Debe precisarse que la naturaleza jur�dica de los intereses y de la actualizaci�n del monto del pago de lo indebido es diversa

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					                     CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010
                     SUSCITADA ENTRE EL QUINTO Y SEXTO
                     TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA
                     ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.



PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: LIC. LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.



     México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
veintidós de septiembre de dos mil diez.




Vo. Bo.
Cotejó:


                            V I S T O S; y
                         R E S U L T A N D O:


     PRIMERO. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación
Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de
la Nación el cuatro de junio de dos mil diez, la Magistrada
Presidenta   del     Quinto    Tribunal      Colegiado    en    Materia
Administrativa     del   Primer   Circuito     denunció    la   posible
contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho Tribunal
Colegiado al resolver el recurso de queja Q.A. 28/2010 y el Sexto
Tribunal Colegiado en la misma Materia y Circuito al resolver el
recurso de queja Q.A. 2/2010, anexando copia certificada de la
resolución pronunciada por el Tribunal que integra, manifestando:
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"Por este conducto, hago de su conocimiento que
en sesión celebrada el dos de junio de dos mil diez,
los magistrados integrantes del Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito,   María      Elena    Rosas         López,    Roberto
Charcas León y Roberto Ramírez Ruiz, bajo la
presidencia de la primera de los nombrados,
acordamos denunciar la posible contradicción del
criterio sustentado por este órgano jurisdiccional al
resolver    el    recurso      de     queja    Q.A.     28/2010,
interpuesto por la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA
EN SAN          ANTONIO DE LA             SECRETARÍA           DE
FINANZAS         DEL    GOBIERNO              DEL      DISTRITO
FEDERAL, con el diverso emitido por el Sexto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, en sesión de veintiséis de febrero
de dos mil diez, en el recurso de queja Q.A. 2/2010,
donde      se    sostiene   criterio      contrario.     ---   La
contradicción estriba en que para este Quinto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, la devolución de la cantidad que
debe devolver la autoridad responsable a la parte
quejosa, por el pago de un impuesto con motivo de
la   declaración       de   inconstitucionalidad,          debe
comprender la actualización e intereses, en tanto
que el Sexto Tribunal Colegiado de referencia,
sostiene que únicamente procede el pago de
actualización. --- Luego, con fundamento en los
artículos 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción


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     VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
     Federación,       se      denuncia        la     posible
     contradicción…”.


     SEGUNDO. Por acuerdo de ocho de junio de dos mil diez, el
Presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ordenó solicitar en la presente contradicción de tesis,
registrada bajo el número 200/2010, al Presidente del Sexto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja
2/2010.


     TERCERO. Una vez recibida la copia certificada de la
resolución solicitada, el Presidente de esta Segunda Sala,
mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil diez, declaró
competente a la Sala para conocer del asunto y ordenó dar a
conocer el acuerdo al Procurador General de la República,
anexándole copia de las constancias que integran el expediente.
Asimismo, ordenó turnar el asunto al Ministro Sergio Salvador
Aguirre Anguiano.


     El Agente del Ministerio Público Federal formuló pedimento
en el sentido de que sí existe la contradicción de tesis denunciada
y que debe prevalecer como criterio el consistente en que la
cantidad que debe devolver la autoridad responsable al
contribuyente, con motivo de un pago de lo indebido con base en
una ley declarada inconstitucional, no comprende los intereses.




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                     C O N S I D E R A N D O:


     PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la
presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de
Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, en relación con los puntos Segundo y Cuarto
del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a
la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales
Colegiados    de   Circuito   al   resolver   asuntos   en   materia
administrativa, que es una de las materias de especialización de
esta Segunda Sala.


     SEGUNDO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, al resolver por mayoría de
votos el recurso de queja 28/2010 en sesión de veintiocho de abril
de dos mil diez, sostuvo:


     “…SEXTO. Previo al estudio de los agravios
     hechos valer por la recurrente, deben tenerse
     presentes los antecedentes más relevantes del
     caso: --- 1. Por escrito presentado el catorce de
     noviembre de dos mil siete, ante la Oficina de
     Correspondencia Común de los Juzgados de
     Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
     Federal, **********, por conducto de su representante
     legal, promovió juicio de amparo indirecto en


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contra    de   las      autoridades   y    por   los    actos
siguientes: (Se transcriben). --- 2. De la citada
demanda de amparo correspondió conocer, por
razón de turno, al Juzgado Cuarto de Distrito en
Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien
la registró con el número de expediente 1516/2007,
el cual mediante proveído de quince de noviembre
de dos mil siete, requirió al promovente para que
dentro del término de tres días contados a partir de
la legal notificación del citado proveído, aclarara su
demanda, esto es, manifestara qué preceptos
tildaba de inconstitucionales de los decretos
señalados en el inciso a), puntos del uno al cinco
del capítulo de actos reclamados de su demanda de
amparo. --- Asimismo, para que manifestara a qué
artículos         se      refería     cuando           señaló:
‘específicamente por lo que se refiere a la reforma
de aquellos artículos que establecen el impuesto
predial’ y que cita en los puntos del siete al diez del
capítulo de actos reclamados; apercibido que de no
cumplir     con    lo    anterior,   se   tendría   por    no
interpuesta la demanda de garantías (fojas noventa
y cinco a noventa y seis del juicio de amparo). --- 3.
Mediante escrito presentado en la Oficialía de
Partes del Juzgado del conocimiento el veintiséis
de noviembre de dos mil siete, la parte quejosa,
atendiendo a los requerimientos antes precisados,
señaló lo siguiente: (Se transcribe). --- 4. A través
del proveído de veintisiete de noviembre de dos mil


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siete, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, tuvo por
desahogado el requerimiento formulado en autos y
admitió    a    trámite    la    demanda         de    garantías,
seguidos todos los trámites de ley, celebró la
audiencia constitucional y dictó sentencia, misma
que terminó de engrosar el treinta de junio del
mismo año, en la que determinó conceder el
amparo, al considerar que el factor 10.0 que se
adicionó al artículo 149, fracción II, segundo
párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal
vigente desde el treinta y uno de enero de dos mil
uno,      transgredía      los       principios        tributarios
consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución        Política    de    los     Estados     Unidos
Mexicanos; de ahí que el amparo se hiciera
extensivo a los actos concretos de aplicación de tal
numeral,       de    manera     que     los    efectos     de   la
concesión       se    hicieron       consistir    en     que    se
devolviera a la quejosa las cantidades que enteró
con motivo de los pagos efectuados por el
concepto que determina tal precepto. --- 5. Dada la
no impugnación de la sentencia de mérito, el
veintitrés de julio de dos mil ocho, la a quo declaró
que ésta había causado ejecutoria (foja doscientos
veintitrés siguientes del juicio de amparo), y por
tanto, inició el procedimiento para lograr su
cumplimiento, en términos de los artículos 104 y
105 de la Ley de Amparo. --- 6. Por acuerdo de


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veintiséis de enero de dos mil nueve, el juzgado del
conocimiento ordenó de oficio la apertura del
incidente innominado; el cual, una vez sustanciado
fue resuelto en interlocutoria de dieciocho de
noviembre     de   dos    mil    nueve,       terminada   de
engrosar el veintiséis de febrero de dos mil diez,
misma que constituye la materia de controversia en
el presente recurso. --- Conviene mencionar que en
la resolución de mérito, luego de analizar y valorar
el dictamen pericial en materia de contabilidad
ofrecido en autos, el cual fue rendido por el perito
oficial designado en auxilio de las labores del
Juzgado, la Juez de Distrito determinó que las
diferencias a pagar a **********, por parte de la
Administración Tributaria en San Antonio de la
Secretaría    de   Finanzas      del    Distrito   Federal,
ascendía a la cantidad de ********** **********, la cual
incluía el monto del entero efectuado por la
sociedad civil en términos de la disposición
declarada      inconstitucional,        así     como      su
actualización e intereses, calculados al quinto
bimestre de dos mil siete. --- Pues bien, en contra
de la interlocutoria recurrida, la Administradora
Tributaria en San Antonio de la Secretaría de
Finanzas     del   Distrito   Federal     aduce     que   la
determinación a la que arribó la juzgadora es
indebida, pues pretende condenar al pago de una
cantidad sin fundamento, ordenando devolver a la
quejosa la actualización y los intereses, los cuales


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no proceden en el presente asunto. --- Para
demostrar lo anterior, la recurrente alega, en su
primer agravio, que la devolución a que tiene
derecho la quejosa no puede tener como base el
impuesto y los recargos, (…). --- Tales argumentos
resultan infundados. --- Lo anterior es así, debido a
que de la lectura que se realiza a la interlocutoria
recurrida, se desprende que la Juez de Distrito no
determinó que el monto a devolver a la quejosa
incluyera recargos, ya que únicamente refirió,
después de haber analizado y valorado el único
dictamen rendido en el expediente, que la cantidad
a la que asciende la devolución que le corresponde
a la quejosa con motivo de la ejecutoria de amparo
es de ********** **********, que corresponde al monto
que pagó en exceso respecto de la porción
normativa declarada inconstitucional, en el que se
incluyó     la        actualización      e    intereses
correspondientes, pero sin hacer mención alguna
al concepto de recargos que refiere la recurrente,
de   ahí   que   el    argumento      analizado   resulte
infundado. (…) --- En otro orden de ideas, la
recurrente, en el segundo agravio, aduce que la
figura de la actualización estuvo contemplada en el
Código Financiero del Distrito Federal, hasta el año
de dos mil tres, el cual establecía en su artículo 50-
B que tratándose de devoluciones sí procedía el
pago de las actualizaciones; sin embargo, la
legislación posterior, es decir, la vigente a partir de


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dos mil cuatro, incluso la vigente a partir del año
dos mil diez, ya no hace referencia al concepto de
actualización; (…) --- Tal argumento es infundado,
toda vez que la obligación de reintegrar al
agraviado la actualización de las cantidades de
dinero enteradas por concepto de los derechos y
aprovechamientos contenidos en los artículos
declarados     inconstitucionales,   deriva   de   lo
dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo (…)
--- Por tanto, si los efectos restitutorios del fallo
protector conllevan la obligación de devolver a la
quejosa el monto de las cantidades enteradas con
motivo   del    cumplimiento    de   los   preceptos
declarados inconstitucionales, resulta inconcuso
que la cantidad de dinero que las autoridades
responsables deberán entregar al contribuyente
debe comprender su actualización, a fin de darle su
valor real al momento en que la devolución
efectivamente se realice, para que el contribuyente
reciba una suma equivalente a la que hubiera
tenido en su patrimonio de no haber realizado el
pago del impuesto. --- El anterior criterio ha sido
reconocido por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la tesis de
Jurisprudencia Número 2a./7.13/2008, bajo el rubro
y texto: ‘LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA
SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE
SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN,


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CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE
LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE
ACTUALIZADAS          (CÓDIGO      FINANCIERO         DEL
DISTRITO FEDERAL).’ (Se transcribe). (…) --- En
otro orden de ideas, en el segundo agravio, la
autoridad recurrente señala que la devolución en
conflicto no puede contener el concepto de
intereses, pues de lo contrario se violaría lo
dispuesto en el artículo 71 del Código Financiero
del Distrito Federal y 49 del Código Fiscal del
Distrito   Federal,   sin    que   sea    óbice    que   el
cumplimiento de una ejecutoria de amparo se debe
dar en estricta observancia a lo dispuesto por el
artículo 80 de la Ley de Amparo. Cita la tesis de
rubro: ‘PAGO DE LO INDEBIDO. NO SE ACTUALIZA
TRATÁNDOSE DE CONTRIBUCIONES PAGADAS
CON        BASE   EN        UNA    LEY      QUE       CON
POSTERIORIDAD                FUE           DECLARADA
INCONSTITUCIONAL.’ --- Al efecto, destaca que el
Juzgado      Sexto     de      Distrito    en      Materia
Administrativa,   en    la   resolución    al     incidente
innominado dictado el dieciocho de junio de dos
mil ocho, dentro del juicio de amparo 57/2004-V, así
como el Juzgado Decimosegundo en la misma
materia y residencia, en la resolución al incidente
innominado de veintiuno de enero de dos mil ocho,
dentro del juicio de amparo 518/2004, sostuvieron
que resultaba improcedente el pago de intereses, a
efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de la


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garantía individual violada. --- En ese contexto
esgrime que el pago de intereses en el presente
asunto no es aplicable por lo que al momento de
determinar las cantidades a devolver a la quejosa,
dicho accesorio no debe ser contemplado. ---
Asimismo, expone que la quejosa no puede
adquirir derechos respecto de la sentencia de
amparo, puesto que sólo tiene derecho a la
restitución de sus garantías sin que ello implique
obtener un lucro sobre la cantidad a devolver, ya
que el pago de intereses es una cuestión ajena que
no formó parte de la sentencia de garantías. --- Por
ende, estima que si la a quo estableció que la
sentencia que otorga la protección constitucional
obliga a las autoridades responsables ejecutoras a
devolver las cantidades enteradas como actos de
aplicación de las mismas, la sentencia de amparo
tendrá el efecto de restituir a la quejosa en el pleno
goce de la garantía violada, restableciendo las
cosas al estado que guardaban antes de la
violación,   por    lo     que   las   autoridades   están
obligadas a restituir las cantidades históricas que
recaudaron con base en la norma que resultó
inconstitucional.    ---    Además,      señala   que    la
procedencia del pago de intereses deriva de los
artículos 71 del Código Financiero y 49 del Código
Fiscal ambos del Distrito Federal, los cuales
disponen que éstos deben cubrirse cuando el
contribuyente interponga algún medio de defensa y


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éste resulte procedente, hipótesis que en el caso
no se actualiza, ya que dicha disposición debe
entenderse con relación a los medios ordinarios de
defensa, como lo son los recursos administrativos
o el juicio de nulidad, mas no respecto al amparo,
toda     vez    que   en     éste   se     declara     la
inconstitucionalidad de algún precepto que prevé y
regula una contribución. --- Lo anterior, no sólo
porque el juicio de garantías constituye un medio
extraordinario de defensa, cuya naturaleza es
diversa a los recursos, ya que estos últimos al
resultar fundados, implican que la actuación de la
autoridad fue ilegal al calcular y/o recaudar el
tributo, lo que en el caso no acontece toda vez que
la devolución se origina por la declaración de
inconstitucionalidad de una norma fiscal. --- Por
tanto, no se configura un pago de lo indebido que
genere    la   obligación de    reparar    el   perjuicio
ocasionado mediante el pago de intereses que
establece el artículo 71 del Código Financiero del
Distrito Federal, cuyo contenido se encuentra
previsto en el artículo 49 del Código Fiscal de la
misma entidad federativa, vigente para el año dos
mil diez, ya que dicho pago sólo procede cuando
tal perjuicio deriva del dolo o mala fe de la
autoridad. --- Por último, señala que la a quo al
dictar    la    resolución     recurrida    tomó      en
consideración el dictamen emitido por el perito
oficial, pero sin considerar las manifestaciones


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vertidas con relación a que en el presente asunto
no procedía el pago de los intereses, ya que a partir
del mismo se determinó la cantidad a devolver,
motivo por el cual resulta incongruente que la juez
federal haya resuelto de manera contraria a dicho
dictamen. --- Así las cosas, concluye que la
cantidad a devolver a la parte quejosa no debe
contener el cálculo de los intereses. --- Dichos
argumentos se estiman infundados, porque lo
concerniente al pago de intereses, tal obligación
por parte de la autoridad fiscal deriva de la propia
ley, y a efecto de corroborar tal aserto, resulta
oportuno tener presente lo dispuesto en el artículo
71 del Código Financiero del Distrito Federal (que
también fue considerado por la juez federal en la
resolución que se recurre) el cual es del tenor
siguiente: ‘ARTÍCULO 71.’ (Se transcribe) --- De la
lectura del precepto legal recién transcrito se
desprende que, tal y como lo estimó la juez federal
en la resolución que se recurre, el contribuyente
que hubiere realizado el pago de una contribución
(como en la especie fueron los derechos y
aprovechamientos      previstos   en    el   Código
Financiero del Distrito Federal) determinada por él
o por la autoridad que interponga algún medio de
defensa legal y que obtenga resolución firme que le
favorezca total o parcialmente, tiene derecho a
obtener por parte del Distrito Federal, el pago de
intereses acorde a la tasa prevista para los


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recargos contenida en el artículo 64 del propio
ordenamiento legal, sobre la cantidad que se pagó
indebidamente y a partir de que se realizó ese
pago. --- De lo anterior queda demostrado que,
contrario a lo que aduce la autoridad recurrente,
resulta apegada a derecho la determinación de la
juez federal en el sentido de que con la finalidad de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de
la Ley de Amparo, la autoridad fiscal está obligada
a devolver el monto que se le enteró por parte del
contribuyente, con su respectiva actualización y
pago de intereses. --- Sin que sea óbice a lo hasta
aquí alcanzado, el hecho de que en el artículo 63
del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a
partir de dos mil cuatro no haga pronunciamiento
expreso: ‘de los montos de las devoluciones a
cargo   del   Distrito   Federal’   como   lo   preveía
anteriormente el diverso numeral 50-B del mismo
ordenamiento legal; sin embargo, ello no significa
que no se prevé el pago de actualización y de
intereses por parte del Gobierno del Distrito
Federal, como inexactamente lo aduce la autoridad
recurrente, en virtud de que tal obligación deriva de
lo dispuesto en el artículo 71 del propio cuerpo de
leyes. --- En ese contexto, importa destacar que el
efecto de la sentencia concesoria del amparo
promovido contra una ley fiscal es que no se
vuelva a aplicar dicha disposición, esto es, a
deslindar de la esfera jurídica del gobernado la


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norma     jurídica     que   establece   la   obligación
tributaria,     entonces       la    declaratoria        de
inconstitucionalidad de la norma trae consigo que
el pago efectuado por la contribuyente en este
caso, sea equiparable a un pago impuesto del que
ha cesado, para el gobernado, la hipótesis legal
que   dio     origen    al   hecho   generador      de   la
contribución, es decir, no existe más, en su ámbito
de derechos y obligaciones, el deber legal que
justifique haber realizado ese pago. --- Por tanto, si
la declaración de inconstitucionalidad de los
tributos reclamados actualiza la hipótesis prevista
en el décimo primer párrafo del artículo 71 del
Código Financiero del Distrito Federal, en relación
con el pago de intereses a favor del contribuyente
que obtuvo sentencia favorable respecto del pago
de algún tributo, se concluye que el efecto del
amparo incluye también el pago de intereses a que
hace referencia el numeral en mención, puesto que
su    aplicación       se    encuentra   estrechamente
vinculada a la norma materia del juicio de
garantías. --- En ese orden de ideas, es patente que
la juez debe contemplar en la cantidad que debe
devolver a la parte quejosa, el cálculo de los
intereses previstos en el artículo 71 del Código
Financiero del Distrito Federal, en tanto que
conforme al precepto citado la peticionaria del
amparo tiene derecho a obtener del Distrito Federal
el pago de intereses sobre las cantidades que se


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hayan pagado indebidamente. --- En otra parte de
sus agravios, la recurrente aduce que se pudiera
considerar    que    la   procedencia   del    pago   de
intereses deriva de que el propio artículo 71 del
Código Financiero del Distrito Federal y del artículo
49 del Código Fiscal del Distrito Federal, disponen
expresamente que éstos deben cubrirse cuando el
contribuyente interponga algún medio de defensa y
éste resulte procedente; sin embargo, estima que
tal disposición debe entenderse con relación a los
medios ordinarios de defensa, como lo son los
recursos administrativos o el juicio de nulidad, mas
no respecto del amparo, especialmente cuando en
éste se declara la inconstitucionalidad de los
preceptos que prevén y regulan una contribución. --
- Se estima infundado el citado argumento, debido
a que con independencia de que el juicio de
garantías    sea    considerado   o     no    un   medio
extraordinario de defensa, lo cierto es que el
código invocado no hace esa distinción, sino
simplemente se refiere a medios de defensa que el
citado código o demás leyes establezcan. --- De
manera que si el juicio de amparo constituye un
medio de defensa de los derechos fundamentales
del gobernado, debe entenderse que el artículo en
comento también se refiere a él, como un medio de
defensa adecuado para que una vez que se obtenga
una resolución favorable, proceda el pago de
intereses. --- Finalmente, dice la recurrente que la


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Juez de Distrito tomó el dictamen emitido por el
perito oficial por encontrarse realizado de manera
imparcial y ajeno a toda pretensión de las partes, y
si bien es cierto que la juzgadora lo consideró apto
para emitir la resolución que por esta vía se
recurre, lo es también, que en sus manifestaciones
claramente el perito estableció que no proceden
para el presente asunto el pago de intereses, por
tanto al emitir la resolución no se toman en cuenta
las manifestaciones vertidas en el dictamen emitido
por el especialista, siendo que a partir del mismo
se determinó la cantidad a devolver, por lo que
resulta ser incongruente que la a quo resuelva
dictar su sentencia apoyándose en dicho dictamen
si al final resuelve contrariamente al mismo. --- Tal
argumento resulta infundado, ya que no es correcto
que la resolución impugnada se haya sustentado,
para determinar el pago de intereses, en el peritaje
oficial relativo al incidente innominado de donde
deriva la resolución reclamada, lo anterior es así,
pues lo que la juez consideró al momento de
resolver lo relativo a los intereses, fue lo siguiente:
--- ●Que al dictamen pericial en materia de
contabilidad rendido por la perito oficial, se le
otorgaba pleno valor probatorio, al haberse emitido
por una profesional en la materia contable en el que
se desprende la metodología utilizada, además de
que al ser nombrada en auxilio de ese órgano de
control, resulta imparcial y ajeno a todo pretensión


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de las partes. --- ●Que por lo anterior, la cantidad
que en él se indica actualizada, a la fecha de pago,
más intereses que se generen, es la que debe ser
entregada a la parte quejosa. --- ●Que el cálculo de
intereses determinado sobre la base de la cantidad
a devolver debidamente actualizada es procedente,
ya que el monto que en su momento tuvo que
erogar la contribuyente quejosa para cumplir con
sus obligaciones fiscales, al momento de obtener
una resolución favorable en amparo, se convierte
en pago de lo indebido, de conformidad a lo
previsto en el artículo 71 del Código Financiero del
Distrito Federal. --- Como se ve la decisión de la
Juez de Distrito con relación al pago de intereses,
no se sustentó en el peritaje oficial, sino que la juez
analizó el caso en particular y consideró que con
base en la naturaleza jurídica de éstos, era
procedente, de conformidad a lo previsto en el
artículo 71 del Código Financiero del Distrito
Federal, en virtud del pago de lo indebido en que
incurrió la contribuyente, al obtener una resolución
favorable.   ---   De   manera   que    aun    cuando
efectivamente el perito oficial, entre otras cosas,
concluyó que no procedía el pago de intereses, es
claro que la Juez de Distrito consideró aspectos
distintos para resolver de la manera que lo hizo. ---
Lo que se estima correcto ya que atendiendo a la
lógica de la prueba pericial, y de las pruebas en
general, es al juzgador a quien corresponde su


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justipreciación conforme al principio de valoración
de las pruebas, por lo que éste debe analizar dicha
probanza atendiendo a las reglas de la lógica y de
la experiencia, exponiendo los fundamentos de su
valoración y de su decisión, sin que tenga que
atender estrictamente a lo manifestado por los
peritos, quienes sólo son auxiliares de aquél. De
manera      que   el   resolutor   puede   válidamente
apartarse de la opinión del experto, o tomar los
aspectos que estima apegados a derecho y que
fundamentan su decisión. --- Sirve de apoyo a lo
anterior, por los razonamientos que expone, la tesis
de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro
y textos son: ‘DICTÁMENES PERICIALES NO
OBJETADOS. SU VALORACIÓN.’ (Se transcribe). ---
Por último, no pasa inadvertido la tesis que cita la
recurrente de rubro: ‘PAGO DE LO INDEBIDO. NO
SE          ACTUALIZA         TRATÁNDOSE              DE
CONTRIBUCIONES PAGADAS CON BASE EN UNA
LEY QUE CON POSTERIORIDAD FUE DECLARADA
INCONSTITUCIONAL’, ya que no resulta obligatoria
para este tribunal colegiado, en términos de los
artículos 192 y 193 de la Ley Amparo, además de
que sus consideraciones no se comparten por los
motivos antes expuestos. --- Además, respecto a
las resoluciones que citó la autoridad recurrente en
las   que    diversos     juzgados    de   distrito   se
pronunciaron con relación a que no procede el


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     pago de intereses, no existe dispositivo alguno en
     la ley de la materia, que vincule a este tribunal
     colegiado a acatarlas, de ahí que ningún beneficio
     le generan. --- En las relacionadas condiciones y
     ante lo ineficaz de los argumentos analizados
     procede declarar infundado el recurso de queja
     interpuesto y por tanto, ajustado a derecho la
     resolución recurrida en la presente instancia.”


     TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, al fallar la queja QA. 2/2010 en
sesión de veintiséis de febrero de dos mil diez, sostuvo:


     “…SEXTO.- Previamente al análisis de los agravios
     formulados, se considera necesario relatar los
     antecedentes que se desprenden del juicio de
     amparo de origen, para mejor comprensión del
     asunto: --- 1. Por escrito presentado ante la Oficina
     de Correspondencia Común de los Juzgados de
     Distrito en Materia       Administrativa    del   Primer
     Circuito, el veinte de febrero de dos mil cuatro,
     **********, por propio derecho, promovió amparo en
     contra de la discusión, aprobación, y expedición
     del Decreto Legislativo del 26 de diciembre de 1994,
     que contiene el Código Financiero del Distrito
     Federal, publicado en el Diario Oficial de la
     Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito
     Federal el 31 del mismo mes y año, en vigor a partir
     del 1º de enero de 1995, en particular 156 y 158, que


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se refieren al Impuesto sobre Adquisición de
Bienes Inmuebles. --- 2. El juicio fue radicado en el
Juzgado     Cuarto    de     Distrito   en    Materia
Administrativa del Distrito Federal, bajo el número
1192/2003 y resuelto por el Juez Quinto de Distrito
Itinerante mediante sentencia que se terminó de
engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil tres,
en la que resolvió: (Se transcribe). --- 3. Inconforme
con tal determinación, el Secretario de Gobierno,
en ausencia del Jefe       de Gobierno del Distrito
Federal, interpuso recurso de revisión que fue
radicado en este Tribunal, bajo el número RA.
747/2003 y resuelto mediante ejecutoria de diez de
marzo de dos mil cuatro, en el sentido de confirmar
la sentencia recurrida, y conceder el amparo
solicitado en contra de los artículos 156 y 158 del
Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el
año dos mil tres (fojas 175-185). --- 4. En
acatamiento a dicha ejecutoria, la juez federal
realizó diversos requerimientos a las autoridades
responsables para que acreditaran haber dado
cumplimiento al fallo protector. --- 5. El trece de
octubre de dos mil cuatro, la quejosa presentó un
diverso escrito a través del cual exhibió el escrito
presentado el día anterior en la Oficialía de Partes
de la Administración Tributaria en Parque Lira, en
el cual solicitó la devolución de los importes que
indebidamente pagó a la Tesorería del Distrito
Federal en cantidad histórica de **********, por


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concepto      de       Impuesto       de     Adquisición       de
Inmuebles, debidamente actualizado y con los
intereses correspondientes (fojas 256-263). --- 6.
Toda vez que se requirió a las autoridades
responsables,      así        como     a     sus     superiores
jerárquicos, sin que hubiesen informado acerca del
cumplimiento de la ejecutoria de amparo ni
efectuado acto alguno tendiente a ello, con fecha
siete de marzo de dos mil seis, la juez del
conocimiento       consideró          hacer        efectivo    el
apercibimiento         respectivo,     por      lo   que      con
fundamento en el Acuerdo General número 5/2001,
de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
remitió los autos a la superioridad, para los efectos
de la fracción XVI, de artículo 107 constitucional y
segundo párrafo del artículo 105 de la Ley de
Amparo (fojas 330-332). --- 7. Mediante acuerdo de
fecha nueve de marzo de dos mil seis, la
Magistrada Presidente de este Tribunal ordenó
formar,     tramitar     y    registrar    el   incidente      de
inejecución de sentencia número INEJEC. 12/2006,
el cual se resolvió en sesión de fecha veintiséis de
abril de dos mil seis, en el sentido de remitir los
autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(fojas 345-368). --- 8. Mediante resolución de fecha
veinte de septiembre de dos mil seis, la Primera
Sala   de    nuestro         Máximo    Tribunal      determinó
devolver los autos del juicio de amparo al juzgado


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de Distrito de conocimiento, para el efecto de
determinar si con los actos realizados por la
autoridad responsable se había dado cumplimiento
o no a la ejecutoria de amparo (fojas 440 a 450). ---
9. Posteriormente de múltiples requerimientos a las
autoridades sin que hubiesen dado cumplimiento a
la ejecutoria, de oficio se ordenó tramitar el
incidente innominado, a fin de determinar las
cantidades a devolver a la quejosa por el pago del
impuesto sobre adquisición de inmuebles (fojas
656 de autos). --- 10. El ocho de diciembre de dos
mil nueve, la juez del conocimiento dictó resolución
del incidente innominado considerando que las
autoridades responsables se encuentran obligadas
a devolver a la parte quejosa, la cantidad que
resulte de calcular intereses y actualizaciones, que
resulten de la cantidad pendiente de cubrirse,
desde la fecha     en que se efectuó el pago del
impuesto declarado inconstitucional, hasta que se
ponga a disposición de la quejosa la devolución
correspondiente. --- En contra de dicha resolución,
la autoridad responsable interpuso recurso de
queja, materia de esta resolución. --- Sostiene la
recurrente   que   el   juzgado   del   conocimiento
pretende condenar al pago de una cantidad sin
fundamento, toda vez que intenta que le sea
devuelta al quejoso con actualización e intereses,
los cuales para el caso en concreto no proceden. ---
Que el efecto de la concesión del amparo contra


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leyes, conforme lo dispone el artículo 80 de la Ley
de Amparo, se colma con la devolución de la
cantidad    pagada   por   concepto       del    precepto
declarado inconstitucional, ya que el efecto de la
sentencia es restablecer las cosas al estado que
estaban, por lo cual para cuantificar el importe a
devolver a la quejosa no debe contemplarse el
concepto de actualización, pues, de lo contrario, se
ocasionaría un exceso en el cumplimiento de la
ejecutoria y una flagrante violación a lo dispuesto
en el artículo en comento. --- Que la actualización
en cuanto a devoluciones sólo estuvo vigente hasta
el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, ello
debido a que el veintiséis de diciembre de ese año
se derogó el artículo 50-B del Código Financiero del
Distrito   Federal   y   con     posterioridad    no   se
contempló dicha actualización, máxime que el
artículo 71 del Código Financiero del Distrito
Federal, regula de forma precisa cuándo una
autoridad está obligada a las devoluciones y cómo
proceden. --- Que el cálculo de la devolución no
puede contener el concepto de intereses pues, de
lo contrario, se estaría violando lo dispuesto en los
artículos 63 y 71 del Código Financiero del Distrito
Federal. --- Que los intereses participan de una
naturaleza diversa, cuya reparación económica no
constituye, de forma alguna, los efectos del fallo
protector. --- Que no es procedente el pago de
intereses calculados por el perito tercero en


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discordia, ya que para acreditar el derecho a su
pago, debe determinarse y proceder a la devolución
de las cantidades pagadas por la quejosa por
concepto del artículo declarado inconstitucional,
posteriormente debe acontecer que el pago no se
efectúe dentro del plazo legal siguiente al que se le
ha solicitado a la autoridad, supuesto en el que las
autoridades      fiscales   deberán      pagar    dichos
intereses   sobre     las   cantidades     actualizadas,
calculados a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo por la omisión en que
incurrieron, o cuando existe negativa a devolver las
cantidades que legalmente procede. --- Agrega, que
no deben pagarse intereses, ya que no se trata de
un pago de lo indebido, puesto que fue realizado de
manera voluntaria y en apego a una disposición
legal vigente. --- Los argumentos expuestos son, en
parte, inoperantes y, en otra, fundados, de acuerdo
con   las   consideraciones      que     se   vierten    a
continuación: --- Es inoperante, en cuanto a que no
procede     la   devolución     actualizada      de     las
cantidades que la parte quejosa pagó por concepto
del impuesto predial, con motivo de la declaración
de inconstitucionalidad del artículo 149 (sic) del
Código Financiero del Distrito Federal, en cuanto a
la inclusión del factor 10, para calcular dicho
impuesto, en virtud de que sobre el tema la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ya estableció en jurisprudencia que aun


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cuando el referido cuerpo normativo, no establezca
que deban actualizarse las cantidades susceptibles
de devolución, como sucede con los pagos
indebidos, a tal proceder está obligada la autoridad
hacendaria   local    para   aquellas    devoluciones
derivadas del cumplimiento de una sentencia de
amparo, pues sólo de esa manera, se estará en
aptitud de restituir al agraviado en el plano goce de
la garantía individual violada, restableciendo las
cosas al estado que guardaban antes de la
violación. --- Efectivamente, dicha jurisprudencia
2a./J. 13/2008, aplicable por identidad jurídica
sustancial, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de
2008, Página: 592, Novena Época, es del tenor
siguiente: ‘LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE
LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE
SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN,
CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE
LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE
ACTUALIZADAS         (CÓDIGO     FINANCIERO       DEL
DISTRITO FEDERAL)’. (Se transcribe). --- Como se
observa, con el criterio transcrito se da respuesta
íntegra a los agravios expuestos por la recurrente,
por lo que cobra cabal aplicación la jurisprudencia
que    dispone:      ‘AGRAVIOS          INOPERANTES.
INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE
JURISPRUDENCIA.’ (Se transcribe). --- SÉPTIMO.


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En cambio, es fundado el concepto de agravio en el
que se sostiene que para dar cumplimiento a la
ejecutoria de amparo de que se trata, no procede el
pago de intereses, por lo siguiente: --- En efecto, el
artículo 71, decimoprimer párrafo, del Código
Financiero del Distrito Federal, dispone: ‘Artículo
71.’ (Se transcribe). --- En el caso, no procede el
pago de intereses previsto en el artículo transcrito,
ya que los importes determinados a favor de la
quejosa, no constituyen un pago de lo indebido, en
atención a que las cantidades que enteró por
concepto del impuesto sobre          adquisición de
inmuebles, fue en cumplimiento a la norma
declarada inconstitucional, respecto del cual se
tenía la obligación de efectuar en el momento en
que se erogó, por lo que las cantidades que al
respecto enteró, no ingresaron al erario por error o
exigencia indebida de la exactora. --- En efecto, si
bien se concedió el amparo para el efecto de que
no se le aplicara a la quejosa el artículo 158 del
Código Financiero del Distrito Federal, y le fueran
devueltas las cantidades que en acatamiento a lo
establecido     en     el    impuesto      declarado
inconstitucionalidad enteró, ello no implica que el
efecto restitutorio de la     sentencia protectora
incluya el pago de intereses en la liquidación
correspondiente. --- Pues aunque resulta claro que
la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma
trae consigo que el pago efectuado por el


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contribuyente, en ese caso, sea equiparable a un
pago de lo indebido, porque ha cesado, para el
gobernado, la hipótesis legal que dio origen al
hecho generador de la contribución. --- Esa
equiparación con la figura de pago de lo indebido,
no actualiza la hipótesis prevista en el décimo
primer párrafo del artículo 71 del Código Financiero
del Distrito Federal, en virtud de que tanto la
autoridad hacendaria al recibir el entero, como el
contribuyente al pagar la contribución, actuaron
dentro del marco previsto en la ley, es decir,
cumpliendo con la obligación legal dentro del plazo
y en ejercicio de su facultad de imperio y
fiscalización, respectivamente. --- Por tanto, no
tiene cabida el pago de intereses, en virtud de que
éstos      se   identifican     con    la    naturaleza
indemnizatoria en caso de mora, lo cual se explica
porque la sentencia protectora se dicta con
posterioridad al entero que se efectuó en debido
acatamiento a las disposiciones fiscales. --- De tal
manera, que si bien el derecho a la devolución
proviene        de      esa        declaratoria      de
inconstitucionalidad, ello no torna indebido el pago
hecho por el contribuyente con anterioridad a la
impugnación constitucional de la contribución,
pues se reitera, esa declaratoria es posterior al
entero efectuado, por lo que no existe actuación
ilegal que deba ser sancionada. --- Lo anterior
encuentra apoyo, por analogía, en el criterio


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establecido por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la
contradicción de tesis 190/2007-SS, sustentadas
por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero,
ambos en Materia Administrativa del Segundo
Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.
221/2007, respecto al pago de intereses generados
con motivo del pago del impuesto predial efectuado
por la peticionaria de garantías, que resultó
inconstitucional, con base en el artículo 42 del
Código   Financiero    del   Estado    de   México   y
Municipios. --- Las consideraciones que sostienen
dicho criterio, en lo que interesa, son como siguen:
(Se transcriben). --- No es óbice a lo anterior, que el
criterio sustentado sea con relación al pago de
intereses generados con motivo del pago del
impuesto predial, con base en el artículo 42 del
Código   Financiero    del   Estado    de   México   y
Municipios; toda vez que las consideraciones que
llevaron a la Segunda Sala de nuestro más Alto
Tribunal, a establecer que no tiene cabida el pago
de intereses, al no equipararse la figura del pago de
lo indebido, porque la sentencia protectora se dicta
con posterioridad al derecho a la devolución que
proviene de la declaratoria de inconstitucionalidad,
tiene la misma naturaleza del pago de intereses
reclamados con base en el artículo 71 del Código
Financiero del Distrito Federal. --- Pues en uno y
otro supuesto, el tema es el mismo, al derivar el


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     reclamo del cumplimiento de una sentencia de
     amparo       que         declaró        inconstitucional     la
     normatividad impugnada, y como consecuencia la
     devolución de las cantidades que tiene derecho la
     contribuyente        a    que      se    le    restituyan   de
     conformidad con el artículo 80 de la Ley de
     Amparo, en aplicación a la norma declarada
     inconstitucional. --- Con base en lo antes expuesto,
     se declara fundado el presente recurso de queja
     para    el   único       efecto    de    que    la   juez   del
     conocimiento, deje insubsistente la resolución
     recurrida y dicte otra en la que omita condenar al
     pago de intereses, sin perjuicio, de reiterar los
     restantes pronunciamientos que se contienen en
     dicha resolución.”


     CUARTO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de
parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107,
fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A de la Ley de
Amparo, pues fue realizada por la Magistrada Presidenta del
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, integrante de uno de los órganos emisores de los
criterios en contienda.


     QUINTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de
relieve la existencia de la contradicción de tesis.


     El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 28/2010


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interpuesto contra la resolución interlocutoria de dieciocho de
noviembre de dos mil nueve, dictada en el incidente innominado
en el que se determinó la cantidad que debía pagarse a la parte
quejosa en cumplimiento de la ejecutoria de amparo que le
concedió la protección constitucional contra el impuesto predial
establecido en el artículo 149, fracción II, segundo párrafo, del
Código Financiero del Distrito Federal, concretamente contra la
aplicación del factor 10.0 en dicho precepto previsto, y su
aplicación, sustancialmente, determinó:


        1) El monto de la devolución determinado en la
           interlocutoria recurrida no comprende recargos, sino
           la cantidad pagada en exceso respecto de la porción
           normativa declarada inconstitucional, así como la
           actualización e intereses.


        2) El monto a devolver debe comprender la actualización
           de   las   cantidades    enteradas     con   motivo    del
           cumplimiento del precepto declarado inconstitucional,
           dados los efectos restitutorios de la sentencia que
           otorga el amparo a fin de dar su valor real al momento
           en que la devolución efectivamente se realice y el
           contribuyente reciba una suma equivalente a la que
           hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado
           el pago del impuesto, resultando aplicable la tesis
           jurisprudencial   2a./J.13/2008   de    rubro:   “LEYES
           TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE
           AMPARO             QUE            DECLARA              LA
           INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE


                                                                 31
                         CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




  SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN,
  CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE
  LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE
  ACTUALIZADAS        (CÓDIGO       FINANCIERO      DEL
  DISTRITO FEDERAL)”.


3) La cantidad a devolver debe comprender el pago de
  intereses en virtud de las siguientes razones:


      a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 71,
  décimo primer párrafo, del Código Financiero del
  Distrito Federal que establece que el contribuyente
  que hubiere realizado el pago de una contribución
  determinada por él o por la autoridad e interponga
  algún medio de defensa legal en el que obtenga
  resolución firme que le favorezca total o parcialmente
  tendrá derecho a obtener el pago de intereses, acorde
  a la tasa prevista para los recargos en el artículo 64
  del propio Código, sobre la cantidad que pagó
  indebidamente y a partir de que se realizó el pago.


      b) Por lo tanto, no obsta para la procedencia del
  pago de intereses el hecho de que el artículo 63 del
  Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir
  de dos mil cuatro no haga señalamiento expreso “de
  los montos de las devoluciones a cargo del Distrito
  Federal”, como lo preveía anteriormente el numeral
  50-B del propio Código, pues ello no significa que no
  se consagra el pago de actualización e intereses por


                                                    32
                       CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




parte del Gobierno del Distrito Federal, en virtud de
que dicha obligación deriva del artículo 71 de ese
Código.


    c) El efecto del amparo contra la norma legal
también incluye el pago de intereses, pues la
declaración de inconstitucionalidad del tributo trae
consigo que el entero efectuado por el contribuyente
sea equiparable al pago de un impuesto del que ha
cesado la hipótesis legal que dio origen al hecho
generador de la contribución, esto es, el deber legal
que justifique el pago, lo que actualiza la hipótesis del
artículo 71, décimo primer párrafo, del Código
Financiero del Distrito Federal.


    d) Con independencia de que el juicio de amparo
sea considerado un medio extraordinario de defensa,
el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal
no hace distinción en relación a los medios de defensa
interpuestos por el contribuyente, por lo que debe
entenderse que también se refiere a él.


    e) Correctamente la Juez de Distrito se apartó del
dictamen rendido por el perito oficial en cuanto a la
procedencia del pago de intereses, pues corresponde
al Juzgador la valoración de la prueba pericial,
exponiendo los fundamentos de su valoración y
decisión, sin que tenga que ajustarse estrictamente a
lo manifestado por      los peritos, quienes sólo son


                                                   33
                                 CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




           auxiliares de éste, invocándose al respecto la
           jurisprudencia de la Primera Sala de esta Suprema
           Corte de Justicia que lleva por rubro: “DICTÁMENES
           PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN”.


               f) La tesis que lleva por rubro: “PAGO DE LO
           INDEBIDO. NO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DE
           CONTRIBUCIONES PAGADAS CON BASE EN UNA
           LEY QUE CON POSTERIORIDAD FUE DECLARADA
           INCONSTITUCIONAL” no resulta obligatoria para el
           Tribunal en términos de los artículos 192 y 193 de la
           Ley de Amparo y sus consideraciones no se
           comparten.


               g) De igual manera, carecen de obligatoriedad
           para el Tribunal las resoluciones de diversos juzgados
           de Distrito en el sentido de que es improcedente el
           pago de intereses.


     Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito al fallar el recurso de queja
2/2010 interpuesto contra la resolución interlocutoria de ocho de
diciembre de dos mil nueve, dictada en el incidente innominado
en el que se determinó la cantidad que debía pagarse a la parte
quejosa en cumplimiento de la ejecutoria de amparo que le
concedió la protección constitucional contra el impuesto sobre
adquisición de bienes inmuebles establecido en los artículos 156
y 158 del Código Financiero del Distrito Federal y su aplicación,
en resumen, consideró:


                                                            34
                              CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




  1) Es inoperante el planteamiento relativo a la
  improcedencia de la actualización de las cantidades
  pagadas por la quejosa, en virtud de que la Suprema
  Corte ya estableció que aunque el Código Financiero
  del    Distrito   Federal    no   establezca   que   deban
  actualizarse      las    cantidades      susceptibles        de
  devolución, a tal proceder está vinculada la autoridad
  hacendaria local, criterio que se contiene en la
  jurisprudencia 2a./J. 13/2008 que lleva por rubro:
  “LEYES       TRIBUTARIAS.         EL   EFECTO     DE     LA
  SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA
  INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE
  SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN,
  CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE
  LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE
  ACTUALIZADAS            (CÓDIGO        FINANCIERO       DEL
  DISTRITO FEDERAL)”.


2) Es fundado el agravio que plantea la improcedencia
  del pago de intereses por las siguientes razones:


        a) El pago de intereses establecido en el artículo
  71 del Código Financiero del Distrito Federal es
  improcedente porque el entero realizado por la
  quejosa no constituye un pago de lo indebido, ya que
  fueron cubiertas en cumplimiento de la norma
  declarada inconstitucional en virtud de la obligación
  que tenía de hacerlo en el momento en que se realizó,


                                                          35
                       CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




por lo que no ingresaron al erario por error o exigencia
indebida de la autoridad exactora.


    b) El efecto restitutorio de la sentencia de amparo
contra el artículo 158 del Código Financiero del
Distrito Federal no incluye el pago de intereses, pues
aunque la declaratoria de inconstitucionalidad trae
consigo que el pago realizado sea equiparable a un
pago de lo indebido al haber cesado para el
gobernado la hipótesis legal que dio origen al hecho
generador de la contribución, tal equiparación no
actualiza la hipótesis prevista en el artículo 71 del
Código Financiero del Distrito Federal, en virtud de
que los intereses se identifican con la naturaleza
indemnizatoria en caso de mora y en el supuesto en
análisis tanto la autoridad hacendaria al recibir el
entero, como el contribuyente al pagar la contribución,
actuaron dentro del marco legal, por lo que no existe
actuación ilegal que deba ser sancionada.


    c) Se invoca el criterio sustentado por esta
Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis
190/2007-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.
221/2007, determinándose su aplicabilidad al caso
aunque haya sido establecida respecto del pago de
intereses en relación al impuesto predial declarado
inconstitucional con base en el artículo 42 del Código
Financiero del Estado de México, pues el tema es el
mismo, esto es, se está ante igual supuesto de pago


                                                  36
                                     CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




           de intereses a que se refiere el artículo 71 del Código
           Financiero del Distrito Federal.


     Deriva de lo anterior, que el Quinto y Sexto Tribunales
Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al
resolver   los   recursos    de      queja    28/2010   y   2/2010,
respectivamente, partieron de los mismos supuestos, a saber del
análisis de recursos de queja interpuestos contra sentencias
interlocutorias en las que se determinó la cantidad que debía
devolverse a la parte quejosa en cumplimiento de ejecutorias de
amparo en las que se concedió la protección constitucional contra
contribuciones establecidas en el Código Financiero del Distrito
Federal y su aplicación consistente en su entero, coincidiendo
ambos Tribunales en la determinación relativa a la procedencia de
la actualización de la cantidad enterada para ajustarla a su valor
real al momento en que la devolución se realice conforme a la
jurisprudencia   2a./J.   13/2008,    pero    sustentando   criterios
discrepantes en cuanto a la procedencia del pago de intereses
conforme al artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal.


     Esto es, existe la contradicción de tesis denunciada en
cuanto a la procedencia del pago de intereses en términos del
artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal tratándose
de la devolución del entero de contribuciones como efecto de la
ejecutoria de amparo que declara la inconstitucionalidad de la
norma que establece la contribución, pues mientras el Quinto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
considera que la cantidad a devolver debe comprender el pago de
intereses al actualizarse la hipótesis prevista en el décimo primer


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párrafo del precepto legal citado, el Sexto Tribunal Colegiado en
la misma Materia y Circuito estima lo contrario, esto es, que no
procede el pago de intereses al no surtirse la hipótesis legal
referida porque el entero de la contribución no constituye pago de
lo indebido al no existir actuación ilegal.


     No obsta a la existencia de la contradicción las diferentes
contribuciones locales a que se refirió la devolución de impuestos
en cada uno de los casos analizados por los Tribunales
contendientes, a saber, el impuesto predial en el asunto del
conocimiento     del     Quinto   Tribunal    Colegiado   en   Materia
Administrativa del Primer Circuito y el impuesto sobre adquisición
de bienes inmuebles el que fue objeto de estudio por el Sexto
Tribunal Colegiado en la misma Materia y Circuito, pues ambas
son contribuciones del Distrito Federal establecidas en su Código
Financiero que en cuanto a su devolución se rigen por lo
dispuesto en el artículo 71 de dicho Código, que fue el precepto
materia de interpretación por los Tribunales y con base en el cual
arribaron a conclusiones discrepantes, por lo que el diferente tipo
de contribución resulta un elemento que en nada afecta las
determinaciones de los Tribunales Colegiados ni impide que esta
Segunda Sala se pronuncie al respecto.


     En este sentido resulta aplicable la siguiente tesis del Pleno
de este Alto Tribunal:


     No. Registro: 164,120
     Jurisprudencia
     Materia(s): Común


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                              CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta
XXXII, Agosto de 2010
Tesis: P./J. 72/2010
Página: 7


“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO
LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS
CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE
UN       MISMO          PUNTO        DE         DERECHO,
INDEPENDIENTEMENTE              DE         QUE        LAS
CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO
SEAN EXACTAMENTE IGUALES.--- De los artículos
107, fracción XIII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley
de Amparo, se advierte que la existencia de la
contradicción de criterios está condicionada a que
las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en
las sentencias que pronuncien sostengan "tesis
contradictorias",      entendiéndose      por   "tesis" el
criterio adoptado por el juzgador a través de
argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su
decisión en una controversia, lo que determina que
la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o


                                                             39
                                      CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




más órganos jurisdiccionales terminales adoptan
criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo
punto de derecho, independientemente de que las
cuestiones     fácticas        que      lo   rodean      no   sean
exactamente iguales, pues la práctica judicial
demuestra la dificultad de que existan dos o más
asuntos idénticos, tanto en los problemas de
derecho como en los de hecho, de ahí que
considerar     que       la    contradicción       se    actualiza
únicamente cuando los asuntos son exactamente
iguales constituye un criterio rigorista que impide
resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo
que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en
detectar las diferencias entre los asuntos y no en
solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones
fácticas que en ocasiones rodean el problema
jurídico respecto del cual se sostienen criterios
opuestos      y,    consecuentemente,           se      denuncian
como       contradictorios,              generalmente           son
cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto,
no inciden en la naturaleza de los problemas
jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto
Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001
de   rubro:        "CONTRADICCIÓN             DE      TESIS     DE
TRIBUNALES           COLEGIADOS               DE        CIRCUITO.
REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la
contradicción       de        tesis    36/2007-PL,       pues    al
establecer     que    la       contradicción       se    actualiza
siempre que "al resolver los negocios jurídicos se


                                                                      40
                                  CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




     examinen       cuestiones   jurídicas    esencialmente
     iguales y se adopten posiciones o criterios
     jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del
     tema jurídico materia de la contradicción con base
     en "diferencias" fácticas que desde el punto de
     vista    estrictamente      jurídico    no      deberían
     obstaculizar     el   análisis   de     fondo    de   la
     contradicción planteada, lo que es contrario a la
     lógica del sistema de jurisprudencia establecido en
     la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al
     cumplimiento del indicado requisito disminuye el
     número de contradicciones que se resuelven en
     detrimento de la seguridad jurídica que debe
     salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente
     opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia
     de una contradicción de tesis deriva de la
     discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la
     oposición en la solución de temas jurídicos que se
     extraen de asuntos que pueden válidamente ser
     diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es
     congruente con la finalidad establecida tanto en la
     Constitución General de la República como en la
     Ley de Amparo para las contradicciones de tesis,
     pues permite que cumplan el propósito para el que
     fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las
     diferencias de detalle que impiden su resolución”.


     De igual manera, debe advertirse que no constituye
obstáculo para la resolución de la presente contradicción de tesis


                                                                41
                                     CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




que el Código Financiero del Distrito Federal, en relación a cuyo
artículo 71, décimo primer párrafo, se generó la discrepancia de
criterios en su interpretación por parte de los Tribunales
contendientes, haya sido abrogado por el artículo tercero
transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal, en vigor a partir
del primero de enero de dos mil diez, en virtud de que esto no
torna innecesaria la decisión del criterio que deba prevalecer,
pues el contenido del artículo 71 fue reiterado en el numeral 49
del Código Fiscal del Distrito Federal en vigor, por lo que su
definición tendría aplicabilidad en relación con esta norma,
además de ser factible que aún se encuentren pendientes de
resolución asuntos en los que proceda la aplicación del Código
Financiero del Distrito Federal al ser reciente su abrogación.


     Al respecto resultan aplicables las siguientes jurisprudencias
de esta Segunda Sala y de la Primera Sala de este Alto Tribunal:


     “CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE,
     AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE
     PRECEPTOS        LEGALES        DEROGADOS,        SI   SU
     CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A
     pesar de que los criterios divergentes deriven del
     examen de disposiciones legales o reglamentarias
     que ya no se encuentren en vigor, por haber sido
     derogados o abrogados los ordenamientos a que
     pertenecen, es necesario resolver la contradicción
     de tesis denunciada en el caso de que los
     ordenamientos       vigentes,     que   sustituyeron     a
     aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis


                                                                  42
                                  CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




normativas cuya interpretación por los Tribunales
Colegiados de Circuito o por las Salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a
la contradicción de tesis, puesto que este proceder
tiende a fijar criterios que conservan vigencia y
utilidad   en    la    preservación     de    la   seguridad
jurídica.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo XII, Septiembre de 2000. Tesis: 2ª./J.
87/2000, página 70)


“CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE
AUN        CUANDO           LOS       CRITERIOS         QUE
CONSTITUYEN            SU    MATERIA         DERIVEN     DE
PRECEPTOS              LEGALES        DEROGADOS.         Es
procedente resolver la denuncia de contradicción
de tesis propuesta respecto de tesis en pugna
referidas a preceptos legales derogados, pues aun
cuando el sentido único de la resolución que se
dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin
afectar    las     situaciones       jurídicas     concretas
derivadas de los asuntos en los que se hubieren
dictado las sentencias que sustentaron las tesis
opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la
definición       del     criterio     jurisprudencial    es
indispensable, ya que es factible que aunque se
trate de normas derogadas, puedan encontrarse
pendientes algunos asuntos que, regulados por


                                                               43
                                   CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




     ellas, deban resolverse conforme a la tesis que
     llegue     a   establecerse     con      motivo    de    la
     contradicción.”     (Novena     Época.     No.    Registro:
     182691. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario
     Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII,
     Diciembre de 2003. Tesis: 1a./J. 64/2003, página: 23)


     Consecuentemente, el punto materia de la contradicción
consiste en determinar si conforme al artículo 71 del Código
Financiero del Distrito Federal la devolución del entero de una
contribución que fue declarada inconstitucional en una ejecutoria
de amparo debe comprender o no el pago de intereses.


     SEXTO. Precisada así la existencia de la contradicción y el
punto materia de la misma, esta Segunda Sala se avoca a su
resolución, determinando que debe prevalecer con carácter
jurisprudencial la tesis que se sustenta en la presente resolución.


     En primer término, dado que la materia de la presente
contradicción de tesis gira en torno a la determinación relativa a si
procede el pago de intereses con motivo de la devolución del
entero de una contribución declarada inconstitucional, se
considera pertinente analizar los alcances de los efectos
restitutorios de una ejecutoria que otorga el amparo contra una
norma fiscal.


     Los artículos 107, fracción II, de la Constitución General de
la República y 80 de la Ley de Amparo, establecen:




                                                                   44
                                      CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




     "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que
     habla      el   artículo   103    se   sujetarán   a   los
     procedimientos y formas del orden jurídico que
     determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
     (…)
     II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe
     de       individuos    particulares,     limitándose     a
     ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre
     el que verse la queja, sin hacer una declaración
     general respecto de la ley o acto que la motivare.
     (...)"


     "ARTÍCULO 80. La sentencia que conceda el
     amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en
     el pleno goce de la garantía individual violada,
     restableciendo las cosas al estado que guardaban
     antes de la violación, cuando el acto reclamado sea
     de carácter positivo, y cuando sea de carácter
     negativo, el efecto del amparo será obligar a la
     autoridad responsable a que obre en el sentido de
     respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por
     su parte, lo que la misma garantía exija."


     Del precepto legal y reglamentario reproducidos derivan dos
principios fundamentales de la sentencia de amparo, a saber, el
principio de relatividad, conocido comúnmente como la fórmula
Otero, que implica su efecto limitado a la parte quejosa y que
impide que en la sentencia se haga una declaración general sobre
la ley o acto que se reclame; y el objeto restitutorio de la


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sentencia, esto es, que con motivo de la ejecutoria el peticionario
sea restituido en el pleno goce de la garantía o garantías que le
fueron violadas, lo que constriñe a la autoridad responsable a
cumplimentar la ejecutoria, ya sea obrando para restablecer las
cosas al estado en que se encontraban antes de la violación
cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o bien
respetando la garantía de que se trate cuando el acto sea de
carácter negativo.


     Al resolver la contradicción de tesis 190/2007-SS en sesión
de treinta y uno de octubre de dos mil siete, este Órgano
Colegiado, por unanimidad de cuatro votos, sostuvo en la parte
conducente:


     “(…) Consecuentemente, el efecto de la sentencia
     de amparo pronunciada en favor del quejoso actúa
     hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación
     que dio lugar a la promoción del juicio de amparo y
     los que en su caso se hayan generado durante la
     promoción del mismo, y hacia el futuro, impidiendo
     que en lo sucesivo se le aplique la norma declarada
     inconstitucional.
     Otra tesis relacionada con este tema, es la
     siguiente:
     ‘LEY INCONSTITUCIONAL, EFECTO DEL AMPARO
     CONTRA LA.’ (Se transcribe)
     Asentado lo anterior, se obtiene que si el efecto de
     la sentencia de amparo es impedir que se aplique a
     la    parte     quejosa     la    norma       declarada


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inconstitucional y que se le restituya en el pleno
goce de la garantía individual violada, corresponde
dilucidar a continuación, en qué términos debe ser
entendida esta restitución tratándose de una
contribución (…)
Sobre el efecto restitutorio de las sentencias de
amparo tratándose de leyes fiscales, resultan
orientadoras, las siguientes tesis:
‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A
LAS           AUTORIDADES                RESPONSABLES
APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES
ENTERADAS.’ (Se transcribe)
‘NORMAS                     TRIBUTARIAS.                  LA
INCONSTITUCIONALIDAD QUE EN LA SENTENCIA
DE    AMPARO           SE   LLEGARE        A    DECLARAR
RESPECTO DE ALGUNA DE ELLAS, ALCANZA A
TODAS AQUELLAS QUE SE VEAN AFECTADAS
DIRECTAMENTE EN SU SENTIDO, ALCANCE O
APLICACIÓN       CON        TAL    DECLARATORIA.’         (Se
transcribe)
De la ejecutoria que dio origen a la tesis citada en
último término, conviene destacar la siguiente parte
considerativa relativa a los efectos de la ejecutoria
de amparo tratándose de normas tributarias: (Se
transcriben)
Las anteriores consideraciones dieron origen a la
jurisprudencia P/J. 62/98, publicada en la página 11
del   Tomo     VIII,    correspondiente        al   mes   de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, del


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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, que es del tenor siguiente:
‘CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA
CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA
UNA NORMA TRIBUTARIA.’ (Se transcribe)
De lo antes expuesto, se colige que existen dos
clases de normas tributarias, las que establecen los
elementos esenciales de las contribuciones, tales
como el sujeto, objeto, base y tasa y aquéllas que
prevén variables que se aplican a dichos elementos
esenciales para su cálculo, y que por tanto, no se
aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a
aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas.
Precisado lo anterior, se reitera que en los juicios
que dieron origen a la contradicción de tesis que
ahora se resuelve, se advierte que el punto medular
consiste en determinar si en acatamiento de la
sentencia     concesoria   del   amparo   procede   la
devolución de las cantidades enteradas al Fisco
por concepto del impuesto predial previsto en el
Código Financiero del Estado de México y sus
Municipios y los términos en los que ésta debe
efectuarse.
Para proceder al análisis de tal cuestión debe
partirse de lo dispuesto en el artículo 31, fracción
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que establece la obligación de los
mexicanos de contribuir al gasto público de la
manera proporcional y equitativa en que dispongan


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las leyes. Ese régimen precisa la relación jurídica
por virtud de la cual el Estado, actuando como
sujeto activo (acreedor), exige al gobernado,
denominado         sujeto      pasivo          (deudor),    el
cumplimiento de una obligación (prestación), con el
objeto de sufragar los gastos públicos conforme a
ciertos principios; en esa tesitura, la obligación
tributaria es ex lege pues requiere, para su
actualización, dos requisitos concurrentes:
a) La existencia de una norma legal que disponga
un presupuesto abstracto, general, hipotético;
b) La realización de ese supuesto, en tanto que las
contribuciones se causan conforme se realizan las
situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las
leyes fiscales.
Determinada la obligación tributaria, surge el
crédito fiscal a cargo del contribuyente y a favor del
Fisco,     cuya        cantidad      líquida        y   entero
correspondiente por parte del obligado se verificará
en los términos y plazos previstos en la ley para
cada     hecho        imponible.     Esta      determinación
constituye la autoliquidación que aparece así,
como un acto de parte interesada, regulado por la
ley    material   y     susceptible    de      comprobación
administrativa posterior como acto de control
administrativo.
Como se ha visto, el tema relativo a la devolución
de    cantidades      con   motivo     de      la   protección
constitucional, se encuentra superado en la tesis


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de jurisprudencia sustentada por esta Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
número      2a./J.188/2004,      de   rubro:       AMPARO
CONTRA      LEYES     FISCALES.        OBLIGA      A   LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A
DEVOLVER        LAS    CANTIDADES            ENTERADAS
(previamente     transcrita);     criterio   que    resulta
vigente y de observancia obligatoria en términos
del artículo 192 de la Ley de Amparo.
Por lo que atañe a la forma en que deben
devolverse esas cantidades, debe tenerse presente
como ya se ha dicho, que el efecto de la sentencia
que otorga la protección constitucional es restituir
al quejoso en el pleno goce de la garantía individual
violada, restableciendo las cosas al estado que
guardaban antes de la violación. En ese sentido, se
reitera que cuando se otorga el amparo contra una
norma fiscal, el efecto de la sentencia será que
dicha disposición no se aplique al particular y que
las autoridades que recaudaron las contribuciones
restituyan no sólo las cantidades que como primer
acto de aplicación de esa norma se hayan enterado,
sino también las que de forma subsecuente se
hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la
norma, todo lo actuado con fundamento en ella es
inválido.
(…)
Precisado lo anterior se procede a determinar si la
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma


                                                              50
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tributaria trae consigo además del derecho a la
devolución de lo enterado al fisco, que éstas le
sean entregadas al contribuyente debidamente
actualizadas.
(…)
El concepto de la actualización a nivel federal se
introdujo en la legislación tributaria a partir de las
reformas y adiciones al Código Fiscal de la
Federación que entraron en vigor en enero de mil
novecientos ochenta y siete, cuando el legislador
estableció inicialmente en el artículo 20 del Código
Fiscal, lo siguiente:
‘Artículo 20. (Se transcribe su parte conducente)
Esta figura jurídica tuvo como antecedente el
establecimiento de un sistema que permitiera
conocer y reflejar los efectos derivados de la
inflación, en la información financiera que se veía
distorsionada por el contexto inflacionario, lo que
hacía necesario un proceso o reglas de ajuste de
los costos o valor histórico representado en pesos
nominales, que permitiera su reexpresión a fin de
actualizar en términos económicos la información
financiera.
A partir de que se introduce en el sistema legal
impositivo mexicano, el concepto de actualización
se han venido dando una serie de reformas y
adiciones en lo tocante a la regulación de la
actualización de contribuciones, derivado de los
criterios jurisprudenciales que llegaron a emitirse,


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en los que entre otras cuestiones se determinó la
inconstitucionalidad del procedimiento que en
principio se estableció para la actualización, se
precisó   su   naturaleza            jurídica,    así   como    la
problemática del índice o indicadores a considerar
para obtener dicha actualización.
En virtud de ello, el derecho de los contribuyentes
a obtener la devolución de las cantidades pagadas
indebidamente      o      de     las     que      procedan     de
conformidad       con     las        leyes,      trae   aparejada
implícitamente, que frente a ese derecho, exista la
obligación a cargo de las autoridades fiscales de
devolver a los contribuyentes las cantidades
pagadas indebidamente o las que procedan de
conformidad con las leyes fiscales, dentro de las
que se debe considerar el saldo a favor, debiendo
cumplir    para    ello        las     reglas      y    requisitos
establecidos en el ordenamiento legal aplicable.
Lo anterior, se ha considerado, porque el monto de
la devolución debe corresponder exactamente a la
cantidad que se pagó al fisco y la actualización
implica darle a las contribuciones y cantidades que
proceda devolver a los contribuyentes, su valor real
al momento en que se les reintegren, para que así,
la hacienda pública o contribuyentes, según se
trate, reciban una suma equivalente a la que salió
de su patrimonio o peculio.
Ello, en reciprocidad del derecho del Fisco de
recibir   la   actualización           del    monto       de   las


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contribuciones al momento en que se efectúa su
pago, a fin de que el fisco federal reciba una suma
equivalente a la que hubiera percibido de haberse
cubierto oportunamente, esto es, dentro del plazo
legal establecido.
Así, la actualización de las cantidades que proceda
devolver tiene el mismo propósito en ambos casos,
es decir, darle valor real al monto del saldo a favor
o de la cantidad que en su caso proceda devolver,
para que el particular contribuyente o el Fisco, de
ser esa la hipótesis, reciba una suma equivalente a
la que hubiera dispuesto en su momento.
En este sentido se sustentó por el Tribunal Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
tesis P. CI/98, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
VIII, Diciembre de 1998, página 220, estableció:
‘ACTUALIZACIÓN          DEL        MONTO           DE
CONTRIBUCIONES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE
SIRVA    DE    BASE     PARA     CALCULAR          LOS
RECARGOS Y LAS MULTAS, NO REVELA UNA
DOBLE O TRIPLE SANCIÓN.’ (Se transcribe)
También resultan ilustrativas las tesis sustentadas
por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que a continuación se
transcriben:
‘DEVOLUCIÓN PARCIAL DE SALDO A FAVOR DEL
CONTRIBUYENTE. LA ACTUALIZACIÓN DE LA
DIFERENCIA PROCEDE A PARTIR DE QUE SE


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PRESENTÓ LA DECLARACIÓN EN LA QUE SE
MANIFESTÓ DICHO SALDO.’ (Se transcribe)
‘DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. EL ARTÍCULO
22, SÉPTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, QUE LA PREVÉ SIN EL PAGO DE
INTERESES A CARGO DEL FISCO, TRANSGREDE
EL      PRINCIPIO    DE   EQUIDAD      TRIBUTARIA
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2001).’ (Se transcribe)
En las ejecutorias que dieron origen a las citadas
tesis se señaló en lo conducente: (Se transcriben)
Sirve de apoyo a la consideración precedente la
tesis número P.XI/2001, publicada en la página 9,
Novena Época, del Tomo XIV, Julio de 2001, del
Semanario Judicial y su Gaceta, la cual a la letra
dice:
‘PAGO INDEBIDO DE CONTRIBUCIONES. LOS
PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
TRIBUTARIA     QUE    RIGEN    LAS    RELACIONES
JURÍDICAS QUE SURGEN POR TAL MOTIVO,
EXIGEN QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA LOS
MECANISMOS PARA QUE EL FISCO EFECTÚE LA
DEVOLUCIÓN RESPECTIVA.’ (Se transcribe)
…
Congruentemente con lo anterior, debe concluirse
que en el caso de que se declare inconstitucional
una norma tributaria, se genera el derecho del
contribuyente a ser restituido en el pago de la
contribución que haya sido enterada debidamente
actualizada porque si bien es cierto que entre las


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relaciones del fisco con los particulares no puede
aludirse a una identidad de situaciones de hecho o
jurídicas, en tanto que el pago de contribuciones
trae consigo el despliegue de facultades del Estado
como ente soberano; también lo es que la
autoridad queda constreñida a resarcir el pago al
valor actual, aun cuando en el Código Financiero
del Estado de México y Municipios no haya
disposición expresa en ese sentido, pues sólo de
esta   manera    puede      entenderse    efectuada    la
restitución de las sumas enteradas con motivo de
la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma
en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 80 de
la Ley de Amparo.
Apoya la anterior determinación, aplicable en lo
conducente, la siguiente tesis:
‘SENTENCIAS DE AMPARO. PARA EFECTOS DE
SU     CUMPLIMIENTO         SUSTITUTO,     EL     VALOR
COMERCIAL DE UN TERRENO EN LA ÉPOCA EN
QUE DEBIÓ DECRETARSE SU DEVOLUCIÓN, DEBE
INCLUIR EL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE
PREVÉ EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.’ (Se transcribe)
Cabe reiterar que la actualización del monto de las
contribuciones    no   es    una   indemnización,      ni
tampoco una sanción, sino según lo precisa el
tratadista Héctor B. Villegas, en su obra titulada
‘Curso    de    Finanzas,    Derecho      Financiero   y
Tributario’,   Ediciones    Depalma      Buenos    Aires,


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página 269, ‘es la operación jurídico-aritmética de
calcular, en un momento dado, el número de
unidades monetarias que corresponde a una
obligación dineraria anterior, en forma tal de
restablecer la equivalencia económica del objeto de
la prestación, equivalencia, ésta, destruida por la
inflación.’
En esos términos, la finalidad de la actualización en
comento no es otra que la de dar el valor real al
monto de la contribución en el momento en que se
efectúa su pago, pero no indemnizar al Fisco ni
tampoco sancionar al contribuyente o viceversa,
pues únicamente se otorga un valor actual a la
contribución, aspecto que como ya se dijo,
distingue a la actualización del recargos o de
intereses indemnizatorios.
Sobre la naturaleza de la actualización, resulta
ilustrativa la tesis que en seguida se transcribe:
‘CONTRIBUCIÓN. SU MONTO ACTUALIZADO EN
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN CONSERVA LA
NATURALEZA JURÍDICA DE AQUÉLLA Y, POR
TANTO, ES UN MEDIO DE CONTRIBUIR AL GASTO
PÚBLICO.’ (Se transcribe)
En mérito de lo expuesto se concluye que en el
caso de un saldo a favor con motivo de la
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma
tributaria en que se fundó aquél, el Fisco se
encuentra obligado a restituir las cantidades


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     enteradas debidamente actualizadas conforme a
     los parámetros previstos en el artículo 30 del
     Código    Financiero    del   Estado      de   México    y
     Municipios, contabilizados a partir de que se
     efectuó el pago correspondiente (…)”


     De las anteriores consideraciones transcritas derivan las
siguientes determinaciones esenciales de esta Segunda Sala:


     1) El efecto de la sentencia de amparo pronunciada en favor
del quejoso actúa hacia el pasado, destruyendo el acto de
aplicación que dio lugar a la promoción del juicio de amparo y los
que en su caso se hayan generado durante la promoción del
mismo, y hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se le
aplique la norma declarada inconstitucional.


     2) La actualización implica darle a las contribuciones y
cantidades que proceda devolver a los contribuyentes, su valor
real al momento en que se les reintegren, para que así, la
hacienda pública o contribuyentes, según se trate, reciban una
suma equivalente a la que salió de su patrimonio o peculio.


     3) La actualización de las cantidades a devolver a los
contribuyentes procede en reciprocidad del derecho del Fisco a
recibir las contribuciones actualizadas en su monto al momento
en que se efectúa su pago.


     4) La actualización tiene el mismo propósito cuando opera
respecto del contribuyente como respecto del Fisco, que es dar el


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valor real a la cantidad a devolver o al monto de la contribución a
enterar.


     5) En el caso de que se declare inconstitucional una norma
tributaria, se genera el derecho del contribuyente a ser restituido
en el pago de la contribución que haya sido enterada
debidamente actualizada a fin de resarcir el pago al valor actual.


     6) La actualización del monto de la contribución enterada
con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de la norma
fiscal procede aunque no haya disposición expresa en ese
sentido, pues sólo de esta manera se entienden satisfechos los
efectos restitutorios de la sentencia de amparo, en acatamiento a
lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo.


     7) La actualización del monto de las contribuciones no es
una indemnización, ni tampoco una sanción, dado que sólo tiene
la finalidad señalada de dar el valor real a la cantidad a devolver o
al monto de la contribución a enterar, aspecto que distingue a la
figura de la actualización de los recargos o de los intereses
indemnizatorios.


     8) Consecuentemente, con motivo de la declaratoria de
inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se fundó el pago
de la contribución, el Fisco se encuentra obligado a restituir las
cantidades enteradas debidamente actualizadas, contabilizada tal
actualización a partir de que se efectuó el pago correspondiente.




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     El    anterior   criterio    dio      lugar   a    la    siguiente       tesis
jurisprudencial:


     No. Registro: 170,708
     Jurisprudencia
     Materia(s): Administrativa
     Novena Época
     Instancia: Segunda Sala
     Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
     Gaceta
     XXVI, Diciembre de 2007
     Tesis: 2a./J. 221/2007
     Página: 204


     “LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO
     CUANDO                SE                 DECLARA                 LA
     INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN
     QUE      SE      FUNDÓ           EL     PAGO        DE        UNA
     CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA
     DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS
     DEBIDAMENTE                 ACTUALIZADAS                  (CÓDIGO
     FINANCIERO         DEL       ESTADO           DE        MÉXICO       Y
     MUNICIPIOS).                La           declaratoria            de
     inconstitucionalidad de las normas que rigen un
     tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como
     efecto desincorporar de la esfera jurídica del
     contribuyente la respectiva obligación tributaria, y
     devolverle el saldo a favor originado con motivo de
     tal   declaratoria.     Ahora         bien,   aun       cuando   la


                                                                              59
                                   CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




     actualización del monto respectivo para este
     supuesto no esté expresamente previsto en la
     norma, el derecho del contribuyente a recibirla
     deviene de la propia naturaleza del sistema que rige
     las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del
     que deriva que el monto pagado debe efectuarse en
     valor presente, pues de otra manera no podría
     restituirse al gobernado en el pleno goce de la
     garantía violada en términos del artículo 80 de la
     Ley de Amparo.”


     En tales términos, los efectos restitutorios de una sentencia
de amparo contra una norma fiscal obligan a la autoridad fiscal
responsable a devolver las cantidades enteradas en aplicación de
la misma debidamente actualizadas.


     Ahora bien, el derecho a tal devolución de la parte que
obtuvo a su favor la declaración de inconstitucionalidad de la
norma fiscal, correlativo a la obligación de la autoridad a efectuar
tal devolución, opera como efecto de la ejecutoria de garantías,
en virtud de su imperio, sin condicionamiento a que la parte
quejosa se sujete a un procedimiento administrativo previsto en
leyes diversas a la Ley de Amparo, como lo sería la solicitud de
devolución relativa.


     El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al
resolver la contradicción de tesis 35/2007-PL, en sesión de tres
de marzo de dos mil nueve, por unanimidad de votos, determinó:




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                                 CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




“(…) Así pues, ha sido criterio de este Alto Tribunal
que tratándose de amparo contra leyes fiscales,
como lo son de los que derivaron los criterios que
contienden, el efecto de la sentencia que otorga la
protección constitucional, será para que dicha
disposición no se aplique al particular y que las
autoridades que recaudaron las contribuciones
restituyan las cantidades entregadas en aplicación
de dicha ley.
Apoyan la anterior consideración la tesis aislada
P.CXL/96 y la jurisprudencia 2ª./J. 188/2004, cuyos
rubros   y    textos,         respectivamente,       son    los
siguientes:
‘LEYES       FISCALES,        AMPARO        CONTRA.         EL
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA TRATÁNDOSE
DE    SOCIEDADES              CONTROLADORAS                CON
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.’ (Se
transcribe)
‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A
LAS           AUTORIDADES                  RESPONSABLES
APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES
ENTERADAS.’ (Se transcribe)
Ahora bien, es importante precisar que atento a lo
dispuesto en los artículos 107, fracción XVI de la
Constitución       Política    de   los    Estados    Unidos
Mexicanos, 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, por
ejecución     de     sentencia      debe    entenderse       la
obligación constitucional que tiene el juzgador de
amparo que haya dictado el fallo protector de hacer


                                                                  61
                              CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




que éste se cumpla, esto es, la de realizar todos los
actos    que     sean   necesarios    hasta   lograr   su
cumplimiento, sin que pueda ordenar el archivo de
ningún expediente si no está cumplida la sentencia
de amparo, es decir, es una cuestión de orden
público, lo que exige que las decisiones y acciones
que se adopten en esta materia no tiendan a
propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a
este objetivo.
Apoyan esta última consideración la tesis aislada
3ª. XCI/91, así como la jurisprudencia 2ª./J.17/99,
cuyos rubros y textos, respectivamente, son los
siguientes:
‘SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES
DE      ORDEN     PÚBLICO     DEBIÉNDOSE        EVITAR
ACTUACIONES             O   DECISIONES        QUE      LO
DIFICULTEN O IMPIDAN.’ (Se transcribe)
‘REPETICIÓN         DEL       ACTO         RECLAMADO.
OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE
INTERVENIR OFICIOSAMENTE EN EL INCIDENTE
RELATIVO,         DICTANDO      TODAS         AQUELLAS
MEDIDAS U ORDENANDO LA PRÁCTICA DE LAS
DILIGENCIAS       NECESARIAS         QUE   TIENDAN     A
ESCLARECER SI EFECTIVAMENTE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE INCURRIÓ O NO EN VIOLACIÓN A
LA SENTENCIA DE AMPARO.’ (Se transcribe)
De esto se sigue que si la causa del retardo para la
ejecución de la sentencia de amparo consiste en la
confusión respecto de la manera correcta en la que


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                            CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




procede cumplimentarla, para estar en posibilidad
de dar solución a la situación descrita, los
juzgadores de amparo o la autoridad que haya
conocido del juicio, no sólo están facultados, sino
que están obligados a establecer los alcances del
fallo protector, determinar qué autoridades se
encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué
medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno
cumplimiento de la sentencia.
En este contexto, cuando en una sentencia de
amparo se concede la protección constitucional en
contra de una ley tributaria, cuyo efecto es que la
disposición     reclamada       no     se        aplique     al
contribuyente quejoso y, en consecuencia, la
autoridad responsable está obligada a devolver las
diferencias enteradas por éste en acatamiento a
dicha norma, como acontece en los casos que
dieron origen a la contradicción de tesis que se
resuelve,     cabe   concluir    que        es     en      sede
jurisdiccional y no administrativa en donde se debe
aprobar el monto a devolver, esto es, el Juez de
Distrito es el rector del procedimiento a seguir para
determinar la aludida cantidad y finalmente aprobar
dicho monto.
En efecto, considerar lo contrario, es decir,
condicionar el cumplimiento de la sentencia de
amparo al hecho de que la parte quejosa presente
ante la autoridad fiscal la solicitud debidamente
requisitada de la devolución de las cantidades que


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                               CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




le debe devolver con motivo de los efectos de la
aludida sentencia y de que dicha autoridad dé la
respuesta correspondiente, en términos de su
reglamentación,      implica     desconocer     que    el
cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una
cuestión de orden público, por ende, como ya
quedó esclarecido en este fallo, corresponde a los
Jueces    Federales      vigilar     y    ordenar     su
cumplimiento.
Por otra parte, propiciaría la dificultad de su
cumplimiento teniendo en cuenta que los quejosos
al presentar la solicitud de que se trata, se verían
obligados a cumplir con los requisitos que para ello
establezcan las leyes fiscales, en el caso concreto,
las que establece el Código Financiero del Distrito
Federal en su artículo 71, entre los que se
encuentra el que se presente en la forma oficial
aprobada, con los datos, informes y documentos
que señale ésta; y más todavía, de no llenar esos
requisitos, previo requerimiento para que los
cumpla y ante su omisión, su solicitud se tendrá
por no presentada.
Para corroborar lo anterior, basta transcribir, en la
parte que interesa, el precepto citado:
‘ARTÍCULO 71.’ (Se transcribe)
Además, el cumplimiento de las sentencias de
amparo también se vería postergado al momento
en que la autoridad fiscal dé respuesta a la citada




                                                            64
                           CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




solicitud; a su sentido; y, en su caso, a que la
ejecute.
En este contexto, como ya se dijo, obligar a los
quejosos a que se sujeten a un procedimiento
administrativo previsto en leyes diversas a la Ley
de Amparo,    para obtener el cumplimiento de la
sentencia    que    les   otorgó     la   protección
constitucional en contra de una ley tributaria,
constituye darles una carga más —con lo cual se
dificulta su cumplimiento—, para restituirles en el
pleno goce de su garantía constitucional violada,
restableciendo las cosas al estado que guardaban
antes de la violación, cuando ese derecho surge de
manera inmediata con motivo de la concesión del
amparo, cuya fuerza vinculatoria deriva de mandato
constitucional.
Precisado lo anterior, corresponde establecer el
procedimiento que debe seguir el Juez de Distrito o
la autoridad que haya conocido del amparo para
establecer la cantidad a devolver.
(…)
Así, una vez que cause ejecutoria la sentencia de
amparo que concedió la protección constitucional,
o que se reciba el testimonio de la ejecutoria
dictada en revisión, el Juez Federal o la autoridad
que haya conocido del juicio, con fundamento en el
artículo 105 de la Ley de Amparo, conminará a la
autoridad responsable para que se comprometa a
no aplicar en el futuro a la parte quejosa el


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                           CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




precepto declarado inconstitucional, de lo cual
deberá informar dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la notificación referida. Y con relación
a la devolución de la cantidad derivada de los actos
de aplicación de la norma inconstitucional, deberá
requerir a la parte quejosa para que con los recibos
oficiales correspondientes acredite las cantidades
pagadas      en    cumplimiento      de     la       norma
inconstitucional, y en atención al principio de
autoliquidación     tributaria    que   rige     a   dicha
contribución, formule el cálculo del impuesto a su
cargo, desaplicando la porción normativa declarada
inconstitucional, precisando la cantidad que debe
quedar en poder de la autoridad fiscal como pago
del impuesto y la cantidad excedente que se le
debe devolver. En la inteligencia de que no
señalará   plazo   para   el     desahogo      de    dicho
requerimiento; pero hará saber a la quejosa que
éste es condición indispensable para continuar con
el procedimiento de cumplimiento de la sentencia
de amparo.
Cabe señalar que no se da plazo a la parte quejosa
para desahogar el requerimiento referido, porque
en la hipótesis de que no lo desahogue o tarde en
hacerlo, será en su perjuicio, puesto que mientras
no lo haga, no se podrá continuar con el
procedimiento a fin de determinarse la cantidad a
devolver y, por ende, continuar con el de ejecución
de la sentencia.


                                                             66
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Una    vez      que      la   quejosa         desahogue     el
requerimiento, el Juez Federal —quien podrá
considerar      la    pertinencia    de       los   elementos
aportados por ésta, puesto que hay que recordar
que   es   él    quien    ejerce    el    control    de   este
procedimiento—         dará    vista      a    la   autoridad
responsable con ese documento, por un término de
cinco días para que de manera motivada manifieste
lo que a su interés convenga, con el apercibimiento
que de no hacerlo, se tendrá como consentida la
cantidad a devolver precisada en la autoliquidación
de la parte quejosa, y sobre esa base se formularán
los requerimientos de ejecución de sentencia.
En este contexto, puede suceder que la parte
quejosa como la autoridad responsable coincidan
en el monto a devolver, y el Juez Federal                 sólo
deberá requerir a la autoridad responsable la
devolución de dicho monto, junto con el que
pudiera generarse por su actualización, así como
por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales
aplicables, hasta el momento que sea devuelto, a
fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo;
pero puede darse la hipótesis de que ambas partes
no coincidan, en cuyo caso el juzgador de amparo
deberá ordenar la devolución del monto que la
autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos
del interesado en la parte que no satisfizo su
pretensión, para que los haga valer a través del




                                                                 67
                                     CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




       recurso de queja por defecto en el cumplimiento de
       la sentencia de amparo.
       En conclusión, este Alto Tribunal considera que,
       por    las    razones   expresadas    y   siguiendo   el
       procedimiento establecido en este fallo, es en sede
       jurisdiccional donde se debe precisar la devolución
       de las cantidades que la autoridad fiscal deba
       devolver al contribuyente, con motivo de la
       concesión de amparo que obtuvo en contra del
       artículo 149, fracción II del Código Financiero del
       Distrito Federal, en vigor a partir del uno de enero
       de dos mil dos, al incluir el factor 10.00 en el
       cálculo de la base gravable del impuesto predial,
       respecto de inmuebles que se otorgan en uso o
       goce temporal, inclusive para la instalación o
       fijación de anuncios o cualquier otro tipo de
       publicidad.
       Sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia
       considera que la problemática que se dio para el
       cumplimiento de las sentencias de amparo en los
       casos concretos pudiera darse en otros tributos
       con una mecánica semejante, por lo cual el criterio
       aquí establecido, en esa hipótesis, sería el mismo.
       (…)”


       Las consideraciones transcritas de la ejecutoria del Pleno de
este     Alto       Tribunal   permiten   deducir   las   siguientes
determinaciones:




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     1) El efecto de la sentencia que otorga el amparo contra
leyes fiscales consiste en que la disposición legal no se aplique al
particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones
restituyan las cantidades entregadas en aplicación de dicha ley.


     2) Los juzgadores de amparo o la autoridad que haya
conocido del juicio, no sólo están facultados, sino que están
obligados a establecer los alcances del fallo protector, determinar
qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué
medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento
de la sentencia.


     3) Es en sede jurisdiccional y no administrativa donde debe
aprobarse el monto que la autoridad fiscal debe devolver con
motivo de la sentencia de amparo que concede la protección
constitucional contra una ley tributaria. Obligar a los quejosos a
que se sujeten a un procedimiento administrativo previsto en
leyes diversas a la Ley de Amparo, para obtener el cumplimiento
de la sentencia que les otorgó la protección constitucional en
contra de una ley tributaria, constituye darles una carga más y
dificultar su cumplimiento, para restituirles en el pleno goce de su
garantía constitucional violada, restableciendo las cosas al estado
que guardaban antes de la violación, cuando ese derecho surge
de manera inmediata con motivo de la concesión del amparo,
cuya fuerza vinculatoria deriva de mandato constitucional.


     4) Condicionar el cumplimiento de la sentencia de amparo a
que la parte quejosa presente ante la autoridad fiscal la solicitud
de devolución debidamente requisitada y a que dicha autoridad dé


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                                     CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




la respuesta correspondiente, en términos de su reglamentación,
implica desconocer que el cumplimiento de las ejecutorias de
amparo es una cuestión de orden público.


     5) Además, propiciaría la dificultad de su cumplimiento
teniendo en cuenta que los quejosos al presentar la solicitud se
verían obligados a cumplir con los requisitos que para ello
establezcan las leyes fiscales y más todavía, de no llenar esos
requisitos, previo requerimiento para que los cumpla y ante su
omisión, su solicitud se tendría por no presentada. Así, el
cumplimiento de las sentencias de amparo se vería postergado al
momento en que la autoridad fiscal dé respuesta a la citada
solicitud, a su sentido y, en su caso, a que la ejecute.


     6) Se delimita el procedimiento que debe seguir el Juez de
Distrito o la autoridad que haya conocido del amparo para
establecer la cantidad a devolver.


     El criterio anterior dio lugar a las siguientes jurisprudencias:


     No. Registro: 166,939
     Jurisprudencia
     Materia(s): Administrativa
     Novena Época
     Instancia: Pleno
     Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
     Gaceta
     XXX, Julio de 2009
     Tesis: P./J. 47/2009


                                                                 70
                               CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




Página: 39


“INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA
DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE
DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE
UNA      LEY        TRIBUTARIA         QUE       REGULE
CONTRIBUCIONES          QUE     SE    RIJAN     POR      EL
PRINCIPIO DE AUTOLIQUIDACIÓN, ES EN SEDE
JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE
EL     PROCEDIMIENTO                RELATIVO           PARA
PRECISARLA.         Conforme    a    los   artículos    107,
fracción XVI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la
Ley de Amparo, por ejecución de sentencia debe
entenderse     la    obligación      constitucional     del
juzgador que haya dictado el fallo protector de
hacer que éste se cumpla, sin que pueda ordenar el
archivo de ningún expediente si no está cumplida
la sentencia relativa, es decir, es una cuestión de
orden público lo que exige que las decisiones y
acciones adoptadas en esta materia no tiendan a
propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a
este objetivo. De ahí que si la causa del retardo
para la ejecución de la sentencia concesoria de la
protección constitucional contra una ley tributaria
que regule contribuciones regidas por el principio
de autoliquidación, consiste en la falta de precisión
de la cantidad que la autoridad responsable debe


                                                               71
                                CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




devolver    al   quejoso,       resulta     evidente     que
corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que
haya conocido del juicio precisarla, para lo cual
deberá seguir este procedimiento: 1. Una vez que
cause ejecutoria la sentencia protectora o que se
reciba el testimonio de la ejecutoria dictada en
revisión, con fundamento en el artículo 105 de la
Ley de Amparo conminará a la responsable a
comprometerse a no aplicar en el futuro a la
quejosa el precepto declarado inconstitucional, lo
cual deberá informar dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la notificación referida. 2. En
relación con la devolución de la cantidad derivada
de    los   actos     de   aplicación       de   la    norma
inconstitucional, requerirá a la quejosa para que
con los recibos oficiales correspondientes acredite
las   cantidades      pagadas     en    cumplimiento      de
aquélla,    y    en     atención       al    principio    de
autoliquidación tributaria que rige a la contribución
de que se trate, formule el cálculo por ese concepto
a su cargo, desaplicando la parte del precepto
declarada inconstitucional, precisando la cantidad
que debe quedar en poder de la autoridad fiscal
como pago de aquélla y la que se le debe devolver,
en la inteligencia de que no señalará plazo para su
desahogo; pero hará saber a la quejosa que éste es
una condición indispensable para continuar con el
procedimiento de cumplimiento de la sentencia de
amparo. Una vez desahogado el requerimiento, el


                                                               72
                             CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia
de los elementos aportados por ésta, puesto que él
ejerce el control de este procedimiento- dará vista a
la autoridad responsable con dicho documento por
un plazo de cinco días para que de manera
motivada manifieste lo que a su interés convenga,
con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá
como consentida la cantidad a devolver precisada
por la quejosa, y sobre aquélla se formularán los
requerimientos de ejecución de sentencia. Si
ambas partes coinciden en el monto a devolver, el
Juez Federal sólo deberá requerir a la autoridad
responsable su devolución, junto con el que
pudiera generarse por su actualización, así como
por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales
aplicables, hasta el momento en que sea devuelto,
a fin de que dé cumplimiento a la sentencia de
amparo. 3. De no coincidir, el juzgador de amparo
ordenará la devolución del monto que la autoridad
reconoce y dejará a salvo los derechos del
interesado en la parte que no se satisfizo su
pretensión, para que los haga valer a través del
recurso de queja por defecto en el cumplimiento de
la sentencia de amparo.”


No. Registro: 166,938
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
Novena Época


                                                        73
                               CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta
XXX, Julio de 2009
Tesis: P./J. 46/2009
Página: 61


“INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA
DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE
DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL
ARTÍCULO      149,     FRACCIÓN         II,   DEL     CÓDIGO
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002 HASTA EL 31
DE    DICIEMBRE        DE      2007,      ES     EN       SEDE
JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE
EL       PROCEDIMIENTO              RELATIVO              PARA
PRECISARLA.         Conforme    a      los    artículos    107,
fracción XVI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la
Ley de Amparo, por ejecución de sentencia debe
entenderse     la    obligación        constitucional      del
juzgador que haya dictado el fallo protector de
hacer que éste se cumpla, sin que pueda ordenar el
archivo de ningún expediente si no está cumplida
la sentencia relativa, es decir, es una cuestión de
orden público lo que exige que las decisiones y
acciones adoptadas en esta materia no tiendan a
propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a


                                                                  74
                                CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




este objetivo. De ahí que si la causa del retardo
para la ejecución de la sentencia concesoria de la
protección constitucional contra el artículo 149,
fracción II, del Código Financiero del Distrito
Federal vigente del 1o. de enero de 2002 al 31 de
diciembre de 2007, consiste en la falta de precisión
de la cantidad que la autoridad responsable debe
devolver    al    quejoso,         resulta    evidente      que
corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que
haya conocido del juicio precisarla, para lo cual
deberá seguir este procedimiento: 1. Una vez que
cause ejecutoria la sentencia protectora o que se
reciba el testimonio de la ejecutoria dictada en
revisión, con fundamento en el artículo 105 de la
Ley de Amparo conminará a la responsable a
comprometerse a no aplicar en el futuro a la
quejosa el precepto declarado inconstitucional, lo
cual deberá informar dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la notificación referida. 2. En
relación con la devolución de la cantidad derivada
de    los   actos     de   aplicación         de     la   norma
inconstitucional, requerirá a la quejosa para que
con los recibos oficiales correspondientes acredite
las   cantidades      pagadas       en     cumplimiento      de
aquélla,    y    en     atención         al    principio     de
autoliquidación       tributaria     que      rige    a    dicha
contribución, formule el cálculo del impuesto a su
cargo, desaplicando la parte del precepto declarada
inconstitucional, precisando la cantidad que debe


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quedar en poder de la autoridad fiscal como pago
del impuesto y la que se le debe devolver, en la
inteligencia de que no señalará plazo para su
desahogo; pero hará saber a la quejosa que éste es
una condición indispensable para continuar con el
procedimiento de cumplimiento de la sentencia de
amparo. Una vez desahogado el requerimiento, el
Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia
de los elementos aportados por ésta, puesto que él
ejerce el control de este procedimiento- dará vista a
la autoridad responsable con dicho documento por
un plazo de cinco días para que de manera
motivada manifieste lo que a su interés convenga,
con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá
como consentida la cantidad a devolver precisada
por la quejosa, y sobre aquélla se formularán los
requerimientos de ejecución de sentencia. Si
ambas partes coinciden en el monto a devolver, el
Juez Federal sólo deberá requerir a la autoridad
responsable su devolución, junto con el que
pudiera generarse por su actualización, así como
por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales
aplicables, hasta el momento en que sea devuelto,
a fin de que dé cumplimiento a la sentencia de
amparo. 3. De no coincidir, el juzgador de amparo
ordenará la devolución del monto que la autoridad
reconoce y dejará a salvo los derechos del
interesado en la parte que no se satisfizo su
pretensión, para que los haga valer a través del


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     recurso de queja por defecto en el cumplimiento de
     la sentencia de amparo.”


     Consecuentemente,      los   efectos   restitutorios   de    una
sentencia de amparo contra una norma fiscal obligan a la
autoridad fiscal a devolver las cantidades enteradas en aplicación
de la misma debidamente actualizadas, devolución que no se
condiciona al agotamiento por el quejoso de la solicitud relativa,
pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden
público y exige la restitución al quejoso en el pleno goce de la
garantía individual violada, derecho que surge en su favor de
manera inmediata con motivo de la concesión del amparo, cuya
fuerza vinculatoria deriva de mandato constitucional.


     Ahora bien, el restablecimiento de las cosas al estado que
guardaban antes de la violación que, como se señaló, surge de
manera inmediata en virtud del otorgamiento de la protección
constitucional, se colma con la devolución de las cantidades
enteradas debidamente actualizadas.


     Esto es, no puede considerarse que los efectos de la
ejecutoria de amparo comprendan, además de la devolución de la
cantidad pagada actualizada a la fecha en que ésta se efectúe,
intereses indemnizatorios por el tiempo en que el quejoso no
dispuso de dicha cantidad, puesto que éstos no formaban parte
del patrimonio de la parte quejosa antes de la violación y, por
tanto, no puede considerarse que integren la restitución que opera
por el imperio de la sentencia de amparo.




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     Al fallar esta Segunda Sala la contradicción de tesis
52/2000-SS, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil, por
unanimidad de cuatro votos, analizó la naturaleza de los intereses
fiscales y su diferencia con la actualización, señalándose en la
parte correspondiente, lo siguiente:


     “(…) En el Diccionario Jurídico Mexicano del
     Instituto    de    Investigaciones        Jurídicas   de   la
     Universidad       Nacional      Autónoma         de   México,
     Editorial Porrúa, Novena Edición, a fojas mil
     setecientos ochenta y siguiente, se establece lo
     que debe entenderse por intereses:
     ‘INTERESES. I. (Del latín interesse, sustantivación
     del verbo intereses, importar.) En un sentido
     estricto, se identifica con el provecho, rendimiento
     o utilidad que se obtiene del capital (dinero).
     Asimismo, puede considerarse como el beneficio
     económico que se logra de cualquier clase de
     inversión.        En    un      sentido     más       amplio:
     compensación en dinero o en cualquier valor que
     se recibe del acreedor en forma accesoria al
     cumplimiento de una obligación.--- II. Naturaleza.
     Los intereses son frutos civiles ( a. 893, CC): no
     merman la esencia y cantidad del bien del cual
     provienen.---      2.   Justificación.      Ya    Aristóteles
     advertía que el dinero debe ser estéril (pecunia non
     parit   pecuriam);      igual    criterio    sustentaba    el
     cristianismo ‘Dad prestado sin esperar por eso
     nada’. En cuanto toca a la legitimidad moral de los


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intereses, ello se ve superado y se habla sobre su
justificación: el dinero es una mercancía que puede
ser alquilada o vendida como todas las otras; el
dinero es el signo de los valores y éstos pueden
ser arrendados; existe una privación de su uso por
parte de quien lo presta: debe gratificársele; surgen
los conceptos de daño emergente (a. 2108. CC) y de
lucro cesante (a. 2107 CC), etc.--- 3) Propósito.
‘Quien tiene una suma de dinero, tiene siempre
modo de aumentarla, y en el peor de los casos,
adquiriendo valores del gobierno o depositándola
en un banco: el dinero, por lo tanto, fructificará
(fuera de los casos patológicos de quien lo tiene
bajo la almohada o en un cajón), produce intereses’
(Banca).--- 4. Clases. A) Bruto (nominal). Dentro de
él se distinguen varios conceptos: a. una prima de
riesgo; b. un costo de administración del préstamo,
y c. una indemnización contra la devaluación del
capital ante el alza de precios.--- B) Neto (puro). Es
el remuneratorio, al descontar los elementos del
bruto o nominal. --- C) Lucrativo. Los que se pagan
en   el   mutuo,   por     el    mutuo     mismo.---   D)
Compensatorios. Los que se devengan durante el
plazo convenido, para resarcir el consecuente
desfase económico.---E) Moratorios. Los que se
pagan     como   sanción    a     título   de   reparación
(indemnización) a los daños y perjuicios causados
por el retraso en el cumplimiento. Aquí siempre




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tiene derecho el acreedor a los intereses legales a
partir del día de la mora…’.
En esencia, los intereses son las ganancias o
utilidades que se obtienen en forma accesoria al
cumplimiento de una obligación. Existen diversas
clases, entre otros, los moratorios, que son los
destinados a reparar el perjuicio resultante del
cumplimiento inoportuno o extemporáneo de una
obligación.
Los intereses que se establecen en el Código Fiscal
de la Federación, concretamente en su artículo 22,
corresponden a los previstos como moratorios en
la   legislación     civil,   pues    constituyen     una
indemnización al contribuyente por parte del fisco
federal por la devolución inoportuna del pago de
las contribuciones enteradas indebidamente o en
exceso.
En   cambio,    la    actualización    es   una     figura
establecida en el Código Fiscal de la Federación
atendiendo a la erosión que sufre la moneda por el
transcurso del tiempo y que tiene por objeto que
ese fenómeno no incida sobre las contribuciones
que el erario federal deja de percibir por falta de
pago oportuno, lo cual se hizo extensivo, en
observancia a principios de equidad y justicia, a los
casos en que las autoridades hacendarias no
devuelvan en el plazo establecido por la ley, las
cantidades     que      los    contribuyentes       pagan




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     indebidamente y las que procedan conforme a la
     ley.
     Debe precisarse que la naturaleza jurídica de los
     intereses y de la actualización del monto del pago
     de lo indebido es diversa, pues aun cuando ambas
     figuras operan en los casos en que la autoridad
     fiscal   no     devuelva         oportunamente       aquél,     los
     intereses son accesorios de la contribución pagada
     de     manera        incorrecta     y     tienen    por    objeto
     indemnizar al contribuyente por la                   devolución
     inoportuna       de        ese    pago,    mientras       que    la
     actualización opera por el transcurso del tiempo y
     con motivo de los cambios de precios en el país a
     fin de darle el valor real al monto de la cantidad
     enterada indebidamente en el momento del pago,
     para     que    el     contribuyente       reciba    una    suma
     equivalente a la que cubrió inicialmente, mas con
     ello no se le resarcen los perjuicios ocasionados
     por la falta de pago oportuno. (…)”


     Deriva de las consideraciones transcritas que dentro de las
diversas clases de intereses, entendidos éstos, en esencia, como
las ganancias o utilidades que se obtienen en forma accesoria al
cumplimiento de una obligación, los previstos en materia fiscal
con motivo de la devolución de contribuciones son de naturaleza
moratoria, es decir, son los destinados a reparar el perjuicio
resultante del cumplimiento inoportuno o extemporáneo de una
obligación,   esto        es,    constituyen    una      indemnización          al
contribuyente por parte del fisco por la devolución inoportuna.


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     Lo anterior corrobora que la devolución del entero de una
contribución como efecto de la sentencia de amparo contra una
norma fiscal, no pueden comprender el pago de intereses
moratorios en concepto de indemnización a la parte quejosa, pues
ello rebasa la materia objeto de restitución en términos de lo
dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que implica el
restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban
antes de la violación de garantías.


     Consecuentemente, el pago de intereses no se encuentra
comprendido dentro de los efectos de la sentencia de amparo que
implique la devolución de la cantidad actualizada que se enteró en
cumplimiento de una norma declarada inconstitucional, y cuyo
monto procede determinar en sede jurisdiccional.


     Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco,
puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de
la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta a fin
de determinar si en la devolución de la cantidad enterada por la
parte quejosa con motivo de la norma fiscal declarada
inconstitucional procede el pago de intereses, en el entendido que
de ser así esta obligación derivará entonces de la ley, de la
determinación en tal sentido del legislador, y ya no de la sentencia
de amparo.


     Lo anterior se corrobora con las tesis jurisprudenciales
plenarias    P./J.   46/2009   y   P./J.   47/2009,   transcritas    con
anterioridad,    que     llevan    por     rubros,    respectivamente:


                                                                    82
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“INEJECUCIÓN        DE    SENTENCIA.    ANTE    LA   FALTA    DE
PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL
QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR
DEL 1o. DE ENERO DE 2002 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2007,   ES   EN     SEDE     JURISDICCIONAL      DONDE     DEBE
SUSTANCIARSE        EL     PROCEDIMIENTO       RELATIVO    PARA
PRECISARLA.” E “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA
FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE
DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA LEY TRIBUTARIA
QUE REGULE CONTRIBUCIONES QUE SE RIJAN POR EL
PRINCIPIO      DE        AUTOLIQUIDACIÓN,      ES    EN    SEDE
JURISDICCIONAL           DONDE   DEBE     SUSTANCIARSE         EL
PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA.”, pues en
ellas se señala, al precisar el procedimiento que deberá seguir el
Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio para
determinar la cantidad que deberá devolver la autoridad a la parte
quejosa con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de la
norma fiscal, que si ambas partes coinciden en el monto a
devolver, el Juez Federal sólo deberá requerir a la autoridad
responsable su devolución, junto con el que pudiera generarse
por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con
las leyes fiscales aplicables, hasta el momento en que sea
devuelto.


     Los casos materia de la contradicción se suscitan en
relación a contribuciones (impuesto predial e impuesto sobre


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adquisición de bienes inmuebles) del Distrito Federal establecidas
en el Código Financiero de dicha entidad, actualmente derogado,
el cual no contiene disposición expresa en torno a la procedencia
del pago de intereses para el caso que se analiza, lo que lleva a
determinar su improcedencia.


     En efecto, el artículo 71 de dicho Código, en vigor hasta el
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, textualmente
disponía:


     “ARTÍCULO 71.- Las autoridades fiscales están
     obligadas a devolver las cantidades pagadas
     indebidamente y las que procedan de conformidad
     con este Código y demás leyes aplicables. La
     devolución podrá hacerse de oficio o a petición del
     interesado,   mediante    cheque    nominativo    para
     abono en cuenta del contribuyente o depósito en la
     cuenta del mismo, para lo cual deberá manifestar
     su aprobación y proporcionar su número de cuenta
     en la solicitud de devolución correspondiente, o
     certificado de devolución expedido a nombre de
     este último, el cual se podrá utilizar para cubrir
     cualquier contribución que se pague mediante
     declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar
     en su carácter de retenedor, o bien, transmitirse a
     diverso contribuyente quien podrá aplicarlo como
     medio de pago en los mismos términos o a su vez
     transmitirlo. Los retenedores podrán solicitar la




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devolución siempre que ésta se haga directamente
a los contribuyentes.
En su caso podrá también realizarse la devolución
mediante la dación en pago.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en
cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la
devolución      nace   cuando           dicho   acto    hubiera
quedado insubsistente.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá
efectuarse dentro de un plazo de ciento veinte días
hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la
solicitud ante la autoridad competente con todos
los datos, informes y documentos que señale la
forma oficial respectiva; si faltare alguno de los
datos,   informes      o       documentos,      la     autoridad
requerirá al promovente, a fin de que en un plazo
de diez días hábiles cumpla con el requisito
omitido. En caso de no subsanarse la omisión, la
promoción se tendrá por no presentada. Si la
omisión consiste en no haber usado la forma oficial
aprobada, las autoridades deberán acompañar al
requerimiento la forma respectiva en el número de
ejemplares establecido. De existir requerimiento en
los términos de este párrafo, el plazo de ciento
veinte días hábiles se contará a partir de que se
presente la información, datos o documentos
solicitados.
Las autoridades fiscales podrán devolver una
cantidad       menor       a    la     solicitada      por   los


                                                                   85
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contribuyentes con motivo de la revisión efectuada
a la documentación aportada. En este caso, se
considerará negada por la parte que no sea
devuelta.        Para    tales     efectos,     las     autoridades
fiscales deberán fundar y motivar las causas que
sustentan        la     negativa    parcial      o     total   de   la
devolución respectiva, misma que se tendrá que
notificar al contribuyente.
No se considerará que las autoridades fiscales
inician     el     ejercicio       de    sus         facultades     de
comprobación,            cuando         soliciten       los    datos,
informes y documentos, a que se refiere el cuarto
párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier
momento.
Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá
que la devolución se realizó a partir de la fecha en
que   la    autoridad        efectúe      el    depósito       en   la
institución bancaria señalada en la solicitud de
devolución.        El    comprobante           del    pago     de   la
devolución respectiva, será el de la transferencia
electrónica de recursos efectuada por la autoridad.
No se causarán intereses durante el tiempo que
transcurra de la fecha en que la autoridad notifique
al solicitante que el cheque o el certificado por el
importe de la devolución se encuentra a su
disposición en las oficinas de la autoridad fiscal al
día en que lo recoja.
Si la devolución no se hubiera efectuado en el
plazo de ciento veinte días hábiles, las autoridades


                                                                         86
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fiscales pagarán intereses que se calcularán a
partir del día siguiente al de vencimiento de dicho
plazo, conforme a una tasa que será igual a la
prevista para los recargos en los términos del
artículo 64 de este Código, sobre las cantidades
que se hayan pagado indebidamente.
El pago de intereses deberá incluirse en la
liquidación correspondiente, sin necesidad de que
exista petición expresa del pago de intereses por
parte del contribuyente.
El contribuyente que habiendo efectuado el pago
de una contribución determinada por él mismo o
por la autoridad, interponga oportunamente los
medios de defensa que el presente Código y demás
leyes establezcan y obtenga resolución firme que le
sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a
obtener del Distrito Federal el pago de intereses
conforme a una tasa que será igual a la prevista
para los recargos en los términos del artículo 64 de
este Código, sobre las cantidades que se hayan
pagado indebidamente y a partir de que se efectuó
el pago. En estos casos el contribuyente podrá
compensar las cantidades a su favor, incluyendo
los   intereses,   contra   la   misma    o   distinta
contribución que se pague mediante declaración,
ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter
de retenedor.
En ningún caso los intereses a cargo del Distrito
Federal excederán de los que se causen en cinco


                                                         87
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     años. Si la devolución se hubiera efectuado y no
     procediera, se causarán recargos en los términos
     del artículo 64 de este Código, sobre las cantidades
     devueltas indebidamente, como por los intereses
     indebidamente      pagados        por   las   autoridades
     fiscales, a partir de la fecha de la devolución.
     La obligación de devolver prescribe en el término
     de tres años. Para estos efectos, la solicitud de
     devolución que presente el particular interrumpe la
     prescripción.
     En el caso de contribuciones pagadas cuyo cobro
     esté controvertido, la autoridad recaudadora, podrá
     convenir con el contribuyente la reducción en el
     monto de la devolución, siempre y cuando se
     reúnan los siguientes requisitos:
     I.   Que    lo   solicite   el     contribuyente    previo
     desistimiento de la acción intentada;
     II. Que el contribuyente acredite fehacientemente
     que interpuso los medios de defensa que este
     Código o las leyes establecen, y
     III. Que la reducción no sea superior a un 40%.”


     Concretamente, es el décimo primer párrafo el que suscitó
una interpretación divergente entre los Tribunales Colegiados
contendientes.


     La interpretación de este precepto en su integridad permite a
esta Segunda Sala arribar a la conclusión de que en él no se
establece la procedencia del pago de intereses tratándose de


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devoluciones de contribuciones con motivo de la declaración de
inconstitucionalidad de la norma fiscal.


     En efecto, este precepto regula la figura jurídica de la
devolución por pago de lo indebido que procede a petición de
parte.


     Al resolver esta Segunda Sala la contradicción de tesis
190/2007-SS, a la que con anterioridad se hizo alusión, analizó la
figura de la devolución por pago de lo indebido en relación con el
artículo 42 del Código Financiero del Estado de México y
Municipios, en cuyo párrafo séptimo establece igual disposición
que el décimo primer párrafo del artículo 71 del Código Financiero
del Distrito Federal, determinando:


     “(…) Por otra parte, el diverso artículo 42 del propio
     ordenamiento normativo, respecto del que también
     se    pronunciaron       los     órganos     colegiados
     contendientes, establece lo siguiente:
     ‘Artículo 42.- Cuando por mandato de autoridad o el
     contribuyente solicite por escrito la devolución de
     cantidades pagadas indebidamente y las que
     procedan de conformidad con este Código, la
     autoridad fiscal deberá reintegrarlas mediante
     cheque nominativo.
     La devolución deberá llevarse a cabo siempre que
     no haya créditos fiscales firmes a cargo del
     solicitante, en cuyo caso cualquier excedente se
     aplicará a cuenta. Los retenedores podrán solicitar


                                                               89
                              CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




la   devolución,    siempre     que    ésta    se   haga
directamente a los contribuyentes.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en
cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a
la devolución nace cuando dicho acto hubiera
quedado insubsistente.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá
autorizarse dentro del plazo de cuarenta días
siguientes a la fecha en que se presente la
solicitud, con los datos, informes y documentos en
que se sustente el derecho, ante la autoridad fiscal.
Cuando falte algún dato, informe o documento, la
autoridad en un plazo de cinco días requerirá al
promovente      o   autoridades       que     se    vean
involucradas    en la    devolución,    para    que   se
presenten o subsanen las omisiones, lo que deberá
hacerse en un plazo de veinte días. Tratándose del
contribuyente de no hacerlo la solicitud se tendrá
por no presentada. Cuando existan requerimientos
de esta naturaleza, el plazo de cuarenta días se
contará a partir de que se subsanen las omisiones.
Si la devolución no se hubiera efectuado en el
plazo de cuarenta días hábiles, la autoridad fiscal
pagará intereses que se calcularán por cada mes o
fracción que transcurra a partir del día siguiente al
del vencimiento, conforme a una tasa que será
igual a la prevista para los recargos por pago
extemporáneo.




                                                           90
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El pago de intereses deberá incluirse en la
liquidación correspondiente, sin necesidad de que
exista petición expresa por parte del contribuyente.
El contribuyente que habiendo efectuado el pago
de una contribución, interponga oportunamente los
medios de defensa y obtenga resolución firme que
le sea favorable total o parcialmente, tendrá
derecho a recibir intereses sobre las cantidades
que se hayan pagado indebidamente, a partir de
que se efectuó el pago. En estos casos, el
contribuyente podrá compensar las cantidades a su
favor, incluyendo los intereses, contra la misma
contribución que se pague, ya sea a su cargo o que
deba enterar en su carácter de retenedor.
En ningún caso los intereses excederán del 100%
del monto de las contribuciones. La obligación de
devolver prescribe en los mismos términos y
condiciones que el crédito fiscal.’
Del contenido del numeral antes reproducido se
desprende lo siguiente:
1.- Las cantidades enteradas en exceso al Fisco por
el   contribuyente,   cuya   devolución procede      a
petición de parte, conforme a su génesis, son las
pagadas indebidamente.
2.- Cuando se solicite la devolución, ésta deberá
efectuarse dentro del plazo de cuarenta días
siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud
ante la autoridad fiscal competente con todos los
datos correspondientes. La autoridad fiscal pagará


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                           CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010




intereses que se calcularán por cada mes o
fracción que transcurra a partir del día siguiente al
del vencimiento, conforme a una tasa que será
igual a la prevista para los recargos por pago
extemporáneo.
3.- El pago de intereses deberá incluirse en la
liquidación correspondiente, sin necesidad de que
exista petición expresa por parte del contribuyente.
4.- El derecho a recibir intereses sobre las
cantidades que se hayan pagado indebidamente, se
genera a partir de que se efectuó el pago. En estos
casos, el contribuyente podrá compensar las
cantidades a su favor, incluyendo los intereses,
contra la misma contribución que se pague, ya sea
a su cargo o que deba enterar en su carácter de
retenedor.
5.- En ningún caso los intereses excederán del
100%   del   monto    de   las   contribuciones.   La
obligación de devolver prescribe en los mismos
términos y condiciones que el crédito fiscal.
El supuesto de pago de lo indebido a que se refiere
el artículo 42 en cita, se actualiza ante la
concurrencia de los siguientes supuestos:
1) La realización de un pago, entendido este acto
como aquél mediante el cual se pretende dar
cumplimiento a una obligación del deudor a favor
del acreedor; y
2) Que dicho pago sea indebido, es decir, que se
hubiere realizado en demasía en relación con la


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      obligación contraída por el deudor, o bien, porque
      esta última no existía ante la ausencia de un acto
      que hubiere dado origen a su nacimiento (acuerdo
      de voluntades entre particulares, disposición legal
      que así lo establezca u otra fuente de las
      obligaciones).
      Bajo esa perspectiva, esta Segunda Sala1 destacó
      que, para que nazca la obligación legal de la
      devolución de contribuciones, es necesario e
      indispensable          que     el    contribuyente          hubiere
      realizado el pago y éste sea indebido por las
      siguientes causas:
      El pago de una contribución sin que exista hecho
      imponible, esto es, porque no exista el respaldo de
      una obligación legal que justifique hacer ese pago.
      El pago de una contribución sin que el gobernado
      realice el hecho generador del tributo, es decir,
      pese a que se encuentre prevista en la ley la
      obligación        fiscal     de     pagar     un     tributo     por
      determinado motivo, éste último no acontece.
      El pago de contribuciones sin que exista obligación
      del sujeto de llevarlo a cabo, esto es, cuando se
      realiza el pago de una contribución que no le
      corresponde.


1
  En relación con la naturaleza jurídica del pago de lo indebido, esta Segunda Sala
se pronunció al fallar la contradicción de tesis 10/2001-SS, entre las sustentadas
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del
Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en las mismas materias y
circuito, el veintiuno de junio del año dos mil dos, por unanimidad de cinco votos,
acudiendo a la interpretación integradora de la norma, concretamente lo dispuesto
en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente en el año dos mil.


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El pago de contribuciones por inobservancia de las
disposiciones legales que regulan su formación, es
decir, por vicios en el acto de determinación que
realice el propio contribuyente o la autoridad fiscal.
Lo anterior es recogido, consideró este órgano
colegiado por el artículo 22 del Código Fiscal de la
Federación       al    precisar   la    obligación     de    las
autoridades       de    reintegrar      las   contribuciones
pagadas indebidamente y el derecho correlativo del
particular   para      su   reembolso,        racionalidad    y
razonabilidad que son aplicables al caso concreto
porque el artículo 42 del Código Financiero del
Estado      de    México     y    Municipios      se   refiere
precisamente a ese supuesto del pago de lo
indebido.
Como se ve, el pago indebido de tributos se
sustenta en la ilegalidad de la obligación fiscal,
bien sea porque se llevó a cabo realizando un
cálculo aritmético incorrecto o porque no exista el
respaldo de una obligación legal que justifique
hacer ese pago.
Lo anterior parte de la idea fundamental de que el
pago de contribuciones autodeterminadas por el
contribuyente, goza de presunción de certidumbre,
atendiendo a que esa autodeterminación implica el
reconocimiento         formal     del    particular    de     la
existencia de una obligación tributaria, hasta en
tanto no se demuestre que fue cometido con un




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      fundamento equivocado porque en dicho evento, el
      pago debido se torna en indebido2.
      Consecuentemente, esta Segunda Sala de la
      Suprema Corte de Justicia de la Nación considera
      que, si como se vio al inicio de este considerando,
      el efecto de la sentencia concesoria del amparo
      interpuesto en contra de leyes fiscales se traduce
      en que no se vuelva a aplicar la disposición fiscal,
      esto es, a “expulsar” de la esfera jurídica del
      gobernado (principio de relatividad), la norma
      jurídica que establece la obligación tributaria,
      entonces resulta claro que la declaratoria de
      inconstitucionalidad de la norma trae consigo que
      el pago efectuado por el contribuyente en ese caso,
      sea equiparable a un pago de lo indebido porque ha
      cesado, para el gobernado, la hipótesis legal que
      dio origen al hecho generador de la contribución,

2
  Acudiendo al derecho común para explicar la naturaleza de pago de lo indebido,
se advierte que el artículo 1883, primer párrafo, del Código Civil Federal, establece
lo que en esta rama del Derecho constituye el pago indebido, el cual es
considerado como fuente de la obligación de restitución por parte de la persona
que lo recibe, ya que el precepto de mérito señala lo siguiente:
"Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía "derecho a exigir y que por error
ha sido "indebidamente pagada, se tiene obligación de "restituirla”.
Por otra parte, en el artículo 1892 del Código de referencia se prevén los
requisitos que deben actualizarse para que surta plena vigencia la obligación de
devolución de un pago indebido, toda vez que en ese numeral se dispone lo
siguiente:
"Se presupone que hubo error en el pago, cuando "se entrega una cosa que no se
debía o que ya "estaba pagada (...)”.
A su vez, el artículo 1891 del ordenamiento jurídico antes citado, precisa que la
persona que ejercite la acción de devolución deberá acreditar que se encuentra
dentro del supuesto, ya que al respecto dicho numeral              dispone:
"La prueba del pago incumbe al que pretende "haberlo hecho. También corre a su
cargo la del "error con que lo realizó (...)”.
En estos términos, conforme al derecho federal común en materia sustantiva, la
obligación de restituir se apoya en lo indebido del pago o entrega de alguna cosa.



                                                                              95
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      esto es, no existe más, en su ámbito de derechos y
      obligaciones, el deber legal que justifique haber
      hecho ese pago.
      No obstante, en el caso de que se trata, esa
      equiparación con la figura de pago de lo indebido a
      que se ha hecho referencia en el párrafo que
      antecede, no configura la hipótesis prevista en el
      artículo 30 del Código Financiero del Estado de
      México y Municipios, relativa al pago del crédito
      fiscal fuera del plazo legal ni tampoco la prevista en
      el artículo 42 del propio ordenamiento normativo
      porque tanto la autoridad hacendaria al recibir el
      entero,      como       el    contribuyente         al   pagar      la
      contribución, actuaron dentro del marco previsto
      en la ley, es decir, cumpliendo con la obligación
      legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad
      de imperio y fiscalización, respectivamente.
      Por tanto, no tiene cabida el pago de intereses
      porque éstos se identifican con la naturaleza
      indemnizatoria en caso de mora.3

3
  En el derecho común se distingue entre intereses ordinarios y moratorios, pues
los primeros derivan del préstamo y los otros provienen del incumplimiento en el
pago del préstamo.
Los primeros constituyen el rédito que produce o debe producir el dinero prestado,
es decir, el precio pagado por el uso del propio dinero, de manera que su
naturaleza jurídica consiste en la obtención de una cantidad como ganancia,
por el simple hecho de que una persona dio a otra una cantidad de dinero que
éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades.
Por su parte, los intereses moratorios consisten en la sanción que debe imponerse
por la entrega tardía del dinero, de acuerdo con lo pactado en el contrato donde se
plasmó el préstamo respectivo; si no se entrega el dinero prestado en la fecha
estipulada, surge el derecho del titular del dinero para que se le sancione al
deudor por su incumplimiento, imponiéndole una carga por su mora, carga ésta
que generalmente es una cantidad en numerario.
En materia tributaria los intereses encierran implícitamente, la idea de rendimiento
o ganancia y se identifican con la naturaleza indemnizatoria de los recargos como


                                                                               96
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      Lo    anterior       se   explica       porque     la   sentencia
      protectora se dicta a posteriori, de tal manera que
      el derecho a la devolución proviene de esa
      declaratoria de inconstitucionalidad y por tanto, no
      existe actuación ilegal que deba ser sancionada.
      En efecto, los recargos son accesorios de las
      contribuciones            dado         que       surgen       como
      consecuencia de la falta de pago oportuno de ellas,
      esto es, para que se origine la obligación de cubrir
      el recargo al Fisco, es imprescindible la existencia
      de una contribución que no haya sido pagada en la
      fecha     establecida        por    la    ley;    de    ahí    que,
      lógicamente, si no se causa contribución alguna no
      puede incurrirse en mora, ni se pueden originar los
      recargos,       ya     que      éstos    tienen      por      objeto
      indemnizar al Fisco Federal por la falta oportuna
      del pago de contribuciones, mientras que las
      sanciones son producto de infracciones fiscales
      que deben ser impuestas en función a diversos
      factores,      entre      los    que     destacan       elementos
      subjetivos, la naturaleza de la infracción y su
      gravedad. (…)”


      Conforme a las anteriores consideraciones expuestas:


      1) El pago de lo indebido se actualiza ante los siguientes
supuestos: a) la realización de un pago mediante el cual se
pretende dar cumplimiento a una obligación del deudor a favor del
deriva del propio artículo 42 del Código Financiero del Estado de México que
establece que a éstos se aplicará la misma tasa que la prevista para los recargos.


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acreedor; y b) que dicho pago sea indebido, es decir, que se
hubiere realizado en demasía en relación con la obligación
contraída por el deudor, o bien, porque esta última no existía ante
la ausencia de un acto que hubiere dado origen a su nacimiento
(acuerdo de voluntades entre particulares, disposición legal que
así lo establezca u otra fuente de las obligaciones).


      2) Para que nazca la obligación legal de la devolución de
contribuciones, es indispensable que el contribuyente hubiere
realizado el pago y éste sea indebido por las siguientes causas: a)
inexistencia del hecho imponible, esto es, porque no exista el
respaldo de una obligación legal que justifique hacer ese pago; b)
el gobernado no realizó el hecho generador del tributo, es decir,
pese a que se encuentre prevista en la ley la obligación fiscal de
pagar un tributo por determinado motivo, este último no acontece;
c) inexistencia de la obligación del sujeto de pagar la contribución,
esto es, cuando se realiza el pago de una contribución que no le
corresponde; o d) inobservancia de las disposiciones legales que
regulan su formación, es decir, por vicios en el acto de
determinación que realice el propio contribuyente o la autoridad
fiscal.


      3) Lo anterior se encuentra establecido así en el artículo 22
del Código Fiscal de la Federación al regular la obligación de las
autoridades    de    reintegrar     las   contribuciones   pagadas
indebidamente y el derecho correlativo del particular para su
reembolso y son aplicables al artículo 42 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios al referirse también al
supuesto del pago de lo indebido.


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     4) Así, el pago indebido se sustenta en la ilegalidad de la
obligación fiscal, bien sea porque se llevó a cabo realizando un
cálculo aritmético incorrecto o porque no existe el respaldo de una
obligación legal que justifique hacer ese pago.


     5) La declaratoria de inconstitucionalidad de la norma trae
consigo que el pago efectuado por el contribuyente sea
equiparable a un pago de lo indebido porque ha cesado, para el
gobernado, la hipótesis legal que dio origen al hecho generador
de la contribución, esto es, no existe más, en su ámbito de
derechos y obligaciones, el deber legal que justifique haber hecho
ese pago.


     6) Esa equiparación con la figura de pago de lo indebido no
configura la hipótesis del artículo 42 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios porque tanto la autoridad
hacendaria al recibir el entero, como el contribuyente al pagar la
contribución, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es
decir, cumpliendo con la obligación legal dentro del plazo y en
ejercicio   de   su   facultad   de    imperio    y   fiscalización,
respectivamente.


     7) Por tanto, no tiene cabida el pago de intereses porque
éstos se identifican con la naturaleza indemnizatoria en caso de
mora.


     8) Lo anterior se explica porque la sentencia protectora se
dicta a posteriori, de tal manera que el derecho a la devolución


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proviene de esa declaratoria de inconstitucionalidad y por tanto,
no existe actuación ilegal de la autoridad fiscal que deba dar lugar
a la indemnización por mora.


     Estas determinaciones fueron reiteradas por esta Segunda
Sala en relación al artículo 71 del Código Financiero del Distrito
Federal, materia de interpretación en la presente contradicción, al
fallar la contradicción de tesis 262/2007-SS, en sesión de
veintitrés de enero de dos mil ocho, por unanimidad de votos.


     Consecuentemente, atendiendo a lo ya determinado por
esta Segunda Sala, cabe concluir que la devolución de las
cantidades       enteradas   con   motivo     de   la   declaración      de
inconstitucionalidad de la norma que fundó el pago, no
comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código
Financiero del Distrito Federal no lo prevé así, ya que regula el
pago de éstos tratándose del pago de lo indebido como
indemnización por mora de la autoridad y si bien la declaratoria de
inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el pago
efectuado por el contribuyente sea equiparable a un pago de lo
indebido al haber cesado para el quejoso la hipótesis legal que
dio origen al hecho generador de la contribución, esta
equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses
ante la inexistencia de mora o actuación ilegal por parte de la
autoridad fiscal, pues tanto ésta al recibir el entero, como el
contribuyente al pagar, actuaron dentro del marco previsto en la
ley, es decir, cumpliendo con la obligación legal dentro del plazo y
en   ejercicio    de   su    facultad    de   imperio   y   fiscalización,
respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de


                                                                   100
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que la sentencia protectora se dicta a posteriori, y es de ésta de la
que proviene el derecho a la devolución.


     En atención a lo manifestado, el criterio que debe prevalecer
con carácter jurisprudencial, en términos de lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Amparo, queda redactado bajo los
siguientes rubro y texto:


     LEYES     TRIBUTARIAS.       LA    DEVOLUCIÓN        DE    LAS
CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS,
COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE
DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN
QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO
COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS
(CÓDIGO       FINANCIERO         DEL       DISTRITO      FEDERAL
ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo
contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a
devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y
que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que
el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto
en leyes diversas a la de Amparo, como sería la solicitud de
devolución relativa, no comprenden el pago de intereses
indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del
quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la
situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal
obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo
dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución
específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se
encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del


                                                               101
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Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de
intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito
Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose
del pago de lo indebido como indemnización por mora de la
autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la
norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el
contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber
cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho
generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la
procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o
actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el
entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del
marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal
dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y
fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en
el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y
es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución.


     Por lo expuesto y fundado, se resuelve:


     PRIMERO.      Sí   existe   contradicción   entre   las    tesis
sustentadas por el Quinto y Sexto Tribunales Colegiados en
Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los recursos
de queja 28/2010 y 2/2010, respectivamente.


     SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter jurisprudencial el
criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, bajo la tesis jurisprudencial redactada en
el último considerando de esta resolución.


                                                               102
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        Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los
Tribunales Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que
se establece en este fallo a la Dirección General de la
Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, así
como de la parte considerativa correspondiente para su
publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, y hágase del conocimiento del Pleno y de la Primera Sala
de esta Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales Colegiados
de Circuito y Juzgados de Distrito la tesis jurisprudencial que se
sustenta en la presente resolución, en acatamiento a lo previsto
en el artículo 195 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad,
archívese el toca de la contradicción.


        Así lo resolvió, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros
Sergio Armando Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales y
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Presidente de esta Segunda
Sala.


        Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José
Fernando Franco González Salas votaron en contra.

        Fue ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

        Firma el Ministro Presidente y Ponente, con el Secretario de
Acuerdos de la Segunda Sala, que autoriza y da fe.




                     PRESIDENTE Y PONENTE:


                                                             103
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     MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO




                     SECRETARIO DE ACUERDOS:




              LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ



ESTA HOJA CORRESPONDE A LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2010
SUSCITADA ENTRE EL QUINTO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. FALLADO EL DÍA
VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, EN EL SENTIDO SIGUIENTE:
PRIMERO. SÍ EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE LAS TESIS SUSTENTADAS
POR EL QUINTO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO AL RESOLVER LOS RECURSOS
DE QUEJA 28/2010 Y 2/2010, RESPECTIVAMENTE. SEGUNDO. DEBE
PREVALECER CON CARÁCTER JURISPRUDENCIAL EL CRITERIO
SUSTENTADO POR ESTA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, BAJO LA TESIS JURISPRUDENCIAL REDACTADA
EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTA RESOLUCIÓN. CONSTE.


       En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo
previsto en los artículos 3°, fracción II, y 18, fracción II, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el
segundo párrafo del artículo 9°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se
suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que
encuadra en esos supuestos normativos.




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