El Licenciado NILS AVILA MONTANARO by 8wF2P3

VIEWS: 131 PAGES: 76

									                                 N° 26-98

       Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta

minutos del cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, con la

asistencia inicial de los Magistrados Cervantes, Presidente; Picado,

Villanueva, Rojas, van der Laat, González, Ramírez, Castro, Mora, Sancho

y Vargas y de la Magistrada Suplente Anabelle León Feoli, en lugar del

Magistrado Zeledón por licencia con goce de salario para otras actividades

del cargo y de los Magistrados Suplentes Diego Baudrit Carrillo, Luis

Guillermo Rivas Loáiciga y Alejandro Batalla Bonilla, quienes sustituyen a

los Magistrados Montenegro, Aguirre y Piza, respectivamente, los primeros

por permiso con goce de sueldo para otras actividades de su cargo, y el

último por vacaciones.

                             ARTÍCULO I

       Se aprobó el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 21 de

setiembre en curso, N° 25-98.

       La Magistrada Villanueva y los Magistrados Montenegro, van der

Laat, Vargas, Baudrit y Batalla se abstienen de votar por no haber asistido a

esa sesión.

                             ARTÍCULO II
                                                                              2

      En la sesión del 21 de setiembre pasado, N° 25-98, artículo XVI, se

concedió permiso con goce de sueldo y el pago de los viáticos respectivos al

Magistrado Chaves para que los días 24 y 25 de ese mes, se separa del

ejercicio del cargo y participara como expositor en el Seminario “Las

Tendencias Actuales de la Reforma Procesal Penal en Centroamérica”,

que se realizaría el 25 en la ciudad de Managua, Nicaragua.

      El Magistrado Chaves en nota de 5 de los corrientes hace referencia al

acuerdo antes mencionado y expresa:

      “...En relación con este artículo hago constar que no se me pagó
      ninguna suma de dinero en concepto de viáticos. No sobra
      agregar que al respecto, existen dos artículos diferentes. Por una
      parte, según el oficio 11-703-98, dirigido al Licenciado Walter
      Jiménez Sorio (Jefe interino del Departamento Financiero Contable),
      en la sesión de Corte Plena celebrada el pasado 21 de setiembre, “Se
      acordó: Acoger la anterior solicitud, conceder permiso con goce de
      sueldo y sujeto a liquidación el pago de los viáticos respectivos al
      Magistrado Chaves por los días 24 y 25 de este mes, para que se
      separe del ejercicio del cargo y participe como expositor en la
      actividad indicada”. Por otro lado, según el artículo XVI del acta
      25-98 (página 23), “Se acordó: Acoger la anterior solicitud,
      conceder permiso con goce de sueldo y el pago de los viáticos
      respectivos al Magistrado Chaves por los días 24 y 25 de este mes,
      para que se separe del ejercicio del cargo y participe como expositor
      en la actividad indicada”. (Los resaltados no son originales).”
                                      -0-

      El Lic. Walter Jiménez Sorio, Jefe interino del Departamento

Financiero Contable, en oficio N° 1782-FC-98 de 24 de setiembre último,

manifiesta que el Magistrado Chaves informó que los viáticos se los cubriría
                                                                              3

la Universidad, por lo tanto debe dejarse sin efecto la solicitud que en su

oportunidad planteó el Director del Programa de Administración de Justicia

en Centro América y Panamá.

      Se dispuso: Tomar nota de las comunicaciones que anteceden y

conforme se solicita, dejar sin efecto el pago de los viáticos acordado al

Magistrado Chaves en la sesión del 21 de setiembre último, artículo XVI.

                             ARTÍCULO III

       ENTRAN         LA      MAGISTRADA             CALZADA           Y     EL

MAGISTRADO SOLANO.

       En la sesión del 21 de setiembre pasado, artículo VI, se integró por

un nuevo período el Consejo de Personal.

       En memorial que presenta en el acto la Magistrada Villanueva se

refiere al nombramiento antes mencionado y en virtud de que ella no se

encontraba presente en esa sesión solicita que se consignen las siguientes

manifestaciones:

      “1.- Respeto la voluntad de esta Corte de designar a quien considere
      conveniente y en el momento que decida, la integración del Consejo
      de Personal. Dentro de una organización, que pretende tener un
      gobierno democrático, o por lo menos, donde sus jerarcas participen
      con iguales responsabilidades y facultades, resulta totalmente
      normal, que se discuta ampliamente el nombre de las personas que
      ejercen los cargos establecidos.
      Las formas de gobierno donde familiares y amigos de quienes
      ejercen el poder, están en los cargos, han sido afortunadamente
                                                                              4

      superadas. El grado de evolución de una sociedad y de una
      organización, se mide por el respeto y cumplimiento de los derechos
      y deberes de sus integrantes, tanto respecto de quienes ejercen el
      poder como, de sus destinatarios.
      2.- No ha sido lo usual en esta Corte, que los órganos mediante los
      cuales funciona y concretamente, la integración de sus comisiones,
      sea revisada y discutida periódicamente. Desde esta perspectiva, la
      propuesta de la Presidencia del cambio de los miembros del Consejo
      de Personal, resulta sorpresiva y casual. No responde a una política
      general. Por el rango de Magistrada que ostento, su propuesta de mi
      cambio, que no se consignó en el acta, sin que se me explicaran los
      motivos, resulta inusitada y descortés. Es una desconsideración al
      cargo y a la persona. No puede tomarse como una forma adecuada
      del manejo de las relaciones humanas, que dentro de quienes
      ostentan igual jerarquía, debe imperar.
      3.- Ante estas circunstancias que he expuesto, considero un deber,
      renunciar a la otra comisión que integro -Comisión de
      Comunicación e Información- y no aceptar ningún nombramiento
      para esos efectos -no inherente al cargo- mientras no exista una
      política que garantice un ejercicio democrático del poder.
      Aprovecho la ocasión, para renunciar, también, al frecuente encargo
      que se me hace de entregar flores, en ocasiones protocolarias, con el
      que debe comenzarse el aprendizaje democrático.”


       Don Edgar reitera lo que, en lo conducente, consta en el acta de la

sesión del 21 de setiembre último:-

       ARTICULO VI.- El Presidente, Magistrado Cervantes,
      informa que el 30 de setiembre en curso vence el
      nombramiento de los integrantes del Consejo de Personal y que
      de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley
      Orgánica del Poder Judicial y 11 del Estatuto de Servicio
      Judicial debe procederse a su designación. Que desde hace
      bastante tiempo varios Magistrados han manifestado que es
      necesario y conveniente que periódicamente se varíe la
      integración de las Comisiones, para que todos o la mayoría
      participen en ellas.- Que además de los actuales integrantes
      del Consejo, cabe tener en cuenta, entre otros, al Juez Penal y
                                                                            5

      Magistrado Suplente Dr. Gilbert Armijo Sancho, al Juez Dr.
      Oscar González Camacho, a las Juezas Licdas Julia Varela
      Araya y Sonia Rodríguez Rodríguez.- Los Magistrados de la
      Sala Segunda también proponen a la Jueza Licda Ana Luisa
      Meseguer Monge.-”


       Agrega que la última vez que se trató el tema de la integración de las

Comisiones, fue durante las reuniones de trabajo de las señoras Magistradas

y señores Magistrados del martes 8 al viernes 11 de setiembre anterior, acto

en el que no pudo estar presente por el ejercicio de sus labores en la Oficina

del Presidente de la Corte.     Desde entonces junto con el Director del

Despacho del Presidente han trabajado en un proyecto general de

integración de las Comisiones para someterlo a la Corte Plena, pero como

son muchas el proyecto no se ha concluido.- Su único interés ha sido y es

ajustarse a la voluntad de la Corte, como el Consejo de Personal se rige por

disposición legal expresa y venció el periodo de sus integrantes, le

correspondió iniciar la nueva organización.-

       La Magistrada Calzada expresa que no estuvo presente en la sesión

del 21 de setiembre y no conocía lo acordado respecto del Consejo de

Personal. Si bien es cierto que la integración de las Comisiones es un asunto

que se ha venido conversando por la necesidad de rotación de los

Magistrados en ellas, considera que lo que debe hacerse es un
                                                                         6

replanteamiento general y en virtud de esto si así lo aceptare doña Zarela

solicita que se revise el acuerdo de nombramiento y la propondría para que

se le reelija por un nuevo período en el Consejo.

       La Magistrada Villanueva únicamente agradece el gesto de la

Magistrada Calzada.

       Se dispuso: Tener por hechas las manifestaciones de la Magistradas

Villanueva y Calzada y del Magistrado Cervantes.

                             ARTÍCULO IV

       En la sesión del 21 de setiembre último, artículo VI, fueron

designados para integrar el Consejo de Personal, por el período de un año a

partir del 1° de octubre entrante, los Magistrados Aguirre, Presidente,

Magistrado Suplente Dr. Gilberth Armijo Sancho; Juez Dr. Oscar González

Camacho y Jueza Licda Ana Luisa Meseguer Monge.-              El Jefe del

Departamento de Personal, Lic. Francisco Arroyo Meléndez, integra el

Consejo por disposición legal.

       El Presidente, Magistrado Cervantes, manifiesta que el artículo 11

del Estatuto de Servicio Judicial establece que dos de los integrantes del

Consejo de Personal deberán ser Magistrados.-        La norma no indica

expresamente que deban ser titulares y cuando se promulgó, la ley no

permitía que funcionarios judiciales, jueces propiamente, pudieran ser
                                                                           7

magistrados suplentes.- Posteriormente la ley se reformó para permitir que

los jueces puedan ser electos como magistrados suplentes y desde entonces

es muy frecuente su participación en las Salas de la Corte y de la Corte

Plena.-     Sin embargo, ha tenido conocimiento de que algunos señores

Magistrados estiman que deben ser dos magistrados titulares, lo que somete

a decisión de la Corte, pues resultó electo el Dr. Gilbert Armijo Sancho,

Juez de un Tribunal Penal y Magistrado Suplente de la Sala Constitucional.-

Su criterio es el de que el Dr. Armijo está bien nombrado, pues de

conformidad con el artículo 10 del Código Civil, según reforma al Título

Preliminar por Ley N° 7020 de 6 de enero de 1986, las normas deben

interpretarse en relación con los antecedentes históricos y legislativos y la

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.

          Una vez discutido el asunto, se dispuso: Que el        Consejo de

Personal debe estar integrado por dos Magistrados titulares. Así votaron las

Magistradas Calzada y León y los Magistrados Picado, Rojas, van der Laat,

González, Ramírez, Castro, Mora, Solano, Sancho, Vargas, Baudrit y Rivas.

          La Magistrada Villanueva y los Magistrados Cervantes y Batalla

votaron porque puede ser integrado con un Magistrado Suplente.

          En virtud de lo anterior se deja sin efecto el nombramiento del Dr.

Armijo como integrante del Consejo de Personal y en su lugar se nombra al
                                                                             8

Magistrado Castro.

                               ARTÍCULO V

        ENTRA EL MAGISTRADO ARGUEDAS.

        El Magistrado Aguirre, en su condición de Presidente del Consejo de

la Judicatura, en nota de 29 de setiembre del presente año, manifestó:

       “A partir del 1° de octubre y hasta el 16 de diciembre próximos
      permaneceré en España, asistiendo a un curso en el Aula
      Iberoamericana de la Escuela Judicial de ese país, para el cual fui
      seleccionado.
       Como en los próximos días deben tomarse algunas decisiones
      importantes, en el Consejo de la Judicatura, en relación con
      concursos pendientes, considero conveniente, salvo mejor criterio de
      su parte, que debe nombrarse a un Magistrado titular como sustituto
      o por ese período como Ud. lo estime del caso.”


        El Presidente, Magistrado Cervantes, expresa que en principio el

Magistrado que sustituye a un titular lo es para todos los efectos, por lo que

en su criterio corresponde a la Magistrada Villanueva, en su carácter de

Presidenta de la Sala Segunda, sustituir al Magistrado Aguirre en la

Presidencia del Consejo de Personal y del Consejo de la Judicatura.-

        La Magistrada Villanueva, por las razones que se consignaron en el

artículo III de esta sesión declina los cargos.

        En razón de lo anterior el Presidente, Magistrado Cervantes, propone

el nombramiento del Magistrado Sancho en lugar del Magistrado Aguirre,
                                                                          9

como Presidente del Consejo de Personal y del Consejo de la Judicatura.

       Se acordó: Acoger la propuesta del Presidente, Magistrado

Cervantes, y designar al Magistrado Sancho como Presidente del Consejo de

Personal y del Consejo de la Judicatura, por el tiempo en que esté con

permiso el Magistrado Aguirre.

                            ARTÍCULO VI

       El Presidente, Magistrado Cervantes, informa que de los

Departamentos de Personal y de Planificación se informó el problema que

existió en la quincena pasada, para el pago de los salarios del personal

nombrado en forma extraordinaria con cargo a la subpartida 080, producto

de la transferencia de partidas N° 5-98 aprobada por la Contraloría General

de la República de conformidad con el oficio N° 7162 del 6 de julio de este

año.

       Ante la consulta efectuada al Ministerio de Hacienda sobre el pago

de esos salarios se comunicó que no se daría trámite a la modificación

presupuestaria porque los recursos para financiar la creación de las plazas

extraordinarias serían tomados de bonos.

       Ante las gestiones de varios funcionarios del Poder Judicial se logró

solventar el problema y los salarios se pagarán en la primera quincena de

octubre en curso.
                                                                              10

       Se dispuso: Tener por rendido el informe que antecede.

                               ARTÍCULO VII

       En la sesión del 21 de setiembre pasado, artículo II, se dispuso lo

siguiente:

            “La Licda Marta Asch Corrales, Jefa interina del
      Departamento de Planificación, en oficio N° 1427-PLA-98 de 18 del
      mes en curso, manifestó:
                “Me permito comunicarle que el día de hoy se nos
             informó que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la
             Asamblea Legislativa, no incorporó dentro del presupuesto
             extraordinario la moción presentada por el Poder Judicial,
             mediante oficio de la Presidencia N° PC-121-98 del 16 de
             setiembre en curso. Por lo que será conocida en plenario.
               En ese sentido, si a bien lo tiene, es importante remitir
             nuevamente la moción al Presidente de la Asamblea
             Legislativa. Lic. Luis Fishman Zonzinski, y a los Jefes de
             Fracción, y agregarle de lo que el Dr. Miguel Ángel
             Rodríguez expuso en su nota N°DPMAR-065-98 del 20 de
             agosto de 1998, y que literalmente dice:
             “De tomar el Poder Judicial una decisión distinta,
             solicitaríamos a la Asamblea Legislativa la reforma al
             plan de gastos de esa modificación presupuestaria, pues
             somos, profundamente respetuosos de los derechos
             presupuestarios del Poder Judicial”.”
             El Presidente, Magistrado Cervantes, informa que en virtud de
      esa información, envío notas al señor Presidente de la República, Dr.
      Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y al Presidente de la Asamblea
      Legislativa, Lic. Luis Fishman Zonzinski, Lic. Alvaro Trejos
      Fonseca, Presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios y Licda
      Sonia Picado Sotela, Presidenta de la Comisión de Asuntos
      Jurídicos, en las que les solicita interponer sus buenos oficios para
      que reforme el plan de gastos de la modificación presupuestaria de
      que se da cuenta, conforme se propuso en el oficio PC-121-98 del 16
      de setiembre en curso.
               Se acordó: Tener por rendido el informe del Presidente,
                                                                               11

      Magistrado Cervantes, ratificar lo actuado por él y encargar a la
      Comisión de Presupuesto 1998 que pida una audiencia con la
      Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y
      realice las gestiones pertinentes con el fin de que se incorpore en el
      presupuesto extraordinario la solicitud presentada por el Poder
      Judicial.”
                                      -0-

       El Presidente, Magistrado Cervantes, informa que ante el oficio

enviado al Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea

Legislativa, al Presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios y con la

colaboración de la Dra. Sonia Picado Sotela, Diputada, se resolvió el

problema.

       Se acordó:           Tener por rendido el informe del Presidente,

Magistrado Cervantes.

                             ARTÍCULO VIII

       ENTRA EL MAGISTRADO HOUED.

       En la sesión del 31 de agosto último, artículo VII, se acordó realizar

una reunión de Magistradas y Magistrados con el fin de analizar las

propuestas correspondientes a los hitos 1, 2, 3 y 4 presentados por la

Empresa SEINTEX-IDEAS con ocasión de la Consultoría de Mejoramiento

de Gestión de los Despachos Judiciales.

       En las sesiones de trabajo efectuadas en esas fechas se integró a una

Comisión Técnica, conformada por el Dr. Luis Vargas Jiménez, Director
                                                                           12

Ejecutivo; la Licda Sonia Navarro Solano, Directora de la Unidad Ejecutora

del Programa Poder Judicial-BID; el Lic. Alfredo Jones León, Coordinador

de Desarrollo Institucional; el Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor

Judicial; el Msc. Fernando Ruiz Elizondo, Asesor de la Unidad Ejecutora y

la Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación; para

confrontar los alcances de los términos de referencia y la oferta con los

documentos entregados por la empresa Consultora.

       De esas reuniones se confeccionó un documento que retoma varios

puntos a solicitar a la empresa consultora para la ampliación o inclusión en

la propuesta presentada.

       En cumplimiento de lo pedido, los funcionarios de que se dio cuenta

rinden el siguiente informe, enviado con oficio N° PJ-BID-517-98 de 17 de

setiembre último:

      “Reunidos en la Dirección Ejecutiva, los suscritos Luis Vargas
      Jiménez, Director Ejecutivo; Alfredo Jones León, Director de
      Desarrollo Institucional; Martha Asch Corrales, Jefe del
      Departamento de Planificación; Fernando Ruiz Elizondo, Asesor de
      la Unidad Ejecutora; Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor
      Judicial y Sonia Navarro Solano, Directora de la Unidad Ejecutora;
      el día 14 de setiembre, como Comisión Técnica nombrada para
      analizar y evaluar los documentos entregados por la firma
      Consultora Seintex-Ideas, -sin entrar a valorar el fondo de las
      propuestas-, estimamos lo siguiente: Los documentos entregados
      por la empresa consultora sí cumplen con los alcances de los
      términos de referencia y la oferta, salvo en lo que se detalla a
      continuación:
      HITO 1: MODELO DE GESTIÓN DEL CIRCUITO
                                                                         13

PUNTO D y E, Folio 153 del Contrato.
Ampliar grado de descentralización (desconcentración) respecto del
nivel central para cada ámbito de decisión y mecanismos de relación
con la Dirección Ejecutiva.
PUNTO F, Folio 153 del Contrato.
Clarificar y especificar los mecanismos que permitan una gestión
flexible en la asignación de los Recursos Humanos en función de las
cargas de trabajo.
PUNTO I, Folio 153 del Contrato
Clarificar y especificar sistemas de comunicación entre despachos,
instancias y con el área administrativa.
HITO II. MODELO DE GESTIÓN DEL DESPACHO
PUNTO A, Folio 153 del Contrato
Falta especificar la estructura del despacho en caso de oficinas que
atienden más de una materia (mixtas).
PUNTO F, Folio 153 del Contrato
Se entiende que de todos los índices de gestión que se proponen y
que se lleguen a establecer se generarán reportes, los cuales deberán
ser diseñados en la etapa 3: Diseño de la Solución Informática.
HITO III. NUEVOS FLUJOS DE PROCESO
Especificar los tiempos que consumen cada uno de los pasos
propuestos en los flujos de procesos jurisdiccionales y sustentar o
fundamentar la economía procesal referida en tiempo por cada uno.
Folio 154 del Contrato.
Indicar los tipos de reportes de gestión que en principio se generarán
por materia a partir de los rediseños propuestos, sin perjuicio de los
que puedan visualizarse en el Diseño de la Solución Informática.
Folio 154 del Contrato.
Clarificar y especificar el resultado de las consultas a los usuarios
externos (litigantes u organizaciones que los representen) respecto
de las prácticas de los despachos judiciales en el marco de los
nuevos flujos de proceso. Folio 154 del Contrato.
EN RELACIÓN CON LA OFERTA
De acuerdo con la oferta no se realizó específicamente el punto
correspondiente a: Analizar la evolución de la oferta y demanda de
los servicios judiciales, sobre las cargas de trabajo por materias e
                                                                           14

  instancias entre 1994-1996 con objeto de completar la serie temporal
  existente entre 1990-1993 y confirmar tendencias, folio 31 del
  Contrato.
  Clarificar y especificar el análisis de distribución espacial en el II
  Circuito Judicial de San José, folio 33 del Contrato.
  Se hace ver que queda pendiente la organización de un Seminario
  Internacional sobre Reformas Procesales, según se desprende de la
  oferta, en el folio 41 del Contrato.
  Finalmente la Comisión Técnica estima conveniente que los
  documentos incluyan un apartado específico relacionado con los
  diferentes aspectos de la atención al público tanto en los despachos
  judiciales, como en los servicios administrativos centralizados.”

                                   -0-

    Los puntos extraídos de las reuniones son:

1. Definir claramente las funciones del Juez Coordinador, la Asamblea
   del Circuito y del Consejo de Administración.
2. Definir claramente las funciones del Juez Tramitador, entendido
   como un experto en Derecho que revisa las actividades
   jurisdiccionales.
3. Establecer el tamaño adecuado del despacho para que labore en
   forma eficaz y eficiente, es decir, determinar su capacidad operativa
   y la asignación de recursos humanos óptima.
4. Redefinir el concepto de Control de Gestión Judicial por Sistema de
   Información para la Gestión Judicial.
5. Incluir un aparte en los documentos sobre la indexación en todos los
   juicios.
6. Desarrollar aún más el capítulo sobre la importancia de la
   conciliación.
7. Estimar el plazo en que se podrían acortar los procesos utilizando la
   oralidad.
8. Presentar en los diagnósticos los índices de medición que los
   sustenten, incluyendo las tendencias anteriores y las que se
   proyectan con el desarrollo del Segundo Circuito Judicial de San
   José. Debe incluirse cuál ha sido el avance en este Circuito,
   determinando para cada una de las propuestas el pronóstico y tiempo
                                                                             15

      de satisfacción que se logrará de llevarse a la práctica éstas.
   9. Analizar la procedencia de establecer la jornada vespertina.
   10. Clarificar y especificar en el tiempo, el modo y el costo, la
     ejecución de las propuestas.
   11. Incluir los criterios para determinar la cantidad de asuntos que se
     deben asignar a un juez según materia e instancia.
   12. Especificar el tiempo de cada paso y en cuáles de ellos se
     presentan problemas, según los diagramas del proceso civil tanto en
     la situación actual cuanto en la propuesta.
   13. Fundamentar la pertinencia de que las propuestas organizativas
     para la materia civil sean aplicables a la materia laboral en todo el
     país, incluir en ello la conversión del Tribunal de Trabajo de Menor
     Cuantía en un Juzgado Laboral de Menor Cuantía con varios jueces.


       El Presidente, Magistrado Cervantes, solicitó a los Magistrados

Rojas, Sancho, Fernández y a la Magistrada Suplente León Feoli, el estudio

e informe del contenido de esos documentos y manifiestan:

      “En cumplimiento del encargo que se nos hiciera, nos permitimos
      rendir el informe solicitado en los siguientes términos:
      1. Sobre el contenido del dictamen rendido por la Comisión Técnica
      nombrada para confrontar los alcances de los términos de referencia
      y la oferta con los documentos entregados por la Consultora Seintex-
      Ideas, no tenemos observaciones adicionales.
      2. Respecto al documento que contiene los “Puntos a solicitar para
      la ampliación o inclusión en la propuesta presentada por la
      Consultoría de Mejoramiento de Gestión de Despachos Judiciales
      (Seintex) derivados de las reuniones de reflexión de las Magistradas
      y de los Magistrados realizadas del 8 al 11 de setiembre”, estimamos
      conveniente que tal cual está planteado junto con el documento
      citado en el punto anterior, se remita a conocimiento de la empresa
      consultora para su atención.
      3. Adicionalmente, recomendamos que la Consultora aclare y
      amplíe el tema de los conflictos colectivos económico-sociales y
      desarrolle el instituto de la sentencia colectiva.”
                                                                           16


                                     -0-

       Con oficio N° PJ-BID- 570-98 de 5 de octubre en curso la Licda

Sonia Navarro Solano, Directora de la Unidad Ejecutora del Programa

Poder Judicial-BID, remite el oficio N° 1486-PLA-98 de 2 de este mes, que

se agrega al informe N° 031-AJ-98 del 29 de setiembre pasado, que contiene

las observaciones formuladas por los jueces tramitadores en relación con los

documentos elaborados por la empresa SEINTEX.

       El Magistrado Rojas, rinde una explicación del análisis que efectuó

la Comisión integrada para ello y el Magistrado Sancho amplía ese informe.

       La Magistrada Villanueva expresa que la información que tiene que

dar la empresa consultora debe estar completa y además la Auditoría

Judicial debe pronunciarse concreta y autónomamente sobre la revisión del

documento y los procedimientos seguidos por la Unidad Ejecutora en

cuanto a esta Consultoría.

       El Presidente, Magistrado Cervantes, informa que en la última

reunión que tiene todos los primeros jueves de cada mes, con el Auditor

Judicial, éste le manifestó que en marzo de este año se realizó una auditoría

a la Unidad Ejecutora con resultado satisfactorio, que va a actualizarla; a su

vez manifiesta que es importante ejercer siempre el mayor número de
                                                                             17

mecanismos de control en los proyectos que se realizan en el Poder Judicial.

       Previa deliberación se acordó:      1.) Aprobar el informe rendido por

los Magistrados Rojas, Sancho y Fernández y por la Magistrada León y por

consiguiente remitir a la empresa Consultora para la ampliación de los

documentos respectivos los puntos derivados de las sesiones de trabajo

realizadas y las inquietudes de los jueces tramitadores.        2.) Acoger la

propuesta de la Magistrada Villanueva y solicitar al Auditor Judicial un

auditoraje del programa Poder Judicial-BID.- 3.) Declarar firme el presente

acuerdo.

                             ARTÍCULO IX

      En la sesión del 6 de julio del año en curso, se dispuso:
             “ARTÍCULO XLIV.-          En la sesión del 22 de diciembre
      de 1997, artículo XXVI, se dispuso que el Departamento de
      Planificación realizara una consulta a los servidores judiciales que
      laboran en la Meseta Central, respecto de homologar los asuetos y
      vacaciones de fin de año, en sustitución de los asuetos por fiestas
      cívicas del lugar.
             En la sesión del 4 de mayo pasado, artículo VIII, se acordó
      conceder una audiencia a todas las organizaciones de empleados del
      Poder Judicial con el fin de que indicaran lo que a bien tuvieran
      sobre la propuesta del Magistrado van der Laat para que se elimine
      el asueto del 8 de diciembre, Día del Empleado Judicial y se pague
      la compensación correspondiente, o en su defecto que éste asueto se
      traslade para los últimos días del año adicionándolo a los días que
      tradicionalmente la Corte cierra.
             La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
      Planificación, en oficio N° 1087-PLA-98 de 2 de los corrientes,
      remite el informe N° 171-DO-98 de la Sección de Desarrollo
      Organizacional, en relación con el acuerdo que se cita en el párrafo
                                                                           18

que antecede, cuyas conclusiones y recomendaciones literalmente
dicen:
                       VI. CONCLUSIONES
6.1.- Se aplicó la consulta a 566 funcionarios y servidores, quienes
representan un 94% del total de personal del Poder Judicial que
labora en el Área Metropolitana.
6.2.- De los 566 funcionarios y servidores consultados, un 94%
(531) estuvo de acuerdo en homologar los asuetos y vacaciones de
fin de año en sustitución de los asuetos por fiestas cívicas del lugar.
El restante 6% (35) no estuvo de acuerdo.
6.3.- Del total de funcionarios y servidores consultados (566), el
56,7% (321) está en propiedad y el restante 43,3% (245) están
interinos.
6.4.- Del total de funcionarios y servidores judiciales propietarios
(321), el 94,4% (303) está de acuerdo en homologar los asuetos y
vacaciones de fin de año, mientras que el restante 5,6% (18) no lo
están.
6.5.- Del total de funcionarios y servidores judiciales interinos (245),
el 93,1% (228) está de acuerdo en homologar los asuetos y
vacaciones de fin de año mientras que el restante 6,9% (17) no lo
está.
6.6.- El Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Acosta es el
único despacho en el que todos los funcionarios y servidores (3)
indicaron que no desean homologar los asuetos y vacaciones de fin
de año, en sustitución de los asuetos por fiestas cívicas del lugar.
6.7.- Los Juzgados Contravencionales de Mora, Escazú, Alajuelita y
Santa Ana indicaron, en forma unánime, que desean homologar los
asuetos y vacaciones de fin de año, en sustitución de los asuetos por
fiestas cívicas del lugar.


                    VII. RECOMENDACIONES
En virtud del resultado obtenido en la encuesta, esta Sección se
permite recomendar atender los gustos y preferencias de un alto
porcentaje (94%) de los funcionarios y servidores judiciales del Área
Metropolitana, y por lo tanto, homologar los asuetos y vacaciones de
fin de año, en sustitución de los asuetos por fiestas cívicas del lugar.
En caso de acatarse la presente recomendación, se deberían
                                                                              19

      considerar dos situaciones:
      - Atender la jurisdicción del cantón de Acosta en forma particular,
      en virtud de que los tres funcionarios y servidores indicaron, en
      forma unánime, su deseo de no homologar los asuetos y vacaciones
      de fin de año, en sustitución de los asuetos por fiestas cívicas del
      lugar.
      - Se deberían mantener los principios vigentes que operan en la
      actualidad para los despachos judiciales que gozan de asuetos y
      vacaciones de fin de año, sea atención de turnos, disponibilidades,
      etc., de manera tal que el servicio público no se vea afectado.
      Entre las principales ventajas que tendría para el Poder Judicial las
      homologación de los asuetos y vacaciones de fin de año, en
      sustitución de los asuetos por fiestas cívicas del respectivo cantón,
      estarían las siguientes:
            Motivación de los funcionarios y servidores del Área
      Metropolitana que ven ajustada una decisión institucional de
      acuerdo al gusto y preferencia de una mayoría considerable.
             Reducción de costos para la Institución en el sentido de
      dejar de publicar en el Boletín Judicial el anuncio respectivo a la
      concesión de asuetos en los respectivos cantones “metropolitanos”.
             Garantizar a los usuarios un servicio público ininterrumpido
      durante todo el año (excepción de los feriados nacionales y los
      asuetos estipulados).”
                                      -0-
             La mayor parte de las organizaciones de empleados del Poder
      Judicial contestaron en tiempo la audiencia que se les concedió.
            Como estos dos temas están estrechamente relacionados, se
      dispuso: Integrar      una Comisión con la Magistrada Suplente
      Anabelle León Feoli y los Magistrados Fernández, Ramírez y
      Solano, con el fin de que estudien las diligencias respectivas y
      propongan a la Corte lo que estimen necesario. El Magistrado
      Fernández la presidirá.”
                                      -0-
      El señor Luis Enrique Mora Sánchez, Presidente de la Asociación
Nacional de Empleados Judiciales, en nota de 9 del mes pasado, manifestó:
            “La presente es para solicitarles se mantenga el día 8 de
                                                                               20

      diciembre, “como día del empleado judicial”, fecha en que lo hemos
      celebrado todos los servidores judiciales, por lo que
      consecuentemente y en forma respetuosa solicitamos sea rechazada
      la petición de trasladar este día a otro posterior, por ser éste un
      derecho adquirido por los trabajadores del Poder Judicial, con el
      transcurso de los años y estar bajo tutela del “principio protector” y
      su sub-principio “la condición más beneficiosa”, además de que este
      se conserva por el “silencio positivo”, por cuanto ha transcurrido
      más de un mes y no hay resolución expresa, así regulado por la
      norma 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública,
      que dice: “Artículo 330. 1. El silencio de la Administración se
      entenderá cuando así se establezca expresamente o cuando se trate
      de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio
      de funciones de fiscalización o tutela...”, Artículo 331.- 1. El plazo
      para que surja el silencio positivo será de un mes, a partir de que el
      órgano reciba la solicitud de aprobación, autorización o licencia con
      los requisitos legales...”.”

      Se inició la discusión del asunto y se dispuso: Resolverlo en una

próxima sesión.

                               ARTÍCULO X

       El Magistrado Montenegro, en su condición de Coordinador de la

Comisión para poner en vigencia del Código Notarial, en oficio N° 023-VP-

98 de 29 de setiembre último, manifestó:

       “Como responsables de coordinar la puesta en vigencia del Código
      Notarial, con todo respeto, dado que esa ley rige a partir del próximo
      22 de noviembre, estimamos urgente que la Corte tome las
      siguientes disposiciones:
      a) Determine a qué Sala corresponderá conocer los recursos
      previstos en el artículo 158 de ese Código.
      b) Realice la elección del Director General de Notariado, de las
      ternas que ya remitieron tanto el Ministerio de Justicia como el
      Colegio de Abogados.
                                                                             21

c) Designe, provisionalmente, el Juez “3”. Aquí es importante
advertir que si bien, de acuerdo con el art. 170 ibídem, este
funcionario debe reunir los requisitos de los jueces comunes,
incluyendo lo relativo a la carrera judicial, además de experiencia en
materia notarial, no hay lista de funcionarios elegibles para ese
cargo, por lo que la designación, por ahora, debe ser provisional.
Sugerimos 6 meses.
d) Se encargue al Consejo Superior hacer el nombramiento o el
traslado, en su caso, del personal de apoyo, y a la Proveeduría
suministrar todo el menaje y equipo que requerirán esas oficinas.
 Creemos que la designación del Tribunal y su personal de apoyo,
no es todavía urgente, pues no tendrá trabajo sino a partir de febrero.
Con todo, debe también disponerse lo necesario para integrar la lista
de elegibles.
 Como el Director tiene la responsabilidad de la organización de la
actividad notarial, no solo en San José, sino en todo el territorio
nacional, es conveniente que asuma el cargo por lo menos a partir
del 1° de noviembre. Y lo propio cabe recomendar para su personal
de apoyo indispensable, de modo que al regir dicha ley la oficina
esté organizada y preparada para iniciar funciones con relativa
normalidad.
 En cuanto al Juez, con el mismo propósito de que tenga tiempo de
organizar su despacho, su nombramiento debe ser a partir del 15 de
noviembre.
 Se han entablado conversaciones con el Colegio de Abogados, para
considerar la posibilidad de alquilar la segunda planta del viejo
Edificio de ese Colegio, que hoy en su mayor parte está dedicado a
aulas, a fin de instalar allí todas las oficinas de la actividad notarial.
Pero ante la eventualidad de que el Colegio no esté de acuerdo, hay
que disponer que la Dirección Ejecutiva inicie la búsqueda de un
local que pueda servir a ese propósito.
 Valga hacer hincapié que el tiempo con que se cuenta es
apremiante. Prácticamente poco más de un mes, que es nada para
los trámites burocráticos que deben cumplirse, y esto asumiendo que
la Corte resuelva lo que aquí gestionamos en la Sesión del 5 de
octubre.”
                                  -0-

 La Magistrada Villanueva, Presidenta interina de la Sala Segunda,
                                                                            22

expone los argumentos por los que considera que los recursos previstos en

el artículo 158 del Código de Notariado debe conocerlos la Sala Primera.

       El Presidente, Magistrado Cervantes, expone las razones por las que

considera que no corresponde a la Sala Primera, sino es la Segunda ,

conocer esos recursos.

       Discutida la solicitud del Magistrado Montenegro, se acordó: 1)

Resolver en una próxima sesión la Sala competente para conocer los

recursos a que se refiere el artículo 158 del Código de Notariado. 2)

Realizar la elección del Director de Notariado una vez que el Ministerio de

Justicia envíe la terna correspondiente. 3.) Designar en una próxima sesión

al Juez 3 que provisionalmente conocerá de los asuntos disciplinarios. 4.)

Solicitar al Consejo Superior el nombramiento o traslado del personal de

apoyo y coordinar lo pertinente para que los despachos correspondientes

suministren todo el menaje y equipo que requerirán esas oficinas.

                             ARTÍCULO XI

       En sesión celebrada el 17 de agosto del año en curso, se dispuso lo

que de seguido se transcribe:

             “ARTÍCULO X.- En la sesión del 23 de marzo de este año,
      artículo XXXVIII, se tomó el siguiente acuerdo:
            “La Corte Plena en sesión N° 37-97 del 10 de noviembre de
      1997, artículo XII, dispuso que la Secretaría General remitiera las
      comunicaciones respectivas para que las diferentes dependencias
                                                                          23

encargadas enviaran las listas correspondientes, con el fin de realizar
la elección de árbitros y conciliadores de los Circuitos Judiciales del
país.
       La Secretaría General de la Corte remitió al señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Lic. Farid Ayales Esna, el oficio N° SP-
441-97 de 28 de noviembre de 1997, en el que le solicitó el envío de
una nómina de 10 personas para cada Juzgado de Trabajo, de
conformidad con lo que establece el artículo 407, inciso c), del
Código de Trabajo, con indicación de que los candidatos debían
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 408 ídem.
También, se emitió la circular N° 11-97 de 2 de diciembre de 1997,
publicada en el Boletín Judicial N° 238 de 10 de diciembre de 1997,
dirigida a los Sindicatos de Patronos y Trabajadores, para la
remisión de las listas correspondientes conforme a lo dispuesto por
esta Corte en el acuerdo de referencia.
       Informa la Secretaria General que el Lic. Rodrigo Acuña
Montero, Director Nacional e Inspector General de Trabajo, en
oficios D.N.I.-372-98 y D.N.I.432-98 de 24 de febrero último y 5 del
mes en curso, respectivamente, remitió las listas correspondientes a
Puriscal, Pérez Zeledón, Limón, Siquirres, San Carlos, Orotina,
Santa Cruz, Puntarenas, San Ramón, Naranjo, Heredia, San José, y
Cartago.
     Se acordó: Trasladar las diligencias a estudio e informe de la
Magistrada Suplente, Licda Julia Varela Araya.”
                                 -0-
       En la sesión del 3 de agosto anterior, artículo VII, se dispuso
solicitar a la Licda Varela que a la brevedad remitiera el informe que
se le encargó, en la sesión del 23 de marzo último, artículo
XXXVIII.
        En nota recibida el 14 de los corrientes, la Magistrada
Suplente Licda Julia Varela Araya, rinde el informe solicitado sobre
las listas de candidatos a árbitros y conciliadores.
       Se acordó: Tener por presentado el anterior informe y pasarlo
a estudio del Magistrado van der Laat.”


                                 -0-
 El informe de la Licda Varela es el siguiente:
                                                                        24

       “En cumplimiento del acuerdo N° XXXVIII de la Corte
Plena, tomado en Sesión N° 9-98, celebrada el 23 de marzo próximo
pasado, del cual tuvo conocimiento hasta el 30 de julio último, me
permito rendir el informe solicitado sobre las listas de candidatos a
Arbitro Conciliadores, enviada por el Ministerio de Trabajo.
      El Ministerio de Trabajo, mediante oficio D.N.I-372-98, del
24 de febrero último, atendiendo el oficio DP441-97 del 28 de
noviembre de 1997, enviado por la Licenciada Silvia Navarro
Romanini, Secretaria General de la Corte, remitió listas de
candidatos a miembros de Tribunales de Conciliación y Arbitraje.
Indicó que cumplen con los requisitos previstos por el artículo 407
del Código de Trabajo.
       Dichas listas corresponden a los Juzgados de Trabajo:
PURISCAL, PÉREZ ZELEDÓN, LIMÓN, SIQUIRRES, SAN
CARLOS, SANTA CRUZ, PUNTARENAS, SAN RAMÓN,
HEREDIA Y SAN JOSÉ. También ofrecen lista para NARANJO y
OROTINA que son Juzgados de Menor Cuantía y por lo tanto no
tramitan Conflictos Colectivos de Carácter Económico Social. Se
omitieron listas para los Juzgados de Trabajo de : POCOCÍ,
LIBERIA, CORREDORES, TURRIALBA, CAÑAS, NICOYA,
DESAMPARADOS, HATILLO. Esa omisión puede subsanarse
reeligiendo a los actuales Árbitros que esos Despachos tienen
asignados.
      A continuación presentaré las listas de los candidatos
propuestos para el nuevo período, de los circuitos judiciales de
PURISCAL, PÉREZ ZELEDÓN, LIMÓN, SIQUIRRES, SAN
CARLOS, SANTA CRUZ, PUNTARENAS, SAN RAMÓN,
HEREDIA Y SAN JOSÉ para lo que a bien tengan en resolver.
       Asimismo, daré los nombres de las personas que actualmente
están nombradas para el Segundo Circuito Judicial de San José y,
según información recibida del señor Ricardo Solano Gómez, son
personas que siempre están dispuestas a colaborar y por ello
conviene prorrogarles el nombramiento; decisión que queda a
criterio de la Honorable Corte Plena.
      LISTAS DE NOMBRES PROPUESTOS POR EL
     MINISTERIO DE TRABAJO PARA EL PRESENTE
        PERIODO QUE SE INICIO EL 4 DE JUNIO
       SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
      Las personas propuestas por el Ministerio, para este circuito,
                                                                          25

son seis, según copia de lista que me envió la Secretaría de la Corte -
incompleta-, no se indica a cuál sector (patronal u obrero) van a
representar los candidatos indicados en dicha lista. En investigación
hecha, vía telefónica a la Dirección Nacional de Inspección de
Trabajo, fui atendida por la señorita Lizi Valverde, quien me
informa, que esas personas representaran a patronos y trabajadores,
en el orden que más adelante indicaré.
      Como los nombramientos de los representantes ya están
vencidos, a fin de no demorar más la elección para el nuevo período
y tomando en cuenta que el Juzgado de Trabajo del Segundo
Circuito de San José tiene en trámite varios conflictos Colectivos,
recomiendo que se haga la reelección de los anteriores
representantes o en su defecto se pida al Ministerio de Trabajo que
amplíe la lista y señale a qué sector representan.
             LISTA ENVIADA POR EL MINISTERIO

       PATRONOS                              TRABAJADORES
1. Dra. Denia María Hernández Morales Damaris Moscoa Artavia
2. Licda. Roxana Arguedas Carvajal    Ana Lucía Castillo Sánchez
3. Licda Lisette Alfaro Vargas        Inés M. Cordero Díaz


       Según información dada por el señor Ricardo Solano Gómez,
Auxiliar Judicial del Segundo Circuito Judicial de San José, la
publicación hecha en Boletín Judicial N° 14 del 21 de enero de 1997
y, la lista enviada por la Secretaría de la Corte, para el período
vencido estuvieron nombrados para representar a los patronos y a los
trabajadores, por su orden, las siguientes personas:
           REPRESENTANTES DE LOS PATRONOS
1.- Lic. Alvaro Gallardo Araujo
2.- Miguel Carmona Jiménez
3.- Claudio Ramón Mora Cruz
4.- Lubín Acuña Salazar
5.- Víctor Rosabal Mora
6.- Gerardo Hidalgo Madrigal
7.- Marco Antonio Calvo Mata
8.- Rodrigo Mora Méndez
9.- Mariano Ramírez López
10.- Francisco Guzmán Chacón
11.- Emilio San Gil Suárez
12.- Manuel Vargas Madrigal
                                                                       26

13.-   William Espinoza Mora
14.-   Gerardo Villalobos Quirós
15.-   Alberto Murillo Urbina
16.-   Priscila Calderón Rojas
17.-   Edwin Calderón Rojas
18.-   Rafael Ramírez Marín
19.-   Eduardo Jiménez Montealegre
       Don Ricardo Solano me informó que, de esa lista, los tres
primeros son buenos colabores; incluso el segundo está colaborando
en un conflicto, por lo que el Consejo Superior le prorrogó el
nombramiento en Sesión número 2298 del 19 de marzo último hasta
la terminación del proceso.
         REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
1.- Licda Patricia Ramos Con
2.- Lic. Ronald Avalos Monge
3.- Lic. Manuel Fernández Campos
4.- William Miranda Romero
5.- Carlos Mariano Calvo Fallas
6.- Licenciado Augusto Boirivant Arce
7.- Luis Eduardo Trejos Fonseca
8.- Miguel Marín Calderón
9.- Gerardo Rodríguez Alfaro
10.- Ricardo Herrera Blanco
11.- Carlos Báez Sosa
12.- Ricardo Araya Montero
13.- Jorge Barboza Jiménez
14.- Gilberth Bermúdez Umaña
       De esa lista, según informes dados por don Ricardo Solano
Gómez, los tres primero siempre están dispuestos a colaborar. El
tercero está conociendo de un asunto por lo que en Sesión del
Consejo Superior del 19 de marzo último se acordó que se
mantuviera nombrado hasta la finalización del conflicto. El cuarto
y el quinto no han sido localizados cuando se requiere de sus
servicios. Los demás de esa lista, en el evento de ser reelectos, es
necesario que la Secretaría proporcionen al Juzgado las direcciones
y número telefónico que anotó el Ministerio de Trabajo en las listas
enviadas a ese Despacho en el año 1996.
       Debo señalar que el Doctor ARTURO FOURNIER FACIO,
cédula 1-398-270, teléfono 253-90-46, ha manifestado su deseo de
figurar en las listas de representantes de los trabajadores ante el
                                                                        27

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José. Por
la preparación de don Arturo estimo sería una persona que ayudaría
mucho en esa labor.
       Conviene acotar que de la anterior lista era para los 3
Juzgados que, al unirse siempre requerirán al menos con quince
representantes de cada sector para elegir como dispone la ley, según
los requerimientos del Despacho. A ello debemos agregar que al
fundirse la jurisdicción laboral de Goicoechea con la de San José,
tanto los representantes patronales como los de la parte obrera que
correspondería al Juzgado de éste sector, debe adicionarse a la lista
del Segundo Circuito Judicial de San José.
       Para este sector (Juzgado de Goicoechea) no se envía lista.
Sin embargo, como el Juzgado de este sector se unió a los de San
José, bien podría trabajarse con los mismos representantes, que en
todo caso, en lo relativo a los trabajadores son los mismos y, con
respecto a los patronos son distintos, por lo que quedan tres
opciones:
      1) Pedir al Ministerio de Trabajo que envíe la lista
correspondientes para adicionarse a la que se envió para San José;
      2) Reelegir los que estaban nombrados y;
       3) No ampliar la lista de los que estaban asignados a los
Juzgados de San José. Sugiero la segunda opción para que se cuente
con suficientes candidatos y de esta forma no atrasar las
integraciones de Tribunales que pueda requerir el Segundo Circuito
Judicial de San José.
      Las personas que representaron a los patronos ante el Juzgado
de Trabajo de Goicoechea, son:
      1.-   Bernardo Rodríguez Cavallini
      2.-   Jorge Carranza Zamora
      3.-   Bernardita Jiménez Jara
      4.-   Baldomar Rojas Durán
      5.-   Esu Weo Chiao
       El Licenciado NILS AVILA MONTANARO, cédula 2-253-
472, teléfono 231-63-14 ofreció su nombre para que fuera incluido
en la lista de los candidatos a representantes patronales para este
mismo Circuito Judicial; por lo que someto a su consideración esas
propuestas.
                 JUZGADO DE DESAMPARADOS
                                                                         28

      Para este circuito el Ministerio de Trabajo no envió, listas por
lo que quedan dos opciones: 1) Pedir al Ministerio que las envíe y,
2) Reelegirse a los representantes de ambos sectores, que es mi
recomendación, cuyos nombres son:
POR LOS PATRONOS                        POR LOS TRABAJADORES
1.- Manuel Hidalgo Villanueva           Lic. Augusto Boirivant Arce
2.- German Quesada Mora                 Miguel Marín Calderón
3.- María Monge Zúñiga                  Luis Eduardo Trejos Fonseca
4.- Maribel Jara García                 Elías Villafuerte Villafuerte
5.- Mauricio López López                Carlos Báez Sosa

                     JUZGADO DE HATILLO
       Para este Despacho ocurrió lo mismo que señalé para
Desamparados, por lo que hago la misma sugerencia, sea, reelegir a
los anteriores representantes, a saber:
POR LOS PATRONOS                        POR LOS TRABAJADORES
1.- Willy Gerardo Díaz Véliz            Lic. Augusto Boirivant Arce
2.- Dr. Manuel Fallas Monge             Licda Patricia Ramos Con
3.- Róger Rojas Blanco                  Miguel Marín Calderón
4.- Johnny Tasaca K.                    Luis Eduardo Trejos Fonseca
5.- Antonio Gerardo Blanco Villegas     Jorge Barboza Jiménez

       Como puede notarse, para los Juzgados de Trabajo de San
José, Desamparados y Hatillo, se repiten nombres. Considero que
esto no está prohibido por el Código de Trabajo, de modo que todo
depende del tiempo de los candidatos, mismo que al parecer no
tienen ese problema. Además, en la actualidad no existen tantos
conflictos de interés en trámite, situación que parece predominará en
el futuro al impedirse los mismos en el Sector Publico.
                        PÉREZ ZELEDÓN
       Para este circuito el Ministerio mandó una lista que de los
anteriores representantes solo repite el nombre de Oscar Ramírez
Cruz, como candidato a representante de los patronos.


            NUEVA LISTA PARA REPRESENTAR A


PATRONOS                            TRABAJADORES
1.- Oscar Ramírez Cruz              Boris Gamboa Valladares
                                                                                          29

2.-   Milton Mena Valverde                               Mauricio Rodríguez Muñoz
3.-   Alberto Rodríguez Esquivel                         Ricardo Zúñiga Duarte
4.-   Jenny Segura Sandí                                 Olman González Jiménez
5.-   Ileana Salas Mata                                  Abelardo Gómez Chávez

         LISTA DE LOS ANTERIORES REPRESENTANTES


DE LOS PATRONOS                                          DE TRABAJADORES
1.- Oscar Ramírez Cruz                                   Vianney Vargas Barrantes
2.- Custodio Núñez Alvarado                              Paulina Ureña Cruz
3.- Antonio Quesada Malavassi                            Ronny Sandí M.
4.- Mario Corrales Herrera                               Gilberth Aguilar Mora
5.- Bedoya Borge Lilliana                                Eugenio Bermúdez Núñez

                                           PURISCAL
      Para ese Juzgado se envió lista en la cual se incluye como
representante de los trabajadores a Juan Luis Charpantier Rojas,
quien formó parte de los anteriores representantes, por lo que se
recomienda su reelección. Las siguientes son, por su orden, la lista
enviada por el Ministerio de Trabajo y la correspondiente a las
personas nombradas para el período ya vencido.
  LISTA DE CANDIDATOS ENVIADA POR EL MINISTERIO
PATRONOS                                                  TRABAJADORES
1.- Oscar Madrigal Jiménez                                Carmen María Barrantes Salara
2.- Hernán Acuña Hidalgo                                  Héctor Villalobos Chacón
3.- Luis Guillermo Cruz Barrantes                         Mélida Barrantes Salazar
4.- José Luis Herrera Zúñiga                              Luis Ángel Arce Delgado
5.-Manuel E. Charpantier Esquivel                         Amalia Hurtado Esquivel
6.....................................................    Juan Luis Charpantier Rojas
7.-                                                       Fidelina Retana Alpízar
......................................................

                                           CARTAGO
       El Ministerio de Trabajo no envió listas para ese circuito,
motivo por le cual puede procederse de la siguiente forma: 1)
Reiterar la solicitud; 2) Reelegir a los representantes cuyo período
ya está vencido para evitar posibles atrasos en el trámite de futuros
procesos colectivos.
                                                                       30

       En estos momentos, según información obtenida vía
telefónica, en esa jurisdicción no tienen conflictos colectivos en
trámite.
   LISTA DE REPRESENTANTES CON NOMBRAMIENTO
                    VENCIDO
         PATRONALES                       DE TRABAJADORES
 1.- Zoila Rosa Guillén Aguilar     Laura Barquero Barahona
 2.- Alcides Monge Gómez            Guiselle Quirós Arias
 3.- Tobías Cerdas Ramírez          Doris Campos Sánchez
 4.- Otto Ortega Pérez              Yuri Alberto Granados Aguilar
 5.- Carlos Villanueva Badilla      Agripina Suárez Penuela
 6.- Gilberto meza Picado           Carlos Navarro Monestel
 7.- Claudio Rojas Hernández        Ileana Navarro Gomez
 8.- Bernardo Garita Umaña          Jorge Aguilar Lobo
 9.- Rolando García Gutiérrez       Levina Vargas Garita
 10.- Rafael Bloise Villanueva      Marcela Meza Rivera

                   JUZGADO DE TURRIALBA
      Para ese Despacho no se envió lista de candidatos por lo que
debe acogerse alguna de las dos opciones indicadas para el caso de
Liberia. Recomiendo la reelección de los anteriores representantes.
        LISTA DE ANTERIORES REPRESENTANTES DE
             PATRONOS                       TRABAJADORES
 1.-   María Teresa Rojas Cubero     Guillermo Brenes Cambronero
 2.-   Carlos Ml. Corrales Campos    Roberto Trejos Vargas
 3.-   Eduardo E. Salazar Salas      Francisco Castro Murillo
 4.-   Carlos F. Yee Umaña           Cristina Barquero Guzmán
 5.-   Gerardo Bonilla Vega          Fernando Solís Segura

                    JUZGADO DE HEREDIA
Para el circuito de Heredia se envió lista que repite los nombres de
tres personas que estaban nombradas en el anterior período, ellas
son: Silver Arroyo Madrigal y Miguel A. Villalobos Zárate como
representantes patronales y Elizabeth Gómez en representación de
los trabajadores.
       Conviene acotar que, fuera del Segundo Circuito Judicial de
San José, el único Juzgado fuera de San José que en la actualidad
tiene en trámite conflictos colectivos es Heredia, según información
                                                                                             31

brindada vía telefónica.
         LISTA ENVIADA POR MINISTERIO DE TRABAJO


PATRONOS                                                      TRABAJADORES
1.- Miguel Villalobos Zárate                                  Marvin Villegas Obando
2.- Silver Arroyo Madrigal                                    Elizabeth Gómez Sáenz
3.- Luz Marina Cordero Araya                                  Sigifredo Maroto Maroto
4.- Gregorio Sánchez Lee                                      Jorge E. Jiménez Barquero
5.-......................................................     Jairo Aguzzi Valverde

          LISTA DE ANTERIORES REPRESENTANTES DE


PATRONOS                                                    TRABAJADORES
1.-      Gilda María Esquivel                               Olga M. Alvarado Villalobos
Benavides
2.- Blanca Iris Solórzano Acosta                            Elizabeth Gómez
3.- Alvaro Rosabal                                          Hannia Vargas González
4.- Fernando Vega Arce                                      Mónica Payán Montero
5.- Silver Arroyo Madrigal                                  Víctor González Arias
6.- Fernando Fallas Zúñiga                                  Oscar Ramírez Alfaro
7.- Miguel A. Villalobos Zárate                             María Elena Sandí Arias
8.- Juan Rafael Pérez Guevara                               María del Carmen Arguedas Jara
9.- Danilo Zumbado Ramírez                                  Neyri Aguilar Umaña
10.- George Vila                                            Blanca Hernández Miranda

                             JUZGADOS DE ALAJUELA
Para este circuito el Ministerio no envió listas de candidatos. Ante
esta situación quedan dos opciones: 1) Pedir el cumplimiento de lo
ordenado en oficio SP-441-97 del 28 de noviembre último o, 2)
Reelegir a los representantes de ambos sectores (patronal y obrero)
partiendo de la lista de los que estaban nombrados para el período
anterior.
       LISTA DE REPRESENTANTES NOMBRADOS EN EL
                   PERIODO ANTERIOR


PATRONOS                                                      TRABAJADORES
1.- Lidy Salas Alfaro                                         Celia Mendoza Gómez
2.- Hernán Hernández Araya                                    Francisco Jiménez Carballo
                                                                     32

3.- Vilma Vargas Sánchez               Orlando Garita Delgado
4.- Patsy Castillo Mendoza             Rossi Calderón Castillo
5.- Melvin Durán Carballo               Guillermo Jiménez Araya
6.- Rafael Jiménez Molina              Randall Sánchez Bermúdez
7.- Juan Carlos González Brizuela      Carlos Bolaños Vargas
8.- Marta Campos Agüero                Freddy Mailloux Escobar
9.- Sandra Rojas Ugalde                Evelyn Navarro Pérez
10.- Mariano Alfaro Quesada            Shirley Zeledón Chavarría
11.- Omar Calderón Mora                Carlos Arguedas Fernández
12.- Carlos Quirós Alvarez             Henry Sánchez Quesada
13.- Lixanías Vargas Rodríguez         Juan C. Camacho Murcia
14.- Asdrúbal Moreira Araya            Helen Campos Sandoval
15.-Ana Cecilia Camacho Víquez         Erick Portuguéz Padilla
16.- José Luis Chaves Castillo         Carmen M. Zeledón Zúñiga
17.- José Pablo Molina Alfaro          Juan Vargas Vargas
18.- Víctor H. Alvarado B.             Froylan Ávila Venegas
19.- Luis León Portela                 Sorley Fonseca Vargas

                          SAN RAMÓN
     Para el Juzgado el Ministerio envió la siguiente lista.
              LISTA DE REPRESENTANTES DE


PATRONOS                               TRABAJADORES
1.- Dr. Arturo Pereira Arce            Lupita García Araya
2.- Danilo Alfaro González             Johnny Castro Madrigal
3.- José Joaquín Cascante Núñez        Norman Cascante Núñez
4.- Luis Emilio Chassoul Acosta        Mauricio Vindas Porras

   LISTA DE LAS ANTERIORES REPRESENTANTES DE
PATRONOS                               TRABAJADORES
1.- Ricardo Castillo Rojas             Pablo Abarca Blanco
2.- Domingo Morera Vásquez             Nuri Guzmán Hernández
3.- Magda Rojas Solórzano              Alfonso Dinarte Zúñiga
4.- Eduardo Jiménez Artavia            Mariano Gómez Cabezas
5.- Juan Ramón Mora Salas              Rogelio Sandoval Estrada
6.- Alcides Araya Sánchez              Ángel       Fco.     Amores
                                       Fernández
7.- Dimas Cordero Elizondo             Ana Quirós Quesada
8.- Edelman Espinoza Miranda           Saúl Villegas Rojas
                                                                        33

9.- Juan Carlos Fernández Vega         Edwin Varela Sancho
10.- Arcadio Molina Ferreto            Geovanni Corrales Salazar

                     JUZGADO DE GRECIA
        No enviaron lista de candidatos por lo que debe procederse en
los mismos términos indicados para el Juzgado de Liberia. Adjunto
la lista de los representantes cuyo nombramiento recién venció, para
lo que tenga a bien resolver Corte Plena.
         LISTA DE REPRESENTANTES ANTERIORES
PATRONOS                                TRABAJADORES
1.- José R. Rodríguez Gómez             Javier Alfaro Barrantes
2.- Alvaro Espinoza Suárez              Jesús Alpízar López
3.- Carlos Bolaños Quesada              Marlon Quesada Alfaro
4.- Rafael Campos Coto                  Sigifredo Brenes Quirós
5.- William Víquez Oviedo               Jenny Madrigal Araya

                    JUZGADO SAN CARLOS
      Para ese Juzgado el Ministerio envió, esta vez, lista completa.
            LISTA ENVIADA POR EL MINISTERIO
PATRONOS                               TRABAJADORES
1.- Pedro Quesada Solís                Yolanda Sancho Quesada
2.- Saúl Ávila Castro                  Miguel Zamora Araya
3.- Carlos Lizano Barquero             Alberto Rojas Paniagua
4.- Lic. Carlos Ml. Arroyo Rojas       Armando Moya Morera
5.- Ing. Roberto Siles Fuentes         Luis Edo. Soto Pérez

       No se incluye la lista enviada para el período vencido, porque
no indica cuáles representarían a los patronos y cuáles a los
trabajadores.
                          PUNTARENAS
      Respecto d ese circuito judicial las listas enviadas ofrecen
nuevos nombres con respecto a las anteriores, salvo el caso de la
señora Marcela Vitola Mauro. Por esas razones proceso a indicar
los nombres ahora ofrecidos y los representantes del anterior
período, para que tengan más candidatos a la hora de la elección.
                        NUEVA LISTA DE
     REPRESENTANTES DE                    REPRESENTANTES DE
                                                                     34

            PATRONOS                       TRABAJADORES
1.- Marcela Vitola Mauro             Juan Ortíz Dinarte
2.- Félix Ángel Rodríguez Rojas      Róger Guevara Matarrita
3.- Gonzalo Sánchez Zeledón          Leonel Vargas Calvo
4.- Fabio Guerrero Chavarría         Virginia Briones Fajardo
5.- Rafael Ángel Jiménez Guadamuz    Posybeth Obando Loría
6.- Miguel Gómez Dominelli
7.- Alvaro Moreno Gómez
8.- Rafael Moreno Moreno
9.- Nidia Rodríguez Ramírez
10.- Trino Carranza Molina

               ANTERIORES REPRESENTANTES
DE PATRONOS                          DE TRABAJADORES
1.- Clarissa Díaz Ruiz               Alma Barahona Guzmán
2.- Félix Tabash Espinoza            William Arguedas Mora
3.- Roberto Durán Delgado            Georgina Esquivel Guadamuz
4.- Manuel Fernández García          Henry Bjorklund Abarca
5.- Alvaro Moreno Gómez              Fernando Trejos Mata
6.- Luis Pardo Mannussi              Eliecer Hernández Fuentes
7.- Marcela Vitola Mauro             Uriel Jiménez Agustín E.
8.- Edwin Hernández Aguilar          Ana Rodríguez Cruz
9.- Susan Chen Mok                   Alexander Martínez Matarrita
10.- Alexis Gutiérrez Jiménez        Kathia Rosales Guzmán

      De conformidad con el artículo 407 del Código de Trabajo
cada Circuito Judicial debe tener cinco representantes por cada
parte. De la anterior lista, por su orden, pueden nombrarse cinco
representantes patronales y cinco representantes obreros para cada
uno de los dos Juzgados de Puntarenas.
                    JUZGADO DE GOLFITO
      Para este Juzgado se da la misma situación descrita para
Grecia, por lo que hago la misma recomendación y por ello adjunto
la lista de los representantes patronales y obreros cuyo
nombramiento ya está vencido. Ellos son:
       POR LOS PATRONOS                        POR LOS
                                           TRABAJADORES
 1.- Miguel Zúñiga Miranda           Juan José Herrera Martínez
 2.- Cecilia López Monge             Oscar Mena Esquivel
 3.- Flora Gamboa Pearson            Glenda Rojas Fallas
                                                                      35

4.- William Granados Gamboa           Mario Chinchilla Padilla
5.- Eliam Campos Ugalde               William Papili Campos

                        JUZGADO DE OSA
       Para ese Despacho tampoco se envió lista de representantes
por lo que hago la misma recomendación que di para el caso
anterior. Los últimos representantes fueron:
POR LOS PATRONOS                      POR                     LOS
                                      TRABAJADORES
1.-   Denis Chacón Serrano            Juan López Arancibia
2.-   Rodrigo Paniagua Víquez         José Luis Meza Arroyo
3.-   Eddie Gamboa Cantillo           Rodolfo Davis Sánchez
4.-   William Castillo Serrano        María Elena Reyes Reyes
5.-   Jorge Gómez Fonseca             Sobeida Castellón Mora

                          CORREDORES
      No se envió lista por lo que hago la misma recomendación
sugerida para el caso de Liberia.
          LISTA DE REPRESENTANTES ANTERIORES
PATRONOS                              TRABAJADORES
1.- Licda Grey Jiménez Viales         Luis Cordero Hernández
2.- Saúl G. Arias Méndez              Lic. Gabriel Arias Quesada
3.- Yadira Reyes Wong                 Lic. Armando Gómez Badilla
4.- Genaro Elizondo Camacho           Lilliam Quriós Porras
5.- Faustino Jiménez Rojas            Erick Alvarez Tapia

                     JUZGADOS DE LIMÓN
        Para esa jurisdicción el Ministerio envió las listas que
adelante indicaré. Entre los candidatos a representantes patronales
incluye a Edwin Ortíz González, quien está en la lista de los
anteriores representantes patronales. A continuación presento ambas
listas para lo que ha bien tengan resolver.
         LISTAS ENVIADAS POR EL MINISTERIO PARA
                   REPRESENTANTES DE
PATRONOS                          TRABAJADORES
1.- Edwin Ortíz González          Walter Campos Alvarado
2.- Enrique Thorpe Thorpe         Licda Socorro D’Azevedo Araya
3.- Héctor Bastos Montero         Lic. Héctor Steel Ambursley
                                                                          36

4.- Delroy Barton Brown             Julia Reyes Chaves
5.- Efraín Zúñiga Romero            Pedro Arce Araya

        LISTA DE ANTERIORES REPRESENTANTES DE
PATRONOS                                TRABAJADORES
1.- Edwin Ortíz González                Guillermo Brenes Aguilar
2.- Ricardo Ching Calvo                 Marcial Benette Benette
3.- Héctor Noguera Granados             Manuel Aguilar Palma
4.- Marcelle Taylor Brown               Carmen Gamboa Herrera
5.- Elizabeth Arias Alpízar             Cheryl Parkinson Parkinson

                       POCOCI Y GUACIMO
       Para el Juzgado de ese lugar no se envía lista, sino para
Siquirres. Estimo que como es la misma Región y en Siquirres no
hay Juzgado de Mayor Cuantía, las personas indicadas en la lista
pueden nombrarse para esa jurisdicción o en su defecto reelegir a los
anteriores representantes, para lo que incluiré las listas respectivas.
  LISTA ENVIADA POR EL MINISTERIO PARA SIQUIRRES
              PATRONOS                        TRABAJADORES
1.-   Roberto Pereira Venegas           Jorge Luis Barboza Jiménez
2.-   Mariano Castro Gómez              Carlos Alberto Arguedas Mora
3.-   Eduardo García Oviedo             Doris Calvo Monge
4.-   Francisco Calvo Aguilar           Francisco Chavarría Anchía
5.-   Wilberth Mata Fonseca             Cristóbal meza Peñaranda

      LISTA DE LOS ANTERIORES REPRESENTANTES DE
              PATRONOS                       TRABAJADORES
1.-   Carlos Vindas Cubillo             Orlando Alvarez Alvarez
2.-   Roberto Rodríguez Fernández       Genaro Rodríguez Rivas
3.-   Juan Gerardo Fonseca González     Carlos Mora Mora
4.-   Carlos Carvajal Jiménez           José Brenes Porras
5.-   Allen Quirós Arias                Allen Sanders Cascante

                      JUZGADO DE CAÑAS
      Este caso es igual al de Liberia. Por ello recomiendo la
misma solución, para lo cual aporto la lista de los anteriores
representantes de patronos y trabajadores, a fin de no demorar los
nombramientos y la atención de posibles conflictos colectivos en esa
                                                                           37

jurisdicción.
         LISTA DE ANTERIORES REPRESENTANTES DE
               PATRONOS                         TRABAJADORES
 1.-   Lic. Franklin Segura López         Jesús Vargas Jiménez
 2.-   Rolando Faith Villalobos           Julio César Mora Vega
 3.-   Bernardo Bolaños Fernández         Jorge Mora Morales
 4.-   Wilberth Monge Montero             Melvin Bravo Rodríguez
 5.-   Olger Vásquez Vásquez              Randall Murillo Rodríguez

                       JUZGADO DE LIBERIA
      Para esa jurisdicción el Ministerio no envió listas. Por ello
debe procederse en alguno de los siguientes dos sentidos: 1) Pedir
al Ministerio que envíe las listas y, 2) Reelegir a los anteriores
representantes, para lo cual adjunto las listas. Recomiendo la
segunda opción.
       LISTAS DE LOS ANTERIORES REPRESENTANTES DE
PATRONOS                               TRABAJADORES
1.- Félix Antonio Torres Torres        Luis Antonio Mojica Sánchez
2.- Ignacio Sánchez Sánchez            Mayela Artavia Obando
3.- Inés Díaz García                   Swanny Darcia Pizarro
4.- Jeannette Rovira Sunsin            Rosa Claudia Vargas Castañeda
5.- Luis Roberto Clachar Rivas         Josefa Alvarez Blandón

                    JUZGADO DE SANTA CRUZ
        Para esa jurisdicción se envió la siguiente lista
   LISTA DE CANDIDATOS ENVIADA POR EL MINISTERIO
 PATRONOS                              TRABAJADORES
 1.- Alexis Li. N.G.                   Ricardo Viales Hernández
 2.- Carlos Manuel Li. N.G.            José Zúñiga Zúñiga
 3.- Eduardo Jiménez Guzmán            Fernando Zúñiga Bustos
 4.- Franco Pacheco Musmanni           Ángel Porras Villarreal
 5.- Juan Miguel Blanco Sánchez        Olman Enrique Gómez Martínez

       Se agrega la lista de los anteriores representantes para lo que a
bien tenga en resolver esa Honorable Corte.
                ANTERIORES REPRESENTANTES
              PATRONOS                          TRABAJADORES
                                                                              38

      1.-   Lic. Gonzalo Solórzano Rojas     Juan Carlos Castillo Ramírez
      2.-   Luz Marina Jiménez Córdoba       Analive Zelaya Angulo
      3.-   Alvaro Badilla Badilla           José Armando Obregón Peña
      4.-   Luis Fdo. Zúñiga Bustos          Ana Juniors Alcocer Mendoza
      5.-   Angie Chavarría Chacón           Juana María Hernández Pérez

                            JUZGADO DE NICOYA
      PATRONOS                               TRABAJADORES
      1.- Oscar Aguilar Rodríguez            Wilfredo Romero Villegas
      2.- Ricardo Cerdas López               Lic. José Antonio Aixa Juarez
      3.- Fued Antonio Ayales Matarrita      Walter Matarrita Mena
      4.- Eugenio Vargas Quesada             Heriberto Matarrita Mora
      5.- Juan Barrantes Venegas             Adolfo A. Aguilar Obando

             De acuerdo con la información brindad por el Ministerio de
      Trabajo, las personas que incluyen en las listas cumplen con los
      requisitos previstos por el artículo 408 del Código de Trabajo.
             Como en algunos casos no se dan los datos necesarios para
      localizar a los candidatos, sugiero que se apruebe su nombramiento,
      dejando al Juzgador respectivo la tarea de comunicarse con ellos,
      para lo cual debe suministrarse a esos Despachos, copia de las listas
      enviadas por el Ministerio. Esto es importante porque, según me
      informaron en los diferentes Juzgados, algunas personas de las que
      ya se venció el nombramiento no pudieron ser localizadas por no
      haber contado con las listas enviadas por el Ministerio, donde se
      consignan datos de interés para esos efectos.”
                                      -0-
       El Magistrado van der Laat, en nota de 28 de agosto del año en

curso, manifestó:

             “Revisado el documento presentado por doña Julia, no tengo
      en general observación que hacerle pues se funda en las
      disposiciones del artículo 407 del Código de Trabajo. Sí aclaro que,
      parto del supuesto, de que todas las personas ahí referidas cumplen
      con los requisitos del artículo 408 del referido código, a saber, ser
      costarricense, mayores de 25 años, de instrucción y buena conducta
      notorias, ciudadanos en ejercicio del estado seglar y domiciliados en
      la ciudad o población donde tenga su asiento su respectivo juzgado.
                                                                                 39

             Dado que observo en las listas el nombre de abogados que
      litigan en materia laboral, considero oportuno recordar a ellos y a los
      respectivos jueces que el artículo 408 citado, les prohibe litigar en
      los Tribunales de Trabajo salvo en asuntos propios, de su cónyuge,
      de sus padres o de sus hijos.
             En relación con las personas que doña Julia manifiesta tienen
      interés en ser árbitros y conciliadores, y que no aparecen en las listas
      del Ministerio, me parece que, existe una imposibilidad legal de
      nombrarlos por no haberse seguido con respectos a ellos el
      procedimiento que señala el Código. Sin embargo podrá tenerse
      presente esos nombres para casos de nombramientos ad-hoc.
             Me permito sugerir que a los nuevos árbitros y conciliadores
      se les imparta un curso de capacitación, pues con frecuencia su
      desconocimiento de sus deberes y atribuciones y los alcances de su
      labor, obstaculizan la buena marcha del Tribunal.
            Dejo así rendido señor Presidente, el informe solicitado,
      quedo a sus ordenes para cualquier ampliación o aclaración.”



       Se acordó: 1.- Acoger los informes de la Magistrada Varela y del

Magistrado van der Laat, e indicar a los árbitros designados que litigan en

los tribunales de trabajo, la prohibición que establece el artículo 408 de la

materia. 2.- La designación de los árbitros y conciliadores de los Circuitos

Judiciales de Trabajo de la República será para un nuevo período de dos

años a partir del 6 de octubre del año en curso. 3.- La Escuela Judicial

tomará nota en lo que corresponde al curso de capacitación que se deberá

impartir a los nuevos árbitros y conciliadores en materia laboral.

                              ARTÍCULO XII

       El Dr. Luis Vargas Jiménez, Director Ejecutivo, con oficio N° 6889-
                                                                              40

DE-98 de 24 de setiembre del año en curso, adjunta nota N° 663-C-98,

suscrita por el señor Carlos Campos Campos, Jefe de la Sección de

Comunicaciones del Departamento de Servicios Generales, que dice:

       “El suscrito ostenta el cargo de Jefe de la Sección de
      Comunicaciones desde hace aproximadamente 10 años, siendo que
      en virtud de dicho cargo me es imprescindible estar en contacto y
      localizable para personeros del Instituto Nacional de Electricidad,
      Jefes Administrativos de nuestra Institución, Jefes de las Unidades
      Administrativas de las distintas Provincias, técnicos del ICE, Poder
      Judicial y de las Compañías que suplen el servicio de mantenimiento
      a las centrales y redes con que cuenta la Institución.
        En virtud de lo anterior, se me dotó de un beeper, a fin que se me
      pudiera localizar durante las veinticuatro horas del día, siendo que
      como resulta evidente cuando se me transmite un mensaje debo
      comunicarme a la mayor brevedad posible con el remitente de dicho
      mensaje, por lo cual en forma risible puedo afirmar que se me pude
      observar buscando monedas y un teléfono público en cualquier
      lugar, o bien debiendo bajarme del autobús en el cual me estoy
      trasladando a fin de responder rápidamente al llamado que se me
      hace, razón por la cual el suscrito se encuentra prácticamente
      incomunicado cuando por razones propias de mi cargo, o bien por el
      hecho de que me encuentro fuera de mi jornada laboral no estoy en
      la oficina.
       En razón de lo anterior, mi hija adquirió un derecho telefónico
      celular 380-42-47, así como el aparato telefónico, cargador y
      baterías, y consciente de la necesidad del suscrito de contar con
      dicho sistema en razón del cargo me ha dado en calidad de préstamo
      desde hace aproximadamente dos años su derecho y aparato celular,
      siendo que incluso el recibo telefónico por tal concepto corre por su
      cuenta, en razón de que el mismo es elevado para mi salario.
       En virtud de lo anterior, resulta incomprensible como siendo el Jefe
      de Comunicaciones de uno de los tres Supremos Poderes de la
      República debo solicitar a mi hija que me facilite este servicio,
      (siendo que como e indicado incluso el recibo telefónico cancela).
       El año anterior, estando de gira por la zona sur y en compañía de
      varios compañeros de la oficina me fue robado dicho aparato
      telefónico cuyo valor es ciento setenta y cinco mil colones exactos
                                                                               41

      debiendo correr por mi cuenta la reposición del mismo, siendo que
      como resulta lógica consecuencia de ello debí emplear mi aguinaldo
      en forma completa, así como adquirir un préstamo para cumplir con
      tal reposición, en la actualidad y después de dos años de contar con
      dicho servicio, me ha solicitado mi hija le devuelva el aparato toda
      vez que con ocasión de su trabajo debe desplazarse del despacho en
      que labora y en la actualidad se encuentra con el mismo
      inconveniente que el suscrito.
       Como resulta lógico procederé a devolver dicho aparato a su dueña,
      razón por la cual solicito se me asigne por parte de la Institución un
      derecho y aparato telefónico celular, a fin de poder estar
      comunicado como debe ser lógica consecuencia de mi labor.
       No omito manifestar, que mi cargo implica encontrarme disponible
      las veinticuatro horas del día, a pesar de que no se me cancela el
      rubro correspondiente a la disponibilidad, siendo que no resulta
      extraño que se me pase un mensaje encontrándome en lugar en
      donde no existen servicios telefónicos, a fin de que comunique con
      el supervisor de alguno de los circuitos judiciales ya que se
      presentan fallas en las comunicaciones, debiendo por ellos buscar
      donde ubicar un servicio público.
       En razón de lo anterior, solicito como e indicado anteriormente, se
      me otorgue el uso de una línea celular de la Institución a fin de
      facilitarme como Jefe de Comunicaciones mi labor.”


       Discutido el asunto, se acordó:         Denegar la solicitud del señor

Campos por estimarla innecesaria. Así votaron los Magistrados Picado,

Rojas, González, Ramírez, Houed, Castro, Mora, Solano, Sancho, Arguedas

Rivas y    Batalla. Las Magistradas Villanueva, Calzada y León y los

Magistrados Cervantes, van der Laat y Vargas, votaron por acogerla.

                             ARTÍCULO XIII

       El Lic. J. Ricardo Alvarado J., Juez Ejecutor de la Pena de Limón, en
                                                                              42

oficio N° 355-98 de 24 de setiembre del año en curso, manifestó:

        “Por considerar el suscrito, que lo acontecido el día de hoy es un
      poco preocupante, me permito informarle que al ser las dieciséis
      horas recibí una llamada telefónica del señor Ministro de Seguridad
      Pública, don Juan Rafael Lizano, quien de una forma irrespetuosa
      me dijo que con qué autoridad había allanado sus oficinas en Barra
      del Colorado el día sábado cinco de setiembre en compañía de un tal
      Juan C. Benavides. Me indicó que a esas oficinas solamente él
      podría entrar y que necesitaba que yo le diera toda la información,
      pues yo a él no le había comunicado nada y que lo iba a poner en
      conocimiento de mis superiores. Yo le indiqué que yo era el Juez de
      Garantía y no podía ni tenía porqué brindar informaciones de esa
      índole. Me dijo de mala manera que él era el Ministro de Seguridad
      y que tenía que informarlo, le dije que de todas maneras me lo
      pidiera por escrito y yo vería lo que le contestaba, me respondió que
      él es el Ministro de Seguridad, que está muy cerca de don Miguel
      Ángel Rodríguez y que esas cuentas las tenía que rendir yo. Al
      indicarme que un tal Juan C. Benavides, le indiqué que no era un tal
      sino el Licenciado Juan Carlos Benavides Jefe de la Delegación del
      O.I.J. de Limón y que de todas maneras me disculpara pero que él
      aún siendo Ministro, se encontraba ayuno de información. Me
      siento un tanto molesto por la actitud prepotente del señor Ministro,
      pues mi labor fue apegada a derecho. Además manifestó que solo él
      podía autorizar o impedir las entradas y salidas de las
      embarcaciones, (sarpes) y que yo no era nadie para que lo hiciera.
      Considero que esto es una especie de presión, y lógicamente como
      Juez no estoy en disposición de ceder. Posteriormente me volvió a
      llamar diciendo que ya sabía quien había dado la orden de no emitir
      los sarpes y que esa persona tendría que acarrear con las
      consecuencias, repitiendo que a esas oficinas solamente él puede
      hacer ingreso. No omito manifestar que esta situación se la hice
      saber vía telefónica al Licenciado Carlos Arias.”


       Se dispuso: Remitir copia de la comunicación que antecede al señor

Ministro de Seguridad Pública con el ruego de informar a esta Corte lo que

a bien tenga en cuanto a las manifestaciones que hace el señor Juez
                                                                              43

Ejecutor de la Pena de Limón.

                             ARTÍCULO XIV

       El Magistrado Montenegro, Presidente de la Comisión de Oralidad y

Conciliación, en nota de 28 de setiembre último, expresó:

       “En ejecución del acuerdo de Corte que autorizó a la Comisión que
      presido para elaborar un Proyecto de Código General del Proceso,
      sobre las bases que en su momento dicha Corte conoció, en reunión
      celebrada a las 08:30 horas de hoy, la referida Comisión acordó:
       1. Encargar al Dr. Olman Arguedas la elaboración de un
      anteproyecto de la Parte General del Código y al Magistrado
      Ricardo Zeledón que haga lo propio pero con la Parte Especial. La
      labor de ellos será examinada y discutida periódicamente por la
      Comisión en pleno en las reuniones semanales convocadas para ese
      propósito. El Lic. Sergio Artavia colaborará “ad honorem” con el
      Dr. Zeledón en el trabajo que a éste corresponde.
       2.- Solicitar a la Corte un permiso con goce de sueldo para ellos
      dos del 26 de octubre al 15 de diciembre, a fin de que puedan
      realizar ese trabajo.
        3.- En consideración a que la Comisión tendrá como documento
      base de trabajo el “Código Procesal Civil Modelo para
      Iberoamérica”, es necesario mecanografiarlo o escanearlo, para
      llevarlo a un disquet, que permita un más fácil uso de su texto, para
      la integración del anteproyecto nuestro. Cabe señalar que el Dr.
      Enrique Vescovi autorizó estas copias. Requerimos en consecuencia
      que se autorice el gasto necesario.
       En consecuencia solicitamos un pronunciamiento de la Corte
      aprobando estas recomendaciones de la Comisión.”

                                      -0-

       Se acordó: Acoger la solicitud que antecede.

                             ARTÍCULO XV
                                                                              44

       En la sesión del 27 de julio del año en curso, artículo XXV, se tomó

el siguiente acuerdo:

       “El Tribunal de la Inspección Judicial en resolución N° 486 de las
      10,10 horas del 2 de junio pasado dispuso elevar a conocimiento de
      esta Corte el expediente seguido contra la Licda Ana Isabel Fallas
      Aguilar, Jueza Contravencional y de Menor Cuantía de Acosta, al
      considerar que la actuación de esta funcionaria en un asunto
      jurisdiccional a su cargo podría estar ante el supuesto del párrafo
      segundo del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
       El Presidente, Magistrado Cervantes, informa que trasladó el
      asunto a estudio de la Magistrada León quien informa que la
      instrucción ya está concluida.
       Se acordó: Acoger la información indicada para la resolución de
      esta Corte, de conformidad con la disposición legal citada. Al efecto
      se concede audiencia por tres días a la Licda Ana Isabel Fallas
      Aguilar, para que manifieste lo que estime conveniente.”
                                      -0-

      En escrito de 12 de agosto del año en curso, la Licda Fallas Aguilar

contestó la audiencia concedida.

      En la sesión del 17 del citado mes de agosto, artículo VII,

previamente a resolver lo que corresponda acerca de las diligencias de queja

que se tramitan bajo el expediente N° 350-98 del Tribunal de la Inspección

Judicial, contra la Licda Ana Isabel Fallas Aguilar, Jueza Contravencional y

de Menor Cuantía de Acosta, se dispuso solicitar el expediente de la causa

N° 97-001911-276-PE por el delito culposo de lesiones contra Alexander

Abarca Ramírez en daño de Noelia Zamora Hidalgo, y trasladar las

diligencias a estudio e informe por parte de los Magistrados de la Sala
                                                                             45

Tercera.

      Una vez rendido el informe correspondiente y discutido el asunto, se

acordó: Que si bien la actuación fue irregular, la resolución fue revocada

por el superior y se repuso el procedimiento; por esa razón y al no haberse

causado perjuicio no existe razón para aplicar el régimen disciplinario por

esta vez. Sin embargo se recuerda a la Licda Fallas Aguilar que las

resoluciones que dicte deben ser bien fundamentadas y en casos como el

que se ha conocido debe revisar adecuadamente el cómputo de la

prescripción.

                             ARTÍCULO XVI

       En la sesión del 4 de mayo del año en curso, artículo XVIII, se tomó

el acuerdo dice:

      “En la sesión del 2 de febrero pasado, se acordó lo siguiente:

      “ARTÍCULO IV.- En oficio N° 332 de 30 de enero último el Lic.
      Jorge Rodríguez Rodríguez, Presidente interino del Tribunal de la
      Inspección Judicial, le expresó al Presidente, Magistrado Cervantes,
      lo que de seguido se transcribe:
             “Que al haber entrado en vigencia, la Ley de Reorganización
      Judicial, se adicionó el Artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder
      Judicial, al disponer, en lo que interesa que “en casos de retardo o
      errores graves e injustificados en la administración de justicia, el
      Tribunal de la Inspección, sin más trámite deberá poner el
      hecho en conocimiento de la Corte Plena, para que ésta una vez
      hecha la investigación del caso, resuelva sobre la permanencia,
      suspensión o separación del funcionario.”
            Es un número considerable de quejas, que se presentan ante la
                                                                          46

Inspección Judicial, relacionadas con el retardo en la tramitación y el
dictado de la resolución final en los procesos, así como, en algunos
casos, lo referente a los errores groseros. De ahí la conveniencia, en
aras de un mejor servicio público, que la Corte Plena, dicte las
normas prácticas, a efecto de cumplir con el citado Artículo 199 y en
tal sentido, resulta pertinente que se aclare, sí todos los asuntos
disciplinarios que tengan relación con retardo en la tramitación,
procede enmarcarlos dentro de esa regla o se establece alguna
diferenciación, para que el Tribunal de la Inspección Judicial,
mantenga la competencia disciplinaria en situaciones similares.”
                                 -0-
  Se acordó: Comunicar al Lic. Rodríguez Rodríguez que los casos
que contempla el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
son de retardo o errores graves e injustificados, que el Tribunal de la
Inspección Judicial primero deberá calificar; en caso afirmativo lo
trasladará a esta Corte, la que analizará el punto y de mantener esa
calificación lo devolverá a la Inspección para que levante la
información correspondiente y remita posteriormente las diligencias
con un informe final a esta Corte.”
                                 -0-

 En atención al acuerdo que se ha transcrito, el Tribunal de la
Inspección Judicial en resolución N° 315 de las 15,25 horas del 20
de abril pasado, remitió un expediente tramitado en virtud de la
denuncia que interpuso el señor Luis Antonio Murillo González,
contra el Juzgado Segundo Contravencional de San José, pues
habiéndose señalado un debate en una causa seguida en su contra
por la contravención de golpes, fue suspendido porque el ofendido
no compareció, aún y cuando él como imputado y sus testigos sí lo
hicieron. La jueza suspendió el debate y ordenó el archivo del
expediente, hecho que a juicio del Tribunal “...resulta atípico y va en
contra de lo establecido en los artículos 424 del Código de
Procedimientos Penales anterior y 405 del Código Procesal Penal
vigente.”

 Considera a su vez el Tribunal que “... en el presente caso podría
estarse ante el supuesto previsto en el artículo 199 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, por tratarse de un grave e injustificado
error en la administración de justicia, al haber denegado el acceso a
la misma, así como el ejercicio del derecho de defensa y al debido
proceso, manteniendo en estado de incertidumbre la situación
                                                                            47

      jurídica de un ciudadano que ha sido denunciado penalmente.” A
      esos efectos se remitió el expediente ante esta Corte para que se
      pronuncie al respecto.

       Analizado el caso, se acordó:         Mantener la calificación del
      Tribunal de la Inspección Judicial de este asunto, devolverlo para
      que levante la información que corresponda y una vez finalizado lo
      remita a esta Corte con el informe del caso.”
                                     -0-

      El Tribunal de la Inspección Judicial en resolución N° 725 de las 9:05

horas del 29 de julio del presente año, de conformidad con el artículo 199 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial y el acuerdo tomado por la Corte Plena

en la citada sesión del 4 de mayo del año en curso, artículo XVIIII, dispuso

pasar las diligencias a conocimiento de esta Corte, para lo que a bien se

estime disponer.

      La Licda Cristiana Vargas Víquez en escrito recibido el 21 de agosto

anterior, por las razones que expone, solicita se le exonere de toda

responsabilidad en la queja formulada en su contra por el señor Luis

Antonio Murillo González.

      Manifiesta la Secretaria General que con instrucciones del Presidente,

Magistrado Cervantes, las diligencias se pasaron a estudio e informe de la

Sala Tercera, la que rinde el informe correspondiente y propone el archivo

de las diligencias pues no encuentra mérito para aplicar el régimen

disciplinario.
                                                                            48

       Se acordó: Acoger el informe de la Sala Tercera y archivar las

diligencias.

                             ARTICULO XVII

       En la sesión del 21 de setiembre pasado, artículo X, se tomó el

siguiente acuerdo:

       “El Presidente, Magistrado Cervantes, informa que existen varias
      quejas contra el Fiscal General de la República interpuestas por el
      Lic. Adrián Fumero Patiño, representante de la Empresa Chiclera
      Costarricense S.A., por el señor Frederick Brenes Roberts y Miguel
      Ángel Valverde Mora, las que se han trasladado a conocimiento de
      la Sala Tercera para estudio e informe.
             Se dispuso:      Tomar nota de las manifestaciones del
      Presidente, Magistrado Cervantes, y resolver lo que corresponda una
      vez que se rindan los informes por la Sala Tercera.”

                                     -0-

      El señor Brenes Roberts formuló su queja porque a la denuncia que

presentó ante el Ministerio Público, por la intervención del Fiscal General

no se le dió el tratamiento adecuado.

      Por oficio N° 10971-98 del 3 de setiembre de 1998, la Secretaria

General de la Corte, con instrucciones del Presidente, solicitó informe al

Fiscal General, el que debería rendir dentro de tres días.

      El Lic. Arias Núñez, en oficio 647-FG-98, del 8 de setiembre citado,

dirigida a los Integrantes del Consejo Superior, rindió el siguiente informe:

            “Mi actuación en este caso ha sido apegada a derecho y refuto
      por ello las irrespetuosas y temerarias afirmaciones hechas por el
                                                                        49

quejoso.
       Ante la irregular actuación del señor Fiscal, Licenciado
Armando Fuentes, orquestada por el quejoso -quien específicamente
dice en su queja- que él informó a los medios de prensa, sobre el
allanamiento que el Fiscal indicado iba a realizar; en cumplimiento
de las facultades que la Ley me otorga y ante la desmedida actuación
del subalterno quien fue más allá de lo que la prudencia indica, de
inmediato ordené se le iniciara una causa administrativa. Tal actuar
está debidamente fundado en los artículos 13, 14 y 25 inciso f) de la
Ley Orgánica del Ministerio Público.
       Es absolutamente falso que la causa penal que al quejoso le
interesa, se tuviera que ver afectada por la causa administrativa que
por la conducta del Fiscal en lo atinente al allanamiento, a tal
funcionario se le sigue. Se el Licenciado Fuentes le ha dado un
irregular trámite a la causa que interesa al quejoso, ello ha sido
responsabilidad de don Armando, a quien por su actuación irregular
en la tramitación -de conformidad con el informe dado por el
Inspector Fiscal, Licenciado Edwin Retana Carrera, se le abrirá otra
causa administrativa para que explique el porqué del atraso en el
caso que al quejoso interesa.
       Con fundamento en lo anterior, rechazo las temerarias e
irrespetuosas afirmaciones del residente pensionado quejoso, señor
Brenes Roberts y pido que se declare sin lugar la infundada queja.
       No omito manifestar que adjunto encontrarán el informe
suscrito por el Licenciado Retana Carrera.”


El informe del Lic. Retana Carrera expresa lo siguiente:

       “Conforme a su solicitud, me permito informarle el resultado
de la revisión de la causa penal número 98-4226-042 (2476-2-98),
por el delito de Falsedad Ideológica, en perjuicio de Frederick
Brenes Roberts, contra BICSA, y a continuación le detallo lo
siguiente:
       a- La denuncia fue interpuesta por el señor Frederick Brenes
Roberts, mediante un amplio escrito, en fecha 25 de febrero de 1998,
ante la Oficina de Recepción de Denuncias, donde se le asignó el
número 98-004226-042-PE, la cual le fue entregada al Lic. Armando
Fuentes Quesada, como Fiscal encargado de su tramitación.
      b- El día 27 de marzo de 1998, son entrevistadas Natalia
                                                                                50

      Brenes Jiménez y Karla María Brenes Jiménez, ambas hijas del
      denunciante.
            c- El día 16 de abril, ante la solicitud del Lic. Armando
      Fuentes, la Juez Penal de San José extiende una orden de
      Allanamiento, Registro y Secuestro, en las oficinas de BICSA, sita
      en barrio Tournón en San José, con el fin de decomisar
      documentación, diligencia que se practica el día 22 de abril a las
      13:50 hrs.
             d- Posterior a la fecha indicada en el apartado c, el legajo de
      investigación no tiene ninguna otra diligencia realizada por el Fiscal,
      manteniéndose inactivo hasta el día de hoy (7-9-98), pudiéndose
      verificar ante la Unidad de Estafas que aún se encuentra asignado al
      Lic. Armando Fuentes Quesada. Cabe agregar que agregado al
      legajo principal aparecen dos juegos de fotocopias certificadas que
      pertenecen al proceso ejecutivo simple número 1756-97 de
      BICSACARD S.A. contra FREDERICK BRENES ROBERTS Y
      OTRAS.
             e- En razón de la paralización que ha sufrido la causa penal
      referida, se procederá a la investigación administrativa
      correspondiente, a fin de establecer si el Lic. Armando Fuentes ha
      incurrido o no en algún tipo de responsabilidad disciplinaria.”


      En adición a la gestión presentada, el señor Brenes Roberts en escrito

de 24 de setiembre anterior, manifestó:

             “Interpuse recurso de queja ante la Corte Plena de la Corte
      Suprema de Justicia, en contra del Lic. Carlos Arias Núñez
      (abreviado, Lic. Arias), Jefe del Ministerio Público del Poder
      Judicial, Fiscal General de la República, por medio de escrito de 23
      de julio de 1998, con los fundamentos constitucionales y legales
      procedentes, e hice el respectivo ofrecimiento de pruebas. A esta
      fecha, 24 de setiembre de 1998, el Lic. Arias, no informa al
      Presidente de la Corte Plena, como se le ordenó. Es de su interés
      observar que:
             I.- El señor Presidente de la Corte Plena requirió informe al
      citado Jefe del Ministerio Público, Lic. Arias, por nota N° 10971-98
      de 3 de setiembre de 1998.
            II.- El Lic. Arias NO INFORMO A LA CORTE PLENA, y,
                                                                         51

desconociendo la autoridad y competencia de ésta y de los señores
Magistrados integrantes de la misma, en presunta relación con el
requerimiento del señor Presidente, dirigió su respuesta a los
“INTEGRANTES DEL CONSEJO SUPERIOR”. Nota N° 647-FG-
98, del 8 de setiembre de 1998, a la cual me permito formular
algunas observaciones de su interés.
      Sin perjuicio de lo que expreso en el párrafo anterior destaco
que en su oficio N° 647-FG-98 el Lic. Arias ignora con desdén a la
Corte Plena, recurriendo a los integrantes del Consejo Superior, y
pide el “rechazo de las TEMERARIAS E IRRESPETUOSAS
AFIRMACIONES DEL RESIDENTE PENSIONADO QUEJOSO,
señor Brenes Roberts, y PIDE SE DECLARE SIN LUGAR LA
INFUNDADA QUEJA”.
      ¿Qué procura el Lic. Arias al identificarme como “residente
pensionado quejoso”?
       III.- En el segundo párrafo de su “oficio N° 647-FG-98”, el
Fiscal General, simplemente le señala a los “Integrantes del Consejo
Superior” que: “Mi actuación en este caso ha sido apegada a
derecho y refuto por ello las irrespetuosas y temerarias afirmaciones
hechas por el quejoso”.
       ¿A cuál actuación hace referencia? No lo especifica. En mi
escrito de queja de 23 de julio de 1998 indiqué las irregulares
actuaciones de la alta Autoridad del Ministerio Público, sujeta al
control de la Corte Plena por causa de sus violaciones a la
Constitución Política y las leyes.       NO SE REFIERE AL
CONTENIDO DE MI QUEJA E IGNORA SUS DEBERES Y
RESPONSABILIDADES ASÍ COMO LA COMPETENCIA Y
AUTORIDAD DE LA CORTE PLENA.
       Yo no he interpuesto recurso de queja en contra del honorable
Fiscal Adjunto, Lic. Armando Fuentes Quesada, QUIEN SIEMPRE
HA ACTUADO CON SENTIDO DE RESPONSABILIDAD
DESDE LOS INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN, con lealtad para
con la Administración de Justicia, con ética, corrección, eficiencia y
legalidad, hasta el día 22 de abril de 1998, cuando el Jefe del
Ministerio Público DECLARÓ A LA PRENSA NACIONAL LA
APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE SU
SUBALTERNO, sin siquiera tomar en cuenta el expediente del caso,
según explico en mi recurso de queja, en el que ofrecí como prueba
las públicas declaraciones del Fiscal General de la República.
                                                                         52

       IV.-    Oficiosamente, como resultado de una llamada
telefónica de BICSA y BICSACARD, el Lic. Arias ordenó una
investigación en contra del Lic. Armando Fuentes Quesada, la cual
consecuentemente resultó en la paralización de las Investigaciones y
desde entonces es la responsable del retraso de las investigaciones.
El Lic. Arias en su Oficio N° 647-FG-98, nuevamente deja muy en
claro que “se le abrirá otra causa administrativa para que explique el
porqué del atraso en el caso que al quejoso interesa.”
       Señores Magistrados: Entretanto, el Lic. Arias no informa
sobre su actuación, como procede en relación a mi recurso de queja.
       En su memorándum para los “Integrantes del Consejo
Superior” el Fiscal General incongruentemente, comunica que,
desde el día 22 de abril de 1998, ordenó se le iniciara a su
subordinado una “causa administrativa” -improcedente- “en
cumplimiento de las facultades que la ley me otorga y ante la
desmedida actuación del subalterno quien fue más allá de lo que la
prudencia indica...”Asimismo en ese oficio el Lic. Arias sugiere la
existencia de una “orquestación”... ¿cuál? Personalmente, actuando
yo solo, informé a la prensa de una diligencia de allanamiento a
efectuarse.
      Es mi derecho.
       En los expedientes judiciales está probado ya que el Fiscal
Adjunto Lic. Armando Fuentes Quesada actuó en forma
absolutamente correcta en la diligencia de “allanamiento, registro y
secuestro”, con éxito, asegurando elementos de prueba. LAS
ACCIONES DELICTIVAS DE BICSA, BICSACARD y algunos de
los personeros, por mi denunciadas, ya han sido probadas.
       El Fiscal General no sólo no informa a la Corte Plena, sino
que para “defenderse” ordenó a otro subordinado dirigirle el oficio
N° 258-UIF. de 7 de setiembre de 1998, que corresponderá valorar a
los señores Magistrados dentro de todo lo que llevo expuesto...
       En el acápite d) de ese oficio N° 258-UIF citado se indica
que el Exp. N° 97-001756-185-CI... se encuentra asignado al día 7-
9-98 al Lic. Armando Fuentes... ¡cuando lo cierto es que el Fiscal
General asumió la responsabilidad de su trámite desde el día 22 de
abril de 1998, cuando públicamente dio a conocer que ordenaba una
investigación en contra de su subordinado.
      Señores Magistrados: El Lic. Arias recibió en su Despacho
mi denuncia, a él dirigida, el día 25 de febrero de 1998, con pruebas
                                                                               53

      suficientes para proceder a indagar a imputados. Desde el día 22 de
      abril de 1998 en que el Fiscal General asumió la responsabilidad
      plena del caso, EL EXPEDIENTE SE PARALIZÓ Y A LA FECHA
      DE LA PRESENTACIÓN DE MI QUEJA, 23 de julio de 1998, NO
      SE HABÍA RECIBIDO DECLARACIÓN ALGUNA, EXCEPTO
      LA MÍA Y LA DE MIS HIJAS, como ofendidos, recibidas por el
      Fiscal Adjunto Lic. Armando Fuentes, a quien su Jefe de hecho
      sustituyó, luego de censurarlo y “sentenciarlo” públicamente, sin
      estudio previo del caso, y sin oírle.
             Con la consideración y el respeto debidos, expreso que lo que
      se registra amerita ser investigado a fondo por el Poder Judicial.
      (Arts. 27, 33, 41 y concordantes de la Constitución Política).
             La Asamblea Legislativa entretanto integró una comisión
      investigadora que trata de conocer las irregularidades y delitos que
      se están cometiendo en Costa Rica con las “tarjetas de crédito” y, las
      alarmantes irregularidades que se han cometido en BICSA-
      BICSACARD.
             PIDO que por orden de los señores Magistrados se recolecten
      las informaciones de prensa escrita, radio y televisión, que contienen
      las declaraciones públicas del Lic. Carlos Arias Núñez. Tómese
      nota de que ofrecí como pruebas, además, el Exp. N° 97-001756-
      185-CI, en relación al cual, se REGISTRAN Y COMPRUEBAN EN
      LOS       ÚLTIMOS           DÍAS       HECHOS           DELICTIVOS
      DOCUMENTALMENTE CONFESOS por parte de ALGUNOS DE
      LOS SEÑORES de BICSA y BICSACARD... quienes fueron
      favorecidos en alguna medida con las declaraciones del Fiscal
      General de la República.
            Los actos delictivos ejecutados eventualmente por parte de los
      señores de BICSA y BICSACARD ya han sido probados con la
      documentación que el suscrito ha aportado a los respectivos
      expedientes.
             Es urgente la intervención de los señores Magistrados.”
                                      -0-

      A su vez se remitió el informe que rindió la Licda Ellen Jaspers Salas,

Fiscal Coordinadora de la Unidad Especializada de Estafas, en nota de 1° de

los corrientes dirigida al Fiscal General, y que dice:
                                                                         54

       “...con acentuado respeto procedo a rendir informe de la causa
No. 98-004226-042-PE, contra Sonia Valverde Calderón y otros en
perjuicio de Frederick Brenes Roberts y otros por el delito de
Falsedad Ideológica y otros en los siguientes términos:
       1.- El día 27 de febrero de 1998, en la Unidad Especializada
de Estafas del Ministerio Público, se recibió denuncia penal No. 98-
4226-042-PE, interpuesta por el señor Frederick Brenes Roberts,
contra funcionarios del Banco Internacional de Costa Rica,
Departamento de BICSACARD. Correspondiéndole su tramitación
al Lic. Armando Fuentes Quesada, Fiscal de esta Unidad.
       2.- El día 27 de marzo de 1998, el Lic. Fuentes entrevistó a
los ofendidos Natalia y Karla Brenes Jiménez.
       3.- Sin poderse determinar fecha exacta pero si con
posterioridad al 27 de marzo de 1998 y antes del 16 de abril del
mismo año, el Lic. Fuentes solicitó al Juzgado Penal de Primer
Circuito Judicial de San José, Orden de Allanamiento, Registro y
Secuestro, diligencia a realizarse en las oficinas del Banco
Internacional de Costa Rica, ubicadas en Barrio Tournon.
       4.- La cita diligencia fue acogida por el Juzgado Penal del
Primer Circuito Judicial de San José, por resolución de las quince y
treinta horas del día veinte de abril del presente año, señalándose
para su realización del día veintidós de abril del mismo año,
habilitándose el período entre las seis horas y las dieciocho horas. A
su vez la señora Jueza Penal delegó la diligencia en el señor Fiscal
Lic. Armando Fuentes y en los oficiales de la Sección de Delitos
Económicos designados al efecto; llevándose a cabo la misma ese
día a las trece horas con treinta minutos. En esa oportunidad se
decomisaron los documentos requeridos para la investigación.
       5.- El día 10 de setiembre del presente año, la infrascrita en
mi condición de coordinadora de Estafas y ante las múltiples quejas
por el atraso en la tramitación de la citada investigación procedí a
solicitar el expediente para revisarlo y les indiqué a los auxiliares
que si el Lic. Niels Clausen se presentaba al despacho me lo
comunicaran para atenderlo de inmediato.
      6.- El día 17 de setiembre del mismo año entrevisté al Lic.
Niels Clausen y le indiqué que como coordinadora de esta Unidad
había revisado el legajo de investigación al igual que iba a realizar
una serie de diligencias, entre ellas las indagatorias como recabar
pruebas. (Adjunto Fotocopia de mi libro de control de asistencia en
                                                                                 55

      el cual hago una constancia en el sentido de que el Lic. Niels
      Clausen no quiso firmar el referido libro).
             7.- Al día siguiente hice entrega del citado legajo de
      investigación al auxiliar y le solicité que me citara para indagatoria a
      los acusados Sonia Valverde Calderón por el delito de Falsedad
      Ideológica, Juan Carlos Hernández Víquez y Humberto Piedra
      Hernández por los delitos de Uso de Documento Falso y Estafa
      Procesal, así como a unos testigos que consideré oportuno
      entrevistar, además del delito de Extorsión para Piedra Hernández.
      A su vez solicité al OIJ una serie de diligencias de las cuales adjunto
      copia, como el decomiso en el Registro Público de un certificado de
      Prenda, estudio en el Registro Civil de los números de cédula que
      aparecen en dicho certificado de prenda.
             8.- Al momento nos encontramos en espera de las citadas
      diligencias como de las indagatorias.
            De esta forma dejo rendido el presente informe, para
      cualquier aclaración sobre el mismo quedo a su disposición.”
                                       -0-

     El Magistrado informante de la Sala Tercera rindió el siguiente

informe:

             “Como circunstancias relevantes se tienen las siguientes:
             - Habiéndose asignado al Fiscal Fuentes Quesada la atención
       de la denuncia hecha por Brenes Roberts contra funcionarios del
       Departamento BICSACARD del Banco Internacional de Costa
       Rica, el día 27 de febrero de los corrientes, aquel se dio a la tarea
       de realizar entrevistas oportunas y solicitar orden de allanamiento
       y registro de las instalaciones del Banco citado al Juzgado Penal
       del Primer Circuito Judicial de San José;
             - Concedida la solicitud, la diligencia fue efectuada el día 20
       de abril, con gran despliegue publicitario, lo que originó abrir una
       causa administrativa contra el Fiscal Fuente Quesada.
             - Ante la queja de dilación en el desarrollo del asunto
       judicial, y la comprobación de que efectivamente se había omitido
       por parte de Fuentes Quesada impulsarlo diligentemente, el Jefe
       del Ministerio Público solicitó a la Fiscal Adjunta Hellen Jaspers
       Salas tomar conocimiento del mismo, cosa que realizó el día 10 de
                                                                            56

       setiembre último, momento a partir del cual se ordenó las
       actuaciones pertinentes para su atención.
             Así las cosas, no se percibe omisión ni arbitrariedad alguna
       por parte del Fiscal General de la República, cuya intervención ha
       tendido a agilizar la tramitación de la causa en discurso. Si
       demora ha existido, ha sido por hechos ajenos a su actuación y
       conocimiento, dado que en ningún momento ha influido para
       atrasar el proceso, sino cada vez que se ha requerido de su
       actuación, lo ha hecho con prontitud y solvencia.
             Por consiguiente, debe archivarse la queja incoada contra el
       Jefe del Ministerio Público, Carlos Arias Núñez.”


      Se acordó:     Denegar la queja y archivar el expediente pues del

estudio de las diligencias se desprende que el Ministerio Público ha dictado

las instrucciones correspondientes para que la investigación que se realiza

con ocasión de este asunto siga su curso normal.

                           ARTÍCULO XVIII

       En la sesión del 21 de setiembre pasado, artículo X, se tomó el

siguiente acuerdo:

       “El Presidente, Magistrado Cervantes, informa que existen varias
      quejas contra el Fiscal General de la República interpuestas por el
      Lic. Adrián Fumero Patiño, representante de la Empresa Chiclera
      Costarricense S.A., por el señor Frederick Brenes Roberts y Miguel
      Ángel Valverde Mora, las que se han trasladado a conocimiento de
      la Sala Tercera para estudio e informe.
             Se dispuso:      Tomar nota de las manifestaciones del
      Presidente, Magistrado Cervantes, y resolver lo que corresponda una
      vez que se rindan los informes por la Sala Tercera.”

                                     -0-

      El informe de la Sala Tercera en relación con el caso del señor
                                                                                 57

Fumero Patiño, literalmente dice:

      “I.- El señor Adrián Fumero Patiño, Gerente General y Apoderado
      Generalísimo sin límite de suma de la firma Chiclera Costarricense
      S.A., ha interpuesto recurso de queja ante la Corte Plena en contra
      del señor Fiscal General de la República, Lic. Carlos Arias Núñez y
      otros funcionarios del Ministerio Público, señalando que esa
      dependencia ha demostrado negligencia e ineficiencia en el trámite
      de la sumaria No. 97-001480-269-PE. Indica que al momento de la
      presentación de la queja la investigación formal de una serie de
      defraudaciones fiscales denunciadas por su representada no avanza y
      que “...no se ha recibido ni una sola declaración indagatoria, ni se
      investigan los delitos conexos...” (folio 3 de la queja). Agrega en su
      líbelo que el criterio de un Fiscal Tributario designado para seguir
      conociendo de esas denuncias ha atrasado las pesquisas ya que ha
      ostentado un criterio de interpretación que desde su punto de vista es
      incorrecto. La incorrección alegada se refiere a la tesis de este
      Fiscal de la supuesta aplicabilidad del artículo 81 del Código de
      Normas y Procedimientos Tributarios a todos los ilícitos fiscales,
      incluso de aquellos provenientes de la reciente Ley General de
      Aduanas, No. 7557 de 20 de octubre de 1995, obligándose a que en
      las causas provenientes de investigación por ilícitos contenidos en
      esta Ley éstas deban ser objeto de la concesión de un plazo dentro
      del cual el supuesto defraudador del Fisco puede cancelar lo
      adeudado, y si lo hace el delito fiscal no se vería configurado y en tal
      caso no debería imponerse una sanción penal. El quejoso rechaza
      esta posibilidad de interpretación, ya que desde su punto de vista se
      trata de una ley que ha surgido en el marco de acuerdos
      comunitarios, con valor de tratados y convenios internacionales, los
      cuales señalan para los efectos de defraudaciones que afectan esta
      regulación comunitaria cuál es el momento en que se configura un
      delito fiscal. Siendo que el artículo 81 es una norma de derecho
      interno, aplicable a las defraudaciones fiscales de exclusivo interés
      hacendario nacional interno, no encontraría aplicación a los casos de
      los tipos penales incluidos en la Ley No. 7557. Finaliza indicando el
      grave perjuicio que ocasionan estos hechos delictivos a la economía
      nacional y a los intereses de los industriales, y subraya la
      conveniencia de una acción enérgica de la Corte para garantizar una
      organización eficiente para la investigación y castigo de estas
      conductas antijurídicas.
      II.-   La Corte Suprema de Justicia, a través de su Presidente,
                                                                           58

concedió al Ministerio Público una audiencia de tres días para que
informara acerca de los puntos de la queja presentada. La Licda
Susana Wittmann Stengel y el Lic. Danilo Hines Jackson, Fiscales
Tributarios del Ministerio Público, en representación de esa
dependencia externaron sus criterios en el sentido de considerarla
infundada, toda vez que la Fiscalía Tributaria había actuado con
diligencia en la tramitación de ese expediente. En sus alegatos
hicieron una exposición detallada del trámite que sufrió la denuncia
inicial del Señor Fumero Patiño, originalmente presentada a la
Policía de Control Fiscal, hasta su admisión y trámite en el
Ministerio Público. En sus argumentos subrayan que la sumaria
sufrió un proceso de adecuación a la nueva legislación procesal
penal, junto con otro sinnúmero de causas provenientes de otros
lugares del país referidos al tema fiscal, las cuales incluían otra gran
cantidad de asuntos complejos que requerían igualmente la atención
de los funcionarios. Uno de los problemas más importantes
encontrados en la tramitación de esta y otras sumarias lo era la
incertidumbre acerca de si el artículo 81 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios era aplicable a los asuntos originados
con la Ley General de Aduanas No. 7557 de 1995. Por lo menos
desde la perspectiva de los jueces de instrucción parecía claro que el
plazo indicado en el artículo 81 antes citado era una condición de
procedibilidad que debía satisfacerse antes de continuar con el
conocimiento de las causas en sede penal. Este punto de
interpretación fue sometido a la consideración de la Fiscalía
General, la cual, después de un largo y concienzudo análisis llegó a
la conclusión que no debía ser aplicado el artículo 81 en estos delitos
de la Ley de Aduanas. La Fiscalía Tributaria llevó a cabo una
actividad procesal correcta, interponiendo los recursos oportunos a
fin de aclarar la posición de los tribunales en torno a este problema
jurídico (ver folio 9 y 10 de la contestación de la audiencia). La
Fiscalía encontró satisfacción de su pretensión y el criterio de
inaplicabilidad del artículo 81 tantas veces citados se impuso
finalmente. En cuanto al trámite del expediente No. 97-001480-269-
PE señalan los Licdos Wittmann y Hines que es asunto complejo y
grave, con un aparte de la investigación que depende de autoridades
extranjeras, que tienen que hacer llegar la documentación por las
vías diplomáticas correspondientes, lo que implica retrasos, junto
con el problema no menos complejo de tener que aplicar una
normativa aduanera compleja y delicada, que requiere la
participación de órganos técnicamente capacitados distintos al
Ministerio Público que le sirvan de apoyo en la difícil labor de hacer
                                                                          59

cumplir estas normativas (ver especialmente folios 13 y 14 de la
contestación de la audiencia). De hecho, y según lo señalan los
Fiscales Tributarios, la tramitación de la causa ha requerido pericias
tributarias de la Dirección General de Aduanas, lo que implica
traslado de documentos, y retrasos en el trámite, a pesar de ello se ha
identificado a dos presuntos sospechosos que ya han sido citados a
declarar, no habiéndose presentado a la diligencia procesal, siendo
necesario citarlos nuevamente. Terminan su informe subrayando la
actitud diligente y abierta del Ministerio Público en estos delicados
asuntos.
III.- Esta Corte, habiendo analizado la queja y el informe
correspondiente de la Fiscalía Tributaria, encargada del trámite legal
de la sumaria N° 97-001480-269-PE, estima que no se ha causado un
atraso injustificado de las actuaciones. La Fiscalía no sólo ha
enfrentado problemas nuevos generados por la entrada en vigencia
de recientes legislaciones sustantivas y procesales, sino también la
complejidad propia de la materia tributaria, la que se potencia
especialmente con actuaciones fuera del país, cuya legalidad
requiere de una serie de autenticaciones y diligencias de orden
diplomático. Junto a estas dificultades de orden práctico en la
investigación de los delitos, surgen también problemas de
interpretación jurídica, de importancia central para la sustanciación
de éstos y otros expedientes, como lo es la pregunta sobre la
aplicación del artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, la cual es sumamente importante y a la cual se le
concedió el papel central que merecía, lográndose, al menos en
principio, un criterio jurídico que permite llevar hacia adelante el
diligenciamiento de las actuaciones procesales en las numerosas
causas planteadas por supuestas defraudaciones fiscales, muy
especialmente de aquellas originadas por sobre -y sub-facturación.
Todos estos aspectos, además de la necesaria participación de
órganos administrativos que deben proveer el apoyo y pericia técnica
en materia tributaria hacen que el trámite de esta sumaria se haga
muy complicado. Sin embargo, y tomando en consideración las
fechas de presentación de la denuncia a la Policía de Control Fiscal,
y el momento de conocimiento de la notitia criminis por parte del
Ministerio Público, se nota que ha transcurrido un plazo más que
razonable, que incluso ha proveído la posibilidad de contar con dos
presuntos sospechosos de haber cometido las defraudaciones que ya
han sido requeridos para que se presenten a rendir declaración, lo
que no se ha producido por motivos ajenos a la Fiscalía Tributaria.
                                                                               60

       Debe señalarse, por el interés manifestado por el quejoso y por el
       interés publico preponderante de esta materia tan sensible, que la
       Corte Suprema de Justicia, por intermedio del Ministerio Publico y
       sus dependencias, ha puesto todo su interés en el debido trámite y
       pronta reacción en todos estos problemas originados en fenómenos
       de carácter tributario, lo que se ha manifestado no sólo en la
       organización de una dependencia específica encargada de estos
       temas, sino también en la producción de resoluciones y acuerdos de
       Corte, como el de la sesión No. 02-97, en su artículo VIII, que
       aunque no comparte en su totalidad el quejosos, pretende llevar
       claridad en los complejos asuntos de competencia motivados por la
       entrada en vigencia de la nueva Legislación Procesal Penal. En
       consecuencia, y no observándose retrasos o actos de negligencia en
       el trámite de la causa que origina esta queja procede rechazarla y
       decretar su archivo, y notificar esta resolución por la vía
       correspondiente a los interesados.
       En razón de lo anterior se recomienda rechazar el recurso de queja
       planteada por el Señor Adrián Fumero Patiño, en su doble condición
       de Gerente General y Apoderado Generalísimo sin límite de suma de
       la Chiclera Costarricense S.A., interpuesto en contra del Lic. Carlos
       Arias Núñez, Fiscal General de la República, y otros funcionarios de
       su dependencia, ordenando el archivo de la causa y la notificación
       correspondiente de esta resolución a los interesados.”


                                       -0-

        Se acordó: Acoger el informe que antecede y ordenar el archivo de

las diligencias.

                              ARTÍCULO XIX

        ENTRA EL MAGISTRADO FERNÁNDEZ. SALEN LA

MAGISTRADA VILLANUEVA Y EL MAGISTRADO HOUED.

        Se inició el conocimiento y se dispuso resolver en una próxima

sesión la queja interpuesta por el Lic. Juan José Echeverría Brealey y otros
                                                                                 61

contra el Fiscal General.

                              ARTÍCULO XX

       En sesión celebrada el 22 de enero de 1996, se acordó lo siguiente:

      “ARTÍCULO XXXIV.- Se dispuso tener por presentadas y
      aprobar las siguientes NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE
      LABORES DE REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE
      EDIFICIOS PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL Y
      LOCALES ALQUILADOS, elaboradas por la Dirección
      Ejecutiva:-
      1. “Remodelaciones o trabajos de mantenimiento que afecten la
      estructura física o estética de los edificios propiedad del Poder
      Judicial, deberán ser consultadas sin importar el monto a la
      Dirección Ejecutiva, que a su vez lo consultará a la Comisión de
      Construcciones.
      2. En los locales alquilados se debe tener presente el monto de la
      remodelación o de trabajos de mantenimiento a realizar, previo a
      recomendar lo que corresponda.
      3. Se debe detallar como se reciben los locales cuando se alquilan, a
      efecto de incluir ese detalle en el contrato y que sirva de base para la
      entrega del local cuando se deja de alquilar.
      4. La asignación y reasignación de espacios en locales propiedad del
      Poder Judicial, debe consultarse a la Dirección Ejecutiva, que a su
      vez lo consultará con la Comisión de Construcciones.
      5. El cambio de llavines y reamaestramiento de llavines de los
      edificios, debe coordinarse con el Departamento de Servicios
      Generales, Unidad de Cerrajería.
      6. En remodelaciones o trabajos de mantenimiento, tanto en locales
      propiedad del Poder Judicial, como en aquellos alquilados para uso
      habitacional, siempre se deberá consultar a la Dirección Ejecutiva.
      7. No procede la instalación de cortinas y alfombras, si los
      ventanales y pisos fueron diseñados de tal forma que sea
      innecesario.
      8. El polarizado de vidrios será procedente si el brillo de la luz
      natural, impide el buen desempeño de labores.
      9. Si la unidad de Arquitectura ha participado en el diseño de una
                                                                                62

      remodelación, ampliación o trabajos de mantenimiento;
      necesariamente deberá hacer constar el recibido de la obra por parte
      del personal de esta Unidad. En los demás casos bastará la firma del
      Jefe de oficina.
        Para el trámite de pago, las facturas deberán estar firmadas por el
      Encargado de la Unidad Administrativa Regional respectiva.
      10.Hasta ¢100.000.00 (cien mil colones) las Unidades
      Administrativas Regionales podrán efectuar remodelaciones o
      trabajos de mantenimiento, con las salvedades indicadas. Por su
      parte, la Dirección Ejecutiva las podrá hacer hasta ¢3.500.000.00
      (tres millones quinientos mil colones). Superada esa suma, se
      consultará a la Comisión de Racionalización del Gasto.
         En ningún caso se permitirá fraccionar la contratación o
      presentación de varias facturas de los trabajos de remodelación o
      mantenimiento a realizar.
      11.Tratándose de los trabajos a ejecutar en las oficinas de las señoras
      Magistradas, y señores Magistrados y Miembros del Consejo
      Superior, se deberá siempre consultar a la Comisión de
      Racionalización del Gasto.
      12.Respecto a las labores de remodelación y de mantenimiento, tanto
      en los locales del Poder Judicial cuanto en los alquilados, se
      adjuntará una lista que contempla dichas labores. Asimismo se
      adjuntará lo referente a la infraestructura básica con que deben
      contar las oficinas tipo del Poder Judicial.
      En caso de locales alquilados, cuando el despacho judicial sea
      trasladado a otra edificación, se deberá comunicar al Departamento
      Financiero Contable la fecha en que se ejecuta en forma definitiva, a
      efecto de excluir de planillas de pago de alquileres al propietario del
      antiguo local. Ese día se le deberá entregar la llave. Lo anterior,
      independientemente de que el propietario reciba el inmueble de
      conformidad o sea necesario realizar algunas reparaciones para
      devolverlo conforme fue recibido.”



       El Presidente, Magistrado Cervantes, expresa que respecto al punto

N° 11 existe algún problema al realizar labores de pintura o remodelaciones

menores, por lo que es importante variarlo de forma tal que sea la Dirección
                                                                                63

Ejecutiva la que dé la aprobación a esos trabajos.

       Se acordó: Acoger la propuesta del Presidente, Magistrado

Cervantes.

                             ARTÍCULO XXI

      La Licda. Diana Molina Sequeira, los Licdos José Antonio Bravo

Bonilla, Omar Dengo Jiménez, y los señores Lidieth Calderón Guerrero,

Abel Alvarez Ramírez, Jesús Fallas Sánchez y Luis Vásquez Ureña, por la

Comisión Pro-Asociación Solidarista, en nota de 11 del mes en curso,

manifestaron:

      “Los que firmamos, como voceros de un grupo de servidores del
      Poder Judicial, les planteamos respetuosamente nuestra iniciativa de
      fundar la “Asociación Solidarista del Poder Judicial”.
      Para llevar adelante este proyecto, les solicitamos que se analice esta
      propuesta, en espera de que sea aceptada.
      Entre el articulado de la Ley de Asociaciones Solidaristas, Ley 6970,
      se expresa lo siguiente:
      Artículo primero: “Las asociaciones solidaristas son organizaciones
      sociales que se inspiran en una actitud humana, por medio de la cual
      el hombre se identifica con las necesidades y aspiraciones de sus
      semejantes...”
      Artículo segundo: “los fines primordiales de las asociaciones
      solidaristas son procurar la justicia y la paz social, la armonía
      obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados”.
      Artículo sexto: “El Estado procurará el fortalecimiento y desarrollo
      de las asociaciones solidaristas”.
      Artículo 18: “Las asociaciones solidaristas contarán con los
      siguientes recursos económicos:
             a. El ahorro mensual mínimo de los asociados ...
                                                                               64

             b. El aporte mensual del patrono en favor de sus trabajadores
      afiliados, que será fijado de común acuerdo entre ambos...”
            c. Otros ingresos lícitos, donaciones, herencias.
      Artículo 21: “Las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y
      cumplimiento de los fines de la asociación y se destinarán
      prioritariamente a constituir un fondo para el pago de auxilio de
      cesantía...
      Si la respuesta a esta petición es favorable, tal y como lo esperamos,
      les sugerimos oportuno el nombramiento de los representantes por
      parte del Patrono, para que en coordinación con los firmantes,
      procedamos a la constitución de la Asociación Solidarista del Poder
      Judicial.
      Consideramos importante mencionar, que el 21 de agosto próximo
      pasado, se celebró una reunión, en la que participó el Presbítero
      Claudio Solano, Director de la Escuela Social Juan XXIII y en la
      cual se acordó la presente propuesta.
      El Presbítero Solano, ha estado muy dispuesto a cooperar para la
      creación de esta Asociación, y él quería comparecer ante el Consejo
      Superior con el fin de exponer los fundamentos del Solidarismo; sin
      embargo, por razones de salud en la que se vio obligado a viajar al
      extranjero, a someterse a una intervención quirúrgica, no fue posible
      realizarla tal como se había programado. No obstante, se nos
      informó, que cuando regrese, podremos seguir nuestra coordinación
      con él.
      Adjunto se encuentran las listas de los servidores judiciales que
      están dispuestos a constituirse en asociados; asimismo, otros
      documentos que consideramos importantes para su análisis. Por otra
      parte, en caso de que requieran información adicional, pueden
      hacérnoslo saber para aclarar o ampliar cualquiera de los puntos aquí
      referidos.”

      Se acordó: Trasladar la gestión que antecede a la Sala Segunda para

su estudio e informe.

                            ARTÍCULO XXII

       El Consejo Superior en sesión celebrada el 27 de agosto del año en
                                                                               65

curso, tomó el siguiente acuerdo:

            “ARTÍCULO L.- En oficio N° 2400-DG-98 de 24 de este
      mes, la Licda. Lineth Saborío Chaverri, Directora General del
      Organismo de Investigación Judicial, manifestó:
             “Con la finalidad de abrir espacios de análisis e intercambio
      de información entre las instituciones policiales del área que permita
      el afianzamiento de un modelo de seguridad a nivel regional acorde
      con las necesidades actuales y que haga posible enfrentar
      adecuadamente el fenómeno delincuencial que afecta a nuestra
      sociedad, fue creada la Asociación de Jefes de Policía de Centro
      América y El Caribe.
            El Organismo de Investigación Judicial ha venido formando
      parte de dicha asociación, lo cual ha permitido establecer
      mecanismos de coordinación de suma importancia, especialmente en
      lo que se refiere al tráfico de drogas, seguridad turística y robo de
      vehículos, cuya investigación y tratamiento, en muchos de los casos,
      debe realizarse de manera conjunta entre los diversos países
      centroamericanos.
             Esta Asociación surge en forma paralela al “Tratado marco de
      Seguridad Democrática en Centroamérica” mediante el cual los
      países del istmo se han organizado regionalmente como Sistema de
      la Integración Centroamericana (SICA) para lograr el desarrollo
      integral sostenible con paz, libertad y democracia, sobre la base del
      respeto, promoción y tutela de los derechos humanos. El SICA fue
      instituido por el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y es el Tratado
      constitución del proceso de integración que se orienta a dar firmeza
      y solidez a la Comunidad democrática de Derecho en el istmo
      centroamericano. Este tratado fue suscrito por Costa Rica y el
      representante ante el SICA es el Vice Canciller de la República, de
      tal manera que la Asociación de Jefes de Policía debe colaborar
      para que se cumplan los acuerdos que allí se adopten en materia de
      seguridad ciudadana.
            Durante los días 9 y 10 del presente mes se celebró en la
      ciudad de San Salvador, El Salvador, la VIII Reunión Extraordinaria
      de la mencionada Asociación, en la que participaron los siguientes
      funcionarios: Primer Comisionado Franco Montealegre Callejas,
      Director General de la Policía Nacional de Nicaragua y Presidente
      de la Asociación de Jefe de Policía de Centroamérica, Comisario
      General Licenciado Ángel Conte Cojulum, Director General de la
                                                                         66

Policía Nacional Civil de Guatemala, Ingeniero Rodrigo Ávila
Avilés, Director General de la Policía Nacional Civil de El Salvador,
Coronel de Policía Manuel Flores Ponce, Comandante General de
las Fuerzas de Seguridad Pública de Honduras, Doctor Wilfredo
Alvarado M., Director de Investigaciones Criminales de Honduras,
Licenciado José Luis Sosa, Director de la Policía Nacional de
Panamá, Coronel Rafael A. Calderón, Policía Nacional de la
República Dominicana; y, el Comisario Mayor Gerardo Arce
Castaño, Secretario Regional de la Asociación de Jefes de Policía
de Centro América. Asimismo, el Lic. Jorge Rojas Vargas,
participó como representante del Organismo de Investigación
Judicial de Costa Rica.
       En dicha reunión, se tomaron acuerdos relativos al formato
único de consulta sobre robo de vehículos, al distintivo
Centroamericano para la Policía que atiende el Área de Turismo, el
informe del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de
Policía, las reformas a los Estatutos de la Asociación y la inmediata
incorporación como miembro pleno de a Policía de República
Dominicana. Asimismo, se llegó al acuerdo de establecer una cuota
económica anual, que facilite financieramente las actividades y
acuerdos de la Asociación de Jefes de Policía, fijándose la misma en
la suma de US$4.000,00 (Cuatro mil dólares) por cada país donde
exista un solo cuerpo policial y US$2.500,00 (Dos mil quinientos
dólares) por cada organismo en aquellos países que tengan dos
instituciones o cuerpos policiales. Además, se estableció que esta
disposición entrará en vigencia a partir de 1999 y deberá ser incluida
en los presupuestos de las policías nacionales miembros de la
Asociación (Se adjunta copia del acuerdo en cuestión).
       En virtud de lo anterior y habiéndose obtenido ya el
respectivo aval por parte de la Comisión de Enlace entre la Corte
Suprema de Justicia y el Organismo de Investigación Judicial, de la
manera más atenta me permito someter el citado acuerdo a
conocimiento de ese estimable Consejo, con la finalidad de que si a
bien lo tienen, se proceda a brindarnos su autorización para que este
Organismo continúe formando parte de dicha Asociación y
consecuentemente aporte anualmente la suma de US$2.500,00 (Dos
mil quinientos dólares), la cual deberá incluirse en el presupuesto
ordinario.
      De acuerdo con las conversaciones sostenidas con el señor
Walter Navarro, Director General de la Fuerza Pública, éste nos
indicó que tienen el mayor interés en formar parte de la Asociación,
                                                                             67

      por lo que se harían las gestiones necesarias para que el Ministerio
      de Seguridad Pública también aporte la cuota anual de referencia”.
                                     -0-
            Se dispuso: Trasladar la anterior comunicación              a
      conocimiento de la Corte Plena por ser de su competencia.


      Se dispuso: Acoger la solicitud de la Dirección del Organismo de

Investigación Judicial y autorizar el gasto correspondiente.

                           ARTÍCULO XXIII

      SALEN LOS MAGISTRADOS SANCHO, ARGUEDAS Y

VARGAS.

      El Lic. Bernardo Baruch Schiffman en nota de 10 del presente mes,

solicita se le resuelva un problema ético-religioso con relación a la práctica

profesional del abogado judío, en los días en que por razones religiosas

mantiene las oficinas cerradas, por ejemplo en la Festividad Judía, los

cuales corresponden el 21, 22 y 30 del mes en curso. Lo anterior de

conformidad con el artículo 75 de la Constitución Política y el artículo 12

del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos.-

      Se dispuso:      Trasladar la gestión que antecede a estudio del

Magistrado van der Laat.

                           ARTÍCULO XXIV

       La Licda Mónica Nagel Berger, Ministra de Justicia, en nota de 14
                                                                                68

de setiembre del año en curso, manifestó:

             “La XI ava, Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
      Iberoamericanos, consideró de mayor interés la sumisión del
      proyecto “Convenio relativo al Registro Central de Penados y
      Rebeldes en materia de delitos de tráfico de drogas y sustancias
      psicotrópicas”, a los países miembros a fin que estos hagan llegar a
      la Secretaría sus observaciones para que la Comisión Técnica
      prepare el documento final.
             No obstante la legitimidad de este tipo de procedimientos o
      sistemas de cooperación en muchos países y a nivel internacional,
      me parece oportuno que el Poder Judicial pueda conocer esta
      propuesta por la importancia que podría tener para los jueces el
      manejo de esta información en el caso de reincidencias y por lo que
      corresponde a las iniciativas actuales sobre la protección de los datos
      personales o habeas data, tema que incluso es también objeto de uno
      de los proyectos de la Conferencia de Ministros de Justicia y que en
      nuestro medio esta siendo discutida a propósito de una reforma a la
      Ley de la Jurisdicción Constitucional. Esto nos aseguraría un mayor
      respaldo para garantizarnos hasta donde es posible que aquel ante
      proyecto no tenga roces de constitucionalidad.”

      Se dispuso: Remitir la comunicación anterior a estudio e informe de

la Sala Tercera.

                             ARTÍCULO XXV

       El Magistrado Zamora en nota de 2 del mes en curso, manifestó:

             “Le adjunto fotocopia de la carta que me llegó recientemente,
      de parte de la Secretaría General del Instituto Interamericano de
      Derecho de Autor, del cual soy asociado, en la cual se me comunica
      que fui nombrado Vicepresidente de la Comisión de Relaciones con
      magistrados y funcionarios judiciales del IIDA, junto con los
      Doctores Jorge Rosell, de Venezuela, y Federico Villalba, de
      Argentina. En dicha carta se me pide informar al citado Instituto
      acerca del “plan de actividades dentro del área respectiva”, lo que
      está a significar las actividades sobre Derecho de Autor de nuestro
      Poder Judicial, por lo cual debo imponerme del conocimiento de los
                                                                              69

      programas y actividades de nuestra Escuela Judicial en materia de
      Derecho de Autor, en vista de lo cual le solicito, atentamente, poner
      en conocimiento del señor Director de esa Escuela mi designación
      en el cargo mencionado, con el fin de poder obtener la información
      requerida y coordinar futuras actividades del relacionado Instituto
      para colaborar con nuestra Escuela Judicial.”


       Se acordó:         Tener por rendido el informe del Magistrado

Zamora en virtud de su nombramiento como Vicepresidente de la Comisión

de Relaciones con magistrados y funcionarios judiciales del IIDA, y ponerlo

en conocimiento del Director de la Escuela Judicial para los efectos que

interesan.

                           ARTÍCULO XXVI

       El Sr. Hans D. Kurz, Representante Residente del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en nota ADM/250/24:885 de

30 de setiembre último, dirigida al Presidente, Magistrado Cervantes,

expresó:

      “Tengo el honor de dirigirme a Usted en ocasión de comunicarle que
      al concluir mis funciones como Representante Residente del PNUD
      y Coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en la República
      de Costa Rica, dejaré mis cargos el día 11 de octubre. Mi sucesora,
      la Sra. Virginia Trimarco, asumirá sus funciones el 12 del mismo
      mes.
      Al despedirme de Usted, deseo expresarle mi sincero agradecimiento
      y profundo aprecio por la amistad y cooperación que me brindó
      durante el desempeño de mis funciones, y asegurarle que guardaré
      siempre el mejor recuerdo de las cordiales relaciones que tuve el
      privilegio de mantener con la Institución a su digno cargo.
                                                                              70

      Hago votos por su ventura personal y aprovecho la oportunidad para
      reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida
      consideración.”


       Se acordó: Tomar nota de la comunicación que antecede y expresar

a don Hans el profundo agradecimiento de esta Corte por todas las

atenciones y la valiosa colaboración que dio al Poder Judicial durante el

tiempo que estuvo como Representante Residente del PNUD.

                              ARTÍCULO XXVII

       El Magistrado van der Laat, en nota del 2 del mes en curso, informa

que la Universidad Metropolitana de México lo invitó a dictar una

conferencia el próximo 13 de octubre, por lo que solicita vacaciones los días

13 y 14 de los corrientes.-

       Se dispuso: Acoger la petición del Magistrado van der Laat.

                          ARTÍCULO XXVIII

       El Magistrado Sancho, en nota de 23 de setiembre del año en curso,

manifestó:

       “La hermana de mi esposa, la señora Ileana Monge Serrano,
      portadora de la cédula de identidad 1-447-023 y vecina de Montes
      de Oca, fue autorizada por la Municipalidad de ese Cantón, para
      ejercer la actividad lucrativa en la explotación de un pequeño
      restaurante y dos días después de la apertura, esa Autoridad ordenó
      la clausura del negocio, lo que estimamos ha sido un acto arbitrario.
       En razón de ello, y dado que doña Ileana es viuda, con tres hijos
      estudiantes y que sus ingresos para la subsistencia, los produce el
                                                                              71

      negocio comercial, la he asistido dentro de mis posibilidades, de
      conformidad con lo que establece el artículo 244 de la Ley Orgánica
      del Poder Judicial; y aunque sé que no es un requisito necesario para
      ayudarla, una autorización previa, considero importante
      comunicárselo, para que la Corte tenga conocimiento de la
      transparencia de mis actuaciones.
       Precisamente el día de hoy, doña Ileana será recibida por el Alcalde
      del Cantón, a las dos de la tarde y yo la acompañaré a esa cita.”


       Se acordó: Tomar nota de la comunicación del Magistrado Sancho,

de conformidad con lo que establece el artículo 244 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial.

                           ARTÍCULO XXIX

       En sesión del 7 de setiembre último, se tomó el siguiente acuerdo:

            “ARTÍCULO VI.- El Dr. Miguel Ángel Rodríguez
      Echeverría, Presidente de la República, en nota N° DPMAR-065-98
      de 20 de agosto anterior, manifestó:
      “El Pueblo y el Gobierno de la República agradecemos en su alto
      valor la generosa colaboración del Poder Judicial, cuando
      patrióticamente cedió parte de su aumento de ingresos originados en
      el mejor cobro de impuestos, a fin de colaborar en las necesidades de
      las construcciones penitenciarias.
      Para cerrar el Presupuesto Extraordinario que lleva 1.055.0 millones
      de nuevos ingresos para el Poder Judicial, que no le habían sido
      reconocidos por el Gobierno anterior y 933.7 millones de ingresos
      originados en el mejor cobro de impuestos, adicionales a los 600
      millones que la Corte cedió para el sistema penitenciario, se generó
      una nueva recalificación total de ingresos de 10.000 millones de
      colones.
      Tal como tuve hoy el honor de comunicárselo personalmente, ante la
      necesidad de equilibrar las finanzas públicas, y lograr en los años
      futuros inmediatos disminuir la inflación y el aumento en el costo de
      la vida, el Gobierno de la República se propone destinar
                                                                        72

íntegramente esos recursos al pago de la deuda interna, a pesar de
estar conscientes de las muchas necesidades de gasto que existen en
campos como la educación, la salud, la seguridad ciudadana y otros.
De este total de 10.000 millones, un 6% constitucionalmente
corresponden al Poder Judicial.
En forma muy respetuosa, nos permitimos solicitar a la Corte
Suprema de Justicia un nuevo sacrificio y colaborar en favor del país
permitiéndonos que el 100% de esos ingresos, el 94% del Poder
Ejecutivo y el 6% del Poder Judicial, sea dedicado a este importante
objetivo nacional de disminuir la deuda interna.
Por la urgencia del tiempo, estamos enviando la modificación al
Presupuesto Ordinario y Extraordinario, partiendo del supuesto de la
aceptación a este punto.
De tomar el Poder Judicial una decisión distinta, solicitaríamos a la
Asamblea Legislativa la reforma al plan de gastos de esta
modificación presupuestaria, pues somos profundamente respetuosos
de los derechos presupuestarios del Poder Judicial.”
                                -0-
       Discutido el asunto, se acordó: Comunicar al señor Presidente
de la República que lamentablemente esta Corte no puede acceder a
lo solicitado porque si bien no está ajena al problema que existe con
la deuda interna en nuestro país tiene una serie de responsabilidades
con el fin de cumplir el precepto constitucional de justicia pronta y
cumplida y para estos efectos se requieren los recursos
presupuestarios de que se hace mención, pues además de formar
parte del mínimo del 6% constitucional, debe, entre otras cosas,
nombrar un mayor número de jueces para tratar de solucionar el
problema del incremento del circulante y la mora judicial. Así
votaron las Magistradas Villanueva, Calzada y Breedy y los
Magistrados Cervantes, Zamora, Montenegro, Aguirre, Fernández,
Rojas, van der Laat, Ramírez, Houed, Chaves, Castro, Mora, Vargas
y Redondo.
      Los Magistrados Zeledón, Piza, Sancho y Molina votan por
denegar la petición con base en las siguientes razones:
“Hemos concurrido en el voto unánime de la Corte Plena que
rechaza la proposición del Presidente de la República, pero no lo
hacemos en razón de las necesidades del Poder Judicial, mucho
menos porque nos parezcan más importantes esas necesidades que
las de resolver el gravísimo problema de la deuda pública, que
                                                                               73

      amenaza con causar el colapso del Estado mismo, sino porque nos
      consideramos constitucional, legal y moralmente incompetentes para
      renunciar a los recursos dispuestos por la propia Constitución
      Política para el Poder Judicial, recursos de los que no podemos
      disponer precisamente porque no son nuestros, sino que sólo nos
      están encomendados para su custodia y buena administración. Los
      funcionarios públicos no podemos querer más que lo que la
      Constitución y la ley quieran que queramos.”
                                     --0--

       Con oficio N° PRE-874-E, el Lic. Luis Fishman Zonzinski,

Presidente de la Asamblea Legislativa, manifestó:

      “...Sobre el particular, me permito señalarle que estoy en la más
      amplia disposición de corregir la situación que se ha presentado; a la
      vez, le informo que para tal efecto, en esta fecha, estoy trasladando
      su oficio a conocimiento del señor Diputado Alvaro Trejos Fonseca,
      Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, para
      su correspondiente trámite.”


       Se dispuso: Tomar nota del oficio del señor Presidente de la

Asamblea Legislativa.

                            ARTÍCULO XXX

       El Lic. Edgar Ugalde Alvarez, Embajador de Costa Rica en

Nicaragua, con oficio N° E-0388-98 de 28 de setiembre del año en curso,

remite nota del Dr. Francisco Rosales Argüello, Magistrado Presidente de la

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de la

República de Nicaragua, la cual dice:

      “Tengo de honor de dirigirme a usted con el propósito de hacer de su
      conocimiento, que el pasado 16 de los corrientes, fui electo
                                                                               74

      Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
      Actualmente la Sala esta abocada a realizar las gestiones pertinentes
      para agilizar la aprobación del Proyecto de Ley de Procedimiento
      Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que fue
      presentado, por la Corte ante la Honorable Asamblea Nacional el día
      22 de Octubre de 1997.”


       Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación.

                            ARTÍCULO XXXI

      En sesión celebrada el 6 de julio del año en curso, se tomó el

siguiente acuerdo:

             “ARTÍCULO XXXVI.- En oficio N° 521-JP-98 de 2 de los
      corrientes, el Lic. José Luis Bermúdez Obando, Jefe interino del
      Departamento de Personal, transcribe el acuerdo tomado por el
      Consejo de Personal en la sesión celebrada el 25 de junio recién
      pasado, artículo II, que dice:
      “Mediante Oficio N° 8076-98 la Licenciada Silvia Navarro
      Romanini Secretaria General de la Corte indica:
      “Con instrucciones del Presidente de la Corte, Magistrado
      Cervantes, muy respetuosamente me permito adjuntarle para su
      estudio e informe, copia fotostática de las notas de 4 y 23 del mes en
      curso, en las que los licenciados Oscar Milton Ugalde Miranda y
      Ana María Picado Brenes, respectivamente, solicitan una prórroga
      del permiso con goce de salario para concluir sus estudios de
      posgrado en la Universidad de Alcalá de Henares”.
      Luego de un amplio intercambio de criterios SE ACORDÓ:
      Recomendar a la Corte prorrogar por seis meses más el permiso con
      goce de salario otorgado a los licenciados Ugalde Miranda y Picado
      Brenes, por cuanto recientemente fue aprobada una nueva normativa
      en España para los estudios de doctorado (Real Decreto 778/1998 de
      30 de abril de 1998) por el que se regula el tercer ciclo de estudios
      universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros
      estudios de posgrado, lo cual afecta a los becarios en cuanto a la
      integración del Tribunal, así como al trámite de lectura de la tesis,
                                                                               75

      haciendo más extensos los plazos. Lo anterior con la salvedad de
      que el período otorgado es improrrogable y en caso de requerir
      tiempo adicional el mismo correrá por cuenta del interesado”.
                                      -0-
            Se acordó: Acoger la recomendación del Consejo de Personal
      y prorrogar por seis meses más los permisos con goce de salario
      concedidos al Lic. Ugalde Miranda y a la Licda Picado Brenes.”
                                      -0-
      La Licda. Ana María Picado Brenes, en facsímil de 1° de setiembre

último, manifestó:

             “Con el mayor de los respetos me dirigo a usted en su
      condición de presidente de Consejo Superior del Poder Judicial con
      el fin de hacer del conocimiento de ese Honorable Consejo la labor
      por mi realizada en los pasados seis meses, a fin de dar
      cumplimiento al contrato de adiestramiento celebrado entre usted y
      mi persona. Tal informe es requisito indispensable para que se
      autorice el giro de ayuda económica de los siguientes seis meses.
             En el presente curso lectivo concluí los créditos que faltaban
      para completar los treinta y dos que son necesarios en las
      Universidades españolas para obtener el título de doctor. Por otra
      parte continué con el trabajo de investigación de la tesis. Concluí el
      quinto capítulo, por lo que en el presente mes debo entregar a la
      directora una primera versión general de la tesis. Y en los próximos
      tres meses debo completar la investigación con las observaciones
      que indique la directora de la misma. Para el mes de diciembre
      confío en poder depositar la tesis en el Negociado de Doctorado de
      la Universidad para iniciar así el trámite de la defensa de la misma,
      el que dicho sea de paso con la nueva normativa aprobada para las
      Universidades españolas requiere de casi cuatro meses.
             En esos términos dejo expuesta la labor realizada y solicito
      respetuosamente al Consejo Superior autorice se gire la ayuda
      económica de los próximos seis meses. Hago la observación que si
      bien la beca otorgada por el Poder Judicial era por un período de dos
      años que concluyen en el presente mes, el pasado mes de julio la
      Corte Suprema de Justicia autorizó una prórroga de la beca por un
      período de seis meses más.”
                                     - o0o -
                                                                    76

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y ponerlo en

conocimiento del Departamento y Consejo de Personal, para su atención y

del Departamento Financiero Contable para el giro de la ayuda económica

que corresponda a la Licda Picado Brenes.

                                  -0-

      A las 16,10 horas terminó la sesión.

								
To top