VISI�N DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS FONDOS DE PENSIONES by 1Qz8c8B

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									II Conferencia Internacional de Fondos de Pensiones
Santiago de Chile, 15 de Marzo de 2001
América Latina, Sr. Rodrigo Galarza - Vicepresidente Asofondos de Colombia



      VISIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS FONDOS DE PENSIONES
                    SOBRE LA REGULACIÓN FINANCIERA



Planteamiento


Las reformas emprendidas por un número importante de países de América Latina al
sustituir - parcial o completamente - los regímenes de pensiones basados en el
principio financiero de reparto simple o beneficio definido por el sistema de ahorro
individual y capitalización, determinó una serie de retos tanto para los Gobiernos
como para los nuevos gestores de estos recursos.

Así, en la agenda de los gobiernos existen dos asuntos esenciales cuales son, primero,
cómo financiar los costos de la transición de la reforma y, el segundo, la elección y
diseño de la regulación prudencial aplicable a los nuevos inversionistas. Por su parte,
los gestores de los Fondos de Pensiones están obligados a obtener retornos que
además de permitir tasas de reemplazo adecuadas al esfuerzo individual, añadan valor
a los retornos de sus afiliados y coadyuven el desarrollo de las economías nacionales.

En otros términos, mientras la meta del Gobierno es financiar el déficit originado en la
pérdida del monopolio sobre el ahorro previsional y el desbalance implícito de los
sistemas sustituidos, al tiempo que paralelamente desarrolla un mercado de capitales
que canalice eficientemente los recursos institucionales en beneficio de los agentes
económicos internos, la de los gestores es lograr altas rentabilidades para sus afiliados
corriendo los menores riesgos posibles para generar pensiones consecuentes con la
fidelidad de sus ahorradores.

Esos retos, sin embargo, están sujetos a restricciones y entre ellas, la más severa es la
derivada de las tensiones macro económicas a que se enfrenta un demandante por
recursos que a la vez es el más importante emisor de instrumentos en los mercados
internos y el regulador por excelencia de los flujos financieros internos.

Con todo, no existe un solo Gobierno Central que no incluya entre los propósitos
implícitos o explícitos de las llamadas reformas estructurales - y particularmente de la
pensional - el desarrollo del mercado de capitales interno. Sin embargo, las acciones
de política regulatoria en no pocas oportunidades trasladan la responsabilidad a los
Administradores de los Fondos de Pensiones sin facilitar las herramientas adecuadas
para el propósito y en múltiples ocasiones olvidando que la razón de ser del sistema
pensional es construir futuro para sus afiliados.



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En ese contexto, cabe preguntarse cuál es la visión de los administradores de estos
vehículos de ahorro institucional sobre la regulación financiera y prudencial que
domina la escena latinoamericana, sus defectos y bondades, así como el papel que
ellos deben desempeñar como gestores de recursos a largo plazo y cuyo peso relativo
es cada vez mayor gracias a su dinámica de crecimiento.

Tales interrogantes serán abordados en este documento en tres secciones: la primera,
se ocupará de la concepción regulatoria actual y sus efectos; la segunda, presentará la
visión de los administradores sobre cómo debe ser esa regulación prudencial y
financiera, y, finalmente, se delinean las herramientas necesarias para compatibilizar
las metas de reguladores y regulados.



                      I. El estado de la regulación financiera


Desde una perspectiva general, la regulación financiera dictada en Latinoamérica está
basada en tres principios:

 El primero, la estricta separación jurídica, financiera y patrimonial entre el ahorro
  de los afiliados y el capital social de los administradores, separación esta que se
  logra mediante la constitución de patrimonios autónomos, respecto de los cuales
  los gestores tienen obligaciones y derechos de naturaleza fiduciaria, respondiendo
  hasta la culpa levísima, valga señalar, que la exigencia en el grado de
  profesionalismo, diligencia y cuidado está reforzada;

 El segundo, la creación de entidades administradoras de propósito u objeto
  exclusivo, cuyo patrimonio social está afecto directamente a responder ante los
  Fondos de Pensiones y sus afiliados frente a conductas culposas o aún negligentes
  que deterioren el valor de las inversiones de aquellos;

 Y el tercero, el intervencionismo sobre las clases de instrumentos financieros,
  mercados y sectores económicos en los cuales pueden invertirse los recursos
  pensionales, así como en el tipo de operaciones y contratos autorizados a los
  gestores de los Fondos de Pensiones para desarrollar la actividad profesional que le
  ha sido delegada.

En relación con los dos primeros, es preciso señalar que sin duda alguna han
marcado un hito histórico en tanto que establece una enorme diferencia con los
derogados regímenes pensionales y aún con otros modelos de "fondos de pensiones"
no latinoamericanos, dado que facilita el asentamiento del concepto de propiedad
exclusiva y excluyente que sobre las cuentas individuales tiene cada uno de los
afiliados, enfatizando así sus derechos y las obligaciones predicables de los
empleadores, gobiernos y administradores mismos de los recursos.




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De igual manera, tales principios marcan diferencia con los viejos modelos en tanto
que por esa vía el ahorro previsional se erige en un imperativo para cada generación:
de ahí que, desde el punto de vista jurídico, se le denomine ahorro y por tanto
respecto del mismo se prediquen derechos de propiedad, al propio tiempo que desde la
óptica fiscal y de política pública, la irresponsabilidad de una generación no sea
trasladable a las futuras.

En cuanto hace al tercero, el modelo de regulación para efectos del régimen de
inversiones de los Fondos de Pensiones y, particularmente, el marcado
intervencionismo, auncuando merece reparos, debe ser reconocido como necesario y
determinante en el montaje y consolidación del régimen de ahorro y capitalización
individual, en tanto que ese dirigismo aunado a esquemas de supervisión rígidos, han
permitido afianzar la confianza pública en la adecuada regulación y supervisión del
mismo, así como en las bondades que apareja para todos los interesados el manejo
profesional y especializado que agregan sus administradores.

Como se anotó, no obstante la bondad inicial de esa concepción, el excesivo celo o
dirigismo que lo alimenta, deja de lado un importante conjunto de consideraciones
que inciden tanto en los riesgos a que se someten los portafolios, como a los
resultados esperados tanto por los gobiernos como por los afiliados, así como los
efectos sobre el desarrollo e innovación requerida para los mercados de capitales
internos.

Ciertamente, un vistazo a la composición de las carteras de inversión de los Fondos de
Pensiones latinoamericanos pone en evidencia los siguientes hechos:

 A excepción de Chile (35%) y Perú (9%), más del cincuenta por ciento de los
  recursos se hallan invertidos en deuda pública emitida tanto por los gobiernos
  centrales como por otros organismos del sector público, con lo cual la
  concentración del riesgo emisor es injustificadamente alta, al tiempo que pone de
  presente el precario desarrollo del mercado de capitales y la nula voluntad política
  de los reguladores por esa materia;

 La marcada importancia del sector financiero en las carteras de inversión, que en
  promedio es el 30% -, evidenciando cómo la calidad de la regulación aplicable a
  éste sector influye significativamente en los flujos de información y por tanto en el
  interés de inversionistas por participar en el mismo, al tiempo que pone de
  presente cómo, no obstante la importancia relativa que han adquirido los Fondos
  de Pensiones, existe una marcada preferencia regulatoria por los modelos
  financieros intermediados por oposición los no intermediados o de instrumentos,
  donde la regulación no tiene la misma calidad.

   En este rubro cabe destacar que la participación de los Fondos de Pensiones en el
   financiamiento de proyectos de vivienda, sólo es importante en el caso de Chile
   (15%) y en mucha menor proporción para Brasil y Colombia (5%);




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 A diferencia de Colombia (15%) y Perú (16%), los recursos de los Fondos de
  Pensiones no tienen una participación significativa en el financiamiento de
  proyectos de inversión en el sector privado vía la emisión de deuda - en promedio
  del 5% -, particularidad que se explica por dos circunstancias: a) la demanda por
  recursos del sector público en competencia insoportable para el sector privado; y,
  b) la debilidad institucional de los mercados internos de valores para irrigar
  adecuadamente recursos hacia el sector real de la economía;

 La precaria participación de los Fondos de Pensiones en el mercado accionario de
  la mayoría de países del área, como sucede con la deuda privada, poniendo
  nuevamente de presente las debilidades institucionales de los mercados bursátiles.
  Cabe destacar, sin embargo, la relativa importancia de éstos mercados para los
  casos de Brasil (25%), Argentina (17%) y Chile (12%), por oposición a extremos
  como los casos de Ecuador, El Salvador, México y Uruguay, en los que de acuerdo
  con las estadísticas disponibles la participación de los Fondos de Pensiones en este
  mercado es inexistente.

 Finalmente y como en caso anterior, las inversiones en el exterior de los Fondos de
  Pensiones sólo tienen realización en los casos de Chile (11,5%) y Argentina (4,4%),
  aspecto este que juega en contra de los afiliados, pues, la negativa de acceso a
  mercados internacionales líquidos, profundos y eficientes castiga en el largo plazo
  mejores rentabilidades y por supuesto, mejores pensiones para los afiliados a los
  Fondos de Pensiones.


En ese contexto, nótese que el intervencionismo estatal está concebido, en esencia y
con mayor o menor presión regulatoria, para coordinar el uso y direccionamiento del
ahorro institucional hacia necesidades particulares de los gobiernos.

En esa concepción, como se enunció, el tratamiento prudencial se orienta a controlar
principalmente los riesgos de crédito y concentración por emisores y/o sectores - a
excepción de la inversión en el sector público -, ignorando que es preciso diseñar un
marco regulatorio que obligue a los gestores a valoraciones técnicas de otros riesgos
tanto o más importantes que los señalados, que coadyuven al objetivo fundamental del
nuevo sistema, que no es otro que la construcción de las pensiones más altas con el
menor riesgo posible.

A lo anterior debe agregarse otro factor que marcadamente incide en el
comportamiento tanto de reguladores como regulados cual es la exigencia de
rentabilidades mínimas, pues, esta obligación por sí misma induce comportamientos
poco deseables como la concentración en determinados instrumentos y sectores
económicos - particularmente hacia la renta fija emitida tanto por los gobiernos como
por el sector financiero - y el corto plazo dada la estrecha liquidez que generalmente
caracteriza la mayoría, sino la totalidad, de los mercados internos del continente.

Como se concluye de lo expuesto, el excesivo dirigismo del Estado como sucede con
cualquier otra actividad económica que desarrolle su actividad en mercados



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competitivos, fluctuantes e inestables, sujetos a influjos externos, requiere de un
marco regulatorio más flexible, desregulado si se quiere, lo que no significa ni
ausencia de regulación prudencial ni menos aún de esquemas de supervisión
modernos y fuertes, temas estos que trataremos a continuación.




                       II. Hacia la "regla del hombre prudente"


Las breves anotaciones anteriores nos conducen a pensar que el modelo de régimen
de inversiones vigente debe dar paso a uno en el que los administradores de los
recursos tengan mayor libertad para tomar decisiones en un contexto de regulación
prudencial fuerte, que, además de considerar criterios estrictos de seguridad, riesgo,
rentabilidad y liquidez, así como de claros lineamientos en materia de conflictos de
interés e información privilegiada, imponga la revelación plena de información
relacionada con los portafolios administrados.

En ese contexto, estimamos que la definición de un nuevo régimen de inversiones para
el sistema previsional debe enfatizar en la capacidad profesional de las sociedades
administradoras para planear y diseñar políticas de inversión que distingan entre la
naturaleza, intensidad y características de los riesgos consustanciales a todo proceso
de inversión en el mercado público de valores.

Por esa razón, si bien la existencia de un conjunto de parámetros como los dispuestos
por la legislación vigente contribuyen a controlar los riegos asociados a la
concentración sectorial, así como por emisor y emisión, también es cierto que la
rigidez propia de esa metodología, crea sesgos que impiden optimizar la gestión de los
portafolios a fin de lograr para los afiliados a los Fondos de Pensiones la mayor tasa de
capitalización a niveles adecuados de riesgo.

En esa dirección, la regulación debe reconocer la necesidad de considerar “riesgos”
distintos de aquellos propios de una inversión determinada – por ejemplo,
operacionales, de contraparte, jurídicos, etc. -, aspectos estos que escapan a la
regulación vigente, pero que son inseparables al proceso de inversión a cargo de los
administradores de los fondos.

Así, el nuevo modelo de regulación prudencial debe partir necesariamente del
reconocimiento mutuo que reguladores y gestores deben realizar en el sentido de que
la experiencia ganada en el curso de los años de funcionamiento del régimen de ahorro
y capitalización individual, es la piedra angular sobre la cual debe erigirse el desarrollo
y perfeccionamiento del mismo para beneficio de todos los interesados.

Los enunciados anteriores ponen de presente que están dadas las condiciones para
acoger la “Regla del Hombre Prudente”, entendida como aquella que establece que la
política de inversiones debe ejecutarse para satisfacer los intereses de los afiliados



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al Fondo, razón por la cual los planes o políticas de inversión deber ser diversificados
de manera que tienda a minimizar el riesgo de grandes pérdidas.

Esta Regla, por supuesto, supone que los administradores deben actuar con
inteligencia, cuidado, prudencia y diligencia.

Como se advierte de su enunciación, la Regla del Hombre Prudente evita la fijación
de límites cuantitativos o cualitativos sobre las inversiones, pues esa tarea le
corresponde asumirla a cada uno de los administradores, quienes son los
profesionales habilitados para tomar estas decisiones en función de factores como la
composición de los grupos etáreos entre sus afiliados, el GAP de corto, mediano y
largo plazo, las oportunidades globales de inversión, las necesidades internas de
financiamiento, en fin, la segmentación y diversificación que debe aplicarse en todo
portafolio para satisfacer el interés de cada uno de sus afiliados individualmente
considerados y del conjunto de ellos.

Ahora bien, la aplicación de esta Regla supone necesariamente que la calidad de
supervisión de las autoridades sea fortalecida, pero también que las calificaciones
profesionales de los gestores sean cada vez más exigentes. Por tanto, cada país debe
escoger la gradualidad que la incorporación de esta concepción requiera. Con todo y
sólo con el ánimo de esbozar algunos criterios o elementos comunes, se proponen los
siguientes:

A. Establecimiento del conjunto de reglas formales que el regulador exigirá a los
   Administradores de Fondos de Pensiones y adopción de criterios genéricos que
   permitan delinear perfiles prudenciales de riesgo admisible para el ahorro
   institucional.

B. Clasificación precisa, comprensiva y consolidada sobre las actividades e
   instrumentos que prudencialmente son admisibles como inversión, de manera tal
   que los instrumentos originados en un mismo sector o actividad, deben contar con
   idéntico criterio de clasificación, aun cuando no necesariamente los clasificados en
   un sector o actividad determinada correspondan a idénticos niveles de riesgo.

C. Formulación ex - ante de una "política de inversiones" por cada uno de los
   Administradores y para cada uno de los Fondos gestionados.

D. Definición clara, precisa y homogénea sobre las obligaciones de información
   pública sobre la composición detallada de las carteras administradas;

E. Establecimiento de reglas precisas y homogéneas sobre la aplicación de
   metodologías de valoración financiera de los portafolios administrados;

F. Definición clara, precisa y verificable de los criterios o reglas orientadas a la
   realización de campañas comerciales de los administradores, orientadas a
   promocionar y divulgar el sistema pensional, así como los resultados de la gestión
   realizada en materia de inversiones;



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G. Establecimiento de la obligación según la cual los recursos deben estar
   respaldados por inversiones que obedezcan a criterios verificables de amplia
   diversificación por sectores económicos y actividades, requerida seguridad y
   apropiada liquidez;

H. Establecimiento de la obligación de vincular a todo el proceso de inversión al
   criterio de “beneficiario real”;

I. Definición previa y consistente de las metas asociadas a la obligación de garantizar
   una Rentabilidad Mínima, así como de la metodología aplicable, respetando las
   diferencias propias nacidas de la "política de inversión" acogida por cada
   administrador, a fin de hacer comparables los resultados;

J. Definición previa, clara y precisa sobre las clases de riesgos que, como mínimo,
   deben ser valoradas en el proceso de inversión, así como los criterios con que
   deben aplicarse las metodologías que técnicamente resulten aplicables por los
   gestores;

K. Establecimiento de los mecanismos prudenciales orientados a prevenir el uso
   indebido de información privilegiada, así como de los principios orientadores para
   manejar apropiadamente los conflictos de intereses a los que eventualmente se
   enfrenten los administradores;

L. Definición de los criterios, mecanismos y medios a través de los cuales los
   administradores deben, en forma plena y detallada, informar al mercado sobre las
   transacciones más significativas realizadas sobre acciones y bonos convertibles en
   acciones, a fin de incrementar la transparencia y competitividad en la formación de
   precios del mercado.


Como se observa de la anterior enumeración, la "Regla del Hombre Prudente" bien
puede ser adoptada por los reguladores bajo criterios prudenciales que satisfagan los
intereses de todos los agentes, sin menoscabar por este hecho la necesaria supervisión
del sistema, ni menos aún poner en peligro el ahorro pensional de los trabajadores.

Con todo es preciso observar que esa concepción de la regulación impone a los
Administradores además de las obligaciones de inteligencia, cuidado, prudencia y
diligencia, otras responsabilidades que faciliten la confluencia de intereses con los
reguladores y con sus afiliados mismos. Tales responsabilidades deben ser entendidas
como la necesidad de una conciencia de autorregulación en virtud de la cual obren
ellos mismos como obraría un buen gobernante.



       III. La confluencia de intereses y la necesidad de la autorregulación




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La visión latinoamericana de la regulación ordinariamente ha estado sesgada tanto
por los intereses de los gobernantes como por grados de desconfianza hacia los
operadores privados de actividades que, formal o implícitamente, son calificadas como
de interés público, esto es las estrechamente vinculadas al orden público económico y
social.

Ciertamente, las autoridades públicas ordinariamente prefieren ocuparse de prohibir
trabajar en el diseño de instrumentos adecuados para supervisar y controlar; de
entorpecer el ejercicio de los derechos mediante la adopción de complejos trámites
administrativos y burocráticos que de facilitar el desarrollo de los negocios; de obligar
o imponer la adquisición de instrumentos financieros determinados que permitir el
libre convencimiento sobre sus bondades a través de las reglas del mercado, actitudes
todas estas que terminan incentivando un tipo de creatividad perjudicial para todos
los grupos de interés, en tanto que están orientadas a eludir cuerpos regulatorios que,
sin excepción, los participantes consideran ilegítimos no obstante su legalidad en
sentido formal. Bajo esa concepción, naturalmente, los intereses aparecen como
contrapuestos y, en ocasiones, como irreconciliables.

Sin embargo la política pública que proponemos como regulación prudencial requiere
abandonar esa tendencia en las relaciones entre los agentes públicos y privados.

Para ese efecto, es preciso que los Administradores de Fondos de Pensiones asuman el
papel de reguladores, más técnica y precisamente, que sean ellos mismos los llamados
a impulsar Códigos de Buenas Prácticas en todas las actividades que desarrollan como
delegados del Estado en la gestión del sistema pensional de cada país.

Para ocuparnos solamente de la materia de esta charla, los Administradores de
Fondos de Pensiones deben ser los principales agentes de desarrollo del mercado de
capitales a través de dos instrumentos que surgen de la aplicación de la Regla del
Hombre Prudente, a saber: primero, la formulación de una buena política de
inversiones para cada uno de los Fondos gestionados; y, segundo, la exigencia de
prácticas de buen gobierno a los emisores de valores, sean estos públicos y privados.
Una y otra herramienta, son las dos caras de una misma moneda a la que los
mercados financieros desarrollados denominan "Governance" o Prácticas de Buen
Gobierno Corporativo.

El "Governance" en esa doble manifestación es la vía más adecuada para que los
ahorradores forzosos individuales - nuestros afiliados - y los inversionistas
institucionales - los gestores del ahorro colectivo - puedan acceder en forma precisa,
detallada y formal a información necesaria para alimentar el sentido común que los
seres humanos empleamos para adoptar decisiones libres en una economía de
mercado, que más allá de la complejidad técnica de los estados financieros, flujos de
caja, riesgos de la más variada naturaleza e intensidad, permita valorar el sentido y
alcance de los compromisos éticos que accionistas y administradores revelan para
afianzar su nombre en un mercado.




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Como se anotó en otro lugar, las ventajas que representa para un ahorrador individual
canalizar sus inversiones a través del criterio profesional del gestor institucional de
esos recursos, debe estar acompañada de herramientas que le permitan a aquel
seleccionarlo por la valoración de criterios que sean más accesibles al común de la
gente y por ésta vía que el Administrador pueda satisfacer no sólo el interés colectivo
sino el individual de cada uno de los ahorradores.

A su turno, la responsabilidad del gestor institucional debe asumir como propio el
desarrollo de incentivos que paralelamente a su evolución coadyuve el desarrollo del
mercado de valores, ejerciendo el poder que le otorga manejar cuantiosos recursos
para profesionalizar a los demandantes de inversión.

En ese contexto, la “Política de Inversiones” o el “Governance de Inversiones” debe
contener, al menos, los siguientes elementos:

A. Límites globales por sector económico, industria y actividad de conformidad con la
   clasificación internacional aplicable, a fin de permitir que los consumidores o
   afiliados puedan formarse una idea previa sobre el futuro probable de sus ahorros;

B. Límites individuales que se aplicarán por emisor y beneficiario real, que de
   antemano evidencien la diversificación de riesgo que deberá aplicarse;

C. Objetivos de inversión del fondo, estableciendo en forma clara y definida la
   estrategia de gestión del Fondo, con lo cual se garantiza a los afiliados ajustarse en
   la elección a sus propias preferencias y actitud frente al riesgo;

   La información anotada deberá precisar con todo detalle los lineamientos sobre el
   manejo del fondo, considerando la composición y características del mismo con
   base en los niveles de riesgo y rentabilidad que se pretende alcanzar, incluyendo,
   como mínimo, información sobre la clase de emisores admisibles y/o excluidos, los
   plazos y duración promedio que se pretende alcanzar, así como la disponibilidad
   media de liquidez requerida;

D. Clase y tipo de operaciones en las que se podrá involucrar ordinariamente el fondo
   – p. ej. swap, derivados, etc. -, así como los límites aplicables tales como valores
   máximos por operación, plazos, títulos que pueden involucrarse en las mismas,
   tipo y clase de garantías, cuando sea del caso;

E. Información relacionada con los mercados en los que pretende actuar el fondo, la
   política relacionada con el manejo de riesgos de contraparte, mecanismos a
   emplear para la realización de transacciones y mecanismos de cumplimiento de las
   operaciones;

F. Tratándose de las inversiones en fondos mutuos, clases de fondos, composición de
   los portafolios de estos y mercados en los que comúnmente actuarán;




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G. Política para la selección de custodios y administradores de inversiones, detallando
   los requerimientos exigibles, calificaciones cuando sea usual exigirlas, así como
   otros detalles particulares a este tipo de intermediarios;

H. Política de recursos humanos aplicable para la selección de los funcionarios y
   empleados de las áreas de análisis de riesgo y ejecución de inversiones, así como la
   relacionada con remuneración e incentivos de los mismos;

I. Principios y reglas orientadas a prevenir la ocurrencia de conflictos de intereses
   entre la sociedad administradora y cualquiera otra firma, sociedad o persona
   natural o jurídica de la cual - o con la que - se predique vinculación económica o se
   tengan relaciones económicas que impliquen o conlleven el concepto de beneficiario
   real.

J. Políticas y reglas orientadas a prevenir y reprimir el uso indebido de información
   privilegiada por parte del área de investigaciones e inversiones de la sociedad
   administradora, sus funcionarios, así como de los comités de análisis de riesgo e
   inversiones establecidos;


Como se observa de la anterior enumeración, la formulación de una buena política de
inversiones o Governance redundará en beneficio no sólo en la capacidad profesional
exigible a las Administradoras de Fondos de Pensiones, sino también en la focalización
de esfuerzos de las Autoridades Supervisión para controlar y monitorear los riesgos
sensibles y fortalecer la posibilidad de prevenir prácticas indebidas o riesgosas para la
estabilidad del sistema previsional.

De la misma manera, un buen Governance beneficia a los ahorradores, pues, no
obstante que su vínculo con el sistema previsional es forzoso, permite establecer
diferencias que estimulen y fortalezcan su capacidad de elección entre los diferentes
productos y administradores en el mercado, según sus preferencias y convicciones,
todo lo cual apunta a la construcción de una cultura financiera sólida en la base de
sociedad.


Bajo la óptica del Buen Gobierno Corporativo o "Corporate Governance" la
responsabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones está marcada por la
adecuada canalización del ahorro hacia aquellas empresas y actividades que brinden
los más altos perfiles de transparencia, profesionalismo, competitividad y compromiso
para con el mercado.

En esa dirección es pertinente señalar que en América Latina no obstante la existencia
de regulación aplicable a los emisores del mercado público de valores y que la misma
ordinariamente está orientada a obtener la divulgación financiera relevante en forma
periódica o eventual, su alcance es bastante inferior a los estándares internacionales
de los países con tradición financiera no intermediada. Igualmente, que no obstante el
avance legislativo de algunos países del área como son los casos de Chile y Brasil, la



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regulación de los mercados de valores del área no está diseñada para rodear de
garantías la participación de los inversionistas minoritarios y menos aún de los
institucionales o de portafolio.

En esas condiciones y mientras se tramitan las iniciativas legales que propendan por
la protección de éste tipo de inversionistas, las Administradoras de Fondos de
Pensiones están llamadas a jugar un papel preponderante mediante la adopción de
Códigos de Conducta que delineen los rasgos básicos del "Corporate Governance"
que deberán ser ofrecidos por los emisores interesados en ser objeto de inversión con
recursos del sistema previsional.

Sin pretender agotar una materia tan compleja y densa, a continuación me referiré a
los principios que en Colombia se han venido promoviendo por la Asociación de
Fondos de Pensiones y que hacia mediados de febrero de este año se incorporaron a
un proyecto que pondrá en vigencia en el curso de este semestre la Superintendencia
de Valores - máxima autoridad del mercado público de valores.


A. Definición de "Criterios de Gobernabilidad" obligatorios para todos los emisores
   que pretendan colocar cualquier clase de instrumentos financieros ente los Fondos
   de Pensiones, entre los que se destacan:

    Certeza y taxatividad de los derechos y obligaciones de los accionistas y demás
     inversionistas, así como los medios o instrumentos para hacerse representar
     frente a los controlantes del capital social;

    Tratamiento equitativo entre los diversos grupos de accionistas e inversionistas;

    Divulgación de información oportuna, completa, exacta y regular sobre los
     aspectos relevantes y esenciales del emisor, sus líneas de negocio; sus
     proyectos de inversión, el marco regulatorio aplicable e implicaciones del
     mismo, así como el entorno competitivo del sector, actividad o industria en la
     que desarrolle los propósitos sociales;

    Divulgación de información oportuna, completa, exacta, regular y verificable
     sobre las calidades personales y profesionales de los miembros de las Juntas o
     Consejos Directivos, funcionarios ejecutivos y representantes legales del emisor,
     así como de los sistemas de remuneración y compensación por sus servicios, al
     igual que la revelación de sus vínculos con el grupo o grupos de accionistas o
     grupos financieros controlantes del capital social;

    Reconocimiento de los derechos de los diversos grupos de interés del emisor -
     proveedores, consumidores, gobiernos locales y la colectividad que de una u
     otra manera se puede ver afectada o beneficiada con la actividad social;

    Establecimiento de sistemas de control y auditoría que faciliten a los
     accionistas no controlantes y a los demás inversionistas acceder a información



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      independiente y verificable sobre los negocios sociales y los riesgos a que está
      expuesta la inversión;


B. Obligación de formular "Códigos de Conducta de Buen Gobierno Corporativo"
   para dichos emisores, que incluyan al menos:

    Composición, métodos de selección, funciones, responsabilidades y grado de
     independencia de los miembros de las Juntas o Consejos Directivos, y
     Comisiones de Control;

    Métodos de selección y designación de los administradores y principales
     funcionarios ejecutivos del emisor, sus relaciones y vínculos con los distintos
     grupos de interés - proveedores, consumidores, accionistas controlantes,
     inversionistas, etc.;

    Criterios de selección de los principales proveedores de recursos y materias
     primas, así como los vínculos económicos y jurídicos entre estos y el emisor o
     sus matrices, afiliadas o subsidiarias;

    Mecanismos de control interno y auditoría empresarial;

    Reglas de conducta de la administración respecto de los accionistas - sean o no
     controlantes - e inversionistas;


C. Establecimiento de "obligaciones especiales de información" de los emisores de
   valores en relación con los Fondos de Pensiones, entre las que se destacan:

    Revelación plena e inmediata de transacciones o negocios jurídicos - sea de
     naturaleza civil o comercial -, en la que directa o indirectamente actúe un
     miembro de los Consejos o Juntas Directivas, Comités de Control, o un
     administrador con o sin representación legal y demás funcionarios ejecutivos
     relevantes sobre activos financieros emitidos por el emisor;

    Establecimiento de mecanismos útiles, eficientes y del menor costo posible a
     través de los cuales accionistas no controlantes, inversionistas y demás grupos
     de interés puedan acceder a información periódica y relevante sobre el emisor;

D. Establecimiento de desconcentración mínima del capital accionario de los
   emisores para ser objeto de inversión y "listing" en bolsas de valores nacionales,
   fijado en el 20% del capital emitido y en circulación

E. Estandarización u homogeneidad de los términos financieros                 de   los
   instrumentos de renta fija negociables en el mercado de valores;




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Como se puede observar, el proyecto al que hacemos referencia, en cuya definición
participó activamente Asofondos de Colombia, es ambicioso, pero al tiempo
responsable para con los intereses de los afiliados y del regulador nacional, pero
también de todos grupos interesados en desarrollar un mercado de capitales interno
que afiance la confianza pública en su transparencia y por esa vía se incremente su
profundidad y liquidez.




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