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Bloque V textos

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									 Texto 1 : González Antón, L. (1987): «El territorio y su ordenación político-
administrativa» en Enciclopedia de la Historia de España, volum II, Madrid, Alianza, p. 77.

    (...) parecía general el convencimiento de que los «vicios del sistema de división del
territorio circunscriben cuando menos, paralizan a menudo y a veces imposibilitan la acción de
la Administración», como escribe el ministro Javier de Burgos, (...) Burgos aprovechó el
proyecto de 1822, reduciendo el número de provincias a 49 (elimina Calatayud, Bierzo y
Játiva), y crea en cada una responsables de gobierno con el nombre de “Subdelegados de
Fomento” decisión tan fundamental al menos como la misma división provincial. Fiel a lo que
era el objetivo clave de las reformas desde 1810, hacía la división provincial soporte para todos
los ramos de la administración, incluida la militar. Pero sobre todo, Burgos prefiere hacer
nuevas concesiones a la tradición histórica, que no disminuían sensiblemente su carácter
racional (...) Por ese motivo devuelve a las provincias vascas y Navarra su nombre territorial,
aunque curiosamente no a Asturias. Explícitamente se reconoce partir de la estructura de los
reinos o grandes distritos antiguos.
    Con todo ello, Javier de Burgos pone los fundamentos de una administración «fuerte,
vigorosa y centralizada, obsesionada por la eficacia y la uniformidad “sin excepciones y
privilegios”


Texto 2: La desamortización de Mendizábal. Real Decreto de 19 de febrero del 1836, que
declara en venta todos los bienes que hayan pertenecido a las religiosas

   Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la Deuda Pública consolidada, y de
entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la
nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellas las ventajas que no podrían
conseguirse por entero de su actual estado, o que se demorarían con notable detrimento de la
riqueza nacional otro tanto tiempo como se tardar en proceder a su venta (...) en nombre de
mi excelsa hija la Reina doña Isabel II he venido en decretar lo siguiente:
   Art. 1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase
que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los
demás que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier título o motivo (...)
   Art. 10. El pago del precio del remate se hará de uno de estos dos modos: o en títulos de
Deuda consolidada o en dinero efectivo.
En el Pardo, a 19 de febrero de 1836.- A don Juan Álvarez y Mendizábal.


Texto 3
        Puesto en venta simultáneamente todos los bienes nacionales (…), calculada la baja
extraordinaria que ha de resultar de su valor en venta con respecto al que hoy tienen otros de
igual calidad, calculados los fraudes inevitables que ha de haber, calculada la depreciación del
papel que ha de entrar en su compra, calculado el inmenso coste de la administración
existente y de la nueva que todavía se nos anuncia (…) se puede asegurar sin temor a
equivocación que si hoy los bienes nacionales tienen un valor como de 100, con ello no se
amortizará una deuda como de 30. Por el contrario el plan de arriendos enfitéuticos,
encargada su ejecución a las Diputaciones Provinciales, sobre no ofrecer ninguno de los
fraudes indicados (…) tiene la ventaja de promover instantáneamente la riqueza nacional y de
aumentar a proporción los recursos del Estado. El sistema enfitéutico puede llevarse a su
cumplimiento en pocos meses; el sistema de venta no se completará en muchos años (…). El
Gobierno, al terminar el arriendo, se hallará dueño de las fincas que hoy posee, pero con la
diferencia de que éstas tendrán un valor doble o triple del que actualmente tienen.
        Discurso de Flórez Estrada en 1836




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Texto 4. La ley de desamortización de Madoz

Título primero, bienes declarados en estado de venta enajenación y condiciones generales de
su enajenación

Artículo 1. Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley,
y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los
predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes:

Al Estado. Al clero. A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San
Juan de Jerusalén. A cofradías, obras pías y santuarios. Al secuestro del ex infante don Carlos.
A los propios y comunes de los pueblos. A la Beneficencia. A la Instrucción pública. Y
cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes
anteriores.
Artículo 3. Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender
por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes a medida que lo reclamen los
compradores, y no habiendo reclamación, según lo disponga el Gobierno, verificándose las
ventas con la mayor división posible de las fincas, siempre que no perjudique a su valor.
Artículo 4. Cuando el valor en tasación de la finca o suerte que se venda no exceda de diez mil
reales de vellón, su licitación tendrá lugar en dos subastas simultáneas, a saber:
Una en la cabeza del partido judicial donde la finca radique. Y otra en la capital de su
respectiva provincia.

Artículo 5. Cuando el valor de tasación de la finca o suerte que se venda exceda de diez mil
reales de vellón, además de las dos subastas que previene el artículo anterior, tendrá lugar
otra tercera, también simultánea con aquéllas, en la capital de la Monarquía.

Artículo 12. Los fondos que se recauden a consecuencia de las ventas realizadas en virtud de la
presente ley, exceptuando el 80 por 100 procedentes de los bienes propios (y otros de menor
importancia), se destinan a los objetos siguientes:

Primero. A que el Gobierno cubra […] el déficit del presupuesto de Estado, si lo hubiera en el
año corriente.

Segundo. El 50 por 100 de lo restante, y el total ingreso en los años sucesivos, a la
amortización de la deuda pública […].

Y tercero. El 50 por 100 restante a obras públicas de interés y utilidad general, sin que pueda
dársele otro destino bajo ningún concepto, exceptuándose 30 millones de reales […] con
destino a la reedificación y reparación de las iglesias de España.

Artículo 15. El Gobierno invertirá el 80 por 100 del producto de la venta de los bienes propios
a medida que se realicen, y siempre que no se les dé otro destino […], en comprar títulos de la
Deuda consolidada al 3 por 100, que se convertirán inmediatamente en inscripciones
intransferibles de la misma a favor de los respectivos pueblos […]

    Aranjuez, a 1º de mayo de 1855.- Yo, la Reina.- El Ministro de Hacienda, Pascual Madoz


Texto 5: Vilar, Juan B, i Vilar, María J. (1998): La primera revolución industrial española

  Los dos mejores ensayos de interpretación disponibles sobre el primer intento de
industrialización española son, sin duda, los de J. Nadal y L. Prados. Sustentados sobre
hipótesis de trabajo diferentes, y lecturas diversas de una misma temática, sus opuestas
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conclusiones son, sin embargo, mutuamente enriquecedoras y, en definitiva,
complementarias. El primero es un penetrante y documentado estudio centrado en el análisis
e interpretación de aspectos tan nucleares como son las infraestructuras financiera y viaria, el
problema energético, la minería, la siderurgia y la Industria algodonera, con exclusión de otros
estimados secundarios. El segundo, ensayo más globalizador y de dimensión cronológica más
amplia, aborda igual problemática que el libro de Nadal, pero desde perspectivas diferentes,
con la consiguiente formulación de nuevas hipótesis de trabajo, mejor o-pero encaminadas
pero siempre enriquecedoras por el debate que generan. En particular, Prados contempla la
evolución económica española vista desde Europa, de modo que sus progresos resultan
siempre poco espectaculares al ser medidos comparativamente con los avances de otras
naciones europeas más desarrolladas.
   (...) Nadal ha enfocado correctamente el problema al distinguir un doble proceso
industrializador y desindustrializado. El primero ofrece considerables variantes respecto al que
pudiéramos estimar como paradigmático en la Europa occidental. Equidistante de los dos
casos británico y francés. Más completo el primero, pero menos desequilibrados el segundo.
Prados, por su parte, introduce elementos nuevos en el debate al hablar de atraso en lugar de
estancamiento y fracaso al referirse a la evolución de la economía española ochocentista en la
traumática transición de Imperio a nación.



Texto 6: Puelles Martínez, Manuel de (1980): Educación e ideología en la España
contemporánea, Barcelona, Labor, p. 152-153

             La ley fue, en general, bien recibida por los diversos sectores (...) Bien pudo decir
Moyano en 1887:
             «Esta ley ha durado y durará muchos años más porque dicha ley, y esto puedo
decirlo muy alto, fue una ley nacional, no departido... » (...)
Con la ley Moyano se acentúa también uno de los rasgos del sistema liberal educativo: la
centralización (...)
        Frente al tema polémico del derecho de Inspección de la Iglesia, Moyano supo hacer
frente a su compromiso. Así, el artículo 295 dispone: «Las autoridades civiles y académicas
cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de que ni en los establecimientos públicos de
enseñanza, ni en los privados se ponga impedimento alguno a los reverendos obispos y demás
prelados diocesanos, encargados por su ministerio de velar por la pureza de la doctrina, de la
fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud, en el ejercicio de ese
cargo». La inspección eclesiástica 1...) señalan, sin embargo, un foco de conflicto futuro. El
deseo de los moderados de conciliarse con la Iglesia aumentará en los últimos años de la
monarquía isabelina, exacerbando de este modo el conflicto entre la Iglesia y las fuerzas
progresistas del país.


Texto 7: Payme, S.G. (1977): Ejército y sociedad en la España liberal 1808-1936, Madrid, Akal,
p. 11-13
          Lo que más llama la atención en el caso de España [...J es la dilatada duración de la
fase del periodo convulsivo (65 años, de 1810 a 1875) y la magnitud del paroxismo político
implicado.
        Hubo otros dos factores de importancia implicados en la experiencia española: los
restos del imperio y el conflicto de Intereses regional/provincial. En el caso de España estos
dos factores estuvieron más agudizados que en ningún otro estado del siglo diecinueve. Las
guerras constantes dentro y fuera del país (1808-14, 1815-25, 1827, 1 833-40, 1 846-49, 1 868-
78, 1 869-76) unidas a las continuas revueltas en las provincias, contribuyeron a mantener el
sistema en constante conmoción durante décadas enteras, siendo una fuente de disturbios y
gastos sin parangón en ningún otro país (...)
       Siempre que las elites civiles de una nación son incapaces de dirigirla y gobernarle, son
suplantadas por los militares (...)

                                                3
       La intervención de los militares en política suele conocerse como «militarismo.», pero
politólogos prefieren el término más exacto de «pretorianismo», que permite distinguir las
funciones políticas de los militares., el término de pretorianismo se refiere específicamente a
la intervención del ejército en la política y en el gobierno civiles confines primariamente civiles
(es decir, políticos), más relacionados con problemas nacionales y políticos que con ambiciones
militares propiamente dichas.


Texto 8: Artola, Miguel (1978): La burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid, Alianza, p.
136 -140.
                A diferencia de la nobleza, (…), la Iglesia hubo de sufrir un auténtico desman-
telamiento, institucional y patrimonial (...)
      Tras una segunda restauración se llega al definitivo enfrentamiento en la década 1833-43
en que tomaron las medidas decisivas para, reducir los efectivos del clero. Las fórmulas
legislativas aplicadas anteriormente recuperaron su vigencia para suspender la provisión de
beneficios, salvo los que tenían aneja la cura de almas (9-111-1834), prohibir las nuevas
ordenaciones (8-X- 1835) y la concesión de hábitos (1 1-X-1835), aunque la supresión de los
monasterios y conventos de varones (8-111-1 836) ampliada hasta casi hacerse universal (29-
V11-1837) (...)
En 1834 existían en España 25 religiones subdivididas en 37 órdenes de ambos sexos con 3.027
conventos, de los que 2.706 eran de mendicantes y los demás de monacales. Al término del
proceso reformista quedaron 8 órdenes masculinas con 41 conventos de los que 39
correspondían a los clérigos de las Escuelas Pías, única orden que aumentó sus efectivos en el
Intervalo. Las religiosas que tenían un millar de conventos conservaron la mayoría de sus
residencias, pero el número de profesas cayó a la mitad (...)
                El concordato de 1851 dio estado oficial a una Iglesia renovada en su organi-
zación y que si se ha visto forzada a renunciar a privilegios y propiedades conserva una sólida
implantación en la sociedad. (...)
         Real Orden Circular de 16 de enero de 1872 a los gobernadores de provincias


Texto 9: Regulación del trabajo infantil y juvenil

        «Las Cortes Constituyentes, en uso d su soberanía, decretan y sancionan la siguiente
ley:

         Art. 1º Los niños y niñas menores d diez años no serán admitidos al trabajo en
ninguna fábrica, taller, fundición o mina.
         Art. 2º No excederá de cinco horas cada día [ ... ] el trabajo de los niños menores de
trece años, ni el de las niñas menores de catorce. (…)
         Art. 5º Los establecimientos de que habla el art. 1º situados a más de cuatro
kilómetros de lugar poblado, y en los cuales se hallen trabajando permanentemente más de
ochenta obreros y obreras mayores de diez y siete, tendrán obligación de sostener un
establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán indemnizados por el Estado [ ... ].
Es obligatoria la asistencia a esta Escuela durante tres horas por lo menos para todos los niños
comprendidos entre los nueve y trece años y para todas las niñas de nueve a catorce ( ... )»
        Ley de 24 de julio de 1873


Texto 10: Ideario anarquista,
    El asalariado, de hecho, reduce al hombre política y económicamente a la esclavitud,
porque no sólo coloca al obrero bajo la dependencia del capitalista, sino que además implica
un despojo, puesto que el capitalista detenta naturalmente, para enriquecerse, el producto del
trabajo de todos en beneficio exclusivamente suyo. Si así no fuera, ocurriría que a la par que
aumentase el capital de un Industrial, se verían aumentar también y al mismo tiempo los
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capitales de sus obreros, y lo que ocurre es precisamente lo contrario, pues que a la par que
crecen las riquezas de la burguesía crece también la miseria de los trabajadores
    (…) Por consecuencia obligada de las anteriores premisas, queremos los anarquistas, de
acuerdo con los principios elementales de la justicia, igualdad de condiciones económicas para
todos los hombres, lo que sólo puede alcanzarse poniendo a disposición de las colectividades
productoras la tierra y los instrumentos del trabajo industrial para que utilizándolos aquéllos
directamente atiendan a las necesidades propias y a las generales del cuerpo social por los
medios y procedimientos que juzguen más adecuados.
    (…) Queremos (…) que la vida social se organice de abajo a arriba, por contratos con
individuos e individuos y contratos entre asociaciones de oficio y asociaciones de oficio como
primer elemento constituyente del porvenir. Queremos el contrato de momento, siempre
revisable y reformable, que dure tanto como dure su objetivo y la voluntad de las partes
contratantes. No queremos, en fin que las formas orgánicas de la sociedad se petrifiquen,
viniendo a constituir así una rémora al progreso, y por eso nuestro principio fundamental de
acción para todos los individuos y para todas las colectividades.
    Que todo el mundo disponga de los medios necesarios para trabajar y desenvolverle; (…)
que la más completa libertad permita a todos obrar y producirse en las más diversas relaciones
sin coacción alguna externa; que todos puedan asimismo concentrarse libremente, libremente
buscarse y pactar para hacer agradable la vida, y veréis surgir, como coronamiento de este
hermoso edificio la solidaridad universal de los humanos, la fraternidad verdadera, el
bienestar universal.
    Una sociedad fundada en la igualdad de condiciones y la libertad más completa, hará
hermanos los hombres y la generosidad de los sentimientos para remediar todos los males y
suplir todas las deficiencias
     (…) Esto es, en suma, lo que queremos, la transformación que buscan gran número de
trabajadores, el ideal novísimo del proletariado anarquista.
                                              La Cuestión Social, Valencia, 28 de mayo de 1892



Texto 11:Pablo Iglesias, El Socialista, 25 de noviembre de 1892:

“ La Revolución social, o sea el acto de fuerza que permita a la clase obrera consciente
conquistar los elementos necesarios para verificar la transformación de la propiedad de modo
que las clases sociales queden abolidas y cada individuo sea dueño del producto de sus
esfuerzos, es lo que constituye el principal deseo de los que ansían ver reinar la paz y la
armonía entre los seres humanos (…). Pero no se trabaja por la Revolución social, no se va a
ella hablando frecuentemente de matanza y exterminio. No se va a la Revolución predicando al
obrero que mate al patrono que le explota. Ni aconsejando a los trabajadores que se apoderen
de lo que haya en los escaparates y en la tiendas. Ni hablándoles de quemar edificios y destruir
otras propiedades. Ni haciendo uso de materias explosivas (…) Se va a la Revolución social, (…)
dando a conocer a los trabajadores las causas de su inferioridad social; haciéndoles notar los
efectos de los fenómenos económicos y el fundamento que éstos tienen; (…) organizándolos
en todas partes, para que puedan luchar contra sus patronos cuando éstos traten de empeorar
sus situación o se opongan a las mejoras que reclamen; organizándoles para que se peleen en
el terreno político con todos los partidos que representan la clase patronal; en una palabra,
dándoles la conciencia y el vigor necesario, a fin de que, llegado que sea el momento
oportuno, tenga empuje bastante para vencer a la burguesía y capacidad suficiente para crear
el nuevo orden social que ha de reemplazar el régimen capitalista (…)



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