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PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE

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					  PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO



Bogotá D.C., 16 de febrero de 2010.



Alegato No. 13



Honorables
CONSEJEROS DE ESTADO
Sección Primera
Consejero Ponente Doctor: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.



                                  Radicado:          2007 00267 00
                                  Actor:             Jaime García Díaz
                                  Asunto:            Acción Pública de Nulidad




Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto
de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.


                                ANTECEDENTES


El ciudadano Jaime García Díaz, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84
del C.C.A., solicitó se declare la nulidad de la Resolución SCT 00096 de 29 de
diciembre de 2004, por medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud para
la legalización de minería de hecho FE5-111 y de la Resolución SCTM 2903 de 5
de diciembre de 2005, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
dentro del expediente FE5-111, expedidas por el Instituto Colombiano de Geología
y Minería –INGEOMINAS- Ministerio de Minas y Energía.
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Estima el actor que las disposiciones acusadas contrarían los artículos 2, 3, 4, 6,
21, 25, 27, 29, 58, 230 de la Constitución Política; artículos 1, 2, 3, 30, 36, 66, 84
del C.C.A.


Fundamenta sus pretensiones en los siguientes cargos:


1.- Violación del artículo 29 de la Constitución Política.-


A juicio del accionante el acto administrativo objeto de censura resulta contrario al
ordenamiento jurídico superior porque se trataba de una definida actuación
administrativa y la autoridad administrativa al pretender extender en el tiempo la
vigencia de la Resolución 222 de 1994, no juzgó conforme a leyes preexistentes al
mismo, ni con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.


INGEOMINAS al aplicar la Resolución 222 de 1994, que ya había decaido, a una
situación particular y concreta, incurre en causal de nulidad por violación al debido
proceso.


Contestación de la demanda


1.- El Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS- establecimiento
público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, por medio de
apoderada contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y como argumentos
de defensa expresó los siguientes:


1.1 En el área ubicada en el predio denominado                Cantera El Pinar de Vista
Hermosa, vereda Balsillas, municipio de Mosquera, Cundinamarca, lote No. 6, el
actor ha realizado actividades de explotación minera.


2.- El 5 de mayo de 2004 el señor Jaime García Díaz presentó ante INGEOMINAS
UNA solicitud de legalización de minería de hecho, radicada con el No. FE5-111.
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3.- Mediante Resolución No. 96 de 29 de diciembre de 2004, INGEOMINAS
rechazó la solicitud de legalización, por presentar superposición total con el área
de minería excluida contenida en la Resolución 222 del Ministerio de Ambiente.


4.- El apoderado del actor interpuso recurso de reposición            que desató
INGEOMINAS        el 5 de diciembre de 2005, mediante Resolución 2903, que
confirmó la anterior.


5.- El mineral de interés materia de la solicitud fue “recebo y demás concesibles”,
definidos como materiales de construcción; a la solicitud se acompañó el plano de
la zona según lo disponen el Decreto 3290 de 2003 y el Decreto 2390 de 2002.


6.- El 14 de marzo de 2003, la CAR de Cundinamarca expidió la Resolución 44 de
2003, mediante la cual se impone la ejecución de unas obras de adecuación al
actor, en el área materia de explotación minera.


7.- El actor acudió al Ministerio de Minas y Energía el cual conceptuó sobre el
decaimiento de la Resolución 222 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y
consideró que el Ministerio debió aplicar la norma posterior vigente, como la
Resolución 813 de 2004 o la 1197 de 2004, pero en ningún caso la resolución 222
de 1994, de lo cual el actor infiere la nulidad del acto acusado por violación
manifiesta de la norma en que debió fundarse.


Dentro de este contexto expone como argumentos de defensa:


1.- Naturaleza jurídica, objeto y funciones del Instituto Colombiano de Geología y
Minería –INGEOMINAS-.


El Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 18 0073 de 27 de enero
de 2004, reasumió las funciones mineras que habían sido delegadas a la Empresa
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Nacional Minera –Minercol Ltda.. mediante las Resoluciones 18 1130 de 7 de
septiembre de 2001 y 18 0921 de 6 de septiembre de 2002.


El Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 180074 de 27 de enero de
2004, delegó en INGEOMINAS las funciones mineras. Como consecuencia de
esta delegación, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 252 de 2004, mediante el
cual se reestructura el Instituto de Investigación e Información Neocientífica,
Minero, Ambiental y Nuclear, INGEOMINAS.


Mediante el Decreto 254 de 2004, el Gobierno Nacional ordenó la supresión,
disolución y liquidación de la Empresa nacional Minera Ltda. MINERCOL LTDA.
cuyas funciones fueron transferidas a INGEOMINAS por virtud del Decreto 252 de
28 de enero de 2004, fecha a partir de la cual el Instituto desarrolla dichas
funciones.


El Decreto 252 fue modificado por el Decreto 3577 de 2004. Dentro de este
contexto normativo corresponde a INGEOMINAS como autoridad minera, fomentar
la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros    de propiedad
estatal y privada, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y
fortalecimiento económico y social del país.


No son de recibo los argumentos de la demanda si se tiene en cuenta que la
expedición de la Resolución SCT No. 00096 de 29 de diciembre de 2004, proferida
por la Subdirección de Contratación y Titulación Minera de Ingeominas que
rechazó la solicitud de legalización de minería de hecho FE5-111 y SCTM No.
2903 de 2005, se sustentó en la aplicación de las disposiciones mineras que
regulan la materia.


2.- Legalización de minería de hecho.
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El artículo 165 de la Ley 685 de 2001, dispone lo relativo a la legalización de la
minería de hecho. Esta disposición fue reglamentada por el Decreto 2390 de 2002.


Dentro de este contexto normativo obró la entidad administrativa para concluir
que la solicitud FE5-111 fue rechazada, lo que se debió a la superposición total del
área   de la solicitud en las zonas de minería restringida de acuerdo con la
Resolución 222 de 1994 expuesta por el Ministerio del Medio Ambiente, vigente
para la fecha de presentación de la solicitud de legalización mencionada.


Al momento de realizar el estudio técnico en cada caso específico, la autoridad
minera está en la obligación de acatar las restricciones expedidas por la autoridad
ambiental, constituyéndose en prohibiciones legales que limitan la capacidad de
acción de la entidad y restringen los derechos a reconocer a los usuarios mineros.


INGEOMINAS realiza el estudio de superposiciones             teniendo en cuenta la
normatividad aplicable al momento de presentación de cada solicitud, para el
presente caso, la Resolución 222 de 1994, fue modificada por las resoluciones
813 de 2004 y 1197 del mismo año. El actor presentó ante la autoridad minera
solicitud de legalización de minería de hecho No. FE5-111 el 5 de mayo de 2004,
fecha para la cual se encontraba vigente la Resolución 222. Las resoluciones
expedidas posteriormente tienen efectos hacia el futuro, no retroactivo.


Así las cosas, no es posible entonces para el actor pretender beneficiarse de las
preceptivas expedidas con posterioridad a la solicitud. Al existir superposición total
de la solicitud de legalización de minería de hecho con las áreas restringidas por la
Resolución 222 de 1994, le era aplicable la disposición contenida en el artículo 4°
del Decreto 2390 de 2002, esto es, el rechazo de la solicitud y la orden de
suspender la explotación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 y el
Capítulo XVII del Código de Minas.
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El Ministerio de Minas y Energía por medio de resolución 180074 de 27 de enero
de 2004, delegó en INGEOMINAS las funciones mineras. Posteriormente,
mediante Decreto 254 de 2004 el Gobierno Nacional, ordenó la supresión y
liquidación de esta entidad y las funciones mineras se transfirieron a
INGEOMINAS.




               CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO


Pretende el actor se declare la nulidad de la Resolución SCT 00096 de 29 de
diciembre de 2004, por medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud para
legalización de minería de hecho FE5-111 y de la Resolución SCTM 2903 de 5 de
diciembre de 2005, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición,
expedidas por el Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS-.


El problema jurídico radica en establecer si el INGEOMINAS podía negar la
solicitud de legalización de minería de hecho de un yacimiento de materiales de
construcción con fundamento en la Resolución 222 expedida por el Ministerio de
Medio Ambiente, la cual se encontraba derogada.


Se trata entonces en el presente caso de un problema de eficacia del acto
administrativo y de los efectos de las decisiones de la administración en el tiempo.


Señala la doctrina que “la irretroactividad del acto administrativo reclama para el
estado de derecho el principio de la certeza jurídica, que invita a las autoridades a
respetar el ordenamiento jurídico vigente en materia de situaciones jurídicas
individuales, impidiendo que los actos creadores de las mismas sean por regla
general modificados retroactivamente por disposiciones posteriores, e incluso que
a futuro se pueda prever que un derecho reconocido quede a la voluntad de la
administración para efectos de su revisión, o que una disposición de carácter
general pueda crear situaciones jurídicas para los asociados frente a fenómenos
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históricos, o hechos regidos por un ordenamiento jurídico vigente al momento en
que sucedieron”1


En el mismo sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado:


    "A este respecto, en concepto del 25 de febrero de 1975 la Sala de Consulta y
    Servicio Civil del Consejo de Estado se expresó así: "... de conformidad con el
    artículo 30 de la Constitución Nacional y la Ley 153 de 1887, es norma general que
    la ley es irretroactiva, que sólo tiene efectos para el futuro, con miras a mantener la
    confianza, seguridad y certidumbre de las personas en el orden jurídico. Es norma
    de observancia para los Jueces y el legislador en garantía de situaciones nacidas
    válidamente al amparo de normas legítimamente existentes.

    "De la irretroactividad de la ley se deduce la irretroactividad de los actos
    administrativos, los cuales no pueden surtir efecto con anterioridad a su vigencia.
    Sólo en forma excepcional puede un acto administrativo tener efectos hacia el
    pasado y siempre con base en una autorización legal.

    "Los tratadistas de derecho administrativo son acordes al afirmar que el acto
    administrativo no produce efectos sino para el futuro. El profesor Riveró en su obra
    "Derecho Administrativo" sostiene que la aplicación de un acto administrativo con
    retroactividad puede dar lugar a su declaratoria de nulidad por exceso de poder,
    pues la Administración no puede hacer remontar los efectos de su decisión sino
    para el futuro”.2


Dentro de este contexto jurisprudencial, debe ponerse de relieve que la
Resolución SCT No. 00096 fue expedida el 29 de diciembre de 2004, fecha en la
cual la Resolución 222 de 1994 ya había salido del ordenamiento jurídico por
haber sido derogada. Sin embargo, este último acto administrativo fue el que sirvió
de fundamento para afirmar que “el área de interés para la legalización de minería
de hecho se encuentra superpuesta totalmente con el área de minería excluida,
establecida en la Resolución 222 del Ministerio del Medio Ambiente, NO
QUEDANDO AREA LIBRE PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE LA
LEGALIZACIÓN DE MINERIA DE HECHO SOLICITADA”, lo que dio lugar a que

1
  Santofimio G., Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Universidad
Externado de Colombia, 1998, p.132.
2
  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Bogotá, D. E.,
doce (12) de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), Consejero ponente: Doctor
Alvaro Orejuela Gómez, Referencia:   Juicio No. 9267, Actora: Rosalía Tabares Gónima.
Autoridades Nacionales.
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con fundamento en el artículo 4° del Decreto 2390 de 2002 se rechazara la
solicitud y se ordenara la suspensión de la explotación de conformidad con lo
establecido en el artículo 306 y el Capítulo XVII del Código de Minas.


La Resolución 222 de 1994, proferida por el Ministerio del Medio Ambiente tuvo
vigencia hasta el día 19 de julio de 2004, fecha en la que fue publicada la
Resolución 813 de 14 de julio de 2004, que según se lee de su texto sustituye la
Resolución 222 de 1994, lo que significa que para la fecha en que se produjo el
reporte técnico sustento de la decisión administrativa ya había sido sustituida la
Resolución 222, y por lo tanto no podía producir efecto jurídico alguno.


Además, cabe anotar que la Resolución 813 de 2004 fue sustituida por la
Resolución 1197 de 13 de octubre de 2004 y entró a regir el 27 de octubre del
mismo año, no obstante la resolución acusada fue expedida el 29 de diciembre de
2004 en vigencia de ésta última.


Si bien es cierto que la solicitud que dio lugar a la decisión adoptada se presentó
en vigencia de la Resolución 222 de 1994, al momento de proferir la decisión ya
se encontraba derogada. Correspondía entonces a la Administración ajustar su
decisión a las disposiciones vigentes al momento en que se emitió la decisión
pues para el administrado no se había consolidado ningún derecho y lo que tenía
era una mera expectativa que debía resolver el ministerio sujetándose a las
disposiciones vigentes al momento de proferir la decisión, puesto que los actos
administrativos que sustituyeron la resolución 222 no condicionaron su eficacia y
efectividad a las solicitudes que se presentaran con posterioridad a su vigencia,
razón por la cual debían aplicarse con efecto inmediato.


Así las cosas, a juicio de esta Agencia del Ministerio Público, asiste razón al actor
en cuanto considera que la Administración desconoció el debido proceso al aplicar
una disposición que ya estaba fuera del ordenamiento jurídico al momento de
proferir decisión de rechazar su solicitud de explotación minera de hecho, motivo
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por el cual las pretensiones están llamadas a prosperar y esta Agencia del
Ministerio Público, muy respetuosamente a esa Honorable Corporación solicita se
que así se declare.


De los Honorables Consejeros,




                  ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
           Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado



RASV/CVB.

				
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