LEY DE GRACIA

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LEY DE GRACIA Powered By Docstoc
					CODIGO PENAL.
Codificación 000, Registro Oficial Suplemento 147 de 22 de Enero de 1971.

                    LA COMISION JURIDICA

                        Considerando:

      Que con posterioridad al año de 1959 en que se procedió a la codificación
del Derecho Penal Común por la Comisión Legislativa Permanente, se han expedido
numerosas e importantes reformas que es menester incorporarlas de manera adecuada
en el Código Penal; y,

      En ejercicio de la atribución que le confiere el Decreto supremo No. 55, de
8 de julio de 1970, expedido por el señor Presidente de la República, doctor don
José María Velasco Ibarra.

                         Resuelve:

      Primero.- Proceder a la codificación del Código Penal y disponer que se
publique en el Registro Oficial para que tenga fuerza obligatoria.

      Segundo.- Ordenar que se cite el adelante la nueva enumeración de sus
artículos; y,

      Tercero.- Mandar que esta Resolución se inserte en todas las ediciones del
Código Penal codificado por la Comisión Jurídica.

                          LIBRO PRIMERO
       DE LAS INFRACCIONES, DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS
                INFRACCIONES Y DE LAS PENAS EN GENERAL

                             TITULO I
                         DE LA LEY PENAL

                         CAPITULO UNICO

     Art. 1.- Leyes penales son todas las que contienen algún precepto sancionado
con la amenaza de una pena.

        CONCORD:
        * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 208.
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 1.
        * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 1.
        * LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
124.
        * CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
11.

     Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente
declarado infracción por la Ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella
establecida.

     La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad
al acto.

     Deja de ser punible un acto si una Ley posterior a su ejecución lo suprime
del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria,
quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse.

     Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía
cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa.
     En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de
las acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los
infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 2, 215.
     * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 8.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 5.

      LINK:
      Ver TIPIFICACION DE DELITOS, Gaceta Judicial. Año X. Serie II. Nro. 115.
Pág. 918. (Quito, Julio 7 de 1911).
      Ver TIPIFICACION DE INFRACCIONES PENALES, Gaceta Judicial. Año XXIII. Serie
4. No. 150. Pág. 1203. (Quito, 25 de Febrero de 1924).
      Ver JUSTICIA POR PROPIA MANO, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. No. 10.
Pág. 1141. (Quito, 19 de Octubre de 1950).
      Ver PRINCIPIO REFORMATIO IN PEJUS, Gaceta Judicial. Año LXXXI. Serie XIII.
Nro. 10. Pág. 2201. (Quito, 17 de Diciembre de 1980).
      Ver LEY APLICABLE A LA SANCION DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie
XVI. No. 1. Pág. 27. (Quito, 17 de Junio de 1993).
      Ver LA TIPIFICACION DE UN HECHO LO HACE EL LEGISLADOR, NO EL JUEZ, Gaceta
Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 2. Pág. 308. (Quito, 22 de Agosto de 1994).

     Art. 3.- Se presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos
aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente, nadie puede invocar su
ignorancia como causa de disculpa.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 6, 13.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 8.
     * CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION: Arts. 312.

     Art. 4.- Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. EL juez
debe atenerse, estrictamente, a la letra de la Ley. En los casos de duda se la
interpretará en el sentido más favorable al reo.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION   POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.
     * CODIGO CIVIL   (TITULO PRELIMINAR): Arts. 3, 18, 19.
     * CODIFICACION   DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 7.
     * CODIGO PENAL   DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 9.

      LINK:
      Ver JUICIO DE COMPETENCIA, Gaceta Judicial. Año LXXV. Serie XII. No. 3.
Pág. 589. (Quito, 21 de Junio de 1973).
      Ver COMPETENCIA EN MATERIA PENAL, Gaceta Judicial. Año LXXXIV. Serie XIV.
No. 5. Pág. 1077. (Quito, 21 de Marzo de 1984).
      Ver CRITERIO DE EQUIDAD, Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. No. 7. Pág.
1875. (Quito, 29 de Agosto de 1996).

    Art. 5.- Toda infracción cometida dentro del territorio de la República, por
ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes
ecuatorianas, salvo disposición contraria de Ley.

    Se reputan infracciones cometidas en el territorio de la República:

     Las ejecutadas a bordo de naves o aeróstatos ecuatorianos de guerra o
mercantes, salvo los casos en que los mercantes estén sujetos a una ley penal
extranjera, conforme al Derecho Internacional; y las cometidas en el recinto de
una Legación Ecuatoriana en país extranjero.
     La infracción se entiende cometida en el territorio del Estado cuando los
efectos de la acción u omisión que la constituye deban producirse en el Ecuador o
en los lugares sometidos a su jurisdicción.

     Será reprimido conforme a la Ley ecuatoriana el nacional o extranjero que
cometa fuera del territorio nacional alguna de estas infracciones:

     1a.- Delitos contra la personalidad del Estado;
     2a.- Delitos de falsificación de sellos del Estado, o uso de sellos
falsificados;
     3a.- Delitos de falsificación de moneda o billetes de Banco de curso legal
en el Estado, o de valores sellados, o de títulos de crédito público
ecuatorianos;
     4a.- Delitos cometidos por funcionarios públicos a servicio del Estado,
abusando de sus poderes o violando los deberes inherentes a sus funciones;
     5a.- Los atentados contra el Derecho Internacional; y,
     6a.- Cualquiera otra infracción para la que disposiciones especiales de la
Ley o convenciones internacionales establezcan el imperio de la Ley ecuatoriana.

     Los extranjeros que incurran en alguna de las infracciones detalladas
anteriormente, serán juzgados y reprimidos conforme a las leyes ecuatorianas,
siempre que sean aprehendidos en el Ecuador, o que se obtenga su extradición.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 6, 7, 8, 137.
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 18.
      * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 13.
      * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 42.
      * LEY ORGANICA DE LA FUNCION LEGISLATIVA: Arts. 60, 61, 62, 63, 64.
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 7.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 7.
      * CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE BUSTAMANTE: Arts. 340,
341, 342.

      LINK:
      Ver FUERO PENAL, Gaceta Judicial. Año LIV. Serie 7. No. 9. Pág. 1076.
(Quito, 4 de Julio de 1949).

     Art. 6.- La extradición se realizará en los casos y en la forma determinados
por la Constitución, la Ley de la materia y el Código de Procedimiento Penal.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 25.
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 7.
      * CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE BUSTAMANTE: Arts. 347,
348, 349.

      LINK:
      Ver INIMPUTABILIDAD, Gaceta Judicial. Año LXXIX. Serie XIII. Nro. 4. Pág.
726. (Quito, 20 de Diciembre de 1978).

     Art. 7.- El ecuatoriano que, fuera de los casos contemplados en el artículo
anterior, cometiere en país extranjero un delito para el que la ley ecuatoriana
tenga establecida pena privativa de libertad mayor de un año, será reprimido
según la ley penal del Ecuador, siempre que se encuentre en territorio
ecuatoriano.

      Nota: Artículo Reformado por Disposición Final Primera de Ley No. 24
publicada en Registro Oficial Suplemento 144 de 18 de Agosto del 2000.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 25.
     Art. 8.- Cuando la Ley penal hace depender del decurso del tiempo algún
efecto jurídico, para el cómputo del lapso legal se contarán todos los días.

      CONCORD:
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 6.
      * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 33, 34, 35.

     Art. 9.- Cuando dos disposiciones penales estén en oposición, prevalecerá la
especial.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.
      * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 12.
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 9.

                        TITULO II
               DE LAS INFRACCIONES EN GENERAL

                       CAPITULO I
          De la Infracción consumada y de la tentativa

     Art. 10.- Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes
penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la
pena peculiar.

      CONCORD:
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 57, 60.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 1, 2, 3.
      * LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
58.
      * CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION: Arts. 314, 315.
      * LEY ORGANICA DE ADUANAS, CODIFICACION: Arts. 80, 81.

      LINK:
      Ver CALIFICACION DE INFRACCIONES, Gaceta Judicial. Año XXVIII. Serie V. No.
7. Pág. 112. (Quito, 31 de Agosto de 1929).

     Art. 11.- Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la Ley como
infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la existencia
de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24, 95.
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 2, 88.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 5.

     Art. 12.- No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación
jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.

      CONCORD:
      * CODIGO CIVIL (LIBRO III): Arts. 1010.
      * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1453.
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 64, 65, 66, 69.

     Art. 13.- El que ejecuta voluntariamente un acto punible será responsable de
el, e incurrirá en la pena señalada para la infracción resultante, aunque varíe
el mal que el delincuente quiso causar, o recaiga en distinta persona de aquella
a quien se propuso ofender.

     En caso de concurrir con el acto punible causas preexistentes, simultáneas o
supervenientes, independientes de la voluntad del autor, se observarán las reglas
que siguen:
     Si el acontecimiento, que no estuvo en la intención del autor, se realiza
como consecuencia de la suma de una o más de estas causas con el acto punible, el
reo responderá de delito preterintencional.

     Si el acontecimiento se verifica como resultado de una o más de dichas
causas, sin sumarse al acto punible, no será responsable el autor sino de la
infracción constituida por el acto mismo.

       CONCORD:
       * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 59.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 10.

      LINK:
      Ver HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, Gaceta Judicial. Año LXXV. Serie XII. No.
5. Pág. 1072. (Quito, 24 de Abril de 1974).
      Ver DELITO PREINTENCIONAL, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 11.
Pág. 2288. (Quito, 8 de Marzo de 1976).
      Ver DELITO PRETERINTENCIONAL, Gaceta Judicial. Año LXXIX. Serie XIII. Nro.
5. Pág. 975. (Quito, 11 de Mayo de 1979).
      Ver DELITO PRETERINTENCIONAL, Gaceta Judicial. Año LXXXI. Serie XIII. Nro.
12. Pág. 2891. (Quito, 30 de Julio de 1981).
      Ver TENENCIA ILICITA DE ESTUPEFACIENTES, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie
XVI. No. 8. Pág. 2103. (Quito, 16 de Mayo de 1997).

      Art. 14.- La infracción es dolosa o culposa.

      La infracción dolosa que es aquella en que hay el designio de causar daño,
es:

     Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el
resultado de la acción o de la omisión de que la ley hace depender la existencia
de la infracción, fue previsto y querido por el agente como consecuencia de su
propia acción u omisión; y;

     Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento
dañoso o peligroso más grave que aquel que quiso el agente.

     La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto
pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia,
impericia, o inobservancia de Ley, reglamentos u órdenes.

       CONCORD:
       * CODIGO   CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 29.
       * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 11.
       * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 56, 57, 58, 76.
       * CODIGO   TRIBUTARIO, CODIFICACION: Arts. 316.

      LINK:
      Ver CUERPO DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año LVIII. Serie 8. No. 10. Pág.
1005. (Quito, 23 de Marzo de 1955).

     Art. 15.- La acción u omisión prevista por la Ley como infracción no será
punible cuando es el resultado de caso fortuito o fuerza mayor.

       CONCORD:
       * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.
       * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 30.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 12.
       * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 56, 59.

     Art. 16.- Quien practica actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la
realización de un delito, responde por tentativa si la acción no se consuma o el
acontecimiento no se verifica.
     Si el autor desiste voluntariamente de la acción está sujeto solamente a la
pena por los actos ejecutados, siempre que éstos constituyan una infracción
diversa, excepto cuando la Ley, en casos especiales, califica como delito la mera
tentativa.

     Si voluntariamente impide el acontecimiento, está sujeto a la pena
establecida para la tentativa, disminuida de un tercio o la mitad.

    Las contravenciones solo son punibles cuando han sido consumadas.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 59.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 11, 13.
     * CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION: Arts. 326.

      LINK:
      Ver TENTATIVA DE HOMICIDIO, Gaceta Judicial. Año II. Serie II. Nro. 102.
Pág. 815. (Quito, Noviembre 14 de 1899).
      Ver TENTATIVA DE HOMICIDIO, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. No. 11. Pág.
1305. (Quito, 1 de Septiembre de 1949).
      Ver TENTATIVA E HOMICIDIO, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 14.
Pág. 3200. (Quito, 28 de Marzo de 1977).
      Ver TENTATIVA DE ASESINATO, Gaceta Judicial. Año LXXXII. Serie XIII. Nro.
15. Pág. 3677. (Quito, 12 de Marzo de 1982).
      Ver EXISTENCIA MATERIAL DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI.
No. 1. Pág. 51. (Quito, 27 de Septiembre de 1993).
      Ver COMPROBACION DE LA EXISTENCIA DE LA INFRACCION PENAL, Gaceta Judicial.
Año XCIV. Serie XVI. No. 1. Pág. 52. (Quito, 28 de Septiembre de 1993).
      Ver EXISTENCIA MATERIAL DEL DELITO, SENTENCIA 1, Gaceta Judicial. Año XCIV.
Serie XVI. No. 1. Pág. 62. (Quito, 18 de Noviembre de 1993).
      Ver EXISTENCIA MATERIAL DEL DELITO, SENTENCIA 2, Gaceta Judicial. Año XCIV.
Serie XVI. No. 1. Pág. 63. (Quito, 18 de Noviembre de 1993).
      Ver COMPROBACION DE LA EXISTENCIA DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año XCIV.
Serie XVI. No. 1. Pág. 69. (Quito, 24 de Noviembre de 1993).
      Ver EXISTENCIA MATERIAL DE LA INFRACCION, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie
XVI. No. 1. Pág. 75. (Quito, 15 de Diciembre de 1993).
      Ver EXISTENCIA MATERIAL DE LA INFRACCION, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie
XVI. No. 2. Pág. 279. (Quito, 23 de Febrero de 1994).
      Ver CUERPO DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 3. Pág.
607. (Quito, 13 de Enero de 1995).

     Art. 17.- La conspiración y la proposición para cometer un delito solo serán
reprimidas en los casos que la Ley determina.

     Se entiende que hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan
para la ejecución de un delito; y existe proposición, cuando el que ha resuelto
cometerlo propone su comisión a otra u otras personas.

     Si la conspiración o la proposición, aún en el caso de estar reprimida por
la Ley, deja de producir efectos por haber sus autores desistido voluntariamente
de la ejecución, antes de iniciarse procedimiento judicial contra ellos, no se
les aplicará pena alguna.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 14.

      LINK:
      Ver CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No. 1.
Pág. 25. (Quito, 13 de Mayo de 1993).

                       CAPITULO II
            De las circunstancias de la infracción
     Art. 18.- No hay infracción cuando el acto está ordenado por la Ley, o
determinado por resolución definitiva de autoridad competente, o cuando el
indiciado fue impulsado a cometerlo por una fuerza que no pudo resistir.

      CONCORD:
      * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1472.
      * CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
46.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 15, 20.

      LINK:
      Ver COMPETENCIA PENAL MILITAR, Gaceta Judicial. Año XV. Serie III. Nro.
136. Pág. 2325. (Quito, 12 de Abril de 1916).
      Ver COMPETENCIA PENAL MILITAR, Gaceta Judicial. Año XV. Serie III. Nro.
138. Pág. 2341. (Quito, 9 de Junio de 1916).

     Art. 19.- No comete infracción de ninguna clase el que obra en defensa
necesaria de su persona, con tal que concurran las siguientes circunstancias:
actual agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para repeler
dicha agresión, y falta de provocación suficiente de parte del que se defiende.

      CONCORD:
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 21.

      LINK:
      Ver LEGITIMA DEFENSA, Gaceta Judicial. Año V. Serie II. Nro. 9. Pág. 72.
(Quito, Febrero 9 de 1884).
      Ver MUERTE POR LEGITIMA DEFENSA, Gaceta Judicial. Año LXXII. Serie XII. No.
14. Pág. 3203. (Quito, 18 de Abril de 1977).
      Ver LEGITIMA DEFENSA, Gaceta Judicial. Año LXXIX. Serie XIII. Nro. 4. Pág.
791. (Quito, 17 de Noviembre de 1978).
      Ver LEGITIMA DEFENSA, Gaceta Judicial. Año LXXXI. Serie XIII. Nro. 10. Pág.
2152. (Quito, 19 de Marzo de 1980).
      Ver LEGITIMA DEFENSA, Gaceta Judicial. Año LXXXI. Serie XIII. Nro. 12. Pág.
2771. (Quito, 29 de Julio de 1981).
      Ver LEGITIMA DEFENSA, Gaceta Judicial. Año LXXXII. Serie XIII. Nro. 13.
Pág. 3113. (Quito, 18 de Diciembre de 1981).
      Ver LEGITIMA DEFENSA, Gaceta Judicial. Año LXXXVIII. Serie XV. No. 3. Pág.
636. (Quito, 4 de Febrero de 1987).

     Art. 20.- Se entenderá que concurren las circunstancias enumeradas en el
artículo anterior, si el acto ha tenido lugar defendiéndose contra los autores de
robo o saqueo ejecutados con violencia; o atacando a un incendiario, o al que
roba o hurta en un incendio, cuando son aprehendidos en delito flagrante; o
rechazando durante la noche el escalamiento o fractura de los cercados, murallas
o entradas a una casa o departamento habitados o de sus dependencias, a menos que
conste que el autor no pudo creer en un atentado contra las personas, ya se
atienda al propósito directo del individuo que escalaba o fracturaba, ya a las
resistencias que debían encontrar las intenciones de éste.

      CONCORD:
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 162.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 21.

     Art. 21.- No comete infracción alguna el que obra en defensa de otra
persona, siempre que concurran las dos primeras circunstancias del Art. 19 y que,
en caso de haber precedido provocación al agresor, no hubiere tomado parte en
ella el que defiende.

     Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 165 de 17 de
Febrero de 1971, y nuevamente publicada en Registro Oficial 173 de 3 de Marzo de
1971.
     Art. 22.- Tampoco hay infracción alguna cuando una persona mata o causa
lesiones a otra en el momento de ser víctima de un delito de abuso sexual o
violación.

      Nota: El adulterio como delito fue suprimido por el artículo final del
Código de Procedimiento Penal, Ley No. 143, publicada en Registro Oficial 511 de
10 de Junio de 1983.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45
de 23 de Junio del 2005.

     Art. 23.- No hay infracción en los golpes que se den sin causar heridas o
lesiones graves, a los reos de hurto o robo, cuando se les sorprende en flagrante
delito, o con las cosas hurtadas o robadas.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 162.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 23.

     Art. 24.- No se impondrá ninguna pena al que, en la necesidad de evitar un
mal, ejecuta un acto que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que sea
real el mal que se haya querido evitar, que sea mayor que el causado para
prevenirlo, y que no haya habido otro medio practicable y menos perjudicial para
impedirlo.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 194.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 22, 24, 25, 26.

     Art. 25.- Son excusables el homicidio, las heridas y los golpes, cuando son
provocados por golpes, heridas u otros maltratamientos graves de obra, o fuertes
ataques a la honra o dignidad, inferidos en el mismo acto al autor del hecho, o a
su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, o afines dentro del segundo
grado.

     Son también excusables las infracciones determinadas en el inciso anterior,
cuando son el resultado de un exceso de legítima defensa.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 22, 23.
     * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 171, 172.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 27.

      LINK:
      Ver CIRCUNSTANCIAS EXCUSANTES, Gaceta Judicial. Año LXXXI. Serie XIII. Nro.
11. Pág. 2483. (Quito, 24 de Febrero de 1981).
      Ver EXCESO DE LEGITIMA DEFENSA, Gaceta Judicial. Año LXXXV. Serie XIV. No.
9. Pág. 2135. (Quito, 28 de Agosto de 1985).

     Art. 26.- Son igualmente excusables dichas infracciones cuando han sido
cometidas rechazando durante el día el escalamiento o fractura de los cercados,
murallas, o entradas de una casa habitada, o de sus dependencias; salvo que
conste que el autor del hecho no pudo creer en un atentado contra las personas,
ya sea tienda al propósito directo del individuo que intentaba el escalamiento o
fractura, ya al efecto de la resistencia que encontrarían las intenciones de
éste.

     Art. 27.- Nota: Suspendido el efecto de este artículo. Dado por Resolución
del Tribunal de Garantías Constitucionales, publicado en Registro Oficial 224 de
3 de Julio de 1989.

      Nota: Artículo derogado por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial 365
de 21 de Julio de 1998.
     Art. 28.- Los motivos de excusa enumerados en los Arts. 25 y 26, no son
admisibles si el culpado comete la infracción en la persona de sus ascendientes.

     Art. 29.- Son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a las
causas impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física e intelectual
del delincuente, a su conducta con respecto al acto y sus consecuencias,
disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma ocasionada en la sociedad, o
dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como en los casos
siguientes:

     1o.- Preceder de parte del acometido provocaciones, amenazas o injurias, no
siendo éstas de las calificadas como circunstancias de excusa;
     2o.- Ser el culpable mayor de sesenta años de edad;
     3o.- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las
consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo;
     4o.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables;
     5o.- Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su
acción con la fuga o el ocultamiento;
     6o.- Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la
infracción;
     7o.- Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de
un individuo peligroso;
     8o.- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente que
cometió el acto punible por ignorancia;
     9o.- Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social;
     10o.- La confesión espontánea, cuando es verdadera;
     11o.- En los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa
familia, o la falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación
excepcional; o cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir
honradamente los medios de subsistencia, en la época en que cometió la
infracción; y,
     12o.- En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del daño causado,
relativamente a las posibilidades del ofendido.

      CONCORD:
      * CODIGO   DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 115.
      * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 62, 69, 73.
      * LEY DE   SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
88, 89.
      * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 28.
      * CODIGO   TRIBUTARIO, CODIFICACION: Arts. 319.

      LINK:
      Ver ATENUANTES, Gaceta Judicial. Año I. Serie I. Nro. 51. Pág. 405. (Quito,
Enero 9 de 1886).
      Ver CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, Gaceta Judicial. Año III. Serie II. Nro.
120. Pág. 960. (Quito, Diciembre 2 de 1885).
      Ver CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, Gaceta Judicial. Año XVI. Serie III. Nro.
169. Pág. 2588. (Quito, 17 de Abril de 1917).
      Ver CONFESION JUDICIAL EN LO PENAL, Gaceta Judicial. Año LXXVIII. Serie
XIII. Nro. 2. Pág. 258. (Quito, 16 de Febrero de 1978).
      Ver CONDUCTA EJEMPLAR Y RUSTICIDAD, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI.
No. 2. Pág. 287. (Quito, 25 de Enero de 1994).
      Ver CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 2.
Pág. 305. (Quito, 9 de Septiembre de 1994).
      Ver ATENUANTES IMPROCEDENTES, Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. No. 5.
Pág. 1231. (Quito, 2 de Abril de 1996).
      Ver ATENUANTES, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 8. Pág. 2110.
(Quito, 19 de Marzo de 1997).
      Ver CERTIFICADOS DE BUENA CONDUCTA, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI.
Nro. 11. Pág. 2840. (Quito, 26 de Marzo de 1998).
      Art. 29-A.- Para los delitos de trata de personas y delitos sexuales, no se
considerarán circunstancias atenuantes, excepto las siguientes:

      l. La contemplada en el numeral 5 del artículo 29; y,
      2. Que el sospechoso, imputado o acusado colabore eficazmente con las
autoridades en la investigación del delito.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

     Art. 30.- Son circunstancias agravantes, cuando no son constitutivas o
modificatorias de la infracción, todas las que aumentan la malicia del acto, o la
alarma que la infracción produce en la sociedad, o establecen la peligrosidad de
sus autores, como en los casos siguientes:

     1o.- Ejecutar la infracción con alevosía, traición, insidias o sobre seguro;
o por precio, recompensa o promesa; o por medio de inundación, naufragio,
incendio, veneno, minas, descarrilamiento de ferrocarriles, armas prohibidas, u
otros medios que pongan en peligro a otras personas a más de la ofendida; o
empleando la astucia, el disfraz, el fraude; o con ensañamiento o crueldad,
haciendo uso de cualquier tortura u otro medio de aumentar y prolongar el dolor
de la víctima; o imposibilitando al ofendido para defenderse, ya sea que para
esto se le prive del uso de la razón, ya se empleen auxiliares en la comisión del
delito; o haberse cometido éste como medio de cometer otro; o perpetrar el acto
prevaliéndose el autor de su condición de autoridad, o entrando deliberadamente
en la casa de la víctima, o después de haber recibido algún beneficio de ésta;
     2o.- Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción
popular u otra calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la
infracción;
     3o.- Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de personas que aseguren
la impunidad; o tomando falsamente el título, las insignias o el nombre de la
autoridad; o mediante orden falsa de ésta; o con desprecio u ofensa de los
depositarios del poder público; o en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo
sus funciones; o donde se celebre una ceremonia religiosa de cualquier culto
permitido o tolerado en la República;
     4o.- Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la
noche; o en pandilla; o abusando de la amistad o de la confianza que se dispense
al autor; o con escalamiento o fractura; con ganzúas o llaves falsas y maestras;
o con violencia;
     5o.- Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber
aumentado o procurado aumentar las consecuencias dañosas de la infracción;
cometer el acto contra un agente consular o diplomático extranjero; y, en los
delitos contra la propiedad, causar un daño de relevante gravedad, en
consideración a las condiciones del ofendido.
      6o. Ejecutar la infracción por motivos de discriminación, referente al
lugar de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión,
filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud,
discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.

      Nota: Literal 6o. agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45
de 23 de Junio del 2005.

     CONCORD:
     * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 70.
     * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 29.
     * CODIGO   TRIBUTARIO, CODIFICACION: Arts. 318.
     * LEY DE   PROPIEDAD INTELECTUAL: Arts. 327.
     * CODIGO   PENAL: Arts. 450.

      LINK:
      Ver CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES, Gaceta Judicial. Año XXXIV.
Serie V. No. 123. Pág. 2942. (Quito, 29 de Octubre de 1934).
      Ver CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE Y CONSTITUTIVA DE LA INFRACCION, Gaceta
Judicial. Año LXXV. Serie XII. No. 5. Pág. 1016. (Quito, 11 de Marzo de 1974).
      Ver CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, Gaceta Judicial. Año LXXX. Serie XIII. Nro.
8. Pág. 1700. (Quito, 18 de Marzo de 1980).
      Ver ATENUANTES DE LA INFRACCION, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No.
4. Pág. 920. (Quito, 12 de Octubre de 1995).

      Art. 30-A.- En el caso de delitos sexuales y de trata de personas, se
considerarán como circunstancias agravantes, cuando no fueren constitutivas o
modificatorias de la infracción y se aplicarán sin perjuicio de las
circunstancias agravantes generales señaladas en el artículo anterior, las
siguientes:

      1. Si la víctima es una persona mayor de sesenta años o menor de dieciocho
años de edad, persona con discapacidad o de aquellas que el Código Civil
considera incapaces;
      2. Encontrarse la víctima, al momento de la comisión del delito, en
establecimientos públicos o privados, tales como los de salud, educación, culto,
investigación, asistencia o refugio, en centros de rehabilitación social o en
recintos policiales o militares, u otros similares;
      3. Aprovecharse de que la víctima atraviesa por una situación de
vulnerabilidad, extrema necesidad económica o de abandono;
      4. Haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o
mortal, o haberle producido lesiones que causen incapacidad permanente,
mutilaciones, pérdida o inutilización de órganos, discapacidad física,
perturbación emocional, trastorno psicológico o mental;
      5. Si la víctima estuviere o resultare embarazada, o si estuviere en
puerperio, o si abortare como consecuencia de la comisión del delito;
      6. Si la víctima estuviere incapacitada física o mentalmente;
      7. Tener el infractor algún tipo de relación de poder y/o autoridad sobre
la víctima, o si es adoptante, tutor, curador o si tiene bajo su cuidado, por
cualquier motivo, a la víctima;
      8. Compartir con la víctima el ámbito familiar;
      9. Conocer a la víctima con anterioridad a la comisión del delito;
      10. Si el delito sexual ha sido cometido como una forma de tortura, o con
fines de intimidación, degradación, humillación, discriminación, venganza o
castigo;
      11. Si el delito ha sido cometido por funcionarios públicos, docentes o
ministros de algún culto, que han abusado de su posición para cometerlo, por
profesionales de la salud y personas responsables en la atención del cuidado del
paciente; o cualquier otra clase de profesional o persona que hubiere abusado de
su función o cargo para cometer el delito; y,
      12. Haber utilizado para cometer el delito, alguna sustancia que altere el
conocimiento o la voluntad de la víctima.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

     Art. 31.- Se reputará como circunstancia agravante de la infracción el hecho
de ser la víctima cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, o ser ascendiente o descendiente del
ofensor.

      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45
de 23 de Junio del 2005.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1572.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 27, 31.

                       TITULO III
           DE LA IMPUTABILIDAD Y DE LAS PERSONAS
             RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES
                        CAPITULO I
                    De la responsabilidad

     Art. 32.- Nadie puede ser reprimido por un acto previsto en la Ley como
infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 98.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 15.

     Art. 33.- Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las
infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de las
circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo
intención dañada al cometerlo.

     CONCORD:
     * CODIGO   CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 32,
     * CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1467.
     * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 60.
     * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 16.

     Art. 34.- No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción
u omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba
imposibilitado de entender o de querer.

     Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que conozca de
la causa decretará su internamiento en un hospital psiquiátrico; y no podrá ser
puesto en libertad sino con audiencia del ministerio público y previo informe
satisfactorio de dos médicos designados por el juez y que de preferencia serán
psiquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las facultades intelectuales del
internado.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 219.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 17.

      LINK:
      Ver INIMPUTABILIDAD, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. Nro. 13. Pág.
3583. (Quito, 24 de noviembre de 1998).

    Art. 35.- Quien, en el momento de realizar el acto delictuoso estaba, por
razón de enfermedad, en tal estado mental que, aunque disminuida la capacidad de
entender o de querer, no le imposibilitaba absolutamente para hacerlo, responderá
por la infracción cometida, pero la pena será disminuida como lo establece este
Código.

     Art. 36.- Cuando la acción u omisión que la Ley ha previsto como infracción
es, en cuanto al hecho y no al derecho, resultante del engaño de otra persona,
por el acto de la persona engañada responderá quien le determinó a cometerlo.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 18.

     Art. 37.- En tratándose de la embriaguez del sujeto activo de la infracción,
o de intoxicación por sustancias estupefacientes, se observarán las siguientes
reglas:

     1a.- Si la embriaguez que derive de caso fortuito o fuerza mayor, privo del
conocimiento al autor, en el momento en que cometió el acto, no habrá
responsabilidad;
     2a.- Si la embriaguez no era completa, pero disminuía grandemente el
conocimiento, habrá responsabilidad atenuada;
     3a.- La embriaguez no derivada de caso fortuito o fuerza mayor, ni excluye,
ni atenúa, ni agrava la responsabilidad;
     4a.- La embriaguez premeditada, con el fin de cometer la infracción, o de
preparar una disculpa, es agravante; y,
     5a.- La embriaguez habitual es agravante. Se considera ebrio habitual a
quien se entrega al uso de bebidas alcohólicas, o anda frecuentemente en estado
de embriaguez.

     CONCORD:
     * CODIGO   CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 30,
     * CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2218.
     * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 70, 98, 138.
     * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 19.

      LINK:
      Ver EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL, Gaceta Judicial. Año V. Serie II.
Nro. 9. Pág. 70. (Quito, Diciembre 4 de 1889).

     Art. 38.- Las reglas del artículo anterior se observarán, respectivamente,
en los casos de intoxicación por sustancias estupefacientes.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 70, 98.

     Art. 39.- Cuando un sordomudo cometiere un delito, no será reprimido si
constare plenamente que ha obrado sin conciencia y voluntad; pero podrá
colocársele en una casa de educación adecuada, hasta por diez años; y si constare
que ha obrado con conciencia y voluntad, se le aplicará una pena que no exceda de
la mitad ni baje de la cuarta parte de la establecida para el delito.

     Art. 40.- Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán
sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia.

      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45
de 23 de Junio del 2005.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 51.
     * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 21.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 68.

                       CAPITULO II
        De las personas responsables de las infracciones

     Art. 41.- Son responsables de las infracciones los autores, los cómplices y
los encubridores.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 309, 310.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 58.

     Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de
una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la
cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han
impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado
la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas,
imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier
otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un
modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que
no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física,
abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el
acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada
con dicho fin.
      CONCORD:
      * CODIGO   CIVIL (LIBRO I): Arts. 110.
      * CODIGO   CIVIL (LIBRO III): Arts. 1032, 1033.
      * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 58.
      * LEY DE   SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
82, 83, 84.
      * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 34.

      LINK:
      Ver AUTORES DE DELITO, Gaceta Judicial. Año XLI. Serie VI. No. 12. Pág.
431. (Quito, 1 de Diciembre de 1943).
      Ver AUTOR DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 3. Pág. 623.
(Quito, 15 de Febrero de 1995).

     Art. 43.- Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la
ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.

     Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado
de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por
el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que
pretendió ejecutar.

      CONCORD:
      * CODIGO   CIVIL (LIBRO I): Arts. 109.
      * CODIGO   CIVIL (LIBRO III): Arts. 1010, 1011.
      * CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2216.
      * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 58.
      * LEY DE   SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
85.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 35, 36.

      LINK:
      Ver COMPLICE DE HOMICIDIO, Gaceta Judicial. Año LXXIX. Serie XIII. Nro. 6.
Pág. 1239. (Quito, 29 de Junio de 1979).
      Ver AUTOR DEL DELITO Y COMPLICE, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No.
1. Pág. 70. (Quito, 7 de Diciembre de 1993).
      Ver DISTINCION ENTRE AUTOR O COMPLICE DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año XCV.
Serie XVI. No. 2. Pág. 276. (Quito, 27 de Enero de 1994).

    Art. 44.- Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los
malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de
reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del
delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales
de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su
represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u
oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el
esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de
favorecer al delincuente.

      CONCORD:
      * CODIGO CIVIL (LIBRO III): Arts. 1011.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 37.

      LINK:
      Ver ENCUBRIMIENTO EN EL DELITO DE ROBO, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie
XVI. No. 2. Pág. 302. (Quito, 28 de Febrero de 1994).
      Ver OMISION CULPOSA Y ENCUBRIMIENTO, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI.
No. 2. Pág. 312. (Quito, 6 de Septiembre de 1994).

     Art. 45.- Esta exento de represión el encubrimiento en beneficio del cónyuge
del sindicado; o de sus ascendientes, descendientes y hermanos, o de sus afines
hasta dentro del segundo grado.
     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 22, 23.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 38.

     Art. 46.- Los autores de tentativa sufrirán una pena de uno a dos tercios de
la que se les habría impuesto si el delito se hubiere consumado. Para la
aplicación de la pena se tomará necesariamente en consideración el peligro
corrido por el sujeto pasivo de la infracción y los antecedentes del acusado.

     Art. 47.- Los cómplices serán reprimidos con la mitad de la pena que se les
hubiere impuesto en caso de ser autores del delito.

     Art. 48.- Los encubridores serán reprimidos con la cuarta parte de la pena
aplicable a los autores del delito; pero en ningún caso ésta excederá de dos
años, ni será de reclusión.

     Art. 49.- En los casos de delitos contra las personas, quedarán exentos de
responsabilidad, por ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido
grandes beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución.

     Art. 50.- En el caso de conocimiento limitado por enfermedad, contemplado en
el Art. 35, la pena aplicable al infractor será de un cuarto a la mitad de la
señalada a la infracción, de acuerdo con las circunstancias que serán debidamente
apreciadas por el juez.

                         TITULO IV
                        DE LAS PENAS

                         CAPITULO I
                   De las penas en general

     Art. 51.- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes:

     Penas peculiares del delito:

     1.-   Reclusión mayor;
     2.-   Reclusión menor;
     3.-   Prisión de ocho días a cinco años;
     4.-   Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;
     5.-   Sujeción a la vigilancia de la autoridad;
     6.-   Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y,
     7.-   Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público.

     Penas peculiares de la contravención:

     1.- Prisión de uno a siete días.
     2.- Multa.

     Penas comunes a todas las infracciones:

     1.- Multas.
     2.- Comiso Especial.

     Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
      *   CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 24.
      *   CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
1, 57.
      *   LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 71, 72, 73.
      *   LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL: Arts. 150.
      *   CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 40, 41, 42.

      LINK:
      Ver LA INFRACCION CALIFICA POR LA MAGNITUD DE LA PENA, Gaceta Judicial. Año
LXI. Serie IX. No. 1. Pág. 52. (Quito, 31 de Julio de 1958).

     Art. 52.- Toda sentencia condenatoria lleva envuelta la obligación solidaria
de pagar las costas procesales por parte de todos los responsables del delito.
Los daños y perjuicios serán pagados asimismo en forma solidaria por todos los
responsables contra quienes se haya ejercitado acusación particular con el objeto
de alcanzar tal indemnización.

      CONCORD:
      * CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2214.
      * CODIGO   DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 312.
      * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 57, 65, 117, 118, 141.
      * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 44, 45, 308.

      LINK:
      Ver INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, Gaceta Judicial. Año VIII. Serie II. Nro.
77. Pág. 614. (Quito, Marzo 1 de 1887).

      Art. 53.- La reclusión mayor, que se cumplirá en los Centros de
Rehabilitación Social del Estado, se divide en:

      a) Ordinaria de cuatro a ocho años y, de ocho a doce años;
      b) Extraordinaria de doce a dieciséis años; y
      c) Especial de dieciséis a veinticinco años.

     Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

      CONCORD:
      * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 103, 110, 329.
      * CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
20.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 51, 55, 56.

     Art. 54.- La reclusión menor, que se cumplirá en los establecimientos
precitados, se divide en ordinaria de tres a seis años y de seis a nueve años, y
en extraordinaria de nueve a doce años.

     Los condenados a reclusión menor estarán también sometidos a trabajos de
reeducación o a trabajos en talleres comunes; y solo se les hará trabajar fuera
del establecimiento al organizarse colonias penales agrícolas, y no se les
aislará, a no ser por castigos reglamentarios, que no podrán pasar de ocho días.

     Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 51, 55, 56.

     Art. 55.- La prisión correccional la sufrirán los condenados en las cárceles
del respectivo cantón, en las de la capital de provincia o en secciones
apropiadas de las penitenciarias, debiendo ocuparse en los trabajos
reglamentarios, en talleres comunes.

     Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 60.

     Art. 56.- Toda condena a reclusión mayor ordinaria o extraordinaria, o
reclusión menor extraordinaria, lleva consigo la interdicción del reo, mientras
dure la pena. La interdicción surte efecto desde que la sentencia causa
ejecutoria, y priva al condenado de la capacidad de disponer de sus bienes, a no
ser por acto testamentario.

     Los condenados a reclusión menor ordinaria, en el caso de reincidencia, o en
el de concurrencia de varios delitos que merezcan pena de reclusión, quedarán
también sujetos a interdicción.

     El nombramiento del correspondiente guardador se hará conforme a las reglas
del Código Civil para la curaduría del disipador.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 28.
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 367, 371, 383, 415, 416, 463, 468.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 52.

     Art. 57.- No se interpondrá pena de reclusión al mayor de sesenta años,
excepto en los delitos sexuales y de trata de personas, casos en que el sindicado
tampoco podrá cumplir prisión preventiva domiciliaria. El que en tal edad
cometiere un delito reprimido con reclusión, cumplirá el tiempo de la condena en
un establecimiento destinado a prisión correccional.

     Si hallándose ya en reclusión cumpliere sesenta años, pasará a cumplir su
condena en una casa de prisión, conforme al inciso anterior.

     Lo mismo podrán resolver los jueces respecto de las personas débiles o
enfermas.

      Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 165 de 17 de
Febrero de 1971, y nuevamente publicada en Registro Oficial 173 de 3 de Marzo de
1971.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45
de 23 de Junio del 2005.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 53.

     Art. 58.- Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será
notificada con sentencia que le imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90
días después del parto.

      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial
365 de 21 de Julio de 1998.
       CONCORD:
       * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 36, 47.
       * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 61.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 48.

     Art. 59.- La duración de un día para computar el tiempo de la condena, es de
veinticuatro horas; y la de un mes, de treinta días.

     Toda detención, antes de que el fallo esté ejecutoriado, será imputada a la
duración de la pena de privación de la libertad, si dicha detención ha sido
ocasionada por la infracción que se reprime.

       CONCORD:
       * CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
56.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 50.

     Art. 60.- Toda sentencia que condene a reclusión o a prisión causa la
suspensión de los derechos de ciudadanía por un tiempo igual al de la condena;
pero en los casos que determina expresamente este Código, los jueces y tribunales
podrán imponer la suspensión de tales derechos, por un término de tres a cinco
años, aunque la prisión no pase de seis meses.

       CONCORD:
       * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 28, 101.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 54.

     Art. 61.- En virtud de la sujeción a la vigilancia especial de la autoridad,
puede el juez prohibir que el condenado se presente en los lugares que le
señalare, después de cumplida la condena; para lo que, antes de ser puesto en
libertad, el condenado indicará el lugar que elija para su residencia, y recibirá
una boleta de viaje, en la que se determinará el itinerario forzoso y la duración
de su permanencia en cada lugar de tránsito.

     Además, estará obligado a presentarse ante la autoridad    de policía del lugar
de su residencia dentro de las veinticuatro horas siguientes    a su llegada, y no
podrá trasladarse a otro lugar, sin permiso escrito de dicha    autoridad, la que
tiene derecho para imponer al vigilado ocupación y método de    vida, si no los
tuviere.

       CONCORD:
       * CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
57.

     Art. 62.- Los condenados a pena de reclusión pueden ser colocados, por la
sentencia condenatoria, bajo la vigilancia de la autoridad, por cinco a diez
años; y si reincidieren en el mismo delito o cometieren otro que merezca la pena
de reclusión, esa vigilancia durará toda la vida.

     Art. 63.- Las multas por delitos pertenecen al Fisco; y serán impuestas a
cada uno de los condenados por una misma infracción.

      La multa se cobrará por apremio real.

       CONCORD:
       * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 129, 155.

     Art. 64.- En la sentencia podrá el juez autorizar al condenado a pagar la
multa por cuotas; debiendo fijarse el monto y la fecha de los pagos, según la
condición económica del condenado.

     Art. 65.- El comiso especial recae: sobre las cosas que fueron el objeto de
la infracción; sobre las que han servido, o han sido destinadas para cometerla,
cuando son de propiedad del autor del acto punible, o del cómplice; y sobre las
que han sido producidas por la infracción misma.

     El comiso especial será impuesto por delito, sin perjuicio de las demás
penas establecidas por la Ley; pero, al tratarse de una contravención, no se
impondrá sino en los casos expresamente determinados por la Ley.

      CONCORD:
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 41, 57, 75, 79.
      * LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
86.
      * LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Arts. 330.

     Art. 66.- El trabajo es obligatorio en los establecimientos destinados a
reclusión y prisión correccional, y su producto se invertirá en la forma señalada
en la Ley respectiva.

     El producto del trabajo del penado no es susceptible de embargo ni
secuestro, salvo para el pago de alimentos forzosos.

     Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 165 de 17 de
Febrero de 1971, y nuevamente publicada en Registro Oficial 173 de 3 de Marzo de
1971.

      CONCORD:
      * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 349.
      * CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
39, 58.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 58.

     Art. 67.- La condena a las penas establecidas por este Código es
independiente de la indemnización de daños y perjuicios de acuerdo con las normas
de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil. Determinado el monto de la
indemnización se lo recaudará por apremio real.

     Podrá el damnificado o quien ejerza su representación legal reclamar ante el
fuero penal la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el delito,
mediante la correspondiente acusación particular que con tal objeto se intente.
La liquidación de las indemnizaciones declaradas en sentencia firme se llevará a
cabo en juicio verbal sumario, conforme prescribe el Código de Procedimiento
Penal.

     La recaudación se realizará por apremio real en contra del deudor o del
civilmente responsable.

     En caso de insolvencia comprobada, por las costas procesales no habrá
apremio alguno.

      CONCORD:
      * CODIGO   DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 31, 159, 176, 186, 245, 309,
312, 391, 402.
      * CODIGO   CIVIL (LIBRO II): Arts. 879, 972, 974.
      * CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1453, 1572, 2218, 2229, 2231, 2232, 2233,
2234, 2351.
      * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 109, 140.
      * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: 45.

      LINK:
      Ver DAÑOS Y PERJUICIOS, Gaceta Judicial. Año I. Serie II. Nro. 52. Pág.
413. (Quito, Enero 11 de 1886).
      Ver INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, Gaceta Judicial. Año XXVIII. Serie
V. No. 19. Pág. 326. (Quito, 31 de Julio de 1929).
     Art. 68.- Cuando los bienes del condenado no fueren suficientes para pagar
los daños y perjuicios, la multa y las restituciones, serán preferidas las dos
primeras condenaciones; y en concurrencia de multa y costas debidas al Fisco, los
pagos que hicieren los condenados les imputarán primeramente a las costas.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 46.

     Art. 69.- Ninguna pena podrá ejecutarse mientras esté pendiente un recurso o
aclaratoria de la sentencia.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 49, 64.

     Art. 70.- Las obligaciones civiles derivadas de las infracciones, no se
extinguen por la muerte del reo.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2216.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 47.

     Art. 71.- El culpado está obligado a publicar, a su costa, la sentencia
condenatoria, cuando la publicación constituya el medio de reparar el daño no
pecuniario ocasionado por el delito.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2231.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 59.

                       CAPITULO II
          De la aplicación y modificación de las penas

      Art. 72.- Cuando haya dos o más circunstancias atenuantes y ninguna
agravante, no constitutiva o modificatoria de la infracción, las penas de
reclusión serán reducidas o modificadas de la siguiente manera:

      La reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años se sustituirá
con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

      La reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años se sustituirá
con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

      La reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años se sustituirá con
reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años.

      La reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años se sustituirá con
reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

      La reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años se sustituirá con
reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

      La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años se sustituirá con prisión
correccional de dos a cinco años.

      La reclusión menor ordinaria de tres a seis años se sustituirá con prisión
correccional de uno a tres años.

     Nota: Agregado inciso final por Decreto Supremo 2636, publicado en el
Registro Oficial 621 de 4 de julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 73.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 66.

      LINK:
      Ver CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, Gaceta Judicial. Año LXVII. Serie X. No. 4.
Pág. 2338. (Quito, 18 de Noviembre de 1963).
      Ver CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE LA INFRACCION, Gaceta Judicial. Año XCIV.
Serie XVI. No. 1. Pág. 60. (Quito, 10 de Noviembre de 1993).
      Ver PENA DE RECLUSION MAYOR ORDINARIA, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI.
No. 2. Pág. 278. (Quito, 28 de Enero de 1994).
      Ver ATENUANTES EN LA PENA, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 3. Pág.
628. (Quito, 15 de Febrero de 1995).

     Art. 73.- Si hay dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante no
constitutiva o modificatoria de infracción, las penas correccionales de prisión y
multa serán reducidas, respectivamente, hasta a ocho días y seis dólares de los
Estados Unidos de Norte América, y podrán los jueces aplicar una sola de estas
penas, separadamente, o reemplazar la de prisión con multa, hasta de doce dólares
de los Estados Unidos de Norte América, si solo aquella está prescrita por la
Ley.

      Nota: Artículo reformado por Art. 1 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 73.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 66.

      LINK:
      Ver EXISTENCIA DE UNA SOLA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE, Gaceta Judicial. Año
XCIV. Serie XVI. No. 1. Pág. 40. (Quito, 26 de Julio de 1993).

     Art. 74.- Cuando hubiere a favor del reo una sola atenuante de carácter
trascendental y se tratare de un sujeto cuyos antecedentes no revelen
peligrosidad, no habiendo agravantes no constitutivas o modificatorias de
infracción, podrán los jueces apreciarla para la modificación de la pena,
conforme a las reglas de los artículos anteriores.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 73.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 67.

     Art. 75.- Cuando exista alguna de las circunstancias de excusa, determinadas
en los Arts. 25, 26 y 27, las penas se reducirán del modo siguiente:

     Si se trata de un delito que merezca reclusión mayor extraordinaria de doce
a dieciséis años, la pena será sustituida por la de prisión correccional de uno a
cinco años y multa que no exceda de treinta y un dólares de los Estados Unidos de
Norte América;

     Si se trata de una infracción reprimida con reclusión mayor ordinaria de
ocho a doce años, se aplicará la pena de prisión correccional de uno a cuatro
años y multa que no exceda de diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norte
América;

     Si la infracción está reprimida con reclusión mayor ordinario de cuatro a
ocho años, se sustituirá esta pena con la de prisión correccional de uno a tres
años y multa que no exceda de dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte
América;
     Si la pena señalada para la infracción es la de reclusión menor
extraordinaria de nueve a doce años, se reemplazará con prisión correccional de
seis meses a dos años y multa que no exceda de doce dólares de los Estados Unidos
de Norte América;

     Si la infracción está reprimida con reclusión menor de seis a nueve años, se
aplicará la pena de prisión correccional de tres meses a un año y multa que no
exceda de nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América;

     Si la pena que debe aplicarse es la de reclusión menor de tres a seis años,
se reemplazará con prisión correccional de uno a seis meses y multa de seis
dólares de los Estados Unidos de Norte América; y,

     Si se trata de un delito reprimido con prisión correccional, la pena quedará
reducida a prisión de ocho días a tres meses y multa de cinco dólares de los
Estados Unidos de Norte América, o una de estas penas solamente.

      Nota: Artículo reformado por Art. 2 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 70.

     Art. 76.- La reducción de la pena de reclusión, en virtud de circunstancias
atenuantes, no impide que al condenado se le coloque bajo la vigilancia especial
de la autoridad durante tres años a lo menos, y seis, a lo más.

     Art. 77.- Hay reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un delito
después de haber cometido uno anterior por el que recibió sentencia condenatoria.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 62, 91.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 71.

      LINK:
      Ver REINCIDENCIA PENAL, Gaceta Judicial. Año XXV. Serie 4. No. 205. Pág.
1644. (Quito, 22 de Mayo de 1925).
      Ver FIGURA DE REINCIDENCIA ESPECIFICA, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI.
No. 2. Pág. 306. (Quito, 28 de Julio de 1994).

     Art. 78.- En las contravenciones hay reincidencia cuando se comete la misma
contravención u otra mayor, en los noventa días subsiguientes a la condena por la
primera falta.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 71.

      LINK:
      Ver REINCIDENCIA PENAL, Gaceta Judicial. Año LVII. Serie VIII. No. 3. Pág.
273. (Quito, 23 de Julio de 1952).

     Art. 79.- Las sentencias condenatorias expedidas en el extranjero se tomarán
en cuenta para la reincidencia.

     Igualmente, se tomarán en cuenta las sentencias condenatorias pronunciadas
por los tribunales militares pero solo al tratarse de delitos de la misma
naturaleza; y, en este caso, solamente se considerará el mínimo de la pena que
podía haberse impuesto en la primera condenación y no la hubiere en realidad
aplicado.

     Art. 80.- En caso de reincidencia se aumentará la pena conforme a la reglas
siguientes:
     1a.- El que habiendo sido condenado antes a pena de reclusión cometiere un
delito reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años, sufrirá la misma
pena, pero de ocho a doce;

     2a.- Si el nuevo delito está reprimido con reclusión mayor de ocho a doce
años, el delincuente será condenado a reclusión mayor extraordinaria de doce a
dieciséis años;
      2b.- El que habiendo sido antes condenado a pena de reclusión cometiere un
delito reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la
pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años; y, si el
nuevo delito es sancionado con reclusión mayor especial de dieciséis a
veinticinco años, la pena será de veinticinco años, no sujeta a modificación.

     3a.- Si un individuo, después de haber sido condenado a pena de reclusión,
cometiere un delito reprimido con reclusión menor de tres a seis años, sufrirá la
misma pena, pero de seis a nueve;
     4a.- Si el nuevo delito cometido es de los que la Ley reprime con reclusión
menor de seis a nueve años, el transgresor será condenado a reclusión menor
extraordinaria;
     5a.- Si el que fue condenado a reclusión menor extraordinaria de nueve a
doce años cometiere otra infracción reprimida con la misma pena, será condenado a
reclusión mayor de doce años;
     6a.- Si el que ha sido condenado a reclusión cometiere un delito reprimido
con prisión correccional, será reprimido con el máximo de la pena por el delito
nuevamente cometido; y, además, se le someterá a la vigilancia de la autoridad
por un tiempo igual al de la condena;
     7a.- Si el que ha sido condenado a pena correccional reincidiere en el mismo
delito, o cometiere otro que merezca también pena correccional, será reprimido
con el máximo de la pena señalada para el delito últimamente cometido; y,
     8a.- Si un individuo condenado a pena correccional cometiere un delito
reprimido con reclusión, se le aplicará la pena señalada para la última
infracción, sin que pueda reconocérsele circunstancias de atenuación.

     Nota: Agregado numeral por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 62, 91.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 30, 72.

      Art. 81.- En caso de concurrencia de varias infracciones, se observarán las
reglas siguientes:

      1.- Si concurren varios delitos reprimidos con penas correccionales, o uno
o más de estos delitos con una o más contravenciones, se acumularán todas las
multas y penas de prisión correccional y de policía; pero de manera que la multa
no pueda exceder del doble de la más rigurosa; y la prisión correccional, de seis
años;
      2.- Cuando concurra un delito reprimido con reclusión con delitos
reprimidos con prisión correccional o una o más contravenciones, se impondrá la
pena señalada al delito más grave;
      3.- Cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión, se impondrá
la pena mayor.

      Cuando concurran varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial, se
acumularán las penas por un máximo de treinta y cinco años;
      4.- Las penas de comiso especial en virtud de varias infracciones
concurrentes, serán siempre acumuladas;
      5.- Cuando haya concurrencia de varias contravenciones se acumularán todas
las penas merecidas por el contraventor, pero no podrán exceder del máximo de la
pena de policía; y,
      6.- Cuando un solo acto constituya varias infracciones únicamente se
impondrá la pena más rigurosa que será hasta de treinta y cinco años, si se trata
de infracciones sancionadas con reclusión mayor especial.

     Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

      CONCORD:
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 318.
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 61.
      * LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
90.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 29, 73, 75, 76.

      LINK:
      Ver ACUMULACION DE ACCIONES, Gaceta Judicial. Año XXXI. Serie V. No. 64.
Pág. 1387. (Quito, 20 de Junio de 1932).
      Ver ACUMULACION DE PENAS, Gaceta Judicial. Año LIII. Serie 7. No. 7. Pág.
773. (Quito, 15 de Marzo de 1948).
      Ver ACUMULACION DE ACCIONES PENALES, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. No.
10. Pág. 1202. (Quito, 20 de Agosto de 1949).
      Ver PENA PARA EL DELITO MAS GRAVE, Gaceta Judicial. Año LXXXIII. Serie XIV.
No. 2. Pág. 445. (Quito, 31 de Enero de 1983).
      Ver SISTEMA DE ABSORCION PENAL, Gaceta Judicial. Año LXXXIII. Serie XIV.
No. 3. Pág. 622. (Quito, 17 de Junio de 1983).
      Ver ACUMULACION DE PENAS, Gaceta Judicial. Año LXXXV. Serie XIV. No. 7.
Pág. 1641. (Quito, 22 de Mayo de 1984).

     Art. 82.- En los casos de condena por primera vez, si es causada por delito
sancionado con una pena cuyo máximo no exceda de seis meses de prisión
correccional o por un delito al que solo se aplique multa, los jueces podrán
ordenar en la misma sentencia que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena.
Esta decisión se fundará en el criterio respecto de la personalidad integral del
condenado, la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado, en
cuanto puedan servir para apreciar dicha personalidad. Los jueces requerirán las
informaciones que crean pertinentes para formar criterio.

      CONCORD:
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 170, 174, 312.
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 73.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 76.

     Art. 83.- En el caso de concurrencia de infracciones procederá la
condenación condicional si el máximo de la pena aplicable al reo no excede de
seis meses de prisión o fuere sólo de multa.

      CONCORD:
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 75.

     Art. 84.- La condena se tendrá como no pronunciada si dentro del tiempo
fijado para la prescripción de la pena y dos años más, el condenado no cometiere
nueva infracción.
     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 77.

     Art. 85.- Si el condenado, durante el tiempo indicado en el artículo
anterior, cometiese nueva infracción, sufrirá la pena impuesta en la primera
condenación y la que corresponda al nuevo acto cometido.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 78.

     Art. 86.- La condena condicional no suspende la reparación de los daños y
perjuicios causados por el delito, el pago de las costas procesales, ni el comiso
especial.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 80, 109, 118.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 44, 79.

     Art. 87.- Todo condenado que hubiere sufrido las tres cuartas partes de la
condena, en tratándose de reclusión, y las dos terceras partes, al tratarse de
prisión correccional, podrá ser puesto en libertad condicional, por resolución de
la autoridad correspondiente, siempre que hubiere cumplido con regularidad los
reglamentos carcelarios y observado muy buena conducta, revelando arrepentimiento
y enmienda, bajo las siguientes condiciones:

     1a.- Residir en el lugar que se determine en el auto respectivo, no pudiendo
salir de esa residencia sino con permiso de la autoridad que le otorgo la
libertad;
     2a.- Que, cuando obtenga dicho permiso, al trasladarse a otro lugar, de a
conocer el permiso a la primera autoridad policial de su nueva residencia;
     3a.- Que acredite tener profesión, arte, oficio o industria, o bienes de
fortuna, u otro medio que le permita vivir honradamente;
     4a.- Que el tiempo que le falte para cumplir la pena no exceda de tres años;
     5a.- Que, al haber sido condenado al pago de indemnizaciones civiles,
acredite haber cumplido esta obligación, a menos de haber comprobado
imposibilidad para hacerlo; y,
     6a.- Que el Instituto de Criminología en la Capital de la República o la
institución o autoridad que se señale, en las Capitales de Provincia, conceda
informe favorable a la liberación condicional.

      Nota: Numeral sexto sustituido por Decreto Supremo 1458, publicado en el
Registro Oficial 323 de 4 de octubre de 1971.
     Nota: Inciso final agregado por Decreto Supremo 2636, publicado en el
Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.

      CONCORD:
      * CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
      * REGLAMENTO AL CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL: 40,
41.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 82.

     Art. 88.- Si el que obtuvo su libertad condicional, durante el tiempo que le
falte para cumplir la condena y hasta dos años más, observare mala conducta, o no
viviere de un trabajo honesto si carece de bienes, o frecuentare garitos o
tabernas, o se acompañare de ordinario con gente viciosa o de mala fama, la
autoridad respectiva revocará la libertad condicional, para que cumpla la parte
de pena que le faltaba al obtener la libertad, sea cual fuere el tiempo
transcurrido desde ella.
     Si cometiere nuevo delito, a más del tiempo que le faltaba por la primera
condena, sufrirá la pena por el delito nuevamente cometido.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 83.

     Art. 89.- Transcurrido el tiempo de la condena y dos años más, sin que la
libertad condicional haya sido revocada, quedará extinguida la pena.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 84.

     Art. 90.- Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada podrá
obtenerla nuevamente.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 85.

     Art. 91.- Al notificar al reo la sentencia condenatoria se le leerán, en
todo caso, las disposiciones contenidas en los artículos anteriores.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 86.

     Art. 92.- El reo que obtenga su libertad condicional quedará sujeto a la
vigilancia especial de la autoridad por el tiempo que le falte para cumplir la
condena y dos años más.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 87.

     Art. 93.- El descubrimiento de un delito anterior, debidamente comprobado,
suspende los efectos de la condena condicional.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 88.

                       CAPITULO III
     Del ejercicio de las acciones y de la extinción y
           prescripción de las mismas y de las penas

     Art. 94.- El perdón de la parte ofendida o la transacción con ésta, no
extingue la acción pública por una infracción que debe perseguirse de oficio.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 32, 34, 36.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 80, 110.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 43.

     Art. 95.- El delito cometido en perjuicio de varias personas será reprimido
aunque la acusación o denuncia sea propuesta sólo por una de ellas.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 58.

     Art. 96.- La muerte del reo, ocurrida antes de la condena, extingue la
acción penal.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 89.

    Art. 97.- Toda pena, es personal y se extingue con la muerte del penado.
     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 90.

     Art. 98.- La acción penal se extingue por amnistía, o por remisión de la
parte ofendida en los delitos de acción privada, o por prescripción.

     La renuncia de la parte ofendida al ejercicio de la acción penal, solo
perjudica al renunciante y a sus herederos.

     Habiéndose propuesto acusación o denuncia, en su caso, por varios ofendidos
por un mismo delito, la remisión de uno de ellos no perjudicará a los demás.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 130.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 110, 121.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 91.

      LINK:
      Ver AMNISTIA, Gaceta Judicial. Año XXXIII. Serie V. No. 106. Pág. 2539.
(Quito, 27 de Septiembre de 1932).

     Art. 99.- La amnistía no solamente hará cesar la acción penal sino también
la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones civiles.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 130.
     * LEY ORGANICA DE LA FUNCION LEGISLATIVA: 108, 109, 110.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 92.

     Art. 100.- La pena se extingue también por declaración de la Cámara del
Senado rehabilitando la honra y estableciendo la inocencia de los condenados
injustamente, de acuerdo con lo que dispongan la Constitución Política del Estado
y el Código de Procedimiento Penal.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 130.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 416, 417, 420.

     Art. 101.- Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones
que la Ley señala.

     En el ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observarán las
reglas que siguen:

     Tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada
se distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no
enjuiciamiento.

      A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las
penas previstas en el último inciso del número 2 del artículo 23 y en el segundo
inciso del artículo 121 de la Constitución Política de la República, en los demás
delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de acción es pública, de no
haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años;
tratándose de delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la acción para
proseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos reprimidos con
prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se
contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada.

     En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado
antes de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa
prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del autocabeza de
proceso.
      Si el indicado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo
máximo de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos
plazos se reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor
especial; a ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro
años en los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos se
contarán desde la fecha del inicio de la instrucción. No surtirá efecto está
regla en caso de reincidencia.

     En los delitos de acción privada, la acción para perseguirlos prescribirá en
el plazo de ciento ochenta días, contados desde que la infracción fue cometida.

     Iniciada la acción y citado el querellado, antes del vencimiento de ese
plazo, la prescripción se producirá transcurridos dos años a partir de la fecha
de la citación de la querella.

     La acción penal por delitos reprimidos solo con multa se extinguirá en
cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximo de la multa
correspondiente al delito, y de las indemnizaciones, en los casos en que hubiere
lugar.

     Si la prescripción se hubiese operado por la falta de despacho oportuno de
los jueces, éstos serán castigados por el superior con la multa de cuarenta y
cuatro a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte
América, quedando a salvo la acción de daños y perjuicios a que hubiere lugar
contra dichos funcionarios, de conformidad con lo prescrito en el Código de
Procedimiento Civil.

     En la misma pena incurrirán los funcionarios del ministerio público y
secretarios de cortes y juzgados por cuya negligencia se hubiere operado la
prescripción.

     De haber acusador particular, o de tratarse de querella, la multa se
dividirá en iguales partes entre la administración de justicia y el acusador. La
parte de multa que corresponda a la administración de justicia será invertida por
la Corte Suprema en su caso, o por la respectiva Corte Superior que hubiere
impuesto la multa, en gastos generales de la administración de justicia.

     Nota: Incisos cuarto y sexto sustituidos por Decreto Supremo 2636, publicado
en el Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Incisos cuarto y sexto sustituidos por Ley No. 47, publicada en
Registro Oficial 422 de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Art. 3 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      CONCORD:
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 110, 121.
      * LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
91.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 93.

      LINK:
      Ver PRESCRIPCION DE ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año XXXVII. Serie V. No.
156. Pág. 3819. (Quito, 22 de Noviembre de 1938).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año XXXVIII. Serie V.
No. 163. Pág. 4020. (Quito, 27 de Junio de 1939).
      Ver PRESCRIPCION DE ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año XLI. Serie VI. No.
11. Pág. 375. (Quito, 12 de Junio de 1943).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año LIV. Serie 7. No.
9. Pág. 1050. (Quito, 26 de Agosto de 1949).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. No.
10. Pág. 1175. (Quito, 25 de Julio de 1949).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año LVIII. Serie 8.
No. 9. Pág. 890. (Quito, 1 de Abril de 1954).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año LXII. Serie IX.
No. 9. Pág. 949. (Quito, 25 de Enero de 1960).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año LXXIV. Serie XI.
No. 8. Pág. 1113. (Quito, 21 de Noviembre de 1969).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI.
No. 1. Pág. 187. (Quito, 27 de Noviembre de 1992).
      Ver RECURSO DE APELACION DEL AUTO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION, Gaceta
Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No. 1. Pág. 188. (Quito, 26 de Enero de 1994).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI.
No. 8. Pág. 2098. (Quito, 6 de Mayo de 1997).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No.
10. Pág. 2590. (Quito, 22 de Diciembre de 1997).

     Art. 102.- Si dictada por el superior la sentencia que cause ejecutoria no
es enviado el proceso al juez encargado de ejecutarla en un tiempo igual o mayor
del necesario para la prescripción de la pena, los empleados o funcionarios
responsables del retardo incurrirán en la sanción establecida en el artículo
precedente.

     Art. 103.- Las incapacidades anexas a ciertas condenas, por Ley o sentencia
judicial, no cesan por el indulto que se concediere con arreglo a la Constitución
y las leyes, a no ser que lo consigne expresamente el decreto de gracia.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 94.

     Art. 104.- Todo condenado a reclusión mayor o menor que obtenga indulto o
conmutación de la pena, quedará bajo la vigilancia especial de la autoridad,
hasta por el término de diez años, si el decreto de gracia no dispusiere otra
cosa.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 95.

     Art. 105.- La interdicción civil cesará cuando el condenado haya conseguido
indulto de la pena, o cuando se haya conmutado ésta con otra que no lleve tal
interdicción.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 367, 371.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 96.

     Art. 106.- La autoridad designada por la Constitución podrá perdonar, o
conmutar, o rebajar las penas aplicadas por sentencia judicial ejecutoriada,
sujetándose a las disposiciones especiales de la Constitución y de la Ley de
Gracia.

     El perdón, la conmutación, o la rebaja de la pena no se extenderán a
exonerar al culpado del pago de los daños y perjuicios y costas al Fisco, o a
terceros interesados.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 171.
     * LEY ORGANICA DE LA FUNCION LEGISLATIVA: Arts. 105, 106, 107.
     * LEY DE GRACIA: Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 97.
     Art. 107.- Las penas privativas de la libertad, por delito, prescriben en un
tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, el tiempo de la
prescripción ser menor de seis meses.

     La prescripción de la pena comenzada a correr desde la media noche del día
en que la sentencia quedó ejecutoriada y se imputará al tiempo necesario para la
prescripción el que el delincuente hubiere estado recluso, preso o detenido por
motivo del mismo delito.

     Se exceptúan los casos en que fueren violadas las garantías constitucionales
por parte de funcionarios o empleados públicos, conforme a lo prescrito en la
Constitución Política.

        CONCORD:
        * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 22.
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 98.

      LINK:
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION Y DE LA PENA, Gaceta Judicial. Año LVIII.
Serie 8. No. 9. Pág. 910. (Quito, 26 de Mayo de 1955).
      Ver PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año LXI. Serie IX.
No. 5. Pág. 580. (Quito, 24 de Febrero de 1959).
      Ver PRESCRIPCION DE LA PENA, Gaceta Judicial. Año LXIX. Serie X. No. 10.
Pág. 3398. (Quito, 30 de Julio de 1965).

     Art. 108.- Tanto la prescripción de la acción como la de la pena se
interrumpen por el hecho de cometer el reo otra infracción que merezca igual o
mayor pena, antes de vencerse el tiempo para la prescripción.

        CONCORD:
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 99.

     Art. 109.- La acción y la pena de policía prescriben en los plazos que
señala el Libro III de este Código.

        CONCORD:
        * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 121.
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 197.

     Art. 110.- Todo condenado a pena de reclusión que hubiere prescrito quedará,
de hecho y por diez años, sujeto a la vigilancia especial de la autoridad, y no
podrá residir en el lugar en que cometió el delito, si en él habitan el agraviado
o sus parientes.

        CONCORD:
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 100.

     Art. 111.- Las penas de multa y de comiso especial prescribirán en los
plazos señalados para la prescripción de las penas principales; y las condenas
civiles impuestas por una infracción prescribirán según las reglas del Código
Civil.

       Cuando sólo se hubiere impuesto multa o comiso especial, prescribirá en un
año.

        CONCORD:
        * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397.
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 101.

    Art. 112.- La prescripción correrá o será interrumpida, separadamente, para
cada uno de los participantes en un delito.

        CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 102.

     Art. 113.- Por el perdón de la parte ofendida cesa la pena al tratarse de
las infracciones de adulterio e injuria calumniosa y no calumniosa grave.

     Si hubieren varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprovecha
a los demás.

      Nota: El adulterio como delito fue suprimido por el artículo final del
Código de Procedimiento Penal, Ley No. 143, publicada en Registro Oficial 511 de
10 de Junio de 1983.

     Art. 114.- La prescripción puede declararse a petición de parte, o de
oficio, necesariamente, al reunirse las condiciones exigidas en este Código.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 103.

     Art. 114-A.- Las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber
recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo igual o
mayor a la tercera parte del establecido por el Código Penal como pena máxima
para el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en
libertad por el juez que conozca el proceso.

     De igual modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber
recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el
Código Penal como pena máxima por el delito por el cual estuvieren encausadas,
serán puestas inmediatamente en libertad por el tribunal penal que conozca del
proceso.

     Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por
delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

    Nota: Artículo agregado por Ley No. 4, publicada en Registro Oficial
Suplemento 22 de 9 de Septiembre de 1992.
      Nota: Declarar la inconstitucionalidad por razones de fondo y suspender los
efectos de la última frase de este Artículo, que dice: "Se excluye de estas
disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos sancionados por la Ley
sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas". Dado por Resolución Tribunal
Constitucional No. 119, publicado en Registro Oficial Suplemento 222 de 24 de
Diciembre de 1997.

      Nota: El Artículo 32 de la Ley de Control Constitucional, publicada en
Registro Oficial 99 de 2 de Julio de 1997, establece el recurso de Habeas Corpus
ante el Alcalde del Cantón, para dar cumplimiento al derecho del detenido
regulado por este Artículo agregado al Código, con recurso de apelación al
Tribunal Constitucional de la negativa del Alcalde.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.

     Art. 114-B.- En uno u otro caso, el director del centro de rehabilitación
social en que se encuentre el detenido, comunicará al día siguiente de aquel en
que se cumplan los plazos señalados en el artículo anterior, al juez o tribunal
de la causa, dicha circunstancia, para que ordene la inmediata libertad del
detenido.

     En caso de que no recibiera la orden de libertad emitida por el juez o
tribunal dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al aviso dado a éstos, el
director del centro de rehabilitación pondrá en libertad al detenido de
inmediato, lo que comunicará por escrito al juez o tribunal penal y al Presidente
de la Corte Superior del distrito.
    Nota: Artículo agregado por Ley No. 4, publicada en Registro Oficial
Suplemento 22 de 9 de Septiembre de 1992.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.

     Art. 114-C.- La Corte Suprema de Justicia de conformidad con las
disposiciones presupuestarias, dentro del plazo de seis meses, a contarse desde
la vigencia de esta Ley, basándose en la estadística y recursos de que dispone,
creará, en los distritos judiciales en donde fuere necesario, tanto juzgados y
tribunales de lo penal, como se requiera para que cada una de aquellas
dependencias tenga que despachar cuando más cuatrocientas causas anuales.

    Nota: Artículo agregado por Ley No. 4, publicada en Registro Oficial
Suplemento 22 de 9 de Septiembre de 1992.

     Art. 114-D.- Los jueces y miembros de los tribunales de lo penal que no
despachen las causas a su cargo dentro de los plazos establecidos en los
artículos 231, 251, 260, 271 y 324 del Código de Procedimiento Penal, serán
inmediatamente sancionados por el Presidente de la Corte Superior de Justicia
respectivamente con multa igual al cincuenta por ciento del valor del salario
mínimo para los trabajadores en general en cada una de las tres primeras veces en
que incurran en tal retardo y con la destitución del cargo en la siguiente vez,
quedando inhabilitado para reintegrarse por un lapso de cinco años.

     Estas sanciones serán impuestas en el mismo día en que el Presidente de la
Corte Superior conozca del retardo, bajo su responsabilidad personal y
pecuniaria.

    Nota: Artículo agregado por Ley No. 4, publicada en Registro Oficial
Suplemento 22 de 9 de Septiembre de 1992.

                       LIBRO SEGUNDO
                DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

                          TITULO I
        DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

                         CAPITULO I
             De los delitos que comprometen la
            Seguridad Exterior de la República

     Art. 115.- Todo el que dentro del territorio de la República conspire contra
su seguridad exterior, induciendo a una potencia extranjera a declarar la guerra
al Ecuador, será reprimido con reclusión mayor extraordinaria, de doce a
dieciséis años, sometido a la vigilancia especial de la autoridad, por diez años,
e inhabilitado por el mismo tiempo para ejercer los derechos de ciudadanía.

     Si a las maquinaciones no hubiere seguido la ruptura de hostilidades, el
delincuente será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.

     Estas penas se aplicarán a los ecuatorianos, aunque las maquinaciones para
declarar la guerra a la República hayan tenido lugar fuera de su territorio.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 6, 97, 130.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 255.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 105.

     Art. 116.- Los ecuatorianos que, bajo bandera enemiga, hicieren armas contra
la República, serán reprimidos con las mismas penas establecidas en el artículo
anterior.

    Art. 117.- Incurrirán en las mismas penas:

     1o.- Los ecuatorianos que facilitaren a los enemigos de la República la
entrada o la marcha en el territorio del Estado;
     2o.- Los ecuatorianos que les hubieren entregado ciudades, fortalezas,
plazas, puertos, fuerzas, almacenes, arsenales, planos o diseños militares,
buques, embarcaciones, o aeronaves pertenecientes al Ecuador;
     3o.- Los ecuatorianos que suministraren a potencia enemiga auxilios de
soldados, hombres, guías, dinero, víveres, caballos o vehículos, armas,
municiones u otros objetos conocidamente útiles para el enemigo;
     4o.- Los ecuatorianos que hubieren favorecido el progreso de las armas
enemigas en la República, contra las fuerzas ecuatorianas de tierra, mar o aire,
corrompiendo la fidelidad de oficiales, soldados, marinos, u otros ciudadanos; o
dando aviso referente al número, estado o movimientos estratégicos de las fuerzas
ecuatorianas; o dirigiendo, como prácticos, al ejército, fuerzas aéreas o armada
enemigos; o dando, intencionalmente, falso rumbo o falsas noticias a las Fuerzas
Armadas de la República;
     5o.- Los ecuatorianos que hubieren ocultado o hecho ocultar a espías o
soldados enemigos, conociéndoles como tales;
     6o.- Todo ecuatoriano que, encargado o instruido oficialmente, por razón de
su empleo u oficio, de las medidas tomadas contra el enemigo, del secreto de una
negociación, o de una expedición, lo hubiere revelado maliciosamente a una
potencia enemiga o a sus agentes;
     7o.- Los ecuatorianos que, con el fin de favorecer al enemigo, destruyeren o
incendiaren almacenes, parques, armas, municiones, buques, aeronaves, fortalezas,
sembrados u otros objetos de que podían aprovecharse las fuerzas de la República;
     8o.- Los ecuatorianos que impidieren a las tropas de la República, en tiempo
de guerra internacional, recibir auxilios de caudales, armas, municiones de
guerra y de boca, equipos, embarcaciones o aeronaves, o planos, instrucciones o
noticias convenientes para el mejor progreso de la guerra; y,     9o.- Los
ecuatorianos que entreguen a una potencia limítrofe o a sus agentes, mapas o
documentos, comprobantes del dominio de la República, sobre los terrenos
fronterizos disputados.

     En los casos de los números 2o. y 9o. de este artículo, si la entrega dolosa
de planos, diseños militares, mapas o documentos ha sido hecha a potencia
distinta de la enemiga, se impondrá al culpado la pena de ocho a doce años de
reclusión mayor.

     Si dichos planos, diseños, mapas o documentos fueren entregados a potencias
extrañas o a sus agentes, por acto culposo de un ecuatoriano, la pena será de uno
a cinco años de prisión.

     Si la revelación contemplada en el número 6o de este artículo, hecha
dolosamente, fuere realizada a una potencia no enemiga, será reprimida con
reclusión mayor de ocho a doce años; y si fuere culposa, con prisión de uno a
cinco años.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 107.

     Art. 118.- La conspiración para cometer alguna de las infracciones
detalladas en los tres artículos anteriores, será reprimida con ocho a doce años
de reclusión mayor, en caso de que se haya puesto por obra algún acto para
preparar la ejecución de dichas infracciones; y en el caso contrario la pena será
de cuatro a ocho años de la misma reclusión.
     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 110.

     Art. 119.- Las penas señaladas en los cuatro artículos anteriores, se
aplicarán también si las infracciones mencionadas fueren cometidas contra una
nación aliada del Ecuador.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 108.

     Art. 120.- Si los hechos mencionados en los Arts. 115, 117, 118 y 119,
fueren cometidos por extranjeros, en el territorio de la República, se les
aplicarán las penas establecidas en dichos artículos.

     El extranjero convicto de espionaje será reprimido con la pena señalada en
el Art. 115.

     Art. 121.- Todo individuo que hubiere mantenido con súbditos de otra nación
una correspondencia que, sin tener en mira ninguna de las infracciones
determinadas en los Arts. 115 y 117, haya tenido, sin embargo, por resultado
suministrar a los enemigos del Ecuador o de sus aliados que obren contra el
enemigo común, instrucciones perjudiciales a su situación militar, será reprimido
con reclusión mayor de ocho a doce años.

     Art. 122.- En toda sentencia condenatoria por tracción a la Patria, se
impondrá la obligación de resarcir a la nación los daños y perjuicios ocasionados
con la perpetración del delito que se reprima.

     La sentencia a que se refiere el inciso anterior, lleva consigo la pérdida
de la nacionalidad ecuatoriana.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 12.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 68, 115.

                       CAPITULO II
            De los delitos que comprometen la paz
                 y la dignidad del Estado

     Art. 123.- El que, dolosamente, violare tregua o armisticio celebrado con el
enemigo, después de haberse publicado en forma; o violare, de igual manera,
cualquier tratado vigente entre el Ecuador y otra nación, será reprimido con
prisión de tres meses a un año.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 117.

     Art. 124.- El que cometiere hostilidades contra alguna potencia extranjera o
sus súbditos, sin conocimiento ni autorización del Gobierno de la República, si
ocasionaren dichas hostilidades una declaración de guerra o represalias, será
reprimido con ocho a doce años de reclusión mayor.

     Si las hostilidades cometidas son tales que pueden producir represalias o
una declaración de guerra, aunque no se siga este efecto, el autor de dichas
hostilidades será reprimido con prisión de dos a cinco años.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 119.

     Art. 125.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que
indebidamente levantare planos de fortificaciones, buques, aeronaves,
establecimientos, vías u otras obras militares, o se introdujere con tal fin,
clandestina o engañosamente, en tales lugares, cuando su acceso se hubiere
prohibido al público.

     Art. 126.- Todo aquel que en territorio del Ecuador atentare contra la vida,
contra la inmunidad o contra la libertad personal del Jefe de un Estado
extranjero, será reprimido: en caso de atentado contra la vida, con reclusión
mayor de ocho a doce años; y en los otros casos, con reclusión mayor de cuatro a
ocho años. Si el acto tuviere como resultado la muerte del Jefe del Estado
extranjero, se reprimirá al culpable con reclusión mayor especial de dieciséis a
veinticinco años.

     Todo aquel que en el territorio del Ecuador ofendiere la honra o el
prestigio del Jefe de un Estado extranjero que visite el país, será reprimido con
prisión de seis meses a dos años.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 120.

     Art. 127.- Las disposiciones del artículo anterior se aplicarán a los actos
en el previstos, cuando fueren cometidos contra los representantes de Estados
extranjeros acreditados en el Ecuador, en calidad de jefes de misión diplomática.

     Art. 128.- El que públicamente, y fuera de los casos previstos en este
Código, incitare o fomentare por cualquier medio el separatismo, o el que
ofendiere o vilipendiare a las instituciones públicas o a la Fuerza Pública, el
que cometiere cualquier burla o desacato, con palabras o acciones, contra la
Bandera, el Escudo o el Himno de la Patria, será reprimido con prisión de seis
meses a tres años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 4 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 1.

     Art. 129.- El que ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos,
personas o mercaderías por las vías públicas del país, será sancionado con
prisión de uno a tres años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares
de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 5 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                       CAPITULO III
   De los Delitos contra la Seguridad Interior del Estado

     Art. 130.- El que en cualquier forma o por cualquier medio se alzare contra
el Gobierno, con el objeto de desconocer la Constitución de la República, de
deponer al Gobierno constituido, impedir la reunión del Congreso o disolverlo, o
provocar la guerra civil, será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho
años.

    El acto existe desde que hay tentativa punible.
     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 2.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 122.

     Art. 131.- La conspiración encaminada a conseguir alguno de los fines
mencionados en el artículo anterior, será reprimida con prisión de seis meses a
tres años.

     El culpado será, además, sometido a la vigilancia de la autoridad por un
tiempo igual al de la condena.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 123.

     Art. 132.- El que de palabra o por escrito atacare de manera subversiva a la
Constitución o a las leyes de la República, o incitare a su inobservancia, será
reprimido con seis meses a tres años de prisión.

     Art. 133.- Los autores de lecciones pastorales, prédicas o sermones, sea
cualquiera la forma en que se las diere al pueblo, si fueren encaminadas a
desprestigiar a la autoridad, presentándola como contraria a los dogmas, o a la
disciplina, o a los intereses religiosos de alguna iglesia o culto, aceptado o
tolerado en la República, serán reprimidos con seis meses a dos años de prisión.

     Art. 134.- Si el autor de las lecciones pastorales, prédicas o sermones a
los que se refiere el artículo anterior, se propusiere con ellas inculcar la
desobediencia a la Constitución, o a las leyes, o a las órdenes de la autoridad,
la pena será de uno a cinco años de prisión.

     Si el fin que se propusiere el autor fuere sublevar al pueblo, o poner en
armas a una parte de los ciudadanos contra la otra, la pena será de prisión de
tres a cinco años.

     En este caso, si se efectúa la sublevación o la guerra civil, el culpado de
haberlas provocado sufrirá la pena de reclusión menor de tres a seis años.

     Art. 135.- Los que promuevan la discordia entre los ciudadanos, armando o
incitando a armarse unos contra otros, serán reprimidos con prisión de uno a
cinco años, aunque no se propongan, de manera alguna, alterar el orden
constitucional.

     La conspiración para perpetrar estas infracciones, si ha sido seguida de
algún acto preparatorio, será reprimida con prisión de tres meses a dos años.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 126.

     Art. 136.- Si el atentado tiene por objeto llevar la devastación, la
carnicería o el pillaje a uno o muchos lugares, será reprimido con reclusión
mayor de ocho a doce años.

     La conspiración para ejecutar tales atentados, si ha sido seguida de algún
acto preparatorio, será reprimida con cuatro a ocho años de reclusión mayor.

     Art. 137.- Serán reprimidos con reclusión menor de seis a nueve años los
que, armados y organizados militarmente, alterasen por la fuerza el orden
constitucional, desconociendo al Gobierno, al Congreso Nacional, o a la misma
Constitución de la República.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 123.

    Art. 138.- Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años:
     1o.- Los que hubieren tomado el mando de un cuerpo de ejército, de una
tropa, de un buque de guerra, de una aeronave, de una plaza, de un puesto de
guardia, de un puerto, de una ciudad, sin derecho ni motivo legítimo;
     2o.- Los que hubieren retenido un mando militar cualquiera, contra la orden
del Gobierno; y,
     3o.- Los comandantes que tuvieren reunido su ejército o tropa después de
tener conocimiento de haberse expedido la orden de licenciar esa fuerza.

     Art. 139.- Todo individuo que, ya sea para apoderarse de los caudales
públicos; ya para invadir propiedades, plazas, ciudades, fortalezas, puestos de
guardia, almacenes, arsenales, puertos, buques, embarcaciones o aeronaves
pertenecientes al Estado; ya para atacar o resistir a la fuerza pública que obra
contra los autores de estos delitos, se hubiese puesto a la cabeza de facciones
armadas o hubiere ejercido en ellas una función o mando cualquiera, será
reprimido con el máximo de la pena señalada en el Art. 137.

     Si estas facciones han tenido por objeto saquear y repartirse propiedades
públicas, o nacionales, o de una generalidad de ciudadanos, o atacar o resistir a
la fuerza pública que persigue a los autores de estos delitos, los que se
hubieren puesto a la cabeza de esas facciones, o hubieren ejercido en ellas un
empleo o mando cualquiera, serán también reprimidos con la pena anterior.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 127.

     Art. 140.- Las penas establecidas en los dos incisos del artículo anterior
serán aplicables a los que hubieren dirigido la asociación, levantado o hecho
levantar, organizado o hecho organizar las facciones.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 129.

     Art. 141.- En caso de que uno de los delitos mencionados en el Art. 130 haya
sido cometido por una facción, las penas señaladas por aquel artículo se
aplicarán a todos los individuos que formen parte de la facción y que hayan sido
aprehendidos en el lugar de la reunión sediciosa.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 128.

     Art. 142.- Fuera del caso en que la reunión sediciosa haya tenido por objeto
o por resultado uno de los delitos enumerados en el Art. 130, los individuos que
formen parte de tales facciones, sin ejercer en ellas ningún mando o empleo, y
que hayan sido aprehendidos en el mismo sitio, serán reprimidos con la pena
inmediata inferior a la que debía imponerse a los directores o comandantes de
dichas facciones.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 129.

     Art. 143.- No se reprimirá a los que, habiendo formado parte de   una
facción, sin ejercer en ella empleo o mando, se hubieren separado
espontáneamente, o a la primera amonestación de la autoridad.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 130.

     Art. 144.- En toda sentencia condenatoria por las infracciones determinadas
en este capítulo, se impondrá también la obligación de resarcir los daños y
perjuicios ocasionados al Fisco, con la perpetración de los actos reprimidos.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 133.

     Art. 145.- Quedan exentos de pena los conspiradores que revelaren a la
autoridad la existencia de la conspiración, con tal que no se haya ejecutado
ningún acto preparatorio punible.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 113, 136.

     Art. 146.- El que incitare a la rebelión o indisciplina de la Fuerza
Pública, será reprimido con prisión de dos a cinco años y multa de diecisiete a
cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Si como consecuencia de la incitativa resultare un conflicto en el cual se
produjeren lesiones a personas, la pena será la reclusión menor de tres a seis
años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos
de Norte América; y si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será
de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria y multa de ochenta y siete a
ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 6 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 147.- El que promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de
guerrillas, comandos, grupos de combate o grupos o células terroristas,
destinadas a subvertir el orden público, sustituir la Fuerza Pública, atacarla o
interferir su normal desempeño, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de
cuatro a ocho años y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de
los Estados Unidos de Norte América.

     Si estas actividades se ejecutasen con armas, u obedeciendo instrucciones
foráneas, o con la intervención, apoyo o auxilio económico del extranjero, la
pena será de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y, multa de ciento
setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de
Norte América.

     Nota: Agregados dos incisos por Decreto   Supremo 2636, publicado en el
Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por   Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de   1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Art. 7 de   Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 126.

     Art. 148.- El que difundiere por cualquier medio o enviare al exterior
propaganda, noticias o informaciones falsas, que estén destinadas a alterar el
orden público o que afecten el honor nacional, será sancionado con prisión de
seis meses a dos años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de
los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 8 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 149.- El que establezca o mantenga depósitos de armas o municiones de
uso militar o policial, y de cualquier otro tipo similar, sin autorización legal
de autoridad competente, será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a
seis años y multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 9 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial 231
de 17 de Marzo del 2006

     Art. 150.- Se reputa depósito, la existencia de tres o más de dichas armas,
cualquiera que sea su modelo o clase, aún cuando se hallen en piezas desmontadas.

     Art. 151.- El que hubiere introducido al país dinero o valores con fines
subversivos o de alteración del orden público, será sancionado con prisión de
tres meses a dos años y multa de diecisiete a ochenta y siete dólares de los
Estados Unidos de Norte América, y el dinero o valores serán comisados en
beneficio de la Defensa Nacional.

      Nota: Artículo reformado por Art. 10 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 152.- El que favoreciere el ingreso al país, la permanencia o el
ocultamiento en el mismo o la evasión de agentes subversivos extranjeros,
conociendo su condición, será reprimido con prisión de dos a cinco años y multa
de veinte y seis a setenta dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 11 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 153.- El que promoviere, dirigiere u organizare desfiles o
manifestaciones públicas en calles, plazas u otros lugares abiertos, siempre que
se realizaren sin permiso escrito de autoridad competente, en el que se
determinen el objeto de la reunión, el sitio, día y hora en que ha de
verificarse, será reprimido con prisión de uno a tres meses y multa de nueve a
veinte y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Se repetirán también directores, promovedores y organizadores, los que
aparecieren como tales, por los discursos que pronunciaren, por los impresos que
hubieren, publicado o repartido, por las palabras de mando que pronunciaren, por
las insignias que luzcan o por la contribución inicial voluntaria a los fondos
del desfile o la manifestación o por cualquier otro hecho significativo.

     La pena será de tres a seis meses de prisión y multa de diecisiete a treinta
y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, cuando el desfile o la
manifestación se hiciere en contra de la prohibición emanada de autoridad
competente.

      Nota: Artículo reformado por Art. 12 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 154.- Los que concurrieren a la manifestación de que trata el artículo
precedente, portando armas, serán sancionados con la privación de la libertad de
tres meses a un año y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 13 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 155.- Serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años y multa
de cuarenta y cuatro a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de
Norte América, los que, con el fin de alterar el orden público, invadan
edificios, instalaciones o terrenos públicos o privados, o los que al cometer
tales hechos con los mismos fines propuestos se apoderen de cosas ajenas.

      Nota: Artículo reformado por Art. 14 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                       CAPITULO IV
          De los delitos de sabotaje y terrorismo
     Art. 156.- Los médicos, enfermeras, farmacéuticos, practicantes, empleados
de casas de salud o propietarios de farmacias o droguerías que, desobedeciendo
órdenes de autoridad competente, paralizaren los servicios o se abstuvieren de
prestar su colaboración a los que necesitaren de ellos, serán reprimidos con
prisión de uno a cinco años y multa de treinta y cinco a setenta dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

     Se aplicará el máximo de las penas previstas en este artículo a los miembros
de las organizaciones profesionales que hubieren incitado a la comisión de tales
hechos, si éstos se hubieren consumado.

      Nota: Artículo reformado por Art. 15 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 157.- Será reprimido con reclusión menor de tres a seis años y multa de
nueve a veinte y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que
sustrajere, ocultare o inutilizare en ocasión de un incendio, inundación,
naufragio u otra calamidad, cualquier objeto material u otro medio destinado a
socorro, salvamento o a combatir el peligro. En la misma pena incurrirá el que
dificultare el servicio que se preste con tal motivo.

     Si del hecho resultaren personas lesionadas, la pena será de seis a nueve
años de reclusión menor ordinaria y multa de ochenta y siete a doscientos sesenta
y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América; y si resultare la muerte de
una o más personas, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a
veinticinco años y multa de doscientos sesenta y dos a ochocientos setenta y tres
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Art. 16 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 158.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años
y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos
de Norte América, el que fuera de los casos contemplados en este Código,
destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos,
instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales,
embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro elemento de transporte,
instalaciones públicas o privadas de energía eléctrica, de agua potable, gas u
otras semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión o
cualquier otro sistema de transmisión; depósitos de mercancías, de explosivos, de
lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a la producción o al
consumo nacional, o cualquier otro tipo de abastecimiento semejante, con el
propósito de producir alarma colectiva.

     Si, como consecuencia del hecho, se produjere lesiones a personas, la pena
será del máximo indicado en el inciso anterior; y si resultare la muerte de una o
más personas, la pena será de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor
especial, y multa de ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Art. 17 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 35.

     Art. 159.- Será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de
diecisiete a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América, el
que, fuera de los casos contemplados en este Código, impidiere, desorganizare o
perturbare la recolección, producción, transporte, almacenaje o distribución de
materias primas, productos elaborados o extraídos, maquinarias o cualquier otro
medio necesario para la producción, con el propósito de producir alarma
colectiva.

      Nota: Artículo reformado por Art. 18 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1572.

     Art. 160.- El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de
las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere,
arrojare, usare, o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas,
materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados
a su preparación, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años y
multa de cuatrocientos cuarenta y dos a ochocientos ochenta y cuatro dólares de
los Estados Unidos de Norte América.

     Si, por efectos de los hechos indicados, se produjeren lesiones a personas,
se impondrá el máximo de la pena señalada en el inciso anterior; y, si resultare
muerta una o más personas, la sanción será de reclusión mayor especial de
dieciséis a veinticinco años y multa de ochocientos ochenta y cuatro a mil
setecientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Si los hechos delictivos afectaren exclusivamente a bienes, además de la
pena señalada en el primer inciso, el autor será condenado a la indemnización de
los daños y perjuicios causados.

     Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 1273, publicado en
Registro Oficial 705 de 19 de Diciembre de 1974.
     Nota: Decreto Supremo No. 1273 reformado por Decreto Supremo 2636, publicado
en el Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior y sustituye, además el inciso primero dado por Decreto Supremo No.
1273.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Art. 19 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial 231
de 17 de Marzo del 2006.

     Art. 160-A.- Los que, individualmente o formando asociaciones, como
guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o
alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales,
económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios,
proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra
la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de
sus bienes: ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos,
almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc, ora allanando o invadiendo
domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas,
conventos, instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o
paramilitares, etc., ora sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de
cualquier naturaleza y cuantía; ora secuestrando personas, vehículos, barcos o
aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de
órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades
competentes poner en libertad a procesados o sentenciados por delitos comunes o
políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza mediante amenaza o intimidación,
lugares o servicios públicos o privados de cualquiera naturaleza y tipo; ora
levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc. con el propósito
de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis
o proclamas; ora atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus
bienes y servicios, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a
ocho años y multa de mil setecientos sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos
dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Si por los hechos delictivos enumerados, se produjeren lesiones a las
personas, se impondrá a sus autores el máximo de la pena indicada en el inciso
anterior y, si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de
reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y multa de cuatro mil
cuatrocientos dieciocho a ocho mil ochocientos treinta y cinco dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

     Si los hechos a los que se refiere el inciso primero de este artículo,
afectaren únicamente bienes, además de la sanción impuesta en el mismo, el autor
o autores serán condenados al resarcimiento de daños y perjuicios que hubieren
causado.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 1273, publicado en Registro
Oficial 705 de 19 de Diciembre de 1974.
     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Art. 20 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 161.- El que se introdujere injustificadamente en dependencias, cuyo
acceso al público o a los particulares ha sido prohibido, o a bases, naves,
aeronaves, transportes, cuarteles, fábricas o depósitos militares o policiales,
o, en general, en zonas de seguridad determinadas por la autoridad competente,
será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de cuarenta y cuatro
a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América

     Si del hecho resultaren lesiones a personas, la pena será de reclusión menor
ordinaria de tres a seis años y multa de ciento setenta y cinco a cuatrocientos
treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, y si se produjere
la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor extraordinaria
de doce a dieciséis años y multa de cuatrocientos treinta y siete a ochocientos
setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Art. 21 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
     Art. 162.- Los particulares que sin el permiso necesario y sin debida
explicación, portaren armas de uso militar o policial y de cualquier otro tipo
similar, serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de nueve a
cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

      La actuación dolosa reiterada de este tipo de conducta, será sancionada con
una pena de reclusión de tres a seis años.

      Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas extender el permiso de portar armas; esta
facultad podrá ser delegada de conformidad con el reglamento de la materia.

      Esta obligación se extiende a las armas que se empleen en industrias y
oficios.

      Las autoridades militares y de Policía debidamente autorizadas, están
obligadas a decomisar y remitir previo el levantamiento del correspondiente parte
de la acción efectuada, a la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, toda arma o munición de procedencia nacional o extrajera, que no
contare con los permisos y legalmente otorgados.

      Todas las armas decomisadas serán registradas en la Dirección de Logística
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en caso de no justificar el
propietario su procedencia, en un plazo de treinta días, serán entregadas a los
depósitos de armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para ser
destruidas.

      Las armas decomisadas que sirvieren como evidencia de la comisión de
infracciones penales se mantendrán como tales bajo la custodia de la Policía
Judicial y una vez terminado el juicio penal respectivo, serán registradas en la
Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y entregadas
posteriormente a la autoridad competente.

      En los Comandos Provinciales de la Policía de todo el país se llevará un
registro en el que se anote el tipo, calibre y características del arma o armas
decomisadas y que han sido enviadas a la autoridad militar correspondiente.

      Los fabricantes de armas, explosivos y municiones de cualquier tipo, deben
registrar sus fábricas o talleres en la Dirección de Logística del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, e informar mensualmente a esta entidad sobre la
cantidad, tipo, calibre y características de las armas producidas y el código
asignado a cada una de ellas, las cuales obligatoriamente también deberán ser
registradas.

      Nota: Artículo reformado por Art. 22 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial 231
de 17 de Marzo del 2006

     Art. 163.- Quien impartiere o recibiere instrucción militar sin permiso de
la autoridad competente, será reprimido con prisión de seis meses a un año y
multa de treinta y cinco a setenta dólares de los Estados Unidos de Norte
América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 23 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 164.- La agresión terrorista, siempre que el hecho no constituya delito
más grave, perpetrada contra funcionarios o empleados de instituciones públicas o
contra propiedades de los mismos, será sancionada con tres a seis años de
reclusión menor ordinaria y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco
dólares de los Estados Unidos de Norte América.
     Si se causaren lesiones a personas, la pena será de reclusión menor de seis
a nueve años y multa de ochenta y siete a cuatrocientos treinta y siete dólares
de los Estados Unidos de Norte América. Si resultare la muerte de una o más
personas, la pena será de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor
especial y multa de doscientos sesenta y dos a ochocientos setenta y tres dólares
de los Estados Unidos de Norte América.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Art. 24 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 165.- Fuera de los casos contemplados en este Código, la amenaza
terrorista, por cualquier medio que se haga, será reprimida con prisión de tres
meses a un año y multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos
de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 25 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 166.- Cuando los delitos previstos en este Capítulo fueren cometidos
por extranjeros naturalizados en el Ecuador, además de la pena impuesta se
cancelará la carta de naturalización y serán expulsados del país, después de
cumplida la sanción que se les imponga.

      CONCORD:
      * LEY DE SEGURIDAD NACIONAL: 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147.

                       TITULO II
    DE LOS DELITOS CONTRA LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES
                Y LA IGUALDAD RACIAL

     Nota: Encabezado del Título II, reformado por Decreto Supremo No. 3194,
publicado en Registro Oficial 769 de 8 de Febrero de 1979.

                       CAPITULO I
      De los delitos relativos al ejercicio del sufragio

     Art. 167.- Los que, por medio de asonadas, violencias o amenazas, hubieren
impedido a uno o más ciudadanos ejercer sus derechos políticos, serán reprimidos
con prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados
Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 26 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 137.
     * LEY DE ELECCIONES: Arts. 135, 142, 150, 158.

     Art. 168.- Los miembros de las Juntas Electorales y los demás funcionarios o
corporaciones que, por Ley, estuvieren encargados de verificar el escrutinio de
una elección, y sustrajeren o falsificaren boletas, o anularen parcial o
totalmente una elección, contra leyes expresas, serán reprimidos con prisión de
tres a cinco años y la privación de los derechos políticos por dos años.
     Art. 169.- Si los atentados previstos   en los dos artículos anteriores se han
cometido previo acuerdo para extenderlos y   ejecutarlos en toda la República, o en
varios cantones, la pena será de reclusión   menor ordinaria de seis a nueve años e
interdicción de los derechos políticos por   dos años.

     Art. 170.- Todo individuo que fuere sorprendido sustrayendo boletas a los
electores, mediante astucia o violencia, o sustituyendo fraudulentamente otra
boleta a la que tuviere el elector, o que se presentare a votar con nombre
supuesto, o que votare en dos o más parroquias, será reprimido con prisión de
seis meses a un año y con un año de interdicción de los derechos políticos.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 138.
     * LEY DE ELECCIONES: Arts. 159.

     Art. 171.- Los que perturbaren una elección popular alegando motivos
religiosos, ya sea en favor de sus candidatos, recomendándolos; ya
desprestigiando a los candidatos contrarios, serán reprimidos con prisión de
treinta a noventa días.

     CONCORD:
     * LEY DE ELECCIONES: Arts. 158.

     Art. 172.- Todo el que haya recibido algo en cambio de su voto, o que haya
dado o prometido algo por el voto de otro, será reprimido con prisión de seis
meses a un año e interdicción de los derechos políticos por igual tiempo.

      CONCORD:
      * LEY DE ELECCIONES: Arts. 142, 143, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163.
      * LEY DE PARTIDOS POLITICOS, CODIFICACION: Arts. 11, 28, 47, 56, 57, 66.

                       CAPITULO II
        De los delitos contra la libertad de conciencia
                     y de pensamiento

     Art. 173.- Los que, empleando violencias o amenazas, impidieren a uno o más
individuos el ejercicio de cualquier culto permitido o tolerado en la República,
serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 139.

     Art. 174.- Los particulares o ministros de un culto que provocaren asonadas,
o tumultos contra los partidarios de otro culto, ya sea de palabra o por escrito,
serán reprimidos con prisión de uno a seis meses y multa de ocho a dieciséis
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 27 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 31
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2239, 2286, 2309.

     Art. 175.- Si los infractores ejercieren autoridad eclesiástica, política,
civil o militar, la pena será de seis meses a dos años de prisión y multa de
dieciséis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 28 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
     Art. 176.- Serán reprimidos con prisión de tres meses a un año y multa de
doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que
hubieren impedido, retardado, o interrumpido el ejercicio de un culto, o las
ceremonias públicas de el, no prohibidas expresamente por la Ley, por medio de
desorden o tumulto promovido en el lugar destinado para dicho culto, pero sin
cometer violencias ni proferir amenazas contra nadie.

      Nota: Artículo reformado por Art. 29 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 177.- Los que ofendieren el cadáver de una persona, con acciones,
palabras, emblemas o escritos, serán reprimidos con prisión de dos meses a un año
y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     La autoridad civil o eclesiástica que negare sepultura a un cadáver, en los
cementerios públicos, alegando motivos religiosos, será reprimida con prisión de
uno a tres meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de
Norte América.

     Los que colocaren sobre la tumba de una persona emblemas o escritos
injuriosos, serán reprimidos con prisión de treinta a noventa días y multa de
seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 30 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 118.

     Art. 178.- La autoridad que, por medios arbitrarios o violentos, coartare la
facultad de expresar libremente el pensamiento, será reprimida con prisión de uno
a cinco años e interdicción de los derechos políticos por un tiempo igual al de
la condena.

      CONCORD:
      * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 31.
      * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315,
2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328,
2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336.
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 140.

     Art. 179.- El que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro,
periódico o impreso, que no sean anónimos, será reprimido con prisión de seis
meses a dos años.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL   (TITULO PRELIMINAR): Arts. 31.
     * CODIGO CIVIL   (LIBRO IV): Arts. 2238.
     * CONSTITUCION   POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
     * CODIGO PENAL   DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 141.

                       CAPITULO III
         De los delitos contra la libertad individual

     Art. 180.- Los empleados públicos, los depositarios y los agentes de la
autoridad o de la fuerza pública que, ilegal y arbitrariamente, hubieren
arrestado o hecho arrestar, detenido o hecho detener a una o más personas, serán
reprimidos con seis meses a dos años de prisión y multa de doce a treinta y un
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Podrán, además, ser condenados a la interdicción de los derechos de
ciudadanía por dos a tres años.
      Nota: Artículo reformado por Art. 31 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 138.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 142.
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 166.
      * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 31.
      * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292,
2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305,
2306, 2307, 2308.

     Art. 181.- La autoridad que ordenare el confinamiento de una persona
contraviniendo a los preceptos constitucionales, será reprimida con prisión de
seis meses a dos años.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.

     Art. 182.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el
funcionario que retuviere a un detenido o preso cuya libertad haya debido
decretar o ejecutar; y el que prolongare indebidamente la detención de una
persona, sin ponerla a disposición del juez competente.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 92.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 165.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 142.

     Art. 183.- Serán reprimidos con prisión de dos meses a dos años y multa de
seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América los que, sin orden de
las autoridades constituidas y fuera de los casos en que la Ley y los reglamentos
permitieren u ordenaren el arresto o detención de los particulares, hubieren
arrestado o hecho arrestar, detenido o hecho detener a cualquier persona, siempre
que este arresto o detención no constituya un delito más severamente reprimido.

      Nota: Artículo reformado por Art. 32 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 142.

      LINK:
      Ver ARRESTO ARBITRARIO, Gaceta Judicial. Año V. Serie II. Nro. 22. Pág.
174. (Quito, Abril 10 de 1889).
      Ver ARRESTO ILEGAL Y ARBITRARIO, Gaceta Judicial. Año XIX. Serie 4. Nro.
54. Pág. 54. (Quito, 20 de Diciembre de 1920).

     Art. 184.- La prisión será de seis meses a tres años y la multa de seis a
dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si la detención ilegal
y arbitraria hubiere durado más de diez días.

      Nota: Artículo reformado por Art. 33 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 144.
     Art. 185.- Si la detención ilegal y arbitraria hubiere durado más de un mes,
el culpado será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de dieciséis a
cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 34 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 144.

     Art. 186.- Se aplicará la pena de reclusión menor de tres a seis años, si el
arresto hubiere sido ejecutado con una orden falsa de la autoridad pública, o con
el traje o bajo el nombre de uno de sus agentes, o si la persona arrestada o
detenida hubiere sido amenazada de muerte.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.

     Art. 187.- Cuando la persona arrestada o detenida hubiere sufrido tormentos
corporales, el culpable será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

     La pena será de reclusión menor de seis a nueve años, si de los tormentos
hubiere resultado cualquiera de las lesiones permanentes detalladas en el
capítulo de las lesiones.

     Si los tormentos hubieren causado la muerte, el culpado será reprimido con
reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 145.

      Art. 188.- El delito del plagio se comete apoderándose de otra persona por
medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o ponerla
contra su voluntad al servicio de otra, o para obtener cualquier utilidad, o para
obligarla a pagar rescate o entregar una cosa mueble, o extender, entregar o
firmar un documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para obligarla
a que haga u omita hacer algo, o para obligar a un tercero a que ejecute uno de
los actos indicados tendiente a la liberación del plagiado.

      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 146.

      LINK:
      Ver DELITO   DE PLAGIO, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 15. Pág.
3438. (Quito, 31   de Mayo de 1977).
      Ver DELITO   DE PLAGIO O TENTATIVA, Gaceta Judicial. Año LXXXIII. Serie XIV.
No. 3. Pág. 614.   (Quito, 4 de Abril de 1983).
      Ver DELITO   DE PLAGIO, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. Nro. 11. Pág.
2855. (Quito, 27   de Abril de 1998).
      Art. 189.- El plagio será reprimido con las penas que se indican en los
números siguientes:

      1.- Con prisión de seis meses a dos años, si la víctima es devuelta a su
libertad espontáneamente por el plagiario, antes de iniciarse procedimiento
judicial, sin haber sufrido malos tratos, ni realizándose ninguno de los actos
condicionantes determinados en el artículo anterior;
      2.- Con prisión de uno a tres años, si la devolución de libertad, con las
condiciones del número que precede, se ha realizado después de iniciado el
procesamiento no estando detenido o preso el plagiario;
      3.- Con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la liberación se
realiza en los términos del número 2 de este artículo, estando detenido o preso
el plagiario;

      3-A.- Con reclusión menor ordinaria de tres a seis años a quien o quienes,
mediante amenazas, violencia, seducción, engaño u otros medios ilegítimos, se
apoderasen de un vehículo automotor; reteniendo contra su voluntad a su conductor
y/o a sus ocupantes, para asegurar el cometimiento del delito;
      3-B.- Con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, cuando el
infractor, en el caso y circunstancias establecidas en el numeral anterior, ponga
en marcha el vehículo u obligue al conductor o a otra de las personas retenidas a
hacerlo, con el fin de, en compañía de éstas, aunque sin su participación,
utilizar el automotor para cometer o intentar cometer otros delitos.

      4.- Con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, si en el caso del
número 1, la víctima ha sufrido malos tratos;
      5.- Con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, en el caso del
número 2, si la víctima ha sufrido malos tratos;
      6.- Con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, en el caso del
número 3, si hubiere tales malos tratos; y,
      7.-   Con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, cuándo
la víctima no hubiere recobrado su libertad hasta la fecha de la sentencia,
debiendo imponerse el máximo de la pena si antes de la condena la víctima
apareciere violada, muerta o falleciere como consecuencia del plagio.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Numerales 3-A y 3-B, agregados por Ley No. 21, publicada en Registro
Oficial 154 de 28 de Noviembre del 2005.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 147.

     Art. 190.- Aunque medie sentencia condenatoria ejecutoriada, en el caso del
número 7o del artículo anterior, la pena será reducida a la mitad si el plagiario
restituye la libertad de su víctima.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 148.

      Art. ... .- Se considerarán agravantes del delito de plagio, además de las
circunstancias señaladas en el artículo 30, cuando concurran una o más de las
circunstancias siguientes:

      Prolongar la privación de libertad del plagiado por un tiempo mayor a
quince días.
      Cometer la infracción utilizando orden de detención falsa, o simulando
tenerla o abusando de autoridad en el caso de los miembros de la fuerza pública o
jueces.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

                           CAPITULO ....
              DEL DELITO RELATIVO A LA TRATA DE PERSONAS

      Art. ..- Constituye delito de trata de personas, aunque medie el
consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o
favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas
recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta,
con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro.

      Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de
trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de
personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines
delictuosos.

      Nota: Capítulo y Artículo agregados por Ley No. 2, publicada en Registro
Oficial 45 de 23 de Junio del 2005.

      Art. ..- La trata de personas será reprimida con reclusión menor ordinaria
de seis a nueve años, siempre que no constituya explotación sexual. Si la víctima
fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de reclusión menor
extraordinaria de nueve a doce años.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis
años cuando en la comisión del delito establecido en el artículo anterior
concurre una o más de las siguientes circunstancias:

      1. Que la víctima sea menor de catorce años de edad;
      2. Que, como consecuencia del delito, la víctima sufra lesión corporal
grave o permanente, o daño psicológico irreversible;
      3. Si el infractor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, ascendiente o descendiente de la
víctima; y,
      4. Cuando el infractor se aprovechare de la vulnerabilidad de la víctima o
ésta se encontrare incapacitada para resistir la agresión.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- Quien venda, compre o realice cualquier transacción, en virtud de
la cual una persona es entregada, por pago o cualquier otro medio, con fines de
explotación, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.
Constituye tentativa la oferta en venta.

      Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de
reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años; y, si fuere menor de doce
años, la pena será de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

                          CAPITULO ...
  DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA EXTRACCION Y TRAFICO ILEGAL DE ORGANOS
      Art. ..- Quien, en forma dolosa, extraiga, trafique, transplante, venda o
compre órganos, sustancias corporales o materiales anatómicos de cadáveres
humanos, será reprimido con prisión de tres a cinco años.

      La pena será de reclusión menor extraordinaria de tres a ocho años, si
estos órganos, sustancias corporales o material anatómico provienen de personas
vivas.

      Si los órganos, sustancias corporales o materiales anatómicos pertenecen a
personas menores de dieciocho años de edad o a personas con discapacidad, la pena
será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

      Si como consecuencia de la extracción de órganos, sustancias corporales o
materiales anatómicos, se produjere la muerte o una incapacidad total y
permanente, se aplicará la pena de reclusión mayor especial de dieciséis a
veinticinco años.

      Si el autor del delito es un profesional médico, obstetra o afín, a más de
las penas señaladas en este Capítulo, quedará inhabilitado en forma permanente
para el ejercicio de su profesión o actividad.

      Nota: Capítulo y Artículo agregados por Ley No. 2, publicada en Registro
Oficial 45 de 23 de Junio del 2005.

                       CAPITULO IV
     De los delitos contra la inviolabilidad del domicilio

     Art. 191.- Los empleados del orden administrativo o judicial, los oficiales
de justicia o de policía, los comandantes o agentes de la fuerza pública que,
obrando como tales, se hubieren introducido en el domicilio de un habitante,
contra la voluntad de éste, fuera de los casos previstos y sin las formalidades
prescritas por la Ley, serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y
multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 35 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 194.
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2154.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 149.

     Art. 192.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años y multa de seis a
doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que sin orden de la
autoridad y fuera de los casos en que la Ley permite entrar en el domicilio de
los particulares, contra la voluntad de éstos, se hubiere introducido en una
casa, departamento, pieza o vivienda, habitada por otro, o sus dependencias
cercadas, ya por medio de amenazas o violencias, ya por medio de fractura,
escalamiento o ganzúas.

      Nota: Artículo reformado por Art. 36 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 149.

      LINK:
      Ver VIOLACION DE DOMICILIO, Gaceta Judicial. Año VI. Serie II. Nro. 38.
Pág. 310. (Quito, Abril 9 de 1907).
      Ver VIOLACION DE DOMICILIO, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. No. 11. Pág.
1269. (Quito, 6 de Septiembre de 1949).
     Art. 193.- La prisión será de seis meses a cinco años y la multa de doce a
treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el hecho ha sido
cometido con una orden falsa de la autoridad pública, o con el traje o bajo el
nombre de uno de sus agentes o con una de las tres circunstancias siguientes:

    Si el acto ha sido ejecutado de noche;
    Si ha sido ejecutado por dos o más personas; y,
    Si los culpables o alguno de ellos llevaban armas.

      Nota: Artículo reformado por Art. 37 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 150.

     Art. 194.- Los culpados de las infracciones previstas en los dos artículos
anteriores serán colocados bajo la vigilancia de la autoridad por un tiempo igual
al de la condena.

     Art. 195.- Será reprimido con prisión de quince días a seis meses y multa de
cinco a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que se hubiere
introducido, sin el consentimiento del propietario, o del locatario, pero sin
violencias o amenazas, en los lugares designados en el Art. 192, y haya sido
encontrado en ellos durante la noche.

      Nota: Artículo reformado por Art. 38 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 196.- En la violación de domicilio se presume que no hay consentimiento
del dueño o su encargado cuando no están presentes en el acto que constituya la
violación.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 75, 181.
     * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 32.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 151.

                       CAPITULO V
     De los delitos contra la inviolabilidad del secreto

     Art. 197.- Será reprimidos con prisión de dos meses a un año y multa de seis
a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, los empleados o
agentes del Gobierno y los del servicio de estafetas y telégrafos que hubieren
abierto o suprimido cartas confiadas al correo, o partes telegráficos, o que
hubieren facilitado su apertura o supresión.

      Nota: Artículo reformado por Art. 39 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 150, 151.

     Art. 198.- Los que, siendo depositarios de partes telegráficos, hubieren
revelado su existencia o contenido, a excepción de los casos en que fueren
llamados a declarar en juicio y de aquellos en que la Ley les obligue a hacer
conocer la existencia o contenido de dichos despachos, serán reprimidos con
prisión de quince días a seis meses y multa de seis a doce dólares de los Estados
Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 40 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.

     Art. 199.- El que hallándose en posesión de una correspondencia no destinada
a la publicación, la hiciera publicar, o presentare en juicio sin orden judicial,
aunque haya sido dirigida a el, será reprimido con multa de seis a treinta y un
dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el acto puede causar perjuicio
a terceros; a no ser que se trate de correspondencia en que consten obligaciones
a favor del tenedor de ella, caso en el que puede presentarse en juicio.

      Nota: Artículo reformado por Art. 41 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 199.

     Art. 200.- En la misma pena incurrirá el que, sin ser empleado público,
divulgare actuaciones o procedimientos de que haya tenido conocimiento y que, por
Ley, deben quedar reservados.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 158.

     Art. 201.- El que teniendo noticia, por razón de su estado u oficio, empleo,
profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelare
sin causa justa, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de
ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 42 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 45.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 34.

     Art. 202.- Los que sustrajeren cartas confiadas al correo serán reprimidos
con prisión de quince a sesenta días, excepto los padres, maridos o tutores que
tomaren las cartas de sus hijos, consortes o pupilos, respectivamente, que se
hallen bajo su dependencia.

      Art. ...- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín,
violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información
protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto,
confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido
con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica.

      Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos
comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de
mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

      La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida,
así como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de
reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

      Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por   parte de la
persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima   de la
información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de   seis a nueve
años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de   Norteamérica.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.
     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
     * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 45, 310.

      Art. ...- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona
o personas que obtuvieren información sobre datos personales para después
cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la
autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de
dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.

                       CAPITULO VI
         De los delitos relativos a las declaraciones
             de los sindicados o de sus parientes

     Art. 203.- El juez o autoridad que obligare a una persona a declarar contra
si misma, contra su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, o parientes dentro
del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad, en asuntos que
puedan acarrear responsabilidad penal, será reprimido con prisión de seis meses a
tres años.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 24.
     * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 22, 23.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 126, 143.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 152.

     Art. 204.- El juez o autoridad que arrancare declaraciones o confesiones
contra las personas indicadas en el artículo anterior, por medio de látigo, de
prisión, de amenaza o de tormento, será reprimido con prisión de dos a cinco años
y privación de los derechos de ciudadanía por igual tiempo al de la condena.

     Se reprimirá con la misma pena a los agentes de policía o de la fuerza
pública que incurrieren en la infracción indicada en el inciso anterior.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23).
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 153.

                       CAPITULO VII
            De los delitos contra los presos o detenidos

     Art. 205.- Los que expidieren o ejecutaren la orden de atormentar a los
presos o detenidos, con incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la
Ley, con grillos, cepo, barra, esposas, cuerdas, calabozos malsanos, u otra
tortura, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años e interdicción de los
derechos políticos por igual tiempo.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 72, 211.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 145.

     Art. 206.- Ni la inseguridad de las cárceles, ni lo temible del detenido o
preso, ni la conducta rebelde de 'éste, podrán servir de disculpa en los casos
del artículo anterior.
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.

     Art. 207.- El jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el que le
reemplace, que recibiere algún reo sin testimonio de sentencia firme en que se le
hubiere impuesto la pena, o sin la orden o boleta constitucional, en caso de
detención, será reprimido con prisión de uno a seis meses.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.
      * CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
38.

     Art. 208.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años y multa de
ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, los jueces y
demás empleados que hubieren retenido o hecho retener a una persona, en otros
lugares que los determinados por la Ley.

      Nota: Artículo reformado por Art. 43 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                        CAPITULO VIII
          De los delitos contra la libertad de trabajo,
                    asociación y petición

     Art. 209.- La autoridad política, civil, eclesiástica o militar que exigiere
servicios no impuestos por la Ley, u obligare a trabajar sin previa estipulación,
será reprimida con prisión de uno a seis meses.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
      * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 3.

     Art. 210.- Será reprimido con prisión de un mes a un año el que ejerciere
violencia sobre otro, o le amenazare para obligarle a tomar parte en una huelga o
boicot. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por si o por
cuenta de alguien, suspendiere en todo o en parte el trabajo en sus
establecimientos, agencias o escritorios, con el fin de imponer a sus
dependientes modificaciones en los pactos establecidos; y los que por
solidaridad, hicieren lo propio en otros establecimientos.

      CONCORD:
      * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 467, 513, 534, 536.

     Art. 211.- La misma pena se aplicará al patrón, empresario o empleado que,
por si o por cuenta de alguien ejerciere coacción para obligar a otro a
intervenir en alguno de los actos determinados en la segunda parte del artículo
anterior, o para abandonar, o ingresar a una sociedad obrera determinada.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 35.
      * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 440, 510, 513, 534.

     Art. 212.- Será reprimido con multa de seis a dieciséis dólares de los
Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a seis meses, la autoridad que,
de cualquier manera, impidiere el libre ejercicio del derecho de petición.

      Nota: Artículo reformado por Art. 44 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 35.
                     CAPITULO VIII-A
     De los Delitos Relativos a la Discriminación Racial

     Nota: Capítulo agregado por Decreto Supremo No. 3194, publicado en Registro
Oficial 769 de 8 de Febrero de 1979.

    Art. 212-A.- Será sancionado con prisión de seis meses a tres años:

     1) El que, por cualquier medio, difundiere ideas basadas en la superioridad
o en el odio racial;
     2) El que incitare, en cualquier forma, a la discriminación racial;
     3) El que realizare actos de violencia o incitare a cometerlo contra
cualquier raza, persona o grupo de personas de cualquier color u origen étnico;
y,
     4) El que financiare, asistiere o ayudare cualquier clase de actividades
racistas.

     Si los delitos puntualizados en este artículo fueren ordenados o ejecutados
por funcionarios o empleados públicos, la pena será de prisión de uno a cinco
años.

     Nota: Nuevo artículo insertado por Decreto Supremo 2636, publicado en el
Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 3194, publicado en Registro
Oficial 769 de 8 de Febrero de 1979.

     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 4, 17, 23.

     Art. 212-B.- Si de los actos de violencia a que se refiere el numeral 3 del
artículo precedente, resultare herida alguna persona, los autores serán
sancionados con prisión de dos a cinco años. Si dichos actos de violencia
produjeren la muerte de una persona, sus autores serán sancionados con reclusión
de 12 a 16 años.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 3194, publicado en Registro
Oficial 769 de 8 de Febrero de 1979.

     Art. 212-C.- Declárase ilegales, y en consecuencia prohibidas en la
República, tanto las organizaciones como todas las actividades de propaganda y de
difusión que promuevan la discriminación racial o inciten a ella. Por
consiguiente, quien partícipe en tales organizaciones o en dichas actividades
será sancionado con prisión de dos meses a dos años.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 3194, publicado en Registro
Oficial 769 de 8 de Febrero de 1979.

     Art. 212-D.- Queda prohibido a las autoridades y a las instituciones
públicas nacionales, regionales o locales promover o incitar la discriminación
racial. De la violación de esta prohibición serán responsables las mencionadas
autoridades, los representantes legales o los directivos de dichas instituciones,
quienes serán sancionados con prisión de seis meses a tres años y pérdida de los
derechos políticos por igual tiempo al de la condena.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 3194, publicado en Registro
Oficial 769 de 8 de Febrero de 1979.

     Art. 212-E.- A los funcionarios o empleados públicos que cometieren
cualesquiera de los delitos de discriminación racial tipificados en este Decreto,
se les aplicará las normas especiales previstas en la Constitución Política para
el caso de violación de las garantías en ella declaradas.
     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 3194, publicado en Registro
Oficial 769 de 8 de Febrero de 1979.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 50.

                       CAPITULO IX
            Disposiciones comunes a este título

     Art. 213.- Cualquier otro acto arbitrario y atentatorio contra las
libertades y derechos garantizado por la Constitución, ordenado o ejecutado por
un empleado u oficial público, por un depositario o agente de la autoridad o de
la fuerza pública, será reprimido con prisión de tres a seis meses.
     Respecto de la acusación; perdón, rebaja y conmutación de la pena;
prescripción de las acciones, y responsabilidad civil, se aplicarán además,
respecto de los funcionarios o empleados que violaren cualquiera de las garantías
declaradas en la Constitución, las reglas especialmente puntualizadas por ésta.

      Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo No. 2060, publicado en
Registro Oficial 495 de 30 de Diciembre de 1977.
      Nota: Decreto Supremo No. 2060, derogado por Decreto Supremo No. 2124,
publicado en Registro Oficial 508 de 18 de Enero de 1978.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 3, 16, 17, 23.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 154.

     Art. 214.- La obediencia disciplinaria podrá eximir de responsabilidad al
que ha ejecutado una orden contraria a los derechos garantizados por la
Constitución, siempre que dicha orden, emanada del superior jerárquico respectivo
y en asunto de su competencia, no haya podido ser desobedecida por el inferior,
sin quebrantamiento de la disciplina.

     Comprobadas estas circunstancias, toda la responsabilidad del acto recaerá
sobre el superior que hubiere expedido la orden de ejecutarlo.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 185.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 155.

     Art. 215.- Si alguno de los actos arbitrarios mencionados en este Capítulo
ha sido cometido mediante la firma falsificada de un empleado público, los
autores de la falsificación y los que, maliciosa y fraudulentamente, hubieren
usado de ella serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años.

     Art. 216.- Serán reprimidos con multa de ocho a treinta y un dólares de los
Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a tres años, los jueces y demás
empleados que, sin las autorizaciones prescritas por la Constitución, hubieren
solicitado, expedido o firmado un auto o sentencia contra el Presidente de la
República o el que le subrogue, o contra los Ministros de Estado, los Magistrados
de la Corte Suprema, o los Vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales; o
bien, una orden que tenga por objeto perseguirlos o hacerlos enjuiciar; o que
hubieren dado o firmado la orden o mandato para aprehenderlos o arrestarlos.

     Nota: Se sustituye "Consejeros de Estado" por "Vocales del Tribunal de
Garantías Constitucionales".
     Disposición dada por Decreto Legislativo No. 104, publicado en Registro
Oficial 315 de 26 de Agosto de 1982.
      Nota: Cambia el nombre por "Tribunal Constitucional". Dado por Disposición
Transitoria Primera de la Ley de Control Constitucional, Registro Oficial No. 99
de 2 de Julio de 1997.
      Nota: Artículo reformado por Art. 45 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 217.- En iguales penas incurrirán los jueces y demás empleados que
procedieren del modo que se indica en el artículo anterior respecto de los
Senadores y Diputados, mientras gozan de inmunidad, salvo el caso de delito
flagrante previsto por la Constitución.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24, 137.
     * LEY ORGANICA DE LA FUNCION LEGISLATIVA: Arts. 60, 61, 62, 63, 64.

                       TITULO III
      DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA

                       CAPITULO I
     De la rebelión y atentados contra los funcionarios

     Art. 218.- Es rebelión todo ataque, toda resistencia hecha con violencias o
amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza
pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones,
a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las
aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en
ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública.

     Es, igualmente, rebelión todo ataque, toda resistencia con violencias o
amenazas, por los individuos admitidos en los hospicios, no estando privados de
conocimiento, o por los presos o detenidos en las cárceles y otros lugares de
corrección o represión.

      LINK:
      Ver DELITO DE REBELION, Gaceta Judicial. Año V. Serie II. Nro. 10. Pág. 79.
(Quito, Octubre 22 de 1889).

     Art. 219.- Es también rebelión todo ataque, toda resistencia hecha con
violencias o amenazas a los empleados o agentes del servicio telegráfico, cuando
transmitan despachos de la autoridad pública.

     Art. 220.- La rebelión cometida por una sola persona provista de armas será
reprimida con prisión de tres meses a dos años. Si ha tenido lugar sin armas, con
prisión de ocho días a seis meses.

     Art. 221.- Si la rebelión ha sido cometida por muchas personas y a
consecuencia de un concierto previo, los rebeldes que lleven armas serán
reprimidos con reclusión menor de tres a seis años; y los otros, con prisión de
uno a tres años.

     Si la rebelión no ha sido el resultado de un concierto previo, los culpados
que llevaren armas serán reprimidos con prisión de tres meses a un año; y los
otros, con prisión de quince días a tres meses.

      LINK:
      Ver DELITO DE REBELION, Gaceta Judicial. Año LXVII. Serie X. No. 6. Pág.
2635. (Quito, 23 de Octubre de 1964).

     Art. 222.- En caso de rebelión en pandilla o atropamiento, no se aplicará
ninguna pena a los rebeldes que no ejercieren funciones ni empleos en la
pandilla, si se hubieren retirado a la primera amonestación de la autoridad
pública, o si han sido aprehendidos fuera del lugar de la rebelión, sin nueva
resistencia y sin armas.

     Art. 223.- En cuantos casos se aplicare, por el acto de rebelión, la pena de
privación de la libertad, los culpados podrán ser colocados bajo la vigilancia de
la autoridad hasta por un año, y multados con seis a dieciséis dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

     Los jefes de la rebelión, y los que la hubieren provocado podrán ser
condenados a vigilancia de la autoridad por dos años, a lo menos, y cinco, a lo
más.

      Nota: Artículo reformado por Art. 46 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 224.- La tentativa de asesinato contra el Presidente de la República o
el que se hallare ejerciendo la Función Ejecutiva será reprimida con reclusión
mayor de ocho a doce años, aunque no llegue a inferirse daño alguno.

     Nota: Ultimo inciso agregado por Decreto Supremo 2636, publicado en el
Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 156.

     Art. 225.- El reo de igual tentativa contra un Senador o Diputado, Ministro
de Estado, Magistrado o Juez, Gobernador o cualquier otro funcionario público que
ejerza jurisdicción o autoridad civil o militar, cuando se halle en actual
ejercicio de sus funciones, o por razón de su ministerio, será reprimido con
cuatro a ocho años de reclusión mayor, aunque no llegue a inferirse daño alguno.

     Si el atentado se cometiere contra la vida de cualquier otro funcionario
público que no ejerza jurisdicción, el autor será reprimido con reclusión menor
de tres a seis años.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 157.

     Art. 226.- La provocación a duelo dirigida a los funcionarios públicos de
que hablan los dos artículos anteriores, será reprimida con la pena inmediata
inferior a la señalada para la tentativa de asesinato contra los expresados
funcionarios, y según las distinciones establecidas en los mismos artículos.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 158.

     Art. 227.- El que hiriere o golpeare, o maltratare de obra, o cometiere otra
violencia material contra el Presidente de la República o contra quien hiciere
sus veces, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 159.

     Art. 228.- El que hiriere, o golpeare o maltratare de obra a alguno de los
funcionarios enumerados en el Art. 225, cuando este se halle en actual ejercicio,
o por razón del ejercicio de sus funciones, será reprimido con uno a tres años de
prisión.

     El que, en igual caso, cometiere este delito contra cualquier otro
funcionario público que no ejerza jurisdicción, o autoridad civil o militar, será
reprimido con prisión de dos meses a un año.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 160.
     Art. 229.- Si las heridas, golpes o maltratos, por su naturaleza y según las
disposiciones de este Código, merecieren otra pena, se aplicará al culpado la
pena del grado inmediato superior.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 161.

      LINK:
      Ver DELITO DE HERIDAS, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 2. Pág.
286. (Quito, 28 de Febrero de 1994).

     Art. 230.- El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente
de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis
meses a dos años de prisión y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 47 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 162.

     Art. 231.- El que con amenazas, injurias, amagos o violencias, ofendiere a
cualquiera de los funcionarios públicos enumerados en el Art. 225, cuando éstos
se hallen ejerciendo sus funciones, o por razón de tal ejercicio, será reprimido
con prisión de quince días a tres meses y multa de ocho a cuarenta y siete
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Los que cometieren las infracciones detalladas en el inciso anterior contra
otro funcionario que no ejerza jurisdicción, serán reprimidos con prisión de ocho
días a un mes.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Art. 48 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 163.

     Art. 232.- El que faltare al respeto a cualquier tribunal, corporación o
funcionario público, cuando se halle en ejercicio de sus funciones, con palabras,
gestos o actos de desprecio, o turbare o interrumpiere el acto en que se halla,
será reprimido con prisión de ocho días a un mes.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.

     Art. 233.- Igual pena se aplicará al que insultare u ofendiere a alguna
persona que se hallare presente y a presencia de los tribunales o de las
autoridades públicas.

     Art. 234.- Los que, fuera de los casos expresados en este Código,
desobedecieren a las autoridades cuando ordenaren alguna cosa para el mejor
servicio público, en asuntos de su respectiva dependencia y de acuerdo con sus
atribuciones legales, serán reprimidos con prisión de ocho días a un mes.
     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.

     CONCORD:
     * LEY DE SEGURIDAD NACIONAL: Arts. 139.

     Art. 235.- Los que, sin causa legítima, rehusaren prestar el servicio que se
les exija en la profesión, arte u oficio que ejerzan, o de cualquier otra manera
que sea necesaria para la administración de justicia, o servicio público, serán
reprimidos con prisión de ocho días a dos meses y multa de seis dólares de los
Estados Unidos de Norte América, sin perjuicio de que se les compela a prestar el
servicio que se les hubiere exigido.

      Nota: Artículo reformado por Art. 49 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 96.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 254, 255, 261.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 219.
     * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 514, 515, 516.

                       CAPITULO II
       De la usurpación de funciones, títulos y nombres

     Art. 236.- El que, sin título legítimo, se fingiere empleado público civil,
militar o eclesiástico, agente del Gobierno o comisionado, y ejerciere como tal
alguna función, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de
dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 50 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art.   237.- El que, habiendo sido nombrado para funcionario público, hubiere
entrado a   ejercer sus funciones sin haber prestado la promesa que la Ley
previene,   será reprimido con multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados
Unidos de   Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 51 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 238.- El funcionario público destituido, suspenso o declarado
legalmente en interdicción, que continuare en el ejercicio de sus funciones
después de haber sido notificado de la destitución, suspensión o interdicción,
será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de ocho a dieciséis
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Será reprimido con las mismas penas el funcionario público que hubiere
continuado ejerciendo sus funciones después del período para el cual fue
nombrado, salvo los casos legales.

      Nota: Artículo reformado por Art. 52 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 9.
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 367, 371.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 196.
     Art. 239.- El que hubiere tomado públicamente un nombre que no le pertenece
será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de ocho a dieciséis
dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una estas penas solamente.

      Nota: Artículo reformado por Art. 53 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 201, 202.

     Art. 239-A.- El que usare indebidamente grados, insignias, uniformes,
denominaciones o distintivos militares será reprimido con prisión de seis meses a
dos años.

     El máximo de la pena se impondrá al jefe de cualquier Dependencia o
Institución que autorizare tal uso a sus subalternos.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 1114, publicado en Registro
Oficial 159 de 5 de Octubre de 1972.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 204.

     Art. 239-B.- Si el uso indebido de grados, insignias, uniformes,
denominaciones o distintivos militares se hiciere con finalidad delictiva o como
medio facilitante para la comisión de un delito, al responsable se le impondrá
prisión de tres a cinco años. De haberse cometido el delito en estas
circunstancias, al infractor se le aplicará el máximo de la pena del delito más
grave de los que hubiere perpetrado.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 1114, publicado en Registro
Oficial 159 de 5 de Octubre de 1972.

                       CAPITULO III
            De la violación de sellos y documentos

     Art. 240.- Cuando hubieren sido rotos los sellos puestos por orden de la
autoridad pública, los guardianes serán reprimidos, por simple negligencia, con
prisión de ocho días a seis meses.

     Art. 241.- Los que hubieren roto intencionalmente los sellos serán
reprimidos con prisión de seis meses a dos años; y si el culpado fuere el
guardián mismo o el funcionario público que ha ordenado o ejecutado la fijación,
será reprimido con prisión de uno a tres años.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2128, 2129.

     Art. 242.- Si los sellos rotos fueren de los fijados sobre papeles o efectos
de un individuo acusado de un delito que tenga señalada la pena de reclusión
mayor o de reclusión menor extraordinaria, o de un individuo condenado a alguna
de estas penas, el guardián negligente será reprimido con prisión de tres meses a
un año.

     Art. 243.- El que hubiere roto intencionalmente los sellos puestos sobre
papeles o efectos de la calidad enunciada en el artículo precedente, será
reprimido con prisión de uno a tres años; y si el culpado es el guardián o el
funcionario público que ha ordenado o ejecutado la fijación, será reprimido con
prisión de uno a cinco años.

     Art. 244.- Si el rompimiento de los sellos ha sido cometido con violencias,
el culpado será reprimido con el máximo de las penas señaladas para la
infracción.
     Art. 245.- En los casos de los Arts. 241, 242, 243 y 244, el culpado podrá
ser condenado, además, a multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados
Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 54 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1572.

                       CAPITULO IV
       De los obstáculos puestos a la ejecución de las
                     obras públicas

     Art. 246.- El que se hubiere opuesto, por vías de hecho, a la ejecución de
obras públicas ordenadas por la autoridad competente, será reprimido con prisión
de ocho días a tres meses.

     Art. 247.- Los que, por medio de atropamiento, violencias, vías de hecho o
amenazas, se hubieren opuesto a la ejecución de dichas obras, serán reprimidos
con prisión de tres meses a dos años.

     Los jefes y promotores serán reprimidos con prisión de seis meses a tres
años.

     Art. 248.- En los casos previstos por los dos artículos precedentes, los
culpados podrán además, ser condenados a multa de ocho a dieciséis dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 55 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                        CAPITULO V
    De la violación de los deberes de funcionarios públicos,
  de la usurpación de atribuciones y de los abusos de autoridad

     Art. 249.- El funcionario público a quien corresponda, como a tal, el
cumplimiento y ejecución de una ley, reglamento u orden superior que legalmente
se le comunique, no lo cumpla y ejecute, o no lo haga cumplir y ejecutar, en su
caso, por morosidad, omisión o descuido, será reprimido con multa de dieciséis a
treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 56 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, CODIFICACION: Arts. 109.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 23, 24, 26, 27, 33, 153.

      LINK:
      Ver FUNCIONARIOS PUBLICOS, Gaceta Judicial. Año XIX. Serie 4. Nro. 51. Pág.
408. (Quito, 22 de Noviembre de 1920).

     Art. 250.- Igual pena se impondrá al que difiera ejecutar o hacer ejecutar
la orden superior, aunque sea con pretexto de representar acerca de ella, excepto
en los casos siguientes:

     1o.- Cuando la orden superior sea manifiestamente contraria a la
Constitución;
     2o.- Cuando no sea comunicada con las formalidades que exigen la
Constitución y las leyes, o haya algún motivo para dudar prudentemente de la
autenticidad de la orden;
     3o.- Cuando sea una resolución obtenida con engaño, o dada contra Ley y con
perjuicio de terceros; y,
     4o.- Cuando de la ejecución de la orden resulten o se teman, probablemente,
graves males que el superior no haya podido prever.

     Aunque en estos casos podrá el ejecutor de la orden suspender, bajo su
responsabilidad, la ejecución, para representar al que la haya dado, será
reprimido con las penas respectivas, conforme a los dos artículos anteriores, si
no adujere en la misma representación, los motivos fundados que alegue.

     Si el superior, después de enterarse de la representación, repitiere la
orden, deberá cumplirla y ejecutarla inmediatamente el inferior, salvo el único
caso de ser manifiestamente contraria a la Constitución y a las leyes.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 17, 18.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 120.

     Art. 251.- Cuando, coligándose dos o más funcionarios públicos o cuerpos
depositarios de alguna parte de la autoridad pública, sea en una reunión, o por
diputación, o correspondencia entre ellos, concierten alguna medida para impedir,
suspender o embarazar la ejecución de una Ley, reglamento u orden superior, serán
reprimidos con prisión de seis meses a cinco años.

     Si el concierto ha tenido lugar entre las autoridades civiles y los cuerpos
militares o sus jefes, los que lo hubieren provocado serán reprimidos con tres a
seis años de reclusión menor; y los otros, con tres a cinco años de prisión.

     Art. 252.- En caso de que las   autoridades civiles hubieren formado con los
cuerpos militares o sus jefes, una   conspiración atentatoria contra la seguridad
del Estado, los provocadores serán   reprimidos con reclusión menor extraordinaria
de nueve a doce años, y los otros,   con seis a nueve años de la misma reclusión.

     Art. 253.- Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de ocho
a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América los funcionarios que,
a consecuencia del convenio, hubieren dimitido con el fin de impedir o suspender,
sea la administración de justicia, o el cumplimiento de un servicio legítimo.

      Nota: Artículo reformado por Art. 57 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 254.- El empleado público que dictare reglamentos o disposiciones,
excediéndose de sus atribuciones, será reprimido con multa de ocho a treinta y un
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 58 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 120.

      LINK:
      Ver DELITO DE USURPACION DE FUNCIONES, Gaceta Judicial. Año V. Serie II.
Nro. 8. Pág. 60. (Quito, Agosto 23 de 1884).

     Art. 255.- El juez que se arrogare atribuciones propias de las autoridades
políticas o administrativas, o impidiere a éstas el ejercicio legítimo de las
suyas, será reprimido con multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados
Unidos de Norte América.

     En la misma pena incurrirá todo empleado del orden político o administrativo
que ejerciere atribuciones judiciales, o impidiere la ejecución de una
providencia o decisión dictada por el juez competente.
      Nota: Artículo reformado por Art. 59 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

        CONCORD:
        * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 19.

     Art. 256.- El empleado público o juez, que legalmente requerido de
inhibición, continuare procediendo antes de que se decida la competencia o
recusación, será reprimido con multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados
Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 60 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

        CONCORD:
        * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 21, 848, 856.

      Art. 257.- Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce
años, los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda
persona encargada de un servicio público, que, en beneficio propio o de terceros,
hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen,
piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su
poder en virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco,
disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de
reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se
refiere a fondos destinados a la defensa nacional.

     Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos de
los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, además,
abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público.

     Están comprendidos en esta disposición los servidores que manejen fondos del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos estatales y privados.
Igualmente están comprendidos los servidores de la Contraloría General y de la
Superintendencia de Bancos que hubieren intervenido en fiscalizaciones,
auditorías o exámenes especiales anteriores, siempre que los informes emitidos
implicaren complicidad o encubrimiento en el delito que se pesquisa.

     Los culpados contra quienes se dictare sentencia condenatoria quedarán,
además, perpetuamente incapacitados para el desempeño de todo cargo o función
públicos; para este efecto, el juez de primera instancia comunicará,
inmediatamente de ejecutoriado, el fallo a la Dirección Nacional de Personal y a
la autoridad nominadora del respectivo servidor, e igualmente a la
Superintendencia de Bancos si se tratare de un servidor bancario. El Director
Nacional de Personal se abstendrá de inscribir los nombramientos o contratos
otorgados a favor de tales incapacitados, para lo cual se llevará en la Dirección
Nacional de Personal un registro en que consten los nombres de ellos.

       La acción penal prescribirá en el doble del tiempo señalado en el artículo
101.

     Con la misma pena serán sancionados los servidores de la Dirección General
de Rentas y los servidores de aduanas que hubieren intervenido en Actos de
Determinación.

      También están comprendidos en las disposiciones de este artículo los
funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del
sistema financiero nacional privado, así como los miembros o vocales de los
directorios y de los consejos de administración de estas entidades, que hubiesen
contribuido al cometimiento de estos ilícitos.
     Nota: Artículo sustituido por el Art. 396 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control, No. 1429, publicado en Registro Oficial 337
de 16 de Mayo de 1977.
      Nota: Por el numeral 1) del artículo 99 de la Ley No. 73, publicada en
Registro Oficial Suplemento 595 de 12 de Junio del 2002, que contiene la Ley
Orgánica de la Contraloría General, se deroga el Título XI de la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control, título que contenía el artículo 396 que
sustituía al artículo 257 del Código Penal, encontrándose este último derogado
juntamente con el Título XI.
     Nota: El Art. 16 del Decreto Supremo No. 2636, publicado en Registro Oficial
621 de 4 de Julio de 1978, reforma el Art. 257, en cuanto al tiempo de las penas,
y suprimiendo la "malversación" como delito. Por Decreto Legislativo s/n,
publicado en Registro Oficial 36 de 1o. de Octubre de 1979, se deroga el mentado
Art. 16, sin embargo, en el Art. 1o. no se lo restablece al texto original, sino
que se lo trata en el Art. 3, restableciendo las penas originales. En
consecuencia, aparentemente hubo intención en el Decreto Legislativo de eliminar
la "malversación" como tipificación de delito. Puntualizamos como inquietud para
el Usuario.
     Nota: Artículo reformado por Ley No. 93, publicada en Registro Oficial
Suplemento 764 de 22 de Agosto de 1995.
     Nota: Artículo reformado por Art. 19 de Ley No. 26, publicada en Registro
Oficial 190 de 13 de Mayo de 1999.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

       CONCORD:
       * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 120, 121, 122,
130.
       *   CODIGO   CIVIL (LIBRO I): Arts. 574.
       *   CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2374.
       *   CODIGO   DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 233.
       *   LEY DE   COOPERATIVAS, CODIFICACION: Arts. 143, 144.
       *   CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 222.

      LINK:
      Ver DESFALCO, MALVERSACION, Gaceta Judicial. Año XXIX. Serie V. No. 37.
Pág. 907. (Quito, 7 de Octubre de 1930).
      Ver DESFALCO DE FONDOS DE SOCIEDADES, Gaceta Judicial. Año XXXI. Serie V.
No. 65. Pág. 1416. (Quito, 13 de Junio de 1932).
      Ver DELITO DE PECULADO, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. No. 11. Pág.
1301. (Quito, 12 de Julio de 1949).
      Ver DESFALCO DE FONDOS PUBLICOS, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. No. 11.
Pág. 1325. (Quito, 10 de Septiembre de 1949).
      Ver DELITO DE DESFALCOS, Gaceta Judicial. Año LX. Serie 8. No. 15. Pág.
1454. (Quito, 30 de Agosto de 1957).
      Ver DELITO DE DESFALCO, Gaceta Judicial. Año LX. Serie 8. No. 15. Pág.
1519. (Quito, 13 de Diciembre de 1956).
      Ver DELITO DE DESFALCO, Gaceta Judicial. Año LXI. Serie IX. No. 3. Pág.
248. (Quito, 12 de Noviembre de 1958).
      Ver DELITO DE PECULADO Y FALSIFICACION, Gaceta Judicial. Año LXII. Serie
IX. No. 6. Pág. 694. (Quito, 27 de Octubre de 1959).
      Ver SINDICADOS PROFUGOS, Gaceta Judicial. Año LXII. Serie IX. No. 11. Pág.
1175. (Quito, 14 de Abril de 1961).
      Ver DELITO DE PECULADO, Gaceta Judicial. Año LXVIII. Serie X. No. 7. Pág.
2797. (Quito, 20 de Noviembre de 1964).
      Ver DELITO DE DESFALCO, Gaceta Judicial. Año LXVIII. Serie X. No. 8. Pág.
2864. (Quito, 7 de Mayo de 1963).
      Ver DELITO DE DESFALCO, Gaceta Judicial. Año LXIX. Serie X. No. 11. Pág.
3612. (Quito, 25 de Febrero de 1966).
      Ver DELITO DE DESFALCO, Gaceta Judicial. Año LXX. Serie X. No. 14. Pág.
4059. (Quito, 17 de Mayo de 1967).
      Ver DELITO DE DESFALCO O DEFRAUDACION, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie
XII. No. 13. Pág. 2933. (Quito, 7 de Octubre de 1976).
      Ver DELITO DE DESFALCO, Gaceta Judicial. Año LXXIX. Serie XIII. Nro. 5.
Pág. 1062. (Quito, 5 de Abril de 1979).
      Ver DELITO DE PECULADO, Gaceta Judicial. Año LXXXI. Serie XIII. Nro. 11.
Pág. 2544. (Quito, 20 de Marzo de 1981).
      Ver DELITO DE DESFALCO, Gaceta Judicial. Año LXXXI. Serie XIII. Nro. 11.
Pág. 2563. (Quito, 26 de Marzo de 1981).
      Ver DESFALCO CON SIMULACION DE ASALTO, Gaceta Judicial. Año LXXXI. Serie
XIII. Nro. 12. Pág. 2868. (Quito, 16 de Julio de 1981).
      Ver USO ARBITRARIO DE FONDOS PUBLICOS: PERSONAS PRIVADAS, Gaceta Judicial.
Año LXXXII. Serie XIII. Nro. 13. Pág. 3105. (Quito, 7 de Octubre de 1981).
      Ver PECULADO, Gaceta Judicial. Año LXXXIII. Serie XIV. No. 1. Pág. 95.
(Quito, 10 de Septiembre de 1982).
      Ver PECULADO POR FALSIFICACION DOCUMENTAL, Gaceta Judicial. Año LXXXIII.
Serie XIV. No. 2. Pág. 415. (Quito, 8 de Enero de 1982).
      Ver CONCURSO IDEAL Y MATERIAL DE DELITOS, Gaceta Judicial. Año LXXXIV.
Serie XIV. No. 5. Pág. 1083. (Quito, 4 de Abril de 1984).
      Ver DELITO DE DESFALCO BANCARIO, Gaceta Judicial. Año LXXXIV. Serie XIV.
No. 5. Pág. 1084. (Quito, 11 de Enero de 1984).
      Ver AUTOR, COAUTOR, COMPLICE DE PECULADO, Gaceta Judicial. Año LXXXV. Serie
XIV. No. 9. Pág. 1996. (Quito, 23 de Julio de 1985).
      Ver RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS NO SON DE NATURALEZA PENAL, Gaceta
Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No. 1. Pág. 199. (Quito, 26 de Octubre de 1993).
      Ver ELEMENTOS ESPECIFICOS DEL DELITO DE PECULADO, Gaceta Judicial. Año
XCIV. Serie XVI. No. 1. Pág. 211. (Quito, 22 de Octubre de 1993).
      Ver DELITO DE PECULADO EN CONTRATO DE OBRA, Gaceta Judicial. Año XCVIII.
Serie XVI. Nro. 12, Pág. 3122, (Quito, 22 de mayo de 1998).
      Ver PECULADO EN CONTRATACION DE OBRAS, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie
XVI. Nro. 12. Pág. 3129. (Quito, 2 de junio de 1998).

      Art. 257A.- Serán reprimidos con reclusión de cuatro a ocho años las
personas descritas en el artículo anterior que, abusando de sus calidades,
hubieren actuado dolosamente para obtener o conceder créditos vinculados,
relacionados o intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto
de esta clase de operaciones. La misma pena se aplicará a los beneficiarios que
dolosamente hayan intervenido para el cometimiento de este ilícito y a quienes
hayan prestado su nombre para beneficio propio o de un tercero.

     Nota: Artículo agregado por Art. 20 de Ley No. 26, publicada en Registro
Oficial 190 de 13 de Mayo de 1999.

     Art. 257-A.- Las personas elegidas por votación popular, los representantes
o delegados del Presidente de la República y de otros funcionarios fiscales o
municipales en organismos del Estado, autónomos o semiautónomos; los
funcionarios, empleados o servidores públicos que de cualquier forma utilizaren
en beneficio propio o de terceras personas cuando éste signifique lucro o
incremento patrimonial, trabajadores remunerados por el Estado o por las
Entidades del sector público o bienes del sector público, serán reprimidos con la
pena de uno a cinco años de prisión y multa de ciento noventa a novecientos
cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Nota: Artículo agregado por Ley No. 6, publicado en Registro Oficial
Suplemento 260 de 29 de Agosto de 1985.
      Nota: Artículo reformado por Art. 61 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 122, 123.

     Art. 257-B.- Con la misma pena serán sancionadas las personas señaladas en
el artículo anterior, que se hubieren aprovechado económicamente en beneficio
propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y
más documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación restringida,
que estén o hubiesen estado en su conocimiento o bajo su dependencia en razón o
con ocasión del cargo que ejercen o hubiesen ejercido.

     Nota: Artículo agregado por Ley No. 6, publicado en Registro Oficial
Suplemento 260 de 29 de Agosto de 1985.

     Art. 257-C.- La misma pena señalada en los artículos anteriores se impondrá
a las personas elegidas por votación popular, a los representantes o delegados y
a los funcionarios, empleados o servidores públicos que aprovechándose de la
representación popular o del cargo que ejercen se favorezcan o hayan favorecido a
personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones
legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o permitido la
realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector
público.

     Quedan comprendidos en la misma disposición anterior y sujetos a igual pena
los directores, vocales o miembros de los organismos administradores del Estado o
del sector público en general, que, con su voto, hubiesen cooperado a la comisión
del delito al que se refiere el inciso precedente.

     Nota: Artículo agregado por Ley No. 6, publicado en Registro Oficial
Suplemento 260 de 29 de Agosto de 1985.

     Art. 257-D.- Corresponde al Tribunal Penal el juzgamiento por delito de
peculado tipificado en el artículo 257 del Código Penal, con sujeción al trámite
señalado en el actual Código de Procedimiento Penal y no al determinado en el
Decreto Nro. 618 publicado en el Registro Oficial Nro. 105 de 9 de julio de 1972,
en lo que quedó vigente de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 888
publicado en el Registro Oficial Nro. 631 del 4 de septiembre de 1974, y luego
derogado desde que entró en vigencia el Código de Procedimiento Penal publicado
en el Registro oficial Nro. 511 del 10 de Junio de 1983.

     Nota: Artículo dado por Resolución en Pleno de la Corte Suprema de Justicia,
publicado en Registro Oficial 572 de 26 de Noviembre de 1986.

     Art. 258.- Nota: Artículo suprimido por el Art. 396 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control, No. 1429, publicado en Registro Oficial 337
de 16 de Mayo de 1977.

     Art. 259.- Nota: Artículo suprimido por el Art. 396 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control, No. 1429, publicado en Registro Oficial 337
de 16 de Mayo de 1977.

     Art. 260.- Serán castigados con prisión de dos a cuatro años, si el caso no
estuviere comprendido en el Art. 257, los funcionarios y empleados públicos o sus
agentes que, encargados de la adquisición o compra de artículos y enseres para la
administración, recibieren comisiones o primas, alteraren los precios en los
artículos, las planillas, etc., y los vendedores o proveedores que tomaren parte
o se prestaren para estas combinaciones ilícitas.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 222.

     Art. 261.- Los funcionarios que cobraren por si mismos, debiendo hacerlo por
medio de otro, las multas que impusieren; o que no otorgaren recibo del pago; o
no dejaren constancia de la multa en el libro correspondiente, serán reprimidos
con quince días a un año de prisión y el cuádruplo de la multa indebidamente
cobrada.

     Nota: El Decreto Supremo No. 380, de 27 de Mayo de 1966, publicado en
Registro Oficial No. 46, de dos de junio del mismo año, concede acción popular
para denunciar ante la autoridad correspondiente los casos de cobros directos de
multas por parte de los funcionarios que las impusieren y sanciona, además, tal
procedimiento, con la cancelación del cargo y pérdida de la remuneración.

     Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo
empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere
maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos,
programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos
contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren
depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados sin
razón de su cargo.

      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 20.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 222.

     Art. 263.- Cuando se hubieren sustraído o destruido piezas o procesos
criminales u otros papeles, registros o documentos contenidos en los archivos,
oficinas o depósitos públicos, o entregados a un depositario público, en su
calidad de tal, el depositario culpado de negligencia será reprimido con prisión
de seis meses a un año.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 222.

      LINK:
      Ver SUSTRACCION DE PROCESOS, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. No. 15. Pág.
1727. (Quito, 6 de Noviembre de 1951).

     Art. 264.- Los empleados públicos o las personas encargadas de un servicio
público que se hubieren hecho culpables de concusión, mandando percibir,
exigiendo o recibiendo lo que sabían que no era debido por derechos, cuotas,
contribuciones, rentas o intereses, sueldos o gratificaciones, serán reprimidos
con prisión de dos meses a cuatro años.

     La pena será de prisión de dos a seis años, si la concusión ha sido cometida
con violencias o amenazas.

     Esta pena será aplicable a los prelados, curas u otros eclesiásticos que
exigieren de los fieles, contra la voluntad de éstos, diezmos, primicias,
derechos parroquiales, o cualesquiera otras obligaciones que no estuvieren
autorizadas por la Ley civil.

     Las infracciones previstas en este artículo y en los tres precedentes serán
reprimidas, además, con multa de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norte
América y con la restitución del cuádruplo de lo que hubieren percibido.

     Estas penas serán también aplicadas a los agentes o descendientes oficiales
de los empleados públicos y de toda persona encargada de un servicio público,
según las distinciones arriba establecidas.

      Nota:   Inciso penúltimo reformado por Ley No. 105, publicada en Registro
Oficial 365   de 21 de Julio de 1998.
      Nota:   Artículo reformado por Art. 62 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635   de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 121.
     * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 523.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 139.
     * LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL: Arts. 187.
      LINK:
      Ver DELITO DE CONCUSION, Gaceta Judicial. Año XXIX. Serie V. No. 23. Pág.
446. (Quito, 16 de Mayo de 1930).

     Art. 265.- El empleado público que, abiertamente o por medio de un acto
simulado por el, o por interpuesta persona, tome para si, en todo o en parte,
finca o efecto en cuya subasta, arriendo, adjudicación, embargo, secuestro,
partición judicial, depósito o administración, intervenga por razón de su cargo u
oficio; o cualquiera de las personas referidas que entre a la par en alguna
negociación o especulación de lucro o interés personal, que versen sobre las
mismas fincas o efectos, o sobre cosa en que tenga igual intervención oficial,
será reprimido con multa de seis al doce por ciento del valor de la finca o de la
negociación y con prisión correccional de seis meses a tres años y no se podrá
dejar en suspenso el cumplimiento de la pena.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1737.
     * LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL: Arts. 10.

     Art. 266.- Los jueces de lo penal, tesoreros, administradores y demás
empleados de Aduana y del Resguardo, que ejercieren el comercio por si mismos,
dentro del distrito donde respectivamente desempeñan sus funciones, sea
abiertamente o por actos simulados, serán reprimidos con la pérdida de lo que se
les aprehenda pertinente a este comercio ilícito.

     La misma pena se impondrá al Presidente de la República, Ministros del
Estado, Gobernadores, Comandantes Generales, Jefes de Zona Militar y Magistrados
de los tribunales, si ejercieren el comercio.

     La disposición de este artículo no comprende la venta de los productos de
las haciendas que sean propias de los empleados, o que estos manejen como
arrendatarios, usufructuarios o usuarios, ni de los productos de los ramos de
industria propia en que se ocupen sus familiares o sus agentes.

     Tampoco es aplicable esta disposición a los que pusieren sus fondos en
acciones de banco o de cualquier empresa o compañía, con tal que no ejerzan en
ellas cargo ni tengan intervención directa, administrativa o económica, ni a los
que dan a mutuo sus capitales.

     CONCORD:
     * LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION: Arts. 101.
     * CODIGO DE COMERCIO: Arts. 7.

     Art. 267.- El Magistrado o Juez que, dolosamente y mientras se agite el
pleito, proceso o negocio de que conoce, se constituya deudor de alguna de las
partes, o haga fiador suyo a alguna de ellas, o contraiga con ellas alguna
obligación pecuniaria, será reprimido con multa de ocho a treinta y un dólares de
los Estados Unidos de Norte América y suspensión por tres años de los derechos de
ciudadanía.

      Nota: Artículo reformado por Art. 63 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 856.

     Art. 268.- Nota: Artículo derogado por Ley No. 105, publicada en Registro
Oficial 365 de 21 de Julio de 1998.

     Art. 269.- Nota: Artículo derogado por Ley No. 105, publicada en Registro
Oficial 365 de 21 de Julio de 1998.
     Art. 270.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años el funcionario
público, agente o comisionado del Gobierno, cualquiera que sea su empleo o grado,
que hubiere requerido u ordenado, hecho requerir u ordenar, la acción o empleo de
la fuerza pública contra la ejecución de una Ley o decreto ejecutivo, contra la
percepción de un impuesto legalmente establecido, o contra la ejecución de un
decreto, auto o sentencia judicial, o de cualquier orden emanada de la autoridad.

     Art. 271.- Si el requerimiento u orden ha surtido efecto, el culpado será
reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

     Art. 272.- Si las órdenes o requerimientos han sido la causa directa de
otros delitos que deban reprimirse con penas más rigurosas que las expresadas en
los artículos anteriores, estas penas más rigurosas serán aplicadas a los
funcionarios, agentes o comisionados culpados de haber dado dichas órdenes o
realizado dichos requerimientos.

     Art. 273.- Cuando un funcionario público, de cualquier naturaleza que sea,
un agente del Gobierno o de la Policía, un ejecutor de órdenes o sentencias
judiciales, un Comandante de la Fuerza Pública hubieren, sin motivo legítimo,
usado o hecho usar violencias para con alguna persona, en el ejercicio o con
ocasión del ejercicio de sus funciones, el mínimo de la pena señalada para estos
actos se aumentará conforme al Art. 275.

     Art. 274.- Todo comandante, oficial o subalterno de la Fuerza Pública que,
después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se hubiere
negado a prestar el auxilio que ésta le pida, será reprimido con prisión de
quince días a tres meses.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 185.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 269.

     Art. 275.- Fuera del caso en que la Ley fija especialmente las penas con que
deben reprimirse los delitos cometidos por los funcionarios o empleados públicos,
los que se hubieren hecho culpables de otros delitos que estuvieren encargados de
prevenir, perseguir o reprimir serán sancionados con las mismas penas señaladas a
estos delitos, doblándose el mínimo si la pena es de prisión, y aumentándose en
dos años si es de reclusión mayor o menor.

     Art. 276.- Al tratarse de los delitos incriminados y sancionados en los
Arts. 257 al 261 inclusive, 264 y 265, no se podrá conceder libertad
condicional.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 233.

                        CAPITULO VI
                       Del prevaricato

     Art. 277.- Son prevaricadores y serán reprimidos con uno a cinco años de
prisión:

     1o.- Los jueces de derecho o árbitros juris que, por interés personal, por
afecto o desafecto a alguna persona o corporación, o en perjuicio de la causa
pública, o de un particular, fallaren contra Ley expresa, o procedieren
penalmente contra alguno, conociendo que no lo merece;
     2o.- Los jueces o árbitros que dieren consejo a una de las partes que
litigan ante ellos, con perjuicio de la parte contraria;
     3o.- Los jueces o árbitros que en la sustanciación de las causas procedieren
maliciosamente contra leyes expresas, haciendo lo que prohíben o dejando de hacer
lo que mandan;
     4o.- Los empleados públicos de cualquier clase que, ejerciendo alguna
autoridad judicial, gubernativa o administrativa, por interés personal, afecto o
desafecto a alguna persona o corporación, nieguen, rehusen o retarden la
administración de justicia, o la protección u otro remedio que legalmente se les
pida o que la causa pública exija, siempre que estén obligados a ello; o que,
requeridos o advertidos en forma legal, por alguna autoridad legítima o legítimo
interesado, rehusen o retarden prestar la cooperación o auxilio que dependan de
sus facultades, para la administración de justicia, o cualquiera necesidad del
servicio público;
     5o.- Los demás empleados, oficiales y curiales que, por cualquiera de las
causas mencionadas en el numeral primero, abusen dolosamente de sus funciones,
perjudicando a la causa pública o a alguna persona; y,
     6o.- Los jueces o árbitros que conocieren en causas en las que patrocinaron
a una de las partes como abogados o procuradores.

     CONCORD:
     * LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL: Arts. 3, 7, 10.
     * CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION: Arts. 278.
     * LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA: Arts. 64.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 139.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 214.

      LINK:
      Ver COMPETENCIA POLICIAL O CIVIL DEL DELITO DE PREVARICATO, Gaceta
Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No. 1. Pág. 189. (Quito, 18 de Agosto de 1993).
      Ver JUICIO POR PREVARICATO DE MAGISTRADOS, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie
XVI. No. 1. Pág. 207. (Quito, 1 de Julio de 1993).

     Art. 278.- Si las infracciones detalladas en el artículo anterior han sido
cometidas en materia penal, se aplicará el máximo de la pena.

     Art. 279.- Los abogados, defensores o procuradores en juicio, que descubran
los secretos de su defendido a la parte contraria; o que, después de haberse
encargado de defender a la una parte y enterándose de sus pretensiones y medios
de defensa, la abandonaren y defendieren a la otra; o que, de cualquier otro
modo, dolosamente, perjudicaren a su defendido para favorecer al contrario, o
sacar alguna utilidad personal, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1737.
     * LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL: Arts. 146, 151.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 38.
     * LEY DE FEDERACION DE ABOGADOS DEL ECUADOR: Arts. 23, 49.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 215.

     Art.   280.- Los actuarios que, en las causas en que intervienen, defiendan o
aconsejen   a alguno de los litigantes, serán reprimidos con prisión de tres meses
a un año,   multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte
América y   pérdida del empleo.

      Nota: Artículo reformado por Art. 64 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 281.- Los que maliciosamente ejerzan funciones de juez, verbalmente o
por escrito, en causa civil o penal, en que sean interesados, o lo sea algún
pariente suyo en el grado prohibido por la Ley; o en que tengan cualquier otro
impedimento legal para ejercerlas, serán reprimidas con prisión de un mes a un
año.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 856.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 217.

     Art. 282.- Todo funcionario público que, sin orden legal del superior
competente, descubra o revele, algún secreto de los que le están confiados por
razón de su destino, o exhiba algún documento que deba estar reservado, será
reprimido con uno a cinco años de prisión.

      CONCORD:
      * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 546.
      * LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION: Arts. 442.
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 151, 154, 158.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 215.
      * LEY DE MERCADO DE VALORES, CODIFICACION: Arts. 214, 222.
      * LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION: Arts.
88, 90, 92, 93, 94.

     Art. 283.- Serán reprimidos con prisión de dos meses a un año y suspensión
del ejercicio profesional por el mismo tiempo, los abogados que favorecieren la
actuación de los tinterillos, autorizando con su firma los escritos de éstos.

      CONCORD:
      * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 213.
      * LEY PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS TINTERILLOS: Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11.

     Art. 284.- Los médicos, cirujanos, farmacéuticos, obstetrices, o cualquier
otro profesional depositario de un secreto en razón de la profesión que ejerzan y
que lo revelare aún al declarar en juicio, será reprimido con prisión de uno a
seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte
América y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. Se exceptúa
el caso en que la Ley les obligue a hacer conocer dicho secreto.

      Nota: Artículo reformado por Art. 65 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                         CAPITULO VII
                          Del cohecho

     Art. 285.- Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio
público que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o presentes, para
ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo, pero no sujeto a
retribución, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años y multa de
ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, a más de la
restitución del duplo de lo que hubieren percibido.

     Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de seis a treinta y
un dólares de los Estados Unidos de Norte América a más de restituir el triple de
lo percibido, si han aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes
bien sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto
manifiestamente injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su
obligación.

      Nota: Artículo reformado por Art. 66 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

       CONCORD:
       * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 121, 130.
       * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 139.
       * LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION: Arts.
189.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 216.

     Art. 286.- Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio
público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos,
hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren
abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes, serán
reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de dieciséis a
setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, a más del triple
de lo que hayan percibido.

      Nota: Artículo reformado por Art. 67 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      CONCORD:
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 139.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 212.

     Art. 287.- El culpable será condenado a reclusión mayor de cuatro a ocho
años y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos
de Norte América, si ha aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes
por cometer, en el ejercicio de su cargo, un delito.

      Nota: Artículo reformado por Art. 68 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      CONCORD:
      * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 139.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 217.

     Art. 288.- El juez, el árbitro o componedor, el jurado que se hubiere dejado
cohechar o sobornar serán reprimidos con cuatro a ocho años de reclusión mayor y
privación del ejercicio de la abogacía, en su caso.

      CONCORD:
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 218.

     Art. 289.- El juez, el árbitro o el jurado culpados de cohecho serán
condenados, a más de las penas arriba mencionadas, a una multa igual al triple
del dinero o valor de la recompensa. En ningún caso esta multa podrá ser menor de
ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 69 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      CONCORD:
      * LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
80.

     Art. 290.- Los que hubieren compelido por violencias o amenazas, corrompido
por promesas, ofertas, dones o presentes, a un funcionario público, a un jurado,
árbitro o componedor, o a una persona encargada de un servicio público, para
obtener un acto de su empleo u oficio, aunque fuera justo, pero no sujeto a
retribución, o la omisión de un acto correspondiente al orden de sus deberes,
serán reprimidos con las mismas penas que el funcionario, jurado, árbitro o
componedor culpados de haberse dejado cohechar.

      CONCORD:
      * LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
80, 81.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 220.

     Art. 291.- No se restituirán al corruptor, en ningún caso, las cosas
entregadas por el, ni su valor; y serán comisadas y puestas a disposición del
Presidente de la República, para que las destine a los establecimientos de
asistencia pública que juzgue conveniente.

                        CAPITULO VIII
         De los delitos contra la actividad judicial
     Art. 292.- Todo funcionario o todo agente de Policía que, habiendo tenido
noticia de la perpetración de un delito, no lo pusiere, inmediatamente, en
conocimiento de un juez de instrucción, será reprimido con prisión de quince días
a seis meses.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO III): Arts. 1011.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 26, 209.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 108.

     Art. 293.- Todo médico, cirujano, dentista, obstetriz, o cualquier otra
persona que, en el ejercicio de profesión sanitaria, al prestar servicios
profesionales, descubriere un hecho que presente los caracteres de un delito y no
lo denunciare a la policía o a un juez de instrucción, será reprimido con multa
de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, a menos
que la denuncia pueda acarrear responsabilidad penal a la persona asistida.

      Nota: Artículo reformado por Art. 70 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 294.- Todo aquel que mediante acusación o denuncia, o por anónimo, o
con nombre falso afirme haberse cometido un delito que no ha existido, o que
simule los vestigios de una infracción, para procurar un enjuiciamiento penal
tendiente a obtener una certificación a su favor, será reprimido con prisión de
tres meses a un año.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 46, 51, 61.

     Art. 295.- Todo aquel que dentro de juicio ante el juez de instrucción o el
de la causa, o extrajudicialmente, ante autoridades judiciales o agentes de
policía, se declare autor de un delito que no se ha realizado, o de un delito en
el que no ha tenido participación, será reprimido con prisión de tres meses a dos
años.

     El delito anterior no se reprimirá cuando se ha cometido por favorecer a un
ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, o a un afín dentro del segundo
grado.

     Art. 296.- Todo aquel que en el decurso de un procedimiento   civil o
administrativo, o antes de un procedimiento penal, o durante él,   a fin de inducir
a engaño al juez, cambie artificialmente el estado de las cosas,   lugares o
personas, y si el hecho no constituye otra infracción penada más   gravemente por
este Código, será reprimido con prisión de seis meses a dos años   y multa de ocho
a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 71 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 82.

                       CAPITULO VIII
                Del Enriquecimiento Ilícito

     Nota: Capítulo incorporado por el Art. 2 de la Ley No. 6, publicada en
Registro Oficial Suplemento 260 de 29 de Agosto de 1985.

     Art. ...- Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del
patrimonio de una persona, producido con ocasión o como consecuencia del
desempeño de un cargo o función pública, que no sea el resultado de sus ingresos
legalmente percibidos.
     Nota: Artículo incorporado por el Art. 2 de la Ley No. 6, publicada en
Registro Oficial Suplemento 260 de 29 de Agosto de 1985.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 121, 130.

      Art. ... .- El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de dos a
cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento
ilícito, siempre que no constituya otro delito.

     Nota: Artículo incorporado por el Art. 2 de la Ley No. 6, publicada en
Registro Oficial Suplemento 260 de 29 de Agosto de 1985.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     Art. 296-C.- Son aplicables los dos artículos innumerados anteriores, a
quienes como funcionarios o empleados, manejen fondos de los Bancos Central, del
Sistema de Crédito de Fomento y Comerciales y del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.

     Nota: Artículo incorporado por el Art. 2 de la Ley No. 6, publicada en
Registro Oficial Suplemento 260 de 29 de Agosto de 1985.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 121, 122, 130.

                       CAPITULO IX
     De la publicación y distribución de escritos anónimos
                  o sin pie de imprenta

     Art. 297.- Todo aquel que hubiere contribuido a la publicación o
distribución de cualesquiera impresos, mimeografiados o escritos a máquina o a
mano, que no lleven el nombre del autor o del impresor, o de la imprenta,
conocidos, será reprimido con prisión de tres meses a un año y multa de doce a
treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 72 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 146, 384.

      LINK:
      Ver IMPRESOS ANONIMOS, Gaceta Judicial. Año XXXII. Serie V. No. 95. Pág.
2225. (Quito, 17 de Enero de 1934).

    Art. 298.- Quedarán exentos de la pena señalada por el artículo anterior:

    Los que hubieren dado a conocer al impresor, al autor o la imprenta; y,

     Los vendedores o repartidores que hubieren dado a conocer las personas de
quienes hubieren recibido el impreso, mimeografiado, o escrito.

     Art. 299.- Descubiertos la imprenta o el mimeógrafo en que se haya hecho la
publicación anónima, serán comisados y destinados a un establecimiento público.

     CONCORD:
     * LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Arts. 324, 325.

                       CAPITULO X
             De los delitos de los proveedores
     Art. 300.- A las personas encargadas de suministrar provisiones para las
Fuerzas Armadas que, voluntaria y maliciosamente, hubieren faltado al servicio a
que están obligados, se les reprimirá con reclusión menor de tres a seis años si
la infracción se ha cometido en campaña; y si en tiempo de paz, con prisión de
uno a cinco años.

     Las mismas penas se aplicarán, según el caso, a los agentes de los
proveedores, si estos agentes hubieren hecho faltar el servicio deliberadamente y
con malicia.

     Art. 301.- Los funcionarios públicos o los agentes comisionados o rentados
por el Gobierno, que hubieren provocado o ayudado a los culpados a hacer faltar
el servicio en tiempo de guerra, serán reprimidos con reclusión menor de seis a
nueve años; y, en tiempo de paz, con prisión de uno a cinco años.

     Art. 302.- Cuando la cesación del servicio fuere resultado de negligencia de
parte de los proveedores, de sus agentes, de los funcionarios públicos, o de los
agentes comisionados o rentados por el Gobierno, los culpados serán reprimidos
con prisión de tres meses a dos años en época de guerra; y, en caso contrario,
con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 73 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 303.- Aunque el servicio no haya faltado, si las entregas han sido
retardadas voluntariamente, los culpados serán reprimidos con prisión de seis
meses a dos años en caso de guerra; y con multa de ocho a treinta y un dólares de
los Estados Unidos de Norte América, si la República estuviere en paz.

      Nota: Artículo reformado por Art. 74 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 304.- En los casos previstos por el Art. 302 no se podrá seguir juicio
sino por denuncia del Ministro de Estado a quien concierne el asunto.

     Art. 305.- Si ha existido fraude sobre la naturaleza, calidad o cantidad de
las cosas suministradas, los culpados serán reprimidos con prisión de uno a cinco
años.

     Art. 306.- Los funcionarios públicos, o los agentes o comisionados del
Gobierno que hubieren participado de este fraude serán reprimidos con prisión de
dos a cinco años.

                        CAPITULO XI
                       De la evasión

     Art. 307.- En caso de evasión de los detenidos o presos, los encargados de
conducirlos o guardarlos serán reprimidos con arreglo a los artículos siguientes.

      CONCORD:
      * LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, CODIFICACION: Arts.
79.
      * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 166, 176.

      LINK:
      Ver DELITO DE EVASION, Gaceta Judicial. Año XLI. Serie VI. No. 11. Pág.
374. (Quito, 26 de Mayo de 1942).

     Art. 308.- Si el prófugo fuere perseguido, o estuviere condenado por un
delito que merezca prisión, dichos encargados serán reprimidos con prisión de
ocho días a tres meses, en caso de negligencia y con prisión de seis meses a dos
años, en caso de convivencia.
      CONCORD:
      * CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION: Arts.
55.

     Art. 309.- Si el prófugo fuere perseguido, o estuviere condenado por un
delito que merezca reclusión, dichos encargados serán reprimidos con prisión de
seis meses a un año, en caso de negligencia; y con tres años de reclusión menor,
en caso de connivencia.

     Art. 310.- Los que, no estando encargados de guardar o conducir al detenido
o preso, le hubieren procurado o facilitado la evasión, serán reprimidos, en el
caso del Art. 308, con prisión de quince días a seis meses; y en el caso del Art.
309, con prisión de tres meses a un año.

     Se exceptúan de la presente disposición los ascendientes, descendientes,
cónyuges y hermanos del prófugo, y sus afines en los mismos grados.

      CONCORD:
      * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 22, 23.

      Art. 311.- Si la evasión ha tenido lugar o ha sido intentada con
violencias, amenazas, o fractura de prisión, las penas contra los que la hubieren
favorecido, suministrando instrumentos propios para operarla, serán:

     En las circunstancias enunciadas en el Art. 308, la de prisión de uno a
cinco años contra los encargados de cuidar o conducir al prófugo, y la de tres
meses a un año contra las otras personas; y en las circunstancias enunciadas en
el Art. 309, la de reclusión menor por cuatro años contra los encargados del
prófugo, y la de prisión de seis meses a dos años contra las otras personas.

      Art. 312.- Si la evasión ha tenido lugar o ha sido intentada con
violencias, amenazas, o fractura de prisión, las penas contra los que la hubieren
favorecido con armas, serán:

     En las circunstancias enunciadas en el Art. 308, la de reclusión menor de
tres a seis años contra los encargados del prófugo, y la de prisión de uno a
cinco años contra las demás personas.

     En las circunstancias enunciadas en el Art. 309, la de reclusión mayor de
cuatro años contra los encargados, y la de reclusión de tres años contra las
otras personas.

                        CAPITULO XII
            De los juegos prohibidos y de las rifas

     Art. 313.- Los que establezcan casas o mesas de juegos prohibidos, sin
permiso de la autoridad respectiva, serán reprimidos con prisión de tres a seis
meses y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte
América.

     Los culpados podrán, además, ser puestos bajo la vigilancia especial de la
autoridad por seis meses a lo menos y un año a lo más.

     En todo caso, serán comisados los fondos y efectos que se hubieren
encontrado expuestos al juego, así como los muebles, instrumentos, utensillos y
aparatos destinados al servicio de los juegos.

      Nota: Artículo reformado por Art. 75 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      CONCORD:
      * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2164, 2165, 2168.
     * LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, CODIFICACION: Arts. 72, 167.

     Art. 314.- Serán reprimidos con prisión de cuatro meses a un año y multa de
dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que
en las casas de juego que corren a su cargo consientan a hijos de familia,
dependientes de almacenes o de otros establecimientos de comercio o industria,
sirvientes domésticos o individuos notoriamente vagos.

      Nota: Artículo reformado por Art. 76 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 315.- Los promotores, empresarios, administradores, comisionados o
agentes de rifas no autorizadas por la Policía serán reprimidos con prisión de
ocho días a tres meses y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

     Serán comisados los objetos muebles puestos en rifa y los que se emplearen o
destinaren al servicio de ésta.

     Cuando se hubiere puesto en rifa un inmueble no se aplicará el comiso, el
cual será reemplazado por multa de sesenta y dos a ciento veinte y cinco dólares
de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 77 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 316.- Serán reprimidos con prisión de ocho días a un mes y multa de
seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una
de estas penas solamente:

     Los que hubieren colocado, pregonado, o distribuido billetes de rifas no
permitidas por la Policía, la cual no podrá permitir sino las que la Ley
determina; y,

     Los que por avisos, anuncios, carteles, o por cualquier otro medio de
publicación hubieren hecho conocer la existencia de estas rifas.

     En todo caso, los billetes, así como los avisos, anuncios o carteles serán
inutilizados.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Art. 78 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 317.- Quedarán exentos de las penas señaladas por el artículo
precedente los pregoneros y fija - carteles que hubieren hecho conocer la persona
de quien han recibido los billetes o los escritos arriba mencionados.

                       TITULO IV
            DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

                      CAPITULO I
     De la falsificación de monedas billetes de banco,
       títulos al portador y documentos de crédito

     Art. 318.- Serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho año y multa
de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte
América, los que falsificaren monedas de oro o plata que tengan curso legal en la
República, o los que introdujeren, expidieren o pusieren en circulación tales
monedas.

     La pena será de reclusión menor de tres a seis años y multa de dieciséis a
setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, si se tratare de
monedas de oro o plata que no tengan curso legal en la República.

      Nota: Artículo reformado por Art. 79 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 264.
     * CODIGO DE COMERCIO: Arts. 573.

      LINK:
      Ver ESTAFA CON BILLETES FALSOS, Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. No.
6. Pág. 1579. (Quito, 3 de Julio de 1996).

     Art. 319.- Si el delito mencionado en el artículo anterior se realizare con
monedas de otro metal, que tengan circulación legal en la República, la pena será
de prisión de uno a tres años y multa de ocho a sesenta y dos dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

     La pena será de tres meses a un año de prisión y multa de ocho a treinta y
un dólares de los Estados Unidos de Norte América, al tratarse de monedas de otro
metal, que no tengan curso legal en la República.

      Nota: Artículo reformado por Art. 80 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 320.- Los encargados de la acuñación de monedas que se excedieren en la
cantidad para la que fueron autorizados, serán reprimidos como falsificadores,
conforme a las distinciones establecidas en los artículos anteriores.

     Art. 321.- El que con cercén, taladro, lima, o de otra manera alterare el
valor de monedas de oro o plata que tengan circulación legal en la República,
será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a cuarenta y siete
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Al tratarse de monedas de otro metal, la pena será de prisión de quince a
noventa días y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte
América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 81 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 322.- Las alteraciones mencionadas en el artículo anterior, de monedas
de oro o plata que no tengan circulación legal en la República, serán reprimidas
con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a cuarenta y siete dólares
de los Estados Unidos de Norte América; y si tratare de monedas de otro metal, la
pena será de prisión de ocho a sesenta días y multa de seis a nueve dólares de
los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 82 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 323.- Los que se hicieren reos de fraude en la elección de los patrones
destinados, según la Ley monetaria, a la comprobación de la Ley y peso de las
monedas de oro y plata, serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de
nueve a doce años.
     Art. 324.- Los que hubieren cometido ese fraude en la elección de los
patrones de las monedas de otro metal, serán reprimidos con uno a cinco años de
prisión.

     Art. 325.- El que habiendo recibido como buenas monedas falsas o alteradas,
hubiere vuelto a ponerlas en circulación después de haber reconocido o hecho
reconocer sus defectos, será reprimido con multa de seis a dieciséis dólares de
los Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a seis meses, o con una de
estas penas solamente.

      Nota: Artículo reformado por Art. 83 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 326.- Serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro o ocho años y
multa de nueve a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América
los que imitaren o falsificaren cheques, billetes de banco cuya emisión estuviere
autorizada por la Ley; títulos de las deudas del Fisco, de los Consejos
Provinciales y de los Concejos Municipales o de cualquier otra Institución
legalmente autorizada para emitirlos; títulos, cédulas o acciones al portador
emitidas legalmente por los Bancos o Compañías autorizados para ello y los
correspondientes cupones de intereses, así como los reos de fraude en la emisión
de billetes y títulos o cupones de intereses a los que se refiere este artículo.

      Nota: Artículo reformado por Art. 84 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2355.
     * LEY GENERAL DE CHEQUES: Arts. 9.

      LINK:
      Ver COMPLICIDAD EN COBRO DE CHEQUE FALSIFICADO, Gaceta Judicial. Año XCIV.
Serie XVI. No. 1. Pág. 72. (Quito, 9 de Diciembre de 1993).

     Art. 327.- Los que habiéndose procurado, por cualquier medio, billetes de
banco, los pusieren en circulación, sin que esta se hallare autorizada
legalmente, serán reprimidos como falsificadores.

     Art. 328.- Los que expidieren billetes, letras de cambio, o fichas en
calidad de moneda convencional, o que, de la misma manera, emplearen cualquier
otro objeto destinándolo a la circulación, serán reprimidos con la pena de ocho
días a seis meses de prisión y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados
Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 85 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                       CAPITULO II
        De la falsificación de sellos, timbres y marcas

     Art. 329.- Serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de nueve a
doce años:

     Los que imitaren o falsificaren sellos o timbres nacionales, adhesivos o
fijos, de cualquier especie o valor que fueren; y,

     Los que, dolosamente, pusieren en venta o hicieren circular estos timbres
imitados o falsos.

     Si la imitación o falsificación se ha hecho en territorio extranjero, la
pena será de seis a nueve años de reclusión menor.
     Art. 330.- Los que imitaren o falsificaren los punzones, matrices, clisés,
planchas o cualesquiera otros objetos que sirvan para la fabricación de timbres,
acciones, obligaciones, cupones y billetes de banco cuya emisión haya sido
autorizada por la Ley, serán reprimidos con las penas y conforme a las
distinciones establecidas en el artículo anterior.

     Art. 331.- El que, dolosamente, hiciere uso de sellos o timbres imitados o
falsos, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a treinta
y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 86 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

    Art. 332.- Serán reprimidos con tres meses a un año de prisión:

     El que hubiere falsificado boletas para el transporte de personas o cosas, o
hecho uso, dolosamente, de boleta falsa; y,

     El que hubiere falsificado el sello, timbre o marca de una autoridad
cualquiera, de un establecimiento privado, de banco, de industria, de comercio o
de un particular, o hubiere hecho uso, dolosamente, de estos sellos, marcas o
timbres falsos.

     Art. 333.- Será reprimido con reclusión menor de seis a nueve años el que,
habiéndose procurado de cualquier funcionario o de un particular los verdaderos
punzones, clisés, planchas o cualesquiera otros útiles que sirvan para la
fabricación de los objetos expresados en el Art. 330, hubiere hecho de ellos una
aplicación o uso perjudicial a los derechos o intereses del Estado.

     Art. 334.- Los que hubieren imitado o falsificado los sellos o timbres
oficiales de naciones extranjeras, serán reprimidos con uno a cinco años de
prisión.

     Art. 335.- Los que, dolosamente, hicieren uso de estos sellos y timbres
extranjeros, imitados o falsos, sufrirán la pena de seis meses a un año de
prisión.

     Art. 336.- Serán reprimidos con multa de seis a dieciséis dólares de los
Estados Unidos de Norte América:

     Los que hubieren hecho desaparecer de un timbre de correos u otro timbre
adhesivo, la marca que indica que ya ha servido; y,

     Los que hubieren hecho uso, dolosamente, de un timbre del cual se ha hecho
desaparecer dicha marca.

      Nota: Artículo reformado por Art. 87 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                       CAPITULO III
         De la falsificación de documentos en general

     Art. 337.- Serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de nueve a
doce años los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones
hubieren cometido una falsedad que consista:

     En firmas falsas;
     En alteración de actas, escrituras o firmas;
     En suposición de personas;
     En escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos
públicos, en escritos u otras actuaciones judiciales, después de su formación o
clausura.
       CONCORD:
       * CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1716, 1717.
       * CODIGO   DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 164, 165, 180.
       * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 146.
       * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 196.

     Art. 338.- Será reprimido con la misma pena el funcionario público que, al
redactar piezas correspondientes a su empleo, hubiere desnaturalizado su
sustancia o sus pormenores:

     Ya escribiendo estipulaciones distintas de las que hubieren acordado o
dictado las partes;

      Ya estableciendo como verdaderos, hechos que no lo eran.

     Art. 339.- Será reprimida con pena de seis a nueve años de reclusión menor,
cualquiera otra persona que hubiere cometido una falsedad en instrumentos
públicos, en escrituras de comercio o de banco, contratos de prenda agrícola o
industrial o de prenda especial de comercio, en escritos o en cualquier otra
actuación judicial:

      Ya por firmas falsas;
      Ya por imitación o alteración de letras o firmas;
      Ya por haber inventado convenciones, disposiciones, obligaciones o
descargos, o por haberlos insertado fuera de tiempo en los documentos;
      Ya por adición o alteración de las cláusulas, declaraciones o hechos que
esos documentos tenían por objeto recibir o comprobar.

       CONCORD:
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 198.
       * LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION: Arts. 126.
       * LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION: Arts.
80.
       * LEY DE MERCADO DE VALORES, CODIFICACION: Arts. 215.

     Art. 340.- El que, por cualquiera de los medios indicados en el artículo
precedente, cometiere falsedad en instrumentos privados, a excepción de los
cheques, será reprimido con dos a cinco años de prisión.

       CONCORD:
       * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 191, 193.
       * LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION: Arts. 126.

     Art. 341.- En los casos expresados en los precedentes artículos, el que
hubiere hecho uso, dolosamente, del documento falso, será reprimido como si fuere
autor de la falsedad.

       CONCORD:
       * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 180.

      LINK:
      Ver INFRACCION PENAL, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. No. 13. Pág. 1513.
(Quito, 26 de Febrero de 1951).

     Art. 342.- Será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, el que
falsificare billetes de Banco, cuya emisión no esté autorizada.

     Art. 343.- El que hubiere imitado o falsificado un pasaporte, o cualquier
otro documento público de viaje, nacional o extranjero, o hubiese hecho uso
doloso de los referidos documentos, será reprimido con la pena de reclusión menor
ordinaria de tres a seis años.
      No tendrá responsabilidad alguna quien haya sido inducido a utilizar tales
documentos, cuando sea víctima del tráfico ilegal de migrantes.

      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 91, publicada en Registro Oficial 716
de 2 de Diciembre del 2002.

     Art. 344.- El empleado público que hubiere entregado un pasaporte a una
persona que no conocía, sin haber hecho atestiguar su nombre o calidad, por dos
individuos conocidos por el, y en los casos que la Ley exige estas formalidades,
será reprimido con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de
Norte América.

     Si el empleado público tenía conocimiento de la suposición de nombre o
calidad, cuando entrego el pasaporte, será reprimido con prisión de seis meses a
tres años.

     Será reprimido con prisión de uno a cinco años, si ha obrado movido por
dones o promesas.

      Nota: Artículo reformado por Art. 88 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 345.- Será reprimido con prisión de ocho días a un año el que, para
eximirse o libertar a otro de un servicio debido legalmente, o de cualquiera otra
obligación impuesta por la Ley, hubiere forjado un certificado de enfermedad o
imposibilidad, sea con el nombre de un médico, cirujano o practicante, sea con un
nombre cualquiera, agregándole falsamente alguna de estas calidades.

     Art. 346.- El médico, cirujano o practicante que, por favorecer a alguno,
hubiere certificado falsamente enfermedades o imposibilidades propias para
dispensar de un servicio debido legalmente, o de cualquiera otra obligación
impuesta por la Ley, o para exigir o reclamar un derecho, será reprimido con
prisión de seis meses a dos años y multa de seis a sesenta y dos dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

     Si ha sido movido por dones o promesas, será reprimido con prisión de uno a
cinco años, a más de la multa antes indicada.

      Nota: Artículo reformado por Art. 89 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 347.- El que hubiere forjado, con el nombre de un funcionario público,
un certificado que atestigüe la buena conducta, la indigencia o cualquiera otra
circunstancia propia para atraer la benevolencia de la autoridad pública o de los
particulares, hacia la persona designada en dicho certificado, o para procurarle
empleos, créditos o socorros, será reprimido con prisión de un mes a un año.

     Si el certificado ha sido forjado con el nombre de un particular, el culpado
será reprimido con prisión de ocho días a dos meses.

     Art. 348.- Los que hubieren forjado, con el nombre de un funcionario
público, cualquier clase de certificados que puedan comprometer intereses
públicos o privados, serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años.

     Si el certificado se ha forjado con el nombre de un particular, el culpado
será reprimido con prisión de dos meses a un año.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 196, 205.

     Art. 349.- El que se hubiere servido, dolosamente, de un certificado falso o
forjado en las circunstancias enumeradas en los Arts. 344 al 348 inclusive, será
reprimido con las penas señaladas por estos artículos y según las distinciones
que ellos establecen.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 198.

     Art. 350.- El funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones,
hubiere entregado un certificado falso, o falsificado un certificado, o hecho
uso, dolosamente, de un certificado falso, será reprimido con tres a seis años de
reclusión menor.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 205.

     Art. 351.- Los posaderos u hoteleros que, dolosamente, hubieren inscrito en
su registro, con nombres falsos o supuestos, a las personas alojadas en su casa,
o que de cualquier otra manera hubieren falsificado sus registros, serán
reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de seis a sesenta y dos dólares
de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 90 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 352.- Los empleados o encargados de una oficina telegráfica que
hubieren cometido una falsedad en el ejercicio de sus funciones, inventando o
falsificando partes telegráficos, serán reprimidos con prisión de uno a cinco
años.

     Art. 353.- El que hubiere hecho uso, dolosamente, del parte falso, será
reprimido como si fuere autor de la falsedad.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 138.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 198.

      Art. ...- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica
la persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un
tercero, utilizando cualquier medio; alteren o modifiquen mensajes de datos, o la
información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte
material, sistema de información o telemático, ya sea:

      1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos
de carácter formal o esencial;
      2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca
a error sobre su autenticidad;
      3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido
o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o
manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

      El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo
dispuesto en este Capítulo.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

                       CAPITULO IV
             Del falso testimonio y del perjurio

     Art. 354.- Hay falso testimonio punible cuando al declarar, confesar, o
informar ante la autoridad pública, sea el informante persona particular o
autoridad, se falta a sabiendas a la verdad; y perjurio, cuando se lo hace con
juramento.
     Se exceptúan los casos de confesión e indagatoria de los sindicados en los
juicios penales, y los informes de las autoridades cuando puedan acarrearles
responsabilidad penal.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 24.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 133, 214, 215, 230.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 117, 133, 137, 293.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 138.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 207.

      LINK:
      Ver PERJURIO, Gaceta Judicial. Año I. Serie II. Nro. 53. Pág. 421. (Quito,
Mayo 20 de 1887).
      Ver PERJURIO, Gaceta Judicial. Año XV. Serie III. Nro. 153. Pág. 2461.
(Quito, 26 de Agosto de 1916).
      Ver PERJURIO, Gaceta Judicial. Año XXXV. Serie V. No. 134. Pág. 3221.
(Quito, 8 de Enero de 1937).

     Art. 355.- El falso testimonio se reprimirá con prisión de uno a tres años;
y el perjurio, con reclusión menor de tres a seis años.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 138.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 208.

     Art. 356.- Si el falso testimonio o el perjurio se cometiere en causa penal,
en perjuicio del inculpado, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 209.

     Art. 357.- Se impondrá la misma pena siempre que la falsedad o el perjurio
se cometa por paga, o cuando el reo se preste habitualmente a declarar en juicio
como testigo falso. Y podrá considerarse que existe este hábito si, habiendo
declarado un individuo falsamente en dos o más juicios, sus antecedentes
sospechosos, su falta de oficio o industria lícito y conocido, u otras
circunstancias, lo hicieren suponer razonablemente.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 210.

     Art. 358.- Si en la sentencia se declara no constar la falsedad del
testimonio, pero si la falta de ocupación lícita u otros antecedentes que
hiciesen sospechosa la conducta del sindicado, quedará éste sometido a la
vigilancia de la autoridad por dos a cinco años.

     Art. 359.- Los que sobornaren testigos, peritos o intérpretes, o los que a
sabiendas, hicieren uso en juicio, de testigos o peritos falsos, sea en causa
propia o de sus clientes o representados, serán reprimidos como reos de falso
testimonio o de perjurio, en su caso.

     El mínimo de la pena será elevado en un año si el testigo, perito o
intérprete sobornado fuere campesino o montubio.

     Si fuere abogado el que incurriere en la infracción determinada en este
artículo, en la misma sentencia se le privará además, definitivamente, del
ejercicio profesional.

     Si un facultativo diere un informe en que faltare, dolosamente, a la verdad,
se le privará también definitivamente del ejercicio profesional, sin perjuicio de
las otras penas establecidas en este Capítulo.
     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 250, 264.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 211.

     Art. 360.- Los intérpretes y peritos se considerarán como testigos para los
efectos de los artículos precedentes.

                       CAPITULO V
   De los delitos relativos al comercio, industrias y subastas

     Art. 361.- El que maliciosa o fraudulentamente hubiere comunicado los
secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado, será reprimido con
prisión de tres meses a tres años y multa de ocho a sesenta y dos dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 91 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 45, 310, 546.

     Art. 362.- Será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de
seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de
estas penas solamente, el que, con el fin de forzar el alza o baja de los
salarios, o de atentar contra el libre ejercicio de la industria o del trabajo,
hubiere cometido violencias, proferido injurias o amenazas, impuesto multas,
prohibición o cualquiera interdicción, sea contra los que trabajen, o contra los
que hacen trabajar.

     La misma pena se impondrá a los que, por medio de reuniones, cerca de los
establecimientos en que se trabaje, o cerca de la morada de los que dirigen el
trabajo, hubieren atentado contra la libertad de los maestros o de los obreros.

      Nota: Artículo reformado por Art. 92 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 363.- Serán reprimidos con prisión de dos meses a dos años y multa de
treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte
América:

     1o.- Los que hicieren alzar o bajar el precio de las mercaderías, de los
papeles, efectos o valores, por cualesquiera medios fraudulentos, o por reunión o
coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin
de no venderla sino por un precio determinado;
     2o.- Los que ofrecieren fondos públicos, o acciones u obligaciones de una
sociedad o persona jurídica, afirmando o haciendo entrever hechos o
circunstancias falsos; y,
     3o.- El fundador, administrador, director, gerente o síndico de una sociedad
o de una persona jurídica de otra índole, que publicare o autorizare un balance o
cualquier otro informe falso o incompleto, cualquiera que hubiese sido el
propósito al verificarlo.

      Nota: Artículo reformado por Art. 93 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      CONCORD:
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 121.
      * LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION: Arts. 126.
      * LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION: Arts.
125, 128, 208.
      * LEY DE MERCADO DE VALORES, CODIFICACION: Arts. 52, 53.
     Art. 363-A.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y
decomiso de los artículos, los que, sin autorización legal, alzaren o
participaren, de cualquier manera, en el alza de los precios de los artículos
alimenticios de primera necesidad destinados al consumo humano, ya consista su
acción en monopolio, ocultamiento, acaparamiento, especulación, desplazamiento o
cualquier otra forma fraudulenta que produzca desaparecimiento, encarecimiento o
limitación tanto de la producción como de la comercialización de dichos
productos.

     Si se tratare de una persona jurídica, la responsabilidad o sanción recaerá
en sus representantes legales, administradores o ejecutivos.

     En caso de reincidencia se aplicará el doble de la pena y el decomiso de los
productos o bienes motivos de la infracción, cuya propiedad pasará a la Empresa
Nacional de Productos Vitales o a la Entidad que la sustituya, tanto para el
presente caso como para el contemplado en el inciso primero de este artículo.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 87, publicado en Registro
Oficial 480 de 25 de Enero de 1974.

       CONCORD:
       * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 242, 244.

     Art. 363-B.- Los Tribunales Especiales de la República, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, serán competentes para conocer, tramitar conforme a
la Ley y sancionar los delitos establecidos en el artículo anterior.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 87, publicado en Registro
Oficial 480 de 25 de Enero de 1974.

     Art. 363-C.- Los Intendentes y Comisarios de Policía y Agentes de la Fuerza
Pública, procederán a la inmediata captura de las personas incursas en la
comisión de los delitos que se puntualizan en el artículo primero de este
Decreto y, en el término de veinticuatro horas las pondrán a órdenes del Tribunal
Especial correspondiente para su juzgamiento.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 87, publicado en Registro
Oficial 480 de 25 de Enero de 1974.

     Art. 363-D.- Establécese acción popular para denunciar los hechos
determinados en el artículo primero de este Decreto.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 87, publicado en Registro
Oficial 480 de 25 de Enero de 1974.

     Art. 364.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años el director,
gerente o administrador de una sociedad o de una persona jurídica de otra índole
que prestare su concurso o consentimiento para actos contrarios a los estatutos,
leyes u ordenanzas que las rijan, a consecuencia de los cuales la persona
jurídica o la sociedad quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos, o en
la necesidad de ser disuelta.

       CONCORD:
       * LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION: Arts. 17, 91.
       * LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION: Arts.
132.

     Art. 365.- El comandante general, el jefe de zona militar, el jefe de
tropas, el gobernador o jefe político que, en la extensión de los lugares en que
tiene derecho de ejercer su autoridad, hubiere empleado los medios indicados en
el número 1o del Art. 363, o hubiere tomado parte en la especulación en el
indicada, sea abiertamente, sea por actos simulados o por interposición de
personas, incurrirá en las penas señaladas a la infracción, elevándose el mínimo
en un año, y debiendo ser la multa de setenta y siete a trescientos once dólares
de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 94 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 366.- Los que, por medio de tumultos, o con violencias o amenazas,
hubieren perturbado el orden público en los mercados, con el propósito de
provocar el saqueo, o solamente con el de obligar a los vendedores a deshacerse
de sus mercancías por un precio inferior al que resultaría de la libre
concurrencia, serán reprimidos con prisión de tres meses a dos años.

     Los jefes o promotores serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco
años y colocados bajo la vigilancia de la autoridad durante dos años a lo menos y
cinco a lo más.

      LINK:
      Ver SAQUEO, Gaceta Judicial. Año X. Serie II. Nro. 147. Pág. 1171. (Quito,
Octubre 28 de 1912).
      Ver ROBO Y SAQUEO, Gaceta Judicial. Año X. Serie II. Nro. 150. Pág. 1196.
(Quito, Diciembre 7 de 1912).

     Art. 367.- El que hubiere alterado o deteriorado mercaderías, o los
materiales o instrumentos que servían para su fabricación, será reprimido con
prisión de un mes a un año y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados
Unidos de Norte América.

     La prisión será de seis meses a tres años si el delito ha sido cometido por
una persona empleada en la fábrica, taller o casa de comercio.

     La pena será de uno a cinco años de prisión y multa de treinta y un a ciento
cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el delito ha
sido cometido por empleados de la fábrica, taller o casa de comercio, con el fin
de desacreditar la industria, o por soborno o cohecho.

      Nota: Artículo reformado por Art. 95 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Arts. 319, 320, 321, 322, 323.

                       CAPITULO VI
         Del pago con cheques sin provisión de fondos

     Art. 368.- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años y multa de
ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que de
en pago, o entregue por cualquier concepto a un tercero, y siempre que no
constituya otro delito mayor, un cheque o giro, sin tener provisión de fondos o
autorización expresa para girar en descubierto, y no abonase el valor respectivo,
en moneda de curso legal, dentro de veinticuatro horas de habérsele hecho saber
el protesto en cualquier forma.

      Nota: Artículo reformado por Art. 96 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY GENERAL DE CHEQUES: Arts. 1, 2, 57.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 7.

      LINK:
      Ver GIRO DE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS, Gaceta Judicial. Año LIII.
Serie 7. No. 7. Pág. 724. (Quito, 6 de Abril de 1948).
      Ver GIRO DE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS, Gaceta Judicial. Año LIII.
Serie 7. No. 7. Pág. 747. (Quito, 22 de Abril de 1947).
      Ver GIRO DE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS, Gaceta Judicial. Año LIV.
Serie 7. No. 9. Pág. 1072. (Quito, 29 de Agosto de 1949).
      Ver NOTIFICACION DE CHEQUE PROTESTADO, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7.
No. 11. Pág. 1324. (Quito, 29 de Agosto de 1949).
      Ver CHEQUE PROTESTADO POR INSUFICIENCIA DE FONDOS, Gaceta Judicial. Año
LVII. Serie VIII. No. 1. Pág. 65. (Quito, 24 de Noviembre de 1951).
      Ver CHEQUE PROTESTADO POR INSUFICIENCIA DE FONDOS, Gaceta Judicial. Año
LVIII. Serie 8. No. 6. Pág. 545. (Quito, 14 de Julio de 1952).
      Ver ACCION PENAL Y CIVIL, CHEQUE PROTESTADO INSUFICIENCIA DE FONDOS, Gaceta
Judicial. Año LXXVIII. Serie XIII. Nro. 3. Pág. 495. (Quito, 27 de Julio de
1978).
      Ver PAGO DE CHEQUE PROTESTADO, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 3.
Pág. 627. (Quito, 15 de Febrero de 1995).
      Ver CHEQUE PROTESTADO, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 3. Pág.
636. (Quito, 1 de Marzo de 1995).
      Ver CHEQUE POSTDATADO PROTESTADO, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI.
No. 9. Pág. 2362. (Quito, 14 de Mayo de 1997).
      Ver NOTIFICACION DE CHEQUE PROTESTADO, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie
XVI. Nro. 12. Pág. 3100. (Quito, 30 de julio de 1998).

                       TITULO V
         DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA

                       CAPITULO I
               De las asociaciones ilícitas

     Art. 369.- Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas
o las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización
de la partida.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1961.

     Art. 370.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de delitos que
merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores de la asociación, sus jefes y
los que hubieren ejercido en ella un mando cualquiera, serán reprimidos con tres
a seis años de reclusión menor.

     Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha sido
formada para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y con prisión
correccional de seis meses a tres años, si la asociación ha sido formada para
cometer delitos de otra índole.

     Art. 371.- Cualesquiera otros individuos que hubieren tomado parte en la
asociación y los que dolosamente hubieren suministrado a la partida o a sus
divisiones, armas, municiones, instrumentos para cometer el delito, alojamiento,
escondite o lugar de reunión, serán reprimidos:

    En el primer caso del artículo precedente, con prisión de uno a cinco años;
    En el segundo caso, con prisión de tres meses a tres años; y,
    En el tercer caso, con prisión de dos meses a un año.

     Art. 372.- Los condenados a prisión en virtud de los Arts. 370 y 371, podrán
ser colocados bajo la vigilancia especial de la autoridad por dos años a lo menos
y cinco años a lo más.

                       CAPITULO II
           De la conservación indebida de explosivos

     Art. 373.- Prohíbase terminantemente, a los particulares tener en sus
domicilios, bodegas o instalaciones de cualquier tipo materiales y explosivos que
constituyan elementos de peligro para las personas y propiedades y que deben ser
guardados o almacenados en lugares y sitios técnicamente adecuados.

      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial 231
de 17 de Marzo del 2006.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 15, 16, 17.

      Art. 374.- Los que tuvieren dichas materias explosivas en domicilios,
bodegas o instalaciones de cualquier tipo, están obligados a entregarlas a las
autoridades militares o policiales correspondientes, se exceptúan las actividades
artesanales dedicadas a la fabricación de juegos pirotécnicos y actividades
mineras, siempre y cuando se encuentren almacenadas en lugares no poblados.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial 231
de 17 de Marzo del 2006.

     Art. 375.- Los que contravinieren las disposiciones anteriores, serán
reprimidos con prisión de 2 a 4 años.

      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial 231
de 17 de Marzo del 2006.

     Art. 376.- Los atentados contra las personas o bienes mediante explosivos,
se sancionarán con dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria.

                        CAPITULO III
                      De la intimidación

     Art. 377.- El que por escrito, anónimo o firmado, amenazare a otro con
cualquier atentado contra las personas o las propiedades, que merezca pena de
reclusión menor, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de
ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si la amenaza ha
sido acompañada de orden o condición.

     En caso contrario, la pena será de tres meses a un año y multa de seis a
nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 97 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 378.- Si la amenaza hecha con orden y bajo condición ha sido verbal, el
culpado será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de seis dólares de
los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 98 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 379.- El que por escrito, anónimo o firmado, amenazare a otro con un
atentado contra las personas o las propiedades, que merezca pena de reclusión
mayor, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a dieciséis
dólares de los Estados Unidos de Norte América, si la amenaza ha sido acompañada
de orden o condición; y, en caso contrario, con prisión de seis meses a un año y
multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 99 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 380.- En los casos previstos en los tres artículos precedentes, el
culpado podrá, además, ser puesto bajo la vigilancia especial de la autoridad por
un tiempo que no exceda de cuatro años.
     Art. 381.- Se exceptúan de las disposiciones anteriores las amenazas que se
hagan en el acto de alguna riña o pelea, agresión, ofensa, provocación o injuria,
que no estarán sujetas a pena alguna diversa de la en que se incurra por la misma
agresión, ofensa, o riña.

     Art. 382.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años el que, para
infundir un temor público o suscitar tumultos o desordenes, hiciere señales,
diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas o las
colocare con ese fin, o amenazare con un desastre de peligro común, cuando estos
acontecimientos no constituyan delito más severamente reprimido.

                       CAPITULO IV
                   De los vagos y mendigos

     Art. 383.- Son vagos los que no tienen domicilio fijo ni medios de
subsistencia, y los que, sin enfermedad o lesión que les imposibilite, no ejercen
habitualmente oficio o profesión.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 103.

    Art. 384.- Serán reprimidos con prisión de tres meses a un año:

     Los vagos mendigos que hubieren sido encontrados llevando certificados o
pasaportes falsos, o que fingieren lesiones o enfermedades;

     Los vagos o mendigos que hubieren sido encontrados llevando armas, o
hubieren amenazado con un ataque a las personas o propiedades, o ejercido un acto
de violencia contra aquellas; y,

     Los vagos o mendigos que fueren encontrados provistos de limas, ganzúas u
otros instrumentos propios para cometer robos u otros delitos, o para procurarse
los medios de entrar en las casas.

     Art. 385.- El mendigo que hubiere sido aprehendido disfrazado de cualquier
modo, o que fugare del establecimiento en que le hubiere colocado la autoridad,
será reprimido con prisión de dos meses a un año.

                       CAPITULO V
              De la instigación para delinquir

     Art. 386.- El que públicamente instigare a cometer un delito determinado
contra una persona o institución, cuando el instigador no puede ser considerado
legalmente como correo, será reprimido, por la instigación y aunque el delito no
se hubiere perpetrado, con prisión de quince días a dos años, según la gravedad
del delito instigado.

                       CAPITULO VI
                  De la apología del delito

     Art. 387.- Será reprimido con multa de ocho a setenta y siete dólares de los
Estados Unidos de Norte América el que hiciere públicamente y por cualquier medio
la apología del delito, o de un condenado por delito, por razón del acto
realizado.

    La misma pena se aplicará al que haga la apología de un suicidio.

      Nota: Artículo reformado por Art. 100 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                       CAPITULO VII
  Del incendio y otras destrucciones, de los deterioros y daños
     Art. 388.- Serán reprimidos con la pena de reclusión mayor extraordinaria de
doce a dieciséis años los que hubieren puesto fuego:

     1o.- A embarcaciones, aeronaves, almacenes, astilleros, edificios o
cualesquiera otros lugares que sirvan de habitación y contengan una o más
personas en el momento del incendio;
     2o.- A edificios que sirvan para reuniones de individuos, durante el tiempo
de estas reuniones; y,
     3o.- A todo lugar, aún inhabitado, si contuviere depósitos de pólvora u
otras materias explosivas; y si, según las circunstancias, el autor ha debido
presumir que había en el una o más personas en el momento del delito, o si podía
comunicarse el incendio a otros edificios habitados inmediatos.
     La pena será de seis a nueve años de reclusión menor, si las paredes del
edificio fueren de piedra, de ladrillo, o de otros materiales incombustibles, y
no contuvieren en su recinto depósitos de materias explosivas.

     Art. 389.- Serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años, los que
hubieren puesto fuego voluntariamente, ya a los objetos designados en el artículo
precedente, pero fuera de los casos previstos por dicho artículo, ya a montes,
arboledas, talleres o sementeras.

     Si estos objetos pertenecieren exclusivamente a los que los han incendiado,
y el fuego se pusiere con intención fraudulenta, los culpados serán reprimidos,
en los casos no comprendidos en el artículo anterior, con prisión de uno a cinco
años y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte
América. Si no hubiere fraude ni peligro de que el fuego perjudique a otros, no
será castigado el que incendie una cosa propia, a menos que con el incendio se
perjudicare a la economía nacional.

     Si el fuego hubiese sido puesto a mieses segadas; maderas cortadas y puestas
en montones, el delito será reprimido con prisión de uno a cinco años.

     Si las mieses o maderas cortadas no han sido reunidas, la pena será de
prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a treinta y un dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

     Si las mieses o maderas incendiadas pertenecieren exclusivamente al
incendiario, y si el fuego ha sido puesto con intención fraudulenta, las penas
serán: en el primer caso previsto en este artículo, de prisión de seis meses a
tres años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte
América; y en el segundo caso, de prisión de dos meses a dos años y multa de seis
a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Se entenderá que hay intención fraudulenta, cuando el incendio de los
objetos indicados en este artículo venga en detrimento de la economía nacional y
no tenga justificación razonable.

      Nota: Artículo reformado por Art. 101 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 390.- En los casos previstos por los artículos precedentes, el
condenado podrá ser puesto, además, bajo la vigilancia especial de la autoridad
por dos años a lo menos y cinco a lo más.

     Art. 391.- El que, con intención de consumar alguno de los hechos previstos
en los artículos precedentes, hubiere puesto fuego a cualesquiera objetos
colocados de modo que el incendio pudiere comunicar a la cosa que se quería
destruir, será reprimido como si hubiere puesto o intentado poner directamente el
fuego a esta última cosa.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 1572.
     Art. 392.- Cuando el fuego se hubiere comunicado del   objeto que el culpado
quería quemar, a otro objeto cuya destrucción acarrea una   pena más grave, se
aplicará esta última si las cosas estuvieren colocadas de   tal modo que el
incendio haya de comunicarse, necesariamente, de la una a   la otra.

     Art. 393.- Cuando el incendio ha causado la muerte de una o más personas, la
pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

     Si ha ocasionado heridas o lesiones permanentes, el incendiario será
reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     Art. 394.- Será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de
ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el incendio de
las propiedades muebles o inmuebles de otro, que hubiere sido causado, ya por la
vejez o la falta de reparación o limpieza de hornos, chimeneas, fraguas, casas o
talleres próximos; ya por fuegos encendidos en los campos, a menos de cien metros
de los edificios, bosques, matorrales, huertos, o plantaciones, cercas, pilas de
grano, de paja, de heno, de forrajes o cualquier otro depósito de materias
combustibles; ya por fuegos o luces llevados o dejados sin precaución suficiente;
o por fuegos artificiales encendidos o tirados incautamente.

      Nota: Artículo reformado por Art. 102 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 395.- Serán reprimidos con las penas señaladas en los artículos
precedentes y según las distinciones en ellos establecidas, los que hubieren
destruido o intentado destruir, por efecto de una explosión, edificios,
embarcaciones, aeronaves, carruajes, vagones, almacenes, astilleros u otras
construcciones.

     La disposición del Art. 391 es aplicable a lo casos previstos en este
artículo.

     Art. 396.- El incendio de chozas, pajares, cobertizos deshabitados, o de
cualquier otro objeto cuyo valor, pasando de diez sucres no llegue a cincuenta, y
en que no haya peligro de propagación del incendio, será reprimido con prisión de
quince a noventa días.

     Art. 397.- El que hubiere destruido o derribado, en todo o en parte,
edificios, puentes, diques, calzadas, carreteras, ferrocarriles, acueductos,
aeródromos, u otras construcciones nacionales, municipales, o pertenecientes a
otro, será reprimido con prisión de tres a cinco años.

     Se reprimirán con la misma pena la destrucción total o parcial de
instalaciones para servicios de alarma contra incendios, así como el uso indebido
de tales servicios.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 608.
     * LEY DE SEGURIDAD NACIONAL: Arts. 138.

      LINK:
      Ver JUSTICIA POR PROPIA MANO, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 3.
Pág. 621. (Quito, 30 de Enero de 1995).
     Art. 398.- Los que destruyeren acueductos ajenos que no constituyan obras de
mampostería serán reprimidos con prisión de tres a seis meses.

     Cuando se trate de obras nuevas que atacan el derecho de propiedad o
posesorio, de la persona o personas que han destruido el acueducto o bocacaz, no
serán aplicables las disposiciones del inciso anterior.

     Igual pena que la señalada en el inciso primero se aplicará a quienes
destruyeren cercas vivas o de cualquier otra clase, cuando el acto no constituya
usurpación.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 903.
     * LEY DE AGUAS: Arts. 25.

     Art. 399.- El que hubiere destruido una máquina perteneciente a otro, sea
hidráulica, de vapor, eléctrica, o movible con fuerza animal, si es destinada a
la industria fabril o agrícola, será reprimido con prisión de seis meses a tres
años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de
Norte América.

     Hay destrucción desde que la acción de la maquinaria ha sido paralizada en
todo o en parte, ya sea que el acto afecte a los aparatos motores, ya a los
aparatos puestos en movimiento.

      Nota: Artículo reformado por Art. 103 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 400.- Cuando el acto previsto por el artículo anterior hubiere sido
cometido en reunión o pandilla, o por medio de violencias, vías de hecho, o
amenazas, los culpados serán reprimidos con prisión de tres a cinco años.

     Art. 401.- Será reprimido con prisión de ocho días a un año y multa de ocho
a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere
destruido, derribado, mutilado, o menoscabado los objetos siguientes:

     1o.- Tumbas, signos conmemorativos, o piedras sepulcrales;
     2o.- Monumentos, estatuas, u otros objetos destinados a la utilidad u ornato
públicos y erigidos por la autoridad o con su autorización; y,
     3o.- Monumentos, estatuas, cuadros, o cualquier otro objeto de arte,
colocados en las iglesias, capillas, u otros edificios públicos.

     En caso de destrucción o violación de sepulcros, para robar las cajas
mortuorias, los objetos encerrados con los cadáveres, o el cadáver mismo, la pena
será de prisión de tres a cinco años. Igual pena se impondrá al que cometa la
infracción para aprovecharse de los materiales de la tumba destruida, o para
satisfacer un acto de venganza.

      Nota: Artículo reformado por Art. 104 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      LINK:
      Ver VIOLACION DE TUMBAS, Gaceta Judicial. Año XLI. Serie 6. No. 12. Pág.
433. (Quito, 15 de Diciembre de 1943).

     Art. 402.- El que hubiere destruido, de cualquier modo, registros auténticos
o instrumentos originales de la autoridad pública, procesos civiles o penales,
será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años.

     La destrucción de títulos, letras de cambio, documentos de comercio o de
banco, o cualquier fiduciario emitido en virtud de una Ley, será reprimida con
prisión de uno a cinco años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los
Estados Unidos de Norte América.
     La destrucción de recibos, obligaciones, minutas, u otros documentos
privados, que contengan prueba de un acto o contrato, se reprimirá con prisión de
seis meses a tres años.

     Si las antedichas infracciones se han cometido con una o más circunstancias
agravantes, las penas se reemplazarán del modo siguiente:

     La reclusión mayor de cuatro a ocho años, con pena igual de ocho a doce
años;
     La prisión de uno a cinco años, con reclusión menor de tres a seis años; y,
     La prisión de seis meses a tres años, con prisión de dos a cinco años.

      Nota: Artículo reformado por Art. 105 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 164, 191.
     * CODIGO DE COMERCIO: Arts. 410.

     Art. 403.- Toda destrucción o detrimento de propiedades muebles de otro,
ejecutado sin violencias ni amenazas, serán reprimidos con prisión de ocho días a
un año y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte
América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 106 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 585.
     * LEY DE SEGURIDAD NACIONAL: Arts. 138.

     Art. 404.- Si el acto ha sido cometido en reunión o en pandilla, la pena
será de tres meses a dos años de prisión.

     Art. 405.- La destrucción o el detrimento de propiedades muebles de otro,
ejecutado con violencias o amenazas, en una casa habitada o en sus dependencias,
y concurriendo alguna de las circunstancias agravantes, será reprimido con tres a
seis años de reclusión menor.

     La pena será de reclusión menor de seis a nueve años, si el delito ha sido
cometido en reunión o en pandilla.

      Art. ...- La destrucción o el detrimento de bienes muebles o inmuebles de
propiedad de terceros, cometidas al interior de escenarios deportivos o en sus
inmediaciones o demás lugares que por su capacidad, puedan albergar reuniones
masivas de público, será reprimida con la pena de tres a seis años de reclusión
menor ordinaria.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 63, publicada en Registro Oficial 412
de 7 de Diciembre del 2006.

     Art. 406.- Si las violencias o amenazas con que la destrucción o detrimento
han sido cometidos causaren una enfermedad incurable, o una lesión corporal
permanente, los culpados serán reprimidos con la pena inmediata superior a la en
que hubieren incurrido, según el artículo precedente; y si hubieren causado la
muerte, serán reprimidos con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco
años.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     Art. 407.- El que hubiere quitado, cortado o destruido las amarras, o los
obstáculos que sujetaban una embarcación, un vagón o un carruaje, será reprimido
con prisión de ocho días a dos años.

     Art. 408.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años y multa de ocho
a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere
cortado o talado sementeras, o plantaciones debidas a la industria del hombre o a
la naturaleza.

      Nota: Artículo reformado por Art. 107 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      LINK:
      Ver HURTO DE SEMENTERA DE PAPAS. Gaceta Judicial. Año LVIII. Serie 8. No.
10. Pág. 959. (Quito, 10 de Mayo de 1955).

     Art. 409.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años y multa de ocho a
dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere talado o
destruido un campo sembrado; o derramado en las semillas de cizaña, o de
cualquier yerba o planta dañina; o roto o descompuesto instrumentos de
agricultura, parques de animales, o las cabañas de los guardianes.

      Nota: Artículo reformado por Art. 108 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      LINK:
      Ver DELITO DE DESTRUCCION DE SEMBRIOS, Gaceta Judicial. Año LXVII. Serie X.
No. 3. Pág. 2195. (Quito, 9 de Septiembre de 1963).

     Art. 410.- El que hubiere   derribado, mutilado, o descortezado uno o más
árboles, de modo que perezcan;   o destruido uno o más injertos, será reprimido,
por cada árbol, con prisión de   ocho días a un mes y multa de seis a nueve dólares
de los Estados Unidos de Norte   América.

     En ningún caso la totalidad de la pena excederá de tres años en cuanto a la
prisión, ni de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América en
cuanto a la multa.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Art. 109 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 411.- El que hubiere envenenado caballos u otras bestias de tiro o de
carga, animales de asta, carneros, cabros o cerdos, será reprimido con prisión de
tres meses a dos años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos
de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 110 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 412.- El que hubiere echado a un rió, canal, arroyo, estanque, vivar, o
depósito de agua, sustancias propias para destruir los peces, sufrirá la pena de
prisión de ocho días a tres meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 111 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 612, 624, 627.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 36.

     Art. 413.- Los que sin causa justificable hubieren matado alguno de los
animales mencionados en el Art. 411, o le hubieren causado una herida o lesión
grave, serán reprimidos como sigue:

     Si el delito ha sido cometido en las casas, cercados o dependencias, o en
las tierras de que el dueño del animal muerto o herido, era propietario, colono o
inquilino, la pena será de prisión de uno a seis meses y multa de seis a nueve
dólares de los Estados Unidos de Norte América;

     Si ha sido cometido en los lugares de que el culpado era propietario, colono
o inquilino, la pena será de prisión de ocho días a tres meses y multa de seis
dólares de los Estados Unidos de Norte América; y,

     Si ha sido cometido en otro lugar, la prisión será de quince días a cuatro
meses y la multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 625.

      Nota: Artículo reformado por Art. 112 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 414.- El que, sin necesidad, matare a un animal doméstico, que no sea
de los mencionados en el Art. 411, o a un animal domesticado, o les hubiere
causado una herida o lesión grave, en un lugar de que el dueño del animal es
propietario, usufructuario, usuario, locatario o inquilino, será reprimido con
prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a nueve dólares de los Estados
Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 113 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 624, 639.

     Art. 415.- Si en los casos previstos por los artículos precedentes ha habido
violación de cerramiento, la pena se aumentará en el doble.

      Art. ...- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o
utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de
forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o
cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red
electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de
sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

      La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a
seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de
programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos
contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un
servicio público o vinculada con la defensa nacional.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.
      Art. ...- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o
inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la
transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con
prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seiscientos dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

                      CAPITULO VII A
        DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL

      Nota: Capítulo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

      Art. 415-A.- El que destruya o dañe bienes pertenecientes al Patrimonio
Cultural de Nación, será reprimido con prisión de uno a tres años sin perjuicio
de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe y de que el juez, de ser
factible, ordene la reconstrucción, restauración o restitución del bien, a costa
del autor de la destrucción o deterioro.

      Con la misma pena será sancionado el que cause daños en un archivo,
registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución
análoga, yacimientos arqueológicos o cualquier bien perteneciente al patrimonio
cultural, sin perjuicio de que el juez ordene la adopción de medidas encaminadas
a restaurar en lo posible el bien dañado a costa del autor del daño.

     Si la infracción fuere culposa, la pena será de tres meses a un año.

      El daño será punible cuando no provenga del uso normal que debió haberse
dado al bien, según su naturaleza y características.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

      Art. 415 B.- La misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no
constituyere un delito más severamente reprimido, se aplicará al funcionario o
empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado,
autorice o permita, contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamiento
que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de
la Nación; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya
conducido al mismo resultado.

      No constituye infracción la autorización dada para que se intervenga en el
bien patrimonial a fin de asegurar su conservación, si se adoptan las
precauciones para que en la ejecución se respeten las normas técnicas
internacionalmente aceptadas.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

      Art. 415 C.- Igual pena será aplicable a quienes con violación de las leyes
y demás disposiciones jurídicas sobre la materia, trafiquen, comercialicen o
saquen fuera del país piezas u objetos arqueológicos, bienes de interés histórico
o pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

                       CAPITULO VIII
         De los delitos contra los medios de transporte
                    y de comunicación
     Art. 416.- Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y multa de
ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el
que inutilizare o destruyere, en todo o en parte, las vías u obras destinadas a
la comunicación pública, por tierra, por aire o por agua, o estorbare las medidas
adoptadas para la seguridad de las mismas.

     Si resultaren heridas o lesiones, la pena de cuatro a ocho años de reclusión
mayor; y si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de reclusión
mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Art. 114 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 4, 5.

      LINK:
      Ver CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, Gaceta Judicial. Año VIII. Serie II. Nro.
83. Pág. 663. (Quito, Marzo 3 de 1910).

     Art. 417.- El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la
marcha de un tren, o para hacerle descarrilar, será reprimido:

     1o.- Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere
descarrilamiento u otro accidente;
     2o.- Con prisión de uno a cinco años, si se produjere descarrilamiento u
otro accidente;
     3o.- Con reclusión mayor de cuatro años si resultare herida o lesionada
alguna persona; y,
     4o.- Con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si
resultare la muerte de alguna persona.

     Será reprimido con las penas establecidas en este artículo, y en sus casos
respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el
funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un
ferrocarril.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.

     Art. 418.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a
setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el hecho no
importare un delito más severamente reprimido, el que arrojare cuerpos
contundentes o proyectiles contra un tren, tranvía u otro vehículo en marcha.

      Nota: Artículo reformado por Art. 115 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 419.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a
ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que
ejecutare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave,
aeróstato, o construcción flotante; o a detener o entorpecer la navegación.
     Si el acto produjere naufragio, avería, varamiento, o cualquier otro
accidente grave, la pena será de reclusión menor de tres a seis años; si
resultare herida o lesionada alguna persona, la pena será de cuatro a ocho años
de reclusión mayor; y si produjere la muerte de alguna persona, la pena será de
reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Art. 116 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 420.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de
ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el
hecho no estuviere reprimido con pena más grave, los conductores, capitanes,
pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque, o de un aeróstato
que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos, antes de llegar a
puerto o al término del viaje ferroviario o de la aeronave.

     La prisión será de tres meses a un año, al tratarse de pilotos de
automotores destinados al transporte internacional, interprovincial o
intercantonal.

      Nota: Artículo reformado por Art. 117 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 421.- Será reprimido con prisión de dos meses a dos años y multa de
ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que,
por imprudencia o negligencia, o por impericia en su arte o profesión, o por
inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un naufragio,
descarrilamiento u otro accidente de tránsito. Si del acto resultare herida,
lesionada o muerta alguna persona, la pena será de seis meses a cinco años de
prisión, según la gravedad del acto y sus consecuencias.

      Nota: Artículo reformado por Art. 118 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 422.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que
interrumpiere la comunicación postal, telegráfica, telefónica, radiofónica o de
otro sistema, o resistiere violentamente al restablecimiento de la comunicación
interrumpida.

     Si el acto se realizase en reunión o en pandilla, o la interrupción fuere
por medios violentos, vías de hecho o amenazas, la pena será de prisión de tres a
cinco años.

      Quienes ofrezcan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones,
sin estar legalmente facultados, mediante concesión, autorización, licencia,
permiso, convenios o cualquier otra forma de la contratación administrativa,
salvo la utilización de servicios de internet, serán reprimidos con prisión de
dos a cinco años.

      Estarán comprendidos en esta disposición, quienes se encuentren en posesión
clandestina de instalaciones que, por su configuración y demás datos técnicos,
hagan presumir que entre sus finalidades está la de destinarlos a ofrecer los
servicios señalados en el inciso anterior, aún cuando no estén siendo utilizados.
      Las sanciones indicadas en este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas y civiles previstas en la Ley Especial de
Telecomunicaciones y sus Reglamentos.

      Nota: Artículo reformado por Ley No. 38, publicada en Registro Oficial 253
de 12 de Agosto de 1999.

                        CAPITULO IX
                      De la piratería

     Art. 423.- El delito de piratería o asalto cometido a mano armada en alta
mar, o en las agua o ríos de la República, será reprimido con reclusión mayor
extraordinaria de doce a dieciséis años.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 657.

     Art. 424.- Los que en buques armados navegaren con dos o más patentes de
diversas naciones, o sin patentes ni matrículas, u otro documento que pruebe la
legitimidad de su viaje, serán tenidos por piratas, aunque no cometan otros actos
de piratería; y serán reprimidos, el comandante o capitán, con ocho a doce años
de reclusión mayor; y los tripulantes que resultaren culpados, con cuatro a ocho
años de la misma pena.

     Art. 425.- El que, maliciosamente, entregare a piratas la embarcación a cuyo
bordo fuere, será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a
dieciséis años.

     Art. 426.- Serán considerados y reprimidos como piratas, todos los
corsarios.

     Art. 427.- El que, dolosamente, traficare con piratas en el territorio de la
República, será reprimido como su cómplice.

                       CAPITULO X
            De los delitos contra la salud pública

     Art. 428.- El que, con el fin de proporcionarse una ganancia hubiere
mezclado o hecho mezclar con bebidas o comestibles, o con sustancias o artículos
alimenticios, destinados a ser vendidos, materias de tal naturaleza que pueden
alterar la salud, será reprimido con prisión de tres meses a un año y multa de
ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Si las materias mezcladas con las bebidas o comestibles, o con sustancias o
artículos alimenticios destinados a la venta, pudieren causar la muerte, la pena
será de prisión de uno a cinco años y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares
de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 119 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      LINK:
      Ver DELITO PESQUISABLE DE OFICIO, Gaceta Judicial. Año LXIX. Serie X. No.
10. Pág. 3401. (Quito, 31 de Agosto de 1965).

     Art. 429.- Serán reprimidos con las mismas penas y según las distinciones
establecidas en el artículo anterior:

     El que vendiere o pusiere en venta cualesquiera comestibles, bebidas,
sustancias o artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias que pueden
alterar la salud o causar la muerte; y,
     El que hubiere vendido o procurado esas materias, sabiendo que debían servir
para falsificar sustancias o artículos alimenticios.

     Art. 430.- En los casos anteriores, si el uso de esos productos, alterados o
falsificados, hubiere causado una lesión permanente de las definidas en este
Código, o la muerte, la pena será la determinada en los artículos que tratan de
las lesiones y del homicidio preterintencional.

     Art. 431.- Los comestibles, bebidas, sustancias o artículos alimenticios
serán comisados y destruidos.

     Art. 432.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a
ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que
propague, a sabiendas, una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas.

      Nota: Artículo reformado por Art. 120 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 433.- El que envenenare o infectare, dolosamente, aguas potables, o
sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de
la colectividad, será reprimido, por el solo acto del envenenamiento o infección,
con reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de dieciséis a ciento cincuenta
y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Si el acto ha producido enfermedad, la pena será de reclusión mayor de ocho
a doce años; y si ha producido la muerte, la de reclusión mayor especial de
dieciséis a veinticinco años.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Art. 121 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 247.

     Art. 434.- Cuando los actos previstos en los artículos anteriores fueren
cometidos por imprudencia, o por negligencia, o por impericia en el propio arte o
profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa
de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, si no
resultare enfermedad o muerte de alguna persona; y prisión de seis meses a cinco
años, si resultare enfermedad o muerte.

      Nota: Artículo reformado por Art. 122 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 435.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de
ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que
violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la
introducción o propagación de una epidemia.

      Nota: Artículo reformado por Art. 123 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 436.- Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de
precaución o de cuidado, recetaren, despacharen o suministraren medicamentos que
comprometan gravemente la salud, serán reprimidos con prisión de seis meses a un
año; si hubieren causado enfermedad que parezca o fuere incurable, la prisión
será de uno a tres años; y en caso de haber producido la muerte, la prisión será
de tres a cinco años.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 42, 87.

     Art. 437.- Será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de ocho a
setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el médico que
prestare su nombre a quien no tenga título para ejercer su profesión.

      Nota: Artículo reformado por Art. 124 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                       CAPITULO X-A
          DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

      Nota: Capítulo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

      Art. 437-A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca,
introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos
peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus
características constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen
el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años.

      Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialicen
introduzca armas químicas o biológicas.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 3, 42, 90.

      Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente,
vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de
conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o
alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos
hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres
años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 86.
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 612.

     Art. 437-C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:

      a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud
de las personas o a sus bienes;
      b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter
irreversible;
      c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su
autor; o,
      d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios
para la actividad económica.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.
      Art. 437-D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la
muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio
inintencional, si el hecho no constituye un delito más grave.

      En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan
lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código
Penal.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

      Art. 437-E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho
no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado
público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice
o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier
clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el
funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 88, 91.

      Art. 437-F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice,
especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con
prisión de uno a tres años.

     La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:

      a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de reproducción
o crecimiento de las especies;
      b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,
      c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas,
inflamables o radiactivas.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 266.

      Art. 437-G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas,
protegidas, en épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de
pesca o caza prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 642, 645, 646, 657.

      Art. 437-H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte,
bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén
legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que
el hecho no constituya un delito más grave.

     La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:

      a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del
suelo o la modificación del régimen climático; o,
      b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan
de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 97.
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 815, 970.

      Art. 437-I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no
constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los
procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras reservadas
como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a convertirse en áreas
de expansión urbana, o de extracción o elaboración de materiales de construcción.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 266, 267.

      Art. 437-J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anteriores,
si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o
empleado público que actuando por si mismo o como miembro de un cuerpo colegiado,
autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente las tierras
reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso
distinto de que legalmente les corresponde; así como al funcionario o empleado
cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

      Art. 437-K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la
suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura
definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo
que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental".

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 86, 89.

                       CAPITULO XI
     Del quebrantamiento de condena y algunas ocultaciones

     Art. 438.- El condenado puesto bajo la vigilancia especial de la autoridad,
que contraviniere a las disposiciones del Art. 61, será reprimido con prisión de
quince días a seis meses y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la
pena.

     Art. 439.- Los que hubieren ocultado o hecho ocultar a una persona, sabiendo
que estaba perseguida o condenada por un delito reprimido con reclusión, serán
reprimidos con ocho días a dos años de prisión y multa de seis a doce dólares de
los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 125 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 440.- Se exceptúan de la disposición precedente los ascendientes,
descendientes, cónyuge, y hermanos de los prófugos ocultados, y de los cómplices
o coautores del delito, y sus afines en los mismos grados.
                            CAPITULO XII
                   DEL TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES

      Art. 440-A.- Nota: Capítulo y Artículo agregados por Ley No. 20, publicada
en Registro Oficial 110 de 30 de Junio del 2000. (coyote, coyotes, coyoterismo).
      Nota: Artículo derogado por Ley No. 70, publicada en Registro Oficial
Suplemento 427 de 29 de Diciembre del 2006.

      Art. 440-B.- Nota: Artículo   agregado por Ley No. 91, publicada en Registro
Oficial 716 de 2 de Diciembre del   2002.
      Nota: Artículo derogado por   Ley No. 70, publicada en Registro Oficial
Suplemento 427 de 29 de Diciembre   del 2006.

      Art. ..- El que por medios ilegales, promueva, facilite, induzca, financie,
colabore, participe o ayude a la migración de personas, nacionales o extranjeras,
desde el territorio del Estado Ecuatoriano hacia otros países, siempre que ello
no constituya infracción más grave, será reprimido con la pena de reclusión mayor
de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuarenta remuneraciones básicas
unificadas.

      Igual sanción se impondrá a los encargados de la protección y custodia de
los niños, niñas o adolescentes, sean éstos padre, madre, abuelos, tíos, hermanos
o tutores o cualquier otra persona que faciliten de cualquier modo la ejecución
de este ilícito.

      El Juez competente ordenará la aprehensión e incautación inmediata del
transporte clandestino utilizado, cuando accidentado el mismo, resultaren
personas muertas o lesionadas, debiéndose destinar el producto del remate del
mismo en la forma prevista en el artículo 186 del Código de Procedimiento Penal.

      Por los delitos concurrentes a la infracción de tráfico ilegal de
emigrantes se establecerá una acumulación de penas de hasta un máximo de
veinticinco años de reclusión mayor especial.

      Cuando los actos de ejecución del delito de tráfico de emigrantes
produjeren la muerte del emigrante, los culpables serán reprimidos con reclusión
mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y si se produjeren lesiones
previstas en los artículos 465, 466 y 467 de este Código, los culpables serán
sancionados con la pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

      Se considerará circunstancia agravante el hecho de haber conocido, o de que
sea algo evidente, que el medio de transporte que utilizaba para el transporte de
los emigrantes se encontraba en malas condiciones de uso o que no tenga la
suficiente capacidad para el número de personas que transportaba.

      Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte
aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o
encargadas de la operación y conducción, cuando se estableciere su conocimiento y
participación en el ilícito.

      Las víctimas que den a conocer la identidad de los involucrados en el
cometimiento de este delito, serán protegidos por la autoridad respectiva.

      Nota: Artículo dado por Ley No. 70, publicada en Registro Oficial
Suplemento 427 de 29 de Diciembre del 2006.

                       CAPITULO XIII
          DE CIERTOS DELITOS PROMOVIDOS O EJECUTADOS
              POR MEDIO DE ACTIVIDADES TURISTICAS

      Art. 440-C.- La persona o personas que instigaren promovieren o ejecutaren
actividades turísticas con el objeto de cometer o perpetrar el delito de plagio
tipificado en el artículo 188 y contemplado en el Capítulo III referido a los
"Delitos contra la Libertad Individual", del Título II, Libro Primero del Código
Penal; de los delitos contra las personas contempladas en el Título VI y
particularmente tipificados en el Capítulo I referido, a los delitos contra la
vida; en el Capítulo II relacionado con "Las Lesiones" y el Capítulo III relativo
al "Abandono de Personas" del Libro II del Código Penal; de los delitos sexuales
contemplados en el Título VIII, en los Capítulo II relativo al "Atentado contra
el Pudor, de la violación y del estupro", el Capítulo II atinente a los delitos
de proxenetismo y corrupción de menores y Capítulo IV relativo al rapto; el Libro
Segundo del Código Penal, de los delitos contra la propiedad contemplados en el
Título X y particularmente tipificados en el Capítulo I relacionado con el delito
de hurto, el Capítulo II acerca del delito de robo, el Capítulo IV relativo al
delito de extorsión y el Capítulo V referido a las estafas y otras defraudaciones
del Libro II del Código Penal, se les impondrá el máximo de la pena que
corresponda a la naturaleza de la correspondiente infracción. Así mismo, quienes
cometieran delitos previstos en este artículo contra personas que tengan la
condición de turistas y a sabiendas que tenía tal condición se les impondrá la
máxima pena prevista para la infracción perpetrada.

      Nota: Capítulo y artículo agregados por Ley No. 97, publicada en Registro
Oficial Suplemento 733 de 27 de Diciembre del 2002.

                       TITULO VI
             DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

                      CAPITULO I
                De los delitos contra la vida

     Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o
cualquier otro medio hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una mujer que no
ha consentido en ello, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

    Si los medios empleados no han tenido efecto, se reprimirá como tentativa.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 49.
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 60, 61.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 103.

     Art. 442.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas
voluntariamente, pero sin intención de causarlo, el culpado será reprimido con
prisión de seis meses a dos años.

     Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento
del estado de la mujer, la prisión será de uno a cinco años.

     Art. 443.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos o cualquier otro
medio hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido en ello, será reprimido
con prisión de dos a cinco años.

     Art. 444.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga
abortar, o causare por si misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a
cinco años.

     Si consintiere en que se le haga abortar o causare por si misma el aborto,
para ocultar su deshonra, será reprimida con seis meses a dos años de prisión.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 61.

      LINK:
      Ver ABORTO, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 9. Pág. 2331.
(Quito, 30 de Mayo de 1997).
     Art. 445.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una
mujer hubieren causado la muerte de ésta, el que los hubiere aplicado o indicado
con dicho fin, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, si la
mujer ha consentido en el aborto; y con reclusión mayor de ocho a doce años, si
la mujer no ha consentido.

     Art. 446.- En los casos previstos por los Arts. 441, 443 y 445, si el
culpado es médico, tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena de
prisión será reemplazada con reclusión menor de tres a seis años; la de reclusión
menor, con reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de reclusión mayor
ordinaria con la extraordinaria de doce a dieciséis años.

     Art. 447.- El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la
mujer o de su marido o familiares íntimos, cuando ella no estuviere en
posibilidad de prestarlo, no será punible:

     1o.- Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre,
y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y,
     2o.- Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una
mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá el
consentimiento del representante legal de la mujer.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 39.

     Art. 448.- Se califican de voluntarios el homicidio, las heridas, los golpes
y lesiones, mientras no se pruebe lo contrario, o conste la falta de intención
por las circunstancias del hecho, calidad y localización de las heridas, o de los
instrumentos con que se hicieron.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 226.

      LINK:
      Ver TENTATIVA DE ASESINATO U HOMICIDIO SIMPLE, Gaceta Judicial. Año I.
Serie I. Nro. 49. Pág. 391. (Quito, Marzo 17 de 1886).
      Ver HOMICIDIO INVOLUNTARIO, Gaceta Judicial. Año III. Serie II. Nro. 120.
Pág. 957. (Quito, Junio 22 de 1901).
      Ver DELITO DE HOMICIDIO, Gaceta Judicial. Año V. Serie II. Nro. 10. Pág.
76. (Quito, Marzo 7 de 1889).
      Ver HOMICIDIO CULPOSO, Gaceta Judicial. Año XXXVIII. Serie VI. No. 4. Pág.
387. (Quito, 25 de Septiembre de 1940).

     Art. 449.- El homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero sin
ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio
simple y será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 99, 100, 101.
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 64.
     * LEY GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION: Arts. 131.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 227.

      LINK:
      Ver HOMICIDIO Y ASESINATO, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 13.
Pág. 2967. (Quito, 25 de Octubre de 1976).
      Ver DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No.
13. Pág. 2935. (Quito, 15 de Noviembre de 1976).
      Ver ASESINATO Y HOMICIDIO SIMPLE, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII.
No. 14. Pág. 3124. (Quito, 23 de Marzo de 1977).
      Ver HOMICIDIO Y ASESINATO, Gaceta Judicial. Año LXXVIII. Serie XIII. Nro.
3. Pág. 587. (Quito, 7 de Marzo de 1978).
      Ver HOMICIDIO SIMPLE, Gaceta Judicial. Año LXXXIII. Serie XIV. No. 1. Pág.
206. (Quito, 15 de Diciembre de 1982).
      Ver HOMICIDIO SIMPLE, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No. 1. Pág. 63.
(Quito, 18 de Noviembre de 1993).
      Ver CUERPO DE DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie
XVI. No. 2. Pág. 282. (Quito, 23 de Febrero de 1994).
      Ver HOMICIDIO SIMPLE, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 10. Pág.
2618. (Quito, 20 de Noviembre de 1997).
      Ver HOMICIDIO SIMPLE, Gaceta Judicial, Año XCVIII. Serie XVI. Nro. 12. Pág.
3113. (Quito, 8 de septiembre de 1998).

     Art. 450.- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de
dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las
circunstancias siguientes:

     1a.- Con alevosía;
     2a.- Por precio o promesa remuneratoria;
     3a.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento;
     4a.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del
ofendido;
     5a.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse;
     6a.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos;
     7a.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el
homicidio;
     8a.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente,
excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del
delincuente al que se haya pretendido favorecer; y,
    9a.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o
para asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados
que se propuso al intentar el otro hecho punible.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 99.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 228.

      LINK:
      Ver ASESINATO, Gaceta Judicial. Año LIX. Serie 8. No. 11. Pág. 1052.
(Quito, 23 de Mayo de 1955).
      Ver ASESINATO ENTRE VARIOS, Gaceta Judicial. Año LXXV. Serie XII. No. 5.
Pág. 956. (Quito, 15 de Abril de 1974).
      Ver DELITO DE ASESINATO, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 11.
Pág. 2327. (Quito, 27 de Abril de 1976).
      Ver CUERPO DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 12. Pág.
2538. (Quito, 15 de Julio de 1976).
      Ver CUERPO DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 12. Pág.
2540. (Quito, 31 de Mayo de 1976).
      Ver CUERPO DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 12. Pág.
2587. (Quito, 31 de Agosto de 1976).
      Ver ALEVOSIA, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 13. Pág. 2862.
(Quito, 16 de Diciembre de 1976).
      Ver ASESINATO Y HOMICIDIO SIMPLE, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII.
No. 14. Pág. 3241. (Quito, 11 de Febrero de 1977).
      Ver HOMICIDIO CON ALEVOSIA, Gaceta Judicial. Año LXXVIII. Serie XIII. Nro.
1. Pág. 154. (Quito, 21 de Marzo de 1977).
      Ver ASESINATO, EXISTENCIA DE LA INFRACCION, Gaceta Judicial. Año LXXVIII.
Serie XIII. Nro. 2. Pág. 373. (Quito, 24 de Abril de 1978).
      Ver ASESINATO, Gaceta Judicial. Año LXXIX. Serie XIII. Nro. 6. Pág. 1300.
(Quito, 11 de Mayo de 1979).
      Ver ALEVOSIA, Gaceta Judicial. Año LXXXVIII. Serie XV. No. 2. Pág. 337.
(Quito, 10 de Marzo de 1988).
      Ver DELITO DE ASESINATO, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 3. Pág.
606. (Quito, 12 de Enero de 1995).
      Ver HOMICIDIO DECLARADO COMO MUERTE NATURAL, Gaceta Judicial. Año XCV.
Serie XVI. No. 3. Pág. 640. (Quito, 13 de Abril de 1995).
      Ver AGRAVANTES, Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. No. 6. Pág. 1574.
(Quito, 18 de Junio de 1996).

     Art.   451.- Cuando hayan concurrido a un robo u otro delito dos o más
personas,   todas serán responsables del asesinato que con este motivo u ocasión se
cometa; a   menos que se pruebe quien lo cometió, y que los demás no tuvieron parte
en el, ni   pudieron remediarlo o impedirlo.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 229.

      LINK:
      Ver COAUTORIA, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 15. Pág. 3448.
(Quito, 24 de Junio de 1977).
      Ver COAUTORIA, Gaceta Judicial. Año LXXXIII. Serie XIV. No. 3. Pág. 699.
(Quito, 7 de Junio de 1983).

     Art. 452.- Los que a sabiendas y voluntariamente mataren a cualquier
ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con reclusión
mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial
365 de 21 de Julio de 1998.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO III): Arts. 1010.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 230.

     Art. 453.- La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién
nacido, será reprimida con la pena de reclusión menor de tres a seis años.

     Igual pena se impondrá a los abuelos maternos que, para ocultar la deshonra
de la madre, cometieren este delito.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 48, 49.

     Art. 454.- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a
setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que instigare
o prestare auxilio a otro para que se suicide, si el suicidio se hubiese tentado
o consumado.

      Nota: Artículo reformado por Art. 126 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 231.

      LINK:
      Ver SUICIDIO, Gaceta Judicial. Año V. Serie II. Nro. 20. Pág. 167. (Quito,
Julio 30 de 1903).

     Art. 455.- Cuando las heridas o golpes, dados voluntariamente, pero sin
intención de dar la muerte, la han causado, el delincuente será reprimido con
tres a seis años de reclusión menor.

     Será reprimido con reclusión menor de seis a nueve años, si ha cometido
estos actos de violencia con alguna de las circunstancias detalladas en el Art.
450.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 232.

      LINK:
      Ver HERIDAS Y GOLPES QUE CAUSAN MUERTE SIN INTENCION, Gaceta Judicial. Año
LXXXVIII. Serie XV. No. 1. Pág. 117. (Quito, 30 de Septiembre de 1987).

     Art. 456.- Si las sustancias administradas voluntariamente, que pueden
alterar gravemente la salud, han sido dadas sin intención de causar la muerte,
pero la han producido, se reprimirá al culpado con reclusión menor de tres a seis
años.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 233.

     Art. 457.- En la infracción mencionada en el artículo anterior, se presumirá
la intención de dar la muerte si el que administró las sustancias nocivas es
médico, farmacéutico o químico; o si posee conocimientos en dichas profesiones,
aunque no tenga los títulos o diplomas para ejercerlas.

     Art. 458.- En los casos mencionados en los Arts. 454, 455 y 456, si el
culpado ha cometido la infracción en la persona del padre u otro ascendiente, o
descendiente, cónyuge o hermano, el mínimo de las penas señaladas en dichos
artículos se aumentará con dos años más.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 234.

     Art. 459.- Es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por
falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 235.

      LINK:
      Ver HOMICIDIO INTENCIONAL, Gaceta Judicial. Año LIV. Serie 7. No. 9. Pág.
1013. (Quito, 18 de Noviembre de 1949).
      Ver HOMICIDIO ININTENCIONAL, Gaceta Judicial. Año LXXXIII. Serie XIV. No.
2. Pág. 478. (Quito, 16 de Marzo de 1983).

     Art. 460.- El que inintencionalmente hubiere causado la muerte de otra
persona, si el acto no estuviere más severamente reprimido, será penado con
prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 127 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 236.

      LINK:
      Ver DELITO DE ESTAFA, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. Nro. 13. Pág.
3574. (Quito, 17 de septiembre de 1998).

     Art. 461.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos
personas, resultare una muerte, sin que constare quien o quienes la causaron, se
tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del
ofendido, y se aplicará la pena de uno a cinco años de prisión y multa de treinta
y un a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 128 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 237.

     Art. 462.- El homicidio causado por un deportista, en el acto de un deporte
y en la persona de otro deportista en juego, no será penado al aparecer
claramente que no hubo intención ni violación de los respectivos reglamentos, y
siempre que se trate de un deporte no prohibido en la República.

     En caso contrario, se estará a las reglas generales de este Capítulo, sobre
homicidio.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 238.

      LINK:
      Ver DESAFIO DEL BOX, Gaceta Judicial. Año XXXV. Serie V. No. 133. Pág.
3181. (Quito, 22 de Junio de 1936).

                        CAPITULO II
                       De las lesiones

     Art. 463.- El que hiriere o golpeare a otro, causándole una enfermedad o
incapacidad para el trabajo personal, que pase de tres días y no de ocho, será
reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares
de los Estados Unidos de Norte América.

     Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán de
prisión de dos a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados
Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 129 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 105.
     * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 362.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 240.

      LINK:
      Ver INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO, Gaceta Judicial. Año XV. Serie III. Nro.
130. Pág. 2277. (Quito, 9 de Junio de 1916).
      Ver LESIONES Y HERIDAS, Gaceta Judicial. Año LIII. Serie 7. No. 7. Pág.
777. (Quito, 1 de Julio de 1948).

     Art. 464.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o una
incapacidad para el trabajo personal, que pase de ocho días y no exceda de un
mes, las penas serán de prisión de dos meses a un año y multa de doce a treinta y
un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será de
seis meses a dos años, y la multa, de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 130 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

       CONCORD:
       * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 362.
       * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 79.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 241.

        LINK:
        Ver DELITO DE HERIDAS, Gaceta Judicial. Año LVIII. Serie 8. No. 6. Pág.
572.   (Quito, 7 de Septiembre de 1953).
        Ver JUICIO PENAL POR LESIONES, Gaceta Judicial. Año LVIII. Serie 8. No. 7.
Pág.   650. (Quito, 19 de Octubre de 1953).
        Ver HERIDAS, Gaceta Judicial. Año LXII. Serie IX. No. 9. Pág. 954. (Quito,
3 de   Octubre de 1960).
        Ver DELITO DE GOLPES Y HERIDAS, Gaceta Judicial. Año LXVII. Serie X. No. 6.
Pág.   2586. (Quito, 28 de Septiembre de 1964).
        Ver DELITO POR LESIONES, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 3. Pág.
604.   (Quito, 12 de Enero de 1995).
        Ver DELITO DE LESIONES, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. Nro. 13.
Pág.   3563. (Quito, 27 de noviembre de 1998).

     Art. 465.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad
para el trabajo, que pase de treinta días y no exceda de noventa, las penas serán
de prisión de seis meses a dos años, y multa de dieciséis a cuarenta y siete
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión
será de uno a tres años, y la multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 131 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

       CONCORD:
       * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 362.
       * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 79.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 242.

     Art. 466.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad
para el trabajo personal, que pase de noventa días, o una incapacidad permanente
para los trabajos a que hasta entonces se había dedicado habitualmente el
ofendido, o una enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal, las
penas serán de prisión de uno a tres años y multa de dieciséis a setenta y siete
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas
serán de prisión de dos a cinco años y multa de treinta y un a ciento veinte y
cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 132 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

       CONCORD:
       * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 79.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 243.
     Art. 467.- Las penas serán de prisión de dos a cinco años y multa de treinta
y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, si
de los golpes o heridas ha resultado una enfermedad cierta o probablemente
incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo, o una mutilación grave,
o la pérdida o inutilización de un órgano principal.

     Las penas serán de reclusión menor de tres a seis años y multa de dieciséis
a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si
concurre alguna de las circunstancias del Art. 450.

      Nota: Artículo reformado por Art. 133 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 79.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 244.

      LINK:
      Ver CUERPO DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año XXXI. Serie V. No. 68. Pág.
1600. (Quito, 19 de Septiembre de 1932).
      Ver COARTADA, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 12. Pág. 2705.
(Quito, 31 de Agosto de 1976).
      Ver COARTADA, Gaceta Judicial. Año LXXXVIII. Serie XV. No. 5. Pág. 1246.
(Quito, 31 de Enero de 1989).

     Art. 468.- Será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de doce a
treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere
causado a otro una enfermedad o incapacidad transitoria para el trabajo personal,
administrándole voluntariamente sustancias que puedan alterar gravemente la
salud.

      Nota: Artículo reformado por Art. 134 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 245.

     Art. 469.- La pena será de prisión de dos a cinco años, cuando dichas
sustancias hubieren causado una enfermedad cierta o probablemente incurable, o
una incapacidad permanente para el trabajo personal, o la pérdida absoluta, o
inutilización de un órgano.

     CONCORD:
     * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 360, 361.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 246.

     Art. 470.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos
personas, resultaren heridas o lesiones, sin que constare quien o quienes las
causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la
persona del ofendido, y se aplicará la pena de quince días a un año de prisión y
multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 135 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 247.

     Art. 471.- En los delitos mencionados en los artículos anteriores de este
Capítulo, si el culpado ha cometido la infracción en la persona del padre o madre
u otro ascendiente o descendiente, en la del cónyuge o en la de un hermano, se
aplicará la pena inmediata superior.
     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 248.

     Art. 472.- Es reo de heridas o lesiones inintencionales el que las ha
causado por falta de previsión o de precaución, y será reprimido con prisión de
ocho días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de
Norte América, si el acto no estuviere más severamente castigado como delito
especial.

      Nota: Artículo reformado por Art. 136 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 79.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 249.

     Art. 473.- En las circunstancias del Art. 462, cuando se trate de heridas o
lesiones, se estará a lo que allí se establece.

      Art. ...- Los incitadores o responsables de hechos de violencia dentro de
los escenarios deportivos o en sus inmediaciones o demás lugares que por su
capacidad, puedan albergar reuniones masivas de público, antes, durante o después
del evento deportivo, artístico u otros espectáculos y que causen lesiones a
terceros, serán reprimidos con pena de uno a tres años de prisión.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 63, publicada en Registro Oficial 412
de 7 de Diciembre del 2006.

                       CAPITULO III
                  Del abandono de personas

     Art. 474.- Serán reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de seis
dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren abandonado o
hecho abandonar un niño en un lugar no solitario; y los que lo hubieren expuesto
o hecho exponer, siempre que no sea en un hospicio o en casa de expósitos.

      Nota: Artículo reformado por Art. 137 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 49.

     Art. 475.- Los delitos previstos en el precedente artículo serán reprimidos
con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a dieciséis dólares de los
Estados Unidos de Norte América, si han sido cometidos por los padres, o por
personas a quienes el niño estaba confiado.

      Nota: Artículo reformado por Art. 138 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 476.- Si, a consecuencia del abandono, quedare el niño mutilado o
estropeado, los culpados serán reprimidos:

     En el caso previsto por el Art. 474, con prisión de tres meses a dos años y
multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América; y,

     En el del Art. 475, con prisión de dos a cinco años y multa de dieciséis a
cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 139 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
     Art. 477.- Si el abandono ha causado la muerte del niño, la pena será:
     En el caso del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso del
Art. 475, de prisión de cinco años.

     Art. 478.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, los que
hubieren abandonado o hecho abandonar a un niño en un lugar solitario.

     Art. 479.- La prisión será de dos a cinco años, si los culpados del abandono
en lugar solitario son los padres, o personas a quienes estaba confiado el niño.

     Art. 480.- Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeado o mutilado el
niño, el culpado será reprimido con el máximo de las penas señaladas en los dos
artículos anteriores.

     Si el abandono ha causado la muerte, en el caso del Art. 478, la pena será
de reclusión menor de tres a seis años; y en el caso del Art. 479, la de
reclusión mayor de cuatro a ocho años.

                          CAPITULO IV
                           Del duelo

     Art. 481.- La provocación a duelo será reprimida con prisión de quince días
a tres meses y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte
América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 140 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

        CONCORD:
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 250.

     Art. 482.- Serán reprimidos con las mismas penas los que hubieren difamado
públicamente o injuriado a una persona por haber rechazado el duelo.

        CONCORD:
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 251.

     Art. 483.- El que en un duelo hubiere hecho uso de sus armas contra el
adversario, sin que haya resultado del combate ni homicidio ni herida, será
reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de doce a treinta y un dólares
de los Estados Unidos de Norte América.

       El que no hubiere hecho uso de sus armas será reprimido conforme al Art.
481.

      Nota: Artículo reformado por Art. 141 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

        CONCORD:
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 252.

     Art. 484.- El que en un duelo hubiere herido o muerto a su adversario, será
reprimido como reo de lesiones corporales intencionales, o de homicidio simple,
con arreglo a este Código.

        CONCORD:
        * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 253.

       Art. 485.- Los padrinos del duelo serán reprimidos como los autores:

     1o.- Si emplearen cualquier género de alevosía en la ejecución del duelo, o
en el arreglo de sus condiciones; y,
     2o.- Si lo concertaren a muerte, con conocida ventaja de uno de los
combatientes.

    En los demás casos serán reprimidos como cómplices.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 254.

     Art. 486.- Si los condenados en razón de los artículos 481 y siguientes
cometieren nuevos delitos de la misma naturaleza, dentro de los cinco años
posteriores al día en que cumplieron la condena, o se completo el término de la
prescripción de la pena impuesta, o de la acción para perseguir el delito, serán
reprimidos con el máximo de las penas señaladas en estos artículos, y aún podrán
serlo con dos años más sobre este máximo.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 255.

     Art. 487.- No se considerarán como provocación a duelo los desafíos verbales
en momentos de violencia o de disgusto; y los actos ocurridos con este motivo se
regirán por las reglas generales sobre homicidio, o lesiones en su caso.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 256.

                        CAPITULO V
                      Del abuso de armas

     Art. 488.- Será reprimido con prisión de dos años a cinco años, el que
disparare arma de fuego contra una persona, o la agrediere con cualquier otra
arma, sin herirle, siempre que el acto no constituya tentativa.

      Nota: Artículo reformado por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial 231
de 17 de Marzo del 2006.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 973.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 257.

                       TITULO VII
               DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA

                      CAPITULO UNICO
                       De la injuria

    Art. 489.- La injuria es:

     Calumniosa, cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y,
     No calumniosa, cuando consiste en toda otra expresión proferida en
descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción
ejecutada con el mismo objeto.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23.
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2231.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 36.

      LINK:
      Ver INJURIA NO CALUMNIOSA GRAVE, Gaceta Judicial. Año LXXVIII. Serie XIII.
Nro. 2. Pág. 307. (Quito, 11 de Abril de 1978).
      Ver INJURIA CALUMNIOSA, Gaceta Judicial. Año LXXXII. Serie XIII. Nro. 15.
Pág. 3593. (Quito, 28 de Mayo de 1982).
    Art. 490.- Las injurias no calumniosas son graves o leves:

    Son graves:

     1o.- La imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias
pueden perjudicar considerablemente la fama, crédito, o intereses del agraviado;
     2o.- Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia,
fueren tenidas en el concepto público por afrentosas;
     3o.- Las imputaciones que racionalmente merezcan la calificación de graves,
atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor; y,
     4o.- Las bofetadas, puntapiés, u otras ultrajes de obra.

     Son leves las que consisten en atribuir a otro, hechos, apodos o defectos
físicos o morales, que no comprometan la honra del injuriado.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 352.

     Art. 491.- El reo de injuria calumniosa será reprimido con prisión de seis
meses a dos años y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos
de Norte América, cuando las imputaciones hubieren sido hechas:

     En reuniones o lugares públicos;
     En presencia de diez o más individuos;
     Por medio de escritos, impresos o no, imágenes o emblemas fijados,
distribuidos o vendidos, puestos en venta, o expuestos a las miradas del público;
o,
     Por medio de escritos no publicados, pero dirigidos o comunicados a otras
personas, contándose entre éstos las cartas.

      Nota: Artículo reformado por Art. 142 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO III): Arts. 1231, 1233.

      LINK:
      Ver DELITO DE INJURIAS CALUMNIOSAS, Gaceta Judicial. Año LXX. Serie X. No.
14. Pág. 4099. (Quito, 14 de Noviembre de 1966).

     Art. 492.- Serán reprimidos con uno a seis meses de prisión y multa de seis
a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hicieren la
imputación privadamente, o en concurrencia de menos de diez personas.

      Nota: Artículo reformado por Art. 143 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 493.- Serán reprimidos con uno a tres años de prisión y multa de seis a
veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren
dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa.

     Si las imputaciones hechas a la autoridad constituyeren injurias no
calumniosas, pero graves, las penas serán de prisión de seis meses a dos años y
multa de seis a diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 144 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 494.- Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de
seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que
hubieren propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiesen sido
probadas durante el juicio.
      Nota: Artículo reformado por Art. 145 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 46, 51, 61.

      LINK:
      Ver ACUSACION PARTICULAR TEMERARIA O CALUMNIOSA, Gaceta Judicial. Año
XCVIII. Serie XVI. Nro. 11. Pág. 2851. (Quito, 17 de Abril de 1998).

     Art. 495.- El reo de injuria grave no calumniosa, realizada de palabra o
hecho, por escrito, imágenes o emblemas, en alguna de las circunstancias
indicadas en el Art. 491, será reprimido con prisión de tres a seis meses y multa
de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América; y en las
circunstancias del Art. 492, con prisión de quince días a tres meses y multa de
seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 146 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

      LINK:
      Ver JUICIO DE IMPRENTA, Gaceta Judicial. Año LXXIV. Serie XI. No. 8. Pág.
1121. (Quito, 2 de Octubre de 1969).
      Ver DELITOS COMETIDOS POR LA IMPRENTA, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie
XII. No. 10. Pág. 2046. (Quito, 21 de Enero de 1976).

     Art. 496.- Cuando las injurias fueren recíprocas en el mismo acto, ninguna
de las personas ofendidas podrá intentar acción por las que se hubieren inferido
en dicho acto, sea cual fuere la gravedad de las injurias no calumniosas que se
hubieren recíprocamente dirigido; pero no hay compensación entre las injurias
calumniosas y las no calumniosas.

     Art. 497.- Al acusado de injuria no calumniosa, no se admitirá prueba sobre
la verdad de las imputaciones.

     Art. 498.- Las injurias, calumniosas o no, publicadas en órganos de
publicidad del extranjero, podrán ser perseguidas contra las personas que
hubieren enviado los artículos o la orden de insertarlos, o contribuido a la
introducción o a la distribución de tales órganos en el Ecuador.

     Art. 499.- Son también responsables de injurias, en cualquiera de sus
clases, los reproductores de artículos, imágenes o emblemas injuriosos, sin que
en este caso, ni en el del artículo anterior, pueda alegarse como causa de
justificación o excusa que dichos artículos, imágenes o emblemas no son otra cosa
que la reproducción de publicaciones hechas en el Ecuador o en el extranjero.

     Art. 499-A.- Constituye difamación la divulgación, por cualquier medio de
comunicación social u otro de carácter público, excepto la autorizada por la Ley,
de los nombres y apellidos de los deudores ya sea para requerirles el pago o ya
empleando cualquier forma que indique que la persona nombrada tiene aquella
calidad. Los responsables serán sancionados con la pena de prisión de seis meses
a dos años.

     Nota: Artículo agregado por Ley No. 167, publicado en Registro Oficial 771
de 22 de Junio de 1984.

     Art. 500.- No darán lugar a la acción de injuria los discursos pronunciados
ante los jueces o tribunales, cuando las imputaciones se hubieren hecho en fuerza
de la defensa de la causa; como si se ponen tachas a los testigos del adversario
y se prueban, para enervar el valor de su testimonio.

     Sin embargo, los jueces podrán, ya sea de oficio, o a solicitud de parte,
mandar que se devuelvan los escritos que contengan injurias de cualquier especie;
apercibir a los abogados o a las partes, y aún imponerles multa hasta de
dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América aplicando al efecto las
reglas de la Ley Orgánica de la Función Judicial.

     Las imputaciones extrañas a la causa dan lugar a la acción correspondiente,
sin perjuicio de la multa de que se habla en el inciso anterior.

      Nota: Artículo reformado por Art. 147 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 501.- Los reos de cualquier especie de injuria que, fuera de los casos
determinados en los artículos anteriores, comunicándose con varias personas, aún
en actos singulares, respecto de cada una de éstas, ofendieren la reputación,
serán reprimidos como autores de difamación, con pena de tres meses a un año de
prisión y multa de seis a diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norte
América; admitiéndose prueba singular respecto de cada uno de los actos, y
siempre que éstos pasen de tres.

      Nota: Artículo reformado por Art. 148 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 502.- No cometen injuria: los padres ni los ascendientes, respecto de
sus hijos y descendientes; ni los tutores, curadores, patronos, maestros,
directores o jefes de los establecimientos de educación, corrección o castigo,
respecto de sus pupilos, trabajadores, discípulos o dependientes, a menos que la
injuria sea de las calificadas como calumniosas.

                         TITULO VIII
           DE LA RUFIANERIA Y CORRUPCION DE MENORES

      Nota: Título de este Capítulo sustituido por Ley No. 105, publicada en
Registro Oficial 365 de 21 de Julio de 1998.

                        CAPITULO I
                       Del adulterio

     Art. 503.- Nota: Artículo suprimido por el artículo final del Código de
Procedimiento Penal, No. 143, publicado en Registro Oficial 511 de 10 de Junio de
1983.

     Art. 504.- Nota: Artículo suprimido por el artículo final del Código de
Procedimiento Penal, No. 143, publicado en Registro Oficial 511 de 10 de Junio de
1983.

                       CAPITULO II
                Del atentado contra el pudor,
                de la violación y del estupro

      Art. ..- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho
años, quien someta a una persona menor de dieciocho años de edad o con
discapacidad, para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que
exista acceso carnal.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.
      Nota: Interpretación del Art. innumerado incorporado por el artículo 9 de
la Ley Reformatoria al Código Penal que Tipifica los Delitos de Explotación
Sexual de los Menores de Edad, publicada en el Registro Oficial No. 45, de 23 de
junio del 2005, en el sentido que: "Los elementos constitutivos de las conductas
que estuvieron tipificadas hasta el 22 de junio del 2005, en los artículos 505,
506 y 507 del Código Penal, que sancionaban los actos ejecutados en contra de la
integridad sexual de las personas menores de edad, pero sin acceso carnal,
consideradas como atentado al pudor, no se han eliminado, están subsumidas en el
artículo que se interpreta, desde que éste se encuentra en vigencia". Las
palabras "someta"; y, "obligarla", que contiene este artículo, se entenderán como
actos momentáneos o permanentes para doblegar la voluntad de la víctima y/o como
la realización de acciones con las que se pretende conseguir o se consiga,
mediante violencia física, amenazas o cualquier forma de inducción o engaño
dirigida a que una persona menor de dieciocho años de edad o discapacitada,
acepte u obedezca y realice los actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso
carnal, sea en el propio cuerpo de la víctima, en el cuerpo de un tercero o en el
cuerpo del sujeto activo.

      Dado por Ley No. 53, publicada en Registro Oficial Suplemento 350 de 6 de
Septiembre del 2006.

      Art. 505.- Nota: Artículo derogado por Ley No. 2, publicada en Registro
Oficial 45 de 23 de Junio del 2005.

     Art. 506.- Nota: Artículo derogado por Ley No. 2, publicada en Registro
Oficial 45 de 23 de Junio del 2005.

     Art. 507.- Nota: Artículo derogado por Ley No. 2, publicada en Registro
Oficial 45 de 23 de Junio del 2005.

    Art. 508.- El atentado existe desde que hay principio de ejecución.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 262.

     Art. 509.- Llámase estupro la cópula con una persona, empleando la seducción
o engaño para alcanzar su consentimiento.

      Nota: Artículo reformado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 263.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 36.

      LINK:
      Ver DELITO DE ESTUPRO O VIOLACION, Gaceta Judicial. Año LXII. Serie   IX. No.
6. Pág. 629. (Quito, 28 de Septiembre de 1959).
      Ver DELITO DE VIOLACION O ESTUPRO, Gaceta Judicial. Año LXII. Serie   IX. No.
11. Pág. 1148. (Quito, 31 de Mayo de 1961).
      Ver DELITO DE ESTUPRO, Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. No. 7.   Pág.
1804. (Quito, 20 de Diciembre de 1996).
      Ver DELITO DE ESTUPRO, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. Nro.   11.
Pág. 2861. (Quito, 17 de Marzo de 1998).

     Art. 510.- El estupro se reprimirá con prisión de tres meses a tres años si
la víctima fuere mayor de catorce años y menor de dieciocho.

      Nota: Artículo reformado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 264.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: 36.

     Art. 511.- Nota: Artículo derogado por Ley No. 2, publicada en Registro
Oficial 45 de 23 de Junio del 2005.

      Art. 511-A.- Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para
un tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente,
religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a
su familia, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en
el ámbito de dicha relación, será sancionado con pena de prisión de seis meses a
dos años.

      Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad con lo previsto en
el inciso anterior, actúe prevaliéndose del hecho de tener a su cargo trámites o
resoluciones de cualquier índole.

      El que solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de
naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que
no se halle previsto en los incisos anteriores, será reprimido con pena de
prisión de tres meses a un año.

      Las sanciones previstas en este artículo, incluyen necesariamente la
prohibición permanente de realizar actividades que impliquen contacto con la
víctima.

      Si el acoso sexual se cometiere en contra de personas menores de edad, será
sancionado con prisión de dos a cuatro años.

     Nota: Artículo agregado por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial 365
de 21 de Julio de 1998.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45
de 23 de Junio del 2005.

     Art. 512.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial
del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía
vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a
una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:

     1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años;
     2o.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del
sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera
resistirse; y,
     3o.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.

      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial
365 de 21 de Julio de 1998.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 265.

      LINK:
      Ver TIPIFICACION DE LA VIOLACION, Gaceta Judicial. Año XXIX. Serie V. No.
25. Pág. 527. (Quito, 4 de Julio de 1930).
      Ver DELITO DE VIOLACION, Gaceta Judicial. Año LXXXI. Serie XIII. Nro. 11.
Pág. 2447. (Quito, 27 de Mayo de 1981).
      Ver DELITO DE VIOLACION, Gaceta Judicial. Año LXXXII. Serie XIII. Nro. 14.
Pág. 3451. (Quito, 29 de Marzo de 1982).
      Ver DELITO DE VIOLACION, Gaceta Judicial. Año LXXXIII. Serie XIV. No. 2.
Pág. 452. (Quito, 22 de Abril de 1983).
      Ver DELITO DE VIOLACION, Gaceta Judicial. Año LXXXIV. Serie XIV. No. 5.
Pág. 1215. (Quito, 18 de Abril de 1984).
      Ver DELITO DE VIOLACION, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 2. Pág.
282. (Quito, 22 de Febrero de 1994).
      Ver DELITO DE VIOLACION A MENOR, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No.
3. Pág. 603. (Quito, 20 de Diciembre de 1994).
      Ver DELITO DE VIOLACION, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 9. Pág.
2367. (Quito, 19 de Agosto de 1997).
      Art. 512-A.- Nota: Artículo agregado por Ley No. 105, publicada en Registro
Oficial 365 de 21 de Julio de 1998.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo derogado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. 513.- El delito de violación será reprimido con reclusión mayor
especial de dieciséis a veinticinco años, en el número 1 del artículo anterior;
y, con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, en los números 2
y 3 del mismo artículo.

     Nota: Artículo sustituido por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 253.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 266.

      Art. 514.- Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de
la persona violada se aplicará la pena establecida para los numerales 2 y 3 del
artículo anterior; y, si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor
especial de dieciséis a veinticinco años.

      Igual pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, se
impondrá a los responsables de violación si las víctimas son sus descendientes,
ascendientes, hermanos o afines en línea recta; debiendo en su caso, ser
condenados, además a la pérdida de la patria potestad.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 283, 305.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 267.

     Art. 515.- El mínimo de las penas señaladas por los artículos precedentes
será aumentado con cuatro años:

     Si los responsables son de los que tienen autoridad sobre la víctima.

     Si son institutores, o sus sirvientes, o sirvientes de las personas arriba
designadas;

     Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos, o ministros
del culto, que han abusado de su posición para cometerlo; sea profesionales de la
salud y personal responsable en la atención y cuidado del paciente, comadrones, o
practicantes, en personas confiadas a su cuidado; y,
     Si en los casos de los Arts. 507 y 512, el culpado, quienquiera que sea, ha
sido auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas personas.

      Nota: Artículo reformado por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial 365
de 21 de Julio de 1998.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

      LINK:
      Ver AGRAVAR LA PENA AL SINDICADO POR PARENTESCO CON AGRAVIADA, Gaceta
Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 2. Pág. 275. (Quito, 27 de Enero de 1994).
      Ver DELITO DE VIOLACION, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. Nro. 11.
Pág. 2873. (Quito, 4 de Mayo de 1998).

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 268.

     Art. 516.- En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los
dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años.

     Cuando el homosexualismo se cometiere por el padre u otro ascendiente en la
persona del hijo u otro descendiente, la pena será de reclusión mayor de ocho a
doce años y privación de los derechos y prerrogativas que el Código Civil concede
sobre la persona y bienes del hijo.

     Si ha sido cometido por ministros del culto, maestros de escuela, profesores
de colegio o institutores, en las personas confiadas a su dirección o cuidado, la
pena será de reclusión mayor de ocho a doce años.

      Nota: Aceptar parcialmente la demanda formulada y declarar la
inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 516 del Código Penal, y
suspender totalmente los efectos de dicho inciso, que textualmente dice: "En los
casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán
reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años". Dado por Resolución
Tribunal Constitucional No. 106, publicado en Registro Oficial Suplemento 203 de
27 de Noviembre de 1997.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 269.

     Art. 517.- La bestialidad se reprimirá con reclusión mayor de cuatro a ocho
años.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 270.

     Art. 518.- Nota: Artículo suprimido por el Art. 20 del Decreto Supremo No.
2636, publicado en Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.

     Art. 519.- Nota: Artículo suprimido por el Art. 20 del Decreto Supremo No.
2636, publicado en Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.

     Art. 520.- Nota: Artículo suprimido por el Art. 20 del Decreto Supremo No.
2636, publicado en Registro Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.

                           CAPITULO III

     Nota: Capítulo III con sus respectivos artículos del 521 al 528 derogados
por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial 365 de 21 de Julio de 1998.

                          CAPITULO III
  DE LOS DELITOS DE PROXENETISMO Y CORRUPCION DE MENORES
      Art. ...- El que promoviere o facilitare la prostitución de otra persona
será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, salvo que tuviere a su
cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los reglamentos que la
autoridad competente expidiere para esta clase de establecimientos.

      Nota: Capítulo y artículo agregados por Ley No. 105, publicada en Registro
Oficial 365 de 21 de Julio de 1998.

      Art. ...- La pena será de seis a nueve años de reclusión menor
extraordinaria, sin que opere la eximente del artículo anterior, cuando:

      1. La víctima fuese menor de catorce años de edad;
      2. Se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro medio
coercitivo;
      3. La víctima se encontrare por cualquier causa privada de la capacidad de
prestar su consentimiento;
      4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, o es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador o tiene bajo
su cuidado por cualquier motivo a la persona prostituida;
      5. La víctima se encuentra en situación de abandono o de extrema necesidad
económica; y,
      6. El autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial 365
de 21 de Julio de 1998.

      Art. ...- Se impondrá pena de dos a cuatro años de prisión al que explotare
la ganancia obtenida por una persona que ejerciere la prostitución.

      Si la víctima fuese menor de catorce años, o descendiente, hijo adoptivo,
hijo de su cónyuge o de su conviviente o estuviese bajo su cuidado, la pena será
de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial 365
de 21 de Julio de 1998.

      Art. ...- Se reputará como proxenetismo la conducta del que mediante
seducción o engaño sustrajere a una persona para entregarle a otro con el objeto
de que tenga relaciones sexuales.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial 365
de 21 de Julio de 1998.

      Art. ...- Será sancionado con pena de dos a cuatro años el que promoviere o
facilitare la entrada o salida del país o el traslado del territorio de la
República de personas para que ejerzan la prostitución.

      Si mediare alguna de las circunstancias agravantes previstas en los
artículos anteriores la pena será de tres a seis años de reclusión menor
ordinaria.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial 365
de 21 de Julio de 1998.

     Art. ...- Será sancionado con pena de uno a tres años de prisión:

      1. La exposición, venta o entrega a menores de catorce años de objetos,
libros, escritos, imágenes visuales o auditivas obscenas, que puedan afectar
gravemente el pudor o excitar o pervertir su instinto sexual; y,
      2. El que incitare a un menor de catorce años a la ebriedad o la práctica
de actos obscenos o le facilitare la entrada a los prostíbulos u otros centros de
corrupción como cines o teatros que brinden espectáculos obscenos.
      Nota: Artículo agregado por Ley No. 105, publicada en Registro Oficial 365
de 21 de Julio de 1998.

                           CAPITULO ...
              DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL

      Art. ..- Quien produjere, publicare o comercializare imágenes
pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o
de cualquier otro soporte físico o formato, u organizare espectáculos en vivo,
con escenas pornográficas en que participen los mayores de catorce y menores de
dieciocho años, será reprimido con la pena de seis a nueve años de reclusión
menor ordinaria, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, la
inhabilidad para el empleo, profesión u oficio.

      Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes pornográficas,
cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas sea grabado o
fotografiado la exhibición de mayores de doce y menores de dieciocho años al
momento de la creación de la imagen.

      Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico en cuyas imágenes participen
menores de edad.

      Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años o
discapacitado, o persona que adolece enfermedad grave incurable, la pena será de
reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, al pago de la
indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a la
inhabilidad del empleo, profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la pena
será de veinticinco años de reclusión mayor especial.

      Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los tutores, los
representantes legales, los curadores o cualquier persona del contorno íntimo de
la familia, los ministros de culto, los maestros y profesores y, cualquier otra
persona que por su profesión u oficio hayan abusado de la víctima, serán
sancionados con la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor
extraordinaria, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y de los
bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio.

     Si la víctima fuere menor de doce años, se aplicará el máximo de la pena.


      Nota: Capítulo y Artículos agregados por Ley No. 2, publicada en Registro
Oficial 45 de 23 de Junio del 2005.

      Art. ..- Quien con violencia, amenaza, intimidación o engaño utilizare a
personas mayores de edad, en espectáculos que impliquen la exhibición total o
parcial de su cuerpo con fines sexuales, será reprimido con reclusión mayor
ordinaria de cuatro a ocho años.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- Quien organice, ofrezca o promueva actividades turísticas que
impliquen servicios de naturaleza sexual, será sancionado con reclusión menor
ordinaria de seis a nueve años y multa de diez mil a quince mil dólares de los
Estados Unidos de América y la extinción de la persona jurídica o el cierre de la
empresa, si pertenece a una persona natural.

      La pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, si la
víctima fuere una persona menor de dieciocho años de edad y multa de quince mil a
veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.
      Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años,
en los siguientes casos:

      1. Cuando la víctima sea menor de doce años;
      2. Cuando el ofensor se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o ésta
se encontrare incapacitada para resistir, o se utilice violencia, amenaza o
intimidación;
      3. Cuando el ofensor sea cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima; y,
      4. Si tiene el infractor algún tipo de relación de confianza o autoridad, o
si es representante legal, padrastro o madrastra de la víctima o ministro de
culto.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- El que, por cualquier medio, adquiera o contrate actividades
turísticas, conociendo que implican servicios de naturaleza sexual con personas
menores de dieciocho años de edad, será sancionado con reclusión mayor ordinaria
de ocho a doce años.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- El que promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la
captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la
amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta con fines de
explotación sexual, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce
años. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de edad, se
aplicará el máximo de la pena.

      Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis
años, cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias:

      1. Si la víctima fuere una persona menor de doce años;
      2. Si hay abuso de autoridad, o de una situación de necesidad o
vulnerabilidad de la víctima;
      3. Si el ofensor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima;
      4. Si el infractor tiene algún tipo de relación de confianza, autoridad, si
es representante legal, padrastro o madrastra de la víctima o ministro de culto;
y,
      5. Si la víctima, como consecuencia del delito, sufre una lesión física o
daño psicológico permanente o contrae una enfermedad grave o mortal.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- En el caso de que por la comisión de cualquiera de los delitos de
este Capítulo, se produjera la muerte de la víctima, la pena será de reclusión
mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- El que induzca, promueva, favorezca, facilite la explotación
sexual de personas menores de dieciocho años de edad, o de las que tienen
discapacidad, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución, o se apropie
de todo o parte de estos valores, será sancionado con pena de reclusión menor
ordinaria de seis a nueve años y el comiso de los bienes adquiridos con los
frutos del delito y al pago de la indemnización de daños y perjuicios.
      Si la víctima es menor de catorce años, la pena será de reclusión mayor
extraordinaria de doce a dieciséis años. En caso de reincidencia, la pena será
reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

                           CAPITULO ...
    DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS

      Art. ..- En el caso de concurrencia de delitos sexuales y/o de trata de
personas, las penas se acumularán hasta un máximo de treinta y cinco años.

      Nota: Capítulo y Artículo agregados por Ley No. 2, publicada en Registro
Oficial 45 de 23 de Junio del 2005.

      Art. ..- En los delitos contemplados en el Título VIII, del Libro II del
Código Penal, la acción penal prescribirá en el doble del tiempo de la pena
máxima prevista para cada infracción, sin que el plazo pueda exceder de cincuenta
años. La pena prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero el
plazo de prescripción nunca será mayor de treinta y cinco años ni menor de cinco
años.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- El comportamiento público no privado de la víctima, anterior a la
comisión del delito sexual o de trata de personas, no será considerado dentro del
proceso.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima
menor de dieciocho años de edad, será irrelevante. En los delitos de trata de
personas, el consentimiento será irrelevante.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- Si el autor o responsables de la comisión de delitos sexuales o de
trata de personas, al momento de cometerse la infracción, ejerce respecto de la
víctima su patria potestad o representación legal, será sancionado, además de la
pena correspondiente, con la pérdida indefinida de éstas.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- Cuando los medios de comunicación hicieren apología de delitos
sexuales y de trata de personas, los respectivos representantes legales serán
sancionados con multas de hasta veinte mil dólares de los Estados Unidos de
América, sin perjuicio del comiso de los productos o medios empleados para su
comisión.

      En caso de reincidencia, se procederá a la clausura y reversión de las
frecuencias o autorización para su funcionamiento.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- Lo relacionado con libertad condicional, reducción de penas,
modificación de la pena, suspensión del cumplimiento de la pena, condena
condicional y libertad condicional, previstas en el Libro I, Título IV, Capítulo
II del Código Penal, no se considerarán ni aplicarán para el caso de los delitos
contemplados en el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando hubieren
sido cometidos en contra de personas menores de dieciocho años de edad.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

      Art. ..- El que alterare la identidad de un niño; lo sustituyere por otro;
suponga un embarazo o parto; entregue o consigne datos falsos o supuestos sobre
un nacimiento; usurpare la legitima paternidad o maternidad de un niño; o,
declarare falsamente el fallecimiento de un recién nacido, será sancionado con
reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y multa de quince mil a
veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.".

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45 de
23 de Junio del 2005.

                        CAPITULO IV
                         Del rapto

     Art. 529.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de seis a
dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América el que, con fines
deshonestos, por medio de violencias, artificios o amenazas, hubiere arrebatado o
hecho arrebatar a un menor de más de siete años de edad.

      Nota: Artículo reformado por Art. 149 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 271.

      LINK:
      Ver RAPTO, Gaceta Judicial. Año I. Serie II. Nro. 65. Pág. 516. (Quito,
Marzo 3 de 1888).
      Ver DELITO DE RAPTO, Gaceta Judicial. Año V. Serie II. Nro. 19. Pág. 148.
(Quito, Marzo 20 de 1906).
      Ver DELITO DE RAPTO, DE ESTUPRO, DE SEDUCCION, Gaceta Judicial. Año LXXI.
Serie XI. No. 3. Pág. 350. (Quito, 29 de Septiembre de 1967).

     Art. 530.- Si la persona arrebatada es una niña menor de dieciséis años, la
pena será de tres a seis años de reclusión menor.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 272.

      LINK:
      Ver DELITO DE RAPTO, Gaceta Judicial. Año LXXXIII. Serie XIV. No. 1. Pág.
51. (Quito, 23 de Julio de 1982).

     Art. 531.- El que hubiere arrebatado o hecho arrebatar a una mujer mayor de
dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiere consentido en su rapto y seguido
voluntariamente al raptor, será reprimido con uno a cinco años de prisión.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 36, 40.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Art. 273.

      LINK:
      Ver DELITOS DE RAPTO Y ESTUPRO, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 2.
Pág. 298. (Quito, 2 de Junio de 1994).

     Art. 532.- El raptor que se casare con la menor que hubiere arrebatado o
hecho arrebatar, y los que hubieren tomado parte en el rapto, no podrán ser
perseguidos sino después de haber sido definitivamente declarada la nulidad del
matrimonio.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 96, 253.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 274.

                       TITULO IX
           DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

                      CAPITULO I
          De la celebración de matrimonios ilegales

     Art. 533.- El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, sabiendo que no
se hallaba legítimamente disuelto el anterior, será reprimido con dos a cinco
años de prisión.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 92, 105, 128.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 275.
     * CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE BUSTAMANTE: Arts. 52.

     Art. 534.- El que, en la celebración de los matrimonios, no se sujetare a
las leyes establecidas en la República, será reprimido con prisión de uno a cinco
años.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 81, 89, 100, 101, 102.

     Art. 535.- El que empleare fraude o violencia para burlar las leyes vigentes
que reglan la celebración o la terminación del matrimonio, será reprimido con
tres a cinco años de prisión.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 105.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 276.

     Art. 536.- El que, en un matrimonio ilegal pero válido, hiciere intervenir a
la autoridad por sorpresa o engaño, será reprimido con seis meses a dos años de
prisión; y,

     Si le hiciere intervenir con violencia o intimidación, será reprimido con
reclusión menor de tres a seis años.

     Si alguien se fingiere autoridad para la celebración de un matrimonio, será
reprimido con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.

     Igual pena se impondrá al contrayente que haya hecho intervenir a dicho
funcionario fingido.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 277.

     Art. 537.- El tutor o curador que, antes de la aprobación legal de sus
cuentas, contrajere matrimonio, o prestare su consentimiento para que lo
contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido
en guarda, será reprimido con uno a cinco años de prisión y multa de dieciséis a
ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 150 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 90.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 278.

     Art. 538.- La autoridad que celebrare matrimonio para el cual haya
impedimento no dispensable, será reprimida con multa de ocho a setenta y siete
dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a cinco años.

    Si el impedimento fuere dispensable, la pena se rebajará a la mitad.

      Nota: Artículo reformado por Art. 151 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 82, 89, 95, 96.

     Art. 539.- En todos los casos de este Capítulo, el contrayente doloso será
condenado a dotar, según su posibilidad, a la mujer que hubiere contraído
matrimonio de buena fe.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 94.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 279.

     Art. 540.- La autoridad que expidiere dispensas y autorizaciones para la
celebración de un matrimonio, sin previa presentación del consentimiento escrito
de los padres, o curadores de los contrayentes menores, o del juez, en su caso,
será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de sesenta y dos a
ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 152 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 82, 89.

                       CAPITULO II
      De los delitos que se dirigen a destruir o impedir
           la prueba del estado civil de un niño

     Art. 541.- El que habiendo encontrado un niño recién nacido, no lo hubiere
entregado en el término de tres días, al teniente político, o autoridad de
policía del lugar en que fue encontrado, será reprimido con prisión de ocho días
a tres meses.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 280.

     Art. 542.- Serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años, los
culpados de sustitución de un niño por otro; o de suposición de un parto; o de
usurpación del estado civil de una persona.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 244, 261.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 281.

      LINK:
      Ver DELITO DE PLAGIO DE MENOR, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No. 1.
Pág. 28. (Quito, 23 de Julio de 1993).

     Art. 543.- El que hubiere arrebatado o hecho arrebatar a un niño, y siempre
que el delito no constituya un plagio, será reprimido con reclusión menor de tres
a seis años, aunque el niño hubiere seguido voluntariamente al culpado.
     Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 165 de 17 de
Febrero de 1971, y nuevamente publicada en Registro Oficial 173 de 3 de Marzo de
1971.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 282.

     Art. 544.- El que maliciosamente hubiere ocultado o hecho ocultar a un niño,
si el acto no está más severamente penado en este Código, será reprimido con
prisión de uno a cinco años y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos
de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 153 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 283.

     Art. 545.- Los que hubieren llevado o hecho llevar a una casa de expósitos u
otros establecimientos destinados al efecto, a un niño que les estaba confiado,
serán reprimidos con prisión de uno a tres meses y multa de seis a nueve dólares
de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 154 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 269.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 284.

     Art. 546.- Serán reprimidos con prisión de ocho días a un año y multa de
seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América los que, estando
encargados de un niño, no lo hicieren saber a las personas que tienen derecho de
reclamarlo.

      Nota: Artículo reformado por Art. 155 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION: Arts. 62.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 285.

                       TITULO X
             DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

                       CAPITULO I
                        Del hurto

     Art. 547.- Son reos de hurto los que, sin violencias ni amenazas contra las
personas, ni fuerza en las cosas, sustrajeren fraudulentamente uno cosa ajena,
con ánimo de apropiarse.

     Además, son considerados como reos de hurto los individuos de reconocida
conducta delictuosa, que habitualmente se dedicaren a la comisión de delitos
contra la propiedad y que se hallaren registrados como tales en las Oficinas de
Seguridad del Estado. La pena para esta clase de delincuentes será de uno a tres
años de prisión.

     Nota: El Tribunal de Garantías Constitucionales resolvió suspender
totalmente por inconstitucionalidad de fondo el inciso segundo de este artículo,
cuyo texto precede.
     Disposición dada por Resolución Tribunal de Garantías Constitucionales,
publicada en Registro Oficial 632 de 24 de Febrero de 1987.
     El Congreso por Resolución publicada en el Registro Oficial 677 de 4 de Mayo
de 1987 ratifica la Resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales.

     CONCORD:
     * CODIGO   CIVIL (LIBRO II): Arts. 583, 584.
     * CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1633.
     * CODIGO   DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 106.
     * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 65.
     * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 286.

      LINK:
      Ver DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, Gaceta Judicial. Año LIV. Serie 7. No. 8.
Pág. 899. (Quito, 16 de Febrero de 1948).
      Ver CONCURRENCIA DE DELITOS DE ACCION PUBLICA Y PRIVADA, Gaceta Judicial.
Año LV. Serie 7. No. 15. Pág. 1784. (Quito, 21 de Febrero de 1951).
      Ver DELITO CONTRA LA PROPIEDAD, Gaceta Judicial. Año LVII. Serie VIII. No.
4. Pág. 361. (Quito, 6 de Julio de 1953).
      Ver ILEGITIMIDAD DE PERSONERIA, Gaceta Judicial. Año LXX. Serie X. No. 14.
Pág. 4073. (Quito, 27 de Enero de 1967).
      Ver ATENUANTES, Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. No. 6. Pág. 1537.
(Quito, 23 de Julio de 1996).

     Art. 548.- El hurto será reprimido con prisión de un mes a tres años,
tomando en cuenta el valor de las cosas hurtadas.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 287.

    Art. 549.- La pena será de seis meses a cinco años de prisión:

     1o.- Cuando se tratare de máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el
campo, o de alambres u otros elementos de cercas, causándose la destrucción total
o parcial de éstas;
     2o.- Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión,
inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando
las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública;
     3o.- Cuando se tratare de herramientas, instrumentos de labranza u otros
útiles, o animales de que el ofendido necesite para el ejercicio de su profesión,
arte, oficio o trabajo; y,
     4o.- Cuando las personas a quienes se hurtare fueren miserables o
necesitadas, o cuando lo que se les hurtare fuere bastante para arruinar su
propiedad.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 288.

                         CAPITULO II
                           Del robo

     Art. 550.- El que, mediante violencias o amenazas contra las personas o
fuerza en las cosas, sustrajere fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de
apropiarse, es culpable de robo, sea que la violencia tenga lugar antes del acto
para facilitarlo, en el momento de cometerlo, o después de cometido para procurar
su impunidad.

     CONCORD:
     * CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1633.
     * LEY DE   TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 83.
     * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 290.
     * CODIGO   DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 106.

     LINK:
      Ver ROBO, Gaceta Judicial. Año XXXI. Serie V. No. 88. Pág. 2079. (Quito, 23
de Septiembre de 1933).
      Ver RESPONSABILIDAD PENAL, Gaceta Judicial. Año XXXVI. Serie V. No. 140.
Pág. 3459. (Quito, 16 de Noviembre de 1936).
      Ver ROBO DE CEDULAS HIPOTECARIAS, Gaceta Judicial. Año XXXVII. Serie V. No.
152. Pág. 3701. (Quito, 21 de Julio de 1938).
      Ver DELITO DE ROBO, Gaceta Judicial. Año XXXVIII. Serie V. No. 165. Pág.
4072. (Quito, 30 de Septiembre de 1939).
      Ver ELEMENTOS DEL ROBO, Gaceta Judicial. Año LXXXIV. Serie XIV. No. 6. Pág.
1415. (Quito, 2 de Julio de 1984).

     Art. 551.- El robo será reprimido con prisión de uno a cinco años y con
reclusión menor de tres a seis años en los casos en que se perpetre con violencia
contra las personas, tomando en consideración el valor de las cosas robadas.

      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 291.

      Art. 552.- El máximo de la pena establecida en el artículo anterior, se
aplicará al responsable si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

     1a.- Si las violencias han producido heridas que no dejen lesión permanente;
     2a.- Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en despoblado,
o en pandilla, o en caminos o vías públicas;
     3a.- Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cercado,
techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias
inmediatas; y,
     4a.- Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de los números 2o, 3o
y 4o del Art. 549.

     Cuando concurran dos o más de las circunstancias a que se refiere este
artículo, la pena será de reclusión menor de seis a nueve años.

     Si las violencias han ocasionado una lesión permanente de las detalladas en
los Art. 466 y 467, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años.

     Si las violencias han causado la muerte, la pena será de reclusión mayor
especial de dieciséis a treinta años.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422
de 28 de Septiembre del 2001.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 292.

      LINK:
      Ver CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, Gaceta Judicial. Año VI. Serie II. Nro. 34.
Pág. 268. (Quito, Enero 18 de 1908).
      Ver ROBO CON HOMICIDIO, Gaceta Judicial. Año LXXV. Serie XII. No. 5. Pág.
981. (Quito, 12 de Marzo de 1974).
      Ver EXISTENCIA DE LA INFRACCION, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII.
No. 15. Pág. 3407. (Quito, 13 de Julio de 1977).
      Ver DELITO DE ROBO CON MUERTE, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No. 1.
Pág. 27. (Quito, 8 de Julio de 1993).
      Ver DELITO DE ROBO CALIFICADO CON MUERTE, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie
XVI. No. 2. Pág. 292. (Quito, 13 de Abril de 1994).
      Ver DELITO DE ROBO AGRAVADO, Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. No. 5.
Pág. 1236. (Quito, 2 de Abril de 1996).

      Art. ...- Serán reprimidos con reclusión menor ordinaria de tres a seis
años quien o quienes, habiendo despojado al conductor o a los ocupantes de un
vehículo automotor, lo utilicen con la finalidad de cometer otros delitos, aunque
no exista ánimo de apropiación del vehículo.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 21, publicada en Registro Oficial 154
de 28 de Noviembre del 2005.

      Art. ...- Si como consecuencia del cometimiento de estos delitos se
produjeren lesiones graves físicas o daños psicológicos en la o las víctimas, el
o los autores serán sancionados con reclusión mayor extraordinaria de ocho a doce
años.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 21, publicada en Registro Oficial 154
de 28 de Noviembre del 2005.

      Art. ...- Serán reprimidos con reclusión mayor especial de 16 a 25 años
quienes en el cometimiento de los delitos tipificados en esta Ley, hayan causado
la muerte o la incapacidad permanente de la o las víctimas.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 21, publicada en Registro Oficial 154
de 28 de Noviembre del 2005.

     Art. 553.- Se asimila al   robo la sustracción de cosa ajena hecha con fraude
y ánimo de apropiarse, aunque   no haya violencias ni amenazas contra las personas
ni fuerza en las cosas, si ha   sido realizada en trenes, tranvías, autobuses,
muelles, reuniones públicas u   otras aglomeraciones.

     También se reprimirá con la pena que señalada el Art. 552, la sustracción de
objetos, implementos, materiales o cosas pertenecientes a instalaciones
destinadas al servicio de los Cuerpos contra Incendios y la compra fraudulenta de
esos objetos, materiales o cosas.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 293.

      LINK:
      Ver DELITO DE FRAUDE, Gaceta Judicial. Año LIII. Serie 7. No. 7. Pág. 750.
(Quito, 21 de Enero de 1947).

      Art. ...- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses
a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes
electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren
la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en
perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando,
manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas
informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

      Art. ...- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido
empleando los siguientes medios:

     1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;
     2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas;
     3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;
     4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,
     5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

                        CAPITULO III
                        Del abigeato

     Art. 554.- El hurto o el robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar,
cometido en sitios destinados para la conservación, cría o ceba de los mismos,
constituye el delito de abigeato, sin consideración a la cuantía del ganado
sustraído.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 106.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 295.

      LINK:
      Ver ABIGEATO, Gaceta Judicial. Año XXXVII. Serie V. No. 158. Pág. 3856.
(Quito, 18 de Enero de 1939).
      Ver ABIGEATO, Gaceta Judicial. Año LXII. Serie IX. No. 9. Pág. 885. (Quito,
22 de Febrero de 1960).

     Art. 555.- El abigeato será reprimido con la pena de uno a tres años de
prisión, en caso de hurto; y de dos a cinco años de prisión, en caso de robo.

    La reincidencia se castigará con el doble de dichas penas.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 296, 297.

     Art. 556.- Si el abigeato cometido con violencias ha causado heridas o
lesiones, o la muerte de alguna persona, se aplicarán al culpable las penas
establecidas, para estos casos, en el Capítulo del robo.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 298.

                        CAPITULO IV
                       De la extorsión

     Art. 557.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años el que, con
intimidación, o simulando autoridad pública, o falsa orden de la misma, obligue a
otro, sin privarle de la libertad personal, a entregar, enviar, depositar, o
poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que
produzcan o puedan producir efectos jurídicos.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 299.

     Art. 558.- Incurrirá en la misma pena establecida en el artículo anterior el
que, por los mismos medios, o con violencia, obligue a otro, sin privarle de la
libertad personal, a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 300.

     Art. 559.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que,
con amenaza de imputaciones contra el honor, o de violación de secretos, o de
publicaciones que afecten a la honra o reputación, cometiere alguno de los actos
expresados en los dos artículos precedentes.
     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 301.

                       CAPITULO V
           De las estafas y otras defraudaciones

     Art. 560.- El que fraudulentamente hubiere distraído o disipado en perjuicio
de otro, efectos, dinero, mercancías, billetes, finiquitos, escritos de cualquier
especie, que contengan obligación o descargo, y que le hubieren sido entregados
con la condición de restituirlos, o hacer de ellos un uso o empleo determinado,
será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a dieciséis
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 156 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO I): Arts. 574.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 302.
     * LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION: Arts. 17.

      LINK:
      Ver ESTAFA, Gaceta Judicial. Año XXXII. Serie V. No. 95. Pág. 2227. (Quito,
19 de Enero de 1934).
      Ver ESTAFA, Gaceta Judicial. Año XXXIII. Serie V. No. 117. Pág. 2849.
(Quito, 18 de Febrero de 1935).
      Ver DELITO DE ESTAFA, Gaceta Judicial. Año XXXVIII. Serie VI. No. 4. Pág.
399. (Quito, 23 de Septiembre de 1940).
      Ver DELITO DE ESTAFA, Gaceta Judicial. Año LXIX. Serie X. No. 12. Pág.
3787. (Quito, 28 de Junio de 1966).
      Ver DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No.
1. Pág. 68. (Quito, 23 de Noviembre de 1993).
      Ver ESTAFA POR MANDATARIO, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. Nro. 11.
Pág. 2845. (Quito, 16 de Abril de 1998).

     Art. 561.- Será reprimido con prisión de tres meses a cinco años y multa de
seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere
abusado de las necesidades, debilidades o pasiones de un menor, para hacerle
suscribir, en su perjuicio, obligaciones, finiquitos, descargos, libranzas, o
cualesquiera otros documentos obligatorios, cualquiera que sea la forma en que
esta negociación haya sido hecha o disfrazada.

      Nota: Artículo reformado por Art. 157 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 302.

     Art. 562.- El que después de haber producido en juicio algún título, pieza o
memorial, lo hubiere sustraído dolosamente, de cualquier manera que sea, será
reprimido con multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte
América.

     Esta pena será aplicada de plano por el tribunal o juez que conoce de la
causa.

      Nota: Artículo reformado por Art. 158 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 302.
     Art. 563.- El que, con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a
otro, se hubiere hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos,
recibos, ya haciendo uso de nombres falsos, o de falsas calidades, ya empleando
manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de falsas empresas, de un
poder, o de un crédito imaginario, para infundir la esperanza o el temor de un
suceso, accidente, o cualquier otro acontecimiento quimérico, o para abusar de
otro modo de la confianza o de la credulidad, será reprimido con prisión de seis
meses a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los
Estados Unidos de Norte América.

      Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y
multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que
cometiere el delito utilizado medios electrónicos o telemáticos.

      La pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la
defraudación se cometiera en casos de migraciones ilegales.

      Nota: Artículo reformado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.
      Nota: Artículo reformado por Art. 159 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
      Nota: Inciso último agregado por Ley No. 91, publicada en Registro Oficial
716 de 2 de Diciembre del 2002.

       CONCORD:
       * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 540, 1000.
       * LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION: Arts. 30, 128.
       * LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION: Arts.
121.
       * LEY DE MERCADO DE VALORES, CODIFICACION: Arts. 213, 214.
       * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 302.

      LINK:
      Ver ABUSO DE CONFIANZA, Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 9. Pág.
1959. (Quito, 3 de Julio de 1975).
      Ver EXISTENCIA MATERIAL DEL DELITO, Gaceta Judicial. Año XCIV. Serie XVI.
No. 1. Pág. 86. (Quito, 5 de Octubre de 1993).
      Ver CHEQUE PROTESTADO POR CUENTA CERRADA, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie
XVI. No. 4. Pág. 912. (Quito, 3 de Octubre de 1995).
      Ver CHEQUE PROTESTADO POR CUENTA CERRADA, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie
XVI. No. 4. Pág. 925. (Quito, 7 de Diciembre de 1995).
      Ver CHEQUE PROTESTADO POR CUENTA CERRADA, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie
XVI. No. 4. Pág. 929. (Quito, 25 de Julio de 1995).
      Ver CHEQUE PROTESTADO POR CUENTA CERRADA, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie
XVI. No. 9. Pág. 2345. (Quito, 24 de Septiembre de 1997).
      Ver VENTA DE BIEN RECIBIDO EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Gaceta Judicial. Año
XCVII. Serie XVI. No. 10. Pág. 2595. (Quito, 6 de Febrero de 1998).
      Ver DELITO DE ESTAFA EN PROMESA DE VENTA, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie
XVI. No. 10. Pág. 2633. (Quito, 11 de Diciembre de 1997).
      Ver CHEQUE PROTESTADO POR CUENTA CERRADA, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie
XVI. No. 8. Pág. 2096. (Quito, 30 de Abril de 1997).
      Ver CHEQUE PROTESTADO POR CUENTA CERRADA, Gaceta Judicial. Año XCVIII.
Serie XVI. Nro. 12. Pág. 3105. (Quito, 28 de agosto de 1998).
      Ver CHEQUE GIRADO EN CUENTA CERRADA, Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie
XVI. Nro. 13. Pág. 3578. (Quito, 23 de noviembre de 1998).

     Art. 563-A.- Corresponde privativamente al Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
a las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda y a las
Cooperativas de Vivienda con personería jurídica, cuya inscripción haya sido
registrada en la Junta Nacional de la Vivienda, recibir fondos provenientes de
personas naturales, en calidad de cuotas o aportaciones para programas de
urbanización o construcción de viviendas de interés social.
     Quienes recibieren u ordenaren recibir cuotas, aportaciones o anticipos,
contraviniendo a las disposiciones del inciso precedente, incurrirán en el delito
de estafa, que será perseguido de oficio, y serán sancionados con la pena
establecida en el artículo anterior.

     Establécese acción popular para denunciar el delito tipificado en el inciso
anterior.

     Nota: Reforma inorgánica dada por el Art. 2 del Decreto Supremo No. 1206,
publicado en Registro Oficial 419 de 26 de Octubre de 1973.

     Art. 564.- Será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de seis a
cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de
estas penas solamente, el que hubiere engañado al comprador:

     Acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando fraudulentamente una
cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el contrato; y,

     Acerca de la naturaleza u origen de la cosa vendida, entregando una cosa
semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar.

      Nota: Artículo reformado por Art. 160 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1732, 1740.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 304.

     Art. 565.- Serán reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de seis a
veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América los que, con
manejos fraudulentos, hubiere engañado al comprador acerca de la cantidad de las
cosas vendidas.

      Nota: Artículo reformado por Art. 161 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 304.

     Art. 566.- Serán reprimidos con prisión de quince días a tres meses y multa
de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América:

     Los que sin estar en el caso del Art. 428, por no existir peligro de alterar
la salud de los consumidores, hubieren falsificado o hecho falsificar bebidas o
comestibles;

     Los que hubieren vendido o hecho vender, pública o privadamente, dichos
artículos falsificados; y,

     Los que por carteles o avisos, impresos o no, o por cualquier otro modo de
propaganda, hubieren enseñado o revelado procedimientos para la falsificación de
los mencionados artículos.

      Nota: Artículo reformado por Art. 162 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     Art. 567.- Serán reprimidos con la misma pena y multa de dieciséis a sesenta
y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América, los importadores,
comisionistas, o receptores de bebidas o comestibles falsificados.

      Nota: Artículo reformado por Art. 163 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
     Art. 568.- Al tratarse de las infracciones determinadas en los artículos
precedentes y en los Arts. 428, 429 y 430, el juez mandará publicar la sentencia,
por carteles y por la prensa, a costa del condenado; y hará cerrar las fábricas,
tiendas, bodegas y almacenes donde los artículos falsificados se guarden o
expendan, hasta la expedición de la sentencia, y dispondrá el comiso a que
hubiere lugar.

     Art. 569.- Los que hubieren ocultado, en todo o en parte, las cosas robadas,
hurtadas u obtenidas mediante un delito para aprovecharse de ellas, serán
reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y multa de seis a dieciséis
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 164 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 305, 309.

      LINK:
      Ver COMERCIO CON UN MENOR DE EDAD, Gaceta Judicial. Año XCV. Serie XVI. No.
3. Pág. 619. (Quito, 25 de Enero de 1995).

     Art. 570.- En caso de embargo, si el deudor o cualquier otro hubiere
destruido fraudulentamente o dispuesto de alguno de los objetos en que se ha
hecho la traba, será reprimido con prisión de ocho días a dos años.

      LINK:
      Ver DISPOSICION ARBITRARIA POR EL DEPOSITARIO, Gaceta Judicial. Año LXVII.
Serie X. No. 5. Pág. 2442. (Quito, 19 de Diciembre de 1962).

     Art. 571.- Serán reprimidos con prisión de ocho días a dos años y multa de
seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América:

     Los que habiendo encontrado una cosa mueble perteneciente a otro, cuyo valor
pase de cien sucres, u obtenido por casualidad su tenencia, la hubieren ocultado
o entregado a tercero, fraudulentamente; y,

     Los que habiendo descubierto un tesoro, se hubieren apropiado de él en
perjuicio de los que, según la Ley, tienen derecho al tesoro.

      Nota: Artículo reformado por Art. 165 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 306.

     Art. 572.- En el caso del inciso segundo del artículo anterior, si el valor
del objeto que no se haya restituido a su dueño no excediere de cien sucres, se
reprimirá al ocultador o detentador con pena de contravención únicamente.

     Art. 573.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de seis a
sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que se hubiere
procurado fraudulentamente fondos, valores o recibos, por medio de una libranza
girada contra una persona que no existe, o que no era su deudora, o que no debía
serlo al tiempo del vencimiento, o que no le había autorizado para girar contra
ella.

     Sin embargo, la persecución no podrá tener lugar, o cesará, si la libranza
ha sido pagada, o si el girador hubiere pagado el mismo el valor, al ser
descubierto el fraude.

      Nota: Artículo reformado por Art. 166 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 307.

     Art. 574.- El deudor que indebidamente remueva o permita que se remueva del
lugar en que se efectúan la explotación industrial o agrícola los objetos dados
en prenda industrial o agrícola, o que por su negligencia causare la desaparición
o deterioro de los mismos, los cambiare, abandonare o diere en garantía como
suyos bienes agrícolas o industriales que no le pertenezcan, será reprimido con
prisión de uno a cinco años y multa de nueve a cuatrocientos treinta y siete
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     En la misma pena incurrirá el deudor de prenda especial de comercio o de
prenda agrícola o industrial que vendiere, donare o diere en prenda a otra
persona el objeto constituido en prenda sin la intervención del acreedor, o que
no cumpliere dentro del término que le señalare el juez con la exhibición o
entrega para la venta al martillo del objeto dado en prenda, lo cambiare de lugar
de conservación señalado en el contrato ocasionando perjuicios a la otra parte, o
lo destruyere, dañare o menoscabare dolosamente la integridad del mismo sin
solucionar el crédito.

     Igual sanción se impondrá al deudor que vendiere los frutos de los objetos
empeñados en prenda industrial o agrícola o los objetos mismos, sin dar aviso al
comprador de la existencia del contrato de prenda.

     Estos juicios se iniciarán por orden del juez en lo civil, quien remitirá
todo lo actuado al Juez de lo Penal para la correspondiente sustanciación del
proceso penal. Si hasta rendir la indagatoria se pusiere a disposición del juez
la prenda, quedará terminado el juicio penal y se la devolverá al Juez Civil con
los antecedentes que envió, para la continuación del remate.

      Nota: Artículo reformado por Art. 167 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 696.
     * CODIGO DE COMERCIO: Arts. 576, 592.

     Art. 575.- El que hubiere comprado bienes muebles con reserva de dominio y
celebrare sobre ellos contratos de venta, permuta, arrendamiento o prenda, los
sacare del país o entregare a otras personas sin haber pagado la totalidad del
precio, salvo el caso de autorización expresa y escrita del vendedor, será
sancionado con prisión de dos meses a tres años.

     La misma pena se aplicará al comprador que dolosamente hiciere desaparecer
las cosas adquiridas con reserva de dominio, que las deteriorare o destruyere,
que alterare las marcas, números, señales o que por cualquier medio impidiere su
identificación.

     En ambos casos, se aplicará lo dispuesto en el inciso 4o. del artículo
anterior.

     Los que fraudulentamente presenten y suscriban falsa declaración y
documentación encaminada a obtener beneficios cambiarios o monetarios ilícitos,
con la sobrefacturación o subfacturación en el comercio exterior, serán
reprimidos con prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las sanciones
establecidas en otras disposiciones legales.

     Quienes dolosamente realizaren actos con los cuales obtuvieren beneficios
cambiarios o monetarios indebidos, ya sea a través de declaraciones falsas ya sea
de otra forma, serán penados con prisión de tres meses a cuatro años y multa no
menor al 50% ni mayor al 200% de los valores indebidamente obtenidos.
     Nota: Artículo reformado por el artículo 37 de la Ley de Regulación
Económica y Control del Gasto Público, No. 122, publicado en Registro Oficial
Suplemento 453 de 17 de Marzo de 1983.
     Nota: Artículo reformado por Decreto Ley Emergencia No. 2, publicado en
Registro Oficial Suplemento 930 de 7 de Mayo de 1992, Art. 170.

     Art. 575-A.- Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años los que con el
propósito de sacar provecho personal y a título de dirigentes, organicen seudo -
cooperativas, e invadan tierras tanto en la zona urbana como en la rural,
atentando de esta manera el derecho de propiedad privada.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 2969, publicado en Registro
Oficial 714 de 20 de Noviembre de 1978.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 30, 267.

     Art. 575-B.- Quien alegando la calidad de integrante de una seudo
cooperativa, invada tierras ubicadas en la zona rural o en la urbana y negocie
sobre aquellas o sobre supuestos derechos adquiridos en dichas tierras, será
reprimido con prisión de uno a tres años.

     Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 2969, publicado en Registro
Oficial 714 de 20 de Noviembre de 1978.

     Art. 575-C.- Los agentes de percepción o sus representantes legales que, por
más de dos meses no presenten dentro de los plazos previstos en la Ley y
Reglamentos respectivos, las declaraciones y pagos mensuales de los valores
percibidos o recaudados, serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años,
sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que correspondan y de la entrega al
respectivo sujeto activo de los valores indebidamente retenidos.

     Para el ejercicio de esta acción penal se tendrá como base el informe del
funcionario de la Dirección General de Rentas en el cual se de cuenta de la
tardanza establecida en el primer inciso de este artículo.

     Nota: Artículo agregado por el artículo 82 de la Ley No. 6, publicado en
Registro Oficial 97 de 29 de Diciembre de 1988.
     Nota: Artículo 82 de la Ley No. 6 reformado por Ley No. 51, publicada en
Registro Oficial 349 de 31 de Diciembre de 1993.

      Art. 575-D.- El que fraudulentamente, mediante cualquier acto no pague el
precio mínimo de sustentación de la caja de banano para exportación, fijado por
acuerdo interministerial vigente, así como los autores intelectuales, cómplices y
encubridores, serán sancionados con prisión de uno a tres años y la multa
establecida en el artículo 4 de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y
Comercialización del Banano.

      Iniciado el juicio penal por la infracción al que refiere el inciso
anterior, el juez dictará como medida cautelar, la suspensión de la marca y/o
patente de exportador.

      Nota: Artículo agregado por Ley No. 48, publicada en Registro Oficial 347
de 27 de Diciembre de 1999.

                       CAPITULO VI
         De los quebrados y otros deudores punibles

     Art. 576.- Los comerciantes que, en los casos previstos por las leyes,
fueren declarados culpables o responsables de quiebra, serán reprimidos:

    Los de quiebra culpable, con prisión de uno a tres años; y,
     Los de alzamiento o quiebra fraudulenta, con reclusión menor de tres a seis
años.

        CONCORD:
        * CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR): Arts. 29.
        * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1633.
        * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 507, 508, 519, 589.
        * CODIGO DE COMERCIO: Arts. 85, 116.
        * LEY DE MERCADO DE VALORES, CODIFICACION: Arts. 216.
        * LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, CODIFICACION: Arts.
132.

     Art. 577.- Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad o de una persona
jurídica que ejerza el comercio, todo director, administrador o gerente de la
sociedad o persona jurídica fallida, o contador o tenedor de libros, que hubiere
cooperado a la ejecución de alguno de los actos culpables o fraudulentos que
determinen la quiebra, será reprimido con la pena del quebrado fraudulento o
culpable, en su caso.

     Art. 578.- Cuando no se trate de la quiebra de un comerciante, el culpado
será reprimido con prisión de uno a cinco años, en el caso de insolvencia
fraudulenta, y con prisión de seis meses a dos años, en el de insolvencia
culpable.

     Art. 579.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de
seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Los que en obsequio del fallido hubieren sustraído, disimulado u ocultado,
en todo o en parte, sus bienes muebles e inmuebles;

     Los que se hubieren presentado fraudulentamente en la quiebra, y sostenido,
sea a su nombre, sea por interposición de persona, créditos supuestos o
exagerados;

     El acreedor que hubiere estipulado, sea con el fallido o cualquiera otra
persona, ventajas particulares, por razón de sus votos en la deliberación
relativa a la quiebra, o el que hubiere hecho un contrato particular del cual
resultare una ventaja a su favor y contra el activo del fallido; y,

     El síndico de la quiebra culpado de malversación en el desempeño de su
cargo.

      Nota: Artículo reformado por Art. 168 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                            CAPITULO VII
                           De la usurpación

       Art. 580.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años:

     1o.- El que por violencia, engaño o abuso de confianza despojare a otro de
la posesión o tenencia de bien inmueble, o de un derecho real de uso, usufructo,
habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble;
     2o.- El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o
alterare los términos o límites del mismo; y,
     3o.- El que, con violencias o amenazas, estorbare la posesión de un
inmueble.

        CONCORD:
        * CODIGO   CIVIL (LIBRO II): Arts. 715, 725, 727, 729, 778, 825, 859.
        * CODIGO   CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2337.
        * CODIGO   DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 36.
        * CODIGO   PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 311.
      LINK:
      Ver DELITOS DE USURPACION, Gaceta Judicial. Año LIV. Serie 7. No. 8. Pág.
937. (Quito, 27 de Junio de 1949).

    Art. 581.- Será reprimido con prisión de quince días a un año:

     1o.- El que estorbare el derecho que un tercero tuviere sobre aguas; y,
     2o.- El que, ilícitamente y con propósito de impedir el uso legítimo de una
persona con derecho, represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos,
arroyos, canales o fuentes, o usurpare un derecho cualquiera referente al curso
de ellas.

     La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados
en los números 1o. y 2o. de este artículo se rompieren o alteraren diques,
exclusas, compuertas u otras obras semejantes, hechas en los ríos, arroyos,
fuentes, depósitos, canales o acueductos.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 612.
     * LEY DE AGUAS: Arts. 8, 70, 77, 78.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 312.

     Art. 582.- El que fraudulentamente sustrajere o desviare aguas del público o
de los particulares, ya sea para aprovecharse de ellas en beneficio propio, o con
cualquier otro fin, será reprimido con prisión de ocho días a seis meses y multa
de cinco a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

      Nota: Artículo reformado por Art. 169 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE AGUAS: Arts. 35, 70, 77, 78.

                       CAPITULO VIII
      De la usura y de las casas de préstamo sobre prendas

     Art. 583.- Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se
estipula un interés mayor que el permitido por ley, u otras ventajas usurarias.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2102, 2108, 2109, 2110, 2115.
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CODIFICACION: Arts. 163.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 314.
     * LEY PARA LA TRANSFORMACION ECONOMICA DEL ECUADOR, (TROLEBUS): Arts. 14.

      LINK:
      Ver USURA, Gaceta Judicial. Año XXXI. Serie V. No. 72. Pág. 1716. (Quito, 1
de Febrero de 1933).
      Ver USURA, Gaceta Judicial. Año XXXII. Serie V. No. 100. Pág. 2452. (Quito,
13 de Marzo de 1934).
      Ver PACTO USURARIO, Gaceta Judicial. Año XXXIII. Serie V. No. 113. Pág.
2667. (Quito, 4 de Diciembre de 1934).

     Art. 584.- Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos años y
multa de dieciséis a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte
América, el que se dedicare a préstamos usurarios.

      Nota: Artículo reformado por Art. 170 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 313.
     Art. 585.- Será reprimido con prisión de dos a cuatro años y multa de mil
dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que encubriere, con otra forma
contractual cualquiera, la realidad de un préstamo usurario.

      Nota: Artículo reformado por Art. 171 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 70, publicada en Registro Oficial
Suplemento 427 de 29 de Diciembre del 2006.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 315.

     Art. 586.- Será reprimido con reclusión de dos a cuatro años y multa de
quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América el que, hallándose
dedicado a la industria de préstamos sobre prendas, sueldos, o salarios, no
llevare libros, asentando en ellos, sin claros ni entrerenglonados, las
cantidades prestadas, los plazos e intereses, los nombres y domicilios de los que
reciben el préstamo, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados en
prenda y las demás circunstancias que exijan los reglamentos u ordenanzas de la
materia; o fueren convictos de falsedad en los asientos de dichos libros.

      Nota: Artículo reformado por Art. 172 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 70, publicada en Registro Oficial
Suplemento 427 de 29 de Diciembre del 2006.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 313.

     Art. 587.- El prestamista que no diere resguardo de la prenda o seguridad
recibida, será reprimido con una multa del duplo al quíntuplo de su valor y no se
podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena.

                       CAPITULO IX
                  Disposiciones Generales

     Art. 588.- Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la
civil, por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, defraudaciones, o daños que
recíprocamente se causaren:

     1o.- Los cónyuges, ascendientes, descendientes o afines, en la misma línea;
     2o.- El consorte viudo, respecto de las cosas pertenecientes a su difunto
cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro; y,
     3o.- Los hermanos y cuñados, si vivieren juntos.

     La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños, si
participaren en el delito.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 316.

     Art. 589.- En las infracciones de que trata este Título, con excepción de
las detalladas en el Capítulo VIII, podrán los autores ser colocados bajo la
vigilancia especial de la autoridad, por dos años a lo menos y cinco a lo más.

     Art. 590.- El que fraudulentamente hubiere falsificado o adulterado llaves
será condenado a prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

     Si el culpado es cerrajero de oficio, será reprimido con prisión de uno a
tres años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte
América.
      Nota: Artículo reformado por Art. 173 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 317.

    Art. 591.- Caminos públicos son aquellos cuyo uso es público.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 604.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 318.

     Art. 592.- Robo cometido durante la noche es el ejecutado en el lapso
comprendido entre las siete pasado meridiano y las cinco de la mañana.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 319.

     Art. 593.- Se reputa casa habitada todo edificio, departamento, vivienda,
choza, cabaña, aunque sea movible, o cualquier otro lugar que sirva para
habitación.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 320.

     Art. 594.- Se reputan dependencias de una casa habitada los patios,
corrales, jardines y cualesquiera otros terrenos cerrados, así como los trojes,
pesebreras, y cualesquiera otros edificios contenidos en ellos, cualquiera que
sea su uso, aún cuando formen un cercado particular dentro del cercado general.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 321.

     Art. 595.- Los parques móviles, destinados a contener ganado en los campos,
de cualquier modo que estén hechos, se reputan dependencia de casa habitada
cuando están establecidos sobre un mismo espacio de terreno con las cabañas
movibles u otros abrigos destinados a los guardianes.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 322.

     Art. 596.- Por violencia se entienden los actos de apremio físico ejercidos
sobre las personas.

     Por amenazas se entienden los medios de apremio moral que infundan el temor
de un mal inminente.

     CONCORD:
     * CODIGO   CIVIL   (LIBRO I): Arts. 96, 110.
     * CODIGO   CIVIL   (LIBRO II): Arts. 973.
     * CODIGO   CIVIL   (LIBRO IV): Arts. 1472.
     * CODIGO   PENAL   DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 323.

     Art. 597.- La fuerza en las cosas o fractura consiste en cualquier
quebrantamiento, rompimiento, demolición, horadamiento, o cualquier otra
violencia que se ejecute en embarcaciones, vagones, aeróstatos, paredes,
entresuelos, techos, puertas, ventanas, rejas, armarios, cómodas, cofres,
maletas, papeleras o cualesquiera otros muebles cerrados; la remoción de cadenas,
barras u otros instrumentos que sirvan para cerrar, o impedir el paso y guardar
las cosas; y la ruptura de correas, sogas, cordeles u otras ataduras que
resguarden algunos efectos, y el uso de ganzúas.
     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 1472.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 65.
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 324.

      LINK:
      Ver FUERZA EN LAS COSAS, Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 8. Pág.
2093. (Quito, 29 de Abril de 1997).

    Art. 598.- Se asimila a la sustracción con fuerza en las cosas:

    La de los muebles de que se ha hablado en el artículo precedente; y,
    La cometida mediante ruptura de sellos.

    Art. 599.- Se califica de escalamiento:

     Toda entrada en casas, patios, corrales, o cualquier otro edificio,
jardines, parques y cercados, ejecutada por encima de puertas, techos, murallas,
o cualquiera otra especie de cercado; y,
     La entrada por una abertura subterránea, o por balcones o ventanas, o por
cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 325.

    Art. 600.- Se califica de ganzúas:

     Todo gancho, corchete, llave maestra, llave imitada, falsificada o alterada;
     Las llaves que no han sido destinadas por el propietario, locatario,
posadero o fondista a las chapas, candados o cerraduras a que el culpado las
hubiere aplicado; y,
     Las llaves perdidas, extraviadas o sustraídas que hubieren servido para
cometer el acto.

     Art. 601.- Es pandilla la reunión de tres o más personas, con una misma
intención delictuosa, para la comisión de un delito.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 326.

     Art. 602.- Se comprende por la palabra arma toda máquina, o cualquier otro
instrumento cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir
o golpear, aún cuando no se haga uso de el.

      LINK:
      Ver HERIDAS CAUSADAS POR ARMA CORTANTE, LESIONES, Gaceta Judicial. Año
LVIII. Serie 8. No. 7. Pág. 678. (Quito, 15 de Julio de 1953).

                       LIBRO TERCERO
                   DE LAS CONTRAVENCIONES

                          TITULO I
           DE LA CLASIFICACION DE LAS CONTRAVENCIONES

     Art. 603.- Para el efecto del procedimiento e imposición de penas, las
contravenciones se dividen, según su mayor o menor gravedad, en contravenciones
de primera, de segunda, de tercera y de cuarta clase; y las penas
correspondientes a cada una de ellas están determinadas en los capítulos
siguientes.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 86, 87, 88, 89, 90.
                       CAPITULO I
           De las contravenciones de primera clase

     Art. 604.- Serán reprimidos con multa de dos a cuatro dólares de los Estados
Unidos de Norte América:

     1o.- Los que construyeren chimeneas, estufas u hornos, con infracción de los
reglamentos; o dejaren de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de incendio;
     2o.- Los que, fuera de los casos permitidos por las ordenanzas municipales
ocuparen las aceras o los portales con fogones, artículos de comercio y objetos
en general que interrumpan o entorpezcan el libre tránsito de los peatones, o los
que transitaren por las aceras o los portales a caballo o en cualquier vehículo;
o que, por los mismos, condujeren objetos que por su forma y calidad, estorbaren
a los transeúntes;
     3o.- Los que introdujeren sus animales en dehesas, pastos o sembrados ajenos
que estuvieren cercados. Se presume la existencia de esta contravención por el
hecho de ser encontrados los animales en cualquiera de dichos lugares;
     4o.- Los que hubieren dejado en las calles, caminos, plazas u otros lugares
públicos, tenazas, barretas, barras de hierro, escaleras u otras máquinas,
instrumentos o armas de que puedan abusar los ladrones u otros malhechores.
Además, serán comisados los referidos objetos;
     5o.- Los que sin derecho hubieren entrado, o hubieren pasado o hecho pasar
sus perros, ganado u otros animales, con o sin carga, por dehesas o terrenos
ajenos que estuvieren cercados;
     6o.- Los que ocultaren su verdadero nombre y apellido a las autoridades o
agentes de policía u otras personas que tengan derecho a exigir que los
manifiesten, si el acto no constituye delito;
     7o.- Los que se negaren a recibir moneda legítima y admisible, o quisieren
recibirla por menor valor del legal que tenga en la República;
     8o.- Los encargados de la guarda de un alienado al que le dejaren abandonado
en sitios públicos sin la debida vigilancia;
     9o.- Los que salieren vestidos de una manera indecorosa o contraria a las
buenas costumbres;
     10o.- Los que se bañaren quebrantando las reglas de la decencia;
     11o.- Los que tuvieren en balcones, ventanas o azoteas, macetas u otros
objetos, sin las precauciones necesarias para evitar su caída o molestia para los
transeúntes;
     12o.- Los que arrojaren piedras u otros objetos en lugares públicos, con
peligro para las personas; o lo hicieren a las casas o edificios, en perjuicio de
éstos, o con peligro de sus habitantes;
     13o.- Los que causaren algún daño leve en las fuentes públicas, acueductos,
faroles de alumbrado, u otro cualquier objeto de servicio público; o rayaren,
escribieren o ensuciaren las paredes de un edificio, sin perjuicio de la
indemnización civil;
     14o.- Los que tuvieren casas o tiendas inhabitadas y abiertas;
     15o.- Nota: Numeral derogado por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial
231 de 17 de Marzo del 2006.
     16o.- Los que transportaren objetos, sin permiso de la policía, durante la
noche;
     17o.- Los que ataren animales de cualquier clase en árboles o verjas de los
jardines de las plazas, de los paseos públicos o avenidas, o en los postes de las
líneas de telégrafo, teléfono o luz eléctrica;
     18o.- Los que ocuparen un espacio cualquiera de las calles o caminos al
construir sus edificios;
     19o.- Los que pegaren avisos o cualquier papel en las paredes de los
edificios públicos o casas particulares;
     20o.- Los que no pintaren o blanquearen las paredes exteriores y balcones de
sus casas, de acuerdo con los reglamentos;
     21o.- Los que colocaren toldos o cortinas hacia la calle sobre las puertas
de sus establecimientos, a menor altura que la de dos metros sobre el nivel de la
acera;
     22o.- Los que colocaren avisos o carteles fuera de los casos previstos en
las ordenanzas municipales;
     23o.- Los que no cercaren los solares o terrenos que tuvieren dentro de las
poblaciones; sin perjuicio de las sanciones impuestas en las ordenanzas
municipales;
     24o.- Los que, sin ser ebrios consuetudinarios, fueren encontrados en
cualquier lugar público en estado de embriaguez;
     25o.- Los dueños o administradores de cualquier establecimiento industrial o
comercial que no fijaren un rótulo permanente en el que conste el nombre o la
razón social y el objeto del mismo;
     26o.- Los que en sus tiendas, casas o propiedades en general, ostentaren
rótulos o inscripciones inexactas;
     27o.- Los que al vender un artículo alteraren su precio anunciado de
antemano al público;
     28o.- Los que detuvieren a los traficantes, o impidieren la venta de
cualquier artículo de comercio;
     29o.- Los que hicieren obras que entorpezcan el tránsito momentánea o
perpetuamente, salvo el caso de autorización o reparación urgente; sin perjuicio
de lo dispuesto en las ordenanzas municipales;
     30o.- Los que estropearen o torturaren a un animal, aún cuando sea para
obligarle al trabajo, o con cualquier otro objeto;
     31o.- Los que dieren muerte a un animal, sin necesidad;
     32o.- Los que gobernaren animales con instrumentos punzantes o cortantes,
capaces de causar lastimaduras;
     33o.- Los que en el servicio emplearen animales heridos o maltratados;
     34o.- Los que en las paredes de establecimientos públicos, como hoteles,
casas de posada, cafés, casinos, balnearios, etc., etc., escribieren palabras o
frases que ofendan a la moral, o dibujaren pinturas obscenas, si el acto no
constituye delito;
     35o.- Los que públicamente ofendieren el pudor, con acciones o dichos
indecentes;
     36o.- Los que no socorrieren o auxiliaren a una persona que en un lugar
público se encontrase sola, herida, maltratada o en peligro de perecer, cuando
pudieren hacerlo sin detrimento propio, si el acto no estuviere reprimido como
delito;
     37o.- Los que amansaren caballos dentro de las poblaciones;
     38o.- Los que hubieren dejado en soltura animales bravíos o dañinos;
     39o.- Los que hubieren azuzado, o no hubieren contenido a sus perros cuando
éstos acometan o persigan a los transeúntes, aún cuando no hubiesen ocasionado
ningún daño;
     40o.- Los que al encontrarse a pie, o a caballo, por la calle, camino u otro
lugar público, con persona que lleve dirección opuesta, le disputare o estorbare
el paso, en vez de inclinar a su derecha;
     41o.- Los que arrancaren, rompieren o borraren avisos, listas de correo y,
en general, toda publicación emanada de autoridad o empleado competente,
ocasionando, de tal manera, perjuicio al público, si el acto no constituye
delito;
     42o.- Los que cerraren las puertas de los teatros y demás lugares públicos,
mientras haya concurrencia en ellos;
     43o.- Los que faltaren a la sumisión y respeto debidos a la autoridad, aún
cuando no sea en el ejercicio de sus funciones, siempre que en este caso se haya
anunciado o se haya dado a conocer como tal, si el acto no constituye delito;
     44o.- Los que formaren pendencias o algazaras en lugar público, durante el
día;
     45o.- Los que, con discursos pronunciados en público, excitaren a motines o
rebeliones, o turbaren de alguna manera la tranquilidad de los habitantes,
atacaren las prerrogativas nacionales, o indujeren a cometer cualquier
infracción, si los actos no están reprimidos como delito;
     46o.- Los que se introdujeren en una casa o habitación ajena para provocar
riña o pendencia, si el acto no constituye delito;
     47o.- Los que en calles y plazas reventaren petardos o cohetes, o hicieren
fogatas, sin permiso especial de la Policía;
     48o.- Los que permanecieren en una casa o habitación ajena contra la
voluntad del dueño;
     49o.- Los que volaren globos con sustancias inflamables, o quemaren fuegos
artificiales, sin permiso de la policía, cuando el acto no es delito;
     50o.- Los que tuvieren pozos sin las debidas seguridades;
     51o.- Los que, por descuido o resistencia, no hubieren dado cumplimiento a
la orden impartida por la autoridad para reparar o demoler edificios que amenazan
ruina;
     52o.- Los que no guarden la debida compostura y moderación en los templos,
teatros y otros lugares de reunión; pudiendo ser sacados inmediatamente por
cualquiera de los agentes de policía del lugar de la contravención;
     53o.- Los que permanecieren a la salida de los templos, teatros, escuelas y
colegios, formando agrupaciones de más de dos, o causaren molestias a los
concurrentes; y,
     54o.- Nota: Numeral derogado por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial
231 de 17 de Marzo del 2006.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Art. 174 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 89, 90.

                       CAPITULO II
           De las contravenciones de segunda clase

     Art. 605.- Serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los
Estados Unidos de Norte América y prisión de un día, o con una de estas penas
solamente:

     1o.- Los hoteleros, dueños de casa de posada, arrendadores de casas o
departamentos amoblados, dueños y directores de casas de juego y empresarios de
transporte, que hubieren dejado de inscribir en un registro llevado con ese fin,
el nombre, apellido, domicilio, calidad, fechas de entrada y salida de toda
persona que hubiere dormido, pasado una noche en su casa, hospedado, concurrido,
o viajado, en su caso;
     2o.- Los mencionados individuos que dejaren de enviar diariamente los
estados que hayan sentado el día anterior en el registro mencionado en el número
precedente, a la primera autoridad de policía del lugar, o que dejaren de
presentar ese registro cuando fueren requeridos por los empleados o agentes de
policía;
     3o.- Los que se mofaren de cualquier acto religioso o de las demostraciones
exteriores de un culto;
     4o.- Los que de cualquier modo se opusieren, impidieren o turbaren el
ejercicio y demostraciones exteriores de un culto;
     5o.- Los que tuvieren dentro de las poblaciones, fábricas o depósitos de
pólvora u otras sustancias explosivas, o que produzcan exhalaciones mefíticas,
insalubres, capaces de dañar el aire y volverlo fastidioso para los habitantes,
cuando la acción u omisión no constituya delito y sin perjuicio de lo que
dispongan las leyes o reglamentos contra incendios y de sanidad;
     6o.- Los que infringieren los reglamentos y disposiciones de la autoridad
sobre la custodia de materias inflamables o corrosivas, o productos químicos que
puedan causar estragos;
     7o.- Los que en caso de guerra, o cuando la autoridad competente lo
previniere, viajen sin el correspondiente pasaporte;
     8o.- Los encargados o comprometidos a transportar personas o cosas, que se
negaren a ello sin causa justificable;
     9o.- Los conductores de ganado o bestias, que por falta de precaución o
previsión, fuesen culpados de alguna avería; sin perjuicio de cualquier otra
responsabilidad que pudiera sobrevenirles con ocasión de la avería;
     10o.- Los que, a sabiendas, condujeren en carros u otros vehículos a
personas perseguidas por la autoridad, alienados o ebrios que no se dirijan a su
domicilio; a no ser que en estos dos últimos casos lo hagan con permiso de la
autoridad;
    11o.- Los jefes, capitanes, o dueños de embarcaciones, ferrocarriles o
carruajes de viaje, que no pasaren a la autoridad correspondiente una nómina de
los pasajeros que condujeren, con expresión de la nacionalidad, procedencia y
destino;
     12o.- Los que verificaren transacciones sobre objetos pertenecientes al
Estado o destinados al uso o servicio público, como armas, prendas militares, o
muebles de establecimientos públicos;
     13o.- Los que infringieren los reglamentos relativos al abastecimiento de
los pueblos;
     14o.- Los negociantes que anduviesen vendiendo, por las casas, o por calles,
plazas o cualquier otro lugar público, alhajas, ropa, o cualquier otro mueble,
sin previo permiso escrito de la policía. Esta concederá el permiso a las
personas que justifiquen honradez;
     15o.- Los que por falta de cuidado, o por no haber ejecutado obras, o no
haber reparado las hechas en sus respectivas propiedades, no tuvieren expeditas y
en buen estado de servicio las vías o caminos públicos o vecinales, en las partes
que les correspondiere;
     16o.- Los que al regar sus propiedades encharcaren los caminos públicos, o
los estorbaren con acueductos o canales superficiales, u ocasionaren derrumbes de
tierra, piedras, árboles, etc., sobre dichos caminos, si el acto no estuviere
sancionado por las leyes especiales;
     17o.- Los que causaren cualquier daño a una persona o propiedad por obra de
caída o desplome de cualquier edificio o fábrica de su propiedad, si el acto no
constituye delito;
     18o.- Los que tomaren como prenda muebles o semovientes ajenos para exigir
el cumplimiento de una obligación, o la reparación de perjuicios;
     19o.- Los que no consignaren en la policía, en el término de tres días, la
cosas ajenas encontradas en cualquier lugar;
     20o.- Los que compraren fuera de una feria cualquier artículo de comercio u
objetos muebles, alhajas o prendas de vestir, etc., a personas desconocidas, o
que no tuvieren el correspondiente permiso de la policía, a menores de diez y
ocho años, no autorizados para la venta, o a sirvientes domésticos; sin perjuicio
de la devolución de los objetos comprados a su dueño, si no lo fuere el vendedor;
     21o.- Los que hicieren el oficio de adivinar, pronosticar,
explicar sueños, encontrar tesoros escondidos, o curar mediante ciertos
artificios, sin perjuicio del comiso de los instrumentos o artículos de que se
valgan para tales artes;
     22o.- Los que tomaren o sustrajeren frutos de cualquiera especie de las
huertas, jardines o campos ajenos;
     23o.- Los que construyeren letrinas, acueductos, baños, desagües, o
cualquier otra obra semejante, sin sujetarse a los reglamentos sobre la materia;
     24o.- Los que infringieren los reglamentos expedidos sobre esta materia por
la autoridad.
     25o.- Los que maltrataren, injuriaren o ejercieren actos de resistencia
contra los agentes de policía en el ejercicio de sus funciones, si el acto no
constituye delito;
     26o.- Los que en sus tabernas aceptaren ebrios, o les vendieren licores de
cualquier clase, o tolerasen que continúen en ellos;
     27o.- Los dueños o administradores de tabernas o casas de juego que
admitieren en ellos menores de edad;
     28o.- Los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de
edad;
     29o.- Los que proporcionaren los mismos licores a personas para quienes
hubiese prohibición anticipada, por escrito, de la policía o de sus padres o
guardadores;
     30o.- Los que abrieren huecos o zanjas en las calles, plazas o caminos;
     31o.- Los que públicamente jugaren carnaval;
     32o.- Los que en los lugares de que son propietarios, locatarios,
inquilinos, usufructuarios o usuarios, hubieren maliciosamente matado o herido de
gravedad, en perjuicio de otro, un animal doméstico que no sea de los mencionados
en el Art. 411 de este Código;
     33o.- Los que disminuyeren el peso, cantidad o medida de un artículo en el
momento de la venta; y,
     34o.- Los que infringieren los reglamentos relativos a la elaboración de
objetos fétidos o insalubres, al establecimiento de tenerías, coheterías,
tintorerías y otras fábricas que pueden alterar la atmósfera con exhalaciones
mefíticas y vapores corrompidos y perjudiciales a la salud de los habitantes, si
no estuviere el acto sancionado por leyes especiales.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Art. 175 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 66.

                       CAPITULO III
           De las contravenciones de tercera clase

     Art. 606.- Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los
Estados Unidos de Norte América y con prisión de dos a cuatro días, o con una de
estas penas solamente:

     1o.- Los que, fuera de los casos previstos en el Capítulo VII del Título V,
Libro II de este Código, hubieren dañado o destruido voluntariamente los bienes
muebles de otro;
     2o.- Los que hubieren causado la muerte o herida grave a animales por efecto
de la soltura de otros dañinos, o por la mala dirección o carga excesiva de los
vehículos, carruajes, caballos, bestias de tiro, de carga o de montura;
     3o.- Los que, por imprevisión o falta de precaución, causaren los mismos
daños por empleo o uso de armas, o arrojando cuerpos duros o cualesquiera
substancias;
     4o.- Los que hubieren causado los mismos accidentes por la vejez, deterioro
o falta de reparación de las casas o edificios, o por estorbos o excavaciones u
otras obras hechas en o cerca de las calles, caminos, plazas o vías públicas, sin
las precauciones o señales previstas en los reglamentos, o por la costumbre;
     5o.- Los que llevaren para apacentar bestias de cualquier especie y en
cualquier época a los prados naturales o artificiales, plantíos o almácigas de
árboles frutales o de otra clase, pertenecientes a otro, sin perjuicio de la
indemnización civil correspondiente;
     6o.- Los que, hallando una cosa ajena, siendo autoridades o agentes de
policía, no la consignaren en ésta, en el término de veinticuatro horas, o que,
teniendo conocimiento de hallazgo, no procedieren conforme a lo dispuesto en el
Código Civil;
     7o.- Los que condujeren aguas a través de los caminos o calles públicas,
siempre que lo hicieren por cañerías descubiertas, sin perjuicio de ser
compelidos a cubrir las cañerías;
     8o.- Los culpables de pendencias o algazaras nocturnas;
     9o.- Los que formaren mitines o pobladas para cualesquiera manifestaciones
políticas, religiosas, etc., sin el correspondiente permiso escrito de la
policía;
     10o.- Los que construyeren ventanas voladas, a menor altura de dos metros
sobre el nivel de la acera o de las calles, sin perjuicio de la demolición;
     11o.- Los que lidiaren toros, aún en los casos permitidos por la Ley, o
dieren cualesquiera otros espectáculos públicos, aún de los no prohibidos, sin
previo y especial permiso de la policía;
     12o.- Los que permanecieren mucho tiempo y sin objeto alguno plausible
parados en las esquinas de las calles u otros lugares no destinados al recreo de
los habitantes;
     13o.- Los propaladores de noticias o rumores falsos que digan relación al
orden público, a la seguridad del Estado o al honor nacional;
     14o.- Los que propalaren noticias o rumores falsos contra la honra y
dignidad de las personas o de las familias, o se preocuparen de la vida íntima de
éstas, sin perjuicio de la acción de injuria;
     15o.- Los que dirigieren a otro injuria no calumniosa leve;
     16o.- Los que recibieren en su casa, sin conocimiento de la autoridad, a
menores prófugos;
     17o.- Los que infringieren los reglamentos sobre diversiones y espectáculos
públicos;
     18o.- Los que no cercaren los terrenos que tuvieren dentro de las
poblaciones, después de haber sido requeridos para ello por las autoridades; y,
     19o.- Los que causaren cualquier daño o perjuicio en las instalaciones u
obras destinadas a la provisión de alumbrado, agua potable, o en los focos,
lámparas o faroles, etc., destinados al servicio público, si el acto no fuere
delito.
      ... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos
establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de
Datos.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
      Nota: Artículo reformado por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial
Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.
      Nota: Artículo reformado por Art. 176 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                       CAPITULO IV
            De las contravenciones de cuarta clase

     Art. 607.- Serán reprimidos con multa de catorce a veinte y ocho dólares de
los Estados Unidos de Norte América y prisión de cinco a siete días, o con una de
estas penas solamente:

     1o.- El hurto y el robo, siempre que el valor de las cosas sustraídas no
pase de un salario mínimo vital general, y que, por las circunstancias del acto,
no sean delito;
     2o.- Los ministros de un culto que, en los templos o lugares religiosos,
calles o plazas, predicaren en contra o en favor de un partido político
determinado;
     3o.- Los que voluntariamente hirieren, o dieren golpes a otro, causándole
enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres días;
     4o.- Nota: Numeral derogado por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial
231 de 17 de Marzo del 2006.
     5o.- Los que establecieren casas de juego, sin permiso de la autoridad, y
los que concurrieren a dichas casas;
     6o.- Los que usaren de cosas ajenas sin la voluntad o sin el consentimiento
del dueño, aún cuando no tengan el ánimo de apropiarse de ellas;
     7o.- Los que hubieren deteriorado cercas urbanas o rústicas pertenecientes a
otro, cualesquiera que sean los materiales de que estuvieran hechas, cuando el
valor del daño no exceda de cien sucres;
     8o.- Los culpables de maltratos contra sus domésticos o sirvientes, sin
perjuicio de la pena correspondiente si los maltratos constituyeren delito;
     9o.- Los que faltaren, de cualquier modo, con palabras, gestos, acciones,
etc., a sus ascendientes, sin perjuicio de la pena correspondiente en caso de que
el hecho constituya, además, otra infracción.
     Para la imposición de esta pena, el juez tomará en cuenta, necesariamente,
lo dispuesto en el Art. 31 de este Código;

     10o.- Todo el que ultrajare de obra a una persona con bofetadas, puntapiés,
empellones, fuetazos, piedras, palos, o de cualquier otro modo, pero sin
ocasionarle enfermedad o lesión, ni imposibilitarle para el trabajo, sin
perjuicio de la acción de injuria, en los casos en que hubiere lugar; y,
11o.- Los que monopolizaren o pretendieren el monopolio en las negociaciones
sobre artículos de consumo diario en las carnicerías, plazas de mercado u otros
lugares, sin perjuicio del comiso de dichos artículos y de las otras penas que
impongan las ordenanzas municipales.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.
     Nota: Artículo reformado por Ley No. 66, publicada en Registro Oficial 395
de 14 de Marzo de 1990.
      Nota: Artículo reformado por Art. 177 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

                       CAPITULO V
          DE LAS CONTRAVENCIONES AMBIENTALES

      Nota: Capítulo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero del 2000.

      Art. 607-A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de
cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte
América, todo aquel que:

      a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites
permitidos de los escapes de los vehículos;
      b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los
frentes de las casas o edificios;
      c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a
través de equipos de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad
ciudadana; o,
      d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la
vegetación de los parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no
constituyan delito.

      Nota:   Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de
25 de Enero   del 2000.
      Nota:   Artículo reformado por Art. 178 de Ley No. 75, publicada en Registro
Oficial 635   de 7 de Agosto del 2002.

     CONCORD:
     * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 23, 86.
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 47, 49, 54, 55.

                         TITULO II
                 DISPOSICIONES ESPECIALES
              RESPECTO DE LAS CONTRAVENCIONES

                       CAPITULO UNICO

     Art. 608.- En todo lo relativo a la punibilidad, responsabilidad o
prescripción de las contravenciones, que no estuviese reglamentado de una manera
especial, se observarán las disposiciones del Libro I de este Código. No rigen,
sin embargo, para las contravenciones, las reglas de los Arts. 82 y 87.
     Art. 609.- Los condenados a prisión, de conformidad con las disposiciones de
este Libro, sufrirán la pena en las cárceles de sus respectivas parroquias o
cantones; pero en caso de faltar éstas, la cumplirán en la cárcel de la capital
de provincia.

     Art. 610.- A los menores de catorce años y mayores de siete, que se les
encontrare jugando, fumando o vagando en las calles, plazas o cualquier otro
lugar público, la policía les remitirá inmediatamente al respectivo Tribunal de
Menores.

     Art. 611.- Los perjuicios ocasionados por los mayores de siete años y
menores de dieciocho, serán pagados por los padres, guardadores, patronos o
personas de quienes dependían los contraventores, de conformidad con las
disposiciones del Código Civil.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 34, 68.
     * CODIGO CIVIL (LIBRO IV): Arts. 2219, 2220, 2221, 2222.

     Art. 612.- Cuando una misma acción u omisión constituya dos o más
contravenciones, se aplicará la pena mayor.

     Nota: Artículo derogado por Decreto Supremo No. 2636, publicado en Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.

     Art. 613.- La reiteración será circunstancia agravante.

      Art. 614.- En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena
señalada para la última contravención cometida.

     CONCORD:
     * LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE: Arts. 62, 91.

      Art. 615.- Para la graduación de las penas, el juez de policía tomará en
cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes que acompañen al hecho, de este
modo:

    Si hubiere una o más agravantes, el máximo;
    Si hubiere una o más atenuantes y ninguna agravante, el mínimo.

     CONCORD:
     * CODIGO PENAL DE LA POLICIA CIVIL NACIONAL: Arts. 31, 67, 69.

     Art. 616.- En la duración de una pena de policía se contará todo el tiempo
que hubiese sido detenido el culpado, por causa de la misma.

     Art. 617.- La acción de policía prescribe en treinta días, y la pena en
noventa días, contados ambos términos desde el día en que se cometió la
infracción, o desde la fecha en que la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada,
respectivamente.

     Nota: Artículo reformado por Decreto Supremo 2636, publicado en el Registro
Oficial 621 de 4 de Julio de 1978.
     Nota: Decreto Supremo 2636 derogado por Decreto Legislativo s/n, publicado
en el Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979, que ordena volver al texto
legal anterior.

     Art. 618.- La pena de comiso especial prescribirá en el plazo señalado para
la pena principal; y las condenas civiles, según las reglas del Código Civil.
     Art. 619.- En caso de que se hubiera ya iniciado el juzgamiento por una
contravención, el tiempo de la prescripción empezará a correr desde la última
diligencia judicial.

     Art. 620.- La prescripción podrá declararse de oficio, o a petición de
parte.

     Art. 621.- La policía está obligada a garantizar toda clase de asociaciones
civiles o religiosas; pero impedirá y disolverá las que tengan por objeto turbar
la tranquilidad pública o perpetrar una infracción; lo que se presume si los
individuos que las componen están armados o formando pendencia.

     Las autoridades de policía dictarán las medidas oportunas aplicables al
caso.

     Art. 622.- Siempre que llegare a conocimiento del Intendente u otra de las
autoridades de policía que se trate de cometer, o que se está perpetrando un
delito o contravención, tomarán las medidas adecuadas y oportunas para impedir la
realización del hecho penal, o su continuación, aún valiéndose de la fuerza;
sujetándose siempre a las disposiciones correspondientes del Código de
Procedimiento Penal.

     Art. 623.- Respecto a la detención del indiciado en una contravención, se
observarán las prescripciones correspondientes del Código de Procedimiento Penal.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 164, 165, 390.

      Art. 624.- Queda prohibido el usar o llevar consigo armas de cualquier
clase, sin permiso previo otorgado legalmente por la autoridad competente.

      En caso de que las autoridades competentes para el juzgamiento de las
contravenciones decomisen armas de dudosa procedencia, sin permiso legal vigente,
deberán levantar el acta correspondiente, e inmediatamente remitirán el arma
requisada a la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, y si el arma requisada sirviere como evidencia del delito, será puesta a
disposición de la autoridad competente.

      Nota: Según el Artículo 20 de la Ley de Fabricación, Importación,
Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y
Accesorios, del Decreto Supremo No. 3757, publicado en Registro Oficial No. 311
de 7 de Noviembre de 1980, la autorización para portar armas corresponde al Jefe
del IV Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
      Nota: Artículo sustituido por Ley No. 31, publicada en Registro Oficial 231
de 17 de Marzo del 2006.

     CONCORD:
     * CODIGO CIVIL (LIBRO II): Arts. 638.
     * CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO: Arts. 46.

     Art. 625.- Para transitar libremente en caso de guerra, o cuando el
Ejecutivo lo exigiere, será indispensable el correspondiente permiso de la
autoridad de policía, manifestado en un pasaporte.

     Art. 626.- La policía y, en especial, la Oficina de Servicio de
Investigación Criminal, están obligadas a la investigación y descubrimiento de
los robos y más infracciones, lo mismo que a la averiguación del paradero de las
cosas sustraídas o perdidas.

     Las cosas sustraídas o perdidas que se encontraren en poder de cualquier
personas que no las posea con título alguno de dominio, serán aseguradas mediante
depósito hasta que reclame su dueño o se subasten conforme a la ley.
     Art. 627.- El que se encontrare en cualquier lugar público en estado de
enajenación mental será aprehendido por la policía y, previo el reconocimiento de
facultativos, será internado en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento
apropiado.

     Art. 628.- La policía está obligada a concurrir con sus agentes a los
teatros, circos y, en general, a toda casa, establecimiento o lugar donde deba
presentarse un espectáculo público, para la conservación del orden y el
cumplimiento de los programas respectivos.

     Art. 629.- Sin permiso escrito de la policía no se efectuará ningún
espectáculo público, a excepción de aquellos reglamentados por ordenanzas
municipales.

     Art. 630.- Las penas de policía son independientes de la indemnización de
los daños y perjuicios ocasionados por el contraventor.

     CONCORD:
     * CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000: Arts. 391.

     Art. 631.- Las autoridades de policía deben impedir la entrada a los
tribunales de su jurisdicción a las personas que, por no tratarse de su propia
defensa, pretendan proceder como tinterillos.

                      CAPITULO FINAL

     Art. 632.- Nota: Artículo suprimido por el artículo final del Código de
Procedimiento Penal, No. 134, publicado en Registro Oficial 511 de 10 de Junio de
1983.
 CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y DE REHABILITACION SOCIAL.

Ley No. 95. RO/ 282 de 9 de Julio de 1982


                                  TITULO I

                           DEL AMBITO DE LA LEY

     Art. 1.- Las normas de este Código se aplicarán:

     a) En la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la
libertad, impuestas de conformidad con el Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal y demás leyes especiales y conexas.

     b) En el tratamiento y rehabilitación integral de los internos,
así como en su control post - carcelario;

     c) En la conformación de los organismos directivos encargados de
dirigir la política de rehabilitación social; y,

     d)   En   la  dirección      y    administración   de   los   centros   de
rehabilitación social.


                                  TITULO II

         DE LOS ORGANOS ENCARGADOS DE LA APLICACION DE LA LEY

                                 CAPITULO I
              Del Consejo Nacional de Rehabilitación Social

     Art. 2.- Los organismos encargados de la aplicación de esta Ley
son: El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, la Dirección
Nacional de Rehabilitación Social y los Centros de Rehabilitación
Social.


     Art. 3.- El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, es una
entidad del sector público, cuyo objetivo es la determinación de la
política penitenciaria, con el propósito de obtener la rehabilitación
integral de los internos y de la adecuada administración de los
centros de rehabilitación social.

     Tendrá su sede en la Capital de la República, con jurisdicción en
todo el territorio nacional. Funcionará adscrito al Ministerio de
Gobierno,   y estará representado por su Presidente.


     Art. 4.- El Consejo Nacional de Rehabilitación Social estará
integrado por los siguientes miembros:

     a) El Ministro de Gobierno o su delegado, quien lo presidirá;

     b) Un delegado del Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
que será Doctor en Jurisprudencia o Abogado especializado en Ciencias
Penales, quien ejercerá las funciones de Vicepresidente;

     c) El Ministro Fiscal General, o su delegado;

     d) El     Director   de   Recursos Humanos y Empleo del Ministerio de
Trabajo; y,

     e) El Director del Instituto de Criminología de la Universidad
Central, el mismo que será el Coordinador Permanente de este Consejo, y
cuyos deberes y atribuciones se fijarán en el Reglamento General.

     El delegado de la Federación Nacional de Servidores Públicos de
Rehabilitación Social.

     Los Delegados serán designados por el Ministro de Gobierno, por el
Presidente de la Corte Suprema, por el Ministro Fiscal General, por el
Presidente   de   la   Federación   de   Servidores Públicos de
Rehabilitación Social, respectivamente, quienes al mismo tiempo,
nombrarán un suplente que reemplace al principal en caso de falta o de
impedimento de éste.

     El Director Nacional de Rehabilitación Social será el Secretario
Ejecutivo del Consejo.

     Nota: Artículo reformado por Ley No. 000, publicada en Registro
Oficial Segundo Suplemento 977 de 28 de Junio de 1996.


     Art. 5.- Son atribuciones         y   deberes   del Consejo Nacional de
Rehabilitación Social:
    a) Definir y establecer la política penitenciaria del Estado;

     b) Aprobar y someter a consideración del Presidente de la
República el Proyecto de Reglamento General para la aplicación de
este Código, así como proponer sus reformas;

     c) Conocer y aprobar los programas de acción que presente la
Dirección   Nacional   de Rehabilitación Social y proporcionar el
asesoramiento técnico correspondiente;

     d)   Aprobar   la   proforma presupuestaria de la entidad     y
presentarla ante el Ministerio del Ramo, para su incorporación en la
proforma del Ministerio;

     e) Designar al Director Nacional de Rehabilitación Social, de una
terna presentada por el Ministro de Gobierno, así como removerlo o
sancionarlo, de acuerdo con esta Ley;

     f) Nombrar, de acuerdo con la Ley, a los jefes departamentales de
la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, así como a los
directores y subdirectores de los Centros de Rehabilitación Social;

      g) Sancionar, de acuerdo con la Ley, a los funcionarios de que
trata    la  letra   anterior, a pedido del Director Nacional de
Rehabilitación Social, o cuando por algún otro medio, llegare a tener
conocimiento    de  que   han  cometido   infracciones   de carácter
administrativo;

     h) Crear subdirecciones regionales de rehabilitación social para
los fines de descentralización, en donde lo estimare conveniente,
determinando sus atribuciones y deberes;

    i) Crear o suprimir centros de rehabilitación social;

     j) Acordar la adquisición, la construcción o la adecuación de
locales para centros de rehabilitación social;

     k) Resolver las apelaciones que interpongan los internos en
tratándose de su progresión, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley;

     l) Absolver las consultas que le hicieren los organismos de su
dependencia y otros organismos del sector público;

     m) Organizar programas para que las instituciones de asistencia y
servicio social presten auxilio a los internos y a sus familiares;

     n) Conceder certificados de rehabilitación social integral a los
liberados que han cumplido los requisitos exigidos por esta Ley y sus
reglamentos; y,

    ñ)   Los   demás   previstos    en   leyes   y   reglamentos.


                                   CAPITULO II

           De la Dirección Nacional de Rehabilitación Social
     Art.   6.-   La    Dirección Nacional de Rehabilitación Social
funcionará   como    organismo dependiente del Consejo Nacional de
Rehabilitación Social, con personería jurídica y capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tendrá su sede en la
ciudad de Quito y jurisdicción nacional, constituyendo la unidad
ejecutiva superior de la política penitenciaria.


     Art.  7.-   La   Dirección Nacional de Rehabilitación Social
coordinará el régimen penitenciario nacional, de conformidad con esta
Ley y su Reglamento General, y pondrá en ejecución la política
acordada por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.


     Art. 8.- Para el cabal cumplimiento de sus objetivos, la
Dirección   Nacional de   Rehabilitación Social contará con los
departamentos y más dependencias necesarios, cuya integración y
funciones se determinarán en el Reglamento General.


     Art. 9.- Para ser Director Nacional de Rehabilitación Social se
requiere ser ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos de
ciudadanía, tener título universitario, preparación y experiencia,
debidamente calificados de por lo menos tres años en materias
penitenciarias afines.


     Art. 10.- Son atribuciones       y deberes del Director Nacional de
Rehabilitación Social:

     a)   Representar    legalmente    a   la   Dirección   Nacional    de
Rehabilitación Social;

     b)   Supervisar el funcionamiento de los centros de rehabilitación
social;

     c) Nombrar, de acuerdo con la Ley, a los funcionarios y empleados
cuya   designación   no   esté   asignada   al   Consejo Nacional de
Rehabilitación Social;

     d)   Sancionar,   así mismo, de acuerdo con la         Ley,   a   los
funcionarios y empleados de que trata la letra anterior;

     e) Ordenar la distribución poblacional y traslado de los internos
sentenciados, conforme a esta Ley y su Reglamento General, y previa
resolución del Consejo Nacional de Rehabilitación Social;

     f) Conocer y resolver, en segunda instancia, de las resoluciones
que expidieren los directores de los centros de rehabilitación social
que llegaren en apelación, de acuerdo con el reglamento pertinente;

     g) Dirigir las funciones técnicas, administrativas y financieras de
la institución, y autorizar los gastos previstos en el Presupuesto, según
el Reglamento General;

     h) Elaborar los proyectos de reglamentos internos y someterlos
para aprobación del Consejo Nacional de Rehabilitación Social;
     i) Conceder licencias y vacaciones a los funcionarios y empleados
dependientes de la Dirección Nacional y a los directores de los
centros de rehabilitación social, de acuerdo con la Ley y el
Reglamento.

     j) Designar comisiones y delegaciones;

     k) Realizar consultas a los institutos de criminología de las
universidades estatales del país y a otras instituciones similares,
nacionales o extranjeras, sobre problemas penitenciarios;

     l) Promover la organización de cursos para la capacitación del
personal de la Dirección y de los centros de rehabilitación social;

     m)   Sugerir   la    creación     o   supresión   de   los   centros   de
rehabilitación social;

     n) Planificar y recomendar al Consejo Nacional de Rehabilitación
Social la adquisición, adecuación y construcción de locales para los
centros de rehabilitación social;

     ñ) Elaborar y someter a conocimiento del Consejo Nacional de
Rehabilitación Social la proforma del Presupuesto de la Institución;

     o) Coordinar los planes de acción que presenten los departamentos de
la Dirección Nacional de Rehabilitación Social;

     p) Presentar al Consejo         Nacional de Rehabilitación el informe
anual de labores, sugiriendo         las mejoras y reformas que estime
necesarias;

     q) Autorizar la adquisición de implementos para el servicio
administrativo de la Dirección y para los centros de rehabilitación
social, conforme al Presupuesto y al Reglamento General;

     r) Aceptar las herencias, legados y donaciones que se hicieran en
favor de las instituciones de rehabilitación social;

     s) Cumplir y hacer cumplir este Código, los reglamentos y las
disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Rehabilitación Social; y,

     t) Los demás que le confieran las leyes y reglamentos.


                                TITULO III

                                CAPITULO I

                 DEL SISTEMA Y REGIMEN PENITENCIARIOS

                         Del Sistema Penitenciario

     Art. 11.- El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de
la individualización de las penas que consagra su Derecho Penal y,
consecuentemente,   aplicará, en la ejecución de las mismas, la
individualización del tratamiento.
     Art. 12.- El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la
rehabilitación   integral   de    los internos, proyectada hacia su
reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y
habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia.
                               CAPITULO II

          Del Régimen Penitenciario, de la ejecución de las

                        penas y el tratamiento

     Art. 13.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el
Capítulo anterior se establece el régimen progresivo, que es el
conjunto de acciones técnico - administrativas por medio de las cuales el
interno cumple la pena que le ha sido impuesta, en uno de los
centros determinados en el Capítulo III del Título IV de esta Ley, o
asciende o desciende de cualquiera de los niveles allí establecidos.
     Art. 14.- Las características generales del régimen progresivo
son:

    a) La individualización del tratamiento;

    b) La clasificación biotipológica delincuencial;

    c) La clasificación de los centros de rehabilitación social; y,

     d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio
del interno.


     Art. 15.- El régimen especial de tratamiento que se proporcionará a
los procesados se regirá por las normas que se determinen en el
Reglamento General de los centros de rehabilitación social y por las
disposiciones generales y particulares que emanen del Consejo Nacional de
Rehabilitación   Social.


     Art. 16.- Para los fines de diagnóstico, pronóstico y ubicación de
los internos en los centros de rehabilitación social, se adoptará el
régimen basado en el siguiente procedimiento:

    a) Diagnóstico:

    1. Estudio del delito;

    2. Estudio socio - familiar y ecológico;

    3. Estudio médico y sicológico;

    4. Definición del mecanismo criminodinámico; y,

    5. Definición del índice de peligrosidad.

    b) Pronóstico:
     Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de
adaptación para la progresión en el sistema; y,

     c) Ubicación     poblacional    en   base a la siguiente clasificación
biotipológica:

    1. Por estructura normal;

    2. Por inducción;

    3. Por inadaptación;

    4. Por hipoevolución estructural; y,

    5.    Por sicopatía.


     Art. 17.- Dentro de cada Centro de Rehabilitación Social, la
progresión se realizará por la evaluación permanente del interno, en
base a los aspectos social, biosicológico, laboral y disciplinario.
     Art.   18.-   Las   conclusiones a que llegaren los diversos
departamentos de los centros de rehabilitación se comunicarán, con el
informe respectivo, a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, la
que, de acuerdo con lo establecido en el respectivo Reglamento, hará
la distribución prevista en la letra e) del Art. 10 de esta Ley.
                               TITULO IV

             DE LA REHABILITACION SOCIAL Y DEL TRATAMIENTO

                                DE LOS INTERNOS

                                  CAPITULO I

               De los Centros de Rehabilitación Social

     Art. 19.- Se denominará "centros de rehabilitación social" las
penitenciarías y cárceles existentes, y las que se crearen para el
cumplimiento del régimen penitenciario que establece esta Ley.


     Art. 20.- El régimen interno en los centros de rehabilitación
social comprenderá los siguientes períodos:

     1.- Internación     para   el   estudio criminológico y clasificación
delincuencial;

    2.- Rebajas;

    3.- Prelibertad;

    4.- Libertad controlada; y,

    5.-   Ubicación    poblacional    tratamiento.


                                  CAPITULO II
        Clasificación de los Centros de Rehabilitación Social

     Art. 21.- Realizado es estudio criminológico de los internos y su
correspondiente   clasificación,   de acuerdo con esta Ley y sus
Reglamentos, se los ubicará en uno de los siguientes Centros de
Rehabilitación Social:

     a) De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la
disciplina y la custodia. La distribución de los internos se efectuará en
grupos no mayores de veinte personas;

     b) De seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la
educación. La distribución de los internos se efectuará en grupos no
mayores de cien personas;

     c) De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la
educación autocontrolados. La distribución de internos se realizará en
grupos homogéneos no mayores de diez personas. En este nivel se
organizarán   y funcionarán las fases de prelibertad y libertad
controlada en cualquiera de sus formas; y,

     d)   Los   establecimientos   especiales   para los sindicados,
procesados y contraventores, a quienes se les proporcionará la
asistencia especial correspondiente, sin perjuicio de que, en atención al
grado de    peligrosidad del detenido, a criterio del Departamento
correspondiente del Centro de Rehabilitación Social, se lo ubique,
provisionalmente, en lugar apropiado, proporcionándole, además, un
tratamiento acorde a su situación.


                             CAPITULO III

        De la ubicación poblacional de los internos y de la

         progresión en los Centros de Rehabilitación Social

      Art. 22.- La ubicación poblacional y el tratamiento de los
internos se realizará mediante el sistema de progresión, de acuerdo
con esta Ley y sus reglamentos, en los centros de rehabilitación
social y en base de las siguientes normas generales:

    1.- En los Centros de Seguridad Máxima:

     a)    La disciplina, fundamentada en el aislamiento nocturno
individual, con horarios fijos, descanso reglamentado y comunicación
indirecta;

     b)   La educación, mediante la alfabetización y escolaridad
obligatorias reglamentadas y la educación física obligatoria;

     c) El trabajo común reglamentado, que se realizará en grupos no
mayores de veinte personas; y,

     d) La salud integral, el aislamiento preventivo y el tratamiento
permanente.

    2.- En los establecimientos de Seguridad Media:
     a) La disciplina, basada en el aislamiento nocturno por grupos
homogéneos, con horarios, descansos y visitas reglamentadas;

     b) La educación, por medio de la escolaridad obligatoria,
opciones educativas, cultura física e instrucción general;

     c) El     trabajo   obligatorio   y   reglamentado,   con   capacitación
laboral; y,

       d) La salud integral y el tratamiento permanente.

       3.- En los establecimientos de Seguridad Mínima:

     a) La disciplina, fundamentada en la convivencia en grupos afines
sin   aislamiento,   con   horarios y descansos autoestablecidos y
supervisados, salidas reglamentadas y evaluadas;

     b) La educación, que        será técnica, secundaria y superior, con
cursos de especialización;

     c) El trabajo, que será obligatorio y autoregulado, con promoción
laboral y capacitación; y,

     d) La     salud integral, la evaluación en el nivel de adaptación
individual,    familiar y colectiva.


                                 CAPITULO IV

                               De la libertad

     Art. 23.- La fase de la prelibertad es la parte del tratamiento en
la que el interno que ha cumplido los requisitos y normas del
sistema   progresivo, desarrolla su actividad    controlada por el
régimen, fuera del centro de rehabilitación social, conforme al
Reglamento pertinente.


       Art. 24.- La prelibertad puede ser revocada cuando hubiere motivo
para    ello, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General.
                                CAPITULO V

                         De la libertad controlada

     Art. 25.- La libertad controlada es la fase del tratamiento
mediante el cual el interno convive en su medio natural, bajo la
supervisión   del régimen y será concedida por el Director del
respectivo Centro de Rehabilitación Social, siempre que se cumplan los
requisitos exigidos en esta Ley y en sus reglamentos.


     Art. 26.- Para hacerse acreedor a pasar, dentro de la progresión, a
la fase de libertad controlada, el interno deberá haber cumplido, por
lo menos, las tres quintas partes de la pena impuesta, y reunir las
siguientes condiciones:
     a) Haber observado, durante su internación, buena conducta, no
sólo limitándose al cumplimiento de los reglamentos, sino procurando el
mejoramiento   cultural, perfeccionamiento en el servicio y
superación en el trabajo, que demuestren un afán constante de
readaptación social;

     b) Que acredite tener profesión, arte, oficio o industria, y otro
medio que le permita vivir honradamente;

     c) Que, al haber sido condenado al pago de indemnizaciones
civiles, acredite haber cumplido esta obligación, a menos de haber
comprobado imposibilidad para hacerlo; y,

     d)   Obtener   informe   favorable   tanto   del correspondiente
Departamento de Diagnóstico y Evaluación, como del Presidente de la
Corte Superior y del Ministro Fiscal respectivos.


     Art. 27.- Para el cómputo del tiempo establecido en el artículo
anterior, no se tomarán en cuenta las rebajas de la condena con las
que hubiere favorecido el interno.


     Art.   28.-   La   libertad controlada no se concederá a los
reincidentes, a los     habituales; ni a quienes se hubieren fugado o
intentado fugarse.


     Art. 29.- Quienes disfruten de libertad controlada quedarán
sujetos a la vigilancia de la autoridad policial del lugar en que deba
residir, sin perjuicio de la supervisión que le corresponde al
respectivo Departamento de Diagnóstico y Evaluación.


     Art. 30.- Si se comprobare que el beneficiario observare mala
conducta durante la libertad controlada, o no viviere de un trabajo
honesto, o no cumpliere alguna de las condiciones determinadas en esta
Ley y sus reglamentos, será nuevamente internado.

     Si   cometiere otro delito durante el goce de la libertad
controlada, completará el tiempo que le faltare por la anterior
condena, y cumplirá, además la impuesta por la nueva infracción.
     Art. 31.- Transcurrido el tiempo de la condena sin que la
libertad controlada hubiere sido revocada, quedará cumplida la pena.
     Art. 32.- La libertad controlada, no podrá otorgarse nuevamente a
quien se le hubiere revocado.


                              CAPITULO VI

                            De las rebajas

     Art. 33.- Los internos sentenciados y aquellos sin sentencia, que
durante el tiempo de la condena o internamiento observaren buena
conducta y demostraren interés por su rehabilitación, obtendrán
reducciones automáticas de dicha condena, por ciento ochenta días por
cada quinquenio contados desde su ingreso. Con excepción de aquellos
que no hayan cumplido con las normas, disposiciones y reglamentos del
sistema penitenciario, cuyas faltas se harán constar en el informe de
conducta, conferido por el correspondiente Departamento de Diagnóstico y
Evaluación del Centro de Rehabilitación Social, en donde se
encuentren guardando prisión, de acuerdo con el Reglamento General.

     Nota: A los internos condenados por contravenciones, en las que se
incluyen a las de tránsito, no les son aplicables los artículos 33 y 34
del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social; por
consiguiente el Director Nacional de Rehabilitación Social no tiene
atribuciones para concederles la libertad por dicho beneficio.

     Esta Resolución, que será generalmente obligatoria mientras no se
disponga lo contrario por la ley, entrará en vigencia desde su
publicación en el Registro Oficial. Disposición dada por Resolución
Corte Suprema de Justicia No. 000, publicada en Registro Oficial 365 de
21 de Julio de 1998.

     Nota: Artículo sustituído por Ley No. 118, publicada en Registro
Oficial Suplemento 948 de 17 de Mayo de 1996.

     Nota: Artículo reformado por Art. 19 de Ley No. 47, publicada en
Registro Oficial 422 de 28 de Septiembre del 2001.


     Art. 34.- Las rebajas referidas en el artículo precedente las
concederá el Director Nacional de Rehabilitación Social, en forma
obligatoria y automática.

     Para el caso de los transgresores que violen las normas antes
referidas, el Director del respectivo establecimiento receptará del
Departamento   de Diagnóstico y Evaluación un informe mensual y
obligatorio sobre la conducta de los infractores; el mismo que
contendrá la reducción de las rebajas impuestas, con la respectiva
notificación al transgresor. A su vez, la autoridad remitirá este
informe al Director Nacional para los fines previstos en la Ley.

     Nota: Artículo sustituído por Ley No. 118, publicada en Registro
Oficial Suplemento 948 de 17 de Mayo de 1996.


     Art. 34-A.- El incumplimiento de la disposición anterior dará
lugar a las sanciones previstas en la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa.

     Nota: Artículo agregado por Ley No. 118, publicada en Registro
Oficial Suplemento 948 de 17 de Mayo de 1996.


                             CAPITULO VII

         De la organización y funcionamiento de los Centros

                       de Rehabilitación Social

    Art. 35.- La dirección, administración y funcionamiento de los
centros de rehabilitación social, estarán a cargo de un Director. Los
requisitos para serlo, así como sus        atribuciones   y   deberes, se
sujetarán a esta Ley y sus Reglamentos.


     Art. 36.- Para la ejecución del tratamiento en los períodos de
que se ocupa el Art. 20 de esta Ley, en cada uno de los centros de
rehabilitación social se establecerán los siguientes departamentos:

    a) De diagnóstico y evaluación;

    b) Asistencial; y,

    c) Laboral.

     La dirección, organización y funciones de estos departamentos se
determinarán en el Reglamento General.


                               TITULO V

         DEL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS INTERNOS

                  Y DE LA ASISTENCIA PARA LIBERADOS

                              CAPITULO I

                             Del Ingreso

    Art. 37.- Los directores de los centros de rehabilitación social y
los directores de los centros de detención provisional, no permitirán la
internación de una persona sin la respectiva orden de detención en caso
de   investigación   o   de   la   boleta   de encarcelamiento
correspondiente, expedida por autoridad competente, de conformidad con la
Ley; los mismos que serán penal, civil y administrativamente
responsables por el incumplimiento de la presente disposición.

     La persona que ingrese con orden de detención y contra quien no se
haya emitido orden de prisión preventiva dentro de las 48 horas
subsiguientes, será inmediatamente puesta en libertad por el Director,
quien notificará de este hecho al juez respectivo. Esta disposición no se
aplicará en las infracciones contempladas en la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Sicotrópicas.

     Nota: Artículo sustituído por Ley No. 44, publicada en Registro
Oficial 218 de 18 de Diciembre de 1997.


     Art. 38.- Los condenados al cumplimiento de una pena, con
sentencia firme, dejan de pertenecer al fuero jurisdiccional y pasan,
para los efectos del cumplimiento de la misma, a la sujeción del
Sistema Penitenciario que consagra este Código.


     Art. 39.- En todo establecimiento se llevará un libro de registro
que contenga, en relación con cada interno, los siguientes datos:

    a) Su identificación;
     b) Los motivos de la detención, la autoridad que la dispuso y el
tiempo de duración de la condena;

    c) El día y la hora de su ingreso; y,

    d)   Los   demás   que señale el Reglamento.


     Art. 40.- Toda persona que ingrese a un Centro de Rehabilitación
Social será sometida al examen correspondiente en cada uno de los
departamentos del régimen, en los cuales se le formará el expediente
respectivo.


     Art. 41.- A cada uno de los internos se le aplicará el expediente
estandarizado,   a   nivel nacional, que contendrá los siguientes
apartados:

    a) Datos estadísticos;

    b) Resumen procesal;

    c) Investigación socio - familiar;

    d) Estudio somatométrico y antropológico;

    e) Estudio medio;

    f) Estudio Sicológico y Siquiátrico;

    g) Estudio del delito; y,

    h) Indice de peligrosidad.

     Lo dispuesto en las letras g) y h) no se aplicará a los internos
sobre quienes no pese sentencia firme.


     Art.   42.- Los informes indispensables que sirvan para la
ubicación poblacional y para la progresión dentro del régimen serán
emitidos por los correspondientes departamentos de los centros de
rehabilitación social. Estos informes pasarán a conocimiento del
Director del Establecimiento, y de éste a la Dirección Nacional de
Rehabilitación Social, cuyo titular procederá con sujeción a esta Ley y
a   su Reglamento General.


     Art. 43.- El interno que se creyere perjudicado por la resolución
del Director respecto de su ubicación o progresión, siempre que la
misma tuviere una duración de, por lo menos, seis meses, podrá apelar
para ante el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.


                                CAPITULO II

                       De la Permanencia y del Egreso
     Art. 44.- Las condiciones y características de la permanencia
intracarcelaria de los internos para la progresión o regresión de los
mismos, se regirán por lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.
     Art. 45.- No cometen infracción los funcionarios, empleados y
guías encargados de la custodia de los internos, dentro o fuera de los
centros de rehabilitación social, si, para mantener dicha custodia,
tienen necesidad de hacer uso de sus armas, sea para sofocar
amotinamientos, recapturar prófugos o contener y evitar fugas, siempre
que no tengan otro medio idóneo para impedir tales hechos.


     Art. 46.- Los internos serán puestos en libertad inmediatamente
que hayan cumplido la condena o cuando hubieren sido beneficiados con
amnistía, indulto, o por aplicación de la Ley de Gracia, previa la
orden de excarcelación dictada por la autoridad competente.

     Los funcionarios o empleados que, sin causa justificada, demoren el
cumplimiento de esta disposición, serán cancelados de sus cargos, sin
perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.
                             CAPITULO III

                      De la asistencia para liberados

     Art. 47.- La asistencia para liberados es una función estatal que se
cumplirá a través del Departamento correspondiente, cuyo objetivo será
procurar que los liberados puedan reintegrarse a la sociedad, y hacerlo
en condiciones que le permitan un desenvolvimiento armónico en la misma.
Este objetivo se cumplirá mediante la asistencia médico - siquiátrica,
laboral y comunitaria, y por medio de la garantía que se establece en el
artículo siguiente.

     Los medios y procedimientos para conseguir estas finalidades se
regirán por lo dispuesto en el Reglamento General y los especiales que se
dictaren.


     Art. 48.- Quien haya obtenido su rehabilitación social integral
tendrá derecho a que se le otorgue los certificados que solicite, sin
hacer referencia a su vida delictiva anterior.


                                   TITULO VI

                          Disposiciones Generales

     Art.   49.-   Son fondos de la Dirección Nacional de Rehabilitación
Social:

     a) Las asignaciones     que    en su favor consten en el Presupuesto
General del Estado;

     b) Las herencias, legados y donaciones que se le hicieren; y,

     b-1) La multa del diez por ciento (10%) sobre el valor de cada
cheque protestado por insuficiencia de fondos, la misma que será
depositada directamente en la cuenta      que para el efecto señale la
Dirección de Rehabilitación Social.

     b-2) El cincuenta por ciento del valor de las multas impuestas
por los Tribunales y Juzgados de la República.

    c) Los demás que le correspondan, de acuerdo con la Ley.

     Nota: Artículo reformado por Ley No. 000, publicada en Registro
Oficial Segundo Suplemento 977 de 28 de Junio de 1996.

     Nota: Artículo reformado por Art. 179 de Ley No. 75, publicada en
Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.


     Art. 50.- Los saldos de caja que, por cualquier concepto, se
registren anualmente, no se revertirán a la Cuenta Corriente Unica del
Tesoro Nacional, sino que quedarán en beneficio de la Dirección
Nacional de Rehabilitación Social.


     Art. 51.- Los gastos que demande el funcionamiento del Consejo
Nacional de Rehabilitación Social serán incluídos en el Presupuesto de la
Dirección Nacional de Rehabilitación Social.


     Art. 52.- El fallecimiento de un interno se anotará en los
registros correspondientes, dejando constancia de la causa de su
muerte, y en lo demás, se procederá de acuerdo con lo que disponga el
respectivo Reglamento.


     Art. 53.- En caso de evasión de un interno, el Director del
respectivo Centro de Rehabilitación Social dispondrá su inmediata
busqueda y captura, por todos los medios a su alcance, y pondrá este
hecho en conocimiento del Juez de la causa, a fin de que instruya el
sumario correspondiente.

      También se dará a conocer el particular a la Dirección Nacional de
Rehabilitación Social, para que establezca las responsabilidades del
caso.


     Art. 54.- La duración de un día para computar el tiempo de la
condena, será de veinticuatro horas; y la de un mes, de treinta días.

     Toda detención, antes de que el fallo esté ejecutoriado, será
imputada a la duración de la pena, si dicha detención ha sido
ocasionada por la infracción que se reprime.


     Art. 55.- Cuando un interno tuviere que cumplir la pena de
sujeción a la vigilancia especial de la autoridad, el Director del
respectivo centro de rehabilitación social, puede prohibir que el
condenado se presente en los lugares que le señalare, después de
cumplida la condena; para lo que, antes de ser puesto en libertad, el
liberado indicará el lugar que elija para su residencia, y recibirá
una boleta de viaje, en la que se determinará el itinerario forzoso y la
duración de su permanencia en cada lugar de tránsito.

     Además, estará obligado a presentarse ante la autoridad de
policía del lugar de su residencia dentro de las veinticuatro horas
siguientes a su llegada, y no podrá trasladarse a otro lugar, sin
permiso escrito de dicha autoridad.


     Art. 56.- El producto del trabajo de los internos no podrá ser
materia de embargo, secuestro o retención, salvo para el pago de
alimentos forzosos.

     Nota: "Procede la prelibertad y libertad controlada previstas en
los Arts. 23 y 25 de la Ley de Ejecución de Penas y Rehabilitación
Social, siempre y cuando se observen las normas legales que el propio
Código y su Reglamento preveen". Dado por Resolución Corte Suprema de
Justicia, publicada en Registro Oficial 520 de 23 de Junio de 1983.
     Art. 56-A.- Los servidores, funcionarios y trabajadores de la
Dirección Nacional de Rehabilitación Social sujetos a la Ley de
Servicio Civil y Carrera Administrativa y al Código del Trabajo,
percibirán   una   bonificación   mensual   por riesgos de trabajo,
equivalente a dos salarios mínimos vitales generales vigentes.

     Nota: Artículo agregado por Ley No. 000, publicada en Registro
Oficial Segundo Suplemento 977 de 28 de Junio de 1996.


     Art. 56-B.- Institúyese el Fondo de Cesantía para los servidores,
funcionarios y trabajadores de la Dirección Nacional de Rehabilitación
Social, el mismo que será financiado con los siguientes recursos:

     a) El aporte del Estado, por una sola vez, equivalente al veinte
por ciento (20%) del sueldo imponible de cada servidor, funcionario y
trabajador de la Dirección de Rehabilitación social vigente;

     b) El aporte mensual      obligatorio equivalente al 5% del sueldo
básico de cada beneficiario;

     c) Las donaciones que por cualquier concepto hicieren personas
naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras; y,

     d) Las utilidades    generados por las inversiones de capital del
Fondo de Cesantía.

     Nota: Artículo agregado por Ley No. 000, publicada en Registro
Oficial Segundo Suplemento 977 de 28 de Junio de 1996.


     Art. 56-C.- El Fondo de Cesantía, será administrado por el
Directorio, que estará integrado de la siguiente manera:

     a) El Director Nacional de Rehabilitación Social o su Delegado,
quien lo presidirá;

     b)   El   Director   Financiero   de   la   Dirección   Nacional   de
Rehabilitación Social o su delegado;
     c) El Presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos de
Rehabilitación Social de la Dirección Nacional, o su delegado; y,

     d) Dos auditores nombrados por el Consejo Nacional de Federación
nacional de Servidores Públicos de Rehabilitación Social.

     El   Secretario   será designado    por   el   Comité   Ejecutivo   de
Servidores de Rehabilitación Social

     Los delegados tendrán sus respectivos suplentes y durarán dos
años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por un período igual.

     Nota: Artículo agregado por Ley No. 000, publicada en Registro
Oficial Segundo Suplemento 977 de 28 de Junio de 1996.


     Art. 56-D.- Los gastos que       demande la ejecución de esta Ley,
serán financiados con los saldos de   Caja, referidos en el artículo 50
del Código de Ejecución de Penas      y con el incremento del cinco por
ciento (5%) del valor establecido     como multa por el giro de cheques
protestados por insuficiencia de      fondos, dispuesto en la Ley de
Cheques.

     Nota: Artículo dado por Ley No. 000, publicada en Registro
Oficial Segundo Suplemento 977 de 28 de Junio de 1996.


                      Disposiciones Transitorias

     PRIMERA.- El Presidente de la República aprobará y expedirá el
Reglamento General para la aplicación de este Código, dentro de los
noventa días posteriores a la vigencia del mismo.


     SEGUNDA.- Hasta que se expidan las reformas indispensables para
guardar armonía con las disposiciones de este Código en cuanto suprime la
pena de "reclusión" en sus diversos grados, y la reemplaza por la de
"prisión", continuarán rigiendo en esta materia, las disposiciones
contenidas en el Código Penal, en el de Procedimiento Penal, en el
Código Penal Militar, en el de Procedimiento Penal Militar, en el
Código Penal de la Polaca Nacional, en el de Procedimiento Penal de la
Polaca Nacional, en la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, y en las demás leyes que
contengan penas de "reclusión".


     TERCERA.- Los bienes, valores y asignaciones que, por cualquier
título, pertenecen actualmente a la Dirección Nacional de Prisiones o a
sus dependencias, ingresarán al patrimonio de los nuevos organismos que
crea esta Ley.

     El personal que labora en las nombradas instituciones será
reubicado en los nuevos organismos, de acuerdo con su especialización,
conocimientos   y experiencia.
     TERCERA-A.- El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, asignará
los valores señalados en el artículo precedente, acreditando dicho
aporte para la capitalización inicial del fondo referido en el literal a)
del segundo artículo innumerado, dentro de los siguientes noventa días
de su promulgación.

     Nota: Disposición dada por Ley No. 000, publicada en Registro
Oficial Segundo Suplemento 977 de 28 de Junio de 1996.


   Art. FINAL.- Derogase todas las disposiciones que se opongan a este Código el que, como ley especial,
prevalecerá sobre las generales y especiales que estén en contradicción con el mismo que regirá a partir de
su publicación en el Registro Oficial.




PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE
PENAS
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
Que, la Asamblea Constituyente, a través del Mandato Constituyente # 1, del 11
de
diciembre del 2007, asumió los Plenos Poderes.
Que, en el mencionado Mandato, la Asamblea asumió las atribuciones y deberes
de la
Función Legislativa.
Que, respetar y hacer respetar los Derechos Humanos, es el más alto deber del
Estado.
Que es necesaria una reforma integral al sistema penitenciario en el Ecuador, que
se encuentra en emergencia, tanto por el hacinamiento de internos, la ausencia de
verdaderos programas de reinserción social, como por la condición de las
instalaciones,produciendo una crisis humanitaria para las personas que se
encuentran en los centros
de rehabilitación social.
Que la política de rehabilitación social es responsabilidad exclusiva del Estado y
que tanto
las políticas públicas, como las instituciones encargadas, no han cumplido
históricamente
con su cometido, en gran medida por la distorsionada conformación del Consejo
Nacional
de Rehabilitación Social.
Que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N. 748, publicado en el Registro
Oficial ,
Suplemento # 220, con fecha 27 de noviembre de 2007, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos tiene como objetivo coordinar, ejecutar y monitorear los
programas y
proyectos de las diversas entidades involucradas en el sistema de rehabilitación
social.
Que el sistema de reducción de penas no debe estar sustentado en el mero paso
del
tiempo, sino que debe fundarse en programas que motiven a las personas
privadas de
libertad a que se rehabiliten y se reinserten en la sociedad.
En uso de sus competencias y atribuciones:
Expide la siguiente:


REFORMAS AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS:
Art. 1.- Sustitúyase el Art. 4 del Código de Ejecución de Penas por el siguiente:
“Art. 2.- Integración del Consejo Nacional de Rehabilitación Social.- El Consejo
Nacional
de Rehabilitación Social estará integrado por los siguientes miembros:
1. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos o su delegado, quien lo presidirá y
tendrá voto dirimente.
2. El Ministro de Salud o su delegado
3. El Ministro de Trabajo o su delegado
4. El Ministro de Educación o su delegado
5. El Defensor del Pueblo o su delegado
Actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo, el Director Nacional de
Rehabilitación
Social, quien además, ejercerá la representación legal y judicial de la entidad.
El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al mes y podrá sesionar con cuatro
de sus miembros; en caso de empate, el Ministro de Justicia tendrá voto dirimente.
De considerarlo necesario, el Consejo podrá solicitar la presencia de técnicos u
organismos especializados.
El Vicepresidente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que reemplazará
al Presidente en caso de ausencia temporal, será elegido de entre los demás
miembros en la primera sesión del Consejo y durará dos años en sus funciones,
pudiendo ser reelegido por un período.
Los delegados al Consejo deberán acreditar conocimientos académicos o
suficiencia investigativa.
Art. 3.- Sustitúyase el Art. 32 por el siguiente:
“Art. 32.- Requisitos para concesión de rebajas.- Las personas sentenciadas por
cualquier delito, que durante el tiempo de su privación de libertad observaren
buena conducta e interés por su rehabilitación, que se demostrará por su
participación en procesos culturales, educativos, laborales y de tratamientos de
adicciones, obtendrán rebajas a su condena. La rebaja de la pena será de hasta el
cincuenta por ciento del total de la misma, de conformidad con el Reglamento
expedido para el efecto por el Consejo
Nacional de Rehabilitación.
Art. 4.- Sustitúyase el Art. 33 por el siguiente:
“Art. 33.- Concesión de las rebajas.- Las rebajas de la pena las concederá
directamente y
bajo su responsabilidad el Director del Centro de Rehabilitación Social donde se
encuentre el sentenciado, a pedido de la persona interesada, de acuerdo con el
reglamento expedido por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social. Las
rebajas se concederán en audiencia pública con presencia del defensor público o
privado, si lo tuviere, y el agente fiscal del lugar donde se encuentre la persona,
previa presentación de
informes emitidos por los departamentos de evaluación y diagnóstico de cada
Centro de
Rehabilitación Social. La falta de comparecencia del defensor o del fiscal no
impedirá la
realización de la audiencia. La resolución que niegue las rebajas podrá ser
apelada ante
el juez de lo penal que tenga competencia territorial, en última y definitiva
instancia. Si
hubiere más de un juez, la competencia se radicará mediante sorteo.”
La presente resolución entra en vigencia inmediatamente, sin perjuicio de su
publicación
en el Registro Oficial y la Gaceta Constituyente. Notifíquese a las autoridades
Competentes para su cumplimiento.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

NORMA: Ley s/n
PUBLICADO: Registro Oficial Suplemento 360
FECHA: 13 de Enero de 2000



LIBRO PRIMERO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES


Artículo 1.- Juicio previo.- Nadie puede ser penado si no mediante una sentencia ejecutoriada,
dictada luego de haberse probado los hechos y declarado la responsabilidad del imputado en un
juicio, sustanciado conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la
República y en este Código, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y
de los derechos del imputado y de las víctimas.

Artículo 2.- Legalidad.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente
declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida.
La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al acto.
Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del número de las
infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no
comenzado a cumplirse.
Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando se cometió la
infracción, se aplicará la menos rigurosa.
En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las normas del
procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, como requisitos de prejudicialidad,
procedibilidad o admisibilidad, deberán ser aplicadas en lo que sean favorables a los infractores.

Artículo 3.- Juez natural.- Nadie puede ser juzgado sino por los jueces competentes determinados
por la ley.

Artículo 4.- Presunción de inocencia.- Todo imputado es inocente, hasta que en la sentencia
ejecutoriada se lo declare culpable.

Artículo 5.- Unico proceso.- Ninguna persona será procesada ni penada, más de una vez, por un
mismo hecho.

Artículo 6.- Celeridad.- Para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos
procesales son hábiles todos los días y horas: excepto en lo que se refiere a la interposición y
fundamentación de recursos, en cuyo caso correrán solo los días hábiles.

Artículo 7.- Extradición.- Es obligación del juez solicitar en la forma prevista por la ley y los
convenios internacionales, la extradición del prófugo en los casos de prisión preventiva o de
sentencia condenatoria ejecutoriada.

Artículo 8.- Conclusión del proceso.- El proceso penal sólo puede suspenderse o concluir en los
casos y formas establecidos expresamente en este Código.

Artículo 9.- Notificaciones.- Toda providencia debe ser notificada a las partes procesales. La
notificación se hará mediante una boleta dejada en el domicilio judicial o en la casilla judicial
señalada para el efecto.

Artículo 10.- Impulso oficial.- El proceso penal será impulsado por el Fiscal y el juez, sin
perjuicio de gestión de parte.

Artículo 11.- Inviolabilidad de la defensa.- La defensa del imputado es inviolable.
El imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de
prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere oportunas.
Si el imputado está privado de la libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido
al juez, al tribunal de la causa o al Ministerio Público las peticiones u observaciones que formule.

Artículo 12.- Información de los derechos del imputado.- Toda autoridad que intervenga en el
proceso debe velar para que el imputado conozca inmediatamente los derechos que la Constitución
Política de la República y este Código le reconocen. El imputado tiene derecho a designar un
defensor. Si no lo hace, el juez debe designarlo de oficio, antes de que se produzca su primera
declaración. El juez o tribunal pueden autorizar que el imputado se defienda por si mismo. En ese
caso el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica.

Artículo 13.- Traductor.- Si el imputado no entendiera el idioma español, podrá designar un
traductor. Si no lo hiciere, el Fiscal o el tribunal lo designará de oficio. El Estado cubrirá los costos
de las traducciones.
Artículo 14.- Igualdad de derechos.- Se garantiza al Fiscal, al imputado, a su defensor al acusador
particular y sus representantes y las víctimas el ejercicio de las facultades y derechos previstos en
la Constitución Política de la República y este Código.

Artículo 15.- Interpretación restrictiva.- Todas las disposiciones de esta ley que restringen la
libertad o los derechos del imputado o limitan el ejercicio de las facultades conferidas a quienes
intervienen en el proceso, deben ser interpretadas restrictivamente.

TITULO I

LA JURISDICCION Y LA COMPETENCIA

CAPITULO I

LA JURISDICCION


Artículo 16.- Exclusividad.- Sólo los jueces y tribunales penales establecidos de acuerdo con la
Constitución y las demás leyes de la República ejercen jurisdicción en materia penal.

Artículo 17.- Organos.- Son órganos de la jurisdicción penal, en los casos, formas y modos que las
leyes determinan:
1) Las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia;
2) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia;
3) Las Salas que integran las Cortes Superiores de Justicia;
4) Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia;
5) Los tribunales penales;
6) Los jueces penales;
7) Los jueces de contravenciones; y,
8) Los demás jueces y tribunales establecidos por leyes especiales.

Artículo 18.- Ambito de la jurisdicción penal.- Están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador:
1) Los ecuatorianos y extranjeros que cometan una infracción en el territorio de la República.
Se exceptúan, con arreglo a las convenciones internacionales ratificadas por el Ecuador, los Jefes
de otros Estados que se encuentren en el país; los representantes diplomáticos acreditados ante el
Gobierno del Ecuador y residentes en territorio ecuatoriano; y, los representantes diplomáticos
transeúntes de otro Estado que pasen ocasionalmente por el Ecuador. Esta excepción se extiende al
cónyuge e hijos, empleados extranjeros y demás comitiva del Jefe de Estado o de cada
representante diplomático, siempre que oficialmente, pongan en conocimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores la nómina de tal comitiva o del personal de la Misión.
Se exceptúa también a los que cometieren una infracción dentro del perímetro de las operaciones
militares de un ejército extranjero, cuando el Estado ecuatoriano haya autorizado el paso por su
territorio, salvo que el presunto infractor no tenga relación legal con dicho ejército;
2) El Jefe del Estado y los representantes diplomáticos del Ecuador, su familia y comitiva, que
cometan un delito en territorio extranjero, y los Cónsules ecuatorianos que, en igual caso, lo hagan
en el ejercicio de sus funciones consulares;
3) Los ecuatorianos o extranjeros que delinean a bordo de naves o de aeronaves nacionales, en alta
mar o en el espacio aéreo libre;
4) Los ecuatorianos o extranjeros que, en las aguas o en el espacio aéreo de otro Estado, delinean a
bordo de naves o aeronaves de guerra ecuatorianas;
5) Los ecuatorianos o extranjeros que cometieren un delito a bordo de naves o aeronaves
extranjeras que no sean de guerra, en las aguas o en el espacio aéreo del Ecuador;
6) Los ecuatorianos o extranjeros que cometan delitos contra el Decreto Internacional o previstos
en Convenios o Tratados Internacionales vigentes, siempre que no hayan sido juzgados en otro
Estado; y,
7) Los nacionales o extranjeros que se hallen comprendidos en algunos de los demás casos
señalados en el Código Penal.

CAPITULO II

LA COMPETENCIA


Artículo 19.- Legalidad.- La competencia en materia penal nace la de la Ley.

Artículo 20.- Improrrogabilidad.- La competencia en materia penal es improrrogable, excepto en
los casos expresamente señalados en la ley.

Artículo 21.- Reglas de la competencia territorial.- En cuanto a la competencia de los jueces y
tribunales penales, se observarán las reglas siguientes:
1. Hay competencia de un juez o de un tribunal penal cuando se ha cometido la infracción en la
sección territorial en la que ese juez o tribunal ejerce sus funciones. Si hubiere varios de tales
jueces, la competencia se asignará por sorteo, de acuerdo con el reglamento respectivo;
2. Cuando el delito hubiere sido cometido en territorio extranjero, el imputado será juzgado por los
jueces o tribunales de la Capital de la República, o por los jueces o tribunales competentes de la
circunscripción territorial donde fuere aprehendido.
Si el proceso se hubiera iniciado en la Capital de la República, y el imputado hubiese sido
aprendido en cualquier otra sección territorial del país, la competencia se radicará en forma
definitiva a favor del juez o tribunal de la Capital;
3. Cuando una persona hubiera cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en
un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un proceso penal por cada una de las infracciones, y
serán competentes los jueces del lugar que prevengan en el conocimiento de las causas.
El Tribunal Penal que dicte la primera sentencia condenatoria, será competente para la unificación
de la condena, para cuyo efecto deberá anunciar la competencia para la unificación, mediante
oficio de los demás tribunales penales.
4. Hay conexidad cuando:
a) El hecho punible ha sido cometido por dos o más personas en concurso o cooperación entre ellas
o ha intervenido más de una a título de participación:
b) Se impute a una persona la comisión de más de un hecho punible con una acción u omisión o
varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar; y,
c) Se impute a una persona la comisión de varios hechos punibles; cuando unos se han cometido
con el fin de consumar u ocultar otros;
5. Cuando la infracción se hubiera cometido en el límite de dos secciones territoriales, será
competente el juez que prevenga en el conocimiento de la causa;
6. Cuando entre varios imputados de una infracción hubiera alguno que goce de fuero de Corte, la
Corte respectiva juzgará a todos los imputados.
Si entre varios imputados de una misma infracción hubiera alguno que goce de fuero de Corte
Suprema y otros de Corte Superior, será competente la Corte Suprema.
Si los imputados estuvieran sometidos a distintas Cortes Superiores será competente la que previno
en el conocimiento de la causa;
7. Cuando el lugar en que se cometió la infracción fuere desconocido, será competente el juez o
tribunal en cuyo territorio hubiese sido aprehendido el infractor, a menos que hubiera prevenido el
juez de la residencia del imputado. Si posteriormente se descubriere el lugar del delito, todo lo
actuado será remitido al juez o tribunal de este último lugar para que prosiga el enjuiciamiento, sin
anular lo actuado; y,
8. Cuando la infracción hubiese sido preparada o comenzada en un lugar y consumada en otro, el
conocimiento de la causa corresponderá al juez de este último.
Nota: Artículo reformado por Art. 1 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 22.- Deprecatorio.- Los jueces penales pueden deprecar la práctica de actos procesales a
los jueces penales de otras jurisdicciones territoriales.

Artículo 23.- Acumulación.- En caso de desplazamiento de un proceso penal de un Fiscal, juez o
tribunal a otro, por motivo de competencia, todo lo actuado por el Fiscal, juez o tribunal
incompetente se agregará al proceso que se sustancie ante el Fiscal, juez o tribunal competente.
Más, los actos procesales practicados por los primeros tendrán plena validez legal, a menos que se
encuentren motivos para anularlos.

Artículo 24.- Preeminencia.- En caso de duda entre la competencia penal ordinaria y la especial,
prevalecerá la primera, salvo disposición expresa de la ley en contrario.

Artículo 25.- Funciones del Fiscal.- Corresponde al Fiscal, según lo previsto en la Constitución y
este Código dirigir la investigación preprocesal y procesal penal.
De hallar fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes,
e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Si hay varios agentes fiscales en la
misma sección territorial, la intervención se establecerá, de acuerdo con el reglamento que
expedirá el Ministerio Público.
Cuando una persona hubiera cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un
mismo lugar o en diversos lugares, los fiscales de tales lugares, deberán iniciar instrucción fiscal
por separado por cada una de las infracciones.
Igualmente se dispondrá que la Policía Judicial, como cuerpo auxiliar del Ministerio Público,
realice las investigaciones por separado aunque relacionando los hechos y personal en orden a
determinar la peligrosidad de los presuntos infractores.
Nota: Artículo reformado por Art. 2 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 26.- Comunicación al Juez.- El Fiscal que como resultado de la indagación preprocesal o
por cualquier otro medio hallare fundamento para imputar a persona determinada la participación
en un delito de acción penal pública, iniciará la instrucción conforme a lo previsto en el artículo
217 y lo comunicará de inmediato al juez penal competente. Si hay varios jueces, el Fiscal acudirá
al juez determinado mediante sorteo.

Artículo 27.- Competencia de los jueces penales.- Los jueces penales tienen competencia:
1. Para garantizar los derechos del imputado y del ofendido durante la etapa de instrucción Fiscal,
conforme a las facultades y deberes de este Código;
2. Para la práctica de los actos probatorios urgentes;
3. Para dictar las medidas cautelares personales y reales;
4. Para la sustanciación y resolución de la etapa intermedia;
5. Para el juzgamiento de los delitos de acción privada; y,
6. Para la sustanciación y resolución del procedimiento abreviado, cuando les sea propuesto.
Artículo 28.- Tribunales Penales.- Los Tribunales Penales tienen competencia, dentro de la
correspondiente sección territorial:
1. Para sustanciar el juicio y dictar sentencia en todos los procesos de acción penal pública y de
instancia particular cualquiera que sea la pena prevista para el delito que se juzga, exceptuándose
los casos de fuero, de acuerdo con lo prescrito en la Constitución Política de la República y demás
leyes del país;
2. Para sustanciar y resolver el procedimiento abreviado, cuando les sea propuesto; y,
3. Para realizar los demás actos procesales previstos en la ley.

Artículo 29.- Cortes Superiores.- Las Cortes Superiores de Justicia tienen competencia:
1. Para la sustanciación y resolución de los recursos de apelación;
2. Para la sustanciación y resolución de la etapa del juicio en los casos de fuero previstos en la ley;
3. Para los demás actos procesales previstos en la ley; y,
4. Los presidentes de las cortes superiores tendrán competencia para controlar la instrucción fiscal
y para sustanciar y resolver la etapa intermedia en los casos de fuero.
Nota: Artículo reformado por Art. 3 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 30.- Corte Suprema.- La Corte Suprema de Justicia es competente:
1. Para la sustanciación y resolución de la etapa del juicio en los casos de fuero previstos en la ley;
2. Para la sustanciación y resolución de los recursos de casación y de revisión;
3. Para los demás actos previstos en las leyes y reglamentos; y, 4. El Presidente de la Corte
Suprema tendrá las mismas atribuciones señaladas en el numeral 4 del artículo anterior en los
casos de fuero de Corte Suprema.

Artículo 31.- Competencia en los juicios de indemnización.- Para determinar la competencia en
los juicios de indemnización, se seguirán las reglas siguientes:
1. De los daños y perjuicios ocasionados por la infracción:
a) Si la infracción fue de acción pública y en sentencia ejecutoriada se declaró procedente la
acusación particular que se hubiera propuesto, será competente el Presidente del Tribunal Penal
que dictó la sentencia condenatoria;
b) Si quien reclama la indemnización no propuso acusación particular, será competente para
conocer de la acción por los daños y perjuicios derivados del delito, el juez de lo civil al que le
corresponda según las reglas generales;
c) Si la infracción fue de acción privada, la competencia le corresponde al juez penal que dictó la
sentencia; y,
d) En los casos de fuero, será competente el Presidente de la Corte respectiva.
2. De los daños y perjuicios ocasionados por la malicia o la temeridad de la denuncia o de la
acusación particular:
a) Si fueron reclamados en un juicio de acción pública será competente un juez penal diferente de
aquel que dictó el auto de sobreseimiento firme; y,
b) Si la acusación fue presentada en un juicio de acción privada, será competente un juez penal
distinto de aquel que dictó la sentencia absolutoria.
TITULO II

LA ACCION PENAL

CAPITULO I

REGLAS GENERALES


Artículo 32.- Clasificación.- Desde el punto de vista de su ejercicio la acción penal es de tres
clases:
a) Pública de instancia oficial;
b) Pública de instancia particular; y,
c) Privada.
Cuando en las disposiciones de este Código se diga simplemente acción penal pública o acción
pública, ha de entenderse que se alude tanto a la acción pública de instancia oficial, como a la
acción pública de instancia particular.

Artículo 33.- Ejercicio.- El ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al Fiscal.
Sin embargo, el ejercicio de la acción pública de instancia particular, procederá solamente previa
denuncia del ofendido.
Lo dispuesto en el inciso anterior ha de entenderse sin perjuicio de los derechos del ofendido para
acceder al órgano judicial competente, según lo previsto en este Código.
El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al ofendido, mediante querella.

Artículo 34.- Casos en que la acción pública es de instancia particular.- La acción pública es de
instancia particular en los siguientes delitos:
a) Nota: Literal derogado por Art. 4 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.
b) Revelación de secretos fábrica;
c) Nota: Literal derogado por Art. 4 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003
d) Estafa y otras defraudaciones; y,
e) Nota: Literal derogado por Art. 4 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003
Sin embargo, el Fiscal, ejercerá la acción penal de oficio cuando el delito se cometa contra un
incapaz que no tenga representante, o cuanto haya sido cometido por su guardador o uno de sus
ascendientes.

Artículo 35.- Actos urgentes.- En los casos de acción pública o de instancia particular, el Fiscal
podrá realizar los actos urgentes que impidan la consumación del delito o los necesarios para
conservar los elementos de prueba pero sin afectar los derechos del ofendido.

Artículo 36.- Delitos de acción privada.- Son delitos de acción privada:
a) El estupro perpetrado en una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho;
b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiese consentido en
su rapto y seguido voluntariamente al raptor;
c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave;
d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio;
e) La usurpación;
f) La muerte de animales domésticos o domesticados; y,
g) El atentado al pudor de un mayor de edad.

Artículo 37.- Conversión.- Las acciones por delitos de acción penal pública pueden ser
transformadas en acciones privadas, a pedido del ofendido o de su representante, siempre que el
Fiscal lo autorice, cuando considere que no existe un interés público gravemente comprometido, en
los casos siguientes:
a) En cualquier delito contra la propiedad. Si hubiere pluralidad de ofendidos, es necesario el
consentimiento de todos ellos, aunque sólo uno haya presentado la acusación particular; y,
b) En los delitos de instancia particular.

Artículo 38.- Desestimación.- El Fiscal debe solicitar al juez, mediante requerimiento
debidamente fundamentado, el archivo de la denuncia, cuando sea manifiesto que el acto no
constituye delito, o cuando exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso.

Artículo 39.- Efectos.- Si el Juez, después de oir al denunciante, aceptare el requerimiento de
archivo, su resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la
fundamentaron o se mantenga el obstáculo que impedía la instauración del proceso.
El juez al disponer el archivo, debe devolver las actuaciones al Fiscal. Si el juez no considera
procedente el requerimiento de archivo, enviará el expediente al Fiscal superior para que lo
revoque o lo ratifique. Si lo revoca, el Fiscal superior enviará las actuaciones a otro Fiscal, para
que proceda conforme a este Código. Si el Fiscal superior ratifica el requerimiento de archivo, lo
notificará al juez, quien dispondrá el archivo de la denuncia.

Artículo 40.- Prejudicialidad.- En los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio de la
acción penal dependiera de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa exclusivamente al
fuero civil, no podrá iniciarse el proceso penal antes de que haya auto o sentencia firme en la
cuestión prejudicial.

Artículo 41.- Efecto de cosa juzgada.- Las sentencias ejecutoriadas en los procesos civiles no
producen el efecto de cosa juzgada en lo penal, excepto las que deciden las cuestiones
prejudiciales indicadas en el artículo anterior.
Las sentencias ejecutoriadas en los procesos penales, producen el efecto de cosa juzgada, en lo
concerniente al ejercicio de la acción civil, solo cuando declaran que no existe la infracción o,
cuando existiendo, declaran que el procesado no es culpable de la misma.
Por tanto, no podrá demandarse la indemnización civil derivada de la infracción penal mientras no
exista una sentencia penal condenatoria ejecutoriada que declare a una persona responsable de la
infracción.

CAPITULO II

LA DENUNCIA


Artículo 42.- Denuncia.- La persona que conociere que se ha cometido un delito de acción
pública, excepto aquella a quien la ley se lo prohíbe, puede presentar su denuncia ante el Fiscal
competente o ante la Policía Judicial.
Artículo 43.- Denuncia ante la Policía Judicial.- Cuando la denuncia se presente ante la Policía
Judicial, se la debe remitir inmediatamente al Fiscal, único facultado para proceder a su
reconocimiento, con la documentación correspondiente.

Artículo 44.- Publicidad.- La denuncia será pública.

Artículo 45.- Prohibición.- No se admitirá denuncia de descendientes contra ascendientes o
viceversa, ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano contra hermano, salvo los siguientes
casos.
a) Los previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia; y,
b) Cuando entre ofendido e imputado exista uno de los vínculos mencionados en el primer párrafo
de este artículo.
Presentada la denuncia, el Fiscal asignado, salvo las excepciones mencionadas, exigirá al
denunciante que, bajo juramento, exprese si se encuentra comprendido en algunas de las
prohibiciones de este artículo.

Artículo 46.- Reconocimiento.- El Fiscal ante quien se presente la denuncia hará que el autor la
reconozca sin juramento, advirtiéndole sobre las responsabilidades penales y civiles originadas en
la presentación de denuncias temerarias o maliciosas.

Artículo 47.- Acta.- La declaración juramentada y el reconocimiento serán asentados en acta
suscrita por el Fiscal y el denunciante. Si este último no supiere o no pudiere firmar, estampará su
huella digital y firmará por el un testigo.

Artículo 48.- Denuncia escrita.- La denuncia escrita deberá estar firmada por el denunciante, si
supiere firmar, si no supiere o no pudiere firmar, lo hará por el un testigo y además estampará la
huella digital.

Artículo 49.- Denuncia verbal.- Si la denuncia fuere verbal se la reducirá a escrito, en acta
especial, al pie de la cual firmará el denunciante. Si éste no supiere firmar se estará a lo dispuesto
en el artículo 47.

Artículo 50.- Contenido.- La denuncia debe contener los nombres y apellidos, la dirección del
denunciante y la relación clara y precisa de la infracción, con expresión de lugar y tiempo en que
fue cometida. Además, en cuanto fuere posible, se harán constar los siguientes datos:
1. Los nombres y apellidos de los autores, cómplices, y encubridores, si se los conoce, o su
designación; así como los de las personas que presenciaron la infracción, o que pudieran tener
conocimiento de ella;
2. Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños causados; y,
3. Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la comprobación de la
existencia de la infracción y a la identificación de los culpables.
La falta de cualquiera de estos datos no obstará la iniciación de proceso.
La denuncia por mandatario requiere poder especial.

Artículo 51.- Responsabilidad.- El denunciante no será parte procesal, pero responderá en los
casos de denuncia declarada como maliciosa o temeraria.
CAPITULO III

LA ACUSACION PARTICULAR


Artículo 52.- Ejercicio.- Puede proponer acusación particular el ofendido.
Podrán también proponer acusación particular los representantes de los órganos de control
distintos del Ministerio Público, a quienes la ley faculta para intervenir como parte en los procesos
penales que interesen a los fines de la institución que representan.
La persona jurídica ofendida podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar
por sí mismo o mediante procurador judicial.

Artículo 53.- Prohibición.- No podrán acusarse particularmente, unos contra otros, los
ascendientes, los hermanos, los descendientes y los cónyuges.
Se exceptúan, asimismo, de esta prohibición los casos citados en el artículo 45 de este Código.

Artículo 54.- Sucesión.- En caso de muerte del acusador, cualquiera de sus herederos o todos ellos
podrán continuar la acusación propuesta, pero responderán en caso de declararse maliciosa o
temeraria la acusación. La malicia de los sucesores, dependerá del conocimiento o descubrimiento
que tengan o hagan los sucesores, de la malicia de quien propuso la acción.

Artículo 55.- Contenido.- La acusación particular será escrita y debe contener:
1. El nombre, apellido, dirección domiciliaria y número de cédula de identidad del acusador si la
hubiere obtenido;
2. El nombre y apellido del acusado, y si fuere posible domicilio;
3. La determinación de la infracción acusada;
4. La relación de las circunstancias de la infracción, con determinación del lugar, el día, mes y año
en que fue cometida;
5. La justificación de la condición de ofendido y los elementos en los que éste funda la atribución
de la participación del imputado en la infracción; y,
6. La firma del acusador o de su apoderado con poder especial. En este poder se hará constar
expresamente el nombre y apellido del acusado y la relación completa de la infracción que se
quiere acusar.
Si el acusador no supiere o no pudiere firmar, concurrirá personalmente ante el juez y en su
presencia, estampará la huella digital.
Todo acusador concurrirá personalmente ante el juez para reconocer su acusación.
El Secretario dejará constancia de este acto procesal.

Artículo 56.- Calificación.- La acusación se presentará ante el juez competente quien la
examinará. Si reúne los requisitos señalados en el artículo anterior la aceptará al trámite y ordenará
la citación.
Si la encuentra incompleta, el juez después de precisar la omisión con claridad, dispondrá que el
acusador la complete en el plazo de tres días. Si el acusador no la completare, se le tendrá por no
propuesta.

Artículo 57.- Momento de la acusación.- La acusación particular podrá presentarse:
1. Al tratarse de delitos de acción pública, la acusación particular puede presentarse desde el
momento en que el Juez notifica al ofendido con la resolución del Fiscal de iniciar la instrucción,
hasta antes de la conclusión de la instrucción fiscal.
2. Al tratarse de los delitos de acción privada, el ofendido o las personas que pueden ejercer sus
acciones, podrán presentar su querella ante el juez penal competente, durante el plazo máximo de
seis meses a contarse desde el día en que se cometió la infracción.
Nota: Artículo reformado por Art. 5 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 58.- Procurador común.- Si en un mismo proceso se presentaren dos o más acusadores
por la misma infracción y contra los mismos imputados, el juez ordenará que nombren un
procurador común dentro de cuarenta y ocho horas y, si no lo hacen, lo designará de oficio.
Esta regla no se aplicará si fueren varios los directamente afectados por el delito.

Artículo 59.- Citación.- La citación de la querella se hará al acusado personalmente, entregándole
la boleta correspondiente. Si no estuviere presente en el lugar señalado para la citación, se le citará
mediante tres boletas entregadas en su residencia, en tres distintos días. Pero si hubiese señalado
domicilio, la citación se la hará mediante una sola boleta dejada en dicho domicilio.
En las boletas de citación se hará constar el texto de la querella y del auto de aceptación.
El actuario o quien haga sus veces, dejará la primera boleta en la habitación del que deba ser
citado, cerciorándose de este particular. Si éste cambiare de habitación, o se ausentare, las otras
dos boletas deben dejarse en el mismo lugar en el cual se dejó la primera.
Si se trata de un delito de acción pública o de instancia particular y el acusado estuviere prófugo,
bastará la citación al defensor público o defensor de oficio del lugar, la que se hará en persona o
mediante una sola boleta dejada en la oficina o residencia del nombrado defensor.
Si se trata de un delito de acción privada y se desconoce el domicilio del acusado, la citación se
hará por la prensa, en la forma señalada en el Código de Procedimiento Civil.
La boleta o la publicación deberá contener la prevención de designar defensor y de señalar casilla
o domicilio judicial para las notificaciones.

Artículo 60.- Desistimiento.- Con los efectos que señala la ley, cabe el desistimiento de la
acusación particular.
El desistimiento solo cabe si el acusado consiente expresamente en ello dentro del proceso.

Artículo 61.- Abandono.- En los delitos de acción privada se entenderá abandonada la acusación si
el acusador deja de continuarla por treinta días, contados desde la última petición o reclamación
escrita que se hubiesen presentado al juez, excepción hecha de los casos en los que por el estado
del proceso ya no se necesite la expresión de voluntad del acusador particular.
El juez declarará abandonada la acusación únicamente a petición del acusado.
Declarado el abandono, el juez tendrá la obligación de calificar en su oportunidad, si la acusación
ha sido maliciosa y temeraria.

Artículo 62.- Sustanciación.- En los procesos de acción pública en caso de desistimiento de la
acusación, se seguirá sustanciando el proceso con intervención del Ministerio Público.

Artículo 63.- Renuncia.- El ofendido puede renunciar al derecho de proponer acusación particular.
No pueden renunciar a ese derecho los padres que actúan en representación de los hijos menores
de edad, los tutores, los curadores, ni los representantes de las instituciones del sector público.
No se admitirá renuncia en los casos de violencia intrafamiliar.

Artículo 64.- Limitación.- Si el ofendido hubiera renunciado al derecho de acusar, o hubiese
desistido de la acusación ya propuesta, o la hubiera abandonado, ninguna otra persona puede
presentar una nueva acusación.
TITULO III

LOS SUJETOS PROCESALES

CAPITULO I

EL MINISTERIO PUBLICO


Artículo 65.- Funciones.- Corresponde al Fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de
acción pública.
Además el Fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del proceso penal de acción
pública.
No tendrá participación en los juicios de acción privada.
Es obligación del Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la investigación no sólo a las
circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo del imputado.

Artículo 66.- Dictámenes.- El Fiscal debe formular sus requerimientos y conclusiones
motivadamente, mediante un análisis prolijo de las pruebas y de los puntos de derecho.
Debe proceder oralmente en el juicio y en la audiencia de la etapa intermedia y, por escrito, en los
demás casos.

Artículo 67.- Excusa y recusación.- El Fiscal debe excusarse o puede ser recusado:
a) Cuando el sospechoso, el imputado, el acusado, el agraviado, el denunciante, el acusador, o el
abogado defensor de cualquiera de ellos sea su cónyuge o conviviente, o tenga con él parentezco
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
b) Cuando hubiere sido abogado de alguna de las partes;
c) Cuando tenga parentezco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el
juez o con los miembros del tribunal; y,
d) Cuando esté ligado con cualquiera de las personas mencionadas en el literal a) de este artículo,
por intereses económicos o de negocios de cualquier índole.

CAPITULO II

EL OFENDIDO


Artículo 68.- Ofendido.- Se considera ofendido:
1. Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge o conviviente en unión
libre, a sus ascendientes o descendientes y a los demás parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad;
2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la
administren o controlen;
3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses;
4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos que afecten intereses
colectivos o difusos; y,
5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten colectivamente a los
miembros del grupo.
Artículo 69.- Derechos del ofendido.- El ofendido tiene derecho:
1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular;
2. A ser informado por el Ministerio Público del estado de la indagación preprocesal y de la
instrucción;
3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere conocido, aún cuando
no haya intervenido en él;
4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del agente del Ministerio
Público, en los casos siguientes:
a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes al momento en el que fue solicitada;
b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad investigativa;
c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o la conservación de
vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba; y,
d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las obligaciones del Fiscal;
5. A solicitar al juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de quince días se pronuncie
sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción. Para el ejercicio de este derecho se requiere
haber interpuesto previamente la queja a la que se refiere el numeral anterior y, que ésta no hubiere
sido resuelta en el término de quince días;
6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el Fiscal, el juez y el
tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del imputado; y,
7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, conforme con
las reglas de este Código, haya propuesto o no acusación particular.

CAPITULO III

EL IMPUTADO


Artículo 70.- Denominación y derechos.- Se denomina imputado la persona a quien el Fiscal
atribuya participación en un acto punible como autor, cómplice o encubridor; y, acusado, la
persona contra la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha
presentado una querella.
El imputado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la Constitución y demás
leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la finalización del proceso.

Artículo 71.- Necesidad del defensor.- Ninguna persona podrá ser interrogada ni aún con fines de
investigación, sin la presencia de un abogado defensor de su confianza. Si el interrogado no
designa un abogado defensor privado, se contará con un defensor público o de oficio.
El defensor está obligado a instruir al declarante de su derecho a guardar silencio, así como de las
consecuencias favorables o desfavorables de tal decisión.
No tendrán valor probatorio alguno los actos preprocesales o procesales que incumplan esta
disposición.

Artículo 72.- Incomunicación.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, nadie podrá ser
incomunicado, ni aún con fines de investigación.

Artículo 73.- Comunicación del Fiscal con el imputado.- Ni el Fiscal, ni los investigadores
policiales podrán tomar contacto con el imputado, sin la presencia de su defensor.
CAPITULO IV

EL DEFENSOR PUBLICO


Artículo 74.- Defensoría Pública Nacional.- La Defensoría Pública Nacional tendrá su sede en la
Capital de la República y competencia en todo el territorio del país: y, se encargará del patrocinio
de los imputados que no hayan designado defensor.

Artículo 75.- Organización.- La Defensoría Pública Nacional se organizará de acuerdo con la ley
de la materia y su reglamento correspondiente.

Artículo 76.- Designación.- En los lugares donde funcionen las Cortes Superiores, los tribunales
penales y, los juzgados de lo penal, la Defensoría Pública Nacional nombrará el número necesario
de defensores públicos.

Artículo 77.- Vigencia del nombramiento del defensor.- El defensor público deberá intervenir
hasta la finalización del proceso, sin perjuicio del derecho del imputado a sustituirlo.
El imputado debe ser instruido sobre su derecho a elegir otro defensor.

Artículo 78.- Intervención y reemplazo del defensor.- El defensor público está obligado a actuar
hasta el momento en que el imputado designe su defensor privado y éste asuma el cargo.
El defensor privado podrá renunciar a la defensa pero deberá continuar actuando hasta el momento
de ser legalmente reemplazado.

LIBRO SEGUNDO

LA PRUEBA

TITULO I

LA PRUEBA Y SU VALORACION

CAPITULO I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES


Artículo 79.- Regla general.- Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales
penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, que serán
practicadas por los jueces penales.
Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal alcanzarán el valor de
prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio.

Artículo 80.- Ineficacia probatoria.- Toda acción preprocesal o procesal que vulnere garantías
constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas
pruebas que de acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la
violación de tales garantías.
Artículo 81.- Derecho a no autoincriminarse.- Se reconoce el derecho de toda persona a no
autoincriminarse.

Artículo 82.- Obtención de fluidos corporales.- Para la obtención de muestras de fluidos
corporales y componentes orgánicos de una persona, se precisa de su consentimiento expreso, o
del requerimiento del juez para que las proporcione, sin que pueda ser físicamente constreñida.
Este requerimiento judicial procederá, a pedido del Fiscal, solamente si por la naturaleza y
circunstancias de la infracción, tales elementos de prueba fueren indispensables para evitar la
incriminación de un inocente o la impunidad del delito.

Artículo 83.- Legalidad de la prueba.- La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada,
practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código. No se puede
utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o
cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida
mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito.

Artículo 84.- Objeto de la prueba.- Se deben probar todos los hechos y circunstancias de interés
para la correcta investigación del caso, por cualquiera de los medios previstos en este Código.

Artículo 85.- Finalidad de la prueba.- La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción
como la responsabilidad del imputado.

Artículo 86.- Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal
conforme a las reglas de la sana crítica.

Artículo 87.- Presunciones.- Las presunciones que el juez o tribunal obtenga en el proceso estarán
basadas en indicios probados, graves, precisos y concordantes.

Artículo 88.- Presunción del nexo causal.- Para que de los indicios se pueda presumir el nexo
causal entre la infracción y sus responsables, es necesario:
1. Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a derecho;
2. Que la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones; y,
3. Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean:
a) Varios;
b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los otros indicios, esto es, que
sean concordantes entre sí;
c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola conclusión; y,
d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente.

Artículo 89.- Clases de pruebas.- En materia penal las pruebas son materiales, testimoniales y
documentales.

Artículo 90.- Aplicabilidad.- Las disposiciones relacionadas con la prueba serán observadas y
cumplidas en el juicio, durante la instrucción Fiscal, la etapa intermedia y en el juicio, en lo que
fuesen aplicables.
La recepción de la prueba durante la audiencia del juicio se regulará por las normas previstas en
este capítulo y en el capítulo relativo a la sustanciación ante el tribunal penal.
CAPITULO II

LA PRUEBA MATERIAL


Artículo 91.- Prueba material.- La prueba material consiste en los resultados de la infracción, en
sus vestigios o en los instrumentos con los que se la cometió todo lo cual debe ser recogido y
conservado para ser presentado en la etapa del juicio y valorado por los tribunales penales.

Artículo 92.- Reconocimiento.- Si la infracción es de aquellas que, por su naturaleza, produce
resultados visibles o deja vestigios, el Fiscal o la Policía Judicial irá al lugar en que se la cometió
para practicar el reconocimiento. El resultado, los vestigios, los objetos o los instrumentos de la
infracción serán descritos prolijamente en el acta de reconocimiento y pasarán a custodia de la
Policía Judicial. Si hay necesidad de pericia, se observarán además las reglas pertinentes.
Si el Fiscal, el Juez o el Tribunal lo juzgaren conveniente, podrán efectuar reconocimientos o
inspecciones en secciones territoriales distintas a las de su jurisdicción.
Si han desaparecido los vestigios que debió dejar la infracción, o ésta se hubiese cometido de tal
modo que no los dejare, el Fiscal concurrirá al lugar de la infracción en unión de los peritos de la
Policía Judicial y se dejará constancia en el acta de tal hecho.
Nota: Artículo reformado por Art. 6 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 93.- Incautación.- Si el Fiscal supiere o presumiere que en algún lugar hay armas, efectos,
papeles u otros objetos relacionados con la infracción o sus posibles autores, solicitará al juez
competente autorización para incautarlos, así como la orden de allanamiento, si fuere del caso.
Si se trata de documentos, el Fiscal procederá como lo dispone el Capítulo IV de este título, en
cuanto fuere aplicable.

Artículo 94.- Peritos.- Son peritos los profesionales especializados en diferentes materias que
hayan sido acreditados como tales, previo proceso de calificación del Ministerio Público.

Artículo 95.- Designación de peritos.- Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción,
el Fiscal ordenará que se realicen por peritos las experticias correspondientes.
Para el efecto, el Fiscal designará el número de peritos que crea necesario.
El imputado o acusado, podrá designar un perito, mediante petición al Fiscal, sin que por tal
motivo se retarde la práctica del reconocimiento. Si se tratare de exámenes corporales, la mujer a
la cual deban practicárselos, podrá exigir que quienes actúan como peritos sean personas de su
mismo sexo.
Si en el lugar donde se deba realizar la diligencia no hubiera peritos habilitados, el Fiscal nombrará
a personas mayores de edad, de reconocida honradez y probidad, que tengan conocimientos en la
materia sobre la que deban informar.
Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las personas o
en las cosas, los profesionales en medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de
salud a donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y
las guardarán hasta que el Fiscal o la Policía Judicial dispongan que pasen al cuidado de peritos
para su examen.
Los peritos están obligados a comparecer a posesionarse y a informar, en los plazos señalados por
el Fiscal.
El Consejo Nacional de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de los peritos.
Artículo 96.- Obligatoriedad.- El desempeño de la función de perito es obligatoria. Sin embargo,
la persona designada deberá excusarse si se hallare en alguno de los casos establecidos en este
Código para la excusa de los fiscales.

Artículo 97.- Prohibición de recusación.- Los peritos no podrán ser recusados. Sin embargo, el
informe no tendrá valor alguno, si el perito que lo presentó tuviere motivo de inhabilidad o excusa.

Artículo 98.- Contenido del informe pericial.- El informe pericial contendrá:
1. La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual lo observó el perito en
el momento de practicar el reconocimiento o examen;
2. El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la comisión del delito, en
cuanto fuere posible;
3. La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en que se cometió la
infracción y el de la práctica del reconocimiento;
4. El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la pericia;
5. Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y los motivos en que se
fundamentan;
6. La fecha del informe; y,
7. La firma y rúbrica del perito.
En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción, los peritos opinarán, en
forma debidamente motivada sobre si tal desaparición ha ocurrido por causas naturales o
artificiales.
El imputado y el acusado tienen derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a formular
observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de su derecho a interrogarle en la
audiencia.

Artículo 99.- Identificación del cadáver.- Si se tratare de delitos que consistan en la muerte de un
ser humano, el Fiscal o la Policía Judicial procurarán comprobar la identidad del cadáver, con las
declaraciones de personas que hubiesen conocido en vida al individuo de cuya muerte se trata o
por cualquier clase de medios científicos o técnicos.

Artículo 100.- Reconocimiento exterior y autopsia.- Practicada la identificación a la que se refiere
el artículo anterior, el Fiscal ordenará que los peritos médicos de la Policía Judicial, procedan al
reconocimiento exterior del cadáver y a su autopsia.
La autopsia será practicada por dichos peritos de manera prolija y abriendo las tres cavidades del
cadáver. En su informe los peritos deberán expresar el estado de cada una de ellas y las causas
evidentes o probables de la muerte, el día y la hora presumibles en que ocurrió la muerte, así como
el instrumento que pudo haber sido utilizado.

Artículo 101.- Muerte repentina.- En caso de muerte violenta o repentina de una persona o por un
hecho que se presuma delictivo, no podrá ser movido el cadáver mientras el Fiscal o la Policía
Judicial no lo autoricen. Antes de dar está autorización, el Fiscal o la Policía Judicial con los
peritos médicos examinarán detenidamente el cadáver, la situación en que se encuentra, las
heridas, contusiones y demás signos externos de violencia que presente.
Además el Fiscal o la Policía Judicial procederán a practicar los actos siguientes:
1. Reconocer el lugar del hecho en la forma indicada en el artículo 92;
2. Ordenar que se tomen las huellas digitales del cadáver;
3. Recoger todos los objetos y documentos que pudieren tener relación con el hecho, para su
posterior reconocimiento;
4. Disponer que se tomen fotografías del lugar, del cadáver y de los demás objetos que se
consideren necesarios; y,
5. Realizar la identificación, reconocimiento exterior y autopsia del cadáver.
Nota: Artículo reformado por Art. 7 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 102.- Imposibilidad de diligencias.- En los casos en que no fuere posible la práctica
inmediata de las diligencias de identificación y de obtención de fotografías, se prescindirá de ellas;
pero el Fiscal o la Policía Judicial dejarán constancia de las razones por las cuales no se
cumplieron.

Artículo 103.- Aborto.- En caso de aborto, los peritos harán constar en el informe los signos
demostrativos de la expulsión o destrucción violenta del feto, el tiempo probable del embarazo, las
causas que hayan determinado el hecho, si ha sido provocado y, las demás circunstancias que
deban tomarse en cuenta para apreciar integralmente la infracción.
En los delitos de carácter sexual y de aborto los peritos practicarán el reconocimiento sin la
presencia del Fiscal y del Secretario.

Artículo 104.- Muerte por envenenamiento.- Si se presumiera que la muerte fue causada por
envenenamiento, el Fiscal ordenará que los peritos de la Policía Judicial hagan el examen
toxicológico de los órganos afectados. De no haber dichos peritos en el lugar donde se sustancia el
proceso, o en la capital provincial, se enviarán los órganos a la facultad o instituto de química más
cercanos, en envases sellados, lacrados y rubricados por el Fiscal, para dicho examen.

Artículo 105.- Lesiones.- En caso de lesiones, los peritos las describirán minuciosamente y en el
informe dejarán constancia, de manera clara, del diagnóstico, del pronóstico y del instrumento que
pudo haberlas producido.
Los peritos, en lo posible, informarán sobre el estado de salud del lesionado al momento en que las
lesiones fueron producidas. De la misma manera, estarán obligados a establecer la época probable
en que se produjeron las lesiones y sus causas.

Artículo 106.- Delitos contra la propiedad.- En los procesos por delitos de robo, hurto y abigeato
se deberá justificar en el juicio tanto la preexistencia de la cosa sustraída o reclamada, como el
hecho de que se encontraba en el lugar donde se afirma que estuvo al momento de ser sustraída.
En el caso de abigeato, se presentará al juicio, de haberlos, los certificados de marcas y señales,
inscritos oficialmente para identidad del ganado, sin perjuicio de cumplir con lo ordenado en el
inciso anterior.
En las demás infracciones contra la propiedad se observará lo dispuesto en el inciso primero, en
cuanto fuere aplicable.

Artículo 107.- Avalúo y devolución de lo recuperado.- Sí lo sustraído o reclamado se hubiere
recuperado, se procederá a su reconocimiento y avalúo, con intervención de peritos. Hecho esto, se
cumplirá con lo dispuesto en el artículo 109.

Artículo 108.- Prohibición.- El Fiscal y la Policía Judicial pueden prohibir a cualquier persona,
aun haciendo uso de la fuerza pública, que se retire del lugar o salga del local en donde se cometió
la infracción, hasta que se practiquen los actos procesales que sean urgentes y necesarios.

Artículo 109.- Entrega de objetos.- Los objetos pertenecientes al acusador, al ofendido o a un
tercero, se entregarán a sus propietarios, poseedores o a quien legalmente corresponda,
inmediatamente después de reconocidos y descritos, pero a condición de que se los vuelva a
presentar cuando el Fiscal, el juez o el tribunal lo ordenen, bajo apercibimiento de apremio
personal.
Artículo 110.- Reconocimiento de instrumentos.- Los peritos reconocerán los instrumentos con
que se cometió la infracción, si pudieren ser habidos y, se entregarán a la Policía Judicial. Sí no
pudieren ser habidos, se expresará así en el informe.

Artículo 111.- Alteración o destrucción.- Si para practicar la pericia fuere necesario alterar o
destruir la cosa que ha de reconocerse, el Fiscal solicitará autorización al juez para que así se
proceda, y dispondrá que, de ser posible, se reserve una parte para que se conserve bajo custodia
de la Policía Judicial.

Artículo 112.- Reconstrucción del hecho.- En los casos en que el Fiscal lo considere necesario,
para el debido esclarecimiento de la verdad, practicará con la ayuda de la Policía Judicial la
reconstrucción del hecho para verificar si la infracción se ejecuto o pudo ejecutarse de un modo
determinado, tomando en cuenta los elementos de convicción que existan en el proceso.
En esta reconstrucción el agraviado, el imputado, si voluntariamente quisiere concurrir, y los
testigos, relatarán los hechos en el lugar donde ocurrieron, teniendo a la vista, si fuere posible, los
objetos relacionados con la infracción.

Artículo 113.- Copias autenticadas.- Practicado el reconocimiento, el Secretario sacará copias
auténticas del nombramiento y posesión de los peritos, de las diligencias de reconocimiento y de
los informes, y las conservará en el archivo del Ministerio Público.

Artículo 114.- Validez de actos procesales.- Si siendo en sí válidos los actos de reconocimiento
previstos en este capítulo, se declarare nulo el proceso, no habrá necesidad de que se proceda a un
nuevo reconocimiento, pues dichos actos conservarán toda su eficacia jurídica.
Tampoco se necesitará nuevo reconocimiento o pericia cuando el proceso se hubiese perdido o
destruido. En éstos casos bastarán las copias indicadas en el artículo anterior y, a falta de ellas, será
suficiente que los peritos presten declaración jurada respecto de lo que fue materia del
reconocimiento y de los informes.

Artículo 115.- Obligatoriedad de la prueba.- Si el imputado, al rendir su testimonio, se declarare
autor de la infracción, ni el juez ni el tribunal quedarán liberados de practicar los actos procesales
de prueba tendientes al esclarecimiento de la verdad.

Artículo 116.- Constancia en acta.- De todo lo actuado en los actos periciales, se dejará constancia
en acta, que será suscrita por el Fiscal, el Secretario y los peritos.

CAPITULO III

LA PRUEBA TESTIMONIAL

SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 117.- Clasificación.- La prueba testimonial se clasifica en testimonio propio, testimonio
del ofendido y testimonio del imputado.
Artículo 118.- Protección de testigos.- Los testigos tendrán derecho a la protección del Ministerio
Público para que se garantice su integridad personal, su comparecencia al juicio y la fidelidad de
su testimonio.

Artículo 119.- Recepción.- La prueba testimonial se recibirá, por regla general en la etapa del
juicio ante el tribunal penal, pero durante la instrucción los jueces penales pueden recibir los
testimonios de los enfermos, de los que van a salir del país y de aquellos que demuestren que no
podrán concurrir al tribunal.
Los testimonios que se rindan ante el Tribunal serán grabados y las grabaciones se agregarán al
acta de la audiencia.
Sin embargo, el Fiscal antes del juicio podrá recoger las versiones del sospechoso, del imputado,
del ofendido, y de terceros sobre los hechos y circunstancias materia de la investigación o de la
instrucción. Estas informaciones solamente tendrán valor de prueba, cuando sean ratificadas
mediante testimonio rendido en la audiencia.

Artículo 120.- Constancia escrita.- Toda declaración será oral, excepto la de aquellos que pueden
informar por escrito. El juez ordenará que se la reduzca a escrito debiendo ser la diligencia un fiel
reflejo de lo expuesto por el declarante. La diligencia será firmada por el juez, el secretario, el
intérprete o el curador, si hubieran intervenido, y por el deponente. Si este no supiere, no quisiere o
no pudiere firmar, firmará por él un testigo en presencia del juez y del secretario, quien dejará
constancia de este hecho en la diligencia. Además, el testigo que no supiere firmar estampará la
huella digital del pulgar derecho.

Artículo 121.- Designación de intérprete.- Cuando el declarante no sepa el idioma castellano, el
juez o el tribunal nombrará y posesionará, en el mismo acto, a un intérprete para que traduzca las
preguntas y las respuestas de quien rinde el testimonio y, unas y otras se escribirán en castellano.

Artículo 122.- Declarante sordomudo.- Si el declarante es sordomudo, rendirá su testimonio por
escrito; y si no sabe escribir, el juez o el tribunal recibirán la declaración con el auxilio de un
intérprete, o en su falta, de una persona acostumbrada a entender al declarante. A uno u otro, se le
posesionará en el mismo acto.

SECCION SEGUNDA

EL TESTIMONIO PROPIO


Artículo 123.- Testimonio propio.- Es el que rinde un tercero que no es parte en el proceso ni
ofendido por la infracción.

Artículo 124.- Valor probatorio.- El testimonio propio no tendrá valor como prueba de
culpabilidad, si de las demás pruebas no aparece demostrada la existencia de la infracción.

Artículo 125.- Admisión.- Con excepción del testimonio de las personas mencionadas en el
artículo siguiente, no se rechazará el de persona alguna.

Artículo 126.- Testimonio inadmisible.- No serán obligados a declarar los parientes del acusado
comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni su cónyuge ni
conviviente en unión de hecho.
No se recibirá el testimonio de las personas depositarias de un secreto en razón de su profesión,
oficio o función, si la declaración versa sobre la materia del secreto. En caso de haber sido
convocadas, deben comparecer, explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar el
secreto y abstenerse de declarar.

Artículo 127.- Testimonio de menores.- Los menores de dieciocho años declararán sin juramento,
pero con la presencia de un curador que en el mismo acto nombrará y posesionará el tribunal.

Artículo 128.- Testimonios individuales.- Los testigos declararán de uno en uno y se les tendrá
separados de modo que no pueda oír el uno lo que declara el otro.

Artículo 129.- Obligatoriedad.- Están obligados a comparecer personalmente a rendir su
testimonio todas las personas que conozcan de la comisión de la infracción.
El Fiscal, el Juez o el Tribunal pueden hacer uso de la fuerza pública para la comparecencia del
testigo que no cumpliere esta obligación.

Artículo 130.- Residentes fuera del lugar.- Si el testigo no residiere en la provincia en la que se
tramita el proceso, no estará obligado a comparecer para rendir su testimonio, sino ante el juez
penal del lugar de su residencia, a quien se le remitirán los despachos respectivos.
Si el testigo consiente en concurrir a declarar ante el tribunal, se estará a lo dispuesto en el Código
de Procedimiento Civil, en cuanto a la indemnización.
Si el testigo se halla en el extranjero, se debe proceder conforme a los Convenios de Cooperación
Judicial suscritos por el Estado o la costumbre internacional.

Artículo 131.- Testigo imposibilitado.- Si el testigo estuviere físicamente imposibilitado para
comparecer, el Tribunal Penal comisionará a un juez penal para que reciba su declaración.

Artículo 132.- Testimonio mediante informe.- Si la persona que ha de rendir el testimonio fuere un
funcionario que debe informar, se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 133.- Juramento.- El testigo, al declarar, prestará juramento, de acuerdo con su religión o
por su honor, de decir la verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntado. El Presidente del
Tribunal, después de advertirle sobre las penas con que se sanciona el perjurio, le preguntará sus
nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y residencia, estado civil, oficio o profesión y si
está incurso en alguno de los casos del artículo 126.

Artículo 134.- Declaración.- El Presidente dispondrá que el testigo relate todo lo que sepa sobre la
infracción objeto del proceso, con determinación de los autores y partícipes, así como de las
personas que vieron cometerla y del lugar, fecha y hora en que se produjo.
El testigo dejará constancia de la forma cómo llegó a conocer lo que ha declarado.

Artículo 135.- Preguntas de los jueces.- De inmediato los jueces del tribunal preguntarán al testigo
lo que creyeren pertinente, disponiendo que responda de manera concreta y precisa.

Artículo 136.- Prohibición de interrupción.- Las partes procesales no podrán interrumpir las
declaraciones. Rendida la declaración, dichas partes podrán interrogar al testigo, de manera oral,
sin perjuicio de que si, con anterioridad, se hubiesen presentado preguntas por escrito, deban
también ser contestadas por el testigo.
No se podrán formular al testigo preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.
Cualquiera de las partes puede objetar una pregunta y el Presidente del Tribunal quedará obligado
a calificarla para que el testigo la conteste o se abstenga de hacerlo.
Artículo 137.- Detención de testigos sospechosos.- El Presidente del Tribunal podrá ordenar la
detención, como sospechoso de faltar a sabiendas a la verdad, del testigo variante o que discordare
consigo mismo, del que usare respuestas evasivas o del que en su declaración vacilare de un modo
equívoco, siempre que estas circunstancias no procedan de la rusticidad o torpeza del testigo.

Artículo 138.- Obligatoriedad de nueva comparecencia.- Los testigos volverán a declarar cuantas
veces lo ordene el Presidente del Tribunal.

Artículo 139.- Testimonio urgente.- Estas disposiciones se aplicarán al testimonio urgente que,
reciba el juez durante la instrucción fiscal.

SECCION TERCERA

EL TESTIMONIO DEL OFENDIDO


Artículo 140.- Comparecencia obligatoria.- Cuando el ofendido haya presentado acusación
particular, estará obligado a comparecer ante el tribunal penal, para rendir su testimonio con
juramento.
La declaración del ofendido por sí sola, no constituye prueba.

Artículo 141.- Contenido del testimonio del ofendido.- Una vez que el ofendido haya declarado su
nombre, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y residencia, estado civil, oficio o profesión, será
interrogado acerca de los datos siguientes:
1. Los nombres y apellidos de quienes participaron en la infracción;
2. El día, fecha, hora y lugar en que fue cometida;
3. Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la infracción y de las que supieron
que iba a ser cometida;
4. Los nombres y apellidos de las personas que pueden dar datos para descubrir a los que actuaron
en la comisión de la infracción y que, hasta el momento sean desconocidas;
5. Los nombres y apellidos de quienes puedan suministrar datos para descubrir el paradero de los
imputados;
6. La indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción;
7. Los daños sufridos como consecuencia de la infracción; y,
8. La forma en que fue cometida.

Artículo 142.- Derecho de las partes: Las partes procesales pueden ejercer el derecho que les
concede el artículo 136 de este Código.

SECCION CUARTA

EL TESTIMONIO DEL ACUSADO


Artículo 143.- Valor del testimonio.- El acusado no podrá ser obligado a declarar en contra de sí
mismo, pero podrá solicitar que se reciba su testimonio en la etapa del juicio, ante el tribunal
penal. Su testimonio servirá como medio de defensa y de prueba a su favor, pero de probarse la
existencia del delito, la admisión de culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria, dará al
testimonio del acusado el valor de prueba contra él.
Si así lo solicitare de manera expresa el acusado, su testimonio podrá prestarse bajo juramento.
En todo caso, antes de comenzar la declaración, se debe comunicar detalladamente al acusado el
acto que se le atribuye, un resumen de los elementos de prueba existentes y del tipo de infracción
que se le imputa.

Artículo 144.- Indivisibilidad.- El testimonio del acusado es indivisible; por lo tanto, el tribunal
penal debe hacer uso de toda la declaración o de ninguna de sus partes, excepto cuando haya
graves presunciones contra la parte favorable al acusado.

CAPITULO IV

LA PRUEBA DOCUMENTAL


Artículo 145.- Prueba documental.- Es la que está constituida por documentos públicos o
privados.

Artículo 146.- Valor probatorio.- La valoración de la prueba documental se hará por la calidad de
documentos públicos o privados, así como por su relación con el conjunto de las demás pruebas
que obren en el proceso.

Artículo 147.- Prohibición.- No se obligará al imputado ni al acusado a que reconozca documentos
ni la firma constante en ellos, pero se aceptará su reconocimiento voluntario.

Artículo 148.- Prueba pericial.- Cuando el documento fuere impugnado el Fiscal o el Juez podrán
ordenar la prueba pericial, con intervención de especialistas de la Policía Judicial.

Artículo 149.- Informes.- Los fiscales, jueces y tribunales pueden requerir informes sobre datos
que consten en registros, archivos, incluyendo los informáticos.
El incumplimiento de estos requerimientos, la falsedad del informe o el ocultamiento de datos,
serán sancionados con una multa equivalente al cincuenta por ciento de un salario mínimo vital
general, sin perjuicio de la responsabilidad panal, si el hecho constituye un delito.
Los informes se solicitarán por escrito, indicando el proceso en el cual se requieren, el nombre del
imputado, el lugar donde debe ser entregado el informe, el plazo para su presentación y la
prevención de las sanciones previstas en el inciso anterior.

Artículo 150.- Inviolabilidad.- La correspondencia epistolar, telegráfica, telefónica, cablegráfica,
por télex o por cualquier otro medio de comunicación, es inviolable. Sin embargo el juez podrá
autorizar al Fiscal, a pedido de este, para que por sí mismo o por medio de la Policía Judicial la
pueda retener, abrir, interceptar y examinar, cuando haya suficiente evidencia para presumir que tal
correspondencia tiene alguna relación con el delito que se investiga o con la participación del
sospechoso o del imputado.

Artículo 151.- Apertura y examen.- Para proceder a la apertura y examen de la correspondencia
referida en el artículo anterior, se notificará previamente al interesado y con su concurrencia o en
su falta, se leerá la correspondencia o el documento en forma reservada.
Si el documento estuviere relacionado con la infracción que se juzga, se la agregará al expediente
después de rubricado; y sino lo estuviera, se la devolverá al lugar de donde fue tomado.
Artículo 152.- Otros documentos.- Cuando la infracción o la culpabilidad del encausado se
pudieren probar por documentos que no sean de los mencionados en el Art. 150, el Fiscal los
examinará. No podrá hacerse este examen sino en presencia del imputado o de su defensor, si los
hubiere, o, a falta de estos, ante dos testigos, quienes jurarán guardar reserva. Se redactará el acta
de la diligencia, que deberá ser firmada por los concurrentes. Si los documentos contuvieren datos
relacionados con la infracción, se los agregará al expediente, después de rubricados. En caso
contrario, se los devolverá al interesado.
Nota: Artículo reformado por Art. 8 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 153.- Acta.- El Fiscal redactará el acta de apertura y el examen sin transcribir el texto de
los documentos y la firmará con los concurrentes.

Artículo 154.- Uso restringido.- De la correspondencia y de los otros documentos agregados al
proceso no se hará otro uso que el conveniente para esclarecer la verdad sobre la infracción y sus
participantes. De la que no se hubiere agregado, no se hará uso judicial ni extrajudicial alguno. El
Fiscal y quienes hubieran intervenido en el acto guardarán completa reserva de su contenido.

Artículo 155.- Intercepción y grabaciones.- El juez puede autorizar por escrito al Fiscal para que
intercepte y registre conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considere indispensable
para impedir la consumación de un delito, o para comprobar la existencia de uno ya cometido, o la
responsabilidad de los partícipes.
La cinta grabada deberá ser conservada por el Fiscal, con la transcripción suscrita por la persona
que la escribió.
Las personas encargadas de interceptar, grabar y transcribir la comunicación tienen la obligación
de guardar secreto sobre su contenido, salvo cuando se las llame a declarar en el juicio.
Nota: Título del artículo reformado por Art. 9 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743
de 13 de Enero del 2003.

Artículo 156.- Documentos semejantes.- El juez autorizará al Fiscal para el reconocimiento de las
grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como de películas, registros informáticos,
fotografías, discos u otros documentos semejantes. Para este efecto, con la intervención de dos
peritos que jurarán guardar reserva, el Fiscal, en audiencia privada, procederá a la exhibición de la
película o a escuchar el disco o la grabación y a examinar el contenido de los registros
informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo juramento.
El Fiscal podrá ordenar la identificación de voces grabadas por personas que afirmen poder
reconocerlas, sin perjuicio de ordenar el reconocimiento por medios técnicos o con intervención
pericial.
Si los predichos documentos tuvieren alguna relación con el objeto y sujetos del proceso, el Fiscal
ordenará redactar la diligencia haciendo constar en ella la parte pertinente al proceso. Si no la
tuvieren, se limitará a dejar constancia, en el acta, de la celebración de la audiencia y ordenará la
devolución de los documentos al interesado.

Artículo 157.- Documentos públicos.- Si los documentos formaren parte de otro proceso o
registro, o si reposan en algún archivo público, se obtendrá copia certificada de ellos y no se los
agregará originales sino cuando fuere indispensable para constancia del hecho. En este último caso
la copia quedará en dicho archivo, proceso o registro y, llenada la necesidad se devolverán los
originales, dejando la copia en el proceso.

Artículo 158.- Uso limitado.- No se podrá hacer uso procesal o extraprocesal de ninguna de las
noticias que suministren los documentos mencionados en los artículos precedentes, si versan sobre
asuntos inconexos con el proceso. Quien violare esta prohibición será sancionado en la forma
prevista en el Código Penal.

LIBRO TERCERO

LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPITULO I

REGLAS GENERALES


Artículo 159.- Finalidades.- A fin de garantizar la inmediación del imputado o acusado con el
proceso, el pago de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido y las costas procesales, el
juez podrá ordenar medidas cautelares de carácter personal o de carácter real.
Su aplicación debe ser restrictiva.
Se prohíbe imponer medidas cautelares no previstas en este Código.

Artículo 160.- Clases.- Las medidas cautelares de carácter personal son la detención, la prisión
preventiva y la detención en firme. Las medidas cautelares de carácter real son la prohibición de
enajenar bienes, el secuestro, la retención y el embargo.
La detención en firme se dispondrá en todos los casos en que se dicte auto de llamamiento a juicio,
de conformidad con el artículo 232 de este código y sólo podrá ser revocada mediante sentencia
absolutoria y suspendida en los delitos sancionados con prisión.
Nota: Artículo sustituido por Art. 10 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

CAPITULO II

LA APREHENSION


Artículo 161.- Detención por delito flagrante.- Los agentes de la Policía Judicial o de la Policía
Nacional pueden aprehender a una persona sorprendida en delito flagrante de acción pública o
inmediatamente después de su comisión; y la pondrán a órdenes del juez competente dentro de las
veinticuatro horas posteriores. En caso del delito flagrante, cualquier persona está autorizada a
practicar la aprehensión, pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a la policía y ésta, a su
vez, al juez competente.

Artículo 162.- Delito flagrante.- Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más
personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión, si el autor es
aprehendido con armas, instrumentos, huellas o documentos relativos al delito recién cometido.

Artículo 163.- Agentes de la aprehensión.- Nadie podrá ser aprehendido sino por los agentes a
quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de delito flagrante, de conformidad con las
disposiciones de este Código.
Sin embargo y además del caso de delito flagrante, cualquier persona puede aprehender:
1. Al que fugue del establecimiento de Rehabilitación Social en que se hallare cumpliendo su
condena o detenido con auto de detención o con auto de prisión preventiva; y,
2. Al imputado o acusado, en contra de quien se hubiere dictado orden de prisión preventiva, o al
condenado que estuviese prófugo.
Si el aprehensor fuere una persona particular, pondrá inmediatamente al aprehendido a órdenes de
un agente de la Policía Judicial o de la Policía Nacional.

CAPITULO III

LA DETENCION


Artículo 164.- Detención.- Con el objeto de investigar un delito de acción pública, a pedido del
Fiscal, el juez competente podrá ordenar la detención de una persona contra la cual haya
presunciones de responsabilidad.
Esta detención se ordenará mediante boleta que contendrá los siguientes requisitos:
1. Los motivos de la detención;
2. El lugar y la fecha en que se la expide; y,
3. La firma del juez competente.
Para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a un agente de la Policía
Judicial.

Artículo 165.- Limite.- La detención de que trata el artículo anterior no podrá exceder de
veinticuatro horas. Dentro de este lapso, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en el
delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad. En caso contrario, de haber mérito
para ello, se dictará auto de instrucción Fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente.

Artículo 166.- Comunicación.- Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma
clara las razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los agentes que
la llevan a cabo y la de los responsables del respectivo interrogatorio.
También será informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un
abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Será sancionado
quien haya detenido a una persona, con o sin orden escrita del juez, y no justifique haberla
entregado inmediatamente a la autoridad competente.
La misma comunicación se debe realizar a una persona de confianza que indique el imputado y a
su defensor.

CAPITULO IV

LA PRISION PREVENTIVA


Artículo 167.- Prisión preventiva.- Cuando el juez lo crea necesario para garantizar la
comparecencia del imputado o acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena,
puede ordenar la prisión preventiva, siempre que medien los siguientes requisitos:
1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública;
2. Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del delito; y,
3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.
Nota: Artículo reformado por Art. 11 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.
Artículo 168.- Competencia, forma y contenido de la decisión.- El auto de prisión preventiva solo
puede ser dictado por el juez competente, por propia decisión o a petición del Fiscal y debe
contener:
1. Los datos personales del imputado o, si se ignoran, los que sirvan para identificarlo;
2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le imputan y su calificación delictiva;
3. La fundamentación clara y precisa de cada uno de los presupuestos previstos en el artículo
anterior; y,
4. La cita de las disposiciones legales, aplicables.
Nota: Artículo reformado por Art. 12 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 169.- Caducidad de la prisión preventiva.- La prisión preventiva no podrá exceder de seis
meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con
reclusión.
En ambos casos, el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo
efectivo el auto de prisión preventiva.
Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la
responsabilidad del juez que conoce la causa.
Cuando se excedieren los plazos dispuestos por las normas constitucionales y del Código del
Procedimiento Penal y se produjere la caducidad de la prisión preventiva, concediéndose, como
consecuencia de ello la libertad de quien se halle efectivamente privado de ella, el Juez o Tribunal
competente, remitirá obligatoriamente e inmediatamente el expediente completo de cada caso al
Consejo Nacional de la Judicatura, órgano que llevará un registro individualizado de estos hechos.
Nota: Artículo reformado por Art. 13 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 170.- Revocatoria o suspensión de la prisión preventiva.
La prisión preventiva debe revocarse o suspenderse en los siguientes casos:
1. Cuando se hubieren desvanecido los indicios que la motivaron; 2. Cuando el imputado o
acusado hubiere sido sobreseído;
3. Cuando el juez considere conveniente su sustitución por otra medida preventiva alternativa; y,
4. Cuando su duración exceda los plazos previstos en el

Artículo 169.
Se suspenderá la prisión preventiva cuando el imputado o acusado rinda caución.
Vencido los plazos previstos en el numeral 4, no se puede decretar nuevamente la orden de prisión
preventiva, salvo la detención en firme.
Nota: Artículo reformado por Art. 14 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 171.- Sustitución.- Siempre que se trate de un delito sancionado con pena que no exceda
de cinco años y que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por delito, el juez o
tribunal puede ordenar una o varias de las siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva:
1. El arresto domiciliario, con la vigilancia policial que el juez o tribunal disponga;
2. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal o ante la autoridad que él
designe; y,
3. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije
el juez o tribunal.
Cualquiera que fuere el delito, la prisión preventiva será sustituida por el arresto domiciliario en
todos los casos en que el imputado o acusado sea una persona mayor de sesenta y cinco años de
edad o que se trate de una mujer embarazada y hasta noventa días después del parto. En estos casos
también procede la caducidad prevista en el artículo 169 de este Código.

Artículo 172.- El imputado o el Fiscal, pueden apelar de la orden de prisión preventiva impuesta o
negada por el Juez, ante el superior de quien dicte la medida.
Para conocer y resolver la apelación, se enviará copia del proceso al Superior.
La Sala a la que le corresponda, resolverá por el mérito de lo actuado en un plazo de cinco días; de
no hacerlo, el superior jerárquico impondrá a los respectivos magistrados la multa de un salario
mínimo vital por cada día de retraso; si el atraso fuere causado por una de las salas de la Corte
Suprema la sanción será impuesta por el Tribunal en Pleno, con exclusión de los magistrados que
incurrieron en el retraso.
Nota: Artículo reformado por Art. 15 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 173.- Prohibición.- No se puede ordenar la prisión preventiva en los juicios por delitos de
acción privada, en los que no tengan prevista pena privativa de libertad, ni en las infracciones que
se sancionan con una pena que no exceda de un año de prisión, independientemente de la pena que
pueda imponerse en la sentencia.

CAPITULO IV-A

LA DETENCION EN FIRME


Artículo 173-A.- Detención en Firme.- A fin de contar con la presencia del acusado en la etapa del
juicio y evitar en suspensión, en el auto de llamamiento a juicio, el Juez que conoce la causa
deberá obligatoriamente ordenar la detención en firme del acusado, con excepción de los casos
siguientes:
1.- Para quien haya sido calificado como presunto encubridor; y, 2.- Para quienes estén siendo
juzgados por una infracción cuya pena no exceda de un año de prisión.
Si el acusado tuviera en su contra orden de prisión preventiva, al dictarse el auto de llamamiento a
juicio se le cambiará por la detención en firme.
Una vez ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio con la respectiva orden de privación de la
libertad, el juez o tribunal de lo penal competente deberá dictar sentencia en un plazo no mayor de
noventa días. Si no lo hicieren dentro de este plazo, actuarán los suplentes o conjueces, quienes en
el plazo de cuarenta y cinco días deberán resolver el proceso. Tanto los jueces principales como los
suplentes serán civilmente responsables por el retraso en la administración de justicia y el Consejo
Nacional de la Judicatura examinará su conducta y procederá a sancionarlos con la destitución.
El Consejo Nacional de la Judicatura proporcionará la logística para que los jueces resuelvan
dentro de los plazos indicados
Nota: Capítulo y artículo agregados por Art. 16 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743
de 13 de Enero del 2003.
Nota: Artículo reformado por Art. 9 de Ley No. 30, publicada en Registro Oficial 227 de 13 de
Marzo del 2006.

Artículo 173-B.- Apelación.- Si se interpusiese recurso de apelación del auto de llamamiento a
juicio, la orden de detención en firme no será suspendida.
Nota: Artículo agregado por Art. 16 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.
CAPITULO V

LA CAUCION


Artículo 174.- Suspensión.- Se suspenderán los efectos del auto o de la detención en firme, cuando
el imputado rindiere caución a satisfacción del juez competente, caución que podrá consistir en
dinero, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por una institución financiera.
Nota: Artículo reformado por Art. 17 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 175.- Prohibiciones.- No se admitirá caución en los siguientes casos:
1. En los delitos sancionados con reclusión:
2. Cuando el imputado hubiera sido condenado anteriormente por delito de acción pública; y,
3. Cuando el imputado o el acusado por cualquier motivo hubiese ocasionado la ejecución de la
caución en el mismo proceso.

Artículo 176.- Aceptación y monto.- Ofrecida la caución, el juez la aceptará si la considera
ajustada a la ley, en caso contrario, la rechazará. En la providencia que la admita, fijará su monto
teniendo como base los siguientes rubros:
1. Un valor que vaya de uno a dos mil salarios mínimos del trabajador en general, calculado cada
salario en la suma de cuatro dólares, según la gravedad del delito y la situación económica del
procesado;
2. El máximo de la multa fijada para la infracción;
3. El valor estimativo de las costas procesales;
4. El valor estimativo de los daños y perjuicios causados al agraviado, cuando haya acusación
particular.
Nota: Artículo reformado por Art. 18 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 177.- Obligaciones del garante.- El garante se obliga a presentar al imputado cuando el
juez lo ordene o a pagar el valor total de la caución.
Para la imposición de estas obligaciones al garante bastará que transcurra el tiempo señalado por el
juez para la presentación del imputado, plazo que no podrá exceder de diez días.

Artículo 178.- Caución hipotecaria.- Si la caución fuere hipotecaria, la solicitud para su aceptación
deberá ser presentada ante el juez, acompañada del certificado del Registrador de la Propiedad del
cantón en donde estuvieren situados los bienes del garante y del certificado del avalúo municipal
correspondiente.

Artículo 179.- Fianza.- Si se ofreciere fianza, la solicitud para su aceptación estará acompañada de
la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2276 del
Código Civil.

Artículo 180.- Caución prendaria.- Si la caución ofrecida fuere prendaria, la solicitud estará
acompañada de los documentos que acrediten el dominio saneado del bien ofrecido en prenda.

Artículo 181.- Instrumentación y sustitución.- Aceptada que fuere por el juez la fianza, la prenda o
la hipoteca, se otorgará por escritura pública. Las dos últimas se inscribirán en el Registro de la
Propiedad o en el Registro Mercantil del respectivo cantón.
Las garantías otorgadas por las instituciones financieras no requieren escritura pública.
Con aceptación del juez se podrán sustituir la caución o el garante.

Artículo 182.- Garantía pecuniaria.- El imputado o acusado podrá, por sí mismo u otra persona por
él, dar garantía, consignando su valor en efectivo o en cheque certificado.

Artículo 183.- Valor.- El valor del bien hipotecado o prendado no será inferior al monto de la
garantía fijada por el juez. La fianza se dará presentando los correspondientes certificados que
acrediten que el garante es propietario de bienes con un avalúo igual o superior al duplo del monto
de dicha garantía.

Artículo 184.- Domicilios judiciales.- El imputado y el garante, al momento de ofrecer la caución,
señalarán sus respectivos domicilios para las notificaciones judiciales que deban hacérseles.
Las notificaciones se harán también al garante cuando se relacionen con sus obligaciones.

Artículo 185.- Efectos de la no comparecencia.- Si el imputado no compareciere al llamamiento
dentro del plazo fijado, se decretará orden de prisión contra él y, de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 177, se fijará plazo al garante para que lo presente, bajo apercibimiento
de ejecutarse la caución.
Si en el plazo fijado el garante no presentare al imputado, se ejecutará la caución. El garante podrá
señalar, para el embargo, bienes del encausado.

Artículo 186.- Destino de la caución.- Hecha efectiva la caución, su monto corresponderá en un
cincuenta por ciento a la Función Judicial y, en un porcentaje igual, al Ministerio Público,
excluyendo los valores estimados en el numeral 4 del artículo 176 de este Código, que servirán
para pagar daños y perjuicios si los hubieren.

Artículo 187.- Responsabilidad del Juez.- El juez que admita caución que no reúna los requisitos
prescritos en este capítulo, responderá por el monto de la caución.

Artículo 188.- Continuación del proceso.- El imputado no quedará liberado de la pena por haberse
hecho efectiva la caución, debiendo continuar la sustanciación del proceso. Si el imputado o
acusado fuere sobreseído o absuelto, no tendrá derecho a la devolución de los valores erogados con
motivo de la ejecución de la caución.

Artículo 189.- Cancelación de la caución.- El juez cancelará la caución en los siguientes casos:
1. Cuando el garante lo pida, presentando al imputado;
2. Cuando el acusado se presentare al cumplimiento de la pena;
3. Cuando se dicte el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria;
4. Por muerte del imputado o acusado;
5. Cuando quedare firme la sentencia que imponga condena de ejecución condicional;
6. Cuando se revoque el auto de prisión preventiva; y,
7. Cuando se dicte el auto de prescripción de la acción.

Artículo 190.- Acción del garante.- Una vez pagada la caución, solo quedan al garante contra el
garantizado las acciones previstas en el Derecho Civil.
CAPITULO VI

LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES


Artículo 191.- Modalidades.- Para asegurar las indemnizaciones civiles, las penas pecuniarias y el
valor de las costas procesales, el juez podrá ordenar sobre los bienes de propiedad del imputado el
secuestro, la retención o la prohibición de enajenar. Estas medidas cautelares sólo podrán dictarse
cuando se encontraren reunidos los mismos requisitos previstos para la prisión preventiva.

Artículo 192.- Monto.- Todas las medidas cautelares de carácter real comprenderán bienes por
valores suficientes para garantizar las obligaciones a las que se refiere el artículo anterior, valores
que serán fijados por el juez, con equidad, al momento de dictar el auto en que ordene la respectiva
medida.

Artículo 193.- Embargo.- El embargo de bienes se dispondrá en todo caso en que se expida el auto
de apertura del juicio, por una cantidad equivalente al valor de la multa, las costas procesales y las
indemnizaciones civiles, si hubiere acusación particular. El encausado puede rendir caución, si
prefiere.
La prohibición de enajenar y el embargo de inmuebles se inscribirán obligatoriamente y en forma
gratuita por los registradores de la propiedad.

CAPITULO VII

EL ALLANAMIENTO


Artículo 194.- Casos.- La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada sino en los
casos siguientes:
1. Cuando se trate de aprehender a una persona contra la que se haya librado mandamiento de
prisión preventiva o se haya pronunciado sentencia condenatoria a pena privativa de libertad;
2. Cuando se persiga a una persona que acaba de cometer un delito flagrante;
3. Cuando se trate de impedir la consumación de un delito que se está cometiendo o de socorrer a
las víctimas; y,
4. Cuando el juez trate de recaudar la cosa sustraída o
reclamada o los objetos que constituyan medios de prueba.
En los casos de allanamiento de domicilio de un tercero, se requerirá auto del juez basado en
indicios de que el prófugo estuviere ahí, salvo en los casos de los numerales 2 y 3.
En los casos de los numerales 2 y 3 no se requiere formalidad alguna.
Para los efectos de este capítulo, se tendrá por vivienda a cualquier construcción o edificación de
propiedad privada.

Artículo 195.- Auto,. El allanamiento de la vivienda del acusado o del sentenciado, en los casos
determinados del numeral 4 del artículo anterior, será autorizado por el juez mediante auto
fundamentado.
Para el allanamiento de la vivienda de otras personas, es necesario que el auto tenga como
antecedente presunciones graves respecto a que el imputado o los objetos indicados en el numeral
4 del artículo precedente, se encuentran en ese lugar.
Artículo 196.- Desconocimiento de fuero.- El allanamiento se efectuará no obstante cualquier
fuero del habitante de la morada.

Artículo 197.- Precauciones.- Para evitar la fuga de personas o la extracción de las armas,
instrumentos, objetos o documentos que se trate de aprehender, y mientras se ordena el
allanamiento, el juez podrá disponer la vigilancia del lugar, con orden de detener y conducir a su
presencia a las personas que salgan y de aprehender las cosas que se extraigan.

Artículo 198.- Participantes.- Al allanamiento irá el Fiscal, acompañado de la Policía Judicial, sin
que puedan ingresar al lugar que debe allanarse otras personas que no sean las autorizadas por el
Fiscal.

Artículo 199.- Ejecución.- Si presentada la orden de allanamiento, el dueño o el habitante de la
vivienda se resistiere a la entrega de la persona o de las cosas, o a la exhibición de aposentos o
arcas, el Fiscal ordenará el quebrantamiento de las puertas o cerraduras.

Artículo 200.- Inspección e Incautación.- Practicado el allanamiento, el Fiscal inspeccionará en
presencia de los concurrentes las dependencias del local allanado, las armas, documentos u objetos
concernientes a la infracción y entregará a la Policía Judicial lo que mandare a recoger a
consecuencia del allanamiento, previo inventario y descripción detallada.

Artículo 201.- Documentos.- Los documentos que, por su naturaleza puedan incorporarse al
proceso, una vez rubricados por el Fiscal serán agregados a los autos, después de cumplir lo
dispuesto en este Código en relación con la prueba documental.

Artículo 202.- Acta.- Concluido el allanamiento, se harán constar en acta, que se agregará al
proceso, los incidentes y resultados de la diligencia.

Artículo 203.- Lugares públicos.- Para allanar los lugares públicos como el Palacio de Gobierno,
los locales de los juzgados y tribunales de justicia, o las oficinas públicas, el juez avisará,
previamente, a los funcionarios respectivos, haciéndoles conocer la necesidad del allanamiento.
Para allanar el recinto del Congreso Nacional se necesita el consentimiento previo del Congreso o
de su Presidente.

Artículo 204.- Misiones diplomáticas.- Para extraer al prófugo del local de una Misión
Diplomática o Consular, o de la residencia de un Jefe de Misión Diplomática, o Jefe de Oficina
Consular, o de los miembros de las respectivas Misiones, el juez se dirigirá con copia del proceso
al Ministro de Relaciones Exteriores, solicitándole que reclame su entrega.
En caso de negativa o silencio del agente diplomático o consular el allanamiento no podrá
realizarse.
En todo caso, se estará a lo dispuesto en las Convenciones y normas internacionales vigentes en el
Ecuador sobre la materia.

Artículo 205.- Naves y aeronaves.- Para aprehender a los prófugos que se hubieran refugiado en
una nave o en una aeronave de guerra extranjeras que estuvieran en el territorio de la República, la
reclamación de entrega se hará siguiendo las disposiciones del artículo anterior, inclusive en los
casos de negativa o silencio del comandante de la nave o aeronave.
LIBRO CUARTO

ETAPAS DEL PROCESO

TITULO I

LA INSTRUCCION FISCAL Y LA POLICIA JUDICIAL


Artículo 206.- Etapas.- Por regla general el proceso penal se desarrolla en las etapas siguientes:
1. La Instrucción Fiscal;
2. La Etapa Intermedia;
3. El Juicio; y
4. La Etapa de Impugnación.

CAPITULO I

POLICIA JUDICIAL


Artículo 207.- Policía Judicial.- La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar del Ministerio Público,
integrada por personal especializado de la Policía Nacional. Su funcionamiento se sujetará a las
disposiciones contempladas en la Constitución Política de la República, en este Código y el
reglamento respectivo.

Artículo 208.- Investigación.- La Policía Judicial realizará la investigación de los delitos de acción
pública y de instancia particular, bajo la dirección y control del Ministerio Público, a fin de reunir
o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el
tiempo y según las formalidades previstas en este Código.

Artículo 209.- Deberes y atribuciones de la Policía Judicial. Corresponde a la Policía Judicial lo
siguiente:
1. Dar aviso al Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia que tenga sobre un
delito de acción pública;
2. Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el juez competente;
3. Proceder a la aprehensión de las personas sorprendidas en delito flagrante, y ponerlas dentro de
las veinticuatro horas siguientes a órdenes del juez competente, junto con el parte informativo para
que el juez confirme o revoque la detención de lo cual informará en forma simultánea al Fiscal;
4. Auxiliar a las víctimas del delito;
5. Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma establecida en este Código.
6. Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la infracción, a fin de que los
peritos puedan
reconocerlos y describirlos de acuerdo con la ley: y,
7. Realizar la identificación de los imputados.

Artículo 210.- Actos probatorios urgentes.- En caso de urgencia, la policía debe requerir
directamente al juez que practique algún acto probatorio, sin perjuicio de notificar de inmediato al
Fiscal.
Artículo 211.- Respeto de los derechos humanos.- Los miembros de la Policía Judicial están
obligados a observar estrictamente las formalidades legales y reglamentarias en cuantas diligencias
les corresponda practicar y se abstendrán, bajo su responsabilidad, de usar medios de averiguación
violatorios de los derechos humanos consagrados por la Constitución Política de la República, los
Convenios Internacionales y las leyes de la República.

Artículo 212.- Ocupación de objetos y valores.- Las armas u otros instrumentos con que se
hubiese cometido el delito y los objetos y valores que provengan de su ejecución serán ocupados
por la policía y puestos a disposición del Fiscal, mediante inventario. La policía extenderá el
correspondiente recibo de las armas, instrumentos, bienes o valores materia de la incautación.

Artículo 213.- Incumplimiento de deberes.- Los funcionarios de la Policía Judicial que infrinjan
disposiciones legales o reglamentarias que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus
funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados con multa no inferior al cincuenta por
ciento de un salario mínimo vital, ni mayor a dos salarios mínimos vitales generales, sin perjuicio
de las sanciones disciplinarias a que haya lugar si el acto estuviere considerado como infracción
por las leyes policiales.

Artículo 214.- Valor de la investigación.- Las diligencias investigativas actuadas por el Ministerio
Público, con la cooperación de la Policía Judicial constituirán elementos de convicción y servirán
para que el Fiscal sustente sus actuaciones.

CAPITULO II

LA INDAGACION PREVIA Y LA INSTRUCCION FISCAL


Artículo 215.- Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la instrucción, si lo considera
necesario, el Fiscal con la colaboración de la policía judicial que actuará bajo su dirección,
investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio
hayan llegado a su conocimiento.
Si durante la indagación previa tuvieren que adoptarse medidas para las cuales se requiera de
autorización judicial, el Fiscal deberá previamente obtenerla.
La indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en los delitos sancionados con pena
de prisión, ni por más de dos años en los delitos sancionados con pena de reclusión. Estos plazos
se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho.
Sin embargo, si llegaren a poder del Fiscal elementos que le permitan imputar la autoría o
participación en el delito a persona determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere
fenecido, siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales.
Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa; las actuaciones del
Ministerio Público y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación
previa, se mantendrán en reserva del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido y
de las personas a las cuales se investiga de tener acceso inmediato, efectivo y suficiente de las
investigaciones. Los fiscales, los investigadores, los jueces, el personal policial y los demás
funcionarios que habiendo intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier
modo en peligro el éxito de la investigación, serán sancionados conforme a lo previsto en el
Código Penal.
Nota: Artículo reformado por Art. 19 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.
Artículo 216.- Atribuciones del Fiscal.- El Fiscal deberá, especialmente:
1. Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública;
2. Reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos conducentes a
establecer la existencia del delito e identificar a sus posibles responsables, conforme a lo dispuesto
en el capítulo de la prueba material;
3. Recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado los hechos o de aquellas a
quienes constare algún dato sobre el hecho o sus autores, sin juramento, las versiones que dieren.
Se les advertirá de la obligación que tienen de presentarse a declarar ante el juez o ante el tribunal
penal. Estos datos se consignarán en el acta que será suscrita por las personas intervinientes;
4. Solicitar al juez que con las solemnidades y formalidades previstas en el capítulo de la prueba
testimonial, reciba el testimonio de quien se encuentre imposibilitado de concurrir cuando
procesalmente le corresponda;
5. Impedir por un tiempo no mayor de seis horas que las personas cuya información sea necesaria
se ausenten del lugar sin haberla proporcionado;
6. Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y ponerla, dentro de las veinte
y cuatro horas siguientes, a órdenes del juez competente;
7. Solicitar al juez que realice la identificación del sospechoso o del imputado, cuando el agraviado
o los declarantes no conozcan el nombre y apellido de la persona a la que consideran incriminada
en el delito que es objeto del proceso, pero aseguren que la reconocerían si volvieran a verla. Esta
diligencia, se cumplirá en presencia del abogado de la defensa de acuerdo a las siguientes reglas:
a) El juez, el secretario y el agraviado, o el declarante en su caso pasarán al lugar donde se
encuentre el sospechoso y, colocado éste en el puesto que hubiere escogido entre diez o más
individuos, lo más análogamente vestidos, el juez preguntará a la persona que debe realizar la
identificación, si en el grupo que tiene frente a él se encuentra el sospechoso;
b) Si el agraviado o el declarante respondiere afirmativamente, el juez ordenará que señale a la
persona a quien se refirió en el momento de declarar; y,
c) De lo practicado en el acto de identificación se sentará el acta correspondiente, con las firmas
del Juez, Secretario e identificante. Este mismo procedimiento de identificación se observará
cuando se tratare de personas homónimas.
8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos, documentos e
instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas del delito y la identidad de sus autores; y
cuide que tales señales no se alteren, borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u
ordenará que se realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió el delito y que
se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias criminalísticas;
9. Solicitar al Juez que dicte las medidas cautelares, personales y reales que el Fiscal considere
oportunas. Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas, cuando estime
que la investigación practicada ha permitido desvirtuar los indicios que las motivaron. En estos
casos, deberá remitir al Juez copias certificadas de lo actuado; y,
10. Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias para el esclarecimiento del
hecho delictivo y para la fundamentación de la acusación.
El Fiscal podrá delegar la práctica de las diligencias a que se refieren los numerales 2, 3 y 5 a la
Policía Judicial o a investigadores especializados bajo la dirección de ésta. El denunciante o
cualquier persona que, a criterio del Fiscal deba cooperar para el esclarecimiento de la verdad, está
obligado a concurrir a la fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo, para cuyo fin el
Secretario le notificará personalmente o por una boleta dejada en la residencia del notificado.
En caso de incumplimiento, el Fiscal o Tribunal pueden hacer uso de la fuerza pública.

Artículo 217.- Inicio de la instrucción.- El Fiscal resolverá el inicio de la instrucción en cuanto
considere que existen fundamentos suficientes para imputar a una persona participación en un
hecho delictivo. Si como medida cautelar o por tratarse de un delito flagrante se hubiere privado de
la libertad a alguna persona, el Fiscal deberá dictar la resolución de inicio de la instrucción dentro
de las veinte y cuatro horas siguientes al momento de la aprehensión.
La resolución del Fiscal contendrá:
1) La descripción del hecho presuntamente punible;
2) Los datos personales del imputado;
3) Los elementos que le han servido de sustento para hacer la imputación;
4) La fecha de inicio de la instrucción; y,
5) El nombre del Fiscal a cargo de la instrucción.
El Fiscal notificará la resolución al Juez, quien dispondrá que se notifique al imputado, al ofendido
y a la Oficina de la Defensoría Pública, para que designe un defensor.
Es obligación del Fiscal poner a disposición del imputado, del ofendido y de sus defensores todas
las evidencias que tenga en su poder, incluyendo las de naturaleza exculpatoria, de manera que el
imputado ejerza su derecho de examinar todos los objetos, instrumentos y documentos recogidos
durante la investigación. Si es requerido, el Fiscal deberá entregar al imputado copias de todos los
documentos relacionados con la infracción.

Artículo 218.- Declaración del imputado.- Durante la etapa de instrucción el Fiscal recibirá y
reducirá a escrito con fidelidad y en presencia del abogado defensor, la versión libre que sin
juramento proporcione el imputado sobre las circunstancias y móviles del hecho y sobre su
participación o la de otras personas.
La versión será firmada por el imputado, el agente Fiscal y el defensor. Si el imputado no supiere o
no pudiere firmar, se hará constar este particular y a nombre suyo firmará un testigo. Si no quisiere
firmar, sé hará constar este particular, y firmará un testigo.
El imputado podrá abstenerse de declarar.

Artículo 219.- Imputado con síntomas de enfermedad mental.-
Si el imputado mostrare síntomas de enfermedad mental, el Fiscal ordenará su inmediato
reconocimiento, para cuyo fin nombrará y posesionará a dos médicos psiquiatras, quienes
presentarán su informe por escrito, en el plazo que determine el fiscal; mientras tanto, no se le
recibirá su declaración.
Si el informe pericial establece que la enfermedad mental es transitoria, el Fiscal postergará la
recepción de la versión hasta el restablecimiento del imputado y proseguirá la substanciación de la
instrucción.
Si el informe establece que la enfermedad mental es permanente, el Fiscal remitirá un informe al
juez junto con la documentación respectiva a fin de que ordene el internamiento previsto en el
Código Penal. De ser del caso, el Fiscal continuará con la etapa de la instrucción.

Artículo 220.- Garantías del imputado.- En ningún caso se obligará al imputado, mediante
coacción física o moral, a que se declare culpable de la infracción. Por lo mismo, queda prohibido,
antes o durante la tramitación del proceso, el empleo de la violencia, de drogas o de técnicas o
sistemas de cualquier género, que atenten contra la declaración libre y voluntaria del imputado.
Los funcionarios, empleados o agentes de policía, del Ministerio Público y de la Policía Judicial
que contravengan a esta disposición incurrirán en la sanción penal correspondiente.

Artículo 221.- Vinculación con la instrucción.- En cuanto aparezcan en el proceso datos que hagan
presumir la autoría o participación de una persona, el fiscal dictará resolución haciéndole extensiva
la instrucción. En tal caso, la instrucción tendrá un plazo adicional de treinta días de duración, a
partir de la notificación con esa resolución al nuevo imputado o al defensor público o de oficio
designado por el Juez.
Nota: Artículo sustituido por Art. 20 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.
Artículo 222.- Intervención del imputado.- El imputado puede presentar al Fiscal los elementos de
descargo que considere convenientes para su defensa. Si para obtenerlos se requiere de orden
judicial, el Fiscal la obtendrá del Juez.

Artículo 222-A.- Intervención del Ofendido.- El ofendido puede solicitar al Fiscal los actos
procesales que considere necesarios para comprobar la existencia del delito, así como la
responsabilidad del imputado. Si para obtenerlo se requiere la orden judicial, el Fiscal la obtendrá
del Juez.
Si el Juez considera que los resultados de la instrucción fiscal no amerita el auto de llamamiento a
juicio, podrá archivar el proceso.
Para el caso de los delitos penados con reclusión, el Juez tiene la obligación de elevar en consulta
su providencia a la Corte Superior de Justicia, que será confirmada o revocada por el inmediato
superior.
Nota: Artículo agregado por Art. 21 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 223.- Duración.- La Etapa de la Instrucción Fiscal concluirá dentro del plazo máximo de
90 días, improrrogables, a partir de la fecha de notificación al imputado o, de ser el caso, al
defensor público o al defensor de oficio designado por el Juez.
Si el Fiscal no declara concluida la instrucción una vez vencido el plazo señalado, el Juez deberá
declararla concluida.
No tendrá valor alguno las diligencias practicadas después del plazo.
Nota: Artículo reformado por Art. 22 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

CAPITULO III

LA CONCLUSION DE LA INSTRUCCION FISCAL


Artículo 224.- Conclusión.- Cuando el Fiscal considere que se han realizado todos los actos de
investigación o cuando hubiere fenecido el plazo, declarará concluida la instrucción y emitirá su
dictamen dentro del plazo de seis días.
Si hubiere sido necesaria la intervención del juez para disponer la conclusión de la instrucción, el
Fiscal deberá emitir su dictamen en el plazo de seis días.
Si no lo hiciere, el juez comunicará el particular al Fiscal General, quien impondrá al Fiscal
inferior una multa equivalente a cinco salarios mínimos vitales y le concederá un nuevo plazo de
tres días para que cumpla su obligación. Si fenecido este plazo persistiere el incumplimiento, el
Fiscal será destituido de su cargo y el expediente entregado a otro Fiscal, quien deberá dictaminar
dentro del plazo que le señale el Fiscal superior, el cual no podrá exceder de treinta días.
Nota: Artículo reformado por Arts. 23 y 24 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de
13 de Enero del 2003.

Artículo 225.- Dictamen acusatorio.- Cuando el Fiscal estime que los resultados de la
investigación proporcionan datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave que
le permita presumir que el imputado es autor o partícipe de la infracción, debe requerir por escrito
al juez que dicte el auto de llamamiento a juicio, mediante dictamen acusatorio que contendrá:
1. La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias;
2. El nombre y los apellidos del imputado;
3. Los elementos en los que funda la acusación al imputado. Si fueren varios los imputados, la
fundamentación deberá referirse, individualmente, a cada uno de ellos; y,
4. La disposición legal que sanciona el acto por el que acusa.
Con la acusación, deberá remitir al juez el expediente que tenga en su poder.

Artículo 226.- Falta de acusación.- Cuando el Fiscal estime que no hay mérito para promover
juicio contra el imputado emitirá su dictamen absteniéndose de acusar y pasará el expediente al
juez.

TITULO II

LA ETAPA INTERMEDIA

SECCION

LA AUDIENCIA PRELIMINAR


Artículo 227.- Consulta del expediente.- Presentado el dictamen Fiscal, el juez mandará que se lo
notifique al imputado y al ofendido. Dispondrá además que el expediente se ponga a disposición
de éstos, para que puedan consultarlo.

Artículo 228.- Convocatoria.- Dentro de los diez días posteriores a la notificación con el dictamen
Fiscal, el juez convocará a las partes a la audiencia preliminar, la misma que se realizará dentro de
un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20, a contarse desde la fecha de la convocatoria.

Artículo 229.- Audiencia.- En el día y hora señalados, el juez declarará instalada la audiencia y
dispondrá que se escuche al imputado, al Fiscal y al acusador particular directamente o a través de
sus abogados defensores, a fin de que presenten sus alegaciones con respecto a la existencia de
requisitos de procedibilidad o de cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de
procedimiento que puedan afectar la validez del proceso.
A continuación, el juez concederá la palabra al Fiscal, al acusador particular y al defensor del
imputado o al mismo imputado, a fin de que aleguen sobre los fundamentos del dictamen Fiscal y
de la acusación particular, si la hubiere.
Las partes pueden presentar la evidencia documental que sustente sus alegaciones.

Artículo 230.- Resolución.- Inmediatamente después de escuchar a las partes según lo previsto en
el artículo anterior, el juez leerá a los presentes su resolución, la que versará sobre todas las
cuestiones planteadas, debiendo resolver previamente las cuestiones formales.
De considerarlo necesario, el juez puede suspender la resolución y la audiencia hasta por setenta y
dos horas. Reinstalada la audiencia, el juez procederá a leer a las partes su resolución, conforme se
dispone en el inciso anterior.
La resolución será también notificada a las partes por boleta.
El Secretario dejará constancia en acta de la organización y desarrollo de la audiencia.
Nota: Artículo reformado por Art. 25 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 231.- Consecuencia de la falta de acusación fiscal.-
Cuando el Fiscal no haya acusado, el Juez, si considera necesaria la apertura del juicio o si se ha
presentado acusación particular, ordenará que se remitan las actuaciones al Fiscal superior para
que acuse o ratifique el pronunciamiento del inferior.
Si el pronunciamiento del inferior es ratificado, el juez debe admitir el dictamen Fiscal y dictar
auto de sobreseimiento.
Tratándose de delitos sancionados con pena de reclusión, la consulta al Fiscal Superior, de parte
del Juez será obligatoria.
Nota: Artículo reformado por Art. 26 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

SECCION II

AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO


Artículo 232.- Auto de llamamiento a juicio.- Si el juez considera que de los resultados de la
instrucción Fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y
sobre la participación del imputado como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de
llamamiento a juicio.
Si el Juez considera que los resultados de la Instrucción Fiscal no ameritan el auto de llamamiento
a juicio, podrá archivar el proceso. Para el caso de delitos penados con reclusión, el Juez tiene la
obligación de elevar en consulta su providencia a la Corte Superior de Justicia que será confirmada
o revocada por el inmediato superior.
El auto debe contener:
1. La identificación del acusado;
2. El análisis prolijo de los resultados de la instrucción fiscal;
3. La descripción clara y precisa del delito cometido y la determinación del grado de participación
del acusado;
4. La orden de detención en firme del acusado como autor o cómplice, y la de secuestrar, retener o
prohibir la enajenación de sus bienes, precisándolos, si antes no se hubieren dictado; y,
5. La cita de las disposiciones legales aplicables.
Nota: Artículo reformado por Arts. 27 y 28 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de
13 de Enero del 2003.

Artículo 233.- Suspensión.- Si al tiempo de dictar el auto de llamamiento a juicio, el acusado
estuviere prófugo, el juez después de dictado dicho auto, ordenará la suspensión de la etapa del
juicio hasta que el encausado sea aprehendido o se presentare voluntariamente, excepto en los
procesos penales por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.

Artículo 234.- Suspensión y continuación.- Si fueren varios los encausados, y unos estuvieren
prófugos y otros presentes, se suspenderá la sustanciación para los primeros y continuará respecto
de los segundos.

Artículo 235.- Encausado con caución.- Si el encausado hubiere rendido caución, se notificará al
garante con el auto de llamamiento a juicio en el domicilio judicial señalado, a fin de que haga
comparecer al garantizado a la audiencia del tribunal penal, bajo las prevenciones legales.

Artículo 236.- Archivo de copia.- Dictado el auto de llamamiento a juicio, el Secretario del
juzgado sacará copia de dicho auto para el archivo antes de efectuar las notificaciones
correspondientes.
Artículo 237.- Rechazo de incidentes.- Ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio no se admitirá
ningún incidente, y de suscitarse alguno, el juez penal lo rechazará de plano e impondrá una multa
equivalente al valor de hasta la cuarta parte de un salario mínimo vital del trabajador en general, a
quien lo provocó sin ningún recurso.

Artículo 238.- Revocabilidad.- Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no
surtirán efectos irrevocables en el juicio.

Artículo 239.- Envío del proceso.- Ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, el juez remitirá de
inmediato el proceso al tribunal penal, o si hubiere más de un tribunal penal, a la oficina de sorteos
o a la que corresponda, donde no existiere dicha oficina.

SECCION III

DEL SOBRESEIMIENTO


Artículo 240.- Clases.- El sobreseimiento puede ser:
1. Provisional del proceso y provisional del imputado;
2. Definitivo del proceso y definitivo del imputado; y,
3. Provisional del proceso y definitivo del imputado.

Artículo 241.- Sobreseimiento provisional.- Si el Juez considera que los elementos en los que el
Fiscal ha sustentado la presunción de existencia del delito o la participación del imputado, no son
suficientes, dictará auto de sobreseimiento provisional bien sea del proceso, bien del imputado, o
de ambos, declarando que, por el momento, no puede continuarse con la etapa del juicio.

Artículo 242.- Sobreseimiento definitivo.- El sobreseimiento del proceso y del imputado será
definitivo cuando el juez concluya que los hechos no constituyen delito, o que los indicios
existentes no conducen de manera alguna a presumir la existencia de la infracción.
El juez dictará también auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del imputado; si encuentra
que se han establecido causas de justificación que eximan de responsabilidad al imputado.

Artículo 243.- Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del imputado.- Si el juez
hubiere llegado a la conclusión de que los elementos que permiten presumir la existencia del delito
son suficientes, pero no existen indicios de responsabilidad del imputado, dictará auto de
sobreseimiento provisional del proceso y definitivo a favor del imputado.

Artículo 244.- Sobreseimiento por falta de acusación.- Así mismo el juez, en mérito de la
instrucción Fiscal, dictará el correspondiente sobreseimiento provisional o definitivo, del proceso o
del imputado, si el Ministerio Público se ratificare en su decisión de no acusar.

Artículo 245.- Calificación de la denuncia y la acusación.- El juez que dicte sobreseimiento
definitivo declarará si la denuncia o la acusación particular han sido temerarias o maliciosas.
El condenado por temeridad pagará las costas judiciales, así como la indemnización por daños y
perjuicios.
En caso de que el juez también las hubiere calificado de maliciosas, el acusador o el denunciante
responderá, además, por el delito previsto en el artículo 494 del Código Penal.
Artículo 246.- Efectos del sobreseimiento.- Sea provisional o definitivo el sobreseimiento del
proceso o del imputado, el juez revocará el auto de prisión preventiva y ordenará la inmediata
libertad del imputado si estuviere bajo prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva a
ordenarla si el auto de sobreseimiento fuere revocado, o si siendo provisional, resultaren nuevos
cargos contra el sindicado.
El sobreseimiento definitivo del proceso da fin al juicio y, en consecuencia, impide iniciar otro por
el mismo hecho.
El sobreseimiento definitivo del imputado impide que éste, en el futuro, pueda volver a ser
encausado en el mismo proceso o en otros que se inicien por el mismo hecho.
El sobreseimiento provisional del proceso suspende la sustanciación del mismo durante cinco
años; y, el sobreseimiento provisional del imputado lo suspende por tres años. Estos plazos se
contarán desde la fecha de expedición del respectivo auto de sobreseimiento.

Artículo 247.- Nueva acusación.- Dentro de los plazos a los que se refiere el artículo anterior y
sobre la base de nuevas investigaciones, el Fiscal podrá formular una nueva acusación.

Artículo 248.- Sobreseimiento en firme.- Si se hubieran cumplido los plazos a los que se refiere el
artículo 246 y no se hubiere formulado una nueva acusación, el juez dictará auto de sobreseimiento
definitivo del proceso y del imputado, a petición de parte o de oficio, observando lo prescrito en el
artículo 245 de este Código.

Artículo 249.- Acciones por denuncia o acusación temerarias o maliciosas.- Si la denuncia o la
acusación particular han sido calificadas en el auto de sobreseimiento definitivo como maliciosas o
temerarias el que obtuvo a su favor el sobreseimiento podrá ejercer contra el denunciante o el
acusador, las acciones respectivas conforme a lo establecido en este Código.

TITULO III

LA ETAPA DEL JUICIO

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES


Artículo 250.- Finalidad.- En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales necesarios para
comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado para,
según corresponda, condenarlo o absolverlo.

Artículo 251.- Necesidad de la acusación.- La etapa del juicio se sustanciará a base de la
acusación fiscal. Si no hay acusación Fiscal, no hay juicio.

Artículo 252.- Existencia del delito y culpabilidad.- La certeza de la existencia del delito y de la
culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos
procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen
practicado en la etapa de instrucción Fiscal, de la iniciativa probatoria de los jueces en la audiencia
o de las nuevas pruebas que ordene el tribunal penal.

Artículo 253.- Inmediación.- El juicio se debe realizar con la presencia ininterrumpida de los
jueces y las partes.
Si el defensor del acusado no comparece al juicio o se aleja de la audiencia se debe proceder en la
forma prevista en los artículos 129 y 279 de este Código.
Si el defensor no comparece al segundo llamado, el Presidente del Tribunal designará un defensor
de oficio para que asuma la defensa, con el carácter de obligatorio para el acusado.

Artículo 254.- Comparecencia del acusado.- El acusado debe comparecer a juicio. Si estuviera
bajo prisión preventiva, se tomarán las medidas necesarias para asegurar su comparecencia y evitar
su evación.

Artículo 255.- Publicidad.- La audiencia del tribunal penal será pública; pero será reservada
cuando el proceso tenga por objeto el juzgamiento de los delitos comprendidos en los Títulos I y
VIII del libro Segundo del Código Penal, y se realizará con la sola presencia del acusado, del
acusador particular si lo hubiere, de los defensores, del Fiscal, y del secretario, y si fuere del caso,
de los peritos y de los testigos, sin que pueda violarse la reserva, durante o después de la audiencia.
No se admitirá la transmisión de la audiencia, a través de los medios de comunicación.
En ningún caso, el juez o magistrado que conozca de una causa penal sometida a su resolución
puede formular declaraciones públicas o privadas a los medios de comunicación social, "ni" antes
"ni después" del fallo. La violación de esta prohibición será sancionada con su destitución, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que hubiere.
Nota: Las palabras entre comillas del inciso segundo, declaradas de Inconstitucionalidad de
Fondo, por Resolución del Tribunal Constitucional No. 001-2004-DI, publicada en Registro
Oficial 374 de 9 de Julio del 2004.

Artículo 256.- Continuidad.- El juicio debe continuar ininterrumpidamente hasta su conclusión.
Excepcionalmente, y solo por una vez, se puede suspender por un plazo máximo de cinco días, en
los casos siguientes:
1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias;
2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o traductores. Si en la reanudación tampoco
comparecen, el juicio debe continuar sin su presencia, luego de haberse dejado constancia de que
fue imposible lograr su comparecencia;
3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el Fiscal, por cualquier impedimento insuperable
no puedan continuar interviniendo en el juicio.
El tribunal debe notificar, junto con la suspensión, el día y hora en que debe continuar la audiencia.
Si la audiencia se prolongare excesivamente, el tribunal ordenará que se suspenda y dispondrá su
continuación para el siguiente día hábil.

Artículo 257.- Suspensión del juicio.- La rebeldía o la incapacidad sobrevinientes del acusado,
interrumpen el juicio, el que deberá reiniciarse tan pronto cesen las circunstancias que motivaron la
interrupción.

Artículo 258.- Oralidad.- El juicio es oral; bajo esa forma deben declarar las partes, los testigos y
los peritos. Las exposiciones y alegatos de los abogados, serán igualmente orales.
Las resoluciones interlocutorias deben pronunciarse verbalmente, pero debe dejarse constancia de
ellas en el acta del juicio.

Artículo 259.- Imposibilidad de asistencia.- Los testigos que no pudieren concurrir al juicio por un
impedimento justificado, deben ser examinados en el lugar en donde se hallen, por uno de los
jueces del tribunal u otro juez, según el caso, y pueden participar en el acto todas las partes.
CAPITULO II

TRIBUNAL PENAL


Artículo 260.- Tribunales penales.- La integración, el nombramiento, los requisitos y la
distribución territorial de los Tribunales Penales, se regirán por lo que disponga la Ley Orgánica de
la Función Judicial.

Artículo 261.- Designaciones.- Cada Tribunal Penal contará con el personal auxiliar que
determinen las normas que rigen la organización administrativa de la Función Judicial.

CAPITULO III

SUSTANCIACION ANTE EL PRESIDENTE


Artículo 262.- Convocatoria para la audiencia.- Transcurrido el plazo al que se refiere el artículo
anterior, el Presidente señalará el día y la hora en que el Tribunal debe instalarse en audiencia
pública o privada, según el caso.
Si no hubiese excusas o recusaciones, la audiencia se instalará no más tarde de diez días ni antes de
cinco, contados desde la fecha de la providencia que la convoque.
Esta providencia se notificará inmediatamente a los otros jueces del tribunal, al Fiscal, al acusado o
a su defensor y, si los hubiere, al acusador particular y al garante.

Artículo 263.- Excusa.- Si notificados los jueces del tribunal penal con la providencia en la que se
convoca a la audiencia, alguno de ellos tuviere una causa de excusa, la pondrá en conocimiento del
presidente, dentro del segundo día, para que, de ser legal, se llame al que deba remplazarlo.
Si el presidente tuviere motivo de excusa, lo hará conocer al juez segundo del tribunal, para los
efectos determinados en el inciso anterior.

Artículo 264.- Causas de excusa y recusación.- Son causas de excusa y recusación de los jueces
del tribunal penal las determinadas en el Código de Procedimiento Civil y además, las siguientes:
1. Ser cónyuge o pariente del acusador, del ofendido, del acusado o de sus defensores, o del Fiscal,
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
2. Haber intervenido en el proceso, como juez, testigo, perito, intérprete, defensor, acusador o
secretario; y,
3. Estar ligado a las partes, al ofendido o a sus defensores por intereses económicos o de cualquier
índole.
Los jueces del Tribunal Penal presentarán sus excusas con juramento.

Artículo 265.- Recusación.- La parte que pretenda tener motivo de recusación contra los jueces del
tribunal podrá proponerla dentro de tres días, contados desde la fecha de notificación del
señalamiento para la audiencia. Propuesta la recusación, el presidente ordenará citar al juez a quien
se recusa y, concederá tres días para la prueba, concluida la cual dictará sentencia dentro de cuatro
días, la misma que no será susceptible de recurso alguno.
La recusación al presidente deberá presentarse ante el juez segundo del tribunal penal, quien
procederá conforme lo dispuesto en el inciso anterior.
Artículo 266.- Juez ad hoc.- Si por cualquier causa faltare un juez para integrar el tribunal, el
presidente o quien haga sus veces designará a un abogado de reconocido prestigio profesional
como juez ad hoc, sin que, en ningún caso pueda integrarse el tribunal con más de un juez así
designado.
El juez ad hoc actuará previo juramento y posesión ante el presidente.

Artículo 267.- Lista de testigos y petición de pruebas.- Dentro del plazo fijado para que se reúna el
tribunal, las partes presentarán una lista de los testigos que deben declarar en la audiencia,
expresando la edad, los nombres, los apellidos, la profesión y residencia de ellos, y pedirán las
demás pruebas a fin de que se practiquen durante la audiencia.

Artículo 268.- Orden de comparecencia.- Mientras transcurre el plazo señalado para la audiencia,
el presidente dará las órdenes convenientes para la comparecencia de los testigos y fijará día y hora
en que deben comparecer ante el tribunal, previniéndoles que, de no hacerlo, se procederá contra
ellos en la forma prevista en el artículo 129 de este Código.

Artículo 269.- Cooperación policial.- Las autoridades y agentes de policía auxiliarán
obligatoriamente al presidente del tribunal penal para conseguir la comparecencia de los testigos,
bajo sanción de una multa de hasta el equivalente a la tercera parte de un salario mínimo vital del
trabajador en general, que impondrá a quienes incumplieren la orden o actuaren negligentemente.

Artículo 270.- Notificación a los testigos.- El secretario o el encargado de notificar a los testigos
deberá comprobar la notificación con la firma de los notificados, o con la de un testigo conocido, si
se hubiesen negado a firmar. La ausencia, el impedimento físico del testigo o la negativa de éste
para firmar, constará en el acta respectiva, bajo la responsabilidad penal del secretario.

Artículo 271.- Testigos residentes en otro lugar.- Si los testigos estuvieran ausentes del lugar del
proceso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 130 de este Código. Pero si el presidente considera
indispensable la presencia del testigo, ordenará que comparezca a la audiencia del tribunal, bajo
prevenciones legales.

Artículo 272.- Juez comisionado.- El juez comisionado recibirá el testimonio inmediatamente de
llegado el despacho y lo devolverá al tribunal. Devuelto lo actuado, se agregará al proceso.
El Tribunal Penal no podrá dictar sentencia mientras no se haya recibido y agregado al proceso el
despacho indicado.

Artículo 273.- Testimonios urgentes.- En caso de enfermedad de los testigos o cuando éstos deban
ausentarse del lugar del proceso, se les recibirá inmediatamente sus declaraciones. Si el testigo
pretende ausentarse y su testimonio se considera fundamental, el presidente prohibirá que se
ausente, aun haciendo uso de la fuerza pública.

Artículo 274.- Disciplina.- Corresponde al presidente del tribunal el control de la disciplina en la
audiencia.
El presidente del tribunal puede limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de
personas, según las posibilidades de la sala de audiencia.
Puede también imponer arresto de hasta veinticuatro horas por la violación de los deberes previstos
en el artículo siguiente.

Artículo 275.- Deberes.- Quienes asistan a la audiencia deben permanecer en silencio y
comportarse respetuosamente.
No pueden llevar amas u otros elementos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento
intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios.

Artículo 276.- Dirección de la Audiencia.- El presidente rechazará todo lo que prolongue
inútilmente el debate y lo terminará oportunamente. Está investido de facultades para disponer
cuanto estime necesario, recurriendo a todo lo que la ley no prohíbe expresamente.

CAPITULO IV

SUSTANCIACION ANTE EL TRIBUNAL PENAL


Artículo 277.- Comparecencia.- En el día y hora señalados para la celebración de la audiencia del
tribunal comparecerán los jueces, el o los acusados, el acusador particular o el procurador común,
si hubiere, los defensores, el fiscal y el secretario.
Si transcurridos diez minutos después de la hora señalada para la audiencia no concurrieren uno o
más de los miembros del tribunal, el presidente en el acto, dispondrá que el secretario siente la
razón correspondiente e impondrá a los ausentes una multa de hasta cuatro salarios mínimos
vitales del trabajador en general salvo que la ausencia se deba a caso fortuito o fuerza mayor y,
señalará nuevos día y hora para la audiencia del tribunal, audiencia que deberá realizarse dentro de
los cinco días siguientes.
Lo mismo dispondrá en el caso de que no pueda celebrarse la audiencia por la causa señalada en el
artículo siguiente.

Artículo 278.- Audiencia fallida.- El presidente no podrá instalar la audiencia si no estuvieran
presentes, además de las personas indicadas en el artículo anterior, el ofendido, los testigos, peritos
e intérpretes que hubieran sido notificados para que se presenten a dicha audiencia, cuya presencia
considere indispensable el tribunal.
Si por causa injustificada no concurrieren el fiscal, el secretario o el defensor del acusado, el
tribunal les impondrá la multa indicada en el artículo anterior.
De no haberse celebrado la audiencia por falta de los testigos, peritos o intérpretes, el presidente
ordenará la detención de los que no hubiesen concurrido, hasta que se celebre la nueva audiencia
del tribunal; pero los nombrados podrán evitar la detención justificando una evidente causa de
fuerza mayor o caso fortuito, o si rinden caución que garantice su concurrencia a la nueva
audiencia, caución que será fijada por el presidente, en la cantidad que estime justa, de acuerdo con
las posibilidades económicas del afectado.

Artículo 279.- Procedimiento contra el rebelde.- Si un testigo, perito o intérprete se hubiera
ocultado para no comparecer a la audiencia del tribunal, el presidente oficiará al fiscal que
corresponda para que inicie la instrucción contra el rebelde, a fin de que sea sancionado según lo
previsto en el Código Penal.

Artículo 280.- Ausencia del acusado o del acusador.- Si el acusado estuviera en libertad bajo
caución y no se presentare a la audiencia en la hora señalada, el tribunal dictará auto suspendiendo
la sustanciación de la causa hasta que se presente voluntariamente, o sea aprehendido y además,
hará efectiva la caución.
Si el acusador particular no compareciere personalmente, el tribunal penal declarará abandonada la
acusación particular, sin que esta circunstancia obste la prosecución del juicio.
De las providencias previstas en este artículo y en los tres anteriores, no habrá recurso alguno.
Artículo 281.- Ubicación de las partes.- Constituido el tribunal, el presidente ordenará que el
acusado y su defensor, se sitúen a su izquierda, frente al tribunal; y que el fiscal, el acusador
particular y su defensor, se sitúen a su derecha, frente al tribunal.
El público estará convenientemente separado.

Artículo 282.- Incomunicación de los testigos.- Los peritos y los testigos permanecerán en una
habitación destinada al efecto, de la que no podrán salir mientras se cumpla la diligencia, sino para
declarar. El presidente tomará las medidas necesarias para impedir que los peritos y los testigos
hablen entre sí antes de haber declarado.

Artículo 283.- Facultades del presidente.- El presidente adoptará todas las medidas necesarias para
garantizar la normal realización de la audiencia.

Artículo 284.- Comparecencia del acusado.- El acusado debe comparecer a la audiencia.

Artículo 285.- Comienzo del juicio.- En el día y hora fijados, el presidente del tribunal después de
verificar la presencia del acusado, del fiscal, del acusador particular si lo hubiere, del ofendido, de
los testigos, peritos o traductores, debe declarar abierto el juicio, advertir al acusado que éste
atento a lo que va a oír y, ordenar la lectura del auto de llamamiento a juicio.

Artículo 286.- Exposición del Fiscal.- A continuación, el fiscal expondrá el motivo de la acusación
relatando los hechos, circunstanciadamente, sin emplear invectivas contra el acusado, y concluirá
solicitando la práctica de las pruebas que determinará expresamente.

Artículo 287.- Testimonio del ofendido.- A continuación de la intervención del Fiscal, rendirá su
testimonio el ofendido.

Artículo 288.- Interrogatorio del Presidente.- Una vez que el ofendido hubiese declarado su
nombre, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil, oficio o profesión, el
presidente si fuere necesario le interrogará para obtener los datos siguientes:
1. Los nombres y apellidos de quienes participaron en infracción;
2. El día, fecha, hora y lugar en que fue cometida;
3. Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la infracción y de los demás testigos
referenciales;
4. La forma en que fue cometida; y,
5. La indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción.

Artículo 289.- Interrogatorio de los demás jueces y de las partes. Los demás jueces del tribunal y
las partes procesales pueden interrogar al ofendido. El presidente del tribunal cuidará que las
preguntas sean legales.

Artículo 290.- Exposición del acusador particular.- El acusador particular, por sí mismo o a través
de su abogado defensor, expondrá el motivo de su acusación, relatando los hechos de manera
circunstanciada, sin emplear invectivas contra el acusado y concluirá solicitando la práctica de las
pruebas que determine específicamente.

Artículo 291.- Testimonio de los peritos y testigos pedidos por el Fiscal y por el acusador
particular.- El presidente dispondrá de inmediato que el secretario llame uno a uno a los peritos y
testigos solicitados por el Fiscal y el acusador, en el orden establecido en la lista prevista en el
artículo 267 de este Código.
El presidente tomará juramento a los peritos y a cada testigo, advirtiéndoles de su obligación de
decir la verdad de todo cuanto supieren y fueren preguntados, bajo las prevenciones de ley. A los
peritos y testigos les interrogará si están comprendidos en las prohibiciones del artículo 126.
Los peritos y los testigos declararán en presencia del tribunal y no podrán ser interrumpidos por
persona alguna.

Artículo 292.- Lectura de testimonios anticipados.- Si el testigo hubiera declarado en la etapa de
instrucción como anticipo jurisdiccional de prueba, se ordenará que el secretario lea esa
declaración, antes de recibir el nuevo testimonio. Si en este nuevo testimonio se advirtiera alguna
contradicción o variación, entre una y otra, se le hará notar al testigo para que explique la
diferencia.

Artículo 293.- Presunción del perjurio.- Si el tribunal observare que el declarante ha incurrido en
alguno de los casos previstos en el artículo 137 de este Código, el presidente ordenará la detención
para los efectos señalados en dicho artículo.

Artículo 294.- Interrogatorios.- Concluida la declaración del perito o del testigo, el presidente y
los miembros del tribunal podrán interrogarles para que amplíen o aclaren puntos especiales de su
declaración.
Terminado el interrogatorio de los jueces, podrán interrogar al testigo el Fiscal, el acusador
particular mediante su defensor y el acusado o su defensor.
El presidente cuidará que las preguntas no sean capciosas, impertinentes o sugestivas.

Artículo 295.- Declaración del acusado.- Al rendir su testimonio el acusado indicará sus nombres,
apellidos, edad, nacionalidad, domicilio residencia, estado civil, oficio u ocupación. El Presidente
dispondrá que el acusado haga una exposición completa sobre el hecho que motiva su presencia en
el tribunal y le hará las preguntas conducentes, cuidando en todo caso que, las preguntas sean
directas acerca de la infracción e indirectas respecto del acusado y, en ningún caso, capciosas,
sugestivas o que tiendan a incriminarle.
Luego de su declaración, pueden interrogarlo los demás jueces del tribunal, el Fiscal, el acusador
particular y su propio defensor, en ese orden. En cualquier momento, el acusado puede consultar
con su defensor antes de responder una pregunta o puede negarse a contestar las preguntas que se
le formulen. El Presidente calificará la procedencia de las preguntas.

Artículo 296.- Reconocimiento de objetos y vestigios.- Concluida la declaración, cuando sea del
caso, se hará que el acusado, si lo quisiere, reconozca los instrumentos con que se hubiese
cometido la infracción, los vestigios que ésta haya dejado y los objetos que hubieren quedado en el
lugar en que se perpetró. Reconocidos que fueren, le preguntará el presidente si anteriormente ha
conocido los mencionados instrumentos u objetos, en poder de qué personas, en qué lugar, en qué
fecha y en qué circunstancias.
De todo lo que dijere el acusado se dejará constancia en el acta de la audiencia.

Artículo 297.- Exposición del Defensor.- El defensor hará una exposición detallada de los hechos
y circunstancias que fueren favorables para su defendido y concluirá pidiendo la práctica de las
pruebas que determinará expresamente.

Artículo 298.- Testimonios solicitados por el acusado.- El presidente ordenará que el secretario
llame uno a uno a los peritos y testigos de la lista presentada por el acusado, según el orden que
conste en la lista prevista en el artículo 267, para que también sean examinados, en la misma forma
en que se procedió con los testigos propuestos por el Fiscal y el acusador particular.
Artículo 299.- Testimonios solicitados en la audiencia.- Examinados los peritos y los testigos
anteriores, el presidente ordenará que se llame a los propuestos por las partes dentro de la
audiencia, debiendo observarse las mismas reglas previstas para los testigos que les precedieron.

Artículo 300.- Ampliación de los testimonios.- Terminada la declaración, el perito o el testigo
regresará al lugar en que se encontraba antes de salir a declarar, del que no podrá retirarse hasta
que el presidente declare abierto el debate.
El presidente, por sí o a pedido de las partes, podrá ordenar que los peritos y los testigos que ya
hubiesen declarado se presenten para ampliar sus declaraciones.

Artículo 301.- Otras pruebas.- El presidente tendrá la facultad de llamar a cualquier persona para
interrogarla y de ordenar que se exhiban ante el tribunal los objetos o documentos que considere
necesarios para esclarecer el hecho o alguna circunstancia alegada por las partes.

Artículo 302.- Inicio del debate.- Concluida la prueba, el presidente mandará que se inicie el
debate. Si fueren varios los acusados, habrá un debate particular sobre cada uno de ellos, en el
orden que indique el presidente.

Artículo 303.- Alegatos.- El Fiscal será oído primeramente, y su alegato se reducirá a una
exposición clara y metódica de los hechos imputados al acusado; de las pruebas rendidas durante la
audiencia y de las que constan en el proceso, con el análisis que creyere conveniente hacer,
pudiendo manifestar al tribunal el valor procesal de las circunstancias alegadas por las partes;
determinará si el acusado es autor, cómplice o encubridor y pedirá la imposición de la pena
correspondiente, en caso de encontrarle responsable.
Cuando haya acusador particular, hablará después del fiscal. En su exposición observará las
normas establecidas en el inciso anterior y concluirá solicitando las penas y el pago de las
indemnizaciones civiles que crea procedentes.
Contestará, después el defensor. Será permitida la réplica, pero concluirá siempre el defensor.

Artículo 304.- Conclusión del debate.- Una vez que concluya de hablar el acusado o su defensor,
el presidente declarará cerrado el debate.

CAPITULO V

LA SENTENCIA


Artículo 304-A.- Reglas Generales.- La sentencia debe ser motivada y concluirá condenando o
absolviendo al procesado. Cuando el Tribunal tenga la certeza de que está comprobada la
existencia del delito y de que el procesado es responsable del mismo dictará sentencia
condenatoria. Si no estuviere comprobada la existencia del delito o la responsabilidad del
procesado, o existiere duda sobre tales hechos, o el procesado hubiere acreditado su inocencia,
dictará sentencia absolutoria.
Si el Tribunal al momento de sentenciar, observare que existe alguna causa de nulidad la declarará
a costa de quien la hubiese provocado ordenando que se reponga el proceso desde la actuación en
que se produjo la nulidad inclusive.
Nota: Artículo agregado por Art. 29 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.
Artículo 305.- Deliberación.- Terminado el debate y una vez elaborada el acta del juicio, el
Presidente ordenará a las partes y al público que se retiren. A continuación, el tribunal procederá a
deliberar con vista del proceso y de las pruebas practicadas durante la audiencia.
Mientras dure la deliberación no se permitirá la entrada a ninguna persona y el presidente dictará
las medidas necesarias para el cumplimiento de este precepto.

Artículo 306.- Expedición de la sentencia.- Luego de la deliberación, el tribunal dictará la
sentencia, pero podrá suspender su pronunciamiento para el día siguiente.

Artículo 307.- Acta del Juicio.- El secretario debe elaborar un acta sobre el juicio que contendrá:
1. Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de su suspensión y
reanudación;
2. El desarrollo del juicio, con mención del nombre y apellido de los jueces, de las partes, testigos,
peritos, traductores, los elementos de prueba producidos durante la audiencia y las grabaciones
magnetofónicas, de video, o electrónicas efectuadas, que se anexarán al acta; y,
3. Las peticiones y decisiones producidas en el curso del juicio, y las conclusiones finales de las
partes.
El acta debe ser firmada por el secretario.

Artículo 308.- Votos necesarios y pena favorable.- Tanto para la absolución como para la condena
se necesitan dos votos. Si la mayoría hubiere condenado, pero se produjere disparidad en la
tipificación del delito, en la calificación de la responsabilidad o en la determinación de la pena, se
aplicará lo que fuere más favorable al reo.

Artículo 309.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia deberá contener:
1. La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta; el nombre y, apellido del acusado y
los demás datos que sirvan para identificarlo;
2. La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del hecho
punible y de los actos del acusado que el tribunal estime probados;
3. La decisión de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho;
4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas;
5. La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción; y,
6. La firma de los jueces.

Artículo 310.- Varios acusados.- Si fueren varios los acusados, el tribunal debe referirse en la
sentencia a cada uno de ellos, indicando si son autores, cómplices o encubridores, o declarando, en
su caso, la inocencia.

Artículo 311.- Absolución.- La sentencia absolutoria no puede estar sujeta a condiciones. Debe
ordenar la cesación de todas las medidas cautelares y resolver sobre las costas.

Artículo 312.- Condena.- La sentencia condenatoria deberá mencionar como se ha comprobado
conforme a derecho la existencia del delito y la responsabilidad del acusado; determinará con
precisión el delito por el cual se condena y la pena que se impone. También debe determinar,
cuando corresponda, la suspensión condicional de la pena y debe fijar el plazo dentro del cual se
ha de pagar la multa.
Se debe decidir sobre las costas, la entrega de objetos incautados, el decomiso y la destrucción de
objetos, según lo previsto en la ley.
Artículo 313.- Pronunciamiento.- La sentencia debe expedirse dentro del tercer día posterior a la
clausura del juicio. La sentencia se debe pronunciar siempre en nombre de la República y por
Autoridad de la Ley.
Redactada la sentencia, el tribunal debe regresar a la sala de audiencia, después de ser convocadas
verbalmente todas las partes en el juicio y, el documento debe ser leído ante los que comparezcan.

Artículo 314.- Notificación.- La sentencia será notificada dentro de los tres días posteriores al
pronunciamiento, bajo sanción de una multa equivalente a la cuarta parte de un salario mínimo
vital del trabajador en general, que se impondrá al secretario, por cada día de retraso.

Artículo 315.- Limitación de la sentencia.- El tribunal no podrá pronunciar sentencia sobre hechos
que no tengan relación o conexión con los determinados en el auto de llamamiento a juicio; ni
dejar de pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos.

Artículo 316.- Firma de la sentencia.- La sentencia se firmará por todos los jueces del tribunal, aun
cuando alguno haya sido de opinión contraria a la mayoría. Si alguno se negare o no pudiere
firmar, el secretario anotará esta circunstancia en el proceso y la sentencia expedida seguirá su
curso normal. Puesto el hecho en conocimiento de la respectiva Corte Superior, esta destituirá al
infractor. El juez sancionado no podrá ser elegido miembro de ningún Tribunal Penal de la
República.
En todos los casos en que, por imposibilidad física o fuerza mayor debidamente comprobadas,
alguno de los jueces no pudieran firmar la sentencia luego de haber sido expedida y firmada por
los otros dos, sentada la respectiva razón de este particular por el secretario, dicho fallo surtirá
efecto y seguirá su curso legal.

Artículo 317.- Votos salvados.- Cuando algún juez haya sido de opinión contraria a la mayoría,
esa opinión deberá constar en voto salvado, que será firmado por todos los jueces del Tribunal.

Artículo 318.- Delito diverso.- Si hallándose la causa ante el tribunal, aparece prueba de que el
acusado ha cometido otro delito diverso de la infracción por la que se le juzga, el tribunal
pronunciará la respectiva sentencia, absolviendo o condenando, y ordenará que se siga un nuevo
proceso por el delito o delitos que se hubieran descubierto.
Si mientras se sustancia el nuevo proceso transcurriese el tiempo al que fue condenado el reo, se le
pondrá en libertad si en dicho proceso no se hubiera dictado auto de prisión preventiva.

Artículo 319.- Libertad inmediata.- Si el acusado fuere absuelto, el presidente ordenará su
inmediata libertad, a pesar de cualquier recurso que se interpusiere, sin perjuicio del cumplimiento
de la pena que se llegare a imponer si la absolución fuere revocada.
La sentencia condenatoria no se ejecutará mientras no se encuentre ejecutoriada.

Artículo 320.- Prohibición.- En ningún caso le será permitido al tribunal ni a juez alguno hacer
calificaciones ofensivas respecto del acusado, debiendo limitarse a un examen escueto de los
hechos y a las conclusiones jurídicas que de ello se deriven.
CAPITULO VI

DEL RECURSO DE HECHO


Artículo 321.- Procedencia.- El recurso de hecho se concederá cuando el Juez o el Tribunal Penal
hubieren negado los recursos oportunamente interpuestos y que se encuentran expresamente
señalados en este Código.
Este recurso se interpondrá ante el Juez o Tribunal que hubiere negado el recurso oportunamente
interpuesto, dentro de los tres días posteriores a la notificación del auto que lo niega.
Interpuesto el recurso, el Juez o Tribunal, sin ningún trámite, remitirá el proceso a la Corte
Superior, la que admitirá o denegará dicho recurso.

Artículo 322.- Recurso infundado.- Si el recurso de hecho hubiera sido infundadamente,
interpuesto, la Corte Superior lo desechará e impondrá al recurrente una multa de hasta tres
salarios mínimos vitales del trabajador en general.
Si el recurso de hecho fuere aceptado y se tratare de apelación o de nulidad, la Corte Superior
entrará a conocer y resolver la causa en lo principal; o remitirá el proceso a la Corte Suprema de
Justicia si se tratare de los recursos de casación o de revisión.
El Superior, al aceptar el recurso de hecho, impondrá una multa equivalente a la mitad de un
salario mínimo vital del trabajador en general al Juez o Tribunal que ilegalmente negó el recurso.
De las multas impuestas no habrá recurso alguno.

Artículo 323.- Resolución del recurso.- La Corte Superior resolverá el recurso de hecho sin ningún
trámite, dentro del plazo de ocho días contados desde el momento en que recibió el proceso.

TITULO IV

ETAPA DE IMPUGNACION

CAPITULO I

REGLAS GENERALES


Artículo 324.- Facultad de impugnar.- Las sentencias, autos y resoluciones son impugnables solo
en los casos y formas expresamente establecidos en este Código.
Cuando la ley no distinga, el derecho a impugnar corresponde a las partes.
El defensor puede interponer los recursos, pero el imputado o acusado puede desistir de los
recursos interpuestos por su defensor.

Artículo 325.- Interposición.- Para ser admisibles, los recursos deben ser interpuestos dentro del
plazo y según la forma que determine la ley.
Al concederse un recurso se emplazará a las partes para que concurran ante el Superior para hacer
valer sus derechos.

Artículo 326.- Desistimiento.- Quien haya interpuesto un recurso, puede desistir de él.
El defensor no puede desistir de los recursos sin mandato expreso del imputado o acusado.
Artículo 327.- Efectos.- Cuando en un proceso existan varios coacusados, el recurso interpuesto
por uno de ellos, beneficiará a los demás, siempre que la decisión no se funde en motivos
exclusivamente personales.
Este beneficio será exigible aunque mediare sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de uno
de los acusados.
La interposición de un recurso suspende la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se
disponga lo contrario.

Artículo 328.- Limitación.- Ningún Tribunal Superior podrá empeorar la situación jurídica del
acusado, si fuere el único recurrente.

Artículo 329.- Excarcelación.- Cuando hallándose el proceso ante un juez superior, por haberse
interpuesto algún recurso, venciere el tiempo de la pena impuesta, el juez inferior ordenará que se
excarcele al correspondiente penado, en cuanto hubiese cumplido la condena, con la obligación de
presentarse, una vez por semana, ante el juez, si fuere posible, o ante la autoridad de policía que él
señale, hasta que el Superior devuelva la causa.
La autoridad de policía designada será advertida en la correspondiente comunicación de este deber
del excarcelado y tal autoridad fijará día y hora de la presentación.

CAPITULO II

RECURSO DE NULIDAD


Artículo 330.- Causas de nulidad.- Habrá lugar a la declaración de nulidad, en los siguientes
casos:
1. Cuando el juez o el tribunal penal hubieren actuado sin competencia;
2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 de este Código; y,
3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite previsto en la ley, siempre
que tal violación hubiere influido en la decisión de la causa.

Artículo 331.- Declaración de nulidad.- Si al momento de resolver un recurso, la Corte respectiva
observare que existe alguna de las causas de nulidad enumeradas en el artículo anterior, estará
obligada a declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del proceso desde el momento en
que, se produjo la nulidad a costa del funcionario u órgano jurisdiccional que la hubiere
provocado.
Sin embargo, se declarará la nulidad solamente si la causa que la provoca tuviere influencia en la
decisión del proceso.
Si se hubiere omitido algún acto procesal necesario para la comprobación de la existencia de la
infracción, en cualquier etapa del proceso, se mandará a que se lo practique, sin anularlo.

Artículo 332.- Interposición del recurso por las partes.- El recurso de nulidad podrá interponerse
por las partes, dentro de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia, del auto de
sobreseimiento, o de llamamiento a juicio, haciendo constar la causa de la nulidad.

Artículo 333.- Otorgamiento del recurso.- El juez o el presidente del tribunal, en su caso,
concederán el recurso de nulidad si se lo hubiere interpuesto en el plazo legal; y, en la misma
providencia, recibirá la causa a prueba por el plazo de seis días, si la nulidad alegada contuviere
hechos sujetos a justificación.
Artículo 334.- Conclusión del plazo y remisión del proceso.- Concluido el plazo de prueba, se
remitirá inmediatamente el proceso original a la respectiva Corte Superior, previa notificación a las
partes, dejando copia de auto o sentencia recurridos.

Artículo 335.- Interposición conjunta de los recursos de nulidad y apelación.- Si en el proceso se
hubieren interpuesto tanto el recurso de nulidad, como el de apelación, la Corte Superior resolverá
en primer término el de nulidad y, si el mismo fuese desechado, resolverá sobre el de apelación.

Artículo 336.- Sustanciación del recurso.- La Corte Superior, sustanciará el recurso de nulidad,
ordenando que el recurrente fundamente el mismo dentro del plazo de tres días. Realizada la
fundamentación, se correrá traslado con la misma a las otras partes procesales para que la
contesten, así mismo en el plazo de tres días.

Artículo 337.- Interposición del recurso por parte del Agente Fiscal.- Si el recurso lo hubiere
interpuesto el Agente Fiscal, la Corte oirá, en primer lugar, al Ministro Fiscal, concediéndole un
plazo de tres días dentro del que podrá insistir en el recurso o desistir del mismo. Si insiste en el
recurso, deberá fundamentarlo, hecho lo cual se correrá traslado a las otras partes para que lo
contesten también en el plazo de tres días.

Artículo 338.- Desistimiento del recurso.- Si el Ministro Fiscal desiste del recurso de nulidad, y
siempre que el mismo no hubiere sido interpuesto por ninguna de las otras partes, la Corte
ordenará que se devuelva el proceso para que se ejecute la providencia recurrida.

Artículo 339.- Resolución sobre el recurso.- Con la contestación de los traslados previstos en los
artículos 336 y 337 o en rebeldía, la Corte Superior pronunciará la resolución correspondiente, de
la que no podrá interponerse recurso alguno.

Artículo 340.- Rechazo del recurso.- Si el recurso de nulidad fuere rechazado, se devolverá el
proceso al inferior que corresponda, para que ejecute la providencia impugnada.

Artículo 341.- Aceptación del Recurso.- Si la Corte Superior aceptare el recurso de nulidad, y ésta
se hubiera producido total o parcialmente en la etapa de instrucción fiscal, la Corte remitirá el
proceso a un Fiscal Penal diferente, para que sustancie dicha etapa, desde el momento procesal en
que se produjo la causa que dio lugar a la nulidad. Si la nulidad se hubiere producido en la etapa
del juicio, el proceso será remitido a otro tribunal penal, para que proceda a sustanciar dicha etapa,
así mismo a partir del momento procesal en que se produjo la causa que generó la nulidad.
Nota: Artículo sustituido por Art. 30 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 342.- Condena en costas.- Siempre que se reponga el proceso por causa de nulidad, se
condenará en costas al funcionario, juez o tribunal que hubiera causado la nulidad

CAPITULO III

RECURSO DE APELACION


Artículo 343.- Procedencia.- Procede el recurso de apelación cuando alguna de las partes lo
interponga en los siguientes casos:
1. Del auto de sobreseimiento;
2. Del auto de llamamiento a juicio;
3. De los autos de nulidad, de prescripción, y de inhibición por causa de incompetencia;
4. De las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente por el Juez o Tribunal,
conforme al procedimiento previsto en este Código.
5. De la sentencia de acción privada;
6. De la sentencia sobre la reparación del daño; y,
7. De la sentencia dictada en el proceso abreviado.
Nota: Artículo reformado por Art. 31 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.

Artículo 344.- Interposición.- El recurso de apelación se debe interponer mediante escrito
fundamentado, ante el juez o tribunal, dentro de los tres días de notificada la providencia.
Interpuesto el recurso el juez o tribunal, sin dilación alguna, elevará el proceso al superior.

Artículo 345.- Trámite.- Una vez recibido el proceso, la Sala de la Corte Superior respectiva debe
resolver el recurso por el mérito de los autos, dentro del plazo de quince días, contados desde la
fecha de recepción del proceso. Previamente debe resolver, como cuestión previa, sobre la
admisibilidad del recurso.

Artículo 346.- Resolución de la Sala.- Si al resolver la apelación, la Corte Superior considera que
no procede el sobreseimiento sino el auto de llamamiento a juicio, lo debe dictar conforme lo
previsto en este Código.

Artículo 347.- Decisión Definitiva.- "De lo que resuelva la Corte Superior respecto de la apelación
no cabe recurso alguno". Ejecutoriado el fallo se debe remitir el proceso al juez o tribunal para su
inmediato cumplimiento.
Nota: La frase entre comillas ha sido declarada inconstitucional por Resolución del Tribunal
Constitucional No. 006-2003-DI, publicada en Registro Oficial 194 de 21 de Octubre del 2003.

Artículo 348.- Confirmación por el Ministerio de la Ley.- Si la Corte Superior no resolviera la
apelación del auto de sobreseimiento en el plazo máximo de noventa días, éste quedará confirmado
en todas sus partes. El plazo correrá a partir de la fecha de recepción del proceso en la sala
respectiva.

CAPITULO IV

RECURSO DE CASACION


Artículo 349.- Causales.- El recurso de casación será procedente para ante la Corte Suprema de
Justicia cuando en la sentencia se hubiera violado la Ley, ya por contravenir expresamente a su
texto; ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella; ya, en fin, por haberla interpretado
erróneamente.

Artículo 350.- Plazo.- El recurso de casación se concederá si se lo interpone dentro de los tres días
posteriores a la notificación de la sentencia, y se remitirá el proceso de inmediato a la Corte
Suprema de Justicia.

Artículo 351.- Titulares.- El recurso de casación podrá ser interpuesto por el agente fiscal, el
acusado o el acusador particular.
Artículo 352.- Plazo para fundamentar.- Recibido el proceso y si el recurso estuviere debidamente
interpuesto, la Sala de Casación dispondrá que el recurrente fundamente el recurso dentro del
término de diez días. Si no lo fundamentare, declarará de oficio o a petición de parte, la deserción
del recurso.

Artículo 353.- Fundamentación.- recurso se fundamentará por escrito.

Artículo 354.- Fundamentación por el Ministerio Público.- Si el recurso se hubiere interpuesto por
el Ministerio Público, quien deberá fundamentarlo será el Ministro Fiscal General.

Artículo 355.- Traslado.- El escrito de fundamentación, se pondrá en conocimiento de las otras
partes que intervinieren en el proceso, para que lo contesten en el plazo de diez días.

Artículo 356.- Señalamiento de audiencia.- Con la contestación o en rebeldía, la Corte Suprema
señalará fecha para oír alegatos en audiencia, si lo solicitare alguna de las partes.

Artículo 357.- Trámite.- Instalada la audiencia, el Presidente concederá el uso de la palabra al
recurrente y a continuación, a las otras partes procesales en el orden que señale. En todo caso, el
defensor del acusado será oído al último.

Artículo 358.- Sentencia.- Si la Corte Suprema estimare procedente el recurso pronunciará
sentencia enmendando la violación de la ley. Si lo estimare improcedente, lo declarará así en
sentencia y devolverá el proceso al inferior para que ejecute la sentencia. Si la sala observare que
la sentencia ha violado la ley, admitirá la casación, aunque la fundamentación del recurrente haya
sido equivocada.

CAPITULO V

RECURSO DE REVISION


Artículo 359.- Objeto.- El recurso de revisión por una de las causas previstas en el artículo
siguiente, podrá proponerse en cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia
condenatoria.

Artículo 360.- Causas.- Habrá lugar al recurso de revisión para ante la Corte Suprema de Justicia,
en los siguientes casos:
1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta;
2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito contra diversas
personas, sentencias que, por ser contradictorias revelen que una de ellas está errada;
3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales
maliciosos o errados;
4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el que se lo condenó;
5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y,
6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que se refiere
la sentencia.
Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que
demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada.
Artículo 361.- Recurrente.- La revisión por el primer caso la intentará el reo, o cualquier persona,
o el mismo tribunal de oficio, cuando resulte la aparición del que se creía muerto, o se presenten
pruebas que justifiquen plenamente la existencia del que se creía muerto con posterioridad a la
fecha de la supuesta infracción.
En los demás casos sólo podrá interponerlo el condenado; pero si hubiera fallecido, podrán hacerlo
su cónyuge, sus hijos, sus parientes o herederos.

Artículo 362.- Fundamentación.- La solicitud de revisión estará debidamente fundamentada y
deberá contener la petición de prueba, así como el señalamiento de la casilla judicial en la Capital.

Artículo 363.- Remisión del proceso.- Presentado el recurso, el presidente del tribunal penal o el
presidente de la Corte respectiva, en los casos de fuero, remitirá el proceso, sin dilación alguna a la
Corte Suprema de Justicia.

Artículo 364.- Término de prueba.- El presidente de la Sala de la Corte Suprema de Justicia
pondrá en conocimiento de las partes la recepción del recurso y del proceso y abrirá la causa
prueba por diez días.

Artículo 365.- Dictamen.- Fenecido el término de prueba se llevará el proceso a conocimiento del
Ministro Fiscal General para que emita su dictamen en quince días.

Artículo 366.- Audiencia.- Con el dictamen Fiscal, o en rebeldía, el presidente de la Sala
convocará a una audiencia en la que el recurrente, por sí mismo o por medio de su defensor,
alegará verbalmente. Podrá también intervenir el Ministro Fiscal General, o su delegado
debidamente acreditado, pero el recurrente tendrá derecho a la réplica.

Artículo 367.- Sentencia.- Cuando la Corte Suprema de Justicia encuentre que es procedente la
revisión dictará la sentencia que corresponda. Si la estimara improcedente lo declarará así, y
mandará que el proceso sea devuelto al tribunal de origen.

Artículo 368.- Nueva revisión.- Ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia confirmatoria de la
anterior, impedirá que pueda proponerse una nueva revisión fundamentada en una causa diferente.

TITULO V

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPITULO I

PROCEDIMIENTO ABREVIADO


Artículo 369.- Admisibilidad.- Hasta el momento de la clausura del juicio, se puede proponer la
aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título cuando:
1. Se trate de un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco años;
2. El imputado admita el acto atribuido y consienta la aplicación de este proceso; y,
3. El defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consentimiento libremente.
La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.
Artículo 370.- Trámite.- El Fiscal o el imputado deben presentar un escrito, acreditando todos los
requisitos previstos en el artículo anterior.
El juez debe oír al imputado y dictar la resolución que corresponda, sin más trámite. Si lo
considera necesario puede oír al ofendido o al querellante.
El juez puede absolver o condenar, según corresponda. Si condena, la pena impuesta no puede
superar la requerida por el fiscal.
La sentencia debe contener los requisitos previstos en el artículo 309 de modo conciso.
Si el juez no admite la aplicación del procedimiento abreviado, debe emplazar al Fiscal para que
concluya el proceso según el trámite ordinario. En este caso, el requerimiento anterior sobre la
pena no vincula al Fiscal durante el juicio, ni la admisión de los hechos por parte del imputado
puede ser considerada como una confesión.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE ACCION PENAL PRIVADA


Artículo 371.- Querella.- Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, debe proponer la
querella por sí o mediante apoderado especial directamente ante el juez la querella constará por
escrito y contendrá:
1. Nombre, apellido y dirección domiciliaria del acusador;
2. El nombre y apellido del acusado y, si fuere posible, su dirección domiciliaria;
3. La relación circunstanciada de la infracción, con determinación del lugar y la fecha en que fue
cometida:
4. La protesta de formalizar la acusación una vez concluida la prueba; y,
5. La firma del acusador o de su apoderado con poder especial, el cual deberá acompañarse. El
poder contendrá la designación precisa del acusado y la relación completa de la infracción que se
requiere acusar.
Si el acusador no supiere o no pudiere firmar, concurrirá personalmente ante el juez y en su
presencia estampará la huella digital del pulgar derecho.
Todo querellante concurrirá personalmente ante el juez, para reconocer su acusación.

Artículo 372.- Conciliación.- Admitida y citada la acusación particular, el juez convocará a una
audiencia de conciliación.
Por acuerdo entre acusador y acusado el juez puede designar un amigable componedor para que
realice la audiencia de conciliación.
Si se logra la conciliación termina el proceso y deberá cumplirse lo que las partes acuerden.

Artículo 373.- Procedimiento posterior.- Si no se logra la conciliación en la audiencia el juez
recibirá la causa a prueba por el plazo de quince días, durante el cual se practicarán todas las que
pidan las partes.
Concluido el plazo probatorio, el juez ordenará que el acusador formalice su acusación en el plazo
de tres días. Del escrito de formalización se correrá traslado al acusado, para que lo conteste en
igual plazo.
Si el acusador particular no formaliza la acusación dentro del plazo indicado en el inciso anterior,
el juez de oficio, la declarará desierta, con los mismos efectos del abandono, sin perjuicio de
calificarla de temeraria o maliciosa, si es que hubiera mérito para ello.
Nota: Artículo reformado por Art. 32 de Ley No. 101, publicada en Registro Oficial 743 de 13 de
Enero del 2003.
Artículo 374.- Sentencia.- Contestado que fuere el traslado, o en rebeldía, el juez pronunciará
sentencia en el plazo de cuatro días.
Nota: Incluye Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 14 de 10 de Febrero del 2000.

Artículo 375.- Desistimiento o abandono.- En los juicios de que trata este parágrafo no se ordenará
la prisión preventiva del acusado; y pueden concluir por abandono, desistimiento, remisión de la
parte ofendida, o cualquier otra forma permitida por la ley.
Nota: Incluye Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 14 de 10 de Febrero del 2000.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO POR RAZON DEL FUERO


Artículo 376.- Fuero y competencia.- Cuando se deba juzgar penalmente a funcionarios que por
mandato de la ley gozan de fuero de Corte Superior o de Corte Suprema de Justicia, el Ministro
Fiscal del Distrito o el Ministro Fiscal General, según el caso, llevarán adelante la etapa de
instrucción, de acuerdo con las normas generales de este Código, en lo que fueren aplicables.

Artículo 377.- Control de la instrucción.- El control de la instrucción fiscal y la sustanciación de la
etapa intermedia estarán a cargo del Presidente de la Corte Superior o de la Corte Suprema, según
el caso.

Artículo 378.- Auto de llamamiento a juicio.- Si el presidente considera que los resultados de la
instrucción fiscal contienen fundamentos graves que le permitan presumir que el imputado ha
cometido un delito pesquisable de oficio como autor, cómplice o encubridor dictará auto de
llamamiento a juicio conforme a lo establecido en el artículo 232.

Artículo 379.- Auto de Sobreseimiento.- Si el presidente no ha logrado establecer las
comprobaciones del artículo anterior, dictará el auto de sobreseimiento que corresponda.

Artículo 380.- Apelación.- Las partes podrán interponer el recurso de apelación del auto de
sobreseimiento o del de llamamiento a juicio para ante la Sala de la Corte Superior o la Sala de lo
Penal de la Corte Suprema, que se determine por sorteo.
El recurso de apelación se sustanciará de acuerdo a lo previsto en la sección segunda del Título
Cuarto del Libro Cuarto de este Código.
De lo que resuelva la sala sobre el recurso de apelación, no habrá recurso alguno.

Artículo 381.- Juicio.- Ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, el presidente remitirá el
proceso a la Sala de la Corte Superior o de la Corte Suprema que corresponda a fin de que
sustancie la etapa del juicio, de acuerdo a las normas previstas en el Título III del Libro Cuarto de
este Código, en lo que fueren aplicables.

Artículo 382.- Recursos.- De la sentencia que expida la Sala las partes podrán interponer los
recursos de casación y de revisión para ante la Sala que no hubiese intervenido en el trámite del
proceso. Estos recursos se sustanciarán según las normas previstas para el procedimiento ordinario,
en lo que fueren aplicables.
Cuando se trate de delitos de acción privada, se aplicará por el juez del fuero el procedimiento
previsto en el Capítulo precedente, debiendo actuar como juez de primera instancia el Presidente
de la respectiva Corte y como tribunal de segunda instancia, una de las Salas de la Corte Superior o
la Sala de lo Penal de la Corte Suprema que se determinen por sorteo.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO PARA LOS DELITOS COMETIDOS MEDIANTE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION SOCIAL


Artículo 383.- Reglas especiales.- Para el juzgamiento de los delitos cometidos por medio de la
imprenta, la radiodifusión, la televisión y otros medios de comunicación social, se aplicarán las
normas generales de este Código y, además las reglas especiales previstas en este parágrafo.

Artículo 384.- Responsabilidad de los Directores.- El director, editor, dueño o responsable de un
medio de comunicación responderá por la infracción que se juzga y contra él se seguirá la causa, si
no manifestare, cuando el Fiscal lo requiera, el nombre del autor, reproductor o responsable de la
publicación.
Igualmente serán responsables cuando el autor de la publicación resultaré o fuere persona supuesta
o desconocida, menor de dieciocho años o personas con manifiesta y conocida alteración de sus
facultades mentales.
Los directores, administradores o propietarios de las estaciones de radio y televisión están
obligados a remitir, cuando el Fiscal lo requiera, los filmes, las videocintas o las grabaciones de
sonidos. De no hacerlo, el proceso se seguirá contra ellos.

Artículo 385.- Término para remisión.- El Fiscal concederá el término de tres días para la
remisión, previniéndole de su responsabilidad en caso de incumplimiento.

Artículo 386.- Exhibición previa.- Antes del ejercicio de la acción penal, el Fiscal de oficio o a
petición de la persona que se considere afectada requerirá al director, editor o responsable del
medio de comunicación enviándole una copia del escrito considerado punible para que informe el
nombre del autor o responsable del escrito. En los demás casos pedirá, además del nombre, la
remisión de los filmes, videocintas y grabaciones mencionadas en el artículo 384.

Artículo 387.- Transcripción del original.- La presentación del original cuando el delito se ha
cometido por medio de la radiodifusión o la televisión puede suplirse con una transcripción
judicial o extrajudicial obtenida, de la grabación o filmación previstas en la Ley de Radiodifusión
y Televisión.

Artículo 388.- Comienzo de la instrucción o del juicio.- Exhibido el original de la cinta o la
grabación, si se tratare de un delito de acción pública, el Fiscal iniciará la instrucción como está
previsto en el Capítulo II del Título I del Libro Cuarto de este Código.
Pero si se tratare de un delito de acción privada, la persona que se considere afectada presentará su
acusación particular y el juicio se tramitará conforme a las reglas propias de esta clase de juicios.

Artículo 389.- Otros medios de comunicación.- Las reglas precedentes regirán también, en lo que
sean aplicables, en el juzgamiento de delitos cometidos por cualquier otro medio de comunicación
social.
LIBRO QUINTO

JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES


Artículo 390.- Competencia.- Para conocer y juzgar las contravenciones son competentes los
jueces de contravenciones que establezca la Ley Orgánica de la Función Judicial, dentro de la
respectiva jurisdicción territorial.

Artículo 391.- Daños y perjuicios.- El juez que sentencie una contravención es también
competente para conocer de la acción correlativa de daños y perjuicios, la que se sustanciará en
juicio verbal sumario y en cuaderno separado. De la sentencia que dicte en este juicio no habrá
recurso alguno.

Artículo 392.- Remisión al Fiscal.- Si al juzgar una contravención el juez encontrare que se ha
cometido también un delito, juzgará la primera y enviará el expediente al Fiscal competente para la
investigación del delito.

Artículo 393.- Jueces especiales.- Las contravenciones militares, policiales, de tránsito, de
violencia intrafamiliar o de cualquier otra naturaleza, serán juzgadas por los jueces especiales
respectivos.

Artículo 394.- Iniciativa.- Las contravenciones pueden juzgarse de oficio o a petición de parte.

Artículo 395.- Citación.- Cuando el juez competente llegare a tener conocimiento que se ha
cometido alguna contravención, mandará citar al acusado para el respectivo juzgamiento.
La citación se hará por medio de una boleta, en que conste el día y la hora en que debe comparecer
el citado, la misma que será entregada a este por el secretario del juzgado o por algún agente la
autoridad. Si el acusado no fuere encontrado, la boleta será entregada a cualquier persona que se
halle en el domicilio del citado. En la boleta a la que se refiere este artículo se hará constar el
motivo de la citación. Si el acusado no tuviera domicilio conocido, se lo hará comparecer por
medio de los agentes de la autoridad.

Artículo 396.- Arresto del rebelde.- Si el acusado no compareciere en el día y la hora señalados y
no hubiera justificado su inasistencia, el juez ordenará el arresto del rebelde, para su inmediato
juzgamiento.

Artículo 397.- Contravenciones de primera clase.- Cuando se tratare del juzgamiento de las
contravenciones de primera clase, comprobada por el juez la existencia de la contravención, luego
de escuchar al acusado, dictará sentencia, la que se hará constar por escrito en un libro especial que
el juez deberá firmar y rubricar junto con el secretario, en cada folio.
La sentencia deberá contener la relación del hecho que constituye la contravención, el modo como
llegó a conocimiento del juez, así como la declaración de la responsabilidad del acusado y la pena
impuesta, con señalamiento de la disposición penal aplicada.
La sentencia deberá ser firmada por el juez y autorizada por el secretario.

Artículo 398.- Contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta clase.- En el juzgamiento de
una contravención de segunda, de tercera o de cuarta clase, sea de oficio o mediante acusación
particular, entregada la boleta de citación al acusado, se pondrá en su conocimiento los cargos que
existen contra él y se le citará la acusación particular, de haberla, para que la conteste en el plazo
de veinticuatro horas.
Si hubiere hechos que deben justificarse se concederá el plazo de prueba de seis días, vencido el
cual el juez dictará sentencia.
Si no hubiere hechos justificables el juez dictará sentencia en el plazo de veinticuatro horas.

Artículo 399.- Expediente.- Los procesos que se formen para el juzgamiento de las
contravenciones se tramitarán en papel simple y se conservarán en el archivo del juzgado, bajo la
responsabilidad del secretario.

Artículo 400.- Rechazo de incidentes.- Los jueces están obligados a rechazar, de plano, todo
incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso.

Artículo 401.- Acuerdo transaccional.- Cuando se tratare de contravenciones que se refieran a la
propiedad, a la honra de las personas o a lesiones que no excedan de tres días de curación, el juez
podrá autorizar que el proceso, si lo hubiere, o la reclamación, en caso contrario, concluyan
mediante transacción entre las partes o por desistimiento.
Las multas que se impongan los que transijan se cobrarán por apremio real, por parte del propio
juez que autorizó la transacción.
El acuerdo transaccional se hará constar en acta que será firmada por el juez, las partes y el
secretario.

Artículo 402.- Sentencia.- La sentencia dictada por el juez será motivada y deberá condenar o
absolver.
En caso de sentencia condenatoria se ordenará el pago de costas y se mandará pagar los daños y
los perjuicios, si se hubiera propuesto acusación particular.
En caso de sentencia absolutoria se condenará en costas al denunciante o acusador particular que
hubiese procedido temerariamente.
La liquidación de las costas la hará el mismo juez de la causa.
En cuanto a los honorarios de los abogados defensores, se los fijará de conformidad con la ley.

Artículo 403.- Inadmisibilidad de recurso.- En las sentencias dictadas por contravenciones no
habrá recurso alguno, quedando a salvo el ejercicio de la acción de indemnización por daños y
perjuicios contra el juez que la dictó.

Artículo 404.- Indemnización.- La acción de indemnización a la que se refiere el artículo anterior
se podrá ejercer dentro de los quince días contados desde la fecha de la última notificación de la
sentencia.

Artículo 405.- Acción de reclamo.- La indicada acción se deducirá ante el juez de lo penal de la
jurisdicción respectiva, quien, presentada la demanda, pedirá informe al juez de contravenciones
contra el que se la intentare, concediéndole el término de tres días para que lo emita; junto con el
informe se enviará copia de todas las diligencias materia de la demanda, o el mismo expediente
original. Si hubiere hechos que deban justificarse se concederá el plazo de prueba por seis días,
después de lo cual se dictará sentencia, de la que no habrá recurso alguno. El juicio se sustanciará
en papel simple.

Artículo 406.- Contravención flagrante.- Si una persona es sorprendida cometiendo una
contravención será aprehendida por los agentes de la autoridad y llevada inmediatamente ante el
juez competente para su juzgamiento, conforme a las reglas establecidas en este Título.
Pero si la contravención fuere cometida por un Legislador, por un Ministro de Estado; por un
Magistrado de los Tribunales de Justicia o cualquier otra persona que ejerza autoridad o
representación dentro de las funciones del Estado, la autoridad o el agente de la autoridad, no le
detendrá; pero le citará para que comparezca ante el Presidente de la Corte respectiva, a quien
presentará un informe circunstanciado sobre la contravención, determinando el lugar, día, mes, año
y hora en que fue cometida; los nombres, apellidos y dirección domiciliaria de las personas que la
vieron cometer y de la persona que la cometió.

LIBRO SEXTO

DISPOSICIONES FINALES

TITULO I

EJECUCION DE LA SENTENCIA CONDENATORIA


Artículo 407.- Ejecutoriedad.- Las condenas son ejecutables cuando la sentencia ha causado
estado.
Para ejecutarlas, el secretario del tribunal o juzgado debe remitir las comunicaciones
correspondientes; practicar el cómputo definitivo y extender copia certificada de la sentencia para
las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de la pena.
Si el condenado está en libertad, se debe ordenar su detención para que cumpla la condena.

Artículo 408.- Rehabilitación.- En el caso de privación del ejercicio de una profesión u oficio el
reo puede solicitar su rehabilitación cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de la privación
siempre que haya reparado totalmente, el daño causado.

TITULO II

COSTAS


Artículo 409.- Costas Procesales.- Las costas procesales consisten en:
1. Las costas judiciales;
2. Los gastos originados durante la tramitación del proceso; y
3. Los honorarios de los abogados, de los peritos y consultores técnicos.

Artículo 410.- Costas Judiciales.- En todo proceso penal las partes deben pagar las costas
judiciales, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley.
Las costas judiciales son una parte del gasto que realice el Estado en la tramitación de los
procesos.
La Corte Suprema debe expedir la reglamentación para determinar el valor de las costas judiciales,
el momento procesal en el que las partes deben sufragarlas, el sistema de recaudación y de
actualización.
Nota: Artículo declarado inconstitucional de fondo por Resolución del Tribunal Constitucional
No. 88-2001-TP, publicada en Registro Oficial Segundo Suplemento 351 de 20 de Junio del 2001.
Artículo 411.- Destino.- El valor que se recaude en concepto de costas judiciales debe ingresar
directamente a la Caja Judicial.

Artículo 412.- Imposición.- Toda decisión que ponga fin al proceso o que resuelva algún
incidente, debe determinar la condena en costas procesales.
Las costas están a cargo del vencido, pero el juez o tribunal puede eximirlo, total o parcialmente,
cuando hayan existido razones serias y fundadas para promover o intervenir en el proceso.
La condena en costas debe ser fundamentada.
Las costas serán liquidadas por los liquidadores de costas.

Artículo 413.- Denuncia maliciosa o temeraria.- Cuando el denunciante, o acusador particular,
hayan provocado el proceso por medio de una denuncia o acusación particular maliciosa o
temeraria, el juez o tribunal debe imponerle el pago total o parcial de las costas procesales, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubieren lugar.

Artículo 414.- Recursos.- La decisión sobre las costas es impugnable autónomamente, siempre
que sea posible recurrir de la sentencia condenatoria por la vía prevista para ello.

Artículo 415.- Queja por la liquidación.- Toda observación o queja sobre la liquidación de costas
debe ser resuelta por el juez o el presidente del tribunal.

TITULO III

INDEMNIZACION AL IMPUTADO, ACUSADO O CONDENADO


Artículo 416.- Caso de revisión.- Cuando la Corte Suprema, aceptando el recurso de revisión,
revoque o reforme la sentencia recurrida, el injustamente condenado tiene derecho a una
indemnización equivalente al duplo de los ingresos percibidos según su declaración de impuesto a
la renta, correspondiente al año inmediato anterior de su privación de libertad, indexados en UVCs
o si es un período anterior a la creación de la UVC indexado en base a los indicadores del Banco
Central del Ecuador, en proporción al tiempo que haya permanecido preso. Además será
obligación del Estado proporcionar al injustamente condenado un trabajo acorde con sus
antecedentes, formación y necesidades.
Si no existe declaración de impuesto a la renta, la indemnización debe ser igual al duplo del salario
mínimo vital y demás remuneraciones complementarias establecidas al momento de ingresar a
prisión indexadas en UVCs, por todo el tiempo que haya permanecido privado de su libertad.

Artículo 417.- Reclamo.- La indemnización puede ser reclamada por el injustamente condenado o
por sus herederos, dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha en que se ejecutorio el
fallo que aceptó el recurso de revisión.

Artículo 418.- Pago.- Si presentado el reclamo administrativo en la forma prevista en la Ley
Orgánica del Ministerio Público, el Estado no paga la indemnización dentro de los sesenta días
posteriores a la reclamación, el injustamente condenado o sus herederos deben demandar su pago a
quien ejerce la función ejecutiva y representa al Estado, ante el juez o tribunal que sentenció la
causa.
La sentencia que pronuncie el citado juez o tribunal será susceptible del recurso de apelación, por
parte del injustamente condenado.
Artículo 419.- Casos de prisión preventiva o internación provisional.- Cuando el imputado sea
absuelto o sobreseído, debe ser indemnizado por los días de privación de libertad sufridos,
conforme lo previsto en los artículos anteriores.
La indemnización será pagada por el acusador particular. Si no lo hubiere, la pagará el Estado, que
tendrá derecho a repetir contra quien haya inducido la acusación fiscal.

Artículo 420.- Repetición.- El Estado puede repetir la indemnización pagada de quienes hayan
contribuido dolosamente al error judicial. En el caso de las medidas cautelares sufridas
injustamente, el juez o tribunal debe imponer, al denunciante o al querellante que hayan alterado
los hechos o litigado con temeridad, la obligación de indemnizar.

Artículo 421.- Ley más benigna.- La aplicación de una ley posterior más benigna, no genera la
obligación de indemnizar.

TITULO IV

AMPARO DE LA LIBERTAD


Artículo 422.- Procedencia.- Toda persona privada de su libertad o que crea amenazada su libertad
por un abuso de poder o violación de la ley por parte de un juez o autoridad pública; puede
interponer, por sí misma o por terceros, una acción de amparo de libertad ante cualquier juez o
tribunal penal del lugar donde se encuentre el recurrente.

Artículo 423.- Reglas de competencia.- Si la orden de prisión ha sido dispuesta dentro de un
proceso, el recurso se interpondrá ante el juez o tribunal superior, de la siguiente manera:
a) Si la orden es de un juez penal, lo conocerá el Presidente de la respectiva Corte Superior;
b) Si, la orden es de un Presidente de Corte Superior, el recurso será resuelto por una de sus Salas;
y,
c) Si la orden es del Presidente de la Corte Suprema, lo conocerá una de las Salas de lo penal.

Artículo 424.- Solicitud.- La solicitud de amparo puede ser propuesta, oralmente o mediante
escrito, sin formalidades. Si se propone oralmente, se debe elaborar un acta.
De ser posible la solicitud debe contener:
1. Nombre y domicilio del solicitante:
2. Nombre y domicilio de la persona en cuyo favor se propone;
3. Designación de la autoridad contra quien se propone el amparo;
4. Descripción del acto lesivo y, la causa de su ilegitimidad; y,
5. Si estuviere privado de la libertad se indicará el lugar de la detención.

Artículo 425.- Auto de amparo y audiencia.- Cuando la persona esté privada de su libertad, el juez
o tribunal debe ordenar, de inmediato, que el detenido sea llevado a su presencia. De ser necesario,
se puede constituir en el lugar de la privación de la libertad.
Asimismo, debe convocar a una audiencia, que debe realizarse dentro de las inmediatas doce
horas, para que, en presencia del detenido, la autoridad denunciada informe.
El juez o tribunal puede ordenar la producción de prueba durante la audiencia.
Si se desconoce la identidad de la autoridad que ordenó la privación de libertad, se debe convocar
a la audiencia al funcionario responsable de la dependencia indicada por el solicitante y en su falta
al jefe de la dependencia donde guarda prisión.
Artículo 426.- Ausencia del imputado.- No será necesaria la presencia física del imputado cuando
se encontrare prófugo, pero intervendrá en la audiencia su defensor.

Artículo 427.- Resolución.- Finalizada la audiencia el juez o tribunal debe resolver
inmediatamente, sobre el amparo de libertad. Si se constata la ilegitimidad debe ordenar la libertad
del detenido o la revocatoria de la orden de prisión.

Artículo 428.- Amparo Preventivo.- Cuando se denuncie una amenaza actual e inminente de
privación de libertad, el juez o tribunal debe ordenar a la autoridad que la dispuso que informe en
un plazo de doce horas, y posteriormente convocará a la audiencia para sustanciar el amparo.
Cuando se trate de una orden de prisión preventiva no ejecutada, el amparo debe ser conocido por
la Corte Superior correspondiente.
Se puede realizar una investigación sumaria para comprobar la existencia de la amenaza. Si se
constata, se debe ordenar que la fuerza pública proteja a la persona, durante el tiempo que indique
la resolución.

Artículo 429.- Efectos.- La resolución no es susceptible de recurso. El rechazo de la solicitud no
impide su nueva presentación por otra causa.

Artículo 430.- Desaparición de personas.- Cuando se haya propuesto un amparo y no se conozca
el lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se propuso y existan sospechas fundadas de
que ha sido privada de su libertad por algún funcionario público o miembro de la fuerza pública, el
juez o tribunal debe ordenar una investigación urgente para ubicarla.
Se puede encargar esta investigación al Defensor del Pueblo, quien debe informar sobre los
resultados en el plazo de cinco días.
Asimismo, puede nombrar auxiliar de la investigación a la persona o asociación de personas que
hayan propuesto la solicitud de amparo.


DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En cuanto a los delitos cometidos dentro de una comunidad indígena se estará a lo
dispuesto en la ley especial que se dicte de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de la
República.

SEGUNDA.- En lo no previsto en este Código, se observará lo previsto por el Código de
Procedimiento Civil, si fuere compatible con la naturaleza del proceso penal acusatorio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procesos penales que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código
de Procedimiento Penal, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior
hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en la
Constitución Política de la República.
En la etapa del plenario, la medida cautelar de orden personal que se dicta para asegurar la
comparecencia del acusado al proceso se denominará, detención en firme, siendo su naturaleza
diferente a las que se dicta en el sumario.
Nota: Disposición Transitoria reformada por Art. 34 de Ley No. 101, publicada en Registro
Oficial 743 de 13 de Enero del 2003.
SEGUNDA.- Mientras no se organice plenamente la Defensoría Pública Nacional, cuando no se
pueda contar con un defensor público o fuese imposible designarlo inmediatamente, se nombrará
un defensor de oficio, que será abogado en el libre ejercicio de su profesión.
El cargo de defensor de oficio es obligatorio. El nombrado sólo podrá excusarse legalmente por
enfermedad grave, incompatibilidad de intereses, ser empleado público, o tener a su cargo tres o
más defensas de oficio.
El defensor designado de oficio que no actuare sin justa causa, será requerido por el Fiscal, el juez
o el tribunal para que ejerza el cargo y en caso de renuncia será sancionado con una multa
equivalente a dos salarios mínimos vitales.

TERCERA.- Cuando la Policía Nacional haga las veces de Policía Judicial, debe someterse a las
regulaciones establecidas en el Capítulo I del Libro IV de este Código.

CUARTA.- Mientras no se dicte la Ley Especial a que se refiere la Disposición General Primera,
se aplicará este Código de Procedimiento Penal.

QUINTA.- Si al entrar en vigencia este Código no se ha expedido todavía la nueva Ley Orgánica
de la Función Judicial, la Corte Suprema de Justicia dictará las normas transitorias que sean
necesarias para la organización, integración, distribución territorial y funcionamiento de los
Tribunales Penales.

DISPOSICION FINAL.- Deróganse, todas las disposiciones generales y especiales que se
opongan a este Código, y de manera expresa el Código de Procedimiento Penal (Ley No. 134),
publicado en el Registro Oficial 511 del 10 de junio de 1983 y, todas sus reformas posteriores.

Este Código entrará en vigencia luego de transcurrido dieciocho meses desde su publicación en el
Registro Oficial.

Lo previsto en el inciso anterior no será aplicable al Capítulo IV, Título IV del Libro Cuarto y a los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 y 430, que, por desarrollar los
principios del debido proceso reconocidos por la Constitución Política de la República, entrarán en
vigencia a partir de la publicación de este Código en el Registro Oficial.

LEY DE GRACIA.

Codificación No. 000. RO/ 183 de 30 de Septiembre de 1976.


     Art. 1.- El derecho de gracia se ejerce perdonando, conmutando o
rebajando las penas impuestas por sentencia judicial, y requiere
petición del interesado que, por escrito, dirigirá al Presidente de la
República, después de ejecutoriada la sentencia.


     Art. 2.- Se prohibe ejercer este derecho en favor de los que
delinquieren por orden de algún órgano de la Función Ejecutiva, o
contra la Hacienda Pública.


     Art.     3.-     Tampoco     se concederá gracia al sentenciado que no se
encuentre           detenido       en   el    establecimiento    penitenciario
correspondiente,   ni   al que haya observado mala conducta posterior al
delito.


     Art. 4.- La solicitud de gracia se dirigirá al Presidente de la
República, por medio del Ministro de Gobierno y Justicia, quien pedirá el
proceso al juez que debe tenerlo, manifestando el objeto.

      El proceso se remitirá original al Ministro, o su copia, si
hubiere algún inconveniente, con un informe del juez sobre las
circunstancias que hagan al sentenciado acreedor a la gracia o indigno de
ella.

     El Ministro, además, pedirá informe al Instituto de Criminología
respectivo, y a la Dirección Nacional de Prisiones los certificados
sobre detención y conducta, necesarios para verificar las condiciones
prescritas en el Art. 3.


     Art. 5.- El Presidente de la República, por medio del Ministro de
Gobierno y Justicia, mandará pasar el proceso y demás documentos a la
Corte Suprema, si se tratare de un delito reprimido con reclusión, y a la
respectiva Corte Superior si el caso fuere de un delito penado
solamente con prisión, con el objeto de que se examine primero, si la
infracción es o no de las excluídas de la gracia según esta Ley;
segundo, si se han presentado, en debida forma, todos los datos para
juzgar de la justicia o conveniencia de la solicitud; y en caso
contrarios, pedirán los que estimaren conducentes.

     Enseguida el correspondiente Tribunal dará el dictamen razonado
sobre si se debe o no conceder la gracia perdida.


     Art. 6.- El Presidente de la República podrá otorgar la gracia, si
estuviere de acuerdo con el dictamen favorable de la Corte Suprema o de
la respectiva Corte Superior, según el caso, y expedirá la
resolución consiguiente que se publicará en el Registro Oficial.


     Art. 7.- Si la solicitud de gracia fuere negada no se podrá
volverla a pedir a menos que a las causales aducidas en el primer
pedimento se agregue otra, o la prueba de alguna que no se comprobó
antes; o si no hubiere transcurrido a lo menos un año más de
cumplimiento de la pena y se hubiere observado conducta ejemplar.

     Quedan derogadas    las   leyes   de 20 de agosto de 1887 y de 16 de
septiembre de 1892.


     Disposición Final.- Esta codificación, hecha por la Comisión de
Legislación, tendrá fuerza obligatoria de acuerdo con lo dispuesto en el
literal b) del Art. 2 del Decreto 1395-A de 29 de noviembre de 1972,
promulgado en el Registro Oficial No. 196 de 1 de diciembre de 1972.
Publíquese esta codificación en el Registro Oficial y cítese, en
adelante, su nueva numeración.
                                                 JUSTICIA



                                     PERU - ECUADOR


 ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE
                    LA REPUBLICA
         DEL ECUADOR Y LA REPUBLICA DEL PERU
La República del Ecuador y la República del Perú, en adelante las Partes:

ANIMADAS por el propósito de intensificar la asistencia judicial y la cooperación en materia penal;

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los
Estados;

CONVENCIDAS de la necesidad de desarrollar acciones conjuntas de prevención, control y
sanción del delito en todas sus formas, a través de la coordinación y ejecución de programas
concretos y, de agilizar los mecanismos de asistencia judicial;

CONCIENTES que el incremento de las actividades delictivas hace necesario el fortalecimiento de
los mecanismos de cooperación y asistencia judicial en materia penal.

ACUERDAN:

                                             TITULO I

                                 DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

DEFINICIONES

1. Para los efectos del presente Acuerdo:

        a.
        "Carta rogatoria, exhorto o solicitud de asistencia judicial" se entenderán como sinónimos;
        b.
        "Decomiso" significa la privación con carácter definitivo de bienes productos o instrumentos
        del delito, por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;
        c.
        "Producto del Delito" significa bienes de cualquier índole, derivados u obtenidos directa o
        indirectamente por cualquier persona, de la comisión de un delito o el valor equivalente de
        tales bienes;
        d.
        "Bienes" significa los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o
        inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acreditan
        la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
        e.
        "Embargo Preventivo, Secuestro o Incautación de Bienes" significa la prohibición temporal
        de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes, así como la custodia o el control
         temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autoridad
         competente.


ARTICULO 2

OBLIGACION DE ASISTENCIA MUTUA Y AMBITO DE APLICACIÓN

1. Las Partes se obligan a prestarse asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del
presente Acuerdo y de sus respectivos ordenamientos jurídicos en la realización de
investigaciones, juzgamientos y procedimientos penales iniciados por hechos cuyo conocimiento
corresponde a las autoridades competentes de la Parte requirente.

2. La asistencia será prestada, tratándose de la aplicación de medidas coercitivas, sólo si el hecho
por el que se procede en la Parte requirente está previsto como delito también por la ley de la
Parte requerida, o bien si resultare que la persona contra quien se procede ha expresado
libremente su consentimiento en forma escrita.

ARTICULO 3

ALCANCE DE LA ASISTENCIA

1. Las Partes se prestarán asistencia mutua en el intercambio de información, pruebas,
enjuiciamientos y actuaciones en materia penal. Dicha asistencia comprenderá:
    a.
         Localización e identificación de personas y bienes;
    b.
         Citación y notificación de actos judiciales;
    c.
         Remisión de documentos e informaciones judiciales;
    d.
         Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;
    e.
         Recepción de testimonios e interrogatorios de imputados;
    f.
         Citación y traslado voluntario de personas para los efectos del presente Acuerdo, en
         calidad de testigos, imputados y peritos;
    g.
         Traslado de personas detenidas, para rendir testimonio en el territorio de la Parte
         requirente;
    h.
         Embargo, Secuestro y decomiso de bienes; e,
    i.
         Cualquier otra forma de asistencia, de conformidad con la legislación de la Parte requerida.

2. Las Partes facilitarán el ingreso y la presencia en el territorio de la Parte requerida de
autoridades competentes de la Parte requirente a fin de que asistan y participen en las actuaciones
solicitadas, siempre que ello no contravenga lo dispuesto en su legislación interna. Los
funcionarios de la Parte requirente actuarán conforme a la autorización de las autoridades
competentes de la Parte requerida.

3. Las Partes no invocarán el secreto bancario para negarse a prestar asistencia conforme a este
artículo. Sin embargo, deberán observarse las normas de procedimiento de la Parte requerida, a fin
de atender la solicitud

ARTICULO 4

LIMITACIONES A LA ASISTENCIA

1. La Parte requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este Acuerdo
para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia judicial, sin previa autorización de
la Parte requerida.

2. Este Acuerdo no facultará a las Partes para ejecutar, en el territorio de la Parte donde se
realizan las diligencias, funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de dicha Parte de
conformidad con su legislación interna.

3. Este Acuerdo no se aplicará a:
    a.
         La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de
         extradición;
    b.
         El traslado de personas condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal;
    c.
         La asistencia a particulares o terceros Estados.

ARTICULO 5

ASISTENCIA CONDICIONADA

1. La Autoridad competente de la Parte requerida, si determina que la ejecución de una solicitud
habrá de obstaculizar alguna investigación o procedimiento penal que se esté realizando en dicha
Parte, podrá aplazar su cumplimiento o condicionarlo en la forma que considere necesaria.

2. La Autoridad Central de la Parte requerida pondrá en conocimiento de la Autoridad Central de la
Parte requirente lo expuesto en el párrafo anterior, a fin de que ésta acepte la asistencia
condicionada en cuyo caso respetará las condiciones establecidas.

3. Cuando una solicitud de asistencia judicial no pudiese ser cumplida parcial o totalmente, la Parte
requerida lo comunicará a la Parte requirente señalando expresamente los motivos o causas del
incumplimiento, caso en el cual la Parte requirente decidirá si insiste en la solicitud o desiste de
ella.

ARTICULO 6

DENEGACION DE LA ASISTENCIA

1. La Parte requerida podrá negar la asistencia cuando:
    a.
         La solicitud de asistencia judicial sea contraria a su ordenamiento jurídico o no sea
         conforme a las disposiciones de este Acuerdo;
    b.
         Considere que el cumplimiento de la solicitud pueda obstaculizar una investigación o
         proceso penal en curso en dicha Parte, salvo lo dispuesto en el Artículo 5 del presente
         Acuerdo;
    c.
         La solicitud de asistencia judicial que se refiera a un delito respecto del cual la persona
         haya sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente, o habiéndosela condenado,
         se hubiera cumplido o extinguido la pena;
    d.
         La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier
         forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social,
         nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de discriminación;
    e.
         El otorgamiento de la asistencia pueda afectar el orden público, la soberanía, la seguridad
         nacional o los intereses públicos fundamentales de la Parte requerida; y,
    f.
         La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito político, militar o conexo a éstos.

2. La Parte requerida informará a la Parte requirente la denegación de la asistencia mediante
escrito fundamentado.

ARTICULO 7

AUTORIDAD CENTRAL

1. Para efectos del presente Acuerdo, la Autoridad Central es, tanto para la República del Ecuador
como para la República del Perú, los Ministerios de Relaciones Exteriores.

2. La Autoridad Central de la Parte requirente es la que transmite los pedidos de asistencia judicial
a que se refiere el presente Acuerdo, que emanan de sus tribunales o autoridades competentes.

3. Las Autoridades Centrales de las dos Partes establecerán comunicación directa entre ellas.

ARTICULO 8

AUTORIDAD COMPETENTE

Las Autoridades Competentes son, en la República del Ecuador, la Función Jurisdiccional y el
Ministerio Público y en la República del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público.


                                                TITULO II

                          OBTENCION DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA

ARTICULO 9

LEY APLICABLE
1. Las solicitudes serán cumplidas de conformidad con la legislación de la Parte requerida, salvo
disposición en contrario del presente Acuerdo.

2. La Parte requerida podrá prestar la asistencia judicial de acuerdo con las formas y
procedimientos especiales indicados en la solicitud de la Parte requirente, salvo cuando éstas sean
incompatibles con su ley interna.

ARTICULO 10

CONFIDENCIALIDAD

1. La Parte requerida mantendrá bajo reserva la solicitud de asistencia judicial, salvo que su
levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento.

2. Si para el cumplimiento o ejecución del requerimiento fuere necesario el levantamiento de la
reserva, la Parte requerida solicitará su aprobación a la Parte requirente, mediante comunicación
escrita sin la cual no se ejecutará la solicitud.

3. La Parte requirente mantendrá la reserva de las pruebas e información proporcionadas por la
Parte requerida, salvo que su levantamiento sea necesario para la investigación o procedimiento
descritos en la solicitud.

ARTICULO 11

COMPARECENCIA ANTE LA PARTE REQUIRENTE

1. La solicitud de asistencia judicial enviada a las autoridades competentes de la Parte requerida,
que tenga por objeto la citación de un imputado, testigo o perito ante las autoridades competentes
de la Parte requirente, deberá ser transmitida por la autoridad Central de la Parte requirente con
por lo menos 45 días de antelación de la fecha fijada para la ejecución de la diligencia objeto de la
solicitud.

2. En caso contrario, la Autoridad Central requerida lo devolverá a la Parte requirente. No obstante,
la Autoridad Central de la Parte requerida podrá solicitar por escrito a la Parte requirente la
ampliación del término.

3. La autoridad competente de la Parte requerida procederá a efectuar la citación según la solicitud
formulada, pero sin que puedan surtir efecto las cláusulas conminatorias o sanciones previstas en
la legislación de la Parte requirente para el caso de no comparecencia.

4. La solicitud de asistencia judicial deberá mencionar el importe de los viáticos, honorarios e
indemnizaciones que pueda percibir la persona citada con motivo de su traslado. La persona
requerida, imputado, testigo o perito, será informada de la clase y monto de los gastos que la Parte
requirente haya consentido en pagarle.

5. Toda persona que comparezca en el territorio de la Parte requirente en cumplimiento de una
solicitud de asistencia, estará sujeta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de esa Parte.

ARTICULO 12

INMUNIDAD RESPECTO A LA COMPARECENCIA

1. Ningún testigo o perito, cualquiera sea su nacionalidad, que en virtud de una citación
comparezca ante las autoridades judiciales de la Parte requirente, será perseguido ni detenido o
sometido a ninguna otra restricción de su libertad individual en el territorio de dicha Parte, por
hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida.
2. Una persona, cualquiera sea su nacionalidad, que exprese su consentimiento por escrito para
comparecer ante las autoridades competentes de la Parte requirente, con el fin de responder por
hechos que son objeto de un proceso, no podrá ser procesada, detenida o sujeta a cualquier otra
restricción de su libertad personal o cualquier otro tipo de sanción por hechos o condenas
anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida y no señalados en la citación.

3. La inmunidad respecto a la comparecencia prevista en el presente artículo, dejará de tener
efecto cuando la persona, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte
requirente durante quince días calendario luego de que ya no se requiera su presencia,
permanezca aún en dicho territorio o regrese a él después de haberlo abandonado, salvo
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.

ARTICULO 13

TRASLADO TEMPORAL DEL DETENIDO

1. Toda persona detenida en la Parte requerida, que exprese su consentimiento por escrito para
comparecer en la Parte requirente con fines de dar testimonio, confrontar o por cualquier otra
necesidad del proceso, se trasladará temporalmente a la Parte requirente, con la condición de
devolver al detenido a la Parte requerida en el plazo indicado por dicha Parte y con sujeción a las
disposiciones del artículo 12 en la medida en que sean aplicables.

2. Podrá denegarse el traslado:
    a.
         Si su presencia es necesaria en un proceso penal en curso en el territorio de la Parte
         requerida;
    b.
         Si su traslado pudiera ser causa de que se prolongara su detención; o,
    c.
         Si existen otras circunstancias excepcionales que se opongan a su traslado a la Parte
         requirente.

3. La persona trasladada deberá permanecer detenida en el territorio de la Parte requirente,
mientras así lo determine la autoridad judicial de la Parte requerida.

ARTICULO 14

MEDIDAS CAUTELARES

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 y de acuerdo con las previsiones del presente
artículo, la autoridad competente de una de las Partes podrá solicitar a la otra que obtenga una
orden con el propósito de embargar preventivamente, secuestrar o incautar bienes para asegurar
que estos estén disponibles para la ejecución de una orden de decomiso.

2. Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir:
    a.
         Una copia de la orden de embargo preventivo, secuestro o incautación;
    b.
         Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y cuándo
         se cometió y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;
    c.
         Si fuera posible, una descripción de los bienes, su valor comercial respecto de los cuales
         se pretende se efectúe la medida provisional o cautelar, o que se considere estén
         disponibles para el embargo preventivo, secuestro o la incautación y la relación de éstos
         con la persona contra la que se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
    d.
         Una declaración de la suma que se pretende embargar, secuestrar o incautar y de los
         fundamentos del cálculo de la misma; y,
    e.
         La estimación del tiempo que transcurrirá antes de que el caso sea enviado a juicio y del
         tiempo que pasará hasta que se dicte la decisión judicial definitiva.

3. La autoridad competente de la Parte requirente informará a la autoridad competente de la Parte
requerida de cualquier modificación en el plazo a que se hace referencia en la letra e) del párrafo
anterior y al hacerlo, indicará la etapa de procedimiento que se hubiere alcanzado.

4. Las autoridades competentes de cada una de las Partes informarán con prontitud sobre el
ejercicio de cualquier recurso o de una decisión adoptada respecto del embargo, secuestro o
incautación solicitada o adoptada.

5. La autoridad competente de la Parte requerida podrá imponer una condición que limite la
duración de la media solicitada, la cual será notificada con prontitud a la autoridad competente de
la Parte requirente, explicando su motivación.

6. Cualquier requerimiento deberá ser ejecutado únicamente conforme a la legislación interna de la
Parte requerida, y en particular, en observancia y garantía de los derechos de cualquier persona
que pueda ser afectada por la ejecución de la medida.

ARTICULO 15

REMISION DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES O ELEMENTOS DE PRUEBA.

1. La Parte requerida podrá remitir copias de los documentos, expedientes o elementos de prueba
solicitados. Si la Parte requirente solicita expresamente la remisión de los originales, la Parte
requerida procederá a ello en la medida de lo posible.

2. La Parte requirente está obligada a devolver los originales de dichos documentos a la brevedad
posible y, a más tardar, al término del proceso, a menos que la Parte requerida renuncie a ello.

3. Los derechos invocados por terceros sobre documentos, expedientes o elementos de prueba en
la Parte requerida no impedirán la remisión de la copia certificada a la Parte requirente.

ARTICULO 16

PRODUCTOS DEL DELITO

1. Las Autoridades Competentes de la Parte requerida, previa solicitud de asistencia judicial,
procederán a realizar aquellas averiguaciones, dentro de su jurisdicción, que permitan determinar
si se encuentra cualquier producto o instrumento de un delito y notificarán los resultados o las
pesquisas a las Autoridades Competentes de la Parte requirente a través de las Autoridades
Centrales. Al efectuar el requerimiento, la Parte requirente notificará a la Parte requerida los
hechos por los cuales presume que los productos o instrumentos del delito se pueden hallar en su
jurisdicción.
2. Cuando en cumplimiento del párrafo 1 se localicen los productos o instrumentos del delito objeto
de la solicitud de asistencia judicial, la Parte requerida, a pedido de la Parte requirente, tomará las
medidas necesarias permitidas por sus leyes para evitar cualquier transacción, transferencia,
enajenación o cualquier otra limitación al dominio o imposición de gravámenes, mientras esté
pendiente una decisión definitiva sobre dichos productos o instrumentos.

3. Cuando el condenado por un delito mantenga la propiedad, posesión o tenencia de los
productos o instrumentos de dicho delito y en la sentencia se imponga una obligación de contenido
pecuniario, o se ordene el decomiso de un bien, o se imponga cualquier otra medida de carácter
definitivo, la Parte requerida podrá ejecutar la sentencia en la medida en que su legislación interna
lo permita.

4. Cuando el condenado por un delito ha dispuesto de los productos o instrumentos del mismo, la
Autoridad Competente de la Parte requerida, a solicitud de la Autoridad Competente de la Parte
requirente, determinará si el tercero los obtuvo sin haber sabido o sospechado que se trataba o
podía haberse tratado de los productos o instrumentos del delito. Si la Autoridad Competente de la
Parte requerida determina que el tercero no actuó de buena fe, ordenará el decomiso de los
bienes. Para la determinación de la buena o mala fe de un tercero, se contará con la información
de la Parte requirente.

ARTICULO 17

EJECUCION DE ORDENES DE DECOMISO

1. En el caso de que la solicitud de asistencia se refiera a una orden de decomiso, la autoridad
competente de la Parte requerida podrá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2:
    a.
         Ejecutar la orden de decomiso emitida por una autoridad competente de la Parte requirente
         relativa a los instrumentos o productos del delito; o,
    b.
         Iniciar un procedimiento con el objeto de obtener una orden de decomiso, conforme a su
         legislación interna.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 21 del presente Acuerdo, para los efectos del
presente artículo, deberá incluirse lo siguiente:
    a.
         Una copia de la orden de decomiso, debidamente certificada por el funcionario judicial que
         la expidió;
    b.
         Información relativa a las pruebas que se sustenten jurídicamente, sobre la cual se dictó la
         orden de decomiso;
    c.
         Información que indique que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada;
    d.
         Cuando corresponda la identificación de los bienes disponibles para la ejecución o de los
         bienes respecto de los cuales se solicita la asistencia judicial, declarando la relación
         existente entre esos bienes y la persona contra la cual se expidió la orden de decomiso;
    e.
         Cuando sea procedente y se conozca, la información acerca de la existencia de
         antecedentes relacionados con derechos o intereses legítimos de terceras personas sobre
         los bienes objeto del requerimiento; y,
    f.
         Cualquier otra información que pueda ayudar a los fines de ejecución de la solicitud de
         asistencia judicial.

3. Cuando la legislación interna de la Parte requerida no permita ejecutar una solicitud en su
totalidad, ésta podrá dar cumplimiento en la medida en que fuere posible y lo comunicará a través
de la Autoridad Central.

4. La Autoridad Competente de la Parte requerida podrá solicitar información o pruebas adicionales
con el fin de llevar a cabo el requerimiento.

5. La orden de decomiso se ejecutará de acuerdo con la legislación interna de la Parte requerida y,
en particular, en observancia de los derechos de cualquier persona que pueda ser afectada por su
ejecución.

6. Las Partes podrán acordar en cada caso particular, y según la naturaleza e importancia de la
colaboración prestada, el quantum en el reparto de los bienes obtenidos como resultado de la
ejecución del requerimiento por la Parte requerida en cumplimiento de este artículo.

ARTICULO 18

INTERESES DE TERCEROS DE BUENA FE SOBRE LOS BIENES

Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, las Autoridades Competentes de la Parte requerida
tomarán, según su legislación, las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de
terceras personas de buena fe sobre los bienes afectados por la ejecución de las solicitudes de
asistencia judicial.

Cualquier persona afectada por una orden de embargo preventivo, secuestro, incautación,
decomiso o de cualquier otro gravamen, podrá interponer los recursos previstos en la legislación
interna de la Parte requerida ante la autoridad competente de dicha Parte.

ARTICULO 19

NOTIFICACION DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PROCESALES Y DE RESOLUCIONES
JUDICIALES

1. La Parte requerida procederá a la notificación de los actos y documentos procesales y de las
resoluciones judiciales que le fueren enviadas con ese fin por la Parte requirente.

2. Esta notificación podrá efectuarse mediante la simple entrega al destinatario del documento o la
resolución. Si la Parte requirente lo solicita expresamente, la Parte requerida efectuará la
notificación en una de las formas previstas por su legislación para notificaciones análogas o en
alguna forma especial que sea compatible con dicha legislación.

3. Servirá como prueba de la notificación del documento procesal una copia fechada y firmada por
el destinatario o una declaración de la Parte requerida en la que se haga constar el hecho, la
forma, y la fecha de la notificación. Cualquiera de estos documentos será enviado inmediatamente
a la Parte requirente. Si esta última lo solicita, la Parte requerida precisará si la notificación se ha
efectuado de conformidad con su ley. Si no hubiere podido efectuarse la notificación, la Parte
requerida dará a conocer inmediatamente el motivo a la Parte requirente.
                                               TITULO III

                                             PROCEDIMIENTO

ARTICULO 20

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

1. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito. Bajo circunstancias de carácter
urgente o en el caso que sea permitido por la Parte requerida, la misma podrá hacerse a través de
una transmisión por fax o por cualquier otro medio electrónico, pero deberá ser formalizada en el
plazo máximo establecido en el numeral 1 del artículo 11 de este Acuerdo y contendrá al menos la
siguiente información:
    a.
         la autoridad de la que emana y, en su caso, la autoridad encargada del procedimiento
         penal en la Parte requirente;
    b.
         el objeto y el motivo del pedido;
    c.
         si fuere el caso, el nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección
         de la persona que tenga relación con la solicitud de asistencia;
    d.
         una descripción de los hechos que dan lugar a la investigación en la Parte requirente,
         adjuntándose o transcribiéndose, en cuanto a los delitos, el texto de las disposiciones
         legales pertinentes; y,
    e.
         el término dentro del cual la Parte requirente desea que la solicitud sea cumplida.

2. La solicitud contendrá además:
    a.
         En el caso de aplicación del derecho extranjero en la ejecución del pedido, artículo 9,
         numeral 2, el texto de las disposiciones legales aplicables en la Parte requirente y el motivo
         de su aplicación;
    b.
         En el caso de participación de personas en el proceso, artículo 3, numeral 2, la
         designación de la persona que asistirá y el motivo de su presencia;
    c.
         En el caso de notificación de los actos y documentos del proceso, artículos 11 y 18, el
         nombre y la dirección del destinatario de los documentos y citaciones;
    d.
         En el caso de citación de testigos o peritos, artículo 11, la indicación de que la Parte
         requirente asumirá los viáticos, honorarios y otros gastos, los cuales serán pagados por
         anticipado, si así se solicita;
    e.
         En el caso de entrega de personas detenidas, artículo 13, el nombre completo de ellas.

ARTICULO 21
EJECUCION DE LA SOLICITUD

1. Si la solicitud no se ajusta a las disposiciones del presente Acuerdo, la Autoridad Central de la
Parte requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte requirente
solicitándole modificarla o completarla en el plazo más breve, sin perjuicio de la adopción de
medidas provisionales a que se refiere el artículo 14.

2. Si la solicitud se ajusta al Acuerdo, la Autoridad Central de la Parte requerida la derivará
inmediatamente a la Autoridad Competente.

3. Después de la ejecución de la solicitud, la autoridad competente la remitirá a la Autoridad
Central de la Parte requerida, así como las informaciones y elementos de prueba que se hubieren
obtenido. La Autoridad Central se asegurará que la ejecución sea fiel y completa, y comunicará los
resultados a su similar de la Parte requirente.

ARTICULO 22

DISPENSA DE LEGALIZACION

Los documentos, expedientes o elementos de prueba transmitidos en aplicación del presente
Acuerdo, serán considerados auténticos y estarán exentos de todas las formalidades de
legalización, bastando para ello que se encuentren debidamente certificados por la Autoridad
Competente.

ARTICULO 23

GASTOS GENERADOS POR LA EJECUCION DE LA SOLICITUD

1. La Parte requirente asumirá los siguientes gastos efectuados con motivo de la ejecución de una
solicitud:
    a.
         indemnizaciones, gastos de viaje y viáticos de testigos y de sus eventuales representantes;
    b.
         gastos relativos a la entrega de personas detenidas; y,
    c.
          honorarios profesionales, gastos de viaje y otros gastos de los peritos.
2. Si se presume que la ejecución del pedido generará gastos extraordinarios, la Parte requerida lo
informará a la Parte requirente a fin de fijar las condiciones a las que estará sujeta la ejecución de
la solicitud.

                                              TITULO IV

                                     DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 24

OTROS ACUERDOS O CONVENIOS Y LEGISLACIONES NACIONALES

Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán la asistencia más amplia que haya sido o sea
convenida entre las Partes en otros acuerdos o convenios, o que resultase de la legislación interna
o de una práctica establecida.
ARTICULO 25

CONSULTAS

1. Si lo consideran necesario, las Autoridades Centrales, verbalmente o por escrito, intercambiarán
opiniones sobre la aplicación o la ejecución del presente Acuerdo, de manera general o en un caso
particular.

2. Cualquier controversia que surja entre las Partes relacionada con la interpretación o aplicación
de este Acuerdo será resuelta por consulta entre las Partes por vía diplomática.

ARTICULO 26

ENTRADA EN VIGENCIA Y DENUNCIA

El presente Acuerdo deberá ser ratificado y entrará en vigor a los treinta (30) días a partir de la
fecha del intercambio de los respectivos instrumentos de ratificación.

Este Acuerdo tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo,
mediante notificación escrita a través de la vía diplomática.

La denuncia se hará efectiva ciento ochenta (180) días después de haberse efectuado dicha
notificación.

Hecho en Quito, el 26 de octubre de 1999, en dos ejemplares originales en idioma Castellano,
ambos igualmente válidos.




         Por la República del Ecuador                          Por la República del Perú




         Benjamín Ortiz Brennan                               Carlos Bergamino Cruz
    Ministro de Relaciones Exteriores                          General de Ejército
                                                               Ministro de Defensa
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVII. N. 44660. 28, DICIEMBRE, 2001. PAG. 11


DECRETO NUMERO 2827 DE 2001
(diciembre 21)

por el cual se promulga el “Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua
en materia penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador”,
suscrito en Santa fe de Bogotá, el dieciocho (18) de diciembre de mil
novecientos noventa y seis (1996).


El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le
otorga el artículo 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia y en
cumplimiento de la Ley 7ª de 1944, y


CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1º dispone que los
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos
internacionales aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como
leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su
carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los
instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;


Que la misma ley en su artículo 2º ordena la promulgación de los tratados y
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional
que ligue a Colombia;


Que el Congreso Nacional, mediante Ley 519 del 4 de agosto de 1999, publicada
en el Diario Oficial número 43.656 del 5 de agosto de 1999, aprobó el “Convenio
de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República
de Colombia y la República del Ecuador”, suscrito en Santa Fe de Bogotá, el 18
de diciembre de 1996;


Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-206/2000 del 1º de marzo de
2000, declaró exequibles la Ley 519 del 4 de agosto de 1999 y el “Convenio de
Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República de
Colombia y la República del Ecuador”, suscrito en Santa Fe de Bogotá, el 18 de
diciembre de 1996;


Que mediante Nota Verbal número 4-2-229/00 del 2 de noviembre de 2000, el
Gobierno del Ecuador comunicó el cumplimiento de sus requisitos
constitucionales y legales y, en el mismo sentido, el Gobierno de la República
Colombia, remitió la Nota Diplomática número DM./OJ.AT. 13468 del 17 de abril
de 2001, siendo recibida por el Gobierno del Ecuador el 28 de mayo de 2001
según Nota número 53229/2001 GM/DGT del 26 de junio de 2001. En consecuencia,
el citado instrumento internacional entró en vigor el 26 de julio de 2001, de
acuerdo con lo previsto en su artículo XXIII.
DECRETA:

Artículo 1º. Promúlgase el “Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua
en Materia Penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador”,
suscrito en Santa Fe de Bogotá, el dieciocho (18) de diciembre de mil
novecientos noventa y seis (1996).


(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del
“Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la
República de Colombia y la República del Ecuador”, suscrito en Santa Fe de
Bogotá, el dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa y seis
(1996).


«CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE
LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR


Los Gobiernos de la República de Colombia y de la República del Ecuador, en
adelante denominadas “las Partes”:


Teniendo en cuenta los lazos de amistad y de cooperación que los unen;

conscientes del incremento de la actividad delictiva, convienen en prestarse la
más amplia cooperación, de conformidad con el procedimiento que se describe a
continuación:


Inspirados en el deseo de intensificar la asistencia legal y la cooperación
mutua en asuntos criminales;


Reconociendo que la lucha contra el crimen requiere de la acción conjunta de
los Estados;

DECRETO 2827 DE 2001
(diciembre 21)
Diario Oficial No. 44.660, de 28 de diciembre de 2001
Ministerio de Relaciones Exteriores
Por el cual se promulga el “Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua
en materia penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador”,
suscrito en Santa fe de Bogotá, el dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos
noventa y seis (1996).
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2º de la Constitución
Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7ª de 1944, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1º dispone que los
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos
internacionales aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como
leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su
carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los
instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;
Que la misma ley en su artículo 2º ordena la promulgación de los tratados y
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que
ligue a Colombia;
Que el Congreso Nacional, mediante Ley 519 del 4 de agosto de 1999, publicada
en el Diario Oficial número 43.656 del 5 de agosto de 1999, aprobó el “Convenio
de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República
de Colombia y la República del Ecuador”, suscrito en Santa Fe de Bogotá, el 18 de
diciembre de 1996;
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C–206/2000 del 1º de marzo de
2000, declaró exequibles la Ley 519 del 4 de agosto de 1999 y el “Convenio de
Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República de
Colombia y la República del Ecuador”, suscrito en Santa Fe de Bogotá, el 18 de
diciembre de 1996;
Que mediante Nota Verbal número 4–2–229/00 del 2 de noviembre de 2000, el
Gobierno del Ecuador comunicó el cumplimiento de sus requisitos constitucionales
y legales y, en el mismo sentido, el Gobierno de la República Colombia, remitió la
Nota Diplomática número DM./OJ.AT. 13468 del 17 de abril de 2001, siendo
recibida por el Gobierno del Ecuador el 28 de mayo de 2001 según Nota número
53229/2001 GM/DGT del 26 de junio de 2001. En consecuencia, el citado
instrumento internacional entró en vigor el 26 de julio de 2001, de acuerdo con lo
previsto en su artículo XXIII.
DECRETA:
Artículo 1º. Promúlgase el “Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua
en Materia Penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador”,
suscrito en Santa Fe de Bogotá, el dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos
noventa y seis (1996).
(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Convenio de
Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República de
Colombia y la República del Ecuador”, suscrito en Santa Fe de Bogotá, el
dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
«CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL Y ASISTENCIA MUTUA
EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Los Gobiernos de la República de Colombia y de la República del Ecuador, en
adelante denominadas “las Partes”:
Teniendo en cuenta los lazos de amistad y de cooperación que los unen;
conscientes del incremento de la actividad delictiva, convienen en prestarse la
más amplia cooperación, de conformidad con el procedimiento que se describe a
continuación:
Inspirados en el deseo de intensificar la asistencia legal y la cooperación mutua en
asuntos criminales;
Reconociendo que la lucha contra el crimen requiere de la acción conjunta de los
Estados;
Deseosos de adelantar una acción conjunta para la prevención, control y represión
del crimen en todas sus manifestaciones, a través de la coordinación de acciones
y la implementación de programas concretos, y en la activación de mecanismos
tradicionales para asistencia legal y judicial; y,
Observando las normas constitucionales, legales y administrativas de sus
Estados, así como el respeto por los principios de la Ley Internacional,
especialmente aquellos relacionados con la soberanía, integridad territorial y no
intervención;
Celebran el presente acuerdo:
Artículo 1º. Definiciones.
Para los efectos del presente acuerdo:
a) “Ca rta rogatoria, exhorto o solicitud de asistencia judicial” se entenderán como
sinónimos;
b) “Decomiso”: Significa la privación con carácter definitivo de algún bien, sólo por
decisión de un tribunal o de otra autoridad judicial competente, de conformidad
con la legislación de cada Parte;
c) “Instrumentos del delito” significa cualquier bien utilizado o destinado a ser
utilizado para la comisión de cualquier delito;
d) “Producto del Delito”, significa bienes de cualquier índole, derivados u obtenidos
directa o indirectamente de la comisión de un delito;
e) “Bienes” significa los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales,
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos
legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; y,
f) “Embargo Preventivo, Secuestro, Incautación de Bienes u otras medidas
cautelares de carácter real”: significan la prohibición temporal de transferir,
convertir, enajenar o movilizar bienes, así como la custodia y el control temporal
de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o Autoridad Judicial
Competente.
Artículo 2º. Ambito de aplicación.
1. Las Partes se obligan a prestarse asistencia recíproca, de conformidad con las
disposiciones del presente Convenio y de sus respectivos ordenamientos jurídicos,
en la realización de investigaciones y de procedimientos judiciales.
2. Este instrumento no deberá interpretarse contrariamente a otras obligaciones de
las Partes derivadas de otros Tratados, ni impedirá que las Partes se presten
asistencia de conformidad con otros Tratados o Acuerdos.
3. Este acuerdo no se aplicará a:
a) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las
solicitudes de extradición;
b) La transferencia de personas condenadas con el objeto de que cumplan
sentencia penal en su país de origen, aspecto que está regulado por otro
Convenio;
c) La asistencia a particulares o terceros Estados.
4. Este acuerdo no facultará a las Partes para ejecutar, en el territorio del Estado
donde se realizan las diligencias, funciones reservadas exclusivamente a las
autoridades de dicho Estado de conformidad con su legislación interna.
Artículo 3º. Doble incriminación.
1. La asistencia se prestará aún cuando el hecho por el cual se procede en la
Parte Requirente no sea considerado como delito por la ley de la Parte Requerida.
2. No obstante, para la ejecución de las Inspecciones, registros domiciliarios, y
allanamientos la asistencia se prestará solamente si la legislación de la Parte
Requerida prevé como delito el hecho por el cual se procede en la Parte
Requirente.
Artículo 4º. Alcance de la asistencia.
1. Las Partes se comprometen a prestarse la más amplia cooperación judicial en
forma recíproca, en las diferentes etapas de los procedimientos judiciales en
materia penal. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:
a) Localización e identificación de personas y bienes;
b) Notificación de actos judiciales;
c) Remisión de documentos e informaciones judiciales;
d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;
e) Recepción de testimonios;
f) Citación y traslación voluntaria de personas para los efectos del presente
Convenio, en calidad de testigos o peritos;
g) Traslación voluntaria de personas detenidas con el fin exclusivo de rendir
testimonio en el territorio de la Parte Requirente;
h) Embargo preventivo, secuestro, incautación u otras medidas cautelares de
carácter real y decomiso de bienes;
i) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la Parte
Requerida lo permita;
2. Los funcionarios de la Parte Requirente conforme a la autorización de las
Autoridades Competentes de la Parte Requerida, podrán presenciar la práctica de
las actuaciones solicitadas siempre que ello no contravenga lo dispuesto en su
legislación interna. Para este efecto, las Partes facilitarán el ingreso en el territorio
de la Parte Requerida de las Autoridades Competentes.
3. Las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios que permitan agilizar la
asistencia prevista en este artículo.
Artículo 5º. Limitaciones en el alcance de la asistencia.
1. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante
este Convenio para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia
judicial, sin previa autorización de la Parte Requerida.
2. En casos excepcionales, si la Parte Requirente necesitare divulgar y utilizar,
total o parcialmente, la información o prueba para propósitos diferentes a los
especificados, solicitará la autorización correspondiente a la Parte Requerida la
que a su juicio podrá acceder o negar, total o parcialmente lo solicitado, según su
legislación interna.
Artículo 6º. Autoridades Centrales.
1. Cada una de las Partes designará una Autoridad Central encargada de
presentar, recibir y/o tramitar las solicitudes que correspondan en el ámbito de
este Convenio. Para este fin, dichas Autoridades se comunicarán directamente
con el objeto de analizar, decidir y/o conceder lo solicitado, si no contraviene la
legislación interna.
2. Son Autoridades Centrales para la República de Colombia: La Fiscalía General
de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, y, la Autoridad Central para
la República del Ecuador es la Corte Suprema de Justicia.
3. Cuando el Ecuador formule solicitud a la República de Colombia se dirigirá a la
Fiscalía General de la Nación, organismo que conferirá la asistencia solicitada con
eficacia probatoria acorde con su régimen jurídico–constitucional, cuando
Colombia formule solicitud a la República del Ecuador lo hará a través de la
Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Artículo 7º. Ley aplicable.
1. Las solicitudes serán cumplidas de conformidad con la legislación de la Parte
Requerida.
2. La Parte Requerida prestará la asistencia judicial de acuerdo con las formas y
procedimientos especiales indicados en la solicitud de la Parte Requirente, salvo
cuando éstas sean incompatibles con su ley interna.
Artículo 8º. Confidencialidad. Las Partes Requerida y Requirente mantendrán bajo
reserva la solicitud y el otorgamient o de la asistencia judicial, salvo que su
levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento, siempre de
conformidad con su legislación interna y con la autorización de la otra Parte.
Artículo 9º. Solicitudes de asistencia judicial.
1. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito y contendrá al
menos la siguiente información:
a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el
procedimiento judicial;
b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada;
c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la investigación
adjuntándose o transcribiéndose, en cuanto a los delitos, el texto de las
disposiciones legales pertinentes;
d) Fundamentos de hecho y de derecho de cualquier procedimiento especial que
la Parte Requirente desea que se practique;
e) Término dentro del cual por la naturaleza de lo solicitado, la Parte Requirente
desea que la solicitud sea cumplida;
f) Identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que deberá ser
citada o notificada para los fines de auxilios judiciales previstos en este Convenio.
2. Sólo bajo circunstancias de urgencia, las solicitudes podrán hacerse a través de
una transmisión por fax o cualquier otro medio electrónico, sin perjuicio de su
confirmación por escrito a la mayor brevedad posible.
Artículo 10. Motivos condicionantes.
1. Si la Autoridad Competente de la Parte Requerida, determina que la ejecución
de una solicitud habrá de obstaculizar alguna investigación o procedimiento penal
que se esté realizando en dicho Estado, podrá aplazar o condicionar su
cumplimiento, total o parcialmente, señalando expresamente los motivos o causas
para ello.
2. La Autoridad de la Parte Requerida pondrá en conocimiento de la Autoridad de
la Parte Requirente lo expuesto en el numeral anterior, a fin que ésta acepte la
asistencia condicionada, en cuyo caso tendrá que someterse a las condiciones
establecidas.
Artículo 11. Rechazo de la solicitud.
1. La Parte Requerida podrá negar la asistencia cuando, a su juicio:
a) La solicitud de asistencia judicial sea contraria a su ordenamiento jurídico
nacional y/o a las disposiciones de este Convenio;
b) Considere que el cumplimiento de la solicitud pueda obstaculizar una
investigación o proceso penal en curso en dicho Estado, salvo lo dispuesto en el
artículo 10 del presente convenio;
c) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito respecto del cual la
persona haya sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente, o
habiéndosela condenado se hubiere cumplido o extinguido la pena;
d) La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en
cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo,
condición social, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de
discriminación;
e) El otorgamiento de la asistencia pueda afectar el orden público, la soberanía, la
seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales del Estado Requerido;
f) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito político, militar o conexo
con éstos.
2. La Parte Requerida informará mediante escrito motivado a la Parte Requirente
la denegación de la asistencia.
Artículo 12. Ejecución de la solicitud de asistencia judicial.
1. La Parte Requerida fijará la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud de
asistencia judicial y las comunicará por escrito a solicitud de la Parte Requirente.
2. Las pruebas que se practiquen por las Autoridades Competentes de la Parte
Requerida se ejecutarán de conformidad con su ordenamiento jurídico. La
valoración de dichas pruebas se regirá por el ordenamiento interno de la Parte
Requirente.
Artículo 13. Comparecencia ante las partes.
1. La solicitud de asistencia judicial enviada a la Parte Requerida, que tenga por
objeto la citación a un testigo o perito ante las Autoridades Competentes de la
Parte Requirente, deberá ser trasmitida por ésta al menos con 45 días de
anticipación a la fecha fijada para la ejecución de la diligencia objeto de la
solicitud. No obstante, la Parte Requirente podrá, en casos excepcionales,
disminuir dicho plazo.
2. La Autoridad Competente de la Parte Requerida procederá a efectuar la citación
según la solicitud formulada, correspondiendo a la persona citada decidir
libremente y de manera expresa, su voluntad de comparecer personalmente al
territorio de la Parte Requirente o rendir su testimonio por escrito.
3. Si la persona citada alega inmunidad o incapacidad según la legislación de la
Parte Requerida, ésta será resuelta por la Autoridad Competente de la Parte
Requerida y notificada a la Parte Requirente.
4. La solicitud de asistencia judicial deberá asegurar la facilitación de transporte, el
importe de los viáticos, dietas y seguro de vida y/o accidentes en favor de la
persona citada, que voluntariamente consienta en trasladarse a la Parte
Requirente, únicamente por el plazo estrictamente necesario a juicio de la Parte
Requirente, plazo que no podrá exceder de ocho días entre la fecha de su llegada
al territorio y su regreso al país de origen.
Artículo 14. Protección personal.
1. El testigo o perito que como consecuencia de una citación compareciere ante la
Autoridad Competente de la Parte Requirente, no podrá ser perseguido, detenido
o sometido a ninguna restricción de su libertad personal en el territorio de dicho
Estado, por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte
Requerida.
2. La garantía prevista en el numeral precedente, cesará en sus efectos cuando
evacuada la diligencia para la que comparece el testigo o perito, no regresare a su
país de origen en un plazo máximo de 5 días posteriores a su cooperación judicial.
El plazo podrá prorrogarse en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobado por la Parte Requirente.
Artículo 15. Sobre los detenidos.
1. Cuando la citación para declarar ante la Autoridad Competente de la Parte
Requirente se refiera a una persona detenida en el territorio de la Parte Requerida,
para acceder a la solicitud será indispensable que el detenido preste su
consentimiento por escrito y gozará de las prestaciones previstas en el numeral 4
del artículo 13 de este convenio.
2. La Parte Requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona
trasladada y a devolverla en las mismas condiciones, tan pro nto como hubiere
cesado la necesidad que motivó la solicitud de su desplazamiento a menos que, la
Autoridad Central de la Parte Requerida solicitare expresamente y por escrito que
tal persona fuera puesta en libertad y gozará de la protección prevista en el
artículo 14 del presente Convenio
3. En todos los casos, la decisión sobre un desplazamiento personal en virtud del
numeral 1 del presente artículo, será discrecional de la Parte Requerida, y su
negativa deberá fundamentarse en razones constitucionales o legales y otras
consideraciones de seguridad o conveniencia del Estado Requerido.
Artículo 16. Medidas provisionales o cautelares.
1. Las Partes Contratantes podrán solicitarse recíprocamente la ejecución de las
medidas cautelares previstas en el literal f) del artículo 1º del presente Convenio
para asegurar que los bienes, instrumentos y productos del delito o el valor
equivalente, estén disponibles para la eventual orden de decomiso o la
indemnización de daños o perjuicios ocasionados como consecuencia de una
condena penal.
2. Un requerimiento de medida cautelar efectuado en virtud de este artículo,
deberá incluir, además de lo previsto en el artículo 9º del presente Convenio, lo
siguiente:
a) Una copia de la orden judicial en firme que la justifique con la determinación de
sus fundamentos de hecho y de derecho; y,
b) Si fuera posible, la descripción de los bienes, ubicación y valor estimado en el
ámbito del literal e) del artículo 1º de este Convenio, y, la relación justificativa
vinculatoria de la persona sobre cuyos bienes recaiga la medida cautelar.
3. Las Autoridades Centrales de cada una de las Partes se informarán con
prontitud sobre el ejercicio de cualquier impugnación que pueda enervar la medida
cautelar solicitada y la decisión adoptada sobre ella.
4. La Autoridad Central de la Parte Requerida podrá imponer un término que limite
la duración de la medida cautelar solicitada, el cual será comunicado con prontitud
a la Autoridad Central de la Parte Requirente, explicando su motivación.
5. Cualquier requerimiento deberá ser ejecutado únicamente conforme a la
legislación interna de la Parte Requerida y en particular, en observancia y garantía
de los derechos constitucionales de cualquier persona que pudiera ser afectada
por la ejecución de la medida.
Artículo 17. Decomiso y su ejecución.
1. Las Partes, de conformidad con su legislación interna, podrán prestarse
cooperación para ejecutar medidas definitivas sobre bienes vinculados a procesos
penales, siempre y cuando medie una decisión judicial definitiva debidamente
ejecutoriada.
2. Para los efectos del presente artículo, se aplicará lo dispuesto en los artículos
9º y 16 numeral 2º de este Convenio.
3. Para los casos de delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas y de conformidad con la “Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas” de
1988, las Partes acordarán la manera de compartir el valor de los bienes
decomisados como resultado de la cooperación prevista en este instrumento.
Artículo 18. Intereses de terceros de buena fe sobre los bienes.
1. Conforme a lo previsto en el presente Convenio, la Parte Requerida adoptará
según su ley nacional las medidas necesarias para proteger los intereses y
derechos de terceras personas de buena fe sobre los bienes, que pudieren
afectarse por la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.
2. Cualquier persona afectada por una orden de embargo preventivo, secuestro,
incautación o decomiso, podrá impugnar y/o recurrir la medida adoptada de
conformidad con la legislación interna de la Parte Requerida.
Artículo 19. Gastos.
1. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud de asistencia
judicial serán sufragados por la Parte Requerida. Cuando se requiera gastos
extraordinarios, las Partes se consultarán para determinar los términos y
condiciones en que se dará cumplimiento al requerimiento y la manera en que
dichos gastos deberán sufragarse.
2. Los gastos de viaje, alojamiento y otros expensas previstas en este Convenio
en favor de las personas que deban trasladarse en virtud de una solicitud de
asistencia judicial, correrán por cuenta de la Parte Requirente.
Artículo 20. Exención de legalización.
Los documentos previstos en el presente acuerdo, suscritos y transmitidos por las
Autoridades Centrales de cada Estado, estarán exentos de toda legalización
consular o formalidad análoga.
Artículo 21. Consultas.
Las Autoridades Centrales de las Partes celebrarán consultas, para asegurar el
eficaz cumplimiento de este Convenio.
Artículo 22. Solución de controversias.
Cualquier controversia que surja entre las Partes relacionada con la interpretación
o aplicación de este Convenio, será resuelta entre las Partes, por vía diplomática.
Artículo 23. Entrada en vigor y denuncia.
1. El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta (60) días contados a partir
de la fecha en que las Partes, se comuniquen por Notas Diplomáticas el
cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales.
2. Este Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier
momento, mediante Nota Diplomática la cual surtirá efecto seis (6) meses después
de la fecha de recepción por la otra Parte. La denuncia no afectará las solicitudes
de asistencia judicial en curso.
Suscrito en Santa Fe de Bogotá, a los diez y ocho días (18) del mes de diciembre
de mil novecientos noventa y seis (1996), en dos ejemplares, en idioma castellano,
siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.
Por el Gobierno de la República de Colombia,
Camilo Reyes R.
Por el Gobierno de la República del Ecuador,
Galo Leoro F.»
Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2001.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Guillermo Fernández De Soto.
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA.


a) Acuerdos.


                    LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


En la cuidad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, al trece del mes
de junio del año dos mil tres, reunidos los señores Conjueces de la Unica Sala de
Conjueces Temporales para las Salas Especializadas de lo Civil y Mercantil de la
Corte Suprema de Justicia, doctores Guido Mantilla Cardoso, Benjamín Cevallos
Solórzano y Emilio Velasco Célleri y con la concurrencia del señor doctor
Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General,


                                  ACUERDAN:


Elegir Presidente de la Unica Sala de Conjueces Temporales para las Salas
Especializadas de lo Civil y Mercantil para el periodo 2003-2004, al señor doctor
Emilio Velasco Célleri, para constancia firman los señores Conjueces Temporales
y Secretario General que certifica.


f) Drs. Emilio Velasco Célleri Presidente.- Guido Mantilla Cardoso Conjuez
Temporal.- Benjamín Cevallos Solórzano Conjuez Temporal.- Fernando
Ortiz Bonilla, Secretario General.


                                      &&&&&
                   LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


                              CONSIDERANDO:


Que los señores doctores Armando Bermeo Castillo, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura y Santiago Andrade
Ubidia, Magistrado de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Suprema de Justicia han sido invitados por la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de Prensa y Cultura de la
Embajada Americana (PAS), a participar en un viaje de observación a los Estados
Unidos, para constatar el desenvolvimiento del mundo jurídico, político y
administrativo de Norteamérica, del 5 al 18 de octubre de 2003,


                                  ACUERDA:


Declarar en comisión de servicios en el exterior con derecho a remuneración y
gastos de representación, del 4 al 19 de octubre de 2003, a los señores doctores
Armando Bermeo Castillo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo Nacional de la Judicatura y Santiago Andrade Ubidia, Magistrado de la
Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, para que
asistan a la mencionada visita de observación.


Publicar este Acuerdo en la Gaceta Judicial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón
de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia, a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año dos mil tres.


                          Dr. Teodoro Coello Vázquez
                                   PRESIDENTE


Señores Magistrados doctores: José Julio Benítez Astudillo.- Eduardo Brito
Mieles.- Nicolás Castro Patiño.- Galo Galarza Paz.- Bolívar Guerrero
Armijos.- Luis Heredia Moreno.- Estuardo Hurtado Larrea.- Julio Jaramillo
Arízaga.- Angel Lescano Fiallo.- Camilo Mena Mena.- Jorge Ramírez
Alvarez.- José Vicente Troya Jaramillo.- Rodrigo Varea Avilés.- Jaime
Velasco Dávila.- Bolívar Vergara Acosta.- Milton Moreno Aguirre.- Arturo
Donoso Castellón.- Ernesto Albán Gómez.- Hernán Quevedo Terán.- Señores
Conjueces Permanentes doctores: Jorge Andrade Lara.- Clotario Salinas
Montaño.- Armando Serrano Puig.- Gustavo Durango Vela.- Fernando Ortiz
Bonilla, Secretario General.


                                    &&&&&




b) Resoluciones:




                    LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


                               CONSIDERANDO:
Que el doctor Olmedo Bermeo Idrovo, ante el requerimiento del Pleno, ha
presentado su renuncia;


Que compete al Tribunal su pronunciamiento decisorio, a cuyo fin precisa
observar:


a) Que la Corte Suprema de Justicia, como autoridad nominadora, tiene la facultad
de aceptar las renuncias de sus miembros;


b) Que la auto calificación de la renuncia de ‘revocable’ pretende trabar y enervar
el ejercicio eficaz de las atribuciones del Pleno y el cumplimiento de sus fines, lo
que es ilegal e inadmisible; y,


c) Que no existe criterio o norma preexistente que esté obligada a seguir; y,
conforme los principios superiores de orden público y seguridad jurídica,


                                  RESUELVE:


Aceptar la renuncia presentada por el doctor Olmedo Bermeo Idrovo, declarando
como consecuencia lógica y jurídica, vacante la magistratura que ostenta el
renunciante.


Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón
de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia, a los veintitrés días del mes de julio
del año dos mil tres.
                       Dr. Armando Bermeo Castillo
                        PRESIDENTE (Abstención)


Señores Magistrados doctores: Alfredo Contreras Villavicencio.- Teodoro
Coello Vázquez.- Santiago Andrade Ubidia (Abstención).- José Julio Benítez
Astudillo.- Eduardo Brito Mieles.- Nicolás Castro Patiño.- Galo Galarza Paz.-
Bolívar Guerrero Armijos.- Luis Heredia Moreno.- Estuardo Hurtado
Larrea.- Julio Jaramillo Arízaga.- Angel Lescano Fiallo.- Camilo Mena
Mena.- Galo Pico Mantilla.- Hugo Quintana Coello (Voto en contra).- Jorge
Ramírez Alvarez.- Carlos Riofrío Corral.- José Vicente Troya Jaramillo
(Abstención).- Rodrigo Varea Avilés.- Jaime Velasco Dávila.- Bolívar
Vergara Acosta.- Miguel Villacís Gómez.- Gonzalo Zambrano Palacios.-
Milton Moreno Aguirre.- Arturo Donoso Castellón.- Ernesto Albán Gómez.-
Hernán Quevedo Terán.- Señores Conjueces Permanentes doctores: Jorge
Andrade Lara.- Clotario Salinas Montaño.- Carlos Rodríguez García,
Secretario General Encargado.


                                 &&&&&




                  LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


                            CONSIDERANDO:


Que el artículo 120 de la Constitución Política de la República dispone en su
inciso primero que: ‘No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor
público exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus
funciones, o por sus omisiones’,


Que el artículo 199 de la Constitución determina que: ‘Los órganos de la Función
Judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones.
Ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquéllos’;


En ejercicio de la facultad que le concede el primer artículo final de la Ley
Orgánica de la Función Judicial,


                                   RESUELVE:


Art. 1.- La Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer las
denuncias que se presenten contra los magistrados que la integran, por la comisión
de las infracciones previstas en el numeral primero del artículo 13 de la Ley
Orgánica de la Función Judicial, y para resolver acerca de ellas.


Art. 2.- Presentada una denuncia, el Pleno de la Corte designará por sorteo una
comisión de tres magistrados para que sustancie la investigación pertinente, en la
que se respetarán las reglas del debido proceso y se concederá al magistrado
investigado las garantías necesarias para que ejerza a plenitud su defensa.


Art. 3.- Presentado el informe por la comisión designada, el Pleno de la Corte
adoptará la resolución que corresponda. Para acordar la remoción o destitución del
magistrado, se requerirá la votación conforme de al menos los dos tercios de sus
integrantes.
Art. 4.- Esta Resolución obligatoria entrará en vigencia con su publicación en el
Registro Oficial y regirá hasta que la Ley disponga lo contrario. Publíquese
también en la Gaceta Judicial.


Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón
de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil tres.


                         Dr. Armando Bermeo Castillo
                                   PRESIDENTE


Señores Magistrados doctores: Teodoro Coello Vázquez.- Santiago Andrade
Ubidia.- José Julio Benítez Astudillo.- Eduardo Brito Mieles.- Nicolás Castro
Patiño.- Galo Galarza Paz.- Bolívar Guerrero Armijos.- Luis Heredia
Moreno.- Estuardo Hurtado Larrea.- Julio Jaramillo Arízaga.- Angel
Lescano Fiallo.- Camilo Mena Mena.- Galo Pico Mantilla.- Hugo Quintana
Coello.- Jorge Ramírez Alvarez.- Carlos Riofrío Corral (Voto en Contra).-
José Vicente Troya Jaramillo.- Rodrigo Varea Avilés.- Jaime Velasco
Dávila.- Bolívar Vergara Acosta.- Miguel Villacís Gómez.- Gonzalo
Zambrano Palacios.- Milton Moreno Aguirre.- Arturo Donoso Castellón.-
Ernesto Albán Gómez.- Hernán Quevedo Terán.- Señores Conjueces
Permanentes doctores: Jorge Andrade Lara.- Clotario Salinas Montaño.-
Armando Serrano Puig.- Gustavo Durango Vela Fernando Ortiz Bonilla,
Secretario General.




                    LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                                CONSIDERANDO:


Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 202,
incisos segundo y tercero, dispone que ‘producida una vacante, el Pleno de la
Corte Suprema de Justicia designará al nuevo magistrado, con el voto favorable de
las dos terceras partes de sus integrantes, observando los criterios de
profesionalidad y de carrera judicial, de conformidad con la ley’, y que ‘en la
designación se escogerá, alternadamente, a profesionales que hayan ejercido la
judicatura, la docencia universitaria o permanecido en el libre ejercicio
profesional, en este orden’, sistema que es conocido como cooptación;


Que es conveniente dictar normas para el ejercicio del sistema de cooptación, a fin
de asegurar la efectiva participación de las organizaciones de la sociedad civil, en
miras a lograr una auténtica democratización y la excelencia en la integración de
la Corte Suprema de Justicia;


En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 15 y el primer artículo
final de la Ley Orgánica de la Función Judicial,


                                  RESUELVE:


Para el ejercicio de la cooptación, la Corte Suprema de Justicia procederá de la
siguiente manera:


PRIMERO.- Dentro de los ocho días de producida una vacante de magistrado de
la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de este Organismo o quien se halle
reemplazándolo invitará, mediante publicaciones en sección y tamaño destacados,
al menos en dos diarios de diferentes ciudades y que tengan circulación nacional,
para que las personas y entidades nominadoras de la sociedad civil que se señalan
más adelante, presenten las candidaturas para magistrados, con determinación de
la procedencia: la judicatura, la docencia universitaria o el libre ejercicio
profesional, según sea el caso;


SEGUNDO: Podrán nominar candidatos:
   1. Los ex Presidentes Constitucionales de la República;
   2. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana;
   3. Los ex Presidentes de la Corte Suprema de Justicia;
   4. La Federación Nacional de Abogados del Ecuador y los Colegios
       Provinciales de Abogados legalmente establecidos;
   5. Las Asociaciones de Derechos Humanos que gocen de personalidad jurídica
       y tengan alcance y representación nacional;
   6. Los Decanos de las Facultades de Jurisprudencia, Derecho y Ciencias
       Jurídicas de las Universidades que sean miembros del Consejo Nacional
       de Educación Superior (CONESUP);
   7. La Asociación Nacional de Directores de Periódicos, la Asociación
       Ecuatoriana de Canales de Televisión y la Asociación Ecuatoriana de
       Radiodifusión;
   8. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, la Asociación
       Nacional de Mujeres Jueces del Ecuador, la Federación Nacional de
       Empleados y Funcionarios Judiciales FENAJE, y el Frente de Mujeres
       Judiciales del Ecuador FREMUJE;
   9. Las centrales sindicales, las organizaciones campesinas y los maestros y
       educadores organizados en la UNE y FENAPUPE;
   10. Las organizaciones de los pueblos indios y afroecuatorianos del Ecuador;
   11. El Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador y la Asociación de
       Municipalidades del Ecuador; y,
   12. Las Cámaras de la Producción y Artesanías.


Podrán, además, presentar su candidatura a nombre personal quienes consideren
reunir los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República para
ocupar la vacante convocada.


La abstención en la presentación de candidatos por una o más de las personas y
entidades antes mencionadas no será óbice para el desarrollo del proceso.


TERCERO: Los invitados a presentar las candidaturas podrán enviar en
comunicación dirigida al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los
ocho días siguientes a la fecha en que se haya publicado la invitación, los nombres
de hasta tres candidatos a magistrados para cada vacante a llenar. A estas listas se
sumarán las candidaturas personales que presenten quienes aspiren a la
designación. A todas las nominaciones se acompañarán los documentos que
acrediten la idoneidad del candidato, en originales o copias certificadas y se
precisará el domicilio o el casillero judicial en la ciudad de Quito, en el cual los
postulados recibirán notificaciones.


CUARTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia designará, por sorteo, una
comisión inexcusable de tres magistrados principales y tres alternos para cada una
de las vacantes a llenar, a fin de que, dentro de los ocho días hábiles realice el
estudio de la documentación de los candidatos postulados y presente un informe
sobre su idoneidad.
QUINTO: En los mismos diarios en los cuales se efectuó la invitación, se
publicará la nómina de los candidatos calificados idóneos para que se pueda
presentar objeciones a las candidaturas, dentro de ocho días hábiles. Se guardará
reserva de la identidad del impugnante.


SEXTO: Las objeciones formuladas se pondrán en conocimiento del impugnado,
para que las conteste en el plazo de ocho días hábiles.


SÉPTIMO: En los ocho días hábiles siguientes a la conclusión de la etapa de
impugnación, la comisión de Magistrados que realizó el estudio de la
documentación de los candidatos, presentará al Pleno de la Corte Suprema a
través de su Presidente, el respectivo informe con la nómina de los candidatos
elegibles.


OCTAVO: El Pleno de la Corte Suprema será convocado obligatoriamente por el
Presidente o quien se halle reemplazándolo, dentro de los cinco días hábiles de
recibido el informe de la comisión, para realizar, en sesión pública y mediante
votación nominal, el nombramiento del nuevo magistrado.


Si no se consigue la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes de la
Corte Suprema de Justicia después de tres votaciones, el Presidente dispondrá un
receso, concluido el cual se volverá a realizar la votación.


DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El proceso de cooptación para designar las
vacantes que actualmente existen en la Corte Suprema de Justicia se iniciará tan
pronto se publique esta Resolución en el Registro Oficial, y en atención a que la
última designación correspondió a los servidores judiciales, las nuevas
designaciones se realizarán en el siguiente orden:


Para la Segunda Sala de lo Penal: docente universitario;


Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo: profesional en libre ejercicio;


Para la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil: judicial.


Disposición final: Esta resolución tendrá carácter de obligatoria hasta que la Ley
disponga lo contrario y regirá a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Publíquese también en la Gaceta Judicial.


Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón
de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil tres.


                         Dr. Armando Bermeo Castillo
                                   PRESIDENTE


Señores Magistrados doctores: Teodoro Coello Vázquez.- Santiago Andrade
Ubidia.- José Julio Benítez Astudillo.- Eduardo Brito Mieles.- Nicolás Castro
Patiño.- Galo Galarza Paz.- Bolívar Guerrero Armijos.- Luis Heredia
Moreno.- Estuardo Hurtado Larrea.- Julio Jaramillo Arízaga.- Angel
Lescano Fiallo.- Camilo Mena Mena.- Galo Pico Mantilla.- Hugo Quintana
Coello.- Jorge Ramírez Alvarez.- Carlos Riofrío Corral.- José Vicente Troya
Jaramillo.- Rodrigo Varea Avilés.- Jaime Velasco Dávila.- Bolívar Vergara
Acosta.- Miguel Villacís Gómez.- Gonzalo Zambrano Palacios.- Milton
Moreno Aguirre.- Arturo Donoso Castellón.- Ernesto Albán Gómez.- Hernán
Quevedo Terán.- Señores Conjueces Permanentes doctores: Jorge Andrade
Lara.- Clotario Salinas Montaño.- Armando Serrano Puig.- Gustavo
Durango Vela.- Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General.




                    LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


                               CONSIDERANDO:


Que se han presentado consultas de órganos judiciales sobre la interpretación de
las normas procesales para el juzgamiento de las infracciones de tránsito, por la
oposición del sistema inquisitivo que sustenta la Ley de Tránsito y Transporte
Terrestres y el sistema acusatorio consagrado en el Código de Procedimiento
Penal promulgado el 13 de enero del 2000;


Que existen dudas en cuanto a la aplicación del Art. 90 de la Ley de Tránsito y
Transporte Terrestres, en el juzgamiento de contravenciones graves;


Que la resolución expedida por la Corte Suprema de Justicia publicada en el
Registro Oficial No. 380 de 31 de julio del 2001 no ha sido correctamente
interpretada por los órganos judiciales;


En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 15 de la Ley Orgánica de la
Función Judicial,
         EXPIDE LA SIGUIENTE RESOLUCION OBLIGATORIA:


Art. 1.- El Juez de Tránsito tiene competencia privativa para sustanciar y resolver
los casos por delitos y contravenciones de tránsito, en todas sus fases, por así
disponerlo el Art. 92 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres;


Art. 2.- Los juicios de tránsito se iniciarán con la instrucción fiscal, que tendrá un
plazo máximo de noventa días, pudiendo concluirse antes, sin perjuicio de que,
cuando no se conociere al responsable o responsables del delito de tránsito, o
hubiere mérito para investigación preprocesal, se realice la indagación previa
conforme al Art. 215 del Código de Procedimiento Penal;


Art. 3.- Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el juez puede
consultar al Ministro Fiscal Distrital. Si éste revocare el dictamen del inferior,
designará otro fiscal para que intervenga en la etapa del juicio; si ratificare el
dictamen del inferior, el juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con el
Art. 251 del Código de Procedimiento Penal y su reforma;


Art. 4.- Si el imputado o acusado estuviere prófugo, concluida la instrucción y
emitido el dictamen fiscal, se suspenderá la causa hasta cuando sea aprehendido o
se presente voluntariamente a la justicia, de acuerdo con el Art. 119 de la Ley de
Tránsito y Transporte Terrestres;


Art. 5.- De haber dictamen fiscal acusatorio el juez convocará a audiencia oral y
pública de prueba y juzgamiento conforme lo disponen el Art. 116 de la Ley de
Tránsito y Transporte Terrestres y Capítulos IV y V del Título III del Libro
Cuarto del Código de Procedimiento Penal;


Art. 6.- Si el imputado o acusado no se presentare a la audiencia oral y pública de
juzgamiento y hubiese rendido caución, se harán efectivas la caución y la prisión
para la realización de la audiencia.


Si se encontrare libre sin caución y no se presentare a la audiencia, el Juzgado
ordenará la comparecencia a la audiencia por medio de la fuerza pública.


Art. 7.- Si se dictare sentencia condenatoria se liquidarán los daños y perjuicios
en el mismo juicio penal de tránsito conforme lo disponen los Arts. 57 y 118 de la
Ley de Tránsito y Transporte Terrestres;


Art. 8.- Si se tratare del juzgamiento de contravención grave de tránsito, será
detenido el contraventor y puesto inmediatamente a órdenes del Juez de Tránsito
para su juzgamiento, conforme lo disponen el Art. 90 de la Ley de Tránsito y
Transporte Terrestres y el Art. 24 numeral 6 de la Constitución Política de la
República del Ecuador;


Art. 9.- En general se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley de Tránsito
y Transporte Terrestres que continúan vigentes, por ser ley especial, y
supletoriamente, cuando no hubiere norma contenida en esta Ley, o guardare
oposición con el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán las normas del
Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Civil y Código de
Procedimiento Civil, de conformidad con el Art. 169 de la Ley de Tránsito y
Transporte Terrestres y la Disposición Final del Código de Procedimiento Penal;
Art. 10.- Serán válidos los juicios penales de tránsito que se hubieren iniciado con
auto cabeza de proceso y que se encuentren en trámite.


Art. 11.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial y regirá hasta que la Ley disponga lo contrario.


Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón
de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia, a los siete días del mes octubre del
año dos mil tres.


                        Alfredo Contreras Villavicencio
                                PRESIDENTE (E)


Señores Magistrados doctores: Teodoro Coello Vázquez.- José Julio Benítez
Astudillo.- Eduardo Brito Mieles.- Galo Galarza Paz.- Bolívar Guerrero
Armijos.- Luis Heredia Moreno.- Camilo Mena Mena.- Hugo Quintana
Coello.- José Vicente Troya Jaramillo.- Rodrigo Varea Avilés.- Jaime Velasco
Dávila.- Miguel Villacís Gómez.- Gonzalo Zambrano Palacios.- Milton
Moreno Aguirre.- Arturo Donoso Castellón.- Ernesto Albán Gómez.- Hernán
Quevedo Terán.- Señores Conjueces Permanentes doctores: Jorge Andrade
Lara.- Clotario Salinas Montaño.- Armando Serrano Puig.- Gustavo
Durango Vela.- Genaro Eguiguren Valdivieso.- Fernando Ortiz Bonilla,
Secretario General.


                                    &&&&&
                    LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


                               CONSIDERANDO:


Que el señor Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el
inciso sexto de la Novena Disposición General de la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las
Remuneraciones del Sector Público, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial N° 184 del 6 de octubre del 2003, ha trasladado el feriado del día jueves 9
de octubre al viernes 10 de octubre del 2003.


Que el artículo 183, último inciso, de la Ley Orgánica de la Función Judicial
faculta a la Corte Suprema de Justicia para hacer las variaciones que convenga en
lo concerniente a las horas hábiles para el despacho en los tribunales y juzgados.


En ejercicio de las facultades antedichas.


                                   RESUELVE:


Que el día diez de octubre del dos mil tres se suspendan las actividades en la
Función Judicial, excepto en los juzgados de lo penal y de tránsito que se hallaren
de turno, los que laborarán ese día de conformidad con la regulación respectiva;


Que de oficio, o a petición de parte, los secretarios de juzgados y tribunales
sienten las razones del caso en los correspondientes procesos, para los efectos
señalados por el Art. 314 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el
Art. 315 del mismo Código.


Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.


Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón
de Sesiones de la Corte Suprema de Justicia, a los ocho días del mes de octubre
del año dos mil tres.


                         Alfredo Contreras Villavicencio
                                PRESIDENTE (E)


Señores Magistrados doctores: Teodoro Coello Vázquez.- José Julio Benítez
Astudillo.- Eduardo Brito Mieles.- Nicolás Castro Patiño.- Galo Galarza Paz.-
Bolívar Guerrero Armijos.- Luis Heredia Moreno.- Julio Arízaga.- Angel
Lescano Fiallo.- Camilo Mena Mena.- Galo Pico Mantilla.- Hugo Quintana
Coello.- Jorge Ramírez Alvarez.- José Vicente Troya Jaramillo.- Rodrigo
Varea Avilés.- Jaime Velasco Dávila.- Bolívar Vergara Acosta.- Miguel
Villacís Gómez.- Milton Moreno Aguirre.- Ernesto Albán Gómez.- Hernán
Quevedo Terán.- Señores Conjueces Permanentes doctores: Jorge Andrade
Lara.- Clotario Salinas Montaño.- Armando Serrano Puig.- Gustavo
Durango Vela.- Genaro Eguiguren Valdivieso.- Fernando Ortiz Bonilla,
Secretario General.

				
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posted:3/5/2012
language:Spanish
pages:284