TUTELA MODELOS MINIMO VITAL by lanyuehua

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									Popayán, 16 de marzo de 2007.


Señor
JUEZ SEGÚN COMPETENCIA (DECRETO 1382 DE 2000). (Oficina de Reparto.)
E.    S.  D.


NOMBRE DE FULANITA, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.537.899, de
Popayán, de 49 años de edad, domiciliada en Popayán en la carrera calle 18A No 18ª 46 B/
la ladera, acudo ante su Despacho para incoar Acción de tutela contra LA PREVISORA
VIDA S. A. para que se protejan mis derechos fundamentales que mas adelante
mencionaré. Mis pretensiones se fundamentan en los siguientes:


                                            I HECHOS

PRIMERO: Soy trabajadora en el cargo de auxiliar de enfermería en el Hospital
Universitario SANTA MARIA DE PAMPLONA desde el 01 de septiembre de 1988, en
seguridad social he estado afiliada al instituto de los seguros sociales en lo referente a
salud y a la PREVISORA VIDA S. A, en riesgos profesionales.

SEGUNDO: Debido a que presente problemas de salud, consistentes en “ACTITUD
DEPRESIVA, ADINAMIA SEVERA, ANGUSTIA, ALTERACION DEL SUEÑO Y DEL
APETITO, ELEVACION SEVERA DE LA PRESION ARTERIAL CON POSTERIOR
ENFERMEDAD CORONARIA CON TENDENCIA A LA MINUSVALIA, entre otras, fui
incapacitada para laborar y se me expidieron certificados de incapacidad por enfermedad
general por espacio de 180 días continuos, por parte de la E P S del seguro social.

TERCERO: Dicha entidad, una vez cumplido el tiempo de los 180 días, y en cumplimiento
de la normatividad vigente, me remite a una PRE calificación medico laboral, con el fin de
determinar la perdida de capacidad laboral.

CUARTO: Con fecha de estructuración 12 de marzo de 2003, el Doctor ADOLFO
CARVAJAL SANCHEZ, medico laboral de pensiones a nivel nacional del seguro social, me
califica con un 55% de perdida de capacidad laboral.

QUINTO: El seguro social me remite a valoración ante la JUNTA DE CALIFICACION DE
INVALIDEZ REGIONAL CAUCA, con el fin de determinar el origen de mi enfermedad y
definir a quien corresponde continuar con el pago de las contingencias.

SEXTO: La junta de calificación de invalidez seccional Cauca- Popayán, mediante
formulario de dictamen para calificación de la perdida de la capacidad laboral y
determinación de invalidez, dictamina que mi enfermedad es de origen PROFESIONAL,
con un porcentaje de perdida de capacidad laboral del 62.7%.

SEPTIMO: De igual forma, La junta de calificación de invalidez regional Cauca, con oficio
JCI-700, calendado Septiembre 15 de 2003, dirigido al Doctor FERNANDO JOSE
VELASCO ORDOÑEZ, comunica que “En audiencia privada de la junta del día 05 de
septiembre de 2003 se definió lo relacionado con las FECHAS DE ESTRUCTURACION de
invalidez de los siguientes afiliados con el fin de continuar con el tramite de solicitud de
pensión.” Quedando como fecha de estructuración según el mismo informe, abril 15 de
2000, y reiterando que mi enfermedad es de origen PROFESIONAL.

OCTAVO: Teniendo en cuenta lo anterior, y que el seguro social no me siguió pagando las
Incapacidades porque según la calificación, el pago de las contingencias por enfermedad
profesional le corresponden a LA PREVISORA VIDA S.A. por ser esta, la entidad a la cual
el hospital me afilio en RIESGOS PROFESIONALES, solicite a la previsora a través de la
oficina de personal del hospital SANTA MARIA DE PAMPLONA, me fueran pagadas las
incapacidades que los médicos tratantes de mi enfermedad me expedían cada mes desde
el año 2003 ya que por la complejidad de mi patología no era posible reintegrarme a
laborar.

NOVENO: De otra parte, la Doctora CARMEN ROSA ASTUDILLO R, enfermera del
programa de salud Ocupacional del Hospital SANTA MARIA DE PAMPLONA, mediante
oficio calendado 22 de diciembre de 2003, dirigido al ingeniero JORGE ISAAC ZAMORA,
asesor A R P PREVIATEP, le notifica y le hace entrega de los documentos de calificación
de la junta de invalides regional Cauca, por medio de los cuales se determina mi
enfermedad como de ORIGEN PROFESIONAL, para efectos del reconocimiento del suceso
por parte de dicha entidad.

DECIMO: A pesar de las solicitud de pago de las incapacidades y de la notificación por
parte de la enfermera de salud ocupacional para que se reconocieran los sucesos, la
PREVISORA VIDA S. A. nunca me pago las contingencias ni tramito mi derecho a una
pensión, aduciendo que contra el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez
regional Cauca, ellos interpusieron los recursos de reposición y de apelación ante la junta
nacional, y que mientras se definía esta segunda instancia, no podían asumir los pagos de
las incapacidades ni adelantar el tramite para el reconocimiento de la pensión.

DECIMO PRIMERO: En vista que habían trascurrido varios meses sin darle solución a mi
caso y que ninguna entidad me pagaba, agravándose cada día mas mi situación económica
y por ende mi enfermedad, el mismo GERENTE del Hospital SANTA MARIA DE
PAMPLONA, Doctor PEDRO PEREZ, se dirigió mediante oficio del 11 de febrero de 2004,
al Doctor JOSE ACOSTA LEON, Director gestión integral del siniestro de la Previsora, para
solicitarle solucionar mi situación, puesto que durante los 26 meses que me encontraba en
incapacidad permanente no he recibido ningún tipo de remuneración lo cual afecta cada día
mas mi estado de salud.


DECIMO SEGUNDO: Desesperada por la situación, y guardando la esperanza que la
previsora pagara al menos las incapacidades, continué radicando los correspondientes
certificados por intermedio de la oficina de personal del Hospital, para que se adelantara el
tramite correspondiente ante la aseguradora, pero esta lo único que hacia , era devolverme
los certificados aduciendo que hasta tanto la junta nacional no dictamine el origen de la
enfermedad, la compañía no podrá reconocer prestaciones económicas y/o asistenciales.

DECIMO TERCERO: A través de la Doctora ELIONOR ERAZO MAZOLA, coordinadora
grupo de inspección y vigilancia preventiva del MINISTERIO DE LA PROTECCION
SOCIAL, se dirigió oficio a la junta nacional de calificación de invalidez, para que se
informara si se encontraba el expediente de mi caso en dicho despacho para resolver el
recurso presentado por la PREVISORA, al cual mediante oficio No 412-04-JNCI con fecha
30 de julio de 2004, emanado y suscrito por el Doctor JOHN FERNANDO EUSCATEGUI
COLLAZOS, secretario principal de la junta nacional, se da respuesta y se informa que “
revisado los archivos de la junta nacional de invalidez, no se encontró expediente
relacionado con la señora NOMBRE DE FULANITA, y se sugiere remitir la solicitud a
la junta regional de calificación para que proceda a resolver el recurso, siempre y
cuando se hubiere presentado dentro de los términos establecidos en el decreto 2463
de 2001”.

DECIMO CUARTO: En vista que el tiempo transcurría con la actitud indiferente de la
previsora para resolver mi problema, me dirigí a la junta regional de calificación de
invalidez, para que me remitieran copia de la calificación de mi enfermedad con fecha de
estructuración 15 de abril del 2000, y reportada con oficio JCI-700 del 17 de junio de 2003,
con el fin de iniciar la reclamación ante las autoridades judiciales, toda vez que con el
actuar de dicha entidad, se estaban lesionando mis derechos fundamentales.

DECIMO QUINTO: La junta regional de invalidez, atendiendo mi solicitud, me envía copia
de los siguientes documentos:
1) Oficio No JCI-700 de septiembre 15 de 2003, por medio del cual se informa que se ha
definido lo relacionado con el origen de mi enfermedad como PROFESIONAL, y la fecha de
estructuración de la misma.
2) Copia del dictamen No 088-2003 de mayo 15 de 2003, en el cual se califica con el
62.7%.
3) Oficio No JCI-567 Del 23 de julio de 2003, mediante el cual se informa que contra el
dictamen de la señora NOMBRE DE FULANITA, “NO se presento dentro del termino
legal recurso alguno por las partes. Por la tanto el dictamen medico se encuentra en
firme”.
4) Oficio No 412-04 JNCI del 30 de julio de 2004, firmado por el Doctor JOHN FERNANDO
EUSCATEGUI COLLAZOS, secretario principal de la junta nacional de invalidez, por medio
del cual se informa que no se encontró expediente alguno sobre mi caso.
De igual forma se hace énfasis en que “Mediante oficio No JCI-567 del 23 de julio de
2003, el Doctor LUIS EDUARDO ASTAIZA ORDOÑEZ, manifiesta que por no haberse
presentado dentro del termino legal recurso alguno por las partes, el dictamen No
088-2003 emitido en mayo 15 de 2003 quedo en firme. (La negrilla es mía).

DECIMO SEXTO: Así las cosas y con los documentos que aporto al proceso, se puede
deducir claramente que a la PREVISORA VIDA S.A. no le asiste, ni le ha asistido la razón
para negarme un derecho pensional y el pago de las incapacidades por mi presentadas
durante todo este tiempo, bajo el argumento que se encontraba a la espera de que se
resolviera un supuesto recurso interpuesto por ellos ante la junta nacional de calificación de
invalidez, cuando la verdad es que nunca lo hicieron y como consecuencia de ello el
dictamen de primera instancia quedo en firme, generándoles una obligación para con mis
derechos constitucionales y legales que no cumplieron ni se han allanado a cumplir, siendo
esto una notable violación a los mismos, y que me ha ocasionado graves perjuicios morales
y económicos, pues durante todo este tiempo he tenido que soportar todo tipo de problemas
al punto de llevarme a vivir bajo la dependencia de terceros y que obviamente me han
causado empeoramiento en mi salud mental, estando en riesgo de quedar en la minusvalía.
 DECIMO SEPTIMO: Por mi estado de salud y al no recibir ningún tipo de salario,
remuneración o pensión por parte de ninguna entidad, me encuentro en un estado de
DEBILIDAD MANIFIESTA, y tanto mi pobreza como el de mi familia cada día es mas
paupérrima, toda vez que no pude seguir cumpliendo con mis obligaciones normales para el
sustento de mi familia, y para suplir con algunas de las necesidades básicas me he visto
obligada a acudir a prestamos a interés que en la mayoría de los casos se me imposibilita
pagar.

                  II DERECHOS SOBRE LOS CUALES SE INVOCA PROTECCIÓN

                                   DERECHO A LA VIDA

Este derecho se encuentra consagrado en el Artículo 11 de la Constitución Política de
Colombia que dispone “El Derecho a la Vida es inviolable. No habrá pena de muerte”:

La Corte constitucional, en Sentencia T-271 del 23 de Junio de 1995, con Ponencia del
Magistrado Alejandro Martínez Caballero expresó lo siguiente al respecto. “La vida humana
está consagrada en la Carta de 1991 como un valor superior que, según las voces del
preámbulo debe asegurar la organización política cuyas autoridades, de conformidad con el
artículo segundo justamente están sustituidas para protegerla. En perfecta concordancia
con ese valor en cuanto constituye proyección del mismo encabezando el capítulo
correspondiente a los derechos fundamentales, aparece el derecho a la vida (Artículo 11
C.P.), caracterizado por ser el de mayor valor, toda vez que se rige en el presupuesto
ontológico para el goce y ejercicio de los demás derechos, ya que cualquier prerrogativa,
facultad o poder deviene inútil ante la inexistencia de un titular al cual puedan serle
reconocidos.

Entre otros apartes la Corte señala “Es preciso, además, agregar, en armonía con lo
expuesto que ligado al derecho a la vida la Constitución contempla la dignidad humana y
que el artículo primero al fundar en la organización republicana del Estado Colombiano,
expresa la loable finalidad de orientar el sistema político y jurídico a la promoción de la
persona, de modo que, las exigencias de la dignidad humana ponen de presente que la
vida, que constitucionalmente se garantiza, no se reduce a la pura existencia biológica sino
que expande su ámbito para abrigar las condiciones que la hacen digna”. Este derecho
fundamental se vulnera por parte de LA PREVISORA VIDA S.A. al no garantizar el
tratamiento asistencial, al negarse a pagarme las incapacidades y al no reconocerme el
derecho a una pensión por invalidez tal como lo ordena la ley. Poniendo de tal forma en
riesgo mi integridad personal.


                          DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Este Derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 48 de nuestra Carta
Magna, que reza: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción en los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de
la Seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que
determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad
con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante”.


                                    DERECHO AL MINIMO VITAL.

Frente a este precepto se ha referido la corte constitucional en abundante jurisprudencia y
ha dicho lo siguiente:

“El mínimo vital como derecho constitucional fundamental.”

“Desde sus comienzos, esta Corporación reconoció el derecho al mínimo vital como
fundamental1, luego fue extendido y reiterado por la hermenéutica constitucional, como un
derecho que se origina en los principios de Estado Social de Derecho, dignidad humana y
solidaridad, que se concreta además, entre otros, en derechos fundamentales como la vida,
integridad personal y a la igualdad tendiente a la protección especial de aquellas personas
en virtud de la debilidad manifiesta a la que pueden verse enfrentadas en alunas
ocasiones2.

Se ha considerado entonces que el derecho fundamental al mínimo vital incluye todas las
medidas positivas o negativas ordenadas constitucionalmente tendientes a evitar que la
persona sea reducida en su valor intrínseco, en razón a que no posee las condiciones
materiales que le permitan llevar una existencia acorde a su propia calidad de ser humano.

Entendido este derecho fundamental en su dimensión positiva implica que el Estado3, y en
ciertas condiciones cuando se reúnen las condiciones de urgencia4, y otras reguladas
legalmente y en la jurisprudencia de esta Corporación,5 se ven obligados a suministrar a la
persona que no pueda desempeñarse de manera autónoma y que comprende las
condiciones materiales u objetivas de existencia, las prestaciones requeridas, que son

1
  Sentencia T-426 de 1992.
2
  Consultar entre otras, las siguientes sentencias: T-005 de 1995, T-015 de 1995, T-144 de 1995, T-198 de
1995, T-500 de 1996, T-284 de 1998, SU-062 de 1999.
3
  En la Sentencia C-251 de 1997, la Corte sostuvo: "El Estado tiene frente a los particulares no sólo deberes de
abstención sino que debe igualmente realizar prestaciones positivas, sobre todo en materia social, a fin de
asegurar las condiciones materiales mínimas, sin las cuales no es posible vivir una vida digna". Sobre la
dimensión positiva de los derechos fundamentales consultar además la Sentencia T-595 de 2002.
4
  Sentencias T-680 de 2003, T-259 de 2003 y T-850 de 2002.
5
  Sentencia SU-111 de 1997.
dispensables para sobrevivir dignamente y evitar que sea degradada o aniquilada como ser
humano6.

En cuanto a la dimensión negativa, el derecho a que se está haciendo alusión, se
constituye en una limitación o barrera que no puede ser traspasada por el Estado, en
materia de disposición de recursos materiales que la persona requiere para existir
dignamente. Ello explica medidas como la inembargabilidad de parte del salario, la
prohibición de confiscación, la indisponibilidad de los derechos laborales o el amparo de
pobreza, entre otros, que se pueden definir como ejemplos concretos del citado límite
estatal que no puede traspasarse7.”

Con el derecho fundamental al mínimo vital se busca garantizar a la persona, como centro
del ordenamiento jurídico, no sea cosificado, esto es, no sea tomado como “instrumento de
“otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos
sean. Tal derecho protege a la persona, en consecuencia, contra toda forma de
degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre todo su valor
intrínseco. Es por ello que la jurisprudencia bajo el derecho fundamental al mínimo vital ha
ordenado al Estado, entre otras, reconocer prestaciones positivas a favor de personas
inimputables,8 detenidas,9 indigentes,10 enfermos no cubiertos por el sistema de salud,11
mujeres embarazadas12 y secuestrados13. Pero los jueces de tutela también han reprochado
las acciones u omisiones, con fundamento en el derecho fundamental al mínimo vital, bien
sea de particulares que presten algún servicio público como los servicios de salud y
educación, o de particulares que atentan contra la subsistencia digna de una persona, con
el fin de asegurar el mencionado derecho, como ha sucedido en materia del no pago
prolongado de salarios o pensiones por empresarios particulares14”15.

En suma, según la jurisprudencia de esta Corte, el concepto de mínimo vital corresponde a
aquellos requerimientos básicos de toda persona que le permiten asegurar una subsistencia
digna, que no puede confundirse con el salario mínimo16. Es decir, el mínimo vital está
condicionado, en cada caso particular, al nivel de vida de la persona afectada, acorde con su
posición social, de donde se sigue que se trata de una valoración cualitativa.

6
   Sentencia C-776 de 2003.
7
  Cfr. Sentencia C-776 de 2003.
8
  Cfr. Sentencia T-401 de 1992 .
9
  Cfr. Sentencia T-208 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
10
   Cfr. Sentencia T-533 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
11
   Cfr., entre otras, las siguientes sentencias: T-645 de 1996 (M.P. Alejandro Martinez); T-283 de 1998 (M.P.
Fabio Morón Díaz); T-268 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); y T-328 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).
12
   Cfr., entre otras, las siguientes sentencias: T-119 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-622 de 1997
(M.P. Alejandro Martinez Caballero); T-774 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-1033 de 2000
(M.P. Alejandro Martínez).
13
   Cfr. Sentencia T-015 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
14
   Cfr., en materia de salarios: Sentencias T-146 de 1996 (M.P Carlos Gaviria Díaz); T-527 de 1997 y T-529 de
1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-284 de 1998 y T-298 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-434 de
1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-502 de 1999 y T-545 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-
1031 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En materia de pensiones: SU-430 de 1998 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa); T-495 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
15
   Sentencia C-776 de 2003.
16
   Sentencias SU-995 de 1999, T-394 de 2001 y T-1049 de 2003.
En todo caso, este derecho constitucional fundamental no puede ser restringido a la simple
subsistencia biológica del ser humano17, pues es lógico que deba pretenderse la satisfacción
de las aspiraciones, necesidades y obligaciones propias y las del grupo familiar, dentro de
ellas, la alimentación, vivienda, salud, educación, recreación, servicios públicos domiciliarios,
entre otras prerrogativas que se encuentran reguladas expresamente en la norma superior y
que además, posibilitan el mantenimiento de la dignidad del individuo como principio fundante
del ordenamiento jurídico superior18.

                                 DERECHO DE PETICION.

Derecho consagrado en el articulo 23 de nuestra carta magna, y ha sido reiteradamente
desconocido por la parte accionada al no dar solución de fondo a las diversas peticiones
elevadas frente al derecho pensional y al pago de las incapacidades cuyos certificados
fueron presentados en su momento a dicha entidad.
Frente al derecho de petición la corte ha dicho:

“Frente al tema del DERECHO DE PETICION, la corte en su abundante
Jurisprudencia, a manifestado; “Con respecto al contenido de la respuesta que debe
proferirse para que esta cumpla con el requisito de idoneidad, la corte a explicado
que la indicación acerca del tramite que se le dará a una solicitud no es suficiente
para satisfacer el derecho de petición. Igualmente la respuesta debe consistir en una
decisión que defina de fondo- sea positivo o negativamente lo solicitado, por lo
menos, que exprese con claridad las etapas, medios, términos o procesos necesarios
para dar una respuesta definitiva y contundente a quien presento la solicitud.”
Sentencia T 312-06.

                                 IV PETICIÓN DE FONDO

Con base en los hechos señalados, solicito al Señor Juez disponer y ordenar a la parte
Accionada y a favor del Accionante lo siguiente:

1) Tutelar los derechos fundamentales a la vida, seguridad social, el derecho al mínimo vital
y el derecho de petición consagrados en nuestra carta política.

2) Como consecuencia de lo anterior, Ordenar a LA PREVISORA VIDA S.A. reconocer a mi
favor la pensión por enfermedad profesional de conformidad al dictamen de incapacidad
laboral emitido por la junta regional de calificación de invalidez, la ley 776 de 2002 y del
decreto ley 1295 de 1994, a partir del 15 de abril de 2000, por ser esta la fecha de
estructuración de mi enfermedad, tal como así lo dispuso el órgano competente.
3) Ordenar a la entidad tutelada que los valores correspondientes a las mesadas
pensiónales, sean liquidadas a partir del mes de junio de 2002, fecha desde la cual el
instituto de los seguros sociales dejo de pagarme las incapacidades por enfermedad
general.
4) Ordenar a la PREVISORA VIDA S.A. liquidar y pagar en mi favor, el excedente para
completar el 100% de las incapacidades pagadas por el seguro social como enfermedad
común, desde la fecha de estructuración de mi enfermedad como profesional, es decir
desde el 15 de abril del 2000, hasta el mes de mayo de 2002.

5) Ordenar que todos los valores reconocidos sean indexados desde la fecha que se causo
el derecho, hasta la fecha real del pago de acuerdo al I P C certificado por el DANE.

                                    III PRUEBAS


Ruego al Señor Juez tener en cuenta y practicar las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES: Sírvase Señor Juez tener como prueba referencial los siguientes
documentos:

1). Fotocopia simple de mi cédula de ciudadanía.

2). Fotocopia simple del carné de afiliación en riesgos profesionales a la compañía LA
PREVISORA VIDA S.A.

3). Fotocopia simple de la historia clínica de neuropsicología donde la Doctora ROCIO
GONZALEZ CERON, hace un resumen de mi diagnostico.

4). Fotocopia simple del formato de reporte de enfermedad profesional.

5). Fotocopia simple del oficio JCI- 700 del 15 de septiembre de 2003, emanado de la junta
de calificación de invalidez regional Cauca, mediante el cual se determina la enfermedad
como de ORIGEN PROFESIONAL, y se da como fecha de estructuración 15 de abril de
2000.

6). Fotocopia simple del oficio JCI-567 de fecha julio 23 de 2003, suscrito por el Doctor
LUIS EDUARDO ASTAIZA ORDOÑEZ, secretario técnico de la junta de calificación de
invalidez regional Cauca, informando que por no haberse presentado recurso alguno por las
partes, el dictamen medico se encuentra en firme.

7). Fotocopia simple del oficio calendado 11 de febrero de 2004, dirigido al Doctor JOSE
ACOSTA LEON, director gestión integral de siniestros de la PREVISORA VIDA S.A,
suscrito por el Doctor EPEDRO PEREZ, gerente del hospital SANTA MARIA DE
PAMPLONA de Popayán, en el cual le solicita dar solución a mi reconocimiento de la
pensión, toda vez que llevo hasta esa fecha 26 meses de incapacidad sin recibir ninguna
remuneración.

8) Fotocopia simple de los formatos de incapacidad que no han sido cancelados por la
PREVISORA VIDA S .A. Nros 463219,463220, 463221, 463224, 463229, 463230,
463231,463232, 463233, 463234, 463235, 463236, 463237, 360540, 463871, 463329,
463499, 463514, 463760, 464167, 701188, 362551, 771062, 771063, 703693, 773291,
773481, 461551, 774477, 461349, 352925, 07164, 07620, 07621, 08057, 08774, 08380,
08773, 09112, 09763, 09764, 906569, 09766, 09765. Incapacidades que corresponden
desde el 03 de junio de 2002 al día 13 de enero de 2007.

9) Fotocopia simple de las letras de cambio que me ha visto obligada a firmar para que
algunas personas me presten dinero a intereses para poder sufragar algunos de mis
gastos.

10) Fotocopia simple del certificado de estado de cuenta expedido por el banco agrario,
donde aparece un saldo insoluto de cinco millones seiscientos dieciocho mil doscientos
sesenta y nueve (5.618.269.00) pesos, los cuales no he podido cumplir.

                          V.        FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento esta tutela en el Art. 86 de la C.P. y los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992.
Igualmente en los Arts. 2 y 3, Literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


                                      VI. COMPETENCIA

Es usted competente Señor Juez, por la naturaleza constitucional de asunto y por tener
jurisdicción en el lugar donde ocurrió la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales invocados conforme al Art. 37, Decreto 2591 de 1991.

                                       VII JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que no he instaurado otra tutela con fundamento
en los mismos hechos y derechos, materia de esta acción, según el Art. 37, Decreto 2591
de 1991.

                                       VIII. ANEXOS

   1) Copia de la demanda para el archivo del juzgado y para los traslados.

   2) Los documentales enunciados en el Capítulo de Pruebas.

                                    IX. NOTIFICACIONES

A la parte Accionante;      NOMBRE DE FULANITA, en la calle 18 a No 18 A 46 B/ La
ladera. Tel 830000.

A las Accionados: LA PREVISORA VIDA S.A.          En la carrera 6ª No 421 P 2 Edificio
Bancolombia. TEL 8242301.

Del Señor Juez, con todo respeto.
NOMBRE DE FULANITA.
C.C. # 34.537.899. De Popayán.

								
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