información. (Véase folio 20 del apartado de “Ofertas”
      del expediente)
                                                                       108


   2. En relación con las cláusulas 8.1.9 y 8.1.11, la oferente
      aporta simple fotocopia de certificación (véase folio 17 del
      apartado de “Ofertas” del expediente), aspecto que
      estimamos no suple lo requerido en las citadas cláusulas,
      habida cuenta que tampoco aparece como proveedor activo
      en el Registro de Proveedores. (Véase folio 26 del apartado
      de “Ofertas” del expediente)

      Análisis de los precios cotizados:

       Aunado a los aspectos antes descritos, se procedió a realizar
un análisis para determinar la ruinosidad o no del precio cotizado
por los oferentes, considerando tanto los datos de las ofertas, como
las estipulaciones del pliego de condiciones, del Código de Trabajo,
y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República,
particularmente el oficio FOE-PGA-76 de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la
República, Área de Servicios Públicos General y Ambientales, de
fecha 9 de marzo de 2007.

      Al indicado efecto, se realizó un modelo similar al utilizado
por el Órgano Contralor, partiendo de los supuestos específicos
contemplados en el pliego de condiciones de esta contratación.

       Los resultados de dicho análisis se muestran en los cuadros
visibles a folios que corren del 8 al 11 del apartado de “Selección”
del expediente.

      De los resultados obtenidos en los cuadros visibles a folio 10
del apartado de “Selección” del expediente, se concluye que los
precios cotizados para los ítems del 1 al 4 no resultan ruinosos, ya
que reflejan una utilidad positiva, a excepción del cuadro 8 que
corresponde al ítem 5, ya que este no refleja utilidad.

      Finalmente, no se omite referir que ya la Unidad
Administrativa Regional de Cartago, mediante oficio 447-UARC-08
de fecha 05 del mes corriente, emitió su criterio técnico.”

      Estudio legal:

      Mediante oficio número 1546-DE/AL-08 de fecha 11 de
septiembre del 2008, la licenciada Itzia Araya García, Jefa de la
                                                                          109


Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, al referirse al
estudio legal de la única oferta recibida, señaló:

       “…En respuesta al oficio N°8119-DP/10-08 de 10 de
setiembre del año en curso, suscrito por la licenciada Nidia
Fernández Arley, Jefa a. i. del Subproceso de Licitaciones de ese
Departamento, requiriendo el análisis legal de la propuesta de Serta
Servicios Técnicos Administrativos S. A., recibida en la Licitación
Abreviada N°2008LA-000036-PROV, cuyo objeto es la
“Contratación de servicios de limpieza para diversos despachos
judiciales ubicados en la zona de Cartago"; me permito referirle
que por tratarse de un procedimiento en el que participa un único
oferente, deben aplicarse los reiterados criterios de esta Asesoría, en
cuanto a la posibilidad de solicitarle que aporte cualquier dato o
documento omitidos para valorar su propuesta, y si es del caso, se
ajuste a los requerimientos cartelarios. Cabe referir que los aspectos
señalados por ese Departamento son subsanables de conformidad
con el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. Específicamente, en cuanto al punto 1), se le debe
prevenir a la oferente que aporte lo requerido en la cláusula 3.4 del
pliego de condiciones, a fin de que supla la información relativa al
tipo y alcance de las pólizas que dispone o que se obligue adquirir.
Respecto de la observación del punto 2), se le debe prevenir a la
oferente para que aporte original o copia certificada correspondiente
a lo requerido en las cláusulas 8.1.9 y 8.1.11 del pliego de
condiciones.

       Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante
los principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir más
participantes; de ahí que al procurar la adjudicación del negocio, se
protegería la satisfacción del interés general y el cumplimiento de
los fines y cometidos de la Administración, siempre y cuando
previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único oferente
y la razonabilidad del precio que cotiza, según los parámetros del
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.”

      Prevenciones:

       De acuerdo con lo externado en el informe de la Asesoría
Legal, se procedió a prevenir a la única participante, para que
subsanara los diferentes aspectos advertidos en el estudio antes
transcrito. Producto de la respuesta obtenida al vencimiento del
                                                                               110


       plazo conferido, se determina que las mismas fueron subsanadas a
       cabalidad por la oferente.

             Estudio técnico:

             Mediante correo electrónico de fecha 05 de setiembre del
       2008 (véase folios 4 al 6 del apartado de “Selección” del
       expediente), la licenciada Pilar Obando Masís, Jefa de la
       Administración Regional de Cartago, remitió el informe de estudio
       técnico de la única oferta, requerido mediante nuestro oficio 7747-
       DP/10-2008 de fecha 01 de setiembre del 2008, según su oficio 447-
       UARC-2008, en el que se manifiesta lo siguiente:

             “… En respuesta a su oficio Nº 7747-DP/10-08, en el cual
       se solicita     el criterio técnico emitido para la Licitación
       Abreviada 2008LA-000043-PROV denominada Contratación
       de servicios de limpieza para diversos despachos judiciales de
       la zona de Cartago, le informo lo siguiente:

              1. En cuanto a las condiciones específicas, la oferta no tiene
       mayor detalle, no obstante aporta la lista de materiales y equipos
       que se solicitan para realizar el servicio adecuadamente; sobre el
       particular se recomienda que las cantidades en ella determinadas se
       ajusten de conformidad a las necesidades reales del despacho.

              2. En lo que respecta al precio, se establece un monto total
       igual para oficinas de diferentes tamaños, aunque en lugares
       diferentes, de esta forma el precio por metro cuadrado para cada
       oficina es el siguiente:

OFICINA                                  monto cotizado        costo      por   metro
                                                               cuadrado a limpiar una
                                                               vez al mes
Juzgado Contravencional Tarrazú          1.800.000.00          234.00
Fiscalía de Tarrazú                      1.176.000.00          428.57

Juzgado Contravencional de La Unión
                                         1.800.000.00          285.00
Juzgado Contravencional de Paraíso       1.800.000.00          238.00

Juzgado de Pensiones de La Unión         1.800.000.00          163.00
                                                                        111


      En lo que respecta a los precios de mercado, es importante
señalar que en esta zona se manejan servicios contratados con la
empresa Mutiasa en Jiménez (el valor por metro cuadrado limpiado
es de 385.00 colones) y en La Unión (costo por metro cuadrado
154.00); asimismo en Tarrazú se ha contratado a una empresa que
cobra por metro cuadrado, 175.00 colones.

       Como se puede ver, dependiendo de la zona así se manejan
diferentes montos; por lo que si se obtiene un promedio de los tres
datos suministrados se tendría un costo por metro cuadrado
promedio de 238.00 colones. De esta forma, se puede concluir que
el precio por metro cuadrado que ofrece el proveedor, es razonable
para todas las líneas, excepto para la Fiscalía de Tarrazú, donde el
porcentaje de variación con respecto al costo promedio, supera el
75%, de donde se estima como excesivo el valor cotizado para el
servicio de limpieza de la Fiscalía de Tarrazú.

        Por otra parte, es importante señalar que con los recursos
certificados para estos contratos, se puede atender para el año 2008,
el servicio a contratar. En lo que respecta al año 2009, se hará lo
necesario para ajustar el monto destinado a esta línea
presupuestaria.”

      Análisis de precios:

       Con base tanto en las estipulaciones cartelarias, como en el
decreto vigente de salarios mínimos, número 34612-MTSS, el
Código de Trabajo, jurisprudencia reciente sobre precio ruinoso
contenida en resolución de la División de Contratación
Administrativa de la Contraloría General de la República, número
R-DCA-136-2007 de las trece horas del 27 de marzo de 2007,
sustentada en criterio dictaminado y desarrollado por la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa de ese mismo Órgano
Contralor, según oficio FOE-PGA-76 de 9 de marzo de 2007, y la
información comprendida en la única oferta presentada, ante de
requerir el estudio legal, se procedió a realizar un análisis, para
determinar la ruinosidad o no de los precios cotizados por esta
oferente.

       Para ello, se desarrolló un modelo similar al utilizado por el
Órgano Contralor, adecuándolo al caso particular, de acuerdo con
las especificaciones y características de esta contratación.
                                                                        112


       Los resultados de dicho análisis se muestran en los cuadros
visibles a folios 10 y 11 del apartado de “Selección” del expediente.

       De los resultados obtenidos en los cuadros confeccionados, se
concluye que los precios cotizados no resultan ruinosos, ya que
reflejan una utilidad positiva. A excepción del ítem N° 5,
correspondiente a los servicios de limpieza de la Fiscalía de
Tarrazú, ya que presenta un precio ruinoso al aplicar los ensayos de
la Contraloría General de la República, ver cuadro N° 8 a folio 10
del apartado de “Selección”.

       Aunado a lo anterior y según se desprende del criterio técnico
emitido por la MBA. Pilar Obando Masís, Administradora de la
Unidad Administrativa Regional de Cartago, los precios cotizados
del ítem N° 1 al N° 4 se consideran razonables, según el precio
promedio que arrojó el estudio de mercado, esto a excepción del N°
5, el cual en su criterio es excesivo.

       De lo señalado en los dos párrafos anteriores, es importante
considerar que aunque pareciera existir una contradicción respecto
a lo señalado para el ítem 5, tanto por parte de este Proveeduría
como por lo que manifiesta la MBA. Pilar Obando Masís,
Administradora de la Unidad Administrativa de Cartago, la
situación que se presenta para este ítem se generó por la
estructura de costos del precio que presentó esta oferta.

      Análisis y valoración:

       Luego de haber corroborado que los precios cotizados por la
única oferente no resultan ruinosos, a excepción del ítem N° 5, así
como al haberse obtenido los estudios de carácter legal y técnico
detallados en los párrafos anteriores, y realizada la prevención
necesaria, se concluye que la única oferta presentada a concurso se
determina como elegible para resultar adjudicataria, para las líneas
de la 1 a la 4.

      Evaluación:

      Conforme lo antes indicado, procedería aplicar el sistema de
evaluación descrito en la cláusula 10.1.5 del pliego de condiciones,
el cual considera dos factores: 1) el precio (70 puntos) y 2) la
experiencia (30 puntos).
                                                                       113


      Sin embargo, al estar en presencia de una única oferta, y pese
por esta condición no ser necesario la aplicación del sistema de
evaluación; es importante señalar que en lo concierne al factor
experiencia, Serta Servicios Técnicos Administrativos S.A., acredita
la experiencia requerida en el pliego de condiciones.

       De lo anterior se concluye entonces, que solo resta emitir la
recomendación de adjudicación, para las líneas N° 1, 2, 3 y 4, en
favor de la única oferta presentada a concurso.

      Recomendación:

       En vista de lo anteriormente expuesto, y verificada la
existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes,
según certificación de contenido presupuestario número 294-P-
2008, emitida por un monto total de ¢3.306.000,00, se recomienda
adjudicar esta licitación en favor de la única oferta presentada a
concurso para las líneas N° 1, 2, 3 y 4. Lo anterior, conforme al
detalle siguiente:

      Serta Servicios Técnicos Administrativos S.A., cédula
jurídica N° 3-101-169810

       Item N° 1: Servicios de limpieza para las instalaciones del
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, por un
precio mensual de ¢150,000,00 y un precio anual de ¢1.800.000,00.

       Item N° 2: Servicios de limpieza para las instalaciones del
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso, por un
precio mensual de ¢150,000,00 y un precio anual de ¢1.800.000,00.

       Item N° 3: Servicios de limpieza para las instalaciones del
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de La Unión, por un
precio mensual de ¢150,000,00 y un precio anual de ¢1.800.000,00.

       Item N° 4: Servicio de limpieza para las instalaciones del
Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de La Unión, por un
precio mensual de ¢150,000,00 y un precio anual de ¢1.800.000,00.

      Demás términos y condiciones conforme al pliego de
condiciones y la oferta.
                                                                                114


              De conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento a la
       Ley de Contratación Administrativa, la Administración Regional de
       Cartago adoptará las previsiones correspondientes durante todos los
       ejercicios presupuestarios que involucre la relación contractual, para
       hacerle frente al gasto respectivo.

              Respecto al ítem N° 5, correspondiente al servicio de
       limpieza para las instalaciones de la Fiscalía de Tarrazú, se
       recomienda declararlo infructuoso. En razón de la cuantía, se
       tramitará, un procedimiento de contratación directa con el propósito
       de satisfacer esta necesidad.”
                                       -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 78 siguientes y concordantes del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del Reglamento Interno de

Compras del Poder Judicial y la recomendación formulada por el

Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente transcrito, se

dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2008LA-000036-PROV

denominada “Contratación de servicios de limpieza para diversos despachos

judiciales de la zona de Cartago”, conforme al siguiente detalle:

      A la empresa Serta Servicios Técnicos Administrativos S.A., cédula

jurídica N° 3-101-169810.

      Ítem N° 1: Servicios de limpieza para las instalaciones del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, por un precio mensual de

¢150,000,00 y un precio anual de ¢1.800.000,00.
                                                                                  115


      Ítem N° 2: Servicios de limpieza para las instalaciones del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso, por un precio mensual de

¢150,000,00 y un precio anual de ¢1.800.000,00.

      Ítem N° 3: Servicios de limpieza para las instalaciones del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de La Unión, por un precio mensual de

¢150,000,00 y un precio anual de ¢1.800.000,00.

      Ítem N° 4: Servicios de limpieza para las instalaciones del Juzgado de

Pensiones y Violencia Doméstica de La Unión, por un precio mensual de

¢150,000,00 y un precio anual de ¢1.800.000,00.

      Demás términos y condiciones conforme al pliego de condiciones y la

oferta.

      De conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, la Administración Regional de Cartago adoptará

las previsiones correspondientes durante todos los ejercicios presupuestarios

que involucre la relación contractual, para hacerle frente al gasto respectivo.

      Respecto al ítem N° 5, correspondiente al servicio de limpieza para las

instalaciones de la Fiscalía de Tarrazú, se recomienda declararlo infructuoso.

En razón de la cuantía, se tramitará un procedimiento de contratación directa

con el propósito de satisfacer esta necesidad.
                                                                              116


     La Dirección Ejecutiva, la Administración Regional de Cartago y el

Departamento de Proveeduría tomarán nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XI

     La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8533-DP/09-08 de 30 de setiembre último,

manifestó:

            “En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
       000049-PROV “Alquiler de local para alojar la Fiscalía de San
       Marcos de Tarrazú”, remitimos a usted la documentación adjunta,
       para que sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a
       efecto de que se tome el acuerdo que consideren conveniente.

            En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 6.2.11 del aparte condiciones
       generales del cartel para resolver esta contratación, vence el 13 de
       octubre de 2008.

               Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
       Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo
       con los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría,
       se determinó que:

             1. Ofertas presentadas

             1.1 Al concurso licitatorio se presentaron ofertas de:

             N° 1. ANA RITA MONGE CORDERO, cédula de identidad
       N° 1-0783-0693, por una renta mensual de ¢500.000,00.
             N° 2. LUIS ENRIQUE VARGAS BLANCO, cédula de
       identidad N° 1-0627-0406, por una renta mensual de ¢500.000,00.

             2. Análisis legal de la oferta:
                                                                         117


      2.1 Mediante el oficio 7959-DP/09-08 de 05 de setiembre del
año en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, el estudio del marco legal de las ofertas
recibidas, de la manera siguiente:

     “Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal de
las dos ofertas recibidas en la Licitación Abreviada N° 2008LA-
000049-PROV, denominada “Alquiler de local para ubicar la
Fiscalía de San Marcos de Tarrazú”, para lo cual adjunto el
respectivo expediente administrativo.

      Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de las
ofertas y qué defectos u omisiones es (sic) subsanable (sic),
seguidamente se detallan los aspectos más relevantes que se han
advertido producto de la revisión inicial de los documentos
aportados en las ofertas, respecto de los cuales se solicita especial
pronunciamiento de la Sección a su cargo.

     OFERTA N° 1 ANA RITA MONGE C:

    No presenta vicios u omisiones.

     OFERTA N° 2 LUIS ENRIQUE VARGAS B:

      1. No aporta certificación o documentación extendida por la
Municipalidad, en la que se indique se existe plan regulador en la
zona.

      En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.”

      2.2 Mediante oficio N° 1528-DE/AL-08 recibido el 09 de
setiembre de 2008, la Licda. Ana Patricia Álvarez Mondragón,
Asesora Legal de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal
de las ofertas recibidas, señaló:

     “……el análisis legal de las ofertas recibidas en la Licitación
Abreviada N°2008LA-000049-PROV, cuyo objeto es el “Alquiler
de local para ubicar la Fiscalía de San Marcos de Tarrazú”; me
permito referirle que las dos propuestas incorporadas en el
                                                                            118


expediente, cumplen desde el punto de vista legal y que la
indicación de la certificación en la oferta número 2 es subsanable
mediante prevención conforme al artículo 81 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa.”

     3. Prevenciones

     3.1 Con vista en el informe legal, se determinó que era
posible prevenir a la oferente N° 2, Luis Enrique Vargas Blanco, sin
embargo, no fue cursada la prevención, en virtud de que, como se
verá más adelante, la oferta no cumple técnicamente con los
requerimientos institucionales.

     4. Solicitud de informes técnicos

      4.1 Mediante oficios 7863 y 7864-DP/09-2008, de fecha 04 de
setiembre de 2008, se remitió copia de las ofertas presentadas en la
licitación, a los Departamentos de Servicios Generales y Seguridad,
respectivamente, con el fin de que se realizara la valoración técnica
de los inmuebles ofertados.

     4.2     Análisis técnico

      4.2.1 Mediante oficio N° 1110-05-SG-08, de 12 de setiembre
del año en curso, el Ingeniero Francisco González Picado, Jefe de la
Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios
Generales, remite el informe técnico número 320-AI-2008,
realizado por el arquitecto Héctor Maroto Cambronero, Profesional
2 de la Sección de Arquitectura e Ingeniería de ese Departamento,
en conjunto con el Departamento de Seguridad. En el mismo se
indica lo siguiente:

   “En respuesta a la solicitud del Departamento de Proveeduría
según oficio 7864-DP/09-2008, para realizar la valoración (sic) de las
ofertas de los inmuebles ofrecidos para contratar el alquiler y trasladar
a la Fiscalía de San Marcos de Tarrazú, le informo:

        Oferta 1 presentada por Ana Rita Monge Cordero.

Área del local                                           200.00 m²
Precio del alquiler                                      ¢ 500.000
Precio del alquiler por metro cuadrado                    ¢2.500
                                                                             119


          CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

       Generalidades

        La oferta contempla el alquiler de un local de dos plantas en
concreto, el cual se está construyendo, y está en la etapa de acabados
finales, el mismo se ubica en San Marcos de Tarrazú 200 al este y 50
al norte del Parque Central.

        Actualmente, la obra se encuentra bastante avanzada, al punto
que solo faltan algunos detalles como ventanas, pintura, conexiones
eléctricas, algunas paredes recomendadas de acuerdo a las
necesidades de la fiscalía, entre otros detalles.

       El total del área útil ofrecida es de 200 m2 la cual se ajusta a la
superficie solicitada en el cartel, cuyo espacio debe ser de 140 m2
mínimo hasta 200m2 como máximo. A su vez se observa que los
espacios que conforman la superficie ofrecida, se encuentran en forma
separadas (sic) en cuatro espacios diferentes dentro de un mismo
inmueble, ubicados en planta baja y alta unidos a su vez por espacios
que generan luz, frescura y amplitud al lugar.

       Esta ubicación es céntrica y bastante favorable para el
despacho ya que es de fácil acceso para el usuario el cual lo hará
desde la acera por medio de una rampa que da a la recepción. El local
tiene dos accesos a calle asfaltada, lo que hace fácil una posible
evacuación del inmueble en caso de emergencia.

       El edificio ofrecido no se encuentra cerca de paradas de buses
o taxis, cantinas o salones de baile, ni de reuniones públicas, como
tampoco de instituciones de enseñanza ni de establecimientos
comerciales que generen ruidos excesivos. Mas bien la zona donde se
encuentra es básicamente de oficinas, pocas residencias y locales
comerciales además contiguo al mismo se ubica el Juzgado
Contravencional y de Menor Cuantía de San Marcos de Tarrazú.

       El inmueble tiene acceso directo a la calle pública asfaltada y
como el mismo se encuentra ubicado a un nivel mas bajo de la acera
se construyó una rampa de acceso para cumplir con la Ley 7600.

       De acuerdo a las necesidades y espacios que se requieren para
el despacho se considera que la distribución arquitectónica que se
plantea en el sitio se ajusta a las necesidades del despacho, ya que por
                                                                           120


las ubicaciones de cada una de ellos, conviene para que el despacho
cumpla las funciones a entera satisfacción de los usuarios y el
personal que las utilizará.

        Por otra parte cabe mencionar que la ubicación de las zonas
útiles, que se establecen en planta pueden reciben (sic) buena
iluminación y ventilación esto a raíz de los espacios no útiles que
existen como unión entre los elementos y los ventanales que se van a
establecer.

       En cuanto a lo referente a que si cumple con lo establecido por
la Ley 7600, en relación a la accesibilidad de personas con alguna
discapacidad, se está construyendo una rampa que cumpla con ese fin
que va de la acera la entrada de la recepción.

      Además cuenta con un espacio de Parqueo bajo techo
debidamente cerrado integrado al local donde se puede ubicar los
vehículos oficiales.

     Iluminación y ventilación del inmueble

        El acceso al local esta ubicado a un costado del edificio donde
esta el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Marcos
de Tarrazú que forma parte del inmueble que se está ofreciendo, a
pesar de eso de acuerdo a la distribución de los espacios útiles que se
están planteando y al sistema de ventanas amplias que parecen van a
tener, se genera que las estancias internas lleguen a poseer (sic) todos
buena ventilación e iluminación natural. Todas las zonas a habitar
contarán con ventanales muy amplios en vidrio fijo y celosías (sic)
que provocaran (sic) una entrada y salida de aire y luz continuo,
haciendo que se de una renovación del aire con más eficiencia. La
iluminación eléctrica estarará (sic) compuesta por lámparas
fluorescentes las cuales darán una mayor iluminación a los espacios
internos. Siendo que a la fecha no se encuentran instaladas las
ventanas ni los sistemas de electricidad se debería analizar otra vez el
espacio una vez puestas las mismas.

       Seguridad del inmueble

       El edificio está construido en concreto tanto las paredes
perimetrales como el contrapiso, es decir materiales altamente
resistentes al fuego. Las paredes internas de igual forma se están
construyendo en fibrolit con una estructuras interna de metal.
                                                                           121




       La seguridad de la edificación estará basada en el acceso
principal, secundario y perimetral que se tiene, las cuales contarán con
un portón debidamente seguro el acceso principal y secundario, y el
perímetro por tapias altas con cerramientos adecuados para evitar el
paso de alguna persona y en los sectores que se necesite se pondrá
alambre navaja, y además el acceso principal al local habrá una puerta
cerrada con acceso restringido que da a la zona de atención al público.

       El edificio contará con un área común que no se contempla
dentro de la oferta y es ofrecida por el oferente, para que esta sea
disfrutada en horas de descanso por la Fiscalía y el Juzgado
Contravencional, lo que generará que el propietario tome las medidas
necesarias, para que el acceso a ese lugar sea solo para funcionarios,
por lo que deberá crear un cerramiento para impedir el paso de
personas ajenas a los despachos.

       La rampa construida deberá tener a sus lados barandas de
seguridad de tal modo que impidan que una persona pueda caer en los
huecos que se generan en la construcción de la misma.

      El edificio es nuevo y cuenta con un sistema eléctrico que
cumple con las normas del Código Eléctrico, dicho sistema se
encuentra en construcción.

       El edificio no tiene problemas de ingresos por las tapias ya que
las alturas de de las mismas son altas y de acuerdo a las
recomendaciones que se le dieron al propietario se estarían
minimizando ese riesgo con determinados cerramientos.

       Calidad de la Construcción

       El edificio en lo que respecta al área ofrecida es nuevo por lo
que aún no se ha usado, de ahí que se observa una buena calidad de la
construcción. Las paredes perimetrales son de concreto y estarán
debidamente pintadas, las divisiones internas son livianas que se
encuentran en proceso de construcción y serán el Fibrolit. El piso es
en cerámica.

       Los materiales parecen ser de buena calidad. Así mismo la
altura de N.P.T a N.C.T es de 2.60 metros lo que permite una mayor
circulación de aire.
                                                                               122


       El inmueble cuenta con dos servicios sanitarios bastante
amplios terminados en la planta baja y uno por construirse en la planta
alta, además se construirá uno que sería para personas con
discapacidad y público en general.

        Existe la disponibilidad de los servicios básicos como agua
potable, alumbrado público, servicio telefónico, recolección de basura
y eléctrico.

       Flexibilidad de la distribución arquitectónica

        El edificio está diseñado en la planta alta y baja como planta
libre, lo que hace que la flexibilidad del mismo se pueda adecuar
fácilmente para las necesidades de espacios que necesita la Fiscalía.

        Las divisiones livianas aún no se terminan de construir por lo
que el propietario del inmueble se compromete a realizar todos los
cambios necesarios para que la distribución de espacios, que fue
solicitada en el cartel y en la visita al sitio, se ajuste a las necesidades
físicas del despacho. De cumplirse esta condición se puede decir que
la distribución arquitectónica es flexible y el Juzgado se puede ubicar
(sic) sin ningún problema en el local ofrecido, sin embargo se deberá
hacer otra inspección una vez finalizados los trabajos para verificar el
cumplimiento de los aspectos mencionados. Entre los cambios
solicitados durante la visita, están los siguientes:

      1. Construir un servicio sanitario para personas con
discapacidades de acuerdo a la normativa de la Ley 7600, ubicado por
la entrada principal del despacho parte externa y un baño mas (sic)
para el personal.
     2. Modificar la rampa construida de acceso al despacho con una
pendiente máxima del 10% para cumplir la normativa de la Ley 7600
y que la misma posea una superficie antideslizante.
     3. Confeccionar las paredes livianas indicadas en el sitio, a fin
de poder distribuir y construir los espacios requeridos para el
funcionamiento del despacho.
    4. Construcción de un Mueble para la atención al público que
cumpla la normativa de la Ley 7600.
      5. La construcción de un nuevo acceso principal al despacho
para lo cual se confeccionará una nueva puerta para ese fin.
                                                                            123


      6. Se deberá hacer un buque de puerta que dé acceso del área de
recepción al resto del despacho, esto debido a que se sellará la entrada
que se asignó para dicho fin y por ese lugar se construirá el servicio
para personas con discapacidad.
      7. Se deberá cerrar el tragaluz u orificio que se indicó, esto con
estructura metálica y un cerramiento en Jordomex, para evitar algún
accidente
      8. En cuanto a los espacios requeridos, se harán los siguientes
aposentos en la ubicación que se indicó en la visita al sitio; 2 oficinas
para fiscales, una recepción, un área de espera, un zona para archivo,
una oficina para atención a la victima, una cocineta, dos oficinas mas
en la planta baja y un área para auxiliares y citador
     9. Se deberán construir los cerramientos necesarios tanto en
paredes, cubierta y otro elemento que se mencionaron en el sitio a fin
de mejorar aún más la seguridad del lugar.
     10. Una bodega para artículos de limpieza y suministros que
puede ser debajo las gradas. (no se menciono (sic) en el sitio)
       11. Que los tomacorrientes estén debidamente polarizados a
tierra y que todo el sistema eléctrico esté completamente entubado.
     12. Se deberá confeccionar un espacio con una pileta para el
aseo del lugar. (no se menciono (sic) en el sitio)
     13. Los niveles de piso entre los espacios en la primera y
segunda planta deben ser los mismos de tal modo que no existan
gradas que impidan el fácil acceso a personas con discapacidad
externas e internas al despacho.
     14. Todas las puertas deben de medir en el buque como mínimo
1 metro de ancho libre.
      15. Las escaleras deberán ser construidas completamente en
concreto y deberán tener superficies antideslizantes igual que los
pasillos que unen los espacios deberán tener superficies
antideslizantes.

       Precio del alquiler

       El precio del alquiler de la oferta es de ¢500.000.00 por un área
de 200m², lo que es equivalente a pagar a ¢ 2.500 el m² de
construcción útil de oficina. Se considera que este precio es razonable
                                                                           124


por estar dentro de los precios de mercado que se deberían estar
pagando en la zona los cuales van de ¢ 2450 a ¢ 3050 si se toma como
referencia el precio que se establecio (sic) mediante oficio 653-12-AI-
2006 de Diciembre del 2006 que es de ¢2500 por m2, mas (sic) la
inflación asumiendo un punto porcentual por mes que de Diciembre
del 2006 a Septiembre del 2008 que sería 22%, nos estaria (sic)
dando un rango de ¢2450 a ¢3050 por m2 en la zona actualmente

       Sin embargo se considera razonable aún mas cuando se hace
ver que el costo de la remodelación que se esta dando, la cual tiene un
precio bastante elevado es asumida por el propietario.

       Recomendación

      En resumen se dan las siguientes razones técnicas que hace que
la oferta cumpla con el objeto de esta licitación y de los intereses del
Poder Judicial y con los requerimientos físicos solicitados por este
Departamento, a saber,

      1. Por el costo de la remodelación indicada la cual será
asumida por el propietario.
       2. Por lo difícil que es encontrar edificios grandes en esta zona
que se adapten fácilmente a las necesidades requeridas por la Fiscalía.
       3. Porque el edificio es nuevo y presenta una buena calidad de
construcción.
       4. El local tiene una excelente ubicación.
       5. El precio del alquiler mensual es razonable
       6. La ventilación e iluminación natural al parecer es bastante
eficiente.
       7. El local es seguro y por la disponibilidad que indica el
propietario de ocupar la propiedad una vez finalizadas las mejoras
indicadas.
No obstante a lo anterior se requerirá de una nueva vista al sitio
una vez terminadas las obras.

      Oferta 2 presentada por Luis Enrique Vargas Blanco

Área del local                                                  100 m²
                                                                           125


Precio del alquiler                                      ¢ 500.000.00
Precio del alquiler por metro cuadrado                      ¢ 5000.00

          CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

       Generalidades

       La oferta contempla el alquiler de una casa de habitación que
actualmente esta habitada y construida en dos plantas, con sus paredes
perimetrales en concreto, cielo raso en la segunda planta en fibrolit y
en la primera planta no posee, paredes internas o divisiones son en
madera, el entrepiso es en madera, las escaleras en madera materiales
altamente combustibles.

       Se ubica en San Marcos de Tarrazú 200 metros al este de la
Estación de Combustible Don Bosco.

      El total del área útil ofrecida es de 100m2 la cual no se ajusta a
la superficie solicitada en el cartel, cuyo espacio debía ser como
mínimo 140m2. y máximo 200m2.

        A su vez se observa que los espacios que conforman esa
superficie ofrecida están concebidos como espacios habitacionales
puesto que es una casa de habitación, la cual esta constituida de la
siguiente forma; posee una sala junto a una cocina amplia, zona de
pilas, un baño con ducha, un módulo de escaleras y un comedor en la
planta baja, y en la planta alta la conforman tres cuartos, una sala de
televisión, un módulo de escaleras y un baño, debido a que el lugar es
una casa de habitación la flexibilidad del espacio ofrecido no se ajusta
a las necesidades del despacho, ya que los espacios existentes no son
flexibles fácilmente para acondicionarlos de acuerdo a los espacios
requeridos por la Fiscalía lo que provocaría problemas de
funcionalidad.

       Por otra parte las mejoras que se deben de realizar son
bastantes amplias, como, pintura total, confección de paredes, cambio
del entrepiso ya que es de madera, marcos de ventana en mal estado,
paredes internas de la segunda planta, aspectos de seguridad, aspectos
de accesibilidad para personas con discapacidad, construcción de un
servicio sanitario para personas con discapacidad, entre otros,
generando así un costo bastante elevado para el oferente.
                                                                           126


        Las escalres (sic) son en madera y las mismas se encuentran en
mal estado ya que se da mucho movimiento al estar en ellas, además
al saltar un poco en la segunda planta se genera bastante movimiento
del entrepiso, lo que podría generar problemas al instalarle el equipo
de oficina que se requiera en el lugar por el peso propio de los
mismos. Otro aspecto de considerar es que de la sala al comedor
existe un cambio de nivel lo que provocaría hacer una rampa y por
ende disminuiría el área útil ofrecida

       Un aspecto muy importante es el acceso a la casa, se da a
través de una calle publica que se encuentra en el lugar con una
pendiente bastante pronunciada, de querer hacer una rampa para
acceder debido a la altura que hay de la calle a la entrada a la casa el
desarrollo de la rampa provocaría tomar parte de la calle, aspecto que
es imposible de realizar debido a que estaría reduciendo el acceso
vehicular a los demás sectores que accedan por la calle mencionada.

       Durante el momento de la visita se pudo verificar que la casa
ofrecida en segunda planta no cuentan con un acceso para personas
con discapacidad tanto funcionarios como para usuarios, por lo que la
oferta no estaría cumpliendo con la Ley 7600 " Igualdad de
oportunidades para personas con discapacidades".

       El precio del metro cuadrado de construcción de la oferta es de
¢5000, el cual se considera que no es razonable por estar mas arriba
del precio de mercado que se manejaría actualmente en la zona, cuyo
rango va de ¢2450 a ¢ 3050.

       Por todas estas razones se considera que la oferta no se
ajusta al Objeto Contractual de esta licitación y se debe
descalificar.

      DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD

I.        OBJETIVO:

      Valoración de las condiciones de dos locales para el posible
traslado de la Fiscalía de San Marcos de Tarrazú, petición
solicitada por el Departamento de Proveeduría, según oficio 7864-
DP/09-2008.
II.       METODOLOGÍA:
                                                                       127


       La visita fue realizada por la Licda. Roxana Hidalgo Vega,
Asistente de Seguridad, señor Franck Montero Acosta, Técnico en
Salud Ocupacional, de la zona de Cartago, servidores del
Departamento de Seguridad y el Arquitecto Héctor Maroto
Cambronero, del Departamento de Servicios Generales.

III.     DIAGNÓSTICO

     Basándose en la aplicación de la metodología antes
mencionada, se determinó lo siguiente:

   1. ANA RITA MONGE CORDERO

    El inmueble está ubicado contiguo al Juzgado Contravencional
y Menor Cuantía de la zona, a unos 250 metros de la iglesia.

   ASPECTOS ENCONTRADOS EN                       MATERIA        DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

     El local es de dos plantas, en este momento se encuentra en
proceso de construcción, avanzado aproximadamente en un 80%.

      Se puede observar que las instalaciones contarán con
suficiente espacio para ubicar el despacho en mención, en cuanto a
oficinas, servicios sanitarios, archivo de expedientes, área de
atención a víctimas, una cocina y cochera para vehículos.

     La entrada principal será por la segunda planta a través de una
rampa de acceso, la cual cuenta con el ancho necesario, pero se
observó que tiene una pendiente muy pronunciada, por lo que el
propietario se comprometió a realizar las mejoras necesarias para
adecuarla, según lo establecido en la ley 7600. Así mismo la
construcción de un servicio sanitario que cumpla con esta ley.

      No se pudo evaluar las condiciones de iluminación y
ventilación, por no estar terminada la obra, no obstante en el lugar
se le indicó al oferente la necesidad de contar con buena
iluminación y ventilación tanto natural como artificial.

     Las ventanas, puertas principales y tragaluces del local deben
contar con su debida protección (verjas).
                                                                         128


   Se hace necesario reforzar la parte de arriba de la cochera con
hierro más fuerte.

CONCLUSIÓN

      Realizando las mejoras antes mencionada, el local se
recomienda para alojar el despacho en estudio, no obstante se
requerirá una nueva visita cuando la obra esté terminada.

    2. LUIS ENRIQUE VARGAS BLANCO

       Este local se ubica a 400 metros de la iglesia de la localidad.


   ASPECTOS ENCONTRADOS EN                          MATERIA         DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


 El local es una casa de habitación, lo cual las dimensiones
existentes no son adecuadas, según la necesidad del despacho.
  La entrada al local es una calle pavimentada, con una pendiente
pronunciada, sin acera, lo que dificultaría el ingreso a personas con
discapacidad.
 La entrada principal a la casa de habitación se observa con el
ancho adecuado, sin embargo hay gradas que impiden el libre
acceso
 Esta casa es de dos plantas unidas por una escalera construida de
madera, la cual es de superficie antideslizante y se observa angosta.
  El techo de la primer y segunda planta, el piso y divisiones de la
segunda planta son de madera, se trata de un material inflamable.
   No cuenta con servicio sanitario para personas con discapacidad.
  Los ventanales no cuentan con verjas, las venillas son de
madera, están en mal estado y su diseño de vidrio fijo y pocas
celosías genera el ingreso de poca ventilación.
 La casa cuenta con iluminación artificial amarilla con lámparas
colgantes y bombillos.

      CONCLUSIÓN
                                                                            129




     El local no se recomienda para alojar el despacho en estudio.”

   5. Mejoras a realizar al inmueble

     5.1 Con oficio 8197-DP/09-08 del 12 de setiembre en
curso, se solicitó a la señora Ana Rita Monge Cordero, manifestar
su compromiso de adaptar el edificio a las necesidades que se
requieren para ubicar a la Fiscalía de San Marcos de Tarrazú, a
saber:

      1. Construcción de un servicio sanitario para personas con
discapacidades de acuerdo a la normativa de la Ley 7600, ubicado por
la entrada principal del despacho parte externa y un baño mas para el
personal.
    2. Modificación de la rampa construida de acceso al despacho
con una pendiente máxima del 10% para cumplir la normativa de la
Ley 7600 y que la misma posea una superficie antideslizante.
     3. Confección de las paredes livianas indicadas en el sitio, a fin
de poder distribuir y construir los espacios requeridos para el
funcionamiento del despacho.
    4. Construcción de un Mueble para la atención al público que
cumpla la normativa de la Ley 7600.
     5. Construcción de un nuevo acceso principal al despacho para
lo cual se confeccionará una nueva puerta para ese fin.
     6. Se deberá hacer un buque de puerta que dé acceso del área de
recepción al resto del despacho, esto debido a que se sellará la entrada
que se asignó para dicho fin y por ese lugar se construirá el servicio
para personas con discapacidad.
     7. Se deberá cerrar el tragaluz u orificio que se indicó, esto con
estructura metálica y un cerramiento en Jordomex, para evitar algún
accidente.
      8. En cuanto a los espacios requeridos, se harán los siguientes
aposentos en la ubicación que se indicó en la visita al sitio; 2 oficinas
para fiscales, una recepción, un área de espera, un zona para archivo,
una oficina para atención a la victima, una cocineta, dos oficinas mas
en la planta baja y un área para auxiliares y citador.
                                                                          130


     9. Se deberán construir los cerramientos necesarios tanto en
paredes, cubierta y otro elemento que se mencionaron en el sitio a fin
de mejorar aún más la seguridad del lugar.
    10. Una bodega para artículos de limpieza y suministros que
puede ser debajo las gradas.
      11. Que los tomacorrientes estén debidamente polarizados a
tierra y que todo el sistema eléctrico esté completamente entubado.
     12. Se deberá confeccionar un espacio con una pileta para el
aseo del lugar. (no se menciono en el sitio).
     13. Los niveles de piso entre los espacios en la primera y
segunda planta deben ser los mismos de tal modo que no existan
gradas que impidan el fácil acceso a personas con discapacidad
externas e internas al despacho.
     14. Todas las puertas deben de medir en el buque como mínimo
1 metro de ancho libre.
      15. Las escaleras deberán ser construidas completamente en
concreto y deberán tener superficies antideslizantes igual que los
pasillos que unen los espacios deberán tener superficies
antideslizantes.
    16. Colocación de verjas en todas las ventanas, puertas principales
y tragaluces.
   17. Reforzar con hierro más fuerte la parte de arriba de la cochera.

     5.2 Mediante nota recibida vía fax el 16 de setiembre en curso,
la señora Monge Cordero, se compromete adaptar el edificio de
acuerdo a los requerimientos institucionales, en un plazo de 45 días
hábiles, plazo que evidentemente empezará a correr en el momento
que esté debidamente refrendado el contrato.

    6. Análisis y valoración:

      6.1 Conforme a lo señalado en los informes de legalidad y
técnicos antes transcritos, se procede seguidamente a la exposición,
análisis y valoración de las circunstancias concurrentes en el
presente procedimiento de contratación.
                                                                         131


     6.2 Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de dos ofertas
presentadas por Ana Rita Monge Cordero y Luis Enrique Vargas
Blanco.

    6.3 De conformidad con el criterio emanado por la Sección de
Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, las dos propuestas son
admisibles al concurso.

      6.4 De acuerdo con el criterio técnico emanado por los
Departamentos de Servicios Generales y Seguridad, se concluye que
la única oferta que resulta admisible al procedimiento de
contratación es la oferta N° 1 de Ana Rita Monge Cordero ya que
satisface las especificaciones del objeto del contrato establecidas en
el cartel y presenta un precio razonable. En cuanto a la oferta N° 2
de Luis Enrique Vargas Blanco, queda descalificada, por las
siguientes razones: el área de construcción ofrecida es inferior a la
solicitada en el cartel; las condiciones arquitectónicas que posee el
inmueble no son adecuadas para ubicar la Fiscalía y el precio
ofertado se considera elevado, ya que se encuentra por encima de
los precios de mercado que se pagan actualmente en la zona.

     7.     Evaluación

      7.1 En el presente concurso no se aplicó el sistema de
evaluación establecido en el cartel, en vista de que al resultar
solamente una oferta admisible, la evaluación pierde
transcendencia, sin embargo, se verificó el cumplimiento de las
cláusulas obligatorias.

     8      Análisis de precios

      8.1 Partiendo de que el precio mensual asciende a
¢500.000,00 y que el área ofertada es de aproximadamente 200 m²
de construcción, el costo sería de ¢2.500,00 por metro cuadrado de
construcción, valor que de conformidad con el criterio técnico se
considera razonable, ya que tal y como lo indicó el arquitecto
Héctor Maroto Cambronero, en el informe anteriormente transcrito,
se encuentra dentro del rango de precios que se pagan en la zona
que van de ¢2.450,00 a ¢3.050,00 el metro cuadrado de
construcción. Además, existe el compromiso de la propietaria de
realizar las mejoras al local, las cuales se indicaron anteriormente.
Cabe aclarar que, el avalúo del inmueble fue realizado por personal
                                                                           132


especializado de la Sección de Arquitectura e Ingeniería de este
Poder de la República.

     9. Contenido presupuestario:

      9.1 Con oficio 629-P-2008, del 17 de junio de 2008, el MSc.
Walter Jiménez Sorio, Jefe a.í, del Departamento Financiero
Contable, certificó en el programa 929, IP 24, subpartida 1.01.01, la
existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes
para cubrir por el resto del año el pago del alquiler por la suma de
¢3.258.048,72.

     10. Recomendación

      De acuerdo con los análisis de los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, a la luz de la normativa
aplicable, y según las circunstancias concurrentes, este
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la presente
licitación a la señora ANA RITA MONGE CORDERO, cédula de
identidad 1-0783-0693, correspondiente al inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad, matrícula 505193, submatrícula
000, situado en el Distrito Primero del Cantón Quinto de la Provincia
de San José, por una renta mensual de ¢500.000,00, pagaderos por
mes vencido, más un incremento anual de conformidad con los
parámetros establecidos en el artículo 67 de la Ley General de
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, para alojar la Fiscalía de San
Marcos de Tarrazú, por un plazo indefinido, (esto de conformidad con
lo externado por la Contraloría General de la República, en oficio
01298 del 11 de febrero de 2008). La revisión del precio se
verificará una vez que haya transcurrido el término de tres años,
desde la fecha en que empezó a regir el precio que se pretende
modificar. La propietaria realizará las mejoras que le competen, en
un término no mayor a 45 días hábiles contados a partir del
comunicado del refrendo del contrato.

      Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la
tarifa básica del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso
de que exista una paja de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa
básica y el exceso de consumo, corresponderá a la arrendante cancelar
dicho pago. Asimismo, debido a que por imperativo legal el Poder
Judicial únicamente puede reconocer el pago por servicios que
efectivamente le hayan sido prestados, conforme a los incisos a) y b)
del artículo 26 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y
                                                                                133


      Suburbanos, se reafirma que es obligación del arrendador entregar al
      Poder Judicial el inmueble con los pagos de los servicios de
      electricidad y agua debidamente cancelados, de previo a iniciar la
      relación contractual. En caso de que haya pagos pendientes por uno u
      otros conceptos, se hará un requerimiento de pago a los propietarios
      para que en un término de cinco días hábiles proceda a cancelar el
      monto que corresponda, en el entendido de que si no lo hiciere, el
      Poder Judicial estará facultado para rebajarlo del pago de la renta del
      inmueble.

            De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del Reglamento
      a la Ley de Contratación Administrativa, la Unidad Administrativa
      Regional de Cartago, deberá tomar las previsiones necesarias para
      garantizar en su oportunidad el pago de las obligaciones que
      contraerá durante todos los ejercicios presupuestarios que
      involucren la relación contractual.

           Por último, se deberá comunicar a la señora Carmen Lidia
      Naranjo Mata, propietaria del local que actualmente aloja la Fiscalía
      de San Marcos de Tarrazú, que próximamente se le estará
      desocupando dicho inmueble, conforme a lo estipulado en la
      cláusula decimosegunda del contrato de arrendamiento N° 18-AR-
      97; para lo cual, se le podrá notificar al teléfono 2546 6339.”
                                        -0-

     De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 80 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial y la recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría

en el oficio anteriormente transcrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación

Abreviada N° 2008LA-000049 denominada "Alquiler de local para alojar la

Fiscalía de San Marcos de Tarrazú", a la señora Ana Rita Monge Cordero,

cédula de identidad número 1-783-693, correspondiente al inmueble inscrito

en el Registro Público de la Propiedad, matrícula 505193, submatrícula 000,
                                                                               134


situado en el Distrito Primero del Cantón Quinto de la Provincia de San José,

por una renta mensual de ¢500.000,00 (quinientos mil colones exactos),

pagaderos por mes vencido, más un incremento anual de conformidad con los

parámetros establecidos en el artículo 67 de la Ley General de

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, por un plazo indefinido. La revisión

del precio se verificará una vez que haya transcurrido el término de tres años,

desde la fecha en que empezó a regir el precio que se pretende modificar. El

propietario realizará las mejoras que le competen, en un término no mayor a

45 días hábiles contados a partir del comunicado del refrendo del contrato.

Dichas mejoras son:

      1. Construcción de un servicio sanitario para personas con discapacidades

de acuerdo a la normativa de la Ley 7600, ubicado por la entrada principal del

despacho parte externa y un baño más para el personal.

      2. Modificación de la rampa construida de acceso al despacho con una

pendiente máxima del 10% para cumplir la normativa de la Ley 7600 y que

posea una superficie antideslizante.

       3. Confección de las paredes livianas indicadas en el sitio, a fin de poder

distribuir y construir los espacios requeridos para el funcionamiento del

despacho.
                                                                                 135


       4. Construcción de un mueble para la atención al público que cumpla la

normativa de la Ley 7600.

       5. Construcción de un nuevo acceso principal al despacho para lo cual se

confeccionará una nueva puerta para ese fin.

       6. Se deberá hacer un buque de puerta que dé acceso del área de

recepción al resto del despacho, esto debido a que se sellará la entrada que se

asignó para dicho fin y por ese lugar se construirá el servicio para personas con

discapacidad.

       7. Se deberá cerrar el tragaluz u orificio que se indicó, esto con estructura

metálica y un cerramiento en Jordomex, para evitar algún accidente

       8. En cuanto a los espacios requeridos, se harán los siguientes aposentos

en la ubicación que se indicó en la visita al sitio; 2 oficinas para fiscales, una

recepción, un área de espera, un zona para archivo, una oficina para atención a la

victima, una cocineta, dos oficinas más en la planta baja y un área para

auxiliares y citador

       9. Se deberán construir los cerramientos necesarios tanto en paredes,

cubierta y otro elemento que se mencionaron en el sitio a fin de mejorar aún más

la seguridad del lugar.

       10. Una bodega para artículos de limpieza y suministros que puede ser

debajo de las gradas.
                                                                              136


       11. Que los tomacorrientes estén debidamente polarizados a tierra y que

todo el sistema eléctrico esté completamente entubado.

       12. Se deberá confeccionar un espacio con una pileta para el aseo del

lugar (no se mencionó en el sitio)

       13. Los niveles de piso entre los espacios en la primera y segunda planta

deben ser los mismos de tal modo que no existan gradas que impidan el fácil

acceso a personas con discapacidad externas e internas al despacho.

       14. Todas las puertas deben de medir en el buque como mínimo 1 metro

de ancho libre.

       15. Las escaleras deberán ser construidas completamente en concreto y

deberán tener superficies antideslizantes igual que los pasillos que unen los

espacios deberán tener superficies antideslizantes.

       16. Colocación de verjas en todas las ventanas, puertas principales y

tragaluces.

       17. Reforzar con hierro más fuerte la parte de arriba de la cochera.

      Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la tarifa

básica del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso de que exista

una paja de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa básica y el exceso de

consumo, corresponderá a la arrendante cancelar dicho pago. Asimismo,

debido a que por imperativo legal el Poder Judicial únicamente puede
                                                                           137


reconocer el pago por servicios que efectivamente le hayan sido prestados,

conforme a los incisos a) y b) del artículo 26 de la Ley General de

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, se reafirma que es obligación del

arrendador entregar al Poder Judicial el inmueble con los pagos de los

servicios de electricidad y agua debidamente cancelados, previamente a iniciar

la relación contractual. En caso de que haya pagos pendientes por uno u otro

concepto, se hará un requerimiento de pago a los propietarios para que en un

término de cinco días hábiles proceda a cancelar el monto que corresponda, en

el entendido de que si no lo hiciere, el Poder Judicial estará facultado para

rebajarlo del pago de la renta del inmueble.

      De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, la Administración Regional de Cartago,

deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad el

pago de las obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios

presupuestarios que involucren la relación contractual.

      Por último, se comunica a la señora Carmen Lidia Naranjo Mata,

propietaria del local que actualmente aloja la Fiscalía de San Marcos de

Tarrazú, que próximamente se le estará desocupando dicho inmueble,

conforme a lo estipulado en la cláusula decimosegunda del contrato de
                                                                               138


arrendamiento N° 18-AR-97; para lo cual, se le podrá notificar al teléfono

indicado.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda.

Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8361-DP/28-2008 de 1° de octubre en curso, indicó

lo siguiente:

            “En referencia a la Licitación Pública Nº 2008LN-000024-
       PROV denominada “Contratación de servicios de fotocopiado
       para el Archivo Judicial”, remitimos a usted la documentación
       adjunta, para que sea sometida a conocimiento del Consejo
       Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que consideren
       conveniente.

            En este sentido, es importante indicar que el plazo de 40 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 8.1.22 del cartel para resolver esta
       contratación vence el jueves 6 de noviembre de 2008.

            Al tenor de los artículos 78, siguientes y concordantes del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 33 y 37 del
       Reglamento Interno de Compras del Poder Judicial, el pliego de
       condiciones y de acuerdo con los documentos aportados y los que
       conserva esta Proveeduría, se determinó que:

            Oferta recibida en el presente concurso:

            Para este concurso se recibió una única oferta correspondiente
       a:

            1) Mainor Venancio Torres Guzmán, cédula de identidad 5-
       0249-0088.

            Análisis de la oferta:
                                                                           139




     Mediante el oficio 8185-DP/28-08 de 12 de setiembre del año
en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva, el estudio del marco legal de la oferta recibida, de la
manera siguiente:

     “Con el ruego muy atento de que se proceda al estudio legal de
la oferta recibida, adjunto expediente administrativo de la
Licitación Pública Nº 2008LN-000024-PROV, denominada
“Contratación de servicios de fotocopiado para el Archivo
Judicial”.

     Al indicado efecto, y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de la oferta y qué defectos u omisiones serían
subsanables en caso de requerirse, seguidamente se detallan los
aspectos más relevantes que se han advertido por parte de este
Despacho, producto de su revisión inicial:

       Oferta recibida:

     N° 1 Mainor Venancio Torres Guzmán, cédula de identidad
5-249-088

No indica el año de las máquinas fotocopiadoras que ofrece para
efectuar el servicio.

 No indica si el servicio cotizado incluye el suministro de especies
fiscales (timbres) a los usuarios que así lo requieran.

No aporta la declaración jurada de no encontrarse afecto por la
incompatibilidad del artículo 18 de la Ley 8422 “Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”.

 Noaporta la declaración jurada donde manifieste que no ha sido
inhabilitado para contratar con el sector público, de conformidad
con el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa.

 No indica la vigencia de la oferta, no obstante como se establece en
la cláusula 8.1.21 del cartel a falta de indicación expresa en la oferta
de dicha vigencia, se entenderá que la misma, se mantendrá vigente
por el plazo indicado en el cartel, conforma(sic) al artículo 67 del
Reglamente a la Ley de Contratación Administrativa.
                                                                          140


 Losprecios por las fotocopias, reducción y ampliación se indican
con los impuestos incluidos, no obstante a folio 7, se aclara que para
el Poder Judicial será el precio de venta al público menos el
impuesto de venta.

 Elmonto depositado para la garantía de participación resulta
insuficiente, no obstante cubre el 88% del monto solicitado, por lo
que de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, se procedió mediante oficio 8184-
DP/28-08, a prevenir al oferente para el pago del monto faltante.

 No aporta las cartas de referencia solicitadas en la cláusula 10. del
cartel, con respecto a la experiencia en este tipo de servicios.

 No aporte (sic) la fórmula de reajuste de precios solicitada en la
cláusula 14. del cartel.

      En lo relativo al ajuste de la oferta a las especificaciones
cartelarias, se solicitó el criterio respectivo al Archivo Judicial.”

        Análisis legal:

      Mediante oficio N° 1565-DE/AL-08 recibido el 17 de
setiembre del año en curso, la licenciada Itzia Araya García, Jefa a.í.
de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, al
referirse al estudio legal de la oferta recibida, señaló:

      “En respuesta a su oficio #8185-DP/28-2008 de 12 de
setiembre en curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández
Arley, Jefa a. i. del Subproceso de Licitaciones de ese
departamento, requiriendo el análisis legal de la propuesta del señor
Mainor Torres Guzmán, recibida en la Licitación Pública
N°2008LN-000024-PROV, cuyo objeto es la “Contratación de
servicios de fotocopiado para el Archivo Judicial”; me permito
referirle que por tratarse de un procedimiento en el que participa un
único oferente, deben aplicarse los reiterados criterios de esta
Asesoría, en cuanto a la posibilidad de solicitarle que aporte
cualquier dato o documento omitidos para valorar su propuesta, y si
es del caso, se ajuste a los requerimientos cartelarios.

      Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante
los principios de eficiencia y eficacia, al no concurrir más
participantes; de ahí que al procurar la adjudicación el negocio, se
                                                                          141


protegería la satisfacción del interés general y el cumplimiento de
los fines y cometidos de la Administración, siempre y cuando
previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único oferente
y la razonabilidad del precio que cotiza, según los parámetros del
artículo 30 del Reglamento a la Ley de contratación Administrativa.

     En atención a lo consultado, pese a que el oficio de cita indica
que no se presentó la declaración jurada de no encontrarse afecto
por la incompatibilidad del artículo 18 de la Ley N° 8422, el
oferente cumple con lo requerido, ya que a folio 1 del apartado de
“ofertas” se encuentra tal manifestación.

      Respecto a la vigencia de la oferta y el monto depositado por
concepto de garantía de participación, las apreciaciones de ese
departamento están en lo correcto, por lo que sobre la primera no se
requiere prevención alguna, y sobre la refrerida (sic) garantía, se
debe verificar que el oferente cumpla con lo solicitado mediante
oficio 8184-DP/28-08 del 12 de setiembre de 2008.

      En cuanto al precio de las fotocopias, se debe solicitar al
oferente aclarar cuál será el precio para el Poder Judicial, ya que por
los términos de la oferta este extremo no es claro.

     Los otros temas consultados, sea, los puntos uno, dos, cuatro,
ocho y nueve, son subsanables mediante prevención según lo
dispuesto en el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.

     Por otra parte, el oferente no hace referencia a ninguna de las
cláusulas de la garantía de cumplimiento, por lo que se le debe
prevenir que indique si se acoge a ellas.

      Por último, pese a la manifestación de encontrarse al día en el
pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja
Costarricense del Seguro Social, no se aporta la respectiva
certificación, por lo que se debe solicitar su presentación (artículo
65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y
cláusula 8.1.12 c).

     Análisis técnico:

      Mediante correo electrónico del 12 de setiembre, la Licda.
Patricia Ugalde Romero, Jefe del Archivo Judicial, indicó:
                                                                        142




     “En atención al oficio 8161 DP/28-08 del 11 de setiembre del
año en curso, me permito indicar que el servicio prestado
actualmente por el señor Minor(sic) Venancio Torres Guzman(sic),
se ajusta en todos sus extremos al cartel de Licitación Pública
Nº2008LN-000024-PROV, denominada “Contratación de
servicios de fotocopiado para el Archivo Judicial”.

      El servicio que se ha prestado hasta el momento es de calidad
y el precio cotizado es razonable.”

     Posteriormente mediante correo electrónico del mismo día,
respecto a los precios cotizados agregó:

     “Me parece razonable por el encarecimiento en los insumos
requeridos y en comparación con los precios de la zona es
aceptable.”

      En cuanto a lo señalado por doña Patricia respecto a la calidad
del servicio prestado hasta el momento, se aclara que dicho
comentario obedece a que el señor Torres Guzmán es quien brinda
el servicio mediante la modalidad de Permiso de Uso.

     Prevenciones:

     De acuerdo con el criterio emitido por Asesoría Legal, se
procedió a realizar la prevención respectiva al señor Mainor Torres
Guzmán, quién atendió en tiempo y forma lo requerido.

     Razonabilidad del precio:

     Como se señaló anteriormente, la Licda. Patricia Ugalde
Romero, Jefe del Archivo Judicial, en correo electrónico del 12 de
setiembre del año en curso, indicó que el precio cotizado por el
oferente es razonable, esto, por el encarecimiento en los insumos
requeridos y en comparación con los precios de la zona.

     Análisis y valoración:

      Luego de haber obtenido los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, se procede seguidamente
a la exposición, análisis y valoración de las circunstancias
concurrentes en el presente procedimiento de contratación.
                                                                         143




     Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de un único
oferente.

      De conformidad con el criterio emitido por la Sección de
Asesoría Legal, la oferta es susceptible de adjudicación. Cabe
aclarar que con respecto a la solicitud de la Asesora Legal de
prevenir al oferente para que indique el precio de las fotocopias para
el Poder Judicial, este departamento considera que en la oferta se
establece claramente a folio 7, de la cejilla “ofertas” que el precio
de estos servicios para el Poder Judicial será el precio de venta al
público menos el impuesto de venta. Asimismo, ante el criterio de
dicha Asesora de que en la oferta no se hace referencia a ninguna de
las cláusulas de la garantía de cumplimiento, y que no presenta la
certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social de
encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales,
indicamos que a folio 6, de la cejilla “ofertas”, el oferente se
compromete a asumir los puntos establecidos en el cartel y a folio 2,
de la cejilla “selección”, se puede comprobar la consulta realizada
por este departamento al Sistema de la Caja Costarricense del
Seguro Social en el cual se indica que el Sr. Mainor Torres Guzmán
se encuentra al día en el pago de dichas cuotas. Por su parte, el
Archivo Judicial concluye que desde el punto de vista técnico, la
oferta también cumple con los requerimientos cartelarios, y por
ende es susceptible de ser adjudicada.

      Respecto al precio cotizado, el criterio técnico establece que
resulta razonable por el encarecimiento en los insumos requeridos y
en comparación con los precios de la zona.

      Al tenor del análisis efectuado, se concluye que el oferente
Mainor Torres Guzmán cumple con las especificaciones técnicas y
legales del pliego de condiciones. Se prescinde de aplicar el sistema
de evaluación propuesto en el cartel, por encontrarnos frente a un
único oferente. No obstante, se verificó el cumplimiento de los
requerimientos mínimos del pliego de condiciones, así como la
experiencia positiva respaldada mediante tres cartas en las que así se
referencia.

     Recomendación
                                                                                144


            Al verificarse la existencia y disponibilidad de recursos
      presupuestarios, mediante certificación presupuestaria 1080-P-2007,
      se tiene un monto anual de ¢207.000,00, con cargo a la subpartida
      1.03.03 “Impresión, encuadernación y otros”, programa 926, IP =
      31, mediante la cual se separaron los recursos a efecto de atender las
      obligaciones que se deriven de esta contratación, se recomienda
      adjudicar la presente licitación de la siguiente manera:

           A: Mainor Venancio Torres Guzmán, cédula de identidad
      N° 5-0249-0088:

           Objeto Contractual: Contratación de los servicios de
      fotocopiado bajo los siguientes precios y con un canon por concepto
      de concesión de ¢30.000,00.

                                    Para el Poder Judicial          Para el público
  Fotocopia tamaño carta                       ¢17.40                    ¢20.00
  Fotocopia tamaño oficio                      ¢19.14                    ¢22.00
  Reducción en tamaño carta                    ¢20.01                    ¢23.00
  Ampliación en tamaño carta                   ¢20.01                    ¢23.00
  Reducción en tamaño oficio                   ¢21.75                    ¢25.00
  Ampliación en tamaño oficio                  ¢21.75                    ¢25.00

           Para un estimado anual de ¢146.000,00, monto equivalente por
      700 copias tamaño carta al mes aproximadamente para el Archivo
      Judicial.

            El contrato tendrá una vigencia original de un año y podrá
      prorrogarse en forma automática por períodos similares, hasta un
      máximo de cuatro años. Demás características y condiciones según
      cartel y oferta.

           Conforme el artículo 9 del Reglamento a la Ley de
      Contratación Administrativa, el Archivo Judicial deberá tomar las
      previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad el pago de
      las obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios
      presupuestarios que involucran la relación contractual.”
                                      -0-

     De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 y 37 del Reglamento Interno de Compras
                                                                          145


del Poder Judicial, 78, siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa y la recomendación formulada por el

Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente transcrito, se

acordó: Adjudicar la Licitación Pública N° 2008LN-000024-PROV

denominada “Contratación de servicios de fotocopiado para el Archivo

Judicial”, de la siguiente manera:

      Al señor Mainor Venancio Torres Guzmán, cédula de identidad N° 5-

0249-0088.

      Objeto Contractual: Contratación de los servicios de fotocopiado bajo

los siguientes precios y con un canon por concepto de concesión de

¢30.000,00.

                                      Para el Poder Judicial   Para el público
   Fotocopia tamaño carta                      ¢17.40               ¢20.00
   Fotocopia tamaño oficio                     ¢19.14               ¢22.00
   Reducción en tamaño carta                   ¢20.01               ¢23.00
   Ampliación en tamaño carta                  ¢20.01               ¢23.00
   Reducción en tamaño oficio                  ¢21.75               ¢25.00
   Ampliación en tamaño oficio                 ¢21.75               ¢25.00

      Para un estimado anual de ¢146.000,00, monto equivalente por 700

copias tamaño carta al mes aproximadamente para el Archivo Judicial.

      El contrato tendrá una vigencia original de un año y podrá prorrogarse

en forma automática por períodos similares, hasta un máximo de cuatro años.

Demás características y condiciones según cartel y oferta.
                                                                              146


      Conforme el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, el Archivo Judicial deberá tomar las previsiones necesarias

para garantizar en su oportunidad el pago de las obligaciones que contraerá

durante todos los ejercicios presupuestarios que involucran la relación

contractual.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XIII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 7908-DP/48-2008 de 26 de setiembre último,

manifestó:

            “Con la finalidad que se someta a consideración de los
       miembros      del     Consejo    Superior,    la    RESOLUCIÓN
       CONTRACTUAL, EL COBRO A TÍTULO DE DAÑO
       ECONÓMICO            POR      LA     SUMA        DE      ¢224.898,24
       (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
       NOVENTA Y OCHO COLONES CON 24/100) POR EL
       COSTO DEL PERMISO DE USO TRAMITADO PARA
       SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL EDIFICIO DE
       TRIBUNALES DE JUSTICIA DE TURRIALBA, DEL CUAL
       SE DESCONTARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
       DE      ¢30.000,00      (TREINTA        MIL      COLONES)          Y
       APERCIBIMIENTO, conforme al Contrato N° 126-CG-07,
       Contratación Directa N° 2007CD-000739-PROV, suscrito entre el
       Poder Judicial y la Empresa Kilo Copias S,A, cédula jurídica N° 3-
       101-286601, representada por el señor Eugenio Tencio Rivera,
       cédula de identidad N° 3-318-838, en su condición de Presidente,
       para el servicio de "Fotocopiado para los Despachos Judiciales de
       Turrialba", se describen los hechos que dan lugar la recomendación:
                                                                        147


     I.- Mediante el oficio N° 272-DP/48-2008 del 16 de enero de
2008, el Departamento de Proveeduría dio orden de inicio, para la
ejecución del servicio en mención (folios 01 a 07).

      II.- En fecha 22 de enero, se recibe en el Departamento de
Proveeduría, copia de la nota, del contratista Eugenio Tencio,
mediante la cual manifestó: "Con respecto (sic) y para su estimable
conocimiento el "Contrato 126-CG-07, Servicio de Fotocopiado
para los Despachos Judiciales de Turrialba", suscrito entre el Poder
Judicial y la empresa Kilo Copias Sociedad Anónima, 1) Tengo un
problema con el voltaje de corriente por que las máquinas son de
220 voltios según las especificaciones técnicas que les enviamos en
el cartel. 2), El otro problema es el área que nos asignaron es muy
pequeño y solo cabe una máquina. 3) Si queremos dar un buen
servicio tanto para las oficinas como al público general le ruego
atender este problema lo más pronto posible". (folio 12).

      III.- Mediante correo electrónico del 23 de enero, este
Departamento solicitó a la Licenciada Yisenia Núñez Méndez, Jefa
de la Administración de Tribunales de Turrialba, atendiera la
gestión del contratista, pues se estaba gestionando con el
Departamento de Servicios Generales, mover una pared modular
para que se colocaran dos equipos de fotocopiado, y se procediera
de forma inmediata a la compra del adaptador de voltaje (folios 13 a
15).

      IV.- En esa misma fecha, la Licda. Núñez, indicó: "Ya se
coordinó todo lo pertinente del cambio de voltaje que se está
instalando en este momento, además de realizar un movimiento de
una pared para que el contratista tenga el espacio suficiente para la
instalación de dos máquinas copiadoras, además conversé con el
señor Eugenio Tencio, su servicio funcionará a partir de mañana
jueves". (folios 16 a 18).

      V.- Con el oficio N° 650-DP/48-2008 el Departamento de
Proveeduría, comunicó a la Empresa Kilo Copias S.A, que
siguiendo instrucciones de la Dirección Ejecutiva, debía iniciar el
servicio de fotocopiado con sólo un equipo y que en caso de verse
afectada su rentabilidad, hiciera el reclamo respectivo. (folios 19 a
30).
                                                                          148


     VI.- A través de correo electrónico la Administración
Regional de Turrialba, confirmó el inicio del servicio en mención, el
día 24 de enero. (folio 34).

      VII.- En fecha 08 de abril, este Departamento recibe nota sin
número, suscrita por el señor Eugenio Tencio, el cual manifestó:
"Por este medio me dirijo a usted con todo respeto para informarle
del problema que tengo con el volumen de copias en los Despachos
Judiciales de Turrialba. / En la invitación y pliego de Condiciones
de la Contratación Directa 2007CD-000379-PROV. / En el punto 2
de dicho pliego dice en el punto 2.4 "El promedio del consumo
mensual de las fotocopias que se hacen en las oficinas judiciales de
la zona es de 10.000 copias aproximadamente y la demanda del
público se estima una cantidad de 20.000. Todo promedio de
consumo mencionado en este cartel es meramente informativo, ya
que pueden bajar o subir sin control alguno. / En el mes de febrero
sacamos la cantidad de 759 copias para los despachos (según
número 62247 con fecha del 14/03/08) y para el público un
promedio de 7000 copias por lo tanto no puedo seguir brindando el
servicio porque no puedo pagar ni el empleado ni mensualidad de la
maquina. Le ruego que tome en cuenta mi situación para que por
favor se me cancele el contrato". (folio 37).

      VIII.- Mediante correo electrónico del 09 de abril, se solicitó a
la Licenciada Yisenia Núñez Méndez, Jefa de la Oficina
Administrativa de Turrialba, se manifestara al respecto, la cual
comunicó ese mismo día: "En relación con la nota enviada por
Eugenio Tencio, sobre la situación de la fotocopiadora, se ha notado
que la afluencia de público que necesita sacar copias realmente es
poca y las facturas que se han tramitado por este servicio al Poder
Judicial efectivamente es bajo, por diez mil colones, seis mil, etc. El
señor Tencio me había externado su preocupación anteriormente en
forma verbal, además se puede concluir que efectivamente para una
persona que tiene que pagar un empleado y demás cargas sociales
por el volumen de las ventas no es rentable, el negocio tiene que ser
para un pequeño empresario, que la misma persona atienda el
espacio, este señor tiene prácticamente monopolizado el servicio de
fotocopiado en Turrialba y el relación con sus demás negocios, este
le genera pérdida". (folio 39 a 40).

     IX.- Estando en análisis la solicitud de rescisión del
contratista, mediante correo electrónico del 29 de abril, la Licda.
Yisenia Núñez, comunicó a este Departamento: "Desde hace varios
                                                                        149


días la fotocopiadora de Kilo Copias que se localiza en los
Tribunales de Turrialba, se encuentra en mal estado, el
representante de la empresa Eugenio Tencio manifestó por medio de
una carta que la pieza que tiene mala la máquina no se logró
conseguir y tiene que enviar dicha máquina a arreglar a San José,
además que no dispone de otra máquina para brindar el servicio.
Todo lo anterior aunado a su interés en que se rescinda del contrato
de este servicio". (folio 41)

     X.- Mediante oficio N° 3939-DP/48-2008 del 08 de mayo, la
Proveeduría, realizó formal prevención a la Empresa Kilo Copias, a
fin que reparara o sustituyera el equipo dañado, y se manifestara
dentro del plazo de 01 día hábil. Dicho oficio a solicitud del
contratista, fue remitido 5 veces vía fax y vía correo electrónico,
conforme a la normativa aplicable . (folios 42 a 53).

      XI.- En fecha 08 de mayo, se recibe copia de la nota dirigida a
la Dirección Ejecutiva, suscrita por la Licda. Yisenia Núñez, en la
cual manifestó, en lo que interesa: "(...) En el presente caso desde
que inició el servicio se han venido presentado una serie de
inconvenientes para la eficaz prestación del mismo, aunado al
descontento por el consumo de mensual de fotocopias que ha
expresado el representante legal de la empresa de cita, que ustedes
tienen conocimiento según lo indicado en el oficio 650-DP/48-2008
suscrito por la Msc. María Gamboa Aguilar, Jefa Verificación y
Ejecución Contractual de la Proveeduría Judicial. / Desde inicio del
mes de abril del presente año, el servicio de fotocopiadora se
suspendió debido al mal estado de la misma, no obstante a la fecha
no ha sido restituida por otra máquina y poder así seguir brindando
el servicio, que es tan necesario. Debo indicar que por la ubicación
del edificio no existen fotocopiadoras cercanas, únicamente existe
una fotocopiadora que a pesar de ser de poca capacidad, siempre
hay mucha gente, por lo general no está en funcionamiento, razón
por la que los funcionarios de los despachos que deben de
acompañar a los usuarios a sacar fotocopias, pierden mucho tiempo
trasladándose de un lugar a otro, además hay que tomar en cuenta
que en muchas ocasiones el auxiliar apenas regresa al lugar de
trabajo ya hay otra persona esperando para sacar fotocopias y debe
de acompañarlo, se pierde tiempo efectivo de trabajo, poniendo en
riesgo tanto su integridad física como los expedientes judiciales al
tener que caminar largas distancias para poder prestarle el servicio
al usuario, además el factor climatológico es un problema ya que los
expedientes se mojan y se deterioran. / En este caso, el servicio se
                                                                          150


dejó de brindar, los funcionarios ponen en riego su integridad física
y la de los documentos que resguarda el expediente al tener que
caminar tanto con ofendidos, imputados y abogados a sacar
fotocopias en lugares no adecuados, por la confidencialidad de los
documentos (...)". (folios 54 a 63).

      XII.- Con correo electrónico del 09 de mayo, el Departamento
de Proveeduría, solicitó a la Licda. Yisenia Núñez Méndez, indicara
la fecha exacta en la cual, se dejó de brindar el servicio. (folio 64 a
65), pues este Departamento no tenía conocimiento que el
contratista había dejado de prestar el servicio.

      XIII.- En correo electrónico del 12 de mayo, la Licda. Núñez
Méndez, comunicó: "Sobre el asunto de la fotocopiadora, fue a
partir del 2 de abril que se iniciaron los problemas de mal estado de
la máquina, el viernes 4 en la mañana se presentó un técnico que fue
el que le indicó al dueño, que la máquina necesitaba una pieza que
no tenía y de ahí en adelante no ha vuelto a dar el servicio, no está
de más indicar que la fotocopiadora está en nuestro edificio y que el
representante de Kilo Copias no tiene ninguna intención en reparla
(sic) para prestar el servicio. (...)" (folio 64 a 65).

      XIV.- En fecha 14 de mayo, este Departamento, solicitó a la
Unidad Administrativa de Turrialba, indicara, si la empresa Kilo
Copias S.A, había dado respuesta al oficio N° 3939-DP/48-2008 y
había restablecido el servicio, a lo cual la Licda. Yisenia Núñez,
indicó que desde el 02 de abril el servicio no se ha restablecido.
(folio 66 a 67).

      XV.- Mediante oficio N° 3940-DP/48-2008 del 15 de mayo, el
Departamento de Proveeduría, comunicó a Kilo Copias S.A: "En
atención a su nota recibida por este Despacho, el 08 de abril de
2008, mediante la cual solicita la rescisión del contrato N° 126-CG-
07, suscrito entre el Poder Judicial y su representada, se le informa
que el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa dispone:
"Artículo 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral:
Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver,
según corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de
incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando
así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso. /
Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le
imputen al contratista, la Administración deberá liquidarle la parte
que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y
                                                                        151


perjuicios ocasionados. / En los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente
ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el
contratista en previsión de la ejecución total del contrato. / La
Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los
extremos indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la
resolución deberá contar con la aprobación de la Contraloría
General de la República". / Por tanto, en los procesos de
contratación administrativa, es una potestad reservada únicamente a
la Administración, por lo cual, realizado el análisis respectivo, por
el Departamento de Proveeduría, en vista que Kilo Copias S.A, dejó
de brindar el servicio desde el 02 de abril, con todo respeto, se le
comunica que su solicitud es rechazada. / Todo sin perjuicio de las
sanciones legales que conforme a derecho correspondan". Dicho
oficio se notificó vía conforme a la normativa aplicable (folios 68 a
76).

     XVI.- Mediante Resolución N° 127-VEC-2008 de las ocho
horas del veintiuno de mayo de dos mil ocho, visible a folio 87 a 92,
se inició el Proceso de Resolución Contractual, Ejecución de
Garantía de Cumplimiento por un Monto de ¢30.000,00 (treinta mil
colones exactos), Cobro de ¢555.895,16 (quinientos cincuenta y
cinco mil ochocientos noventa y cinco colones con 16/100) por el
Cobro de Daño Económico por el Costo de tramitar una nueva
Contratación Directa para dicho servicio y Apercibimiento, por el
incumplimiento contractual, otorgándose audiencia por el plazo de
15 días hábiles a la contratista, para que expusiera sus alegatos u
aportara las pruebas que estimare pertinentes, se notificó 5 veces,
con intervalos de 30 minutos cada transmisión, conforme lo dispone
la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones
Judiciales N° 7637, el Reglamento para el uso del fax como medio
para notificaciones y la circular de la Secretaria de la Corte N° 50-
06.

      XVII.- Mediante la resolución N° 161-VEC-2008 de las ocho
horas del diecinueve de junio de dos mil ocho, visible a folios 96 a
103, se anuló la Resolución N° 127-VEC-2008, por encontrarse
vicios causantes de nulidad, y a su vez, se confirió nueva audiencia
inicial, en el Proceso de Resolución Contractual, Ejecución de
Garantía de Cumplimiento por un Monto de ¢30.000,00 (treinta mil
colones exactos), Cobro de ¢555.895,16 (quinientos cincuenta y
cinco mil ochocientos noventa y cinco colones con 16/100) por el
Cobro de Daño Económico por el Costo de tramitar una nueva
                                                                         152


Contratación Directa para dicho servicio y Apercibimiento, por el
incumplimiento contractual, otorgándose audiencia por el plazo de
15 días hábiles a la contratista, para que expusiera sus alegatos y
aportara las pruebas que estimare pertinentes.

      XVIII.- Con escrito del 24 de julio de 2008, la empresa Kilo
Copias S.A, presenta formal contestación a dicha audiencia,
oponiéndose al cobro realizado, aduciendo en lo que interesa: "(...)
Es este punto la corte debería ser más especifica y no engañar al
participante en la licitación, esta bien que indica que puede variar
pero no en la cantidad que varió, ya que en las oficinas judiciales y
esto es de pleno conocimiento de ustedes mensualmente se
fotocopiaron solo 1.000 documentos y promediados, no era una
constante. Solo (sic) en los despachos existe una diferencia de
9.000.00 copias, no se cual es la intención de o dar la información
clara y precisa, ya que considero que ustedes si deben de tener un
remedio real de la copias que sacan en un mes y no poner una
cantidad antojadiza en una licitación, induciendo a error al
participante, solo en este primer aspecto existe tal abismal
diferencia y lo mismo pasa con los clientes o la demanda del
publico, poner en el cartel un promedio de 20.000.00, cuando la
realidad las copias que saque en el tiempo que estuve fue de
7.000.00 copias al mes y promediado. Nadie esta obligado a lo
imposible, menos a cumplir con un contrato que trae vicios ocultos,
ya que la corte debía saber por las facturas que se presentan al cobro
por fotocopiado, que no era una realidad que se sacarán 10.000.00
copias al mes, que sacaron ventaja de mi confianza para brindar un
servicio, para el cual fue engañado, porque si poner la realidad de
las cosas nadie hubiera participado en este concurso o licitación. /
Durante el tiempo que estuve ahí solo perdidas tuve, ya que tenía
que pagar al empleado con el salario base mínimo que es
176.000.00, más las cargas sociales la suma de 45.000.00, más
póliza del INS de 6.000.00, lo que me da un promedio mensual de
gastos de 227.000.00, solo (sic) del empleado, más el
mantenimiento de la fotocopiadora y la inversión de comprarla.
Ahora bien el promedio de fotocopias era de 8.000 que en dinero se
traduce a 64.000.00, o sea que en el tiempo que estuve ahí dando el
servicio solo del empleado perdí la suma de TRESCIENTOS
VEINTISÉIS MIL COLONES, más los demás gastos de
mantenimiento, hojas, toner y el pago de la mensualidad del equipo.
/ Todo esto a raíz de que la licitación no era exacta y puedo aclarar
que sabíamos del margen de error porque podía bajar el consumo de
las fotocopias pero no en los márgenes abismales que se dio, cuando
                                                                         153


la fotocopiadora se descompuso no tuve los medios necesarios para
poder arreglarla, ya que no puedo quitarle a otros negocios para
mantener otro que me esta dejando perdidas, el negocio esta en que
cada fotocopiadora se mantenga sola, aunque no tenga ganancias
pero que por lo menos salga adelante con los gastos. / Ahora bien,
me di cuenta que ahora el Silor tiene la fotocopiadora y no pasaron
por ningún proceso de licitación, se lo adjudicaron directamente, e
igualmente tiene la máquina en mal y estado desde hace
aproximadamente 15 días, me imagino que por la misma situación
que me paso a mi. / Administrativamente informe de la situación
que cuando di e! servicio lo hice de la mejor manera, pero no era lo
que esperaba. Por lo antes dicho me parece muy injusto, que se me
trate de cobrar un monto como el que se pretende, sin tomar en
cuenta que en la licitación existe un vicio oculto que induce a error
a cualquiera de los participantes. Así es que solicito por todo lo
expuesto se me exonere del cobro de la ejecución de la garantía de
cumplimiento, ya que estaba dispuesto y con todas mis buenas
intenciones de brindar un servicio de calidad, pero la demanda del
fotocopiado no llena las expectativas de ninguna persona que quiera
llegar a brindar el servicio. / Solicito se tenga en consideración los
descargos que he realizado y con la prueba que existe de las
fotocopias que realice para los despachos judiciales que consta en
autos". ( folios 107 a 108).

      XIX.- Con oficio N° 6989-DP/48-2008, del 06 de agosto, el
Departamento de Proveeduría solicitó a la Administración Regional
de Turrialba, se manifestara respecto de la contestación de la
empresa Kilo Copias S.A. Mediante correo electrónico del 13 de
agosto la Licenciada Ivannia Moya León, Administradora a.i de
Turrialba indicó: "(...) le indicare varios aspectos sobre la
contestación de la empresa Kilo Copias. / 1 Es cierto lo que
menciona sobre la cantidad de copias que saco para el Poder. A lo
menos se canceló una factura por 1321 fotocopias correspondiente
a febrero y en marzo el total de las mismas fueron 749 / Con
respecto a los desembolsos que incurrió realmente no nos compete /
Cabe mencionar que nosotros no participamos en la elaboración del
cartel / 4 El Silor esta dándonos el servicio, sin embargo no tienen
la fotocopiadora en mal estado." (folios 109 a 111).

     XX.- Mediante Resolución N° 239-VEC-2008 de las diez
horas y veintiuno minutos del veinticinco de agosto de dos mil
ocho, se puso en conocimiento, por el plazo de 05 días hábiles, a
Kilo Copias S.A, las manifestaciones de la Licda. Ivannia Moya
                                                                         154


León, de la Administración de Turrialba y la variación del cobro
económico pretendido por esta Administración, referente al costo de
los daños y perjuicios, ya que para atender la necesidad se tramitó
un Permiso de Uso para el servicio, que tiene un costo de
¢224.898,24, para que de tenerlo a bien se manifestara al respecto
(folios 112 a 120).

      XXI.- En fecha 02 de setiembre, se recibe en este
Departamento, formal respuesta de la empresa, a la resolución N°
239-VEC-2008, la cual manifestó: "Véase la resolución número
doscientos treinta y nueve-VEC-dos mil ocho, donde reafirma mi
decir en cuanto a la cantidad de copias que se utilizan en el poder
judicial y por el cual me hizo pensar que el servicio se podía dar no
con una ganancia exorbitante, pero si con una ganancia que diera
para pagar los gastos administrativos y de funcionamiento y un
poquito para cubrir la inversión. Insiste (sic) que existe un vicio
oculto en el cartel de licitación que me hizo contraer una obligación
que no era la que se esperaba. / Cabe recalcar que las perdidas para
mi fueron cuantiosas, más que el cartel de licitación que usted dicen
que tuvieron que hacer. /Por lo antes dicho, y por existir un vicio
oculto en el cartel de licitación y mi decir fue ratificado por la
Licda. Ivania Moya León Administradora Regional ai, en cuanto a
la cantidad de copias que se sacaron y lo que dice el cartel de
licitación es que solicito se me exima del pago de cualquier rubro y
únicamente se me cobre el deposito de garantía". (folio 121).

      XXII.- A la fecha no se ha restablecido el servicio por la
empresa, contrario a ello, el Departamento de Proveeduría gestionó
un permiso de uso ante la Dirección Ejecutiva, dada las
características particulares del servicio y la necesidad institucional
de contar con el servicio de fotocopiado Así las cosas, mediante el
oficio N° 5366-DP/48-2008, del 12 de junio de 2008, éste
Departamento, dio orden de inicio, para el permiso de uso temporal
para los "Servicios de Fotocopiado en el Edificio de Tribunales de
Justicia de Turrialba" otorgado a la Asociación de Apoyo a la
Unidad de Rehabilitación Profesional de Turrialba, conforme la
Resolución N° 1823-08 de las trece horas y treinta del diez de junio
de dos mil ocho, de la Dirección Ejecutiva.

     Sobre el Fondo

    XXIII.- Establece el artículo 11 de la Ley de Contratación
Administrativa N° 7494, vigente al momento de la contratación:
                                                                           155


"Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver,
según corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de
incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando
así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso.
Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le
imputen al contratista, la Administración deberá liquidarle la parte
que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y
perjuicios ocasionados. En los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente
ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el
contratista en previsión de la ejecución total del contrato. La
Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los
extremos indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la
resolución deberá contar con la aprobación de la Contraloría
General de la República". Asimismo, el punto 9 del cartel dispuso:
"(...) / En caso de que se incurra en atraso, no se preste el servicio o
se incumpla con los compromisos adquiridos, la Administración
además, podrá resolver el contrato, perseguir el pago de los daños y
perjuicios no cubiertos, ejecutar la garantía de cumplimiento y
aplicar las demás sanciones administrativas que prevé el
ordenamiento jurídico".

      XXIV.- En el caso concreto, disponen las cláusulas quinta,
sexta y sétima del contrato N° 126-CG-07: "QUINTA: La
contratista debe prestar un servicio eficiente y brindar fotocopias de
excelente calidad y nitidez, así como velar por la seguridad,
integridad y confidencialidad de los documentos que se manejan
(expedientes). En el caso de avería del equipo, se debe reponer o
reparar en forma inmediata, con el fin de que no se interrumpa el
servicio. Los daños del equipo, su reparación o reposición correrán
por cuenta de la contratista. Si un equipo llegare a presentar
considerable cantidad de fallas, de tal forma que el servicio se esté
prestando de modo insatisfactorio, el adjudicatario deberá cambiar
la fotocopiadora por otra preferiblemente nueva y sin desmejorar las
condiciones técnicas de la predecesora. / SEXTA: La contratista, a
través del operador(es), será el responsable de reportar las averías,
sin perjuicio de la función fiscalizadora del Poder Judicial sobre ese
particular. / SÉTIMA: La contratista deberá proveer, por su cuenta,
todos los recursos humanos y materiales (equipos, toner, hojas,
revelador, etc.) para atender el servicio. Tomará las previsiones
correspondientes para que el servicio no se interrumpa por falta de
esos recursos". Asimismo el ápice 3.5.1 establece: "3.5.1 El
contratista deberá tomar todas las previsiones del caso con el
                                                                         156


propósito de que el servicio no se suspenda por ninguna causa". (El
Subrayado no es del original). Por lo cual, de la relación integra de
estas normas, se establece que el objeto contractual debía brindarse
en tiempo y forma, dentro del horario del Poder Judicial para la
zona (de 07:00 a 11:30 horas y de 13:00 a 16:30 horas), sin
detrimento del servicio, para lo cual el contratista debió tomar todas
las previsiones que fueren necesarias a fin de brindar un servicio de
calidad y que éste no se viera interrumpido. No obstante, debiendo y
teniendo que actuar de otra forma no lo hizo, provocando que los
usuarios internos y externos que requerían del servicio de
fotocopiado, se vieran privados del mismo. El contrato y el cartel,
son claros en establecer que el contratista debe garantizar la
continuidad del servicio, y en caso de avería o daño del equipo tenía
que repararlo de forma inmediata, o sustituirlo por otro con iguales
características y condiciones, lo cual simplemente no realizó, según
se desprende de las manifestaciones realizadas por la Licda. Yisenia
Núñez, como supervisora directa del servicio.

      XXV.- La cláusula 2.4 del cartel de contratación directa N°
2007CD-000739-PROV, dispone: "2.4 El promedio del consumo
mensual de fotocopias que hacen las oficinas judiciales de la zona
es de 10.000 copias aproximadamente y la demanda del público
se estima en una cantidad de 20.000,00. Todo promedio de consumo
mencionado en este cartel es meramente informativo, ya que puede
bajar o subir sin control alguno". En este sentido, queda claro que
dicho cuadro de consumo es meramente referencial e informativo, el
cual puede variar sin control alguno, situación previamente
conocida por la contratista al momento de ofertar, por lo cual no
puede alegarse desconocimiento, razón por la cual, esta
Administración no considera de recibo las manifestaciones
realizadas por el señor Eugenio Tencio en su escrito de
contestación, en cuanto a que se creó por parte del Poder Judicial,
una falsa expectativa de derecho, u omitió información, capaz de
producir vicios o defectos que crearan una errónea apreciación del
objeto contractual y sus consecuencias o efectos por parte del
cocontratante.

     XXVI.- No obstante lo anterior, esta Administración tiene
como cierto, que el consumo promedio de copias para la Institución,
era de 1000 copias mensuales, pues así lo confirmó la
Administración Regional de Turrialba. Basado en ello, y con
fundamento, en los principios de buena fe, lógica, proporcionalidad,
razonabilidad e intangibilidad patrimonial, se logra concluir, que el
                                                                            157


servicio en las condiciones en que se dispusieron y se venían
realizando, estaban provocando pérdidas económicas a Kilo Copias
S.A. Por ende, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de
Contratación Administrativa, Kilo Copias tenía el derecho a ejecutar
plenamente el contrato N° 126-CG-07, salvo que surgieran
situaciones previstas por el numeral 11 del mismo cuerpo
normativo; como en el caso de marras, donde acaeció un caso
fortuito, producto del poco consumo de copias en dicho Circuito
Judicial, en contraposición, a los cuadros de consumo referidos en el
cartel, lesionando la rentabilidad del servicio brindada por la
empresa, no siendo exigible mantener o conservar una relación
jurídica contractual ruinosa, pues nadie puede estar compelido a lo
imposible, (principio de intangibilidad patrimonial -Art. 18 Ley de
Contratación), con lo cual le asistía el derecho a solicitar la rescisión
contractual. De igual forma, le asisitía el derecho a solicitar
reajustes de precios (art. 18 de la Ley de Contratación) y/o la
suspensión del contrato (art. 202 del Reglamento de Contratación),
e incluso, el contratista contaba con la posibilidad de cambiar o
variar los equipos por otros de menor capacidad.

      XXVII.- A pesar de lo anteriormente expuesto, con base en el
principio de legalidad, sí debe quedar claro, que bajo ningún
supuesto, en los procedimiento de contratación administrativa, el
ordenamiento jurídico permite que el contratista finalice de forma
unilateral y arbitraria -aún por ruinosidad- la prestación de servicio;
pues debe imperar la plena satisfacción del interés público y general
sobre el particular, sin lesionar los derechos subjetivos de los
particulares, razón por la cual, la ley prevé mecanismos, mediante
los cuales el contratista tenía el derecho a solicitar la rescisión
contractual, lo cual nunca realizó en tiempo y forma, simplemente
abandonó el servicio, con los perjuicios que esto ocasionó al Poder
Judicial

      XXVIII.- En este sentido, el incumplimiento exige que se
patentice una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de
aquella parte, contra la que se pide la resolución, donde la
prestación es y debe ser posible, idónea, actual y real, para satisfacer
el interés del acreedor, que en el presente caso es un servicio de
fotocopiado, a fin de satisfacer un interés general, ante la cual hay
una clara voluntad de no cumplir a través de actos u omisiones de la
empresa Kilo Copias S.A, aduciendo una ruinosidad del servicio,
pero nunca acudió oportunamente a los remedios procesales
                                                                         158


dispuestos por ley, frente a la firme, persistente y manifiesta
voluntad de cumplimiento y colaboración de esta Administración.

      XXIX.- En importante indicar que esta Administración tiene
como único hecho controvertido, el cobro del daño económico, pues
el señor Eugenio Tencio, como representante legal de Kilo Copias
S.A, sólo manifestó su disconformidad con el mismo, pero no
contra el resto de pretensiones de esta Administración. Sin embargo,
por las razones expuestas, ha quedado debidamente demostrado el
incumplimiento, que tuvo como consecuencia inmediata que la
Administración tuviera que iniciar un procedimiento de contratación
ante la necesidad institucional y pública de contar con el servicio de
fotocopiado en los Tribunales de Turrialba, lo cual fue realizado
mediante un permiso de uso.

      XXX. Por ello, con fundamento en lo supracitado y conforme
a los numerales 20 y 21 de la Ley de Contratación administrativa,
que rezan: "Artículo 20.- Cumplimiento de lo pactado.- Los
contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido
en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada,
que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o
en la formalización del contrato. / Artículo 21.- Verificación de
procedimientos: Es responsabilidad del contratista verificar la
corrección del procedimiento de contratación administrativa, y la
ejecución contractual. En virtud de esta obligación, para
fundamentar      gestiones    resarcitorias,  no    podrá    alegar
desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias
de la conducta administrativa", se puede concluir que el
incumplimiento en que incurre Kilo Copias S.A, al no brindar el
servicio constituye un incumplimiento grave.

     Recomendación

     XXXI.- Con fundamento en lo expuesto, y los artículos 11, 14,
93, 94, 99 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa y 203
a 205, 210, 211, 212, 215 a 218 de su Reglamento N° 8511, vigente
al momento de la contratación y la normativa citada, el
Departamento de Proveeduría recomienda: 1) Resolver el contrato
N° 126-CG-07 para el servicio de Fotocopiado en el Edificio de
Tribunales de Justicia de Turrialba, en virtud del incumplimiento
contractual, 2) Cobrar a título de daño económico la suma de
¢224.898,24 (doscientos veinticuatro mil ochocientos noventa y
ocho colones con 24/100) por el costo del permiso de uso tramitado
                                                                              159


       para servicio en mención, el cual se desglosa de la siguiente forma:
       a) Ejecutar la garantía de cumplimiento de ¢30.000,00 (treinta mil
       colones). b) Prevenir por el plazo de 05 días hábiles, a Kilo Copias
       S.A, para el depósito del ¢194.898,24 (ciento noventa y cuatro mil
       ochocientos noventa y ocho colones con 24/100) por el saldo en
       descubierto, correspondiente al costo daño económico, en la cuenta
       corriente judicial N° 20192-8 del Banco de Costa Rica, denominada
       "Contaduría Judicial". 3) Aplicar la sanción de apercibimiento a la
       empresa Kilo Copias S.A, cédula jurídica N° 3-101-286601.

             El señor Eugenio Tencio Rivera, cédula de identidad N° 3-
       318-838, en su condición de Presidente, de Kilo Copias S.A, cédula
       jurídica N° 3-101-286601 puede notificarse mediante el fax. 2556-
       8476. Se adjunta el expediente respectivo.”

                                         -0-

   De conformidad con los numerales 11, 14, 93, 94, 99 inciso a) de la Ley de

Contratación Administrativa y 203 a 205, 210, 211, 212, 215 a 218 de su

Reglamento N° 8511 vigente al momento del incumplimiento y demás

normativa citada, se dispuso: Acoger la recomendación del Departamento de

Proveeduría y en consecuencia: 1.) Resolver el contrato N° 126-CG-07, para

el servicio de Fotocopiado en el Edificio de Tribunales de Justicia de

Turrialba, en virtud del incumplimiento contractual 2.) Previamente a resolver

lo correspondiente al daño económico y la ejecución de la garantía de

cumplimiento, remitir al Departamento de Proveeduría para que valore si la

contratación devino en ruinosa para la empresa mencionada por el número de

fotocopias que efectivamente se sacan.
                                                                           160


      Comuníquese este pronunciamiento a la empresa Kilo Copias S.A,

representada por el señor Eugenio Tencio Rivera y a la Contraloría General de

la República.

      Contra lo resuelto procede el recurso de reconsideración, que en caso de

presentarse deberá hacerlo ante la Secretaría General de la Corte, dentro del

tercer día después de la notificación de esta resolución.

      El Departamento de Proveeduría y la Administración de Tribunales de

Turrialba, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XIV

      En oficio N° PJ-BID 554-08 de 1° de octubre en curso, la licenciada

Sonia Navarro Solano, Directora del Programa Poder Judicial-BID, indicó lo

siguiente:

            “Con la finalidad que sea atendido por el Consejo Superior,
       respetuosamente, solicito se declare Infructuoso el procedimiento
       de la Licitación Pública Nacional N° 2008LN-000147-01
       “Contratación de Servicios Profesionales de Consultoría para
       Reorganizar el Modelo de Liderazgo Gerencial y
       Administrativo del Poder Judicial”.

                a) Antecedentes:

            Este procedimiento se realizó, conforme las autorizaciones
       otorgadas por el Consejo Superior del Poder Judicial, y la “no
       objeción” del BID.

                b) Publicidad:
                                                                              161


            El llamado a concursar o invitación, se publicó en el Diario
       Oficial La Gaceta, y el cartel se colocó, para acceso público, en la
       página WEB del Programa.

              c) Del día de apertura de ofertas.

             La apertura de ofertas se programó para el día 23 de
       septiembre de 2008, a las 10:00 horas. Fecha y hora, a la cual no se
       presentaron ofertas.

              d) Solicitud de declaratoria de Infructuosa y realización
                 de un nuevo procedimiento:

            La Unidad Ejecutora del Programa, en apego al artículo 15 del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se permite
       recomendar se declare Infructuoso el procedimiento en referencia.”
                                        -0-

      Se dispuso: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, declarar

infructuoso el procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 2008LN-

000147-01 denominado "Contratación de Servicios Profesionales de

Consultoría para Reorganizar el Modelo de Liderazgo Gerencial y

Administrativo del Poder Judicial."

      El Programa Poder Judicial-BID tomará nota para los fines

consiguientes. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO XV

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8656-DP/28-2008 de 29 de setiembre último,

manifestó lo siguiente:
                                                                               162


             “Con el fin de que se someta a consideración de los estimables
       integrantes del Consejo Superior, respetuosamente le remito las
       diligencias llevadas a cabo por este Departamento en el
       procedimiento de Licitación Abreviada Nº 2008 LA-000084-
       PROV, promovido para la “Contratación de empresa que realice
       encuestas de percepción y realidad de la Justicia y el servicio
       recibido en el Poder Judicial”.

             A dicho concurso no se presentaron ofertas, por lo que la
       citada licitación deviene en infructuosa.”

                                      -0-

      Por las razones indicadas, se acordó: Declarar infructuoso el

procedimiento    de    Licitación   Abreviada     N°    2008LA-000084-PROV,

promovido para la “Contratación de empresa que realice encuestas de

percepción y realidad de la Justicia y el servicio recibido en el Poder Judicial”.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XVI

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8517-DP/09-08 de 30 de setiembre último,

comunicó lo siguiente:

            “En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
       000085-PROV “Alquiler de local para alojar la Oficina de
       Trabajo Social y Psicología de Puntarenas”, remitimos a usted la
       documentación adjunta, para que sea sometida a conocimiento del
       Consejo Superior, a efecto de que se tome el acuerdo que
       consideren conveniente.
                                                                       163


     En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
hábiles dispuesto en la cláusula 6.2.11 del aparte condiciones
generales del cartel para resolver esta contratación, vence el 13 de
octubre de 2008.

      Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo
con los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría,
se determinó que:

       1. Ofertas presentadas

       1.1 Al concurso licitatorio se presentó oferta de:

      N° 1. CONSTRUCTORA PUNTARENENSE S.A., cédula
jurídica Nº 3-101-103783, por una renta mensual de ¢1.248.000,00.

       2. Análisis legal de la oferta:

      2.1 Mediante el oficio 7955-DP/09-08 de 05 de setiembre del
año en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, el estudio del marco legal de la única oferta
recibida, de la manera siguiente:

      “Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal de la
única oferta recibida en la Licitación Abreviada N° 2008LA-
000085-PROV, denominada “Alquiler de local para ubicar la
Oficina de Trabajo Social y Psicología de Puntarenas”, para lo
cual adjunto el respectivo expediente administrativo.

      Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de la ofertas
(sic) y qué defectos u omisiones son subsanables, seguidamente se
detallan los aspectos más relevantes que se han advertido producto
de la revisión inicial de los documentos aportados en la oferta,
respecto de los cuales se solicita especial pronunciamiento de la
Sección a su cargo.

       OFERTA N° 1: CONSTRUCTORA PUNTARENENSE
S.A:

     1.     No aporta las declaraciones juradas solicitadas en la
cláusula 6.2.13 incisos d) y e).
                                                                         164


     2.     Solicita un incremento anual del 15%.

      3.   No aporta certificación o documentación extendida por la
Municipalidad, en la que se indique si existe plan regulador en la
zona.

      En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.”

      2.2 Mediante oficio N° 1530-DE/AL-08 recibido el 08 de
setiembre de 2008, la Licda. Ana Patricia Álvarez Mondragón,
Asesora Legal de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal
de la oferta recibida, señaló:

      “……el análisis legal de la propuesta de Constructora
Puntarenense, S.A., recibida en la Licitación Abreviada N°
2008LA-000085-PROV, cuyo objeto es el “Alquiler de local para
ubicar la Oficina de Trabajo Social y Psicología de Puntarenas”;
me permito referirle que por tratarse de un procedimiento en el que
participa un único oferente, deben aplicarse los reiterados criterios
de esta Asesoría, en cuanto la posibilidad de solicitarle que aporte
cualquier dato o documento omitidos para valorar su propuesta, y si
es del caso, se ajuste a los requerimientos cartelarios. Lo anotado
por ese Departamento es subsanable y debe ajustarse al pliego de
condiciones.

      Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante
los principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir más
participantes; de ahí que al procurar la adjudicación el negocio, se
protegería la satisfacción del interés general y el cumplimiento de
los fines y cometidos de la Administración, siempre y cuando
previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único oferente
y la razonabilidad del precio que cotiza, según los parámetros del
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.”

     3. Prevenciones

     3.1 De acuerdo con el criterio legal, con oficio 8348-DP/09-08
del 19 de setiembre en curso, se previno a la oferente, para que,
                                                                        165


aportara las declaraciones juradas solicitadas en la cláusula 6.2.13
incisos d) y e) del cartel, documentación extendida por la
Municipalidad, que indique sobre la existencia de plan regulador en
la zona de Puntarenas, así como, ajustarse a lo establecido en la
cláusula 5.1.11 del pliego de condiciones, en cuanto al ajuste de
incrementos anuales, regidos en el artículo 67 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.

     3.2 Mediante nota recibida vía fax el 24 de setiembre en
curso, el señor Felipe Medina Quesada, en su condición de
representante legal de Constructora Puntarenense S.A., manifiesta
su anuencia a ajustarse a la cláusula 5.1.11 del cartel y aporta la
documentación solicitada. Igualmente, aporta documentación
emitida por la Municipalidad de Puntarenas, en la que se concluye
que el local de interés, puede utilizarse para oficinas por ubicarse
dentro de la zona Residencial Comercial Mixta (ZRCM) del Plan
Regulador para la ciudad de Puntarenas,

     4.     Solicitud de informes técnicos

      4.1 Mediante oficio 7928-DP/09-2008, de fecha 05 de
setiembre de 2008, se remitió copia de la oferta presentada en la
licitación, a los Departamentos de Servicios Generales y Seguridad,
respectivamente, con el fin de que se realizara la valoración técnica
del inmueble ofertado.

     4.2    Análisis técnico

      4.2.1 Mediante oficio N° 1117-05-SG-08, del 12 de setiembre
del año en curso, el Ingeniero Francisco González Picado, Jefe de la
Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios
Generales, remite el informe técnico número 323-09-AI-2008,
realizado por el arquitecto Daniel Saborío Alpízar, Profesional 2 de
la Sección de Arquitectura e Ingeniería de ese Departamento, en
conjunto con el Departamento de Seguridad. En el mismo se indica
lo siguiente:

     “De acuerdo a lo solicitado en este momento no es posible
evaluar formalmente el local ofrecido para Trabajo Social y
Psicología en Puntarenas ya que se encuentra en proceso
constructivo, en caso de que se ofrezca un local para construir se da
un lapso de tiempo para que el dueño del local construya el mismo y
luego se verifica que el mismo cumpla con lo estipulado en los
                                                                          166


planos, en el cartel de contratación y a lo solicitado en coordinación
con el propietario.

      Igualmente el Departamento de Seguridad no puede evaluar el
local formalmente el local (sic) ya que se encuentra en proceso de
construcción.

      Sin embargo la Ley de Contratación Administrativa me
permite evaluar la oferta única de acuerdo a los alcances de la Ley,
por lo que puedo indicarle es que la distribución arquitectónica en
planos cumple con las necesidades del despacho de Trabajo Social y
Psicología en cuanto a metraje cuadrado, cantidad de aposentos,
servicios sanitarios, y de acuerdo a todas las cláusulas del cartel,
según inspección del local el propietario ha cumplido a cabalidad
hasta el momento con lo ofertado, por lo tanto:

     OFERTA ÚNICA: CONSTRUCTORA PUNTARENENSE
S.A., representada por el Sr. Felipe Medina, local ubicado al
costado oeste de los Tribunales de Justicia de Puntarenas.

Área: …………………………………………………….320.00 m2
Monto de alquiler: ………………………………….¢1.248.000,00
Monto por metro cuadrado: ……………………………¢3.900,00

      El cartel es claro igualmente en que el propietario se
compromete formalmente en su oferta que adaptará el local a todas
las necesidades del despacho de Trabajo Social de Puntarenas, es
decir que tendrá que construir todas las divisiones internas,
instalaciones eléctromecánicas (sic), archivo, bodega, cocineta, en
fin todo lo que se le solicite para que el local brinde las condiciones
adecuadas para el buen funcionamiento del despacho.

     La oferta es clara en cuanto a todos estos compromisos, sin
embargo para el informe final formal y detallado de parte de este
departamento y Seguridad el local deberá estar totalmente
terminado.

     El local se encuentra en construcción con un área de 320.00
metros cuadrados distribuidos en dos plantas, planta alta de 120 m2
y planta baja de 200 m2. Se contará con cuatro servicios sanitarios,
uno de los cuales cumplirá con la Ley 7600.
                                                                        167


     La oferta indica que se cumplirá con todas las regulaciones de
la Ley 7600.

      El edificio es de paredes perimetrales de concreto con
divisiones internas en muro seco de fibrocemento o gypsum (a
escoger), según planos constructivos se está cumpliendo con el
código sísmico de Costa Rica y según inspección se aprueban los
detalles estructurales.

      Se ofrece pisos de cerámica y la marquetería de las ventanas
será en aluminio, igualmente las puertas.

     El local se encuentra ubicado estratégicamente junto al edificio
de los Tribunales cruzando (sic) la calle, junto a la Fiscalía y el
Juzgado Laboral.

    Se constata que los planos cuentan con todos los permisos
municipales, sanitarios y acueductos.

     El perímetro contará con tapia en su totalidad.

     Según detalles de planos el cielo estará a una altura de 2.60
metros lo que es totalmente adecuado para el trabajo de oficina.

    Se encuentra frente a calle pública asfaltada, cuenta con aceras
y cunetas. Igualmente cuenta con todos los servicios públicos.
También se ofrecen dos líneas telefónicas.

     En cuanto a la seguridad el Departamento de Seguridad
entrega informe el cual adjunto al presente.

      En cuanto al monto de ¢3.900,00 por metro cuadrado de
alquiler se encuentra que está dentro de un rango de razonabilidad
adecuado, de acuerdo al método comparativo con otros alquileres
similares en la misma zona en donde se encuentra el local. Incluso
el monto es similar a lo que se paga en otros locales alquilados por
el Poder Judicial en la zona. Por lo tanto se considera razonable.”

     5.     Mejoras a realizar al inmueble

     5.1 Con oficio 8348-DP/09-08 del 19 de setiembre en
curso, se solicitó a la oferente manifestar su compromiso de adaptar
                                                                        168


el edificio a las necesidades que se requieren para ubicar a la
Oficina de Trabajo Social y Psicología de Puntarenas, a saber:

       1. Adaptar el edificio a todas las necesidades que requiere el
despacho de la Oficina de Trabajo Social (construcción de todas las
divisiones internas, instalaciones electromecánicas, archivo, bodega,
cocineta, mostrador para atención al público, servicios sanitarios
etc.), esto de conformidad con las cláusulas 3.3 y 3.4 del cartel. Es
importante indicar que de previo a acondicionar el edificio deberá
someter la distribución a la aprobación a los Departamentos de
Servicios Generales y Seguridad.

     2. Cuatro servicios sanitarios, uno de ellos que cumpla con las
exigencias de la ley 7600 para personas con discapacidad.

     3. Rampas de acceso para personas con discapacidad.

     4. Todas las ventanas, puertas externas y patios de luces deben
contar con enrejado.

    5. Las colindancias deberán estar delimitadas con tapias altas y
alambre navaja.

     6. Buena iluminación y ventilación natural y artificial.

     7. Sistema de alarmas compatibles con las del Poder Judicial.

      8. Al ser una edificación de dos plantas, se requiere de una
salida alterna o escalera de emergencia.

     9. Que no existan desniveles internos.

      10. Las puertas y pasillos deberán ser anchos y adecuados para
el ingreso de personas con discapacidad.

      5.2 Mediante nota recibida vía fax el 24 de setiembre en curso,
el señor Felipe Medina Quesada, en su condición de representante
legal de Constructora Puntarenense S.A., se compromete adaptar el
edificio de acuerdo a los requerimientos institucionales, en un plazo
de tres meses, plazo que evidentemente empezará a correr en el
momento que este debidamente refrendado el contrato y la
aprobación de los Departamentos de Servicios Generales y
                                                                        169


Seguridad para la distribución arquitectónica y acondicionamiento
de las instalaciones.

     6. Análisis y valoración:

      6.1 Conforme a lo señalado en los informes de legalidad y
técnicos antes transcritos, se procede seguidamente a la exposición,
análisis y valoración de las circunstancias concurrentes en el
presente procedimiento de contratación.

     6.2 Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de una oferta
presentada por CONSTRUCTORA PUNTARENENSE S.A.

      6.3 Luego de haber analizado el estudio de carácter legal
detallado en los puntos anteriores, se concluye que la única oferta
recibida, resulta admisible al procedimiento de contratación.

      6.4 De acuerdo con el resultado del estudio técnico, los
planos arquitectónicos presentados por la oferente cumplen con los
requerimientos técnicos necesarios para albergar a la Oficina de
Trabajo Social y Psicología de Puntarenas, además, de que existe la
anuencia del señor Felipe Medina Quesada, en su condición de
representante legal de Constructora Puntarenense S.A, de
acondicionar el inmueble de acuerdo a las necesidades
institucionales.

     7.     Evaluación

     7.1 En el presente concurso no se aplicó el sistema de
evaluación establecido en el cartel, en vista de que se recibió sólo
una oferta, sin embargo, se verificó el cumplimiento de las cláusulas
obligatorias.

     8.     Análisis de precios

     8.1 Partiendo de que el precio mensual asciende a
¢1.248.000,00 y que el área ofertada es de aproximadamente 320 m²
de construcción, el costo sería de ¢3.900,00 por metro cuadrado de
construcción, valor que de conformidad con el criterio técnico se
considera razonable, ya que tal y como lo indicó el arquitecto
Daniel Saborío Alpízar, en el informe anteriormente transcrito, se
encuentra dentro de un rango de razonabilidad adecuado, de acuerdo
                                                                           170


al método comparativo con otros alquileres similares en la misma
zona donde se encuentra el local. Además, existe el compromiso
del propietario de realizar las mejoras al local, las cuales se
indicaron anteriormente. Cabe aclarar que, el avalúo del inmueble
fue realizado por personal especializado de la Sección de
Arquitectura e Ingeniería de este Poder de la República.

     9.     Contenido presupuestario:

     9.1     Con oficio 76-P-2008, del 30 de enero de 2008, el MSc.
Walter Jiménez Sorio, Jefe a.í, del Departamento Financiero
Contable, certificó en el programas 926 y 927, IP 34, subpartida
1.01.01, la existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios
suficientes para cubrir por el resto del año el pago del alquiler por la
suma de ¢13.460.567,31.

     10.    Recomendación

      De acuerdo con los análisis de los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, a la luz de la normativa
aplicable, y según las circunstancias concurrentes, este
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la presente
licitación a la sociedad CONSTRUCTORA PUNTARENENSE
S.A., cédula jurídica N° 3-101-103783, representada por el señor
Felipe Medina Quesada, en su condición de presidente, cédula de
identidad 6-0151-0182, correspondiente al inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad, matrícula 067045, submatrícula
000, situado en el Distrito Primero del Cantón Primero de la Provincia
de Puntarenas, por una renta mensual de ¢1.248.000,00, pagaderos
por mes vencido, más un incremento anual de conformidad con los
parámetros establecidos en el artículo 67 de la Ley General de
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, mismo que deberá ser
calculado sobre el último precio pagado, para alojar la Oficina de
Trabajo Social y Psicología de Puntarenas, por un plazo indefinido,
(esto de conformidad con lo externado por la Contraloría General de
la República, en oficio 01298 del 11 de febrero de 2008). La
revisión del precio se verificará una vez que haya transcurrido el
término de tres años, desde la fecha en que empezó a regir el precio
que se pretende modificar. El propietario realizará las mejoras que le
competen, en un término no mayor a tres meses contados a partir del
comunicado del refrendo del contrato y la aprobación de los
Departamentos de Servicios Generales y Seguridad para la
                                                                           171


distribución arquitectónica       y    acondicionamiento      de    las
instalaciones.

     El local se tomará una vez que esté terminado y hayan realizado
las mejoras dispuestas por el Departamento de Servicios Generales y
el Departamento de Seguridad, para lo cual dichos Departamentos
deberán, verificar que dichas mejoras cumplen con lo requerido en su
informe técnico y comunicar tal situación al Subproceso de
Verificación y Ejecución Contractual de este Departamento de
Proveeduría, para la orden de inicio correspondiente.

      Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la
tarifa básica del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso
de que exista una paja de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa
básica y el exceso de consumo, corresponderá a la arrendante cancelar
dicho pago. Asimismo, debido a que por imperativo legal el Poder
Judicial únicamente puede reconocer el pago por servicios que
efectivamente le hayan sido prestados, conforme a los incisos a) y b)
del artículo 26 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y
Suburbanos, se reafirma que es obligación del arrendador entregar al
Poder Judicial el inmueble con los pagos de los servicios de
electricidad y agua debidamente cancelados, de previo a iniciar la
relación contractual. En caso de que haya pagos pendientes por uno u
otros conceptos, se hará un requerimiento de pago a los propietarios
para que en un término de cinco días hábiles proceda a cancelar el
monto que corresponda, en el entendido de que si no lo hiciere, el
Poder Judicial estará facultado para rebajarlo del pago de la renta del
inmueble.

      De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa, la Unidad Administrativa
Regional de Puntarenas, deberá tomar las previsiones necesarias
para garantizar en su oportunidad el pago de las obligaciones que
contraerá durante todos los ejercicios presupuestarios que
involucren la relación contractual.

     Cabe indicar, que según lo manifestado por la M.B.A. Dinorah
Álvarez Acosta, Administradora Regional de Puntarenas, se tiene
pensado trasladar un despacho del edificio de los tribunales al local
que va a desocupar la Oficina de Trabajo Social y Psicología de
Puntarenas, con el fin de ubicar en el edifico la Oficina Centralizada
de Notificaciones y la Cámara de Geseel, por lo que no va hacer
necesario comunicar el desalojo del inmueble a su propietario.”
                                                                             172




                                     -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 80 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial y la recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría

en el oficio anteriormente transcrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación

Abreviada Nº 2008LA-000085-PROV, denominada “Alquiler de local para

alojar la Oficina de Trabajo Social y Psicología de Puntarenas”, de la siguiente

manera:

      A la sociedad CONSTRUCTORA PUNTARENENSE S.A., cédula

jurídica Nº 3-101-103783, representada por el señor Felipe Medina Quesada,

en su condición de presidente, cédula de identidad Nº 6-0151-0182,

correspondiente al inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad,

matrícula 067045, submatrícula 000, situado en el Distrito Primero del Cantón

Primero de la Provincia de Puntarenas, por una renta mensual de ¢1.248.000,00,

pagaderos por mes vencido, más un incremento anual de conformidad con los

parámetros establecidos en el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos

Urbanos y Suburbanos, mismo que deberá ser calculado sobre el último precio

pagado, para alojar la Oficina de Trabajo Social y Psicología de Puntarenas, por

un plazo indefinido, (esto de conformidad con lo externado por la Contraloría
                                                                            173


General de la República, en oficio 01298 del 11 de febrero del 2008). La

revisión del precio se verificará una vez que haya transcurrido el término de

tres años, desde la fecha en que empezó a regir el precio que se pretende

modificar. El propietario realizará las mejoras que le competen, en un término

no mayor a tres meses contados a partir del comunicado del refrendo del

contrato y la aprobación de los Departamentos de Servicios Generales y

Seguridad para la distribución arquitectónica y acondicionamiento de las

instalaciones.

      Dichas mejoras son:

     1. Adaptar el edificio a las necesidades que requiere el despacho de la

Oficina de Trabajo Social (construcción de todas las divisiones internas,

instalaciones electromecánicas, archivo, bodega, cocineta, mostrador para

atención al público, servicios sanitarios etc.), esto de conformidad con las

cláusulas 3.3 y 3.4 del cartel.    Es importante indicar que previamente a

acondicionar el edificio deberá someter la distribución a la aprobación a los

Departamentos de Servicios Generales y Seguridad.

     2. Cuatro servicios sanitarios, uno de ellos que cumpla con las exigencias

de la ley 7600 para personas con discapacidad.

     3. Rampas de acceso para personas con discapacidad.
                                                                              174


     4. Todas las ventanas, puertas externas y patios de luces deben contar con

enrejado.

     5. Las colindancias deberán estar delimitadas con tapias altas y alambre

navaja.

     6. Buena iluminación y ventilación natural y artificial.

     7. Sistema de alarmas compatibles con las del Poder Judicial.

     8. Al ser una edificación de dos plantas, se requiere de una salida alterna

o escalera de emergencia.

     9. Que no existan desniveles internos.

     10. Las puertas y pasillos deberán ser anchos y adecuados para el ingreso

de personas con discapacidad.

      El local se tomará una vez que esté terminado y hayan realizado las

mejoras dispuestas por el Departamento de Servicios Generales y el

Departamento de Seguridad, para lo cual dichos departamentos deberán,

verificar que dichas mejoras cumplen con lo requerido en su informe técnico y

comunicar tal situación al Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual

del Departamento de Proveeduría, para la orden de inicio correspondiente.

      Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la tarifa básica

del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso de que exista una paja

de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa básica y el exceso de consumo,
                                                                              175


corresponderá a la arrendante cancelar dicho pago. Asimismo, debido a que por

imperativo legal el Poder Judicial únicamente puede reconocer el pago por

servicios que efectivamente le hayan sido prestados, conforme a los incisos a) y

b) del artículo 26 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos,

se reafirma que es obligación del arrendador entregar al Poder Judicial el

inmueble con los pagos de los servicios de electricidad y agua debidamente

cancelados, previamente a iniciar la relación contractual. En caso de que haya

pagos pendientes por uno u otros conceptos, se hará un requerimiento de pago a

los propietarios para que en un término de cinco días hábiles proceda a cancelar

el monto que corresponda, en el entendido de que si no lo hiciere, el Poder

Judicial estará facultado para rebajarlo del pago de la renta del inmueble.

      De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, la Administración Regional de Puntarenas,

deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad el

pago de las obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios

presupuestarios que involucren la relación contractual.

      Cabe indicar, que según lo manifestado por la M.B.A. Dinorah Álvarez

Acosta, Administradora Regional de Puntarenas, se tiene pensado trasladar un

despacho del edificio de los tribunales al local que va a desocupar la Oficina

de Trabajo Social y Psicología de Puntarenas, con el fin de ubicar en el edifico
                                                                              176


la Oficina Centralizada de Notificaciones y la Cámara de Geseel, por lo que

no será necesario comunicar el desalojo del inmueble a su propietario.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XVII

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8727-DP/09-08 de 1° de octubre en curso,

manifestó:

            “En referencia a la Licitación Abreviada Nº 2008LA-
       000095-PROV “Alquiler de local para alojar la Defensa Pública
       de Pavas”, remitimos a usted la documentación adjunta, para que
       sea sometida a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que
       se tome el acuerdo que consideren conveniente.

            En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 6.2.11 del aparte condiciones
       generales del cartel para resolver esta contratación, vence el 30 de
       octubre de 2008.

             Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
       Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo
       con los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría,
       se determinó que:

             1. Ofertas presentadas

             1.1 Al concurso licitatorio se presentó oferta de:

             N° 1. GRUPO INMOBILIARIO SANTANDER S.A, cédula
       jurídica Nº 3-101-498489, por una renta mensual de $6.500,00.

             2. Análisis legal de la oferta:
                                                                            177


       2.1 Mediante el oficio 8457-DP/09-08 de 24 de setiembre del
 año en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
 Dirección Ejecutiva, el estudio del marco legal de la única oferta
 recibida, de la manera siguiente:

      Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal de la
 única oferta recibida en la Licitación Abreviada N° 2008LA-
 000095-PROV, denominada “Alquiler de local para ubicar la
 Defensa Pública de Pavas”, para lo cual adjunto el respectivo
 expediente administrativo.

       Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de la oferta
 y qué defectos u omisiones son subsanables, seguidamente se
 detallan los aspectos más relevantes que se han advertido producto
 de la revisión inicial de los documentos aportados en la oferta,
 respecto de los cuales se solicita especial pronunciamiento de la
 Sección a su cargo. Dicho estudio deberá ser presentada a más
 tardar el 24 de abril en curso.

        OFERTA N°1: GRUPO INMOBILIARIO SANTANDER
 S.A:

      1.       Aporta documento suscrito por la licenciada Kattia
Marcela Salas Guevara, en su condición de presidente y apoderada
generalísima sin limite de suma de la sociedad Desarrollo e
Inversiones Generales Río Santa Clara S.A., propietaria del inmueble
que se oferta, en la cual autoriza a Grupo Inmobiliario Santander
S.A., para que oferte dicho inmueble, sin embargo, este documento
no puede ser tomado como un Poder Especial, que para este caso en
particular lo requiere la oferente. (ver folio 8 del aparte de selección)

     2.     El precio cotizado de $6.500,00 equivalentes al tipo de
cambio 1US=¢558.96 del 23/09/08 para un total mensual de
¢3.633.240,00, supera el monto presupuestado de ¢765.000,00
mensuales para cubrir dicho alquiler.

     3.      No aportan las declaraciones juradas solicitadas en la
cláusula 6.2.13 incisos a), b), c), d) y e) del cartel de ninguna de las
dos sociedades.

      4.     No aportan fotocopia de cédula jurídica de ninguna de
 las sociedades.
                                                                          178


     5.      Ninguna de las dos sociedades involucradas aportan
certificación de personería jurídica, donde se indique fecha de
vigencia de la representación, indicando además, el domicilio de la
sociedad, su plazo social y el nombre y apellidos de los integrantes
de la Junta Directiva de la sociedad, todo con vista en el Registro
Público (Registro Mercantil).

     6.      Grupo Inmobiliario Santander S.A., presenta fotocopia
de certificación de naturaleza y propiedad de las acciones, más no
así, Desarrollo e Inversiones Generales Río Santa Clara S.A, que no
lo aporta.

     2.2 Mediante oficio N° 1623-DE/AL-08 recibido el 25 de
setiembre de 2008, la Licda. Itzia Araya García, Asesora Legal a.í.
de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de la oferta
recibida, señaló:

    “ En respuesta al oficio N° 8457-DP/09-2008 de 23 de setiembre
del año en curso, suscrito por la licenciada Brenda Alpízar Jara, Jefa
a.i. del Subproceso de Licitaciones de ese departamento,
requiriendo el análisis legal de la propuesta de Grupo Inmobiliario
Santander S.A., recibida en la Licitación Abreviada N°2008LA-
000095-PROV, cuyo objeto es el “Alquiler de local para ubicar
la Defensa Pública de Pavas”.

      Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante
los principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir más
participantes; de ahí que al procurar la adjudicación el (sic) negocio,
se protegería la satisfacción del interés general y el cumplimiento de
los fines y cometidos de la Administración, siempre y cuando
previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único oferente
y la razonabilidad del precio que cotiza, según los parámetros del
inciso c) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.”

     3. Prevenciones

      3.1 De acuerdo con la recomendación emitida en el estudio
legal, era posible prevenir a la única oferente, sin embargo, no fue
cursada la prevención, en virtud de que la oferta no cumple
técnicamente al ofrecer un área mayor a la solicitada en el cartel y el
precio cotizado es excesivo.
                                                                               179


            4. Análisis técnico

             4.1 En este caso en particular, no se remitió a valoración
       técnica la oferta presentada por Grupo Inmobiliario Santander S.A.,
       en virtud de que el área de construcción ofertada (330 m²) supera el
       área máxima (175 m²) solicitada en cartel y además, porque cotiza
       un precio que sobrepasa el monto presupuestado que se tiene para
       cubrir dicho alquiler.

            5. Recomendación:

             De conformidad con el criterio legal detallado anteriormente, a
       la luz de la normativa aplicable y según las circunstancias
       concurrentes, este Departamento de Proveeduría concluye que no es
       dable arrendar el local ofertado, en virtud de que la única oferta
       presentada, ofrece una cantidad de metros cuadrados de
       construcción superior a la solicitada en el cartel y pretende un
       monto que supera la suma que se tiene presupuestada para cubrir el
       pago de dicho alquiler. Así las cosas, se recomienda declarar
       infructuosa la presente licitación.”

                                       -0-

      Se acordó: Acoger la recomendación del Departamento de Proveeduría,

en consecuencia, declarar infructuoso el procedimiento de Licitación

Abreviada N° 2008LA-000095-PROV, denominada “Alquiler de local para

alojar la Defensa Pública de Pavas.”

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XVIII
                                                                               180


      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8256-DP/09-08 de 30 de setiembre último,

comunicó lo siguiente:

            “En referencia a la Licitación Pública Nº 2008LN-000028-
       PROV “Alquiler de local para alojar la Defensa Pública del I
       Circuito Judicial de Guanacaste”, remitimos a usted la
       documentación adjunta, para que sea sometida a conocimiento del
       Consejo Superior, a efecto de que se tome el acuerdo que
       consideren conveniente.

            En este sentido, es importante indicar que el plazo de 40 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 6.2.11 del aparte condiciones
       generales del cartel para resolver esta contratación, vence el 13 de
       octubre de 2008.

             Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
       Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo
       con los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría,
       se determinó que:

            1. Ofertas presentadas

            1.1 Al concurso licitatorio se presentó una oferta de:

            N° 1. CARLOS A. RIVAS TORUÑO, cédula de identidad
       Nº 1-0905-0315, por una renta mensual de ¢3.000.000,00.

            2. Análisis legal de la oferta:

            2.1 Mediante el oficio 7297-DP/09-08 de 18 de agosto del año
       en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección
       Ejecutiva, el estudio del marco legal de las ofertas recibidas, de la
       manera siguiente:

            “Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal de la
       única oferta recibida en la Licitación Pública N° 2008LN-000028-
       PROV, “Alquiler de local para alojar la Defensa Pública del I
       Circuito Judicial de Guanacaste”, para lo cual adjunto el
       respectivo expediente administrativo.
                                                                           181




      Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de la oferta
y qué defectos u omisiones son subsanables, seguidamente se
detallan los aspectos más relevantes que se han advertido producto
de la revisión inicial de los documentos aportados en la oferta,
respecto de los cuales se solicita especial pronunciamiento de la
Sección a su cargo.

     OFERTA N° 1: CARLOS ANDRÉS RIVAS TORUÑO:

     1.     No presenta vicios u omisiones.

      En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.”

      2.2 Mediante oficio N° 1417-DE/AL-08 recibido el 22 de
agosto de 2008, la licenciada Itzia Araya García, Asesora Legal de
la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de la única oferta
recibida, señaló:

      “En respuesta al oficio N° 7297-DP-09-08 de 18 de agosto en
curso, suscrito por la licenciada Nidia Fernández Arley, Jefa del
Subproceso de Licitaciones de ese departamento, requiriendo el
análisis legal de la propuesta de Carlos Andrés Rivas Toruño,
recibida en la Licitación Pública N°2008LN-000028-PROV, cuyo
objeto es el “Alquiler de local para alojar la Defensa Pública del
I Circuito Judicial de Guanacaste”; me permito referirle que por
tratarse de un procedimiento en el que participa un único oferente,
deben aplicarse los reiterados criterios de esta Asesoría, en cuanto a
la posibilidad de solicitarle que aporte cualquier dato o documento
omitidos para valorar su propuesta, y si es del caso, se ajuste a los
requerimientos cartelarios.

      Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante
los principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir más
participantes; de ahí que al procurar la adjudicación el (sic) negocio,
se protegería la satisfacción del interés general y el cumplimiento de
los fines y cometidos de la Administración, siempre y cuando
previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único oferente
y la razonabilidad del precio que cotiza, según los parámetros del
                                                                        182


artículo 30 del      Reglamento     a    la   Ley   de   Contratación
Administrativa.”

     3. Solicitud de informes técnicos

      3.1 Mediante oficios 7228 y 7229-DP/09-2008, de fecha 13 de
agosto de 2008, se remitió copia de la única oferta presentada en la
licitación, a los Departamentos de Servicios Generales y Seguridad,
respectivamente, con el fin de que se realizara la valoración técnica
del inmueble ofertado.

     3.2    Análisis técnico

      3.2.1 Mediante oficio N° 1011-05-SG-08, del 19 de agosto del
año en curso, el ingeniero Francisco González Picado, Jefe de la
Sección de Arquitectura e Ingeniería. del Departamento de
Servicios Generales, remite el informe técnico número 0284-10-AI-
2008, realizado por el arquitecto Luis Fernando Umaña Ugalde,
Profesional 2 de ese Departamento. En el mismo se indica lo
siguiente:

      “En referencia al oficio 7228-DP/09-2008 concerniente a la
oferta presentada por Carlos A. Rivas Toruño para el arriendo de
un local para alojar la Defensa Pública del I Circuito Judicial de
Guanacaste, le informo:

     Mediante oficio 195-10-ai-2009 (sic), de fecha 19 de junio del
2008, se procedió a el análisis del local.

     En el detalla (sic) de dicho informe se establecen una serie de
mejoras que son necesarias efectuar al inmueble. Asimismo se
establece que las condiciones constructivas del inmueble y el área
que dispone es muy adecuada para adecuar (sic) el espacio para el
uso de la Defensa Pública de Liberia y permite efectuar las
adecuaciones que se necesiten.

      Las condiciones del alto precio solicitado deberán ser
analizadas, por los entes superiores, conforme a las posibilidades
presupuestarias del Poder Judicial para arrendar un edificio a dicho
costo.”

     A continuación se transcribe el informe técnico 195-10-ai-
2008:
                                                                         183




      En referencia al oficio 5340-DP/09-2008, concerniente a la
oferta presentada por la (sic) señor Carlos A. Rivas Toruño de un
local en la zona de Liberia, le informo:

        Ubicación:
        300 mts norte del Banco de Costa Rica.

     Precio de arriendo:
      La oferta presentada es por ¢ 3'000.000,oo, equivalentes a un
costo promedio de ¢ 6.666,70,00 por metro cuadrado. ($12.82)

        Área constructiva según Oferente:
        Aproximadamente 450 metros cuadrados de construcción
útil.

     Condiciones del Inmueble:
     El local ofertado es un edificio de tres pisos que en la
actualidad se encuentra en proceso de construcción con un avance
de aproximadamente el 70 % en sus obras.

      El local se encuentra a 300 metros del parque central de la
Ciudad de Liberia y aproximadamente a 800 metros del edificio de
Tribunales de Justicia. Dicha condición deberá ser analizada por los
técnicos en Telemática para determinar la posibilidad de
interconexión con el edificio de Tribunales.

      La edificación dispone de paredes perimetrales en concreto
para los 2 primeros pisos. El tercer piso es en estructura metálica y
cerramiento en muro seco. En su estado actual presenta planta libre
y las divisiones internas en muro seco se realizarían de acuerdo a las
necesidades del despacho.

       Dispone de buenas condiciones de iluminación y ventilación
natural y el propietario manifiesta que instalará equipos de Aire
(sic) acondicionado como parte de las condiciones del inmueble.

      Para el primer piso no existen barreras arquitectónicas y es
fácilmente adaptable un servicio sanitario existente para que cumpla
con las exigencias de la Ley 7600.

    Cada nivel dispone de una área útil de aproximadamente de
150 metros cuadrados de construcción. Dadas las condiciones
                                                                          184


constructivas del inmueble y el área que dispone es muy adecuado
para adecuar (sic) el espacio para el uso de la Defensa Pública de
Liberia. La superficie de 450 metros cuadrados sería excesiva para
las necesidades de Trabajo Social.

      Las condicionantes de distribución espacial del inmueble no
permitiría el funcionamiento de varios despachos en el sitio. El
esquema de organización espacial establece serias restricciones
para el funcionamiento simultáneo de varias materias judiciales en
el local. No existiría capacidad de atender público en el primer nivel
y los accesos a los otros niveles presentarían serios conflictos entre
despachos diferentes.

      El precio de arriendo solicitado solicitado (sic) por el edificio
es de aproximadamente $12,8 por metro cuadrado útil de
construcción, pero los propietarios manifestaron su anuencia al
estudio de una propuestas de $10 por metro cuadrado. Dicho valor
sería de $4.500,00 aproximadamente ¢2'340.000,oo (sic) mensuales
por un inmueble adaptado a las necesidades de la Defensa Pública.

        La zona de Liberia está experimentando un gran auge
turístico y los costo (sic) de arriendo para la zona son bastante
elevados. Estimaciones y estudios de los valores de arriendo para la
zona de Liberia establecen un costo máximo de $12,00 por cada
metro cuadrado. Asimismo las condiciones, dimensiones, ubicación
y características del inmueble ofrecido son bastante adecuadas para
el uso del Poder Judicial y el encontrar un local que las disponga es
bastante difícil en la zona.

      El auge constructivo se presenta en centros comerciales con
locales de áreas pequeñas (menores de 70 metros cuadrados) y en
edificaciones habitacionales y turísticas. El alta demanda de locales,
como el ofrecido, hacen que su existencia en la ciudad sea
sumamente escasa, condición que es la justificante para el precio
solicitado.

     Dentro de las obras fundamentales a realizar, se haría
necesaria la construcción de las siguientes obras:

           Construcción de 16 oficinas y un área de archivo
           Construcción de un espacio de cocineta para empleados
           Construcción de al menos 2 servicios sanitarios por
piso.
                                                                        185


           Construcción de un servicio sanitario para uso público,
en el primer piso, según exigencias de la Ley 7600.
           Instalación de aire acondicionado en las oficinas u
espacios que carezcan de ventilación natural.
           Condiciones que establezca el Departamento de
Seguridad y Salud Ocupacional.

     Mediante el oficio 21-SEG/LOC-2008, el departamento de
Seguridad establece las siguientes condiciones de la oferta recibida:

     "DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD

     I.     OBJETIVO:

      Valoración de las condiciones del local para un posible
traslado de la Oficina de Trabajo social y Psicología del I Circuito
Judicial de Guanacaste, de acuerdo a la petición solicitada por el
Departamento de Proveeduría, según oficio 5341-DP/09-2008.

     II.      METODOLOGIA:

     La visita fue realizada por la Licda. Roxana Hidalgo Vega,
Asistente de Seguridad, la señora Alina Gabriela Ortiz Ortiz,
Técnico en Salud Ocupacional de la zona de Guanacaste, ambas
servidoras del Departamento de Seguridad, y el Arquitecto Luis
Umaña Ugalde, del Departamento de Servicios Generales.

     III.   DIAGNÓSTICO

    Basándose en la aplicación de la metodología antes
mencionada, se determinó lo siguiente:

            El local se ubica a 915 metros de los Tribunales de
Justicia de la zona, otra referencia es de los Bomberos 200 metros
sur.

   ASPECTOS ENCONTRADOS EN                        MATERIA        DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

     1.     Es un local que se encuentra en proceso de
construcción, consta de tres pisos.
                                                                           186


     2.      Debido a lo anterior, se requiere que el local cuente con
verjas en las ventanas y puertas exteriores.
     3.     Las ventanas deben tener polarizado (película de
seguridad), las mismas con el fin de que entre ventilación debe
contar con celosías.
     4.    En el segundo y tercer piso, va a existir un tipo de
balcón pequeño, se debe proteger con verjas.
     5.     Colocar pasamanos, en las escaleras.
     6.     Baño para personas con discapacidad debe cambiar la
posición del lavatorio, colocar un llavín pico lora, y colocar un
timbre. El inodoro se instalará recargados a un lado de la pared de
fondo: profundidad mínima: 2.25mts por 1.55 mts, espacios libres,
la puerta abre hacia fuera, textura del piso antideslizante, las barras
de apoyo están localizadas alrededor del inodoro, las barras están
colocadas a 0.35 m de altura desde el borde del inodoro y tendrán
un grosor de 0.45 mts, el lavatorio se instalarán a una altura máxima
de 0.80 mts según ley 7600
      7.      Hacer una rampa, desde el cordón del caño a la entrada
del edificio.
     8.     Colocar fluorescentes con láminas difusoras.

     Conclusiones:

      Este local se recomienda para albergar la Defensa Pública de
la zona dado que cuenta con el espacio necesario para albergar este
despacho y permite efectuar las adecuaciones que se necesiten, no
sin antes indicar que será el Depto. de Servicios Generales quien
analice la conveniencia del precio y la Defensa Pública la
capacidad de pago, ya que para la Oficina de Trabajo Social es muy
grande."

      Las condiciones del alto precio solicitado deberán ser
analizadas, por los entes superiores, conforme a las posibilidades
presupuestarias del Poder Judicial para arrendar un edificio a dicho
costo.”

      3.2.2 De acuerdo con lo indicado por el arquitecto Umaña
Ugalde, sobre la posibilidad de determinar la interconexión con el
edificio de los Tribunales de Justicia, con correo electrónico del 29 de
                                                                          187


setiembre en curso, la licenciada Seidy Jiménez Bermúdez, adjunta
información en la cual se indica que si es posible realizar dicha
interconexión.

      3.2.3 Respecto al informe anteriormente transcrito, se debe
aclarar que hace referencia a la Oficina de Trabajo Social y Psicología
de Liberia, porque esta misma oferta se presentó para el concurso
tramitado para ubicar un inmueble para dicho despacho, no obstante,
como se indicó, no cumplía con las condiciones técnicas requeridas
para la Oficina de Trabajo Social pero si para la Defensa Pública, por
lo que la valoración se hizo dirigida a ese despacho. Así las cosas, en
este concurso para la Defensa Pública no fue necesario realizar una
nueva inspección de inmueble.

        4.   Mejoras al Inmueble

      4.1 De acuerdo con el criterio técnico emitido por los
Departamentos de Servicios Generales y Seguridad, en el informe
anteriormente transcrito, se solicitó con oficio 7416-DP/09-08, de
fecha 22 de agosto de 2008, al señor Carlos Andrés Rivas Toruño,
manifestar su anuencia por escrito a realizar la mejoras solicitadas
por esos Departamentos, a saber:

        1.   Construcción de 16 oficinas y un área de archivo.
        2.   Construcción de un espacio de cocineta para empleados
        3.   Construcción de al menos 2 servicios sanitarios por
piso.
      4.    Construcción de un servicio sanitario para uso público,
en el primer piso, según exigencias de la Ley 7600, se debe cambiar
la posición del lavatorio, colocar un llavín pico lora, y colocar un
timbre. El inodoro se instalará recargado a un lado de la pared de
fondo: profundidad mínima: 2.25mts por 1.55 mts, espacios libres,
la puerta abre hacia fuera, textura del piso antideslizante, las barras
de apoyo están localizadas alrededor del inodoro, las barras están
colocadas a 0.35 m de altura desde el borde del inodoro y tendrán
un grosor de 0.45 mts, el lavatorio se instalarán a una altura máxima
de 0.80 mts según ley 7600.
     5.     Instalación de aire acondicionado en las oficinas u
espacios que carezcan de ventilación natural.
                                                                        188


      6.   Colocación de verjas en las ventanas, en los balcones
del segundo y tercer piso y puertas exteriores.
     7.     Las ventanas deben contar con celosías.
     8.     Colocar pasamanos, en las escaleras.
      9.      Hacer una rampa, desde el cordón del caño a la entrada
del edificio.
     10.    Colocar fluorescentes con láminas difusoras.

     4.2 Mediante nota recibida el 03 de setiembre en curso, el
señor Rivas Toruño, acepta realizar las mejoras en un lapso de un
mes, esto una vez que esté debidamente refrendado el contrato.

     5.     Análisis de precios

      5.1    Tal y como se indicó en el informe técnico
anteriormente transcrito, partiendo de que el precio pretendido es de
¢3.000.000,00 mensuales y que el área ofertada es de
aproximadamente 450 metros cuadrados, el costo sería de ¢6.666,67
por metro cuadrado de construcción, valor que de conformidad con
el criterio técnico se considera elevado, ya que los precios de
mercado que se pagan en la zona de Liberia son de
aproximadamente ¢4.500,00 por metro cuadrado de construcción.

     5.2     En virtud de que el precio del alquiler cotizado por el
oferente, se considera elevado, con oficio 7416-DP/09/08 del 22 de
agosto en curso y al amparo de los artículos 14, 28 y 30 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se solicitó al
oferente indicar los motivos que subyacen para que el precio
cotizado varíe en relación con el indicado por el Arq. Umaña
Ugalde y si era factible rebajar el precio del alquiler mensual de
¢3.000.000,00 a ¢2.340.000,00.

     5.3   Como respuesta a nuestra solicitud, con nota recibida el
03 de setiembre en curso, el señor Carlos Andrés Rivas Toruño,
además de comprometerse a realizar las mejoras, manifestó:

     “(…)
                                                                         189


      Sin embargo, en cuanto al precio del local, no es factible
rebajar la oferta a dos millones trescientos cuarenta mil colones por
las siguientes razones:

      1. El edificio que se está presentando en la licitación, es para
estrenar y está construido con acabado de lujo, vidrios temperados,
cielo razos de gypson con figuras, lámparas de lujo, abanicos, aire
acondicionados, puertas corredizas, cerámica de primera, servicios
sanitarios enchapados, etc.
     2. Actualmente el precio de alquileres en el casco central de
Liberia, oscila entre los $12 a $25 el metro cuadrado. Lo cual se
tomó como referencia el precio menor ($12) para hacer la
conversión a moneda nacional y realizarles la oferente anterior.
      3. El edificio se entregaría con diez unidades nuevas de aire
acondicionado, lo que conlleva una inversión significativa.
Normalmente, el precio de $ 12 el metro cuadrado en otros locales
para alquilar que he buscado, no incluye ningún sistema de
ventilación.
     4. El nuevo precio del local, haciendo una rebaja, es de
¢2.900.000,00 mensuales.”

     5.4     En razón a lo anterior, con correo electrónico del 04 de
setiembre de 2008, se remitió copia de dicha nota al ingeniero
Francisco González Picado, Jefe de la Sección de Arquitectura e
Ingeniería del Departamento de Servicios Generales, con el
propósito de que se refiriera a la razonabilidad del precio propuesto
según lo indicado por el oferente y tomando en consideración tanto
los acabados como las diez unidades de aire acondicionado que
estaba ofreciendo el señor Rivas Toruño. Como respuesta a nuestra
solicitud, con correo electrónico del 08 de setiembre en curso, el
arquitecto Luis Umaña Ugalde, Profesional 2 manifestó que el
precio continuaba siendo excesivo y completamente fuera de
cualquier condición existente en la zona.

      5.5    A raíz de lo indicado por el arquitecto Umaña Ugalde,
con nota del 10 de setiembre en curso, el señor Rivas Toruño,
nuevamente rebaja el precio del alquiler mensual a ¢2.600.000,00.
Esta información fue remitida vía correo electrónico el 12 de
setiembre en curso al ingeniero González Picado, para que se
refiriera nuevamente a la razonabilidad del precio propuesto, en este
                                                                      190


caso tomando en consideración las condiciones inmobiliarias
ofrecidas y los antecedentes del concurso.

     5.6    Mediante correo electrónico del 16 de setiembre en
curso, el ingeniero González Picado, transcribe, el criterio del
arquitecto Umaña Ugalde, en el cual expresó:

      “El valor de un local es único y es producto de sus
condiciones constructivas y los servicios con que se dispone. El
"tomar en consideración que este es el cuarto procedimiento que
se está tramitando" nunca puede ser justificante par establecer el
precio de un inmueble.

      Los valores de la zona de Liberia se estan (sic) viendo
afectados por un proceso de especulación, basados en que se aduce
una alta demanda turística. Como se puede comprobar en el oficio
310-ai-2008, existen locales cuyas calidades constructivas bastante
superiores, se pueden arrendar por un precio de ¢5.769,23 por
metro cuadrado de construcción.

      La oferta presentada por el señor Torruño pretende establecer
casi el mismo costo por metro cuadrado pora (sic) una construcción
de calidades menores y de condiciones constructivas inferiores en
calidad y acabados.

      Como claramente se indicó en los oficios 195-10-ai-2008 ( 19
de junio de 2008), 284-10-ai-2008 ( 18 de agosto de 2008) y el
correo electrónico de fecha 08 de setiembre de 2008, el precio
considerado como adecuado para el inmueble es de ¢2´340.000,00
(sic) mensuales según las condiciones detalladas.”

      5.7 Realizando un análisis del informe técnico 195-10-ai-
2008 anteriormente transcrito, con respecto al precio, según lo
indicado por el arquitecto Luis Umaña Ugalde, el precio máximo a
pagar por un local de 450 m² sería de $10 por metro cuadrado, por
lo que el costo mensual sería de ¢2.340.000,00, sin embargo, este
cálculo no es correcto, ya que si tomamos el precio mensual de
$4.500,00 equivalentes al tipo de cambio de venta del día en que se
realizó el informe técnico (19/06/08) de ¢552.82 el total a pagar
sería ¢2.487.690,00 mensuales, lo que refleja una diferencia de
¢147.690,00 mensuales, respecto a la suma indicada por don Luis,
Ahora bien, si tomamos el precio propuesto por el oferente de
¢2.600.000,00 mensuales y le restamos el monto recomendado por
                                                                         191


el arquitecto Umaña Ugalde de ¢2.515.005,00 (provenientes de los
$4.500,00 equivalentes al tipo de cambio de venta del 22/09/08 de
¢558.89), existe una pequeña diferencia de ¢84.995,00 mensuales,
la cual, en criterio de esta Proveeduría no puede ser considerada
como excesiva. Así las cosas, mediante correo electrónico del 17 de
setiembre en curso, se solicitó al ingeniero González Picado, valorar
nuevamente el precio de esta oferta y referirse al respecto, esto con
vista a los cálculos realizados por este Departamento.

      5.8 Como respuesta a nuestra solicitud, mediante correo
electrónico el Ing. González Picado, indicó:

      “Considerando los argumentos que se indican en los textos de
los correos adjuntos, a saber, dificultad para encontrar locales
adecuados a los requerimientos institucionales en la zona de
Liberia; el efecto del auge turístico en la región que genera una alta
demanda de locales por lo cual los precios de los alquileres suben;
el hecho de que el propietario del local en cuestión ofrece colocar
10 equipos de aire acondicionado y llevar a cabo las mejoras
solicitadas por el Arq. Umaña, así como la situación en cuanto a la
diferencia poco significativa entre el monto solicitado por el
propietario y el valor sugerido por el Arq. Umaña (ya corregido y
actualizado), generan que se pueda establecer como razonable el
precio cobrado por el señor Rivas Toruño para el local ofrecido para
albergar la Defensa Pública de Liberia.”

     6.     CONTENIDO PRESUPUESTARIO:

      6.1 Con oficio 223-P-2008, de 04 de marzo de 2008, el M.B.A.
Walter Jiménez Sorio, Jefe a.í, del Departamento Financiero
Contable, certificó en el programa 930, IP 25 subpartida 1.01.01, la
existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes
para pago del alquiler por la suma anual de ¢15.390.000,00.

     7      Recomendación:

      De acuerdo con los análisis de los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, a la luz de la normativa
aplicable, y según las circunstancias concurrentes, este
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la presente
licitación al señor CARLOS ANDRÉS RIVAS TORUÑO, cédula
de identidad 1-0905-0315, por el alquiler del inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad, matrícula 018575, submatrícula
                                                                                  192


       000, situado en el Distrito Primero del Cantón Primero de la Provincia
       de Guanacaste, por una renta mensual de ¢2.600.000,00, más un
       incremento anual de conformidad con los parámetros establecidos en
       el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y
       Suburbanos pagaderos por mes vencido, para alojar la Defensa
       Pública del I Circuito Judicial de Guanacaste, por un plazo indefinido,
       (esto de conformidad con lo externado por la Contraloría General de
       la República, en oficio 01298 del 11 de febrero de 2008). La
       revisión del precio se verificará una vez que haya transcurrido el
       término de tres años, desde la fecha en que empezó a regir el precio
       que se pretende modificar. El propietario realizará las mejoras que le
       competen, en un término no mayor a un mes contados a partir del
       comunicado del refrendo del contrato.

             Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la
       tarifa básica del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso
       de que exista una paja de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa
       básica y el exceso de consumo, corresponderá a la arrendante cancelar
       dicho pago. Asimismo, debido a que por imperativo legal el Poder
       Judicial únicamente puede reconocer el pago por servicios que
       efectivamente le hayan sido prestados, conforme a los incisos a) y b)
       del artículo 26 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y
       Suburbanos, se reafirma que es obligación del arrendador entregar al
       Poder Judicial el inmueble con los pagos de los servicios de
       electricidad y agua debidamente cancelados, de previo a iniciar la
       relación contractual. En caso de que haya pagos pendientes por uno u
       otros conceptos, se hará un requerimiento de pago a los propietarios
       para que en un término de cinco días hábiles proceda a cancelar el
       monto que corresponda, en el entendido de que si no lo hiciere, el
       Poder Judicial estará facultado para rebajarlo del pago de la renta del
       inmueble.

            De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la
       Administración Regional de Liberia, deberá tomar las previsiones
       necesarias para garantizar en su oportunidad el pago de las
       obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios
       presupuestarios que involucren la relación contractual.”
                                        -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 80 del Reglamento a la Ley de Contratación
                                                                             193


Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder

Judicial y la recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría

en el oficio anteriormente transcrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación

Pública Nº 2008LN-000028-PROV denominada “Alquiler de local para alojar

la Defensa Pública del I Circuito Judicial de Guanacaste”, de la siguiente

manera:

      Al señor Carlos Andrés Rivas Toruño, cédula de identidad Nº 1-0905-

0315, por el alquiler del inmueble inscrito en el Registro Público de la

Propiedad, matrícula 018575, submatrícula 000, situado en el Distrito Primero

del Cantón Primero de la Provincia de Guanacaste, por una renta mensual de

¢2.600.000,00, más un incremento anual de conformidad con los parámetros

establecidos en el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y

Suburbanos pagaderos por mes vencido, para alojar la Defensa Pública del

Primer Circuito Judicial de Guanacaste, por un plazo indefinido, (esto de

conformidad con lo externado por la Contraloría General de la República, en

oficio 01298 del 11 de febrero del 2008). La revisión del precio se verificará

una vez que haya transcurrido el término de tres años, desde la fecha en que

empezó a regir el precio que se pretende modificar. El propietario realizará las

mejoras que le competen, en un término no mayor a un mes contados a partir del

comunicado del refrendo del contrato.
                                                                             194


      Dichas mejoras son:

      1.    Construcción de 16 oficinas y un área de archivo.

      2.    Construcción de un espacio de cocineta para empleados

      3.    Construcción de al menos 2 servicios sanitarios por piso.

      4.     Construcción de un servicio sanitario para uso público, en el

primer piso, según exigencias de la Ley 7600, se debe cambiar la posición del

lavatorio, colocar un llavín pico lora, y colocar un timbre. El inodoro se

instalará recargado a un lado de la pared de fondo: profundidad mínima:

2.25mts por 1.55 mts, espacios libres, la puerta abre hacia fuera, textura del

piso antideslizante, las barras de apoyo están localizadas alrededor del

inodoro, las barras están colocadas a 0.35 m de altura desde el borde del

inodoro y tendrán un grosor de 0.45 mts, el lavatorio se instalarán a una altura

máxima de 0.80 mts según ley 7600.

      5.     Instalación de aire acondicionado en las oficinas u espacios que

carezcan de ventilación natural.

      6.     Colocación de verjas en las ventanas, en los balcones del segundo

y tercer piso y puertas exteriores.

      7.     Las ventanas deben contar con celosías.

      8.     Colocar pasamanos, en las escaleras.
                                                                              195


      9.     Hacer una rampa, desde el cordón del caño a la entrada del

edificio.

      10.    Colocar fluorescentes con láminas difusoras.

      Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la tarifa básica

del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso de que exista una paja

de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa básica y el exceso de consumo,

corresponderá a la arrendante cancelar dicho pago. Asimismo, debido a que por

imperativo legal el Poder Judicial únicamente puede reconocer el pago por

servicios que efectivamente le hayan sido prestados, conforme a los incisos a) y

b) del artículo 26 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos,

se reafirma que es obligación del arrendador entregar al Poder Judicial el

inmueble con los pagos de los servicios de electricidad y agua debidamente

cancelados, de previo a iniciar la relación contractual. En caso de que haya

pagos pendientes por uno u otros conceptos, se hará un requerimiento de pago a

los propietarios para que en un término de cinco días hábiles proceda a cancelar

el monto que corresponda, en el entendido de que si no lo hiciere, el Poder

Judicial estará facultado para rebajarlo del pago de la renta del inmueble.

      De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, la Administración Regional de Liberia,

deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad el
                                                                               196


pago de las obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios

presupuestarios que involucren la relación contractual.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XIX

      La máster Ana Eugenia Romero Jenkis, Jefa del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 8644-DP/09-08 de 3 de octubre en curso, manifestó:

             “En referencia a la Licitación Pública Nº 2008LN-000031-
       PROV “Alquiler de local para alojar la Oficina de Trabajo
       Social y Psicología del I Circuito Judicial de Guanacaste”,
       remitimos a usted la documentación adjunta, para que sea sometida
       a conocimiento del Consejo Superior, a efecto de que se tome el
       acuerdo que consideren conveniente.

              En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 6.2.11 del aparte condiciones
       generales del cartel para resolver esta contratación, vence el 14 de
       octubre de 2008.

              Al tenor de los artículos 80 del Reglamento a la Ley de
       Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de
       Compras del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo
       con los documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría,
       se determinó que:

            1. Oferta presentada

            1.1 Al concurso licitatorio se presentó oferta de:

           N° 1. A.G. EVEMAR S.A., cédula jurídica 3-101-418781, por
       un monto total mensual de ¢1.800.000,00

            2. Análisis legal de la oferta:
                                                                          197


      2.1 Mediante el oficio 7952-DP/09-08 de 05 de setiembre del
año en curso, se solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, el estudio del marco legal de la única oferta
recibida, de la manera siguiente:

     “Respetuosamente me permito solicitarle el estudio legal de la
única oferta recibida en la Licitación Pública N° 2008LN-000031-
PROV, denominada “Alquiler de local para ubicar la Oficina de
Trabajo Social y Psicología de Guanacaste”, para lo cual adjunto
el respectivo expediente administrativo.

    Asimismo, para determinar tanto la admisibilidad de la oferta y
qué defectos u omisiones es subsanable, seguidamente se detallan
los aspectos más relevantes que se han advertido producto de la
revisión inicial de los documentos aportados en la oferta, respecto
de los cuales se solicita especial pronunciamiento de la Sección a su
cargo.

    OFERTA N° 1 A.G. EVEMAR S.A:

    1. No aporta certificación o documentación extendida por la
Municipalidad, en la que se indique se existe plan regulador en la
zona.

    En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al
Departamento de Servicios Generales y al Departamento de
Seguridad, instancias que desde el campo de su competencia,
emitirán el informe respectivo.”

      2.2 Mediante oficio N° 1529-DE/AL-08 recibido el 09 de
setiembre de 2008, la Licda. Ana Patricia Álvarez Mondragón,
Asesora Legal de la Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio
legal de la oferta recibida, señaló:

      “……el análisis legal de la propuesta de A.G. Evemar, S.A.,
recibida en la Licitación Pública N°2008LN-000031-PROV, cuyo
objeto es el “Alquiler de local para ubicar la Oficina de Trabajo
Social y Psicología de Guanacaste”; me permito referirle que por
tratarse de un procedimiento en el que participa un único oferente,
deben aplicarse los reiterados criterios de esta Asesoría, en cuanto la
posibilidad de solicitarle que aporte cualquier dato o documento
omitidos para valorar su propuesta, y si es del caso, se ajuste a los
                                                                        198


requerimientos cartelarios. Lo anotado por ese Departamento es
subsanable.

      Como lo refieren esos criterios, la igualdad de trato cede ante
los principios de eficacia y eficiencia, al no concurrir más
participantes; de ahí que al procurar la adjudicación el negocio, se
protegería la satisfacción del interés general y el cumplimiento de
los fines y cometidos de la Administración, siempre y cuando
previamente se verifique la idoneidad técnica de ese único oferente
y la razonabilidad del precio que cotiza, según los parámetros del
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.”

     3. Prevención

      3.1 De acuerdo con el criterio legal, se cursó prevención a la
oferente, para que aportará la documentación pendiente, la cual fue
recibida en tiempo y forma.

     4. Solicitud de informes técnicos

      4.1 Mediante oficio 7698-DP/09-2008, de fecha 29 de agosto
de 2008, se remitió copia del cartel y de la oferta presentada en la
licitación, a los Departamentos de Servicios Generales y Seguridad,
respectivamente, con el fin de que se realizara la valoración técnica
del inmueble ofertado.

     4.2    Análisis técnico

      4.2.1 Mediante oficio N° 1086-05-SG-08, del 08 de setiembre
del año en curso, el Ingeniero Francisco González Picado, Jefe de la
Sección de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios
Generales, remite el informe técnico número 310-10-AI-08,
realizado por el arquitecto Luis Umaña Ugalde, Profesional 2 de la
Sección de Arquitectura e Ingeniería de ese Departamento, en
conjunto con el Departamento de Seguridad. En el mismo se indica
lo siguiente:

      “En referencia al oficio 7698-DP/09-2008, concerniente a la
oferta presentada por A.G. EVEMAR S.A. para arrendar un local
para la Oficina de Trabajo Social y Psicologías del I circuito
(sic) Judicial de Guanacaste (Liberia), le informo:
                                                                        199


     Oferente:
     A.G. EVEMAR S.A. (Evelia Angulo Gutiérrez Telef. 8824-
9182)
     Ubicación:
100 metros norte y 75 oeste del Edificio Municipal de Liberia.
     Área constructiva según Oferente:
     Según indicaciones de la oferta es de 312 metros cuadrados. El
área máxima solicitada en el cartel es de 250 metros cuadrados.
     Precio de arriendo:
      ¢ 1´800.000,00. mensuales para un estimado de ¢5.769,23 por
metro cuadrado. El precio solicitado es alto debido a las (sic)
calidad constructiva del inmueble y a que el local dispone de 62
metros cuadrados más que los solicitados en el cartel.
     Características del sector:
      Se ubica en el corazón urbano de la ciudad de Liberia. Es un
sector con vocación comercial, y muy cercano a los (sic) principales
instituciones de la zona. La calle, frente al local, se encuentra
asfaltada, presentan aceras, cordón y caño, y alcantarillado pluvial.
     Servicios públicos:

    Cuenta con agua potable, servicios eléctricos, teléfono y
alumbrado público, recolección de basura, y servicios comunales, etc.

     Características del Terreno:

     El terreno, según el plano catastrado aportado en la oferta,
dispone de un área de 162,94 metros cuadrados. La propiedad posee
8.70 metros de frente y un promedio de 19.00 de fondo. El terreno se
encuentra completamente construido.

      La topografía del sector en general es plana y cuenta con todos
los elementos urbanísticos básicos.

     No se cuenta con información catastral.

     Características del inmueble:
     El local ofertado es un edificio comercial de 2 pisos que
dispone aproximadamente de 156 metros cuadrados por piso.
                                                                         200


      La distribución esta (sic) compuesta en primer nivel por 2
salones en plata libre y 2 servicios sanitarios. En segunda planta se
dispone de 1 salón y 2 servicios sanitarios. Al realizar divisiones
internas para generar oficinas las mismas no dispondrán de
ventilación, situación que obliga a la instalación de aire (sic)
acondicionados. la propietaria manifiesta que su oferta no incluye
los equipos, solo las previstas eléctricas para su funcionamiento.
      DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN:

     Generalidades: La construcción se midió mediante
      levantamiento con cinta métrica en el sitio, verificando los
      planos constructivos aportados por el oferente. El espacio de
      parqueo previsto para el local se acondicionó como parte del
      área útil constructiva y en la actualidad consiste en uno de los
      salones del 1 piso. El parqueo de funcionarios o de los usuarios
      tendría que realizarse en la calle pública.

     Generalidades de la construcción: Construcción de 2 niveles
      con esquema de planta libre.

     Destino: Edificación para (sic) diseñada para uso comercial.

     Clase: Marcos estructurales de concreto integrado, y
      bloques de concreto.

     Fachada: En en (sic) concreto con enchapes en luxalón y
      puertas y ventanería en vidrio temperado.

     Cimientos: No se pudo verificar su condición y características.
     Pisos: cerámica en buen estado general.
     Paredes exteriores: Las paredes exteriores son en mampostería
      de concreto armado.

     Paredes interiores: La distribución interna es en planta libre.
      Los Servicios Sanitarios poseen paredes de bloques con repello
      afinado.
     Estructura de paredes: Cuenta con sistema integral en bloques.

     Entrepisos: concreto.

     Marcos de ventanas: En general tanto en ventanas externas
      como internas, son en aluminio y vidrio temperado.
                                                                           201


     Estructura de techos: No se cuenta con esta información.

     Puertas: Las puertas principales de acceso son en vidrio y
      cuentan con cortinas arrollables metálicas. Las puertas interiores
      son en tablero de madera con marcos de madera.

     Altura de paredes: En general la altura de las paredes están en
      2.75 metros.

     Sistema eléctrico: No se pudo verificar su condición y
      características.

     Cielos rasos: Gypsumt (sic) en buen estado.

     Escaleras: En concreto.

     Cubierta de techos: La cubierta en general son láminas de
      hierro esmaltado ondulado

     Servicios sanitarios: dispone de 2 servicios sanitarios por pisos.
      Uno de ellos con condiciones para el cumplimiento de la Ley
      7600, pero requiere de las adecuaciones que indican más
      adelante.

      Distribución arquitectónica: El local dispone de un (sic)
distribución en plata libre y conformado por 4 servicios sanitarios, y 3
salones. No se cuenta con un espacio para comedor/Cafetería que
disponga de fregadero o condiciones mecánicas para su ubicación. El
inmueble se adaptaría adecuadamente a las necesidades de la Oficina
de Trabajo Social y Psicología siempre y cuando se realizaran las
divisiones internas conforme se solicita (sic) en los ítem 3.3 y 3.4 del
cartel de contratación. Al realizar las divisiones se requiere de la
instalación de aire (sic) acondicionados en las 6 oficinas dichos
equipos deberán ser suministrados por el poder judicial.(sic) de no
instalarse dicho equipo las condiciones de las oficinas serían
inapropiadas par (sic) el trabajo.

     EDAD ESTIMADA: La edificación es nueva de reciente
      conclusión.

     VIDA ÚTIL: 50 años.

     ESTADO: Buen estado general.
                                                                         202




     ÁREA APROXIMADA: 312.00 metros cuadrados.

      Conclusiones Arquitectónicas:

      1.-El local presenta un área constructiva superior, en 62 metros
cuadrados a la solicitada en el cartel como superficie máxima. Ello
incide fuertemente en el costo del inmueble, pero permitiría el
acomodo más holgado de los funcionarios y de los usuarios de la
oficina.
     2.-El costo de ¢5.769,23 por metro cuadrado, equivalente
aproximadamente a $ 12 por metro cuadrado se considera elevado
para las condiciones y equipamiento del inmueble. La escasa
disponibilidad de locales semejantes en la ciudad de Liberia, es una
atenuante muy importante para justificar dicho costo. El mismo
dependerá de las posibilidades presupuestarias para atender el costo
de arriendo, siempre y cuando se realicen las divisiones y trabajos
requeridos según ítem 3.3 y 3.4 del cartel y detallados a
continuación.
      3.- El propietario deberá realizar las divisiones internas
requeridas en el cartel y acondicionar las siguientes condiciones en
el inmueble:

     Construcción de 2 oficinas en planta baja y de 4 oficinas en la
      segunda plata (sic). Según detalle y diseño que oportunamente
      se brindará. Ello implica el acondicionamiento del sistema de
      luminarias, toma corrientes y salidas de teléfono.
     Acondicionamiento de un servicio Sanitario (sic), del primer
      piso, para que cumpla con ley 7600. Se requiere modificar la
      puerta de acceso para que disponga de un ancho libre de 90
      cm y que abra hacia afuera (modificar el sentido de apertura).
      Instalar una cerradura de puerta de tipo palanca. Instalar barra
      de apoyo en la parte posterior del inodoro. Instalar un timbre
      de emergencia a 30 cm del piso.
     Modificar el sentido de la apertura de la puerta del
      serv.Sanitario (sic) ubicado bajo la escalera.
     Realizar las obras adicionales solicitadas por el Departamento
      de Seguridad.
                                                                         203


     4.- El Poder Judicial deberá realizar las siguientes obras en el
      sitio, con recursos propios:
     Construcción e instalación de un mueble de atención a público
      con condiciones exigidas en la Ley 7600. Se estima que su
      consto (sic) es de aproximadamente ¢ 400.000,00.
     Dotar a las oficinas y espacios internos de equipos de aire
      acondicionado. Ello debido a que las condiciones del inmueble
      no suministran ventilación e iluminación natural a las oficinas
      internas que se construyan. La oferta no contempla el
      suministro de los equipos. Sin ellos las condiciones internas de
      los espacios no serían adecuadas. El costo y condiciones de
      dicho equipo debe ser suministrado por los Ing. Electro-
      mecánicos de la Sección de Arquitectura e Ingeniería.
     Por solicitud de los profesionales de Trabajo Social y
      Psicología se requiere un cuarto de juegos para los niños y
      niñas. Dicho espacio no se contempla en las condiciones
      establecidas en el cartel. Ante ello el Poder Judicial debe
      proceder a su realización. Se estima que el costo es de
      Aproximadamente (sic)¢ 550.000,00
     Dotar de estantería para archivo. El costo de cada módulo es
      de aproximadamente ¢ 110.000,00.


      5.- El alta demanda de inmuebles de Liberia condiciona que
existen pocas posibilidades de locales con las condiciones existentes
en éste inmueble. El encontrar otro inmueble, con las características
del ofertado, sería sumamente difícil. De no dotar de condiciones de
ventilación adecuada a los espacios internos las condiciones de
trabajo para el sitio no serían las adecuadas.
      Mediante el oficio 31-SEG/LOC-2008, de fecha 8 de
setiembre de 2008, el Departamento de Seguridad establece las
siguientes condiciones de la oferta recibida:

       "DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD"

      I. OBJETIVO:

      Valoración de las condiciones del local para el posible traslado
de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del I Circuito Judicial
de Guanacaste, petición solicitada por el Departamento de
                                                                        204


Proveeduría, según oficio 7698-DP/09-2008, visita realizada el
pasado 04 de setiembre.
        II. METODOLOGIA:
     La visita fue realizada por la Licda. Roxana Hidalgo Vega,
Asistente de Seguridad, señora Alina Gabriela Ortiz Ortiz, Técnico
en Salud Ocupacional de la zona, servidoras del Departamento de
Seguridad y el Arquitecto Luis Umaña Ugalde, del Departamento de
Servicios Generales.

        III. DIAGNÓSTICO

    Basándose en la aplicación de la metodología antes
mencionada, se determinó lo siguiente:

     A.G. EVEMAR S.A., representada por Evelia Angulo
Gutiérrez

   El inmueble está ubicado en Barrio Los Angeles, del Almacén la
    Locura, 175 metros al oeste. De los Tribunales como a unos 500
    metros al noroeste.


ASPECTOS ENCONTRADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

   En un local nuevo de dos plantas, fabricado de cemento y
    ventanales grandes de vidrios gruesos, salones amplios sin
    divisiones internas.
   Cuenta con tres servicios sanitarios, uno de éstos acondicionado
    para personas con discapacidad ubicado en la primer planta, se le
    debe realizar los siguientes cambios: puerta abra hacia afuera,
    cambio de llavín, colocar timbre por la parte de adentro, colocar
    barra parte trasera del servicio sanitario.
   Se debe colocar antideslizantes en el ingreso principal y gradas
    a ésta última se le debe colocar pasamanos y cerrar totalmente el
    espacio abierto que da al primer piso.
   Se debe cerrar con rejas el cuarto de iluminación.
   Se le debe colocar película de seguridad a los ventanales.

      CONCLUSIONES
                                                                         205


     Realizando las mejoras antes indicadas, el local se recomienda
para el despacho en mención.”

     6. Mejoras a realizar al inmueble

      6.1 Con oficio 8318-DP/09-08 del 18 de setiembre en curso, se
solicitó a la señora Evelia Angulo Gutiérrez, en su condición de
representante legal de la sociedad A.G. Evemar S.A., manifestar su
compromiso en el caso de resultar adjudicataria, entregara el
inmueble con las siguientes mejoras:

     1. Construcción de 2 oficinas en planta baja y de 4 oficinas en
la segunda plata. Según detalle y diseño que oportunamente se
brindará. Ello implica el acondicionamiento del sistema de
luminarias, toma corrientes y salidas de teléfono.

     2. Acondicionamiento de un servicio sanitario, del primer piso,
para que cumpla con ley 7600. Se requiere modificar la puerta de
acceso para que disponga de un ancho libre de 90 cm y que abra
hacia afuera (modificar el sentido de apertura). Instalar una
cerradura de puerta de tipo palanca. Instalar barra de apoyo en la
parte posterior del inodoro. Instalar un timbre de emergencia a 30
cm del piso.

     3. Realizar las divisiones externas de conformidad con lo que
establece las cláusulas 3.3 y 3.4 del cartel.

     4. Cerrar con rejas el cuarto de iluminación.

     5. Colocar antideslizante en el ingreso principal y gradas, a
ésta última se le debe colocar pasamanos y cerrar totalmente el
espacio abierto que da al primer piso.

      6. Modificar el sentido de la apertura de la puerta del servicio
sanitario ubicado bajo la escalera.

     5.2 Mediante nota recibida vía fax el 22 de setiembre en curso,
la señora Angulo Gutiérrez, se compromete adaptar el edificio de
acuerdo a los requerimientos institucionales, en un plazo de un mes,
plazo que evidentemente empezará a correr en el momento que este
debidamente refrendado el contrato.

     6. Análisis y valoración:
                                                                       206




      6.1 Conforme a lo señalado en los informes de legalidad y
técnicos antes transcritos, se procede seguidamente a la exposición,
análisis y valoración de las circunstancias concurrentes en el
presente procedimiento de contratación.

     6.2 Se tiene como primer resultado de la promoción de este
procedimiento de contratación, la participación de una oferta
presentada por A.G. EVEMAR S.A.

     6.3 Luego de haber analizado los estudios de carácter legal
y técnicos detallados en los puntos anteriores, se concluye que la
única oferta recibida, resulta admisible al procedimiento de
contratación, ya que satisface las especificaciones del objeto del
contrato establecidas en el cartel. Además, existe la anuencia de la
oferente en acondicionar el inmueble de acuerdo con las
necesidades institucionales.

     7.     Evaluación

     7.1 En el presente concurso no se aplicó el sistema de
evaluación establecido en el cartel, en vista de que se recibió sólo
una oferta a concurso, al no tener otro oferente, pierde sentido la
comparación, sin embargo, se verificó el cumplimiento de las
cláusulas obligatorias.

     8.     Análisis de precios

      8.1 Partiendo de que el precio mensual asciende a
¢1.800.000,00 y que el área ofertada es de aproximadamente 312 m²
de construcción, el costo sería de ¢5.769,23 por metro cuadrado de
construcción, valor que de conformidad con el criterio técnico se
considera elevado, ya que los precios de mercado que se pagan en la
zona de Liberia, Guanacaste son de aproximadamente $10.00 por
m² de construcción, equivalentes al tipo de cambio de venta del 29
de setiembre en curso de ¢559.12, a ¢5.591,20 por metro cuadrado;
sin embargo, tal y como lo indica el arquitecto Umaña Ugalde en el
informe anteriormente transcrito: ”La escasa disponibilidad de
locales semejantes en la ciudad de Liberia, es una atenuante muy
importante para justificar dicho costo.” Por último, es importante
valorar que existe el compromiso del propietario de realizar las
mejoras al local, las cuales se indicaron anteriormente y permitirán
contar con un local ajustado a los requerimientos de la institución.
                                                                        207




      Cabe aclarar que, el avalúo del inmueble fue realizado por
personal especializado de la Sección de Arquitectura e Ingeniería de
este Poder de la República.

     9. Contenido presupuestario:

      Con oficio 985-P-2007, del 24 de octubre de 2007, el MSc.
Walter Jiménez Sorio, Jefe a.í, del Departamento Financiero
Contable, certificó en el programa 926, IP 8, subpartida 1.01.01, la
existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes
para cubrir por el resto del año 2008, el pago del alquiler por la
suma de ¢13.680.000,00

      Tal y como lo señaló el arquitecto Umaña Ugalde en el
informe anteriormente transcrito, al Poder Judicial le corresponde
realizar con recursos propios, las siguientes mejoras:

     Construcción e instalación de un mueble de atención a público
con condiciones exigidas en la Ley 7600. Cuyo costo es de
aproximadamente ¢ 400.000,00.

     Dotar a las oficinas y espacios internos de equipos de aire
acondicionado. Ello debido a que las condiciones del inmueble no
suministran ventilación e iluminación natural a las oficinas internas
que se construyan y la oferta no contempla el suministro de los
equipos.

     Por solicitud de los profesionales de Trabajo Social y
Psicología se requiere un cuarto de juegos para los niños y niñas.
Como dicho espacio no se contempla en las condiciones
establecidas en el cartel. El costo es de aproximadamente ¢
550.000,00

     Dotar de estantería para archivo y el costo de cada módulo es
de aproximadamente ¢ 110.000,00.

     9.3 Al respecto, con correos electrónicos del 16 de
setiembre en curso, la licenciada Seidy Jiménez Bermudez,
Administradora Regional de Guanacaste, indicó que esa
Administración cuenta con recursos económicos para llevar a cabo
la remodelación del cuarto de juegos y la estantería para archivo.
En cuanto a la instalación de los aires acondicionados, con correo
                                                                         208


electrónico del 19 de setiembre de 2008, indicó: “…, para este año
ya esta comprado un aire de 18000.00 para Trabajo Social, en le
(sic) proyecto de presupuesto 2009 hay cuatro mas (sic); sin
embargo entenderá que los mismos deberán de someterse al
proceso de compra a principio del próximo año, por tanto la fecha
de instalación es incierta: Por otra (sic) dos de las funcionarias que
tienen minisplit están de acuerdo en que las mismas sean trasladas
al edificio.” Asimismo, mediante correo electrónico del 29 de
setiembre la licenciada Jiménez comenta de que la oferente se
compromete a instalar en calidad de préstamo dos aires
acondicionados y de esa forma cubrir las oficinas de los
profesionales y para el área de la secretaria se instalaría
temporalmente de dos a tres ventiladores, esto mientras se tramita la
compra de los aires pendientes.

     10. Recomendación

      De acuerdo con los análisis de los estudios de carácter legal y
técnico detallados en los puntos anteriores, a la luz de la normativa
aplicable, y según las circunstancias concurrentes, este
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la presente
licitación a la sociedad A.G. EVEMAR S.A., cédula jurídica 3-101-
103783, representada por la señora Evelia Angulo Gutiérrez, cédula
de identidad 5-0129-0414, en su condición de apoderada
generalísima sin límite de suma, correspondiente al inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, matrícula 018716,
submatrícula 000, situado en el Distrito Primero del Cantón Primero
de la Provincia de Guanacaste, por una renta mensual de
¢1.800.000,00, pagaderos por mes vencido, más un incremento
anual de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo
67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos,
para alojar la Oficina de Trabajo Social y Psicología del I Circuito
Judicial de Guanacaste, por un plazo indefinido, (esto de
conformidad con lo externado por la Contraloría General de la
República, en oficio 01298 del 11 de febrero de 2008). La revisión
del precio se verificará una vez que haya transcurrido el término de
tres años, desde la fecha en que empezó a regir el precio que se
pretende modificar. El propietario realizará las mejoras que le
competen, en un término no mayor a un mes contados a partir del
comunicado del refrendo del contrato.

      El local se tomará una vez que esté terminado y hayan
realizado las mejoras dispuestas por el Departamento de Servicios
                                                                              209


       Generales y el Departamento de Seguridad, para lo cual dichos
       Departamentos deberán, verificar que dichas mejoras cumplen con
       lo requerido en su informe técnico y comunicar tal situación al
       Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual de este
       Departamento de Proveeduría, para la orden de inicio
       correspondiente.

             Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la
       tarifa básica del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En
       caso de que exista una paja de agua y no se pueda diferenciar entre
       la tarifa básica y el exceso de consumo, corresponderá a la
       arrendante cancelar dicho pago. Asimismo, debido a que por
       imperativo legal el Poder Judicial únicamente puede reconocer el
       pago por servicios que efectivamente le hayan sido prestados,
       conforme a los incisos a) y b) del artículo 26 de la Ley General de
       Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, se reafirma que es
       obligación del arrendador entregar al Poder Judicial el inmueble con
       los pagos de los servicios de electricidad y agua debidamente
       cancelados, de previo a iniciar la relación contractual. En caso de
       que haya pagos pendientes por uno u otros conceptos, se hará un
       requerimiento de pago a los propietarios para que en un término de
       cinco días hábiles proceda a cancelar el monto que corresponda, en
       el entendido de que si no lo hiciere, el Poder Judicial estará
       facultado para rebajarlo del pago de la renta del inmueble.

             De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del Reglamento
       a la Ley de Contratación Administrativa, la Unidad Administrativa
       Regional de Puntarenas, deberá tomar las previsiones necesarias
       para garantizar en su oportunidad el pago de las obligaciones que
       contraerá durante todos los ejercicios presupuestarios que
       involucren la relación contractual.”
                                      -0-

      De conformidad con lo que establecen los artículo 81, inciso 10, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras

del Poder Judicial y 80 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y la recomendación formulada por el Departamento de

Proveeduría en el oficio anteriormente transcrito, se dispuso: Adjudicar la
                                                                            210


Licitación Pública Nº 2008LN-000031-PROV denominada “Alquiler de local

para alojar la Oficna de Trabajo Social y Psicología del I Circuito Judicial de

Guanacaste” a la sociedad A.G. EVEMAR S.A., cédula jurídica 3-101-

103783, representada por la señora Evelia Angulo Gutiérrez, cédula de

identidad 5-0129-0414, en su condición de apoderada generalísima sin límite

de suma, correspondiente al inmueble inscrito en el Registro Público de la

Propiedad, matrícula 018716, submatrícula 000, situado en el Distrito Primero

del Cantón Primero de la Provincia de Guanacaste, por una renta mensual de

¢1.800.000,00, pagaderos por mes vencido, más un incremento anual de

conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 67 de la Ley

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, para alojar la Oficina de

Trabajo Social y Psicología del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, por un

plazo indefinido, (esto de conformidad con lo externado por la Contraloría

General de la República, en oficio 01298 del 11 de febrero de 2008). La

revisión del precio se verificará una vez que haya transcurrido el término de

tres años, desde la fecha en que empezó a regir el precio que se pretende

modificar. El propietario realizará las mejoras que le competen, en un término

no mayor a un mes contados a partir del comunicado del refrendo del contrato.

Dichas mejoras son:
                                                                             211


      1. Construcción de 2 oficinas en planta baja y de 4 oficinas en la

segunda plata. Según detalle y diseño que oportunamente se brindará. Ello

implica el acondicionamiento del sistema de luminarias, toma corrientes y

salidas de teléfono.

      2. Acondicionamiento de un servicio sanitario, del primer piso, para que

cumpla con ley 7600. Se requiere modificar la puerta de acceso para que

disponga de un ancho libre de 90 cm y que abra hacia afuera (modificar el

sentido de apertura). Instalar una cerradura de puerta de tipo palanca. Instalar

barra de apoyo en la parte posterior del inodoro. Instalar un timbre de

emergencia a 30 cm del piso.

      3. Realizar las divisiones externas de conformidad con lo que establece

las cláusulas 3.3 y 3.4 del cartel.

      4. Cerrar con rejas el cuarto de iluminación.

      5. Colocar antideslizante en el ingreso principal y gradas, a ésta última

se le debe colocar pasamanos y cerrar totalmente el espacio abierto que da al

primer piso.

      6. Modificar el sentido de la apertura de la puerta del servicio sanitario

ubicado bajo la escalera

      El local se tomará una vez que esté terminado y hayan realizado las

mejoras dispuestas por el Departamento de Servicios Generales y el
                                                                             212


Departamento de Seguridad, para lo cual dichos departamentos deberán,

verificar que dichas mejoras cumplen con lo requerido en su informe técnico y

comunicar tal situación al Subproceso de Verificación y Ejecución

Contractual del Departamento de Proveeduría, para la orden de inicio

correspondiente.

      Los pagos por concepto de energía eléctrica y el exceso en la tarifa

básica del agua, correrán por cuenta del Poder Judicial. En caso de que exista

una paja de agua y no se pueda diferenciar entre la tarifa básica y el exceso de

consumo, corresponderá a la arrendante cancelar dicho pago.          Asimismo,

debido a que por imperativo legal el Poder Judicial únicamente puede

reconocer el pago por servicios que efectivamente le hayan sido prestados,

conforme a los incisos a) y b) del artículo 26 de la Ley General de

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, se reafirma que es obligación del

arrendador entregar al Poder Judicial el inmueble con los pagos de los

servicios de electricidad y agua debidamente cancelados, de previo a iniciar la

relación contractual. En caso de que haya pagos pendientes por uno u otros

conceptos, se hará un requerimiento de pago a los propietarios para que en un

término de cinco días hábiles proceda a cancelar el monto que corresponda, en

el entendido de que si no lo hiciere, el Poder Judicial estará facultado para

rebajarlo del pago de la renta del inmueble.
                                                                         213


      De conformidad con el artículo 8 de la Ley y 9 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, la Administración Regional de Puntarenas,

deberá tomar las previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad el

pago de las obligaciones que contraerá durante todos los ejercicios

presupuestarios que involucren la relación contractual.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                              ARTÍCULO XX

      En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por

designados como Jueces a los siguientes funcionarios, en los despachos y por

las fechas que se dirán:

      1- En el Juzgado de Familia de Puntarenas

      El 6 de octubre a:

      Licenciada Frania Rojas Vindas

      2- En el Juzgado de Familia de Heredia

      El 9 de octubre a:

      Licenciada Lidia Morales Díaz

      Licenciada Frania Rojas Vindas
                                                                            214


      Licenciada Ericka Robleto Artola

      Licenciado Willy Fernández Muñoz

      Licenciado Luis Guillermo Valverde Rivera

      3- En el Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de

Alajuela

      El 10 de octubre a:

      Licenciada Frania Rojas Vindas

      Licenciado Willy Fernández Muñoz

      4- En el Juzgado Civil y Trabajo de Osa

      El 10 de octubre a:

      Licenciada Ericka Robleto Artola. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXI

      El Magistrado Orlando Aguirre Gómez, en carácter de Presidente del

Consejo de la Judicatura, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal y la máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa interina

de la Sección Administrativa de la Carrera Judicial, en oficio N° SACJ-3290-

08 de 30 de setiembre en último, manifestaron lo siguiente:

             “En atención al oficio Nº 6894-08 de fecha 18 de agosto del
       2008, enviado por la Secretaría General de la Corte, se remite la
       terna de Juez 3 contencioso, para nombrar en propiedad, en el
       puesto Nº 100975 en el Juzgado Contencioso Administrativo del II
       Circuito Judicial de San José, en sustitución del Lic. Max Alberto
       Rudin Herrera, quien renunció a su puesto.
                                                                               215




             Aspirantes:

      NOMBRE                     PROMEDIO        POSICIÓN OBSERVACIONES
                                                  EN LA
                                                 LISTA DE
                                                ELEGIBLES
1. Grace Emilia Loaiza Sánchez     89.2366          16
2. Luis Guillermo Ruiz Bravo       87.4790          21
3. Sandra María Quesada Vargas     86.8809          22

             Suplentes:

      NOMBRE                     PROMEDIO        POSICIÓN OBSERVACIONES
                                                  EN LA
                                                 LISTA DE
                                                ELEGIBLES
4. Otto    Alfredo    González     85.0899          27
Vílchez

             Interino en el puesto: Lic. Paulo André Alonso Soto
             Condición laboral: Interino
             Vigencia del nombramiento: 15/10/2008

                  Observaciones Generales:

             I. Las ternas se integran con tres aspirantes conforme la Ley
           de Carrera Judicial y de acuerdo con lo establecido por el
           Consejo de la Judicatura en sesión Nº CJ-23-01, Artículo VI,
           celebrada el 10 de julio de 2001 y el Consejo Superior en
           sesión Nº 63-01, Artículo XXX, celebrada el 09 de agosto de
           2001.

            II. Esta terna se conforma con la lista de elegibles de Juez 3
           Contencioso Administrativo.

             III. El Consejo de la Judicatura, en sesión N° CJ-18-06,
           celebrada el 18 de julio de 2006, en su artículo XII, dispuso:
           “... 4) que en futuras ternas se incluya a un cuarto aspirante en
           calidad de suplente, en caso de que uno de los integrantes
           decline su participación...”
                                                                             216


              Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de
       los interesados.”
                                      -0-

   Por unanimidad, se dispuso: Designar a la licenciada Grace Emilia Loaiza

Sánchez, a partir del 16 de octubre en curso.

      Además se solicita a la Sección Administrativa de la Carrera Judicial, la

remisión de la terna para nombrar en propiedad en la plaza Nº 102117 de

Jueza Supernumeraria de la Presidencia de la Corte, en virtud del

nombramiento en propiedad de doña Grace Emilia.

      De conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, la licenciada Grace Emilia Loaiza Sánchez, para poder

ejercer válidamente el cargo en el que fue designada, deberá suscribir la póliza

de fidelidad respectiva. Además, asumirá su cargo en la fecha indicada y

procederá a su juramentación.

      Al mismo tiempo se hace de conocimiento de la licenciada Loiza

Sánchez, que de conformidad con el artículo 141, párrafo segundo de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, debe apersonarse a la Secretaría General de la

Corte a registrar su firma para los fines que dicha norma establece.

      El Despacho del Presidente, el Juzgado Contencioso Administrativo y

Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, el Departamento
                                                                                           217


       de Personal y la Sección Administrativa de la Carrera Judicial, tomarán nota

       para lo que a cada uno corresponda. Se declara acuerdo firme.

       PERMISOS

                                      ARTÍCULO XXII

             A continuación se somete a consideración de este Consejo, las

       solicitudes de permisos para impartir lecciones en centros de estudios

       universitarios de los siguientes servidores judiciales:


     NOMBRE         PUESTO Y          N° DE       CENTRO DE         MATERIAS A          HORARIO Y
                   OFICINA EN       OFICIO Y       ESTUDIOS          IMPARTIR             CICLO
                       QUE           FECHA        SUPERIORES                             LECTIVO
                     LABORA          EN QUE                                               EN QUE
                                       SE                                               IMPARTIRÁ
                                    SOLICITA                                            LECCIONES
                                       EL
                                    PERMISO

1   Doctora        Jueza      del   1°       de   Universidad       Teoría General      L: de las
    Frezie María   Tribunal    de   octubre del   Latina,    sede   del Derecho I       17:00 a las
    Jiménez        Casación         2008          Santa Cruz                            19:30 horas y
    Bolaños        Penal      del                                   Teoría General      de las 19:30 a
                   Tercer                                           del Derecho II      las 22:00.
                   Circuito
                   Judicial    de                                                       III
                   Guanacaste                                                           Cuatrimestre
                                                                                        del 2008


2   Licenciado     Juez       del   1°       de   Universidad       Procesal Civil I    M: de las
    Eladio         Tribunal Penal   octubre del   Autónoma de                           19:30 a las
    Sánchez        del Segundo      2008          Centro                                22:00 horas.
    Guerrero       Circuito                       América, sede
                   Judicial    la                 Corredores
                   Zona Sur                                         Procesal Civil II   L: de las
                                                                                        19:30 a las
                                                                                        22:00 horas.
                                                                                  218



                                                                               III
                                                                               Cuatrimestre
                                                                               del 2008

        L= lunes, K= martes, M= miércoles, J= jueves, V= viernes, S= sábados
                                  -0-
      El Consejo Superior en sesión Nº 53-03 celebrada el 22 de julio del

2003 artículo LXXII, de conformidad con lo dispuesto por la Sala

Constitucional en resolución Nº 2001-05012 de las 10:09 horas del 12 de junio

del dos mil uno, adicionada con la Nº 2003-01903 de las 10:05 horas del 10 de

marzo del dos mil siete (Acción de Inconstitucionalidad N° 99-2927-0007-

CO), dispuso que las 10 horas autorizadas para ejercer la labor docente

incluyen la revisión de los exámenes, preparación de lecciones y diligencias

relacionadas, por lo que los funcionarios del Poder Judicial podrán impartir un

curso que no exceda las 5 horas por semana.

      Se acordó: Comunicar a la doctora Frezie María Jiménez Bolaños y al

licenciado Eladio Sánchez Guerrero, que este Consejo no tiene objeción para

que impartan lecciones en los citados centros de estudios superiores, los días y

las horas indicadas. Lo anterior en el entendido de que el tiempo por ellos

utilizado para labores de docencia en centros de estudios superiores no exceda

de 10 horas por semana, 5 horas efectivas de lección y 5 para preparar las

lecciones, corregir exámenes y otras labores relacionadas. La concesión del
                                                                               219


permiso conlleva que los petentes deberán dar prioridad a la atención de sus

funciones en el Poder Judicial.

      Los Jueces Coordinadores del Tribunal Penal del Segundo Circuito

Judicial de la Zona Sur y el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito

Judicial de Guanacaste, deberán corroborar que los permisos otorgados no

dificulten que la sección de la que forman parte doña Frezie María y don

Eladio, se reúna para conocer de los asuntos que le corresponde resolver,

circunstancia que de presentarse deberán procurar buscarle solución e

informar a este Consejo.

      El Tribunal de la Inspección Judicial, el Departamento de Personal y los

despachos interesados, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXIII

      La servidora Ingrid Angulo Sánchez, Asistente Administrativa 2, con el

visto bueno de la licenciada Seidy Jiménez Bermúdez, Administradora

Regional del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, en nota de 17 de

setiembre último, recibida el 1° de octubre en curso, presentó la siguiente

solicitud:

              “... se me conceda permiso la primer audiencia de los días
        jueves para asistir a lecciones de contabilidad II en la Universidad
        Libre de Costa Rica, sede ubicada en Santa Cruz Guanacaste, las
        lecciones serán impartidas de las 08 am., a las 10 am.
                                                                              220




              Luego me incorporare a la segunda audiencia de trabajo. Visto
        de tal forma adquiero un compromiso total con la institución para
        reponer las horas aprobadas, en coordinación con la administradora
        de esta regional.

            Ruégole la aprobación ya que es una de las últimas materias
        que me quedan para obtener el grado de Bachillerato en
        Administración.”
                                         -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar a la servidora Ingrid

Angulo Sánchez, para que se ausente del despacho, los jueves durante la

primera audiencia y asista a lecciones en la Universidad Libre de Costa Rica,

sede Santa Cruz, durante el tercer cuatrimestre de este año. Lo anterior por

considerar este Consejo que a futuro podrían ser de interés institucional los

estudios que ella realiza.

      Es entendido que repondrá el tiempo ocupado en dicha labor, a fin de

mantener el trabajo al día y sin que se afecte sustancialmente el servicio

público a su cargo. A esos efectos deberá coordinar lo pertinente con la

jefatura.

      Asimismo, la servidora deberá comprobar ante el Departamento de

Personal el resultado final que obtenga del mencionado curso.

      Debe entenderse, además, que el consentimiento de la jefatura

respectiva se da, porque esa oficina cuenta con personal suficiente para
                                                                              221


hacerle frente a la ausencia temporal de doña Ingrid y no requiere de recurso

humano adicional.

      El Tribunal de la Inspección Judicial, el Departamento de Personal y la

Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, tomarán

nota para lo que corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXIV

      El licenciado Francisco Dall´Anese Ruiz, Fiscal General de la

República, en oficio N° FGR 1294-2008 de 29 de setiembre último, solicitó lo

siguiente:

              “Se ha recibido invitación del señor Sylvester Jones,
       Assistant Director United States Marshals Service Witness Security
       Division, para la participación de un fiscal en la Tercera Reunión
       Internacional sobre Protección y Seguridad de Testigos, que tendrá
       lugar en Lyon Francia, los días 30 y 31 de octubre.

              Con base en lo anterior, solicito permiso con goce de salario
       para Sofía Wilson Morales, fiscala coordinadora de la Oficina de
       Atención a Víctimas del Delito, del 28 de octubre al 02 de
       noviembre del 2008 ambos días inclusive, así como pasaporte de
       servicio y el pago de transporte, hospedaje y alimentación, para que
       la Fiscala, asista al evento dicho, en representación del Ministerio
       Público de nuestro país.

             Se adjunta certificación de contenido presupuestario.”

                                      -0-

      Mediante oficio N° 1883-UAMP-08 de 24 de setiembre último, el

licenciado David Brown Sharpe, Administrador del Ministerio Público, remite

separaciones de contenido presupuestario números 10293 y 10294, para gastos
                                                                             222


de boleto aéreo a Lyon, Francia y viáticos para el exterior para la licenciada

Sofía Wilson Morales, por las sumas de ¢911.911,19 (novecientos once mil

novecientos once colones con diecinueve céntimos) y ¢838.500.00

(ochocientos treinta y ocho mil quinientos colones exactos), respectivamente.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.) Conceder

permiso con goce de salario del 28 de octubre al 2 de noviembre del 2008, a la

licenciada Sofía Wilson Morales, a fin de que participe en la "Tercera Reunión

Internacional sobre Protección y Seguridad de Testigos", a realizarse en Lyon,

Francia. En virtud de la importancia del contenido de la citada Reunión,

deberá doña Sofía coordinar lo correspondiente, a fin de transmitir los

conocimientos adquiridos a los demás servidores del despacho, ya que podrían

ser de gran utilidad en las labores que realizan. 2.) Autorizar el gasto por

concepto de boleto aéreo, hospedaje y alimentación por los siguientes montos:

¢911.911,19 (novecientos once mil novecientos once colones con diecinueve

céntimos) y ¢838.500.00 (ochocientos treinta y ocho mil quinientos colones

exactos), con cargo al programa presupuestario N° 929. 3.) La Secretaría

General de la Corte tramitará lo correspondiente al pasaporte de servicio.

      Los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría,

tomarán nota para lo que cada uno corresponda. Se declara este acuerdo

firme.
                                                                              223


                              ARTÍCULO XXV

       En sesión N° 48-08 celebrada el 26 de junio del año en curso, artículo

XVIII, se concedió permiso con goce de salario a los servidores Jorge Muñoz

Quesada y Jorge Abarca Bonilla, Oficiales de la Unidad Canina del

Organismo de Investigación Judicial, a fin de que asistieran al curso

denominado “Formación de Guías Caninos”, el cual se realizaría del 3 de

agosto al 2 de octubre de este año en Alemania.

       El licenciado Allan Fonseca Bolaños, Subdirector General interino del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 969-DG-08 de 25 de

setiembre último, recibido el 29 de ese mes, solicita ampliación del permiso

otorgado en la sesión de referencia a los mencionados servidores, hasta el 6 de

octubre en curso, ya que por efectuar la aerolínea contratada por los

anfitriones, solo un vuelo por semana, por el itinerario establecido, los señores

Muñoz Quesada y Abarca Bonilla, podrán regresar a nuestro país hasta ese

día.

       Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, adicionar al

acuerdo tomado por este Consejo, en la sesión N° 48-08 del 26 de junio de

este año, artículo XVIII, que el permiso otorgado a los servidores Jorge

Muñoz Quesada y Jorge Abarca Bonilla, para que asistieran al curso
                                                                                 224


denominado “Formación de Guías Caninos”, realizado en Alemania, lo es

hasta el 6 de octubre en curso.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y el

Departamento de Personal tomarán nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXVI

      En sesión N° 73-08 celebrada el 30 de setiembre último, artículo XVII,

se concedió permiso con goce de salario, sin sustitución, a la licenciada Silvia

Palma Elizondo, Jueza de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José,

para que participara en el “XI Congreso Centroamericano y del Caribe de

Derecho del Trabajo”, a realizarse en Panamá del 15 al 17 de octubre en curso.

      En nota de 1° de octubre en curso, la licenciada Silvia Palma Elizondo,

en su expresado carácter, manifestó:

             “Mediante Sesión Nº 73-08 celebrada por ese Consejo, el
       recién pasado treinta de setiembre, se me concedió permiso con
       goce de salario para los días, 15, 16 y 17 de octubre corriente, con el
       objeto de asistir el XI Congreso Centroamericano y del Caribe de
       Derecho del Trabajo, que se llevará a cabo en Panamá durante esos
       mismos días. No obstante, al contar con este permiso me dirijo a
       comprar el boleto de avión, siendo que el vuelo, en el que me
       dejaron el tiquete más económico, sale el martes 14 de octubre a las
       11 de la mañana. Por lo anterior, les pido revisar la posibilidad de
       extenderme el permiso con goce de salario sin sustitución por un día
       más, sea, incluyendo el 14 de octubre de 2008, porque tendré que
       viajar ese día. De no ser posible acceder a esta solicitud, pido se me
       conceda el indicado permiso de disfrute, deducido de mis
       vacaciones.”
                                           -0-
                                                                              225


      Se acordó: Acoger la gestión anterior y por las razones indicadas, tener

por modificado el acuerdo tomado en la sesión Nº 73-08 del 30 de setiembre

último, artículo XVII, en el sentido de que el permiso con goce de salario

concedido a la licenciada Silvia Palma Elizondo, lo es a partir del 14 de

octubre en curso.

      El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y el

Departamento de Personal, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara

acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXVII

      En sesión N° 73-08 celebrada el 30 de setiembre último, artículo XXVI,

se concedió permiso con goce de salario y sustitución, entre otros, al

licenciado Max Antonio Escalante Quirós, Juez Penal del Primer Circuito

Judicial de San José, para que del 20 de octubre en curso al 30 de junio del

2009, participara en la “Tercera Edición del Master Universitario de

Especialización en Derecho Penal”, a realizarse en la Universidad de Sevilla,

España.

      En correo electrónico recibido el 7 de este mes, el licenciado Max

Antonio Escalante Quirós, en su expresado carácter, manifestó:

             “En la sesión número 73-08 celebrada el pasado 30 de
       setiembre artículo XXVI se concedió permiso con goce de salario y
       sustitución a tres funcionarios judiciales, incluido el suscrito. El
       referido permiso se otorgó del 20 de octubre del 2008 al 30 de junio
                                                                              226


       del 2009. En vista de que el viaje dependía del permiso ya otorgado,
       en los últimos días únicamente se pudo reservar un vuelo hacia
       España que sale el próximo viernes 17 de octubre; razón por la cual
       solicito que el permiso aprobado se amplié un día más; es decir, a
       partir del viernes 17 de octubre del 2008 y no del lunes 20 de
       octubre del 2008.”
                                      -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y por las razones indicadas,

tener por modificado el acuerdo tomado en la sesión N° 73-08 del 30 de

setiembre recién pasado, artículo XXVI, en el sentido de que el permiso con

goce de salario y sustitución otorgado al licenciado Max Antonio Escalante

Quirós, será a partir del 17 de octubre en curso.

      El Despacho del Presidente, el Juzgado Penal del Primer Circuito

Judicial de San José y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que

corresponda a cada uno. Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXVIII

      La licenciada Olga Marta Muñoz González, Jueza del Tribunal de

Familia del Primer Circuito Judicial de San José, en nota de 7 de octubre en

curso, comunicó lo siguiente:

            “… me dirijo a ustedes con el objetivo de solicitarles permiso
       por un mes para atender a mi señora madre y a mi hermano Luis
       Alonso, quienes residen en este momento en mi casa de habitación.

             Mi madre señora Rafaela González en los últimos meses ha
       sufrido serios problemas de salud, ha estado internada en varias
       oportunidades en la Clínica Bíblica y a su egreso la llevé a vivir a
       mi casa dado que su problema es principalmente cardiaco y cuenta
       con 83 años.
                                                                              227




            En relación a mi hermano Luis Alonso, quien tiene una seria
       discapacidad toda vez que es no vidente, también sufre en este
       momento un serio padecimiento por lo que requiere ser internado en
       el Hospital Calderón Guardia, en la Unidad de Monitoreo de
       Neurología.

            Adjunto copia de la orden de internamiento de mi hermano en
       la cual se indica su discapacidad y el día de mañana les estaré
       haciendo llegar los documentos relativos a los problemas de salud
       de mi madre.

             Les solicito que por favor el permiso que les estoy pidiendo
       sea a partir del día de hoy, toda vez que me encuentro sumamente
       afectada por la situación familiar y debo repartirme atendiendo a mi
       madre en mi casa así como estar pendiente de mi hermano en el
       Hospital.”
                                      -0-

      Por su parte, la doctora Ana María Picado Brenes, Jueza Coordinadora

de ese Tribunal, en nota de 7 de octubre en curso, manifestó lo siguiente:

             “… me permito informarles que conozco del problema
       familiar que aqueja a la compañera Olga Marta Muñoz González,
       quien tiene a su señora madre y a su hermano discapacitado con
       serios problemas de salud.

            Doña Olga Marta se llevó a vivir a su casa a su madre y a su
       hermano debido a que la primera estuvo internada por un serio
       problema cardiaco, de ahí que la convalecencia es muy delicada,
       pero a la vez el hermano Luis Alonso ahora presenta un serio
       problema de salud por lo que requiere ser internado el día de hoy en
       el Hospital Calderón Guardia.

             Es evidente para los jueces del Tribunal de Familia que doña
       Olga no está en condiciones de trabajar, no solo por el estrés que
       genera los problemas de salud de sus parientes sino además porque
       tanto su madre como su hermano requieren de la ayuda constante de
       parte de Olga Marta.

             En consecuencia me permito apoyar el permiso que doña Olga
       solicita.”
                                                                                228


                                       -0-

      De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional Nº 2005-

11262 de las 15:00 horas del 24 de agosto del 2005, se acordó: 1.) Conceder

permiso con goce de salario a la licenciada Olga Marta Muñoz González, por

el plazo de 10 días hábiles a partir del 7 de octubre del año en curso, para los

fines indicados. 2.) Recomendar a doña Olga Marta que de persistir la

situación descrita, acuda a la Caja Costarricense del Seguro Social, para que

tramite una licencia que se le pueda conceder para este tipo de situaciones.

      El Despacho del Presidente, el Tribunal de Familia y el Departamento

de Personal, tomarán nota para lo que corresponda a cada uno. Se declara

acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXIX

      En sesión N° 75-08 celebrada el 7 de octubre en curso, artículo XXVII,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

          “El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, somete a
       consideración, lo manifestado por el máster Rafael Ramírez López,
       Jefe del Departamento de Tecnología de Información, en oficio N°
       822-DTI-2008 de 6 de octubre en curso, que literalmente dice:

           “Para que por su medio se haga del conocimiento de los señores
       integrantes del Consejo Superior, me permito informar que la señora
       María Luisa Rojas Zamora, cédula # 1-446-502, quien se
       desempeña como Secretaria 1 de este Departamento, solicitó y se le
       autorizó permiso sin goce de salario por el período del 1° hasta el 30
       de setiembre del año en curso, debiendo presentarse a laborar el
       miércoles 1° de octubre. Sin embargo a la fecha de hoy no se ha
                                                                                229


       reportado a esta Jefatura, por lo que se hace el informe para lo que
       corresponda.

          No omito indicar que consultados sus familiares cercanos,
       indicaron que ella se encuentra fuera del país.”
                                        -0-

            Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y de
       conformidad con la situación expuesta tener por rota la relación
       laboral con la señora María Luisa Rojas Zamora, a partir del 1° de
       octubre en curso, sin responsabilidad patronal, al operarse una
       renuncia tácita por su ausencia prolongada y sin justificación
       alguna, según lo establece el artículo 81, inciso g), del Código de
       Trabajo.”
                                       -0-

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, somete a

consideración el oficio N° 827-DTI-2008 de 7 de este mes, suscrito por el

máster Rafael Ramírez López, quien en su expresado carácter, manifestó lo

siguiente:

           “En relación con el oficio 822-DTI-2008 remitido por esta
       oficina a esa Dirección el día de ayer, me permito indicarle que el
       día de hoy se ha recibido en el correo oficial de este Departamento
       solicitud formulada por la señora María Luisa Rojas Zamora,
       tendiente a que se le otorgue permiso sin goce de salario del 1° al 10
       de octubre del presente año.

           En vista de lo extemporáneo de la comunicación, dado que al día
       de hoy son cinco días en que no se ha podido contar con los
       servicios de la servidora, ni de alguien que le sustituya, causando
       trastorno en el funcionamiento de este Despacho, mucho le
       agradeceré informar al estimable Consejo Superior de la presente
       situación, con el fin de que órgano colegiado se pronuncie al
       respecto.”
                                   -0-
                                                                           230


      Se acordó: 1.) Tomar nota de la comunicación del máster Rafael

Ramírez López, dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la sesión Nº 75-08

celebrada el 7 de octubre en curso, artículo XXVII y reinstalar a la señora

María Luisa Rojas Zamora en la plaza de Secretaria 1 del Departamento de

Tecnología de la Información. 2.) Conceder permiso sin goce de salario del 1º

al 10 de octubre en curso a doña María Luisa, a quien se le recuerda la

obligación de presentar la justificación de sus ausencias ante el superior

inmediato de forma expedita.

      Los Departamento de Tecnología de la Información y Personal, tomarán

nota para lo que corresponda. Se declara este acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXX

      La máster Rosario González Brenes, Jefa interina del Departamento de

Trabajo Social y Psicología, en oficio Nº DTSP-815-2008 de 2 de octubre en

curso, comunica lo siguiente:

             “…Elevo ante ustedes la nota de la Máster Mercedes Loaiza
       Coronado, Psicóloga de este Departamento, donde solicita se le
       conceda permiso con goce de salario del 27 al 31 de octubre del
       2008, para asistir al curso: CONSTRUYENDO POLÍTICAS EN
       SALUD ORIENTADAS A LA EQUIDAD DE GENERO que se
       realizará en el Centro de Formación de la Cooperación Española en
       Cartagena de Indias, Colombia. De igual manera, solicita el
       reconocimiento de los pasajes en avión.

            Tal y como lo manifiesta la Máster Loaiza, los conocimientos
       que adquiera en este curso serán de mucha importancia en su labor
       como perita judicial en el Programa de Penal Juvenil;
       conocimientos que puede compartir con el resto de profesionales
                                                                           231


       como forma de multiplicar el conocimiento y pueda ser de utilidad
       en la labor pericial.”
                                     -0-

      Asimismo, adjunta correo electrónico de 8 de octubre en curso, de la

servidora Kattia María Vargas Pérez, Profesional 2 de la Sección de Control

de Ingresos y Egresos Judiciales del Departamento Financiero Contable, en

donde comunica que una vez verificado en el presupuesto 2008 no fue

formulado monto alguno para la Oficina de Trabajo Social y Psicología en la

subpartida 10503, por lo que no existen recursos suficientes para cubrir el

costo del viaje indicado.

      Se acordó: Acoger parcialmente la gestión anterior, en consecuencia:

1.) Conceder permiso con goce de salario a la máster Mercedes Loaiza

Coronado, del 27 al 31 de octubre en curso, para que participe en el curso

denominado “Construyendo Políticas en Salud Orientadas a la Equidad de

Género”, a realizarse en el Centro de Formación de la Cooperación Española

en Cartagena de Indias, Colombia. 2.) En virtud de la importancia del

contenido de la capacitación a recibir, deberá doña Mercedes coordinar lo

correspondiente con la jefatura del departamento, a fin de transmitir los

conocimientos adquiridos a los demás servidores del despacho, ya que podrían

ser de gran utilidad en las labores que realizan. 3.) Denegar el pago de los

boletos aéreos, por no existir contenido en la subpartida 10503. Asimismo, por
                                                                                  232


las limitaciones presupuestarias que afronta este Poder de la República, se

imposibilita autorizar el gasto que se solicita.

      Los Departamento de Personal y Trabajo Social y Psicología, tomarán

nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

SUSTITUCIONES

                                ARTÍCULO XXXI
      En correo electrónico recibido el 8 de octubre en curso, la licenciada

María Rosa Castro García, Jueza Tramitadora del Tribunal Agrario del

Segundo Circuito Judicial de San José, manifestó:

              “Por motivos de salud dos auxiliares de este despacho se han
        incapacitado. El señor Rafael Valverde Peña se encuentra
        incapacitado por tres días, del martes 7 al jueves 9 de octubre de los
        corrientes y el señor Esteban Fernández Mora, cedula 1-1185-690,
        quien esta fungiendo como meritorio en este despacho, esta
        ocupando las labores del señor Valverde Peña, solventándonos la
        difícil situación de quedarnos sin un auxiliar.

             Igualmente el otro auxiliar Wilberth Álvarez Li, también por
        motivos de salud se ha incapacitado del 7 al 10 de octubre de este
        año y el señor Luis Javier Madrigal Madrigal, esta realizando sus
        funciones.

              Este despacho que tiene competencia para todo el país en
        materia agraria, solamente cuenta con tres auxiliares judiciales, (dos
        de ellos incapacitados actualmente) y el otro es el asistente judicial.
        Las labores son equitativamente repartidas de modo que la falta de
        uno de los funcionarios afecta e impacta el desarrollo y avance de
        nuestras ocupaciones; además contamos con la colaboración de una
        jueza decisora más (con un total de 5 jueces decisores y una jueza
        tramitadora), lo cual incrementa las labores habituales de cada uno
        de los auxiliares. La ausencia de uno de los funcionarios en este
                                                                                  233


       tribunal por ser tan pocos, desequilibra las funciones generales y la
       carga de trabajo.

             La necesidad de cubrir estas ausencia se acrecientan, por
       habernos quedado solamente el asistente judicial y la jueza
       tramitadora en esta oficina por las razones indicadas y se hacen
       necesarias las sustituciones, para estar en condiciones de brindar un
       servicio público satisfactorio a los usuarios de este Tribunal, además
       de considerar que el señor Fernández Mora y Madrigal han venido a
       laborar a sabiendas de que será su trabajo remunerado, siempre que
       lo autorice el Consejo Superior.”
                                          -0-

      Se acordó: Autorizar las sustituciones de los servidores Rafael

Valverde Peña y Wilbeth Álvarez Li, el primero del 7 al 9 de octubre del año

en curso y el segundo del 7 al 10 de este mes y designar a los señores Esteban

Fernández Mora y Luis Javier Madrigal Madrigal, respectivamente, durante

los períodos señalados, por incapacidad.

      El   Departamento      de    Personal     tomará    nota    para   los    fines

correspondientes. Se declara este acuerdo firme.

VACACIONES

                              ARTÍCULO XXXII

      En sesión Nº 73-08 celebrada el 30 de setiembre último, artículo

XXVII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

            “El señor Manuel de Jesús Mora Guevara, Auxiliar Jurídico de
       la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, en nota de
       22 de setiembre en curso, manifestó lo siguiente:

            “…me permito saludarlos y a la vez les solicito muy
       respetuosamente se sirvan concederme PERMISO CON GOCE DE
                                                                        234


SUELDO desde el día jueves 25 de setiembre en curso, hasta el día
17 de octubre del año en curso, con el fin de poderme preparar
académicamente para realizar las PRUEBAS DE GRADO que me
faltan, en la Carrera de Derecho, en La Universidad de San José,
ubicada en San Francisco de Dos Ríos.

     Lo anterior toda vez que ya realicé el viernes próximo pasado
la PRUEBA DE GRADO de DERECHO PROCESAL CIVIL; el
próximo viernes 26 de setiembre tengo la PRUEBA DE GRADO de
DERECHO PROCESAL PENAL, el día 10 de octubre tengo la
PRUEBA DE GRADO de DERECHO ADMINISTRATIVO y el
día 17 de octubre tengo la PRUEBA DE GRADO de DERECHO
NOTARIAL y REGISTRAL.

     En el caso de que no se me pudiera conceder totalmente el
PERMISO que solicito, ruégoles aprobarme un adelanto de
vacaciones del próximo período, por el tiempo que ustedes
consideren necesario, ya que actualmente no tengo ningún saldo de
vacaciones a mi favor.

      Adjunto copia del respectivo programa para la realización de
las pruebas de grado y los recibos de dinero por la matrícula de
éstas, con el fin de acreditar mi solicitud.”
                                  -0-
      En manuscrito presentado el 25 de este mes, el señor Mora
Guevara, en su expresado carácter, indicó lo siguiente:

      “… que fui incapacitado por la C.C.S.S. del día de hoy hasta el
día 30-09-08 inclusive, por esta razón les pido que mi solicitud de
permiso con goce de sueldo se me apruebe y aplique como ustedes
consideren a partir del día primero de octubre del año en curso y no
desde el día de hoy, como inicialmente lo había solicitado. Adjunto
el comprobante de la incapacidad (fotocopia).”
                                 -0-
      Se acordó: Denegar la gestión del señor Mora Guevara, en
razón de no encontrarse su solicitud dentro de los presupuestos que
establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo
anterior sin perjuicio de que pueda disfrutar de su derecho de
vacaciones, incluso hacer un adelanto, si tiene derecho a ello o bien
gestione un permiso sin goce de salario ante sus superiores, para que
realice las pruebas de grado de que dio cuenta.
                                -0-
                                                                              235


      El servidor Manuel de Jesús Mora Guevara, en su expresado carácter,

en nota de 1° de octubre en curso, manifestó lo siguiente:

             “… por medio de la presente les ruego muy respetuosamente
       se sirvan indicar el número de días por el cual puedo solicitar un
       ADELANTO DE VACACIONES, ya que si bien es cierto en la
       sesión Nº 73-08 celebrada por el Consejo Superior, el día 30 de
       setiembre del 2008, en el artículo XXVII se me autorizó para
       realizar un adelanto de vacaciones, para poder dedicarme a la
       presentación de las pruebas de grado en la Universidad de San José,
       no se indicó el número de días que se me autorizaba solicitar como
       adelanto de vacaciones.

            Mi solicitud expresa consiste entonces en que yo necesito un
       adelanto de vacaciones (de las colectivas) por nueve días hábiles, a
       saber del día martes 07 al día viernes 17 de octubre del año en
       curso, inclusive.”
                                      -0-

      El gestionante adjunta oficio N° 1819-UEL-2008 de 1° de este mes,

dirigido a su persona y suscrito por la licenciada Olga Guerrero Córdoba, Jefa

interina de la Sección de Administración de Personal, en que le comunicó lo

siguiente:

             “… de conformidad con los registros que al efecto se llevan en
       este Departamento, adquiere el derecho a disfrutar vacaciones a
       partir del 5 de agosto de cada año.

             Actualmente no cuenta con saldo pendiente de períodos
       anteriores y proporcionalmente podrá disfrutar en forma adelantada
       de 3 días hábiles correspondientes al período 2008-2009.”
                                      -0-
                                                                              236


      En relación con lo anterior, la Secretaría General de la Corte en oficio

Nº 8490-08 de 2 de octubre en curso, le comunicó a don Manuel de Jesús lo

siguiente:

             “En atención a su oficio de 1° de octubre en curso, en que
       solicita se le indique el número de días que se le autoriza para
       disfrutar de adelanto de vacaciones; hago de su conocimiento lo
       dispuesto por el Consejo Superior en la sesión Nº 83-2007 celebrada
       el 6 de noviembre del 2007, artículo XXIX, en que se aprobó "El
       Plan de Vacaciones Colectivas 2006-2007", que en lo que interesa
       dispuso:

             “...6. Adelanto de Vacaciones

             6.1. En caso de que un servidor judicial por motivos
       justificados, desee disfrutar vacaciones proporcionales en forma
       adelantada una vez agotado su saldo del período, deberá presentar la
       solicitud ante el Jefe inmediato con una constancia emitida por el
       Departamento de Personal-Gestión Humana, que acredite la
       proporcionalidad de vacaciones a que tiene derecho.

            6.2. La decisión para el disfrute de vacaciones antes de
       cumplir con la fecha en que se adquiere el derecho, es potestad
       absoluta del Jefe de Oficina y hará la respectiva comunicación al
       Departamento de Personal-Gestión Humana.”
                                      -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar al señor Manuel de

Jesús Mora Guevara para que en forma adelantada, disfrute de 9 días de

vacaciones de los períodos 2008-2009 y 2009-2010, a fin de que se dedique a

la presentación de las pruebas de grado de la Universidad de San José.

      La Dirección Ejecutiva y el Departamento de Personal, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.
                                                                                     237


JUBILACIONES Y PENSIONES

                              ARTÍCULO XXXIII

      El licenciado Alejandro López Mc Adam, Juez del Tribunal Penal del

Segundo Circuito Judicial de San José, mediante correo electrónico de 11 de

agosto del año en curso, solicitó al Departamento de Personal, realizara los

cálculos correspondientes de su jubilación, a partir del 15 de octubre de este

año, únicamente para fijar derecho.

      En oficio N° 539-UJP-2008 de 29 de setiembre último, el máster

Francisco Arroyo Meléndez, la licenciada Olga Guerrero Córdoba y el

licenciado Randall Castillo Hernández, por su orden, Jefe del Departamento

de Personal, Jefa interina de la Sección de Administración de Personal y

Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, indicaron lo siguiente:

            Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho
   “ASUNTO: presentada por el señor Alejandro Arturo López MC Adam,
            cédula 06-0106-0565, a partir del 15 de octubre del 2008.
   Al 14 de octubre del 2008, don Alejandro Arturo habrá laborado para el
   Poder Judicial, 26 años, 9 meses, 26 días.
   TOTAL TIEMPO SERVIDO: 26 años, 9 meses, 26 días
   EDAD:      55 años, 17 días.
   ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO: Juez 4, Tribunal Penal II circuito
                                                Judicial de San José.
   ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:                     ¢2.231.811,33
   SALARIO                     ¢1.995.001,96
   PROMEDIO:
   MONTO                     DE ¢1.783.679,53 (89,41% del salario promedio
   JUBILACIÓN:                    de los veinticuatro mejores salarios ordinarios)
   NORMA           “Los cálculos se efectuaron con base en la normativa de la
   LEGAL:          Ley Orgánica Actual, así como lo dispuesto por el Consejo
                                                                              238


                 Superior en sesión celebrada el 28/02/2006.”

   FORMULA Salario Promedio * Tiempo Laborado = Monto de Jubilación
   APLICADA           30 años
                                      -0-

      Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación del licenciado Alejandro

Arturo López Mc Adam y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la fecha a

partir de la cual se acogerá a ese derecho.

      El Integrante Marvin Martínez Fernández votó por aprobar el derecho a

la jubilación con base en lo dispuesto por Corte Plena en sesión Nº 9-00

celebrada el 28 de febrero del 2000, artículo XXXI y por el Consejo Superior

en sesión Nº 22-01 realizada el 15 de marzo del 2001, artículo LXVIII, Ley

Orgánica de 1937 y sus reformas.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXXIV

      En sesión Nº 66-08 celebrada el 3 de setiembre último, artículo XXXV,

se dispuso separar de su cargo por incapacidad absoluta y permanente al señor

Manuel Castro Rivera, Auxiliar de Servicios Generales 3 (conductor de

detenidos), de la Delegación Regional del Organismo de Investigación

Judicial del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, a partir del 4 de setiembre

del año en curso. Al propio tiempo se le solicitó al Departamento de Personal,
                                                                              239


elaborara los cálculos respectivos y rindiera el informe correspondiente,

respecto a los extremos laborales que le correspondieran a don Manuel.

     El máster Francisco Arroyo Meléndez, la licenciada Olga Guerrero

Córdoba y el licenciado Randall Castillo Hernández, por su orden, Jefe del

Departamento de Personal, Jefa interina de Administración de Personal y

Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, en oficio N° 0532-

UJP-2008 de 29 de setiembre último, informaron lo siguiente:

         El Consejo Superior en sesión Nº 66-08, celebrada el 3 de setiembre
         del 2008, dispuso separar por Incapacidad Absoluta y Permanente al
“ASUNTO:
         señor Manuel Castro Rivera, cédula número 01-0448-0899 a partir
         del 4 de setiembre del 2008.
Al 03 de setiembre del 2008, don Manuel habrá laborado para el Poder Judicial, 12
años, 9 meses, 16 días. Cabe señalar que reconoció tiempo servido en otras
instituciones del Estado a saber 7 años, 10 meses, 15 días.
TOTAL TIEMPO 20 años, 8 mes, 1 días,
SERVIDO:
EDAD: 52 años, 11mes, 25 días.
ÚLTIMO                  CARGO Custodio de Detenidos, Delegación Regional de
DESEMPEÑADO:                      Pérez Zeledón.
ÚLTIMO               SALARIO ¢586.902,91
DEVENGADO:
SALARIO                     ¢406.952,59 (corresponde al 80% del salario promedio)
PROMEDIO:
MONTO              DE ¢280.382,80 (corresponde al 68,90% del 80% del salario
JUBILACIÓN:             promedio de los veinticuatro mejores salarios)
                        El 68.90% es producto al porcentaje obtenido del tiempo
                        laborado entre 30 años de servicio.
NORMA               “Los cálculos se efectuaron con base en la normativa de
LEGAL:              la Actual Ley Orgánica., artículo 226, 228.”
FÓRMULA           80% del sal. promedio * tiempo servido = Monto de jubilación
APLICADA:                       30 años.”

                                      -0-
                                                                            240


      Se acordó: Aprobar la jubilación del señor Manuel Castro Rivera, cuya

asignación mensual será de ¢280.382,80 (doscientos ochenta mil trescientos

ochenta y dos colones con ochenta céntimos), a partir del 4 de setiembre del

presente año.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXXV

      Por haberse aprobado la jubilación del señor Manuel Castro Rivera, a

partir del 4 de setiembre de este año, según consta en el artículo que antecede

y con base en los informes elaborados por el Departamento de Personal

números 0533, 0534, 0535, 0536, 0537 y 0538-UJP-AP-2008 de 30 de

setiembre último, se dispone el pago a su favor de ¢3.103.941,11 (tres

millones ciento tres mil novecientos cuarenta y un colones con once céntimos)

por auxilio de cesantía; ¢32.584,10 (treinta y dos mil quinientos ochenta y

cuatro colones con diez céntimos), ¢135.617,20 (ciento treinta y cinco mil

seiscientos diecisiete colones con veinte céntimos), ¢173.916,70 (ciento

setenta y tres mil novecientos dieciséis colones con setenta céntimos),

¢188.196,30 (ciento ochenta y ocho mil ciento noventa y seis colones con

treinta céntimos) y ¢58.690,29 (cincuenta y ocho mil seiscientos noventa

colones   con   veintinueve    céntimos),   por   concepto    de    vacaciones
                                                                           241


proporcionales correspondientes a los períodos que van del 01-08-04 al 30-06-

05, del 01-08-05 al 30-06-06, del 01-08-06 al 30-06-07, del 01-08-07 al 30-

06-08 y del 01-08-08 al 03-09-08, respectivamente.

      Se adjuntan constancias de los Departamentos Financiero Contable y de

Personal de que don Manuel no tiene deudas pendientes.

      Se advierte al señor Castro Rivera que en el eventual caso que labore

para otro ente estatal, se le suspenderá el goce de la jubilación durante el

tiempo que esté percibiendo cualquier otro sueldo del Estado, según lo

establece el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además se le

informa que tiene imposibilidad de laborar para el Estado, de conformidad con

lo normado en el artículo 586 del Código de Trabajo, la cantidad de 169 días.

      También se podrá suspender el goce del beneficio, cuando éste hubiera

sido acordado en razón de enfermedad y se tenga noticia de que la persona

está desempeñando otro empleo, mientras se mantenga esta última situación.

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable, tomarán nota

para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXXVI

      La licenciada Olga Guerrero Córdoba y el licenciado Randall Castillo

Hernández, por su orden, Jefa interina de la Sección de Administración de

Personal y Profesional 1 de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, con el
                                                                               242


visto bueno del máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, en oficio Nº 170-UJP-2008 del 17 de setiembre recién pasado,

recibido por correo electrónico el 2 de octubre en curso, indicaron lo

siguiente:

            “En atención a la nota presentada por la señora María Cecilia
       Cárdenas Benavides, portadora de la cédula de identidad número
       01-0222-0769, con respecto a la solicitud de pensión, nos
       permitimos emitir las siguientes consideraciones:

             De la gestión:

            En fecha 03 de abril del 2008, la señora María Cecilia
       Cárdenas Benavides, solicita la pensión en condición de madre de
       quien en vida fue jubilada judicial Floralia Coto Cárdenas

            Para tales efectos doña María presenta la documentación
       requerida para iniciar el trámite de pensión:

                   Solicitud del beneficio pretendido, para notificaciones
       señala la dirección de su casa de habitación Barrio Pinto, San Pedro,
       Urbanización don Bosco casa 3D ó al teléfono número 2234-27-89.

                 Certificado de defunción de la señora Floralia Coto
       Cárdenas, quién falleció el 16 de marzo de 2008.

                   Constancia emitida por la C.C.S.S. en la que certifican
       que la señora María Cecilia Cárdenas Benavides no devenga salario
       pero si recibe pensión de esa Institución por un monto mensual de
       ¢57.750,00

                 Constancia extendida por el Departamento Nacional de
       Pensiones en que consta que recibe pensión por un monto bruto
       mensual de ¢97.180,88.

                  Constancia extendida por la Junta de Pensiones y
       Jubilaciones del Magisterio Nacional, en la cual consta que no es
       pensionada y tampoco cotiza para ese Régimen.
                                                                         243


           Revisado el expediente de jubilaciones y pensiones a
nombre de Floralia Coto Cárdenas, se verificó que con fecha 12 de
setiembre de 1994, a folio 279 designó como beneficiaria de la
pensión a la señora Cecilia Cárdenas Benavides, cédula número 01-
0222-0769, madre y a su padre Víctor Coto Fernández, cédula 03-
0092-0216. Se deja constancia que a la fecha en que se revisó el
expediente no había archivada otra designación.

           Según constancia emitida por el Departamento de
Financiero Contable número 174-FC-2008, el 22 de abril de 2008,
el causante no tiene deudas pendientes por reconocimiento de
tiempo servido en otras Instituciones.

           Fotocopia de la cédula de identidad.

     Antecedentes:

     1. Este Departamento con el fin de iniciar el trámite de la
pensión presentada por doña Maria Cecilia y en estricto apego a lo
dispuesto por el Consejo Superior en sesión Nº 18-2003, celebrada
el 13 de marzo de 2003, artículo XXXVII, solicitó estudio al
Departamento de Trabajo Social, mediante el oficio 0178-UJP-
2008.

      2. El Departamento de Trabajo Social y Psicología, a través de
la máster Cruz Porras Bolaños, realiza el peritaje socioeconómico a
la señora Cárdenas Benavides, la cual concluye:

      “La Sra. Cárdenas Benavides, se ha caracterizado por ejercer
el rol social y tradicional asignado al sexo femenino.

      Por lo que su modus vivendi se ha centrado en la dependencia
económica de su esposo en primera instancia y posteriormente de la
Sra. Floralia.

      Sistema de vida que por su edad cronológica, la incapacidad
laboral, la limitada situación económica la llevan, actualmente a
proyectar su futuro en la pensión de la corte (sic), correspondiente a
la Sra. Floralia Coto Cárdenas.”

     3. Siguiendo con el proceso que en este caso nos interesa, se
revisó la Ley General de Pensiones, que en su artículo 15 manifiesta
                                                                           244


que nadie podrá recibir más de una pensión del Estado, el mismo
hace sus excepciones en cuales situaciones es permitido, a saber:

      “Que habiendo adquirido derecho a pensión o jubilación en
alguno de los regímenes a que se refiere el párrafo anterior, y para
los efectos del inciso a) inicial de este artículo, presten servicios en
otro puesto no incluido en el sistema que generó el expresado
derecho, hasta por diez años, a fin de que puedan completar las
contribuciones que les falten para acogerse a pensión del régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro
Social.”

      4. Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial en el
artículo 235, manifiesta:

      “Corresponde al Consejo, de oficio o a solicitud del
interesado, conceder las jubilaciones o pensiones, vigilar el correcto
aprovechamiento de las mismas y modificar o cancelar, en su caso
las otorgadas, para lo cual se le confieren todas las facultades
necesarias, sin perjuicio de la fiscalización que corresponde a la
jurisprudencia común.”

      5. La señora Coto Cárdenas a la fecha de su fallecimiento
disfrutaba una jubilación mensual de ¢409.991,55 (equivalente al
86,07% del salario promedio).

     6. Análisis:

     6.1 La señora Cárdenas Benavides presenta la gestión al
beneficio de la pensión la cual viene acompañada por lo
documentos requeridos por esta oficina.

      6.2 Sobre la información solicitada, en lo correspondiente al
tema que si posee alguna pensión por parte del Estado, mediante
certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social
de la Gerencia División de Pensiones, señala que disfruta de una
pensión por muerte por un monto de ¢57.750,00.

    Aunado a lo anterior, en constancia extendida por el
Departamento Nacional de Pensiones, consta que recibe pensión por
un monto bruto mensual de ¢97.180,88.
                                                                          245


     Los dos anteriores beneficios son fruto del fallecimiento de su
esposo.

      Si bien es cierto no se puede tener dos pensiones del Estado, la
Ley General de Pensiones señala algunas excepciones dentro de las
cuales se encuentra la señora María Cecilia, toda vez que las
pensiones que recibe corresponde al beneficio otorgado por la
muerte de su esposo y la que está gestionando por parte del Poder
judicial, es producto del fallecimiento de su hija, razón por lo cual
se encuentra entre los supuestos de excepción que señala la ley
supraindicada en su artículo 15, por cuanto el origen de los dos
beneficios es distinto.

     6.3 Monto asignación.

     Al 16 de marzo de 2008, fecha de fallecimiento de la señora
Floralia Coto Cárdenas, disfrutaba un monto de jubilación mensual
de ¢409.991,55 (equivalente al 86,07% del salario promedio).

      De acuerdo al artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, el fallecimiento de un servidor judicial activo o jubilado le
da el derecho a sus beneficiarios a una pensión la cual no podrá ser
superior a las 2/3 partes del monto de jubilación que disfrutaba o
pudo disfrutar y en el caso de ser cónyuge sobreviviente le
corresponde el 100% del monto que disfrutaba.

      En el caso que nos atañe, el monto que le correspondería a la
señora Cárdenas Benavides a partir del 16 de marzo de 2008,
representa las 2/3 partes del monto que recibía su hija, lo que
significa una suma de ¢273.327,70, monto debe ser indexado con
los aumentos por costo de vida que se han sucedido posterior al
fallecimiento de doña Floralia.

     7. Conclusiones

      7.1 Una vez analizada la gestión de la señora María Cecilia,
este Departamento considera que reúne las condiciones que le dan el
derecho de recibir una pensión por ser madre de la jubilada fallecida
doña Floralia Coto Cárdenas.

    7.2 Según las facultades que le otorga la Ley Orgánica al
Consejo Superior, le corresponde a este otorgar las pensiones así
como la fecha de rige de las mismas.
                                                                             246




             En ese sentido de acceder el Órgano Superior a que se le
       otorgue el beneficio a la señora Cárdenas Benavides, se indican los
       siguientes datos para mejor resolver.

                                   Escenario # 1
                             2/3 partes de la jubilación
                  Puesto desempeñado            Auxiliar Judicial 3
                    Periodo de pago                   Monto
                   16-03 al 30-06-08                      273.327,70
                   01-07 al 30-12-08                      292.527,70
                                   Escenario #2
                         1/3 del último salario devengado
                  Puesto desempeñado           Auxiliar Judicial 3
                    Periodo de pago                 Monto
                   16-03 al 30-06-08                     199.103,52
                   01-07 al 30-12-08                     218.303,52

            Norma Legal:

           De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Ley
       Orgánica del Poder Judicial.”

                                         -0-

      De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, se acordó: Conceder la pensión a favor de la señora María

Cecilia Cárdenas Benavides, madre de la exservidora judicial fallecida

Floralia Coto Cárdenas, con una asignación mensual equivalente a las dos

terceras partes de la jubilación que devengaba doña Floralia, la cual rige a

partir del 16 de marzo del año en curso.

      A partir del 16 de marzo del año en curso, dicha pensión es por el

monto de ¢273.327,70 (doscientos setenta y tres mil trescientos veintisiete

colones con setenta céntimos) y a partir del 1º de julio del presente año, en
                                                                               247


virtud del aumento por costo de vida, el monto se fija en la suma de

¢292.527,70 (doscientos noventa y dos mil quinientos veintisiete colones con

setenta céntimos).

      Los Departamentos de Personal y Financiero Contable, tomarán nota

para lo que corresponda a cada uno. Se declara este acuerdo firme.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                               ARTÍCULO XXXVII

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de la Sección de Administración Salarial,

respectivamente, en oficio N° 01606-UCS-AS-2008 de 18 de setiembre

último, recibido por correo electrónico el 1° de octubre en curso, informaron

lo siguiente:

              “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
        instituciones del Estado del señor Geovanny Wing Alcázar.

                1. Gestión

             Mediante nota de fecha treinta de julio del presente año, el
        señor Geovanny Wing Alcázar, solicita se le reconozca el tiempo
        servido en el Ministerio de Salud.

                2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

             El señor Wing Alcázar labora interinamente para este Poder.
        Se desempeña como Profesional en Informática 2 en la Sección de
        Sistemas de Información.

             El servidor no señala lugar para notificaciones sin embargo
        puede ser localizado por medio del correo electrónico institucional.
                                                                      248




     3. Disposiciones Legales

     3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

     “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente
ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los
años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras
dependencias o instituciones públicas estatales, debiendo haber
servido al Poder Judicial los últimos cinco años...”

     3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
Judicial, artículo 6:

      “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido.

      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el
momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido.

     El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas públicas, se efectuará a petición del
funcionario o de la funcionaria interesada, para efectos de
anualidades y de jubilación.”

     4. Otras Consideraciones

      4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de jubilación N° RTFPJ-
0126-2008:

     De conformidad con la documentación presentada por el
servidor se determinó que el señor Wing Alcázar debe reintegrar al
                                                                               249


      Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢2.597.302,87 a fin
      de que pueda reconocer para efectos de pago de anualidades y
      jubilación cuatro años, tres meses y veintiocho días laborados para
      el Ministerio de Salud.

           4.2 Oficio N° 01450-UCS-AS-2008 del veintinueve de
      agosto del dos mil ocho:

            Mediante el oficio N° 01450-UCS-AS-2008 del veintinueve de
      agosto del dos mil ocho, se le informa al señor Wing Alcázar del
      estudio N°RTFPJ-00126-2008, el cual fue enviado por correo
      electrónico al servidor. Cabe indicar que con nota de fecha ocho de
      setiembre del presente año, el servidor manifiesta lo siguiente:

           “En relación con el oficio Nº 01450-UCS-AS-2008 del 29 de
      Agosto del presente año, en el cual se me solicita fijar el porcentaje
      a deducir de mi salario, el cual puede ser hasta un máximo del 10%,
      a efecto de reconocerme el tiempo servido en otras Instituciones,
      respetuosamente comunico que, considerando los préstamos o
      deudas vigentes, que implican, entre otros, el pago de vivienda,
      estudios, vehículo, aunado a las gastos de manutención y otras
      obligaciones o responsabilidades contraídas, que me afectan
      sustancialmente la liquidez, solicito aplicarme un tres por ciento
      mensual sobre el salario bruto”

           5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

            5.1 De conformidad con las disposiciones legales existentes
      en el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras
      instituciones del Estado, se solicita la aprobación del estudio N°
      RTFPJ-00126-2008, el cual determina que el señor Geovanny Wing
      Alcázar debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la
      suma de ¢2.597.302,87 a fin de que pueda reconocer para efectos de
      pago de anualidades y jubilación cuatro años, tres meses y
      veintiocho días, laborados para el Ministerio de Salud.”

                                      -0-

     El informe Nº RTFPJ-0126-2008 de 20 de agosto del año en curso,

reporta que el monto a reintegrar por el señor Geovanny Antonio Wing
                                                                                250


Alcázar, Profesional en Informática 2 de la Sección de Sistemas de

Información del Departamento de Tecnología de la Información, asciende a la

suma de ¢2.597.302,87 (dos millones quinientos noventa y siete mil

trescientos dos colones con ochenta y siete céntimos), para que se le pueda

reconocer 4 años, 3 meses y 28 días laborados para el Ministerio de Salud,

para efectos de anualidades y jubilación, correspondientes al período del 3 de

febrero del 2003 al 31 de mayo del 2007.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación del señor

Geovanny Antonio Wing Alcázar, 4 años, 3 meses y 28 días laborados para el

Ministerio de Salud, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢2.597.302,87 (dos millones

quinientos noventa y siete mil trescientos dos colones con ochenta y siete

céntimos), que se le deducirá de su salario en el tanto de un 5% mensual hasta

la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes

números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de

Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el

cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo

mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le
                                                                                251


enviará copia de los informes elaborados por el Departamento de Personal, el

que también tomará nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXXVIII

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de la Sección de Administración Salarial,

respectivamente, en oficio N° 01612-UCS-AS-2008 de 19 de setiembre

último, recibido por correo electrónico el 30 de ese mes, comunicaron lo

siguiente:

             “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado del Doctor Randall Zúñiga Pérez.

             1. Gestión

            Mediante notas de fecha seis de junio del presente año, el
       Doctor Randall Zúñiga Pérez, solicita se le reconozca el tiempo
       servido en la Caja Costarricense de Seguro Social.

             2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

           El Doctor Zúñiga Pérez labora interinamente para este Poder.
       Se desempeña como Médico Residente en el Departamento de
       Medicina Legal.

             El servidor señala para notificaciones su correo electrónico, el
       cual se encuentra asignado en el Microsoft OutlooK.

             3. Disposiciones Legales

             3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

             “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
       servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente
       ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los
       años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras
                                                                        252


dependencias o instituciones públicas estatales, debiendo haber
servido al Poder Judicial los últimos cinco años...”

     3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido
en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del
pago de anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo
6:

      “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido.

      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento de tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el
momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido.

     El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas públicas, se efectuará a petición del
funcionario o de la funcionaria interesada, para efectos de
anualidades y de jubilación.”

     4. Otras Consideraciones

      4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de jubilación N° RTFPJ-
0112-2008:

      De conformidad con la documentación presentada por el
servidor, se determinó que el Doctor Zúñiga Pérez debe reintegrar al
Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢5.306.500,43 a fin
de que pueda reconocer para efectos de pago de anualidades y
jubilación tres años, cinco meses y diez días, laborados para la Caja
Costarricense de Seguro Social.

     4.2 Oficio N° 01448-UCS-AS-2008 del veintinueve de
agosto del dos mil ocho:
                                                                              253


             Mediante el oficio N° 01448-UCS-AS-2008 del veintinueve de
       agosto del dos mil ocho, se le informa al Doctor Zúñiga Pérez del
       estudio N° RTFPJ-0112-2008, el cual fue enviado al correo
       electrónico del servidor. Cabe indicar que con fecha diez de
       setiembre del presente año, el servidor manifiesta su conformidad
       con el estudio.

            5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

             5.1 De conformidad con las disposiciones legales existentes en
       el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones
       del Estado, se solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0112-
       2008, el cual determina que el Doctor Randall Zúñiga Pérez debe
       reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de
       ¢5.306.500,43 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de
       anualidades y jubilación tres años, cinco meses y diez días,
       laborados para la Caja Costarricense de Seguro Social.”

                                      -0-

      El informe Nº RTFPJ-0112-2008 de 18 de agosto del año en curso,

reporta que el monto a reintegrar por el doctor Randall Zúñiga Pérez, Médico

Residente del Departamento de Medicina Legal, asciende a la suma de

¢5.306.500,43 (cinco millones trescientos seis mil quinientos colones con

cuarenta y tres céntimos), para que se le pueda reconocer 3 años, 5 meses y 10

días laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social, para efectos de

anualidades y jubilación, correspondientes a los períodos del 1° de febrero del

2001 al 21 de febrero del 2002, del 28 de junio del 2002 al 28 de enero del

2003, del 4 al 16 de febrero del 2003, del 14 al 21 de abril del 2003, del 2 al

21 de setiembre del 2003 y del 20 de octubre del 2003 al 26 de junio del 2005,

respectivamente.
                                                                             254


      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación del doctor Randall

Zúñiga Pérez, 3 años, 5 meses y 10 días laborados para la Caja Costarricense

del Seguro Social, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢5.306.500,43 (cinco millones

trescientos seis mil quinientos colones con cuarenta y tres céntimos), que se le

deducirá de su salario en el tanto de un 10% mensual hasta la cancelación

total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números

174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa

Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual

tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el

traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de

los informes elaborados por el Departamento de Personal, el que también

tomará nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XXXIX

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de la Sección de Administración Salarial,

respectivamente, en oficio N° 01459-UCS-AS-2008 de 8 de setiembre último,

recibido por correo electrónico el 30 de ese mes, informaron lo siguiente:
                                                                      255


       “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado a la señora Gabriela González Jiménez.

      1. Gestión

      Mediante nota de fecha veinticinco de abril del dos mil ocho,
la señora Gabriela González Jiménez, solicita se le reconozca el
tiempo servido en el Tribunal Supremo de Elecciones.

      2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

      La señora González Jiménez labora interinamente para este
Poder, se desempeña como Auxiliar Judicial 1 en la Sección de
Telemática.

      La servidora señala para recibir notificaciones el fax 22-57-
04-12 ó al correo electrónico ggonzalez@poder-judicial.

      3. Disposiciones Legales

      3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

       “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente
ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los
años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras
dependencias o instituciones s estatales, debiendo haber servido al
Poder Judicial los últimos cinco años...”

       3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
Judicial, artículo 6:

       “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido.

       En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
                                                                       256


laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el
momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido.

       El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas s, se efectuará a petición del funcionario
o de la funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de
jubilación.”

      4. Otras Consideraciones

       4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de jubilación N° RTFPJ-
0110-2008:

       De conformidad con la documentación que consta en el
expediente personal de la servidora y la que este despacho solicitó
con la finalidad de tener la información necesaria para realizar el
estudio, se determinó que la señora González Jiménez debe
reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de
¢1.673.917,68 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de
anualidades y jubilación dos años y seis meses laborados para el
Tribunal Supremo de Elecciones.

      4.2 Oficio N° 1418-UCS-AS-2008 del veinticinco de agosto
del dos mil ocho:

       Mediante el oficio Nº 1418-UCS-AS-2008 del veinticinco de
agosto del dos mil ocho, se le informa a la señora González Jiménez
del estudio N° RTFPJ-0110-2008, el cual fue enviado al correo
electrónico de la interesada. Cabe indicar que con fecha cuatro de
agosto, vía correo electrónico la servidora manifiesta lo siguiente:

      “…debo manifestar que estoy de acuerdo con el rubro y
estudio establecido por el Departamento de Personal. Así mismo se
me ha indicado en dicho informe que una vez aprobado el estudio
de reconocimiento por los integrantes de su respetable despacho,
debo iniciar la cancelación del monto a reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial mismo que se deducirá
hasta en un 10% del salario bruto mensual; sin embargo en virtud
de que por problemas personales que influyen directamente en el
ingreso familiar, la situación económica que aqueja a mi familia en
este momento no me permite la cancelación de ese 10% mensual, ya
                                                                             257


       que de realizar dicha rebaja sacrificaría el sustento de mis hijos;
       por tal razón solicito de la manera más respetuosa y atenta se me
       permita que la deducción para la cancelación al Fondo de
       Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial sea de un 5% de mi
       salario bruto mensual.”

             5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

               5.1 De conformidad con las disposiciones legales existentes
       en el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado, se solicita la aprobación del estudio N°
       RTFPJ-0110-2008, el cual determina que la señora Gabriela
       González Jiménez debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
       Pensiones la suma de ¢1.673.917,68 a fin de que pueda reconocer
       para efectos de pago de anualidades y jubilación dos años y seis
       meses, laborados para el Tribunal Supremo de Elecciones.”

                                      -0-

      El informe Nº RTFPJ-0110-2008 de 18 de agosto del año en curso,

reporta que el monto a reintegrar por la señora Gabriela González Jiménez,

Auxiliar Administrativa 1 interina de la Sección de Telemática del

Departamento de Tecnología de la Información, asciende a la suma de

¢1.673.917,68 (un millón seiscientos setenta y tres mil novecientos diecisiete

colones con sesenta y ocho céntimos), para que se le pueda reconocer 2 años y

6 meses laborados para el Tribunal Supremo de Elecciones, para efectos de

anualidades y jubilación, correspondientes al período del 1° de julio del 2005

al 31 de diciembre del 2007.

      Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
                                                                             258


acordó: 1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación a la señora

Gabriela González Jiménez, 2 años y 6 meses laborados para el Tribunal

Supremo de Elecciones, con el compromiso de reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢1.673.917,68 (un

millón seiscientos setenta y tres mil novecientos diecisiete colones con sesenta

y ocho céntimos). 2.) Autorizar al Departamento Financiero Contable para que

la citada suma adeudada por doña Gabriela al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial, le sea deducida de su salario en el tanto de un

5% mensual hasta la cancelación total, tal y como lo solicitó mediante correo

electrónico enviado de 4 de agosto del año en curso al Departamento de

Personal, o si lo prefiere, podrá depositarla, en las cuentas corrientes números

65-5 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica,

previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará

nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado

de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los

informes elaborados por el Departamento de Personal, el que también tomará

nota para los fines consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XL

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de la Sección de Administración Salarial,
                                                                              259


respectivamente, en oficio N° 01607-UCS-AS-2008 de 19 de setiembre

último, recibido por correo electrónico el 30 de ese mes, informaron lo

siguiente:

              “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado del señor Gonzalo González Murillo.

             1. Gestión

             De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior en
       sesión N° 074-02 del tres de octubre del dos mil dos, artículo
       XXXIV.

             2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

             El señor González Murillo, labora en propiedad para este
       Poder, se desempeña como Asistente Administrativo 2 en el Oficina
       Administrativa II Circuito Judicial de San José.

              Cabe indicar que el servidor señala para notificaciones el
       correo electrónico gonzalonzalez@yahoo.com, el fax 2280-6317 o en la
       oficina Administrativa del II Circuito Judicial de San José.

             3. Disposiciones Legales

             3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

              “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
       servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente
       ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los
       años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras
       dependencias o instituciones públicas estatales, debiendo haber
       servido al Poder Judicial los últimos cinco años...”

             3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
       Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
       efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
       Judicial, artículo 6:

              “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
       efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
                                                                       260


reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido.

       En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el
momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido.

      El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas públicas, se efectuará a petición del
funcionario o de la funcionaria interesada, para efectos de
anualidades y de jubilación.”

      3.3 Acuerdo del Consejo Superior tomado en la sesión N°
74-02 del tres de octubre del dos mil dos, artículo XXXIV:

       El Consejo Superior acuerda que a todos los servidores
propietarios a quienes se les reconoció el tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de pago de anualidades, se les
debe reconocer dicho período para jubilación.

       3.4 Sesión del Consejo Superior N° 79-2000, celebrada el
cinco de octubre del dos mil, artículo XXIX:

      Se acuerda reconocerle al señor González Murillo doce años,
nueve meses y dieciséis días laborados para el Instituto de Fomento
y Asesoría Municipal (IFAM).

      4. Otras Consideraciones

       4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de jubilación N° RTFPJ-
0119-2008:

      De conformidad con la documentación que consta en el
expediente personal del servidor y la que este despacho solicitó con
la finalidad de tener la información necesaria para realizar el
estudio, se determinó que el señor González Murillo debe reintegrar
al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢162.355,10 a fin
de que pueda reconocer para efectos de jubilación doce años, nueve
                                                                              261


       meses y dieciséis días laborados para el Instituto de Fomento y
       Asesoría Municipal (IFAM).

             4.2 Oficio N° 1433-UCS-AS-2008 del veinticinco de agosto
       del dos mil ocho:

              Mediante el oficio N° 1433-UCS-AS-2008 del veinticinco de
       agosto del dos mil ocho, se le informa al señor González Murillo del
       estudio N° RTFPJ-0119-2008, el cual fue enviado al correo
       electrónico de la Administracion-II Circuito Judicial de San José.
       Cabe indicar que con fecha tres de setiembre, el servidor manifiesta
       su conformidad con el estudio.

             5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

              5.1 De conformidad con las disposiciones legales existentes
       en el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado, al señor González Murillo se le debe
       reconocer el tiempo servido en el Instituto de Fomento y Asesoría
       Municipal (IFAM) para efectos de jubilación, el cual fue reconocido
       en el año dos mil para efectos de pago de anualidades.

             5.2 Por consiguiente, se solicita la aprobación del estudio N°
       RTFPJ-00119-2008, el cual determina que el señor Gonzalo
       González Murillo debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
       Pensiones la suma de ¢162.355,10 a fin de que pueda reconocer
       para efectos de jubilación doce años, nueve meses y dieciséis días,
       laborados para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
       (IFAM).”

                                      -0-

      El informe Nº RTFPJ-0119-2008 de 20 de agosto del año en curso,

reporta que el monto a reintegrar por el señor Gonzalo González Murillo,

Asistente Administrativo 2 de la Oficina Administrativa del Segundo Circuito

Judicial de San José, asciende a la suma de ¢162.355,10 (ciento sesenta y dos

mil trescientos cincuenta y cinco colones con diez céntimos), para que se le
                                                                             262


pueda reconocer 12 años, 9 meses y 16 días laborados para el Instituto de

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para efectos de jubilación,

correspondientes al período del 12 de marzo de 1971 al 27 de diciembre de

1983.

        Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de jubilación al señor Gonzalo González

Murillo, 12 años, 9 meses y 16 días laborados para el Instituto de Fomento y

Asesoría Municipal (IFAM), con la obligación de reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢162.355,10 (ciento

sesenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco colones con diez céntimos),

que se le deducirá de su salario en el tanto de un 10% mensual hasta la

cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes

números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de

Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el

cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo

mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le

enviará copia de los informes elaborados por el Departamento de Personal, el

que también tomará nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XLI
                                                                             263


      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de la Sección de Administración Salarial,

respectivamente, en oficio N° 01609-UCS-AS-2008 de 19 de setiembre

último, recibido por correo electrónico el 30 de ese mes, informaron lo

siguiente:

              “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado de la señora Carolina Zamora Arce.


             1. Gestión

             Mediante nota de fecha cuatro de agosto del dos mil ocho, la
       señora Carolina Zamora Arce, solicita se le reconozca el tiempo
       servido en la Municipalidad de Moravia.

             2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

              La señora Zamora Arce labora interinamente para este Poder,
       se desempeña como Técnico Administrativo 1 en la Escuela
       Judicial.

             La servidora no señala lugar para recibir notificaciones sin
       embargo puede ser localizada por medio del correo electrónico
       asignado en el Microsoft Outlook.

             3. Disposiciones Legales

             3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

              “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
       servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente
       ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los
       años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras
       dependencias o instituciones públicas estatales, debiendo haber
       servido al Poder Judicial los últimos cinco años...”
                                                                      264


      3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
Judicial, artículo 6:

       “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido
       .
       En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el
momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido.

      El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas públicas, se efectuará a petición del
funcionario o de la funcionaria interesada, para efectos de
anualidades y de jubilación.”

      4. Otras Consideraciones

       4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de jubilación N° RTFPJ-
0108-2008:

       De conformidad con la documentación presentada por la
servidora, se determinó que la señora Zamora Arce debe reintegrar
al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢440.546,10 a fin
de que pueda reconocer para efectos de pago de anualidades y
jubilación un año, tres meses y nueve días laborados para la
Municipalidad de Moravia.

      4.2 Oficio N° 1421-UCS-AS-2008 del veinticinco de agosto
del dos mil ocho:

      Mediante el oficio N° 1421-UCS-AS-2008 del veinticinco de
agosto del dos mil ocho, se le informa a la señora Zamora Arce del
estudio N° RTFPJ-0108-2008, el cual fue enviado al correo
                                                                              265


       electrónico de la servidora. Cabe indicar que con fecha diecinueve
       de setiembre, la servidora manifiesta su conformidad con el estudio.

             5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

              5.1 De conformidad con las disposiciones legales existentes
       en el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado, se solicita la aprobación del estudio N°
       RTFPJ-0108-2008, el cual determina que la señora Carolina
       Zamora Arce debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones
       la suma de ¢440.546,10 a fin de que pueda reconocer para efectos
       de pago de anualidades y jubilación un año, tres meses y nueve
       días, laborados para la Municipalidad de Moravia.”

                                      -0-

      El informe Nº RTFPJ-0108-2008 de 14 de agosto del año en curso,

reporta que el monto a reintegrar por la señora Carolina Zamora Arce, Técnico

Administrativa 1 interina de la Escuela Judicial, asciende a la suma de

¢440.546,10 (cuatrocientos cuarenta mil quinientos cuarenta y seis colones

con diez céntimos), para que se le pueda reconocer 1 año, 3 meses y 9 días

laborados para la Municipalidad de Moravia, para efectos de anualidades y

jubilación, correspondientes al período del 17 de noviembre del 2005 al 25 de

febrero del 2007.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación a la señora

Carolina Zamora Arce, 1 año, 3 meses y 9 días laborados en la Municipalidad

de Moravia, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
                                                                             266


Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢440.546,10 (cuatrocientos cuarenta

mil quinientos cuarenta y seis colones con diez céntimos), que se le deducirá

de su salario en el tanto de un 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo

prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del

Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa

coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de

lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de

cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes

elaborados por el Departamento de Personal, el que también tomará nota para

lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XLII

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de la Sección de Administración Salarial,

respectivamente, en oficio N° 01460-UCS-AS-2008 de 17 de setiembre

último, recibido por correo electrónico el 30 de este mes, indicaron lo

siguiente:

             “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado a la señora Andrea Marín Mena.

             Gestión

            Mediante nota de fecha veinticuatro de enero del dos mil ocho,
       la señora Andrea Marín Mena, solicita se le reconozca el tiempo
       servido en el Asamblea Legislativa.
                                                                      267


     2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

     La señora Marín Mena labora interinamente para este Poder,
se desempeña como Profesional 2 en el Departamento de Prensa y
Comunicación.

     La servidora señala para recibir notificaciones el
Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder
Judicial o a su correo electrónico interno amarinme@poder-judicial.

     Disposiciones Legales

     3.3 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

      “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente
ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los
años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras
dependencias o instituciones s estatales, debiendo haber servido al
Poder Judicial los últimos cinco años...”

     3.4 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
Judicial, artículo 6:

      “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido.

      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el
momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido.

      El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas, se efectuará a petición del funcionario o
de la funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de
jubilación.”
                                                                        268




     4. Otras Consideraciones

      4.3 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de jubilación N° RTFPJ-
0122-2008:

      De conformidad con la documentación que consta en el
expediente personal de la servidora y la que este despacho solicitó
con la finalidad de tener la información necesaria para realizar el
estudio, se determinó que la señora Marín Mena debe reintegrar al
Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢4.315.115,64 a fin
de que pueda reconocer para efectos de pago de anualidades y
jubilación cuatro años, dos meses y veintitrés días laborados para el
Asamblea Legislativa.

     4.4 Oficio N° 1422-UCS-AS-2008 del veinticinco de agosto
del dos mil ocho:

      Mediante el oficio Nº1422-UCS-AS-2008 del veinticinco de
agosto del dos mil ocho, se le informa a la señora Marín Mena del
estudio N° RTFPJ-0122-2008, el cual fue enviado al correo
electrónico de la interesada. Cabe indicar que con fecha cuatro de
agosto, vía correo electrónico la servidora manifiesta lo siguiente:

     “En atención al Oficio 01422-UCS-AS-2008 donde se me
informa sobre el estudio realizado ante mi solicitud de que el Poder
Judicial reconozca mis años laborados en otras instituciones
públicos, me permito comunicarles que estoy de acuerdo con dicho
estudio y los respectivos cálculos.

      Sin embargo con respecto al pago de hasta un 10% para
reintegrar al Fondo la suma establecida en dicho estudio quisiera
solicitar que la cuota de reintegración sea de hasta un 4%.

     Tengo 28 años y casi cinco años de laborar para la
administración público, sin embargo actualmente la situación
económica de mi familia me impide cubrir el total del hasta un10%
que se cancela en estos casos.

     Desde hace cuatro años contraje matrimonio y a partir de allí
mi esposo y yo hemos adquirido una serie de responsabilidades que
demandan un gran esfuerzo económico para cubrir el pago de una
                                                                            269


      hipoteca y así contar con casa propia, paralelamente a ello, hemos
      asumido obligaciones económicas con el Instituto de Vivienda y
      Urbanismo (INVU) en bonos de ahorro para más adelante asumir
      la deuda de la casa con esta entidad pública.

           Actualmente también mantenemos un préstamo por la compra
      de un vehículo ante las demandas de nuestros trabajos que nos
      exigen mayor seguridad a la hora de trasladarnos.

           Aunado a ello, también los gastos de la casa para la cobertura
      de nuestras necesidades básicas mensuales las asumimos en
      igualdad de condiciones económicas dentro del núcleo familiar, por
      lo que ésta deducción implicaría un esfuerzo más dentro de la
      economía familiar, sin embargo, este pago lo asumo con suma
      responsabilidad.

            De ahí que mi compromiso es firme en realizar la
      reintegración al Fondo de Pensiones del Poder Judicial de lo
      establecido en el estudio elaborado por del Departamento de
      Personal-Gestión Humana, sin embargo solicito atentamente que se
      considere las posibilidades de pago que actualmente me permite mi
      condición económica y se haga el reintegro mensual de hasta un
      4% de mi salario bruto por mes.

           5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

            5.1 De conformidad con las disposiciones legales existentes
      en el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras
      instituciones del Estado, se solicita la aprobación del estudio N°
      RTFPJ-0122-2008, el cual determina que la señora Andrea Marín
      Mena debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma
      de ¢4.315.115,64 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago
      de anualidades y jubilación cuatro años, dos meses y veintitrés
      días, laborados para la Asamblea Legislativa.”

                                     -0-

     El informe Nº RTFPJ-0122-2008 de 20 de agosto del año en curso,

reporta que el monto a reintegrar por la señora Andrea Marín Mena,

Profesional 2 del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional,
                                                                             270


asciende a la suma de ¢4.315.115,64 (cuatro millones trescientos quince mil

ciento quince colones con sesenta y cuatro céntimos), para que se le pueda

reconocer 4 años, 2 meses y 23 días laborados para la Asamblea Legislativa,

para efectos de anualidades y jubilación, correspondientes a los períodos del

1° de julio del 2003 al 15 de octubre del 2005 y del 6 de febrero del 2006 al 13

de enero del año en curso.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación de la señora

Andrea Marín Mena, 4 años, 2 meses y 23 días laborados para la Asamblea

Legislativa, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢4.315.115,64 (cuatro millones

trescientos quince mil ciento quince colones con sesenta y cuatro céntimos),

que se le deducirá de su salario en el tanto de un 5% mensual hasta la

cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes

números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de

Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el

cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo

mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le
                                                                               271


enviará copia de los informes elaborados por el Departamento de Personal, el

que también tomará nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XLIII

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de la Sección de Administración Salarial,

respectivamente, en oficio N° 01339-UCS-AS-2008 de 13 de setiembre

último, rinden el siguiente informe:

             “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado del señor Mauricio Pérez Soto.

            1. Gestión

            Mediante nota de fecha catorce de mayo del presente año, el
       señor Pérez Soto, solicita se le reconozca el tiempo servido en la
       Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.

             Cabe mencionar que la relación de dicho funcionario con la
       Junta de Pensiones, fue mediada por el Convenio de Cooperación
       Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Junta de Jubilaciones
       del Magisterio Nacional.

              2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

            El señor Pérez Soto labora interinamente para este Poder. Se
       desempeña como Profesional 1 en la Secretaría General del O.I.J.

             En el expediente del servidor no se indica lugar para
       notificaciones, sin embargo, puede notificarse al correo electrónico
       a su nombre, asignado por el Poder Judicial.

            3. Disposiciones Legales

              3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:
                                                                      272


       “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que
los servidores del Poder Judicial hayan servido en él
consecutivamente ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en
cuenta también los años de trabajo remunerado que se hubiesen
servido en otras dependencias o instituciones públicas estatales,
debiendo haber servido al Poder Judicial los últimos cinco años...”

      3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
Judicial, artículo 6:

       “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido.

      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el
momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido.

     El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas públicas, se efectuará a petición del
funcionario o de la funcionaria interesada, para efectos de
anualidades y de jubilación.”

       3.3 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo
Servido en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para
efectos del pago de anualidades y la jubilación del Poder
Judicial, artículo 6:

       “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo
Servido.

       3.4 Sesión del Consejo Superior N° 054-07 del veintiséis
de julio del dos mil siete, artículo XLVI:
                                                                       273


       Se conoce y aprueba el criterio legal del Departamento de
Personal, en consecuencia se acuerda reconocer solamente para
efectos de pago de anualidades, el tiempo servido en la Junta de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en razón de que
no es una institución pública estatal.

      3.5 Sesión del Consejo Superior N° 002-08 del diez de
enero del dos mil ocho, artículo XLV:

       Se conoce el criterio legal N° AL.DP. 041-07, donde la
asesoría legal del Departamento de Personal considera que el
tiempo laborado para la Junta de Pensiones y Jubilaciones del
Magisterio Nacional y no así para jubilación, ya que en el Convenio
se establece claramente que la relación laboral se da con la Junta.

      El Consejo Superior acuerda:

       “Acoger el informe rendido por la Asesoría Legal del
Departamento de Personal y por las razones indicadas denegar la
gestión de la licenciada Orozco Arias, para el reconocimiento de
tiempo servido bajo el Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Poder Judicial y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del
Magisterio Nacional”.

      4. Otras Consideraciones

       4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de jubilación N° RTFPJ-
0085-2008:

       De conformidad con la documentación presentada, se
determinó que al señor Pérez Soto, se le debe reconocer para efectos
de pago de anualidades nueve meses y seis días, laborados para la
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

      5. ANÁLISIS

      5.1 El Consejo Superior acordó en las sesiones señaladas en
los puntos 3.4 y 3.5 de este informe criterios relacionados con el
reconocimiento del tiempo laborado en la Junta de Pensiones y
Jubilaciones del Magisterio Nacional. Del análisis se determina
que hay diferencias en los acuerdos, pues en el punto 3.4. el
Consejo Superior aprobó que el reconocimiento de tiempo laborado
                                                                              274


       en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional se
       reconoce únicamente para pago de anualidades no para jubilación.
       Por el contrario en el punto 3.5. no es claro si mantiene el mismo
       criterio ya que dice que se deniega la gestión de la licenciada
       Orozco.

              5.2 En ese sentido resulta necesario se nos aclare como debe
       interpretarse lo acordado, ya que la gestión en conocimiento en este
       informe, tiene la misma característica de los anteriores.

             6. RECOMENDACIONES

              6.1 De mantenerse el criterio del punto 3.5. se solicita la
       aprobación del estudio N° RTFPJ-0085-2008 de reconocimiento de
       tiempo servido en otras instituciones del Estado, el cual determina
       que al señor Mauricio Pérez Soto se le debe reconocer para efectos
       de pago de anualidades nueve meses y seis días, laborados para la
       Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.”
                                      -0-

      El informe N° RTFPJ-0085-2008 de 2 de julio del año en curso,

determina que al servidor Mauricio Pérez Soto, Profesional 1 de la Secretaría

General del Organismo de Investigación Judicial, se le debe reconocer 9

meses y 6 días laborados para la Junta de Pensiones y Jubilaciones del

Magisterio Nacional, correspondiente al período del 1° de abril al 6 de enero

del 2008.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer únicamente para efectos de anualidades al señor Mauricio

Pérez Soto, 9 meses y 6 días laborados para la Junta de Pensiones y
                                                                              275


Jubilaciones del Magisterio Nacional, dada su naturaleza jurídica de ente

público no estatal. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XLIV

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de la Sección de Administración Salarial,

respectivamente, en oficio N° 01458-UCS-AS-2008 de 8 de setiembre último,

recibido el 1° de octubre en curso, informaron lo siguiente:

             “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado del Doctor Fernando Madrigal Cordero.

            1. Gestión

            Mediante nota de fecha diecisiete de abril del presente año, el
       Doctor Fernando Madrigal Cordero, solicita se le reconozca el
       tiempo servido en el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez.

              2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

            El Doctor Madrigal Cordero labora interinamente para este
       Poder. Se desempeña como Médico de Empresa Especialista en la
       Oficina Administrativa del II Circuito Judicial de San José.

            El servidor señala para notificaciones el correo electrónico
       fermadrigal@racsa.co.cr o su apartado postal 1016-2050, San Pedro
       Montes de Oca, San José, también puede ser ubicado por medio del
       correo electrónico institucional.

            3. Disposiciones Legales

            3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

             “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
       servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente
       ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los
       años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras
                                                                      276


dependencias o instituciones públicas estatales, debiendo haber
servido al Poder Judicial los últimos cinco años...”

     3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido
en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del
pago de anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo
6:

      “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido.

       En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el
momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido
       .
       El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas públicas, se efectuará a petición del
funcionario o de la funcionaria interesada, para efectos de
anualidades y de jubilación.”

      4. Otras Consideraciones

       4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de jubilación N° RTFPJ-
0053-2008:

       De conformidad con la documentación presentada por el
servidor se determinó que el Doctor Madrigal Cordero debe
reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de
¢15.662.380,14 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago
de anualidades y jubilación veintidós años, cinco meses y un día
laborados para el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez.

      4.2 Oficio N° 0832-UCS-AS-2008 del nueve de mayo del
dos mil ocho:
                                                                              277


              Mediante el oficio N° 0832-UCS-AS-2008 del nueve de
       mayo del dos mil ocho, se le informa al Doctor Madrigal Cordero
       del estudio N°RTFPJ-0053-2008, el cual fue enviado por correo
       electrónico del servidor. Cabe indicar que con nota de fecha tres de
       setiembre del presente año, enviada por correo electrónico, el
       servidor manifiesta su conformidad con el estudio.

             5. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

               5.1 De conformidad con las disposiciones legales existentes
       en el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras
       instituciones del Estado, se solicita la aprobación del estudio N°
       RTFPJ-0053-2008, el cual determina que el Doctor Fernando
       Madrigal Cordero debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
       Pensiones la suma de ¢15.662.380,14 a fin de que pueda reconocer
       para efectos de pago de anualidades y jubilación veintidós años,
       cinco meses y un día, laborados para el Hospital Dr. Max Peralta
       Jiménez.”

                                      -0-
      El informe N° RTFPJ-0053-2008 de 30 de abril del año en curso,

reporta que el monto a reintegrar por el doctor Fernando Madrigal Cordero,

Médico de Empresa Especialista de la Oficina Administrativa del Segundo

Circuito Judicial de San José, asciende a la suma de ¢15.662.380,14 (quince

millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos ochenta colones con catorce

céntimos), para que se le pueda reconocer 22 años, 5 meses y 1 día laborados

para el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, para efectos de anualidades y

jubilación, correspondientes a los períodos del 1° de febrero al 7 de julio de

1983, del 9 al 17 de julio de 1983, del 20 de julio al 4 de noviembre de 1983,

del 6 de noviembre de 1983 al 5 de mayo del 2000, del 7 de noviembre del

2000 al 30 de setiembre del 2003, del 29 de marzo al 24 de mayo del 2004, del
                                                                            278


27 al 30 de mayo del 2004, del 2 de junio al 19 de setiembre del 2004, del 8 de

noviembre del 2004 al 7 de febrero del 2005, del 9 de febrero al 6 de marzo

del 2005, del 8 de abril al 1° de mayo del 2005, del 3 de mayo del 2005 al 28

de febrero del 2006 y del 2 de marzo al 1° de octubre del 2006,

respectivamente.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación al doctor

Fernando Madrigal Cordero, 22 años, 5 meses y 1 día laborados para el

Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, con la obligación de reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢15.662.380,14

(quince millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos ochenta colones con

catorce céntimos), que se le deducirá de su salario en el tanto de un 10%

mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere, podrá depositarla en las

cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del

Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento

Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en

favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para

cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el
                                                                               279


Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XLV

      Los máster José Luis Bermúdez Obando y Rónald Calvo Coto, Jefes de

Administración Humana y de la Sección de Administración Salarial,

respectivamente, en oficio N° 01611-UCS-AS-2008 de 19 de setiembre

último, recibido por correo electrónico el 1° de octubre en curso, comunicaron

lo siguiente:

              “ASUNTO: Reconocimiento de tiempo servido en otras
        instituciones del Estado del señor Héctor Solano Fernández.

                1. Gestión

             Mediante notas de fecha veintiuno de julio del presente año, el
        señor Héctor Solano Fernández, solicita se le reconozca el tiempo
        servido en el Ministerio de Seguridad.

                2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

             El señor Solano Fernández labora interinamente para este
        Poder. Se desempeña como Investigador 1 en la Sección de
        Investigaciones de Turno Extraordinario (SITE).

             El servidor señala para notificaciones la Sección de
        Investigaciones de Turno Extraordinario (SITE).

                3. Disposiciones Legales

                3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

              “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
        servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente
        ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los
        años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras
                                                                      280


dependencias o instituciones públicas estatales, debiendo haber
servido al Poder Judicial los últimos cinco años...”

     3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido
en el Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del
pago de anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo
6:

      “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para
efectos de las anualidades y la jubilación. La solicitud de
reconocimiento de tiempo servido para efectos de las anualidades y
la jubilación, podrá realizarla el servidor activo en cualquier
momento de su relación de servicio, independientemente del tiempo
transcurrido.

      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el
momento que a bien lo tengan, independientemente del tiempo
transcurrido.

     El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del
Estado, entes o empresas públicas, se efectuará a petición del
funcionario o de la funcionaria interesada, para efectos de
anualidades y de jubilación.”

     4. Otras Consideraciones

      4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de jubilación N° RTFPJ-
0124-2008:

      De conformidad con la documentación presentada por el
servidor, se determinó que el señor Solano Fernández debe
reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de
¢73.721,81 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de
anualidades y jubilación un año, laborado para el Ministerio de
Seguridad Pública.

     4.2 Oficio N° 01428-UCS-AS-2008 del veinticinco de agosto
del dos mil ocho:
                                                                              281


             Mediante el oficio N° 01428-UCS-AS-2008 del veinticinco de
       agosto del dos mil ocho, se le informa al señor Solano Fernández
       del estudio N° RTFPJ-0124-2008, el cual fue enviado al correo
       electrónico de la Jefatura de Servicio del OIJ. Cabe indicar que con
       fecha primero de setiembre del presente año, el servidor manifiesta
       su conformidad con el estudio, y solicita se le indique algún número
       de cuenta para reintegrar en un solo tracto el monto indicado.

            5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES

             5.1 De conformidad con las disposiciones legales existentes en
       el tema de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones
       del Estado, se solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0124-
       2008, el cual determina que el señor Héctor Solano Fernández
       debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de
       ¢73.721,81 a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de
       anualidades y jubilación un año, laborado para el Ministerio de
       Seguridad Pública.”

                                      -0-

      El informe Nº RTFPJ-0124-2008 de 20 de agosto del año en curso,

reporta que el monto a reintegrar por el señor Héctor Solano Fernández,

Investigador 1 de la Sección de Investigaciones de Turno Extraordinario,

asciende a la suma de ¢73.721,81 (setenta y tres mil setecientos veintiún

colones con ochenta y un céntimos), para que se le pueda reconocer 1 año

laborado para el Ministerio de Seguridad Pública, para efectos de anualidades

y jubilación, correspondiente al período del 16 de marzo de 1993 al 15 de

marzo de 1994.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder
                                                                            282


Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Héctor

Solano Fernández, 1 año laborado en el Ministerio de Seguridad Pública, con

la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial la suma de ¢73.721,81 (setenta y tres mil setecientos veintiún colones

con ochenta y un céntimos), que se le deducirá de su salario en el tanto de un

solo tracto, tal y como lo solicitó don Héctor en nota de 1° de setiembre

último, presentada ante el Departamento de Personal, o si lo prefiere, podrá

depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa

Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el

Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que

solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el

Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XLVI

      En oficio Nº 974-JP-2008 de 28 de agosto del año en curso, recibido por

correo electrónico el 4 de setiembre último, el máster Francisco Arroyo

Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, comunicó el acuerdo tomado

por el Consejo de Personal, en sesión N° 17-2008 celebrada el 31 de julio de

este año, artículo V, que literalmente dice:
                                                                         283


      “I. En sesión celebrada el 02 de octubre de 2006 artículo VI se
conoció el informe IDH-122-06, relacionado con los puestos de
Profesional en Derecho adscritos a las diferentes Salas de la Corte
Suprema de Justicia. Las recomendaciones de dicho informe se
transcriben:

     “VI- RECOMENDACIONES:

      6.1. De conformidad con la complejidad, responsabilidad y
variedad propia de cada proceso y las tareas que deben ejecutar cada
uno de estos profesionales (puestos en estudio) en las distintas áreas
que conforman las Salas de la Corte Suprema de Justicia,
técnicamente lo que corresponde es clasificar esos cargos de
acuerdo con la siguiente tabla de categorías

              Categoría del Profesional en Derecho
               según el proceso en que participe

                  Área                     Clasificación Puesto
       Resolución de Fondo                Profesional Derecho 3
       Admisibilidad                      Profesional Derecho 2
       Centro            Información
                                          Profesional Derecho 1
       Jurisprudencial
       Pág. Web, y / o Revista            Profesional Derecho 1



      6.2. A partir de la tabla propuesta en el punto anterior,
procede realizar las siguientes reasignaciones de puestos, según se
detalla en el siguiente cuadro y de conformidad con el índice de
salarios vigente del II semestre del 2006.
                                                                                                                                284




                                                                          Salario Base                      Salario Base Dif. Total
N° Puesto                      Nombre                 Clase Actual                       Clase Propuesta
                                                                           Actual (3)                        Propuesto Sal. Base

                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    56759            Manuel E. Monge Romero                                 577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                     Jorge L. Cambronero                                                 Prof. en Derecho
    102120                                       Auxiliar Judicial 3B       258,200                           523,800     265,600
                     Jiménez                                                             2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
   103652(1)         Plaza Vacante                                          577,400                           476,200    (101,200.)
                                                 3                                       1
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    109769           Armando Elizondo Almeida                               577,400                           476,200    (101,200.)
                                                 3                                       1
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    14875            Marianela Álvarez Molina                               577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    14879            Joaquín Hernández Aguirre                              476,200                           523,800      47,600
                                                 1                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    46970            Andrea Quijano Villalobos                              577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    46971            María Monge Pizarro                                    577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                     Christian Wauters Mac       Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    55430                                                                   476,200                           523,800      47,600
                     Gregor                      1                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    56766            José J. Alvarado Acuña                                 577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    56796            Róger Durán Gamboa                                     577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    84070            Fernando Castro Padilla                                577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    84071            Victoria Jiménez Torres                                577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    99686            Christian Hess Araya                                   577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    109779           José Arroyo Soto                                       577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    109784           Iris Rojas Morales                                     577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    111464           Gloriana Rojas Sáenz                                   577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    111467           Gustavo Cordero Jenkins                                577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    111527           Silvia Fernández Brenes                                577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho                  Prof. en Derecho
    14871            Sonia Villegas Grijalba                                577,400                           523,800     (53,600.)
                                                 3                                       2
                                                 Profesional en Derecho
   56746 (2)         Plaza Vacante                                          577,400
                                                 3
                                                 Profesional en Derecho
    56745(2)         Plaza Vacante                                          577,400
                                                 3



               (1)
                   Plaza Nueva ordinaria, rige a partir del 2007.
               (2)
                   Plaza en calidad de préstamo por parte de la Presidencia de la Corte, que debe
               estar ubicada en labores de Profesional en Derecho
               3 para lo cual fue creada en su oportunidad.
               (3)
                   Salarios vigentes al segundo semestre del 2006.
                                                                        285


      6.3. A partir de la tabla propuesta en el punto anterior,
procede realizar las siguientes reasignaciones de puestos, según se
detalla en el siguiente cuadro y de conformidad con el índice de
salarios vigente del II semestre del 2006.

      6.4. En relación con los puestos N° 56745 y 56746, ambos
de Profesional en Derecho 3, se sugiere no reasignarlos por el
momento, toda vez que los mismos están ubicados en calidad de
préstamo por parte de la Presidencia de la Corte, en la Sala
Constitucional.

     Cabe acotar que las plazas citadas en el párrafo anterior, se
crearon para apoyar a la plaza de Magistrado Suplente “para que
complementen la labor de ese servidor en el estudio de asuntos
dentro de la Sala en la cual surgiera el Presidente de la Corte”, de
conformidad en lo dispuesto por Corte Plena en las sesiones N° 29-
99 y 31-99, celebradas los días 16 y 26 de julio de 1999, artículos
VI y XXI, respectivamente.

     Asimismo, señala en el referido informe, que lo anterior
obedece a que “el señor Magistrado que se designe como Presidente
de la Corte, necesariamente requiere del apoyo de las plazas de
Abogado Asistente 3 a él asignadas, que pertenecen a la Sala de
donde proviene”.

      Así las cosas y en virtud que estas plazas funcionarán en las
mismas condiciones de la plaza de Magistrado Suplente, en el
sentido que deberán mantenerse en forma permanente en condición
de “vacante”, se recomienda que sean ubicadas y utilizadas en
labores propias de un Profesional en Derecho 3 a la luz de este
informe.

     6.5. De aprobarse las reasignaciones propuesta en el
presente informe, el costo anual sería ligeramente superior a los 18
millones de colones (¢18,086,766.70), es decir poco más de un
millón y medio de colones al mes (¢1,507,230.97). Estos montos
incluyen lo referente a cargas sociales, salario escolar, aguinaldo y
REFJ.

      Cabe aclarar que los costos de reasignación aquí mostrados, se
refieren al puesto N° 102120 de Auxiliar Judicial 3B actualmente
destacado en la Sala Primera (Anexo N° 1), así como a los puestos
N° 55430 y 14879, estos últimos de Profesional en Derecho 1
                                                                          286


ubicados en el Área de Admisibilidad de la Sala Constitucional
(Anexo N° 2).

     6.6. En la Sala Constitucional se identifican dos puestos
cuyos roles en que se destacan, son de coordinador en las áreas de
“Centro de Información” y “Revista Constitucional”; a saber, el
puesto N° 14871 clasificado como Profesional en Derecho 3,
ocupado por la Licenciada Sonia Villegas Grijalba y el puesto N°
110086, clasificado como Profesional en Derecho 2 ocupada por la
Licenciada Sigrid Morales Carrasco, respectivamente; por lo tanto,
se recomienda adecuar a la clase de Profesional en Derecho 2 el
puesto N° 14871, de conformidad con los resultados del análisis
desarrollado en el presente estudio.

     6.7. Se recomienda que la plaza nueva ordinaria de
“Profesional en Derecho 3”, creada a partir del 2007 para la Sala
Primera, según fuera aprobado por Corte Plena en la sesión N° 10-
2006 del 29 de mayo del 2006, artículo XL, sea clasificada como
“Profesional en Derecho 1”.

      6.8. Con la idea de mantener en equilibrio la estructura de
puestos de profesionales en las oficinas estudiadas, se recomienda
mantener la clasificación y valoración de los puestos que se enlistan
en el Anexo N°3 de las presentes diligencias.

      6.9. Se recomienda al Departamento de Planificación que a
la hora de crear plazas de Profesional en Derecho para las Salas de
la Corte, se considere la clasificación contenida en el acápite 6.1. de
este informe.

      6.10. Asimismo, al determinarse la existencia de puestos de
la serie Profesional en Derecho en los ámbitos administrativo y
auxiliar de justicia, y siendo que esos puestos fueron creados con la
idea de lograr un desempeño en procesos vinculados con la
Administración de Justicia, se recomienda salvo mejor criterio
efectuar una revisión integral a la serie supracitada.

      6.11. Dado que la clasificación establecida en el acápite 6.1.
del presente informe, introduce para el puesto de Profesional en
Derecho 1 las funciones que se realizan en el Centro de
Información, Página Web y Revista, en el anexo N° 4 se presenta el
perfil que debe reunir el funcionario designado, a efecto de ser
                                                                        287


considerado por las Salas de la Corte hasta tanto no se conozcan los
alcances de la revisión integral antes sugerida.

      6.12. En los casos donde las reasignaciones correspondan a
una categoría inferior de la que ostentan actualmente, se les
respetarán los derechos adquiridos a los propietarios. Una vez que
los puestos adquieran la condición de “vacante”, el subproceso de
Administración Salarial deberá hacer los ajustes correspondientes a
las categorías salariales aquí propuestas. Ahora bien, en el caso de
los servidores interinos que en la actualidad se desempeñan en
puestos vacantes, se les conservarán los derechos adquiridos hasta
que finalice su último nombramiento.

      6.13. De conformidad con el artículo 5º de la Ley de Salarios
del Poder Judicial, la reasignación propuesta en este informe
quedará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la institución;
de igual manera y en apego al numeral 6º de la misma norma
jurídica, debe condicionarse al período fiscal en que el cambio sea
posible aplicarlo.

     6.14. Finalmente, y a tenor de lo señalado por el Consejo de
Personal, se hace la salvedad de que la modificación presupuestaria
propuesta en este informe, quedará condicionada al período fiscal en
que sea posible aplicarla, ya que la Dirección Nacional de
Presupuesto ha fijado calendario para los decretos ejecutivos, cuya
última modificación fue en el mes de julio del presente año.”

      Sobre el particular, el acuerdo del Consejo de Personal fue el
siguiente:

      1-Aprobar las recomendaciones 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10
del informe del Departamento de Personal.

      2- Trasladar el contenido del presente acuerdo a las Salas de
la Corte con la manifestación de que la clasificación técnica que
corresponde a las distintas labores que ejecutan los Profesionales en
Derecho debe ajustarse de conformidad con lo que señala la
recomendación 6.1. del informe. Por tal razón, a lo interno de cada
Sala, deben tomarse las acciones necesarias para ajustar la
estructura y organización de cada una de ellas conforme a esa
clasificación, sin demérito de los derechos adquiridos de quienes
ocupan dichos cargos en la actualidad.”
                                                                                               288


              Dicho acuerdo fue puesto en conocimiento de los interesados,
         quienes hicieron sus manifestaciones en el plazo otorgado.

              II. La Sección de Análisis de Puestos presenta el informe SAP-
         132-2008, del cual se transcriben los apartados de mayor relevancia:

               ORIGEN DEL ESTUDIO

               1.1 Mediante informe N° IDH-122-06, la Sección de
         Investigación y Desarrollo del Departamento de Personal rinde el
         estudio1 referente a los puestos de Profesional en Derecho adscritos
         a las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia.

               En esa oportunidad entre otras recomendaciones se sugirió
         clasificar los puestos de conformidad con el proceso en que
         participaran, para lo cual se presentó la siguiente propuesta:

                          Categoría del Profesional en Derecho,
                           según el proceso en que participe.

                               Área                       Clasificación Puesto
                  Resolución de Fondo                    Profesional Derecho 3
                  Admisibilidad                          Profesional Derecho 2
                  Centro            Información
                                                         Profesional Derecho 1
                  Jurisprudencial
                  Pág. Web, y / o Revista                Profesional Derecho 1



              El informe citado fue conocido por el Consejo de Personal en
         sesión N° 24, celebrada el 02 de octubre del año 2006, artículo VI.
         En ésta sesión se acuerda:

                “1-Aprobar las recomendaciones 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, y 6.10
         del informe del Departamento de Personal. 2- Trasladar el contenido
1
 El estudio se realizó de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en la sesión
de Trabajo de Presupuesto 2007, celebrada el 29 de marzo de 2006, artículo VI. Si bien es cierto en
esa oportunidad se recomendó revisar la clasificación del puesto N° 102120 de Auxiliar Judicial 3B,
dado que estaba realizando funciones en el área de Admisibilidad de la Sala Primera, este
Departamento al determinar la existencia de diferentes “áreas funcionales” donde se ubicaban los
puestos de Profesional en Derecho por la facultad que le concede el Estatuto de Servicio Judicial
estimó oportuno efectuar una valoración integral de las diferentes tareas y responsabilidades que
ejecutan los Profesionales en Derecho dentro de las Salas de la Corte.
                                                                         289


del presente acuerdo a las Salas de la Corte con la manifestación de
que la clasificación técnica que corresponde a las distintas labores
que ejecutan los Profesionales en Derecho debe ajustarse de
conformidad con lo que señala la recomendación 6.1. del informe.
Por tal razón, a lo interno de cada sala, deben tomarse las acciones
necesarias para ajustar la estructura y organización de cada una de
ellas conforme a esa clasificación, sin demérito de los derechos
adquiridos de quienes ocupan dichos cargos en la actualidad. “

     Dicho acuerdo fue comunicado a los interesados mediante
correo electrónico, en el cual se les brindó un plazo de tres días
hábiles para que se pronunciaran con respecto al informe citado.

     Las manifestaciones planteadas contra lo resuelto fueron
presentadas    por los Profesionales en Derecho de la Sala
Constitucional específicamente de las áreas de: Admisión de
Amparos y Hábeas Corpus, Admisibilidad de Asuntos de
Constitucionalidad y Centro de Información.

     Asimismo la Magistrada Anabelle León Feoli y el Magistrado
Orlando Aguirre presentaron sus observaciones al respecto.

     1.2 Por otra parte en la sesión de Corte Plena N° 33-07,
efectuada el 17 de diciembre del año 2007, artículo XXXIV, entre
otros puntos se acordó: ...”se acoge la propuesta de la Magistrada
Villanueva, para que el Departamento de Personal realice el
respectivo estudio, a fin de determinar si por las funciones que tiene
a su cargo, es conveniente reasignar los cargos de los Letrados y
Letradas.”

      No obstante lo anterior y dado que por diversos motivos a la
fecha no se han resuelto las manifestaciones presentadas por los
recurrentes y en virtud de que Corte Plena solicitó la revisión de los
puestos de Profesional en Derecho (Letrados) destacados en las
diferentes Salas de la Corte este Departamento considera
conveniente realizar una nueva revisión integral de los mismos a fin
de establecer lo que corresponda.

     Por otra parte cabe indicar que este estudio se realizó tomando
en consideración las manifestaciones planteadas en su momento por
los Profesionales en Derecho de las Salas, las cuales se derivan del
estudio N° IDH-122-06.
                                                                         290


     VIII CONCLUSIONES

      8.1 Las Salas de Casación son órganos jurisdiccionales de
máxima jerarquía conocen los últimos recursos de un proceso,
después de lo que en ellas se resuelva no hay otra posibilidad.
Asimismo, los pronunciamientos que se emiten hacen
jurisprudencia que es guía para que los Juzgados y Tribunales
emitan sus fallos.

      8.2 La Sala Constitucional por su parte debe de resolver en
una única instancia el conflicto que se plantea así como establecer si
es o no de relevancia constitucional y si se dio la violación o no de
los derechos alegados.

     8.3 Los efectos de las sentencias de constitucionalidad
emitidas por la Sala Constitucional son “erga omnes”, es decir es
un efecto de aplicación general que vincula a toda la población
nacional, excepto para la misma Sala.

      8.4 Algunas de las Salas de la Corte para un mejor
desarrollo de las actividades derivadas del accionar del despacho se
han organizado en áreas de trabajo informales, en las cuales se
destacan puestos de la clase de Profesional en Derecho que atienden
los procesos de admisibilidad o elaboración de borradores
preliminares de proyectos de resolución. No obstante cabe reiterar
que lo anterior obedece a una organización interna, dado que de no
estar organizadas de esa forma las personas que se ubican en
esas plazas analizarían tanto las admisibilidades de los recursos
así como la resolución de los recursos de casación o revisión; tal y
como sucede en la Sala Tercera, en donde los Profesionales en
Derecho ejecutan ambas actividades.

      8.5 La creación de áreas informales en la Salas de la Corte
ha permitido una atención especializada de tareas que se ajustan a
las necesidades específicas de cada una de ellas.

     8.6 Las áreas de admisibilidad funcionan como un filtro que
permite resolver la entrada de los asuntos con mayor celeridad
logrando hacer efectivo el principio de justicia pronta y cumplida.

      8.7 Los procesos de admisión aplicados en cada una de las
Salas presentan particularidades propias de conformidad con las
leyes que regulan las materias que se tramitan en ellas; sin embargo,
                                                                        291


quienes laboran en ésta área deben de efectuar la respectiva
valoración y análisis del caso y emitir su criterio con respecto a la
admisibilidad o inadmisibilidad del recurso.

      8.8 Revisadas la tareas típicas establecidas en el Manual
Descriptivo de Clases de Puestos para la clase ancha de Profesional
en Derecho 3, clase angosta Abogado Asistente 3 y comparadas por
las descritas por los ocupantes de éstos cargos en el Cuestionario de
Clasificación y Valoración de Puestos, así como las mencionadas en
las entrevistas efectuadas para tal efecto se concluye que las mismas
se encuentra en apego a las que establece el Manual para éste tipo
de puestos.

      8.9 La clase angosta de Abogado Asistente 3, dentro de sus
tareas típicas comprende la “coordinación de equipos de trabajo
cuando así sea requerido”, razón por la cual ésta actividad no
cambia el accionar del puesto.

      8.10 Analizadas las tareas que ejecutan los Profesionales en
Derecho, adscritos a las Salas de la Corte, se concluye que a pesar
de estar destacados en procesos diferentes (admisibilidad o de
elaboración de borradores preliminares de proyectos de resolución),
la labor sustantiva de los mismos se circunscribe en asistir a un
Magistrado en labores profesionales de índole jurídico con el fin de
que ellos puedan agilizar los procesos que tienen a su cargo; por tal
motivo la complejidad, variedad y responsabilidad de las funciones
que ejecutan son similares; por lo tanto los Profesionales ubicados
en estos dos procesos deben de ostentar la misma categoría salarial.

      8.11 El Magistrado de una Sala es el instructor de los
procesos y redactor de las sentencias dictadas, votos salvados y
notas a las resoluciones emitidas por la Salas. No obstante, los
Profesionales en Derecho son asesores profesionales encargados de
colaborar con el Magistrado proponiéndole soluciones jurídicas a
los diversos procesos a cargo del Instructor. Por lo cual, les
corresponde elaborar los borradores de los proyectos de sentencia
conforme a lineamientos emitidos, mismos que serán revisados,
analizados y eventualmente modificados por el Magistrado antes de
ser llevados a discusión a la Sala.

     8.12 La función que realizan los profesionales en derecho de
las Salas indiferentemente del área en la cual estén asignados
requieren de la continua aplicación de criterios técnico jurídicos
                                                                         292


para plantear las propuestas de resolución que en derecho
corresponda.

     8.13 La labor del Profesional en Derecho descansa en la
responsabilidad de plasmar de la manera más fiel y exacta los
reclamos planteados por los recurrentes y proponer una respuesta
correcta según la ley y los procedentes jurisprudenciales.

      8.14 Los ocupantes de los puestos de Profesional en
Derecho, deben de poseer visión y criterio amplio, buen manejo e
interpretación de las normas para aplicarlas a determinada situación
así como dominio de los criterios de admisibilidad y línea
jurisprudencial aplicadas en las Salas y mantenerse actualizados en
los temas, leyes, reglamentos, propios de su actividad.

      8.15 Los errores que se cometan en el ejercicio de su función
son subsanables dado que su trabajo previamente a ser sometido a
discusión por la Sala en pleno, es revisado por el Magistrado
instructor así como por el resto de los Magistrados integrantes de la
misma.

      8.16 La clase de Profesional en Derecho 3, se encuentra
ubicada dentro del escalafón más alto de dicha serie, su base salarial
es de ¢668.200,00; valoración que se encuentra a nivel de un Juez 3,
a quien le corresponde la “Resolución de los asuntos judiciales
sometidos a su conocimiento, de acuerdo con las disposiciones de
Ley”.

     8.17 Los Profesionales en Derecho 3, ostentan un plus por
concepto de “Responsabilidad por el Ejercicio de la Función
Judicial” (R.E.F.J) del 26%; porcentaje que supera en un 8% al que
ostentan los niveles 2 y 1 de dicha serie y que se encuentra
reservado para otro tipo de cargos cuyas características sean a nivel
de Jefaturas Departamentales, Direcciones Generales, entre otros.

      8.18 Analizados los factores organizacionales, naturaleza de
trabajo, tareas típicas, que caracterizan a las clases de puestos de
Profesional en Derecho y Juez 4, se concluye que no existe un nivel
de comparación entre una y otra que justifique que los cargos
sujetos a estudio deban poseer la misma categoría salarial.

     8.19 La información descrita, el análisis de los factores
organizacionales y las comparaciones realizadas en este estudio
                                                                                      293


           permiten concluir que no existe un cambio sustancial y permanente
           en las tareas y responsabilidades del puesto; toda vez que lo
           sustantivo de estos cargos radica en la ejecución de labores jurídicas
           a nivel profesional, mismas que se orientan a asistir a un
           Magistrado en la elaboración de los borradores preliminares de los
           proyectos de admisión, casación o revisión; situación que no se ha
           modificado según se desprende del análisis de las funciones
           ejecutadas por las ocupantes de los cargos, pues las mismas no han
           sufrido una variación sustancial en su naturaleza; es decir los
           puestos que ocupan los Profesionales en Derecho de las Salas se
           ajustan a la clasificación actual, con lo cual no habría justificación
           para proceder a un cambio en su clasificación o valoración.

                 IX    RECOMENDACIONES

                 9.1 Dado que el Departamento de Planificación actualmente
           se encuentra realizando el estudio de estructura a los Centros de
           Información ubicados en las diferentes Salas, según lo dispuestos
           por el Consejo Superior en Reunión de Trabajo de Presupuesto
           2007, se recomienda mantener la clasificación de los puestos que se
           encuentran realizando funciones en los “Centros de Información” de
           cada Sala y esperar los resultados del informe de estructura que esta
           realizando el ente competente en materia organizacional para
           proceder con lo que corresponda.

                 Los puestos adscritos a esa área (Centro de Información) se
           detallan a continuación.
    Despacho           Puesto          Clase ancha         Clase angosta       Salario base
                                      Profesional en       Profesional en
Sala Primera           103652                                                   668.200,00
                                        Derecho 3            Derecho 3
                                      Profesional en       Profesional en
Sala Segunda           109769                                                   668.200,00
                                        Derecho 3            Derecho 3
                                      Profesional en       Profesional en
Sala Tercera           350105                                                   551.000,00
                                        Derecho 1            Derecho 1
Sala                                  Profesional en       Profesional en
                       14871                                                    668.200,00
Constitucional                          Derecho 3            Derecho 3
Sala                                  Profesional en       Profesional en
                       350108                                                   668.200,00
Constitucional                          Derecho 3            Derecho 3
Sala                                  Profesional en       Profesional en
                       55430                                                    551.000,00
Constitucional                          Derecho 1            Derecho 3
Sala                                  Profesional en       Profesional en
                       14879                                                    551.000,00
Constitucional                          Derecho 1            Derecho 3
Sala                                  Profesional en       Profesional en
                       92390                                                    551.000,00
Constitucional                          Derecho 1            Derecho 3
Sala                   47019          Profesional en       Profesional en       551.000,00
                                                                                                          294


    Constitucional                                Derecho 1                Derecho 3


                       9.2 A la luz de cada una de las manifestaciones presentadas
                 por los profesionales en Derecho, la Magistrada Anabelle León
                 Feoli y el Magistrado Orlando Aguirre contra el estudio IDH-122-
                 06, así como la gestión de reasignación solicitada por la Magistrada
                 Zarella Villanueva, se recomienda mantener la clasificación de la
                 clase ancha de de “Profesional en Derecho 3”, clase angosta
                 “Abogado Asistente 3”, dado que a raíz del análisis efectuado en
                 este informe se comprobó que no existe justificación para clasificar
                 este tipo de puestos de acuerdo al proceso en que se ubiquen, e
                 igualmente se determinó que no existen elementos técnicos para
                 variar la clasificación o valoración de estos puestos, por cuanto no
                 se presentan cambios sustanciales y permanentes en las tareas ni en
                 los niveles de responsabilidad, complejidad y dificultad.

                       La naturaleza funcional y valoración de esta clase es la
                 siguiente:
       Naturaleza de          Clase ancha       Clase ancha     Salario base     Salario base        Categoría
          Trabajo                actual          propuesta         actual         propuesto           Salarial
  Ejecución de labores
  jurídicas    de     nivel                                                                            1687
  profesional      y     de   Profesional en Profesional en
                                                                    668.200,00       668.200,00
  asistencia para alguna        Derecho 3      Derecho 3
  de las Salas de la Corte.


                       9.3    Reasignar los puestos que se indican a continuación a la
                 clase ancha de Profesional en Derecho 3, según el siguiente detalle:

                                Clase ancha         Clase ancha        Salario base Salario base        Diferencia
   Despacho          Puesto
                                   actual            propuesta            actual     propuesto
                               Profesional en      Profesional en                    668.200,00         61.600,00
Sala Primera         102120                                             606.600,00
                                 Derecho 2           Derecho 3
Sala                           Profesional en      Profesional en                       668.200,00      61.600,00
                     110086                                             606.600,00
Constitucional                   Derecho 2           Derecho 3
Sala                           Profesional en      Profesional en                       668.200,00      117.200,00
                     46965                                              551.000,00
Constitucional                   Derecho 1           Derecho 3
Sala                           Profesional en      Profesional en                       668.200,00      117.200,00
                     92391                                              551.000,00
Constitucional                   Derecho 1           Derecho 3


                       9.4   Aprobar la actualización del Perfil Ocupacional de la
                 clase angosta de “Abogado Asistente 3”, clase ancha “Profesional
                 en Derecho 3” tal y como se detalla en el anexo 1.
                                                                                                 295




                 9.5 El costo asociado a los cambios propuestos es de
            ¢953.003,84 mensual y ¢11.436.046,08 anual. Ver detalle en anexo
            No. 2.

                                           ANEXO N° 1

                  I.     IDENTIFICACION DEL PUESTO

TITULO DEL PUESTO: Abogado Asistente 3


                  II.     CONTENIDO

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecución de labores jurídicas de nivel profesional y de asistencia para alguna
de las Salas de la Corte.




                  III.    TAREAS TIPICAS
  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

 Asistir a un Magistrado en la confección de los borradores preliminares de los proyectos de
  Admisibilidad, Casación o Revisión, Recursos de Habeas Corpus, Amparos, Acciones de
  Constitucionalidad, Consultas Legislativas, así como proponer soluciones jurídicas a los mismos.

 Asistir a un Magistrado en asuntos propios de la Sala tales como: contestación de Recursos de
  Amparo, consultas, revisión de proyectos de ley, entre otros.

 Asistir a un Magistrado en trabajos de investigación para el correcto estudio y análisis de asuntos
  jurídicos.

 Redactar el borrador del anteproyecto de sentencia.

 Preparar los borradores de las gestiones que ingresan posteriores a las sentencias con el fin de
  determinar si en la misma se hace necesario corregir, adicionar, aclarar, dar audiencia por
  incumplimiento, ejecutar, testimoniar, entre otros.

 Estudiar de manera preliminar los expedientes que ingresan para resolución.

 Efectuar resúmenes y esquemas de los asuntos en estudio.

 Dar el trámite respectivo a los expedientes asignados.

 Analizar el caso en concreto, formarse un criterio sobre el tema a estudiar y proponer una
  solución al mismo.
                                                                                                         296



 Buscar, revisar y estudiar jurisprudencia, datos doctrinales, normativa aplicable, códigos, leyes,
  reglamentos, entre otros, que sirvan de base para ilustrar la posible propuesta de solución del
  caso.

 Realizar los ajustes respectivos al anteproyecto de sentencia.

 Redactar proyectos alternos y de votos salvados.

 Realizar estudios jurídicos sobre diversos temas.

 Redactar machotes de resoluciones sobre algún tema en específico.

 Colaborar con la organización de actividades académicas de capacitación y de difusión tales
  como: conferencias, seminarios, talleres, publicaciones, etc.

 Elaborar artículos sobre diversos temas con la finalidad de que sean publicados en al página Web.

 Atender y resolver consultas relacionadas con los asuntos propios de la Oficina según lo permita la ley.

 Llevar y mantener actualizados los controles que sean requeridos para el desarrollo de su
  función.

 Coordinar equipos de trabajo cuando así sea requerido.

 Rendir informes diversos.

 Realizar otras labores propias del cargo.


               IV. RESPONSABILIDADES                                     Y              OTRAS
            CONDICIONES


   Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones generales y precisas así como los procedimientos
   legales establecidos. Debe guardar absoluta discreción en relación con los asuntos que se le
   encomienden. Prestar los servicios cuando sean requeridos. La actividad le demanda esfuerzo mental,
   mantenerse actualizado en los conocimientos y técnicas propias de su especialidad. Le puede
   corresponder coordinar el trabajo de un área específica. Su labor es evaluada mediante la eficiencia y
   eficacia obtenidas en el cumplimiento de los objetivos asignados y la comprobación de la calidad de
   los resultados obtenidos.



                   V.      CARACTERÍSTICAS PERSONALES
        Habilidad analítica y de síntesis.
        Destreza para expresarse y redactar en forma clara y concreta.
        Juicio y criterio para el análisis y aplicación de principios teóricos y prácticos de su profesión.
        Tolerancia y respeto hacia las opiniones de los demás.
                                                                                                    297


        Capacidad de razonamiento teórico práctico para hacer descender la teoría y los postulados a
         soluciones prácticas y justas en cada caso.
        Vocación jurídica de encontrar el significado y propósito a cada norma de derecho y saber darles
         la respectiva aplicación según su finalidad.
        Capacidad para trabajar bajo presión y en cumplimiento de plazos establecidos.
        Disposición para trabajar en equipo para lograr un objetivo común.

                   VI.     REQUISITOS Y OTROS REQUERIMIENTOS:

                                                                     Bachiller en Educación Media
                                          Nivel académico            Licenciado
     Formación académica
                                    Disciplinas académicas-áreas       Derecho
                                              temáticas
     Requisito legal                                                 Incorporado al Colegio de Abogados
                                                                     de Costa Rica
     Experiencia                                                     Requiere un mínimo de dos años de
                                                                     experiencia         en       labores
                                                                     relacionadas con el cargo.
     Otros requerimientos                                            Manejo de de los ambientes
                                                                     computarizados y los sistemas de
                                                                     información existentes en el área de
                                                                     trabajo.

                VII. DESCRIPCIÓN                       DE     CLASE        DE     PUESTO
            ESPECÍFICA PARA:
                                                                   CLASE DE PUESTO
DESPACHOS                                                      Ancha              Angosta
Sala Primera
Sala Segunda
                                                       Profesional en Derecho 3     Abogado Asistente 3
Sala Tercera
Sala Constitucional

                                          ANEXO N° 2
                                Detalle del Costo Presupuestario

             02 puestos de Profesional en Derecho 2 que pasan a Profesional en Derecho 3

                                     Clasificación        Clasificación    Diferencia      Diferencia
                                         actual             propuesta       mensual          anual
                                     Profesional en       Profesional en
    Título del puesto                  Derecho 2            Derecho 3
    Salario Base                          606.600,00           668.200,00   61.600,00       739.200,00
    Anuales (12)                          170.694,96           185.125,68   14.430,72       173.168,64
    REFJ 18% -26%                         109.188,00           173.732,00   64.544,00       774.528,00
    Dedicación exclusiva 65%              394.290,00           434.330,00   40.040,00       480.480,00
    Puntos de carrera profesional          33.140,00             33.140,00        0,00            0,00
                                                                                        298


20
TOTAL POR PUESTO
                                 ¢1.313.912,96      ¢1.494.527,68 ¢180.614,72 ¢2.167.376,64
TOTAL GENERAL 02
PUESTOS                          ¢2.627.825,92      ¢2.989.055,36 ¢361.229,44 ¢4.334.753,28


         02 puestos de Profesional en Derecho 1 que pasan a Profesional en Derecho 3

                                Clasificación     Clasificación   Diferencia    Diferencia
                                    actual          propuesta      mensual        anual
                                Profesional en    Profesional en
Título del puesto                 Derecho 1         Derecho 3
Salario Base                         551.000,00        668.200,00 117.200,00    1.406.400,00
Anuales (12)                         157.170,48        185.125,68  27.955,20      335.462,40
REFJ 18% -26%                         99.180,00        173.732,00  74.552,00      894.624,00
Dedicación exclusiva 65%             358.150,00        434.330,00  76.180,00      914.160,00
Puntos de carrera profesional
20                                   33.140,00          33.140,00        0,00          0,00
TOTAL POR PUESTO                 ¢1.198.640,48      ¢1.494.527,68 ¢295.887,20 ¢3.550.646,40
TOTAL GENERAL 02
PUESTOS                          ¢2.397.280,96      ¢2.989.055,36 ¢591.774,40 ¢7.101.292,80


                                      %%%%%


              Tanto la Magistrada Varela y el Dr. León señalan que no
        encuentran razones objetivas para distinguir y otorgar una
        clasificación distinta entre aquellos Profesionales en Derecho de la
        Sala Constitucional que trabajan en Admisibilidad, ya que si bien es
        cierto en algunos casos deben analizar aspectos de fondo, éstos se
        refieren a asuntos simples, sin formalidades especiales, en donde
        reiteradamente ha resuelto la jurisprudencia y/o son
        manifiestamente improcedentes. Estos a su vez pueden ser
        comparables con los Profesionales dedicados a la resolución de
        fondo. Clasificarlos en la misma forma crearía un desequilibrio
        entre los funcionarios que trabajan en Admisibilidad los que se
        ocupan de Resoluciones de Fondo de las Salas, incluyendo a la
        Constitucional. Por otro lado, en relación con el salario de estos
        cargos, se coincide con la posición del informe en el sentido de que
        no han cambiado las tareas y responsabilidades para que se
        amerite un reajuste salarial, máxime que estos cargos siempre han
        tenido una relación similar entre el Juez 3 con el Profesional en
        Derecho 3, y no resulta justo ni proporcional incrementar el salario
        de éstos últimos, que no poseen las mismas características en cuanto
        a responsabilidad (administrativa y civil) consecuencia del error,
                                                                         299


carga de trabajo, etc. Del mismo modo, conociendo que ya el
Consejo Superior solicitó un estudio del sector jurisdiccional, es
preciso conocer la ubicación salarial de los cargos de Juez para
valorar la situación de la serie de Profesionales en Derecho, ya que
si bien es cierto no puede decirse que deban tener similares salarios,
la Institución ha emitido políticas salariales orientadas a que exista
consistencia entre ambos grupos de cargos (Juez 3 y el Profesional
en Derecho 3).

     Luego de un intercambio de criterios se acordó:

     1- Mantener lo resuelto en la sesión celebrada el 02 de octubre
de 2006, artículo VI, en relación con el punto 6.1 del informe N°
IDH-122-2006, en el sentido de clasificar los puestos de Profesional
en Derecho destacados en las diferentes Salas de la Corte de
conformidad con el proceso en que participen según el siguiente
esquema:


              Categoría del Profesional en Derecho
               según el proceso en que participe

                    Área                     Clasificación Puesto
    Resolución de Fondo                  Profesional Derecho 3
    Admisibilidad                        Profesional Derecho 2
    Centro Información Jurisprudencial   Profesional Derecho 1
    Pág. Web, y / o Revista              Profesional Derecho 1


      En aquellos casos en los cuales al aplicar el esquema citado,
las reasignaciones correspondan a una categoría inferior a la que
ostentan, se respetarán los derechos adquiridos a los ocupantes de
los puestos en su condición de propietarios, por lo que no tendrán
ninguna afectación salarial. Para tales efectos la Sección de
Análisis de Puestos deberá coordinar una vez aprobado este
informe por el Consejo Superior con los Presidentes de las Salas
sobre la ubicación de los cargos que se destacan en los procesos de
Admisibilidad y Resolución de Fondo, a fin de que se realicen los
ajustes respectivos.

     2- En relación con los puestos ubicados en los Centros de
Información una vez que el Departamento de Planificación resuelva
lo correspondiente, el Departamento de Gestión Humana, deberá
                                                                                 300


       proponer    las    recomendaciones     derivadas   del   estudio
       correspondiente de conformidad con el esquema planteado.

             3- Aprobar del informe SAP-132-2008 la recomendación
       vertida en el punto 9.2, respecto a mantener la valoración de los
       cargos incluidos dentro de la clase ancha de de Profesional en
       Derecho 3”, clase angosta “Abogado Asistente 3”, dado que a raíz
       del análisis efectuado en el informe de cita se comprobó que no
       existe justificación para clasificar este tipo de puestos de acuerdo al
       proceso en que se ubiquen, e igualmente se determinó que no
       existen elementos técnicos para variar la clasificación o valoración
       de estos puestos, por cuanto no se presentan cambios sustanciales y
       permanentes en las tareas ni en los niveles de responsabilidad,
       complejidad y dificultad.”
                                        -0-

      Se dispuso: Acoger lo resuelto por el Consejo de Personal en el acuerdo

anteriormente transcrito, en consecuencia: 1.) Clasificar los puestos de

Profesional en Derecho destacados en las diferentes Salas de la Corte Suprema

de Justicia, de conformidad con el proceso en que participen, es decir, para las

áreas de Resolución de Fondo, Admisibilidad, Centro de Información

Jurisprudencial y Página Web y/o Revista, las clasificaciones serán de la

siguiente manera: Profesional en Derecho 3, Profesional en Derecho 2 y las

dos últimas Profesional en Derecho 1. Lo anterior en el entendido, que se le

respetarán los derechos adquiridos a los servidores propietarios cuando la

reasignación corresponda a una categoría inferior a la que ostentan. 2.) Estar a

la espera del estudio solicitado al Departamento de Planificación, en la sesión

de este Consejo en Reunión de Trabajo de Presupuesto 2007, relacionado con

los puestos ubicados en los Centros de Información Jurisprudencial. 3.)
                                                                            301


Mantener la valoración de los cargos incluidos dentro de la clase ancha de

Profesional en Derecho 3, clase angosta “Abogado Asistente 3”, por cuanto no

se presentan cambios sustanciales y permanentes en las tareas ni en los niveles

de resposabilidad, complejidad y dificultad.

      Las Salas Primera, Segunda, Tercera y Constitucional y el

Departamento de Personal, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                            ARTÍCULO XLVII

      En sesión Nº 94-04 celebrada el 7 de diciembre del 2004, artículo

XXVIII, se acogió lo dispuesto por el Consejo de Personal, según acuerdo

tomado en la sesión del 21 de setiembre del 2004, artículo VIII y se rechazó la

gestión para reconocer el aumento del plus por concepto de disponibilidad y

variación de jornada, de un 20% a un 40%, para los auditores investigadores

de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de

Investigación Judicial. Lo anterior por cuanto luego del análisis efectuado por

la Sección de Investigación y Desarrollo del Departamento de Personal, se

determinó que dicho incremento no les corresponde, y que el 20% que se les

reconoce es el justo en atención a las labores que en algunas ocasiones les

corresponde realizar, fuera de la jornada ordinaria o en diligencias de

investigación.
                                                                               302


      Posteriormente, en sesión Nº 33-08 del 6 de mayo del año en curso,

artículo XXVII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “Mediante oficio N° 2207-08 del 10 de marzo del año en
       curso, la Secretaria General, licenciada Silvia Navarro Romanini,
       solicitó al Departamento de Personal, un informe sobre lo
       manifestado por los señores Alexander Vargas Araya, William
       Peralta Villalta y William Solano Jiménez, servidores de la Sección
       de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial, en
       nota de 6 de marzo último, que literalmente dice:

            "..., con el debido respeto presentamos la siguiente solicitud.

            Por considerar que laboramos y experimentamos condiciones
       similares al sector policial que conforman las diferentes secciones
       del Organismos de Instigación Judicial, presentamos ante ese
       honorable Consejo, la siguiente petitoria:

             (1) Nos sea aprobado el pago del aumento hecho a los
       investigadores del 20% al 40% sobre el plus salarial de riesgo,
       reconocido por Corte Plena al sector policial y Jefaturas del O.I.J a
       partir del primero de enero del 2002.

            (2) Se ordene al Departamento de Personal, incluir a la mayor
       brevedad posible, el pago de ese porcentaje, a partir del primer
       nombramiento realizado a cada uno en forma particular.

             (3) En caso de ser denegada tal gestión, damos por agotada la
       vía administrativa."
                                      -0-
             Con relación a lo anterior, los máster Francisco Arroyo
       Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y la licenciada Maria Gabriela
       Mora Zamora, por su orden Jefes del Departamento de Personal,
       Desarrollo Humano y Análisis de Puestos, en oficio N° SAP -133-
       2008 de 24 de abril último, comunican lo siguiente:

            "... Con respecto a lo anterior, nos permitimos indicar que esta
       Sección presentó el día 25 de marzo del 2008 ante la Secretaría del
       Consejo de Personal, el informe en el que se da respuesta al oficio
       N° 2207-08 de fecha 10 de marzo del 2008, suscrito por el señor
       Walter Vargas Calderón en calidad de Prosecretario General y en el
       que solicita que en el término de un mes contado a partir del
                                                                               303


       recibido de la comunicación (12 de marzo) se atiendan las
       peticiones de los señores Alexander Vargas Araya, William Peralta
       Villalta y William Solano Jiménez, todos servidores de la Sección
       de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de
       Investigación Judicial; no obstante lo anterior es importante indicar
       que la última sesión del Consejo de Personal, los señores miembros
       acordaron devolver a la Sección de Análisis de Puestos el informe
       para que se amplíen algunos puntos. Es así que una vez que se
       cumpla con los procedimientos establecidos será trasladado a dicho
       Consejo."
                                        -0-
             Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y estar a
       la espera del informe solicitado en el oficio de referencia.”
                                       -0-

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, en oficio Nº 1034-JP-2008 de 8 de setiembre último, recibido por

correo electrónico el 26 de ese mes, comunicó el acuerdo tomado por el

Consejo de Personal, en sesión N° 18-2008 celebrada el 21 de agosto del año

en curso, artículo X, que literalmente dice:

            “…La Sección de Análisis de Puestos en Informes SAP-274 y
       106-2008 señala:

             SAP-274-2008:

             Con la finalidad de que sea conocido por el Consejo de
       Personal y en atención a la solicitud verbal de algunos integrantes
       del Consejo de Personal, respeto a que se amplíe lo indicado en el
       informe SAP-106-2008 en el cual se atiende la gestión presentada
       por los señores Alexander Vargas Araya, William Peralta Villalta y
       William Solano Jiménez, todos servidores de la Sección de Delitos
       Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial,
       nos permitimos informarle lo siguiente:

            Los servidores de la Sección de Delitos Económicos y
       Financieros por considerar que laboran y experimentan condiciones
                                                                         304


similares al escalafón policial en reiteradas ocasiones han solicitado
lo siguiente:

             Les sea aprobado el pago del aumento hecho a los
investigadores del 20% al 40% sobre el plus salarial de riesgo,
reconocido por Corte Plena al sector policial y Jefaturas del O.I.J. a
partir del primero de enero del 2002.

         Se ordene al Departamento de Personal, incluir a la
mayor brevedad posible, el pago de ese porcentaje, a partir del
primer nombramiento realizado a cada uno en forma particular.

           En caso de ser denegada tal gestión, darnos por agotada
la vía administrativa.”

      Previo, al recuento de los pronunciamientos de los órganos
superiores respecto a dicha solicitud, a continuación se detallan los
sobresueldos aprobados para el sector policial que han dado origen a
tan reiterada petición.

      1. Corte Plena, en sesión del 19 de octubre de 1992, artículo
XXX., con el fin de reconocer las condiciones de trabajo del
personal que integra el escalafón policial acordó compensar de
manera integral el riesgo, la disponibilidad y la variación de
jornada, aprobando y reconociendo un 20% sobre el salario base
para los investigadores del Organismo de Investigación Judicial, tal
y como a continuación se detalla:

      “Punto B)- El sobresueldo que se reconoce no es por
prohibición, sino por el riesgo o peligrosidad por la naturaleza
del servicio, por disponibilidad y por la variación de la jornada, en
el entendido de que la Ley de Presupuesto se usará sólo la última
expresión, ya que existe en ella. Ese sobresueldo se fija en el veinte
por ciento al salario base, también en el entendido que se
reconocerá solamente a los investigadores y mientras se
mantengan como tales, ya que cesará cuando cambian la actividad”.
(Informe CV-174-99)

    Dicho sobresueldo corresponde al primer reconocimiento que
la Institución otorgó al personal de investigación, cuyos
componentes se exponen a continuación:
                                                                        305


Cada uno de los componentes de dicha compensación se definen a
continuación:

     Disponibilidad

      Según las definiciones aprobadas por la Dirección General del
Organismo de Investigación Judicial, la disponibilidad dentro de
este cuerpo policial se refiere al:

      “…el período durante el cual el servidor se encuentra en
la obligación de acudir al llamado de su patrono para ejecutar
labores propias de su cargo, fuera de su jornada y horario
normal de trabajo”.

      Corte Plena en la sesión Nº 19-2001 celebrada el 18 de junio
del 2001, artículo XLII, estableció la procedencia del pago de la
disponibilidad. Del cual se deduce que el monto absoluto o el
porcentaje sobre el salario base por disponibilidad, remunera el
sacrificio y la obligación del empleado por estar disponible,
localizable y en la obligación de asistir a laborar sin demora dentro
de un plazo razonable.

     Variación de Jornada

      Se entiende por variación de jornada, como la situación
laboral de aquel trabajador que debe prestar sus servicios en
diferentes turnos rotativos.

      “La variación de jornada y el horario de trabajo
comprenderá la posibilidad que tiene el patrono de modificar
los turnos y los horarios de trabajo del servidor, de acuerdo con
las necesidades de cada oficina”.

      El Consejo Superior en sesión celebrada el 14 de agosto de
1995, artículo LXXXVII, respecto a la variación de jornada, indicó
lo siguiente:

     “…el sobresueldo que actualmente se paga a los citados
funcionarios cubre una jornada laboral semanal de sesenta horas
máximo. Que en consecuencia, cuando alterándose los roles
correspondientes, uno de esos funcionarios deba trabajar por encima
de las sesenta horas semanales, debe reconocérsele el pago de las
respectivas horas extra”.
                                                                        306




     Expuesto lo anterior se tiene que el sobresueldo por variación
de jornada aplica cuando se trabaja en turnos rotativos, existe la
posibilidad patronal de variar en cualquier momento los turnos y
horarios de trabajo, así como el descanso y por la extensión de
jornada semanal a 60 horas.

     Riesgo

     El riesgo es una amenaza potencial a la salud del trabajador
proveniente de una desarmonía entre el trabajador, la actividad y las
condiciones inmediatas de trabajo que pueden materializarse y
actualizarse en daños ocupacionales.

     2. El Consejo Superior en las sesiones Nº 19 de 1998 y Nº 64
de 1999, aprobó el instrumento para la clasificación del grado de
riesgo en los puestos de trabajo el cual se detalla en el anexo Nº 1;
y definió como máximo el 10% del porcentaje de sobresueldo para
el riesgo. Quedando pendiente la definición del porcentaje
correspondiente a la disponibilidad y a la variación de la jornada.

      3. Corte Plena en las sesiones Nº 18 y Nº 19 del año 2001;
además de incrementar este reconocimiento salarial al 40%,
determinó los porcentajes correspondientes por cada concepto, de
manera que para la disponibilidad se reconocería un 10%, para la
variación de jornada un 20% y por riesgo un 10%, este último tal y
como se definió en el año 1998. Del mismo se deduce que este
plus salarial deberá reconocerse únicamente a la estructura de
puestos policiales, con inclusión de jefaturas y de aquellos otros
cargos en los que se hace indispensable poseer experiencia policial
para su desempeño.

      Así mismo se consideró dadas las condiciones particulares de
la actividad de investigación criminal, la necesidad de proceder con
su reglamentación y crear el instrumento técnico necesario para
compensar a cada puesto según la presencia de los factores o
exigencias, ya que en caso contrario se estaría remunerando sin
ninguna justificación valedera a todos por igual, encareciendo el
servicio y ante todo fomentando inequidades.

     Gestiones y acuerdos tomados respecto al aumento en el
sobresueldo concedido al sector policial
                                                                             307


     1.1 Mediante el informe Nº CV-398-93 del 27 de octubre
de 1993, la entonces Sección de Clasificación y Valoración de
Puestos, atendió la solicitud planteada por los Investigadores y
Auditores Supervisores de la Sección         de    Investigaciones
Contables, para que se les reconociera el 20% aprobado para los
investigadores del Organismo de Investigación Judicial.

     Del informe de cita se extraen las siguientes recomendaciones:

      “5.    RECOMENDACIONES.

       5.1. Desestimar la gestión presentada por los Auditores
Investigadores de la Sección de Investigaciones Contables por cuanto
el 20% que se reconoce al sector policial es para compensar: jornadas
extraordinarias, roles de disponibilidad, guardias y peligrosidad,
condiciones que no concurren cabalmente en el caso de los Auditores
Investigadores.

        5.2. Aclarar que la política institucional de otorgar un 20%
por "variación de jornada" se orienta a compensar la naturaleza de las
condiciones bajo las cuales se cumple la labor policial (jornadas
extenuantes, tiempo extraordinario, roles de disponibilidad, horario
rotativo, riesgo policial, etc.) y no por la orientación investigativa del
trabajo.

      5.3. Comunicar al personal de la Sección de Investigaciones
Contables que por el carácter técnico profesional de sus labores
conforme a la normativa vigente los únicos pluses aplicables en su
caso son "dedicación exclusiva" o en su momento "prohibición",
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en cada caso.

       5.4. Hacer ver a los gestionantes que aún cuando su trabajo
incluye labor de investigación es absolutamente distinto como la
naturaleza de las condiciones en que el mismo se realiza son
diferentes a las del sector policial del O.I.J.”

       1.2 Mediante informe Nº CV-174-99 de fecha 19 de abril de
1999, se atendió la solicitud interpuesta en diciembre de 1998, por
los funcionarios de la Sección de Investigaciones Contables del
Organismo de Investigación Judicial, quienes solicitaron un estudio
para analizar las condiciones de riesgo a las que están expuestos en
el desempeño de sus labores.
                                                                                          308


                Sin embargo, en el informe de cita se omite el análisis para
         identificar el grado o las condiciones de riesgo a las que podrían
         estar expuestos los Auditores Investigadores en el desarrollo de sus
         funciones, debido a la demanda interpuesta por los mismos contra el
         Estado, ante el Juzgado y el Tribunal de Trabajo y mediante la cual
         reclaman el pago del plus salarial sobre el salario base, de un 20%
         por concepto de riesgo, mismo que es devengado por el resto de los
         investigadores del Organismo de Investigación Judicial.

                Y retroactivamente el porcentaje sobre el salario base,
         contado a partir del 1ero de enero del año 1993 hasta la fecha en que
         se inicie el pago en forma regular, además del pago de los intereses
         correspondientes al retroactivo.2

                Dicho informe fue aprobado por el Consejo Superior en la
         sesión Nº 39-99 del 20 de mayo de 1999.

                De dicho informe es posible destacar lo siguiente:

                    El sobresueldo compensa además del riesgo, la
         disponibilidad y la variación de jornada.

                   Los Auditores tienen una jornada diurna similar a la del
         personal administrativo

                     En cuanto al factor riesgo se indicó la conveniencia de
         esperar el fallo de Casación, ya que el asunto fue elevado a la vía
         jurisdiccional.

                Al respecto, el Tribunal de Trabajo mediante la Sentencia
         Nº 0023 del 14 de enero del año 1999, condenó al Estado a pagar a
         los “Auditores Investigadores” un 20% sobre el salario base por
         concepto de riesgo o peligrosidad y jornada laboral, a partir del
         primero de enero del año 1993.Además se le condenó al pago de
         intereses sobre la suma adeudada al tipo fijado a los certificados de
         depósito a seis meses plazo, por el Banco Nacional de Costa Rica.
         Dicho pronunciamiento tuvo fundamento en el material probatorio
         aportado por los interesados, el cual según la sentencia refleja que
         sus funciones implican un riego o un peligro, además de cumplir
         una jornada particular.
2
  En primera instancia dicha demanda no fue resuelta favorablemente por el Juzgado de Trabajo,
interponiéndose apelación ante el Tribunal de Trabajo.
                                                                         309




       En sesión Nº 39-99 del 20 de mayo de 1999, el Consejo
Superior dispuso tener por rendido el informe CV-174-99 y
reconocer a los Investigadores de la Sección de Investigadores
Contables del organismo de Investigación Judicial, el plus
salarial denominado riesgo de peligrosidad en un 20% de sus
respectivos salarios, a partir del momento en que se cuente con
contenido presupuestario para ello.

       1.2 Mediante Oficio CV-188-2002 del 07 de mayo del
2002, la Sección de Clasificación y Valoración de Puestos, debido a
las diversas consultas respecto al sobresueldo del 40% reconocido
al sector policial y aprobado por Corte Plena en el año 2001.
Solicitó el criterio de las autoridades superiores respecto a si este
sobresueldo debe aplicarse total o parcialmente a los siguientes
puestos:

           Jefe de Cárceles y Transportes
           Jefe de Archivo Criminal
           Encargado de Prensa
           Jefe del depósito de Objetos
           Secretario general del OIJ
           Investigadores de la Defensa Pública
           Encargado de la Unidad de Antecedentes
           Auditor Investigador
           Auditor Supervisor
           Jefe de la Sección de Delitos Económicos y Financieros

       El Consejo Superior en sesión Nº 48-02 de 04 de julio del
año 2002, artículo XXXIV acordó acoger la recomendación del
Consejo de Personal, de conformidad con el informe que se da
cuenta y denegar el reconocimiento del plus salarial referido a los
servidores que ocupan los puestos indicados anteriormente.

       Por lo tanto, si bien es cierto estos cargos ya devengan un
20% como rubro general por disponibilidad, riesgo y variación de
jornada, también lo es el hecho de que la incidencia de dichos
factores es distinta en estos cargos que para el resto del personal de
investigación, por lo que el 20% adicional no puede efectuarse en
forma directa a estos puestos.

       1.4 En memorial presentado al Consejo Superior el 04 de
julio del año 2002, el Lic. Héctor Venegas Guzmán en su condición
                                                                       310


de Presidente de la Asociación de Profesional en Ciencias
Contables, Financieras y Afines del Poder Judicial
(ASPROTECOFI), por considerar que se encuentran en similares
condiciones al restante sector policial del Organismo de
Investigación Judicial, presenta una gestión cuya petitoria
literalmente dice:

     “Nos apruebe el pago del aumento del 20% al 40% de
sobresueldo reconocido por Corte Plena…”

      A lo que el Consejo Superior en la Sesión Nº 55-2002
celebrada el 30 de julio del año 2002, acordó denegar la gestión
presentada por la Asociación de Referencia con base en los mismo
argumentos expuestos en la sesión del 04 de julio del mismo año,
artículo XXXIV.

     1.5 Mediante memorial presentado el 13 de setiembre del
2002, suscrito por un grupo de servidores de la Sección de Delitos
Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial,
encabezados por el señor Marvin Arguello Jirón, solicitaron
reconsiderar lo dispuesto en la sesión Nº 48-02 del 04 de julio del
mismo año, en que se acordó negar el reconocimiento del aumento
del 20% al 40%.

      Al respecto, el Consejo Superior en sesión Nº 71-02 del 24
de setiembre del 2002, acordó denegar de plano la reconsideración
planteada y comunicar a los gestionantes que por imperativo legal la
vía administrativa quedó agotada desde el momento en que adquirió
firmeza el acuerdo impugnado, de conformidad con lo que establece
el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No obstante
aclara que el incremento en ese rubro que en su oportunidad
concedió la Corte Plena fue exclusivamente para los servidores que
realizan labores propiamente policiales, que son aquellos que están
en contacto directo en las escenas donde se producen los hechos
delictivos y en lo que radica la diferencia es precisamente en los
factores de riesgo, disponibilidad y variación de la jornada,
situación en la que no se encuentran los petentes.

     1.6 Mediante nota del 25 de mayo del 2004 los licenciados
Rubén Guevara, Freddy Chacón, Hannia Pérez y Luis Ángel Ríos,
Auditores Investigadores de la Sección de Delitos Económicos y
Financieros del Organismo de Investigación Judicial, solicitaron la
aprobación del pago correspondientes al aumento del 20% al 40 %
                                                                         311


del plus salarial por concepto de riesgo, disponibilidad y variación
de jornada, por considerar que experimentan condiciones similares
al sector policial del OIJ.

      El Consejo Superior en sesión Nº 40-04 del 03 de junio del
2004, artículo LXXVIII acordó, trasladar la solicitud al
Departamento de Personal para estudio e informe. Para lo cual la
Sección de Investigación y Desarrollo mediante oficio IDH-454-
2004 del 20 de junio del 2004 solicita al Lic. Eliécer Leiva
Quesada, Jefe de la Sección de Delitos Económicos y Financieros el
detalle de los turnos de disponibilidad que han cumplido estos
servidores, así como las fechas en las que han sido objeto de
variación de jornada, además de los registros correspondientes para
la verificación respectiva.

     La Sección de Investigación y Desarrollo mediante informe
Nº IDH-555-2004 atendió la solicitud y recomendó una vez más
denegar dicha petitoria ya que fue posible identificar que persisten
los motivos por los cuales no procede incrementar el porcentaje
correspondiente al riesgo, disponibilidad y variación de jornada.

      Del estudio se desprende que en seis meses quien más
participó en allanamientos lo hizo en cinco ocasiones, lo que no
representa una vez al mes y la mayoría lo hizo en dos y tres
ocasiones en todo el período .Asimismo si se toma el dato de las
giras se concluye que en total se reportan 102 giras en seis meses, la
mayoría de un día y con salida después de las 7:30 a.m. y con
regreso antes de las 6 de la tarde., lo cual de forma global significa
un promedio de 4 giras por semana entre todos los auditores.

     Se deduce además que los servidores de la Sección de Delitos
Económicos y Financieros ya se les reconoce por los extremos un
20%, que cubre el incremento en su jornada de 8 a 12 horas, en
forma análoga tal y como lo señalo el Consejo Superior en la sesión
celebrada el 14-09-95 artículo LXXXVII, así como lo
correspondiente a disponibilidad aunque como se ha reiterado, éstos
puestos no están sujetos a esta exigencia formalmente.

     El Consejo Superior en la Sesión Nº 94-04 del 07 de
diciembre del 2004 artículo XXVIII respecto al informe de cita
acordó acoger el acuerdo del Consejo de personal tomado en la
sesión Nº 21 del 21 de setiembre del 2004, artículo VIII, y en
consecuencia rechaza nuevamente la gestión para que se reconozca
                                                                        312


el aumento en el plus por concepto de disponibilidad y variación
de jornada, de un 20% a un 40% para los auditores investigadores
de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo
de Investigación Judicial.

      Lo anterior por cuanto luego del análisis efectuado por la
Sección de Investigación y Desarrollo del Departamento de
Personal, se determinó que dicho aumento en el plus no les
corresponde, y que el 20% que ahora se les reconoce es el justo en
atención a las labores que en algunas ocasiones les corresponde
realizar fuera de la jornada ordinaria o en diligencias de
investigación.

      En virtud de lo expuesto el Consejo Superior indica que no
existe motivo para revisar y variar lo ya resuelto sobre este tema en
acuerdos anteriores por lo que deniega la gestión interpuesta; sin
perjuicio del pago de horas extras cuando corresponda a los
servidores que integran esta sección; y da por agotada la vía
administrativa.

      1.7 Mediante Oficio Nº 130-IDH-2005 la Sección de
Investigación y Desarrollo atendió la solicitud Nº 413-05 de fecha
26 de enero del 2005 relacionada con el incremento del plus salarial
por riesgo del 20% al 40%, planteada por los señores Armando
Jiménez, José Acuña, Edwin Reyes, Mario Bonilla y otros. Y por
considerar que no existe diferencia entre los puestos que se
analizaron con ocasión del informe IDH-555-2004 y los puestos de
los solicitantes, además de existir ya un pronunciamiento por parte
del Consejo Superior que se hace extensivo a todos los servidores
de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del O.I.J.
Procedió de la misma manera y recomendó denegar la gestión
planteada. Dicho informe fue aprobado y acogido por el Consejo
Superior en la Sesión Nº 42-05 del 02 de junio del 2005 artículo
XXXVI.

      1.8 Mediante oficio Nº 8158-05 del 16 de setiembre del 2005
el Prosecretario General Walter Vargas Calderón remitió copia de la
nota en que el Licenciado Jesús Nájera Céspedes y el M.B.A
Ronald Ávalos Granados ambos servidores de la Sección de Delitos
Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial
, por las razones que exponen ( por considerar que laboramos y
experimentamos condiciones similares al sector policial) solicitan
                                                                          313


se les apruebe el pago del aumento hecho a los investigadores del
20% al 40% sobre el plus de riesgo.

      La Sección de Investigación y Desarrollo mediante oficio Nº
331-2005 del 28 de noviembre del 2005, dirigido a la Secretaría
General de la Corte, pone en autos a los señores miembros del
Consejo Superior indicando que anteceden otros planteamientos
similares a esta gestión de los señores Nájera y Ávalos, por parte de
otros profesionales de la misma Sección. Así que por economía
procesal y dado que las condiciones son las mismas a las analizadas
en ocasiones anteriores, se mantienen los criterios externados
reiteradamente y en consecuencia recomienda desestimar la
petición de los señores Nájera Céspedes y Ávalos Granados
respecto a ajustar el plus en cuestión de un 20% a un 40%, y acoger
la petición de dar por agotada la vía administrativa par los fines
procesales que correspondan.

     El Consejo Superior en la sesión Nº 97-05 celebrada el 07
de diciembre del 2005, dispuso acoger la recomendación del
informe de cita.

      1.9 Mediante Oficio Nº 2207-08 de fecha 10 de marzo del
2008, el señor Walter Vargas Calderón en calidad de Prosecretario
General solicita que en el término de un mes contado a partir del
recibo de dicha comunicación se rinda el informe correspondiente ,
a la gestión presentada por los señores Alexander Vargas Araya,
William Peralta Villalta y William Solano Jiménez, todos servidores
de las Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo
de Investigación Judicial , quines al igual que los otros servidores de
esta Sección, solicitan se les reconozca el pago del aumento hecho
a los investigadores del 20% al 40%.

      La Sección de Análisis de Puestos mediante Oficio Nº SAP-
106-2008 SIC 353-06 expone y considera los informes mediante
los cuales anteriormente se han estudiado puestos y solicitudes
similares y por existir un pronunciamiento claro del órgano
superior, procede de la misma manera y recomienda denegar la
gestión de los petentes.

     1.10 Mediante correo electrónico de fecha 18 de abril de
abril del presente año, la Secretaría General de la Corte-
Comunicaciones solicita:
                                                                        314


       “El presente es para informar sobre oficio 2207-08 el cual
contempla un plazo de un mes para enviar la respuesta al Consejo
Superior y dicho plazo se vence el día de hoy. Revisados los
archivos y registros que al efecto se llevan a este despecho se
constató que dicho informe a la fecha no se ha recibido, por lo que
mucho le estimaré remitir a esta secretaría, el estudio
correspondiente o en su defecto, enviar nota de solicitud de prórroga
dirigida al Consejo Superior”.

     La Sección de Análisis de Puestos, mediante oficio Nº SAP-
133-2008 del 24 de abril del presente año, presentó el día 25 de
marzo del 2008 ante la Secretaría del Consejo de Personal el
informe en el que se da respuesta al oficio Nº 2207-2008 suscrito
por el señor Walter Vargas Calderón en calidad de Prosecretario
General y en el que se solicita que en el término de un mes contado
a partir del recibido de la comunicación (12 de marzo) se atiendan
las peticiones de los señores Alexander Vargas Araya, William
Peralta Villalta y William Solano Jiménez, todos servidores de las
Sección de Delitos Económicos y Financieros, del Organismo de
Investigación Judicial. No obstante lo anterior, se aclara que los
señores miembros del Consejo de Personal, acordaron devolver a la
Sección del informe para que se ampliaran algunos puntos. El
Consejo Superior en la sesión Nº 33-08 celebrada el 06 de mayo en
curso, acordó tomar nota de la comunicación anterior y estar a la
espera del informe solicitado en el informe de referencia.

    2. Opinión del Licenciado Jorge Rojas Vargas, Director
General del Organismo de Investigación Judicial

      En entrevista concedida el Señor Jorge Rojas, Director
General del Organismo de Investigación Judicial, indica que el
trabajo que realizan los servidores de la Sección de Delitos
Económicos y Financieros corresponde a un complemento necesario
del proceso de investigación. Es decir, se trata de una investigación
paralela a manera de “PERITAJE”.

      Considera el alto jerarca, que su trabajo no los expone a
situaciones de riesgo como a quienes forman parte del sector
policial. Añade que no son de choque y que normalmente el
decomiso de documentos lo realizan en instituciones o lugares de
poco o ningún riesgo.

     Expuesto lo anterior se tiene que:
                                                                         315




      1.    El 20% sobre el salario base correspondiente al
reconocimiento integral del riego, disponibilidad y variación de
jornada, que ya devengan los profesionales de la Sección de Delitos
Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial;
el cual corresponde a una compensación para el personal que
integra el escalafón policial por sus condiciones de trabajo, según lo
dispuesto por Corte Plena en el año 1992. ; y que estos obtuvieron
por fallo del Tribunal de Trabajo mediante la Sentencia Nº 0023
del 14 de enero del año 1999. Compensa el incremento en su
jornada de 8 a 12 horas, en forma análoga como lo señaló el
Consejo Superior en la sesión celebrada el 14-09-95 artículo
LXXXVII, así como lo correspondiente a la disponibilidad aunque
como se ha reiterado, éstos puestos no están sujetos a esta exigencia
formalmente.

      2. Respecto al incremento de este reconocimiento salarial de
un 20 % a un 40% por acuerdo de Corte Plena en el año 2001. La
Sección de Análisis de Puestos en reiteradas ocasiones ha abordado
gestiones presentadas por los profesionales de la Sección de Delitos
Económicos y Financieros, donde solicitan se le apruebe el pago de
dicho aumento por considerar que experimentan condiciones de
trabajo similares al sector policial. No obstante, esta Sección
después del estudio respectivo de los puestos de los solicitantes y
del análisis efectuado ha mantenido la recomendación de denegar
dicha solicitud. Toda vez que no ha identificado la existencia de
alguna diferencia en los puestos estudiados,          por continuar
prevaleciendo los factores que desde el inicio han determinado que
las condiciones propias de estos cargos no se ajustan a los
requeridos para el reconocimiento de estos rubros (riesgo,
disponibilidad, variación de jornada).

      3. Tanto el Consejo de Personal como el Consejo Superior, se
han pronunciado       sobre el reconocimiento del aumento del
sobresueldo correspondiente al riesgo, variación de jornada y
disponibilidad, desestimando en todos los acuerdos las peticiones de
los servidores de la Sección de Delitos Económicos y Financieros,
argumentando que el plus salarial por riesgo que actualmente
perciben estos profesionales compensa además del riesgo, la
disponibilidad y la variación de jornada.

     4. La Sección de Delitos Económicos y Financieros, además
de   diferir de las otras Secciones del Departamento de
                                                                         316


Investigaciones Criminales en aspectos de competencia, también
es diferente por su naturaleza y actividad. Los profesionales de ésta
Sección no portan placa ni arma de fuego, no les corresponde la
detención, traslado y contacto general con delincuentes. Trabajan
por orden del Ministerio Público y mediante Informes Técnicos
y/o Peritajes brindan apoyo a la investigación policial en casos
cuya complejidad y características requieren la intervención de
personal profesional en ciencias contables.

      Aunado a lo anterior no les corresponde planear y ejecutar
allanamientos, y asisten a los sitios con el único fin de obtener
documentación (información) una vez que la policial judicial tiene
el control del mismo.

      Por lo tanto existen considerables diferencias en las
condiciones de trabajo, respecto riesgo, disponibilidad y variación
de jornada. Por no identificarse en este personal y su labor los
elementos que caracterizan a la policía judicial, o bien a quienes
integran este sector. Esto por lo ya dicho, que su labor es de apoyo
y complemento a la investigación criminal que llevan a cabo otras
secciones.

     RECOMENDACIÓN

      1. Mantener los criterios externados reiteradamente por no
existir motivo para revisar y variar lo ya resuelto sobre este tema en
acuerdos anteriores en los que se establece que el 20 % por riesgo
que perciben los profesionales de la Sección de Delitos Económicos
y Financieros compensa y es justo en atención a las labores que en
algunas ocasiones les corresponde realizar fuera de la jornada
ordinaria así como lo correspondiente a la disponibilidad y el
riesgo.

     SAP-106-2008:

Con la finalidad de que sea conocido y discutido por los señores
miembros del Consejo de Personal, nos permitimos indicar que
mediante oficio N° 2207-08 de fecha 10 de marzo del 2008, el señor
Walter Vargas Calderón en calidad de Prosecretario General solicita
que en el término de un mes contado a partir del recibo de la
presente comunicación rinda el informe correspondiente, sobre la
gestión presentada por los señores Alexander Vargas Araya,
William Peralta Villalta y William Solano Jiménez, todos servidores
                                                                         317


de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo
de Investigación Judicial, los cuales en su notan solicitan que:

      “ (1) Nos sea aprobado el pago del aumento hecho a los
investigadores del 20% al 40% sobre el plus salarial de riesgo,
reconocido por Corte Plena al sector policial y jefaturas del O.I.J. a
partir del primero del enero del 2002.
      (2) Se ordene al Departamento de Personal, incluir a la mayor
brevedad posible, el pago de ese porcentaje, a partir del primer
nombramiento realizado a cada uno en forma particular.
      (3) En caso de ser denegada tal gestión, darnos por agotada la
vía administrativa”.

      Sobre este particular, es conveniente indicar a los señores
miembros del Consejo de Personal que este tema ya ha sido
abordado por este Departamento en ocasiones anteriores ante
gestiones presentadas por profesionales de la misma sección a la
que pertenecen los petentes.

      A continuación se presenta un detalla de las gestiones
atendidas, así como los términos de los diferentes acuerdos tomados
por los órganos superiores:

      a) Mediante informe IDH-555-2004 la entonces Sección de
Investigación y Desarrollo atiende la solicitud presentada por los
señores Rubén Guevara Monge, Freddy Chacón Arrieta, Hannia
Pérez Cedeño y Luis Ríos Jiménez, Auditores Investigadores de la
Sección de Delitos Económicos y Financieros. En este informe en
el apartado de recomendaciones se indica que:

      “… en razón de que aún persisten los motivos por los cuales
no procede incrementar el porcentaje de un 20% a un 40% por el
rubro de riesgo, disponibilidad y variación de jornada, se
recomienda una vez más denegar la solicitud de los servidores:
Rubén Guevara Monge, Freddy Chacón Arrieta, Hannia Pérez
Cedeño, Luis Ríos Jiménez, Martha Brenes Navarro, Leticia
Chavarría Bravo, Elizabeth Flores Clavo, Dinorah Flores
Villalobos, Karla Sancho Vargas y Carlos Zuñiga Castro.

     En todo caso, ya se les reconoce por los extremos un 20%,
donde estaría cubierto el incremento en su jornada de 8 a 12 horas,
en forma análoga como lo señaló el Consejo Superior en la sesión
celebrada el 14-09-95, artículo LXXXVII, así como lo
                                                                        318


correspondiente a disponibilidad aunque como se ha reiterado, éstos
puestos no están sujetos a esta exigencia formalmente.

     Hacer extensiva la anterior recomendación, para el resto de los
auditores de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del
Organismo de Investigación Judicial.”

      Con respecto a lo anterior, el Consejo de Personal en la sesión
N° 21-2004, celebrada el 21 de setiembre del 2004, artículo VIII,
acordó “denegar la gestión de marras, toda vez que ya
oportunamente el Consejo Superior se pronunció sobre este punto;
adicionalmente no es aplicable el antecedente relacionado con los
puestos de Investigador Policial, ya que el acto administrativo de la
Corte Plena es de carácter específico para esa población. Asimismo
el informe técnico señala que las condiciones propias de esos cargos
no se ajustan a los requeridos para el reconocimiento de los rubros
(riesgo, disponibilidad y variación de jornada) que comprende dicho
sobresueldo.”

      Posteriormente, el Consejo Superior en la sesión N° 94-04,
celebrada el 07 de diciembre del 2004, artículo XXVIII al conocer
el acuerdo anterior acuerda:

      “Acoger el acuerdo del Consejo de Personal tomado en la
sesión N° 21 del 21 de setiembre del 2004, artículo VIII. En
consecuencia se rechaza nuevamente la gestión para que se
reconozca el aumento en el plus por concepto de disponibilidad y
variación de jornada, de un 20% a un 40% para los auditores
investigadores de la Sección de Delitos Económicos y Financieros
del Organismo de Investigación Judicial. Lo anterior, por cuanto
luego del análisis efectuado por la Sección de Investigación y
Desarrollo del Departamento de Personal, se determinó que dicho
aumento en el plus no les corresponde, y que el 20% que ahora se
les reconoce es el justo en atención a las labores que en algunas
ocasiones les corresponde realizar fuera de la jornada ordinaria o en
diligencias de investigación. Nótese que del estudio se desprende
que en seis meses quien más participó en allanamientos lo hizo en
cinco ocasiones, lo que no representa una vez al mes, y la mayoría
lo hizo en dos y tres ocasiones en todo el período. Asimismo si se
toma el dato de las giras se concluye que en total se reportan 102
giras en seis meses, la mayoría de un día y con salida después de las
07:30 a.m. y con regreso antes de las 6 de la tarde, lo cual de forma
global significa un promedio de 4 giras por semana entre todos los
                                                                                    319


           auditores. En virtud de lo expuesto no existe motivo para revisar y
           variar lo ya resuelto sobre este tema en acuerdos anteriores por lo
           que se deniega la gestión interpuesta; sin perjuicio del pago de horas
           extras cuando corresponda a los servidores que integran esta
           sección. Se da por agotada la vía administrativa”.

                 b) El Departamento de Personal-Gestión Humana por medio
           del informe IDH-130-2005 da respuesta al oficio N° 413-05 de
           fecha 26 de enero del 2005, suscrito por el señor Walter Vargas
           Calderón en calidad de Prosecretario General y relacionado con la
           solicitud planteada por varios servidores nuevamente de la Sección
           de Delitos Económicos y Financieros respecto al incremento en el
           plus salarial por riesgo del 20% al 40%. Cabe señalar que en el
           informe de cita se recomienda denegar la gestión presentada por los
           servidores. Sobre el particular, el Consejo Superior, en la sesión N°
           42-05 de fecha 02 de junio del 2005, artículo XXXVI, dispuso
           “acoger el informe IDH-130-2005 y por las razones en él expuestas,
           rechazar la petición de los señores Jiménez Vargas, Acuña Vásquez,
           Mora Zúñiga, Reyes Odio y Bonilla Cervantes, conforme se solicita,
           se da por agotada la vía administrativa. “

                 c) Finalmente, el Consejo Superior3 al conocer el oficio IDH-
           331-2005 de fecha 23 de noviembre del 2005, en el que se atiende la
           gestión presentada por el licenciado Jesús Nájera Céspedes y el
           MBA Ronald Ávalos Granados, acuerda “Tener por rendido el
           informe del Departamento de Personal y acoger la recomendación
           de desestimar la petición planteada por los señores Nájera Céspedes
           y Avalos Granados de ajustar el plus salarial de riesgo de un 20% a
           un 40%. Se da por agotada la vía administrativa.”

                 Expuesto lo anterior y considerando de que no existen
           diferencias entre los puestos que se analizaron en los informes de
           cita y los estudiados en esta nueva oportunidad, además de que
           adicionalmente ya existe un pronunciamiento claro por parte del
           órgano superior de que se hace extensivo a todos los servidores de
           la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de
           Investigación Judicial, se tiene que lo que corresponde es proceder
           de la misma manera y por lo tanto se recomienda denegar la gestión
           de los señores Alexander Vargas Araya, William Peralta Villalta y
           William Solano Jiménez de ajustar el plus en cuestión de un 20% a
           un 40%.
3
    Sesión N° 97-05 celebrada el 07 de diciembre del 2005, artículo XXXIII
                                                                             320




             Se acordó: Denegar la gestión de los petentes toda vez que se
       tiene por demostrado que sus puestos no están en igualdad de
       condiciones que aquellos puestos policiales a los que se otorgó el
       beneficio que pretenden.”
                                      -0-

      Se dispuso: Acoger lo resuelto por el Consejo de Personal en el acuerdo

anteriormente transcrito y por las razones indicadas, denegar la gestión de los

señores Alexander Vargas Araya, William Peralta Villalta y William Solano

Jiménez, servidores de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del

Organismo de Investigación Judicial, por cuanto se tiene demostrado que los

puestos que ocupan no están en igualdad de condiciones que aquellos cargos

policiales a los que se les otorgó el beneficio del plus salarial del 40% por

concepto de riesgo, disponibilidad y variación de jornada.

      El Integrante Marvin Martínez Fernández, se abstiene de votar.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                            ARTÍCULO XLVIII
      En sesión N° 34-06 celebrada el 16 de mayo del 2006, artículo XLVII,

de conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4° de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, se concedió permiso con goce de salario a dos

jueces del Programa contra el Retraso Judicial, para que por el plazo de 6

meses, se dedicaran a tiempo completo, a la resolución de los expedientes que
                                                                           321


se encontraban en estado de rebeldía, en el Juzgado Penal del Primer Circuito

Judicial de San José, asimismo debían rendir un informe mensual a este

Consejo sobre el avance de la citada labor.

      Posteriormente, en sesión N° 33-08 del 6 de mayo del año en curso,

artículo LI, previamente a resolver lo que correspondiera, se solicitó al

licenciado Luis Carlos Abellán Barquero, Coordinador del Programa Contra el

Retraso Judicial, informara a este Consejo, el motivo por el cuál no se había

cumplido con lo dispuesto en el acuerdo de referencia.

      Finalmente, en sesión N° 43-08 del 10 de junio de este año, con vista en

lo manifestado por el licenciado Luis Carlos Abellán Barquero, se dispuso

comunicarle que procediera a la brevedad a dar cumplimiento a lo acordado

por este Consejo en sesión N° 34-06 del 16 de mayo del 2006, artículo XLVII.

      La licenciada Bernardita Madrigal Córdoba, Subjefa interina del

Departamento de Planificación, con oficio N° 1745-PLA-2008 de 29 de

setiembre último, remite el informe N° 081-DO-2008 de la Sección de

Desarrollo Organizacional, relacionado con los asuntos que se encontraban en

estado de rebeldía y que ya han prescrito en el Juzgado Penal del Primer

Circuito Judicial de San José, cuyas recomendaciones literalmente dice:

             “4.1.- A efecto de dar cumplimiento a lo acordado por el
       Consejo Superior en sesión N° 34-06 del 16 de mayo del 2006,
       artículo XLVII, se recomienda que el Programa Contra el Retraso
       Judicial nombre a dos Jueces Supernumerarios, bajo la modalidad
                                                                              322


       de permiso con goce de salario por espacio de 6 meses,
       inicialmente. Estas plazas laborarán resolviendo los expedientes que
       se encuentran en estado de Rebeldía en el Juzgado Penal del I
       Circuito Judicial de San José.

            Esas dos plazas trabajarán en jornada diurna, pero deberán
       tener disposición para laborar en jornada vespertina si así se
       determinara.

            4.2.- La Dirección Ejecutiva deberá designar un Auxiliar
       Supernumerario por ese mismo lapso para que apoye a los dos
       jueces en las labores de trascripción de levantamiento de órdenes de
       captura y de notificaciones.

             4.3.- El Departamento de Planificación realizará dos
       evaluaciones durante el proyecto, al finalizar los primeros tres
       meses y al finalizar los 6 meses, para determinar el cumplimiento de
       los niveles de rendimiento definidos y para valorar la necesidad de
       ampliar o no el permiso, a efecto de terminar la totalidad de
       expedientes asignados.”

                                        -0-

   Manifiesta el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que el

Despacho del Presidente y esa Dirección ya designaron a los dos Jueces y a un

Auxiliar Supernumerario, para que laboren resolviendo los asuntos que se

encuentran en estado de rebeldía en el Juzgado Penal del Primer Circuito

Judicial de San José.

      Se acordó: 1.) Tomar nota de las manifestaciones del licenciado

Alfredo Jones León. 2.) Tener por rendido el informe anterior y acoger sus

recomendaciones, en consecuencia, el Departamento de Planificación realizará

dos evaluaciones al finalizar los primeros tres meses y a los seis meses, con el
                                                                                323


fin de determinar el cumplimiento de los niveles de rendimiento definidos y

para valorar la necesidad de ampliar el permiso concedido, a efecto de

terminar la totalidad de expedientes que se encuentran en estado de rebeldía

en el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

      El Despacho del Presidente, el Juzgado Penal del Primer Circuito

Judicial de San José y la Dirección Ejecutiva, tomarán nota para lo que

corresponda a cada uno.

ESCUELA JUDICIAL

                              ARTÍCULO XLIX

      El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en

oficio EJ-DIR-319-2008 de 30 de setiembre último, solicitó lo siguiente:

             “En sesión N° 04-08, artículo XLI, celebrada el día 17 de
       enero del año en curso, fue aprobada por ustedes la programación
       de actividades académicas de la Escuela Judicial. Dentro de la
       programación, se encuentra el curso sobre:

               “Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer”

             Modalidad y certificación: El programa consta de 4 sesiones
       presenciales y tendrá una duración de 40 horas.

             Dirigido a: Fiscalas, fiscales, defensoras publicas, defensores
       públicos, juezas y jueces penales, trabajadoras sociales y psicólogas.

             Facilitadores (as): El curso será impartido por funcionarios y
       funcionarias del Poder Judicial en colaboración con el programa de
       Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UCR.

             Fecha y horario: 16, 17, 23 y 24 de octubre de las 8:00 a las
       16:30 hrs.
                                                                              324




              Lugar: Universidad de Costa Rica, Sede de Puntarenas.

              Participantes:

NOMBRE               CÉDULA     PUESTO               DESPACHO
Aguirre Salazar      0602630947 Psicóloga            Tribunales de Justicia de
Tirsa María                                          Aguirre y Parrita
Álvarez Morales      0602160576 Juez                 Juzgado        Penal      de
Marjorie                                             Puntarenas
Artavia Nájera       0109470645 Fiscal Auxiliar      Fiscalía      Adjunta     de
Karla                                                Puntarenas
Blanco Bonilla Ana   0104870077 Juez                 Juzgado Penal Juvenil y de
Lorena                                               Familia de Puntarenas
Campos Jiménez       0603050965 Defensora            Defensa       Pública     de
Mery Evelyn                     Pública              Puntarenas
Elizondo Herrera     0204520966 Trabajadora          Departamento de Trabajo
Iza                             Social               Social y Psicología/ Equipo
                                                     Interdisciplinario de la Ley
                                                     de Penalización de la
                                                     Violencia Doméstica
Fumero Molina        0110040546 Juez                 Juzgado       de     familia,
Cindy Priscilla                                      Violencia Doméstica y
                                                     Penal Juvenil de Golfito
Hernández Moreira    0602330938 Defensor             Defensa       Pública     de
Alexis                          Público              Puntarenas
Jiménez Avilés       0108350109 Profesional 3 en     Trabajo Social y Psicología
Esther Lilliana                 Psicología           Puntarenas

León Hernández       0110930136 Perito Judicial 2    Trabajo Social y Psicología
Rosa Daniela
Medina Mctaggart     0603410268 Defensora            Defensa      Pública      de
Mariela                         Pública              Puntarenas
Mojica Marín         0602290409 Trabajadora          Trabajo social y psicología
Aleida                          Social               Puntarenas
Murillo Espinoza     0110310857 Defensor             Defensa      Pública      de
Didier                          Público              Puntarenas
Redondo Campos       0303740150 Defensor             Defensa      Pública      de
Carlos                          Público              Puntarenas
Rodríguez            0401340368 Defensora            Defensa Pública de Liberia
Villalobos María                Pública
Teresa
                                                                                325


NOMBRE                CÉDULA     PUESTO                DESPACHO
Solís Murillo Marta   0203390504 Trabajadora           Trabajo Social y Psicología
                                 Social                Puntarenas
Suárez Ríos Arlene    0205850580 Profesional 3,        Trabajo Social y Psicología
                                 Psicóloga             Puntarenas
                                 Forense
Umaña Salazar         0107600336 Trabajadora           Trabajo social y psicología
Kathia                           Social                Puntarenas

             Adjunto la lista de participantes que ya han tenido la
       oportunidad de asistir a capacitaciones de la Escuela:

NOMBRE                        CURSO                   FECHAS

Blanco Bonilla Ana Lorena     Sistema Específico de   31 de enero; 01, 14 y 15 de
                              Valoración del          febrero
                              Riesgo
Campos Jiménez Mery           Sistema Específico de   31 de enero; 01, 14 y 15 de
Evelyn                        Valoración del          febrero
                              Riesgo
Hernández Moreira Alexis      Sistema Específico de   31 de enero; 01, 14 y 15 de
Arturo                        Valoración del          febrero
                              Riesgo

              Aspectos administrativos:

              Se solicita permiso para los funcionarios y funcionarias para
       que asistan a la actividad de capacitación, así como sustitución y
       viáticos en los casos que así lo ameriten.”

                                      -0-

      Se dispuso: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Autorizar

la participación de los servidores de la lista transcrita, en el curso sobre “Ley

de Penalización de la Violencia contra la Mujer”, a realizarse en la

Universidad de Costa Rica, sede Puntarenas el 16, 17, 23 y 24 de octubre en

curso de las 8:00 a las 16:30 horas, con sustitución en los casos estrictamente
                                                                              326


necesarios y sin sustitución para los que se encuentren ocupando plazas

extraordinarias. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte

sustancialmente el servicio público a cargo de los servidores a quienes se les

autoriza a participar, lo cual implica que en caso de tener diligencias

programadas no podrán alterar en modo alguno la fecha de su realización y

deberán atenderlas, asimismo de presentarse algún asunto urgente suspenderán

su participación para conocerlo. 2.) Es entendido que conforme lo dispuso este

Consejo en la sesión N° 03-08, celebrada el 15 de enero del 2008, artículo

LXXII, publicado en la circular N° 20-08 del año en curso, no podrán asistir a

la actividad aquellos servidores que aún y cuando hayan sido convocados, si el

sustituto que fuere nombrado no haya asumido el puesto, o en el caso que no

haya sido posible su sustitución. 3.) Comunicar a los participantes, que la

inasistencia al taller de referencia, deberá justificarse directamente ante los

organizadores y no ante este Consejo. 4.) La Escuela Judicial realizará la

tramitación correspondiente para que se conceda el pago de viáticos en los

casos indispensables. 5.) En virtud de la importancia de la capacitación a

recibir, los asistentes deberán coordinar lo correspondiente, a fin de transmitir

los conocimientos adquiridos a los demás compañeros, ya que podrían ser de

gran utilidad en las labores que realizan. 6.) La Escuela Judicial tomará nota

del acuerdo adoptado por este Consejo en sesión N° 52-08 del 17 de julio del
                                                                              327


año en curso, artículo XXXI, sobre algunas reglas que deben seguirse para la

aprobación de las actividades de capacitación.

      El Despacho de la Presidencia, la Escuela Judicial y los Departamentos

de Personal y Financiero Contable, tomarán nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO L

      En sesión N° 69-08 celebrada el 16 de setiembre último, artículo

XXXIV, se aprobó la realización del curso denominado “Programa de

formación para auxiliares judiciales”, a efectuarse del 6 de octubre al 24 de

noviembre del año en curso, los lunes de las 13:00 a las 16:30 horas, a cuyos

efectos se autorizó la participación de los servidores citados en ese acuerdo,

entre ellos, a Jessenia Carranza Chacón, Arally Sánchez Araya, Jaen Díaz

Claribel, Karla Gabriela Méndez Cubillo, Maricela Mora Umaña, y Sandra

Morales Durán, servidores del Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de

Palmares, Oficina Centralizada de Notificaciones de Cartago, Juzgado Agrario

de Santa Cruz, Juzgado Contravencional de Golfito, Juzgado Civil de Golfito

y el Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Garabito, respectivamente.

Lo anterior, en el entendido de que no se afectara sustancialmente el servicio

público a cargo de los servidores a quienes se les autorizó a participar, lo cual

implicaría que darían prioridad a la atención de los asuntos urgentes
                                                                              328


relacionados con sus funciones en el Poder Judicial. Asimismo, la Escuela

Judicial realizaría la tramitación correspondiente para que se concediera el

pago de viáticos en los casos estrictamente necesarios y el transporte cuando

corresponda.

      El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en

oficio N° EJ-DIR-322-2008 de 1° de octubre en curso, expuso lo siguiente:

              “En sesión N° 69-08, artículo XXXIV, celebrada el día 16 de
       septiembre del año en curso, fue aprobado por ustedes la realización
       del Programa de Formación a Distancia para Auxiliares Judiciales y
       las listas presentadas de los participantes.

             No obstante, por razones diversas, tales como situaciones
       personales de los y las participantes, las jefaturas respectivas han
       solicitado los siguientes cambios a dichas listas:

       GRUPO 2: SAN RAMÓN

       Se incluye


                   Nombre                   Cédula                 Despacho

  Quesada      Arroyo       Jeffrey      2-0649-0316 Juzgado Tránsito de San Ramón

      Se excluye
                                                       Juzgado Contravencional de
 Carranza Chacón            Jessenia     1-1096-876    Menor Cuantía de Palmares

      GRUPO 3: CARTAGO

      Se incluye


 Nombre                                  Cédula        Despacho
                                                       Oficina     Centralizada     de
 Muñoz         Arroyo       Cristian     3-376-106     Notificaciones               de
                                                                           329



                                                  Cartago/auxiliar


       Se excluye

                                                  Oficina     Centralizada       de
                                                  Notificaciones                 de
Sánchez     Araya          Arally     3-339-453   Cartago/auxiliar

              GRUPO 5: SANTA CRUZ

             Se incluye


Nombre                                Cédula       Despacho

Amador      Brenes         Ericka     5-315-447    Juzgado Agrario de Santa Cruz

             Se excluye


Jaen        Díaz           Claribel   5-0292-0925 Juzgado Agrario de Santa Cruz


              GRUPO 7: CORREDORES – GOLFITO

             Se incluyen


Nombre                                Cédula       Despacho
                                                   Juzgado Contravencional de
Acevedo     Montes         Marlene    6-152-743    Golfito
                                                   Juzgado Contravencional de
Sánchez     Arce           Erlin      6-278-892    Golfito

             Se excluye

                           Karla      06-0381-     Juzgado Contravencional de
Méndez      Cubillo        Gabriela   0605         Golfito

Mora        Umaña          Maricela   01-1153-     Juzgado Civil Golfito
                                                                             330



                                       0949


             GRUPO 12: PUNTARENAS

            Se incluye


 Nombre                                Cédula        Despacho
                                                     Juzgado Contravencional
 Mesén     Chavarría     Heilyn        1-1158-415    Menor Cuantía Garabito

            Se excluye

                                                     Contravencional Menor
 Morales   Durán         Sandra        6-265-323     Cuantía Garabito

             Por lo que se solicita la autorización de asistencia para los (as)
       participantes incluidas, el pago de viáticos y de transporte cuando
       corresponda.”
                                       -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Dejar sin

efecto el permiso concedido a las servidoras Jessenia Carranza Chacón, Arally

Sánchez Araya, Claribel Jaen Díaz, Karla Gabriela Méndez Cubillo, Maricela

Mora Umaña y Sandra Morales Durán, para que participaran al Programa de

Formación a Distancia para Auxiliares Judiciales y autorizar la asistencia de

los señores Jeffrey Quesada Arroyo y Cristian Muñoz Arroyo y de las señoras

Ericka Amador Brenes, Marlene Acevedo Montes, Erlin Sánchez Arce y

Heilyn Mesén Chavarría, en igualdad de condiciones que las otorgadas a los

participantes en la sesión N° 69-08 del 16 de setiembre recién pasado, artículo
                                                                               331


XXXIV. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte sustancialmente el

servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autoriza a participar,

lo cual implica que darán prioridad a la atención de los asuntos urgentes

relacionados con sus funciones en el Poder Judicial. 2.) En virtud de la

importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberán los asistentes

coordinar con las jefaturas correspondientes, a fin de transmitir los

conocimientos adquiridos a los demás compañeros, ya que podrían ser de gran

utilidad en las labores que realizan.

      La Escuela Judicial y el Departamento de Personal, tomarán nota para

lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                ARTÍCULO LI

      El licenciado Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 988-SEC-08 de 28 de

setiembre último, expresó lo siguiente:

              “Le saludo con todo respeto y a la vez me permito detallarles
       que al amparo del Convenio Suscrito entre el Instituto Costarricense
       Sobre Drogas (ICD) y la Corte Suprema de Justicia en fecha 14 de
       febrero del 2005, el Organismo de Investigación Judicial ha
       solicitado en préstamo varios vehículos a la primera Institución con
       el fin de solventar la carencia de automotores para destinarlos a la
       investigación de asuntos de drogas.

             En sendos acuerdos firmes del Consejo Directivo del ICD
       número 011-02-2006 de fecha 27 de febrero del 2005 y 056-09-
       2005 de fecha 30 de agosto del 2005, se acordó facilitar en calidad
                                                                                 332


       de préstamo una cantidad de vehículos al O.I.J. para lo cual nos
       hicieron entrega de un automotor cuyas características se dirán y
       que será para uso estipulado en el convenio citado. El vehículo está
       debidamente asegurado, posee la revisión técnica y el marchamo al
       día, además ha sido revisado por nuestros técnicos del Taller
       Mecánico y considerado apto para ser utilizado por la Institución.
       De estos documentos le acompaño fotocopia par su mejor
       ilustración.

              Por tal motivo, como encargados de la “Oficina Única
       Institucional” les solicito respetuosamente se autorice la facilitación
       de tal automotor, autorizando el suministro de combustible con
       cargo a nuestro presupuesto, al igual que aquellas reparaciones
       básicas que sean necesarias según estipula en convenio de cita. Para
       ello el vehículo citado tendrá su número interno de identificación,
       según se describen a continuación:

                          Vehículo N°            1157
                             Marca            Mitsubishi
                              Estilo            L 200
                             Modelo              2007
                          N° de Placa            […]
                              Color            Plateado

             Para los anteriores efectos acompaño copia de las “Actas de
       Entrega de Bienes Vehículos Cedidos en Préstamo-Ley 8204.
       Préstamo Gratuito en Comodato de Bienes entre el Instituto
       Costarricense Sobre Drogas y el Poder Judicial”.
                                        -0-

     Se acordó: Acoger la gestión anterior y autorizar el suministro de

combustible y las reparaciones necesarias para el vehículo citado, según el

convenio suscrito por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el que

será utilizado por el Organismo de Investigación Judicial. Es entendido que
                                                                                 333


dicho automotor fue revisado por parte del Taller Mecánico del indicado

Organismo.

      La Dirección Ejecutiva y la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara

acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO LII

      En sesión Nº 40-08 celebrada el 29 de mayo del año en curso, artículo

LI, se autorizó el pago de hora y media extra diaria, de lunes a viernes, hasta

por tres meses, al servidor Jorge Gamboa García, Encargado de Transportes

del Organismo de Investigación Judicial, a fin de que iniciara labores a las

6:00 de la mañana y trasladara los vehículos al anexo D para que los chóferes

y/o mecánicos los llevaran hasta el taller para cambiar el aceite o cualquier

otra diligencia.

      El licenciado Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 998-SEC-08 de 1° de

octubre en curso, expresó lo siguiente:

              “En respuesta a su oficio 8110-08 recibido el 30 de setiembre
        en este despacho, con ocasión del acuerdo tomado por el Consejo
        Superior en la sesión N° 40-08 celebrada el 29 de mayo último y
        mediante el cual se autorizó el pago de una hora y media extra
        diaria de lunes a viernes al servidor Jorge Gamboa García,
        Encargado de la Unidad de Transportes a fin de que iniciara labores
        a partir de las seis de la mañana, me permito detallarle lo siguiente:
                                                                        334


      a) Desde esa fecha y hasta el día de hoy, el señor Jorge
Gamboa García, encargado de la Unidad de Transportes, hace
ingreso a las seis de la mañana a su oficina y especialmente para
retirar del sótano del edifico de la Plaza de la Justicia, aquellos
vehículos oficiales que deben ser llevados al taller mecánico para
cambio de aceite o revisiones mecánicas preventivas. Esta
diligencia la consideramos de importancia en aras de salvaguardar
el patrimonio institucional, pues si no se realiza ese mantenimiento
preventivo, los vehículos se pueden deteriorar.

      b) El señor Gamboa García no ha cobrado ninguna extra y
según su decir, no las cobrará. De igual forma ha manifestado que él
está acostumbrado a levantarse muy temprano y que siempre llega
al trabajo a las seis de la mañana, lo que pretende seguir haciendo y
que, así mismo realizará la práctica de recoger los vehículos pues
por más que lo ha intentado, remitiendo oportunamente las fechas
de cambios de aceite y similares, los investigadores nunca llevan los
vehículos al Anexo D. Es importante informar que la
calendarización de cambios de aceite y revisiones preventivas se
remiten con suficiente tiempo a los diversos Jefes de oficina a las
cuales se han asignado vehículos y efectivamente la atención que se
dispensa es a las diligencias de investigación criminal y no al
mantenimiento de los vehículos.

      c) En virtud de que el pago de horas extra no puede ser
permanente (aún cuando don Jorge no las cobre) se estudió la
posibilidad de variar la hora de entrada y salida del señor Gamboa
García; sin embargo, la Jefatura de la Sección de Transportes
considera tal variación inadecuada, pues es precisamente a partir de
las 15:30 horas en que los investigadores inician con el
procedimiento para guardar y aparcar las unidades en esa sección,
por lo que le es imprescindible contar con la mayoría del personal
para la recepción y revisión de los vehículos.

      d) En conversación sostenida con el Lic. Gustavo Mata Vega,
Jefe a.i. del Departamento de Investigaciones Criminales en torno a
este asunto, se llegó a la conclusión de que la Sección de
Transportes remitirá la programación de los cambios de aceite y
mantenimiento preventivo, además de las secciones respectivas, a la
Jefatura del Departamento y él, como superior de las secciones de
investigación ordenará la paralización del vehículo el día que le
corresponda. Este procedimiento se instaurará a partir del día
primero de octubre en curso.
                                                                              335




            e) La anterior disposición será evaluada en el término de un
       mes a partir de esta fecha.”
                                      -0-

      Se acordó: 1.) Tomar nota de la comunicación anterior y por las

razones expuestas, dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión Nº 40-08 del

29 de mayo del año en curso, artículo LI, en donde se autorizó el pago de hora

y media extra diaria, de lunes a viernes, hasta por tres meses, para el servidor

Jorge Gamboa García, Encargado de Transportes del Organismo de

Investigación Judicial. 2.) Hacer lo anterior del conocimiento del señor

Gamboa García.

      La Secretaría General del Organismo de Investigación Judicial y el

Departamento de Personal, tomarán nota para lo que corresponda.

                               ARTÍCULO LIII

      El licenciado Allan Fonseca Bolaños, Subdirector General del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 982-DG-08 de 1° de

octubre en curso, expuso lo siguiente:

              “La Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de
       Medicina Legal, ha informado a esta Representación que el Dr. José
       Giovanni Arce Alvarado, Jefe de la Unidad Médico Legal de Pérez
       Zeledón, gozó de un permiso sin goce de salario durante un mes,
       debiendo haber regresado a su labor el 16 de setiembre último, lo
       que no ocurrió y en su lugar el 17 de setiembre a las 16:31, remitió
       mediante fax solicitud para un nuevo permiso sin goce de salario
       que abarcara desde el día anterior hasta diciembre del año en curso,
       gestión que fue declinada por la Jefatura Departamental en virtud de
       la afectación que se produciría al servicio público, ante lo cual,
                                                                             336


       mediante correo electrónico remitió oficio fechado 18 de setiembre
       (se adjunta copia), en el que presentó su “…renuncia con carácter
       inmediato e irrevocable.”.

              En virtud de lo anterior, previa consulta al Departamento de
       Personal, esta Dirección General no considera aplicable la renuncia
       del galeno, ya que está fechada el tercer día de su ausencia a
       laborar, y en su lugar se considera que sobradamente se han dado
       los presupuestos que contempla el inciso g) del artículo N°81 del
       Código de Trabajo, por lo que interpongo esta gestión para su
       valoración, con el propósito de que si a bien lo tienen, se de por
       finalizada formalmente la relación laboral con el Dr. José Giovanni
       Arce Alvarado.”

                                        -0-

   De acuerdo con la situación expuesta por el licenciado Allan Fonseca

Bolaños, se acordó: Tener por rota la relación laboral con el doctor José

Giovanni Arce Alvarado, Jefe de la Unidad Médico Legal de Pérez Zeledón, a

partir de la fecha en que se da la causal de abandono del cargo, sin

responsabilidad patronal, al operarse una renuncia tácita por haberse

ausentado de sus labores sin autorización previa, de conformidad con lo

establecido en los artículos 28 y 81, inciso g), del Código de Trabajo.

      La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y los

Departamentos de Medicina Legal y de Personal, tomarán nota para lo que

corresponda. Se declara acuerdo firme.

COMISIONES

                              ARTÍCULO LIV
                                                                               337


      En sesión N° 53-08 celebrada el 22 de julio del año en curso, artículo

XXI, se autorizó la realización de la segunda etapa del proyecto denominado

"Rompiendo Paradigmas en los Presupuestos Públicos, hacia una planificación

y formulación género-sensitiva", por lo que el plan piloto lo iniciaría el

Consejo de Administración del Circuito Judicial de Cartago y la Sección de

Presupuesto del Departamento de Planificación.

      La Magistrada Zarela Villanueva Monge, en carácter de Coordinadora

de la Comisión de Género, en oficio N° 587-STG-08 de 2 de octubre en curso,

solicitó lo siguiente:

               “La Comisión de Género, la Secretaría Técnica de Género, el
        Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto
        Nacional de las Mujeres desarrollaron durante el año 2007 una
        capacitación denominada “Rompiendo Paradigmas en los
        Presupuestos Públicos: hacia una planificación y formulación
        género-sensitiva”, dirigida a altos y medios mandos del Poder
        Judicial.

               Dando continuidad a este proyecto y con la necesidad de
        implementar la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de
        Género (PIEG) y la Política de Equidad de Género del Poder
        Judicial, se desarrolló la segunda etapa de dicho proyecto, la cual
        enfatizó en la formulación de planes, programas y presupuestos
        género-sensitivos y ha tenido como objetivo general “Desarrollar
        acciones comunes entre INAMU y el Poder Judicial en cuanto a la
        incorporación de la perspectiva de género como categoría de
        análisis, en los procesos de planificación y presupuestación
        pública”. Esta iniciativa fue aprobada en sesión de Consejo Superior
        N° 53-08 artículo XXI.

              Es importante mencionar que en esta segunda etapa también
        se aprobó realizar un plan piloto con el Consejo de Administración
        del Circuito Judicial de Cartago y la Sección de Presupuesto del
        Departamento de Planificación, donde se busca operacionalizar un
                                                                                338


       presupuesto género sensitivo en el Circuito Judicial mencionado.

              Con el propósito de dar inicio a la III etapa del proyecto, la.
       cual corresponde a la ejecución del “Plan Piloto” dentro del Poder
       Judicial, solicitamos respetuosamente su colaboración y apoyo para
       conceder permiso con goce de salario y sustitución del 13 al 15 de
       octubre del 2008, a las (os) siguientes cinco integrantes del Consejo
       de Administración de Cartago:

             Dra. Sonia Uribe Medrano
             Licda. Pilar Obando Masís
             Lic. Roberto Madrigal Zamora
             Lic. Warner Molina Ruiz
             Licda. Sonia Sandí Zuñiga

              Las/los funcionarios para los cuales se solicita permiso con
       sustitución, estarán siendo acompañados por la Secretaria Técnica
       de Género, una persona del Departamento de Planificación (quienes
       no requieren sustitución) y una experta asesora del INAMU, para
       coadyuvar en las labores que tendrán que realizar esos tres días,
       cuales son: elaborar un proyecto con objetivos, indicadores, etc. que
       contenga las acciones necesarias a ejecutarse en el año 2010 y
       concomitantemente elaborar un presupuesto para ello.

             La participación de estas personas se definió mediante
       acuerdo del Consejo de Administración de Cartago y deberán
       implementar lo referido, con base en los instrumentos
       metodológicos que la experta proveída por el IIDH, Dra. Lucía
       Pérez Fragoso, les capacitó durante la II etapa del proyecto.”
                                       -0-

     Se acordó: Acoger la gestión de la Magistrada Zarela Villanueva

Monge, en consecuencia: Conceder permiso con goce de salario y sustitución

a la doctora Sonia Uribe Medrano, Médico de la Unidad de Medicina Legal, a

las licenciadas Pilar Obando Masís, Administradora Regional y Sonia Sandí

Zúñiga, Jueza del Tribunal Penal y a los licenciados Roberto Madrigal

Zamora, Defensor Público y Warner Molina Ruiz, Fiscal Adjunto, todos del
                                                                              339


Circuito Judicial de Cartago, para que del 13 al 15 de octubre en curso, se

dediquen al inicio de la III etapa del proyecto denominado "Rompiendo

Paradigmas en los Presupuestos Públicos, hacia una planificación y

formulación género-sensitiva", el cual corresponde a la ejecución de un plan

piloto dentro del Poder Judicial.

      El Departamento de Personal y la Secretaría Técnica de Género tomarán

nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

ASUNTOS VARIOS

                               ARTÍCULO LV

      Mediante circular N° 115-07 del 5 de noviembre de 2007, publicada en

el Boletín Judicial N° 241 de 14 de diciembre de ese año, la Secretaría

General de la Corte, hizo de conocimiento de los despachos judiciales del país,

lo dispuesto por este Consejo, en sesión N° 78-07 celebrada el 18 de octubre

de 2007, artículo LV, que en lo conducente dice:

             “Con oficio Nº 8278-DE-2007 de 11 de octubre en curso, el
       licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite la nota Nº
       TI-PGD-298-07 suscrita por la máster Kattia Morales Navarro, Jefa
       del Área Informática de Gestión del Segundo Circuito Judicial de
       San José, la que literalmente dice:

             "Que para enero del 2008, se incorporarán las mejoras de
       género solicitadas por la Secretaría Técnica de Género, por lo que a
       partir de esta fecha será obligatorio para los Despachos Judiciales
       digitar la siguiente información de las partes:

                Lugar de Trabajo
                Sexo
                                                                                 340


               Fecha de Nacimiento
               Profesión u oficio
               Si cuenta con algún tipo de discapacidad
               Estado civil
               Número de cédula
               Lugar de residencia

            Lo anterior a fin de que comunicar a los despachos y realizar
       una campaña de sensibilización respecto al tema."
                                        -0-
            Se acordó: Acoger la solicitud anterior y disponer la
       publicación de la circular dirigida a todos los despachos judiciales
       […]”
                                           -0-

      El licenciado Walter Ávila Quirós, Juez Agrario del Primer Circuito

Judicial de la Zona Atlántica, mediante nota de 12 de agosto de este año,

recibida el 29 de ese mes, remitió la consulta que le hiciera el licenciado

Roberto Soto Vega, Abogado, en los siguientes términos:

             “Con el respeto que me caracteriza, quisiera realizar la
       presente nota con el fin de que el despacho –Juzgado Agrario- del
       cual su persona es el coordinador realice una revisión sobre los
       alcances de lo dispuesto por el Consejo Superior del Poder Judicial
       número 78-07, celebrada el día 18 de octubre del año 2007, artículo
       LV, en relación a los datos que su despacho interpreta debe de
       llevar implícito cualquier escrito inicial que se presente en ese
       juzgado.

             En aras de agotar las etapas y las jerarquías y conocedor de su
       honorable y objetiva trayectoria como Juez, es que me permito
       solicitar una revisión de la interpretación que realiza el despacho del
       acuerdo, considerando brevemente, los aspectos que a continuación
       expongo:

            El Consejo Superior del Poder Judicial según dispone el
       numeral 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone que el
       régimen de actos del Consejo sea el establecido para los actos
       administrativos, sin que, en ningún caso, deba consultarse a la
                                                                                  341


         Procuraduría General de la República. Dicho Consejo no posee
         dentro de sus Potestades ó Facultades el poder emitir leyes de la
         República.

               La Ley General de la Administración Pública establece el
         régimen de actos administrativos y una de sus clasificaciones es la
         división en actos de carácter interno y externos, los actos
         administrativos PARA EL DERECHO PÚBLICO -NO ASÍ EL
         PRIVADO- pueden formar parte del ordenamiento jurídico artículo
         6 incisos d) y e) de la Ley General de la Administración Pública, es
         obvio que la jerarquía de estos actos administrativos, en ningún
         momento podrían estar sobre una Ley de la República y más bien
         son un complemento de las Leyes cuando estas expresen la
         necesaria reglamentación.

              Siendo breve concluyo que el acuerdo del Consejo en ningún
         momento podría cambiar, modificar, interpretar y muchos (sic)
         complementar el artículo 38 de la Ley de la Jurisdicción Agraria y
         mucho menos ordenar a un Juzgador su interpretación, situación que
         quebrantaría el Derecho Constitucional de Independencia del Juez.

               Por lo expuesto solicito que se revise y cambie la
         interpretación que realiza el despacho sobre el acuerdo del Consejo
         Superior, ya que esta interpretación lejos de favorecer el acceso a la
         justicia lo entorpece y lo dificulta.”

                                         -0-

        La gestión anterior se sometió a análisis de la Unidad Jurídica de la

Secretaría General de la Corte, a cuyos efectos la servidora Karla Suárez

Baltodano, Asistente Jurídica interina, con el visto bueno del licenciado Carlos

Toscano Mora Rodríguez, Profesional en Derecho 3 interino de esa unidad,

remite el informe N° 21-2008 de 30 de setiembre último, que literalmente

dice:

              “I.-   ASUNTO.-
                                                                       342


      Consulta remitida por el licenciado Walter Ávila Quirós, Juez
Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, ante
solicitud de interpretación del acuerdo tomado por el Consejo
Superior en sesión número 78-07 del 18 de octubre del 2007,
artículo LV, comunicado mediante           Circular 115-07, sobre
“Información obligatoria a incluir en el sistema de gestión como
parte de la Política de Género del Poder Judicial”, presentada por
el licenciado Roberto Soto Vega, Abogado Litigante.

     II.-      OBSERVACIONES.-
     El Consejo Superior, en sesión número 78-07 del 18 de
octubre del 2007, artículo LV, ante la solicitud planteada por la
máster Kattia Morales Navarro, Jefa del Área de Informática de
Gestión del Segundo Circuito Judicial de San José, dispuso la
publicación de la Circular 115-07, mediante la cual se le comunica a
los despachos judiciales del país, su obligación de incluir en el
Sistema de Gestión, los siguientes datos:
            Lugar de Trabajo
            Sexo
            Fecha de nacimiento
            Profesión u oficio
            Si cuenta con algún tipo de discapacidad
            Estado Civil
            Número de Cédula
            Lugar de residencia

     Este requerimiento, se hace en concordancia con la “Política
de Género del Poder Judicial” aprobada por la Corte Plena, en
sesión Nº 34-05 del 7 de noviembre de 2005, artículo XIV.

            Sobre la justificación de incluir variables de género:

     La necesidad de incorporar variables de género (sexo, edad,
lugar de trabajo y nacionalidad) al Sistema de Gestión de los
Despachos Judiciales, surge de un amplio estudio impulsado por la
Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, en coordinación
con los Departamentos de Planificación y Tecnología de la
Información.
                                                                                    343


                  Debe tomarse en consideración, que la importancia de la
            inclusión de tales datos, fue desarrollada por la Unidad
            Interdisciplinaria Especializada en Asuntos de Género de la
            Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a
            través de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
            y el Caribe. Asimismo, se encuentra plasmada en una serie de
            instrumentos y pronunciamientos internacionales como lo son: 4
            a) La Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial
               sobre la Mujer (Beijing, 1995), en la cual se recomendó
               “Recoger, compilar, analizar y presentar periódicamente datos
               desglosados por edad, sexo, indicadores económicos y otros
               pertinentes, para utilizarlos en la planificación y aplicación de
               políticas y programas.”

            b) El informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social y el
               futuro: en pos del desarrollo social para todos en el actual
               proceso de mundialización (Nueva York, 26 al 30 de junio del
               2000), también señala en el párrafo 7 de su Sección Segunda, la
               necesidad de que los gobiernos nacionales recopilen este tipo de
               datos.
                 A partir de lo anterior, ha justificado la Secretaría Técnica de
            Género, la solicitud de la inclusión de los datos señalados en la
            importancia de ofrecer servicios más congruentes con las
            necesidades de los usuarios (as), para alcanzar un verdadero acceso
            a la justicia; lo cual se favorece a través del paso de simples
            estadísticas, referidas a expedientes, a la identificación de las
            necesidades concretas del destinatario final de servicio de
            administración de justicia.

                      Sobre la necesidad de contemplar el acceso a la justicia
                      de las personas con discapacidad

                  En cuanto al tema de acceso a la justicia para las personas con
            discapacidad, la necesidad de incluir tales datos encuentra su
            fundamento en la Ley 7600 de “Igualdad de oportunidades para las
            personas con discapacidad”, cuyo artículo 4 prevé una serie de
            medidas, que han de tomarse a nivel Estatal, a fin de garantizar que
            los planes, políticas, programas y servicios que brinden sus
            instituciones tomen en consideración las necesidades especiales de
            estas poblaciones vulnerables.
4
    Fuente: Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
                                                                           344


      Muestra también, en este sentido, un claro compromiso la
Corte Suprema de Justicia, al aprobar en sesión N° 14-08, celebrada
el 5 de mayo de 2008, artículo XIII, la “Política de Igualdad para
las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial”, según la cual
este Poder de la República, se compromete a: “adoptar una Política
de Igualdad para las personas en condición de discapacidad que de
manera transversal, prioritaria y sustantiva incorpore la
perspectiva de la discapacidad en todo el quehacer del Poder
Judicial. Para garantizar la igualdad de oportunidades y no
discriminación en los servicios judiciales, decisiones judiciales y
funcionamiento interno del Poder Judicial”.
     En virtud de lo anterior, la inclusión de los datos en cuestión,
constituye un mecanismo a través del cual es posible identificar las
características particulares de los usuarios del sistema de justicia, de
modo que sus necesidades especiales puedan ser atendidas en
respeto y apoyo de las normas internacionales y nacionales vigentes,
que dan sustento a las políticas del Poder Judicial.

   Sobre la potestad del Consejo Superior en la ejecución de la
   Política Administrativa del Poder Judicial

      Señala el artículo 81, inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que le corresponde al Consejo Superior, entre otras
atribuciones, “Ejecutar la política administrativa del Poder
Judicial, dentro de los lineamientos establecidos por la Corte
Suprema de Justicia”.
      Por tanto, puede el Consejo Superior, como máximo jerarca
administrativo, dictar lineamientos que favorezcan la ejecución de
las políticas institucionales emanadas por la Corte Plena. En este
sentido, se justifica el acuerdo tomado en la sesión Nº 78-07 del 18
de octubre del 2007, artículo LV, por tratarse de una decisión
encaminada a darle cumplimiento a la política institucional en
materia de género, aprobada por la Corte Plena en el año 2005.


     III.- RECOMENDACIÓN.-
      Aclarar al licenciado Ávila Quirós, que de conformidad con
los lineamientos institucionales y normativos supra citados, deben
incluirse en el Sistema de Gestión los datos relativos a las variables
de género y necesidades especiales, tanto para los fines estadísticos
explicados, como para que sean valorados por el administrador de
                                                                                 345


       justicia, garantizando un verdadero acceso para las poblaciones
       consideradas vulnerables.
               No obstante, esta disposición no puede -por respeto la
       jerarquía de las normas- ser contraria a las disposiciones contenidas
       en la legislación codificada. Es decir, no puede solicitar el Juez, que
       tales datos queden implícitos en cualquier escrito inicial de
       demanda, pues tal situación, sí sería contraria a los procedimientos
       legales establecidos, para cada caso concreto.
               En síntesis, para cumplir con los fines de las directrices
       explicadas, sin rozar con lineamientos procesales contemplados el
       legislador, para cada materia en particular, deben tomarse a lo
       interno de cada despacho, las medidas pertinentes para la
       recopilación de la información requerida, de modo que tales
       variables sean consideradas, tal y como se prevé en la política
       institucional, sin que con esto se cause perjuicio al usuario.”
                                        -0-

      Se acordó: 1) Acoger el informe anterior, en consecuencia, aclarar al

licenciado Walter Ávila Quirós que de conformidad con los lineamientos

institucionales y normativas citadas, deben incluirse en el Sistema de Gestión

los datos relativos a las variables de género y necesidades especiales, sin que

la imposibilidad de recolección de los datos constituya un obstáculo para el

acceso a la justicia. 2) Hacer este acuerdo de conocimiento del licenciado

Roberto Soto Vega.

                                ARTÍCULO LVI

      En oficio N° 45-CAH-08 de 22 de setiembre último, recibido en la

Secretaría General de la Corte el 1° de octubre en curso, el máster Martín

Salazar Loaiza, en carácter de Secretario del Consejo de Administración de
                                                                               346


Heredia, comunicó el acuerdo tomado por ese Consejo, en sesión N° 06-2008

celebrada el 21 de agosto de este año, artículo IX, que en lo conducente dice:

            “A través de correo electrónico con fecha 18 de junio, 2008 el
       Lic. Fabio Víquez Gómez, en calidad de Juez Coordinador del
       Juzgado Penal de Heredia manifestó:

            “En este momento me encuentro como Juez Coordinador del
       Juzgado Penal de Heredia y nos resulta urgente el nombramiento de
       al menos dos auxiliares supernumerarios por el máximo de tiempo
       posible o al menos tres meses por lo siguiente:

            A) En el despacho desde hace más de un mes se han recibido
       múltiples solicitudes de intervención telefónicas, en concreto:

             1) En la plaza que se encuentra el Juez Juan Luis Arias
       Venegas a solicitud de la Fiscal Auxiliar de Heredia, por infracción
       a la ley de psicotrópicos se ordenó y se tramita una intervención de
       dos teléfonos simultáneamente.

             2) En el proceso Penal por solicitud de la Fiscalía de
       Narcotráfico el Juez Franklin Vargas Barquero tiene intervenido
       otros dos teléfonos.

            3) El suscrito desde hace más de un mes de un asunto de la
       Fiscalía de Narcotráfico tiene intervenido un teléfono y en este mes
       he recibido otra nueva intervención.

            4) Al igual ingresó una solicitud de la Fiscalía de Narcotráfico
       en el proceso penal, por tráfico internacional que fue asignada a la
       Juez Xinia Lobo.

             5) El Fiscal General presentará esta semana una nueva
       solicitud de intervención por el proceso de psicotrópicos.

             6) En igual sentido la Fiscal Campos fiscal (sic) me comunica
       que está en trámite para esta semana también la solicitud de otros
       dos teléfonos en otra causa de la misma naturaleza.

            En concreto en la actualidad cuatro jueces de esta provincia
       tenemos intervenciones de seis teléfonos y de acuerdo con lo
       indicado se encuentran en trámite para esta semana tres teléfonos
                                                                        347


más de diversas causas penales; lo cual resulta materialmente
imposible de ser atendidas con el recurso humano, ya que de
acuerdo con el alcance y obligaciones de la ley 7425 (Ley de
Registro Secuestro y Examen de Documentos Privados e
Intervención de las Comunicaciones) en especial los artículos 10 y
21 la responsabilidad, escucha, y trámite de la misma recae sobre el
Juez, sin menoscabo que el circulante del despacho se ha
incrementado en forma alarmante, sobre todo por la incorporación
de nuevos fiscales en el Ministerio Público.

      Sobre el punto esta semana ingresaron tres nuevos fiscales y
tres nuevos auxiliares al Ministerio Público, lo cual nos deja en una
grosera desventaja ya que es previsible un aumento cuantioso de
trabajo sin tener el personal de apoyo para poder cumplir con el
servicio Público requerido, siendo la cantidad de asuntos asignados
a cada Juez en esta provincia y resueltos casi el doble de un Juez
Penal del Primer Circuito Judicial de San José, sin menoscabo que
se realizan alrededor de ocho audiencias preliminares diarias y un
promedio de cinco audiencias de medidas cautelares también;
asimismo la disponibilidad en esta provincia en la práctica genera
más de veinte horas extraordinarias a cada uno de los Jueces
Penales; y las intervenciones por su naturaleza deben ser revisadas
tanto en jornadas ordinarias como extraordinaria, incluyendo días
feriados; lo cual genera que el personal se encuentre por varias
semanas e incluso meses en disponibilidad efectiva permanente, a
pesar de no estar de turno.

      Por lo anterior solicito se autorice dos auxiliares permanentes
de apoyo y se gestione en nombre del Consejo de Administración
ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la asignación de
un juez supernumerario de apoyo permanente o al menos por un
plazo de tres meses.”

      SE ACUERDA: a) Solicitarle a la Administración Regional
de Heredia, apoyar en la medida de lo posible con un auxiliar
judicial supernumerario hasta el mes de diciembre del presente año.
b) Por las razones expuestas por el Lic. Fabio Víquez, Juez
Coordinador del Juzgado Penal de Heredia, solicitarle al Dr. Luis
Paulino Mora Mora, la asignación de un Juez supernumerario para
el Juzgado Penal de Heredia hasta el mes de diciembre del presente
año.”
                                -0-
                                                                                 348


      Se acordó: 1) Tomar nota del acuerdo del Consejo de Administración

de Heredia. 2) La Administración Regional de Heredia valorará la posibilidad

de destacar un auxiliar supernumerario en el referido juzgado hasta el último

día laboral del año en curso. 3) Hacer lo anterior de conocimiento del

licenciado Luis Carlos Abellán Barquero, encargado de los jueces

supernumerarios y del Programa contra el Retraso Judicial de la Presidencia

de la Corte, para que dentro de las posibilidades, valoren la procedencia de

brindar apoyo al Juzgado Penal de Heredia.

                               ARTÍCULO LVII

      El licenciado Ricardo Barrantes López, Juez Coordinador del Juzgado

Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, en nota de 1°

de octubre en curso, expuso lo siguiente:

             “En días pasados los jueces coordinadores de los Juzgados
       Especializados de Cobro, hemos estado reunidos con compañeros
       del Departamento de Informática, con el fin de proceder a la
       instauración de las diferentes herramientas tecnológicas que se han
       pensado para nuestros Despachos.- Como primer paso para la
       instauración del expediente electrónico, se pensó en la posibilidad
       de recibir demandas y escritos por medio de correo electrónico. Para
       tal efecto, se iniciará un plan piloto con cuatro usuarios; el Banco de
       Costa Rica en el Segundo Circuito Judicial y el Bac San José,
       Banco HSBC y Gestionadora de Créditos en el Primer Circuito
       Judicial, con quienes se han efectuado algunas reuniones y están
       anuentes a participar del proyecto.- Con este fin se redactó un
       protocolo, que regula la forma en que se recibirán las demandas y
       escritos; este documento se lo adjunto, para que el Consejo Superior
       le confiera su aprobación y así empezar con esta primera etapa”.-

                                         -0-
                                                                            349


El mencionado protocolo, literalmente dice:

    PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN DE DEMANDAS Y
       ESCRITOS POR CORREO ELECTRÓNICO


       El artículo 33 de la Ley de Cobro Judicial número 8624 faculta
 a la Corte Suprema de Justicia para que implemente el uso de los
 sistemas tecnológicos en los procesos referidos en la misma,
 siempre que se garantice el debido proceso y la seguridad de los
 actos procesales.- Por su parte, el numeral 6 bis de la Ley Orgánica
 del Poder Judicial otorga validez y eficacia de un documento físico
 original, a los archivos documentos, mensajes, imágenes, bancos de
 datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios
 electrónicos, destinados a la tramitación judicial.- Por ello, para la
 adecuada implementación y eficacia de los principios rectores de
 esta normativa, se hace necesario regular aspectos administrativos y
 de funcionamiento, a través de un protocolo, para la recepción de
 demandas y escritos por medios tecnológicos, como un primer paso
 para la formación del expediente electrónico, regulado en el artículo
 34 del mismo cuerpo legal.-

       La potestad del Consejo Superior del Poder Judicial de dictar
 este protocolo, le es atribuida por el apartado 16 del artículo 81 de la
 Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, con fundamento
 en las normas legales citadas, se dicta el siguiente Protocolo para la
 Recepción de Demandas y escritos por correo electrónico:

                       CAPÍTULO PRIMERO

               Del ámbito de aplicación del Protocolo

      ARTÍCULO 1.- Objeto

       El presente Protocolo tiene como objeto dictar las normas para
 fijar el procedimiento a seguir para la recepción de demandas y
 escritos por medios tecnológicos e implementación del expediente
 electrónico.-

      ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación

      Este protocolo regula la creación del expediente electrónico en
 materia especializada de cobro judicial.-
                                                                      350


                    CAPÍTULO SEGUNDO

          De la Informatización del Proceso de Cobro

     ARTÍCULO 3.- Para lo dispuesto en este Protocolo se
considera:

       1) Documento Electrónico: es cualquier manifestación con
carácter representativo o declarativo, expresado o transmitido por
un medio electrónico o informático.

       2) Medio electrónico: cualquier forma de almacenamiento o
transferencia de documentos y archivos electrónicos.

       3) Transmisión electrónica: toda forma de comunicación a
distancia con utilización de redes de comunicación.

     ARTÍCULO 4.-

     El Usuario deberá indicar, al Juzgado Especializado de Cobro,
los profesionales en derecho autorizados para la gestión de
demandas nuevas y presentación de escritos por medios
tecnológicos. De igual manera deberá proceder cuando se efectúe un
cambio de algún abogado autorizado.-

     ARTÍCULO 5.-

      El Poder Judicial, a través del Despacho Judicial, comunicará
oficialmente la cuenta de correo para la recepción de las demandas
y escritos.-

     ARTÍCULO 6.-

      Cada demanda y escrito debe de presentarse de forma
independiente, sin necesidad de presentación física en el Despacho.
Con una capacidad máxima de cuatro megas por correo
electrónico.- Identificándose en el espacio de “Asunto” la
abreviatura de la parte actora y el nombre y apellidos del
demandado.-

     ARTÍCULO 7.-
                                                                     351


     Una vez recibida la demanda, el auxiliar Judicial a cargo,
deberá remitir un comprobante de recepción del documento en
donde indicará el número único de expediente asignado.-

     ARTÍCULO 8.-

     En cuanto a los escritos distintos a las demandas, el usuario
deberá ajustarse a un formato que contendrá: ACTOR,
DEMANDADO y NÚMERO DE EXPEDIENTE.-

                    CAPÍTULO TERCERO

                  De la demanda y tramitación

     ARTÍCULO 9.-

     Los Usuarios deberán ajustarse necesariamente al siguiente
formato de demanda:

                Modelo de Demanda Monitoria

Actor:

Demandado:
Número de expediente:
Proceso Monitorio


1)     Calidades   de   las    partes   La/El suscrito    (a)
______________________, cédula número __________, mayor,
estado civil___________, vecina de______________ en mi
condición de______________________ ( Apoderada Especial o
General) del (ACTOR)______________________________, según
poder que consta en el ampo de personerías del Despacho,(
(opcional_______________________________________________
_________________) a (interponer demanda) en contra del
señor___________________, portador de la cédula de identidad,
sexo_____,      Fecha     de     nacimiento___________,        ,
nacionalidad____________________,                     profesión-
oficio______________, estado civil______________-, Lugar de
nacimiento______________, Escolaridad_______________.
                                                                       352


2) Hechos         a) existencia de la obligación

                  b) vencimiento de capital adeudado

                  c) intereses.

3) Fundamentos de Derecho: Normas concretas

4) Petición:      a) Capital

                  b) Intereses a la presentación de la demanda, tasa

5) Suma cobrada.

6) Estimación (artículo 17 inciso 3 CPc)

7) Lugar para notificar al demandado

8) Medio para atender notificaciones

9) Medidas Cautelares (rendimiento de garantía cuando no se
trata de título ejecutivo).

MODELO DE DEMANDA DE EJECUCIÓN

Actor:

Demandado:
Número de expediente:
Proceso Ejecución Hipotecaria-Prendaria

1) Calidades La / El suscrito (a)   ______________________,
cédula número __________, mayor, estado civil___________,
vecina      de______________         en      mi      condición
de______________________ ( Apoderada Especial o General) del
(ACTOR)______________________________, según poder que
consta    en el ampo de personerías           del Despacho,(
(opcional_______________________________________________
_________________) a (interponer demanda) en contra del
señor___________________, portador de la cédula de identidad,
sexo_____,     Fecha      de      nacimiento___________,     ,
nacionalidad____________________,                   profesión-
                                                                     353


oficio______________, estado civil______________-, Lugar de
nacimiento______________, Escolaridad_______________.

2)   Relación de Hechos        a)

                               b)

                               c)

3) Fundamentos de Derecho: Normas concretas

4) Petición: ORDEN DE REMATE: a) libre o soportando b)
bases (las tres bases) c) notificaciones (acreedores, anotantes,
interesados)

5) Estimación (artículo 17 inciso 3 CPc)

6) Lugar para notificar al demandado

7) Medio para atender notificaciones

8) Medidas Cautelares (rendimiento de garantía cuando no se
trata de título ejecutivo).

     ARTÍCULO 10.-

     Las firmas de los Jueces, Asistentes Judiciales, Partes y
Abogados que se deban incorporar en los documentos, pueden
hacerse de forma holográfica o escaneada.-

     ARTÍCULO 11.-

     La comprobación de la cancelación de especies fiscales, se
hará mediante entero bancario o transferencia electrónica,
consignado en el reglón de “detalle” el nombre y apellidos de las
partes o el número de expediente.-

     ARTÍCULO 12.-

      Los documentos que se acompañen a la demanda o a los
escritos deberán de presentarse en los formatos: PDF (preferible),
.TIFF, .DOC o .RTF.- Los usuarios deberán de maximizar el uso de
los medios de almacenamiento que permitan la máxima compresión
de los documentos.-
                                                                         354


     ARTÍCULO 13.-

      Bajo ninguna circunstancia se custodiarán los documentos
originales presentados por las partes o cualquier otro interesado. De
ellos se hará reproducción por cualquiera de los mecanismos
tecnológicos al alcance del Poder Judicial, y se devolverán al titular
o interesado con el comprobante de que fueron debidamente
presentados y reproducidos en el Despacho, en el carácter de
depositario judicial y deberán de ser presentados ante el Juzgado en
caso de ser requeridos.-

     ARTÍCULO 14.-

      El Juzgado estará facultado para archivar las personerías
legales de los Usuarios, por lo que no será necesario aportar una
nueva en cada demanda; salvo en casos de modificación o variación
de la misma.-

     ARTÍCULO 15.-

      La parte actora deberá conservar las copias necesarias para la
notificación a la parte demandada; las cuales deberá adjuntar, bajo
su responsabilidad, al documento de comunicación respectivo.- El
cual será enviado, por parte del Despacho, mediante medio
tecnológico, sea la Autoridad comisionada o a la accionante.-

     ARTÍCULO 16.-

      En la resolución inicial, el Despacho informará a la parte
demandada que el proceso se tramita bajo la modalidad de
expediente electrónico, haciéndole ver que tiene el derecho de
realizar sus gestiones también por medios tecnológicos.-

     ARTÍCULO 17.-

      Cuando el expediente electrónico deba ser remitido a una
instancia superior se hará en formato electrónico.- En caso de que el
superior no cuente con los medios tecnológicos para tramitar el
expediente, se imprimirá el mismo y se enviará físicamente a la
citada instancia.- Una vez finalizado el trámite, se incorporará la
información al expediente electrónico y se procederá a la
destrucción del físico.- Para los efectos de este artículo, el
                                                                         355


Departamento de Informática deberá instalar los sistemas necesarios
en el Tribunal Primero Civil de San José.-

                      CAPÍTULO CUARTO

                            De los plazos

     ARTÍCULO 18.-

      Se considerarán realizadas las gestiones procesales por medio
electrónico en el día y hora de su recibido al sistema informático del
Poder Judicial, el que emitirá un acuse de recibo electrónico.-

     ARTÍCULO 19.-

     Para los efectos del plazo, se tendrán como presentados en
tiempo los documentos aportados o remitidos hasta las veinticuatro
horas del último día hábil.-

     ARTÍCULO 20.-

      En el caso del artículo anterior, si por motivos técnicos
atribuibles exclusivamente al Poder Judicial, no se pudiera acceder
al sistema informático de este Poder de la República, el plazo se
prorroga automáticamente hasta el primer día hábil siguiente a la
solución del problema.-

     ARTÍCULO 21.-

      Si existen documentos cuya digitalización sea técnicamente
inviable debido a su gran volumen, ilegibilidad o cualquier otro
motivo, el Despacho hará la prevención respectiva, para que dentro
del plazo de cinco días hábiles se presenten físicamente o en forma
electrónica, según sea el caso.-

                      CAPÍTULO QUINTO

                Disposiciones Generales y Finales

     ARTÍCULO 22.-

      El expediente electrónico será consultado por medio de
Internet a través de la página web del Poder Judicial. En caso de
                                                                                356


       requerirse copia del mismo, ésta se realizará en formato digital, para
       lo cual la parte interesada deberá aportar el dispositivo necesario.-

             ARTÍCULO 23.-

             El expediente electrónico deberá ser protegido por medio de
       sistemas de seguridad y almacenados en un medio que garantice la
       preservación e integridad de los datos.”

                                         -0-

   Manifiesta el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo que este

proyecto se va a trabajar inicialmente con el Banco de Costa Rica, BAC San

José, Banco HSBC y Gestionadora de Créditos.

   Se acordó: Tener por hechas las manifestaciones del licenciado Alfredo

Jones León y aprobar el documento “Protocolo para recepción de demandas y

escritos por correo electrónico”, elaborado por el Juzgado Especializado de

Cobro y el Departamento de Tecnología de la Información, como plan piloto,

cuya vigencia dará inicio una vez que se cuente con la plataforma necesaria

para aplicar el sistema.

   El Juzgado Especializado de Cobro y el Departamento de Tecnología de la

Información, tomarán nota para lo que corresponda a cada uno.

                              ARTÍCULO LVIII

      En sesión Nº 40-08 celebrada el 29 de mayo del año en curso, artículo

LVII, previamente a resolver lo que correspondiera, con vista en la gestión

para el pago de horas extra a favor de la señora Jessie Agüero Zárate, se
                                                                            357


solicitó al licenciado Elicio Durán Bolaños, Juez Penal de Talamanca, que

detallara los casos que ha atendido dicha servidora, como intérprete en ese

despacho, indicando el número de expediente y el tiempo que ha requerido

para efectuar esa labor.

      Posteriormente, en sesión N° 50-08 celebrada el 3 de julio de este año,

artículo XL, se dispuso que previamente a resolver lo que correspondiera

comisionar a la Secretaría General de la Corte, a fin de que solicitara al

Juzgado Penal de Talamanca, ad effectum videndi los expedientes indicados.

      Finalmente, en sesión N° 66-08 del 4 de setiembre último, artículo

LXXIV, se acordó autorizar el pago por concepto de servicio de traducción

brindado por la señora Jessie Agüero Zárate, únicamente por diez horas treinta

minutos que estaban debidamente acreditadas y solicitar al licenciado Elicio

Durán Bolaños informara sobre las inconsistencias detectadas.

      El licenciado Elicio Durán Bolaños, Juez Penal interino del Primer

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en nota de 1° de octubre en curso,

expuso lo siguiente:

            “Con base al oficio N 7675-08, donde me indica que mi
       persona tiene que rendir un informe más detallados en cuanto a las
       labores que ha realizado la joven Jessie como traductora, la misma
       está cobrando sus horas extra, en este caso no puede darle tal
       información por cuanto desde el día primero de setiembre estoy
       nombrado como Juez Penal en el Primer Circuito Judicial de la
       Zona Atlantica, por razones que no tengo ningún expediente, donde
       puede rendir el informe que ustedes me solicitan.”
                                                                             358


                                        -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y archivar las

   diligencias.

                              ARTÍCULO LIX

      El máster Carlos Montero Zúñiga, Presidente de la Asociación Nacional

de Profesionales del Poder Judicial (ANPJUD), en nota de 30 de setiembre

último, comunicó lo siguiente:

             “El Consejo Superior, en la sesión N° 65-08 celebrada el 2 de
       setiembre último, ante una solicitud de la Asociación Nacional de
       Empleados Judiciales, acordó como punto 2: “Acoger la solicitud
       de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD) y
       aprobar un préstamo hasta por la suma de ¢1.000 millones de
       colones, provenientes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
       Poder Judicial, bajo las condiciones y giro que se establecen de
       seguido:…” El en aparte I se señaló: “Tendrán opción a los
       préstamos los afiliados y no afiliados, siempre que cumplan con
       los requisitos establecidos por esa organización en su carácter de
       codeudora ante el Fondo.”

            La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Profesionales
       del Poder Judicial, ha recibido por parte de varios de nuestros
       asociados, algunas consultas que denotan una justa preocupación,
       por cuanto ante la información que han requerido a ANEJUD, para
       completar los trámites de crédito al amparo del citado acuerdo, les
       han indicado que para solicitar un préstamo “deben ser asociados a
       ANEJUD y para afiliarse deben pagar anticipadamente tres cuotas
       (cada cuota corresponde al 1% del salario bruto)”.

             Lo anterior, a nuestro entender, contraviene lo acordado por
       ese Consejo, ya que se indica explícitamente “afiliados y no
       afiliados”, y cuando se señala que “siempre que cumplan con los
       requisitos establecidos por esa organización en su carácter de
       codeudora ante el Fondo” se comprende que se refiere a requisitos
       formales y propios de todo crédito como el tema de las garantías
                                                                               359


       (hipotecarias o fiduciarias) capacidad de pago, historial crediticio,
       entre otros.

             Por lo anteriormente expuesto, nuestra Asociación les solicita,
       respetuosamente, se emita un pronunciamiento de ese Consejo,
       dirigido a reiterar a ANEJUD, que no se debe limitar el acceso al
       crédito con el financiamiento que se les otorgó con dineros del
       Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, cuyos
       propietarios somos todos los que cotizamos a él y no
       específicamente una agrupación de empleados, que en principio se
       ofreció como conducto para beneficiar a los servidores judiciales
       con el trámite créditos con esos recursos.”

                                       -0-

      Se acordó: 1) Tomar nota de la comunicación del máster Carlos

Montero Zúñiga. 2) Reiterar a la Asociación Nacional de Empleados

Judiciales (ANEJUD), que no puede exigir como requisito estar afiliado a esa

Asociación para ser beneficiario de un crédito, sin perjuicio de que esa

Asociación establezca los mecanismos para asegurar el reintegro de los

dineros entregados.

                               ARTÍCULO LX

      El licenciado Ulises Zúñiga Morales, Juez Coordinador del Tribunal de

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en nota de 1° de

octubre en curso, comunicó lo siguiente:

              “Para los efectos pertinentes, me permito comunicarles los
       acuerdos adoptados, por el Consejo de Jueces del Tribunal de
       Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en sesión
       realizada a las 10:00 horas del pasado 22 de setiembre:

             "SE ACUERDA: 1- A partir de esta fecha, se dejará sin
                                                                              360


       efecto la práctica de hacer una resolución que ponga en
       conocimiento de las partes la integración del Tribunal para cada uno
       de los expedientes. Se aclara que se mantendrá vigente la práctica
       del Juez o Jueza tramitadora de revisar el expediente para
       determinar cuáles Jueces o Juezas no pueden conocer de la causa
       concreta (por existir algún motivo de excusa), como también el
       deber de anotar en la carátula la integración del Tribunal. 2- Se
       comunicará este acuerdo al Consejo Superior para los efectos
       pertinentes. ACUERDO FIRME.-”
                                      -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Remitir la

comunicación del licenciado Ulises Zúñiga Morales, a la Comisión de la

Jurisdicción Penal para que rinda un informe a la brevedad. Se declara

acuerdo firme.

                               ARTÍCULO LXI

      En sesión N° 71-07 celebrada el 25 de setiembre del 2007, artículo

LXV, se trasladó al Departamento de Personal para su respectivo informe, la

gestión presentada por el máster Carlos Alberto Montero Zúñiga y la

licenciada Marycell Molina Zamora, en carácter de Presidente y Secretaria de

la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPJUD),

mediante la cual solicitaban se realizara un estudio de los puestos

profesionales del Poder Judicial, donde se equipararan las plazas de

profesionales de no abogados con las de profesionales en derecho y que en las

“clases anchas de puestos”, se agruparan las clases salariales con base en las
                                                                             361


funciones y responsabilidades de cada puesto, sin distingos de formación

académica.

      El máster Carlos Alberto Montero Zúñiga, en su expresado carácter, en

nota de 30 de setiembre último, expuso lo siguiente:

            “Ese Consejo Superior, ante una solicitud de nuestra
       Asociación referida a los puestos de Profesionales no abogados del
       Poder Judicial, en la sesión Nº 71-07, celebrada el 25 de setiembre
       de 2007, en el artículo LXV, dispuso trasladar dicha gestión al
       Departamento de Personal para su respectivo estudio e informe.
       Dicho acuerdo fue comunicado por la Secretaría de Corte y del
       Consejo Superior al referido departamento, mediante oficio Nº
       8642-07, el 9 de octubre del 2007.

             A principios de este mes, la Corte Plena, aprobó el
       denominado “Estudio Gerencial”, que conlleva una mejora salarial
       de un grupo de funcionarios del más alto nivel de la Institución.
       Como es conocido, esto generó un gran malestar en algunos grupos
       de empleados, quienes representados por sus organizaciones
       gremiales se han manifestado abiertamente en contra de la
       implementación de los resultados del citado estudio. Producto de
       estas manifestaciones, es de esperar que se genere un estudio de
       puestos que atienda las inquietudes de dichos grupos de
       compañeros.

             Como es de conocimiento de ese Consejo, el estudio gerencial
       mejoró el salario de algunos profesionales no abogados, como
       directores, jefes y subjefes departamentales. Lo que ha provocado
       una ampliación de la brecha salarial en varios sentidos: entre los
       mismos jefes de departamento, entre estos y sus superiores, así
       como con sus subalternos (jefes de sección, coordinadores,
       encargados de unidad, etc.). Y con respecto a los demás puestos
       profesionales de la Institución.

             A esta fecha, nuestros representados tienen más de un año de
       estar esperando que el Departamento de Personal, dada su carga de
       trabajo, tenga la posibilidad de iniciar el estudio ordenado por el
       Consejo Superior. Y dados los antecedentes señalados, hoy se hace
       más necesario atender el clamor de los profesionales no abogados
                                                                               362


       que han visto como sus puestos y salarios se han deteriorado en la
       estructura salarial del Poder Judicial.

           Por lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de la
       Asociación Nacional de Profesionales solicita:

       e) Que se le reitere al Departamento de Personal que atienda la
       solicitud de estudio de puestos de profesionales no abogados con la
       prontitud posible.
       f)    Que dicho estudio incorpore las variaciones provocadas por el
        estudio gerencial.
       g) Que en caso de surgir nuevos estudios dirigidos a alguno (s) de
       los diversos sectores de la Institución, se respete el orden
       cronológico de los estudios solicitados.”
                                         -0-

      Se acordó: 1) Acoger la solicitud del máster Carlos Montero Zúñiga, en

consecuencia, reiterar al Departamento de Personal el estudio ordenado por

este Consejo en sesión N° 71-07 celebrada el 25 de setiembre del 2007,

artículo LXV e incluir las variaciones provocadas por el estudio gerencial. 2)

Aclarar al citado departamento que debe seguir el orden establecido para

realizar los estudios solicitados, salvo aquellos casos que demande mayor

complejidad.

                               ARTÍCULO LXII

      En sesión N° 67-08 celebrada el 9 de setiembre en curso, artículo

XXXVI, se tomó el siguiente acuerdo:

               “En sesión N° 32-05 del 28 de abril del 2005, artículo XLIII,
       al conocer estudio presentado por la Auditoría Judicial, referente al
       modelo de administración de los despachos del Segundo Circuito
                                                                         363


Judicial de San José, se acordó –entre otros asuntos- que el
Departamento de Planificación analizara la recomendación N° 69
referida a la necesidad de realizar un estudio técnico en el que se
determinara la conveniencia de transformar en turno, el horario de
disponibilidad que atienden los despachos de turno extraordinario,
específicamente en la materia penal, los sábados de las 16:00 a las
24:00 horas.

       En atención a lo anterior, la máster Marta Asch Corrales, Jefa
del Departamento de Planificación, en oficio N° 1560-PLA-2008 de
20 de agosto recién pasado, remite informe N° 048-CE-2008-B
suscrito por el máster Elías Muñoz Jiménez, Jefe de la Sección de
Control y Evaluación, relacionado sobre “La posibilidad de variar el
horario de disponibilidad que atienden los despachos de turno
extraordinario de materia penal”, cuyas conclusiones y
recomendaciones literalmente dicen:

      “IV. Conclusiones y Recomendaciones
       Antes de pasar a exponer las conclusiones y recomendaciones
a las que llegó esta Sección, respecto habilitar el horario de las 16
horas a 24 horas de los sábados en los despachos de turno
extraordinario que atienden las materia Penal en el Segundo
Circuito Judicial de San José, conforme la solicitud de la Auditoría
Judicial, se estima pertinente indicar lo siguiente:

       Las conclusiones y recomendaciones que se formularán,
están basadas en los ejes transversales en que se fundamenta el Plan
Estratégico del Poder Judicial 2007-2011, que indican la necesidad
de una mejora constante en el servicio público que se brinda y lo
relacionado con la perspectiva de género. Importante, hacer énfasis
de que ésta ha sido una línea que el Poder Judicial ha venido
patrocinando en los últimos años debido a que la naturaleza de la
justicia debe tener un “rostro humano” en todo momento.

       Por tanto, las recomendaciones que se emiten, si requirieren
de ajustes a los diferentes pluses salariales de los servidores/as que
laboran en esos turnos, deberán de realizarse en el tanto y cuanto no
exista contraposición de los derechos laborales que por ley les
corresponde.
                                                                         364


       También es atinente y oportuno manifestar que la inteligencia
en que se basa la creación de los despachos de turno, tiene como
objetivo brindar el servicio en el momento en que se requiere.

      De seguido se exponen las conclusiones y recomendaciones.

      Materia Penal
       Si bien en este informe se analizaron dos escenarios para
atender el horario descubierto de las 16 a las 24 horas de los
sábados, siendo que el primero se refiere a atenderlo a través de la
modalidad de la disponibilidad, esta Sección recomienda optar por
el segundo que corresponde a la incorporación del grupo “D” dentro
del rol para habilitar ese horario como un turno más.

       A esta recomendación se llegó, debido a que se han venido
presentando incrementos en los asuntos que se manejan en los
despachos de turno extraordinario, y que en los horarios inmediatos
al turno en estudio, se genera un recargo significativo, que está
afectando el servicio brindado a los usuarios.


       Esta recomendación también, tiene su fundamento en el
Estatuto de la Justicia, conforme se indica en el Artículo 59.
      “Es un derecho de las personas, que los procesos reciban una
tramitación, ágil, y a que los jueces resuelvan sus pretensiones en un
plazo razonable, evitando, o en su defecto sancionado, las
actividades dilatorias o contrarias a la buena fe procesal de las
partes”


       Además, en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2007-2011,
en el tema N° 12 se menciona sobre la necesidad de un avance
sustantivo en el mejoramiento de la calidad del servicio.
       Debe agregarse, que con la entrada en vigencia de la Ley de
Penalización de Violencia Contra las Mujeres, el Juzgado de
Violencia Doméstica de Turno Extraordinario, testimonia piezas a
la Fiscalía de Turno Extraordinario, la cual si no está trabajando del
turno de las 16:30 a las 24 horas de los sábados, esas usuarias
deberían esperarse hasta las 00 horas del domingo para que ser
atendidas y como se ha expuesto en este documento, eso acumula
más trabajo y atraso.
                                                                       365


       Es importante mencionar que esta recomendación no fue
acogida por la mayoría de los servidores/as que laboran en esos
turnos en el momento de la consulta, fundamentado en lo siguiente:
      Los derechos adquiridos de los servidores.
      Afectación económica.
      Afectación de la salud.
      No se requiere brindar el servicio puesto que se cuenta con
24 horas para resolver la situación jurídica de una persona.

       Ahora bien, estas acotaciones se estudiaron y se incluyeron
en el análisis con el propósito de que ninguna de ellas persistiera,
por ese motivo se consultó a los expertos por cada área.
      El turno de las 16 horas a la 24 horas de los sábados, no está
siendo atendido bajo la modalidad de disponibilidad por la Defensa
Pública de Turno Extraordinario, conforme lo dispuso el Consejo
Superior en la sesión del 12 de setiembre de 2002, artículo XXXI.
En cuanto a la Fiscalía se brinda la atención con el personal que
atiende San José.

       Al partir de que el incremento de la carga de trabajo de la
Fiscalía del II Circuito Judicial de San José se ha generado desde
que empezó a trabajar con Dirección Funcional, se recomienda que
de aprobarse la alternativa de integrar el “grupo D” al rol de Turno
Extraordinario, la Fiscalía General, apoye a la del II Circuito
Judicial de San José, con el Personal que tiene a cargo y que fue
asignado en su oportunidad para reforzar las fiscalías del país
cuando se presentan incrementos en el circulante.

       Tal como se expuso en el Punto “I” apartado “B.2.”, con la
inclusión del grupo “D” en el rol, ya no se requiere la atención con
disponibilidad, que realizan los jueces penales de turno para cubrir
el período de los sábados de las 16:00 a las 24:00 horas. Por lo
anterior, se recomienda que el Departamento de Personal analice lo
que procede, observando el debido proceso en todo momento.

      Materia de Violencia Doméstica


     Al igual que se recomendó para los despachos penales de
Turno Extraordinario, se estima necesario incluir dentro del rol
                                                                        366


actual del Juzgado de Violencia Doméstica de Turno
Extraordinario, el cuarto grupo. Lo anterior, implica que el Juzgado
de Violencia Doméstica de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita
dejará de contar con ese recurso, situación que ya fue analizada por
este Departamento y de lo cual se concluye no hay perjuicio alguno
si prescinden de ese personal.

       En cuanto a trasladar los asuntos de Violencia Doméstica,
que son atendidos actualmente por el Juzgado Especializado de
Hatillo San Sebastián y Alajuelita, para el Juzgado Contravencional
de Menor Cuantía de Alajuelita, según lo solicitaran los jueces de
ese despacho, ya la Sección de Control y Evaluación del
Departamento de Planificación, en estudio N° 003-CE-2007-B del
26 de febrero de 2007, el cual fue remitido al Consejo Superior por
parte del Departamento de Planificación mediante oficio 360-PLA-
2007 de esa misma fecha, estimó que no era pertinente ese traslado,
por cuanto la cantidad de asuntos recibidos por el Juzgado
Especializado de Violencia Doméstica de Hatillo, San Sebastián y
Alajuelita, es similar a la que registraba el Juzgado Contravencional
y Menor Cuantía de Alajuelita, antes de trasladar esa competencia,
aparte de que los asuntos de Violencia Doméstica actualmente son
atendidos por un despacho especializado en esa materia.

       En cuanto a la posibilidad de crear otro Juzgado de Violencia
Doméstica, ya sea en Hatillo o en Desamparados7; es criterio de la
Sección de Control y Evaluación, que si bien existe una necesidad
de los usuarios/as y de la sociedad en general, de contar con este
servicio cerca de su comunidad, el costo/beneficio de habilitarlo es
oneroso, ya que le correspondería asumir una carga de trabajo
pequeña, que perfectamente puede ser atendida, con la estructura
existente.

      Sobre la solicitud de la Licda. Rosa Cristina Arguedas
Venegas, Jueza Coordinadora del Juzgado de Violencia Doméstica
de Desamparados, de valorar la posibilidad de que las plazas de
Juez 3 y Auxiliar Judicial 2 del grupo 4 del Juzgado de Violencia
Doméstica de Turno Extraordinario, puedan ser reubicadas en el
despacho a su cargo, no es factible en tanto se requieren en el de
Violencia Doméstica de Turno Extraordinario, para el que fueron
creadas.
                                                                         367


       Se recomienda que el Departamento de Personal analice la
categoría del puesto de Asistente Judicial 2 asignado al Juzgado de
Violencia Doméstica de Turno Extraordinario de San José, ya que
como tal no se utiliza y realiza las mismas labores de un Auxiliar
Judicial 2.

       La inclusión del grupo “D”, en el rol de trabajo de los grupos
“A”, “B” y “C”, del Juzgado de Violencia Doméstica, debe ser
analizada por el Departamento de Personal en cuanto a si esto
representa modificaciones en sus condiciones salariales; observando
el debido proceso en todo momento.

      En virtud de que los horarios del Juzgado Penal, de Violencia
Doméstica, Fiscalía y Defensa Pública de turno extraordinario de
San José se atenderán en todos sus períodos por turno y no por
disponibilidad, es necesario informarle al Ministerio de Seguridad
Pública esta modificación, para que así la Policía Administrativa
envíe regularmente a las personas que tiene detenidas en cada
período y que no las acumule para un horario determinado, lo que
ocasionaría la saturación de éste.

       Finalmente, el propósito de que el horario de las 16:00 a las
24:00 horas de los sábados sea atendido por turno y no por
disponibilidad, tiene su fundamento no sólo en la mayor cantidad de
casos ingresados, sino que va en la línea que apuesta el Poder
Judicial que es la oralidad tal y como se indica en la circular 72-07
que cita entre otras cosas, lo siguiente:


       “…que la utilización de la oralidad durante la Fase
Preparatoria como una forma de protección ciudadana constituye un
instrumento básico para el ejercicio de una defensa eficiente de los
intereses del acusado (…) No cabe duda que las audiencias orales
son plena garantía para que todas las partes expongan -con garantía
del contradictorio- de viva voz sus razones para defender las
diferentes pretensiones interlocutorias que podrían afectar los
derechos de los intervinientes, en ese caso concreto, la imposición
de una medida cautelar como la es la prisión preventiva (…) la
fundamentación de sus resolución debe hacerse oralmente con la
participación de todas las partes intervinientes y con sustento en las
alegaciones planteadas en ese escenario.”
                                     -0-
                                                                          368




       Del análisis al estudio citado, reuniones con profesionales del
Departamento de Planificación, con el Magistrado José Manuel
Arroyo, jueces y fiscales del Turno Extraordinario, así como de la
documentación suministrada por los grupos interesados, se deben
señalar los siguientes aspectos. Como punto de partida se tiene que
el objetivo inicial de la gestión, radica en mejorar el servicio de
atención a las personas usuarias y por ello el Departamento de
Planificación analizó la conveniencia de transformar la atención de
disponibilidad, con que atienden los despachos de turno
extraordinario, específicamente en la materia Penal, los sábados de
las 16:00 a las 24:00 horas, a una jornada de atención permanente
durante ese lapso, lo que le daría continuidad al servicio, que
lamentablemente en la actualidad permanece interrumpido durante
ese período y es atendido como se ha señalado por disponibilidad
exclusiva de los jueces de ese turno.

        Este Órgano en definitiva comparte la necesidad de
establecer un mecanismo que no interrumpa el servicio público que
se presta los sábados en las horas señaladas, ya que por tratarse de
materia penal, hay necesidad de darle continuidad al servicio ese
día, criterio que comparte un sector del grupo de turno
extraordinario, según nota de 28 de agosto último, recibido en este
Consejo, suscrito por servidores del grupo D de la Fiscalía de Turno
Extraordinario (licenciada Yorleny Campos Campos y servidoras
Karol Montero Madrigal y Guiselle Rojas Segura), grupo que ha
documentado los inconvenientes de no dar esa continuidad al
servicio con casos concretos, demostrando que cualquier situación
(violencia doméstica, reo preso, denuncia) se posterga hasta que se
inicia la siguiente jornada (a partir de las 12 horas del día domingo),
aunado a que estos pendientes se acumulan con los que ingresan en
esa jornada y algunas veces no se logra resolverlos, por la
acumulación de casos, lo que en definitiva se comprueba la
afectación al servicio. No obstante lo anterior, el informe del
Departamento de Planificación, pese a que recomienda fórmulas
que podrían conducir a solucionar este aspecto con la permanencia
del servicio el día sábado de las 16 a las 24 horas, hay temas que
conducen a solicitar una revisión de la propuesta, en aras de no
afectar los derechos de los funcionarios y servidores judiciales que
laboran en esos turnos. En las reuniones sostenidas, los jueces y
fiscales que laboran en el citado turno y que consideran que les
causa perjuicio los cambios que se proponen ( grupos A, B, C),
afirmaron que el proyecto para la Flagrancia que se iniciará
                                                                          369


próximamente en ese Circuito, hace innecesario cambiarles el rol.
Sin embargo, del análisis se ha tenido claro que de momento no se
puede asociar la situación del Turno Extraordinario con el
“Proyecto para la Flagrancia en Contravenciones y Delitos”, ya que
son temas diferentes, que funcionarán de manera distinta, y
obedecen a programas disímiles.

       Entre otros aspectos que argumentan, se señala que la
propuesta les causa perjuicios salariales, un fin de semana completo
menos al mes como descanso para compartir con sus familias, y no
menos importante que se varían las condiciones de trabajo, pues el
rol que se propone mezcla la jornada nocturna que siempre han
realizado, con la jornada diurna de las 8 horas a las 16 horas los días
sábados y domingos. Sobre éste último aspecto, se considera
necesario analizar si el cambio que se propone de la mezcla de
jornada, contraviene lo dispuesto por la jurisprudencia de la Sala
Constitucional, que en sentencia N° 2002-08336 de las quince horas
del veintisiete de agosto del dos mil dos, señaló al respecto: “…En
el sublitem, la Sala ha podido notar que el señor Fiscal General de la
República excedió sus facultades, toda vez que, realizó un traslado
que implicó cambios fundamentales en la relación laboral de la
amparada. Ello por cuanto la recurrente se encontraba nombrada en
propiedad, desde el 2 de marzo de 1992, en la plaza de Fiscal, en la
Fiscalía de Turno Extraordinario de San José (y por ser de jornada
nocturna y con un horario alterno se le reconocía un sobresueldo o
plus, de manera que el traslado llevado a cabo por la autoridad
recurrida significa un cambio radical de sus condiciones de trabajo,
pues sus efectos directos son la alteración total y brusca en su forma
de vida, dado que la señora Espinoza Arroyo ha estado
acostumbrada al descanso diurno (lo que conlleva a la realización de
todas aquellas actividades relativas a la esfera de su intimidad) y al
trabajo nocturno, amén de que también estaba acostumbrada a
recibir cierta suma de dinero como salario, para poder desarrollarse
como ser humano. Así las cosas, si bien es cierto el recurrido tiene
la facultad de nombrar, revocar, ascender y trasladar a los fiscales,
en el particular caso, por importar un cambio esencial en las
condiciones laborales, debió, de previo a realizar el traslado,
consultarle a la amparada si deseaba ese cambio. Al no hacerlo,
realizó cambios esenciales en las condiciones laborales de la
amparada que resultan vejatorios de sus derechos al trabajo, al
salario, a la salud y a su dignidad como trabajadora y como ser
humano. Por ello, no son de recibo los alegatos del señor Fiscal en
el sentido de que el traslado operó de conformidad con la ley y los
                                                                               370


       principios de idoneidad del funcionario y eficiencia del servicio
       público, pues éstos nunca están por sobre los derechos
       fundamentales de los administrados. En razón de ello, en cuanto a
       este punto, el recurso debe ser declarado con lugar.”

              Por otra parte, es necesario que el Departamento de
       Planificación, se refiera a cómo se atenderán los feriados y períodos
       de cierre colectivo, a efecto de tener definido ese tema.

              No se omite indicar, que se tuvo a la vista notas enviadas por
       los licenciados Eloy José Araya Paz, Juez de Turno Extraordinario,
       Lizbeth Barrantes Castillo, Jueza Coordinadora del Juzgado Contra
       la Violencia Doméstica, María Gabriela Segura Araya, María Elena
       Chaves Gatgens, Carlos Jovel Sánchez, Jueces Penales de Turno
       Extraordinario, licenciada Desiree Acuña Agustini, Anabelle
       Chaves Flores y Lourdes Espinoza Arroyo, Fiscalas de Turno
       Extraordinario, licenciado Carlos Breedy Jiménez y Carlos Corrales
       Barrantes, Defensores de Turno Extraordinario, licenciados Esteban
       Castellán Ramírez, Fabricio Abarca Fallas y Sharon Umaña
       Chinchilla, Auxiliares de Turno Extraordinario, todos del Segundo
       Circuito Judicial de San José.

              Se acuerda: 1) Previamente a resolver lo que corresponda,
       remitir al Departamento de Planificación la documentación que se
       ha recibido en este Órgano, con el fin de que analice la posibilidad
       de revisar la propuesta en lo que concierne a mezclar la jornada
       extraordinaria con la jornada diurna y cualquier otro aspecto que
       han señalado como perjuicio los servidores que integran los grupos
       A, B, C. 2) Adicionar al estudio lo que se refiere a la atención de
       los feriados y períodos de cierre colectivo. 3) Hacer el presente
       estudio de conocimiento de la Comisión de la Jurisdicción Penal. Se
       declara firme este acuerdo.”

                                   -0-

      En sesión N° 71-08 del 23 de setiembre último, artículo XXXI, se tomó

el acuerdo que en lo conducente dice literalmente dice:

            “La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
       Planificación, en oficio N° 1654-PLA-2008 de 9 de setiembre en
       curso, expuso lo siguiente:
                                                                                  371




           "Le transcribo el informe N° 053-CE-2008 de hoy, suscrito
      por el máster Elías Muñoz Jiménez, Jefe de la Sección de Control y
      Evaluación, que dice:

           "En adición al oficio N°1560-PLA-2008 del 20 de agosto,
      elaborado por el Departamento de Planificación, remitido a la
      señora Secretaria General de la Corte, Licda. Silvia Navarro
      Romanini, en el que se analiza la posibilidad de variar el horario de
      los despachos de turno extraordinario de materia Penal y de
      Violencia Doméstica, después de haber conversado con el Lic.
      Hugo Hernández Alfaro, Asesor del Consejo Superior, se presenta
      una propuesta para atender los días feriados en turno extraordinario.
      Para atender lo solicitado, se parte de la premisa de que el rol para
      atender en turno extraordinario, es el propuesto en el oficio N°
      1560-PLA-2008, el cual se detalla a continuación.

                              Rol de Trabajo propuesto
     SEMANA N° 1

   Jornada   Lunes   Martes     Miércoles   Jueves   Viernes   Sábado   Domingo
    00-08     C        A           A          B          C       D         D
    08-16      -       -            -         -          -       C         C
    16-24     D        B           D          A          A       B         B
    Libre   A-B       C-D         C-B        C-D      D-B        A         A
SEMANA N° 2
   Jornada Lunes     Martes     Miércoles   Jueves   Viernes   Sábado   Domingo
    00-08     D        B           B          C          D       A        A
    08-16      -       -            -         -          -       D        D
    16-24     A        C           A          B          B       C        C
    Libre   B-C       D-A         D -C       D-A      A-C        B        B
SEMANA N° 3
   Jornada Lunes     Martes     Miércoles   Jueves   Viernes   Sábado   Domingo
    00-08     A        C           C          D          A       B         B
    08-16      -       -            -         -          -       A         A
    16-24     B        D           B          C          C       D         D
    Libre   C-D       A-B         A-D        A-B      B-D        C         C
SEMANA N° 4
   Jornada Lunes     Martes     Miércoles   Jueves   Viernes   Sábado   Domingo
                                                                         372


00-08     B         D           D      A         B        C          C
08-16     -         -            -      -         -       B          B
16-24     C         A           C      D         D        A          A
Libre    D-A       B-C          B-A   C-B        C-A      D          D
        Las letras " A", "B", "C" y "D" al interno de este "rol de
  trabajo" corresponde a cada grupo de trabajo compuesto por un
  Juez/a con un Auxiliar Judicial; un Fiscal con dos Auxiliares
  Judiciales y Defensor Público. Este rol se repite cada tres semanas.
     Ahora bien, a fin de que los días feriados sean distribuidos en
  forma equitativa, se recomienda que se atiendan mediante un "rol
  para días feriados", de la siguiente manera.

              Rol de Trabajo propuesto para días feriados
              En los Despachos de Turno Extraordinario
               Del Segundo Circuito Judicial de San José

                    Día Feriado       Grupo de trabajo
                1 enero                      A
                11 abril                     B
                Jueves Santo                 C
                Viernes Santo                D
                1 mayo                       A
                25 de julio                  B
                2 de agosto                  C
                15 de agosto                 D
                15 de septiembre             A
                12 de octubre                B
                25 de diciembre              C

        Para que este rol sea equitativo y no se presente jornadas
  extenuantes, el grupo que atienda el día feriado, deberá ser el que
  cuente con el mayor número de horas de descanso. Así por ejemplo,
  si al "grupo A" le corresponde por "rol de feriados" ingresar de las
  08:00 a las 16:00 horas a atender el feriado, pero está saliendo de
  atender el turno de las 00:00 a las 08:00 horas, se recomienda que
  no sea el "grupo A", sino más bien el grupo siguiente en el rol que
  sería el "grupo B", de manera que no se junten dos jornadas de
  trabajo. Igual tratamiento al caso en que el grupo que por rol de
                                                                                373


       feriados le corresponde atenderlo pero al finalizar esa jornada, le
       corresponde ingresar a laborar en turno.

             En este trabajo se contó con la participación de la Licda. Irene
       Palomo Montoya, Profesional 2 de la Sección a mi cargo."
                                        -0-
             Se acordó: Devolver al Departamento de Planificación el
       informe N° 053-CE-2008, para que se analice integralmente con las
       gestiones presentadas por los servidores que conforman los grupos
       A, B, C y D, de conformidad con lo solicitado en la sesión N° 67-08
       del 9 de setiembre en curso, artículo XXXVI y rinda un informe
       general al respecto.”
                                       -0-

      Los licenciados María Elena Chaves Gatgens, Carlos Jovel Sánchez,

Gabriela Segura Araya y el señor Esteban Castellón Ramírez, Jueces               y

Auxiliar Judicial del Juzgado Penal de Turno Extraordinario y los licenciados

Carlos Corrales Barrientos, Lourdes Espinoza Arroyo, Desireé Acuña

Agustini y Anabelle Chaves Flores, Defensor Público y Fiscales de Turno

Extraordinario todos del Segundo Circuito Judicial de San José, en nota de 25

de setiembre último, recibida el 30 de ese mes, manifestaron lo siguiente:

             “Quienes suscribimos, funcionarios y funcionarias del Poder
       Judicial, Jueces y Fiscales que laboramos en el Turno
       Extraordinario Materia Penal, del Segundo Circuito Judicial de San
       José, con el debido respeto nos presentamos ante ustedes para
       referirnos al informe N 053-CE-2008, del 20 de agosto de dos mil
       ocho y al oficio N° 1560-PLA-2008 del 20 de agosto del mismo
       año, elaborado por el Departamento de Planificación y manifestar lo
       siguiente:

            Que desde el año pasado, cuando se nos remitió el informe 15-
       CE-2007 del 31 de mayo del 2007 (informe preliminar) y tuvimos
       conocimiento de la propuesta del Departamento de Planificación
       para variar el horario de los despachos que laboran con turno
                                                                        374


extraordinario, hicimos ver que la propuesta de cambio de horario
no contemplaba un estudio de Salud Ocupacional que determinara
cuáles eran las consecuencias que para la salud de quienes
laboramos en este turno podía tener un esquema de horario como el
que se propone.

     En dicha ocasión, sobre el punto se señalo:

      En el “rol propuesto” se pretende hacer más perjudicial la
jornada que va de las 24:00 a las 08:00, se repite cada dos días en
tres turnos consecutivos y con tan sólo 16 horas de separación
entre uno y otro. No se hicieron estudios científicos que determinen
consecuencias inmediatas de corto y mediano plazo sobre la salud y
en consecuencia de los derechos fundamentales más elementales.”
(Anexo 2, apartado 3.3.2. Informe 048-CE-2008).

      A pesar de que en el informe 1560-PLA-2008, del 20 de
agosto del 2008, la Licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria
General de la Corte, manifiesta que las opiniones vertidas sobre el
informe 15-CE-2007, “fueron analizadas una a una y consideradas
en lo que se estimó pertinente” en el informe Final 048-CE-2008, lo
cierto es que la observación hecha por nosotros sobre tan importante
tema, no fue tomada en cuenta.

      Esta afirmación la hacemos por cuanto en el mismo Anexo II
del Informe 048-CE-2008, el Departamento de Planificación se
limitó a señalar lo siguiente:

      “El rol propuesto, fue puesto en conocimiento de la Dra Leslie
Solano Calderón quien manifestó que este cuenta con las
condiciones necesarias para que los servidores se recuperen de las
jornadas laborales. Agregó, que el ritmo circadiano al cual hacía
referencia el Dr. Rodríguez Camacho, se regía por la luz del sol, el
ruido, la luz, las costumbres de las sociedades etc, hoy este se ha
visto modificado con el desarrollo socioeconómico, el avance de la
tecnología, el acceso a Internet, los requerimientos de las
sociedades, el cambio de los horarios laborales y la globalización
económica; actualmente, no hay gran diferencia entre el ruido, la
luz, la prestación de los servicios del día y de la noche y lo que se
requiere es que se cuente con las horas para descansar y organizarse
para compartir con la familia.” ( Anexo II, Informe 048-CE-2008)
                                                                             375


            Como se puede ver, el cuestionamiento hecho por nosotros
       sobre la ausencia de un estudio de Salud Ocupacional, fue
       “contestado” con fundamento en “manifestaciones” hechas por la
       Dra. Leslie Solano Calderón; manifestaciones que de ninguna
       manera pueden tener la validez de un estudio técnico sobre la
       materia.

             La omisión del estudio técnico de salud ocupacional sigue
       existiendo y el informe final que ustedes conocen — Informe 53-
       CE-2008- (que es una copia al calco del 048-CE-2008), adolece de
       la misma carencia que le cuestionamos en aquélla oportunidad al
       Informe preliminar 15-CE- 2007.

            Es claro que las observaciones que hiciéramos señalando la
       ausencia del estudio de salud ocupacional no fueron del todo
       tomadas en cuenta.

            En virtud de lo anterior y considerando que el tema tratado
       sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones sobre el
       cambio de rol de horarios que se pretende implementar para el
       Turno Extraordinario, nuevamente, en esta ocasión ante ustedes,
       dejamos planteada nuestra inquietud y solicitamos que sean ustedes
       quienes le soliciten al Departamento de Salud Ocupacional, realizar
       un estudio técnico para determinar las consecuencias médicas y
       psicológicas que el nuevo horario puede tener sobre la salud de
       todas y todos los funcionarios que laboraremos con el nuevo
       esquema.

            Dada la importancia que el tema reviste, solicitamos suspender
       el procedimiento de aprobación del nuevo rol de horarios para el
       Turno Extraordinario, hasta tanto no se cuente con el estudio
       requerido.”
                                        -0-

      Se acordó: 1) Tomar nota de la gestión anterior. 2) En razón del estudio

solicitado al Departamento de Planificación en las sesiones 67-08 y 71-08 del

9 y 23 de setiembre del año en curso, artículos LXII y XXXI respectivamente,

deberá coordinar con la Unidad de Salud Ocupacional el estudio técnico para
                                                                                 376


determinar las consecuencias médicas y psicológicas del cambio de rol de

horarios en turno extraordinario.

                               ARTÍCULO LXIII

      Los licenciados Marvin Arce Portuguez, Magaly Salas Álvarez y

Johnny Enrique Ramírez Pérez, en calidad de Consejo de Jueces del Juzgado

Civil de Mayor Cuantía de Cartago, en nota de 29 de setiembre último,

expusieron lo siguiente:

             “El Consejo de Jueces del Juzgado Civil de Mayor Cuantía de
       Cartago, desde hace varios años ha estado notando con suma
       preocupación, que despachos del I y II Circuito Judicial de San
       José, así como algunos de la periferia, específicamente el Juzgado
       Civil de Mayor Cuantía de Desamparados, han estado en forma
       reiterada comisionando a este Juzgado para que practique
       diligencias tales como recepción de prueba testimonial y hasta
       pruebas confesionales o declaración de partes.

           Este Juzgado no es que rechace el cumplimiento de las
       comisiones así enviadas, pues así las permite el ordinal 364 del
       Código Procesal Civil, es sólo que le preocupa lo siguiente:

             1-) Las comisiones así remitidas conculcan de manera grosera
       los principios de concentración (artículos 290, 305, 308, 309 y 433
       del Código Procesal Civil) y de inmediación de la prueba.

            En este respecto, debe recordarse que el principio de
       concentración: “(...) Este principio guarda relación con el de justicia
       pronta y cumplida, ya que por su medio se procura resolver, en un
       solo acto, diversos momentos que integran el proceso. Para que
       dicho principio opere efectivamente se requiere que los plazos
       concedidos a las partes, para la realización de un determinado acto,
       tengan naturaleza de perentorios e improrrogables, por cuanto, de
       esta manera, se evitan dilaciones inconvenientes y puede lograrse el
       avance hacia la etapa subsiguiente.
                                                                         377


     (...) “ (Olaso Álvarez, Jorge, La prueba en materia civil,
Editorama, San José, 2006, PP. 29-30).

       En cuanto al principio de inmediación dice la doctrina que:
“(...) El principio de inmediación es un elemento esencial del
proceso. Consiste en que el juez que dicta la sentencia debe ser el
que esté “presente o intervenga personalmente en la práctica de las
pruebas e incluso haya escuchado las alegaciones de las partes y/o
de sus representantes y defensores “. La idea es que el juzgador
mantenga contacto directo con la prueba, de manera que le permita
hacer un mejor análisis, tomando en consideración circunstancias o
elementos que de otra forma no podría apreciar. Evidentemente, la
inadecuada práctica de delegar la recepción de los elementos
probatorios es violatoria de este principio, salvo excepciones
absolutamente necesarias, sobre las que nuestro legislador se ha
ocupado - artículos 349, 364 y 409 del Código Procesal Civil -.
Valga la oportunidad para recordar que, en todo caso, no se debe
comisionar cuando la parte proponente, deforma expresa, indica que
va a presentar a los testigos el día de la diligencia o cuando, en la
confesión, la misma proponente se compromete a cancelar los
gastos en que incurra el confesante (numeral 349, párrafo 2°,
ibídem). Para algunos, este principio se encuentra íntimamente
ligado a un proceso eminentemente oral (...)“ (Loc. cit. pp.31-2)

      2-) El honorable Consejo Superior, en reiteradas ocasiones
mediante circulares de estilo, ha instado a los diferentes despachos a
aplicar en la medida de lo posible la oralidad en los procesos:

                      CIRCULAR No. 168-08

     ASUNTO: Reiteración de la Circular N° 52-2008 “Deber de
fomentar la aplicación de la oralidad en los procesos judiciales en
queresulte aplicable”, publicada en el Boletín Judicial N° 81-08 del
28 de abril del 2008 . –

            A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS

                   SE LES HACE SABER QUE:

     El Consejo Superior, en sesión N° 64-08, celebrada el 28 de
agosto de 2008, artículo LI, dispuso reiterarles la Circular N° 52-
2008 “Deber de fomentar la aplicación de la oralidad en los
                                                                         378


procesos judiciales en que resulte aplicable”, publicada en el Boletín
Judicial N° 81 del 28 de abril 2008, que literalmente dice:

      “El Consejo Superior, en sesión N° 22-08, celebrada el 27 de
marzo de 2008, artículo LXXXV, dispuso reiterarles a los
despachos judiciales, el deber de fomentar la oralidad en aquellos
asuntos en que ésta resulte aplicable, en procura de simplificar y
darle celeridad a los procesos.”

     San José, 19 de setiembre del 2008

      Es más que evidente que estas comisiones no cumplen con
dicha directriz -. 3-) Dada la cercanía de la ciudad de Cartago con
los despachos supra citados, aunado al desarrollo de los medios de
transporte y vías de comunicación con que se cuenta en el año 2008,
no se justifican dichas comisiones, pues generan más gastos a las
partes, al tener que “traer” a sus abogados desde dichas sedes, con el
consecuente pago de sus emolumentos, encareciéndolos
desproporcionadamente. 4-) Para citar sólo un ejemplo, el Juzgado
Civil del II Circuito Judicial de San José, en expediente número 06-
000978-O 164-CI, que es ordinario de Stanley Ramírez de la O
contra Dora Ligia Muñoz Monge y Orlando Muñoz Monge,
comisionó a este Tribunal para que recibiera la testimonial así como
la confesional y declaración de parte de los señores allí
demandados, Muñoz Monge. En su defensa participó el distinguido
procesalista doctor Sergio Artavia Barrantes, quien manifestó su
inconformidad en que la prueba la recibieran jueces que no iban a
resolver el fondo del asunto. Manifestó asimismo — criterio que
comparte este Colegio — que vista la cercanía con los despachos
comitentes, las comisiones así enviadas son una aberración procesal.
      Reiteramos que es cierto que la normativa procesal permite
esta comisión, pero ello evidentemente tiene que ser cuando se trate
de excepciones absolutamente necesarias.

      5-) No debe olvidarse que las normas se interpretan según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los
antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo
en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de ellas. (artículo 10 del Código Civil), Ergo,
vista la ubicación de esta sede con relación a la ciudad de San José,
la “Comisión por omisión de trabajo”, como se ha dado en llamarla,
no se justifica. No es lo mismo una comisión proveniente de Santa
                                                                              379


       Cruz, de Limón o de Corredores, a una que viene del I o II Circuito
       Judicial de San José o de Desamparados.

             6-) NO existe reciprocidad: este Tribunal nunca comisiona a
       esos despachos para recibir prueba testimonial o confesional,
       cuando los deponentes o confesantes son vecinos de dichas
       jurisdicciones. Tampoco lo hacen los Tribunales de cabecera de
       provincia como Alajuela o Heredia.

            CONCLUSIÓN

             Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente al
       honorable Consejo, se proceda al estudio y pronta resolución de esta
       problemática que no sólo está perjudicando la aplicación de una
       justicia pronta y cumplida, sino que está haciendo más pesada la
       carga de trabajo de este Despacho, máxime que ahora con la
       creación de los Tribunales especializados en materia de cobro
       judicial, los despachos citados han visto considerablemente
       disminuidos sus respectivos circulantes.”

                                   -0-
      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar la

gestión anterior a la Comisión de la Jurisdicción Civil para su análisis e

informe.

                              ARTÍCULO LXIV

      Los licenciados Óscar Rodríguez Bonilla, Jaime López Moya, César

Arrieta Mejía, Gerardo Morales Quesada, Erick Jiménez Masís, Catalina

Rivera Sanabria, Adrián Granados Monge, Rodolfo Camacho Rojas, Oscar

Solano Méndez y Oscar Ávila Ulate, Abogados Litigantes y Usuarios de la

Oficina Centralizada de Notificaciones de Cartago, en nota de 26 de setiembre

último, recibida el 1° de octubre en curso, manifestaron lo siguiente:
                                                                         380


       “Adjunto les remitimos las encuestas realizadas en conjunto
con la Oficina Centralizada de Notificaciones de Cartago, toda vez
que para nosotros es importante que ustedes conozcan como ha
trabajado esta oficina con la coordinación actual y siendo que la
misión del Poder Judicial es “Administrar justicia en forma pronta,
cumplida, sin denegación y estricta conformidad con la
Constitución Política, los Instrumentos Internacionales y demás
Normas del Ordenamiento Jurídico, ofreciendo siempre excelencia
en la calidad de atención a todos los usuarios y usuarias”, de igual
manera la Ley N2 7333 del 5 de mayo de 1993 (Ley Orgánica del
Poder Judicial) establece competencia y obligatoriedad al Tribunal
de la Inspección Judicial del Poder Judicial, para aplicar el régimen
disciplinario en beneficio del buen servicio público a saber:

      ARTICULO 174.- El régimen disciplinario tiene por objeto
asegurar la eficiencia, corrección y decoro de las funciones
encomendadas al Poder Judicial y garantizar a los ciudadanos una
correcta administración de justicia. Para tales efectos, existirán los
mecanismos de control, ágiles y confiables, que sean necesarios.

       Es por ello que el trabajo que ha hecho como equipo la
O.C.N. de Cartago durante los últimos meses ha sido con mucho
esmero y dedicación en un ambiente agradable y cordial es por lo
que les solicitamos a su honorable autoridad que lo tome en cuenta a
la hora de resolver si el señor Quirós Leitón pudiera ser reubicado a
otra oficina, para no desmejorar la calidad del trabajo que este
despacho ha dado.

       La situación que nos preocupa en este momento es que
tenemos conocimiento por parte de la Administración que siendo
que este señor fue reubicado en un puesto inferior, con menos
funciones no ha dado el rendimiento idóneo en el puesto, ya que
sus funciones están atrasadas, incluso le preocupa a la
Administradora que él deje el trabajo sin concluir. Por ello nos
dimos a la tarea de que ustedes conozcan el cambio que esta oficina
ha tenido y que el usuario actualmente está satisfecho con el
servicio que brinda esta oficina”.

                                -0-
                                                                                  381


      Se dispuso: Tomar nota de la comunicación anterior y trasladarla a la

máster Pilar Obando Masís Administradora Regional de Cartago, para lo que

corresponda.

                                ARTÍCULO LXV

      Mediante adición a la circular N° 115-07 de 4 de febrero del 2008,

publicada en el Boletín Judicial N° 38 del 22 de febrero del 2008, la Secretaría

General de la Corte, hizo de conocimiento de los despachos judiciales del país,

lo dispuesto por este Consejo, en sesión N° 78-07 del 11 de octubre del 2007,

artículo LV, en cuanto a la información obligatoria a incluir en el sistema de

gestión como parte de la política de género del Poder Judicial.

      La licenciada Lena White Curling, Contralora de Servicios, mediante

oficio N° C345-08 de 29 de setiembre último, somete a consideración de este

Consejo, la nota de 9 de mayo del año en curso, suscrita por el licenciado

Alberto R. Serrano Urbina, Contralor Regional del Primer Circuito Judicial de

Alajuela, que literalmente dice:

              “De conformidad a lo expuesto por su persona sobre el punto
       9 de la Agenda de Reunión No. 3 de Contralores Regionales,
       llevada a cabo el día de hoy adjunto le remito tres resoluciones
       dictadas por el Juzgado Civil de Menor Cuantía de Alajuela a modo
       de ejemplo relativo al requerimiento que efectúa el Despacho a la
       parte actora en Procesos Civiles.

              Como puede observar se le pide información de situaciones
       que no necesariamente es de conocimiento de la parte actora, pues
       esta en su escrito inicial brinda los datos básico para identificar a la
       persona demandada, como lo es: nombre, número de cédula o
                                                                                382


       documento de identidad y lugar para notificarla.

              Sin embargo la práctica que realiza el Juzgado va mas allá de
       esta información, con el agravante de no admitir la demanda en caso
       de no cumplir el previo, tal y como se aprecia en las resoluciones
       adjuntas, que además carecen de recurso de apelación según me lo
       explican miembros de la Comisión de Usuarios de Alajuela.

              Así mismo la aplicación de la Circular tal y como la
       comentamos en la Reunión va orientada a la captura de la
       información cuando el funcionario o servidor judicial entrevista al
       usuario (a), oportunidad que le brinda la posibilidad de obtener los
       datos requeridos por la Circular, pero no pueden ser vistos como un
       requisito de admisibilidad de la demanda, además que el sistema
       permite indicar en su campo específico la razón de información No
       Disponible.

             Esta situación es muy preocupante pues según lo manifestado
       por los señores Contralores Regionales del país, esta interpretación
       que se le da a la Circular, solo se aplica en el Juzgado Civil de
       Menor Cuantía de Alajuela.

              Por lo anterior solicito se eleve la consulta a las autoridades
       competentes a efecto de aclarar el tema de modo que el Juzgado
       Civil de Menor Cuantía modifique la interpretación que le ha dado a
       la Circular 78-07.”
                                       -0-

      Se dispuso: Aclarar al Juzgado Civil de Menor Cuantía del Primer

Circuito Judicial de Alajuela, que de conformidad con la circular N° 115-07

están en la obligación de digitar en los asuntos que se tramitan, la información

ahí dispuesta, no puede ser visto como un requisito para admitir la demanda,

cuando exista imposibilidad para recabar los datos.

                              ARTÍCULO LXVI
                                                                                383


      En nota fechada 11 de abril de este año, recibida el el 3 de octubre en

curso, el doctor Roberto Jorge Feitosa de Carvalho, Presidente de la Red

Latinoamericana de Jueces, le manifestó al Presidente, Magistrado Mora:

             “La Red Latinoamericana de Jueces –www.REDLAJ.org –
       tiene el honor de dirigirse a Vuestra Excelencia para invitarle a
       participar en el II Congreso Iberoamericano sobre Cooperación
       Judicial: Justicia Digital, que tendrá lugar en Santiago, Chile, del 3
       al 6 de noviembre de 2008.

             La Red Latinoamericana de Jueces - www.REDLAJ.org – es
       una entidad Internacional, sin fines lucrativos, creada con el
       objetivo de congregar jueces y magistrados latinoamericanos para
       desarrollar mecanismos de cooperación e integración de los
       sistemas judiciales, a partir de un marco de confianza e inteligencia
       colectiva.

           La asociación cuenta con representación en diecisiete países de
       América del Sur, Centroamérica, Caribe y México.

             Como iniciativa de la REDLAJ, y contando desde ya con el
       decidido apoyo de la Asociación de los magistrados de Chiles, de la
       Asociación de Magistrados brasileños, de la Universidad Autónoma
       de Chile, del Ministerio de Justicia de Chile, de la Escuela Nacional
       de Magistrados brasileños y del Presidente de la Suprema Corte de
       Chile, el referido Congreso está programado para realizarse en el
       período comprendido entre los días 3 al 6 de noviembre de 2008,
       habiendo sido planeado para fomentar la discusión sobre la justicia
       digital, las nuevas tecnologías de la información aplicadas al ámbito
       judicial, además de la revolucionaria y contemporánea forma de
       actuación judicial, que ya se encuentra en proceso de amplia
       expansión en el modelo de integración del llamado espacio jurídico
       europeo: La Cooperación Judicial Internacional.

            Informamos que vuestros gastos individuales con viaje,
       alojamiento y viáticos serán cubiertos por la organización del
       evento.

            Solicitamos, finalmente, que se declare el evento de interés
       para el Poder Judicial y que se le dé la más amplia difusión en Costa
                                                                               384


       Rica para lograr la mayor participación de jueces de todas las
       categorías.”
                                       -0-
      Se dispuso: 1) Agradecer al señor Roberto Jorge Feitosa de Carvalho la

invitación cursada. 2) Remitir lo anterior al Consejo de Personal y por ser de

interés para el Poder Judicial, proceda a efectuar la difusión correspondiente

del “II Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial: Justicia

Digital”, con la indicación de que este Consejo concederá únicamente permiso

con goce de salario y sustitución en los casos estrictamente necesarios.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO LXVII

      La licenciada Carolina Mora Román, Administradora del Juzgado y

Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en correo

electrónico recibido el 7 de octubre en curso, expresó:

             “… solicito autorización para prorrogar el plazo para la
       entrega de los informes estadísticos del Tribuna Penal, Penal Juvenil
       y Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José del II Trimestre
       2008, por cuanto se me han presentado unas inconsistencias en
       cuanto al nombre del delito en los expedientes (cerca de 1000
       expedientes) y espero sean corregidas el día de hoy. Por cuanto
       solicito ocho días más para entregarlos, sin embargo espero
       finalizarlos antes. He de indicar que estos informes de materia penal
       son muy extensos y con muchas variables, las cuales en su mayoría
       hay que buscar en forma individual en el sistema de gestión.”

                                   -0-
                                                                               385


      Se acordó: Acoger la solicitud de la licenciada Carolina Mora Román y

conceder a ese despacho, el plazo de ocho días para que remita al

Departamento de Planificación los informes estadísticos de la materia penal

del Tribunal Penal, Tribunal Penal Juvenil y Juzgado Penal del Segundo

Circuito Judicial de San José. Se declara acuerdo firme.


                             ARTÍCULO LXVIII
      En sesión N° 67-08 celebrada el 9 de setiembre último, artículo XXXII,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

              “En sesión N° 79-07 celebrada el 23 de octubre del 2007,
       artículo XLIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
             “La licenciada Lena White Curling, Contralora de Servicios,
       en oficio N° C416-07 de 16 de octubre en curso, señala lo siguiente:
             "El 24 de agosto pasado participé en una reunión organizada
       por los jueces del Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo
       Circuito Judicial con los funcionarios de las Delegaciones Policiales
       de ese perímetro judicial, con el fin de analizar temas relacionados
       con los allanamientos, ordenes de apremio, retensiones salariales y
       notificaciones.
             En esa reunión y luego mediante un mensaje de correo
       electrónico que me remitió, el 5 de setiembre último, la Licda. Karla
       Ramírez Quesada, Jueza Coordinadora del despacho, se mencionó
       la preocupación existente debido a que se encuentra restringido el
       tipo de documentos que puede ser remitido por correo certificado.
             Explicó que la remisión de los documentos que no están
       autorizados para que su envío se realice por correo certificado,
       según las circulares 16-99 de la Dirección Ejecutiva y la emitida por
       la Sección de Comunicaciones constituye un problema. En el caso
       del Juzgado de Pensiones del Segundo Circuito Judicial de San
       José, los documentos a enviar son de suma importancia y por
       ello, afirma la Licda. Ramírez         que cuando asumió la
       coordinación, a principios de este año, para salvar la
                                                                          386


responsabilidad, le solicitó al compañero encargado de correo
levantar una lista de lo que se remite por correo ordinario a través
de la empresa Correos de Costa Rica, por el problema que
se presenta de atrasos y pérdida de los documentos. Expresó que ni
siquiera la oficina de correo lleva un control de lo enviado por dicho
medio, ya que el control consecutivo se da únicamente para el
correo certificado, según informó la jefa de dicha área en
Goicoechea.
      Ello se traduce en un mal servicio, lo cual produce que el
despacho reciba muchas quejas de las usuarias, debido a que
las órdenes de apremio no han llegado a la delegación de destino,
se pierden o tardan mucho en ser recibidas y que, al momento de
llegar a su destino, se encuentran vencidas, ya que en algunos
casos transcurre más de un mes. Estas inconformidades y reclamos
de las usuarias los confirmaron, en la reunión del 24 de agosto, los
distintos delegados de la policía de proximidad y consultaron si
existe algún medio más expedito para el envío de las órdenes de
captura.
      También se presentan los mismos problemas en relación con
las órdenes de retención salarial que las actoras solicitan que sean
enviadas a distintos patronos a la largo del país, ya que el Juzgado
las envía, de lo cual queda el registro, pero nunca llegan al patrono
destinatario, por lo que las interesadas deben acudir al despacho
nuevamente y solicitar que se vuelvan a elaborar mediante lo que se
conoce como un "oficio bis", lo cual representa un gasto adicional
de papel, mayor demora para que las actoras y sus beneficiarios
pueden disponer de la cuota alimentaria ordenada para retener del
salario del demandado y, además, en algunos casos, las actoras han
manifestado que solicitan dinero prestado para llevar ellas mismas
el oficio hasta la empresa que puede estar ubicada dentro del área
metropolitana o en provincias.
      Se me ha indicado que la situación anterior no solo provoca
molestias en los usuarios/as, sino también en los jueces, ya que en
el caso de la Licda. Ramírez, ella ha tenido que enfrentar causas
ante la Inspección Judicial, y actualmente enfrenta una denuncia
de tipo penal, al considerar la ofendida que la jueza nunca envió
por correo el oficio de retensión salarial, a pesar de que desde el año
pasado (año 2006) consta la copia del oficio en el expediente.
     Debo indicar que preocupa a la Contraloría de Servicios que,
aunado a otras inconformidades de las personas usuarias, se sumen
                                                                          387


las que se originan en la demora en el envío y recepción de
documentos a otras autoridades públicas, en razón de que los
procesos de pensiones alimentarias aseguran derechos cuyo disfrute
resulta de urgencia para las personas beneficiarias.
      Por lo anterior, solicito que se valore la posibilidad de ampliar
la autorización del uso del correo certificado, tanto para el envío de
órdenes de apremio y de retención salarial, como cualquier otro
documento cuyo envío y recepción resulte imperioso asegurar,
previa justificación de los jueces."
                                  -0-
      Se dispuso: 1.) Acoger la solicitud de la licenciada White
Curling y autorizar al Juzgado de Pensiones Alimentarias del
Segundo Circuito Judicial de San José para que utilice el correo
certificado, para el envío de los documentos indicados, en los casos
que estime indispensables. 2.) Deberá el Departamento de
Planificación en coordinación con la Contraloría de Servicios y el
Departamento de Tecnología de la Información analizar otros
sistemas de comunicación que sean confiables para el envío de ese
tipo de documentación y resulten menos onerosos para la
institución. 3.) La autorización a que se refiere el punto primero de
este acuerdo se aplicará en todos los juzgados de pensiones
alimentarias del país.”
                                      -0-
        La licenciada Bernardita Madrigal Córdoba, Subjefa interina
del Departamento de Planificación, mediante oficio N° 1443-PLA-
2008 de 17 de julio del año en curso, remitió para conocimiento de
este Consejo, el informe N° 049-PI-2008, suscrito por el máster
Andrés Méndez Bonilla, Jefe de la Sección de Proyección
Institucional, el cual responde a la solicitud de la sesión
anteriormente citada, para que se analizaran otros sistemas de
comunicación que sean confiables y menos onerosos para el envío
de la documentación emitida en materia de pensiones alimentarias.

       En lo que interesa el referido informe indica:

      “[…]

      En cuanto a la metodología aplicada:

       Para los efectos se aplicó una metodología mediante la cual
se analizaron los actuales medios de comunicación utilizados por
los Juzgados de Pensiones Alimentarias, para lo cual se contó con la
colaboración de los Jueces de los diferentes Juzgados especializados
                                                                                   388


         en la materia.

                Como resultado se pretende agilizar el trámite mediante dos
         momentos, uno de corto plazo a través de la utilización de los
         citadores para agilizar las comunicaciones y otro de mediano plazo
         aprovechando las facilidades que hoy en día nos prestan los medios
         electrónicos, más aún con la apertura en la utilización de esos
         medios en los diferentes procesos judiciales, dentro de los cuales
         están los relativos a la materia de Pensiones Alimentarias.

                Al respecto y en cuanto a la propuesta de corto plazo, debe
         indicarse que se refiere en parte a extender a otros Circuitos
         Judiciales lo que actualmente se presenta en el I Circuito Judicial de
         San José, en cuanto a la colaboración de los Citadores en la
         comunicación de asuntos relativos a Pensiones Alimentarias,
         mientras que respecto de la propuesta de mediano plazo, se refiere a
         la implementación de un plan piloto.

               Cabe indicar que las propuestas indicadas fueron analizadas
         también desde la perspectiva de la legalidad, con la asesoría de la
         Sección de Análisis Jurídico, siendo ambas viables.

               V. ANÁLISIS CUANTITATIVO:

               5.1 Cantidad de órdenes de captura emitidas de los diferentes
         Juzgados especializados en materia de Pensiones Alimentarias.

                 A continuación se detalla la cantidad de órdenes de captura y
         retenciones salariales, que en promedio anual envían por correo
         certificado los juzgados especializados en materia de Pensiones
         Alimentarias.

                                 Tabla N° 4
            Cantidad de Ordenes de Captura y Retenciones Salariales
                       enviadas durante el año 2007. (1)

          Juzgado de                     Ordenes de                    Retención
           Pensiones                      Captura                       Salarial
         Alimentarias
              (2)
I Circuito Judicial                          584                          556
II Circuito Judicial                        1782                         1144
III Circuito Judicial                       2428                          590
                                                                                389


Alajuela                                   1508                         288
Heredia                                    5775                         220
Cartago                                    2200                         330
I   Circuito     Zona                       570                          76
Atlántica
Total                                      14847                        3204
Peso Relativo                              82%                          18%

               Nota 1: Estos datos son únicamente de las órdenes de
         captura que se enviaron por medio de correspondencia, no así las
         órdenes de captura que las usuarias retiraron para diligenciar de
         forma personal.

                 Nota 2: Los Juzgados especializados de la provincia de
         Heredia y Cartago no cuentan con registros contables de la cantidad
         de órdenes de captura ni retenciones salariales, por lo que el dato
         fue suministrado por los Asistentes Judiciales según su experiencia
         en la tramitación de esta documentación.

                Fuente. Datos suministrados por cada Juzgado.

                Nótese de la tabla anterior que del total de documentación
         enviada (18051) menos de una cuarta parte es el envío de las
         retenciones salariales (26%), siendo mayormente representativo el
         envío de las órdenes de captura (82%).

              Por lo anterior, considerando el total de envíos con el peso
         mínimo descrito en la tabla 1, es decir, con paquetes de 0 a 20
         gramos el costo promedio sería de ¢8.213.205, (Es el resultado de la
         sumatoria de la Columna 2 de la tabla)

                VI. Elementos Resolutivos:

                6.1 La mayor queja que existe en cuanto al trámite de
         retenciones salariales y órdenes de captura es la dilación en su
         ejecución.

                6.2 Al respecto los Jueces de Pensiones Alimentarias son
         concientes en la importancia de agilizar este procedimiento a favor
         de los beneficiarios de pensiones alimentarias.

                6.3 La mayoría de las delegaciones policiales del país
                                                                         390


centralizan la correspondencia recibida (tanto físicamente como vía
fax), en las oficinas ubicadas en la cabecera de cada Cantón y ésta a
su vez se encarga de distribuir las órdenes de captura y comisiones,
a las comisarías residentes en cada uno de los distritos.

       6.4 La cantidad anual tramitada en órdenes de captura y
retención salarial por parte de los Juzgados Especializados en
materia de Pensiones Alimentarias es de 18.051, aproximadamente.

        6.5 El costo promedio mensual por tramitar correspondencia
certificada de los juzgados especializados es de ¢858.175 y el costo
anual asciende a ¢8.213.205.

       6.6 El artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece la posibilidad de utilizar a los citadores para tramitar las
órdenes de captura y las retenciones salariales.

       6.7 De la carga laboral existente en las Oficinas de Citaciones
y Localizaciones del país, el 86% corresponde a la tramitación de
citaciones, donde los encargados de dichas oficinas organizan
diariamente rutas de trabajo a cada uno de los citadores, visitando
todos los cantones de la competencia territorial, por lo que existe la
viabilidad de utilizar este recurso humano para trasladar las órdenes
de captura a las diferentes delegaciones policiales ubicadas en cada
cabecera de Cantón.

       6.8 El promedio diario actual de la carga de trabajo de los
citadores oscila entre 8 y 22 citaciones, encontrándose por debajo
del parámetro establecido por este Departamento.

       6.9 A la fecha únicamente la Oficina de Citaciones y
Localizaciones de San José tramita órdenes de captura en materia de
Pensión Alimentaria, las cuales, en su mayoría no requieren ser
ejecutadas al realizar los citadores una labor de persuasión y diálogo
con el obligado alimentario, para que éste realice el depósito
judicial de la cuota alimentaria.

       6.10 Actualmente se encuentra en proceso de elaboración por
parte de la Sección de Control y Evaluación de este Departamento,
una propuesta para ubicar las plazas que tienen la función de
localizar y presentar personas ante los Tribunales de Justicia ([1]
Acuerdo del Consejo Superior Nº 12-08 del 14 de febrero del 2008,
artículo XL), así como recomendar ajustes estructurales para hacer
                                                                          391


más efectiva la labor de los citadores.

       6.11. Existe un Sistema de Mensajería en el Módulo de
Gestión de Proveedores desarrollado en el Departamento de
Proveeduría, que cuenta con varios módulos de comunicación,
permitiendo direccionar a un solo lugar focalizado el envío de
información, por medio de fax y correo electrónico, el cual puede
considerarse como opción viable para la remisión de órdenes de
captura y Retenciones salariales. Al respecto la Ley Orgánica en su
artículo 147 permite la posibilidad de medios electrónicos para esos
fines; así como el acuerdo tomado por Corte Plena en sesión 33-07,
artículo XXVIII, al aprobar el Reglamento Autónomo de
Organización y servicio de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y Civil De Hacienda, específicamente en su título III
(artículos del 91 al 121).

      VII. RECOMENDACIONES

       Valorada la información recopilada y hechos los análisis del
caso, se plantean dos propuestas, que se estima, permitirían agilizar
y sintetizar el traslado de la documentación tanto de las órdenes de
captura como las retenciones salariales, optimizando así los recursos
humanos, materiales y tecnológicos con que cuenta la Institución.

      6.1 Propuesta de Corto Plazo:

       Utilizar a los citadores para que entre sus labores dentro de su
competencia territorial sean los responsables de trasladar las
retenciones salariales a las empresas y a su vez, las órdenes de
captura a las diferentes delegaciones policiales. Para el caso de las
órdenes de captura, inclusive tramitarlas personalmente ante el
deudor alimentario.

      Lo anterior, con el fin de agilizar el trámite del envío y
mitigar el riesgo de extravío.

       Es importante señalar que de implementarse esta modalidad
de trabajo, no genera variación en las funciones asignadas a los
citadores, ni afecta la carga de trabajo existente, en vista de que
diariamente estos servidores, deben desplazarse a los cantones que
se ubican en la competencia territorial de cada Circuito Judicial para
cumplir otras funciones, por tanto se estaría más bien maximizando
la utilización tanto del recurso humano como de los medios de
                                                                          392


transporte asignados.

       De acoger esta propuesta, se debe contemplar que el juzgado
será el responsable de confeccionar un listado de entrega al
responsable de efectuar la comunicación y que además éste deberá
devolver el listado con el resultado obtenido, con el fin de establecer
el control debido.

      6.1.1 Ventajas.

       ·Maximización de los recursos humanos y materiales
existentes.

      ·Mitigación del riesgo de extravío o mal direccionamiento de
la documentación.

      Fortalecimiento de canales de comunicación abiertos, que
permiten trasladar la información de manera segura, correcta y
oportuna a los destinatarios idóneos.

       Factibilidad Legal de que la carga de trabajo sea atendible por
los citadores.

      Mayor celeridad en la comunicación.

      6.2 Propuesta de mediano plazo:

       En el mediano plazo y según la disponibilidad de recursos
para el desarrollo de la plataforma tecnológica del Sistema de
Mensajería para Proveedores, se utilice para transmitir tanto las
órdenes de captura como las retenciones salariales por medio del
fax, así como por cuentas de correo electrónico cuando exista esa
posibilidad en alguna empresa o Institución.

      Es importante acotar que este sistema se está utilizando en el
Departamento de Proveeduría y está en período de garantía, por lo
que de aprobarse su utilización, solo se deben contratar las
modificaciones que se requieran para el adecuado envío de las
comunicaciones en materia de Pensiones Alimentarias, por lo que el
Departamento de Tecnología debe elaborar el análisis de las
modificaciones que se requiera hacer.

      De implementarse esta modalidad en cada juzgado
especializado de Pensiones Alimentarias, se instalaría de forma
                                                                        393


local (Significa que para instalar dicho Módulo informático no se
requiere contar con Sistema de Gestión.), en las computadoras del
personal encargado de la labor de remisión de órdenes de captura y
retenciones salariales del juzgado. Sin embargo, en el caso de enviar
retenciones salariales a una cuenta de correo electrónico, lo
conveniente es que lo asuma el que tiene asignada la cuenta oficial
del despacho.

       En cuanto al uso de la herramienta, igualmente se analizó lo
relacionado con la legalidad con el Lic. Jorge Kepfer Chinchilla,
quien manifestó que amparados al artículo 147 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial que cita:

       “La Corte podrá disponer la utilización de sistemas
informáticos para notificaciones, citaciones, comunicación entre
oficinas judiciales y externas, públicas o privadas, archivo, manejo
de documentación e información, atención al usuario, y para
cualquier otro acto en que se demuestre que el uso de la
informática agiliza el procedimiento, caso en el que las constancias
propias del sistema resultan suficientes para acreditar la
realización del acto procesal que las generó, salvo prueba en
contrario.”
      La utilización del sistema sería viable, pero tomando en
cuenta las previsiones de autenticidad y seguridad que se extraen de
la norma.

       En este sentido con el fin de garantizar la autenticidad,
integridad y seguridad del acto de comunicación en cuanto a las
órdenes de captura, se deben tomar en cuenta las siguientes
consideraciones preliminares sin perjuicio de otras que sean
desarrolladas en su momento:

       Diseñar un modelo alfanumérico de seguridad que se pueda
visualizar al margen de la orden de captura, como control de calidad
que permita identificar este documento como el original.

       Elaborar un registro de firmas de los jueces titulares, donde
ésta tenga una codificación de seguridad, en la base de datos del
Sistema de Mensajería, para que al emitir la orden de captura por
medio de fax, se incorpore el sello y la firma respectiva de juez.

      En cuanto al procedimiento a seguir en el envío de las
órdenes de captura y las retenciones salariales, por medios
                                                                        394


electrónicos, debe considerarse lo estipulado en el Título III
(artículos 91 a 121) del Reglamento Autónomo de Organización y
Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de
Hacienda, aprobado por Corte Plena en la sesión 33 del 17 de
diciembre del 2007 y que según el artículo 91 es aplicable para
todas las materias.

       Por último, cuando las órdenes de captura sean remitidas
directamente a las delegaciones policiales, los juzgados deben
tomar en cuenta la lista de personas responsables por parte del
Ministerio de Seguridad Pública, de ejecutar las órdenes de captura,
comunicadas mediante Circular 63-2002 de la Secretaría General de
la Corte.

      6.2.2 Ventajas y desventajas de la propuesta:

      Disminución de los costos operativos, al utilizar los recursos
propios, como lo es la plataforma tecnológica existente.

      Seguridad Jurídica al acto de comunicación, al utilizar
canales formales y funcionales de comunicación.

      Mayor oportunidad y celeridad en la comunicación.

      Utilización de medios eficientes de comunicación que
permitan mitigar el riesgo de extravío o mal direccionamiento de la
documentación.

      Uniformidad en la tramitación de las comunicaciones.

       En cuanto a las desventajas, solo se contempla la duración
que conlleve el ajuste a la herramienta informática para su
utilización en los Juzgados de Pensiones Alimentarias y la
existencia de presupuesto para esos efectos.”

                                -0-

     Se dispuso: 1) Tener por rendido el informe y tomar nota de la
investigación realizada. 2) Acoger las recomendaciones del
Departamento de Planificación, en consecuencia, respecto a la de
corto plazo, en el sentido de utilizar a los citadores para que entre
sus labores dentro de su competencia territorial sean los
responsables de trasladar las retenciones salariales a las empresas y
                                                                               395


       a su vez, las órdenes de captura, inclusive tramitarlas personalmente
       ante el deudor alimentario, entrará en vigencia a partir del 1° de
       octubre del año en curso, con el fin de que la medida sea
       comunicada a los despachos judiciales que corresponda, así como a
       las diferentes oficinas de citación y localización y a las
       Administraciones Regionales, con el fin de que tomen las
       previsiones que resulten oportunas, entre ellas diseñar los controles
       que recomienda el informe. 3) Respecto a la recomendación de
       mediano plazo y según la disponibilidad de recursos para el
       desarrollo de la plataforma tecnológica del Sistema de Mensajería
       para Proveedores, se utilice para transmitir tanto las órdenes de
       captura como las retenciones salariales por medio del fax, así como
       por cuentas de correo electrónico cuando exista esa posibilidad en
       alguna empresa o Institución, el Departamento de Tecnología de la
       Información la analizará, con el fin de que indique a este Consejo la
       viabilidad de utilizar la herramienta tecnológica que se sugiere y en
       caso de ser posible el plazo y los recursos necesarios para hacerlo,
       todo lo cual será valorado por este Órgano. 4) El Departamento de
       Planificación dará seguimiento a estas medidas y determinará si
       resultaron efectivas para agilizar el trámite en los despachos que
       tramitan de pensiones alimentarias. 5) Las órdenes de captura y las
       retenciones salariales, además de que se tramiten por parte del
       despacho, se entregará una copia a la parte interesada para que, si a
       bien lo tienen las diligencien por su cuenta.

                                   -0-

      El licenciado Garnier A. Vargas Barboza, Juez Coordinador del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, Dota y León Cortés, en nota

de 1° de octubre en curso, manifestó:

            “Por medio de la presente, quien suscribe en mi condición de
       Juez Coordinador del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía
       de Tarrazú Dota y León Cortés, me permito saludarlos y a la vez
       exponerles la presente CONSULTA en relación con el acuerdo
       alcanzado por ustedes en sesión número 67-08 celebrada el día
       nueve de setiembre del año en curso, propiamente el artículo
       XXXII, el cual en lo que interesa expone:
                                                                          396


        “..Se Dispuso:... 2) Acoger las recomendaciones del
Departamento de Planificación, en consecuencia, respecto a la de
corto plazo, en el sentido de utilizar a los citadores para que entre
sus labores dentro de su competencia territorial, sean los
responsables de trasladar las retenciones salariales a las empresas y
a su vez, las órdenes de captura, inclusive tramitarlas personalmente
ante el deudor alimentario, entrará en vigencia a partir del 1° de
octubre del año en curso, con el fin de que la medida sea
comunicada a los despachos judiciales que corresponda, tal como a
las diferentes oficinas de citación y localización y las
Administraciones regionales con el fin de que tomen los previsiones
que resulten oportunas, entre ellas diseñar los controles que
recomienda el informe... 5) Las órdenes de captura y las retenciones
salariales además de que se tramiten por parte de despacho, se
entregará una copia a la parte Interesada para que si a bien lo tienen,
las diligencien por su cuenta”. (El resaltado no es original) –

       Mi inquietud es sustenta en dos cuestionamientos:

       PRIMERO: Si tomamos en cuenta que el citador judicial no
se encuentra investido de autoridad suficiente para proceder a la
detención de un deudor alimentario contra quien se ha girado una
órden de captura, ¿Por medio de qué mecanismo un citador podrá
hacer efectiva aquella orden, si es él el encargado de tramitarla
personalmente ante el deudor alimentario?. Sobre este mismo punto,
si lo que se pretende es que el citador únicamente comunique a un
deudor alimentario la existencia de una orden de captura en su
contra: ¿No podría representar ese proceder, un peligro de
ocultamiento o “fuga” de aquel deudor quien pretende evadir su
obligación”.

       SEGUNDO: Como es sabido, la Fuerza Pública atiende y
precede al diligenciamiento de aquellas órdenes de captura que en
tesis principio, son Originales y auténticas, sea que han sido
expedidas por Autoridad competente, debidamente firmadas por el
(la) respectivo(a) Juzgador(a) y que contengan el sello del
Despacho; situación que genera confusión, al menos para quien
suscribe, ya que el referido acuerdo del Consejo Superior, indica
que las órdenes de captura además de ser tramitadas por parte del
despacho, se le entregará una copia a la parte interesada para que, si
a bien lo tiene, las diligencien por su cuenta. Lo anterior produce en
el suscrito la duda acerca de si la Autoridad de Policía se encuentra
                                                                              397


       obligada a dar trámite a una gestión de una persona que posee como
       respaldo una copia de un documento original.

             Con el mayor de los respetos que ustedes se merecen,
       presento la anterior consulta ante el honorable Consejo Superior del
       Poder Judicial, con la finalidad de tener un panorama más amplio
       acerca de los alcances de aquel acuerdo y la interpretación que se
       debe hacer del mismo.

              No omito hacer notoria mi preocupación sobre este tema,
       debido a que de acuerdo a mi entender, la mencionada disposición
       resulta obligatoria a partir del día de hoy, miércoles primero de
       octubre del dos mil ocho.”
                                          -0-

      Se acordó: 1) Por las razones indicadas por el licenciado Garnier

Vargas Barboza, dejar sin efecto lo dispuesto en el punto 2 de la sesión N° 67-

08 del 9 de setiembre del año en curso, artículo XXXII únicamente en cuanto

a que los citadores deben tramitar lar órdenes de captura derivadas de los

apremios corporales que se ordenen. 2) Por mayoría, mantener lo resuelto en

la citada sesión, respecto a que Fuerza Pública procederá al diligenciamiento

de las órdenes de captura cuando estas sean las originales.

      El Integrante Marvin Martínez Fernández, también emitió su voto por

acoger la segunda observación que hizo el licenciado Garnier Vargas, a las

mencionadas disposiciones, de forma que cuando la parte interesada requiera

que se le entregue una copia de la orden de apremio para su diligenciamiento,

esta debe ser lacrada con esa indicación, además de contener el sello del

despacho y la respectiva firma para dar fe de su autenticidad.
                                                                              398


DIRECCIÓN EJECUTIVA

                              ARTÍCULO LXIX

      Con oficio N° 7424-DE-2008 de 30 de setiembre último, el licenciado

Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, remite la nota Nº 2227-TI-2008 de 23

de ese mes, suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del

Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

             “… nos permitimos presentar el informe de las inversiones
       realizadas, con fecha de corte al 31 de julio del 2008, de las
       siguientes dependencias administrativas:

                         Dependencia Administrativa
                  Presupuesto
                  Fondo de Emergencia
                  Contaduría Judicial
                  Ingresos sobre Cuentas Corrientes Judiciales

             Al respecto, en el Anexo adjunto se presenta el detalle por
       Dependencia Administrativa, de las inversiones efectuadas y el
       rendimiento obtenido en el mes de julio de 2008. Como puede
       observarse, la mayor parte de los recursos monetarios se mantienen
       invertidos en Cuentas Platino y a corto plazo, dado que pueden ser
       requeridos en cualquier momento, conforme a las necesidades
       institucionales, así como en títulos TUDES a largo plazo en el caso
       del Fondo de Emergencias.

            A continuación se comentan algunos aspectos relevantes de las
       inversiones ejecutadas en cada una de las Dependencias
       Administrativas antes mencionadas:

            1. Presupuesto Poder Judicial:

            Los recursos económicos del presupuesto del Poder Judicial,
       como es de su estimable conocimiento, se mantienen en la Caja
       Única del Estado, por lo que las cuentas que para esa finalidad
       fueron creadas, se procedieron a cerrar en el mes de junio pasado, y
                                                                       399


el saldo que mantenía cada una, se trasladó a la Cuenta Corriente Nº
20192-8, según siguiente detalle:

    Institución Bancaria       Número de Cuenta          Saldo
 Banco Nacional de Costa            554-2               ¢531.313,64
 Rica
 Banco de Costa Rica                229-41-8                ¢701,74
    2. Fondo de Emergencia:

      Su origen se fundamenta en el artículo 250, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, el cual en lo conducente reza: “Este fondo será
utilizado para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas,
originadas en fenómenos naturales, conmoción interna o
calamidad pública, que afecten la administración de justicia sus
instancias y servicio, y declaración del estado de necesidad del
Poder Ejecutivo” (el enmarcado no pertenece al documento
original).

      Estos recursos monetarios se tienen en Títulos de Propiedad y
Bonos de Estabilización Monetaria de Interés Fijo en Colones, e
Inversiones a corto plazo, que se encuentran custodiadas en el
“Fideicomiso de Administración e Inversión Corte Suprema de
Justicia – Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal Avenida 10
Este”, cuyo monto total asciende a ¢1.674.410.501.60. Estas
inversiones en el mes de julio de 2008, generaron un interés por la
suma de ¢10.306.061.17 (ver Anexo, punto 1).

     3. Contaduría Judicial

      Su finalidad es el manejo de todos aquellos dineros cuyo
origen no es presupuestario. Aunado a lo anterior, esta Cuenta
Corriente es utilizada entre otras cosas, para el depósito de
sobrantes de recursos económicos de caja chica, pólizas de
fidelidad, intereses de las cuentas de caja y sub-caja chica, cobro
administrativo, comisión de reciclaje, garantías de participación y
cumplimento, recursos económicos por incapacidades de Caja
Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) e Instituto Nacional de
Seguros (INS).

     La Cuenta Platino No.229-49-3 en este mes de julio de 2008,
no cuenta con saldo alguno, por lo tanto tampoco genera ningún
                                                                                             400


         interés, (ver Anexo, punto 2), y en la Cuenta Corriente Judicial Nº
         20192-8 existe el monto de ¢212.158.492.125.

               Por otra parte, cabe indicar que al 31 de julio de 2008, existen
         inversiones a Corto Plazo (BCCR), CDP y CEPH de Bancos
         Estatales, por el monto de ¢1.354.704.105.47, las cuales generaron
         intereses por ¢5.140.861.64 al finalizar el mes de comentario.

               4. Cuenta de Ingresos sobre Cuentas Corrientes Judiciales

               En esta Dependencia Administrativa se mantiene la Cuenta
         Corriente Nº 217979-2, con el Banco de Costa Rica, entidad que
         acredita mensualmente, los intereses ganados por los saldos de las
         Cuentas Corrientes Judiciales (dólares y colones) y del sistema de
         Depósitos Judiciales. Su apertura se realizó mediante oficio 117-
         CC-2000 del 22 de marzo de 2000. El saldo en el Libro Auxiliar de
         Bancos, a la fecha de este informe alcanza la suma de
         ¢7.878.593.018.51, el cual incluye los intereses pagados de
         ejercicios anteriores, por el Banco de cita.

               Por otra parte, también se colocaron recursos económicos en
         Títulos Unidades de Desarrollo (TUDES) del Ministerio de
         Hacienda por un monto de ¢7,000,000,000.00, mismos que por
         característica propia del cálculo de rendimientos no devengan
         intereses mensuales, empero si en Unidades de Desarrollo, las
         cuales se generan diariamente acumulándose al valor transado del
         título valor, por lo que a la fecha tiene un valor de
         ¢12.610.438.256.29.

             Es importante mencionar, que mediante Addendum2 al
         Convenio para la Operación del Sistema Automatizado de
         Depósitos Judiciales en el Banco de Costa Rica, suscrito entre el
         Poder Judicial y el Banco de Costa Rica No. 33-CG-98, se fijó la
         tasa de interés del 8% sobre saldos diarios de la Cuenta Platino Nº
         229-39-6 y con un monto fijo de ¢6,000,000,000.00, el cual
         comenzó a regir a partir del 01 de octubre de 2004. Lo anterior fue
5
         En este saldo se encuentran recursos dinerarios de reservas pertenecientes al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones.
2
          Firmado el 10 de setiembre de 2004, por el Dr. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la
Corte Suprema de Justicia y el Lic. Carlos Fernández Román Gerente del Banco de Costa Rica, el
cual actualmente se encuentra en análisis por parte del BCR y este Poder de la República, para
ajustar las tasas pactadas de acuerdo con las condiciones del mercado financiero bursátil actual.
                                                                               401


       aprobado por Acuerdo del Consejo Superior, celebrado en sesión Nº
       65 del 31/08/2004. No obstante, se modifica la cláusula segunda de
       dicho convenio, fijando la tasa en un 5% a partir del 12 de setiembre
       del 2007, el cual es firmado el 11 de setiembre de ese mismo año.
       Es importante manifestar que a partir del 16/04/2008, nuevamente
       se modifica la tasa de interés a un 4%, acuerdo tomado por el
       Consejo Superior en la sesión Nº27-08 del 15/04/2008 Artículo
       LXIV. A la fecha del informe estos dineros se mantienen, conforme
       la distribución que se presenta en el Anexo punto 3, en la Cuenta
       Platino No. 229-39-6 la cual refleja la cuantía de
       ¢6,000.000.000.00, correspondiendo al rubro por intereses ganados
       la suma de ¢20.383.561.44.

             Asimismo, en la cuenta corriente Nº 1657-2, denominada
       Poder Judicial Intereses Judiciales, en el Banco Nacional de Costa
       Rica, se mantiene la suma de ¢10.712.957.819.02, con el propósito
       que el Poder Judicial realice algunas transacciones con servicio
       preferencial, recibiendo un interés mínimo de un 4% y un máximo
       de un 19% según el comportamiento de la tasa básica pasiva. De
       los recursos antes mencionados el Banco acredito en el mes de julio
       de 2008 la suma de ¢25.408.491.28 (ver anexo punto 3).

            Por consiguiente, el monto total que se mantiene en esa
       Dependencia Administrativa, producto de los intereses sobre
       Cuentas   Corrientes    Judiciales, alcanza  la    suma   de
       ¢37.201.989.093.82, tal como se observa en el Anexo antes
       mencionado.”
                                       -0-

      Se dispuso: Tomar nota del informe de las inversiones realizadas, con

fecha de corte al 31 de julio del año en curso y hacerlo de conocimiento de la

Auditoría Judicial. Se declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO LXX

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº

7466-DE-08 de 30 de setiembre último, remite nota Nº 0635-SC-2008 del 16
                                                                               402


de ese mes, suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del

Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

             “En relación con el Plan Anual Operativo 2008 del
       Departamento Financiero Contable específicamente en el punto No.
       7 Iniciar el proyecto de digitalización de documentos “Proyecto
       Visión 2020” me permito indicar que con la entrada en producción
       del sistema de Inversiones, el volumen de documentos de registro y
       auxiliares contables que se generan para el Fondo de Jubilaciones y
       Pensiones, disminuirá considerablemente ya que será este sistema el
       que suministre y almacene la información necesaria para proceder
       con los registros contables de las transacciones de las inversiones y
       sus cuentas relacionadas, siendo este tipo de registros los que
       generan la mayor parte de documentos y auxiliares.

            Por lo anterior, el proyecto de digitalización de documentos
       contenido en el Plan Anual Operativo de este Departamento, resulta
       innecesario debido a la existencia de esta herramienta, la cual en un
       futuro próximo permitirá minimizar la emisión de documentos.”

                                       -0-

      Por las razones indicadas, se acordó: Acoger la gestión anterior, en

consecuencia eliminar el punto N° 7 del Plan Anual Operativo del

Departamento Financiero Contable, que se refiere a “Iniciar el proyecto de

digitalización de documentos Proyecto visión 2020”.

PROPOSICIONES E INFORMES

                              ARTÍCULO LXXI

      En sesión N° 56-08 celebrada el 31 de julio del año en curso, artículo

LIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             “En sesión N° 35-08 celebrada el 13 de mayo del año en curso,
       artículo L, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
                                                                         403




     “La licenciada Patricia Hidalgo Somarribas, Jueza interina del
Juzgado Penal de Golfito, en correo electrónico de 5 de mayo en
curso, expone lo siguiente:

      "Estoy preocupada por algunos asuntos del Despacho, por lo
que estimo que debo exponerle al Consejo Superior a efecto de que
se me apoye en la labor de nombrar otra plaza de juez penal y dos
plazas de auxiliar judicial, en razón de la carga de trabajo, en el
circulante de procesos, en las diligencias a realizar en la etapa
preparatoria se ha incrementado, situación de la cual usted tiene
conocimiento, aun así lo que he solicitado desde principios de año
fue las plazas debidamente fundadas en estudios previos,
estadísticas etc. inclusive lo puse en conocimiento de los
magistrados Carlos Chinchilla, Alfonso Chaves y José Manuel
Arroyo, en forma personal y por correo electrónico, considero que
el tiempo pase y al ser final de año no se tenga una respuesta
adecuada, ya que no tengo conocimiento de que Planificación vaya
hacer estudios relativos. Actualmente conforme al informe de la
Inspección Judicial el despacho está al día, informe realizado en
Febrero del 2008. Pero esto es relativo, la suscrita conoce bien el
manejo del despacho, planifica y labora tiempo y medio para lograr
esa meta, no se incluye lo que se dispone en diligencias dentro de la
"disponibilidad", esto no va a solucionar el problema que se avecina
a corto plazo, por cuanto en un momento dado no podré laborar en
forma extraordinaria, por cuanto el trabajo del despacho crece y no
crece el personal de apoyo, lo único que persigo es poder resolver
un contratiempo letal para la administración de justicia en esta zona,
por lo que deseo que me apoyen y me permitan exponer
personalmente en sesión al Consejo Superior de estas necesidades
del despacho, lo único que requiero es que me brinden la
oportunidad y se me avise con antelación a efecto de tener quien me
sustituya en el despacho y si fuera posible un Lunes o Viernes para
efectos de desplazarme con tiempo."

                                -0-

      Se acordó: 1) Previamente a resolver lo que corresponda,
trasladar la gestión de la licenciada Hidalgo Somarribas al
Departamento de Planificación, para su estudio e informe. 2)
Comunicar a doña Patricia, que en razón de que se considera
importante contar con los resultados del citado informe, no se
                                                                         404


estima conveniente por el momento, concederle la audiencia
solicitada.”
                                 -0-
      Posteriormente, en sesión N° 49-08 del 1° de julio en curso,
artículo LX, con vista en lo manifestado por la licenciada Patricia
Hidalgo Somarribas, referente a la situación de emergencia y de
riesgo que tiene el Juzgado Penal de Golfito, por cuanto no tiene el
personal suficiente ante la demanda del circulante activo, se solicitó
al Consejo de Administración de la Zona Sur, que a la brevedad, y
de ser posible, asignara a ese despacho algún recurso
supernumerario de los que tienen destacados en esa Zona, para
solventar la situación del citado despacho. También, se dispuso
hacer este acuerdo de conocimiento del Programa Contra el Retraso
Judicial para los fines correspondientes.

      La licenciada Patricia Hidalgo Somarribas, Jueza interina
Penal de Golfito, en nota de 22 de julio en curso, expone lo
siguiente:

      “Por razones ya conocidas por ustedes, he venido solicitándole
dos plazas de Auxiliar Judicial 1 a efecto de que haga frente al
incremento en el circulante de expedientes a raíz de la vigencia de la
Ley de Penalizacion de Violencia para la Mujeres, la Ley de
Seguridad Ciudadana, la implementación de la oralidad en materia
penal y el funcionamiento de las Cámaras GESSEL en audio y
video, las cuales requieren ser monitoriadas por un asistente
judicial. Es relevante reiterar que conforme a los últimos informes
enviados a Planificación el circulante actual es de 1800 procesos
con las siguientes variantes, el Juzgado Penal de Golfito es
unipersonal, un asistente judicial 1, un auxiliar de servicios
generales 2 compartido con el Tribunal de Juicio y 1 asistente
judicial 1, se realizan 15 audiencias orales por semana, en la etapa
preparatoria, preliminar y cautelares, Allanamientos y
levantamiento de cada ver aproximadamente 4 por mes, se remite al
despacho por parte de la Fiscalía cerca de 300 expedientes entre
desestimaciones y sobreseimientos orales cada 3 meses, lo cual
implica que se haga necesario respaldar el despacho con mayor
número de auxiliares para que se pueda compartir con labores de
tramitación y manejo de cámaras de audio y video. Es evidente y
notorio mediante las razones expuestas por lo que estimo
conveniente y oportuno que existiendo la plaza N° 092879 de
Digitadora en la persona de MARCELA ROCHA COREA cedula
6-276-524, la cual está ubicada dicha plaza en la oficina
                                                                                405


       Administrativa de los Tribunales de Justicia de Golfito,
       Departamento de Tesorería, dicha servidora la única labor que
       realizaba era entregar cheques, ahora no la realiza por cuanto entró a
       funcionar el SISTEMA AUTOMATIZADO DE DEPÓSITOS
       JUDICIALES.

             En este momento según me he indagado y he podido observar
       que la servidora judicial ROCHA COREA MARCELA por las
       razones indicadas considero que sería de mayor utilidad y
       conveniencia para la función pública que sea trasladada dicha plaza
       de auxiliar al Juzgado Penal de Golfito donde se justificaría
       plenamente en razón de las necesidades del despacho.”
                                        -0-
             Se acordó: Remitir la gestión de la licenciada Patricia Hidalgo
       Somarribas, al Departamento de Planificación para que las agregue
       al estudio solicitado en la sesión N° 35-08 celebrada el 13 de mayo
       del año en curso, artículo L.”

                                       -0-

      En nota de 26 de agosto de este año, recibida el 11 de setiembre último,

la servidora Marcela Rocha Corea, Auxiliar Administrativa 1 de la

Administración Regional de Golfito, expresó:

              “Me permito dirigirme a Ustedes con el fin de pronunciarme
       con relación al acuerdo tomado en sesión N° 56-08, relativo a
       trasladar al Departamento de Planificación, las gestiones que realiza
       la Licda. Patricia Hidalgo Somarribas, Jueza Penal a.i. de los
       Tribunales de Justicia de Golfito, referentes a su interés de reforzar
       el personal de su Despacho.

              Lo anterior en virtud de que el día de ayer fui informada por
       medio de la Licda. Paulina Atencio Zapata, Administradora del
       Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, de la intención de la
       Licda. Hidalgo de disponer de la plaza que ocupo en propiedad y
       cuya labor ejerzo en la Sección de Cuentas Corrientes del
       Departamento de Tesorería.
                                                                        406


       El objeto de esta misiva es aportar datos fidedignos acerca de
las funciones que ejecuto y a la vez exponer mi posición personal
sobre el particular.

      A nivel laboral:

      1. Ocupo la plaza denominada Auxiliar Administrativo 1
laborando para la Sección de Cuentas Corrientes del Departamento
de Tesorería, por cuanto cuento con el grado de Técnico Medio en
Contabilidad, preparación académica que me permite realizar las
funciones asignadas.

      2. Las funciones que ejecuto pueden ser revisadas en el
Cuestionario para el Análisis de Puestos, cuya fotostática anexo, por
medio de cuya lectura se determina que la Licda. Hidalgo incurrió
en error de omisión o se encuentra desinformada, acerca de las
funciones que se realizan y de la asignación y responsabilidad que
recae en cada una de las dos funcionarias que laboramos en el
Departamento de Tesorería.

       3. Si el interés de la Licda. Hidalgo es que el trabajo se
realice de manera eficaz, mi presencia y labor no representaría un
insumo eficiente para cumplir con ese objetivo, sin contar con la
inducción y el tiempo necesario para conocer los trámites que se
realizan y la materia Penal.

       4. En virtud de que únicamente dos personas laboramos en el
Departamento de marras, resulta necesario para la atención de los
usuarios y usuarias, y por las labores específicas que realizarnos,
que permanezca una de nosotras en el puesto, principalmente por
ser las únicas personas que contamos con claves de acceso al
Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ) y del sistema que accede
información directamente del Banco de Costa Rica.

       5 Por la ubicación física, se comparte espacio con la Unidad
de Localización y Citación y Oficina Centralizada de
Notificaciones, presto colaboración a ambas, en labores de
digitación y de recepción y acomodo de listados, entre otras.

      A nivel personal:

      1. Como indiqué anteriormente, mi preparación académica de
Técnico Medio en Contabilidad, me ha permitido desempeñar las
                                                                                 407


       funciones asignadas. En la actualidad curso la Carrera de
       Administración de Negocios, con el objetivo de ejercer como
       Profesional en los Tribunales de Justicia de Golfito, proyecto a
       mediano plazo para el cual el puesto que ocupo se constituye en una
       importante plataforma.

              2. Mi preparación académica, la carrera universitaria que
       curso y mis intereses personales no son compatibles con las
       funciones del Juzgado Penal. Si de reforzar y optimizar el recurso
       humano de dicho Juzgado se trata, resultaría más congruente contar
       con el apoyo de otros funcionarios y funcionarias que cursan la
       Carrera de Derecho en niveles avanzados y que actualmente, al
       igual que mi persona, ocupan puestos de Auxiliares Administrativos
       y Judiciales, uno de cuyos casos conoce personalmente la Licda.
       Hidalgo.

              2. Resulta lamentable que, avanzada la gestión que se
       realiza, no se me haya informado ni tomado en cuenta mi criterio,
       sino después de más de un mes de que la Licda. Hidalgo me
       involucrara directamente, razón por la que siento lesionado mi
       derecho de expresión.

              Si bien es cierto los aspectos labores son prioritarios, para lo
       que aporto información fidedigna y razones de peso para
       mantenerme en el puesto que ocupo, también les solicito, tomando
       en cuenta que el recurso humano es el más importante en toda
       organización, que mis argumentos personales sean considerados al
       tomar la decisión sobre el particular.”

                                        -0-

      Por su parte, la licenciada Paulina Atencio Zapata, Administradora

Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, en oficio N° 203-AR-

2008 de 29 de agosto del año en curso, indicó lo siguiente

             “Me permito dirigirme a ustedes con el fin de pronunciarme en
       relación con el contenido del oficio N° 7057-08 de fecha 21 de
       agosto de 2008. Por los siguientes motivos que a continuación
       detallo:
                                                                          408


      PRIMERO: Al parecer la Licda. Patricia Hidalgo Somarribas
se encuentra mal informada con respecto a las funciones que
desempeña la señora Marcela Rocha Corea, al indicar que la única
labor que realizaba era entregar cheques, ahora no la realiza por
cuanto entró a funcionar el SDJ (SISTEMA DE DEPÓSITOS
JUDICIALES). Siendo que dicha funcionaria tiene a cargo las
siguientes funciones: Conciliaciones diarias y mensuales,
confección de carné, control y seguimiento del sistema
automatizado, recepción de órdenes de giros, verificación de datos,
confección de cheques, registro de depósitos, conciliaciones,
refrendo, además de colaborar con la Oficina Centralizada de
Notificaciones en el recibo, registro y digitación de notificaciones,
envió de fax, cuando el compañero coordinador de esta oficina se lo
solicite; recibido de citaciones y presentaciones, llevar el control de
asignación de las cámaras de Gessell, función designada a partir del
mes de julio del presente año entre otras funciones que a partir del
próximo año Dios mediante se le asignarán.

      SEGUNDO: Se irrespetó la autoridad jerárquica en este caso
mi persona, quien como superior inmediata de la señora Rocha
Corea, se debió haber consultado si está de acuerdo o no con dicho
traslado para solventar el problema de un auxiliar más para dicho
despacho.

      TERCERO: La Auxiliar Administrativa 1 (Digitadota) no
tiene perfil para ocupar una plaza de Auxiliar Judicial ni mucho
menos se encuentra legible para ocupar la misma, sus
conocimientos son en la parte Administrativa, no veo la lógica a que
solventar un problema si vamos a causar otro.

      CUARTO: Hago del conocimiento que partir del mes de enero
de este año fueron asignadas dos plazas de auxiliar supernumerario,
misma que han coadyuvado en mucho en los diferentes despachos,
las cuales tampoco considero que se trasladó en forma definitiva a
dicho despacho, sino que se sigan asignando como se ha venido
haciendo a los diferentes despachos de Golfito.

     QUINTO: Aproximadamente en el año 2000-2001, dicho
juzgado contaba con una plaza de auxiliar judicial, pero por razones
que desconozco fue trasladada al Juzgado Contravencional y Menor
Cuantía de Golfito, y según me informaron en el Departamento de
Personal la misma cuenta con otro código y asignada a este juzgado.
Mi consulta sería la siguiente: si el recurso era neacesario en dicho
                                                                               409


       Juzgado por qué no se opusieron que fuera trasladada, sino que
       diera en calidad de préstamo.

             SEXTO: Por todo lo expuesto no estoy de acuerdo con el
       traslado de la plaza N° 092879, ocupada en propiedad por la señora
       Marcela Rocha Corea, cédula N° 06-276-524.”

                                       -0-

      La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

mediante oficio N° 1690-PLA-2008 de 17 de setiembre último, remitió el

informe N° 076-DO-2008, suscrito por el máster Randall Quirós Soto, Jefe

interino de la Sección de Desarrollo Organizacional, relacionado con la carga

de trabajo del Juzgado Penal de Golfito, que literalmente dice:

            “I.- Información Relevante

            1.1.- Informe de Plazas N°089-DO-2008.

             Este Departamento realizó el citado informe el 28 de marzo
       pasado y analizó la carga de trabajo de los juzgados penales del
       país, con datos estadísticos a setiembre del 2007.

             Para el caso concreto del Juzgado Penal de Golfito se analizó
       una petición para que se les creara una plaza de Juez 3 y dos de
       Auxiliar Judicial 2. Los justificantes fueron la entrada en vigencia
       de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, el
       aumento de los fiscales, defensores y jueces de juicio en la zona, la
       oralidad en la etapa preparatoria y la disponibilidad de todas las
       semanas y dos fines de semana al mes.

            Dentro del análisis realizado en esa oportunidad se incluyó el
       cuadro N°1 que se presenta a continuación:

                              “Cuadro Nº1
   Promedio de Asuntos Entrados por Juez Penal y por Auxiliar Judicial, y
                 Circulante en la Etapa Intermedia para
                      los primeros 9 meses del 2007
                                                                           410




                                                                              Prom.
                            Circulante en                Nº de
                   Asuntos                Nº de Jueces            Prom. Men. Men. x
    Juzgado                 Trámite30/09/              Auxiliares
                  Entrados*                   2007                 x Juez ** Auxiliar
                                 07                      2007
                                                                               **
     Total          97526      17195           78         133         152      89

I de San José        17010          3841              12   20        172         103
Hatillo              4715            315               3    5        191         114
Desamparados         4969            321               3    5        201         120
Pavas                4444            359               3    4        180         135
Puriscal              853            107               1    2        103          52
II de San José       9693           4506               9   12        131          98
Pérez Zeledón        2618            364               3    5        106          63
I de Alajuela        6995           1387               5    7        170         121
Grecia               1814             44               1    3        220          73
San Ramón             961             86               1    3        116          39
II de Alajuela       4190            359               3    4        169         127
Cartago              4083            642               3    5        165          99
Turrialba            1142             27               1    3        138          46
La Unión              821             15               1    2        100          50
Heredia              4236           2615               3    5        172         103
San Joaquín          1034             63               1    2        125          63
Sarapiquí            1075             51               1    3        130          43
Liberia              2839            276               2    3        172         115
Cañas                1090             82               1    3        132          44
Nicoya               1124             61               2    3        68           45
Santa Cruz           2582           234               1    3         313         104
Puntarenas           3904           252               3    6         158         79
Aguirre y Parrita     1296            26              1    2         157         79
Garabito               918             7              1    2         111         56
Golfito               1516           233              1    2         184         92
Osa                   1133            48              1    3         137         46
Corredores            1967           131              2    3         119         79
I de Limón            3001           150              3    7         121         52
Pococí-Guácimo        2752           264              3    4         111         83
Bribrí                1571           280              1    2         190         95
Siquirres             1180            49              2    3         72          48
       *Incluye reentrados y testimonios de piezas.
       Fuente: Sección de Estadística.”
                                                                         411




      A su vez el análisis específico, para este despacho fue el
siguiente:

“…

      4.9.18.- Juzgado Penal de Golfito

      (Solicitó una plaza de Juez y dos de Auxiliar Judicial)

      Petición del despacho

      Solicita un Juez y dos auxiliares, por la entrada en vigencia de
la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, el
aumento de los fiscales, defensores y jueces de juicio en la zona, la
oralidad en la etapa preparatoria, la disponibilidad de todas las
semanas y dos fines de semana al mes.

      Comportamiento de la Carga de Trabajo
     La cantidad de asuntos entrados en el Juzgado Penal de Golfito
durante los últimos cuatro años, ha sido la siguiente:

                            Gráfico Nº3
                  Asuntos Entrados (General) en el
                     Juzgado Penal de Golfito
                            2004-2007


   2500

   2000                    2014 2021
           1609
   1500            1432
                                                Asuntos Entrados
   1000

     500

       0
           2004     2005   2006     2007


 Según se nota, el comportamiento en los últimos cuatro años,
presentó un crecimiento para los años 2006 y 2007.
                                                                        412


  El promedio mensual de asuntos entrados por Juez ha presentado
los valores de 146, 130, 183 y 184 asuntos. Esta cantidad presentada
es superada por el promedio de los jueces en Santa Cruz, Grecia,
Desamparados, Hatillo y Bribrí.
  Por su parte, el promedio mensual de asuntos entrados por
Auxiliar Judicial ha sido de 73, 65, 92 y 92 asuntos,
respectivamente.
 Este último valor presentado continúa ubicando por debajo del
valor frontera establecido de 100 asuntos, y es el treceavo de los 31
despachos del país (no incluye Buenos Aires ni Upala).
  Este despacho recibió 1516 asuntos en el período en análisis y
terminó 1783, por lo que su circulante en trámite se diminuyó,
pasando de 454 a 233 asuntos. En lo anterior influyó el apoyo
recibido por parte del Proyecto ERC.
 Complejidad de los Casos
 De los 1783 asuntos terminados, se consideran “menos
complejos”, 1702 asuntos, lo que representa un 95% de los asuntos
que atendieron.
 Apoyo del Proyecto ERC
 Se entrevistó al Bach. Marco Zúñiga Sánchez, Coordinador
Administrativo del Proyecto ERC, e indicó que visitaron el Juzgado
Penal de Golfito en el año 2007 y encontraron un despacho
desorganizado, por lo que procedieron a apoyarlos principalmente
definiendo un sistema de trabajo y luego terminando asuntos de
desestimación y sobreseimiento.
  Agregó que presentaron un informe y se definió visitar este
despacho en el presente año, propiamente en el segundo semestre a
efecto de revisar el cumplimiento de las recomendaciones vertidas
en su oportunidad y además, para terminar un aproximado de 200
asuntos en trámite.
 Conclusiones sobre el Juzgado Penal de Golfito
 Este despacho ha presentado un comportamiento creciente en la
carga de trabajo en los últimos dos años.

  Han estado recibiendo apoyo por parte del Proyecto ERC y se
realizará una evaluación en el presente año, y un apoyo para reducir
el circulante a menos de 150 asuntos.
                                                                                     413


            Efectivamente, tanto la Fiscalía como la Defensa Pública fueron
          reforzadas, y este despacho presenta la complejidad que al contar
          con un solo Juez, tienen que apoyarse en el Juez Contravencional
          para atender la disponibilidad, lo que lo vuelve muy cansado.”

            Tal como se nota, el despacho presentó valores de carga de trabajo
          medios, aunque se reconoce un incremento con respecto a años
          anteriores. También se reconoce la problemática que significa el
          tener un único Juez.

           II.- Actualización de la carga de trabajo en el I Semestre del
          2008

            Al revisar el comportamiento de la carga de trabajo en el I
          semestre del presente año se tiene lo siguiente:

                                                                Nº de                 Prom. Men.
                   Asuntos   Circulante en Nº de Jueces                    Prom. Men.
   Juzgado                                                    Auxiliares               x Auxiliar
                  Entrados* Trámite30/06/08    2007                         x Juez **
                                                                2007                      **

Golfito             704            239              1             2            134         67
      * Incluye reentrados y testimonios de piezas.

                Según se nota, la carga de trabajo del despacho disminuyó en
          este semestre, respecto del año anterior. Para el caso de la Jueza, el
          nuevo promedio mensual disminuyó en 50 asuntos; en tanto a los
          auxiliares judiciales les disminuyó en 25 asuntos a cada uno.

                                Gráfico N°1
    Comparación de los promedios mensuales de asuntos entrados por Juez y
            por Auxiliar Judicial en el Juzgado Penal de Golfito


          200
                   184
          150
                           134
          100                        92
                                               67              Prom. Mensual
             50                                                Asuntos Entrados


             0
                  Juez    Juez     Aux.      Aux.
                  2007    2008     2007      2008
                                                                                           414




          Fuente: Sección de Estadística.

                  Al comprar los nuevos promedios mensuales con la carga de
           trabajo de los demás juzgados penales (según el cuadro del informe
           N°089-DO-2008), se tiene que la profesional de Golfito sería
           superada por 16 despachos; en tanto, el volumen de trabajo de los
           auxiliares judiciales es inferior al que se presenta en 17 despachos.

                Complejidad de los Asuntos que se Atienden

                Se revisó la complejidad de los casos presentados en el
           Juzgado Penal de Golfito, y se obtuvo lo siguiente:

Terminados Sobres.   Desestim.       Incompetencia            Devuelto al Total     Menor % de Menor
                                                              M.P.        Complejidad     Complejidad
   1049       119        737                 32                  125            1013          96%

           Según los datos presentados, se tiene:

                                    Gráfico N°2
     Distribución Porcentual de los Asuntos Terminados en el Juzgado Penal de
                         Golfito en el I Semestre del 2008

                                     Otros
                            Devol.    3%
                Incom.       12%
                                                                               Desestim.
                  3%
             Sobres.                                                           Sobres.
              11%                                 Desestim.                    Incom.
                                                    71%                        Devol.
                                                                               Otros




     Fuente: Sección de Estadística.

                Solamente un 3% de los asuntos terminados fueron por
           apertura a juicio, lo que hace suponer que la complejidad de los
           asuntos no es superior a otras zonas del país.

                Se debe recordar que en el informe integral de juzgados
           penales, se estableció un promedio nacional de 92,5 % como los
           asuntos que se terminaron por esas variables (desestimación,
                                                                         415


sobreseimiento, incompetencia y devolución al Fiscal denegando), y
en el caso de Golfito el porcentaje es mayor (96%), lo que refleja
mejores condiciones en esa zona para atender los asuntos.

     III.- Entrevista al personal del Juzgado Penal.

      Se entrevistó a la Licda. Patricia Hidalgo Somarribas, Jueza
Penal, quien indicó que tiene problemas de alta carga de trabajo
por la cantidad de fiscales que hay en la zona. En la actualidad son 5
fiscales y uno de ellos atiende en forma especializada la materia
ambiental, la que en esa zona es muy compleja. De igual forma, se
está creando una fiscalía especializada en la materia de narcotráfico
para toda la competencia del II Circuito de la Zona Sur.

     Señala la Licda. Hidalgo Somarribas que al ser un despacho
“unipersonal”, cuando debe salir a realizar un levantamiento de
cuerpo u otra diligencia fuera del despacho, debe invertir mucho
tiempo por las distancias y eso afecta las otras tareas del Juzgado. A
manera de ejemplo, mencionó que en esa zona se han incrementado
los asuntos por narcotráfico y los allanamientos obligan a dedicar
muchas horas. Calcula que realizan entre 3 y 4 allanamientos al
mes.

     Señaló que otro problema es la disponibilidad ya que durante
todas las semanas deben atenderla y los fines de semana se turnan
con el Juez Contravencional.

      Mencionó que los asuntos han venido aumentando por motivo
de la nueva Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres.
Además, indica que diariamente ingresan reos presos a los que debe
atendérseles con prioridad. Comenta que el Programa Contra el
Retraso Judicial de la Presidencia de la Corte les ha colaborado
recibiéndoles cerca de 600 expedientes a los que debe dictárseles
sobreseimiento por prescripción.

     Comentó que los días martes y miércoles programan entre 12 y
15 audiencias preliminares, y que de esas se realizan alrededor de
un 50%.

     En resumen comentó que el trabajo del despacho ha
aumentado en cantidad y en complejidad, y considera que se les
debe apoyar. A este momento se les está prestando una plaza de
Juez Supernumerario del Consejo de Administración del Circuito,
                                                                          416


por los meses de agosto y setiembre, y va a presentar una solicitud
de prórroga.

      Por su parte, la señora Teresa Jiménez Rojas, Asistente
Judicial del despacho comentó que recientemente establecieron un
nuevo sistema de distribución del trabajo donde ella tramita los reos
presos y apoya a la Jueza en las audiencias que se realizan, además
de las otras labores administrativas del puesto. Indicó que la auxiliar
judicial se encargará del proveído de los expedientes y de la
atención al público. Mencionó además que antes recibían grandes
cantidades de expedientes de la Fiscalía para desestimar y ahora se
reciben solamente si el fiscal permanece para esperar a que el Juez
dicte la sentencia. Esto hace que su trabajo no se acumule.

      De igual forma, la señora Aida Santamaría, Auxiliar Judicial
indicó que la carga de trabajo del despacho es variable, ya que en
algunas ocasiones es fuerte, pero en otras es más manejable.
Mencionó además, que recientemente plantearon una distribución
de labores, dedicándose principalmente al trámite de los asuntos, en
tanto la Asistente Judicial atiende los reos presos, los informes y los
controles del despacho. Finalmente, mencionó que en ocasiones la
Auxiliar de Servicios Generales debe limpiar las oficinas del
Tribunal, por lo que solamente la Asistente y su persona atienden el
servicio a los usuarios.

     Sobre los comentarios de la Licda. Hidalgo Somarribas, se le
informó durante la entrevista las apreciaciones del Departamento de
Planificación al respecto, a saber:

       Este Departamento analiza la carga de trabajo de todos los
       juzgados penales, al menos una vez al año, y para el caso de
       Golfito se ha determinado que maneja volúmenes de trabajo
       similares a los presentados en otros despachos del país. Para
       este año presenta una disminución considerable de casos
       entrados y la complejidad de los asuntos terminados es
       menor que en el promedio de despachos.

       Se reconoce que este Juzgado presenta el mismo problema
       de todos los despachos “unipersonales”, sea que cuando el
       Juez sale a realizar diligencias fuera del despacho o atiende
       audiencias, debe desatender otras labores también
       importantes del despacho. Ante esta realidad se recomienda
       coordinar las actividades dentro de las posibilidades.
                                                                        417




     Al ser un despacho penal unipersonal tiene el problema de la
      atención de la disponibilidad, en forma más seguida que en
      otras jurisdicciones donde hay más jueces penales y donde se
      pueden rotar. Esta es una realidad en la que se deben
      desenvolver los despachos de este tipo.

     Este Departamento está realizando una evaluación del
      impacto de la Ley de Penalización de la Violencia Contra la
      Mujer y de sus resultados se determinará los despachos a
      reforzar.

     Este Departamento ha recomendado, desde fines del año
      anterior que el proyecto de reducción de circulante en los
      juzgados penales, le colabore al Juzgado Penal de Golfito,
      durante el año 2008, lo cual se ha venido cumpliendo.

     Respecto de la cantidad de audiencias señaladas
      semanalmente (12) y considerando que se está realizando un
      50% (6), se considera respetuosamente que es una cantidad
      manejable para un Juez.

      Según se indicó, estos comentarios se le realizaron
directamente a la Licda. Hidalgo Somarrabas a efecto de que tuviera
conocimiento de los criterios del Departamento de Planificación.

    IV.- Criterios de Operadores de la Materia Penal en la
Zona.

     4.1.- Criterio de la Defensa Pública.

      Se entrevistó a la Licda. Christy Vargas Sandoval,
Coordinadora de la Defensa Pública de Golfito, quien indicó que en
esa jurisdicción siempre han trabajado con un único juez y el trabajo
se ha realizado sin inconvenientes. Ante la pregunta concreta sobre
el impacto de la Ley de Penalización de la Violencia Contra la
Mujer, señaló que no han sentido un impacto considerable hasta el
momento.

     En resumen, la Licda. Vargas Sandoval mencionó que
desconoce la carga de trabajo del Juzgado Penal, pero señaló que
con los criterios que han definido en el Ministerio Público se han
venido realizando más audiencias en los asuntos que tramitan. A
                                                                          418


pesar de lo anterior, reitera que desde siempre han trabajo sin
mayores problemas con un Juez en la zona.

     4.2.- Criterio de la Fiscalía.

      Señala el Lic. Daniel Morán Rodríguez, Fiscal Coordinador,
que trabajan con 3 fiscales investigando, y un cuarto en juicio. Este
último fiscal se dedica los lunes, jueves y viernes a las audiencias
del Juzgado Penal y los demás días atiende al Tribunal de Juicio,
dedicándose una semana completa al mes para el Tribunal. Cuentan
además con un fiscal ambiental, pero este funcionario atiende toda
la jurisdicción del II Circuito de la Zona Sur, y en el caso de Golfito
son pocos los asuntos que atiende.

      En cuanto a las actividades propias de la etapa preparatoria,
señala el Lic. Morán Rodríguez, que solicitan muy pocos
allanamientos al mes, entre 3 ó 4, y que los asuntos de drogas que
han manejado en los últimos tres años han sido poco complejos y
solamente recuerda cerca de tres en ese período donde han
solicitado intervenciones telefónicas. Comentó que a partir de este
mes se cuenta con un fiscal coordinador del tema de drogas para el
Circuito, pero se deberán esperar los resultados.

      Mencionó que últimamente han mejorado la ejecución del
trabajo con el Juzgado, por cuanto están coordinando el traslado de
asuntos para desestimar en forma oral y para la realización de las
audiencias.

     Terminó comentando que los asuntos por la Ley de
Penalización de la Violencia Contra las Mujeres no han significado
un impacto considerable, ya que manejan a lo sumo 30 asuntos
activos.

     4.3.- Criterio del Juez Penal de Corredores

      Se conversó con el Lic. Luis Guillermo Araya Vallejos, Juez
Coordinador del Juzgado Penal de Corredores, quien indicó que
actualmente los jueces de Corredores atienden en promedio más de
5 fiscales y le parece que el trabajo que se genera es manejable.
Respecto de la cantidad de audiencias preliminares que realizan
señaló que realizan cerca de 7 audiencias por semana cada juez y
que también lo considera manejable.
                                                                        419


     En cuanto al Fiscal encargado del tema ambiental señala que
ese funcionario, aunque se encuentra ubicado en Golfito es para
atender los casos de todo el Circuito por lo que considera que no va
a generar una carga de trabajo excesiva para Golfito.

     Sobre la complejidad de los asuntos, mencionó que se
presentan algunos casos de drogas pero que en términos generales,
son asuntos que son manejables y similares tanto en Golfito como
en Osa, y en otras ciudades del Circuito.

     Finalmente, mencionó que con la entrada de la oralidad, es
más sencillo atender los asuntos que ingresan del Ministerio
Público, principalmente las desestimaciones, ya que salen en mayor
cantidad.

     V.- Apoyo del Programa para disminuir el Circulante de la
Presidencia de la Corte.

      Se conversó con el Bach. Marco Zúñiga Sánchez, quien funge
en calidad de coordinador administrativo del Proyecto para reducir
circulante en los Juzgados Penales, y éste mencionó que
recientemente recibieron una cantidad considerable de asuntos del
Juzgado de Golfito, para decretar sobreseimientos por prescripción.

      Adicionalmente, señaló que dentro del plan de trabajo de ese
Proyecto se tiene previsto visitar al Juzgado Penal de Golfito en el
segundo semestre de este año para apoyarlos resolviendo asuntos
del circulante, propiamente desestimaciones y sobreseimientos.

   VI.- Posibilidad de trasladar             una    plaza    de    la
Administración Regional de Golfito.

     A través de oficio del 22 de julio pasado, la Licda. Hidalgo
Somarribas solicitó al Consejo Superior que se autorizara que una
plaza de Auxiliar Administrativo 1 de la Administración Regional
de Golfito, se trasladara a su Juzgado Penal, en virtud de que dicha
plaza no tenía una carga de trabajo suficiente y en su despacho sería
de mucho provecho.

     En sesión del 31 de julio pasado, artículo LIII, el Consejo
Superior ordenó a este Departamento analizar la situación.
                                                                         420


   Este Departamento ha recibido dos notas de parte de la
   Administración de Golfito. La primera del 26 de agosto pasado,
   donde la señora Marcela Rocha Corea, Auxiliar Administrativo 1 de
   esa Administración, menciona no estar de acuerdo con trasladarse al
   Juzgado Penal por una serie de situaciones de índole laboral y
   personal. Entre los principales argumentos se encuentran:

       Está capacitada para desempeñarse en la Administración.

       Tiene una serie de labores adicionales, además del SDJ.

       No cuenta con inducción ni capacitación para desempeñarse en
         un despacho penal.

       Se afectaría a los usuarios del servicio del SDJ, ya que
         solamente son dos servidores y cuando alguna se ausenta la
         otra puede atender.

       Presta colaboración además a la OCN y a la Oficina de
         Localización.

       Estudia administración de negocios y es su interés permanecer
         en la Administración para realizar carrera y desarrollar
         experiencia.

        También se recibió oficio N°203-AR-2008 del 29 de agosto
   pasado, donde la Licda. Paulina Atencio Zapata, administradora
   Regional de Golfito señala que:

 La señora Rocha Corea realiza una serie de labores para la
   Administración, adicionales a la entregas de cheques por medio del
   SDJ. Entre las labores mencionó: conciliaciones diarias y
   mensuales, confección de carné, control y seguimiento del sistema
   automatizado, recepción de órdenes de giros, verificación de datos,
   confección de cheques, registro de depósitos, conciliaciones,
   refrendos; asimismo, mencionó las colaboraciones que brinda a la
   OCN y a la Oficina de Localizaciones.

 Argumenta que no se le ha consultado sobre un posible traslado de la
   citada plaza.

 La persona que ocupa la plaza no tiene perfil para trabajar en la
   materia penal.
                                                                          421




 Desde enero cuentan con dos auxiliares supernumerarios para los
   despachos de Golfito, pero no considera conveniente destacarlos
   permanentes en el Juzgado Penal.

        Se entrevistó a la Licda. Atencio Zapata, indicando que todos
   los puntos comentados se mantienen y que no podrían prescindir de
   esa plaza ya que afectaría el servicio que brindan a todos los
   despachos judiciales de la zona y principalmente a los usuarios
   externos. De igual forma, se manifestó la señora Rocha Corea.

        VII.- Elementos Conclusivos

         Según los datos estadísticos presentados por el mismo
   despacho, la carga de trabajo del Juzgado de Golfito viene
   presentando una disminución en el presente año, respecto del año
   anterior. El promedio mensual de asuntos entrados por Juez
   disminuyó en el presente año, pasando de 184 a 134 asuntos (50
   asuntos menos por mes); en tanto el promedio de los auxiliares
   judiciales pasó de 92 asuntos a 67 asuntos al mes.

         De igual forma, un 96% de los asuntos que se terminan en este
   despacho corresponde a asuntos de menor grado de complejidad. El
   promedio nacional de asuntos menos complejos que se terminaron
   en el año 2007, fue de un 92,5%, lo que supone que en Golfito hay
   mejores condiciones que en la mayoría de despachos.

         Respecto de la complejidad de los casos que manejan, hay
   posiciones encontradas ya que algunos operadores de la Materia
   Penal en la zona consideran que los tipos de asuntos son similares a
   los de otras jurisdicciones del mismo Circuito.
   La cantidad de audiencias realizadas por semana (6), según la
   información brindada por la misma Jueza, es una cantidad
   manejable para un Juez Penal.

        Sobre la posibilidad de trasladar una plaza de Auxiliar
   Administrativo 1 de la Administración de Golfito al Juzgado Penal,
   tanto la administradora como la Auxiliar involucrada consideran
   que no es prudente por cuanto dicha plaza tiene definidas una serie
   de labores adicionales que afectarían el normal desempeño de la
   Oficina. Este Departamento más bien, ha recomendado nuevas
   plazas (profesionales y de apoyo) para esta Administración
                                                                               422


       Regional, para el próximo año, a efecto de mejorar la estructura y el
       servicio que se brinda a las personas usuarias.

            Este Juzgado ha venido recibiendo colaboración por parte del
       Consejo de Administración de Circuito y por el proyecto para
       disminuir el circulante de la Presidencia de la Corte.

            VIII.- Recomendaciones del Informe.

             8.1.- Se recomienda que el Proyecto de Reducción de
       Circulante de la Presidencia de la Corte, continúe colaborando con
       el Juzgado Penal de Golfito, en el segundo semestre del presente
       año, tal como se había definido en el plan de trabajo de ese Proyecto
       para el año 2009.

             8.2.- Cuando este Departamento realice el nuevo estudio
       integral de Juzgados Penales en enero del 2009, revisará el caso del
       Juzgado Penal de Golfito. A ese momento, se determinará si el
       comportamiento decreciente en la carga de trabajo (I semestre) se
       mantuvo para todo el año 2008.

             De igual forma, se contará a ese momento con la evaluación
       realizada por este Departamento sobre el impacto de la Ley de
       Penalización de la Violencia Contra las Mujeres.

             8.3.- Este Departamento no recomienda el traslado de la plaza
       de Auxiliar Administrativo 1 de la Administración de Golfito hacia
       el Juzgado Penal.”
                                          -0-

      En nota de 30 de setiembre último, la licenciada Patricia Hidalgo

Somarribas, Jueza Penal de Golfito, manifestó:

             “La suscrita en mi condición de Juez Penal de Golfito, por este
       medio me dirijo a ustedes, con el objeto de comunicarles lo
       siguiente:
            Por razones que ignoro, el Consejo de Administración del II
       Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, no prorrogó el
       nombramiento como juez coadyudante en este despacho de la Juez
       Supernumeraria Licda Diana Vargas Badilla, tampoco se me
       convocó a efecto de exponer las necesidades del despacho, siendo
                                                                           423


que su autoridad conoce de la complejidad en asuntos de
narcotráfico y materia ambiental y el índice de circulante que
atiende el despacho, siendo que a partir del mes de Setiembre del
2008 se creo la FISCALÍA DE NARCOTRÁFICO para la zona sur,
o sea una Fiscalía especializada a cargo del Licdo Gustavo Guillén,
lo cual implica que el Juzgado Penal de Golfito atiende a la Fiscalía
ordinaria de Golfito con 4 fiscales, la Fiscalía Ambiental con un
fiscal y la Fiscalía de Narcotráfico con un fiscal en total 6 fiscales,
en lugar de mejorar la situación se ha incrementado, le aporto un
informe de labores de la agenda del despacho en forma diario. No
deseo reiterar las razones que son suficientes y amplias sobre la
necesidad de este despacho, debemos pensar que se hace necesario
el tener dos jueces penales para tener acceso a la justicia, ya que es
imposible por las distancias a recorrer en las distintas diligencias
que se hacen fuera del despacho que el Juzgado Penal de Golf/te en
un determinado momento del día no pueda atender por cuanto esta
cumpliendo con otra diligencia. El desgaste físico y emocional del
Juez en esas condiciones de la disponibilidad de 24 horas al día de
Lunes a Viernes durante todo el año y dos fines alternos al mes, va
en detrimento de la salud y de un ambiente familiar y social, no se
puede compartir al tener una disponibilidad en labores tan amplias
inclusive mas sus que un oficial de la O.I.J,los trastornos del sueño
por levantarse a cualquier hora de la noche son negativos para la
salud y poder realizar una labor tan delicada y de gran detalle como
son los allanamientos, resolver medidas cautelares de reo preso, etc.

      El Consejo de Administración del II Circuito Judicial de la
zona sur, Corredores, estima que al solo disponer de dos jueces
supernumerarias y al darse la necesidad de suplir a la vez das jueces
de distintos despachos (Osa, Golfito, Coto Brus y Ciudad Nelly) es
mejor desvestir un santo para vestir otro, ya que no se tienen recurso
humano. Por ello apelo al principio del debido proceso, y al de una
política de justicia eficiente y eficaz, el Depto de Planificación hasta
Enero del 2009 fijó fecha para realizar los estudios de las nuevas
plazas que se solicitaron, el Consejo Superior le ordenó al Consejo
de Administración de Corredores que designara un Juez
supernumerario para compartir labores no para sacar mora, ese no
es el objetivo por el cual ustedes dispusieron apoyar este despacho a
efecto de resolver la situación de este despacho.

     Les ruego de la manera más atenta que se valore mis
argumentaciones y se ordene al Consejo de Administración del II
Circuito Judicial de la zona sur Corredores disponer del recurso del
                                                                               424


       Juez Supernumerario Licda Diana Vargas Badilla asignarla al
       Juzgado Penal de Golfito hasta tanto el Depto de Planificación
       resuelva la solicitud o sea haga el estudio y emita un criterio, e
       indicó que se mantenga esa funcionaria por cuanto su labor en este
       despacho me ha permitido unir criterios y una mejor distribución de
       labores a efecto de lograr los objetivos de una JUSTICIA PRONTA
       Y CUMPLIDA. Actualmente el despacho carece de este recurso la
       Licda Diana Vargas Badilla fue ubicada en Corredores.”

                                         -0-

      Además, en correo electrónico recibido el 8 de octubre en curso, la

licenciada Patricia Hidalgo Somarribas, en su expresado carácter, indicó:

              “El Consejo Superior le ordenó al Consejo de Administración
       del II Circuito Judicial de Corredores que se me asignara un juez
       supernumerario a efecto de coadyuvar con la labor del despacho por
       los motivos que se expusieron y en relación a la necesidad
       imperiosa del despacho.

              El Consejo de Administración de Corredores me envió una
       nota en la cual me indicaba que a partir del 30 de setiembre se iba a
       disponer de dicho Juez Supernumerario asignado, sin mediar
       explicación o motivo por el cual se hacía.

              Tampoco el Consejo de Administración de Corredores me
       resolvió de manera alguna la solicitud de prórroga de nombramiento
       de dicho Juez Supernumerario de designarlo al Juzgado Penal de
       Golfito, siendo que un principio se asignó a partir del 4 de agosto
       hasta el 4 de octubre del 2008.

              El Depto de Planificación a través del Licdo Randalll Quirós
       me indicó que es en el mes de Enero del 2009 que se harán los
       estudios respectivos sobre la solicitud de una plaza de Juez Penal en
       este despacho y dos auxiliares mas como plazas nuevas.

              Desde Julio del 2008 se constituyó o creó la Fiscalía
       especializada en Narcotráfico cuyo Fiscal a cargo es el Licdo
       Gustavo Guillén, lo cual su jurisdicción son los 4 cantones de la
       zona sur, Golfito, Corredores, Osa y Coto Brus., lo cual implica que
       el Juzgado Penal de Golfito debe atender los asuntos que le solicite
                                                                               425


       el Fiscal Guillén en su condición de Fiscal de Narcotráfico de la
       zona, el Fiscal Ambiental y los 4 fiscales de la Fiscalía de Golfito,
       en total 6 fiscales demandan trabajo para este Juzgado Penal, con
       dos fiscalías especializadas, lo cual implica que los asuntos son
       complejos y su trámite es especializado y de mucho cuidado con
       expediente voluminosos y con variedad en la diligencias de la etapa
       preparatoria.

              Le ruego de la manera más atenta resolver de la mejor
       manera que el Juzgado Penal de Golfito sea apoyado por otro juez
       más a efecto de no causarle gravamen irreparable o perjuicio a la
       administración de justicia. Nuestra sociedad rural requiere de una
       merecida atención y de una eficiente labor máxime en el campo
       penal a efecto de combatir el crimen organizado que en esta zona se
       esta deslumbrando, frenar los delitos de Penalización de Violencia
       contra las mujeres o violencia intrafamiliar , hice un juramento
       como juez de la república y por que soy consciente de mi labor
       espero que este órgano del Poder Judicial conozca esta situación y
       realmente defina la situación nombrando un juez más hasta tanto el
       Depto de Planificación rinda el informe.”
                                          -0-

      Se acordó: 1.) Tener por recibido el informe del Departamento de

Planificación y acoger sus recomendaciones. 2.) Solicitar al Consejo de

Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur que dentro de las

posibilidades, analice y valore la procedencia de brindar apoyo al citado

despacho con un Juez Supernumerario. 3.) Hacer de conocimiento de la

Comisión de la Jurisdicción Penal los resultados del estudio en mención.

                             ARTÍCULO LXXII

      En sesión N° 06-07 celebrada el 25 de enero del 2007, artículo XXXI,

se tomó el acuerdo que en lo conducente dice:

      (…)
                                                                       426


      “La licenciada Bernardita Madrigal Córdoba, Subjefa interina
del Departamento de Planificación, con oficio N° 2078-PLA-2006
de 22 de diciembre del 2006, remite el informe N° 157-DO-2006-B,
suscrito por el máster Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección de
Desarrollo Organizacional, relacionado con la distribución del
factor humano que quedaría establecido en el Juzgado Civil y en el
Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona
Atlántica, previo conocimiento de la Jueza Coordinadora y copia al
Administrador de la Unidad Administrativa Regional de ese
circuito, cuyas observaciones y manifestaciones fueron
consideradas en el citado informe. Asimismo recibieron una nota
del licenciado Luis Fernando Guillén Zumbado, Juez Civil y de
Mayor Cuantía de Pococí, en que hizo referencia a la ubicación y
los nombramientos de varias plazas relacionadas con la división del
despacho.
      A continuación se transcriben las recomendaciones emitidas
en el citado informe:
     "1.- En cuanto a las estructuras de puestos que tendrán los
nuevos despachos, se recomienda lo sugerido en las tablas del
apartado N° 1 de este informe. Lo anterior, por cuanto están acordes
con lo definido por los jueces y el personal de apoyo.
     El proceso de especialización iniciará cuando se cuente con las
condiciones físicas propicias, para no afectar el servicio público.
     2.- En virtud de que existen algunas limitaciones con el
espacio físico para que se realice el proceso de especialización de
estos despachos, este Departamento se permite sugerir una
propuesta para que sea valorada, la que se resume a continuación:
     Al especializarse el Juzgado de Familia, Penal Juvenil y
Violencia Doméstica de este Circuito, se contará con un local, a
efecto de ubicar a los nuevos despachos. Esto permitirá que se
disponga del local que desocupe el actual Juzgado de Familia, que
podría ser utilizado para ubicar al nuevo Juzgado Civil o al nuevo
Juzgado de Trabajo.
      Esta propuesta debe ser analizada por los Jueces del despacho,
la Licda. Damaris Acuña Fernández, el Lic. Luis Fernando Guillén
Zumbado y el Lic. Eddy Herrera Chaves, el Administrador del II
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Lic. Gilberth Alfaro Zúñiga,
y el Arq. Sergio Sotelo Doña del Departamento de Servicios
Generales. Es del caso indicar que el Lic. Alfaro Zúñiga indicó que
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sí existe el presupuesto para continuar con el alquiler del local
durante el 2007.
       Mediante correo electrónico el Arq. Sergio Sotelo Doña,
ratifica la viabilidad de la propuesta antes mencionada.
      3.- Se recomienda a la Unidad Administrativa Reg