MEDIDA CAUTELAR by L1RMkW

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									                                   MEDIDA CAUTELAR


SOLICITAN MEDIDA CAUTELAR – HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS
INHABILES.-


SEÑOR JUEZ FEDERAL:
                        Ricardo Luis AZPARREN, Defensor del Pueblo de la Provincia del
Chubut, con el patrocinio letrado del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Chubut Dr. Diego
Guillermo CARMONA y los Dres. Carlos Gustavo CUENCA y Fernando Ariel
PERALTA, constituyendo domicilio procesal en Mariano Moreno N° 345 de esta ciudad de
Rawson, ante Vuestra Señoría nos presentamos y respetuosamente manifestamos:


                        I – PERSONERIA:
                        Que acredito personería como Defensor del Pueblo de la Provincia del
Chubut adjuntando copia autenticada de la Resolución Nº 178 de la Honorable Cámara
Legislativa de la Provincia del Chubut, de fecha 17 de Diciembre de 2008.-
……………………………………………………………………………………………………
……………..
                        Declaramos bajo fe de juramento la autenticidad de las copias
acompañadas y que la designación correspondiente se encuentra en plena vigencia.


                        II – LEGITIMACIÓN ACTIVA:
                        La legitimación activa está dada por los propios arts. 42º, 43º y 86º de la
Constitución Nacional, que garantizan la protección efectiva de los derechos de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios, facultando a los afectados, el Defensor del
Pueblo, y las asociaciones que propendan a esos fines a accionar en defensa de dichos derechos.
                        La legitimación del Defensor del Pueblo para peticionar medidas como
las aquí solicitadas aparecen cuando el derecho protegido es de “incidencia colectiva”,
plurindividual y cuando se trata de intereses difusos, dándose este último supuesto cuando
existen individuos indeterminados a quienes se les afectan sus intereses o derechos.
                        En el caso de los servicios públicos y de las tarifas que los usuarios
pagan por ellos, los derechos individuales se suman a derechos de incidencia colectiva. “Cada
usuario tiene en juego su derecho de propiedad a una tarifa justa y razonable, sin incrementos
carentes de sustento legal, sobrefacturaciones, etc., y ese derecho subjetivo existe sin perjuicio
del concurrente derecho de incidencia colectiva” (Gordillo, Tratado de Derecho
Administrativo, Pág. III - 23).
                         La misma atribución para defender los derechos del pueblo que otorga
el art. 86º de la Constitución Nacional la posee el Defensor del Pueblo de la Provincia del
Chubut, ya que en la especie se están afectando derechos e intereses de usuarios que forman
parte del pueblo argentino, que viven dentro del territorio nacional y que por ende deben ser
representados por el funcionario aludido.
                         Por ultimo, la Ley Provincial V, Nº 81 (antes Nº 4518), art. 14°, in
fine, que le otorga al Ombudsman legitimación activa en la protección de los derechos difusos y
en los intereses colectivos, entre ellos, los derechos de los usuarios de los servicios públicos.


                         III – OBJETO:
                         En el carácter antedicho, venimos a solicitar se decrete medida cautelar
urgente de no innovar contra el ESTADO NACIONAL (Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios), con domicilio en Balcarce 50 de Capital Federal, la firma
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. empresa distribuidora de Gas y proveedora de gas natural,
con domicilio en Avenida Alicia Moreau de Justo N° 240 – Piso 3° de la Capital Federal y
Sucursal o Representación Zonal en la calle AVENIDA RAWSON 449 de la ciudad de
Trelew, y el ENTE NACIONAL DE REGULACIÓN DEL GAS (en adelante ENARGAS)
con domicilio en Suipacha 636, Capital Federal y Sucursal o Representación Zonal en la
calle JULIO A. ROCA 58 de la ciudad de Trelew con el fin de que se ordene a las
demandadas: a) suspender el cobro de facturas de gas ya emitidas a los usuarios residenciales R
3.4 de la Provincia del Chubut; b) no efectuar cortes en el suministro del servicio por la falta de
pago de dichas facturas; c) refacturar las boletas emitidas aplicando el cuadro tarifario anterior;
d) compensación de los usuarios residenciales R 3.4 que hallan abonado las mismas con los
incrementos tarifarios que se cuestionan, absteniéndose de facturar el cargo establecido en el
decreto 2067/2008 juntamente con el ítem del impuesto al valor agregado.
                         Todo ello hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que será objeto de
una demanda ordinaria posterior, en procura de la declaración de inconstitucionalidad de las
normas involucradas., por los siguientes fundamentos: 1) Ser confiscatorios los cargos tarifarios
impuestos por el PEN y por tanto violatorios del derecho de propiedad (art. 17 C.N.); 2) Ser
inconstitucional el Decreto Nº 2067/2008 que establece los cargos específicos ya que la
imposición de contribuciones directas corresponde al Congreso Nacional (art. 75 inc. 2º) ; 3)
Violar la equidad y proporcionalidad de las contribuciones exigida por el art. 4º de la C.N.; 4)
Establecer la desigualdad en las cargas públicas y lesionar la igualdad ante la ley, violando art.
16 C.N.; 5) No otorgar la protección de los intereses económicos de los usuarios en el consumo
de bienes necesarios, en pugna con el art. 42 de la C.N.;           6) No cumplir la Resolución
3689/2007 del Enargas que fija el monto de los cargos específicos la exigencia de Audiencia
Pública establecida en el Decreto PEN 1216/06; 7) Consagrar el enriquecimiento sin causa de
terceros a costa del empobrecimiento de los usuarios violando el citado art. 17 de la C.N.; y 8)
Vulnerar el derecho al ejercicio de industrias lícitas (art. 14 CN).-


                         IV – HECHOS:
                         En primer lugar se describen los antecedentes normativos del cargo
tarifario objeto de la presente acción.
                         a) En virtud del Decreto PEN Nº 2067 de fecha 27 de noviembre de
2008, fue creado un Fondo Fiduciario con el objeto de atender las importaciones de gas natural
y toda aquella que resulte necesaria para complementar la inyección de gas natural que sea
requerida para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo.
                         Considera que ello se establece debido a que “… constituye una
obligación para el Estado Nacional asegurar el abastecimiento de gas natural, conforme los
lineamientos previstos en la Ley 17.319 y en la Ley 24.076”.
                         “Que es de primordial interés del Poder Ejecutivo Nacional garantizar
una adecuada y continua prestación de los servicios públicos a los usuarios del país, así como
también propender a la mejora en la calidad permitiendo acompañar de tal modo el
crecimiento de la economía nacional”.
                         Conforme el art. 2º del Decreto PEN Nº 2067, el Fondo Fiduciario que
se crea estará integrado entre otras cosas, por: cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los
servicios regulados del transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que
reciben directamente el gas de los productores, sin hacer uso de los sistemas de transporte o
distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural.
                         Por ultimo, cabe resaltar que dicho decreto faculta al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con la asistencia técnica de la Secretaria de
Energía bajo su dependencia y del ENARGAS, a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos -en la
medida que resulte necesario- a fin de atender el pago y/o repago de las importaciones de gas
natural. A su vez, el referido Ministerio de Planificación Federal podrá exceptuar a las
categorías de usuarios que determine, del pago de estos cargos tarifarios.
                         b) La Resolución Nº 1451/2008, dictada por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios reglamentó el Fondo Fiduciario,
estableciendo que el patrimonio del mencionado fideicomiso estará constituido por los recursos
provenientes de los cargos tarifarios creados para integrar el fideicomiso, entre otros.
                         Establece que el Fideicomiso se constituye con la única finalidad de
asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para atender el pago y/o repago de las
diferencias de costo de las importaciones y/o adquisiciones de gas realizadas y la reventa y/o
entrega del mencionado producto, para satisfacer así las necesidades de dicho hidrocarburo para
el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país y de sus industrias (art. 6º).
                        Asimismo, se instruye a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente
Nacional Regulador del Gas para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
determinen el valor de los cargos, los agentes de percepción de los mismos, dentro de los
lineamientos que determine el Ministerio (art. 7º).
                        c) La Resolución ENARGAS 563/2008, de fecha 15 de diciembre de
2008, hace referencia a que el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios
ha fijado los Cargos mediante la providencia MPFIPyS Nº 3061, de fecha 12 de diciembre de
2008. En consecuencia, el ENARGAS dispone implementar con vigencia a partir del 1º de
noviembre de 2008 los cargos aprobados por el Ministerio -que son los detallados en el Anexo I
de la misma Resolución- estableciéndose también quiénes actuarán como agentes de percepción
de tales cargos.
                        d) La Resolución ENARGAS 615/09 estableció como agentes de
percepción de los cargos a las distribuidoras de gas, en el caso de nuestra región CAMUZZI
GAS DEL SUR S.A., estableciéndose asimismo que la totalidad del monto a percibir por este
nuevo cargo deberá incluir el I.V.A. .
                        e) Mediante Resolución ENARGAS Nº 1/730, las facturaciones
emitidas desde el 01-04-09, incorporaron como exentos a los usuarios Residenciales R3 1,
indicando dicha resolución que su vigencia sería a partir del 1º de abril del 2009 debiendo ser
aplicada sobre toda la facturación emitida y a emitirse a partir de dicha fecha.
                        f) Finalmente una nueva Resolución ENARGAS Nº 1/768, exceptúa del
pago del mismo a las categorías R3-2 y R3-3, desde el 1º de mayo de 2009 y hasta el 31 de
agosto de 2009, quedando de esta forma alcanzados por el Decreto PEN Nº 2067/08 el
segmento de usuarios de la categoría Residencial R3 4 y resto de usuarios SGP
correspondientes.
                        Del análisis de la normativa citada precedentemente es dable concluir
que se ha dispuesto aplicar un adicional a las tarifas que los usuarios deben abonar como
contraprestación por el servicio de gas natural por redes, que se denomina “cargo tarifario” y
que tiene por finalidad la capitalización del Fondo Fiduciario creado con el objeto de hacer
frente a las eventuales necesidades de importación del gas natural.
                        Pues bien, con fecha 8 de julio de 2009 los diarios de la zona y demás
medios de comunicación publicaron la información de que estaban llegando a los hogares las
boletas de gas emitidas por la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. correspondientes al
periodo 4/09 incluyendo un cargo tarifario relacionado con el Decreto Nacional 2067 de 2008,
lo cual implica en los hechos un brutal aumento en las facturas remitidas a los usuarios. Las
facturas en cuestión superan en la mayoría de los casos la suma de $ 600,00, implicando
asimismo un aumento de facturación de más de un 200%.
                         De ello dan sobrada cuenta los periódicos locales “El Chubut” y
“Jornada” en sus ediciones impresas del 8 de julio de 2009, que acompañamos a la presente.
                         En lo que respecta al diario El Chubut, el suplemento Puerto Madryn en
su página 3 relata la angustiante situación por la que están atravesando vecinos de distintos
puntos de dicha ciudad por facturas por montos que oscilan entre los $500.00 y $1.000,00. En
particular relata la situación de los vecinos del Barrio San Miguel, de los más perjudicados por
la situación relatada.
                         En el caso de Jornada, ilustra acerca de la misma situación en la página
14 dedicada a la ciudad de Puerto Madryn, y en la página 27 dedicada a Esquel y la Comarca.
                         Tenemos entonces que los usuarios del servicio de gas domiciliario de
la Provincia del Chubut, categoría RESIDENCIAL R 3.4 se encuentran con un nuevo concepto
tributario incluido en la facturación de dicho servicio que reconoce como fuente de creación un
Decreto del Poder Ejecutivo NACIONAL.
                         Es de destacar que solo la categoría R. 3 4, afectada al pago del “cargo
tarifario” impuesto por el Decreto PEN Nº 2067/08, representa un universo de más de doce mil
usuarios en nuestra Provincia.
                         La aplicación de estos cargos implica incrementar en términos
irrazonables la facturación final del servicio para los consumidores abarcados por la normativa
del Poder Ejecutivo Nacional y del ENERGAS, asumiendo el cargo establecido carácter de
confiscatorio, mas allá de la consideración de la naturaleza jurídica del cargo en si mismo.-


                         V - ASPECTOS TECNICO – LEGALES:
                         Conforme lo normado por el art. 37 de la Ley Nº 24.076, Es entonces
oportuno decir que la tarifa del gas que se provee a los consumidores se compone de tres partes
integrantes: a) precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (precio en boca de
pozo); b) la tarifa de transporte (gasoductos); y c) la tarifa de distribución, ello
                         El Decreto PEN Nº 2067/20008 califica al nuevo aumento como un
"cargo tarifario", extremo técnicamente imposible ya que no puede calificarse como un
incremento tarifario desde que no se vincula con ninguno de los costos que componen la tarifa.
                         En el caso de la tarifa de gas domiciliario el art 46 de la Ley 24.076
establece un procedimiento especifico: “Los transportistas, distribuidores y consumidores
podrán solicitar al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS las modificaciones de tarifas,
cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos
de la habilitación, que consideren necesarias si su pedido Se basa en circunstancias objetivas y
justificadas. Recibida la solicitud de modificación, el Ente deberá resolver en el plazo de
SESENTA (60) días previa convocatoria a Audiencia Pública que deberá celebrarse dentro de
los primeros QUINCE (15) días de la recepción de la citada solicitud.”
                        Demás está decir que dicho procedimiento jamás se efectuó, lo que
torna arbitraria la medida adoptada e ilegitimo el procedimiento llevado a cabo para la
imposición de dicho cargo.
                        De tal suerte que, mediante una norma que pretende atender a una de
sus obligaciones (garantizar la provisión de gas), el Estado desatiende otra obligación de rango
constitucional, cual es proveer a la defensa del consumidor, sus intereses económicos y la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, generando una
transferencia millonaria de recursos.
                        Desde otro orden de cosas debemos decir que la Constitución Nacional
reconoce a los consumidores el derecho a un trato equitativo y justo, obligando al Estado en
todos sus niveles a proveer a este derecho.      (art. 42 CN).
                        Nada más alejado del cumplimiento de ésta garantía que la pretensión
de atacar una vez más sus intereses económicos en una nueva transferencia de recursos,
destinada a financiar la actividad comercial de ENARSA, que es designada como Unidad de
Gestión Técnica Operativa de los fondos recaudados de los usuarios.
                        El Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad declarada de garantizar la
provisión de gas natural mediante la importación del insumo en caso de resultar necesario, crea
un Fondo Fiduciario que estará integrado entre otros por el siguiente recurso: cargos tarifarios a
pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos
consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los
sistemas de transportes o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas
natural.
                        Asimismo los aludidos cargos tarifarios creado mediante el decreto del
Poder Ejecutivo, con toda seguridad no constituyen un "precio público", esto es la
contraprestación a cargo del usuario del servicio público por el servicio brindado.
                        Ello desde que no se ha fundado el decreto que crea el cargo tarifario en
un aumento de los costos de la prestación del servicio, sino en una cuestión extraña a los
contratos individuales, como lo es la necesidad de crear un fondo con asignación especifica para
hacer frente a eventuales necesidades de importación del hidrocarburo.
                        Consecuentemente el cargo tarifario no constituye ni total ni
parcialmente la contraprestación a la que esta obligado el usuario por el servicio prestado.
                        A esta altura del relato, no cabe ninguna duda que el “cargo tarifario”
bajo examen no es un precio público ni integra la “tarifa” del servicio. Puede discutirse si se
trata de un impuesto, una tasa o una contribución, pero es evidente que su naturaleza jurídica es
TRIBUTARIA y en consecuencia, siempre estará sometido al Principio de Legalidad y de
Reserva de Ley garantizado en nuestra Constitución Nacional.
                         “Ninguna carga puede ser exigible sin la preexistencia de una
disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es
válidamente creada por el único poder del Estado investido por tales atribuciones, de
conformidad con los artículos 4, 17, 44 y 67 - texto 1853/1860 - de la Constitución Nacional”
(conf. CSJN, “Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía S/amparo”
6/6/1995; “La Bellaca SA c/DGI”, 27/12/1996,).
                         “Los principios constitucionales prohíben a otro poder que el
Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas” (Fallos 155:290; 248:482;
303:245).
                         “Que entre los principios generales que predominan en el régimen
representativo republicano de gobierno, ninguno existe más esencial a su naturaleza y objeto,
que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear las contribuciones
necesarias para la existencia del Estado. Nada exterioriza más la posesión de la plena
soberanía que el ejercicio de aquella facultad, ya que la libre disposición de lo propio, tanto en
lo personal como en lo público, es el rasgo más saliente de la libertad civil. Todas las
constituciones se ajustan a este régimen, entregando a los Congresos o legislaturas este
privilegio exclusivo, pues como enseña Cooley, “En todo Estado soberano el Poder Legislativo
es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la vez, el representante más inmediato de la
soberanía”.”. (CSJN, Fallo 155:290).
                         “El principio de reserva de la ley tributario, de rango constitucional y
propio del Estado de derecho, sólo admite que una ley formal tipifique el hecho que se
considera imponible y que constituirá la posterior causa de la obligación tributaria” (CSJN,
Fallo 155:293, Fallo 182:412).
                         En el mismo sentido, ha afirmado reiteradamente que ninguna carga
tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de
los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del
Estado investido de tales atribuciones (Fallos 316:2329 consid. 10).
                         En definitiva, sólo el Congreso Nacional tiene la competencia para crear
ingresos de carácter tributario para el Estado, según lo dispuesto por nuestra Constitución
Nacional.
                         En el caso de marras, observamos que el Poder Ejecutivo Nacional se
atribuye competencias que no le son propias, lo que provoca una situación de suma gravedad
institucional que atenta contra el sistema republicano de gobierno, la separación de poderes y el
natural equilibrio que debe existir entre ellos para garantizar los derechos de las personas.
                         En conclusión: el mal llamado “cargo tarifario” no es otra cosa que un
tributo, creado ilegítimamente por un Órgano que según nuestra Constitución no tiene
facultades para hacerlo, que resulta desproporcionado e irrazonable, puesto que en la mayoría de
los casos supera el costo de la tarifa del mismo servicio, que también por ello es confiscatorio
de la propiedad de los usuarios y consumidores de gas natural por redes.
                        Entendemos que para el caso que el Estado Nacional pretenda crear un
nuevo Tributo o una contribución especial para conformar un Fondo Específico para un fin
determinado deberá necesariamente elevar un proyecto en tal sentido al Congreso Nacional,
respetando el proceso de formación y sanción de leyes que establece nuestra Carta Magna.


                        VI - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:
                        La presente medida se funda en el art. 230º del CPCC que establece
como requisitos, al igual que en las demás medidas cautelares, la verosimilitud del derecho y el
peligro en la demora. La referida verosimilitud debe estar referida al derecho que se intenta
hacer valer en el proceso y conjugarse adecuadamente con el requisito del peligro en la demora.
Este último recaudo se vincula estrictamente con el interés jurídico que justifica a las medidas
precautorias en general y a la prohibición de innovar en particular, es decir, el estado de peligro
en que se encuentra el derecho principal frente a la duración o demora del proceso, ya que la
prolongación del mismo durante un tiempo mas o menos largo crea siempre un riesgo a la
efectividad y eficacia de la sentencia a dictarse (Highton y Areán , Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, Tº 4, pág. 580).
                        Con relación a la verosimilitud del derecho, en el presente caso no cabe
duda alguna de que se está afectando el derecho de propiedad de los usuarios del servicio de gas
natural, derecho garantizado por el art. 17º de la Constitución Nacional, a la vez que se están
violando de forma manifiesta sus derechos reconocidos y protegidos por la Ley de Defensa del
Consumidor, sus intereses económicos y la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados y las mandas constitucionales y tratados internacionales que
protegen a los consumidores.
                        Además de la verosimilitud del derecho, debe acreditarse la existencia
del peligro en la demora, que consiste en esencia, en el temor fundado de que el derecho del
accionante se frustre o minorice durante la sustanciación del proceso tendiente a su
reconocimiento y efectivización. Para la configuración de este requisito basta con la sola
posibilidad del temor del daño, pues ello configura un interés jurídico que justifica el adelanto
jurisdiccional (De Lazzarri, Eduardo “Medidas Cautelares”, segunda edición, pág. 30). Es
evidente que de no hacerse lugar a la presente medida cautelar el derecho de los usuarios del
servicio de gas se verá frustrado definitivamente, ya que se verían obligados a hacer efectivos
los pagos de las desmesuradas facturas emitidas, e incluso al corte del servicio de gas en plena
época invernal.
                        La estación invernal por la que atravesamos, con la consabida merma en
la temperatura ambiente promedio a niveles bajo cero, inherentes a la totalidad del continente
geográfico provincial, determinan la existencia indubitable del exigido peligro en la demora,
sumando a ello, el propio e inescindible carácter de servicio público indispensable que
compromete a diario la salud, la alimentación, la dignidad y la integridad de las familias
comprometidas por la facturación atacada, razón por la cual peticionamos en salvaguarda de los
derechos de todos los afectados la presente medida cautelar, requiriendo se arbitren todas las
medidas para hacer efectiva la misma en el día en que la orden judicial sea emitida, con expresa
habilitación de días y horas y de feria judicial, incluyendo el auxilio de la fuerza pública si fuere
menester.
                         Solicitamos que a fin de hacer saber la medida cautelar que se dictará,
se libren sendos oficios al Estado Nacional, al Ente Nacional Regulador del Gas y a la firma
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., debiendo en este caso notificarse a todas las unidades
operativas que posea en la Provincia del Chubut, solicitando asimismo se exima a esta parte de
caución real como contra cautela, disponiéndose el dictado de la medida de no innovar bajo
caución juratoria. (art. 85 Constitución Provincial).
                         Posteriormente, y dentro del término establecido por la normativa
procesal, esta parte promoverá demanda ordinaria contra las mismas partes, con el objeto de
hacer cesar en forma definitiva los alcances de la normativa cuestionada, con mayor amplitud de
prueba.


                         VII – COMPETENCIA:
                         La competencia que corresponde a la presente Acción de Amparo es el
ámbito de la Justicia Federal, jurisdicción de V. S., ello así toda vez que la materia de que trata
esta acción involucra la normativa de la Ley 24.076.-
                         En su art. 1° se regula el “transporte y distribución de gas natural que
constituyen un servicio público nacional”. En el art. 2° dispone el contralor del Ente Nacional
Regulador de Gas. El art. 11° establece a quién se considera “transportista” concepto que
incluye a la empresa accionada.-
                         La preceptiva del artículo 19° impone que: “...ningún transportista o
distribuidor podrá abandonar total o parcialmente las instalaciones afectadas al
transporte y/o distribución de gas natural, ni dejar de prestar los servicios a su cargo…”.
Entretanto el artículo dispone que en supuesto de conflicto normativo entre otras leyes y la
presente, prevalece esta Ley, y el art. 95° establece el carácter de orden público de la Ley.-
                         Por su parte la jurisprudencia relativa en materia de Servicios Públicos
ha resuelto que: ”…En toda controversia que roce los alcances de las normas que se refieren
al modo de prestación del suministro de energía (…) en tanto servicio público esencial, que
trasciende la órbita contractual, la relación prestadora-usuario y la eventual violación a las
normas de seguridad que atañen al sistema, se encuentra sometida al conocimiento de la
Justicia Federal en razón de la materia.-“ (“ROJAS, Carlos R. y O. c/ Empresa Distribuidora
Norte S. A. s/ Daños y Perjuicios” Sentencia N° C. J. 129465 Civil – Sala J).-


                         VIII - DERECHO:
                         Fundamos el derecho que sustenta esta acción en lo preceptuado por los
artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, 33, 54, 57, y 108 de la Constitución Provincial,
Ley 24.076 de Regulación del Servicio de Gas, normas reglamentarias y concordantes, Ley de
Defensa al Consumidor y Ley de Defensa de la Competencia.-


                         IX - PRUEBA DOCUMENTAL:
                         1) Se acompañan ejemplares de los diarios “El Chubut” y “Jornada” de
la ciudad de Trelew y el Diario de Rawson, todos de fecha 8 de julio de 2009, solicitando en
caso de desconocimiento de los mismos se libre oficio a efectos de que reconozcan su
autenticidad.-
                         2) Copia de Facturas de Usuarios del Servicio de gas natural prestado
por CAMUZZI GAS DEL SUR SA, correspondientes al periodo de vto. 07/2009, presentadas
por los ciudadanos en la Defensoría del Pueblo.-


                         X - CASO FEDERAL:
                         Para el hipotético caso que V.S. no hiciera lugar a esta demanda,
formulo reserva del caso federal para ocurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la ley 48.
                         Ello en función a que un pronunciamiento jurisdiccional con esos
alcances resultaría violatorio de los siguientes derechos, consagrados en nuestra Constitución
Nacional: 1) Derecho de Propiedad (art. 17); 2) Principio de Legalidad (art. 19); 3) Protección
de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (art. 42).


                         XI - HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES Y DE
FERIA JUDICIAL
                         Atento las razones de urgencia esgrimidas y el carácter cautelar de la
medida solicitada, tratándose de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarla ineficaz o
generar perjuicios evidentes a los usuarios afectados, se encuentran reunidos los requisitos
exigidos por el art. 153º del Código Procesal Nacional, debiendo habilitarse días y horas
inhábiles, e incluso la feria judicial, para resolver la medida peticionada así como para ordenar,
suscribir y diligenciar los oficios que al efecto de comunicarla se libraran.


                         XII - PETITORIO:
                        Por lo expuesto, de Vuestra Señoría solicitamos:
  1)    Nos tenga por presentados, por parte y por constituido el domicilio ad litem.-
  2)    Se agregue la documental acompañada.-
  3)    Por solicitada la medida cautelar tendiente a que se ordene a las demandadas: a)
suspender el cobro de facturas de gas ya emitidas a los usuarios residenciales de la Provincia del
Chubut; b) no efectuar cortes en el suministro del servicio por la falta de pago de dichas
facturas, c) refacturar las boletas emitidas aplicando el cuadro tarifario anterior, d) la
compensación de los usuarios que hallan abonado las mismas con los incrementos tarifarios que
se cuestionan, absteniéndose de facturar el cargo establecido en el decreto 2067/2008
juntamente con el ítem del impuesto al valor agregado. Todo ello hasta tanto se resuelva la
cuestión de fondo que será objeto de una demanda ordinaria posterior.
4) Se tenga presente la reserva del caso federal efectuada.-
5) Se habiliten días y horas inhábiles y la feria judicial para el tratamiento de la misma.
6) Se autorice a correr con el diligenciamiento de las medidas que se ordenaren al Señor
Defensor del Pueblo y/o a la persona que estos designen, con amplias facultades de ley, y la
habilitación expresa de día y hora y de feria judicial como quedara peticionado.-
7) Oportunamente, haga V.S. lugar a la medida solicitada.-


        Provea V.S. de conformidad, y
                                         HARA JUSTICIA.-

								
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