REGULACION DE HONORARIOS DE ABOGADO - Factores a tener en cuenta by UN8fq49

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									REGULACION DE HONORARIOS DE ABOGADO - Factores a tener en cuenta
según el Colegio Nacional de Abogados / HONORARIOS POR
CONTESTACION DE DEMANDA - No están previstos los honorarios en las
tarifas señaladas por CONALBOS

Ahora bien, siguiendo los alcances e importancia de la actividad de la abogacía, la
Corporación Colegio Nacional de Abogados - CONALBOS - mediante la
Resolución N° 02 del 30 de julio de 2002 fijó las Tarifas de honorarios
profesionales para el ejercicio de la profesión del derecho. Por ende, en este
asunto, deben seguirse algunos de los factores que según CONALBOS se tienen
en cuenta al momento de la fijación de los honorarios, así: 1. Gestión
encomendada. 2. Condiciones económicas del poderdante. 3. Lugar de prestación
del servicio. 4. Elementos probatorios. 5. Cuantía. 6. Procesos sin cuantía o de
cuantía indeterminada. 7. Segunda instancia. 8. Transacción o conciliación. 9.
Otros factores: Experiencia profesional, especialización y trayectoria del abogado.
Si bien el numeral 16.23 de las tarifas de CONALBOS prevé para las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho una tarifa mínima del 30% de la suma
recaudada, la misma no consagra para el caso concreto “contestación de la
demanda” un valor específico, por lo que es preciso acudir a otros valores del
mismo sistema donde se establece la suma de 3 salarios mínimos mensuales
legales vigentes para la contestación en actuaciones judiciales y administrativas
en general. Por lo demás, el incidentante no aportó ningún documento que permita
establecer la cuantía y los alcances que haya tenido su actuación. Ahora bien,
como el incidentante a quien el Tribunal Administrativo de La Guajira le reconoció
un mayor valor al que por analogía le correspondería, 4 salarios mínimos
mensuales legales vigentes y el Municipio de Hatonuevo no apeló, la Sala
considera que ese es el valor en que deben ser fijados los honorarios para el
abogado Barros Choles por contestar la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurada por la sociedad Carbones del Cerrejón.

                             CONSEJO DE ESTADO

                SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

                                SECCION CUARTA

                     Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 44001-23-31-000-2003-00349-01(15573)

Actor: MARTIN NICOLAS BARROS CHOLES

Demandado: MUNICIPIO DE HATONUEVO


AUTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto
del 14 de abril de 2005 del Tribunal Administrativo de La Guajira.


                                ANTECEDENTES
En escrito del 14 de junio de 2004, el abogado Martín Nicolás Barros Choles
solicitó al Tribunal Administrativo de La Guajira, ordenar el trámite del
incidente de regulación de honorarios, de conformidad con el artículo 69 del
Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Municipio de Hatonuevo (La
Guajira) le revocó el poder otorgado para su representación judicial dentro
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por
Carbones del Cerrejón.


Mediante proveído del 17 de agosto de 2004, se corrió traslado del incidente
al ente demandado por el término de tres días, y ante el silencio de las
partes, se prescindió del término probatorio a través del auto del 30 de
agosto de 2004.
En escrito del 3 de diciembre de 2004, el abogado Barros Choles le solicitó
al Tribunal decidir el incidente propuesto, regulando los honorarios de
acuerdo con la actuación, intervención, asistencia de trámite y cuantía,
teniendo en cuenta las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la
Judicatura, o en su defecto, las aprobadas por los Colegios de Abogados.


Luego de resolver las manifestaciones de impedimento presentadas por dos
de los Magistrados de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de La
Guajira, con conjuez, mediante proveído del 14 de abril de 2005, esa
Corporación reguló los honorarios a favor del abogado Martín Nicolás
Barros Choles y en contra del Municipio de Hatonuevo en la suma de
$1.530.000, equivalentes a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes en
esa fecha.


El Tribunal consideró que no existe prueba de la celebración de un contrato
donde se determinen los honorarios profesionales del Abogado y en
atención a la labor desempeñada, esto es, la contestación de la demanda
formulada en contra de ese municipio, decidió aplicar la tarifa del numeral
4.17 de la tarifa de honorarios profesionales del Colegio Nacional de
Abogados – CONALBOS.
El abogado Barros Choles interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, al considerar que la regulación del Tribunal ignora la naturaleza
del proceso, las excepciones propuestas, el término de duración y la
responsabilidad en atención del proceso a su cargo, la cuantía de las
pretensiones y las demás circunstancias que inciden como consecuencia de
la revocatoria del poder que originó la regulación. Además, la tarifa aplicada
está determinada para los procesos de simple nulidad, pues en la de
nulidad y restablecimiento del derecho es del 35% de las pretensiones que
se demanden.
Se refirió a la Resolución N° 020 de 1992, por medio de la cual el Ministerio
de Justicia aprobó las tarifas profesionales fijadas por CONALBOS, y con
base en ella, agregó que el Tribunal no tuvo en cuenta el parámetro que
está conformado por diversos factores: La gestión encomendada, las
condiciones económicas del poderdante, los elementos probatorios y la
cuantía entre otros factores.


Mediante auto del 13 de febrero de 2007, se resolvió que por Secretaría se
oficiara al Tribunal de origen, para que en el término de diez (10) días
enviara copias del cuaderno contentivo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho incoado por Carbones del Cerrejón contra el
Municipio de Hatonuevo (La Guajira), en el que actuó como apoderado de
este ente territorial el abogado Martín Nicolás Barros Choles (Rad. N° 2003-
00349).


El Tribunal envío dos (2) cuadernos con 595 y 218 folios respectivamente,
recibidos en el Despacho el 9 de mayo de 2007.


                    CONSIDERACIONES DE LA SALA


Corresponde a la Sala, decidir el recurso de apelación interpuesto por el
abogado Martín Nicolás Barros Choles contra el auto del 14 de abril de 2005
del Tribunal Administrativo de La Guajira, que reguló sus honorarios e
impuso en contra del Municipio de Hatonuevo la suma de $1.530.000,
equivalentes a 4 salarios mínimos mensuales vigentes en esa fecha, toda
vez que el citado municipio le revocó el poder otorgado para su
representación judicial dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por Carbones del Cerrejón.


La solicitud de regulación de honorarios prevista para los eventos de
terminación del poder por revocación del mismo o designación de un nuevo
apoderado, se tramita como incidente, según lo dispuesto en el artículo 69
del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este proceso en virtud de la
remisión expresa de los artículos 166, 167 y 267 del Código Contencioso
Administrativo.


Para determinar si el valor fijado en el incidente de regulación de honorarios
a favor del abogado Barros Choles y en contra del Municipio de Hatonuevo
en la suma de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales, corresponde
a sus actuaciones, debe la Sala enumerarlas, así:


1.    A folio 299 del cuaderno 2, obra el poder otorgado el 8 de julio de
      2003 por el Alcalde Municipal de Hatonuevo (La Guajira) al abogado
      Martín Nicolás Barros Choles, para que represente al municipio en la
      acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la
      sociedad Carbones del Cerrejón ante el Tribunal Administrativo de La
      Guajira contra las resoluciones números 001 del 14 de mayo de 2001,
      003 del 19 de julio de 2002, 004 del 17 de febrero de 2003 y 010 del 5
      de mayo de 2003, proferidas por la Secretaría de Rentas y Tesorería
      del Municipio, a través de las cuales se impuso una sanción a la
      empresa demandante por la omisión en las declaraciones de industria
      y comercio por los períodos fiscales 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001,
      se confirmó, se liquidó la sanción impuesta y se resolvió el recurso de
      reconsideración, respectivamente.


2.    A folios 311 a 323 del cuaderno 2, obra la contestación de la
      demanda presentada el 22 de agosto de 2003 por el abogado Martín
      Nicolás Barros Choles. En ella, formuló las excepciones de
      caducidad, falta de los requisitos formales e indebida acumulación de
      las pretensiones de la acción instaurada.
3.    A folio 340 del cuaderno 2, obra el poder otorgado el 25 de agosto de
      2003 por el Alcalde Municipal de Hatonuevo al abogado Barros
      Choles, para que ejerza la defensa del Municipio en el proceso de la
      referencia.


4.    A folio 339 del cuaderno 2, obra un memorial dirigido el 27 de agosto
      de 2003 por el Abogado Barros Choles al Tribunal Administrativo de
      La Guajira en el que aporta el poder de representación otorgado por
      el nuevo Alcalde de Hatonuevo “para avalar la actuación que cursa en el
      trámite en calidad de apoderado de la parte demandada”.


5.    A folios 342 y 343 del cuaderno 2, obra el auto del 30 de septiembre
      de 2003 a través del cual el Despacho del Ponente abrió el proceso a
      pruebas y le reconoció personería al apoderado del municipio
      demandado.


6.    A folio 348 del cuaderno 2, obra el memorial poder presentado el 28
      de octubre de 2003, otorgado por el Alcalde del Municipio de
      Hatonuevo a otro abogado para que represente los intereses del
      citado Municipio en el proceso referenciado.


De conformidad con lo anterior, se advierte que el abogado Barros Choles
actuó entre el 8 de julio de 2003 y el 28 de octubre de 2003, 3 meses, 20
días, lapso durante el cual contestó la demanda.


No obstante que, dentro de las copias solicitadas mediante auto del 13 de
febrero de 2007 se allegaron los contratos de prestación de servicios N° 024
de 2001 y N° 007 bis de 2002, celebrados entre el señor Martín Nicolás
Barros Choles y el Municipio de Hatonuevo (fs. 507 a 529, cuaderno 2), el
segundo de los cuales estaba vigente para la fecha en que le fue otorgado
el poder especial de representación judicial, en ninguno de tales negocios
se estipularon claramente los alcances de su gestión judicial, ni los
honorarios para la primera y para la segunda instancia, pues al revisar el
objeto de los contratos, se observa que es el mismo según las cláusulas
primeras de ambos:


            “OBJETO DEL CONTRATO: El Objeto del presente Contrato
            por parte del Contratista al Municipio es por parte del
            contratista al Municipio es de prestar sus servicios
            profesionales en lo siguiente: a) Asesorar interna y
            externamente al señor Alcalde en temas tributarios, regalías,
            compensaciones económicas, tasas y otros. b) Representar
            mediante Poder General a la Administración Municipal,
            judicial y extrajudicialmente; cuando las circunstancias lo
            requiera o autorice el Alcalde en asuntos oficiales o
            particulares. c) Asesorar al Alcalde o Tesorero, en las
            gestiones de: 1) Percepción y recaudo de impuestos (Industria
            y Comercio, prediales, vehículos, juegos y espectáculos y
            otros). 2) Requerimiento a los contribuyentes morosos o
            evasivos. 3) Asesorar al Tesorero y al señor Alcalde en los
            procesos ejecutivos de jurisdicción coactiva. d) Revisar las
            liquidaciones privadas y oficiales de impuestos y regalías. e)
            Reliquidar cuentas adicionales cuando haya lugar a
            modificaciones en las liquidaciones presentadas” (se
            subraya para destacar).

Ahora bien, siguiendo los alcances e importancia de la actividad de la
abogacía, la Corporación Colegio Nacional de Abogados – CONALBOS –
mediante la Resolución N° 02 del 30 de julio de 2002 fijó las Tarifas de
honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión del derecho 1. Por
ende, en este asunto, deben seguirse algunos de los factores que según
CONALBOS se tienen en cuenta al momento de la fijación de los
honorarios, así:
1. Gestión encomendada.
2. Condiciones económicas del poderdante.
3. Lugar de prestación del servicio.
4. Elementos probatorios.
5. Cuantía.

1
  El Colegio Nacional de Abogados "CONALBOS" viene estableciendo las tarifas de honorarios para
ejercicio de la profesión del derecho y sus resoluciones fueron aprobadas por el Ministerio de
Justicia y del Derecho hasta el año 1995. En este año, el artículo 91 del Decreto 2150 de 1995
suspendió la facultad que tenía el Ministerio de Justicia y del Derecho de aprobar las tarifas de
honorarios para el ejercicio profesional del Derecho, dejando sin vigencia el numeral 3° del Artículo
1° del numeral 199 del D. E. 2282 de 1989 que modificó el artículo 393 del Código de
Procedimiento Civil.
6. Procesos sin cuantía o de cuantía indeterminada.
7. Segunda instancia.
8. Transacción o conciliación.
9. Otros factores: Experiencia profesional, especialización y trayectoria del
abogado.


Si bien el numeral 16.23 de las tarifas de CONALBOS prevé para las
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho una tarifa mínima del
30% de la suma recaudada, la misma no consagra para el caso concreto
“contestación de la demanda” un valor específico, por lo que es preciso acudir
a otros valores del mismo sistema donde se establece la suma de 3 salarios
mínimos mensuales legales vigentes para la contestación en actuaciones
judiciales y administrativas en general.


Por lo demás, el incidentante no aportó ningún documento que permita
establecer la cuantía y los alcances que haya tenido su actuación.


Ahora bien, como el incidentante a quien el Tribunal Administrativo de La
Guajira le reconoció un mayor valor al que por analogía le correspondería, 4
salarios mínimos mensuales legales vigentes y el Municipio de Hatonuevo
no apeló, la Sala considera que ese es el valor en que deben ser fijados los
honorarios para el abogado Barros Choles por contestar la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad Carbones
del Cerrejón.


En consecuencia, la providencia apelada será confirmada.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado,


                                 RESUELVE:


CONFÍRMASE, por las razones expuestas, la providencia apelada.


Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.




MARIA INES ORTIZ BARBOSA                          LIGIA LOPEZ DIAZ
– Presidente de la Sección –




JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE              HECTOR J. ROMERO DIAZ




                       RAÚL GIRALDO LONDOÑO
                             - Secretario -

								
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