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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA by HR323X

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									 República de Colombia                                      EXTRADICIÓN NO. 30033
                                                              NANCY CONDE RUBIO



Corte Suprema de Justicia


                            Proceso No 30033




                     CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
                       SALA DE CASACIÓN PENAL




                      Magistrado Ponente:
                      JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
                      Aprobado Acta No.101




     Bogotá, D. C., primero (1º) de abril de dos mil nueve (2009).


                                  VISTOS



     Cumplido el trámite previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de
     2004, procede la Sala a rendir el concepto que en derecho
     corresponda en relación con la solicitud de extradición de la
     ciudadana colombiana NANCY CONDE RUBIO, presentada a
     través de vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos
     de América.



                             ANTECEDENTES


     1. Mediante Nota Verbal 0641 de 17 de marzo de 2008, la
     Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país
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     solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención
     provisional con fines de extradición de NANCY CONDE RUBIO, la
     cual fue ordenada por el Despacho del señor Fiscal General de la
     Nación el 16 de abril siguiente, y materializada el 17 de los
     mismos mes y año en la Reclusión Nacional de Mujeres “El Buen
     Pastor” por funcionarios del Departamento Administrativo de
     Seguridad, DAS, quienes la notificaron del contenido de la
     resolución por medio de la cual se dispuso su privación de la
     libertad en este asunto, dejándola a partir de esa fecha a
     disposición del Fiscal General de la Nación.


     2. Con la Nota Verbal 1657 de 13 de junio de 2008, la misma
     Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud
     de extradición de NANCY CONDE RUBIO para que comparezca a
     juicio por (I) concierto para suministrar material de apoyo o
     recursos a una organización terrorista extranjera y (ii) suministrar
     material de apoyo o recursos a una organización terrorista
     extranjera, ayuda y facilitación de dicho delito; todo en violación
     del Título 18, Sección 2339B (a)(1) del Código de los Estados
     Unidos.


     3. Se anexó a la solicitud de extradición la declaración rendida por
     M. JEFFREY BEATRICE, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos
     para el Distrito Este de Columbia1, quien a continuación de
     acreditarse como testigo y describir cómo se compone el gran
     jurado, cuál es el procedimiento que se observa para proferir una
     acusación, determinando los requisitos formales que debe reunir,


     1
         Folio 140 de la carpeta anexa
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     manifestó que, el 27 de junio de 2007, un Gran Jurado Federal
     reunido en el Distrito de Columbia dictó la acusación 07-248
     (RCL) en contra de NANCY CONDE RUBIO por confabulación
     para    (i)   proporcionar   apoyo       material   o   recursos     a     una
     organización terrorista y (ii) proveer apoyo material o recursos a
     una organización terrorista extranjera, en violación del Título 18,
     Secciones 2339B (a)(1), y 2 del Código de los Estados Unidos,
     respectivamente.


     También manifestó que los Estados Unidos tienen jurisdicción
     para enjuiciar a los acusados por los Cargos Uno y Dos de la
     Acusación Formal, por cuanto afectaron el comercio internacional.


     Así mismo, que revisada la ley de prescripción de los Estados
     Unidos los imputados fueron acusados dentro del período de
     tiempo especificado de ocho años, por lo que su enjuiciamiento no
     está prohibido.


     En relación con el Cargo Uno, en el cual se atribuye a los
     coacusados “confabular con conocimiento e intención para
     proporcionar apoyo material o recursos a una organización
     terrorista extranjera”, acotó que bajo la ley de los Estados Unidos
     una confabulación es sencillamente un acuerdo para violar otras
     normas penales, de modo que el acto de combinarse y acordar
     con una o más personas para infringir una ley de los Estados
     Unidos “es un delito en si y de por sí”, alianza que no tiene que
     ser formal, pues puede tratarse simplemente de un entendimiento
     oral.
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     Refiere que una persona se convierte en miembro de una
     confabulación sin el pleno conocimiento de todos los detalles del
     cometido ilícito o de los nombres e identidad de todos los demás
     confabuladores. Así, si un acusado entiende la naturaleza ilícita
     del plan y de manera consciente y voluntaria se une al mismo, por
     lo menos en una ocasión, es suficiente para condenarlo por
     confabulación, aunque no haya participado antes y sólo haya
     desempeñado un papel menor.


     Dice que para condenar a los acusados por el ‘Cargo Uno’ los
     Estados Unidos debe probar en el juicio que éstos acordaron con
     una o más personas realizar un plan común ilícito. Así mismo,
     especificó que la pena máxima para una violación del Título 18,
     Sección 2339B (1)(a) del Código de los Estados Unidos es prisión
     de quince años, tres años de libertad supervisada, multa de
     $250.000 y una tasa especial de $100.


     En el Cargo Dos, los Estados Unidos debe probar en el juicio que
     los    acusados,       con   conocimiento     y    voluntariamente,
     proporcionaron apoyo material o recursos a una organización
     terrorista. En tal sentido, el Título 18, Sección 2 del Código de los
     Estados Unidos prescribe que cualquiera que ordene, procure,
     asita o cause la comisión de un delito se le hará responsable y se
     le castigará de la misma forma que al autor principal o la persona
     que de hecho llevó a cabo la acción. Lo anterior significa que la
     culpabilidad de los acusados se puede probar aunque no hayan
     desempeñado personalmente todas las acciones incluidas en la
     comisión del delito por el que se acusan, pues la ley reconoce, en
     general, que todo lo que una persona puede hacer por sí misma,
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     también puede hacerlo por medio de instrucciones a otra persona,
     o actuando juntas, o bajo la dirección de otra persona o personas,
     en un esfuerzo común. Hecho al cual le corresponde una pena
     similar a la referida para el delito considerado en el cargo anterior.


     4. Se acompañó copia de la acusación No. 07-248, dictada el 25
     de septiembre de 2007 en la Corte Distrital de los Estados Unidos
     para el Distrito Columbia dictada contra NANCY CONDE RUBIO,
     y de la orden de arresto expedida en contra de ésta.


     5. Se anexó a la solicitud de extradición la declaración rendida por
     Lázaro E. Andino, Agente Especial de la Oficina Federal de
     Investigaciones, F.B.I., en la cual refiere que la investigación ha
     revelado que por lo menos en algún momento de 2002 hasta
     2007, Gerardo Antonio Aguilar Ramírez y otros se concertaron
     para comandar una red de apoyo logístico y suministros diseñada
     para adquirir armas, municiones, dispositivos de tecnología
     (especialmente teléfonos satelitales) dinero, así como otros
     materiales y suministros, transportar y entregar éstos y otros
     artículos, incluso rehenes, al Frente Primero de las FARC ubicado
     en los Departamentos del Guaviare y Vaupés. Los teléfonos
     satelitales que usaba la red se obtuvieron en los Estados Unidos,
     se activaron en un sistema de operación con abono a cuentas
     establecidas en dicho país.


     En relación con la participación de NANCY CONDE RUBIO,
     refiere que las pruebas en contra de esta incluyen grabaciones
     telefónicas   obtenidas    con   consentimiento,     comunicaciones
     interceptadas, información de acceso, testigos colaboradores,
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     testigos del orden público y varios decomisos de pruebas
     documentales y físicas que las confirman.


     Las conversaciones telefónicas grabadas, conjuntamente con las
     entrevistas a testigos, establecen que CONDE RUBIO pertenece
     al ‘alto mando’ del Frente Primero de las FARC, liderado por
     Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, en el cual ella tenía a su cargo
     las operaciones de la red de suministros logístico de esa facción,
     ordenaba y recibía teléfonos satelitales y otros dispositivos de
     comunicación de alta tecnología en los Estados Unidos a través
     de otros confabuladores; equipos que eran utilizados por las
     FARC para la ejecución de actividades ilícitas en beneficio de tal
     organización.


     Igualmente, que NANCY RUBIO CONDE suministraba dinero a
     sus confabuladores para la adquisición de otros materiales y
     suministros para las FARC.


     Las pruebas indican que, entre junio de 2006 y 2008, NANCY
     CONDE RUBIO dirigió la red de apoyo logístico desde y dentro de
     Venezuela.


     Que un testigo colaborador que hizo negocios con la señora
     CONDE RUBIO, ha señalado que durante el periodo comprendido
     de   los   años   2003   a   2007   le   proporcionó   equipos         de
     comunicaciones inalámbricas por valor aproximado de $100.000,
     los cuales fueron enviados a Colombia desde Estados Unidos. Así
     mismo, que teniendo en cuenta la naturaleza de esos elementos,
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     los testigos asumen que iban a ser utilizados en entornos
     selváticos.


     Finalmente, dijo que la requerida responde al nombre de NANCY
     CONDE RUBIO, alias “Doris Adriana”, “Alexandra Rubio Silva”,
     “Maritza”, “La Tía”, “La Mona” y “Luz Dary, nació el 2 de
     septiembre de 1972 en Bogotá, Cundinamarca, se identifica con la
     cédula colombiana 20.645.502.


     6. Se aportó transcripción de las disposiciones normativas de los
     Estados Unidos de América, supuestamente vulneradas por la
     requerida en extradición.


     7. El Ministerio del Interior y de Justicia consideró completo el
     expediente y lo remitió a esta Sala acompañando el concepto
     emitido por su homólogo de Relaciones Exteriores, en el cual se
     señala que por no mediar un convenio aplicable al caso, es
     procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal
     penal colombiano.


     8. Ninguno de los intervinientes deprecó la práctica de pruebas,
     por lo que se les corrió traslado para que presentaran alegatos
     previos al concepto, dentro del cual el Procurador Primero
     Delegado para la Casación Penal solicitó a la Sala emitir concepto
     favorable para la extradición de NANCY CONDE RUBIO.


     En tal sentido, sostiene que la documentación aportada por el
     gobierno de los Estados Unidos de América es válida, en ella se
     identifica plenamente a la ciudadana indiciada, se establece que
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     los hechos por los cuales fue acusada son considerados ilícitos en
     la legislación colombiana, la acusación formal No. 07-248(RCL)
     proferida en su contra equivale al escrito de acusación señalado
     en la Ley 906 de 2004, y las conductas por las cuales es acusada,
     en el derecho interno tienen señalada pena mínima privativa de la
     libertad superior a cuatro años de prisión.


     Igualmente, pide a la Corte solicite al Gobierno Nacional que
     condicione la entrega de la ciudadana requerida a que no sea
     juzgada por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de
     extradición, ni sometida a tratos inhumanos o degradantes, ni a la
     pena muerte.


     9. Dentro del mismo término el abogado a quien posteriormente la
     requerida le otorgó poder para que continuara representándola en
     este trámite, presentó un escrito por medio del cual pide a la Corte
     rinda concepto desfavorable.


     Con esa finalidad, expresa que NANCY CONDE RUBIO padece
     graves patologías que la obligaron a retirarse de la guerrilla, por
     las cuales actualmente es remitida a sanidad en el centro
     carcelario y, además, requiere atención médica por medicina
     externa.


     Comenta que la señora CONDE RUBIO actualmente es
     investigada por la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad
     contra el Terrorismo por el delito de rebelión agravado, hecho
     punible por el cual pidió sentencia anticipada, encontrándose a la
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     espera de que un Juzgado Penal del Circuito Especializado dicte
     el fallo condenatorio.


     Los hechos que fundamentan la solicitud de extradición por parte
     del gobierno de los Estados Unidos, son los mismos por los que la
     investiga la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad de
     Terrorismo de Bogotá.


     Que no se puede perder de vista que la requerida es madre
     cabeza de familia, que en prisión se encuentra acompañada de su
     pequeño hijo de 22 meses de edad, a quien, de autorizarse la
     extradición, se le vulnerarían sus derechos fundamentales
     contemplados en el artículo 44 de la Constitución Política y en los
     tratados    internacionales    “que    protegen     los        derechos
     fundamentales de los adultos y los niños”.


     Finalmente, asegura que el Estado colombiano padece un
     conflicto interno cuya única salida es el intercambio humanitario.


     El mismo abogado, una vez la requerida le otorgó poder para que
     continuara representándola en el presente caso, solicitó la nulidad
     de la actuación la cual le fue negada mediante providencia de 5
     de noviembre de 2008, decisión que recurrida por vía de
     reposición no fue modificada por la Sala, de acuerdo con lo
     resuelto en auto de 16 de diciembre de 2008.


                              CONSIDERACIONES
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     1. Con fundamento en los artículos 35 de la Carta Política,
     modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997 y 18 de la Ley 599
     de 2000, la extradición se puede conceder u ofrecer de acuerdo a
     los tratados públicos y, en su defecto, a la ley.


     Con arreglo a lo manifestado por el Ministerio de Relaciones
     Exteriores, en virtud a que no existe convenio de extradición
     aplicable entre los Estados Unidos de América y Colombia, es
     procedente obrar de conformidad con la Ley 906 de 2004.


     2. El artículo 502 ibídem dispone que la Corte Suprema de
     Justicia fundamentará su concepto en la validez formal de la
     documentación presentada, en la demostración plena de la
     identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación,
     en la equivalencia de la providencia proferida en el exterior y,
     cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los
     tratados públicos.


     Todos estos elementos convergen en el expediente.


     2.1. VALIDEZ         FORMAL       DE     LA         DOCUMENTACIÓN
           PRESENTADA.


     Acorde con el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, para conceder
     u ofrecer la extradición de una persona, la petición debe
     presentarse por vía diplomática o, en casos excepcionales, por la
     consular, o de gobierno a gobierno, anexando copia de la
     transcripción auténtica de la sentencia o de la resolución de
     acusación o su equivalente, indicando con exactitud los actos que
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     determinan la reclamación, así como el lugar y la fecha de su
     ejecución, aportando la información que posea y que sirva para
     acreditar la plena identidad de la persona requerida y copia
     auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso.


     Dicha documentación debe ser expedida con arreglo a las
     formalidades de la legislación del Estado requirente y traducida al
     castellano, de ser ello preciso.


     El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por
     el artículo 1º, numeral 118, del Decreto 2282 de 1989, prescribe
     que los documentos públicos otorgados en el país extranjero por
     funcionarios de éste o con su intervención, deben ser presentados
     y autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República
     o en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir
     que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma
     del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de
     Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes
     consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el
     funcionario competente del mismo y los de éste con el Cónsul
     colombiano.


     En este caso, fueron observadas tales exigencias por el Gobierno
     de los Estados Unidos de América al presentar la petición de
     extradición por vía diplomática, esto es, por medio de su
     Embajada en nuestro país, acompañando copia de la Acusación
     No. 07-248 (RCL), proferida en la Corte Distrital de los Estados
     Unidos para el Distrito de Columbia, mediante la cual se acusa a
     NANCY CONDE RUBIO, por los siguientes cargos:
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                                        “CARGO N° 1


            “CONSPIRACIÓN PARA SUMINISTRARLE APOYO MATERIAL A
             UNA ESTRUCTURA DESIGNADA COMO UNA ORGANIZACIÓN
                               TERRORISTA EXTRANJERA,
              (FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA)


           “[…]


           “7. Las FARC se hallan divididas en siete bloques guerrilleros            los
           cuales, a su vez, se encuentran divididos en frentes. Una enorme red
           de logística de confianza de las FARC está bajo el control del
           comandante del Primer Frente de las FARC, GERARDO ANTONIO
           AGUILAR RAMÍREZ, alias César, alias El Cucho (en lo sucesivo
           CESAR) y, cuarta en rango dentro del mismo Frente, bajo el control de
           NANCY CONDE RUBIO, alias Doris Adriana, alias Alexandra Rubio
           Silva, alias Maritza, alias la Señora, alias La Tía, alias La Mona, alias
           Luz Dary (en lo sucesivo”‘DORIS ADRIANA”). CESAR y DORIS
           ADRIANA le dan las órdenes a la red de apoyo logístico de obtener
           materiales y suministros, incluyendo equipos de comunicación, de
           personas que tienen negocios en los Estados Unidos. Utilizan los
           servicios de otros integrantes para transportar estos equipos así como
           el dinero con el que financia la red de apoyo logístico, y de otros, para
           montar la red de comunicaciones con el fin de poner en marcha la red
           de apoyo logístico. Utilizan equipo de comunicaciones de alta
           tecnología, tales como teléfonos satelitales otros dispositivos de
           comunicaciones obtenidas en los Estados Unidos para facilitar el
           despacho de materiales y suministros hacia las FARC hacia los
           integrantes de esta conspiración para la compra de materiales y
           suministros. ALEXANDER FARFAN SUÁREZ, alías Gafas (en los
           sucesivo “ENRIQUE GAFAS”) es un oficial de alto rango del Primer
           Frente de las FARC, encargado de mantener la mercadería humana
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           de la red de suministro logístico -los rehenes. CESAR, el comandante
           del Primer Frente de las FARC, lo puso a cargo del transporte y control
           de los rehenes de las FARC.


           “8. La red de logística tienen su base de operaciones en la ciudad de
           Villavicencio. Esta ciudad se encuentra ubicada sobre una meseta al
           borde de la cordillera oriental a una distancia de dos horas por carro
           de la capital, Bogotá. La ubicación de Villavicencio le da una vista a
           una selva espesa y a las zonas rurales del sur oriente de Colombia y
           la llaman “El portón de la selva”.


           “9. CESAR y DORIS ADRIANA se comunican con frecuencia con su
           red de logística por medio de las centrales de radio situadas en
           Villavicencio. Estas centrales tienen capacidad técnica para recibir
           llamadas de los integrantes de las FARC quienes utilizan radios de
           corta distancia y les conectan las llamadas a las más modernas líneas
           de teléfono fijas de largo alcance y a la red de teléfonos celulares que
           tienen en las zonas más urbanas de Colombia y a otros países,
           incluyendo los Estados Unidos. ANA ISABEL PEÑA ARÉVALO, alias
           Doña Chava, alias Doña Isa, alias Isabela, alias Elisa (en lo sucesivo
           “PEÑA ARÉVALO”) y LUZ MERY GUTIÉRREZ VERGARA, alias Mery,
           alias Luz Mery (en lo sucesivo “GUTIÉRREZ VERGARA”) son dueñas
           de dos de estas centrales telefónicas y las operan a nombre de las
           FARC. Utilizan estas centrales para entregar el recibir mensajes orales
           y escritos y son el punto en donde dejan y recogen dinero.”


                           “OBJETIVO DE LA CONFABULACIÓN


           “13. El propósito y objetivo de la confabulación de los acusados y sus
           co-conspiradores era ayudar a las FARC por medio de la creación y
           prestación de servicios personales como red de apoyo logístico y
           suministros. La red fue estructurada para adquirir armas, municiones,
           dispositivos de alta tecnología, dinero y otros materiales y suministros
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           para entregarlos, junto con otra mercadería, incluyendo rehenes, a las
           FARC y entre los integrantes de las FARC.”


           “[…]


                                   “MÉTODOS Y MEDIOS


           “14. El método y los medios con los cuales los acusados y co
           conspiradores no acusados formalmente, algunos de los cuales el
           gran jurado conoce y desconoce, trataron de lograr el objetivo de la
           conspiración e incluían, entre otras cosas, lo siguiente:


           “[…]


           “(d) Los integrantes de la conspiración utilizaban las utilidades de la
           venta de cocaína para adquirir equipo de comunicaciones comprado
           en los Estados Unidos, tales como teléfonos satelitales, tarjetas SIM y
           otros dispositivos de alta tecnología y luego utilizaban este equipo
           para operar la red de logística para suministros.


           “(e) Los integrantes de la conspiración utilizaron el equipo de
           comunicaciones, tales como teléfonos satelitales, radios HF y las
           centrales de radio para comunicarse entre ellos con el fin de facilitar la
           adquisición y el despacho de suministros destinados a las FARC y
           para facilitar la transferencia de fondos de parte de las FARC hacia los
           integrantes de la conspiración quienes los utilizaban para comprar o
           transportan suministros para las FARC.


           “(f) Los integrantes de la confabulación despacharon materiales y
           suministros desde varias zonas urbanas de Colombia y otros países,
           incluyendo los Estados Unidos, hacia Villavicencio. Desde esta ciudad,
           encubiertamente, los integrantes de dicha confabulación le llevaban
           materiales a las FARC, valiéndose entre otros, de pequeños bimotores
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           tales como DC-3, hacia pistas rurales y selváticas localizadas en
           zonas sobre las cuales las FARC ejercen su influencia y las controlan
           y luego transportar los materiales por camión o embarcaciones
           fluviales. Los integrantes de las FARC también llevaron grandes
           sumas de dinero en efectivo a Villavicencio para los integrantes de la
           confabulación con el fin de financiar la compra de materiales y
           suministros.


           “(g) CESAR y DORIS ADRIANA eran líderes de la confabulación.
           CESAR era el comandante del 1er Frente compuesto de 550
           personas. DORIS ADRIANA era cuarta en rango del mismo Frente
           encargada de la red de logística. Sus responsabilidades incluían
           pertrechar materiales, suministros y equipo de comunicaciones de alta
           tecnología no sólo al 1er Frente sino también al Bloque Oriental y al
           del Sur.


           “(h) DORIS ADRIANA utilizó su red de logística para abastecer de
           materiales a las FARC. Al operar desde las zonas rurales y selváticas
           controladas por las FARC, en donde no existe servicio de líneas fijas o
           de teléfonos celulares, ella se comunicaba con los demás integrantes
           de la red ubicados en las zonas urbanas de dos maneras:


           “(i) DORIS ADRIANA utilizaban los teléfonos satelitales comprados en
           compañías de telecomunicaciones ubicadas en Miami, Florida y/o
           Bogotá, Colombia para comunicarse directamente con su red con el fin
           de comprar materiales y suministros, disponer la compra y
           transferencia de fondos para la adquisición y transporte de los
           mismos. Asimismo utilizaba los teléfonos satelitales para ponerse en
           contacto con compañías de telecomunicaciones situadas en Miami,
           Florida para comprar minutos adicionales y, junto con CESAR, obtener
           asesoramiento técnico sobre el uso y operación de los teléfonos
           satelitales.
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           “(ii) DORIS ADRIANA utilizaban las centrales situadas en Villavicencio
           para conectarse con los integrantes de su red de logística.
           Villavicencio en la zona urbana más importante y más cercana a las
           áreas rurales y selváticas controladas por el Bloque Oriental de las
           FARC.     Las      centrales   telefónicas   son     establecimientos          de
           comunicaciones que cuenta con la tecnología para recibir llamadas
           desde las zonas rurales y selváticas por medio de la utilización de
           radios de alta frecuencia [HF] para luego conectar las llamadas a
           líneas fijas y teléfonos celulares situados en cualquier otra zona
           urbana de Colombia o en otros países, incluyendo los Estados Unidos.


           “(i) DORIS ADRIANA disponía la entrega de fondos para los
           integrantes de la red de logística ubicada en Villavicencio, Bogotá y
           otros   lugares.    Los integrantes de       la   logística   siguiendo       las
           instrucciones de DORIS ADRIANA, colocaban el pedido y recibían los
           materiales y suministros y luego se los despachaban a DORIS
           ADRIANA y a las FARC. Los integrantes de la red de apoyo con base
           en Villavicencio o Bogotá viajaban también por todo el territorio
           colombiano para reunirse con otros miembros de la red con el
           propósito de obtener, despachar o llevar materiales y suministros de
           regreso a Villavicencio para enviarlos a las FARC. Frecuentemente,
           los miembros de la red de logística preparaban manifiestos de
           despachos aéreos fraudulentos o sobornaban a los empleados de las
           líneas aéreas o de los aeropuertos con el fin de despachar, de forma
           ilícita, los suministros a las FARC desde el aeropuerto Vanguardia de
           Villavicencio.




                                    “ACTOS MANIFIESTOS


           “15. A eso de febrero 5, 2005, desde la centro (sic) de llamadas
           ubicada en Villavicencio, de la cual es propietaria PENA (sic)
           ARÉVALO y quien la opera, DORIS ADRIANA llamó a la Negra, con la
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           ayuda de PENA (sic) ARÉVALO, con el fin de con la cooperación de
           RUEDA GIL se adquirieran y se enviaran a Venezuela 300.000
           bolívares, a través de Cúcuta, con el propósito de adquirir materiales y
           suministros para las FARC.


           “[…]


           “(5) Desde aproximadamente enero del 2003 y de seguido hasta
           septiembre 2004, un co-conspirador cuya identidad conoce el Gran
           Jurado, le proporcionó teléfonos satelitales y tarjetas SIM provenientes
           de los Estados Unidos a Boyaco quien a su vez se los suministró a
           integrantes de alto rango de las FARC, a saber, CESAR y DORIS
           ADRIANA.


           “(6) A eso de mayo del 2003, Boyaco le presentó a DORIS ADRIANA
           un co-conspirador, cuya identidad conoce el Gran Jurado, con el
           propósito de darle a ella la oportunidad de comprar teléfonos
           satelitales, tarjetas SIM y radios HF. Todo este equipo provenía de los
           Estados Unidos, directamente suministrado por el co-conspirador.


           “(7) Alrededor de octubre del 2003 y de seguido hasta eso de junio del
           2005, TORRES recibió fondos de parte de DORIS ADRIANA y los
           utilizó o hizo que otros los utilizaran a nombre de ella, para comprar
           materiales y suministros destinados a las actividades de las FARC.


           “(8) A eso de octubre 9, 2003, TORRES le informó a DORIS ADRIANA
           que le había enviado dos radios ICOM V-8 de alta frecuencia para ser
           utilizados en el curso de las actividades de las FARC.


           “(9) A eso del 2004, en una pista clandestina ubicada en Pacoa,
           Departamento del Amazonas, Boyaco le entregó 55 armas de asalto,
           AK-47 y 25 pistolas marca Beretta a las FARC.
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           “(10) A eso de febrero del 2004, TORRES le entregó nueve GPS a un
           co-conspirador, cuya identidad conoce el Gran Jurado, y quien a su
           vez le suministró el equipo a DORIS ADRIANA para que fuera utilizado
           en el curso de las actividades de las FARC.


           “(11) A eso de Febrero del 2004, DORIS ADRIANA adquirió un
           computador y nueve GPS en Villavicencio a fin de que fueran
           utilizados para fomentar las actividades de las FARC.


           “(12) A eso de diciembre 24, 2004, DORIS ADRIANA llamó a
           GUTIÉRREZ VERGARA y le dio instrucciones de hacerle dos pagos a
           dos co-conspiradores, que no han sido acusados formalmente y cuyas
           identidades conoce el Gran Jurado, de una cuenta bancaria que
           controla DORIS ADRIANA, con el fin de que los dineros fueran
           utilizados para comprar materiales y suministros y así fomentar las
           actividades de las FARC.


           “(13) A eso del 2005, La Negra contactó a un conocido integrante de
           las FARC y le informó que tenía las armas listas para entregarlas a las
           FARC.


           “(14) A eso del 2005, poco tiempo después de que ocurrieran los actos
           manifiestos descritos en el numeral (13), en Pacoa, departamento del
           Amazonas, Boyaco le entregó 15 rifles de asalto AR-15 y dos
           ametralladoras Mini FAL a un comandante de las FARC cuya identidad
           conoce el Gran Jurado.


           “(15) A eso de febrero 5, 2005, desde la centro (sic) de llamadas
           ubicada en Villavicencio, de la cuales propietaria PENA AREVALO y
           quien la opera, DORIS ADRIANA llamó a La Negra, con la ayuda de
           PENA AREVALO, con el fin de que con la cooperación de RUEDA GIL
           se adquirieran y se enviaran a Venezuela 300,000 bolívares, a través
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           de Cúcuta, con el propósito de adquirir materiales y suministros para
           las FARC.


           “(16) A eso de marzo del 2005, DORIS ADRIANA colocó un pedido y
           recibió tres radios receptores/emisores de alta frecuencia provenientes
           de los Estados Unidos de parte de un co-conspirador cuya identidad
           conoce el Gran Jurado. Otro co-conspirador, cuya identidad conoce el
           Gran Jurado, le entregó los radios a DORIS ADRIANA a fin de que se
           utilizaran para promover las actividades de las FARC.


           “(17) A eso de marzo 6, 2005, DORIS ADRIANA, con la ayuda de
           GUTIÉRREZ VERGARA, propietario (sic) y operador del centro de
           llamadas ubicado en Villavicencio, llamó a un co-conspirador, cuya
           identidad conoce el Gran Jurado, preguntando por un despacho para
           las FARC. Acto seguido, le dio órdenes a GUTIÉRREZ VERGARA
           para que le diera instrucciones a TORRES de entregar en el centro de
           llamadas el dinero para las FARC.


           “(18) A eso de marzo 28, 2005, DORIS ADRIANA llamó a un co-
           conspirador, quien no ha sido acusado formalmente y cuya identidad
           conoce el Gran Jurado, y le ordenó tramitar la compra de teléfonos
           satelitales y tarjetas SIM provenientes de los Estados Unidos a través
           de un co-conspirador que no ha sido acusado formalmente y cuya
           identidad conoce el Gran Jurado. DORIS ADRIANA pretendía utilizar
           dicho equipo para fomentar las actividades de las FARC.


           “(19) A eso de abril 14, 2005, a través de un co-conspirador cuya
           identidad conoce el Gran Jurado, DORIS ADRIANA adquirió un
           teléfono satelital y una tarjeta SIM provenientes de los Estados Unidos
           con el fin de utilizarlos para fomentar las actividades de las FARC.


           “(20) A eso de abril 21, 2005, DORIS ADRIANA, con la ayuda de
           GUTIÉRREZ VERGARA, propietario y operador del centro de
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           llamadas ubicado en Villavicencio, llamó a un co-conspirador, quien no
           ha sido formalmente acusado y cuya identidad conoce el Gran Jurado,
           para adquirir y tramitar la compra de teléfonos satelitales provenientes
           de los Estados Unidos a fin de utilizarlos para fomentar las actividades
           de las FARC.


           “(21) A eso de abril 25, 2005, DORIS ADRIANA llamó a un co-
           conspirador, quien no ha sido formalmente acusado y cuya identidad
           desconoce el Gran Jurado, ordenándole que se pusiera en contacto
           con RUEDA GIL con el propósito de tramitar la compra de combustible
           para aviones a fin de fomentar las actividades de las FARC.


           “(22) A eso de mayo 6, 2005, DORIS ADRIANA llamó a PEÑA
           ARÉVALO y le dio la orden de comprar equipo de comunicaciones,
           una antena, que DORIS ADRIANA pretendía utilizar para fomentar las
           actividades de las FARC.


           “(23) A eso de mayo 16, 2005, a través de un co-conspirador cuya
           identidad conoce el Gran Jurado, DORIS ADRIANA adquirió un
           teléfono satelital proveniente de los Estados Unidos a fin de fomentar
           las actividades de las FARC.


           “(24) A eso de mayo 16, 2005, DORIS ADRIANA llamó a GUTIÉRREZ
           VERGARA y le dio órdenes de suministrarle a TORRES la lista de
           materiales y suministros que éste debía de adquirir para entregárselos
           a DORIS ADRIANA. Asimismo, DORIS ADRIANA discutió con
           GUTIÉRREZ VERGARA la adquisición de combustible el cual, junto
           con los materiales y suministros, ella iba a utilizar para fomentar las
           actividades de las FARC.


           GUTIÉRREZ VERGARA también le dio a DORIS ADRIANA un
           mensaje de parte de un co-conspirador, cuya identidad conoce el Gran
           Jurado, con respecto a la compra de teléfonos satelitales y tarjetas
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           SIM, que DORIS ADRIANA tenía la intención de utilizar para fomentar
           las actividades de las FARC.


           “(25) A eso de junio 10, 2005, DORIS ADRIANA llamó a GUTIÉRREZ
           VERGARA dándole órdenes de mandar a TORRES a que le entregara
           cinco millones de pesos a un co-conspirador que no ha sido
           oficialmente acusado y cuya identidad desconoce el Gran Jurado. El
           dinero era para las FARC.


           “(26) A eso de junio 16, 2005, GUTIÉRREZ VERGARA le informó a
           DORIS ADRIANA que un co-conspirador, cuya identidad conoce el
           Gran Jurado, estaba listo para entregar equipo de comunicaciones que
           incluía tarjetas SIM, proveniente de los Estados Unidos y que iba a ser
           utilizado para fomentar las actividades de las FARC.


           “(27) A eso de junio 28, 2005, DORIS ADRIANA con la ayuda de
           PEÑA ARÉVALO, propietario y operador del centro de llamadas
           ubicado en Villavicencio, llamó a un co-conspirador, cuya identidad
           conoce el Gran Jurado, tratando de adquirir y tramitar la compra de
           teléfonos satelitales y tarjetas SIM provenientes de los Estados
           Unidos, equipo que DORIS ADRIANA tenía la intención de utilizar para
           fomentar las actividades de las FARC.


           “(28) A eso de julio 5, 2005, DORIS ADRIANA llamó a GUTIÉRREZ
           VERGARA y a dos co-conspiradores cuyas identidades conoce el
           Gran Jurado, para tratar de adquirir y tramitar la compra de equipo de
           comunicaciones, a saber: una antena, y otros materiales y suministros,
           y le hizo saber a uno de los co-conspiradores que éste iba a recibir
           cinco millones de pesos de parte de RUEDA GIL con el objeto de
           financiar la compra de tales materiales y suministros a fin de utilizarlos
           para fomentar las actividades de las FARC.
 República de Colombia                                              EXTRADICIÓN NO. 30033
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Corte Suprema de Justicia


           “(29) A eso de julio 5, 2005, DORIS ADRIANA, con la ayuda de
           GUTIÉRREZ VERGARA, propietario y operador del centro de
           llamadas ubicado en Villavicencio, llamó a CULMA SUNZ dos veces
           tratando de adquirir y tramitar la compra de armas y municiones,
           incluyendo rifles de calibre 7.62 para las FARC.


           “(30) A eso de agosto 2, 2005, DORIS ADRIANA, con la ayuda de
           PEÑA AREVALO, propietario y operador del centro de llamadas
           ubicado en Villavicencio, llamó a GALLEGO RUBIO con el fin de
           averiguar sobre un despacho para las FARC. Acto seguido, DORIS
           ADRIANA le dio órdenes a PEÑA AREVALO para que este prestara su
           colaboración para entregarle a DORIS ADRIANA una antena para un
           dispositivo de comunicaciones el cual ella pretendía utilizar para
           fomentar las actividades de las FARC.


           “(31) A eso de agosto 2, 2005, PEÑA AREVALO le informó a DORIS
           ADRIANA que la antena que se adquirió para las FARC le había sido
           entregada a un co-conspirador que no ha sido acusado oficialmente y
           cuya identidad desconoce el Gran Jurado. Acto seguido, DORIS
           ADRIANA le dio orden a PEÑA AREVALO de pagarle dos millones de
           pesos a un co-conspirador que no ha sido acusado oficialmente y cuya
           identidad conoce el Gran Jurado.


           “(32) A eso de septiembre 28, 2005, DORIS ADRIANA llamó a un co-
           conspirador cuya identidad conoce el Gran Jurado, y le hizo un pedido
           de otro teléfono satelital, proveniente de los Estados Unidos, y el cual
           DORIS ADRIANA pretendía utilizar para fomentar las actividades de
           las FARC.


           “(33) A eso de noviembre 29, 2005, durante una conversación
           telefónica con un co-conspirador que no ha sido acusado oficialmente
           y cuya identidad conoce el Gran Jurado, DORIS ADRIANA le confirmó
           el pago de 12 millones de pesos en pago por un equipo de
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Corte Suprema de Justicia


           comunicaciones que otro co-conspirador aún no acusado oficialmente
           y cuya identidad conoce el Gran Jurado le había sido suministrado a
           ella y que pretendía utilizar para fomentar las actividades de las FARC.


           “(34) A eso de noviembre 29, 2005, un co-conspirador aún no acusado
           oficialmente y cuya identidad conoce el Gran Jurado, aceptó reparar
           un teléfono satelital proveniente de los Estados Unidos que este le
           había suministrado a DORIS ADRIANA y quien pretendía utilizarlo
           para fomentar las actividades de las FARC.


           “(35) A eso de diciembre 5, 2005, Boyaco trató de adquirir y tramitar la
           compra de teléfonos satelitales y tarjetas SIM provenientes de los
           Estados Unidos y que Boyaco y La Negra pretendían utilizar para
           fomentar las actividades de las FARC la cual Boyaco describió como
           su "gran organización".


           “(36) A eso de diciembre 9, 2005, un co-conspirador aún no acusado
           oficialmente y cuya identidad conoce el Gran Jurado, compró equipo
           de comunicaciones que incluía dispositivos de comunicaciones
           inalámbricos, varios GPS y 20 compases de alta tecnología
           provenientes de los Estados Unidos y que se iban a utilizar para
           fomentar las actividades de las FARC.


           “(37) A eso de Diciembre 16, 2005, un co-conspirador aún no acusado
           oficialmente y cuya identidad conoce el Gran Jurado, compró equipo
           de comunicaciones, incluyendo receptores/transmisores y antenas
           provenientes de los Estados Unidos y que se pretendía utilizar para
           fomentar las actividades de las FARC.


           “(38) A eso de febrero 13, 2006, en Bogotá, Colombia, Boyaco compró
           equipo de comunicaciones que incluía dos teléfonos satelitales y dos
           computadoras, todos los cuales provenían de los Estados Unidos
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Corte Suprema de Justicia


           dando instrucciones de que le fuera entregado a RUEDA GIL quien
           más adelante se lo entregó a Boyaco.


           “(39) En Bogotá, Colombia, a eso de julio 3, 2006, utilizando un
           teléfono satelital proveniente de los Estados Unidos, La Negra trató de
           adquirir 300 cajas de municiones para las FARC informándole a un co-
           conspirador cuya identidad desconoce el Gran Jurado que ella estaba
           a la espera de un despacho al que se refirió como "300 unidades de
           semillas".


           “(40) A eso de septiembre 16, 2006, PEÑA ARÉVALO, a nombre de
           DORIS ADRIANA, a través de un co-conspirador cuya identidad
           conoce el Gran Jurado, trató de adquirir y tramitar la compra de radios
           de alta frecuencia provenientes de los Estados Unidos a fin de
           utilizarlos para fomentar las actividades de las FARC.


           “(41) A eso de octubre 1, 2006, GALLEGO RUBIO recibió un teléfono
           satelital proveniente de los Estados Unidos y que DORIS ADRIANA
           pretendíaaba (sic) utilizar para fomentar las actividades de las FARC.


           “(42) A eso de octubre 17, 2006, PEÑA ARÉVALO, a nombre de
           DORIS ADRIANA, trató de obtener asesoramiento técnico de un co-
           conspirador cuya identidad conoce el Gran Jurado, con respecto a un
           teléfono satelital que previamente había sido comprado en los Estados
           Unidos, antes mencionado en el Párrafo 41-Actos Manifiestos. Se
           pretendía utilizar este equipo en fomento de las actividades de las
           FARC.


           “(43) A eso de octubre 24, 2006, DORIS ADRIANA llamó a GALLEGO
           RUBIO y le dio órdenes de comprarle a un co-conspirador cuya
           identidad conoce el Gran Jurado, 350 tarjetas SIM, tiempo telefónico
           satelital proveniente de los Estados Unidos todos los cuales DORIS
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Corte Suprema de Justicia


           ADRIANA pretendía utilizar para fomentar las actividades de las
           FARC.


           “(44) A eso de octubre 24, 2006, DORIS ADRIANA llamó a GALLEGO
           RUBIO y ordenó le comprara a un co-conspirador aún no acusado
           oficialmente y cuya identidad conoce el Gran Jurado un teléfono
           satelital que DORIS ADRIANA pretendía utilizar para fomentar las
           actividades de las FARC.


           “(45) A eso de noviembre 9, 2006, GALLEGO RUBIO recibió un
           teléfono satelital proveniente de los Estados Unidos y que CESAR
           pretendía utilizar para fomentar las actividades de las FARC.


           “(46) A eso de noviembre 24, 2006, CESAR trató de obtener
           asesoramiento técnico de un co-conspirador, cuya identidad conoce el
           Gran Jurado, con respecto a un teléfono satelital ya antes mencionado
           en Actos Manifiestos, Párrafo 45, que había sido comprado
           anteriormente en los Estados Unidos y que se pretendía utilizar para
           fomentar las actividades de las FARC.


           “(47) A eso de abril 27, 2007, CESAR trató de obtener asesoramiento
           técnico de un co-conspirador, cuya identidad conoce el Gran Jurado,
           con respecto a un teléfono satelital ya antes mencionado en Actos
           Manifiestos, Párrafo 45, y que se pretendía utilizar para fomentar las
           actividades de las FARC.


           “(48) A eso de mayo 9, 2007, CESAR, utilizando radios de alta
           frecuencia   dirigió   el   transporte   de   rehenes,   incluyendo       los
           estadounidenses retenidos por el Primer Frente de las FARC.


           “(Confabulación para Suministrarle Apoyo Material o Recursos a
           una Organización Terrorista Extranjera, en contravención del Título
           18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339B(a)(l))”
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Corte Suprema de Justicia



                                        “CARGO N° 2


                       “APOYO MATERIAL A UNA ORGANIZACIÓN
                               TERRORISTA EXTRANJERA
              (FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA)


           “[…]


           “2. Comenzando a eso del 2002 y de seguido hasta por lo menos julio
           de 2007, en la República de Colombia, los acusados …NANCY
           CONDE RUBIO, alias Doris Adriana, alias Alexandra Rubio Silva, alias
           Maritza, alias La Señora, alías La Tía, alias La Mona, alias Luz Dary…
           a sabiendas proporcionaron y pretendieron proporcionarle apoyo y
           recursos, es decir, conformaron una red de logística, para proveerle
           armas, equipo de alta tecnología, dinero y otros materiales y
           suministros a una estructura terrorista extranjera, las FARC la cual
           entabló o entabla actividades terroristas o en terrorismo.”




     Con la nota diplomática a través de la cual se formalizó la
     reclamación y las declaraciones rendidas por Jeffrey Beatrice,
     Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, y el Agente Especial de la
     Agencia Federal de Investigaciones, Lázaro E. Andino ante un
     Juez Magistrado de los Estados Unidos se determinan las
     circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la comisión
     de las conductas punibles que soportan la reclamación.


     Los anexos contienen los datos necesarios para comprobar la
     identidad de la solicitada, como se expondrá posteriormente, igual
     que la reproducción de las disposiciones penales probablemente
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Corte Suprema de Justicia


     contravenidas. Y, por estar autenticados acorde a las previsiones
     del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, deben ser
     considerados otorgados con arreglo al ordenamiento jurídico de
     los Estados Unidos.


     Así, el Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales
     de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de los
     Estados Unidos, Thomas C. Black, certificó que copias fieles de
     los testimonios rendidos por el Fiscal Auxiliar de los Estados
     Unidos M. Jeffrey Beatrice, y el Agente Especial de la Agencia
     Federal de Investigaciones Lázaro E. Andino ante un Juez
     Magistrado de los Estados Unidos, se mantienen en los archivos
     oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de
     América, en Washington D.C.


     El Procurador de los Estados Unidos, Michael Mukasey, hizo
     constar que, para ese entonces, Thomas C. Black desempeñaba
     el cargo de Director Asociado de la Oficina de Asuntos
     Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de
     Justicia de los Estados Unidos de América; quien con ese fin hizo
     estampar el sello del Departamento de Justicia y solicitó al
     Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales diera fe
     de su firma.


     La Secretaria de Estado, Condolezza Rice, certificó que al
     documento anexo le fueron fijados los sellos del Departamento de
     Justicia de los Estados Unidos y de Autenticaciones de dicho
     Departamento en Washington, y que Patrick O. Hatchett suscribió
     su nombre.
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Corte Suprema de Justicia



     El Cónsul de Colombia en Washington, Julio Cesar Aldana Bula,
     autenticó la firma de Patrick O. Hatchett y la suya fue abonada por
     el Jefe de Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.


     Reunidas las exigencias del artículo 495 de la Ley 906 de 2004,
     se da por satisfecho este presupuesto.


     2.2. PLENA IDENTIDAD DE LA REQUERIDA


     De la valoración conjunta de la información suministrada por el
     país reclamante en las notas diplomáticas y en los testimonios
     rendidos en apoyo de la solicitud, con los datos conocidos por
     motivo de la captura de NANCY RUBIO CONDE, la Sala concluye
     que la persona aprehendida y que permanece privada de su
     libertad por razón de este trámite es la misma solicitada por el
     Gobierno de los Estados Unidos.


     En la nota diplomática No. 0641 de 17 de marzo de 2008,
     mediante la cual se pidió la detención provisional con fines de
     extradición, fueron consignados como datos relativos a la
     identidad de la reclamada, los siguientes: nombre, NANCY
     CONDE RUBIO, también conocida como “Doris Adriana”,
     “Alexandra Rubio Silva”, “Maritza”, “La Señora”, “La Tía”, “La
     Mona” y “Luz Dary, es ciudadana Colombiana, nacida el 2 de
     septiembre de 1972, en Bogotá, Cundinamarca, y portadora de la
     cédula colombiana No. 20.645.502; información que fue incluida
     en la resolución de 16 de abril de 2008 expedida por el señor
     Fiscal General de la Nación a través de la cual dispuso su captura
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Corte Suprema de Justicia


     con fines de extradición, ratificada por la nota diplomática 1657
     de 13 de junio de 2008, con la que se formalizó la reclamación, y
     las declaraciones rendidas en su apoyo.


     Los anteriores datos fueron corroborados al momento de
     notificarle a NANCY CONDE RUBIO la resolución por medio de la
     cual el Fiscal General de la Nación dispuso su captura con fines
     de extradición.


     En consecuencia, no se duda de que la persona requerida en
     extradición sea la misma que permanece privada de la libertad por
     virtud de este procedimiento.


     2.3. PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACIÓN


     A la luz de los condicionamientos del numeral 1 del artículo 493
     de la Ley 906 de 2004, para que se pueda ofrecer o conceder la
     extradición es necesario que el hecho que la motiva esté previsto
     como delito en Colombia y reprimido con sanción privativa de la
     libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.


     Los hechos con base en los cuales las autoridades judiciales de
     los Estados Unidos llamaron a NANCY CONDE RUBIO a
     responder en juicio, son relatados en la Nota Verbal No.1657 de
     13 de junio de 2008, cuando se formalizó el pedido de extradición,
     así:


            “Los hechos del caso indican que miembros del Frente Primero de las
            Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), junto con
 República de Colombia                                             EXTRADICIÓN NO. 30033
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Corte Suprema de Justicia


           otros individuos que no eran miembros de las FARC, se concertaron
           entre ellos para, entre otras cosas, establecer y manejar el apoyo
           logístico y red de provisiones del Frente Primero. Nancy Conde Rubio
           trabajaba bajo el liderazgo de este Frente de las FARC y establecía la
           red de apoyo logístico del Frente Primero. Bajo dicha capacidad,
           desde por lo menos 2002 y continuando hasta 2007, Conde Rubio y
           sus co-asociados establecieron, operaron, y personalmente trabajaron
           para obtener armas, municiones, equipos de alta tecnología
           (especialmente teléfonos satelitales), dinero, y otros materiales y
           provisiones para las FARC. Esta red de apoyo logístico transportaba y
           entregaba dichos recursos para y desde las FARC.


           “Conde Rubio y sus co-asociados encontraron compradores de
           cocaína controlada por las FARC, y la suministraban a ellos a través
           de rutas secretas de transporte establecidas por ella y sus co-
           asociados. Los compradores también ayudaban a identificar rutas de
           transporte, y traían armas, municiones, dinero, y otras provisiones a
           las FARC a cambio de la cocaína.        Otros co-asociados que eran
           miembros de la red utilizaban las ganancias de la venta de la cocaína
           y utilizaban las rutas secretas de transporte para traer teléfonos
           satelitales y otros equipos de comunicaciones de alta tecnología, y
           otros materiales y provisiones, a las FARC.


           “Los teléfonos satelitales utilizados en la red fueron obtenidos en los
           Estados Unidos, activados en un sistema de operación con sede en
           los Estados Unidos, y facturados a cuentas establecidas y ubicadas en
           los Estados Unidos. Los equipos de comunicaciones y las centrales
           de llamadas de radio eran utilizados por Conde Rubio y sus co-
           asociados de las FARC para comunicarse entre ellos, para facilitar la
           obtención y envío de provisiones, y para transferir fondos de las FARC
           a otros miembros del concierto encargados de la compra de
           provisiones.
 República de Colombia                                             EXTRADICIÓN NO. 30033
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Corte Suprema de Justicia


           “Específicamente:


           “Desde febrero de 2003 hasta noviembre de 2006, Conde Rubio operó
           la red de suministro logístico del Frente Primero, y ordenó y recibió
           teléfonos satelitales y otros equipos de comunicaciones de alta
           tecnología de los Estados Unidos a través de co-asociados.             Los
           equipos fueron luego utilizados por miembros de las FARC para
           adelantar las actividades ilegales de la organización. Desde octubre de
           2003 hasta junio de 2005, Conde Rubio también suministró fondos a
           sus co-asociados para la compra de materiales y provisiones, para las
           FARC. Ella les ordenó a co-asociados hacer pagos para la compra de
           dichos materiales y provisiones y arregló para la compra de armas y
           municiones.


           “Ana Isabel Peña Arévalo era propietaria y manejaba una central de
           llamadas utilizada por las FARC como una estación de transmisión de
           sus comunicaciones. Peña Arévalo también utilizaba esta central de
           llamadas como sitio de entrega y recibo de los fondos que debían ser
           entregados a las FARC, o de los fondos de las FARC que debían ser
           entregados a. otros miembros para la compra de materiales y
           provisiones para las FARC.       Entre el 5 de febrero de 2005 y
           septiembre de 2006, Peña Arévalo realizó llamadas a nombre de
           Conde Rubio para arreglar la compra de teléfonos satelitales y otro
           equipos de comunicaciones en los Estados Unidos, así como para
           hacer los pagos por dicho equipo. Peña Arévalo también arregló ella
           misma la compra de radios de alta frecuencia para las FARC y buscó
           asesoría técnica para el uso de los mismos.


           “Luz Mery Gutiérrez Vergara era propietaria y manejaba otra central de
           llamadas utilizada como estación de transmisión por las FARC.
           Gutiérrez Vergara también utilizaba su central de llamadas como un
           sitio de entrega y recibo.   Las llamadas a través de su central se
           realizaban para arreglar la compra de armas, municiones, y equipos
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Corte Suprema de Justicia


           de comunicaciones para las FARC, y para hacer pagos. Gutiérrez
           Vergara transmitía mensajes para y de parte de Conde Rubio sobre
           estas transacciones.


           “Josué Cuesta León suministraba a las FARC armas y municiones a
           cambio de recibir cocaína de Conde Rubio y de las FARC. Desde
           2002 hasta 2006, Cuesta León y sus co-asociados suministraron a las
           FARC armas incluyendo rifles, miras telescópicas, pistolas, escopetas,
           mechas para bomba, y municiones en los Departamentos de
           Guaviare, Vaupés, y Amazonas.       En enero de 2003, Cuesta León
           entregó al Frente Primero de las FARC aproximadamente 50 armas de
           ataque tipo AK-47.


           “José Fernando Romero Mejía también suministraba a las FARC
           armas y municiones a cambio de recibir cocaína de Conde Rubio y de
           las FARC. Desde 2002 hasta 2006, Romero Mejía y sus co-asociados
           suministraron a las FARC armas incluyendo, rifles, miras telescópicas,
           pistolas, escopetas, mechas para bomba, y municiones en los
           Departamentos de Guaviare, Vaupés, y Amazonas. En 2002, Romero
           Mejía entregó al Frente Primero de las FARC aproximadamente 24
           rifles francotiradores con telescopios marca Remington.


           “Maribel Gallego Rubio ayudaba a facilitar la compra de equipos de
           alta tecnología, incluyendo teléfonos satelitales, para las FARC. Ella
           trabajaba como intermediaria entre los proveedores de esos equipos
           en los Estados Unidos y los miembros de las FARC ubicados en
           Colombia, incluyendo a Conde Rubio.          Gallego Rubio también
           entregaba fondos de las FARC a otros miembros del concierto, los
           cuales eran utilizados para comprar dichos materiales y provisiones
           para las FARC. Una vez recibidos, Gallego Rubio arreglaba la entrega
           de estos equipos a las FARC.
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Corte Suprema de Justicia


           “Entre febrero de 2005 y febrero de 2006,Camilo Rueda Gil coordinó la
           entrega de fondos y equipos de comunicaciones, incluyendo teléfonos
           satelitales originados en los Estados Unidos, para Conde Rubio y las
           FARC, a cambio de narcóticos controlados o producidos por las FARC
           entregados a sus co-asociados. Rueda Gil ocasionalmente también
           hacía entrega de fondos directamente a co-asociados que tenían la
           tarea de comprar materiales y provisiones para las FARC, incluyendo
           equipos de comunicaciones de alta tecnología originados en los
           Estados Unidos.


           “Ana Leonor Torres facilitaba la compra de equipos de alta tecnología,
           incluyendo teléfonos satelitales y receptores para sistemas de
           posicionamiento global (GPS), para las FARC. Ella ayudaba como
           intermediaria entre los proveedores ubicados en los Estados Unidos y
           los miembros de las FARC, incluyendo a Conde Rubio, ubicados en la
           selva colombiana.     A Torres también se le encargaba de entregar
           fondos de las FARC a otros miembros del concierto que comprarían
           materiales y provisiones para las FARC. Una vez recibidos, ella hacía
           los arreglos para entregárselos a Conde Rubio para las FARC.


           “Bladimir Culma Sunz tenía asignada la negociación de transacciones
           para Conde Rubio y las FARC que involucraban armas, municiones, y
           equipo militar.   Conde Rubio suministraba fondos de las FARC a
           Culma Sunz para que él pudiera comprar materiales y provisiones,
           incluyendo armas, para las FARC. En julio de 2005, Conde Rubio
           arregló a través de Culma Sunz la compra de armas y municiones,
           incluyendo rifles calibre 7.62.


           “Todas las acciones adelantadas por la acusada en este caso fueron
           realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.”
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Corte Suprema de Justicia


     Y constituyen la razón de los cargos formulados en la acusación
     07-248 (RCL), dictada el 25 de septiembre de 2007 por el Gran
     Jurado de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
     Columbia, en violación del Título 18, Secciones 2339B(a)(1) y 2
     del Código Penal de los Estados Unidos de América.


     Al confrontar las normas invocadas por el país requirente con la
     legislación colombiana, se advierte que la conducta de concierto
     para delinquir, agravada por la naturaleza de los actos, en cuanto
     está relacionado con el delito de terrorismo, se encuentra
     penalizada en uno y otro Estado.


     En Colombia es sancionado bajo la denominación típica de
     concierto para delinquir en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000
     (modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002 y 19 de Ley
     1121 de 2006), entendido como el acuerdo de voluntades entre
     varias personas con el fin de cometer delitos, y cuando la especie
     de estos se concreta al delito de terrorismo la pena es de 8 a 18
     años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales
     mensuales vigentes, acorde con las modificaciones introducidas
     por la Ley 1121 de 2006, las cuales, antes de entrar a regir las
     Leyes 890 y 906 de 2004, eran de 6 a 12 años de prisión y multa
     de 2000 hasta 20.000 salarios mínimos legales mensuales
     vigentes.


     Así mismo, el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, modificado por
     el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006, sanciona a quien, directa o
     indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre,
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Corte Suprema de Justicia


     aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice
     cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga,
     financie o sostenga económicamente a grupos armados al
     margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas
     nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros,
     o a actividades terroristas, con prisión de trece (13) a veintidós
     (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000)
     salarios mínimos legales mensuales, penas que originalmente
     eran de seis (6) a doce (12) años de prisión y multa de doscientos
     (200) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales
     vigentes.


     La conducta imputada, entonces, además de ser típica en nuestro
     país, está sancionada con prisión no inferior de 4 años,
     agotándose en consecuencia este elemento.


     2.4. EQUIVALENCIA DE LA PROVIDENCIA DICTADA EN EL
           EXTERIOR.


     Con arreglo a lo estipulado en el artículo 493 de la Ley 906 de
     2004, es preciso que el país requirente haya proferido en contra
     del solicitado resolución de acusación o su equivalente.


     Este presupuesto fue cumplido por el Gobierno de los Estados
     Unidos de América, ya que la acusación No. 07-248 (RCL) ,
     dictada el 25 de septiembre de 2007, en la Corte Distrital de los
     Estados Unidos para el Distrito Columbia, es equiparable al
     escrito de acusación que el Fiscal presenta ante el juez
     competente para adelantar el juicio estatuido en los artículos 336
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Corte Suprema de Justicia


     y 337 de la ley 906 de 2004, por contener la individualización de la
     persona acusada, una relación circunstanciada de las conductas
     endilgadas junto con su calificación jurídica y la transcripción de
     las normas penales sustantivas supuestamente violadas; además
     de que constituye el inicio de la fase del juicio en donde el
     procesado tiene la oportunidad de defenderse de los cargos a él
     imputados y que culmina con la sentencia que pone fin al proceso.


     Además de lo anterior, la Sala no puede pasar por alto que en la
     acusación No. 07-248 (RCl), de 25 de septiembre de 2007,
     fundamento de la solicitud de extradición, en el apartado “B.
     Jurisdicción” expresamente se señala: “11. Todos los sucesos
     expuestos en esta Acusación Formal se llevaron a cabo en la
     República de Colombia, fuera de los Estados Unidos. En este
     contexto, los cargos se imputan por sucesos ocurridos dentro de
     la      jurisdicción      extraterritorial    de los   Estados   Unidos,         de
     conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos,
     Secciones 2339B(d), y dentro de la circunscripción del Tribunal de
     Distrito de los Estados Unidos por (sic) el Distrito de Columbia de
     conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos,
     Sección 3238”2.


     Sin embargo, en dicha acusación, como en la declaración rendida
     por Lázaro E. Andino, Agente Especial de la Oficina Federal de
     Investigaciones, F.B.I., se relacionan los actos que la requerida
     ejecutó directamente o a través de otros partícipes en el
     concierto, para obtener o facilitar la consecución de artículos


     2
         Folio 114 de la carpeta anexa
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Corte Suprema de Justicia


     tecnológicos con los cuales se patrocinaba el accionar delictivo de
     las autodenominadas FARC.


     En este sentido, en la acusación, en el apartado                        “A.
     Antecedentes”, numeral 6, se precisa que “La red de apoyo de
     las FARC requiere que las comunicaciones entre las partes surta
     efecto […] Los teléfonos satelitales son su único medio de
     comunicación a largo alcance” 3, los cuales son utilizados para
     comunicarse con su “red de apoyo logístico” que se encuentra en
     las grandes zonas urbanas de Colombia y más allá de sus
     fronteras, incluyendo los Estados Unidos. Igualmente, utilizan las
     centrales de radio ubicadas en Villavicencio para conectarse con
     las líneas fijas y los servicios de telefonía celular disponibles en
     esa zona urbana para dialogar con los miembros de sus redes de
     logística.


     Para mantener el accionar delictivo del aludido grupo, NANCY
     CONDE RUBIO, dentro de la línea de mando del Primer Frente de
     las FARC, estaba encargada de proteger las redes de
     comunicación disponiendo a través de otros copartícipes la
     adquisición de teléfonos satelitales y otros aparatos tecnológicos;
     así mismo, la compra de munición y armas para la organización
     subversiva,     para   lo   cual   autorizaba   los   correspondientes
     desembolsos de dinero de las cuentas que a su cargo.


     Entre los actos que ejecutó la requerida y que involucraron la
     compraventa de tecnología en los Estados Unidos, el agente


     3
         Folio 117
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Corte Suprema de Justicia


     Lázaro E. Andino, de la Agencia Federal de Investigaciones
     refiere lo siguiente:


           “C. Nancy Conde Rubio, alias "Doris Adriana", alias "Alexandra
           Rubio Silva", alias "Maritza", alias "La Señora", alias "La Tía",
           alias "La Mona", alias "Luz Dary"


           “27. Las pruebas contra Conde Rubio incluyen, entre otras, llamadas
           telefónicas   grabadas     con       consentimiento,   comunicaciones
           interceptadas, información de acceso, testigos colaboradores, testigos
           del orden público y varios decomisos de pruebas documentales y
           físicas que proveen corroboración.


           “28. Al escuchar las grabaciones de las conversaciones telefónicas,
           junto con las entrevistas de testigos respecto a Conde Rubio, se supo
           que Conde Rubio es oficial de alto mando en el 1er Frente de las
           FARC que estaba bajo el mando del Comandante del 1 er Frente de las
           FARC, Aguilar Ramírez. En esa función, desde febrero de 2003 hasta
           por lo menos noviembre de 2006, Conde Rubio estaba encargada de
           las operaciones de la red de suministros logísticos del 1 er Frente, y
           ordenaba y recibía teléfonos satelitales y otros dispositivos de
           comunicación de alta tecnología de Estados Unidos a través de
           confabuladores. Este equipo luego era usado por los miembros de las
           FARC para las actividades ilícitas en pro de la organización. Desde
           octubre de 2003 hasta junio de 2005, Conde Rubio también
           proporcionó fondos a sus confabuladores para la adquisición de otros
           materiales y suministros para las FARC. Ella instruía a los
           confabuladores a que hicieran pagos para la compra de dichos
           materiales y suministros y organizaba la compra de armas y
           municiones. Todas estas acciones eran en pro de las actividades
           ilícitas de las FARC. Específicamente:
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Corte Suprema de Justicia


           “(a) En febrero de 2004, Conde Rubio obtuvo un computador y nueve
           dispositivos GPS de marca Carmín en Villavicencio, con la intención
           de usarlos para las actividades relacionadas con las FARC.


           “(b) En diciembre de 2004, Conde Rubio instruyó a un socio que
           hiciera dos pagos, de una cuenta bancaria que ella controlaba, a dos
           socios que a su vez los utilizarían para comprar materiales y
           suministros relacionados con las actividades de las FARC.


           “(c) En febrero de 2005, Conde Rubio buscó enviar 300,000 bolívares
           venezolanos a través de la ciudad colombiana de Cúcuta, con el
           objetivo de obtener materiales y suministros adicionales para las
           FARC.


           “(d) En marzo de 2005, Conde Rubio ordenó y recibió tres radios de
           alta frecuencia (HF) (conocidos también como radios bidireccionales)
           de Estados Unidos, e hizo que le llegaran a ella por medio de un socio.
           Ese mismo mes, Conde Rubio preguntó sobre el estado de un
           cargamento que iba para las FARC, e hizo los arreglos para que se
           hiciera una entrega de dinero que iba para las FARC. También le
           instruyó a un socio que organizara la compra de teléfonos satelitales y
           tarjetas SIM que se originaran en Estados Unidos.


           “(e) En abril de 2005, Conde Rubio una vez más buscó adquirir y
           organizó la compra de teléfonos satelitales que se originaran en
           Estados Unidos. Ese mes, también le dijo a un socio que se
           comunicara con un segundo socio para que comprara combustible
           para aeronaves en pro de las actividades relacionadas con las FARC.


           “(f) En mayo de 2005, Conde Rubio hizo una llamada telefónica a una
           socia y le ordenó que comprara equipos de comunicaciones, incluso
           una antena, para usarse en pro de las actividades relacionadas con
           las FARC. Ese mes, Conde Rubio también hizo un pedido de
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           suministros y combustible de aeronaves. En esa misma conversación,
           Conde Rubio discutió la compra de teléfonos satelitales y tarjetas
           SIM.


           “(g) En junio de 2005, Conde Rubio le ordenó a un socio que ayudara
           a entregar cinco millones de pesos colombianos para usarse en
           actividades relacionadas con las FARC. También en junio de 2005,
           Conde Rubio y un socio hablaron sobre la entrega de equipos de
           comunicaciones de Estados Unidos.


           “(h) En julio de 2005, Conde Rubio buscó adquirir y ordenó la compra
           de armas y municiones, incluso de fusiles calibre 7.62 para las FARC.


           “(i) En agosto de 2005, Conde Rubio preguntó sobre el estado de un
           cargamento que iba a las FARC, incluso una antena para usarse en un
           dispositivo de comunicaciones. Conde Rubio después se enteró que
           la antena ya se le había entregado a las FARC, y al enterarse, le dio
           instrucciones a un socio para que hiciera el pago de dos millones de
           pesos por la entrega de la antena.


           “(j) En septiembre de 2005, Conde Rubio ordenó otro teléfono
           satelital, que se originara en Estados Unidos.


           “(k) En noviembre de 2005, Conde Rubio confirmó un pago de 12
           millones de pesos colombianos por equipos de comunicaciones. Ese
           mismo mes, Conde Rubio habló de necesitar reparar un teléfono
           satelital que se originó en Estados Unidos.


           “(l) En octubre de 2006, Conde Rubio compró 350 minutos de
           llamadas telefónicas en tarjetas SIM de Estados Unidos. El 24 de
           octubre de 2006, le dijo a un socio que comprara un teléfono satelital
           con la intención de usarse para las actividades de las FARC.
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Corte Suprema de Justicia


           “28.   Las   pruebas    indican        que   en   algún   momento        entre
           aproximadamente junio de 2006 y 2008, Conde Rubio comenzó a
           dirigir la red de apoyo logístico desde y dentro de Venezuela.

           “29. Un testigo colaborador que hizo negocios con Conde Rubio
           durante el período de 2003 a 2007 declara que le proporcionó equipo
           de comunicaciones inalámbricas por un valor de aproximadamente
           $100,000 a Conde Rubio. Todo el equipo fue enviado a Colombia de
           Estados Unidos. Debido a la naturaleza del equipo de comunicaciones
           enviado a nombre de Conde Rubio, y de otros artículos solicitados
           por ella, los testigos piensan que este equipo iba a ser utilizado en
           entornos selváticos y no para revender ni para usar en un ambiente
           urbano.” (Subrayas de la Sala)


     La determinación del lugar de Comisión del delito para efectos de
     la aplicación de la ley penal colombiana en el espacio, se rige en
     nuestro ordenamiento por la teoría de la ubicuidad, que considera
     cometida la conducta punible tanto en el lugar donde se realizó la
     acción o la omisión, como en el lugar donde se produjo o debió
     producirse resultado.


     Al respecto, la Sala en la decisión por medio del cual conceptuó
     desfavorablemente a la extradición de Bladimir Culma Sunz,
     precisó:


           “La determinación del lugar de la comisión del delito para efectos de la
           aplicación de la ley penal colombiana en el espacio, se rige en nuestro
           ordenamiento por la teoría de la ubicuidad, que considera cometida la
           conducta punible tanto en el lugar donde se realizó la acción o la
           omisión (teoría de la acción o de la actividad), como en el lugar donde
           se produjo o debió producirse el resultado (teoría de resultado),
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               “La conducta punible se considera realizada:


                      “1. En el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la
                      acción.
                      “2. En el lugar donde debió realizarse la acción omitida.
                      “3. En el lugar donde se produjo o debió producirse el
                      resultado”.4


               “Si uno de estos dos extremos (acción o resultado) se cumple en el
               territorio nacional, y el otro fuera del mismo, la conducta, para efectos
               de la aplicación de la ley penal colombiana, se considera cometida en
               Colombia o en el exterior. Pero si ambos extremos tienen realización
               material en el territorio nacional, el delito se asume cometido en
               Colombia. En el primer caso, la extradición es procedente. En el
               segundo caso, resulta inviable, por prohibición expresa de la
               Constitución Nacional.”5


     Así, observa la Sala que si bien es cierto en la acusación que la
     justicia estadounidense le formuló a CONDE RUBIO, se dice que
     todos los sucesos expuestos en ella se llevaron a cabo en la
     República de Colombia, fuera de los Estados Unidos y que dentro
     de dicho contexto se le atribuyen cargos por sucesos ocurridos
     dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos de
     conformidad con el Título 18, Sección 2339B(d), y dentro de la
     circunscripción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para
     el Distrito de Columbia, al analizar la situación planteada en este
     asunto se desprende que su accionar también se ejecutó por
     interpuesta persona en el territorio del país requirente.


     4
         Artículo 14 del Código Penal.
     5
         Concepto de 8 de octubre de 2008, radicación 30038
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Corte Suprema de Justicia


     En efecto, fue allí en donde otros conspiradores determinados por
     ella compraron teléfonos satelitales y tarjetas SIM para los
     mismos,     cuyo       servicio   es    prestado   por    operadores
     estadounidenses, para facilitar las actividades delictivas del
     Frente Primero de las FARC. En este sentido, no debe perderse
     de vista que CONDE RUBIO es acusada por (i) concierto para
     suministrar material de apoyo o recursos a una organización
     terrorista extranjera, y (ii) apoyo material a una organización
     terrorista extranjera, conductas que ontológicamente se realizaron
     desde el exterior de la República de Colombia


     Así, acerca de la trascendencia de los actos ejecutados por la
     señora NUBIA CONDE RUBIO y la afectación que con ellos
     generó a los intereses estatales de los Estados Unidos de
     América no le queda ninguna duda a esta Sala de la Corte, pues
     la declaración rendida por Lázaro E. Andino, Agente Especial de
     la Oficina Federal de Investigaciones, F.B.I., y el texto de la
     acusación, muestran que aquella, con los aludidos elementos
     tecnológicos y los demás artículos que ordenaba comprar,
     garantizaba las comunicaciones y el accionar delictivo de la
     referida facción subversiva.


     La ejecución de las aludidas conductas ilícitas comenzó en
     territorio de los Estados Unidos de América, como se desprende
     de declaración de Lázaro E. Andino, quien ante un ‘Juez
     Magistrado’ de dicho país, manifestó que “[a]l escuchar las
     grabaciones de las conversaciones telefónicas, junto con las
     entrevistas de testigos respecto a Conde Rubio, se supo que
     Conde Rubio es oficial de alto mando en el 1er Frente de las
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     FARC que estaba bajo el mando del Comandante del 1er Frente
     de las FARC, Aguilar Ramírez. En esta función, desde febrero de
     2003 hasta por lo menos diciembre de 2006, Conde Rubio
     estaba encargada de la red de suministros logísticos del 1er
     Frente, y ordenaba y recibía teléfonos satelitales y otros
     dispositivos de comunicación de alta tecnología de Estados
     Unidos a través de confabuladores. Este equipo luego era usado
     por los miembros de las FARC para las actividades ilícitas en pro
     de la organización. Desde octubre de 2003 hasta junio de 2005,
     Conde Rubio también proporcionó fondos a sus confabuladores
     para la adquisición de otros materiales y suministros para las
     FARC. Ella instruía a los confabuladores a que hicieran pagos
     para la compra de dichos materiales y suministros y organizaba la
     compra de armas y municiones…” (Subraya la Sala)


     Esos comportamientos atribuidos a CONDE RUBIO conectan el
     entendimiento con el desarrollo jurisprudencial y dogmático
     acerca del conflicto jurídico que genera la participación de varias
     personas en la ejecución de la conducta prohibida, tema en torno
     del cual la Sala ha sentado6:


               “…[C]omo ha sido decantado por la jurisprudencia y la doctrina, el
               conocimiento del agente acerca de que los hechos en los cuales
               interviene, como autor o partícipe, son constitutivos de infracción
               penal, no es elemento que sirva para hacer distinción de cuando se
               quiere el hecho como propio o ajeno, por lo que la diferencia
               indispensablemente debe escudriñarse en el aspecto objetivo-material
               de la contribución al delito, desarrollado en otras latitudes bajo el
               concepto de dominio del hecho, conforme con el cual es autor quien

     6
         Sentencia de 30 de enero de 2008, radicación 23898
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           domina finalmente la realización del delito, abarcando las hipótesis de
           la autoría mediata y coautoría.


           “La primera hace referencia al “hombre de atrás” quien aprovecha la
           comisión del hecho de otra persona quien desconoce durante la
           realización del curso causal la relevancia jurídico-penal de su
           actuación o es compelida a realizar la conducta prohibida, respecto de
           quien aquél ostenta superioridad a través de la cual domina el hecho,
           como si lo estuviera ejecutando de propia mano.


           “En tanto que la segunda, representa la cooperación de varios
           intervinientes en la ejecución del ilícito, en quienes deben concurrir: a)
           la decisión común y anterior de realizar el hecho; b) la aportación
           objetiva de una contribución trascendente en la ejecución de la
           conducta delictiva y, c) que ese aporte no se encuentre en el ámbito
           de los actos preparatorios.


           “Así lo ha venido considerando la Sala de tiempo atrás, del siguiente
           modo:


           «En tratándose de la participación criminal se parte del supuesto que
           la actividad de las diversas personas que intervienen en el hecho no lo
           ejecutan integralmente pero sí contribuyen a ese fin. Frente a la
           coautoría cada participante realiza, en unión con otros, la conducta
           típica, previa celebración de un acuerdo en virtud del cual se busca
           una contribución objetiva en la que cada uno tiene el dominio del
           hecho de tal manera que la tarea asumida individualmente, se torna
           indispensable para la total realización del plan.


           «Frente a ese panorama no resulta indispensable que cada
           interviniente realice totalmente el hecho, como tampoco se puede
           responsabilizar a cada partícipe por la fracción del hecho realizada, tal
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               como lo sugiere el libelista, porque la figura en estudio no tendría
               ninguna razón de ser>>”7


               “Criterio que ha mantenido, en los siguientes términos:


               «Se predica la coautoría, cuando plurales personas son gregarias por
               voluntad propia de la misma causa al margen de la ley, comparten
               conscientemente los fines ilícitos propuestos y están de acuerdo con
               los medios delictivos para lograrlos, de modo que cooperan poniendo
               todo de su parte para alcanzar esos cometidos, realizando cada uno
               las tareas que le corresponden, coordinadas por quienes desempeñen
               a su vez el rol de liderazgo.


               «En    tales    circunstancias,     quienes     así     actúan,      coparticipan
               criminalmente en calidad de coautores, aunque no todos concurran
               por sí mismos a la realización material de los delitos específicos; y son
               coautores, porque de todos ellos puede predicarse que dominan el
               hecho colectivo y gobiernan su propia voluntad, en la medida justa del
               trabajo que les correspondiere efectuar, siguiendo la división del
               trabajo planificada de antemano o acordada desde la ideación
               criminal.


               «En el presente caso, donde subversivos del ELN, de distintas
               jerarquías, sumaron sus voluntades libres para dinamitar el oleoducto
               cercano a Machuca, en cumplimiento de las políticas de ataque
               terrorista a la infraestructura petrolera, compartidas por todos ellos, es
               evidente que los directivos de esa organización criminal no actuaron
               como determinadores de los ejecutores materiales, sino en calidad de
               coautores, porque no es cierto, al menos las pruebas no lo indican así,
               que dichos directivos hubiesen hecho nacer la idea criminal en los
               milicianos rasos y menos que dominaran la voluntad de éstos; pues,
               por el contrario, lo que se verifica razonablemente es que los

     7
         Sentencia de casación de 6 de mayo de 1998, radicación 9890
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           guerrilleros del ELN implicados en la destrucción de la tubería
           desplegaron la conducta que les correspondía, con acuerdo previo,
           por convicción propia, por compartir las ‘políticas’ del grupo armado
           ilegal, directrices que conocían y a las cuales habían adherido con
           antelación, en un proceso paulatino de reclutamiento, diseño de
           estrategias,     entrenamientos,        aprendizaje      de       doctrinas          y
           estandarización de modos de actuar.


           «Mediando, como en el presente asunto, ideologías compartidas,
           voluntades concurrentes e intervención con aportes concretos según
           la división preacordada del trabajo criminal, se afirma que todos son
           coautores      globalmente   de    la   conducta      delictiva     realizada        y
           responsables por sus consecuencias. No es, como suele entenderse,
           que cada uno sea autor sólo de la parte que le corresponde en la
           división del trabajo; ya que en este género de manifestaciones del
           crimen organizado se gesta un conocimiento común y una voluntad
           que también es común y por ello, el delito que recaiga en ese marco
           de acción, pertenece a todos como a sus autores.


           «Quizá, un entendimiento equivocado de esa temática, llevó al
           Tribunal Superior a concluir erróneamente que los integrantes del
           Comando Central del ELN son responsables únicamente por trazar
           ‘políticas’ de ataques terroristas a la infraestructura petrolera, pero no
           así de las voladuras concretas de los oleoductos, que, serían
           atribuibles sólo a sus ejecutores. Y tal conclusión es incorrecta, porque
           parte de suponer que los directivos del grupo armado ilegal se limitan
           a trazar líneas de pensamiento político, como si ignorase que tales
           directrices también son de acción delictiva; y que para su
           materialización consiguen recursos, los administran, los adjudican a
           los planes operativos concretos y asignan prioridades a las gestiones
           de ataque al ‘enemigo’ o simplemente para el adoctrinamiento o la
           supervivencia cotidiana del grupo.
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            «De otra parte, cuando existe división del trabajo criminal, para
            predicarse la coautoría impropia, no se requiere – como piensa el
            Tribunal Superior – que hasta los más mínimos detalles de las tareas
            que a cada uno corresponden, deban ser previamente determinados
            con la aquiescencia de todos».


            «Un ‘experto’ en instalar artefactos explosivos no necesita recibir
            instrucciones minuciosas. Es más, él puede seleccionar el tiempo,
            modo y la ubicación que estime adecuados y no por ello desarticula el
            vínculo de coautoría con los restantes partícipes que aportaron su
            gestión para lograr el delito común. En ello consiste precisamente la
            división del trabajo según la habilidad o especialidad de cada quien,
            todo para lograr una finalidad ilícita compartida; ya que, si así no fuera,
            indistintamente cualquiera acudiría a realizar las diversas acciones,
            caso en el cual la intervención plural podría no ser necesaria»”.8


     No obstante la anterior precisión, frente a la delincuencia
     organizada hay la tendencia mundial que, en dichos casos,
     propende por la teoría de la autoría mediata, en los siguientes
     términos:


            “Es ciertamente anómalo considerar como autoría mediata estos
            casos de «autor tras el autor»9, pero Roxin le da a su tesis una
            convincente fundamentación, que ha hecho que su posición no sólo
            haya sido aceptada por muchos otros autores que le han seguido
            tanto en Alemania, como fuera, sino también por los Tribunales de
            otros países y concretamente en Alemania por el Tribunal Supremo de
            aquel país que en una sentencia trascendental10 se sirvió de esta
            teoría para fundamentar la responsabilidad de los Altos Cargos del


     8
        Sentencia del 7 de marzo de 2007. radicación 23815, reiterada en sentencia de 8 de
     agosto de 2007, radicación 25974
     9
       Véase, F.Ch.SCHROEDER, Der Täter hinter dem Täter, 1965.
     10
        BGHSt 40, 218
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Corte Suprema de Justicia


           Gobierno de la antigua República Democrática Alemana por los
           disparos realizados en el Muro de Berlín por los Guardias Fronterizos
           contra las personas que intentaron pasar a la República Federal de
           Alemania.


           “También en Argentina, la Corte Suprema se sirvió de esta teoría de
           Roxin para fundamentar la condena de los Generales de la Dictadura
           de   Videla   que   dirigieron   y    organizaron   las   ejecuciones         y
           «desapariciones» de tantos miles de ciudadanos argentinos, por más
           que después una discutida Ley de Punto Final dejara sin efecto dichos
           condenas, que ahora vuelven a actualizarse contra Videla por el
           secuestro de los hijos de los «desaparecidos» y asesinados durante
           aquel terrible período de la vida de aquel país hermano. En este caso,
           tampoco se puede decir que Videla o sus secuaces llevaran a cabo
           personalmente esos secuestros o los asesinatos que, sin duda,
           ejecutaron materialmente otros, pero, con una fundamentación o con
           otra, lo que nadie discute es que también deben ser considerados los
           principales responsables y, por tanto, también, autores (mediatos o no)
           de tales hechos.


           “Para Roxin, la clave que sirve para fundamentar en estos casos la
           autoría mediata de los que están detrás de los autores inmediatos o
           ejecutores materiales de los hechos, es la fungibilidad de los mismos,
           ya que, en definitiva, se trata de personas carentes de autonomía, que
           ni siquiera son conocidas personalmente por el que da las órdenes. Se
           trata, pues, de meros ejecutores anónimos que si por cualquier motivo
           no quieren o no pueden realizar en el caso concreto el hecho que se
           les ordena, pueden ser sustituidos por otros, sin que por eso fracase el
           resultado final, que dominan otros, sean Eichmann, Hitler, Videla, o el
           Sr. X de cualquier otro aparato de poder estatal o paraestatal.


           “b) Pero la tesis de Roxin que parece, en principio, perfectamente
           aplicable a estos casos de criminalidad cometida sirviéndose de
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Corte Suprema de Justicia


           aparatos de poder estatal organizado, que están en su origen, ya no
           es tan convincente cuando se trata de aplicarla a otros casos de
           criminalidad organizada que se desarrollan en organizaciones
           criminales ilegales no estatales y no tan estrechamente basadas en
           principios de jerarquía, obediencia ciega y disciplina tan característicos
           del régimen nazi y de otros Estados totalitarios, como el régimen
           estalinista, o las dictaduras militares de Videla y Pinochet en los
           países del Cono Sur americano. Ciertamente, como ya advertía el
           mismo Roxin en 1963, la tesis de la autoría mediata puede ser
           también aplicable a los delitos que se cometen «en el ámbito de los
           movimiento clandestinos, organizaciones secretas, bandas criminales
           y agrupaciones semejantes», pero las características tan peculiares
           del funcionamiento de los aparatos de poder de los Estados totalitarios
           no suelen darse tan nítidamente en este otro tipo de organizaciones
           criminales, y entonces parece necesario buscar otras formas de
           imputación [teoría del dominio del hecho] que se adapten mejor a las
           peculiaridades de estos grupos criminales.


           “Desde luego, se puede decir que algunos grupos terroristas funcionan
           como un verdadero ejercito, y que también en ellos existen sus
           «hombres de atrás» y sus ejecutores, meros instrumentos anónimos
           intercambiables y sustituibles por otros. También la Mafia siciliana, con
           sus leyes de la «omertá», o los «yakuzas» japoneses, con sus códigos
           secretos, constituyen grupos muy jerarquizados y con características
           parecidas al más disciplinado ejercito o servicio secreto estatal. Pero
           las semejanzas no van mucho más lejos. Por lo pronto, su carácter
           marginal e ilegal hace que sus miembros tengan entre sí una relación
           personal mucho más estrecha que la que se da entre los miembros de
           los aparatos de poder estatales. Es verdad, que las decisiones se
           toman por unos pocos, en la cúpula, pero también son unos pocos los
           que pueden llevarlas a cabo y generalmente estos pocos están en
           relación directa y personal con los que dan las órdenes o planifican los
           hechos y en cuya ejecución directa no intervienen. Incluso sus formas
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Corte Suprema de Justicia


             de vida marginal en auténticos «ghettos», viviendas compartidas, etc,
             dificulta que fuera del círculo reducido de los que pertenecen al grupo,
             haya muchas personas más dispuestas a realizar el delito y a sustituir
             al que en principio estaba destinado a realizarlo. Sin descartar que la
             teoría de Roxin. como indica su más reciente expositor, Kai Ambos 11,
             pueda ser también aplicable a estas otras formas de criminalidad
             organizada, no cabe descartar que también otras clases de autoría, e
             incluso de participación, puedan adaptarse mejor a manifestaciones de
             criminalidad organizada de carácter paraestatal, mafiosas o terroristas,
             o simplemente de delincuencia común más tradicional como las
             bandas de atracadores, cartels de narcotraficantes, lavado de dinero
             etc.”12


     De este modo, en relación con los hechos ejecutados en los
     Estados Unidos de América para la adquisición de los elementos
     tecnológicos para la logística de la agrupación subversiva, Lázaro
     E. Andino, al referirse a la situación de Ana Leonor Tórres, alias
     “Juliana”,”Catalina”, “Cata”, “María”, cuenta que CONDE RUBIO le
     daba a ésta fondos de las FARC para que comprara los
     suministros necesarios, incluso equipos de comunicaciones,
     dispositivos GPS y equipo médico de fabricación estadounidense.
     Así, “…(b) Entre marzo de 2004 y mayo de 2004, Torres hizo
     numerosas llamadas a un confabulador a nombre de otro
     confabulador y coordinó la compra de una máquina de rayos X y
     otros suministros médicos por un valor aproximado de $37,000



     11
        Tatherrschaft durch Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtapparate, GA, 1998, p.226 ss.
     (hay traducción española de Cancio Meliá, publicadaen Revista de Derecho penal y Criminología,
     1999)
     12
        Francisco Muñoz Conde, Catedrático de Derecho Penal, Universidad “Pablo de Olavide, Sevilla,
     artículo ¿CÓMO IMPUTAR A TÍTULO DE AUTORES A LAS PERSONAS QUE, SIN REALIZAR
     ACCIONES EJECUTIVAS, DECIDEN LA REALIZACIÓN DE UN DELITO EN EL ÁMBITO DE
     LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EMPRESARIAL?
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     dólares estadounidenses. Este equipo médico provino de una
     compañía de suministros médicos en Estados Unidos.”


     Y en torno al lugar en donde se adquirían los bienes señala:
     “Según testigos colaboradores, que participaron en actividades
     relacionadas con la red logística de las FARC con Torres entre
     2003 y 2006, ellos recibieron grandes cantidades de dinero de
     Torres para la compra de suministros logísticos como les
     ordenara Conde Rubio. Algunos de estos suministros logísticos
     (específicamente       dispositivos        de   comunicaciones)       fueron
     comprados en Estados Unidos con dinero que proporcionaba
     Torres. Basados en los medios y la manera en que Torres
     proporcionaba el dinero para la compra de suministros logísticos,
     los testigos pensaban que estos suministros y equipos serían
     utilizados en un entorno selvático y que no tenían el propósito de
     ser revendidos ni usados en un medio urbano”. (Subrayas de la
     Sala)


     Lo anterior no permite hesitación acerca de que en territorio de los
     Estados Unidos de América, bajo la coordinación de NANCY
     CONDE RUBIO, se adquirían los equipos de comunicaciones y de
     apoyo logístico para el Primer Frente de las FARC y que quienes
     participaban en su compra no fueron extraños al uso que se le
     daría a dichos artículos.


     De otra parte, aunque en la documentación aportada por el
     Gobierno de los Estados Unidos se dice que el dinero utilizado por
     NANCY CONDE RUBIO para la adquisición de los señalados
     bienes provenía de actividades de narcotráfico, a pesar de lo cual
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Corte Suprema de Justicia


     no se le imputó cargo alguno al respecto. Sin embargo, tal
     circunstancia no causa mengua alguna respecto de los efectos
     jurídicos en la compraventa de dichos bienes, ni en la finalidad
     perseguida con ellos, continuando los teléfonos satelitales
     vinculados con operadores de los Estados Unidos a través de los
     cuales se efectuaban llamadas que tenían relación con las
     actividades extremistas del grupo subversivo.


     En consecuencia, el gobierno de los Estados Unidos de América
     considera que la actuación de NANCY CONDE RUBIO, afectó el
     comercio interestatal o exterior de dicho país13 y por ello se arroga
     jurisdicción para juzgarla por los cargos que sustentan la
     acusación dictada en su contra, en la medida que varios de sus
     actos lograron trascendencia en su territorio, a pesar de que los
     elementos adquiridos se usaran para cometer hechos delictivos
     en territorio colombiano.


     Es que en este caso refulge que la situación de la requerida es
     diferente en relación con las demás personas que fueron
     acusadas en los Estados Unidos dentro del mismo proceso, en
     cuyos casos la Sala ha conceptuado desfavorablemente a la
     solicitud de extradición, pues a ella se le atribuye una función
     protagónica en el sostenimiento de la logística del Primer Frente
     de las FARC, especialmente de las comunicaciones, cuya labor,
     como se viene de señalar, trascendió más allá de las fronteras
     nacionales.
     13
        M. Jeffrey Beatrice, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, manifestó en la declaración que
     rindió en apoyo de la solicitud de extradición: “Los Estados Unidos tiene jurisdicción para
     enjuiciar a los acoados por los delitos que se les imputan en los Cargos Uno y Dos de la
     Acusación Formal, debido a que ‘suceden [sucedieron] o afectan [afectaron] el comercio
     internacional’” (Folio 137 de la carpeta anexa).
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     3. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS DEL DEFENSOR


     Frente a lo manifestado por el defensor, necesario es insistir que
     el concepto que debe emitir la Corte Suprema de Justicia en el
     trámite de extradición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
     502 de la Ley 906 de 2004, se restringe a establecer: (i) la validez
     formal de la documentación presentada, (ii) la demostración plena
     de la identidad del solicitado, (iii) el principio de la doble
     incriminación, (iv) la equivalencia de la providencia proferida en el
     extranjero y, (v) cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo
     previsto en los tratados públicos.


     De este modo, todas aquellas circunstancias que no tengan
     relación con los aspectos que se vienen de señalar, como los
     planteados por el defensor, escapan a la competencia de la Corte
     y corresponde decidirlos al Presidente de la República, quien en
     su condición de jefe de la política exterior del Estado, cuando el
     concepto es favorable, es quien finalmente decide acerca de la
     viabilidad de entregar al gobierno extranjero la persona requerida
     en extradición.


     No obstante, teniendo en cuenta lo precisado por esta Sala de la
     Corte en reciente decisión en la cual emitió concepto negativo
     para evitar la transgresión del principio non bis in ídem en un caso
     en que el requerido en extradición ya había sido juzgado en
     Colombia por los hechos que sirvieron de fundamento a la
     solicitud de extradición, se destaca que el caso bajo examen no
     es análogo a dicha hipótesis.
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     En efecto, en la referida decisión, la Sala precisó que la
     extradición es improcedente cuando al momento en que el
     gobierno extranjero solicita la captura, internamente el requerido
     ha sido juzgado con sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada,
     esto bajo el entendido de que la misma no fue objeto de
     impugnación.


     Al respecto señaló:

           “Por eso cuando el gobierno, una vez verificados por la Corte los
           requisitos de procedencia de la extradición, decide renunciar al
           juzgamiento del requerido conforme a la legislación penal nacional, el
           principio del non bis in ídem trae como consecuencia la imposibilidad
           de iniciar procesos que sobre los mismos hechos y en contra de las
           mismas personas se pudiesen adelantar en Colombia.

           “Por lo mismo, cuando previamente a la solicitud de extradición el
           requerido ya ha sido juzgado, la extradición se hace improcedente y la
           ejecución de la pena debe hacerse de manera imperativa con
           prevalencia sobre la del Estado requirente.

           “Constituyendo entonces el ejercicio de la jurisdicción por nuestras
           autoridades judiciales para el momento en que se formule el
           requerimiento, causal de improcedencia de la extradición, es
           imperativo colegir que en este asunto el concepto de la Sala ha de ser
           negativo al pedido formulado por las autoridades norteamericanas
           pues en aplicación de lo antes aseverado el principio del non bis in
           ídem y el de cosa juzgada impiden que el Estado colombiano decline
           la jurisdicción ya ejercida para cederla a favor del Estado que hace la
           solicitud.
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               “Baste finalmente precisar que para el examen de esta causal de
               improcedencia ha de determinarse que para el momento en que se
               haga el requerimiento del país extranjero ya debió haberse ejercido
               jurisdicción a través del proferimiento de sentencia condenatoria y que
               para dichos efectos debe entenderse por requerimiento del Estado
               solicitante cualquier manifestación que por las vías diplomáticas se
               exprese en interés de obtener la efectividad del mecanismo, vr.gr. la
               solicitud de captura con fines de extradición.”14


     Condición que no se satisface en el presente asunto, en el cual el
     defensor ha informado que NANCY CONDE RUBIO es procesada
     por los hechos que originan la solicitud de extradición por parte
     del gobierno de los Estados Unidos con el anunció de que había
     solicitado sentencia anticipada y que el proceso está pendiente
     para emitir el fallo respectivo.


     No obstante lo anterior, le corresponde al Gobierno Nacional
     establecer si se trata de los mismos hechos por los cuales el
     Gobierno de los Estados Unidos de América pide en extradición a
     NANCY CONDE RUBIO, en cuyo caso debe asumir las
     decisiones          que     correspondan           en       orden   a   mantener          la
     preeminencia del principio non bis in ídem.


     Para terminar, frente a la posible lesión de los derechos
     fundamentales del hijo de la requerida de 22 meses de edad, la
     decisión           corresponde           al        Gobierno         Nacional        quien
     ponderadamente debe resolver la tensión que se presenta entre
     su eventual extradición y los derechos fundamentales del menor.


     14
          Concepto de 19 de febrero de 2009, radicación 30374.
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     4. CONCLUSIÓN


     Reunidos como se encuentran los requisitos exigidos por el
     Código de Procedimiento Penal de 2004, la Corte procederá a
     emitir concepto favorable a la solicitud de extradición exigiendo al
     Gobierno Nacional que de acoger esta opinión condicione la
     entrega a que el requerido no sea juzgado por hechos sometidos
     a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, ni
     desaparición forzada por el país solicitante, de conformidad con lo
     dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Carta Política.


     El Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de NANCY
     CONDE RUBIO, a que se le respeten –como a cualquier otro
     nacional en las mismas condiciones- todas las garantías debidas
     a su condición de justiciable, en particular, a que: 1) tenga acceso
     a un proceso público sin dilaciones injustificadas, 2) se presuma
     su inocencia, 3) cuente con un intérprete, 4) tenga un defensor
     designado por él o por el Estado, 5) se le conceda el tiempo y los
     medios adecuados para que prepare la defensa, 6) a presentar
     pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, 7) su
     situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones
     dignas, 8) la eventual pena que se le imponga no trascienda de su
     persona, 9) la sanción pueda ser apelada ante un tribunal
     superior, 10) la pena privativa de la libertad tenga la finalidad
     esencial de reforma y readaptación social (artículos 29 de la
     Constitución Política; 9 y 10 de la Declaración Universal de
     Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5,
     9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-
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Corte Suprema de Justicia


     1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
     y Políticos).


     Igualmente, el gobierno debe condicionar la entrega a que el país
     reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le
     ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado
     pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos,
     esto en cuanto la Constitución Política en su artículo 42, reconoce
     a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su
     protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se
     refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la
     Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y
     el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).


     En cumplimiento de su deber de protección a las garantías y
     derechos del nacional colombiano entregado en extradición, es
     misión del Estado, por medio del ámbito de competencias de los
     órganos respectivos, vigilar que en el país reclamante se respeten
     las mencionadas condiciones (artículo 9 y 226 de la Carta). Así,
     en primer orden, a través del cuerpo diplomático, en concreto, por
     las diferentes oficinas consulares, con apoyo de la Procuraduría
     General de la Nación (artículo 277 de la Constitución) y de la
     Defensoría del Pueblo (artículo 282 ibídem), de lo cual, además,
     habrá de darse informes periódicos a la Corte, en virtud del
     principio de colaboración armónica entre los diferentes Poderes
     Públicos (artículo 113 de la Carta), con el fin de que todos los
     estamentos con injerencia en el tema tengan elementos de juicio
     que   les   permitan   sopesar    la   conveniencia   de    privilegiar
     jurisdicciones foráneas frente a la interna.
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Corte Suprema de Justicia



     De igual modo, el Gobierno Nacional, si lo considera pertinente,
     deberá exigir al Estado requirente que responda por la
     permanencia del extraditado en el país extranjero y el retorno al
     de origen, en condiciones de dignidad y respeto por la persona
     humana, cuando aquél llegare a ser sobreseído, absuelto,
     declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su
     liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la
     sentencia de condena, en razón de los cargos que motivaron la
     solicitud de extradición y por los cuales ésta hubiese sido
     concedida


     Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
     de Justicia,


     CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de NANCY
     CONDE RUBIO de anotaciones civiles conocidas en el curso del
     proceso, por los cargos a ella atribuidos en la acusación
     sustitutiva No. 07-248 presentada, el 25 de septiembre de 2007,
     por el Gran Jurado en la Corte Distrital de los Estados Unidos
     para el Distrito Columbia


     Comuníquese por la Secretaría de la Sala esta determinación a la
     requerida NANCY CONDE RUBIO, a su defensor, al Procurador
     Primero Delegado para la Casación Penal y al Fiscal General de
     la Nación, para lo de su cargo.
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Corte Suprema de Justicia


     Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia
     para lo de su competencia.




                       JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA




     JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ           SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
           Excusa Justificada                    Salvamento de voto




     ALFREDO GÓMEZ QUINTERO            MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L.
                 Permiso                         Aclaración de voto




     AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN               JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS




     YESID RAMÍREZ BASTIDAS                  JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ




                                TERESA RUIZ NÚÑEZ
                                    Secretaria




                           SALVAMENTO DE VOTO
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Corte Suprema de Justicia



                Con el respeto que siempre he profesado por las decisiones
     de la Sala, estimo necesario salvar el voto respecto de lo decidido
     en el presente asunto, pues considero que debió negarse la
     extradición de la solicitada, como así se ha hecho recientemente,
     dado que no se cumple estrictamente el requisito de territorialidad
     exigido en la ley para facultar la entrega del nacional colombiano
     a las autoridades de otro país.


                Al efecto, ha de destacarse cómo en el proyecto se dice que
     no se trata de cambiar de postura o recoger esas posiciones
     recientes, lo que da pie para significar que la razón del concepto
     favorable estriba en que los hechos son diferentes o, cuando
     menos, se puede explicar adecuadamente que ellos tuvieron
     ocurrencia así fuese parcial en el país requirente.


                Para confrontar los hechos que ahora nos ocupan, con
     aquellos que dieron lugar a negar la extradición, bástenos traer a
     colación los siguientes15:

                  “2.4. Causales de improcedencia. El artículo 35 de
                  la Constitución Nacional, modificado por el Acto
                  Legislativo 01 de 1997, prohíbe la extradición en los
                  siguientes casos: (i) cuando el delito objeto de
                  investigación o juzgamiento es de naturaleza
                  política, (ii) cuando los hechos que motivan la
                  solicitud fueron cometidos con anterioridad al 17 de
                  diciembre de 1997, y (iii) cuando el solicitado es
                  natural colombiano y el delito que se le imputa ha
                  sido cometido en territorio nacional.



     15
          Auto del 5 de noviembre de 2008, radicado 30035
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Corte Suprema de Justicia


                  Las prohibiciones por la naturaleza del delito y la
                  fecha de comisión de los hechos delictivos no se
                  presentan en el caso estudiado, porque los delitos
                  de concierto para suministrar material de apoyo a
                  organizaciones terroristas y de suministro de
                  material de apoyo o ayuda a dichas organizaciones,
                  que la Corte para el Distrito de Columbia le imputa
                  a JOSÉ FERNANDO ROMERO MEJÍA, son de
                  naturaleza común, no política. Y los hechos que
                  sustentan la acusación ocurrieron después del 17
                  de diciembre de 1997 (entre el 2002 y el 2007).

                  La situación es distinta, en cambio, con la tercera
                  prohibición, porque las condiciones que la hacen
                  aplicable, consistentes en que el solicitado sea
                  natural colombiano y que los delitos que motivan la
                  solicitud de extradición hayan sido cometidos en
                  Colombia, confluyen en el caso analizado, haciendo
                  que la extradición se torne improcedente.
                  En reciente pronunciamiento16, analizando el mismo
                  indictment –frente a otro de los acusados-, la Sala
                  consideró que la determinación del lugar de
                  comisión del delito para efectos de la aplicación de
                  la ley penal colombiana en el espacio, se rige en
                  nuestro ordenamiento por la teoría de la ubicuidad
                  –artículo 14 del Código Penal-, que considera
                  cometida la conducta punible tanto en el lugar
                  donde se realizó la acción o la omisión (teoría de la
                  acción o de la actividad), como en el lugar donde se
                  produjo o debió producirse el resultado (teoría del
                  resultado).
                  Si uno de estos dos extremos (acción o resultado)
                  se cumple en el territorio nacional, y el otro fuera
                  del mismo, la conducta, para efectos de la
                  aplicación de la ley penal colombiana, se puede
                  considerar cometida en Colombia o en el exterior.
                  Pero si ambos extremos tienen realización material
                  en el territorio nacional, el delito se asume cometido
                  en Colombia. En el primer caso, la extradición es


     16
          Concepto del 8 de octubre de 2008, Radicado 30.0038.
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Corte Suprema de Justicia


            procedente. En el segundo, resulta inviable, por
            prohibición expresa de la Constitución Nacional.

            Confrontados los cargos imputados a JOSÉ
            FERNANDO ROMEROE MEJÍA en la acusación
            No.07-248 (RCL) de 25 de septiembre de 2007, que
            sirve de fundamento a la primera solicitud de
            extradición, se establece, sin mayores dificultades,
            que los comportamientos delictivos que se le
            endilgan, consistentes en concertarse con otras
            personas para suministrar material de apoyo a las
            Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
            (FARC), y en apoyar con suministros y recursos
            dicha organización, sucedieron en Colombia. Dice
            la acusación:
            “Jurisdicción. Todos los sucesos expuestos en esta
            acusación formal se llevaron a cabo en la República
            de Colombia, fuera de los Estados Unidos. En este
            contexto, los cargos se imputan por sucesos
            ocurridos dentro de la jurisdicción extraterritorial de
            los Estados Unidos, de conformidad con el Título 18
            del Código de los Estados Unidos, Sección
            2339B(d), y dentro de la circunscripción del Tribunal
            de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito de
            Columbia de conformidad con el Título 18 del
            Código de los Estados Unidos, Sección 3238”.

            El señalamiento del territorio colombiano como
            lugar de comisión de las conductas punibles de
            concertación para apoyar una organización
            terrorista y de suministro de ayuda a esa
            organización, imputadas a ROMERO MEJÍA, es
            reafirmado en la concreción de cada uno de los
            cargos que se le imputan, así:

            “Confabulación

            “Desde o por lo menos a eso del 2002, la fecha
            exacta la desconoce el Gran Jurado, y de seguido a
            partir de entonces hasta por lo menos julio del
            2007, en la República de Colombia, los acusados
            … a sabiendas se aunaron, se confabularon, se
            hicieron cómplices y acordaron entre ellos y con
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Corte Suprema de Justicia


            otros que el Gran Jurado conoce y desconoce,
            proporcionarle apoyo material y recursos a una
            organización terrorista extranjera, concretamente a
            las FARC…

            “Apoyo material.

            “Comenzando a eso del 2002 y de seguido hasta
            por lo menos julio de 2007, en la República de
            Colombia,      los   acusados      …a     sabiendas
            proporcionaron y pretendieron proporcionarle apoyo
            y recursos, es decir, confirmaron una red de
            logística, para proveerle armas, equipo de alta
            tecnología, dinero y otros materiales y suministros a
            una estructura terrorista extranjera, las FARC la
            cual entabló o entabla actividades terroristas o en
            terrorismo”.
            También       es   corroborado      en     el   acápite
            correspondiente a la relación de los antecedentes
            del caso, en donde, al aludir al centro de
            operaciones de la red de apoyo logístico de la cual
            hacía parte Romero Mejía, se señala que el
            suministro de armas a las FARC, incluyendo rifles,
            mirillas telescópicas para rifles, pistolas, escopetas,
            espoletas y municiones, se daba en los
            “departamentos de Guaviare, Vaupes (sic) y
            Amazonas”.


           Como se ve, los cargos que ahora nos ocupan son similares
     a aquellos considerados en la decisión parcialmente transcrita, en
     esencia referidos a la conspiración para suministrar apoyo
     material a una organización terrorista extranjera, y el efectivo
     apoyo material a la misma.


           Es claro, además, que esos elementos de tecnología en
     comunicaciones adquiridos en el país del norte –para destacar
     que en el asunto arriba reseñado se trataba de armas- iban
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Corte Suprema de Justicia


     dirigidos o se entregaron a una agrupación subversiva con asiento
     en Colombia, que despliega, hasta lo que se conoce, sus
     acciones en este mismo territorio.


           Establecida la identidad fáctica y jurídica, estimo que los
     argumentos presentados en el proyecto del cual me aparto para
     definir diferente el asunto, no son lo suficientemente fuertes en el
     cometido de desatender los antecedentes que se dice querer
     preservar, pues, carecen de pertinencia para el objeto central de
     debate.


           Al efecto, se hace notorio cómo el debate se distrae de su
     entorno natural, esto es, el lugar o lugares donde se cometió la
     conducta, hacia un factor completamente ajeno al mismo: el tipo
     de responsabilidad que le cabe a la solicitada, a quien se atribuye
     una “función protagónica en el sostenimiento de la logística del
     Primer    Frente     de   las   FARC,     especialmente        de        las
     comunicaciones”, elemento que se extrae por simple intuición y al
     cual se liga una innecesaria disertación acerca de los tipos de
     responsabilidad por organización o la autoría mediata.


           Y señalo innecesaria la disertación, porque ella no sirve para
     sustentar que la conducta se haya cometido en los Estados
     Unidos, ni mucho menos a fin de separar estos hechos de los
     analizados     en   ocasiones   anteriores,   cuando se negó              la
     extradición.


           Por lo demás, tampoco se dice por qué ahora la sola compra
     de los aparatos satelitales en ese país, que se entiende
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Corte Suprema de Justicia


     completamente lícita allí, se estima parte del delito, cuando es lo
     cierto que en esas otras ocasiones los elementos -incluso armas
     de fuego, se destaca- también fueron adquiridos en esa nación y
     jamás fue factor de discusión que quienes los compraron
     conocieran o no de su destino o incluso, pertenecieran o
     colaboraran con la facción subversiva.


           En este sentido, así efectivamente quienes compraron los
     teléfonos satelitales en el país del norte, supieran que iban
     destinados a la agrupación terrorista, o actuasen por orden de la
     solicitada, ello no conduce a significar que el hecho tuvo
     ocurrencia parcial en ese país, por la potísima razón que esa
     adquisición no es delito, en principio.


           El delito comenzó a realizarse, dentro de la fase ejecutiva
     del iter criminis, en Colombia, cuando fueron entregados los
     elementos a la agrupación sediciosa para utilizarlos en acciones
     que, se repite, parecen desarrollarse solo en Colombia, o cuando
     menos nada distinto se dice en los documentos presentados por
     el gobierno de los Estados Unidos, donde, paradójicamente, se
     reconoce expresamente a este país como el territorio de
     ejecución.


           Es claro, por último, que la sola finalidad –utilizar los
     teléfonos para la actividad extremista del grupo sedicioso-, no
     define que el delito incluya territorialmente a los Estados Unidos, o
     de alguna forma lo afecte, pues, en similares condiciones, para
     citar un ejemplo si se quiere pedestre, quien allí se haga a un
     filoso cuchillo con el ánimo de traerlo a Colombia y aquí dar
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Corte Suprema de Justicia


     muerte a un semejante, también podría ser solicitado en
     extradición, cuando, como lo hace el proyecto objeto de este
     salvamento, se utiliza un criterio de causalidad extrema ya
     desueto en nuestro ordenamiento jurídico.


           Considero que ahora, en el momento en el cual se empieza
     a trazar una línea definida acerca de los criterios que deben
     imperar en el concepto a entregar por la Corte respecto de los
     solicitados en extradición, decisiones como ésta de la que me
     aparto, lejos de contribuir a su consolidación, terminan por
     confundir, al establecer condiciones eminentemente casuísticas
     que en nada se avienen con el objeto de discusión.


           Precisamente, ya abordado el tópico y si bien no dice
     relación con el punto específico objeto del salvamento, estimo
     necesario puntualizar, frente a los equívocos que en los medios
     de comunicación se reiteran, cómo la posición de la Corte
     respecto de la prohibición contenida en el principio Non Bis In
     Ídem, no es reciente, dado que siempre se ha sostenido la
     invariabilidad y plenos efectos de la misma, sólo que se había
     dejado en manos del ejecutivo su adecuada protección.


           En efecto, un análisis concienzudo de las decisiones
     emitidas por ésta Corporación desde agosto de 2000 hasta la
     fecha, que de todas maneras incluyó algunos pronunciamientos
     anteriores a ese año, permite definir cómo la Sala conceptuaba
     desfavorablemente en los casos en los cuales se advertía existir
     en Colombia un proceso o sentencia contra el solicitado, por los
     mismos hechos
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Corte Suprema de Justicia



                De igual manera, con el advenimiento la Ley 600 de 2000 se
     mantuvo la línea jurisprudencial, inclusive a pesar de la
     declaratoria de inexequibilidad, por vicios de forma, del artículo
     527        de      la    última17       (sentencia     C-760/2001           de      la     Corte
     Constitucional), el cual básicamente correspondía al mismo 565
     del Código derogado salvo por el cambio de la expresión “esté
     investigada” por “esté siendo juzgada”. 18


                Empero, respecto del principio Non Bis In Ídem, señaló la
     Corte que si bien, no le competía definir el punto, ello no obstaba
     para advertir al Gobierno su deber de cumplir rigurosamente la
     Constitución y la ley.


                En providencia del presente año, aunque se reitera la tesis
     de que el concepto obligado de emitir por la Corte no cobija el
     fenómeno examinado, se precisó que la decisión del Gobierno al
     respecto, no es discrecional, de manera que pueda optar o no por
     su ejercicio, o mostrarse indiferente ante situaciones en las que se
     establezca que la persona solicitada en extradición ya fue juzgada
     por los mismos hechos que motivan la solicitud de entrega.


                En el concepto del 19 de febrero de 2009, que ha sido
     objeto de cuestionamiento oficial, la Corte simplemente varió la
     jurisprudencia en torno a quién ostenta la competencia para



     3.
       Artículo 527. Casos en que no procede la extradición. No habrá lugar a la extradición cuando por
     el mismo hecho la persona cuya entrega se solicita, haya sido o esté siendo juzgada en Colombia.
     18
          Auto del 19 de febrero de 2009, radicado 30377
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Corte Suprema de Justicia


     establecer lo atinente a la existencia de condena por los mismos
     hechos que suscitan el pedido de extradición.


           Sobre el particular, estableció que la tarea emerge
     esencialmente judicial y por tal virtud, añadió a los requisitos
     formales propicios de concepto, el referido a determinar si contra
     la persona solicitada existe condena en Colombia por los mismos
     hechos,   en    seguimiento    de     los   presupuestos      fundantes
     consignados en el artículo 29 de la Carta Política, en especial, la
     prohibición de juzgar a una persona dos veces por el mismo
     hecho, misma que, no huelga resaltar, se encuentra prevista en la
     Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto
     Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


           En este sentido, debo agregar, la posición reciente de la
     Corte se compadece con su labor jurisdiccional y la obligación de
     velar por la satisfacción de los derechos fundamentales, en tanto,
     mal puede esquivar olímpicamente el tema, cuando, de un lado,
     es a través de la práctica probatoria propia del trámite asignado a
     la Sala, que pueden allegarse los elementos de juicio suficientes
     para verificar la violación o no del postulado universal; y del otro,
     la función de velar por el cumplimiento de caros derechos
     compete a todas las autoridades nacionales, desde luego,
     incluidas las jurisdiccionales, razón por la cual no asoma exótico o
     irregular que el concepto se emita negativo cuando por fuera de
     toda duda se ha comprobado que la persona solicitada en
     extradición no puede de ninguna manera volver a ser juzgada,
     dado que ya existe, respecto de los mismos hechos, sentencia
     ejecutoriada.
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Corte Suprema de Justicia



           Cabe relevar, entonces, que en torno de la protección de
     derechos fundamentales esa manifestación expresa de la Corte,
     consignada en el concepto negativo a la extradición, no constituye
     una simple facultad sino una obligación, en cuanto imperativo
     constitucional y legal.


           Es necesario precisar, eso sí, que el concepto negativo de la
     Corte, en protección del principio universal Non bis In Ídem, opera
     únicamente en los casos en los cuales se ha proferido sentencia y
     la misma se halla ejecutoriada, no solo porque así lo demanda el
     sentido más prístino de la figura, sino porque con ello se cierra el
     paso a las maniobras torticeras que pretendan adelantar algunos
     sólo con el ánimo de entrabar el trámite de extradición.


           Por ello, si, para citar un ejemplo, al saber de la solicitud de
     extradición la persona confiesa el delito e incluso manifiesta
     allanarse a cargos o acogerse a sentencia anticipada, un tal
     comportamiento procesal no tiene la virtualidad, por sí mismo,
     para enervar la extradición.


           Es esto lo que entre líneas se lee de las recientes
     decisiones que sobre la materia ha expedido la Corte, pero,
     considero, debe precisarse el tópico para evitar interpretaciones
     sesgadas o equívocos sobre el particular.


           De los señores Magistrados,
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Corte Suprema de Justicia


                           SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
                                        Magistrado



                              ACLARACIÓN DE VOTO




           Dado que otorgo importancia superlativa a la
     coherencia dentro de la cual debe estar enmarcada la
     interpretación judicial, procedo a consignar los motivos que
     me llevan a aclarar mi voto frente a lo expuesto en el
     proveído a través del cual se rindió concepto favorable a la
     solicitud de extradición de la ciudadana colombiana NANCY
     CONDE RUBIO formulada por el Gobierno de los Estados
     Unidos, sólo en cuanto se refiere a lo expuesto en el acápite
     de respuesta a los alegatos del defensor, específicamente en
     punto de la improcedencia de rendir concepto favorable
     cuando el requerido ha sido condenado en Colombia por los
     mismos hechos de acuerdo con “el principio non bis in ídem
     y el de cosa juzgada”.


            Quiero destacar en primer término, que en el referido
     concepto se aceptan de manera unánime los planteamientos
     que formulé en ocasiones anteriores al salvar mi voto
     respecto de los conceptos desfavorables a la extradición de
     ciudadanos cuya labor se orientó a apoyar logísticamente a
     grupos armados al margen de la ley, previo el envío de
     fondos a los Estados Unidos para que de allí remitieran,
     entre otros, equipos de comunicaciones19.



     19Conceptos del 18 de noviembre de 2008. Rad. 30040, 4 de febrero de 2009. Rad. 30561 y
     19 de febrero de 2009. Rad. 30560.
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Corte Suprema de Justicia


           En   efecto,     ahora   la    Sala   aceptó   que       en      tales
     comportamientos, pese a que la labor del solicitado en
     extradición ocurre en Colombia, en realidad se trata de un
     engranaje de orden internacional, el cual, de conformidad
     con la teoría de la ubicuidad que gobierna el tema de la
     aplicación de la ley en el territorio, permite concluir que el
     delito también tuvo ocurrencia parcial en Estados Unidos.




          En segundo lugar, es cierto que suscribí el concepto
     desfavorable de extradición adoptado el 19 de febrero del
     año en curso dentro del radicado 30374, en el cual se
     expresa:




           “La presencia de la cosa juzgada o del principio del non
           bis in ídem constituye una causal de improcedencia de
           la extradición, como lo es el hecho de que si bien es
           cierto el único facultado en nuestro ordenamiento para
           extraditar es el Gobierno Nacional, no menos lo es que
           la única facultada para determinar los requisitos de
           procedencia del mecanismo es la Corte Suprema a
           través del concepto que de ella se demanda en estos
           asuntos”.




           “En ese orden es apenas obvio que a la Sala concierne
           el estudio no sólo de las exigencias a que se refiere el
           artículo 502 de la Ley 906 de 2004, pues evidente es
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Corte Suprema de Justicia


           que   por     fuera   de   dicha   norma   existen       otros
           presupuestos que para efectos de la extradición la Sala
           debe estudiar como en efecto lo ha venido haciendo, por
           manera que no sólo examina la validez formal de la
           documentación presentada, la identidad del solicitado,
           el principio de la doble incriminación, la equivalencia de
           la providencia proferida en el extranjero y cuando fuere
           el caso el cumplimiento de lo previsto en los tratados
           públicos, sino también y además -en términos de los
           artículos 35 de la Carta y 490 de la Ley 906-que los
           hechos imputados al colombiano por nacimiento hayan
           sido cometidos en el exterior y en fecha no anterior al
           17 de diciembre de 1997, que no se trate de delitos
           políticos; que el delito materia de la solicitud de
           extradición se halle reprimido en Colombia con sanción
           privativa de libertad cuyo mínimo no sea inferior a
           cuatro años (artículo 493 de la Ley 906); que el
           solicitado se encuentra en el país o se presuma estarlo;
           que la demanda de extradición se haga por la vía
           diplomática y en casos excepcionales por la consular o
           de gobierno a gobierno; que se adjunte copia autentica
           de las disposiciones foráneas penales aplicables al
           caso (artículo 495 ídem) y finalmente de conformidad
           con el artículo 29 de la Constitución debe constatar la
           Corte como órgano límite de la jurisdicción ordinaria que
           en nuestro país no se haya ejercido, ni se esté
           ejerciendo jurisdicción sobre el hecho que sustenta el
           pedido de extradición” (subrayas fuera de texto).
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Corte Suprema de Justicia


            No obstante, un nuevo examen de tal posición de la
     Sala me ha llevado a concluir que dicha temática, es decir,
     el adelantamiento en Colombia de un proceso o la
     existencia de sentencia ejecutoriada por los mismos hechos
     en contra del requerido en extradición, son asuntos por
     completo ajenos a la órbita de competencia funcional de la
     Corte al conceptuar sobre el particular, como de tiempo
     atrás lo venía sosteniendo esta Colegiatura20.




            Sobre ello debo precisar que si bien se utiliza de
     manera indiscriminada la referencia al principio non bis in
     ídem, como sinónimo o equivalente del principio de cosa
     juzgada, existe entre ambos una distinción fundamental,
     pues mientras aquél supone que una persona no puede ser
     investigada o juzgada dos veces por el mismo factum pese a
     que le sea asignada una diversa denominación jurídica
     (nomen iuris), postulado reconocido en el numeral 7º del
     artículo 14 del Pacto de Nueva York, así como en el numeral
     4º del artículo 8º de la Convención Americana de San José
     de Costa Rica, el principio de la cosa juzgada apunta a la
     imposibilidad de procesar a quien ya ha obtenido una
     respuesta estatal definitiva, favorable o desfavorable, sobre
     tales hechos, en atención a la vocación de seguridad y
     certeza jurídica que deben ofrecer las decisiones de fondo
     en un trámite procesal.

     20Cfr. Providencias del 21 de enero de 2003. Rad. 19963, 29 de abril de 2003. Rad. 20297,
     28 de julio de 2004. Rad. 21989, 3 de octubre de 2006. Rad. 24878, 28 de febrero de 2007.
     Rad. 24646, 18 de abril de 2007. Rad. 26551, 30 de mayo de 2007. Rad. 26545, 27 de junio
     de 2007. Rad. 27376, entre muchas otras.
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           Puntualizado lo anterior considero que respetando de
     manera irrestricta el principio de legalidad, del cual no está
     excluido el trámite de extradición y que a la postre
     conforma la más amplia noción del principio al debido
     proceso reconocido expresamente en el artículo 29 de la
     Carta Política, es claro que tanto el artículo 520 de la Ley
     600 de 2000, como el artículo 502 de la Ley 906 de 2004
     disponen que corresponde a la Corte Suprema de Justicia
     fundamentar su concepto en:




           “La validez formal de la documentación presentada, en
           la demostración plena de la identidad del solicitado, en
           el principio de la doble incriminación, en la equivalencia
           de la providencia proferida en el extranjero y, cuando
           fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los
           tratados públicos” (subrayas fuera de texto).




           También en desarrollo del mencionado principio de
     legalidad compete a la Sala tener en cuenta que la
     extradición no procede por delitos políticos, ni respecto de
     colombianos por nacimiento cuando se trate de hechos
     cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997
     (artículo 508 de la Ley 600 de 2000 y 490 de la Ley 906 de
     2004); tampoco por punibles reprimidos en Colombia con
     sanción privativa      de libertad inferior a cuatro             años
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Corte Suprema de Justicia


     (artículos 511 y 493 de la Ley 906, respectivamente, de las
     citadas legislaciones).
           Igualmente el legislador dispuso que es preciso, por lo
     menos, el proferimiento en el exterior de una providencia
     equivalente a la resolución de acusación del sistema
     colombiano (artículos 511 y 493 de los mencionados
     ordenamientos).




           Así las cosas, advierto que excede la Sala su
     competencia reglada cuando rinde concepto desfavorable a
     las solicitudes de extradición argumentando para ello que el
     requerido ya ha sido procesado de conformidad con las
     leyes internas de Colombia y se lo ha condenado, pues tal
     aspecto no es de su resorte, en cuanto de haber sido tal el
     querer del legislador, así lo habría establecido expresamente
     en las legislaciones procesales.




           Considero si, que en tales casos, es deber de la Sala
     señalar en el concepto que dicha temática debe ser
     dilucidada por el Presidente de la República, como supremo
     director de las relaciones internacionales y de conformidad
     con sus funciones políticas delimitadas por el acatamiento a
     los pactos internacionales y la normatividad constitutiva del
     derecho prevalente.
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           En los anteriores términos dejo sentada mi aclaración
     de voto.
           Con toda atención,




                MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
                                Magistrada


     Fecha ut supra.

								
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