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					                                      Nº 27-05

      CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del doce de abril del dos mil cinco.

      Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Chaves, Vicepresidente en

sustitución del Presidente, Magistrado Mora, de las licenciadas Miriam Anchía

Paniagua, Milena Conejo Aguilar, Lupita Chaves Cervantes y el licenciado Marvin

Martínez Fernández. Asiste también el Director Ejecutivo, licenciado Alfredo

Jones León.

APROBACIÓN DE ACTAS
                                   ARTÍCULO I

      Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria número 26-05 celebrada el 8

de abril del 2005.

      La licenciada Anchía se abstiene de votar por no haber participado en la

citada sesión.

CONDOLENCIAS

                                  ARTICULO II

      En virtud del fallecimiento de la señora Virginia Corrales Mora, madre de la

señora Silvia Zamora Corrales y tía del señor Minor Corrales Alvarado, por su

orden auxiliar de servicios generales y auxiliar judicial del Juzgado de Menor

Cuantía y Juzgado de Tránsito de San Ramón, se acuerda expresar las
                                           2

condolencias de la Corte y de este Consejo a doña Silvia, a don Minor y a sus

estimables familias. Se declara acuerdo firme.

REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE ACUERDOS

                                   ARTÍCULO III

      En sesión N° 13-05 celebrada el 24 de febrero del año en curso, artículo

XXVII, se concedió permiso con goce de salario al señor Omar Valenzuela Brenes,

Dibujante Retratista del Archivo Criminal, por la primera audiencia de los lunes,

durante el período del 28 de ese mes al 9 de julio próximo, para que continúe sus

estudios en la carrera de pintura en la Universidad de Costa Rica, en el entendido

que deberá reponer el tiempo que invierta en esa actividad, a fin de mantener su

trabajo al día.

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General interino del

Organismo de Investigación Judicial, en oficio 293-DG-05 de 4 de abril en curso,

plantea la siguiente reconsideración:

            “…deseo pronunciarme sobre la gestión aprobada por ese Honorable
        Órgano en la sesión realizada el 24 de febrero último, según consta en el
        artículo XXVII del acta N°13-05, mediante el cual se acogió solicitud del
        Sr. Omar Valenzuela Brenes, Dibujante Retratista del Archivo Criminal
        de este Organismo, para cursar estudios de Óleo correspondientes a la
        carrera de Pintura en la Universidad de Costa Rica, con el horario de
        lunes en la mañana del 27 de febrero último al 09 de julio próximo.

           Al respecto, el suscrito comprende las potestades de ese Honorable
        Consejo para brindar el permiso solicitado por el Sr. Valenzuela Brenes,
        según las prerrogativas asignadas como jerarca administrativo del Poder
                                          3

       Judicial; no obstante, es interés del suscrito informar que tal solicitud
       había sido planteada por el mencionado servidor a esta Dirección
       General, la cual fue valorada y rechazada, en virtud de que a pesar de un
       eventual provecho, a mi entender mínimo, que pudiera devenir en las
       labores judiciales la participación en el mencionado curso, lo cierto del
       caso es que no deja de constituirse en un problema administrativo para la
       oficina en que el Sr. Valenzuela Brenes se desempeña, considerándose
       inapropiado incurrir en reposiciones de tiempo laboral, ya que podrían
       presentarse aspectos que desoptimicen el esfuerzo desplegado durante
       esos momentos, amén de la dificultad para ejercer el control
       administrativo por parte de la jefatura.

           Por el contrario, es criterio de esta Representación, que
       planteamientos como este deben reservarse para situaciones ampliamente
       justificadas, de imperiosa necesidad institucional, o al menos en los que
       se denote un decidido provecho laboral, aspectos que no se vislumbran en
       el caso que nos ocupa, contraviniendo las disposiciones establecidas
       mediante el numeral 137 de la Ley Orgánica de este Poder de la
       República.
           Por tanto, respetuosamente, insto a ese Honorable Consejo a
       reconsiderar la solicitud aprobada según los comentarios anteriormente
       expuestos, ya que desde un inicio esta Dirección General no avaló la
       solicitud planteada por el servidor Valenzuela Brenes, ocurriendo que el
       Consejo Superior no conoció la posición de esta instancia, lo que origina
       la presente, con motivo de que se considere la argumentación
       anteriormente detallada, misma que pretende destacar la improcedencia
       de tal gestión.”
                                         - 0-

      Por mayoría, se acordó: Denegar la reconsideración anterior y mantener lo

resuelto en la sesión N° 13-05 celebrada el 24 de febrero recién pasado, artículo

XXVII, por cuanto en el momento en que se concedió el permiso al señor

Valenzuela Brenes, se contó con el visto bueno de la licenciada Viria Fernández

Morales, Jefa del Archivo Criminal, además de que actualmente se encuentra en
                                         4

desarrollo el curso de referencia; sin embargo, se hace la advertencia a la jefatura

inmediata y a la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, de que en el

futuro deberán coordinar lo que corresponda en cuanto a este tipo de permisos, a

fin de que no ocurran situaciones como la presente.

      Licenciada Chaves Cervantes votó por acoger la reconsideración anterior,

por estimar que dicha gestión no contaba con el visto bueno de la Dirección del

Organismo de Investigación Judicial.

NÓMINA DE NOMBRAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL

                                 ARTÍCULO IV

      Con vista en las proposiciones incluidas en la nómina elaborada por el

Departamento de Personal, se acordó: Aprobar en propiedad los siguientes

nombramientos:

DEPARTAMENTO DE PERSONAL
GESTIÓN HUMANA
UNIDAD INTERDISCIPLINARIA

1. CASCANTE ARAYA MAURICIO
   01-0530-0845
   COORDINADOR DE LA UNIDAD INTERDISCIPLINARIA

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 01/05/2005
NOMINA 002-2005         Nº PUESTO 15694

Nº PUESTO ANTERIOR: 48482 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
OFICINA: SECCIÓN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Nº PUESTO PROPUESTO: 15694 COORDINADOR UNIDAD
                                    5

INTERDISCIPLINARIA.

JUZGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA II CIRC. JUD. SAN JOSÉ

2. CÓRDOBA COTO YOLDIN
   09-0079-0621
   AUXILIAR JUDICIAL 2

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 01/05/2005
TERNA Nº 010-05         Nº PUESTO38614


UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL DE CARTAGO
3. DEINER SALAZAR RUIZ
   1-1129-060
   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 01/07/2005
TERNA Nº 0013-05        Nº PUESTO 34082

Nº PUESTO ANTERIOR: 109895 AUXILIAR DE SERVICIOS GRALES. 2
OFICINA: UNIDAD ADMTVA. REG. DE CARTAGO.
Nº PUESTO PROPUESTO: 34082 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.

JUZGADO AGRARIO DE LA ZONA SUR, SEDE CORREDORES.

4. ODIR BARRANTES MÉNDEZ
   1-1084-276
   AUXILIAR JUDICIAL 2

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD RIGE A PARTIR DEL 16/04/2005
TERNA Nº 012-05         Nº PUESTO 102237

NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ.

                                   - 0-

    Los servidores Córdoba Coto y Barrantes Méndez se presentarán al Servicio
                                              6

Médico para los servidores judiciales, a efecto de que se le practique el

reconocimiento respectivo, para lo que concertarán la cita en forma personal, o por

vía telefónica en la extensión 3572. El Departamento de Personal y el Servicio

Médico tomarán nota de lo resuelto para lo de sus cargos. Se declara este acuerdo

firme.

OTROS NOMBRAMIENTOS

                                      ARTÍCULO V

      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 297-DG-05 de 4 de abril en curso,

comunica:

         “…en cumplimiento del numeral 18 de la Ley Orgánica del Organismo de
         Investigación Judicial, hacer de su conocimiento la gestión que ha sido
         interpuesta ante esta Representación, con el propósito de trasladar al
         servidor Óscar Villegas Grijalba, quien actualmente se desempeña como
         Investigador 2 en la Subdelegación Regional de Santa Cruz en la plaza N°
         96437, al puesto que ocupa en propiedad, el cual corresponde a la plaza
         N°015598 destacada en la Sección de Delitos Contra la Propiedad de este
         Organismo. Cabe destacar que la mencionada solicitud cuenta con el
         visto bueno del Lic. Albin Obando Granados, Jefe de la Subdelegación
         Regional de Santa Cruz.

            Al respecto, esta Dirección General considera que se encuentra dentro
         de las prerrogativas del servidor Villegas Grijalba regresar a su puestos en
         propiedad, y por ello se avala la solicitud y se gestiona con esta misma
         comunicación el mencionado traslado ante el Departamento de Personal.”
                                             - 0-

         Se acordó: Tomar nota del regreso del señor Óscar Villegas Grijalva,
                                         7

Investigador 2 en la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación

Judicial de Santa Cruz, a su plaza en propiedad N° 015598 de la Sección de

Delitos Contra la Propiedad, a partir del 1° de mayo del año en curso.

         El Departamento de Personal, la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial y los despachos involucrados tomarán nota para los fines

consiguientes.

                                 ARTÍCULO VI

         En ejecución de lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se tienen por designados

como Jueces a los siguientes funcionarios, en los despachos y por las fechas que se

dirán:

1- En el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Limón

   El 8 de abril a:

   Licda. Ana Noelia Prendas Ugalde
   Licda. Jeannette Ruiz Herradora
   Licda. Mayela Gómez Pacheco
   Licda. Derling Talavera Polanco
   Licda. Ericka Robleto Artola
   Licda. Johanna Escobar Vega
   Lic. Francisco Hernández Quesada
   Lic. Froylán Alvarado Zelada
   Lic. Ronald Figueroa Acuña
   Lic. Rosnny Arce Jiménez
   Lic. Miguel Porras Cascante
   Lic. Willy Fernández Muñoz
                                         8

2- En el Juzgado Civil y Trabajo de San Ramón

   El 13 de abril a:

   Licda. Derling Talavera Polanco

3- En el Juzgado de Familia de Heredia

   El 12 de abril a:

   Licda. Ana Noelia Prendas Ugalde
   Licda. Jeannette Ruiz Herradora
   Licda. Tatiana Brenes Arias
   Licda. Mayela Gómez Pacheco
   Licda. Derling Talavera Polanco
   Licda. Ericka Robleto Artola
   Licda. Johanna Escobar Vega
   Lic. Francisco Hernández Quesada
   Lic. Froylán Alvarado Zelada
   Lic. Norman Herrera Vargas
   Lic. Ronald Figueroa Acuña
   Lic. Rosnny Arce Jiménez
   Lic. Miguel Porras Cascante
   Lic. Willy Fernández Muñoz
   Lic. Luis Guillermo Valverde Rivera

4- En el Juzgado de Trabajo de Heredia

   El 14 de abril a:

   Licda. Ana Noelia Prendas Ugalde
   Licda. Jeannette Ruiz Herradora
   Licda. Mayela Gómez Pacheco
   Licda. Derling Talavera Polanco
   Licda. Ericka Robleto Artola
   Licda. Johanna Escobar Vega
   Lic. Randall Ramírez Vargas
   Lic. Francisco Hernández Quesada
   Lic. Froylán Alvarado Zelada
   Lic. Norman Herrera Vargas
                                            9

      Lic. Ronald Figueroa Acuña
      Lic. Rosnny Arce Jiménez
      Lic. Miguel Porras Cascante
      Lic. Willy Fernández Muñoz

5- En el Juzgado 3° Civil de Mayor Cuantía de San José

      El 18 y 29 de abril a:
      Licda. Jeannette Ruiz Herradora
      Licda. Tatiana Brenes Arias
      Lic. Norman Herrera Vargas
      Lic. Rosnny Arce Jiménez

                                    ARTÍCULO VII

        En oficio N° UI-1141-05 de 6 de abril en curso, el Magistrado Orlando

Aguirre Gómez, en su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura, el

máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal y el

licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador interino de la Unidad

Interdisciplinaria, manifiestan:

         “En atención al oficio No. 2493-05 de fecha 29 de marzo del 2005, se
         remite terna para nombrar en plaza vacante No. 057006 de Juez 3 en el
         Juzgado Agrario de la Zona Sur, que deja vacante el Lic. Edgar Calvo
         Solano, por haber sido nombrado en otro puesto a partir del 01 de abril
         del 2005.

         Los aspirantes son:

        NOMBRE                       PROMEDIO      POSICIÓN EN     OBSERVACIONES
                                                     LISTA DE
                                                    ELEGIBLES
 1.     Salazar Alcócer Rebeca          80.2936         21
 2.     Amador Hernández Isaac          79.8049         24
 3.     Ramírez Arce Zoila              79.3344         26
                                          10

       Interino en el puesto: Lic. Wilbert Álvarez Li
       Condición laboral: Propiedad. Auxiliar Judicial 3. Tribunal Agrario
       Segundo Circuito Judicial de San José.
       Periodo: Hasta: 28/05/2005

       Observaciones Generales:

      I. La terna se integra con tres aspirantes conforme la Ley de Carrera
         Judicial y de acuerdo con lo establecido por el Consejo de la Judicatura
         en sesión No CJ-23-01, Artículo VI, celebrada el 10 de julio de 2001 y
         el Consejo Superior en sesión No.63-01, Artículo XXX, celebrada el 09
         de agosto de 2001.

     II. Esta terna se conforma con la lista de elegibles de Juez 3 en materia
         Agraria.

       Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de los
       interesados.”
                                          - 0-

      Por mayoría, se acordó: Nombrar a la licenciada Rebeca Salazar Alcócer,

como Juez 3 en el Juzgado Agrario de la Zona Sur, puesto N° 057006, en

propiedad a partir del 1° de mayo del año en curso.

      La licenciada Ramírez Arce recibió un voto.

      El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia tomarán nota

para los fines consiguientes.

                                  ARTÍCULO VIII

      En oficio N° UI-1122-05 de 4 de abril en curso, el Magistrado Orlando

Aguirre Gómez, en su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura, el

máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal y el
                                           11

licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador interino de la Unidad

Interdisciplinaria, manifiestan:

       “En atención al oficio suscrito por el Mag. Luis Paulino Mora Mora,
       recibido el 28 de marzo, se remite terna para nombrar interinamente en la
       plaza No.108633 de Juez Supernumerario, hasta el 09 de julio del
       presente año, que deja temporalmente vacante la Licda. Estefanía Brenes
       Alfaro, por licencia con goce de salario por maternidad, de conformidad
       con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
       Los aspirantes son:

      NOMBRE                        PROMEDIO POSICIÓN EN OBSERVACIONES
                                               LISTA DE
                                              ELEGIBLES
   4. Sequeira Muñoz Adriana          79.7705     178
   5. Morera Guerrero Gabriela        78.5455     205
   6. Cortés Araya Franklín           76.8775     229

       Interino en el puesto: Lic. Erick Azofeifa Fernández
       Condición laboral: Propiedad. Auxiliar Judicial 2. Juzgado Contencioso
       Administrativo y Civil de Hacienda.
       Periodo: Hasta el 30/04/2005
       Observaciones Generales:
    III.     La terna se integra con tres aspirantes conforme la Ley de Carrera
        Judicial y de acuerdo con lo establecido por el Consejo de la Judicatura
        en sesión No CJ-23-01, Artículo VI, celebrada el 10 de julio de 2001 y el
        Consejo Superior en sesión No.63-01, Artículo XXX, celebrada el 09 de
        agosto de 2001.
    IV.      Esta terna se conforma con la lista de elegibles de Juez 1 Genérico.
     V.      El nombramiento interino esta sujeto a que regrese el titular o que la
       plaza quede vacante. En concordancia con el artículo VI de la sesión de
       Corte Plena No.30-04 celebrada el 23 de agosto del 2004. En caso de que
       la plaza quede vacante, se procederá a realizar la designación mediante el
       respectivo concurso que establece la Ley de Carrera Judicial.
       Se adjunta detalle conteniendo la experiencia y estudios de los
                                          12

       interesados.
                                         -0-

    Por unanimidad, se acordó: Nombrar a la licenciada Adriana Sequeira Muñoz,

como Juez Supernumerario, puesto N° 108633, interinamente a partir del 1° de

mayo y hasta el 9 de julio del presente año.

    El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia tomarán nota

para los fines consiguientes.

                                  ARTÍCULO IX

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 2046-

DE-2005 de 4 de abril en curso, manifestó:

              “El Departamento de Personal remitió a conocimiento de esta
       Dirección Ejecutiva, la nómina N° 045-2004 (se adjunta) para designar a
       la persona que ocupará en propiedad la plaza de Jefe del Departamento de
       Publicaciones e Impresos (Jefe Administrativo 1) -plaza vacante N°
       20299-.
              Muy respetuosamente me permito hacer del conocimiento del
       Consejo, por su medio, que en procura de lograr una selección objetiva
       del candidato idóneo, se valoraron criterios como la carrera
       administrativa, tanto a nivel general del Poder Judicial como particular
       dentro del sector administrativo, la experiencia apropiada y suficiente
       para el cargo, teniendo presente la naturaleza y grado de complejidad de
       las labores que en el mismo se desarrollan, el tiempo laborado por los
       candidatos en oficinas ubicadas fuera de los circuitos judiciales de San
       José.
             Partiendo de lo anterior, se ha procedido a examinar la información
       de todos y cada uno de los integrantes de la nómina y a revisar los
       expedientes personales de aquellos que se consideró necesario, llegando a
       la conclusión de que la persona mejor calificada para desempeñar este
       puesto, es el licenciado José Rubén Dimas Portillo, quien desde el mes de
                                          13

       octubre de mil novecientos noventa y ocho ejerce el cargo de Jefe de
       Sección Administrativa 4, Encargado de la Unidad Administrativa
       Regional del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
       En virtud de ello me permito proponerlo para ocupar en propiedad a partir
       del primero de mayo del 2005, la plaza vacante de Jefe Administrativo 1
       en el Departamento de Publicaciones e Impresos.”

                                         -0-

    Se acordó: Aprobar el nombramiento en propiedad del licenciado José Rubén

Dimas Portillo, como Jefe Administrativo 1 del Departamento de Publicaciones e

Impresos, puesto N° 20299, a partir del 1° de mayo del presente año.

    El Departamento de Personal tomará nota para los fines correspondientes.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

                                   ARTÍCULO X

      El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, en oficio N° 912 de 1° de abril en curso, comunica que ese

Tribunal, al resolver la queja N° 543-02 B, impuso al señor Omar Dengo Jiménez,

Auditor Supervisor de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del

Organismo de Investigación Judicial, la corrección disciplinaria de quince días de

suspensión sin goce de salario, por haber hecho abandono injustificado y reiterado

de sus funciones, la cual se hará efectiva a partir del 16 de este mes. Asimismo

remiten copia de la resolución.

      Por mayoría, se dispuso: Tomar nota, lo que también hará el Departamento
                                          14

de Personal.

      El licenciado Martínez Fernández se abstuvo de emitir criterio por haber

participado como testigo en ese proceso.

PERMISOS

                                   ARTÍCULO XI

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2099-

DE-2005 de 6 de abril en curso, remite la nota N° 515-DS-2005, que suscribe el

licenciado German Rojas Monge, Jefe del Departamento de Seguridad, que

literalmente dice:

       “… solicito se gestione ante el Consejo Superior la autorización para que
       personal del Centro de Operaciones de este Departamento y de esta
       Jefatura se capacite en la operación del nuevo equipo de control de acceso
       recién adquirido para ser puesto en marcha en el Centro de Operaciones
       de este Departamento.

            Cabe señalar que dicha capacitación tiene una duración de doce horas
       y la misma será impartida durante los días 14, 15, 18 y 19 de abril del año
       en curso, por la empresa Tecnologística.

       Esta se dividirá en dos grupos:

       Grupo A
       Horario propuesto: 14-04-2005 De 08:00 a 16:00 horas.
                         15-04-2005 De 08:00 a 12:00 horas.

       Luis Carlos Castillo Madrigal
       Víctor Meléndez Alvarado
       Jorge Acuña Jiménez
       Ernesto Calvo Olsen
       Roxana Hidalgo Vega
                                          15

       Cubre el Centro de Operaciones: John Paladino Jiménez

       Grupo B
       Horario propuesto: 18-04-2005      De 08:00 a 16:00 horas.
                           19-04-2005     De 08:00 a 12:00 horas.

       José Iván Marín González
       José Castro Gutiérrez
       John Paladino Jiménez
       Guilmar Loría Jaen
       German Rojas Monge

       Cubre el Centro de Operaciones: Jorge Acuña Jiménez
                                         - 0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior y autorizar a los citados servidores,

para que reciban la capacitación del nuevo equipo de control de acceso, que

impartirá la empresa Tecnologística, los días 14, 15, 18 y 19 de abril en curso y

durante las horas señaladas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO XII

      En sesión N° 25-05 celebrada el 5 de abril en curso, artículo VII, se autorizó

la realización de dos réplicas del curso “Teoría del caso, formulación y

fundamentación de la Acusación”, a celebrarse en el Aula Fiscal de la Escuela

Judicial, de las 7:30 a las 12:00 y de las 13:00 a las 16:30 horas, los días 21, 22, 28

y 29 de este mes, a cuyos efectos se concedió permiso con goce de salario, por las

fechas señaladas, -entre otros- a la licenciada Eunice Villalta Calvo, servidora de la
                                         16

Fiscalía de Alajuela.

      La licenciada Yamileth Achong Ching, Fiscal de la Unidad de Capacitación

y Supervisión del Ministerio Público, en oficio N° 64-UCS-2005-MP de 1° de

abril en curso, informa que a petición de la licenciada Silvia Carmona Rivas, Fiscal

Adjunta de ese circuito, solicita se autorice la sustitución de la licenciada Villalta

Calvo, y en su lugar se designe a la licenciada Andrea Víquez Carrillo, en razón de

que doña Eunice está participando en otra capacitación relacionada directamente

con la materia penal, que la funcionaria tramita. Además por superposición horaria

entre ambos cursos.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, dejar sin efecto el

permiso concedido a la licenciada Villalta Calvo en la sesión de referencia y en su

lugar autorizar la participación de la licenciada Víquez Carrillo, en las condiciones

aprobadas en la citada sesión.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                 ARTÍCULO XIII

      Con oficio N° 2044-DE-2005 de 4 de abril en curso, el licenciado Alfredo

Jones León, Director Ejecutivo, remite nota N° 508-DS-2005 de 31 de marzo

último, suscrita por el licenciado German Rojas Monge, Jefe del Departamento de

Seguridad, mediante la cual solicita autorización para realizar la capacitación en el
                                          17

Uso y Manejo de Extintores contra Incendio, que impartirá la empresa JIMEX

S.A., el 13 y 15 de este mes, de las 8:00 a las 12:00 horas, al personal que se dirá:

       “Día 13 de Abril:
       Nombre                           Cédula             Despacho
       Sr. Mario Quesada Matamoros       1-615-377       Inspección Judicial
       Sra. Milagro Torres Rivera,       1-858-547        Registro Judicial
       Sr. Raúl Camacho Mora             1-1013-595       Depto. Planificación
       Sr. Manuel Alvarado Orozco         1-588-101        Unidad Capacitación
       OIJ
       Sr. Randall Céspedes Chaves      1-914-643         Especializada
       Tránsito OIJ
       Sr. Juan Carlos Mora Monge        1-597-673        Depto Proveeduría.
       Sr. Eimer Cordero Elizondo        2-577-749        Archivo Criminal
       Sr. Jonathan Carvajal Carvajal    1-1049-434       Depto Auditoría
       Sr. Johnny Calvo Ballestero       1-781-052        Depto Auditoría
       Día 15 de Abril:
       Nombre                           Cédula             Despacho
       Sr. Rolando Villalobos Murillo 1-682-858        Inspección Judicial.
       Sr. Julio García López           1-614-146      Unidad Capacitación OIJ
       Sra. Verónica Salazar Pizarro    1-910-807      Especializada Tránsito
       OIJ
       Sr. Guillermo Vega Venegas        1-382-237     Depto Proveeduría
       Sr. Bernal Vargas Prendas        6-280-056     Archivo Criminal
       Sra. Norma Ureña Vargas           1-571-309     Depto Seguridad
       Sr. Cristian Rocha Sánchez       4-163-999     Depto Seguridad
       Sr. Guillermo Araya Ulate        1-784-409     Depto Seguridad
                                          -0-

    Se acordó: Autorizar la realización de la capacitación en el Uso y Manejo de
                                           18

Extintores contra Incendio, a realizarse el 13 y 15 de abril en curso, de las 8:00 a

las 12:00, a cuyos efectos se concede permiso con goce de salario a los servidores

de la lista transcrita, a fin de que participen en la citada actividad.

    El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                   ARTÍCULO XIV

      En sesión N° 25-05 celebrada el 5 de abril en curso, artículo VIII, se

concedió permiso con goce de salario, a los integrantes de la lista transcrita en ese

acuerdo y a los facilitadores, para que el 7 y 8 de este mes, asistan al curso de

“Sistema de Control Interno en el Ministerio Público” de las 8:00 a las 16:30

horas, en el Aula Fiscal de la Escuela Judicial.

      La licenciada Yamileth Achong Ching, Fiscal de la Unidad de Capacitación

y Supervisión del Ministerio Público, en oficio N° 65-UCS-2005-MP de 6 de abril

en curso, informa que se invitó al licenciado Edwin Retana Carrera de la

Inspección Fiscal el cual se encuentra en una capacitación fuera de la Oficina por

un largo período, razón por la cual solicita se sustituya y en su lugar se autorice a

la licenciada Alba Campos Hernández, Fiscal Adjunta de San Carlos, para que

asista al curso de “Sistema de Control Interno en el Ministerio Público”.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, dejar sin efecto el

permiso concedido al licenciado Retana Carrera en la sesión N° 25-05 del 5 de
                                          19

abril en curso, artículo VIII, y en su lugar autorizar la participación de la licenciada

Campos Hernández al citado curso, los días 7 y 8 de este mes de las 8:00 a las

16:30 horas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO XV

      En sesión N° 20-05 celebrada el 17 de marzo último, artículo LXVII, se

aprobó la realización de los cursos sobre “Técnicas de Conciliación II”, a

realizarse los viernes 8, 15, 22, 29 de abril; 6, 13, 20, 27 de mayo; 3 y 10 de junio

del presente año, de las 13:00 y hasta las 16:30 horas, a cuyos efectos se concedió

permiso con goce de salario, y ayuda económica -entre otros- al licenciado

Mainrald Hernández García, Juez del Juzgado Civil y Trabajo de Corredores.

      El licenciado Hernández García, mediante facsímil recibido el 6 de abril en

curso, manifiesta que por motivos de índole económico, no le será posible asistir a

dicha actividad, a pesar de la ayuda recibida por parte de la Escuela Judicial, la

cual no es suficiente para cubrir los gastos en que incurrirá durante su traslado, por

lo que expresa su decisión de desistir a participar en el curso de “Técnicas de

Conciliación II”.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y dejar sin efecto el permiso y la

ayuda económica concedida al licenciado Hernández García, en el artículo LXVII
                                          20

de la sesión del 17 de marzo del 2005, para que participara en el curso

anteriormente señalado.

      El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para lo que

a cada uno corresponda.

                                 ARTÍCULO XVI

      En sesión N° 24-05 celebrada el 5 de abril en curso, artículo XXII, se dejó

sin efecto el permiso con goce de salario y sustitución que del 4 al 8 de este mes,

se concedió al doctor Álvaro Burgos Mata, para que integrara el Tribunal

Evaluador de Juez 4 en materia penal juvenil, y concedió al licenciado Javier

Llobet Rodríguez, permiso con goce de salario y sustitución para que del 6 al 8 de

los corrientes, integre dicho Tribunal.

      El licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la Unidad

Interdisciplinaria del Departamento de Personal, en oficio N° UI-1153-05 de 7 de

abril en curso, comunicó:

       “Mediante oficio No. UI-1119-05 de fecha 04 de abril en curso, se
       solicitó que del 06 al 08 de abril de 2005, se autorizara, que el permiso
       otorgado al doctor Álvaro Burgos por esas fechas, se le trasladara al
       doctor Javier Llobet, con el fin de aplicar los exámenes de Juez 4 en
       materia Penal Juvenil, dentro del Concurso CJ-14-2004.
             Dicho asunto fue conocido por el Consejo Superior en la sesión del
       martes 05 de abril recién pasado; sin embargo el doctor Álvaro Burgos,
       retoma el permiso con goce de sueldo y sustitución, que se le había
       concedido hasta el 19 de abril de 2005, el día de mañana.

             Por tal motivo, el permiso del doctor Llobet, rige hasta el 07 de
                                          21

       abril de 2005 y no como se había solicitado anteriormente..”
                                         - 0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y limitar al 7 de este mes el permiso

con goce de salario y sustitución concedido al doctor Llobet Rodríguez en la

sesión de referencia; y conceder al doctor Burgos Mata, nuevamente el permiso

con goce de salario y sustitución por el día 8 de los corrientes, para que continúe

integrando el Tribunal Evaluador de Juez 4 en materia penal juvenil. En cuanto al

permiso concedido por el resto del período, se mantiene conforme se señaló en la

sesión del 15 de marzo recién pasado, artículo LII.

      El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia tomarán nota

para los fines consiguientes.

                                 ARTÍCULO XVII

      La licenciada R. Cristina Arguedas Venegas, Jueza Coordinadora del

Juzgado de Violencia Doméstica de Desamparados, en oficio N° 26-VD-2005 de 5

de abril en curso, manifestó:

       “... me permito remitir copia de la solicitud formulada por la MSc Nora
       Lía Mora Lizano, Psicóloga Integrante del Equipo Psicosocial del
       Juzgado de Violencia Doméstica de Desamparados, para que las
       estudiantes Ana Priscilla Rojas Fallas, cédula 1-999-639 y Johana
       Quesada Alfaro, cédula 1-1098-930, puedan hacer su Tesis para obtener
       el grado de Licenciatura en Psicología, en este Juzgado, realizando una
       revisión minuciosa de los expedientes judiciales tramitados aquí durante
       el año pasado.
                                          22

       La investigación se ha denominado “Factores Psicosociales que influyen
       en el ausentismo de las solicitantes de medidas de protección contra sus
       compañeros con edades entre los 20 a 40 años, a las audiencias de
       recepción de pruebas del Juzgado de Violencia Doméstica de
       Desamparados, durante el año 2004, desde la Teoría de Género Sensitivo.
       Estudio de Casos”.
       Estoy de acuerdo en que se realice la investigación y se revisen los
       expedientes porque considero de mucha importancia esta investigación ya
       que es muy alto el ausentismo a las audiencias de recepción de pruebas
       dentro de los expedientes de solicitud de medidas de protección que se
       tramitan en el Juzgado de Violencia Doméstica de Desamparados.
       Aproximadamente solo se realiza un veinte por ciento de las audiencias
       señaladas porque el resto de las personas solicitantes no se presentan ni
       aportan pruebas.
       Por lo anterior, me permito someter a su estimable consideración el
       documento presentado por la Psicóloga a fin de que el Consejo Superior
       lo valore y si es necesario contar con su aprobación, así me lo haga saber,
       ya que estén de acuerdo o no, para darle una pronta respuesta a la M.S.c.
       Nora Lía Mora Lizano y a las estudiantes que se han interesado por este
       tema, que estoy segura será de mucha utilidad, no solo para este Juzgado
       sino para la materia de violencia doméstica y para los funcionarios
       judiciales que la tramitamos.”
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud de mérito y autorizar a las estudiantes Rojas

Fallas y Quesada Alfaro, para que revisen los expedientes judiciales tramitados en

ese despacho el año pasado, en el entendido de que la máster Mora Lizano

supervisará la actividad de las mencionadas estudiantes, a quienes se les comunica

que queda bajo su exclusiva responsabilidad el uso que hagan de la información

obtenida, y que su actividad en esa Oficina deberá ajustarse a las normas que rigen

la prestación del servicio en el Poder Judicial. Además se les hace saber que

requieren contar con una póliza individual o colectiva, que las proteja durante el
                                         23

tiempo que estén dentro de las instalaciones del Poder Judicial, que comprenda

muerte accidental, incapacidad permanente accidental y seguro por gastos médicos

por accidente.

      El Juzgado de Violencia Doméstica de Desamparados tomará nota para lo de

su cargo.

                                ARTÍCULO XVIII

      El licenciado Arturo Salvador Zúñiga, Investigador de la Sección de Delitos

contra la Propiedad, División de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial,

en nota de 5 de abril en curso, manifestó:

       “Soy egresado de la carrera Investigación Profesional Criminológica,
       carrera impartida en el Colegio Universitario de Cartago, donde obtuve el
       grado académico de Diplomado en el año 1993. A finales de ese año
       ingresé a laborar para éste Organismo como auxiliar de investigación,
       propiamente en la Sub-Delegación Regional de Aguirre y Parrita.
       Posteriormente fui trasladado a laborar en la zona de San José, donde
       actualmente me desempeño en el puesto interino de Oficial de
       Investigación en la sección Delitos Contra la Propiedad, División de
       Asaltos. Interesado en continuar con el incremento de mis conocimientos,
       así como un medio de realización y de superación personal, obtuve el
       grado de Licenciado en Derecho por los estudios respectivos realizados
       en la Universidad de San José. Ahora bien, estoy siendo “invitado”, por
       parte de personeros del Colegio Universitario de Cartago, para llevar a
       cabo funciones de profesor en el área del Derecho General, en el área
       Criminalística o bien desempeñarme como profesor tutor de estudiantes
       que están realizando el Trabajo Comunal Universitario o la Práctica
       Dirigida. Considero que la oferta laboral que el mencionado centro
       educativo me está brindando sería una gran oportunidad para poner en
       práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio, por
       otro lado dicha actividad me obligaría aún más a mantener actualizado en
       torno a las reformas que constantemente sufre nuestro Derecho Penal y
                                          24

       Procesal Penal. Aunado a lo anterior, opino que al desempeñarme alguno
       de los cargos ofrecidos estaría ayudando en la formación de mejores
       personas y profesionales.
       Por lo anterior expuesto es que, respetuosamente solicito a Ustedes el
       respectivo permiso para poder participar como docente para el Colegio
       Universitario de Cartago. No está por demás señalar que, de ser acogida
       mi solicitud, las labores que realizo en y para éste Organismo no se verán
       interrumpidas, alteradas ni menoscabadas, ya que la docencia se estaría
       llevando a cabo en horas extra-laborales o bien en caso de fungir como
       profesor tutor, los estudiantes tendrían que prestar trabajo en calidad
       Meritorio para ésta institución.”
                                          -0-

   Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al licenciado

Salvador Zúñiga, informe a este Consejo el horario y fechas en que se desempeñará

como docente en dicho centro educativo.

                                 ARTÍCULO XIX

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2066-

DE-2005 de 4 de abril en curso, remite la nota N° 409-TI-2005 de misma fecha,

suscrita por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero

Contable, que dice:

    “...me permito referirme a la oferta presentada por la empresa VELCHAZ
        INVESTMENTS INC S.A, para impartir el Curso “GESTIÓN DE
        CARTERAS DE INVERSIÓN”, dado a que es indispensable y urgente la
        capacitación en materia de valoración de la cartera de inversiones, pues
        conforme a las nuevas técnicas de valoración de precios de mercado, de la
        cartera de inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
        Judicial; ya requeridos por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), se
        hace indispensable el conocimiento y aplicación de esta metodología.
       La propuesta presentada por dicha empresa, como se evidencia en los
                                          25

       Anexos adjuntos, tiene un costo de $5.950.00 si se incluye alimentación,
       instalaciones y laboratorio de computo, o $4.250.00 sin alimentación ni
       instalaciones, suma que se considera conveniente sea cancelada de los
       Recursos del Fondo supracitado.
       Dicha capacitación esta provista para ocho personas. El horario que se
       considera más conveniente, previo análisis con la empresa, es jueves y
       viernes, de 3 a 6 pm.
            Por la anterior, y considerando la información en los Anexos
       adjuntos, solicito respetuosamente sea elevada al Consejo Superior dicha
       propuesta, a fin de que se autorice la ejecución y pago de la misma.”
                                          -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Devolver las

diligencias a la Dirección Ejecutiva, para que gire las instrucciones pertinentes y

mediante contratación directa se invite al menos tres oferentes, con el fin de

seleccionar la que mejor convenga a los intereses de la institución. Se declara este

acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XX

      El Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda, en

nota de 5 de abril en curso, manifestó:

       “El Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional
       del Trabajo inició un proyecto de evaluación de la repercusión de sus
       cursos sobre normas internacionales del trabajo para jueces, juristas y
       docentes en derecho, en el cual ha estado colaborando la letrada de esta
       Sala María Alexandra Bogantes Rodríguez. En la primera etapa de ese
       proceso evaluativo se recogieron las opiniones de 276 participantes de 50
       países. Como parte de lo anterior, se realizarán dos talleres regionales de
       evaluación: uno en la región del África y el otro en América Latina y en
       cada uno participarán entre quince y veinte personas.
       A la indicada profesional se le ha cursado una invitación para que
                                           26

       participe en el taller regional para América Latina, denominado:
       “Segundo taller de evaluación de los cursos sobre las normas
       internacionales del trabajo para magistrados, juristas y docentes en
       derecho” que se llevará a cabo en Lima, Perú, del 10 al 12 de mayo del
       2005, corriendo por cuenta del indicado Centro, los gastos de estancia y
       billetes de avión.
       El conocimiento y la divulgación de las normas internacionales del
       trabajo es una tarea continua y de singular importancia para la labor que
       realizan los administradores de justicia y especialmente para esta Sala, la
       cual ha venido trabajando en coordinación con la O.I.T. para capacitar
       sobre el tema. En consecuencia, dado que el mencionado Taller tiene
       como objetivo general ahondar en las repercusiones de los cursos sobre
       las normas de dicha naturaleza, es de especial interés institucional
       posibilitar la participación de la Licenciada Bogantes. Para ello le solicito
       se le conceda permiso con goce de salario del 9 al 13 de mayo del 2005
       (esas fechas tomando en consideración el tiempo que se debe invertir en
       los respectivos traslados).”
                                           -0-

   Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder a la licenciada Bogantes

Rodríguez, permiso con goce de salario, sin sustitución, para que del 9 al 13 de

mayo del año en curso, participe en el taller regional para América Latina,

denominado “Segundo taller de evaluación de los cursos sobre las normas

internacionales del trabajo para magistrados, juristas y docentes en derecho”, a

realizarse en Lima, Perú. Es entendido de que los gastos de estancia y boletos

aéreos correrán por cuenta de los organizadores.

   El Departamento de Personal y la Sala Segunda tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara firme este acuerdo.

                                   ARTÍCULO XXI
                                         27

      El máster José Carlos Chinchilla Coto, Director del Programa en

Administración de Justicia de la Universidad Nacional, en oficio N° ADJ-46-2005

de 29 de marzo último, manifestó:

       “Por este medio hago de su conocimiento y de los distinguidos miembros
       del Consejo Superior que la señora Sonia Navarro Solano, Directora
       Ejecutiva Programa Corte-BID, estará impartiendo 4 Conferencias
       Magistrales a los estudiantes de nuestro Posgrado los días miércoles 13,
       20 y 27 de abril y miércoles 11 de mayo de 2005, con un horario de 8:00
       a.m. a 12:00 m.d. en el “Seminario Administración General”.
       Por lo antes señalado agradezco se sirvan otorgarle permiso a la Licda.
       Navarro para que imparta las Conferencias antes mencionadas. Lo
       anterior en el amparo del Convenio UNA-Corte Suprema de Justicia
       cláusula cuarta inciso “e” (acordaron que la Corte Suprema de Justicia;
       facilitará a través de la Escuela Judicial a profesores con las
       calificaciones académicas y profesionales requeridas para el desarrollo
       del Posgrado).
       Aprovecho la oportunidad para mencionar que para inicios del mes de
       mayo estaremos enviando un oficio para solicitar los permisos de los
       profesionales que tendrán que colaborar en el desarrollo académico del
       Posgrado en el II y III Trimestre de 2005.”
                                         -0-

    Se acordó: Conceder a la licenciada Navarro Solano, permiso con goce de

salario, para que los miércoles 13, 20 y 27 de abril; y 11 de mayo, de las 8:00 a las

12:00 horas, imparta las conferencias señaladas, dentro del “Seminario de

Administración Gerencial” del Programa en Administración de Justicia de la

Universidad Nacional.

    El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO XXII
                                          28

      El licenciado Gerardo Calero Miranda, Juez del Juzgado Contravencional y

de Menor Cuantía de Sarapiquí, en nota de 4 de abril en curso, manifestó:

       “... se me otorgue permiso con goce de salario para asistir a dos
       audiencias judiciales: El medio día del 19 de abril y todo el día el 20 de
       abril, en vista de que desde febrero del año en curso las audiencias ya se
       encontraban señaladas, una en el Tribunal Penal de Juicio de Heredia que
       es audiencia de conciliación por el delito de injurias a favor de mi
       hermano Juan Ramón Calero Miranda, a la 1:30 p.m. y el día 20 de abril
       desde las 8:00 de la mañana en el Juzgado de Pensiones Alimentarias en
       contra de mi hermano José Félix Calero Miranda, que es recepción de
       pruebas y en ambos casos el suscrito actúa como el abogado director. Lo
       anterior conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las reiteradas
       circulares del Consejo Superior en cuanto a los permisos
       correspondientes.”
                                          -0-

      Se acordó: Comunicar al licenciado Calero Miranda que, a tenor de lo

establecido en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Consejo

no tiene objeción para que atienda la defensa de que da cuenta; sin embargo para

ausentarse del Juzgado durante las horas y fechas señaladas, debe hacerlo con

permiso sin goce de salario o vacaciones, pues se ha estimado que las

representaciones a que se refiere dicha norma son asuntos de carácter personal y no

existe norma legal que autorice el otorgar licencia con goce de sueldo para

atenderlas. Asimismo, deberá observar lo que al efecto establece el artículo 14 de

la “Ley contra el Enriquecimiento Ilícito y Corrupción”.

   El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XXIII
                                           29

      La señora Milena Rodríguez Villalobos, Auxiliar Judicial 1 de la Fiscalía

Adjunta de Puntarenas, en nota recibida el 4 de abril en curso, solicita se le

conceda permiso con goce de salario a fin de asistir con su hija Mariela Loría

Rodríguez, de cuatro años de edad, a dos citas médicas programadas en el Hospital

Nacional de Niños, el 15 y 27 de este mes, a las 7:00 y 8:00 horas respectivamente.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder a la señora Rodríguez

Villalobos, permiso con goce de salario, sin sustitución, para que el 15 y 27 de

abril en curso durante las horas señaladas, asista con su hija a la cita médica en el

Hospital Nacional de Niños.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XXIV

      La licenciada Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo

Social y Psicología, en oficio N° DTSP-208-2005 de 4 de abril en curso,

manifestó:

       “De acuerdo al mandato del Consejo Superior los Equipos Psicosociales
       asignados a la materia de Violencia Doméstica, una de sus funciones es la
       participación en las Redes de Atención y Prevención de la Violencia
       Intrafamiliar en las diferentes jurisdicciones. Razón por la que se solicita
       la participación de la Licda. Kattia Robles el día 06 de mayo y la Licda.
       Rosario Cubero el día 13 de mayo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., ambas
       Profesionales de la Oficina Regional de San Carlos, en el Taller “Para
       sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar”.
                                           -0-
                                            30

    Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar a las licenciadas Robles

Alfaro y Cubero Arroyo, para que durante las fechas y horas señaladas, participen

en el taller “Para sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar”.

    El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTÍCULO XXV

      En sesión N° 19-05 celebrada el 15 de marzo último, artículo XXVII, se

concedió permiso con goce de salario, sin sustitución a los servidores citados en

ese acuerdo, para que del 13 al 15 de abril en curso, participen en el II Taller de

Reformas Legales sobre Gobierno y Administración a efectuarse en la Escuela

Social Juan XXIII.

      La licenciada Sonia Navarro Solano, Directora del Programa Poder Judicial-

BID, en oficio N° PJ-BID 240-05 de 5 de abril en curso, solicitó:

        “... realizar los siguientes cambios de participantes a solicitud de los
        interesados, en razón de su función con motivo del permiso con goce de
        salario y posible sustitución según la materia.
        ACOJUD
        1) ALEJANDRO LÓPEZ MC ADAM Juez Tribunal de Juicio II
        Circuito Judicial de San José, estará fuera del país y será sustituido por el
        Lic. Ronny Durán Umaña, Juez IV Civil Menor Cuantía, el cual requiere
        permiso sin sustitución.
        2) CARMEN RODRÍGUEZ MONTOYA. Actualmente se encuentra
        nombrada en el Juzgado Penal de Limón y no como se había indicado
        anteriormente en el Juzgado Contravencional de Limón. Debe ser
        sustituida.
        3)   ÓSCAR CORRALES CRUZ Juez Tribunal de Familia, será
                                          31

       sustituido por el Lic. Luis Guillermo Rodríguez Vargas, Juez de Trabajo
       II Circuito Judicial de San José.”
                                          -0-

      Por su parte, la licenciada Katia Salas Abarca, Administradora del Programa

Poder Judicial-BID, en oficio N° PJ-BID 244-05 de 7 de este mes, expresó:

              “El Consejo Superior en Sesión No. 19 del 15 de marzo último,
       artículo XXVII, autorizó permiso a los funcionarios que participarán en el
       II Taller de Reformas Legales sobre Gobierno y Administración, a
       realizarse del 13 al 15 de abril en curso en la Escuela Social Juan XXIII.
               En dicho acuerdo se omitió indicar que se autorizaba la sustitución
       de los funcionarios que por su cargo así lo requieran como funcionarios
       de la jurisdicción penal. Por lo anterior, y de la forma más atenta, le
       solicito se reconsidere el acuerdo en mención autorizando la sustitución a
       las personas que se detallan a continuación:
       1. Licda María Felicia Zosch Badilla, Defensa Pública, asuntos
       disciplinarios.
       2. Lic. Roberto Montero García, Defensor Público, asuntos disciplinarios.
       3. Lic. Johnny Mejía Ávila Tribunal de Juicio de San José.
       4. Lic. Carlos Chinchilla Sandí, Tribunal de Casación Penal.
       5. Lic. José Lorenzo Salas Castro, Tribunal de Juicio Goicoechea.
       6. Licda Carmen Rodríguez Montoya, Juzgado Penal de Limón.
       7. Lic. Luis Chan Pizarro, Fiscal Adjunto del Circuito Judicial de
        Alajuela.
       8. Licda Emilia Navas Aparicio. Fiscal Adjunta Circuito Judicial de
       Heredia.
       9. Licda Jenny Almendariz Solís, Fiscal Circuito Judicial de Cartago.
         Además le solicito agregar a la lista y gestionar el respectivo permiso
       con goce de salario a :
       1. Dr. Carlos Bolaños Céspedes
       2. Dr. Enrique Ulate Chacón, del Tribunal Agrario
       3. y la Licda. Carolina Hurtado del Juzgado Agrario de Alajuela.”
                                          -0-
                                          32

      Por su parte, el licenciado Abel Jiménez Obando, en su condición de

Presidente de la Asociación Costarricense de la Judicatura, mediante correo

electrónico de 7 de los corrientes, manifiesta que con relación al oficio N° PJ-BID

244-05, suscrito por la licenciada Sonia Navarro Solano, expresa que conforme

conversó con doña Sonia y en razón a las limitaciones presupuestarias del Poder

Judicial, requiere que la sustitución se reduzca a solo cuatro personas, a saber:

      Juez Carlos Chinchilla Sandí, Tribunal de Casación Penal
      Juez Johnny Mejía Ávila, Tribunal de Juicio de San José
      Jueza Carmen Rodríguez Montoya, Jueza Penal de San José
      Juez José Lorenzo Salas Castro, Tribunal de Juicio de Goicoechea.
                                      -0-

      El licenciado Roberto Solano Coronel, Coordinador de la Defensa Pública

de San José, mediante correo electrónico recibido el 8 de este mes, solicita se

autorice la sustitución de los defensores que se dirán y que fueron convocados a

participar en el referido Taller, lo anterior en razón de hacerse necesario por lo

ajustado que tienen las agendas para esas fechas.

      Licda. Rocío Jiménez Padilla
      Lic. Jorge Rojas Fonseca
      Licda. María Felicia Zoch Badilla
                                           -0-

    Se acordó: 1) Dejar sin efecto el permiso con goce de salario concedido a los

licenciados López Mc Adam y Corrales Cruz en la sesión del 15 de marzo recién
                                        33

pasado, artículo XXVII y en su lugar autorizar la inclusión en el citado curso de

los licenciados Ronny Durán Umaña, Juez del Juzgado IV Civil de Menor Cuantía

de San José y Luis Guillermo Rodríguez Vargas, Juez del Juzgado de Trabajo del

Segundo Circuito Judicial de San José, respectivamente. 2)           Por mayoría, se

autoriza la inclusión de la licenciada Hurtado García y de los doctores Bolaños

Céspedes y Ulate Chacón, a cuyos efectos se les concede permiso con goce de

salario, sin sustitución, para que durante las fechas señaladas asistan al referido

Taller. 3) Autorizar únicamente la sustitución de los licenciados Rodríguez

Montoya, Mejía Ávila, Chinchilla Sandí, Salas Castro, Jiménez Padilla, Rojas

Fonseca y Zoch Badilla.

    La licenciada Anchía Paniagua votó por no autorizar la participación del

doctor Carlos Bolaños Céspedes en el referido Taller, en razón de su reciente

nombramiento en el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, a

fin de colaborar en la disminución del circulante de ese despacho.

    El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia tomarán nota

para los fines consiguientes.

                                ARTÍCULO XXVI

      La doctora Doris María Arias Madrigal, en su condición de Coordinadora

del Comité de Género del Segundo Circuito Judicial de San José, en nota de 4 de
                                           34

enero del presente año, recibido el 5 de abril en curso, expresó:

              “Este Comité surge durante el año 2004, a partir de la necesidad de
       ampliar oportunidades de participación y realización y desarrollo de
       proyectos en este Circuito Judicial, en este sentido, hemos establecido dos
       áreas prioritarias de acción:
       La atención al funcionario y funcionaria judicial
       La atención a los usuarios de nuestros servicios
              El año 2005 se nos plantea como un gran reto de consolidación de
       las metas y la plasmación en actividades concretas para la cual
       requerimos plantear un plan operativo que nos permita identificar las
       necesidades y las respuestas que podríamos dar a esa necesidades.
             Es por ello, que se le solicita al Consejo Superior conceder
       permiso con goce de salario y sin sustitución a las integrantes del Comité
       de Género de este Circuito Judicial durante la segunda audiencia del 5 de
       mayo próximo para formular el Plan Anual Operativo.”
                                                 -0-

       Mediante correo electrónico, de 5 de este mes, la licenciada Arias Madrigal,

informa los nombres de los miembros del Comité que asistirán a la actividad que

se dio cuenta:

       Licda. Rocío Pérez Montenegro, Jueza 4, Tribunal Penal;
       Eulalia Azofeifa Romero, Auxiliar Judicial, Juzgado de Pensiones Alimentarias
       Licda. Jeannette Barboza Cascante, Psicóloga;
       Licda. Elvis Ma. Chaves Rodríguez, Trabajadora Social;
       Karen Concepción Concepción, Aux. Jud., Juzg. de Hacienda y Asuntos Sumarios
       Dra. Ana Isabel Orozco, Médico de empresa;
       Bach. Ana Victoria Acuña Arana, Contraloría de Servicios;
       Licda. Ana Beatriz Méndez Alvarado, Administradora del Circuito
       Marlen Solís Blanco, Auxiliar Judicial Juzgado de Pensiones Alimentarias;
       Dra. Doris Ma. Arias Madrigal, Jueza 4 Tribunal Penal (coordinadora)
       Licda. Adriana Chacón Catalán, Juez 3 del Juzgado de Trabajo”

                                           -0-
                                          35

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder a los integrantes del

citado Comité, permiso con goce de salario, sin sustitución, para que durante la

segunda audiencia del 5 de mayo del presente año, se dediquen a la actividad de

que se dio cuenta. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte sustancialmente

el servicio público a cargo de quienes se autorice que asistan, lo cual implica que

deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes en relación con sus

funciones en el Poder Judicial y en caso de diligencias previamente programadas

deberán atenderlas y no podrán ser modificadas, de lo contrario, no se autoriza la

asistencia a la actividad para la que se solicita permiso.

    El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO XXVII

      En sesión N° 25-05 del 5 de abril en curso, artículo XXXVI, se concedió

permiso con goce de salario, sin sustitución –entre otros- al licenciado Erick Lewis

Hernández, Jefe de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de

Investigación Judicial, para que del 12 al 25 de este mes participe en el “Curso

para Instructores en la Investigación de Delitos de Explotación Sexual Comercial

contra Niños, Niñas y Adolescentes y la Atención a las Víctimas de estos Delitos”,

a realizarse de las 7:30 a las 16:30 horas en el Centro Cultural Norteamericano,

Sabana Norte.
                                        36

      El   licenciado   Carlos    Alpízar Alfaro, Jefe del     Departamento de

Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N°

DICR-291-2005 de 8 de abril del año en curso, expresa que en razón de que don

Erick fue convocado por el Área de Capacitación del Departamento de Personal a

participar en un curso programado por dos meses, solicita se autorice en su lugar,

la inclusión del señor Osvaldo Hernández Najar, Jefe de Investigación 1 de la

Sección de Fraudes.

      Se acordó: Dejar sin efecto el permiso con goce de salario otorgado al

licenciado Lewis Hernández en la sesión de referencia, y en su lugar, designar al

señor Hernández Najar, para que durante las fechas y horas señaladas, participe en

el curso de que se dio cuenta.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XXVIII

      En oficio N° 1156 del 12 de abril en curso, el licenciado Macario Barrantes

Ramírez, Presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, solicita se conceda

permiso con goce de salario, tanto a él como a los licenciados Leda Méndez

Vargas y Rodrigo Flores Garrido, Inspectores Generales Judiciales, para asistir en

el Taller de Reformas Legales sobre Gobierno y Administración, a realizarse en la

Escuela Social Juan XXIII, el miércoles 13 y primera audiencia del jueves 14 de
                                            37

los corrientes.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder a los licenciados

Barrantes Ramírez, Méndez Vargas y Flores Garrido, permiso con goce de salario,

sin sustitución, para que durante las fechas señaladas asistan al referido Taller.

      El Departamento de Personal tomará nota para que corresponda.

SUSTITUCIONES

                                   ARTÍCULO XXIX

      La licenciada Ingrid Gregory Wang, Jueza del Juzgado de Trabajo de Mayor

Cuantía de Heredia, presenta la siguiente solicitud:

        “…para los fines legales correspondientes, me permito indicar lo
        siguiente: La Auxiliar Judicial 2 de este Despacho, señora María
        Gabriela Chaves Villalobos, cédula de identidad número 04-0166-0573
        fue incapacitada por un problema de salud, el día primero y
        posteriormente fue incapacitada del cuatro al seis, todas las anteriores
        fechas del mes de abril en curso (cuatro días). Debido a la gran cantidad
        de demandas que han ingresado en el presente año, las cuales ascienden
        en este primer trimestre a la suma de ciento noventa y un asuntos, los
        expedientes que vienen de años anteriores, más los asuntos que se
        encuentran en la etapa de ejecución de sentencia y la gran cantidad de
        funciones que desarrollan los auxiliares en este Despacho, se hace
        necesario tener a una persona que asuma el puesto de la señora Chaves
        Villalobos. Es por lo anterior que solicitamos de la forma más atenta y
        respetuosa, que ese Consejo autorice a este Despacho para sustituir a
        Gabriela Chaves Villalobos en el puesto número 085465 los días primero,
        cuatro, cinco y seis de abril del año en curso, para así poder hacerle frente
        a la gran cantidad de asuntos que diariamente se presentan.”
                                            - 0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución de la
                                           38

señora Chaves Villalobos, por los días 1°, 4, 5 y 6 de abril del año en curso, por

incapacidad.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XXX

      La señora Marjorie Aguilar Camacho, Auxiliar Administrativo 1 del

Registro y Archivo Judicial, con el visto bueno del licenciado Álvaro Baudrit

Barquero, Jefe de ese Despacho, en nota de 4 de abril en curso, expresó:

       “... interponer sus buenos oficios para que se autorice mi sustitución por
       los días 12 al 18 de abril; ya que la jefatura ha autorizado esos días para
       disfrute de vacaciones del período 2003-2004.
       La gestión la presento debido al puesto que es el del correo, atender al
       público de los diferentes despachos judiciales, recibir, revisar y
       distribuirlo entre los auxiliares correspondientes, tramitar excarcelaciones
       y documentos que ingresan por fax, revisar las certificaciones judiciales
       que se envían a los despachos judiciales, evacuar consultas telefónicas,
       etc; por tanto no se puede recargar el trabajo y el registro no cuenta con
       suficiente personal.”
                                           -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución de la

señora Aguilar Camacho del 12 al 18 de abril del presente año, por las razones

expuestas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XXXI

      El licenciado Minor Mendoza Cascante, Administrador del Juzgado de

Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José, en oficio N° 364-2005 de 6 de
                                           39

abril en curso, expresó:

       “... me permito solicitar de la manera más atenta y respetuosa la sustitución
       de la Auxiliar Judicial Yadira Sánchez Gamboa por el señor Freddy
       Jiménez Jirón, durante los días del 06 al 12 de abril en curso por concepto
       de Incapacidad.
             Cabe indicar que la señora Sánchez Gamboa revisa expedientes, asiste
       al Juez en las actas de audiencias, y resuelve escritos diarios el cual la
       resolución debe ser expedita, asimismo agrega documentación para el
       proveído de expedientes. La finalidad de la sustitución consiste en cubrir el
       puesto para evitar el atraso de escritos, revisión y proveído de expedientes,
       cabe notar que los escritos se presentan diariamente y deben ser agregado lo
       más pronto posible para pasar a resolver.”
                                    -0-
      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y autorizar la sustitución de la

señora Sánchez Gamboa, por el motivo y días indicados.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes

                                 ARTÍCULO XXXII

      En sesión N° 23-05 del 31 de marzo del presente año, artículo X, se

concedió permiso con goce de salario, -entre otros- al servidor Róger Castro

Henry, en su condición de miembro de la Comisión de Relaciones Laborales, para

que participe      en el II Taller de Reformas Legales sobre Gobierno y

Administración, a realizarse del 13 al 15 de abril en curso, en la Escuela Social

Juan XXIII.

      La licenciada Ivannia Aguilar Arrieta, Administradora de la Dirección

Nacional de Notariado, en oficio N° 366-DNN-05 de 5 de abril en curso,
                                          40

manifestó:

       “Con ocasión del II Taller de Gobierno Judicial y Régimen Disciplinario,
       mismo que se efectuará los días 13,14 y 15 de los corrientes, en el Centro
       de Capacitación Escuela Social Juan XXII, el cual fue solicitado por el
       Programa Corte BID, mediante el cual ese honorable Consejo otorgó
       permiso con goce de salario, mediante artículo X, sesión 23 del 31-03-05
       a los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales, me permito
       solicitar respetuosamente se autorice la sustitución del servidor Róger
       Castro Henry, miembro suplente de dicha Comisión, mismo que asistirá al
       supracitado Taller, considerando que en la Dirección Nacional de
       Notariado, es el auxiliar responsable de conformar los expedientes
       judiciales, agregar escritos y hacer las entregas del notificador, como la
       colaboración en la atención del público.”

                                       -0-
      Se acordó: Acoger la anterior solicitud y por las razones señaladas autorizar

la sustitución del señor Castro Henry del 13 al 15 de abril del año en curso.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

VACACIONES

                               ARTÍCULO XXXIII

      En sesión N° 24-05 del 5 de abril en curso, artículo XXIII, se concedió

permiso sin goce de salario, -entre otros- a la licenciada Rosaura Chinchilla

Calderón, Jueza del Tribunal de Heredia, para que del 12 al 16 de este mes

participara en el Primer Concurso Nacional Interuniversitario de Juicio Oral, a

realizarse en la ciudad de México.

      La licenciada Chinchilla Calderón, mediante correo electrónico recibido el 8

de este mes, solicita se deje sin efecto el permiso anterior y en su defecto se le
                                           41

concedan vacaciones durante los días del 12 al 15 de abril del presente año.

      Se acordó: Acoger la gestión de mérito. En consecuencia dejar sin efecto el

permiso sin goce de salario concedido a la licenciada Chinchilla Calderón en la

sesión de referencia, y autorizarla para que del 12 al 15 de los corrientes disfrute

de vacaciones.

      El Departamento de Personal y el Despacho de la Presidencia tomarán nota

para los fines consiguientes.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                                ARTÍCULO XXXIV

      En oficio N° 0667-AP-2005 de 1° de abril en curso, el licenciado Manuel

Sequeira Sequeira y el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la Sección de

Administración de Personal y del Departamento de Personal, respectivamente,

informaron lo siguiente:

       “ASUNTO: Reajuste en la jubilación del señor Dennis Barrios Gómez,
       cédula N° 07-0073-0952.
       El Consejo Superior en sesión celebrada el 31 de enero del 2005, artículo
       XIX, aprobó la jubilación de don Dennis a partir del 24 de diciembre del
       2004, cuya asignación mensual fue de ¢204.250.35 (equivalente al
       73.82% del 80% de los veinticuatro mejores salarios).
        En sesión celebrada por el Consejo Superior el 3 de febrero del 2005,
       artículo LXI, reconoció un tiempo servido por don Dennis en otras
       instituciones del Estado por espacio de 2 años, 15 días, por lo que a partir
       del 3 de febrero del 2005 el nuevo monto de jubilación debe fijarse en la
       suma mensual de ¢326.071.05 (equivalente al 80.62% del salario
       promedio del último año).
                                         42

       Con motivo del reconocimiento de tiempo don Dennis acumula al 15 de
       julio de 1992 más de 10 años laborados para el Estado, por lo que el
       reajuste debe de hacerse con base en lo que establece la Ley Orgánica de
       1937 y sus reformas.
       Norma legal:
       “Reajuste hecho de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior
       en sesión celebrada el 11 de noviembre del 2003, artículo LXXXI.
       Fórmula aplicada:
       salario promedio * tiempo = monto de jubilación
       30     Años”

                                         -0-

      Se acordó: Aprobar el reajuste en la jubilación del señor Dennis Barrios

Gómez, de la forma propuesta en el informe anterior, el cual se acoge.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXV

      En oficio N° 0662-AP-2005 de 1° de abril en curso, el licenciado Manuel

Sequeira Sequeira y el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la Sección de

Administración de Personal y del Departamento de Personal, respectivamente,

rinden el siguiente informe:


       “ASUNTO: Reajuste en la jubilación del señor Humberto Chacón
       Badilla, cédula N° 04-0128-0792.
       El Consejo Superior en sesión celebrada el 25 de noviembre del 2004,
       artículo XVIII, aprobó la jubilación de don Humberto a partir del 3 de
                                          43

       noviembre del 2004, cuya asignación mensual fue de ¢514.619.05
       equivalente al 60.45% del 80% de los veinticuatro mejores salarios.
        En sesión celebrada por el Consejo Superior el 23 de diciembre del 2004,
       artículo XXXIV, reconoció un tiempo servido por don Humberto en otras
       instituciones del Estado por espacio de 1 año, 4 meses, por lo que a partir
       del 23 de diciembre del 2004 el nuevo monto de jubilación debe fijarse
       en la suma mensual de ¢552.458.70 equivalente al 64.89% del 80% de los
       veinticuatro mejores salarios).
       Al señor Chacón Badilla se le adeuda la suma de ¢1.513.60, a partir del 1
       de enero del 2005 por no contemplar los ¢37.839.65 el aumento del
       4.00% decretado por Corte Plena para el primer semestre del 2005.
       Norma legal:
       “Reajuste hecho de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior
       en sesión celebrada el 11 de noviembre del 2003, artículo LXXXI.
       Fórmula aplicada:
       80% del salario promedio * tiempo = monto de jubilación
                                       30 años.”
                                          -0-

      Se acordó: Aprobar el reajuste en la jubilación del señor Humberto Chacón

Badilla, de la forma propuesta en el informe anterior, el cual se acoge.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXXVI

      El licenciado Manuel Sequeira Sequeira y el máster Francisco Arroyo

Meléndez, por su orden, Jefes de Administración de Personal y del Departamento

de Personal, en oficio N° 0664-AP-2005 de 4 de abril en curso, rinden el siguiente

informe:
                                         44

      “ASUNTO: Solicitud de pensión que formula la señora Guaria del
      Carmen Cordero Serrano, cédula N° 01-0165-0126 cónyuge supérstite
      del ex servidor judicial fallecido Manuel Ángel Porras Romero.
      Para tal efecto, y mediante oficio presentado en este Despacho el 29 de
      marzo del 2005 aporta los documentos que se requieren para tal efecto:
      1.   Solicitud del beneficio pretendido.
      2. De defunción de don Manuel Ángel, quién falleció el 22 de marzo
      del 2005
      3. Certificación expedida por el Registro Civil mediante la cual consta
      su matrimonio con don Manuel Ángel.
      4. Constancia extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social
      haciendo constar que no devenga salario, y tampoco recibe pensión.
      5.   Del Depto. Nal. De Pensiones en que consta que no recibe pensión.
      Don Manuel Ángel a la fecha de su fallecimiento disfrutaba una
      jubilación mensual de ¢276.982.75 (equivalente al 100% del salario
      promedio).
      MONTO DE PENSION:¢276.982.75
       (100% de la jubilación)
      Norma legal:
      “De conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Actual Ley
      Orgánica”.
      Fórmula aplicada:
      100% de la jubilación.”
                                         -0-

     Se acordó: Acoger el informe anterior y de conformidad con lo que

establece el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, otorgar una

pensión a la señora Guaria del Carmen Cordero Serrano, en su condición de

cónyuge del ex servidor fallecido señor Manuel Ángel Porras Romero, con una

asignación mensual de ¢276.982,75 (doscientos setenta y seis mil novecientos
                                         45

ochenta y dos colones con setenta y cinco céntimos), correspondiente al 100% de

la jubilación que disfrutaba don Manuel Ángel a la fecha de su fallecimiento;

efectiva a partir del 23 de marzo del año en curso.

      El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo que corresponda.

Se declara firme este acuerdo.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                              ARTÍCULO XXXVII
      Con vista en los informes elaborados por el Departamento de Personal,

remitidos con oficio N° 305-UCS-AS-2005 de 9 de marzo último, suscrito por los

licenciados Ronald Calvo Coto y Adriana Steller Hernández, Jefe de

Administración Salarial y Profesional 2 de la Unidad Componentes Salariales con

el visto bueno del máster José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del citado

Departamento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, para efectos de antigüedad y jubilación, se acordó:

Reconocer a los siguientes servidores interinos el tiempo laborado en otros entes

del Estado:


      a) Alberth Solano Abarca, Conductor de Detenidos de la Sección de

Cárceles y Transportes, 5 años laborados en el Liceo San Gabriel, La Salle y

Ministerio de Educación. Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones
                                        46

del Poder Judicial: ¢726.140,92 (setecientos veintiséis mil ciento cuarenta colones

con noventa y dos céntimos ).

      b) Hugo Valverde Jiménez, Auxiliar Judicial 1 del Juzgado de Tránsito de

Pavas, 5 años, 4 meses y 23 días laborados para el Banco Nacional de Costa Rica y

la Asamblea Legislativa. Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones

del Poder Judicial: ¢3.205.942,61 (tres millones doscientos cinco mil novecientos

cuarenta y dos colones con sesenta céntimos).

      Los interesados reintegrarán al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial las sumas antes indicadas, las cuales se les deducirá de su salario en el

tanto de un 10% hasta la cancelación total (artículo 231 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial), o si lo prefieren, podrán depositarla en las cuentas corrientes

números 65-5 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica

que mantiene el referido Fondo, previa coordinación con el Departamento

Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor

del Fondo mencionado el traslado de las cuotas correspondientes, para cuyos

efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el Departamento de

Personal, el que también tomará nota para lo de su cargo. Se declara firme este

acuerdo.

                             ARTÍCULO XXXVIII
                                           47

      Mediante oficios números 217, 218, 222, 229, 230, 231, 241, 242, 243 y

244-JP-2005 de 1° de abril en curso, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe

del Departamento de Personal, comunica los acuerdos tomados por el Consejo de

Personal, en sesiones números 6 y 7-2005 celebradas el 22 y 29 de marzo último,

artículos VIII, IX, XIII, XIII, XIV, XV, XXIV, XXV, XXVII y XXVIII,

respectivamente, en que se recomienda el reconocimiento a los servidores que se

dirán, del porcentaje que por concepto de "dedicación exclusiva", les corresponde

por los períodos que se les designe en los puestos o de similar naturaleza, a saber:


       Nombre               Cargo          Porcentaje               Fecha
Gerardo Ureña Barrios Profesional 1 en        20%       A partir del 16 de diciembre del
                      la Oficina                        2004, durante los períodos que
                      Administrativa                    se le nombre en dicho puesto y
                      de Tribunales del                 en los cargos de similar
                      I Circuito                        naturaleza. Se recomienda la
                      Judicial de San                   elaboración de un contrato
                      José                              abierto.
Elías Jaén López       Profesional 1 en       20%       A partir del 10     de enero del
                       la Escuela                       presente año,       durante los
                       Judicial                         períodos que se    le nombre en
                                                        dicho puesto. Se   recomienda la
                                                        elaboración de      un contrato
                                                        abierto.
Sujey Sánchez Segura   Profesional 1 de       20%       A partir del 17 de enero del
                       la Oficina                       presente año, durante los
                       Administrativa                   períodos que se le nombre en
                       de los Tribunales                dicho puesto y para los cargas
                       del I Circuito                   que se le nombre de similar
                       Judicial de San                  naturaleza. Se recomienda la
                       José                             elaboración de un contrato
                                                        abierto.
                                            48

Carmen María Marín     Profesional 3 del     65%   A partir del 1 al 11 de febrero
González               Departamento de             del 2005, y durante los períodos
                       Trabajo Social y            que se le nombre en dicho
                       Psicología.                 puesto y otros de similar
                                                   naturaleza. Se recomienda la
                                                   elaboración de un contrato
                                                   abierto.
Leda María Mata        Profesional 3 del     65%   A partir del 20 al 28 de enero
Quesada                Departamento de             del presente año y durante los
                       Trabajo Social y            períodos que se le nombre en
                       Psicología                  dicho puesto y otros de similar
                                                   naturaleza. Se recomienda la
                                                   elaboración de un contrato
                                                   abierto.
Carlos Manuel          Profesional 2 del     65%   A partir del 27 de setiembre del
Villalobos Soto        Departamento de             2004 y durante los períodos que
                       Servicios                   se le nombre en dicho puesto y
                       Generales                   otros de similar naturaleza. Se
                                                   recomienda la elaboración de
                                                   un contrato abierto.
Juan Carlos Díaz       Instructor 2 en la    20%   A partir del 11 de febrero de
Chaves                 Unidad de                   2005, y durante los períodos
                       Adiestramiento              que se le nombre en dicho
                       del Organismo               puesto y otros de similar
                       de Investigación            naturaleza. Se recomienda la
                       Judicial                    elaboración de un contrato
                                                   abierto.
William Cerdas         Profesional 1 en      20%   A partir del 4 de marzo del
Zúñiga                 la Subcontraloría           presente año y durante los
                       de Servicios                períodos que se le nombre en
                                                   dicho puesto y para otros de
                                                   similar      naturaleza.  Se
                                                   recomienda la elaboración de
                                                   un contrato abierto.
Cristian Gómez Solís   Profesional 1 de      20%   A partir del 28 de febrero del
                       la Oficina                  presente año, durante los
                       Administrativa              períodos que se le nombre en
                       de los Tribunales           dicho puesto y otros de similar
                       del I Circuito              naturaleza. Se recomienda la
                       Judicial de San             elaboración de un contrato
                       José                        abierto.
                                            49

Reyni Campos Acuña      Profesional 1 de       20%       A partir del 1° al 31 de marzo
                        la Sección de                    del presente año, durante los
                        Investigación y                  períodos que se le nombre en
                        Desarrollo                       dicho puesto y otros de similar
                                                         naturaleza. Se recomienda la
                                                         elaboración de un contrato
                                                         abierto.

     Se acordó: 1) Acoger las recomendaciones del Consejo de Personal y

autorizar el pago de los porcentajes indicados por concepto de "dedicación

exclusiva" a los citados servidores en los términos expuestos. 2) Conforme lo

dispuesto en sesión N° 99-04 del 23 de diciembre del 2004, artículo XLVI, se

trasladan las diligencias al Departamento de Personal, a efecto de que los

interesados firmen el documento de contrato respectivo. Se declara acuerdo

firme.

                                 ARTÍCULO XXXIX

     El licenciado Ronald Calvo Coto y el máster José Luis Bermúdez Obando,

por su orden, Jefe de Administración Salarial y Subjefe del Departamento de

Personal, en oficio No. 822-AS-2004 de 30 de marzo último, informan:

         “De conformidad con el acuerdo tomado por Corte Plena en sesión Nº 28-
         02, celebrada el 24 de junio del 2003, artículo XVII, adjunto nos
         permitimos informarle muy respetuosamente los montos a cancelar de la
         servidora Mariela Porras Retana, cédula 01-1220-0285, por el período
         del 01-02-2005 al 11-03-05, lo anterior por encontrarse incapacitada por
         maternidad, es el tercer pago vía administrativa de la incapacidad del 12-
         11-2004 hasta 11-03-2005.
                                                                 50

                               COMPONENTES SALARIALES                                    TOTALES 1
                          SALARIO               BONO         AGUINALDO              TOTAL            SUB-TOTAL
    PERIODOS                  BASE         ESCOLAR                                DEVENGADO PARA CALCULAR
                                                                                                   DEDUCCIONES
01/02 AL 28/02/05         237.820,00            19.477,46          21.441,45         278.738,91           257.297,46
01/03 AL 11/03/05         87.200,67              7.141,73              7.861,87      102.204,27               94.342,40



Totales                      325.020,67     26.619,19             29.303,32         380.943,18           351.639,86


                    DEDUCCIONES                                                   TOTALES 2
 IMPUESTO            FONDO           C.C.S.S.          BANCO               TOTAL              TOTAL
  S/RENTA        PENSIONES                           POPULAR           DEDUCCIONES            LIQUIDO
                                                                                         A CANCELAR
          0,00        23.156,77       14.151,36             2.572,97         39.881,11         238.857,81
          0,00         8.490,82        5.188,83              943,42          14.623,07            87.581,20



         0,00         31.647,59      19.340,19          3.516,40            54.504,18          326.439,01


                                                                 -0-

        Se acordó: Aprobar el informe anterior y autorizar el pago de ¢351.639,86

(trescientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y nueve colones con ochenta y

seis céntimos) a favor de la señora Porras Retana, de la cual se le girará la suma

líquida de ¢326.439,01 (trescientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y nueve

colones con un céntimo), correspondiente a los periodos del 1° al 28 de febrero y

del 1° al 11 de marzo del presente año, por el concepto indicado.

        La Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                                    ARTÍCULO XL
                                           51

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, en su condición de Secretario del

Consejo de la Judicatura, en oficio N° UI-1094-05 de 31 de marzo último,

comunica el acuerdo tomado por ese Consejo en sesión N° CJ-08-2005 celebrada

el 15 de ese mes, artículo IV, que dice:

       “La licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte,
       mediante oficio No. 1561-05, recibido en la Unidad Interdisciplinaria el
       03 de Marzo de 2005, dice lo siguiente:
       “...Muy respetuosamente le remito para estudio e informe del Consejo de
       la Judicatura que usted preside, oficio de esta fecha, en que el MSc. Luis
       Rodrigo Campos Gamboa, Juez Supernumerario, por razones que
       expone, solicita traslado al Juzgado Contravencional de Santo Domingo
       de Heredia...”
       Por su parte, el licenciado Luis Rodrigo Campos Gamboa, mediante
       oficio de fecha 28 de febrero recién pasado, expone los motivos por el
       cual solicita el traslado:
       “...Por medio de la presente el suscrito MSc. LUIS RODRIGO CAMPOS
       GAMBOA, portador de la cédula de identidad · 1-802-480, con el
       debido respeto solicito que se interpongan sus buenos oficios, y se
       realice el análisis respectivo sobre la situación que paso enseguida a
       exponer, ello con el fin de que se me de la posibilidad de que se me
       reubique en la PLAZA VACANTE del JUZGADO CONTRAVENCIONAL
       Y MENOR CUANTIA DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA, dado que
       encuentro elegible para concursar por las plazas de Juez 1 Genérico con
       un promedio de 85.4983.-
       En fechas pasadas gestioné ante tan honorable Consejo, una solicitud
       para que se me nombrara en la PLAZA NUEVA del Juzgado
       Contravencional y Menor Cuantía de San Joaquín de Flores de Heredia,
       lo anterior según comunicado UI-CT-33-04, en el que se indica que
       estoy elegible para concursar por las plazas de Juez Genérico
       La solicitud estriba además en que por conclusión médica, se dio como
       recomendación el que no permaneciera en posiciones fijas por más de
       quince minutos no alzar objetos de más de 25 kg o viajar en vehículo más
       de 10 Km, ello por Accidente Laboral que sufrí, y que ameritó
       tratamiento médico especializado, intervención quirúrgica, fisioterapia.
                                  52

Ante la citada gestión en fecha 02 de febrero del año en curso, se me
comunica que el Acuerdo tomado en Sesión CJ-02-2005 del 25 de enero
en su a Artículo XII, en lo que interesa dice “Comunicar a la Secretaría
de la Corte y al licenciado Luis Rodrigo Campos Gamboa que para la
terna de Juez 1 del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de San
Joaquín, ya se inició el proceso de consulta, motivo por el cual, lo
propio en este caso es que si el licenciado Campos Gamboa, ingresa en
la terna, el Consejo Superior considere la solicitud de traslado a ese
despacho”-lo resaltado es del redactor.-
En oficio del 28 de enero del 2.005, el suscrito presenta la respectiva
prueba médica que respalda la solicitud planteada y se manifestó que si
conformaba la Terna para el Juzgado en mención, ello como Juez
Genérico 1. a lo que mediante Sesión 03-2005 del 01- de febrero del año
en curso, el Consejo citado supra, en su Artículo V acordó: Tomar nota,
de lo expuesto por mi persona en dicho oficio.- Sin embargo, en fecha 24
de febrero del mismo año en Sesión CJ-13-2005, en el Artículo VIII se
eligió al señor MODESTO MENDOZA MORAGA como el Juez
Contravencional y Menor Cuantía de San Joaquín de Heredia.

Por lo anterior, y en virtud de que se me hace necesario un traslado o
reubicación en un sector más cercano a mi casa de habitación, ello por
los padecimientos que he venido enfrentando meses atrás a nivel lumbar,
y que a la fecha se me ha fijado una Incapacidad Parcial de un 15 % ello
por parte del Instituto Nacional de Seguros.
Así las cosas y dada la situación que efectivamente la plaza del
Juzgado Contravencional de Santo Domingo de Heredia, se
encuentra VACANTE, y no se ha iniciado aún el proceso de consulta
por parte de la Unidad Interdisciplinaria, y estando el suscrito
ELEGIBLE como Juez Genérico 1 con un promedio de 85.4983, y
además existiendo la recomendación médica de que se evite el viajar
más de diez Km., aunado a lo acordado por el mismo Consejo
Superior en Sesión N° 05-2004 del 27 de enero del 2.004 artículo
XXXVI, ello en cuanto buscar una solución al problema que afecta a
los servidores que han sido dictaminados por el Consejo Médico
Forense u otro órgano facultado para ello, y que en virtud de ello se
deberá buscar reubicarles o trasladarles a otro puesto en que no se
menoscaben sus condiciones, o en su defecto , en que se afecte en el
menor grado posible, su condición laboral y su dignidad.-
Se ha de indicar que mi residencia la he fijado hace tiempo atrás en San
Francisco de Heredia, Residencial Jerez casa ·100, quedando a pocos
                                   53

kilómetros de distancia del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de
Santo Domingo de Heredia, y a la fecha me encuentro designado en el
Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por ende
las distancias entre uno y otro Despacho Judicial en relación a mi casa;
hace más favorable el Juzgado para el cual solicito que se me nombre
por medio de traslado médico y dentro del marco de legalidad y las sanas
prácticas administrativas, dado que me encuentro elegible para
desempeñar el puesto del cual aún no ha existido consulta, ni salido a
concurso la plaza vacante.

No omito manifestar, que en este acto aporto la prueba respectiva que
respalda mi solicitud, de la cual se desprende que cumplo con cada uno
de los presupuestos dictados por el Consejo Superior, para que se de
efectivamente la reubicación de mi persona al Juzgado Contravencional
y Menor Cuantía de Santo Domingo de Heredia, considerando el suscrito
lo prioritario por deberse a razones meramente médicas debidamente
dictaminadas por una autoridad competente, y a saber:
1- Plaza Vacante-Jdo. Contrv. Menor Ctía Sto Domingo Hdia.-, en la
cual ni se ha hincado (sic) consulta, para concurso.-
2-   Recomendación Médica de no viajar más de10 Km.-
3- Circular 23-2-2004 “Sobre el deber de brindar la posibilidad de
reubicación o traslado a un servidor judicial cuando se requiera, sin que
se menoscaben sus condiciones”.-
4- Acuerdo tomado en Sesión CJ02-2005 por el Consejo Superior, en
que a contrario sensu se tiene, que de no estar la plaza en concurso, se
considerará el traslado
5-   Nota de Juez Genérico 1 en de un 84.4983.-
Sin otro en particular y agradeciendo de ante mano, la atención,
comprensión y ayuda que se me pueda brindar a través de la solicitud
que presento, se suscribe de Uds.- su atento servidor de siempre.
También, con fecha 11 de marzo de 2005, se recibe en la Unidad
Interdisciplinaria, oficio del licenciado Luis Rodrigo Campos Gamboa, en
el que dice:
“...Por medio de la presente el suscrito Msc. Luis Rodrigo Campos
Gamboa, portador de la cédula de identidad No. 1-802-480, con debido
respeto solicito que se interpongan sus buenos oficios, para que se
estudie la posibilidad de que se me traslade por motivos médicos a la
Plaza Vacante en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Santo
                                         54

     Domingo de Heredia, dado que según documentación que adjunté en
     oficio que presenté ante el Consejo Superior de la Corte Suprema de
     Justicia, y que les fuera remitido ante Uds. de referencia 264-05, se
     desprende que cuento con todos los requisitos necesarios para que
     proceda el traslado.
     Se ha de indicar que la Plaza no ha salido a concurso, y por ende al
     haber un pronunciamiento previo en cuanto a traslado por razones
     médicas, es que solicito que se me brinde la posibilidad de que se de el
     respectivo traslado.
     Se agota que se ha remitido en su oportunidad tanto al Consejo Superior
     como a la Unidad Interdisciplinaria la documentación que avala lo
     peticionado por mi persona, así como los diferentes criterios para que
     opere el traslado por cuestiones médicas, siendo que me encuentro
     elegible como Juez Genérico 1...”
     
     Sobre el particular informa la Unidad Interdisciplinaria lo siguiente:
     ASPECTOS A CONSIDERAR:
     Aspecto Legal:
   Ley de Carrera Judicial
     “Artículo 68. La Carrera Judicial ofrecerá los siguientes derechos e
     incentivos:
      a) Estabilidad en el puesto, sin perjuicio de lo que establezca la ley en
     cuanto a régimen disciplinario y de conveniencia del servicio público.
      b) (...)
      c) Traslado a otros puestos de la misma categoría o inferior, a solicitud
     del funcionario interesado, si así lo acordare la Corte Suprema de
     Justicia o el Consejo Superior del Poder Judicial, en su caso...”
          Reglamento de Carrera Judicial
     Artículo 41° Los traslados conforme a la Ley y las permutas de
     funcionarios dentro de la Carrera Judicial, solo podrán acordarse
     respecto de quienes estén elegibles para los respectivos puestos, previo
     informe del Consejo de la Judicatura. Para hacer los primeros, si la
     medida no se origina en el mejor servicio público y hubiere más de un
     interesado, deberá integrarse la respectiva terna.
     ASPECTOS DEL LIC. LUIS RODRIGO CAMPOS GAMBOA
                                    55

    Se encuentra elegible para el cargo de Juez 1 en materia genérica
con un promedio de 85.4983% que lo ubica en la posición 102 de 307
elegibles en este puesto y materia.
    Ingresó en propiedad al Poder Judicial el 01 de octubre de 1998,
como Auxiliar Judicial del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de
Pavas. Desde el 01 de noviembre de 2002 es Juez Supernumerario de la
Presidencia de la Corte en propiedad.
   El Sistema Integrado de Personal, Sistema de Gestión
Administrativa y expediente personal, registra que el licenciado Campos
Gamboa tiene las siguientes correcciones disciplinarias:

Fecha               Tipo de corrección          Fechas de aplicación
28-02-05            Suspensión por 3 meses      01 al 20-03-05
                    (Sesión Consejo Superior    26 al 31-03-05
                    del 18-03-04)               01-04-05 al 05-06-05
30-08-04            Amonestación Escrita        Oficio    3740      de   la
                                                Inspección Judicial
30-08-04            Suspensión por 3 días       Oficio    3737      de   la
                                                Inspección Judicial


     Anteriormente el licenciado Campos, solicitó traslado al Juzgado
Contravencional y Menor Cuantía de San Joaquín, para lo cual el Consejo
de la Judicatura en el artículo XII, de la sesión No. CJ-02-05, celebrada el
25 de enero pasado, literalmente dispuso:
“...SE ACORDÓ: Comunicar a la Secretaria de la Corte y al licenciado
Luis Rodrigo Campos Gamboa que para la terna de Juez 1 del Juzgado
Contravencional y Menor Cuantía de San Joaquín, ya se inició el proceso
de consulta, motivo por el cual, lo propio en este caso es que si el
licenciado Campos Gamboa, ingresa en la terna, el Consejo Superior
considere la solicitud de traslado a ese despacho...”
   El interesado logró ingresar en la tercera posición de la terna, sin
embargo no fue nombrado en este cargo.
SITUACIÓN DE LA PLAZA DE JUEZ 1 DEL JUZGADO
CONTRAVENCIONAL Y MENOR CUANTÍA DE SANTO
DOMINGO
Esta plaza quedó vacante a partir del 01 de marzo de 2005, pues el
anterior titular, licenciado Efraín Marín Madrigal, fue designado en
propiedad en el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Aserrí, a
partir de la fecha indicada.
                                           56

       La Secretaría de la Corte mediante oficio No. 1520-05 de fecha 25 de
       febrero de 2005 y recibido en la Unidad Interdisciplinaria el 28 de febrero
       del presente año, solicitó la elaboración de la respectiva terna para llenar
       en propiedad esta plaza.
       La consulta para determinar los interesados en participar en esta plaza, se
       hará próximamente.
       SE ACORDÓ: Comunicar a la Secretaría de la Corte que este Órgano no
       está facultado para realizar traslados directos, por lo que la solicitud del
       Lic. Luis Rodrigo Campos Gamboa, será considerada al momento de
       confeccionar la terna para el cargo de Juez 1 en el Juzgado
       Contravencional y Menor Cuantía de Santo Domingo de Heredia, siempre
       y cuando el promedio de elegibilidad así se lo permita.”

                                           -0-

    Por mayoría, se dispuso: Acoger el acuerdo del Consejo de la Judicatura. En

consecuencia denegar la solicitud del máster Campos Gamboa, toda vez que para

ocupar la plaza vacante en mención, será considerado al momento de confeccionar

la terna para el citado cargo, siempre y cuando el promedio de elegibilidad así se lo

permita, en concordancia con lo que establece el artículo 41 del Reglamento

Interno del Sistema de Carrera Judicial.

    El licenciado Martínez Fernández, vota por acoger el traslado del máster

Campos Gamboa al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Santo

Domingo de Heredia, de conformidad con lo que establece el artículo 41 del

Estatuto de Servicio Judicial.

                                  ARTÍCULO XLI

      Con vista en los informes elaborados por el Departamento de Personal,
                                          57

remitidos con oficio N° 294-UCS-AS-2005 del 9 de marzo recién pasado, suscrito

por el licenciado Ronald Calvo Coto, Jefe de Administración Salarial, con el visto

bueno del máster José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del citado Departamento, y

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, para efectos de antigüedad y jubilación, se acordó: Reconocer a los

siguientes servidores propietarios el tiempo laborado en otros entes del Estado:


      a) José Acuña Vásquez, Profesional 2 de la Secretaría General del

Organismo de Investigación Judicial, 4 años, 7 meses y 15 días laborados en el

Hospital Nacional de Niños. Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial: ¢21.566,53 (veintiún mil quinientos sesenta y seis

colones con cincuenta y tres céntimos).


      b) José Joaquín Alvarado Acuña, Profesional en Derecho 3 de la Sala

Constitucional, 5 años, 5 meses y 27 días laborados para el Banco Anglo

Costarricense. Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial: ¢561.514,01 (quinientos sesenta y un mil quinientos catorce colones con

un céntimo).


      c) Marvin Campos Barquero, Asistente de Laboratorio de la Sección de

Toxicología, 4 años, 10 meses y 15 días laborados para el Ministerio de
                                        58

Agricultura. Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial: ¢16.137,23 (dieciséis mil ciento treinta y siete colones con veintitrés

céntimos).


      d) Gabriela Carro Hernández, Profesional 2, 9 meses y 4 días laborados para

el Instituto Costarricense de Turismo. Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones

y Pensiones del Poder Judicial: ¢632.482,04 (seiscientos treinta y dos mil

cuatrocientos ochenta y dos colones con cuatro céntimos).


      e) Emiliano Cruz Cordero, Oficial de Localización de la Unidad de

Localizaciones, Citaciones y Presentación del Segundo Circuito Judicial de

Alajuela, 1 año laborado para el Colegio Agropecuario de San Carlos. Monto a

reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial: ¢2.556,23 (dos

mil quinientos cincuenta y seis colones con veintitrés céntimos).


      f) Ricardo Díaz Anchía, Juez 1 en el Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Siquirres, 10 años y 6 días laborados para el Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Hacienda. Monto a reintegrar al

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial: ¢2.890.146,36 (dos millones

ochocientos noventa mil ciento cuarenta y seis colones con treinta y seis céntimos).

      g) Fernando Flores Fernández, Juez del Juzgado Contravencional y de
                                       59

Menor Cuantía de Corredores, 2 años, 3 meses y 16 días laborados para la

Universidad Estatal a Distancia. Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial: ¢237.761,98 (doscientos treinta y siete mil

setecientos sesenta y un colones con noventa y ocho céntimos).

      h) Gerardo Ramírez Ramírez, Asistente Administrativo 2 del Departamento

Financiero Contable, 4 años laborados para el Ministerio de Gobernación. Monto a

reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial: ¢15.928,20

(quince mil novecientos veintiocho colones con veinte céntimos).


      i) José Rodríguez Villalobos, Profesional en Informática 2 de la Oficina de

Planes y Operaciones, 1 año y 11 meses laborados en el Ministerio de Educación

(CENADI). Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial: ¢483.202.25 (cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos dos colones con

veinticinco céntimos).


      j) Jorge Salazar Céspedes, Auxiliar de Servicios Generales 3 de la Unidad

Administrativa Regional de Heredia, 8 años, 11 meses y 4 días laborados para la

Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el Ministerio de Ambiente y

Energía. Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial: ¢1.476.988,09 (un millón cuatrocientos setenta y seis mil novecientos

ochenta y ocho colones con nueve céntimos).
                                        60

      k) Kattia Vargas Orellana, Asistente Administrativo 2 del Juzgado

Contravencional y de Menor Cuantía de Siquirres, 2 años, 8 meses y 2 días

laborados en la Municipalidad de Siquirres. Monto a reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial: ¢242.525,38 (doscientos cuarenta y

dos mil quinientos veinticinco colones con treinta y ocho céntimos).


      Los interesados reintegrarán al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial las sumas antes indicadas, las cuales se les deducirá de su salario en el

tanto de un 10% hasta la cancelación total (artículo 231 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial), o si lo prefieren, podrán depositarla en las cuentas corrientes

números 65-5 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica

que mantiene el referido Fondo, previa coordinación con el Departamento

Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor

del Fondo mencionado el traslado de las cuotas correspondientes, para cuyos

efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el Departamento de

Personal, el que también tomará nota para lo de su cargo . Se declara firme este

acuerdo.

                               ARTÍCULO XLII

      El licenciado Ronald Calvo Coto, Jefe de Administración Salarial, con el

visto bueno del máster José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del Departamento de
                                          61

Personal, en oficio N° 0341-UCS-AS-2005 de 16 de marzo último, manifestó:

              “De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior en la
       sesión N° 74-02 del 03 de octubre del dos mil dos, artículo XXIV, donde
       se acuerda que a los servidores propietarios a quienes se les reconoció el
       tiempo servido en otras Instituciones del Estado para efectos de pago de
       anualidades, se les debe de reconocer para efectos de jubilación, el
       Departamento de Personal procedió a comunicar mediante oficio a los
       servidores que a continuación se detallan, el resultado del estudio
       indicándoles el monto que deben reintegrar al Fondo de Pensiones y
       Jubilaciones de este Poder, se les brindó un plazo de ocho días para lo que
       a bien estimasen responder. A la fecha ninguno de ellos ha presentado
       oposición alguna al presente trámite.
              En razón de lo expuesto en el párrafo anterior, nos permitimos
       remitir los estudios de tiempo servido en otras Instituciones del Estado
       para efectos de jubilación, con la finalidad de contar con la respectiva
       aprobación.”
                                          -0-

      Con vista en los informes elaborados por el Departamento de Personal,

remitidos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, para efectos de        jubilación, se acordó: Reconocer a los

siguientes servidores propietarios el tiempo laborado en otros entes del Estado:


      1) Freddy Blanco Mora, Investigador 1 de la Delegación Regional de Pococí

y Guácimo, 2 años, 6 meses y 13 días laborados en el Ministerio de la Presidencia.

Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial:

¢128.472,64 (ciento veintiocho mil cuatrocientos setenta y dos colones con sesenta

y cuatro céntimos).


      2) José Córdoba Vargas, Defensor Público del Primer Circuito Judicial de
                                          62

Alajuela, 1 año, 2 meses y 15 días laborados para el Ministerio de Hacienda.

Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial:

¢2.599,43 (dos mil quinientos noventa y nueve colones con cuarenta y tres

céntimos).


      3) Eduardo Delgado Castro, Auxiliar de Servicios Generales 3-B de la

Sección de Cárceles y Transportes, 6 años, 3 meses, 25 días laborados para el

Ministerio de Justicia. Monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial: ¢208.683,53 (doscientos ocho mil seiscientos ochenta y tres

colones con cincuenta y tres céntimos).

      Los interesados reintegrarán al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial las sumas antes indicadas, las cuales se les deducirá de su salario en el

tanto de un 10% hasta la cancelación total (artículo 231 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial), o si lo prefieren, podrán depositarla en las cuentas corrientes

números 65-5 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica

que mantiene el referido Fondo, previa coordinación con el Departamento

Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor

del Fondo mencionado el traslado de las cuotas correspondientes, para cuyos

efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el Departamento de

Personal, el que también tomará nota para lo de su cargo. Se declara firme este
                                                       63

acuerdo.

                                          ARTÍCULO XLIII

      El licenciado Ronald Calvo Coto y el máster José Luis Bermúdez Obando,

por su orden, Jefe Administración Salarial y Subjefe del Departamento de

Personal, en oficio N° 00311-UCS-AS-2005 de 9 de marzo último, para

conocimiento y fines pertinentes, expresan:

        “El Consejo Superior en la sesión N° 03-05 del veinticinco de enero del
        presente año, artículo XXXVII, aprobó las recomendaciones dadas por la
        Auditoría Judicial en el informe N° 1112-619-AF-2004 del 23 de
        diciembre del 2004 sobre el estudio de “Reconocimiento de Tiempo
        Servido para efectos de anualidades y jubilaciones”.

        Con el afán de cumplir con las disposiciones dadas por la Auditoría, este
        Departamento procedió a solicitar a las diferentes Instituciones la
        información requerida para determinar cuál es la situación correcta de los
        estudios señalados en el informe citado.          Una vez recibida la
        documentación se detectó que en los casos que se detallan en el siguiente
        cuadro se les debe modificar el tiempo reconocido y monto a reintegrar, y
        en otros únicamente el monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
        Pensiones de este Poder.

        Adjunto se envían los respectivos estudios para efectos de contar con la
        respectiva aprobación.

                      Modificación de tiempo Reconocido y monto a reintegrar
    Nombre          Cédula         Acuerdo                   a Tiempo                   Tiempo Correcto
                                   modificar                   Reconocido
    Hugo     Varela 06-0131-0159   S.C.S. N°77-03              13a, 4m y 5d monto       13a, 3 m, 29 d monto
    González                       14-10-2003, art. XXXVII     aprob. ¢359.866,25       correcto. ¢382.485,46




                                   Modificación de monto a reintegrar
    Nombre          Cédula         Acuerdo a                 Monto                  a Monto a reintegrar
                                   modificar                 Reintegrar               Correcto
                                                      64
    Jorge    Abarca 06-0179-0136   S.C.S. N°68-03 del 11- ¢1.183.989,87   ¢1.194.733,37
    Blanco                         09-2003 art. XXXIX
    José     Porras 01-0460-0399   S.C.S. N°68-03 del 11- ¢1.428.289,56   ¢1.431.554,88
    Abarca                         09-2003 art. XXXIX

                                                      - 0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Conceder audiencia a

los señores Varela González, Abarca Blanco y Porras Abarca, por el plazo de tres

días contados a partir del recibo del presente acuerdo, para lo que a bien tengan

manifestar, sobre la gestión del Departamento de Personal.

                                         ARTÍCULO XLIV

      En sesión N° 05-97 celebrada el 16 de enero de 1997, artículo XLIII, inciso

a), se reconoció al señor Sidar Alberto Calvo Barrantes, Auxiliar de Investigación

de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial en Aguirre

y Parrita, para efectos de anualidades 20 años, 10 meses y 16 días, laborados para

la Caja Costarricense de Seguro Social.

      El licenciado Ronald Calvo Coto y el máster José Luis Bermúdez Obando,

por su orden, Jefe Administración Salarial y Subjefe del Departamento de

Personal, en oficio N° 00341-UCS-AS-2005 de 16 de marzo último, expresan:

        “De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión
        N°74-02 del 03 de octubre del dos mil dos, artículo XXIV, donde se
        acuerda que a los servidores propietarios a quienes se les reconoció el
        tiempo servido en otras Instituciones del Estado para efectos de pago de
        anualidades, se les debe de reconocer para efectos de jubilación, el
        Departamento de Personal procedió a comunicar mediante un oficio a los
        servidores que a continuación se detallan, el resultado del estudio
        indicándoles el monto que deben reintegrar al Fondo de Pensiones y
                                          65

       Jubilaciones de este Poder, para lo cual se les brindó un plazo de ocho
       días para lo que a bien estimasen responder. A la fecha ninguno de ellos
       ha presentado oposición alguna al presente trámite.

       En razón de lo expuesto en el párrafo anterior, nos permitimos remitir los
       estudios de tiempo servido en otras Instituciones del Estado para efectos
       de jubilación, con la finalidad de contar con la respectiva aprobación.

           Nombre del Servidor      Cédula            Años    Meses Días
           […]
           Calvo Barrantes Sidar    01-0523-0154      20      10      16
                                          - 0-

      En razón de lo anterior, el Departamento de Personal remite el informe N°

00146-UCS-AS-2005 correspondiente al estudio de tiempo servido por el señor

Sidar Calvo Barrantes, en que se indica que el monto a reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, asciende a ¢1.548.224.42, por el

reconocimiento de los 20 años, 10 meses y 16 días laborados en la Caja

Costarricense de Seguro Social.

      En nota de 8 de marzo último, el señor Calvo Barrantes, presenta la siguiente

gestión:

       “…sirva la presente para informarles a Ustedes, que acuso recibo de la
       nota número 00037-AS-2005 proveniente de la Sección de Gestión
       Humana del Departamento de Personal del Poder Judicial. La misma con
       fecha 17 de enero del presente año. En lo que respecta a la misma en el
       punto tres se me informa que debo reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
       Pensiones la suma de ¢1.548.224.42. (Un millón quinientos cuarenta y
       ocho mil doscientos veinticuatro colones con cuarenta y dos céntimos).

       La intención de la presente, tiene como fin solicitar a Ustedes, autoricen
       que como máximo me sea rebajada cada mes no más de un cinco por
                                        66

       ciento de mi salario. Lo anterior como Ustedes comprenderán de
       momento no me es posible pagar el diez por ciento, a la vez que es una
       situación que aunque comprendo hay que pagar, me toma a destiempo.
       En lo futuro en cuanto me sea posible abonaré extraordinariamente para
       tal fin.”

                                        - 0-
      Se adjunta constancia del Departamento de Personal sobre el tiempo

laborado para el Poder Judicial por el señor Calvo Barrantes, así como el salario

devengado.

      Se acordó: 1) Acoger el informe del Departamento de Personal y reconocer

para efectos de jubilación al señor Calvo Barrantes, 20 años, 10 meses y 16 días,

laborados en la Caja Costarricense de Seguro Social, debiendo reintegrar al Fondo

de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la suma de ¢1.548.224.42 (un

millón quinientos cuarenta y ocho mil doscientos veinticuatro colones con cuarenta

y dos céntimos). 2) El interesado reintegrará al Fondo la suma antes indicada, la

cual se le deducirá de su salario en el tanto de un 5% hasta la cancelación total

(artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), lo anterior así se dispone, en

razón de las condiciones salariales del gestionante. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XLV

      El licenciado Ronald Calvo Coto, Jefe Administración Salarial, con el visto

bueno del máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

en oficio N° 00342-UCS-AS-2005 de 16 de marzo último, para conocimiento y
                                          67

fines consiguientes, expresa:

     “El Departamento de Personal ha realizado diversas gestiones con el
      propósito de cumplir con lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión
      No. 74-2002 del 03 de octubre del 2002, artículo XXXIV, donde se
      acuerda que los servidores propietarios a quienes se les reconoció el
      tiempo servido en otras Instituciones del Estado para efectos de pago de
      anualidades, se les deben reconocer dicho periodo para jubilación.
      Además se indicó en este acuerdo que el Departamento de Personal
      debería realizar la comunicación y los cálculos a todos aquellos
      servidores en propiedad que presenten tal situación.

     Al respecto, en oficio No.00024-AS-2005 de fecha diecisiete de enero del
      dos mil cinco, este Departamento le comunica a la señor María Margoth
      Castro Salazar, Auxiliar Judicial 2, del Juzgado Violencia Doméstica
      Primer Circuito Judicial Alajuela, la directriz interpuesta por el Consejo
      Superior aprobada en la sesión antes citada, el procedimiento a seguir y el
      monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones por el tiempo ya
      reconocido en otras instituciones del estado, siendo este por un total de
      ¢527.653,80, para el reconocimiento de cuatro años, cinco meses y quince
      días.

     Sobre este particular la señora María Margoth Castro Salazar en oficio de
      fecha ocho de marzo del presente año, el cual se adjunta en el respectivo
      estudio, manifiesta lo siguiente:

        “Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito
       informarles que estoy de acuerdo en reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
       Pensiones del Poder Judicial el monto que corresponde a las anualidades
       reconocidas por el Poder Judicial, por el tiempo laborado por mi persona
       en el Ministerio de Hacienda, no sin antes indicarles que en este momento
       me es muy difícil aportar un 10% para cubrir ese monto por cuanto aparte
       de que estoy estudiando, tengo varias deducciones en mi salario por
       concepto de préstamos que he tenido que sacar para reparaciones en mi
       casa y otras cosas, dos hijos en la escuela los cuales me generan mucho
       gasto, aparte de eso tengo que pagarle a mi madre para cuide a mis hijos.
       Por estas razones solicito que se me reduzca ese 10% a un monto inferior
       a un 5%.

        Considero que con el tiempo que me falta para pensionarme es posible
       cubrir con estas cuotas.
                                          68


        Agradezco de antemano la ayuda que me pueden brindar al respecto.

        Adjunto les remito constancia de salario

       Al no presentar la señora Castro Salazar ninguna oposición al presente
       trámite, nos permitimos remitir el estudio de tiempo servido en otras
       Instituciones del Estado para efectos de jubilación, con la finalidad de
       contar con la respectiva aprobación.”
                                          - 0-

      Asimismo se recibió el oficio N° 00152-UCS-AS-2005 de 16 del mes recién

pasado, suscrito por el licenciado Ronald Calvo Coto y el máster José Luis

Bermúdez Obando, por su orden, Jefe Administración Salarial y Subjefe del

Departamento de Personal, en que indican que de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la señora María Margoth

Castro Salazar, debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de

¢527.653.80 a efecto de reconocerle 4 años, 5 meses y 15 días laborados para el

Ministerio de Hacienda.

      Se acordó: 1) Acoger el informe del Departamento de Personal y reconocer

para efectos de jubilación a la señora Castro Salazar, 4 años, 5 meses y 15 días

laborados para el Ministerio de Hacienda, debiendo reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢527.653.80 (quinientos

veintisiete mil seiscientos cincuenta y tres colones con ochenta céntimos). 2) La

interesada reintegrará al Fondo la suma antes indicada, la cual se le deducirá de su
                                          69

salario en el tanto de un 5% hasta la cancelación total (artículo 231 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial), lo anterior así se dispone, en razón de las

condiciones salariales de la gestionante. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XLVI

      En sesión N° 14-05 celebrada el 1° de marzo del año en curso, artículo

XXXIX, se tuvo por rendido el informe del Consejo de Personal y se aprobó la

fórmula propuesta en cuanto a los aspectos requeridos para optar por el beneficio

de una ayuda económica para cursar posgrados en la Universidad de Costa Rica; al

propio tiempo se le solicitó que con base en esos criterios, se pronunciara respecto

de cuáles servidores se encontraban elegibles para optar por el beneficio de beca e

informara a este Consejo a la brevedad.

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

en oficio N° 247-JP-2005 de 4 de abril en curso, transcribe el acuerdo del Consejo

de Personal, tomado en sesión N° 07-2005, artículo II, que literalmente dice:

       “El Consejo Superior en sesión celebrada el 1° de marzo de 2005, artículo
       XXXIX, definió los siguientes criterios en relación con el otorgamiento
       de becas para servidores que cursarán posgrados en la Universidad de
       Costa Rica:
         Ser empleado en propiedad con al menos dos años de laborar para el
           Poder Judicial.

         Desempeñarse en un área afín al posgrado que cursará.

         Motivar su solicitud de ayuda económica.
                                    70

 Cumplir las obligaciones contractuales, conforme establece el
   Reglamento de Becas, entre las que deben citarse: -Llevar la carga
   académica completa – Concluir los estudios dentro del plazo
   estipulado, - Presentar informes semestrales de avance de estudios,
   -presentar el título obtenido dentro del plazo establecido por la
   Universidad, -Aportar un fiador.

 Tener el despacho al día.

 No haber sido becado anteriormente.”

Para ese efecto, el Departamento de Personal cursó comunicaciones a
cada uno de los servidores que no habían sido becados anteriormente,
donde se les solicitó indicar si tenían interés en que el Poder Judicial les
brindara ayuda económica consistente en el pago de la matrícula, así
como que externaran su anuencia a someterse a las condiciones
establecidas en el Reglamento de Becas.

Una vez recibidas las distintas solicitudes, se acordó:

Recomendar al Consejo Superior otorgar ayuda económica consistente en
el pago de la matrícula, a los siguientes servidores:

Kattia Fernández González, Fiscal Adjunta San José.

Rafael Gullock Vargas, Juez Penal II Circuito Judicial de San José.

Luis Diego Serrano Rodríguez, Fiscal Auxiliar II Circuito Judicial de San
José.

Jorge Tabash Forbes, Juez Penal II Circuito Judicial de San José.

Jorge A. Rojas Fonseca, Defensor Público.

Ana I. Solís Zamora, Defensora Pública.


No recomendar a los siguientes funcionarios:

Ana Cecilia Salazar Quirós, por cuanto no cumple las condiciones
establecidas en la Circular N° 30-2005.
                                         71


       Andrea Fonseca Sáenz, su puesto en propiedad es de Asistente Jurídico.

       Mauricio Jiménez Vásquez, está nombrado en propiedad como Auxiliar
       Administrativo 2.

       Se declara firme el acuerdo.”
                                         - 0-

      Se acordó: Acoger la propuesta del Consejo de Personal y otorgar a los

servidores Fernández González, Gullock Vargas, Serrano Rodríguez, Tabash

Forbes, Rojas Fonseca y Solís Zamora, una ayuda económica consistente en el

pago de matrícula para los cursos de posgrado de la Universidad de Costa Rica.

Respecto a los demás servidores, conforme se recomienda, no se les concede

ningún tipo de ayuda, por no cumplir con las condiciones necesarias de

elegibilidad.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                ARTÍCULO XLVII

      En sesión N° 12-05 celebrada el 22 de febrero del año en curso, artículo

LVI, se tomó nota de la resolución N° 2004-14140 dictada por la Sala

Constitucional, de las diez horas con treinta y dos minutos del diez de diciembre

del mil cuatro y conforme se ordenó, se dispuso autorizar al Departamento de

Personal, proceder a restituirle al licenciado Eloy José Araya Paz, Juez del Juzgado

de Violencia Doméstica Turno Extraordinario del Segundo Circuito Judicial, el
                                          72

reconocimiento de sobresueldo por variación de horario, a partir de la primera

quincena de junio del 2004.

      El licenciado Ronald Calvo Coto y el máster José Luis Bermúdez Obando,

por su orden, Jefe Administración Salarial y Subjefe del Departamento de

Personal, en oficio N° 0829-AS-2005 de 1° de abril en curso, comunicó:

              “En virtud del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión
       celebrada el 22 de febrero anterior, artículo LVI, relacionado con el caso
       del Lic. Eloy Araya Paz, Juez del Juzgado de Violencia Doméstica de
       Turno Extraordinario del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante
       el cual se dispuso:

           “Tomar nota de la resolución dictada por la Sala Constitucional y
           en su cumplimiento se ordena al Departamento de Personal,
           proceda a restituir al licenciado Araya Paz el reconocimiento de
           sobresueldo dejado de percibir a partir de la primera quincena del
           mes de junio del 2004”.

       Sobre este particular, es conveniente indicar que de conformidad con lo
       resuelto por la Sala Constitucional y lo ordenado por el Consejo Superior
       en la sesión No. 12-05 celebrada el 22 de febrero anterior, artículo LVI,
       lo cual fue comunicado mediante oficio 1408-05 de fecha 24 de febrero
       2005 de la Secretaría General de la Corte, este Departamento tramitó para
       la segunda quincena del mes de febrero, la incorporación del sobresueldo
       como parte del salario total, adicionalmente en la primera quincena de
       marzo se le cancelaron los dineros adeudados al servidor Eloy Araya,
       correspondiente al período del 01 de junio 2004 al 15 de febrero de
       2005.”

                                          - 0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y hacerlo del conocimiento

del licenciado Araya Paz y de la Sala Constitucional.
                                          73

                                ARTÍCULO XLVIII

      En la verificada N° 57-04 del 3 de agosto del 2004, artículo XXIV, se tomó

el siguiente acuerdo:

       “En sesión celebrada el 11 de setiembre del 2003, artículo XXXV, se
       autorizó al Departamento de Personal para que realizara los ajustes y
       compensaciones que corresponda sobre los montos por disponibilidad de
       los señores Jueces, Defensores y Fiscales, conforme lo establece el
       Reglamento de Compensación por disponibilidad. Asimismo ese
       Departamento realizará las acciones necesarias para que en los casos de
       haberse generado recursos de más, se recuperen e informara a este
       Consejo del giro de esos rubros con indicación de los montos
       recuperados.
             La licenciada Mercedes Arce Arce, Jueza del Juzgado Penal de la
       Unión, en facsímil recibido el 13 de ese mes, expresó:
       “Por este medio y de manera respetuosa, me permito exponerles que el
       Departamento de Personal mediante oficio 184-UD-AS-2003 de fecha 19
       de abril del 2004, me informó que a partir del mes de marzo del presente
       año se me empezó a rebajar en un plazo de doce meses la suma líquida de
       624.216.70, ello debo a que el primero de enero del año 2001 que me
       trasladaron para el Juzgado Penal de La Unión me pagaron por concepto
       de Disponibilidad, un 11%, pero que en el mes de setiembre del año 2002
       en el Reglamento de Disponibilidad se reformó el rubro de disponibilidad
       rebajándolo de un 11% en éste Despacho a un 5%, por lo que se aplicó
       esa reforma en forma retroactiva, por lo que la suma que se me está
       rebajando obedece al 6% demás que se me pagó desde el primero de
       enero del 2001 hasta el momento que entró a regir la reforma, lo que
       contraviene el artículo 34 de la constitución Política, que dispone que “A
       ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o
       de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas
       consolidadas”, y es obvio que a la citada reforma del Reglamento de
       Disponibilidad se le dio una aplicación retroactiva en mi perjuicio,
       cercenando así mis derechos laborales, pues esa misma reforma le fue
       aplicada a otros funcionarios más bien para reintegrarles el dinero porque
       se les estaba pagando un rubro más bajo al 5% por concepto de
       Disponibilidad, y en esos casos si procedía la aplicación en forma
       retroactiva porque les beneficiaba, pero en mi caso el rubro del 11% era
       lo que tenía asignado el puesto que pasé a ocupar el primero de enero del
                                    74

2001, y que luego me aplicaran la reforma en forma retroactiva para
cobrar el 6% que se considera me fue pagado demás me ocasiona un
perjuicio mayor que el que me ocasionaron a mi y otras personas que por
la Ley de Contingencia Fiscal no se nos incluyó ese 5% por concepto de
Disponibilidad en el año 2003, el cual solo se nos incluyó en el salario a
partir de enero del 2004, y no se nos pagó el retroactivo del 2003, lo que
también considero violatorio de mis derechos laborales, por cuanto
durante todo el año 2003 permanecí disponible casi todos los 365 días del
año a excepción de los fines de semana y feriados que me turne con los
Jueces de Juzgado Contravencional de La Unión, así no tiene razón de ser
que si esa disponibilidad se trabajó no sea remunerada, por que ese rubro
no e puede considerar como un aumento del salario, como serían los dos
aumentos anuales que se dieron en el 2003, en cuyo caso si procede no
pagar el retroactivo de esos aumentos, pero en cuanto al rubro de
disponibilidad, no resulta justo porque incluso a algunas personas si se les
incluyó antes de que entrara a regir la Ley de Contingencia Fiscal, ese
nuevo rubro de disponibilidad que se aprobó rebajando el anterior, pero a
los que no se nos incluyó a tiempo de igual forma lo trabajamos, sin la
remuneración, por lo tanto no hay razón alguna para que no se nos
cancele ese dinero.
Así en aras de dar por agotada la vía administrativa, solicito se analicen
estos dos aspectos que expongo en especial la fuerte suma de dinero que
se me está rebajando por mes, dado que lo considero violatorio de mis
Derechos laborales.”
                                     -0-
      La gestión anterior se trasladó con oficio N° 6836-04 de 17 de julio
último al Departamento de Personal para su informe y el licenciado
Ronald Calvo Coto y el Máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de la
Sección de Administración Salarial y del Departamento de Personal, en
nota N° 388-UD-AS-2003 de 21 de ese mes, expresaron:
        “En atención al oficio 6836-04 de fecha 17 de julio del 2004,
mediante el cual solicita informe sobre lo manifestado por la Licda.
Mercedes Arce Arce, Juez Penal de la Unión, nos permitimos
manifestarle que según sesión N° 68-03 del Consejo Superior celebrada el
11 de setiembre del 2003, en su artículo xxxv, se autorizó al
Departamento de Personal a realizar los ajustes y compensaciones
correspondientes sobre los montos de disponibilidad de los señores
Jueces, Defensores y Fiscales, conforme lo establece el Reglamento de
Compensación por Disponibilidad, dicho acuerdo aprobó realizar los
reajustes por este rubro con base en la nueva tabla de disponibilidad
desde el 04 de abril del 2000 en adelante.
                                   75


       Por tal razón, de acuerdo al puesto número 057085 que la Licda.
Mercedes Arce Arce ocupa como Juez Penal de la Unión desde enero del
2001 hasta la fecha, se tiene que durante el periodo que abarca del
01/01/2001 hasta el 30/08/2002, se le acreditó a su salario un 11% de
disponibilidad con base en la tabla anterior, pero dado que el Consejo
Superior aprobó a dicho puesto un 8% hasta el 17 de julio del 2002 y un
5% desde el 18 de julio del 2002 en adelante, se le están realizando
deducciones a su salario por un monto total de ¢774,468.00 (setecientos
setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho colones netos)

       Es importante indicar, que de conformidad con el Reglamento de
Disponibilidad aprobado por el Consejo, se le asignó un 5% de
disponibilidad al puesto número 057085 de Juez Penal en la Unión, a
partir del 18/07/2002 en adelante, el cual se calcula solamente sobre el
salario base que actualmente se encuentra en ¢466,200.00 ( cuatrocientos
sesenta y seis mil doscientos colones netos), por lo que dicho monto será
de ¢23,310.00 ( Veintitrés mil trescientos diez colones netos), y que a la
fecha se le esta cancelando como corresponde.

En cuanto a la normativa legal o reglamentaria que se utiliza para la
recuperación de las sumas pagadas de más, este departamento se apega a lo
que establece el Código de Trabajo en su artículo 173, párrafo segundo, que
literalmente dice:
        “...Las deudas que el trabajador contraiga con el Patrono por
concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso se amortizarán
durante la vigencia del contrato en un mínimo de cuatro períodos y no
devengarán intereses. Es entendido que al terminar el contrato del Patrono
podrá hacer la liquidación definitiva que proceda...”

Además el Reglamento al artículo 14 de la Ley número 7056 del 10 de
diciembre de 1986, en el artículo 9 contempla lo siguiente: “...Cuando se
compruebe que un servidor o ex servidor ha cobrado giros que no le
corresponden, para recuperar esos fondos se aplicará respectivamente
la deducción del salario...”
       En vista de que se le había rebajado ¢128,012.70 ( Ciento
veintiocho mil doce colones con 70/100) por los meses de noviembre del
2003 a la primera de abril del presente año, el saldo pendiente de cancelar
a partir de la segunda quincena de abril del 2004 por concepto de
disponibilidad, es de ¢646,455.30 (Seiscientos cuarenta y seis mil
cuatrocientos cincuenta y cinco colones con 30/100). Para el reintegro del
                                    76

 monto en mención, nuestro departamento se propone efectuar rebajos al
 salario quincenal de la Licda. Arce, por un monto de ¢26,935.65
 (veintiséis mil novecientos treinta y cinco colones con 65/100), durante
 las siguientes veinticuatro quincenas iniciando dicho rebajo en la segunda
 quincena de abril del año en curso, hasta la primera de abril del 2005
 inclusive.

 Monto Mensual:            ¢53,871.30          Inicio: IIQ/04/04
 Monto Quincenal:          ¢26,935.65          Excluir: IQ/04/05

       Por otro lado, con respecto a la disponibilidad del 5% no cancelada
 en el año 2003, este departamento aplicó la normativa establecida en la
 Ley de Contingencia Fiscal que en su artículo 4 dispone:
              “Los salarios brutos de las funcionarias y los funcionarios
 públicos cuyos montos mensuales sean iguales o superiores a un millón de
 colones (¢1.000.000,00) no serán susceptibles de incremento salarial
 durante el 2003.
 Por salario bruto se entiende la suma del salario base y demás rubros tales
 como carrera profesional, antigüedades, salario escolar, gastos de
 representación y demás renglones por encima del salario base”.

        Tal como se mencionó en el párrafo anterior, el porcentaje de
 disponibilidad no fue cancelado, debido a que la Licda. Mercedes Arce
 para el mes de enero del dos mil tres, percibía un salario bruto mensual de
 ¢959,807.00 ( novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos siete
 colones netos), aunado a lo anterior, el salario escolar calculado sobre el
 salario percibido en ese momento era de ¢78,608.20 ( Setenta y ocho mil
 seiscientos ocho colones con 20/100), por lo que la sumatoria total del
 salario mensual es de ¢1,038,415.20 ( Un millón treinta y ocho mil
 cuatrocientos quince colones con 20/100) sobrepasando de manera alguna
 el millón de colones así estipulado en la Ley de Contingencia Fiscal
 aplicable a los Servidores Judiciales.”

        Se acordó: Solicitar al Departamento de Personal que aclare si
 respecto al pago por concepto de disponibilidad reconocido al 18 de julio
 del 2002 se le pagó a la gestionante y a partir de qué fecha.”
                                    -0-

El licenciado Ronald Calvo Coto y el máster José Luis Bermúdez Obando,
                                          77

Jefe Administración Salarial y Subjefe del Departamento de Personal, en oficio N°

0828-AS-2005 de 31 de marzo último, rinden el siguiente informe:

    “En atención al acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión Nº 57-04,
      celebrada el 3 de agosto de 2004, artículo XXIV, en relación con el pago
      correspondiente a la disponibilidad reconocida a partir del 18 de julio de
      2002, nos permitimos aclarar que a la Licda. Mercedes Arce Arce, Jueza
      del Juzgado Penal de la Unión, se le realiza el 17 de setiembre de 2003 el
      ajuste del 11% al 5% de disponibilidad por el período que va del 18 de
      julio al 31 de diciembre de 2002, lo anterior para aplicar lo establecido en
      el Reglamento de Compensación por Disponibilidad.

       Cabe indicar que dicho reconocimiento, no se pudo aplicar por el período
       2003 debido a la restricción establecida en el artículo 4 de la Ley de
       Contingencia Fiscal:

         “Los salarios brutos de las funcionarias y funcionarios públicos
         cuyos montos mensuales sean iguales o superiores a un millón
         de colones (1.000.000.00) no serán susceptibles de incremento
         salarial durante el 2003.

         Por salario bruto se entiende la suma del salario base y demás
         rubros tales como carrera profesional, antigüedades, salario
         escolar, gastos de representación y demás renglones por encima
         del salario base.”
       Una vez superada la limitación expuesta en el párrafo anterior, se
       incorpora en el salario a partir del 01 de enero de 2004.”

                                          - 0-

      Se acordó:     Tener por rendidos los informes anteriores y hacerlos del

conocimiento de la licenciada Arce Arce.

                                 ARTÍCULO XLIX

      El licenciado Manuel Sequeira Sequeira y el máster Francisco Arroyo
                                          78

Meléndez, por su orden, Jefes de Administración de Personal y del Departamento

de Personal, en oficio N° 0681-AP-2005 de 4 de abril en curso, comunican:

            “Este Departamento atendiendo la solicitud de la señora Flor María
       Jiménez Sánchez procedió a remitir a valoración médica a la misma en
       fecha 21 de febrero de 2005.

             En fecha 31 de marzo de 2005, se recibió el dictamen emitido por la
       Jefatura de Medicina Legal el cual en su apartado de conclusión indica:

            “se le deberá proporcionar mobiliario ergonómico adecuado a sus
       necesidades para que pueda cumplir con las obligaciones laborales sin
       menoscabo de su salud.”

            Es por lo anterior, que estamos remitiendo copia fotostática del
       dictamen J.D.M.L.2005-0035D, suscrito por las doctoras Claudia
       Leonardo Gouveia y Leslie Solano Calderón, por su orden, Médico
       Forense y Jefe del Departamento de Medicina Legal, para lo que a bien
       tenga disponer el Consejo Superior con la finalidad de cumplir con la
       recomendación emitida por la Jefatura de Medicina Legal.”

                                         - 0-

      Se acordó:       Tener por rendido el anterior informe y remitirlo al

Departamento de Proveeduría, para que en la medida de las posibilidades

proporcione mobiliario ergonómico adecuado a las necesidades de la señora

Jiménez Sánchez.

                                   ARTÍCULO L

      En sesión N° 21-05 celebrada el 29 de marzo último, artículo VII, se nombró

al licenciado Guillermo Guilá Alvarado en el cargo de Juez 3 interino en el

Juzgado Primero Civil de San José, a partir del 1° de abril del 2005 y hasta el 28 de
                                         79

febrero del 2006. Además se ordenó al Departamento de Personal sacar a concurso

la plaza de Juez 1 que dejó temporalmente vacante el licenciado Guilá Alvarado en

el Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José.

      El licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la Unidad

Interdisciplinaria del Departamento de Personal, en oficio N° UI-1138-2005 de 6

de abril en curso, informa que de conformidad con lo dispuesto por este Consejo

en sesión del 9 de julio de 2002, artículo XLI, la plaza que ocupa el licenciado

Guilá Alvarado en el Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito

Judicial de San José, está temporalmente prestada al Juzgado de Pensiones de ese

circuito. Por lo anterior, solicita se les indique en qué materia se debe realizar el

concurso.

      Se acordó: Comunicar al licenciado Cascante Araya, que la plaza se debe

sacar a concurso en materia de Pensiones Alimentarias y con un nombramiento

límite hasta el 31 de diciembre del año en curso.

                                  ARTÍCULO LI

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, en su carácter de Secretario del

Consejo de la Judicatura, en oficio N° UI-1100-05 de 31 de marzo último,

comunica el acuerdo tomado por ese Consejo en sesión N° CJ-09-2005 celebrada

el 29 de ese mes, artículo IX, que literalmente dice:
                                          80

       “Informa la Unidad Interdisciplinaria que del 21 de febrero al 18 de
       marzo del presente año, se realizaron los exámenes del Concurso CJ-07-
       2004 para el cargo de Juez 1 Genérico, en el que participaron como
       evaluadores la licenciada Liana Rojas Barquero y el licenciado Fabricio
       Garro Vargas. Dichos exámenes se aplicaron en la Universidad de Costa
       Rica, por lo que en algunas oportunidades tanto la licenciada Rojas como
       el licenciado Garro, tuvieron que hacer uso de un parqueo privado, pues
       no encontraron espacio en las instalaciones de la Universidad de Costa
       Rica, para estacionar sus vehículos.
       Por lo anterior, los señores mencionados, presentaron los recibos de pago
       y la solicitud para que se le reconozca ¢15.000.00 (quince mil colones) al
       licenciado Garro y ¢32.750.00 (treinta y dos mil setecientos cincuenta
       colones) a la licenciada Rojas.
       SE ACORDO: Solicitar al Consejo Superior se autorice el pago de
       parqueo al licenciado Fabricio Garro Vargas y la licenciada Liana Rojas
       Barquero, Integrantes del Tribunal Examinador de Juez 1 Genérico, por
       la suma de ¢15.000.00 y ¢32.750.00, respectivamente. ACUERDO
       FIRME.”
                                          -0-

      Se dispuso: Autorizar el pago de parqueo a favor del licenciado Garro

Vargas y de la licenciada Rojas Barquero, por la suma de ¢15.000,00 y ¢32.750,00

respectivamente.

      El Departamento Financiero Contable y la Unidad Interdisciplinaria tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara firme este acuerdo.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

                                  ARTÍCULO LII

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

con oficio N° 282-PLA-2005 de 7 de marzo último, remite el informe N° 046-EST-

2005 de la Sección de Estadística, en el que presenta el número de personas
                                                      81

detenidas con prisión preventiva a la orden de las diferentes autoridades judiciales

al 31 de diciembre del 2004.

      Se acordó: 1) Tomar nota del informe. 2) Solicitar al Departamento de

Planificación ampliar el estudio anterior, indicando si las personas detenidas con

sentencia que aún no han sido puestas a la orden del Instituto Nacional de

Criminología, al 31 de diciembre del 2004, la sentencia se encuentra firme, de

conformidad con lo dispuso en la sesión No. 29-03 del 27 de abril del 2004,

artículo XLI.

 PERSONAS DETENIDAS CON SENTENCIA QUE AUN NO HAN SIDO PUESTAS
   A LA ORDEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINOLOGIA SEGUN
              TRIBUNAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

                                                  TRIBUNAL

                                                             TOTAL   280

      I Circuito Judicial San José......                             75

      II Circuito Judicial San José.....                             16

      SEDE Desamparados.......................                       34

      Zona Sur (Pérez Zeledón)........                               30

      I Circ. Judicial Alajuela............                           7

      II Circ. Judicial Alajuela...........                           9

      SEDE San Ramón....................                              3

      Cartago..................................                       9

      SEDE Turrialba........................                          1
                                                              82

             Heredia..................................                                               40

             Guanacaste (Liberia)...............                                                     9

             SEDE Nicoya...........................                                                  3

             SEDE Santa Cruz....................                                                     3

             SEDE Aguirre y Parrita.............                                                     10

             Zona Sur, SEDE Corredores.....                                                          5

             Zona Sur, SEDE Golfito............                                                      3

             I Circ. Jud. Zona Atlántica .......                                                     16

             II Circ. Jud. Zona Atlántica.........                                                   7

     3) Consultar a los tribunales que se enlistan en el siguiente cuadro, en que estado

     se encuentran los procesos a los que se refieren los expedientes que se describen,

     en vista de que existen personas con hasta 3 años de estar detenidas sin haber sido

     sentenciadas:

 PERSONAS QUE TIENEN HASTA TRES AÑOS DE ESTAR ENCARCELADAS SIN
       SENTENCIA, A LA ORDEN DE LOS SIGUIENTES TRIBUNALES
                    AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
CAUSA N°             NOMBRE DEL IMPUTADO                           OFICINA JUDICIAL                       ENCARCELAMIENTO
 01-002144-647-PE   Ernest Shimell John                  Trib. Penal del I Circ. Jud. de San José              24/01/02
 01-011108-042-PE   Mesén Salazar René                   Trib. Penal del I Circ. Jud. de San José              07/03/02
 02-000819-064-PE   Fonseca Segura Bernal                Tribunal Zona Sur, Pérez Zeledón                      15/07/02
 02-000819-064-PE   Ramírez Blanco Hainer                Tribunal Zona Sur, Pérez Zeledón                      15/07/02
 01-011108-042-PE   Martínez Jiménez Elay                Trib. Penal del I Circ. Jud. de San José              03/09/02
 02-012199-042-PE   Ramos Badilla Luis Alberto           Trib. Penal del I Circ. Jud. de San José              14/10/02
 02-012199-042-PE   Rojas Bolaños josué                  Trib. Penal del I Circ. Jud. de San José              14/10/02
 04-000033-509-TP   Rojas Bolaños Rolando                Trib. Penal del I Circ. Jud. de San José              14/10/02
 02-012199-042-PE   Salazar Alvarado Wilberth            Trib. Penal del I Circ. Jud. de San José              14/10/02
 02-012199-042-PE   Vásquez Porras Manuel                Trib. Penal del I Circ. Jud. de San José              14/10/02
 02-022135-042-PE   Porras Morales Eduardo               Trib. Penal del II Circ. Jud. de San José             06/02/03
 02-022135-042-PE   Sánchez Rojas Guillermo              Trib. Penal del II Circ. Jud. de San José             06/02/03
 02-022135-042-PE   Badilla Chacón Manuel                Trib. Penal del II Circ. Jud. de San José             06/02/03
 01-500296-445-PE   González González Luis Alonso        Tribunal de Puntarenas                                27/02/03
                                        83


4) Reiterar a los siguientes despachos, que el Consejo Superior en la sesión 71-03,

artículo LIII, del 23 de setiembre de 2003, dispuso que deberán seguir utilizando la

nueva fórmula F-324-I “Informe mensual de Reo Preso”. De forma tal, que si para

este mes de marzo no presentan la información requerida bajo ese formato, la

Sección de Estadística del Departamento de Planificación, tendrá como no recibido

el informe mensual:

TRIBUNALES: I y II Circuito Judicial de San José, I Circuito Judicial de San

José, sede Hatillo, II Circuito Judicial Alajuela, Heredia, Puntarenas y Zona Sur,

Sede Osa.

JUZGADOS: Pavas, Puriscal, I y II Circuito Judicial Alajuela, Grecia, Cartago, La

Unión, Heredia, San Joaquín de Flores, Sarapiquí, Liberia, Puntarenas, Osa,

Golfito y Siquirres.

                                ARTÍCULO LIII

      En sesión N° 20-05 celebrada el 17 de marzo último, artículo XV, se

autorizó al personal del Departamento de Planificación que se indicó en ese

acuerdo para que laboraran en el período de vacaciones de Semana Santa, con el

fin de cumplir con el cronograma de formulación de presupuesto, en el entendido

de que disfrutarán vacaciones posteriormente.

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,
                                         84

en oficio N° 355-PLA-2005 de 5 de abril en curso, en adición al acuerdo anterior,

informa que de la Sección de Desarrollo Organizacional, laboraron en el periodo

de vacaciones de Semana Santa los siguientes servidores:

       “Lunes 21 y martes 22 de marzo:

       1. Randall Quirós Soto, cédula 1-736-231

       Lunes 21 de marzo solamente:

       2. William Peralta Villalta, cédula 1-0923-0060
       3. Jaime Achí Madrigal, cédula 1-0615-0649
       4. Leonardo Román Morales, cédula 1-0571-0320.”
                                         - 0-
      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla del

conocimiento del Departamento de Personal para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO LIV

      La licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,

con oficio N° 338-PLA-2005 de 30 de marzo último, remite el informe N° 063-

EST-2005 elaborado por la Sección de Estadística, en el que se presentan los

cuadros con las estadísticas definitivas de los despachos judiciales de primera y

segunda instancia correspondiente al cuarto trimestre del 2004.

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.
                                        85

                                 ARTÍCULO LV

I. Los señores Fabián Alfaro Solano, Héctor Luna Sánchez y Alberto Chaves

Sánchez, Secretario, Intendente y Presidente del Concejo Municipal de Tucurrique,

respectivamente, en el que solicitaron a este Consejo se estudiara la posibilidad de

crear un Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía en Tucurrique, por lo que

se solicitó al Departamento de Planificación realizar el estudio correspondiente,

para determinar la necesidad de este despacho judicial.

II. En oficio 350-PLA-2005 el Departamento de Planificación remite el respectivo

informe, y luego de hacer un amplio análisis de todas las variables a considerar

para la apertura de un despacho judicial de esta clase, tales como carga de trabajo,

distancias, comparación con otros despachos similares, así como de plantearse

distintos escenarios llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Escenario 2: Creación del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Tucurrique.

Ventajas:

      1. Permite a los vecinos de los distritos de Tucurrique y Pejibaye, tener
      una mayor accesibilidad al servicio de administración de justicia.
      2. Para los habitantes de Tucurrique y Pejibaye, la creación del Juzgado
      implicaría ahorro en pasajes y en tiempo.

      3.   Se podría pensar en trasladar una plaza de Auxiliar Judicial del
      Juzgado Contravencional de Jiménez y de Menor Cuantía de Jiménez, al
      eximírsele la competencia de Tucurrique y Pejibaye.
                                        86


Desventajas:

1. De crear un Juzgado en el distrito de Tucurrique, se debería realizar una alta

inversión inicial, ya que habría que valorar entre otros aspectos el recurso humano,

local, mobiliario, equipo y materiales, entre otros, y si a ello se agregan las

limitaciones presupuestarias de la Institución, no se justificaría tal inversión,

máxime que los resultados del estudio son determinantes, en el sentido de que el

citado distrito aún en conjunto con Pejibaye, no produce la carga de trabajo

mínima necesaria para crear un Juzgado en esa zona.

2. La conformación de este Juzgado en la zona, implicaría algún porcentaje de

subutilización del recurso humano, debido a que no ingresaría la carga de trabajo

necesaria.

3. Al mantener dos despachos ( Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Juan

Viñas y Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Tucurrique) con el recurso

humano mínimo (1 Juez y 1 Auxiliar Judicial), se presentaría una serie de

deficiencias en la atención al público, como por ejemplo:

    Cerrar el despacho cuando el Auxiliar Judicial deba acompañar al Juez a
     diligencias judiciales o ir a realizar las notificaciones, o al servicio de
     fotocopiado, entre otras.
    Cerrar el despacho al realizar audiencias.
    No habría personal de apoyo cuando el Auxiliar Judicial sea incapacitado o
     deba ausentarse por algún otro motivo.
                                         87

Estas situaciones incidirían negativamente en el servicio a brindar al usuario.

4. El extraer la carga de Trabajo de los distritos de Tucurrique y Pejibaye del

Juzgado Contravencional de Jiménez, implicaría que este despacho quede

únicamente con el distrito de Juan Viñas, lo cual incidiría en que este juzgado se

equipararía en cuanto a carga de trabajo con los despachos que tienen solo un Juez

y un Auxiliar Judicial.

5. De crearse el despacho solicitado, se podría generar la posibilidad de una

reacción en cadena, en relación con otras zonas del país en condiciones similares

a la analizada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.   De acuerdo con el análisis realizado, se puede indicar que el 45% de la

población que abarca la competencia territorial de Jiménez, habita en el Distrito de

Juan Viñas.

2.   El Distrito de Juan Viñas registra el segundo lugar en cantidad de Kilómetros

cuadrados ya que conforma el 14% del total de la competencia del Juzgado

ubicado en el Cantón de Jiménez.

3.   En referencia al índice de desarrollo el distrito de Juan Viñas registra un 64.1,

lo cual puede explicarse en función de ser el centro principal de población del

Cantón de Jiménez, por lo que cuenta con un mayor desarrollo económico y social
                                        88

que el resto de los distritos que conforman ese Cantón, por tanto está más

propenso a la presentación de asuntos judiciales.

4.    En cuanto a la cantidad de casos entrados de acuerdo al distrito de

procedencia, en el período acumulado 2000 al 2004, la mayor cantidad de casos

entrados corresponde asuntos del distrito de Juan Viñas (65%), mientras que en un

segundo lugar se encuentra Tucurrique (25%).

5.   El camino que comunica a Tucurrique con Juan Viñas recientemente fue

habilitado.

6. Tomando en consideración las variables analizadas en este informe y con el

afán de que la Institución valore las mejores opciones desde la perspectiva del

costo/beneficio, en busca de un mejor servicio a los usuarios y de acuerdo con el

análisis de ventajas y desventajas mostrado en los diferentes escenarios

presentados, se recomienda mantener el Juzgado Contravencional de Jiménez con

la competencia territorial actual, sea no crear el Juzgado Contravencional de

Tucurrique, ya que entre otros aspectos, no existiría la carga de trabajo suficiente

para conformar un despacho de esta naturaleza en esa zona.

III. El señor Alberto Chaves Sánchez, presidente del Concejo Municipal de

Tucurrique presentó ante la Secretaría General de la Corte, una nota en la que se

refiere al informe anterior, y reitera la necesidad de la creación de este despacho;
                                        89

se refiere sobre todo a los problemas de acceso y transporte que enfrentan los

vecinos de esta zona para trasladarse hasta Juan Viñas, lo que les hace incurrir en

gastos excesivos y perder días completo de trabajo. Asimismo hace saber es este

Consejo sobre el desarrollo que han tenido las comunidades de Tucurrique y

Pejibaye, lo cual se comprueba con la existencia de todos los servicios básicos de

salud, educación y hasta con la sede del Centro Agrícola del Cantón de Jiménez.

      Con base en todo lo anterior se acuerda: Acoger las recomendaciones del

Departamento de Planificación, en consecuencia, al menos en este momento se

estima que no se justifica la creación de un Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía en Tucurrique, sin perjuicio de que en el futuro se pueda analizar esta

posibilidad si cambian las condiciones actuales. En cuanto a los criterios

externados por el señor Chavez Sánchez, si bien este Consejo toma nota de las

dificultades que enfrentan los usuarios y usuarias por el traslado, y aunque no se

menosprecia este aspecto, se le hace saber que debido a la baja carga de trabajo

que generan Tucurrique y Pejibaye, no se justifica la creación del despacho,

asimismo debido a las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Poder Judicial,

deben destinarse los recursos a las necesidades más apremiantes del servicio de

justicia. Comuníquese al Concejo de Tucurrique.

ESCUELA JUDICIAL
                                          90

                                  ARTÍCULO LVI

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, LL.M., Subdirector de la Escuela

Judicial, en oficio N° EJ-DIR-108-2004 (SIC) de 4 de abril en curso, comunicó:

       “De conformidad con el plan anual de la Escuela Judicial, aprobado por el
       Consejo Superior en Sesión # 12-05, del 22 de febrero del año en curso,
       la Unidad de Capacitación del OIJ de la Escuela Judicial entre otras
       actividades tiene programada la realización del curso “Investigación de
       Secuestros ” el cual se llevará a cabo del 18 al 29 de abril del año en
       curso. En las instalaciones de la Escuela Judicial y otros lugares a
       designar. Se trata de un curso presencial bajo la modalidad de
       aprovechamiento con una duración de 80 horas.

       Ruego interponer sus buenos oficios a efecto que se otorgue el permiso
       con goce de salario, así como viáticos o ayuda económica y transporte en
       los casos que corresponda, para cada uno de los participantes e
       instructores.

       Adjunto me permito remitir la lista de los participantes e instructores que
       participarán de la actividad, así como el programa respectivo.

       PARTICIPANTES
                      ALUMNO                 CÉDULA               OFICINA
       ÁVILA ESPINOZA LUIS ÁNGEL             6-217-350   OIJ CORREDORES
       BRENES CAMPOS OMAR                    1-835-618   OIJ SIQUIRRES
                                             6-201-978   OIJ PUNTARENAS
       CARRILLO AZOFEIFA JOSÉ
       CÉSPEDES ZÚÑIGA RANDALL               1-921-700   OIJ ALAJUELA
       GRIJALBA CUBILLO MARIO                1-743-011   OIJ NICOYA
       LEÓN RODRÍGUEZ LUIS                   5-313-263   OIJ LIBERIA
       MITRE VILLAREAL DARÍO                 6-121-068    OIJ PÉREZ ZELEDÓN
       MONTERO ALVARADO MIGUEL               1-511-331   INVEST. CRIMINALES
       MUÑOZ MIRANDA ANDRÉS                  1-779-938   OIJ CAÑAS
       MURILLO MONTERO RONALD                2-396-630   OIJ HEREDIA
       PÉREZ SANCHO JORGE                    1-621-626   OIJ POCOCÍ
       SALAZAR ARCE FRANKLIN                 3-501-622   OIJ SAN RAMÓN
       SANABRIA LOAIZA CARLOS                3-200-060   OIJ TURRIALBA
       SEGURA FONSECA LUIS CARLOS            1-874-243   OIJ LA UNIÓN
       JUAN DE JESÚS CRUZ LÓPEZ              5-237-807   OIJ SAN CARLOS
       VARGAS QUESADA OSCAR                  2-545-660
                                                         OIJ GRECIA
       VARGAS SERRANO LUIS G.                1-650-966   OIJ AGUIRRE Y PARRITA
                                         91

        VINDAS HERNÁNDEZ GREIVIN           1-805-737   OIJ SARAPIQUÍ

       INSTRUCTORES
                    INSTRUCTOR            CÉDULA            MATERIA
        Madrigal Ledezma Henry            1-613-126 Investigación de
                                                    Secuestros
        Rodríguez Sáenz Galo              1-842-160 Investigación de
                                                    Secuestros
                                        - 0-
      Se acordó: Conceder a los participantes e instructores de la lista transcrita

permiso con goce de salario, ayuda económica y transporte en los casos

estrictamente necesarios, para que del 18 al 29 de abril en curso, participen en el

curso “Investigación de Secuestros”, a impartirse en la Escuela Judicial y en otros

lugares a designar. En cuanto a este último punto, debe la Escuela Judicial indicar

oportunamente cuáles van a ser esos lugares. Asimismo, informará el horario de

realización de ese curso.

      Los Departamentos de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para los

fines consiguientes. Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO LVII

      En sesión N° 23-04 celebrada el 31 de marzo último, artículo XLIII, se

concedió permiso con goce de salario a 2 instructores y a 13 Oficiales de

Seguridad, a estos últimos con sustitución, a fin de que participen en el curso sobre

“Seguridad de Instalaciones y protección a Dignatarios”, a realizarse del 18 al 22

de abril en curso, en las instalaciones de la Unidad Especial de Intervención del
                                           92

Ministerio de la Presidencia.

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-DIR-105-2005 de 1° de abril en curso, manifestó:

            “El Consejo Directivo de la Escuela Judicial, comunicó al Consejo
       Superior mediante el oficio No. 064-CD/EJ-05 que en la sesión No. 8
       celebrada el 16 de marzo en curso, artículo VII, aprobó la invitación de la
       Unidad Especial de Intervención UEI, para que 13 Oficiales de Seguridad
       y 2 Instructores participen en un curso sobre Seguridad de Instalaciones y
       Protección a Dignatarios a realizarse del 18 al 22 de abril en las
       instalaciones de la Unidad Especial de Intervención, con la indicación de
       que la lista de participantes se informaría oportunamente.
            Por lo anterior, me permito remitir la lista de participantes, para los
       efectos de la concesión de la licencia con goce de salario, pago de ayuda
       económica y la sustitución de todos los oficiales de seguridad durante las
       fechas comprendidas del día 18 abril al 24 de abril, por cuanto según
       indicó el Lic. German Rojas; Jefe del Departamento de Seguridad, se
       debe reconocer los dos días libres a ese personal.

                   NOMBRE                   CÉDULA              OFICINA
      1- Franklin Arias Hernández           6-180-871 Depto. de Seguridad
      2- Jorge Barboza Venegas             1-622-341 Depto. de Seguridad
      3 - Juan Bautista Vargas Rodríguez   1-594-055 Depto. de Seguridad

      4- Minor Brenes Solano                3-320-389 Depto. de Seguridad
      5- Mario Fallas Badilla.             1-465-808  Depto. de Seguridad
      6- Roxana Hidalgo Vega               1-802-563  Depto. de Seguridad
      7- Gilmar Loría Jaen                 6-160-013  Depto. de Seguridad
      8- Oscar Quesada Vega                1-540-135  Depto. de Seguridad
      9- Alfredo Sánchez Segura            1-583-150  Depto. de Seguridad
      10- Geovanny Valverde González       1-660-770  Depto. de Seguridad
      11- Jorge Salazar Céspedes            7-077-586 Dpto. de Seguridad Heredia
      12- Roy Montero Mora                 1-954-688  Dpto. de Seguridad de
                                                      Goicoechea
      13- Andrés Zúñiga Jiménez             3-279-791 Depto. de Seguridad de
                                                      Cartago
      14. Guillermo Mata Vargas            1-558-841 Unidad de Capacitación
      15. Edgar Cruz Oviedo                7-061-655 Unidad de Capacitación
                                           93

                                           -0-

    Se acordó: 1) Tomar nota de la lista de participantes y modificar el acuerdo

tomado en la sesión No. 23-04 del 31 de marzo último, artículo XLIII, en cuanto a

las fechas de realización del curso, el que se impartirá del 18 al 24 de abril en

curso, toda vez que debe reconocerse dos días libres al personal de Seguridad. 2)

Autorizar el pago de ayuda económica en los casos estrictamente necesarios, a los

asistentes a la actividad.

    El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para lo que

corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO LVIII

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-DIR-106-05 de 4 de abril en curso, expresó:

             “De conformidad con el Plan Anual de la Escuela Judicial, aprobado
        por Consejo Superior en Sesión # 12-05, del 22 de febrero del año en
        curso, la Unidad de Capacitación del OIJ, de la Escuela Judicial estaba
        programado el “Curso Batón Policial Pr-24” durante los días del 25 al
        29 de abril de 2005.
               Para ello, muy respetuosamente me permito solicitar a ese
        honorable Consejo, se sirva otorgar licencia con goce de salario, así como
        el pago de transporte, ayuda económica o viáticos y sustitución, en los
        casos que corresponda, para los siguientes participantes e instructores.

       PARTICIPANTES

                  NOMBRE                   CÉDULA                 OFICINA
        1. Alfaro Navarrete Jhonny         1-931-818    Heredia
                                             94

        2.   Benavides Siles Mauricio        1-934-109   Cárceles y Transportes
        3.   Briceño Solorzano Wider         5-272-995   Sección Penal Juvenil
        4.   Mora Durán William              1-621-995   Sección Delitos Sexuales
        5.   Mora Monge Mickel               1-821-006   Cárceles y Transportes
        6.   Núñez Oviedo Adrián            4-101-1352   Alajuela
        7.   Quirós Chinchilla Alberto       1-617-653   Cárceles y Transportes
        8.   Sequeira Barrantes Guillermo    1-966-888   Sección de Capturas
        9.   Solano Abarca Alberth           1-762-577   Cárceles y Transportes

                                             -0-

      Se acordó: Conceder permiso con goce de salario y sustitución, así como el

pago de transporte y ayuda económica en los casos estrictamente necesarios, a los

servidores mencionados, para que asistan al “Curso Batón Policial Pr-24”, a

realizarse del 25 al 29 de abril en curso.

    El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para lo que

corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                                    ARTÍCULO LIX

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-DIR-112-05 de 4 de abril en curso, manifestó:

            “De conformidad con el Plan Anual de la Escuela Judicial, aprobado
       por Consejo Superior en Sesión # 12-05°, del 22 de febrero del año en
       curso, la Unidad de Capacitación del OIJ, de la Escuela Judicial ofrecerá
       el “Curso Manejo y Custodia de Detenidos” durante los días del 18 al
       22 de abril de 2005.
              Para ello, muy respetuosamente me permito solicitar a ese
       honorable Consejo, se sirva otorgar licencia con goce de salario, así como
       el pago de transporte, ayuda económica o viáticos y sustitución, en los
       casos que corresponda, para los siguientes participantes e instructor.
                                            95

                                      PARTICIPANTES

                NOMBRE                  CÉDULA                 OFICINA
      1. Ávila Montero Leonel           6-278-483   O.I.J. Ciudad Neilly
      2. Carmona Arce José F.           1-990-232   O.I.J.Cartago
      3. Castro Lobo Agustín            9-063-587   O.I.J. Pococí-Guácimo
      4. Céspedes Chacón Jorge          1-487-754   O.I.J. Heredia
      5. Chavarría Quirós Vinicio       6-248-777   Sección Cárceles y Transportes
      6. Cruz López Juan                5-237-807   O.I.J. San Carlos
      7. Dinarte Gutiérrez Arturo       5-226-173   O.I.J. Alajuela
      8. Gamboa Granados Ronald         1-678-274   O.I.J. Pérez Zeledón
      9. Guerrero Fuentes Andrey        6-308-188   O.I.J. Puntarenas
      10. Guzmán Ortiz Alexei           7-103-253   O.I.J Limón
      11. Jiménez Solano Roy            1-723-102   Sección Cárceles y Transportes
      12. Miranda de la Mario           5-181-083   O.I.J. Liberia
      13. Saborío Zúñiga Idelfonso      1-723-008   Sección Cárceles y Transportes
      14. Sandoval Campos Silvia        1-953-483   Sección Cárceles y Transportes
      15. Torrentes Miranda Wilburg     5-154-851   Sección Cárceles y Transportes

      Se acordó: 1) Conceder permiso con goce de salario y sustitución, así como

el pago de transporte y ayuda económica en los casos estrictamente necesarios, a

los servidores indicados, para que asistan al “Curso Manejo y Custodia de

Detenidos”, a realizarse del 18 al 22 de abril en curso. 2) La Escuela Judicial

informará el nombre del instructor que impartirá el curso, en razón de no haberse

indicado.

   El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para lo que

corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                                  ARTÍCULO LX

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio 7N° 81-CD/EJ-05 de 1° de abril en curso, comunica el acuerdo tomado
                                           96

por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en sesión N° 9 celebrada el 30 de

marzo último, artículo X, que literalmente dice:

       “El Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General a.i. del
       Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 0257-DG-05 de fecha
       22 de marzo del 2005 dice:
       “Me permito elevar a conocimiento de ese Consejo la invitación cursada
       por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), para que
       un servidor de este Organismo participe del “Seminario sobre
       aplicaciones del Programa de acción de la ONU sobre armas pequeñas y
       ligeras en Iberoamérica”, que se realizará del 25 al 29 de abril en el
       Centro de Formación de la Cooperación Española, en Cartagena de Indias
       ( Colombia ), Centro , Plaza de Santo Domingo, Carrera 36.
       Este Seminario de discusión entre expertos, se encuentra encaminado a
       contribuir a mejorar los estándares regionales de control de producción,
       almacenamiento y, en especial, el comercio de las armas pequeñas y
       armas ligeras para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de las
       mismas.
        Vista la importancia del tema a tratar, se ha estimado conveniente la
       participación del funcionario Carlos Herrera Solís, Jefe de la Sección
       Delitos Varios de este Organismo, misma que tiene a cargo la
       investigación de este tipo de delitos.
       Cabe indicar que la entidad anfitriona correrá con los gastos
       correspondientes a alimentación y hospedaje; por nuestra parte, la
       institución deberá cubrir lo concerniente a los boletos aéreos, para lo cual
       se está tramitando la certificación respectiva, por parte del Departamento
       de Financiero Contable.
       En virtud de lo anterior, se solicita el visto bueno respectivo para que
       dicho servidor participe del Seminario indicado, para lo cual requiere el
       pasaporte oficial respectivo.
       El señor Herrera Solís deberá viajar el día 24 de abril regresando el 30 del
       mismo mes, por razones de itinerarios.
                                           -0-
       SE ACUERDA: Aprobar la participación del señor Carlos Herrera Solís,
       Jefe de la Sección de Delitos Varios del O.I.J. al “Seminario sobre
       aplicaciones del Programa de acción de la ONU sobre armas pequeñas y
                                          97

       ligeras en Iberoamérica” a realizar del 25 al 29 de abril en el Centro de
       Formación de la Cooperación Española, en Cartagena de Indias
       (Colombia). Comuníquese al Consejo Superior para la autorización del
       permiso con goce de salario con sustitución y trámite de pasaporte de
       servicio. ACUERDO FIRME.”

                                         -0-

      Se acordó: 1) Acoger la solicitud del Consejo Directivo de la Escuela

Judicial, en consecuencia conceder permito con goce de salario y sustitución al

señor Carlos Herrera Solís, Jefe de la Sección de Delitos Varios del Organismo de

Investigación Judicial, para que participe en el “Seminario sobre aplicaciones del

Programa de acción de la ONU sobre armas pequeñas y ligeras en Iberoamérica”, a

efectuarse del 25 al 29 de abril en curso, en el Centro de Formación de la

Cooperación Española, en Cartagena de Indias, Colombia.             2)   Asimismo, la

Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, debe remitir a este

Consejo la certificación de contenido presupuestario emitida por el Departamento

Financiero Contable, en cuanto al costo del tiquete aéreo, que se indica,

corresponde cubrir a la institución. Se declara firme este acuerdo.

                                 ARTÍCULO LXI

      En sesión N° 23-05 celebrada el 31 de marzo último, artículo LXXXII,

previamente a resolver la gestión presentada por la licenciada Matilde González

Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, para que se le
                                         98

autorice la participación de las licenciadas Ana Shirlenia Briceño Castro, Nancy

Sánchez Quirós, Sandra Hidalgo Rojas, Erica Ovares Pacheco, Nancy Alpízar

Rojas y Elvis Chávez Rodríguez, servidoras de ese departamento, en la

capacitación en técnicas para entrevistas como complemento al Programa en la

Investigación de Delitos de Explotación Sexual contra niños, niñas y adolescentes

y el Tráfico de personas, organizado por ICITAP del Departamento de Justicia de

los Estados Unidos de América, que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril en

curso, se dispuso solicitar a la Escuela Judicial criterio, dado que la política

establecida para el trámite en este tipo de capacitaciones debe ser canalizado a

través de ese despacho.

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° DIR-109-2005 de 4 de abril en curso, informa que esa Escuela, avala

la capacitación, dado que es fundamental en el desempeño de las funciones de los

servidores citados, siempre y cuando, remitan el registro de asistencia e informe de

calificaciones a la licenciada Yadira Brizuela Guadamuz, coordinadora de temas de

niñez. Asimismo, solicitan al Departamento de Trabajo Social y Psicología, remitir

con la debida antelación este tipo de capacitaciones.

      Se acordó:     Tomar nota de la comunicación de la Escuela Judicial y

autorizar la asistencia de las servidoras Briceño Castro, Sánchez Quirós, Hidalgo
                                          99

Rojas, Ovares Pacheco, Alpízar Rojas y Chávez Rodríguez, en el curso de técnicas

para entrevistas como complemento al Programa en la Investigación de Delitos de

Explotación Sexual contra niños, niñas y adolescentes y el Tráfico de personas,

organizado por ICITAP del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de

América, a efectuarse del 19 al 21 de abril en curso, a cuyos efectos se concede

permiso con goce de salario y sustitución.         2)   Asimismo, deben las citadas

profesionales coordinar con la licenciada Brizuela Guadamuz, lo referente al

registro de asistencia e informe de calificaciones al curso. 3) El Departamento de

Trabajo Social y Psicología, en lo futuro canalizará ante la Escuela Judicial, con la

debida antelación, sus gestiones.

                                 ARTÍCULO LXII

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial,

en oficio N° EJ-DIR-111-2005 de 4 de abril en curso, manifestó:

              “Mediante acuerdo del Consejo Superior según Sesión N° 12-05 de
       martes 22 de febrero de 2005, -art. XXX- fue aprobado el Plan de Trabajo
       de la Escuela Judicial del 2005.
             Según el Plan de Trabajo 2005, la Escuela Judicial tiene
       programada la realización de la actividad académica de asistencia
       denominada: “Ciclo de Charlas de la Cátedra Walter Antillón:
       Tratamiento Penitenciario 2005”, con una duración de ocho horas, según
       programa adjunto, coordinado por la Asociación Costarricense de la
       Defensa Pública.
            Según oficio de lunes 4 de abril de 2005, suscrito por Luis Roy
       Vargas Salazar, Coordinador de la Unidad de Capacitación de la Defensa
       Pública, solicita que la primer fecha en que se realizará el referido ciclo
                                                    100

         de charlas se modifique, pues inicialmente ésta se programó para el día
         martes 3 de mayo de 2005, sin embargo, por asuntos de agenda de los
         panelistas es imposible llevarla a cabo en esta fecha, por lo que se solicita
         la autorización para realizar esta única variación y que consecuentemente
         la actividad se celebre el día jueves 28 de abril de 2005.
                 Conforme lo anterior, solicitamos su autorización para que los(as)
         distinguidos(as) expositores(as) puedan asistir a dicha actividad en el
         horario y días arriba señalados, según corresponda, sin sustitución, con
         goce de salario y en el entendido de que los despachos en que laboran
         tomarán las medidas necesarias para que la prestación del buen servicio
         público no se vea afectado y sin que se suspendan debates ni diligencias
         previamente programadas para esas fechas, lo cual implica que deberán
         dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes del despacho, en caso
         de ser necesario.
               Asimismo, solicitamos su autorización para que aquellos
         funcionarios judiciales que deseen asistir a dicha actividad lo puedan
         hacer, sin sustitución, con goce de salario y en el entendido de que los
         despachos en que laboran tomarán las medidas necesarias para que la
         prestación del buen servicio público no se vea afectado y sin que se
         suspendan debates ni diligencias previamente programadas para esas
         fechas, lo cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los
         asuntos urgentes del despacho, en caso de ser necesario.

                          “Ciclo de Charlas de la Cátedra Walter Antillón:
                                 Tratamiento Penitenciario 2005”,
                                              coordinado por
                              la Asociación Costarricense de la Defensa Pública
                                 en homenaje a Walter Antillón Montealegre.

          Charlas                      Expositores                Tiempo                 Lugar y fechas
Política Criminal y Sistema Fernando Cruz Castro, cédula: 1-   2 horas a partir            28 de abril
Penitenciario.              388-486 (Magistrado Sala            de las 14:00    Edificio de la Defensa Pública de
                            Constitucional)                        horas.            San José, noveno piso.
                            Guillermo Arroyo Muñoz,
                            cédula: 1-444-252
                             (Director General. de
                            Adaptación Social)
El Tratamiento              José Manuel Arroyo                 2 horas a partir           17 de mayo.
Penitenciario: definición y Gutiérrez, cédula: 1-399-1073       de las 14:00    Edificio de la Defensa Pública de
legitimidad.                 (Mag. Sala Tercera)                    horas            San José, noveno piso.
                            Mario Víquez Jiménez, cédula:
                            1-416-051
                            (Psicólogo criminológico, Área
                            de Infancia y Adolescencia de la
                            Defensoría de los Habitantes
                                               101

          Charlas                  Expositores             Tiempo                 Lugar y fechas
                        Alexis Sánchez Vega, cédula: 4-
                        123-989 (Jefe Nacional del
                        Servicio de Educación de la
                        Dirección General de Adaptación
                        Social)
El Tratamiento          Maribel Gutiérrez Villalobos,   2 horas a partir           31 de mayo.
Penitenciarios de los   cédula 1-492-735. (Defensora     de las 14:00    Edificio de la Defensa Pública de
Ofensores Sexuales.     Pública)                             horas            San José, noveno piso.
                        Lisímaco Valerio Bonilla,
                        cédula: 4-119-828
                         (Trabajador Social de la
                        Dirección. General de
                        Adaptación Social)
El Tratamiento          Reyseth Peraza Morales, cédula: 2 horas a partir           21 de junio.
Penitenciario de los    2-482-986                        de las 14:00    Edificio de la Defensa Pública de
Menores Infractores.    (Defensora Pública de Ejecución      horas            San José, noveno piso.
                        Penal Juvenil de San José)
                        Ada Luz Mora Díaz, cédula: 6-
                        108-1355
                        (Directora Nacional del
                        Programa de Atención de la
                        Población Penal Juvenil)


                                                -0-

     Expresa el Magistrado Chaves, que el Presidente Magistrado Mora, de

conformidad con las facultades que confiere el artículo 60, inciso 22, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, concede a los Magistrados Fernando Cruz Castro y

José Manuel Arroyo Gutiérrez, el permiso requerido.

        Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones del Vicepresidente,

Magistrado Chaves. 2) Conceder permiso con goce de salario, sin sustitución a

las licenciadas Maribel Gutiérrez Villalobos y Reyseth Peraza Morales, Defensoras

Públicas, para que el 31 de mayo y 21 de junio del año en curso, impartan las

charlas “El Tratamiento Penitenciario de los Ofensores Sexuales” y “El

Tratamiento Penitenciario de los Menores Infractores”, respectivamente.                                3)
                                        102

Tomar nota de la participación de los licenciados Guillermo Arroyo Muñoz, Mario

Víquez Jiménez, Alexis Sánchez Vega, Lisímaco Valerio Bonilla y Ada Luz Mora

Díaz, en la citada actividad.    4)   Conceder permiso con goce de salario, sin

sustitución, para aquellos servidores judiciales que deseen asistir a las citadas

charlas.

    Se confieren los permisos en el entendido que no se afecte sustancialmente el

servicio público a cargo de quienes se autorice que asistan, lo cual implica que

deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes en relación con sus

funciones en el Poder Judicial y en caso de diligencias previamente programadas

tendrán que atenderlas a fin de no modificar las fechas.

    El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para lo de sus

cargos.

                                ARTÍCULO LXIII

      En sesión N° 17-05 celebrada el 8 de marzo en curso, artículo XXXV, se

tomó nota de la lista de participantes a la capacitación denominada “Oralidad y

Proceso Penal: Hacia un proceso Penal por Audiencias”, los días 31 de marzo, 1, 2,

7, 8, 9, 14, 15 y 16 de abril de este año, a cuyos efectos se autorizó el pago de

ayuda económica en los casos estrictamente necesarios.

      El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, LL.M., Subdirector de la Escuela
                                                103

Judicial, en oficio N° EJ-DIR-113-2005 de 5 de abril en curso, presenta la

siguiente solicitud:

        “Por este medio adiciono el oficio EJ-DIR-051-2005 de fecha 01/03/05
        en el sentido de incluir dentro de la lista de participantes al curso
        “Oralidad y proceso penal: hacia un proceso penal por audiencias”, que se
        celebra en Guanacaste los días 31 de marzo de 2005, 1, 2, 14, 15 y 16 de
        abril 2005 en Santa Cruz y 7, 8, 9 de abril de 2005 en Liberia, con el fin
        de que se les otorgue el correspondiente permiso de asistencia.

        Lo anterior se solicita tomando en consideración la importancia de que
        esta capacitación, sea recibida por todo el personal que labora en materia
        penal y dado que involuntariamente los nombres que se citan a
        continuación no habían sido incluidos en el oficio supracitado.

                   Nombre                         Despacho               Cédula
       José Arturo Barrantes Conejo   Juzgado Penal de Nicoya         02-0305-0563
       Paul Hernández Balmaceda       Tribunal de Juicio Cañas        04-0138-0934
       Ricardo Quirós Vargas          Ministerio Público Liberia      01-0603-0669
       Gerardo Alfaro Vargas          Tribunal de Juicio Santa Cruz   05-0244-0038
       Raúl García Barquero           Defensa Pública Cañas           01-0658-0959
       Berta Lidieth Araya Porras     Juzgado de Familia, Violencia   05-0217-0410
                                      Doméstica y Penal Juvenil de
                                      Santa Cruz



                                                 - 0-
      Se acordó: Aprobar la inclusión de los citados servidores, en el curso

“Oralidad y proceso penal: hacia un proceso penal por audiencias”, que se inició en

Guanacaste el 31 de marzo y el 1, 2, 14, 15 y 16 de abril en curso en Santa Cruz y

7, 8, 9 de abril en Liberia, a cuyos efectos se concede permiso con goce de salario,

sin sustitución.

      El Departamento de Personal y la Escuela Judicial tomarán nota para lo de

sus cargos.
                                                      104

TRIBUNAL DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

                                          ARTÍCULO LXIV

       El señor Mario Quesada Matamoros, Asistente Administrativo del Tribunal

de la Inspección Judicial, en oficio N°                           864 de 11 de marzo último, en

cumplimiento con lo ordenado por Corte Plena, en sesión N° 43-01 del 3 de

diciembre del 2001, artículo XII, remite el listado de las resoluciones finales

dictadas por ese Tribunal, dentro de los siguientes asuntos:


   No. EXPED.             NOMBRE DEL                                     CARGO                        RESOLUCI
                          FUNCIONARIO                                                                 ÓN FINAL
 04-000686-031-IJ   Fiscalía de Buenos Aires                                                             Desestimar
 04-000617-031-IJ   Juzgado Penal del II Circuito                                                        Desestimar
                    Judicial de Alajuela
 04-000575-031-IJ   Rodolfo Abraham Soto          Juez Cuarto Civil de San José                          Desestimar
 04-000993-031-IJ   María Inés Mendoza Morales    Jueza del Juzgado Civil de Puntarenas                  Desestimar

 04-000183-031-IJ   Juzgados Cuarto Civil de San José y                                                  Desestimar
                    Contencioso Administrativo y Civil
                    de Hacienda del II Circuito Judicial
                    de San José
 04-000399-031-IJ   Juzgado y Tribunal de Trabajo del II                                                 Desestimar
                    Circuito Judicial de San José
 04-000755-031-IJ   Gonzalo Gamboa Valverde                Juez de Menor Cuantía de Limón                Desestimar
 04-000942-031-IJ   Sergio Ramos Álvarez                   Juez Agrario de Guápiles                      Desestimar
 04-000156-031-IJ   José Ricardo Cerdas Monge              Juez Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón       Sin lugar
 05-000110-031-IJ   Juzgado Contravencional y de                                                      Rechazar de plano
                    Menor Cuantía de Pavas
 04-000405-031-IJ   Eddy Herrera Chaves                    Juez de Trabajo de Limón                       Sin lugar
 04-000423-031-IJ   Edgar Francisco Mora Calderón          Auxiliar Judicial del Juzgado Civil de         Sin lugar
                                                           Desamparados
 04-000983-031-IJ   Sergio Alonso Valverde Alpízar         Juez Civil de Hacienda de Asuntos             Desestimar
                                                           Sumarios del II Circuito Judicial de San
                                                           José
 04-000955-031-IJ   Douglas Durán Chavarría                Juez Contravencional del II Circuito          Desestimar
                                                           Judicial de San José
 04-000431-031-IJ   Ignorado                                                                             Desestimar
 04-000964-031-IJ   María Mc Laren Quirós                  Jueza de Familia de Limón                     Desestimar
 04-000899-031-IJ   Marvin Segura Acuña                    Juez Coordinador del Juzgado                  Desestimar
                                                           Contravencional y de Menor Cuantía de
                                                           Pavas
 04-000884-031-IJ   Juzgado de Familia del II Circuito                                                   Desestimar
                    Judicial de San José
                                                    105
 04-000730-031-IJ   Johnny Ramírez Pérez               Juez Cuarto Civil de San José            Desestimar
 04-000776-031-IJ   Ana Rebeca Álvarez Guzmán          Auxiliar Judicial de la Administración   Desestimar
                                                       del II Circuito Judicial de San José
 04-000803-031-IJ   Isabel Porras Porras               Jueza Coordinadora del Juzgado Penal     Desestimar
                                                       del II Circuito Judicial de San José
 04-000838-031-IJ   Juzgado Civil de Hacienda de                                                Desestimar
                    Asuntos Sumarios del II Circuito
                    Judicial de San José
 04-000837-031-IJ   Alejandra Vargas Montero         Jueza Tramitadora del Juzgado Quinto       Desestimar
                                                     Civil de San José
 04-000992-031-IJ   Giselle Gene Calderón            Jueza de Trabajo de Limón                  Desestimar
 04-000565-031-IJ   Lena White Curling               Contralora de Servicios del Poder           Archivar
                                                     Judicial
 04-000552-031-IJ   Gerardo Enrique Arroyo Rojas     Juez Contravencional de Bagaces            Desestimar
 04-000921-031-IJ   Roy Murillo Rodríguez            Juez de Ejecución de la Pena de Alajuela   Desestimar
 04-000555-031-IJ   Laura Mora Sánchez               Auxiliar Administrativa del                 Sin lugar
                                                     Departamento de Personal del Poder
                                                     Judicial
 05-000036-031-IJ   Juzgado Contravencional y de                                                Desestimar
                    Menor Cuantía de Tilarán


       Se acordó: Tomar nota del informe del Tribunal de la Inspección Judicial.

                                           ARTÍCULO LXV

       El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la

Inspección Judicial, con oficio N° 1112 de 5 de abril en curso, remite copia del

voto N° 146-05 dictado por ese despacho a las ocho horas con quince minutos del

once de marzo pasado, dentro de la apelación N° 67-2004-F presentada por el

licenciado Sergio González León, en calidad de Defensor Público de Luis

Rodríguez Oviedo, Investigador de la Sección de Delitos Contra la Vida del

Organismo de Investigación Judicial, en que se confirmó parcialmente la

resolución No. 230-DIC-04 de las trece horas del quince de octubre de dos mil

cuatro, de la Jefatura del Departamento de Investigaciones Criminales del

Organismo de Investigación Judicial, donde impuso la sanción disciplinaria de
                                        106

ocho días de suspensión sin goce de salario, por negligencia en la manipulación de

arma de fuego y daños, en perjuicio de este Organismo considerando su actuar

como una falta grave, y rebajándose a una de amonestación escrita, quedando

incólume en lo demás.

      Se dispuso: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                ARTÍCULO LXVI

      En sesión N° 07-05 celebrada el 3 de febrero del año en curso, artículo

LXVIII, se solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial una ampliación del

informe de labores del 2004 de ese Tribunal, para determinar la situación en lo

jurisdiccional, en que se detalle en cuanto a los jueces, cuál fue la falta cometida y

la sanción impuesta, y en términos generales, el porcentaje de sanciones revocadas

en apelación.

      En atención al acuerdo anterior, el licenciado Macario Barrantes Ramírez,

Presidente del Tribunal, en oficio N° 1088 de 4 de abril en curso, remite la lista de

las correcciones disciplinarias impuestas por ese despacho, a jueces, en el

transcurso del 2004, con indicación de los motivos por los cuáles se aplicaron esas

sanciones.

      Asimismo, informa que en ese año se remitieron en apelación, al Consejo

Superior, 58 casos, de los cuales 25 se confirmaron (43.10%), en 13 se modificó la
                                          107

sanción originalmente impuesta (22.41%), 3 fueron revocados (5.17%), 1 fue

anulado (1.72%), en 1 se rechazó la apelación (1.72%), en 2 se declaró mal

admitido el recurso (3.44%), y aún quedan 13 casos pendientes de resolver en

segunda instancia (22.41%).

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

COMISIONES

                                ARTÍCULO LXVII

      En sesión N° 82-04 celebrada el 26 de octubre del 2004, artículo LXVI, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             En sesión No. 69-04 celebrada el 31 de agosto del año en curso,
       artículo L, se dispuso:

             “Mediante resolución No. 810-04 de las 14:15 horas del 30 de
       agosto del año en curso, se comunicó al arquitecto Hernán Arguedas
       Salas, representante legal de la empresa Consultécnica S.A., el acuerdo
       tomado por el Consejo en sesión N° 64-04 celebrada el 26 de agosto
       último, artículo LXV, en que se indicó “…analizado el oficio suscrito por
       el Director Ejecutivo y el Jefe de Asesoría Legal de la Dirección
       Ejecutiva, en relación con la problemática que presenta el Edificio de los
       tribunales de la ciudad de Santa Cruz, por la falta de previsión por parte
       de la empresa Consultécnica de aleros en el edificio, se acuerda: Acoger
       el criterio legal y técnico que contiene, y hacerlo del conocimiento de la
       mencionada empresa para que en el plazo de 10 días informe lo que
       considere oportuno.”.
             En atención con la resolución anterior, el arquitecto Arguedas Salas,
       informa que desde que realizaron una visita conjunta a dicho edificio,
       observaron la situación de los aleros y procedieron a ofrecer un diseño
       más apropiado a las condiciones climáticas, lo que se adjunta.
             Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Tener por
       recibido el escrito del arquitecto Arguedas Salas y hacer del conocimiento
       de la Comisión de Construcciones, el diseño propuesto, a fin de que
                                             108

       emitan su criterio a la brevedad. Se declara firme este acuerdo.”.
                                           -0-

             Sobre el particular, estima este Consejo que por tratarse de un error
       de diseño al no contemplarse por parte de la empresa Consultécnica los
       aleros, corresponde a ésta asumir el pago de las obras a realizar.
             Se acordó: Adicionar el acuerdo de referencia, en el sentido de que
       corresponde a la empresa Consultécnica S.A., asumir el pago de los
       trabajos a realizar en el edificio de Santa Cruz, por la falta de previsión en
       el diseño de la obra. La Comisión de Construcciones tomará nota para los
       fines consiguientes.”.
                                             -0-

      La señora Sandra Agüero Monge, Secretaria de la Comisión de

Construcciones, en oficio N° 004-CC-05 de 1° de abril en curso, transcribe el

acuerdo de esa comisión en sesión N° 01-2005 celebrada el 17 de febrero del año

en curso, artículo IV, que dice:

       “Se conocen los siguientes oficios:
       N° 12029-04 de 25 de noviembre último, donde se transcribe acuerdo del
       Consejo Superior, sesión N° 82-04, artículo LXVI, en el que se dispone
       que corresponde a la empresa Consultécnica, 5. A., asumir el pago de los
       trabajos de los aleros en el edificio de Santa Cruz, por la falta de
       previsión         en       el        diseño       de        la        obra.
        El Arq. Hernán Arguedas 5., Presidente de Consultécnica, S. A.,
       mediante nota de 22 de diciembre del 2004, manifiesta que con respecto a
       la resolución del Consejo Superior, sesión N° 82-04 del 26 de octubre del
       2004, artículo LXVI, referente a la falta de previsión por parte de esa
       empresa de los aleros en el edificio de los Tribunales de Justicia de Santa
       Cruz, indica lo siguiente:
       La construcción de los aleros fue de acuerdo al diseño realizado en forma
       sustentable y ecológica, respetando la existencia del árbol de Guanacaste
       que existía en el lugar. Sobre este árbol centenario existían acuerdos del
       Poder Judicial y la Municipalidad de Santa Cruz, que obligaban a
       mantenerlo como tal, ya que significaba un hito importante para esta
       comunidad.
                                          109

       Adjuntan copia de los planos de la distribución de las plantas
       arquitectónicas, techo y estado actual del lote donde se muestra el árbol
       que debía conservarse definitivamente y era parte ineludible del diseño.
       Es claro destacar que la “botada del árbol” cambió totalmente las
       condiciones del microclima existente en ese momento, aumentó el
       calentamiento del patio, modificó las corrientes de viento, eliminó la
       protección del edificio debido a falta de sombra y movimiento del agua de
       lluvia en el momento en que ocurre con aire libremente.
       La eliminación del árbol según se puede observar en copia de acuerdo
       anexo, enviado por la Secretaría de la Corte de fecha 3 de mayo del 2002,
       fue gestionado por el Poder Judicial, aduciendo condiciones inestables del
       árbol según consulta realizada por el Poder Judicial. En copia de la
       bitácora adjunta, se reitera la decisión de tala del árbol mencionado por
       parte de la Institución sin el aval de Consultécnica.
       Por lo tanto, no aceptan la decisión que los obliga al pago de aleros u
       otras obras requeridas para proteger lo que la tala del árbol dejó a la
       intemperie.
       Se acuerda: 1.- Tomar nota de las comunicaciones. 2- Hacer del
       conocimiento del Consejo Superior la nota del Arq. Hernán Arguedas S.,
       Presidente de Consultécnica S. A.”.

      En nota de 5 de abril en curso, el arquitecto Hernán Arguedas Salas,

Presidente de Consultécnica, solicita se reconsidere el acuerdo del 26 de octubre

del 2004, artículo LXVI, con base en los siguiente argumentos:

       “…La construcción de los aleros fue de acuerdo al diseño realizado en
       forma sustentable y ecológica, respetando la existencia del árbol de
       guanacaste que existía en el lugar. Sobre este árbol centenario existían
       acuerdos del Poder Judicial y de la Municipalidad de Santa Cruz que
       obligaban a mantenerlo como tal, ya que significaba un hito
       importantísimo para esta comunidad.
       Adjuntamos con esta nota copia de los planos de la distribución de las
       plantas arquitectónicas, techo y estado actual del lote donde se muestra el
       árbol que debía conservarse definitivamente y era parte ineludible del
       diseño.
       Es claro destacar que la “botada del árbol” cambió totalmente las
       condiciones del microclima existente en ese momento, aumentó el
                                         110

       calentamiento del patio, modificó las corrientes de viento, eliminó la
       protección del edificio debido a falta de sobre y movimiento del agua de
       lluvia en el momento en que ocurre con aire libremente.
       La eliminación del árbol según se puede observar en copia de acuerdo
       anexo, enviado por la Secretaría de la Corte de fecha 3 de mayo del 2002,
       fue gestionado por el propio Poder Judicial, aduciendo condiciones
       inestables del árbol según consulta realizada por el Poder Judicial. En
       copia de la bitácora adjunta, se reitera la decisión de tala del árbol
       mencionado por parte de la Institución sin el aval de Consultécnica.
       Por lo tanto, no aceptamos la decisión que nos obliga al pago de aleros u
       otras obras requeridas para proteger lo que la tala del árbol dejó a la
       intemperie.”.
                                         -0-

      Se acordó:      Denegar la reconsideración planteada por el Arquitecto

Arguedas Salas, por cuanto su argumento no es de recibo conforme el criterio

externado y puesto en su conocimiento por el Departamento de Servicios

Generales y mantener lo resuelto en la sesión No. 82-04 del 26 de octubre del año

pasado,   artículo   LXVI,    por    consiguiente    se   concede     a   la   empresa

CONSULTÉCNICA S.A. un plazo de 3 días a partir del recibo de este acuerdo, a

fin de que se pronuncie si asumirá el pago de los trabajos a realizar en el edificio

de Santa Cruz, de lo contrario se acudirá a la vía judicial correspondiente.

                               ARTÍCULO LXVIII

      La señora Sandra Agüero Monge, Secretaria de la Comisión de

Construcciones, en oficio N° 001-CC-05 de 1° de abril en curso, comunica el

acuerdo tomado por esa Comisión en sesión N° 1-2005 celebrada el 17 de febrero
                                          111

del presente año, artículo I, que dice:

        “La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte,
        remite oficio N° 11742-04 de 19 de noviembre último, transcribiendo
        acuerdo de la Sesión de Consejo Superior N° 80-04, artículo LXXXIII,
        donde toma nota y hace del conocimiento de esta Comisión para lo que
        corresponda, referente a acuerdo del Consejo de Administración del
        Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, para integrar una
        “Comisión en Enlace”, con miembros de ese cuerpo colegiado, la que se
        encargará de establecer las relaciones que correspondan con todas y cada
        una de las dependencias del Poder Judicial que tengan participación en el
        Proyecto de Construcción del Edificio para ese Circuito.
        Se acuerda: Tomar nota.”
                                          -0-

    Se dispuso: Tomar nota.

ASUNTOS VARIOS

                                   ARTÍCULO LXIX

       La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 2014-DP/07-2005 de 4 de abril en curso, de conformidad

con los artículos 101 de la Ley General de la Contratación Administrativa, remite

el reporte de las contrataciones realizadas durante enero, febrero y marzo de este

año.

       Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                   ARTÍCULO LXX

       El licenciado Eloy José Araya Paz, Juez del Juzgado de Violencia Doméstica

del Segundo Circuito Judicial de San José, en facsímil de 4 de abril en curso,
                                       112

informa que con la venia de los demás compañeros jueces, asumió la coordinación

de ese despacho.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación, lo que también harán el

Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal.

                               ARTÍCULO LXXI

      El licenciado Guillermo Rodríguez Vargas, Juez del Juzgado de Trabajo del

Segundo Circuito Judicial de San José, en correo electrónico recibido el 4 de abril

en curso, informa que desde el 28 de marzo último, funge como coordinador de ese

despacho.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación, lo que también harán el

Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal.

                              ARTÍCULO LXXII

      El licenciado Abel Jiménez Obando, Juez del Juzgado Primero Civil de

Mayor Cuantía de San José, en correo electrónico recibido el 4 de abril en curso,

informa que en ausencia del licenciado José Manuel Hernández Casanova, a partir

del 28 de marzo último, asumió la función de Juez Coordinador de ese despacho.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación, lo que también harán el

Despacho de la Presidencia y el Departamento de Personal.

                              ARTÍCULO LXXIII
                                          113

      En sesión N° 17-05 celebrada el 8 de marzo último, artículo LX, se autorizó

la actividad organizada para la celebración del Día Internacional de la Mujer en el

Segundo Circuito Judicial de San José, la cual se realizó el 10 de marzo último, a

partir de las 15:30 horas en el salón de juicios, a fin de que no se afectara el

servicio público.

      La doctora Doris Arias Madrigal, Coordinadora del Comité de Género del

Segundo Circuito Judicial de San José, en nota recibida el 5 de abril en curso,

expresó:

               “Sirva la presente para saludarlos y al mismo tiempo para mostrar
       la satisfacción del Comité de Género del II Circuito Judicial por el apoyo
       recibido para la realización de la actividad «Cantata a la mujer», en el
       marco del Día Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo el día 10 de
       marzo de 2005 en el II Circuito Judicial de San José.

              También queremos hacer de su conocimiento que la actividad se
       desarrolló en dos grandes actos: El primero mostró, una exposición de
       trabajos manuales en punto de cruz realizados por un grupo de Juezas y
       Letradas de la Corte Suprema de Justicia, denominada «Bordando
       Sueños». La muestra contó con la exposición de veinticinco cuadros y
       nos permitimos adjuntar las impresiones de los y las visitantes a la
       exposición, en las que se recogen opiniones muy halagadoras acerca de la
       misma.
              El segundo acto consistió en la «Cantata a la Mujer», con el
       siguiente programa:

            3:30     Palabras de Bienvenida
            3:35       Actividad académica a cargo de la Msc. Marcela Jagger,
                      Consultora Talleres de Validación de la Política de Género
                                          del Poder Judicial
            4:05
                     Presentación artística
                                        114

            4:45
                    Entrega de certificados
            4:50
                    Se Mujer Anejud
            5:00
                    Rifas-Refrigerio

             A la celebración se hicieron presentes aproximadamente cien
      funcionarios judiciales (hombres y mujeres), además se contó con la
      participación de representantes de distintas Comisiones y Asociaciones
      del Poder Judicial; entre otras, la Comisión de Rescate de Valores,
      representada por su Presidenta Magistrada Carmenmaría Escoto; la
      Secretaría de Género; Secretaría de la Mujer “Se Mujer” de ANEJUD,
      Asociación de Juezas, Asociación de Profesionales del Poder Judicial y
      Asociación de Pensionados.

             Algunas de las manifestaciones de los servidores judiciales fueron
      recopiladas por la Psicóloga Licda. Jeannette Barboza, las cuales
      transcribo por relevantes y por su incidencia directa en las relaciones
      humanas de la Institución:

      «Los participantes señalaron: haber disfrutado mucho la actividad,
      eventos de este tipo les hizo recordar que son personas y no solo
      máquinas de producción. Algunas hicieron énfasis que después del
      evento se sintieron con una energía particular para venir a trabajar,
      como renovadas y decididas a convencer a otros empleados judiciales de
      lo importante que es participar en futuras convocatorias de este Comité.
      Resaltaron la organización y el rescate que se está haciendo por darle al
      empleado judicial un respiro en medio del exceso de trabajo y
      desmotivación que han venido experimentando»

             Reiteramos nuestro agradecimiento por la apertura recibida, lo cual
      hizo posible la realización de la actividad…”
                                         - 0-
     Se acordó:     Tomar nota de lo expresado por la doctora Doris Arias

Madrigal.

                               ARTÍCULO LXXIV
                                            115

      El licenciado Carlos Humberto Chacón Badilla, Abogado Jubilado Judicial,

en nota de 5 de abril en curso, solicita:

        “…En el mes de noviembre del año próximo pasado, y a tenor de lo que
        dispone el artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fui jubilado
        de manera extraordinaria por el Poder Judicial, según acuerdo tomado por
        el Consejo Superior en sesión No. 84-04 celebrada el dos de noviembre
        del año próximo pasado, artículo XXVII. (Aporto fotocopia del acuerdo).
        Esta jubilación encuentra su fundamento en el dictamen médico legal No.
        DML 1517-2004 del Consejo Médico Forense, Sección A de fecha 27 de
        octubre del 2004. (Ver también fotocopia de dictamen adjunta).

        Para efecto de resolver un trámite que estoy realizando ante el Instituto
        Nacional de Seguros, me han solicitado que ese mismo Consejo Médico
        Forense establezca el equivalente porcentual de pérdida de capacidad
        general que se desprende de la incapacidad total y permanente que se me
        ha otorgado.

        Para tales fines conversé personalmente con la Dra. Sisy María Castillo
        Ramírez, una de las integrantes de ese Consejo Médico, quien me ha
        manifestado que el Consejo Médico Forense podría llevar a cabo esta
        ampliación de mi dictamen, previa autorización del Consejo Superior del
        Poder Judicial para tales efectos.

        Por lo anterior, solicito respetuosamente la autorización en referencia, con
        el objeto de que se amplíe el dictamen médico legal por el cual se me
        jubiló, únicamente en cuanto al establecimiento del equivalente
        porcentual de pérdida de capacidad general orgánica en mi caso.”.

      Se acordó: Denegar la solicitud y comunicar al señor Chacón Badilla que

los dictámenes emanados por el Consejo Médico Forense, en su caso y para

situaciones similares, son para uso interno del Poder Judicial, a efecto de aplicar lo

establecido en el artículo 228 de su Ley Orgánica, el cual establece que “El

funcionario o empleado que se imposibilitare de modo permanente para el
                                         116

desempeño de su cargo o empleo, siempre que hubiera laborado para el Estado

por cinco años o más, será también separado de su puesto con una jubilación

permanente que se calculará de acuerdo con los años de servicio, en la forma

dispuesta en el artículo 226.”; de manera que la incapacidad absoluta y

permanente para laborar dentro del Poder Judicial determinada por el citado

Consejo, de modo alguno puede considerarse vinculante para otros entes estatales,

como el Instituto Nacional de Seguros.

                               ARTÍCULO LXXV

      En sesión N° 70-04 celebrada el 16 de setiembre del 2004, artículo II, se

solicitó informe a la Asesora Jurídica del Departamento de Personal, que

contemplara los planteamientos que realizó la Asociación Nacional de

Investigadores en Criminalística y Afines (A.N.I.C.), sobre los horarios que debe

cumplir el personal de investigación del Organismo de Investigación Judicial.

      Asimismo, se requirió del criterio del Director General del Organismo de

Investigación Judicial y del Jefe de la Sección de Capturas de ese Organismo,

sobre las manifestaciones que expone el representante de la AN.I.C., que se dicen:

       1. “Desde hace algún tiempo la administración a través de los técnicos
       del Departamento de Personal y de Planificación ha estado, en nuestro
       criterio, interpretando inadecuadamente algunos aspectos de la
       negociación que realizaron una Comisión de Magistrados con los
       representantes de nuestra Organización
       En primer término el Departamento de Personal introduce en el informe
                                   117

rendido a este Consejo lo siguiente: “...Al respecto se debe indicar que
dicha práctica no constituye “una costumbre de los investigadores” sino
que se encuentra sustentada en diversos acuerdos y negociaciones con
este grupo de servidores. Sobre el particular, el Consejo Superior en la
sesión 48-97 de junio de 1997, artículo CXII, dejó constancia de que la
jornada de trabajo de los investigadores del Organismo de Investigación
Judicial es de ocho horas diarias, con un máximo de doce cuando así se
requiera, conforme lo aprobó Corte Plena en sesión del 19 de octubre de
1992, artículo XXX, y casos de horas extra se autorizó su pago después
de esas doce horas”.
Como se aprecia los acuerdos de ese Consejo Superior y Corte Plena,
nunca hacen referencia a las jornadas extraordinarias mixtas o nocturnas,
solo incluía la jornada ordinaria diurna y que se debía laborar cuatro horas
cuando fuera necesario y en forma excepcional.
2. Las negociaciones si bien respondieron a la necesidad de los
servidores del ámbito del sector del O.I.J, también fue planteada por un
sentido de conveniencia de la Institución a la cual servimos. En este
sentido, en el acta de Corte Plena donde se conocieron las propuestas
salariales para este ámbito, el Magistrado Alfonso Chaves (Presidente de
la Comisión Negociadora) manifestó lo siguiente:
“Evidentemente, la que se tomó fue la menos cara de las alternativas que
se presentaba, técnicamente analizada por el Departamento de Personal.
Subir las bases, significa mayores reclamos, porque todos aquellos que
estén en la misma clase, cree que se llama así el término, reclamaría lo
mismo...”.
3. En el Organismo de Investigación Judicial, siempre habían existido
turno que se realizaban después del horario normal de trabajo, sin
considerar que estos turnos fueran realizados por otros servidores
diferentes a los que cumplían con el turno normal ordinario. Por ello se
consideró importante por parte de la Junta Directiva de esta Organización
ordenar estas situaciones, sea separando el tiempo de la jornada ordinaria
(40 horas semanales en el Poder Judicial) de lo que corresponde a las
disponibilidades y guardias.
En este sentido, en la primera negociación se estableció una jornada de 12
horas dentro de la jornada diurna ordinaria (de lunes a viernes), siendo
que las cuatro horas posteriores a las 8 horas se laborarían como una
disponibilidad, considerando los acuerdos de Corte Plena del 27 de marzo
del 2001, sesión 8-01 y los posteriores, donde se establece: que una
situación es la disponibilidad, donde el servidor queda a la expectativa de
                                   118

ser llamado a trabajar, y otra el trabajo efectivo que se realice dentro de
estos horarios.
Por esta disponibilidad se dispuso pagar una compensación salarial como
un plus de un 10% y otro 10%, del criterio de peligrosidad. El otro 20%
se dispuso a la variación de jornada, que correspondería básicamente al
trabajo en turnos, a la posibilidad de variar los turnos y horarios en común
acuerdo con los servidores afectados.
No existe hasta hoy una disposición que establezca que los horarios
extraordinarios o de disponibilidad deben cubrirlos otros funcionarios del
O.I.J. diferentes a los mismos que cubren el horario diurno normal, por
ello no se puede decir que laboramos como otros servidores del Poder
Judicial, la policía administrativa u otros dentro de la administración
pública en diferentes turnos de trabajo, como por ejemplo que se labora
24 horas continuas por 12 horas libres, porque en el O.I.J., se cubren los
horarios de trabajo diurnos y extraordinarios con tiempo ordinario, como
se viene realizando, aunque corresponda a la variación de jornada.
4. En el (SIC) sentido debe entenderse por parte de los técnicos de los
Departamentos administrativos lo siguientes:
A. Los servidores del O.I.J. están obligados a atender sus funciones en
todo momento, pero de acuerdo con las negociaciones dentro de la
jornada de las 12 horas, en el entendido que después de las 8 horas
normales de la jornada que trabajo dispuesta en el Poder Judicial, y hasta
los 19:30 horas serán por disponibilidad, y posteriormente hasta el
siguiente día hasta las 7:00 a.m., la cual está organizada en turnos, puesto
que si el trabajador debe presentarse a trabajar deberá reconocerse como
horas extras; las cuales normalmente se le compensan con tiempo entre
semana, no solo por tratarse de horas extras sino porque como haría un
funcionario para atender el horario extraordinario hasta las 7 a.m. y luego
entrar a laborar a las 7:30 a.m. nuevamente, sin descanso.
B. Los horarios dispuestos en tiempo extraordinario mixtos y nocturnos
(Código de trabajo, artículo 138, 139, 140 y 141) que corresponden a los
turnos entre semana, días feriados, sábados y domingos deben
necesariamente cubrirse con un 50% más del salario normal.
No existe jurisprudencia de la Sala Segunda o la Constitucional que
establezca una excepción para funcionarios del Organismo de
Investigación Judicial ni por analogía para no pagar las horas extras que
se cubren en los turnos extraordinarios nocturnos y mixtos.
A pesar de lo expuesto se ha aceptado sobre todo por parte de los
                                   119

servidores fuera del área central, que dicha compensación se realice con
tiempo, porque muchos viven en lugares lejanos a su lugar de trabajo, lo
cual no significa en ningún momento que todos los servidores del O.I.J.
deben aceptar tal disposición.
C. Aceptar los horarios extraordinarios como jornadas ordinarias, de
acuerdo con el planteamiento que se realiza en el informe del
Departamento de Personal como el de la Dirección del Organismo de
Investigación Judicial, en el que se establece que todas las horas laborales
son iguales a pesar de que se realizan en forma continua al horario normal
de trabajo y que están dentro de las 60 horas semanales, incluyendo
sábados y domingos inclusive; sería tanto como que esta Organización
pretendiera que el Poder Judicial pagará fuera del horario normal de ocho
horas a los servidores del O.I.J., todas las horas laboradas; eliminando el
pago de disponibilidad, situación que por demás estaría fuera de las
posibilidades presupuestarias de la Institución. Estas ideas fueron las que
se ventilaron políticamente para realizar las negociaciones y planteaban
situaciones inconvenientes para ambas partes, como las que ahora
técnicamente están afectando en su tiempo libre y el reconocimiento de
este, a los servidores del ámbito del O.I.J., y que no pueden bajo ningún
punto de vista aceptar esta Organización ni sus representados.
Dentro de este orden de ideas aportamos un ejemplo muy particular, como
es el caso de la Sección de Capturas, donde no sólo con escaso personal
(9 personas, que incluye a una compañera) se pretende cubrir los horarios
diurnos, sino que también que el mismo personal cubra dos turnos
extraordinarios de 12 horas, como se establece en el cuadro adjunto de:
7:30 a.m. a las 19:30 p.m. y de 19:30 p.m. a 7:30 a.m., y además durante
una semana completa cubrir una disponibilidad de 24 horas al día. Lo
extraordinario no es solamente el número de horas que deben cubrir por
semana, sino que mientras no cubren turnos extraordinarios, deben estar
disponibles 24 horas diarias, entonces ¿cuándo realizan su trabajo
normal?. Por otro lado, se adjuntan notas de la Jefatura de la Sección
donde propone remedios para atender sus casos, y por otro instaura
horarios excesivos.
5. Consideramos necesario que estas situaciones se corrijan lo antes
posible por las implicaciones laborales, las relacionadas con problemas de
salud ocupacional y familiares que tiene este tipo de medidas totalmente
ilegales, así como las contenidas en el acuerdo mencionado de ese
Consejo Superior, por lo cual solicitamos:
A. Se mantengan los criterios de pago de horas extra tal y como está
                                           120

       establecido en los reglamentos y disposiciones generales del Poder
       Judicial para los horarios extraordinarios mixtos y nocturnos, para todos
       los funcionarios del Poder Judicial, y para los funcionarios del Organismo
       de Investigación Judicial y estas se cancelen con la mayor brevedad
       posible, sin mayor dilación.
       B. Se ordene a la Dirección del Organismo de Investigación Judicial
       corregir la situación que se presenta en la Sección de Capturas con
       respecto a los horarios excesivos.
       C. Que se deje de imponer la compensación de tiempo con tiempo por
       los horarios extraordinarios y de los turnos en días feriados, sábados y
       domingos, cuando el servidor no esté de acuerdo. En todo caso que se
       contrate personal adicional que labore estas jornadas.
       D. Por considerarlo alejado de la realidad y contrario a las disposiciones
       tanto de ese Consejo Superior y de la misma Corte Plena, se le solicite un
       nuevo estudio legal que tome en cuenta la reconsideración presentada por
       esta Organización.”

                                           - 0-

      En notas de 4 de octubre del 2004, los señores Edwin Gerardo Gamboa

Moya, Óscar López Ruiz, y Jhonny Rojas Fernández, Investigadores de la Sección

de Capturas del Organismo de Investigación Judicial, manifestaron:

       “[:..]

            2. Que desde que inicié labores, al suscrito se le ha impuesto una
            tornada laboral de sesenta. horas semanales, a. pesar de que mi
            jornada de trabajo es de cuarenta horas semanales.

            3. Que al suscrito nunca se le ha cancelado suma alguna por
            concepto de jornada extraordinaria, hecho este que resulta ser de clara
            violación a las normas que regulan mi situación laboral.

            4. Que recurro a esta sede en reclamo de mis derechos laborales,
            por cuanto mis superiores inmediatos no han establecido una jornada
            de labores que respete esos derechos, y muy por el contrario,
            continúan imponiéndome jornadas superiores a. las que me
                                          121

           corresponden laborar.

           5. Por demás está decir que las jornadas de sesenta horas de trabajo
           debo cumplirlas incluso en jornadas nocturnas y mixtas, y sin que me
           sea cancelada. suma. alguna por tal hecho. lo que ratifica la violación
           a mis derechos labores en que incurren mis superiores inmediatos.

           Con base en los hechos expuesto, y al tenor de las disposiciones
           contenidas por los numerales 136 siguientes y concordantes del
           Código de Trabajo, me apersono formulando en esta sede, a fin de
           que el mismo sea resuelto así:

           a) Pago al suscrito de todos los montos salariales derivados de la.
           jornada extraordinaria laborada, desde que ingresé a labores para el
           Poder Judicial. y hacia el futuro, sin necesidad de nueva gestión al
           efecto.

           b) Pago de las diferencias que por concepto de salario escolar,
           vacaciones y aguinaldo me corresponden producto de los salarios que
           ahora reclamo.

           c) Pago de los intereses sobre todas las sumas adeudadas, desde que
           debieron ser canceladas, y hasta el efectivo pago de las mismas.

           En caso de que esta gestión no sea resuelta de manera favorable a mis
           pretensiones, dése por agotada. la. vía. administrativa.

       NOTIFICACIONES con el autenticante, en la oficina 210 del edificio
       Cristal, en calles 1 y 3, avenida. primera en esta capital. “

                                          - 0-
      Mediante oficio N° 10417-04 de 25 de octubre del 2004, la Secretaría

General de la Corte trasladó las gestiones anteriores al Departamento de Personal,

a efecto de que rindan el informe correspondiente, sobre lo expuesto por los

señores Rojas Fernández, López Ruiz y Gamboa Moya.

       El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

con oficio N° 1124-JP-2004 de 7 de diciembre del 2004, remite el estudio legal de
                                          122

la licenciada Irma Araya Víquez, asesora de dicho departamento, en el cual

analiza la gestión de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística,

sobre los horarios que debe cumplir el personal del Organismo de Investigación

del Poder Judicial, según lo ordenado por este Consejo en acuerdo tomado en la

sesión 70-04 del 16 de setiembre del año 2004, artículo III.

   Luego de una amplia exposición de legislación y jurisprudencia administrativa,

constitucional y laboral la licenciada Araya Víquez concluye:

           “Criterio Legal:

              En primer término debe tomarse en consideración que de
       conformidad con el Principio de Legalidad (Artículo 11 de la
       Constitución Política y artículos 11 y 13 de la Ley General de la
       Administración Pública), el Poder Judicial, como parte de la
       Administración Pública, solamente puede actuar por disposición expresa
       de la ley, es decir, únicamente puede realizar aquello que le esté
       constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, contrario sensu,
       todo lo que no esté regulado o autorizado, le está vedado realizarlo.

              Por otra parte, atendiendo al recurso de reconsideración interpuesto
       por el Lic. Castro Méndez, Presidente de la Asociación Nacional de
       Investigadores en Criminalística contra el acuerdo tomado por el Consejo
       Superior en la sesión N° 47-04 del 29 de junio del 2004 (artículo
       XXXVI), se tiene que éste manifestó que los acuerdos que con
       anterioridad han adoptado el Consejo Superior y la Corte Plena, nunca
       han hecho referencia a las jornadas extraordinarias mixtas o nocturnas,
       sino a la jornada ordinaria diurna, en la que se debía laborar cuatro horas
       cuando fuera necesario y en forma excepcional. En consecuencia
       consideró que los horarios dispuestos en tiempo extraordinario mixtos y
       nocturnos correspondientes a los turnos entre semana, días feriados,
       sábados y domingos deben cubrirse con un 50% más del salario normal,
       toda vez, que según señaló “No existe jurisprudencia de la Sala Segunda
       o la Constitucional que establezca una excepción para funcionarios del
       Organismo de Investigación Judicial ni por analogía para no pagar las
                                     123

horas extras que se cubren en los turnos extraordinarios nocturnos y
mixtos”. No obstante, de acuerdo al análisis normativo y jurisprudencial
efectuado puede desprenderse con claridad que hay excepciones respecto
de la jornada de trabajo.

       Si bien es cierto, el artículo 58 de la Constitución Política impone
el límite de horas por jornada ordinaria tanto diurna como nocturna, ese
mismo numeral contempla la posibilidad de excepciones en casos o
situaciones muy calificadas que se encuentren determinadas por la ley.
Del mismo modo, el Código de Trabajo establece las regulaciones
correspondientes a las jornadas de trabajo, y en ese sentido, dispone al
igual que el texto constitucional, el máximo de horas que comprende cada
jornada (artículos 135, 136, 137 y 138), excluyendo, a su vez, de esa
limitación, aquellos casos que el mismo menciona, o bien, a los que por
su indudable naturaleza no pueden estar sometidos a jornadas de trabajo
(artículo 143), estableciendo un límite a esas excepciones cuando dispone
que las personas exceptuadas de la limitación de la jornada, "no estarán
obligadas a permanecer más de doce horas diarias en su trabajo". De
esta forma, se puede advertir que existen excepciones a los límites
establecidos respecto de la jornada de trabajo, en razón de las labores
desempeñadas.

        En este orden de ideas debe indicarse que la jurisprudencia
nacional de modo reiterado ha sostenido que la función de policía es de
vital importancia para la sociedad y en consecuencia, por razones de orden
público ha considerado conveniente que se encuentre librada de algunas
limitaciones ordinarias, en la fijación de las reglas de ejecución del trabajo.
Así las cosas, en la resolución de la Sala Segunda, n° 174 de las 15:00 H
del 25 de setiembre de 1991 expresamente se dispuso que “...no es posible
sostener que los agentes del Organismo de Investigación Judicial deban
considerarse sometidos a la jornada ordinaria de trabajo”. No obstante,
cabe agregar que pese a que estos trabajadores se encuentren excluidos de
la limitación de la jornada ordinaria, les asiste la no-obligación de
permanecer más de doce horas diarias en su trabajo (artículo 143 del
Código de Trabajo) y en consecuencia, el tiempo de trabajo que supere
ese límite constituiría entonces jornada extraordinaria.

       Bajo esta coyuntura, nuestros órganos superiores, se mostraron
respetuosos del principio de legalidad que sujeta el funcionamiento del
Poder Judicial cuando establecieron desde la sesión de Corte Plena del 19
de octubre de 1992 (artículo XXX), que la jornada ordinaria de trabajo de
                                   124

los investigadores es de doce horas, incluyéndose el descanso mínimo de
una hora y media. Así las cosas, administrativamente, se estipuló que los
turnos de trabajo se harían de ocho horas con un máximo de doce horas,
cuando así se requiriera, en el entendido de que ese límite mayor (12
horas) correspondería siempre a su jornada ordinaria, misma que tendría
un máximo de sesenta horas a la semana y por consiguiente, el tiempo
efectivo de trabajo después de doce horas al día o de sesenta a la semana,
se pagaría en dinero y de acuerdo con lo que dispone la ley.

      De lo anteriormente expuesto se puede concluir que las
manifestaciones del Lic. Castro Méndez no son legalmente admisibles,
dado que este tema, se ha actuado en estricto apego a la normativa y a los
lineamientos jurisprudenciales aplicables, toda vez, que en estos casos de
excepción a la limitación de la jornada laboral no resultan atinentes las
consideraciones a jornadas diurnas, nocturnas o mixtas aunado a que el
tema de los turnos (modalidad de horario) encuentra pleno asidero en el
marco jurídico, específicamente en lo dispuesto en el párrafo final del
numeral 58 de la Constitución Política y en los artículos 133 y 143 del
Código de Trabajo.

       Por otra parte, debe reiterarse que estos casos el tiempo de trabajo
que supere las doce horas diarias o las sesenta semanales resulta
extraordinario y en consecuencia deberá ser remunerado en los términos
de lo dispuesto por el artículo 139 ídem. Al respecto, la Sala Segunda en
la sentencia N° 193 de las 10:10H del 28 de marzo del 2001, estableció
que “La compensación de horas extra, con días de descanso, no es
permitida en nuestro sistema jurídico; dado que lo que procede, en caso
de que se labore tiempo extraordinario, es su remuneración con un
recargo del cincuenta por ciento, según se extrae de la legislación que
regula el tema”.

       También debe tomarse en considerarse que la Corte Plena, en la
sesión del 19 de octubre de 1992 (artículo XXX), le reconoció a los
investigadores del Organismo de Investigación Judicial y mientras se
mantuvieran como tales, un sobresueldo de un 20% al salario base por
riesgo o peligrosidad, por disponibilidad y por variación de la jornada
(En este momento ese sobresueldo corresponde a un 40%, según lo
dispuso la Corte Plena en las sesiones del 4 y 18 de junio del 2001,
artículo XIX y XLI, respectivamente). Al respecto debe tenerse en cuenta
lo anteriormente expuesto así como el hecho de que la jurisprudencia ha
entendido la disponibilidad como un régimen que obliga al servidor a
                                          125

       estar expectante y localizable en cualquier momento para realizar
       labores extraordinarias, si así se le requiere de acuerdo con las
       necesidades de la parte empleadora. De modo, que su pago tendría como
       finalidad compensar esa situación, limitante de las actividades propias
       de la vida privada de quien está sometido al régimen, con independencia
       de la retribución de las horas efectivamente laboradas, pudiendo el
       servidor recibir sólo el pago de la disponibilidad si no es requerido para
       trabajar o bien las dos retribuciones si realiza las tareas extraordinarias.

              Finalmente, dadas las consideraciones expuestas, esta asesoría
       considera que debe ser el Consejo Superior, quien en el ámbito de las
       competencias y atribuciones asignadas legalmente, decida lo que
       corresponda atendiendo a las circunstancias que el caso plantea y al
       panorama expuesto en el presente informe, así como al bloque de
       legalidad que rige en el Poder Judicial y a la conveniencia institucional
       que media en este asunto.”
                                           - 0-
      El licenciado Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo

de Investigación Judicial, en oficio N° 0797-DG-04 de 15 de diciembre del 2004,

informa lo siguiente:

       “Al respecto, esta dependencia, dispuso solicitar un informe al Lic. Carlos
       Morera Flores, Jefe a.i, del Departamento de Investigaciones Criminales,
       para que hiciera un análisis de los argumentos expuestos por el
       representante de la A.N.I.C., con respecto a los horarios de dicha sección.

       Es este sentido, me permito comunicarle, a ese honorable Consejo, que
       una vez revisado, el documento rendido por el Lic. Morera Flores,
       mediante oficio N° DICR-01076-2004 del 13 de diciembre de este año;
       esta Dirección avala en todos sus extremos, lo manifestado en dicho
       oficio.”

                                           - 0-

      El informe del licenciado Morera Flores dice:

            “Por este medio me permito dar respuesta a su oficio número 0747-
                                   126

DG-2004, relacionado a horas extras y jornadas de trabajo de la Sección
de Capturas de este Departamento.

     Al respecto me permito informarle lo siguiente:

     El horario de trabajo para todas las unidades que componen este
Departamento es el mismo que tiene establecido la Corte Plena, es decir,
ocho horas diarias para todo el personal, tanto administrativo como de
investigación.

      No obstante, El servicio que presta nuestra institución a diferencia
de otros no se puede posponer, ni trasladar, ni delegar, es por ello que el
Organismo de Investigación Judicial labora bajo el sistema de jornadas
rotativas por la continuidad del servicio que presta, así las cosas, debe
permanece abierto veinticuatro horas del día durante todo el año para
brindar un buen servicio público, siendo que, en el Departamento de
Investigaciones Criminales se han establecido roles de trabajo en sus
diferentes oficinas, respetando el tiempo de descanso semanal, con la
particularidad de que dicho rol es alterno, lo que no exime a la Sección de
Capturas.

     El personal de la Sección de Capturas tiene un horario que cubre las
guardias en dos turnos, a saber, diurno de las 07:30 Horas a las 19:30
Horas y nocturno de las 19:30 Horas a las 07:30 Horas del día siguiente,
además cada investigador cubre una disponibilidad de ocho días. Con
respecto al horario de dicha sección, el mismo se escogió por consenso
del personal de investigación, así tendrían más días libres antes de
cumplir con su guardia, lo mismo con la disponibilidad en la Sección,
estuvieron anuentes a hacer la disponibilidad por semana, así pasan tantas
semanas como investigadores tengan para volver a cubrir su
disponibilidad.

      Importante indicarle que ninguna unidad de trabajo de este
Departamento está laborando contrario a la ley o bien, pasando por alto
las disposiciones que sobre ese tema ha tomado el Consejo Superior del
Poder Judicial, no tenemos horarios abusivos, como puede apreciarse, la
legislación laboral permite las jornadas de doce horas como caso de
excepción, supuestos que son acordes para los investigadores del
Organismo de Investigación Judicial, es por ello que el Consejo Superior
del Poder Judicial en sesión celebrada el 19 de Octubre de 1992, artículo
XXX, y 14 de Setiembre de 1995, artículo L)OO(VII, contempló el plus
salarial por concepto de variación de jornada, el cual permite un trabajo
                                          127

       máximo de doce horas para el trabajo ordinario de los servidores y
       sesenta horas semanales, después de lo cual cabría el reconocimiento de
       horas extras.

             De igual forma, el Consejo Superior reiteró las jornadas laborales de
       doce horas mediante acuerdo en sesión número 27-97 del diez de abril de
       1997, artículo XXXVI el cual indica: “ En lo que respecta al tiempo
       efectivo de trabajo de los investigadores después de las doce horas al día
       o de las sesenta horas a la semana, sólo se les autorizará el pago de un
       máximo de 3 horas extras”. Para finalizar le informo que en sesión de
       Corte Plena número 8-01, del 27 de marzo de 2001 se estableció una
       jornada laboral de 12 horas dentro de la jornada diurna ordinaria (de lunes
       a viernes), siendo que cuatro horas posteriores a las ocho horas se
       laborarían como una disponibilidad. Que el plus salarial por
       disponibilidad es de 10%, además 10% por peligrosidad y un 20 % por
       variación de jornada.

             Así las cosas, considero que no hay abuso por parte de los Jefes de
       Sección, y en este caso de Capturas al confeccionar los horarios para esa
       oficina, lo que compruebo remitiendo fotocopia de los horarios de la
       sección Supra de los meses de Setiembre, Octubre, noviembre y
       diciembre del año en curso.”

                                          - 0-
      Por su parte el señor Bolivar Jiménez Castro, Jefe de la Sección de Capturas,

en nota de 20 de diciembre del 2004, comunicó lo siguiente:

       “En revisión que hacemos al documento según lo concerniente a mi
       representada debo indicar que lleva razón el representante de la
       Asociación Nacional de Investigadores al indicar que contamos con
       escaso personal, pero con esfuerzo coordinado con nuestra Jerarquía esta
       situación espera ser resuelta a la mayor brevedad, que dicho sea de paso
       ya hay gestiones avanzadas al respecto.
       Ahora bien, referente a los horarios nuestra oficina con el fin de dar el
       mejor Servicio Público se cuenta con roles de guardia, que cubren las
       veinticuatro horas del día en dos sesiones de doce horas cada una, de las
       que a cada investigador le toca cubrir dos diurnas y dos nocturnas en todo
       el mes. Con el pasar del tiempo se detecta el problema que si algún
       servidor se incapacitaba o faltaba por alguna razón, no teníamos con
       quien cubrir ese horario de trabajo, por lo que como se indicó no podemos
                                          128

       descuidar el servicio que damos a la sociedad y fue necesario crear el
       sistema de disponibilidad, en el cual de darse un caso como el
       mencionado, tenemos otra persona que cubrirá el tiempo laboral. Es
       importante hacer ver que esta situación se da en forma esporádica, pero es
       nuestro deber estar atentos y anuentes al llamado social.

       Ahora bien, refiriéndome a la pregunta de cuando cumplen su trabajo
       normal, es necesario hacer ver que cada investigador cubre
       aproximadamente dos o tres guardias nocturnas durante todo el mes, y el
       resto de los días es el tiempo para realizar su trabajo normal. Por lo tanto
       no existe al presente horarios excesivos, la mayoría cumple horarios de
       ocho horas y solo ciertos días con lapsos entre sí es que, se deben quedar
       las doce horas diurnas, que son de aproximadamente como ya se indicó
       dos veces al mes para cumplir con roles de doce horas legalmente
       establecidos y permitidos por nuestro ordenamiento jurídico y si excede
       de estas se le reconoce al servidor el pago de horas extraordinarias sin
       ningún problema.”

                                           - 0-
      En atención a la gestión de los señores Rojas Fernández, López Ruiz y

Gamboa Moya, Investigadores de la Sección de Capturas, el máster Francisco

Arroyo Meléndez, indicó lo siguiente:

       “En atención de su Oficio N° 10417 del 25 de octubre del 2004, donde se
       solicita informe sobre las manifestaciones de los señores Johnny Rojas
       Fernández, Oscar López Ruiz y Edwin Gamboa Moya, Investigadores de
       la Sección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial, me
       permito indicarle lo siguiente:

       1. El. El Consejo Superior, en sesión celebrada el 6 de setiembre en curso,
          artículo II solicitó informe legal sobre algunas inquietudes presentadas
          por la ANIC y relacionadas con los horarios que debe seguir el
          personal de investigación.

       2. Para esos efectos se presentó el informe AL.DP. N° 139-04, que hasta
          donde conocemos está en estudio de ese Órgano.

       3. La gestión de los citados señores va encaminada hacia los mismos
          puntos, razón por la cual debe resolverse de conformidad con el
                                       129

          criterio legal externado.”

                                       - 0-
      Se acordó: 1. Tener por rendidos los informes y con base en el criterio legal

vertido por la Asesora del Departamento de Personal, acoger las conclusiones, por

considerar que es ajustado a la realidad de la institución y a las directrices que

sobre el tema ha vertido tanto la Corte Plena como este Consejo, lo cual implica

que las jornadas de trabajo de los investigadores del Organismo de Investigación

Judicial, pese a que están exentas de algunas limitaciones ordinarias por la

naturaleza de la funciones desempeñadas, tienen como límite las 12 horas diarias

con hora y media de descanso y el derecho al pago de horas extras cuando se deba

exceder de ese tiempo. 2. Por las mismas razones se deniega el reclamo presentado

por los señores Rojas Fernández, López Ruiz y Gamboa Moya, y se da por agotada

la vía administrativa. 3. Hacer de conocimiento del licenciado Víctor Castro,

Presidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística. 4.

Aclarar al licenciado Morera Flores que en relación con la cita que hace del

acuerdo del Consejo en que aprobó el pago de tres horas extra, fue dejado sin

efecto.

                                 ARTÍCULO LXXVI

      En sesión N° 21-05 celebrada el 29 de marzo del año en curso, artículo

LXXIX, de conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la
                                         130

Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del

Poder Judicial y 56 del Reglamento de Contratación Administrativa, y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría, se adjudicó la

Licitación por Registro N° 2-299-05 al señor Carlos Luis Gómez Saborío, cédula

de identidad 1-606-616, el alquiler del inmueble para alojar la Subdelegación del

Organismo de Investigación Judicial de Cañas, Guanacaste, por una renta mensual

de ¢550.000,00 (quinientos cincuenta mil colones netos).

      Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General que de

conformidad con el acuerdo anterior, la Secretaría General se encuentra trabajando

en el borrador del Contrato, a fin de hacerlo del conocimiento del señor Gómez

Saborío, previamente a la firma de las partes y posterior refrendo de la Contraloría

General de la República.

      El ingeniero Gilberto Jerez Rojas, Alcalde de Cañas, Guanacaste, en oficio

N° OFC-ALC 8766-05 de 29 de marzo último, expresó:

       “Vecinos y educadores del cantón, me han manifestado su gran
       preocupación por la intención de ubicar la delegación del OIJ de Cañas en
       uno de los barrios tranquilos y limpios de la ciudad de Cañas, B.
       Kennedy.
       Salvo mi opinión personal para más adelante y traspaso las inquietudes de
       los vecinos y educadores del Liceo Miguel Araya Venegas e IPEC de
       Cañas quienes en su clamor junto con los vecinos manifiestan que
       reconocen la magnífica labor del OIJ en Cañas, pero que por su seguridad
       y la operatividad de ese Organismo no es recomendable que se afinquen
       en un barrio tranquilo y cercano a dichas instituciones educativas y que
                                          131

       definitivamente se oponen a que esa Institución se traslade a esa
       Institución se traslade a esa ubicación.
       Personalmente, como hombre público que ha tenido la oportunidad de
       colaborar con el OIJ de Cañas, conociendo la calidad de quienes
       componen esa Institución y empleando la máxima de ponerme en el lugar,
       tanto de quien expresa las inquietudes, como de quien labora en el OIJ,
       pienso que no es recomendable ubicar a esa Institución en un barrio
       tranquilo, sin salidas a las arterias importantes del cantón y sobretodo
       alejado de las áreas donde se dan las más importantes acciones dentro de
       la ciudad.
       Respetuosamente insto a los honorables miembros de ese Consejo a
       recapacitar sobre una decisión tan importante para el cantón de Cañas,
       como alcalde no quisiera tener que seguir involucrado en asuntos tan
       delicados, pero como me comprometen, acudo a ustedes, poniéndome en
       forma irrestricta a las órdenes del OIJ y las instituciones que rigen las
       leyes en nuestro cantón siempre con la esperanza de se pueda recapacitar
       en el tema que nos ocupa.”
                                           -0-

      Con ocasión del escrito anterior, el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director

General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio No. 315-D.G.-05 de 7

de abril del año en curso, se refiere en los siguientes términos:

       “…De acuerdo con los resultado obtenidos por los participantes y luego
       de haber analizado los estudios de carácter legal y técnico detallados en el
       respectivo informe, la Proveeduría Judicial recomendó adjudicar la
       licitación a la oferta número 2, presentada por el señor Carlos Luis
       Gómez Saborío.

            No obstante lo anterior, dado que ese Consejo recibió para su
       conocimiento el oficio No. OFC-ALC 8766-05 del 29 de marzo del año
       en curso, mediante el cual el Ing. Gilberto Jerez Rojas, Alcalde de Cañas,
       Guanacaste, traslada la preocupación de vecinos y educadores al respecto,
       hemos considerado oportuno hacer nuestra observaciones en torno a la
       ubicación de los inmuebles, con la finalidad de que la decisión que
       eventualmente se tome considere los intereses institucionales.
       El inmueble corresponde a la oferta número 2 (recomendado por la
                                    132

Proveeduría Judicial) se encuentra ubicado 50 metros este y 25 sur de la
Agencia Telefónica del ICE de Cañas, en una zona residencial,
propiamente en el Barrio Kennedy. Debido a la distribución vial, cuando
los vehículos oficiales deben salir de la Oficina para dirigirse al centro de
la ciudad necesariamente deben pasar frente al Liceo Miguel Araya
Venegas (diurno) y al Liceo Nocturno Juan Santamaría, lo cual además de
dificultar el paso de los vehículos, sobre todo en situaciones de
emergencia que requieren de tiempos de respuesta oportunos, podría
constituir un riesgo para los estudiantes, padres de familia y docentes que
asisten diariamente a estos centro educativos. En este sentido se debe
considerar que en sedes policiales los vehículos deben estar saliendo e
ingresando constantemente, algunas veces con detenidos y otras con
cierta prontitud para atender llamados de la comunidad, de otros cuerpos
policiales o bien situaciones de crisis que requieren de la rápida presencia
del personal de investigación en el escenario de los hechos.
Por su parte, el inmueble correspondiente a la oferta número 1 se
encuentra ubicado al costado suroeste del Estadio Municipal de Cañas,
muy cercana a una vía principal, como lo es la carretera interamericana,
lo cual permite un desplazamiento ágil de los vehículos oficiales y con un
riesgo mucho menor para los transeúntes. Además esta ubicación facilita
el traslado de detenidos y los transbordos que en ocasiones se deben
coordinar con las sedes de Puntarenas, Liberia y Upala.
Valga indicar que oportunamente el Jefe de la Subdelegación Regional de
Cañas, Sr. Eduardo Quesada Méndez, hizo sus observaciones en este
sentido ante los funcionarios de la Proveeduría Judicial, las que
posteriormente también fueron externadas por el Subdirector General a.i.
de este Organismo, Lic. Francisco Segura Montero; sin embargo, en la
última ocasión se nos informó que el documento ya se encontraba listo
para su envío a este Consejo.
En ese momento esta representación no se dirigió al Consejo respetando
el criterio técnico y, además de ello no se había evacuado la duda
presentada sobre una posible interferencia a las señales de radio, debido a
que en la parte trasera del local correspondiente a la Oferta número 1,
hecha por el señor Randall Porras González, se encuentra una empresa
denominada “Cable Satélite Doble R”, la cual tiene instaladas una antenas
parabólicas grandes, que según información suministrada por el dueño
quedarían en ese sitio. No obstante, el día 6 de abril del año en curso el
Técnico en Radiocomunicaciones de este Organismo, señor Alfonso
Alvarado González, se trasladó al sitio, determinando que dichas antenas
                                         133

       no interferirían de ninguna manera con nuestras señales de radio.
       Lo anterior lo hacemos del conocimiento de ese honorable Consejo por
       estimar conveniente que al analizarse la gestión del señor Alcalde de
       Cañas, se valore también el criterio de esta Dirección General sobre el
       particular.”.
                                            -0-

    Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Tener por rendido el

informe de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y

solicitar a los Departamentos de Proveeduría, Servicios Generales, y Seguridad, así

como Salud Ocupacional, un informe en el término de 3 días a partir del día

siguiente del recibo de este acuerdo, sobre las observaciones que se indica hizo

oportunamente el Jefe de la Subdelegación Regional de Cañas, y posteriormente

también fueron externadas por el Subdirector General interino, en cuanto al

alquiler del local para alojar la citada Subdelegación.

                               ARTÍCULO LXXVII

      En nota de 5 de abril en curso, los servidores Francisco Paniagua Rodríguez

y   Filadelfa   Calvo   Aguilar,    Auxiliar      Judicial   y Prosecretaria   General,

respectivamente, con el visto bueno de la licenciada Silvia Navarro Romanini,

Secretaria General de la Corte, presentaron la siguiente gestión:

            “Para los fines consiguientes, les comunicamos que para efectos de
       preparar adecuadamente y a tiempo la agenda para la segunda sesión del
       Consejo Superior de éste día, nos vimos en la obligación de venir a
       laborar el sábado 2 de abril en curso, en los siguientes horarios:
             De las 5:30 a las 12:20 horas Sr. Paniagua Rodríguez
                                           134

             De las 10:50 a las 21:20 horas Sra. Calvo Aguilar
             Lo anterior obedeció al adelantó en el día que se efectuaría la sesión
      de jueves y contar con poco tiempo para incluir los documentos a conocer,
      el cual corrió a partir del viernes 1 ° de este mes, después de que se les
      comunicó que la agenda de la primera audiencia se encontraba en la
      intranet y el lunes hasta las 1 5 : 1 8 horas, que fue cuando se le entregó por
      correo electrónico al Administrador de la Secretaría de la Corte para que
      incluyera la segunda agenda en la intranet.

             Por lo expuesto, muy respetuosamente solicitamos se autorice el
      pago de las horas extras laboradas el día señalado, el cual se puede
      verificar con los guardas que por turno correspondió la vigilancia del
      sótano, quienes muy amablemente nos autorizaron ingresar el vehículo, y
      en el caso de mío (Filadelfa) registré la hora de salida con el guarda que
      custodia el vestíbulo de la Corte.

            Además queremos aclarar que las cinco horas extraordinarias por
      semana aprobadas por ese órgano no fueron suficientes para preparar dos
      agendas para las sesiones que se realizan en un mismo día.”

                                            - 0-
      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar el pago de horas extras a

los servidores Paniagua Rodríguez y Calvo Aguilar, por el 2 de abril del año en

curso, de las 5:30 a las 12:20 horas y de las 10:50 a las 21:20 horas,

respectivamente.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTÍCULO LXXVIII

      En sesión N° 94-04 celebrada el 7 de diciembre del 2004, artículo XL, de

conformidad con lo que establece el artículo 41 del Estatuto de Servicio Judicial,

autorizó el traslado en propiedad de la servidora Evelyn Hernández Mena, Auxiliar
                                          135

Supernumeraria 2 de la Dirección Ejecutiva, en descenso a la plaza Nº 100852 de

Auxiliar Judicial 2 del Juzgado de Pensiones Alimentarias de San Ramón, a partir

del 17 de enero del 2005.

      La licenciada Jennsie Montero López, Jueza del Juzgado Contravencional y

de Menor Cuantía de San Ramón, en nota de 4 de abril en curso, presenta la

siguiente gestión:

       “Luego de un respetuoso saludo y agradecimiento por el recién
       nombramiento hecho en mi persona como Juez Contravencional y de
       Pensiones Alimentarias de San Ramón me permito informar lo siguiente:

       Fui nombrada en el citado despacho en propiedad a partir del primero de
       marzo del actual año, haciendo posesión del cargo el siete de ese mismo
       mes y año dado que me encontraba incapacitada durante este tiempo,
       aproximadamente un mes, he estado en un proceso de evaluación y
       reconocimiento de las fortalezas y debilidades de dicha oficina y no
       puedo esperar más tiempo para hacer de su conocimiento situaciones que
       me parecen en extremo delicadas y urgentes de solución.

       En primer lugar, hago manifiesto mi inconformidad con el traslado en
       propiedad de la señora Evelyn Hernández Mena, como auxiliar judicial 2,
       dado que la misma casi no tiene, -por no decir que no tiene- experiencia
       en las materias que se tramitan. Se ha debido empezar enseñándole no
       sólo a tramitar los expedientes sino también el sistema de gestión. Ha sido
       prácticamente como enseñar a una meritoria. En este sentido, quiero que
       se tome en cuenta que el despacho cuenta con tres auxiliares judiciales y
       una auxiliar de servicios generales 2, a saber:

       EVELYN HERNÁNDEZ MENA, auxiliar judicial 2, IVETH QUESADA
       JIMENEZ auxiliar judicial 1, FRANCICO RODRIGUEZ MONTERO,
       auxiliar judicial 1 y BRENDA GARITA RIVERA, auxiliar de servicios
       generales 2.

       Si contáramos con mayor cantidad de personal no sería inconveniente
       alguno el enseñar prácticamente desde cero a la señora Hernández Mena,
       pero aquí la situación es sumamente difícil. La gran mayoría de los
                                    136

usuarios de esta oficina son por asunto de pensiones alimentarias, es un
usuario a veces difícil y exigente, lo cual es sumamente comprensible, si
pensamos que se trata de conseguir los medios para subsistir tanto él o
ella como sus hijos, de manera que requiere su atención y solución a su
problema lo antes posible. Si ello le unimos el poco personal y el que una
de ellas no conoce la materia ni su trámite, la situación se nos complica
aún más y de hecho se nos ha complicado, al punto que la auxiliar judicial
Iveth Quesada Jiménez y la auxiliar de servicios generales Brenda Garita
se han visto extremadamente recargadas en sus labores. Deben resolver
sus asuntos, atender público y enseñar a la señora Hernández Mena.
Quiero dejar claro que no es un asunto de egoísmo sino de imposibilidad
material y humano. Si bien es cierto cuando se autorizó el traslado de
dicha empleada judicial la suscrita aún no estaba nombrada en este puesto
y por tanto no se me tomó parecer alguno, es lo cierto que en miras a la
excelencia en la prestación de servicio debió haberse valorado que la
misma no contaba con experiencia, que venía de un puesto meramente
administrativo (auxiliar supernumeraria 2 de la Dirección Ejecutiva) y
que no conoce prácticamente nada de lo que aquí hacemos. Agravado por
la circunstancia de que por categoría (auxiliar judicial 2) le corresponde la
coordinación del despacho, y ello ha provocado el malestar y rechazo del
restante personal, porque no logran entender cómo una persona que no
conoce el funcionamiento del mismo, que no sabe tramitar, que no conoce
el sistema de gestión venga ahora a ser la coordinadora de ellos.

Otra situación que me preocupa enormemente es con el auxiliar judicial 1
Francisco Rodríguez Montero, dado que es un empleado sumamente
lerdo, desordenado y no muestra interés en ponerse al día. Soy consciente
también que el atraso no solo es de este empleado y en vista de ello les he
solicitado a cada de los miembros de este Juzgado un inventario de los
expedientes que tienen para resolver. He hecho alguna investigación con
los demás compañeros así como con jueces que conozco y que han estado
en este despacho, con el fin de enterarme en forma objetiva cómo se ha
desempeñado don Francisco y las respuestas que he tenido no son nada
positivas. Incluso se le han cambiado las materias a tramitar, pero no
hemos logrado nada.

Soy conocedora también de la aplicación del régimen disciplinario y para
ello es que, luego de un tiempo de estar aquí, que he pedido el citado
inventario. Sin embargo, mientras tanto el despacho, si me permiten la
comparación está renco, es más es peor que eso, está doblemente renco.
Es por ello que necesito su ayuda lo antes posible, porque ya no podemos
                                         137

       estar dando justificaciones y excusas en el sentido de que contamos con
       poco personal. NECESITAMOS URGENTEMENTE contar no sólo con
       el personal idóneo y capacitado sino también en el número necesario para
       prestar el servicio con excelencia que todo usuario se merece. Por lo
       anterior, reitero mi oposición al traslado efectuado en la señora
       Hernández Mena y si fuera posible solicito la revocatoria del mismo,
       sobre todo pensando que estaría en un período de prueba.

       Agradeciendo la atención a este informe, me despido de Ustedes no sin
       antes quedar a su disposición para ampliar este informe en cualquier
       momento.”

                                         - 0-

      Se acordó:      Tomar nota del escrito de la licenciada Montero López.

Asimismo, la Subunidad Administrativa Regional de San Ramón, procederá a

brindar a la señora Hernández Mena, la capacitación necesaria en el Sistema de

Depósitos Judiciales, así como en aquellos sistemas implementados en ese circuito,

que la señora Hernández, no se encuentre capacitada. En cuanto a la tramitación

de la materia debe remitirse la solicitud de capacitación a la Escuela Judicial.

                               ARTÍCULO LXXIX

      La licenciada Ana Beatriz Méndez Alvarado, en su condición de Secretaria

del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, en

oficio N° 014-CONADM-2005 de 4 de abril en curso, comunica el acuerdo tomado

por ese Consejo en sesión ordinaria N° 007-2005 celebrada el 31 de marzo del año

en curso, artículo VII, que dice:

             “El Dr. Carlos Chinchilla expone que es necesario que se tome
                                   138

alguna decisión con respecto a las personas que se encuentran en la
entrada del edificio, del caso conocido como Bambuzal, al respecto, ellos
manifestaron que se habían ubicado en el edificio a la espera de que se les
resolviera los dos expedientes, uno en el Tribunal Agrario y otro en el
Tribunal de Casación Penal, dichos recursos fueron resueltos,
encontrándose en este momento en otras jurisdicción.

        El problema que tenemos es que este Consejo no tiene
competencia para ordenar el desalojo, por lo que propone remitir una
solicitud al Consejo Superior haciendo del conocimiento de ellos, los
problemas que enfrenta el edificio producto de la estancia por más de dos
meses de estas personas, por cuanto no disponen de las condiciones
mínimas de salud e higiene, para que procedan a coordinar con el
Ministerio de Seguridad el desalojo en un día no hábil.

       El Lic. Milton Castro propone solicitar al Ministerio de Salud un
estudio de las condiciones de estas personas, para que nos sirva de
sustento, inclusive también al Patronato Nacional de la Infancia.

       La Licda. Ana Beatriz Méndez informa que ya se hizo una gestión
a la Directora del Área de Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud,
manifestándole nuestra preocupación por una eventual aparición de
enfermedades, así como focos de infección por la forma de preparación
de los alimentos, los hábitos de higiene y manejo de los enseres, lo cual
podría afectar no sólo a esas personas, sino también a los servidores de
este edificio y a los usuarios(as) que nos visitan diariamente, al respecto
mediante oficio DASG-123-05 la Dra. Rosaura García González,
Directora del Área de Salud de Goicoechea nos remite el informe
presentado por los funcionarios de Vigilancia de Salud, quien
inspeccionaron el lugar el pasado 3 de marzo, quienes mediante oficio
DASG-VS-21.-04 indican que se entrevistaron con las personas y que su
presencia en los tribunales es para presionar ante las autoridades
judiciales, que utilizan los servicios sanitarios del edificio así como
algunos otros de casas de algunos familiares y una iglesia, que utilizan un
tubo en el jardín para abastecerse de agua , la cual sólo la ocupan para
cocinar y bañarse algunos adultos, por cuanto los niños los bañan en los
lavatorios de los servicios públicos del edificio, agregan que cocinan y
calientan con carbón en un anafre algunos alimentos donados y
preparados en otros lugares y que observan ropa tendida en el jardín así
como ollas y trastes con alimentos en el piso y expuestas al sol, por lo que
orientan a las personas sobre la importancia de extremar las medidas
higiénicas, ya que si no cumplen con ellas pueden verse afectados ellos y
                                          139

       otras personas.

              Añaden en el informe que se comentó el caso con la doctora del
       EBAIS de Barrio Pilar con la finalidad de que se mantenga al tanto por
       cualquier eventualidad tipo brote u otro tipo de enfermedad que pueda
       afectar a la población de este sector.

             El Lic. Milton Castro indica que también es muy importante tomar
       medidas para prevenir una reinvasión, también es importante destacar que
       pronto iniciarán las lluvias.

             El Dr. Carlos Chinchilla indica que se podría también solicitar que
       el Ministerio de Seguridad resguarde el edificio, luego del desalojo, en
       caso que se ordene.

             Se acuerda: Discutido ampliamente el tema se dispone: Solicitar al
       Consejo Superior que valore la posibilidad de ordenar el desalojo
       administrativo de las personas de Bambuzal que se encuentran en la
       entrada principal, por cuanto representa un riesgo para los servidores que
       laboramos así como para los usuarios que diariamente nos visitan ya que
       estas personas no cuentan con las condiciones mínimas de salud e higiene
       además que próximamente iniciará la época lluviosa lo cual puede
       coadyuvar a la aparición de enfermedades, además de que da una mala
       imagen al Poder Judicial. Además, que se dirija atento oficio al Ministerio
       de Seguridad Pública, para que ejecute el desalojo administrativo de estos
       ocupantes en un día no hábil. De igual forma, se solicite a dicho
       Ministerio que custodien, por determinado tiempo, el edificio de
       Tribunales de Justicia de Goicoechea, para evitar una nueva invasión.
       ACUERDO FIRME"

                                          - 0-
      En razón de que en las instalaciones del Segundo Circuito Judicial de San

José, se han alojado personas en la entrada principal del edificio, propiedad estatal

destinada a brindar el servicio público de administración de justicia, situación que

está afectando el acceso al edificio a los servidores y usuarios en procura del

servicio que se brinda, aunado a que los ocupantes no cuentan con las condiciones
                                        140

mínimas de salud e higiene, lo que podría ocasionar problemas sanitarios. Se

acordó: Acoger la solicitud del Consejo de Administración del Segundo Circuito

Judicial de San José y prevenir a las personas alojadas en la entrada principal del

edificio de ese circuito, que se identifican como interesados en el caso de

Bambuzal, que desocupen, en el plazo de tres días a partir del día siguiente del

recibo de esta comunicación, el lugar, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se

procederá a desalojarlos, en virtud de que están ocupando un inmueble propiedad

del Poder Judicial.

      A esos efectos se comisiona a la Administradora de ese Circuito, para que

haga la notificación correspondiente. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO LXXX

      La señora Sonia M. Jiménez, Representante en Costa Rica del INCAE, en

nota de 28 de marzo último, le remite al señor Presidente, Magistrado Mora,

invitación al próximo programa que INCAE ha desarrollado, orientado

especialmente a directores de alto nivel en entidades públicas-PADP, “La

Democracia Eficaz:     construyendo     gobiernos   democráticos que impulsen

genuinamente el bienestar colectivo”.

      Se acordó: Tomar nota de la invitación anterior.

                              ARTÍCULO LXXXI
                                       141

      El señor Reinier Tosso Jara, Asistente Judicial de la Sala Constitucional, en

oficio N° SC-801-C-42-05 de 4 de abril en curso, para los fines correspondientes,

comunica que el Recurso de Hábeas Corpus No. 05-002713-0007-CO promovido

por Ligia Rodríguez Pacheco contra el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial

de San José, Sede Hatillo y Desamparados, se ha dictado el voto No. 3574-2005

del 1° de este mes, a las 9:45 horas, cuya parte dispositiva, literalmente dice: “Se

declara con lugar el recurso.    Se condena al Estado al pago de los daños y

perjuicios ocasionados que se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de

lo contencioso administrativo.    Comuníquese.      Notifíquese al Tribunal de la

Inspección Judicial y Consejo Superior para lo de su cargo”.

      Informa la Secretaria General que vía telefónica se solicitó el envío de la

resolución de forma literal, indicándose por parte del señor Tosso Jara que se

encuentra en proceso de redacción y posteriormente se debe proceder a la

recolección de firmas de los señores Magistrados, que de momento no es posible

obtener una copia.

      Se acordó: Tener por hechas las manifestaciones de la Secretaría General y

tomar nota de la comunicación anterior.

                              ARTÍCULO LXXXII

      El licenciado Mario Mena Ayales, Presidente de la Asociación Nacional de
                                          142

Empleados Judiciales y en representación de las Organizaciones del Poder Judicial,

en oficio N° ANEJUD-0076-2005 de 31 de marzo último, solicita una audiencia,

previamente se conozca el dictamen emitido por la Procuraduría General de la

República respecto a las jubilaciones; asimismo reiteran la solicitud de audiencia

para expresar su posición con respecto a los resultados del último estudio actuarial

del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

      Se acordó: Comunicar al licenciado Mena Ayales, que se le recibirá en

audiencia, en fecha que oportunamente se indicará.

                               ARTÍCULO LXXXIII

      El señor José Bonilla Boza, Profesional en Informática 2 del Departamento

de Tecnología de la Información, en nota de 4 de abril del año en curso, manifestó:

       “Laboro para esta institución en forma interina desde el 01/10/2002,
       propiamente en el Departamento de Tecnología de la Información.
             Cuando ingresé a la Institución lo hice ocupando una plaza de
       Profesional en Informática 1, sin embargo, a partir del 01 de enero del
       presente año se me está nombrando en una plaza de Profesional en
       Informática 2 y dado que soy egresado de la maestría de sistemas que se
       imparte en la Universidad Latina de Costa Rica, solicité al Departamento
       de Personal que se me reconociera el plus salarial correspondiente (60%),
       mismo plus que reciben otros compañeros que son egresados de
       licenciatura, sin embargo, se me contestó que el mismo no correspondía,
       ya que el requisito de la plaza es ser bachiller en Ingeniería de Sistema y
       no licenciado o egresado, lo cual me pareció extraño ya que a otras
       personas incluso de este mismo departamento se les ha pagado dicho plus
       en la misma condición mía (egresado de maestría). Consulté si al tener el
       título de máster el mismo se me equiparía con el de licenciatura y se me
       respondió que si, es decir que cuando tenga el título si se me pagaría el
       65% de prohibición correspondiente al grado académico de licenciatura,
                                            143

         lo cual me parece totalmente incongruente ya que si se equipara el título
         de máster con el de licenciado, porque no se puede equiparar el de
         egresado de maestría con el de egresado en licenciatura.
              Ignoro si esto se debe a una mala interpretación del personal que
         atendió mi caso o si mi condición de interino es lo que me pone en
         desventaja, por ello acudo a este Honorable Consejo para que se me
         otorgue el beneficio de recibir el plus salarial por concepto de prohibición
         correspondiente a egresado (60%) desde la fecha que realicé la solicitud
         al Departamento de Personal.”.

                                             -0-

        Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al

Departamento de Personal un informe en el término de 8 días a partir del recibo de

este acuerdo, para que conforme a los requisitos que posee el señor Bonilla Boza,

indique las razones por las cuáles no se le reconoce el porcentaje por concepto de

dedicación exclusiva.

                                 ARTÍCULO LXXXIV

        En sesión N° 04-05 celebrada el 27 de enero del año en curso, artículo

XLVIII, se trasladó a estudio e informe de la Contraloría de Servicios y del

Departamento de Psicología y Trabajo Social, la solicitud presentada por el

licenciado Fernando Vargas Zeledón, Fiscal Auxiliar de Sarapiquí, para que se

tome una decisión que resuelva definitivamente la situación de asistencia por parte

Trabajo Social, de las víctimas en esa zona, especialmente aquellas menores de

edad.
                                          144

      La licenciada Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo

Social y Psicología, en oficio N° DTSP-202-2005 de 28 de marzo último, con

ocasión de lo dispuesto, se pronunció en los siguientes términos:

       “Sobre el oficio 1533-05, del Acuerdo del Consejo Superior en fecha 27
       de enero de 2005, en sesión 04-05 debo manifestar lo siguiente:

             La situación planteada por el Licdo. Fernando Vargas Zeledón,
       Fiscal Auxiliar de Sarapiquí es conocida por este Departamento,
       analizada y se ha intentado la búsqueda de una solución, que la limitación
       de recurso humano profesional no lo permite. Se le dieron al Licdo.
       Vargas algunas alternativas según el alcance de los recursos, pero no se
       logró dar la respuesta que él con toda razón desea y así demanda por el
       artículo 123 del Código de Niñez y Adolescencia.

          Una alternativa iniciada el año anterior, que el traslado de una vez por
       semana de la Profesional en Trabajo Social a la zona de Sarapiquí, los
       días viernes, ante la que ha tenido múltiples limitaciones.

      Uso de vehículo: debe trasladarse con vehículo que es enviado a la zona
       para gestiones administrativas, y por lo tanto es restringido para visitas
       domiciliares.

   Las distancias para la localización de las personas son muy distantes,
     sumado a las restricciones del vehículo que se puede dar.

      El día de traslado de la profesional a la Fiscalía de Sarapiquí, se tiene
       también como alternativa la citación de las partes involucradas para la
       investigación social en el proceso legal por las condiciones económicas y
       distancias geográficas.

      De presentarse las partes motivo del peritaje se pueden atender 2 casos
       por día, por las condiciones mismas de la investigación y el tiempo
       requerido para una gira de un día, a las que se suman las limitaciones del
       uso del vehículo, cuya prioridad del traslado a la zona son otras.
                                       145

   El uso del vehículo y la asignación a la profesional encargada del
    programa de Violencia Sexual Infanto Juvenil está supeditado a la
    distribución del mismo entre los otros profesionales destacados en otras
    áreas en Trabajo Social se debe también a la distribución para las otras
    profesionales asignadas a otros programas de esa oficina regional.

           El número de referencias para peritajes sociales de esa Fiscalía de
    Sarapiquí es muy alta, representando algunos meses hasta un 50% del
    total de las referencias de estos casos de personas menores ofendidas por
    delitos sexuales de la provincias de Heredia.

         Por las razones anteriores, la posibilidad respuesta a los peritajes se
    prolonga en varios meses.

         La problemática descrita, está por lo tanto ligada a la severa
    limitación de recurso humano profesional del Departamento, ya conocido
    por el Consejo Superior.

         En este caso concreto de la Jurisdicción de Sarapiquí se debe señalar
    que es atendido por una profesional en Trabajo Social, destacada en la
    Oficina Regional de Heredia, para la atención de la referencia de todas las
    Fiscalías de esa provincia, con un alto número de solicitudes de casos
    para efectuar peritajes sociales, sesiones de labor socio-educativa, así
    como acompañamientos a Debates o declaraciones en las Fiscalías de
    personas menores de edad según el artículo 123 del Código de la Niñez y
    Adolescencia. Razón por la que el recurso profesional no permite la
    atención y el abordaje, que se debería dar y expuesto con toda razón por
    el Licdo. Vargas.

         Se debe tomar en cuenta que Sarapiquí representa una zona muy
    alejada y extensa para ser atendida por una única profesional, asignada a
    la materia y ubicada en Heredia centro. Esto ejemplificado por el Licdo.
    Vargas, cuando a mediados del año anterior, se deseaba que la Licda.
    Cruz se trasladara por una semana a Sarapiquí, que como en su momento
    se le explicó, no solo pesó el pago del viático, que debe ajustarse al
    presupuesto determinado para la totalidad de la Oficina, con cinco
    profesionales más, sino al tener que dejarse por una semana completa una
    oficina descubierta y la desatención de varias Fiscalías. Tampoco puede
    ser cubierta por otros profesionales, que de acuerdo a los programas
    asignados, se encuentran en iguales condiciones.
                                           146

             Por lo tanto, estimados(as) señores(as) con todo respeto y ante la
       solicitud planteada por el Fiscal Auxiliar de Heredia, sobre la inmediatez
       de la atención y asertividad en la intervención con las personas menores
       de edad, víctimas de delitos sexuales, se requiere de la creación de una
       plaza extraordinaria destacada en la jurisdicción de Sarapiquí.”.

      Por su parte, en oficio N° C 135-05 de 1° de abril en curso, el licenciado

Saúl Arce Brenes, Subcontralor de Servicios, expresó:

       “Presento el informe solicitado mediante el oficio No. 1399-05, de fecha
       23 de febrero pasado, referente al Artículo XLVIII, de la sesión No. 04-
       05, celebrada el 27 de enero del año en curso, en el cual el licenciado
       Fernando Vargas Zeledón, Fiscal Auxiliar de Sarapiquí, expuso la
       problemática que sufren las víctimas menores de edad de esa zona del
       país.

       Al respecto, esta Contraloría de Servicios, desea exponer las siguientes
       observaciones:

       Efectivamente, el cantón de Sarapiquí es una zona de mucha pobreza y el
       más alejado de la provincia de Heredia, aproximadamente a dos horas del
       centro de la misma. Aunado a lo anterior, la mayoría de familias se
       encuentran en fincas bananeras y de difícil acceso, lo cual genera que
       deban de invertir mucho tiempo y recursos en trasladarse de sus hogares a
       los tribunales locales y más aún si deben realizar diligencias en el Edificio
       de los Tribunales de Heredia.

       Preocupa mucho a la Contraloría de Servicios lo expuesto por el
       licenciado Vargas Zeledón, ya que los niños y adolescentes víctimas
       requieren una atención especializada, en razón de la evidente posición de
       vulnerabilidad a la que están sometidos durante los procesos penales, por
       lo cual se hace necesario y prioritario buscar los instrumentos idóneos
       para evitar la revictimización propia de los procesos penales y en especial
       de las personas que han sufrido abuso y explotación sexual.

       La Corte Plena, en su sesión No. 17-98 celebrada el 15 de junio de 1998,
       artículo XXXIII, a solicitud del Magistrado Daniel González, Presidente
       de la Comisión de Asuntos Penales, aprobó la emisión de la Circular 13-
       98 sobre: “Reglas prácticas con ocasión de la promulgación del Código
       de la Niñez y Adolescencia”. En dichas directrices se menciona la
                                      147

   creación de Equipos Interdisciplinarios (E.I.), los cuales están previstos
   en el Código Procesal Penal. En lo que interesa, el artículo 221 de la
   citada normativa indica textualmente:

   “Artículo 221.- Peritajes especiales. Cuando deban realizarse diferentes
   pruebas periciales, como las psicológicas y las médico legales, a mujeres
   y a menores agredidos, o a personas agredidas sexualmente, deberá
   integrarse, en un plazo breve, un equipo interdisciplinario, con el fin de
   concentrar en una misma sesión las entrevistas que requiera la víctima.
   Antes de la entrevista, el equipo de profesionales deberá elaborar un
   protocolo de ella y designará, cuando lo estime conveniente, a uno de sus
   miembros para que se encargue de plantear las preguntas.

   Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá
   realizarse el examen físico de la víctima.”

   Dentro de las atribuciones y obligaciones de los Equipos
   Interdisciplinarios, según la Circular mencionada, se encuentran:

 Atender, asistir y reconocer pericialmente a la población-meta legalmente
  definida (art. 221 C.P.P)
 Prestar apoyo a las autoridades judiciales que lo requieran dentro de los
  propósitos para los que han sido constituidos.
 Acompañar a las víctimas menores de edad, en especial cuando se trate de
  delitos sexuales, cuantas veces la autoridad judicial lo estime necesario.
 Rendir a la autoridad judicial un informe de recomendaciones, en cada
  caso concreto, con el propósito de evitar o de disminuir los riesgos a la
  salud psíquica de la víctima en el caso investigado. Será obligación de la
  autoridad judicial requeriente tomar en cuenta estas recomendaciones al
  momento en que el menor de edad, víctima de algún tipo de agresión,
  deponga en cualquier etapa del proceso.
 Asistir durante el proceso al menor ofendido y a los miembros de su
  familia que no aparezcan como ofensores, finalizado el cual el menor
  deberá ser remitido a la institución correspondiente, si lo amerita el caso,
  para el tratamiento que fuere necesario.
 Apoyar a la autoridad judicial en las entrevistas que deban realizar.

   Por otra parte, la Corte Plena, en su sesión No. 19-02, celebrada el 6 de
   mayo de 2002, artículo XIV, aprobó las “Directrices para reducir la
   revictimización de las personas menores de edad en procesos penales,”
   presentadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
                                       148

    (UNICEF) en conjunto con la Comisión Nacional para el Mejoramiento
    de la Administración de Justicia (CONAMAJ), mediante las cuales se
    pretende cumplir con los siguientes objetivos:

1. Dar cumplimiento efectivo al principio del interés superior del niño y la
   niña y la legislación aplicable:

     Convención Americana sobre Derechos Humanos
     Convención sobre los Derechos del Niño
     Constitución Política
     Código de la Niñez y la Adolescencia
     Código Penal
     Código Procesal Penal
     Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia

2. Disminuir la revictimización del niño, niña y adolescente.
3. Lograr que los operadores y operadoras judiciales apliquen la normativa
   relacionada con la no revictimización de las personas menores de edad.
4. Capacitar y sensibilizar a todo empleado y empleada judicial, que por su
   función tenga contacto con los niños, niñas y adolescentes, en la temática
   de la no victimización de las personas menores de edad.
5. Desarrollar con la mayor prontitud posible, los procesos penales en que
   intervengan niños, niñas o adolescentes como víctimas.
6. Emplear los recursos técnicos disponibles como una forma de disminuir la
   revictimización del niño, niña y adolescente.
    Como puede verse, el Poder Judicial es consciente de la importancia de
    regular mediante directrices todo lo relacionado con la atención de los
    niños, niñas y adolescentes víctimas en los procesos penales. Sin
    embargo, no se han establecido los mecanismos que permitan darles
    adecuado cumplimiento en la práctica. Aunque la Contraloría de
    Servicios ha recibido algunas gestiones de personas usuarias que
    reclaman la revictimización de los menores en los procesos, aún
    desconocemos cuál es la instancia apropiada a la cual le compete el
    análisis específico de este tema y supervisar el cumplimiento de las
    directrices en esta materia.
    Conocemos las limitaciones presupuestarias actuales, las cuales dificultan
    la adopción de algunas soluciones, pero es innegable la responsabilidad
    de la institución de velar por el bienestar de las víctimas, sobre todo por
    tratarse de menores de edad.
                                           149


       Por lo expuesto, de manera muy respetuosa, realizamos las siguientes
       recomendaciones:

    1. Solicitar a las oficinas competentes y a las autoridades judiciales
       respectivas, el cumplimiento de la Circular No. 13-98, aprobada por la
       Corte Plena, sesión No. 17-98 del 15 de junio y de las Directrices para
       reducir la revictimización de las personas menores de edad en procesos
       penales, también aprobada por Corte Plena, sesión No. 19-02, del 6 de
       mayo de 2002.

    2. Designar un órgano responsable de velar por el fiel cumplimiento de las
       directrices mencionadas en el acápite anterior, a quien se le puedan
       transmitir para su análisis, las gestiones que en relación con el
       cumplimiento de las directrices interpongan los servidores judiciales y las
       personas usuarias.

    3. Que se solicite a la oficina de Trabajo Social de los Tribunales de Justicia
       de Heredia, que coordine con la Fiscalía de Sarapiquí, para que en lo
       sucesivo se traslade a dicha zona el equipo interdisciplinario (Trabajadora
       Social y Psicólogo), las veces que sea necesario para asistir al niño, niña o
       adolescente, en el proceso de contención emocional requerido, en virtud
       de lo difícil que es para las víctimas su traslado a los Tribunales de
       Justicia de Heredia u otro lugar.

    4. Que se coordinen acciones con la Oficina de Atención a la Víctima del
       Ministerio Público, para que ésta brinde apoyo a los miembros de la
       familia del menor, durante el proceso, y colabore con la identificación las
       instituciones a las cuales puedan ser remitidos el menor y su familia, para
       que reciban el tratamiento que requieran, una vez finalizado el proceso.”.

      Se acordó: 1) Tener por rendidos los informes anteriores. 2) Denegar la

propuesta del Departamento de Trabajo Social, en cuanto a crear una plaza

extraordinaria de Trabajo Social para ser destacada en la jurisdicción de Sarapiquí,

toda vez que para este año se agotaron los recursos presupuestarios para la

creación de plazas extraordinarias. 3) Reiterar la circular No. 13-98, aprobada por
                                        150

la Corte Plena, sesión No. 17-98 del 15 de junio y de las Directrices para reducir la

revictimización de las personas menores de edad en procesos penales, también

aprobada por Corte Plena, sesión No. 19-02 del 6 de mayo de 2002. 4) Se designa

a la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Violencia Doméstica y Menores,

como órgano responsable de velar por el fiel cumplimiento de las directrices

mencionadas en el acuerdo de Corte Plena y de conocer y analizar, las gestiones

que en relación con el cumplimiento de las directrices interpongan las servidores

judiciales y las personas usuarias.      5) La Oficina de Trabajo Social de los

Tribunales de Justicia de Heredia, coordinará con la Fiscalía de Sarapiquí, para que

en lo sucesivo se traslade a dicha zona el equipo interdisciplinario (Trabajadora

Social y Psicólogo), las veces que sea necesario para asistir al niño, niña o

adolescente, en el proceso de contención emocional requerido, en virtud de lo

difícil que es para las víctimas su traslado a los Tribunales de Justicia de Heredia y

otro lugar.   6)   El licenciado Vargas Zeledón, coordinará con la Oficina de

Atención a la Víctima del Ministerio Público, para que ésta brinde apoyo a los

miembros de la familia del menor, durante el proceso, y colabore con la

identificación de las instituciones a las cuales puedan ser remitidos el menor y su

familia, para que reciban el tratamiento que requieran, una vez finalizado la causa.

                               ARTÍCULO LXXXV
                                       151

      En sesión No. 19-05 celebrada el 15 de marzo del año en curso, artículo LV,

se acogieron las recomendaciones del informe No. 207-DO-2004-B de la Sección

de Desarrollo Organizacional del Departamento de Planificación, en que se analiza

la estructura formal con que debe contar el Departamento de Trabajo Social y

Psicología, a nivel de jefatura, subjefatura y supervisión de cada una de las áreas,

con ocasión de la creación de la plaza de “Supervisor de Área de Psicología”.

      En nota de 1° de abril del año en curso, las licenciadas Digna L. Aguilar B.,

Olga Marta González V, Violeta Vásquez R., Maritza Fonseca S., Nidia Sánchez

Boschini, doctora Eva M. Camacho V. y los licenciados Jorge A. Marchena R. y

Erick Zamora Chaves, Trabajadoras Sociales, Psicólogas y Jueces de los Juzgados

Primero y Segundo de Familia, del Tribunal de Familia y Juzgado contra la

Violencia Doméstica de San José, solicitan se les incluya en la notificación, así

como en la información del contenido del acuerdo citado. Lo anterior con el

propósito de poder conocer sus alcances e implicaciones y si fuese necesario

realizar las gestiones pertinentes.

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y notificar a los citados

profesionales el acuerdo tomado en la sesión del 15 de marzo del año en curso,

artículo LV.

                               ARTÍCULO LXXXVI
                                          152

      En sesión No. 12-05 del pasado 22 de febrero del año en curso, artículo

XLII, se le solicito al licenciado Fabián Barrantes Rodríguez, Jefe del

Departamento de Información y Relaciones Públicas, que esa jefatura junto con su

personal, proponga un nuevo nombre para el departamento, que sea acorde con las

funciones que realiza.

      El licenciado Barrantes Rodríguez, en oficio No. DIRP-058-05 de 31 de

marzo último, comunica:

       “…muy respetuosamente me permito proponer el cambio de nombre del
       despacho a mi cargo para que en lo sucesivo se denomina “Departamento
       de Prensa y Comunicación Organizacional”. Asimismo, en virtud de que
       este departamento cuenta con dos áreas de trabajo con funciones muy
       bien definidas (Prensa y Proyectos Especiales) también recomendamos
       que el Área de Proyectos Especiales se denomine Área de Comunicación
       Organizacional debido a la importante labor que desarrolla en la
       implementación de estrategias de comunicación internas y externas (Se
       adjunta resumen con los proyectos que tiene a su cargo esta Área).

             Lo anterior se fundamenta en el trabajo que desarrolla cada una de
       dichas áreas mediante su relación constante con los públicos internos y
       externos, que incluye la comunicación interinstitucional, la atención de
       grupos de extranjeros que requieren ampliar sus conocimientos sobre la
       administración de justicia en nuestro país, la elaboración y ejecución de
       campañas y estrategias de comunicación en los ámbitos interno y externo,
       la constante relación con los diferentes medios de comunicación
       nacionales, regionales e internacionales, así como la labor que realiza este
       departamento como responsable de la comunicación institucional para
       mantener informados a todos los servidores judiciales sobre las
       principales actividades que desarrolla el Poder Judicial, utilizando para
       ello los instrumentos idóneos que permitan el acercamiento con nuestros
       públicos en procura del cumplimiento de los objetivos institucionales.

           En el caso concreto del Área de Prensa, que en otros países se les
       denomina como gabinetes de prensa, es importante señalar que ésta se
                                             153

       ocupa de combinar las necesidades de transparencia con el respeto y la
       distancia necesaria hacia los jueces y la función judicial. Por ello se ha
       organizado con el debido cuidado para que pueda canalizar hacia la
       opinión pública la actividad jurisdiccional pero no para coartar la libertad
       de información y a la vez no causar perjuicio a los procesos judiciales
       sobre lo que la prensa informa.

             En ese sentido, el concepto de comunicación organizacional se
       adapta muy bien al trabajo profesional de quienes conformamos este
       departamento, ya que según lo define la doctrina en comunicación, es el
       conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el
       flojo de información que se da entre los miembros de una organización,
       entre la organización y su medio, y además permite influir en las
       aptitudes, opiniones y conductas de los públicos internos y externos de la
       organización.

             Por lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el Consejo
       Superior para este servidor junto con el personal a mi cargo proponga un
       nuevo nombre para este departamento acorde con las funciones que
       realizamos, muy respetuosamente solicitamos que en adelante este
       despacho se denomine Departamento de Prensa y Comunicación
       Organizacional.”.

                                       -0-

      Se acordó: 1) Tener por rendido el informe anterior y aprobar el nuevo

nombre propuesto para el Departamento de Información y Relaciones Públicas, el

cual se denominará en adelante “Departamento de Prensa y Comunicación

Organizacional”. Asimismo, ese departamento emitirá una circular en que se dé a

conocer a todos los interesados el nuevo nombre. 2) Los Departamentos de

Personal y Planificación tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                               ARTÍCULO LXXXVII

      La licenciada Leda María Corrales Barboza, Jueza de Ejecución de la Pena
                                         154

del Primer Circuito Judicial de San José, en nota de 6 de abril en curso, informa

sobre la visita carcelaria efectuada al Centro Institucional Buen Pastor, el 31 de

marzo último.

      Se acordó: Tomar nota y hacerlo del conocimiento de la señora Ministra de

Justicia y del señor Director de Adaptación Social.

                              ARTÍCULO LXXXVIII

      Los licenciados Ennia Álvarez Umaña y Efraín Marín Madrigal, Jueces del

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Aserrí, en nota de 1° de abril en

curso, manifestaron lo siguiente:

       “Sirva la presente para saludarlos y a la vez plantearles una profunda
       inquietud que nos aqueja en este Despacho “CARENCIA DE UNA
       PERSONA IDÓNEA QUE LLEVE LOS ASUNTOS DE CAJA”.
       Efectivamente, y como ustedes bien los saben, la gran responsabilidad
       que esto conlleva, nos preocupa enormemente, pues el auxiliar quien tiene
       recargada dicha función, no está capacitado para dichos menesteres y es
       precisamente quien tiene que llevar sus otras funciones de coordinar, por
       lo que, no está de acuerdo en seguirla realizando, ya que eso implicaría
       descuidar las propias de su cargo.
       De ahí, que, y para evitar cualquier manejo inadecuado en tan delicada
       labor, es que solicito respetuosamente a su digna autoridad sean muy
       servidos en buscar una solución a dicho problema a la mayor brevedad
       posible, ya sea prestándonos la colaboración de un auxiliar cajero, o bien
       un supernumerario que pueda dedicarse a llevar dicha función.”.

                                          -0-
    Se acordó: Trasladar la gestión anterior a estudio e informe del Departamento

de Planificación y entre tanto, se solicita al Departamento Financiero Contable,
                                        155

brinde al servidor que al efecto realiza esa labor, la capacitación necesaria para el

buen desarrollo de ésta.

                              ARTÍCULO LXXXIX

      En sesión N° 13-05 celebrada el 24 de febrero del año en curso, artículo CII,

se autorizó el pago de 120 horas extras a un Auxiliar de Servicios Generales 3 del

Departamento de Seguridad, para que laborara durante el período del 21 de febrero

al 11 de marzo del presente año, en la custodia de activos del Poder Judicial, con

motivo de la destrucción de vehículos en el Depósito de Vehículos Decomisados.

      El señor Jorge William Calvo Madrigal, Encargado del Depósito de

Vehículos Decomisados, mediante correo electrónico de 1 de abril en curso,

comunicó que en el proceso de destrucción de vehículos efectuada del 28 de

febrero al 16 de marzo del año en curso, no fue necesaria la colaboración del

Auxiliar de Servicios Generales 3 (Guarda), por lo que se estará coordinando con

el Departamento de Seguridad, para que colaboré en la próxima destrucción.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior, y dejar sin efecto el

acuerdo tomado en la sesión No. 13-05 del pasado 24 de febrero, artículo CII.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTÍCULO XC

      El máster Alexander Obando Meléndez, Director del Instituto Nacional de
                                          156

Criminología de la Dirección General de Adaptación Social, en oficio N° DINC.

361-2005 de 17 de marzo último, expuso lo siguiente:

       “... remito fotocopia de la página 3 del Decreto Oficial La Gaceta N° 53
       de fecha miércoles 16 de marzo del 2005, donde se publicó el Decreto N°
       32265-J.
       En el Decreto supracitado se modifica el Reglamento Orgánico y
       Operativo de la Dirección General de Adaptación Social, Decreto N°
       22198-J publicado el 1 de junio de 1993.
       Los artículos reformados son el 59 y el 68 de dicho Decreto, en lo
       referente a los plazos de valoración para el Plan de Atención Técnica y
       plazos de la valoración para efectos de cambio del Nivel de Atención
       Institucional al Nivel Semi Institucional.
       A partir de la presente fecha la institución está definiendo una estrategia
       de información a la población penal.
       No omito manifestar, que el fin de esta normativa es mejorar la calidad de
       atención a la población.”.

                                          -0-

    Se acordó: Tomar nota y emitir una circular dirigida a los Jueces de ejecución

de la pena, en que se les comunica que mediante Decreto No. 32265-J publicado en

La Gaceta No. 53 del pasado 16 de marzo, se modificó el Reglamento Orgánico y

Operativo de la Dirección General de Adaptación Social, Decreto No. 22198-J

publicado el 1° de junio de 1993, en cuanto a los artículos 59 y 68 de dicho

decreto, referentes a los plazos de valoración para el Plan de Atención Técnica y

plazo de la valoración para efectos de cambio del Nivel de Atención Institucional

al Nivel Semi Institucional.
                                          157

   La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su cargo.

                                  ARTÍCULO XCI

      Mediante correo electrónico de 5 de abril en curso, el licenciado Alfredo

Jones León, Director Ejecutivo, remite estudio de ambiente laboral efectuado por

la Unidad de Atención Psicosocial a la Dirección Nacional de Notariado, cuyas

recomendaciones, literalmente dicen:

       “…

       1. Que la licenciada Alicia Bogarín Parra se acoja al derecho de
       jubilación solicitado por ella misma y aprobado por el Consejo Superior
       en sesión N° 10-05, Artículo XXV del 15 de febrero de 2005. Esta
       recomendación y las siguientes, se plantearon en fecha 05 de abril de
       2005 a la señora Bogarín Parra, quien se mostró renuente y en desacuerdo
       con la misma.
       2. Que el Consejo Superior disponga que el Tribunal de la Inspección
       Judicial investigue las condiciones del clima laboral reportadas por parte
       del personal y que son sugerentes de acoso psicológico en la Dirección
       Nacional de Notariado.
       3. Que la Unidad de Atención Psicosocial continúe la asesoría en
       asertividad y manejo de conflictos al personal que así lo solicite a esta
       instancia y que esté dispuesto a un compromiso real para su mejoramiento
       como grupo de trabajo.
       4. Que por la instancia que se considere pertinente, se clarifiquen los
       alcances y límites del puesto de Administrador (a) en esta oficina en tanto
       este aspecto se ha perneado de los conflictos descritos. La recuperación y
       restablecimiento del equilibrio grupal requeriría esta condición.”.
                                          -0-
   Se acordó: 1)       A excepción de la primera, acoger las recomendaciones

anteriores, las que deberán ser acatadas a la brevedad por el Tribunal de la
                                         158

Inspección Judicial, la Unidad de Atención Psicosocial y el Departamento de

Personal, para lo que a cada uno de ellos corresponda. 2) Este Consejo no acoge la

recomendación número uno por cuanto no se considera que solucione el problema

de ambiente laboral en ese despacho, además de que el ejercicio del derecho de

jubilación es     personal, y salvo en los casos de excepción establecidos

expresamente en la ley, este órgano no puede obligar a un servidor a que lo haga

efectivo.

                                 ARTÍCULO XCII

      El licenciado Juan Antonio Ulate Carballo, Juez del Juzgado Penal de

Liberia, en nota de 4 de abril en curso, expuso lo siguiente:

       “1. En el año 2003 sufrí accidente que ameritó incapacidades
       consecutivas por un lapso superior a los cinco meses, por lo que por
       resolución de ese Consejo Superior N° 1281-2003 de fecha 9 de julio del
       2003 se me remitió a valoración médica por parte del Departamento de
       Medicina Legal a fin de que se determinara mi estado de salud. Ante tal
       decisión después de la valoración de mi caso, la Dirección del
       Departamento de Medicina Legal mediante dictamen médico legal N°
       JDML 2003 1381 del 30 de setiembre del 2003 concluyó que presenté
       trauma cráneo encefálico, que ameritó tratamiento médico quirúrgico
       especializado, internamiento hospitalario e incapacidades, señalándose en
       la conclusión que en caso de requerir valoración de mi estado secuelar
       debería ser valorado nuevamente cuando fuera dado de alta por los
       médicos tratantes.
       En junio del 2004 terminé mi tratamiento médico, pero a pesar de ello he
       venido presentando secuelas debido a ese trauma sufrido, tales como
       olvido de situaciones determinadas, sobre todo nombres de personas,
       trastorno del sueño, problemas en la locomoción debido a cefaleas y
       mareos y sobretodo he venido presentando conflictos afectivos con mi
       familia, lo que conllevó incluso a variar otras incapacidades durante el
                                         159

       año pasado. Esta situación se ha venido agudizando en los últimos días,
       por lo que por este medio acudo ante ustedes con el fin de que de manera
       urgente se ordene una valoración final por parte de la Jefatura de
       Medicina Legal, y así poder establecer si por mi estado de salud estoy o
       no capacitado para continuar prestando mi servicio en el Poder Judicial.”
                                          -0-

    Se acordó: Acoger la solicitud del licenciado Ulate Carballo y remitirlo a

valoración médica por parte del Consejo Médico Forense, para que determine su

estado actual de salud.

                                ARTÍCULO XCIII

      En sesión No. 16-05 del 8 de marzo del año en curso, artículo XXI, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:

             “En sesión N° 3-05 del 25 de enero del presente año, artículo LXIV,
       se tomó nota de resolución de la Sala Constitucional de las 11:20 horas
       del 16 de julio del 2004, en que anuló los acuerdos tomados por este
       Consejo, en sesiones números 76-03, 13-04 y 15-04 celebradas el 9 de
       octubre del 2003, 24 de febrero y 2 de marzo del 2004, artículos LIII,
       XVIII y LIX, respectivamente, en que declaró con lugar recurso de
       amparo interpuesto por el señor Henry Guillén Serrano, Oficial de
       Localización, Citación y Presentación de la Fiscalía de Grecia, en cuanto
       a que corresponde a la autoridad judicial determinar si la medida cautelar
       es o no con goce de salario.
             El licenciado Rafael Ángel Durán Cortés, Juez del Juzgado Penal
       del Segundo Circuito Judicial de San José, en nota recibida el 7 de marzo
       en curso, expresó:
       “Por haberlo dispuesto así en la sumaria 03-000354-0075-PE, por
       Peculado contra Henry Guillén Serrano en daño de la Administración de
       Justicia, se les comunica que mediante resolución de las dieciséis horas
       del veintiocho de febrero del presente año, titulado “Se mantiene y
       Prorroga Medida Cautelar de Suspensión en el Ejercicio del Cargo al
       indiciado Henry Guillén Serrano por tres meses más venciendo la misma
       el 28 de mayo del 2005. Se le adjunta copia de dicha resolución para lo
       que corresponda.”
                                          160

                                            -0-
             Previamente a resolver lo que corresponda, por mayoría, se acordó:
       Solicitar al licenciado Durán Cortés, que con vista en la resolución de la
       Sala Constitucional citada en el acuerdo de referencia, sea esa autoridad
       judicial la que expresamente señale si la suspensión de don Henry es con
       o sin goce de salario, y no dejarlo a interpretación de este Consejo; por lo
       que deberá, en ese sentido, adicionar su pronunciamiento contenido en la
       resolución de las dieciséis horas del 28 de febrero del presente año. Se
       declara acuerdo firme.
             El licenciado Martínez Fernández, votó por tomar nota de la
       comunicación hecha por el juez del Juzgado Penal del Segundo Circuito
       Judicial de San José.
                                           -0-

      El licenciado Rafael Ángel Durán Cortés, Juez del Juzgado Penal del

Segundo Circuito Judicial de San José, en facsímil de 7 de los corrientes, informa:

       “…con respecto a la causa No. 03-000354.0075 por el delito de peculado
       contra Henry Guillén Serrano en daño de la Administración de Justicia, le
       informo que el Tribunal de Juicio de este circuito mediante apelación que
       hiciera el defensor particular del imputado contra la prórroga de la
       medida cautelar, conoció y dispuso: POR TANTO: De conformidad con
       lo expuesto artículos 2, 175, 178, 244, 257 del Código Procesal Penal se
       declara la ineficacia de la resolución apelada, se declara una actividad
       procesal defectuosa de carácter absoluto y se deje sin efecto la medida
       cautelar de suspención del cargo impuesta a Henry Guillén Serrano, por el
       delito de peculado en perjuicio de la función pública. Debiendo en
       consecuencia el Juzgado A quo informar al patrono lo pertinente.
       Notifíquese. Así de esta manera le dejo la información requerida,
       informándoles que el expediente será devuelto a la Fiscalía de Alajuela
       para que puedan continuar con la tramitación.”.

                                           -0-

      Se acordó: Toma nota de la comunicación anterior.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

                                 ARTÍCULO XCIV
                                         161


      La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefe interina del Departamento de

Proveeduría, en oficio N° 1895-DP/28-05 de 31 de marzo último, presenta la

siguiente gestión:

        “En referencia a la Licitación Restringida Nº 3-310-05 “Compra de
       archivadores de cartón tipo carta y tipo oficio”, remitimos a usted la
       documentación adjunta, para que sea sometida a conocimiento del
       Consejo Superior, a efecto de que tomen el acuerdo que consideren
       conveniente.

              En este sentido, es importante indicar que el plazo de 30 días
       hábiles dispuesto en la cláusula 2.1.15 del cartel para resolver esta
       contratación vence el jueves 28 de abril de 2005.

             Al tenor de los artículos 56 del Reglamento General de
       Contratación Administrativa, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras
       del Poder Judicial, el pliego de condiciones y de acuerdo con los
       documentos aportados y los que conserva esta Proveeduría, se determinó
       que:

       Ofertas recibidas en el presente concurso:

       Para este concurso se recibieron cuatro ofertas correspondientes a:

       N° 1: Direx Internacional S. A., cédula jurídica 3-101-076898-24.
       N° 2: Distribuidora Ramírez y Castillo S.A., cédula jurídica 3-101-
       080638-37.
       N° 3: Jiménez y Tanzi S.A., cédula jurídica 3-101-006463.
       N° 4: Sauter Mayoreo S.A., cédula jurídica 3-101-217607.

       Análisis de las ofertas:

       Mediante el oficio 1587-DP/28-05 de 14 de marzo del año en curso, se
       solicitó a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, el
       estudio del marco legal de las cuatro ofertas recibidas, para lo cual se
       señaló:

       “Con el ruego muy atento de que se proceda al estudio legal de las cuatro
                                  162

ofertas recibidas, adjunto expediente administrativo de la Licitación
Restringida Nº 3-310-05, denominada “Compra de archivadores de cartón
tipo carta y tipo oficio”.

      Al indicado efecto, y con la finalidad de determinar tanto la
admisibilidad de las ofertas y qué defectos u omisiones serían subsanables
en caso de requerirse, seguidamente se detallan los aspectos más
relevantes que se han advertido por parte de este Despacho, producto de
su revisión inicial:

Oferta Nº 1 Direx Internacional S. A., C.J. N° 3-101-076898-24:

           Aporta fotocopia de la cédula jurídica y de la cédula de
     identidad, sin certificar.
           Aporta fotocopia de la certificación de la personería jurídica,
     no indica la fecha de vigencia, ni el plazo social.
           Presenta fotocopia de la certificación sobre la naturaleza y
     propiedad de las cuotas y acciones.

Oferta Nº 2 Distribuidora Ramírez y Castillo S.A., C.J.        N° 3-101-
080638-37:

           En la certificación de personería jurídica, no se indica la
     fecha del poder, ni el plazo social.

Oferta Nº 3 Jiménez y Tanzi S. A., C.J. Nº 3-101-006463:

            Aporta fotocopia de la cédula de identidad, sin certificar.
           En la certificación de personería jurídica, no se indica la
     fecha de vigencia, ni el plazo social.
           El comprobante de depósito de garantía, por error indica
     “Garantía de cumplimiento”, siendo lo correcto “Garantía de
     participación”, sin embargo el Depto. Financiero Contable
     procederá a su corrección.

Oferta Nº 4 Sauter Mayoreo S.A., C.J. Nº 3-101-217607:

           Aporta fotocopia de la cédula jurídica, sin certificar.
           En la certificación de personería jurídica, no se indica la
     fecha de vigencia.
                                   163

      En lo relativo al ajuste de las ofertas a las especificaciones
cartelarias, se solicitó la colaboración correspondiente al Proceso de
Aprovisionamiento, instancia que desde el campo de su competencia,
emitirá el informe respectivo.”

Análisis legal:

Mediante oficio N° 358-DE/AL-04 recibido 17 de marzo del año en
curso, el licenciado Carlos T. Mora Rodríguez, Asesor Legal de la
Dirección Ejecutiva, al referirse al estudio legal de las ofertas recibidas,
señaló:

“En atención al oficio #1587-DP/28-05 de 14 de marzo en curso, suscrito
por el licenciado Jorge Eduardo Ramírez Vega, Jefe a. i. del Proceso de
Adquisiciones de ese departamento, requiriendo el análisis legal de las
ofertas recibidas en la Licitación Restringida N°3-310-05, cuyo objeto
es la “Compra de archivadores de cartón tipo carta y oficio”; me
permito referirle lo siguiente:

Las ofertas de DIREX INTERNACIONAL S.A., DISTRIBUIDORA
RAMÍREZ Y CASTILLO S.A., JIMÉNEZ Y TANZI S.A. Y SAUTER
MAYOREO S.A., califican legalmente a una eventual adjudicación.

Conforme lo dispone el artículo 56 del Reglamento General de
Contratación Administrativa, ese Departamento puede prevenir a los
oferentes para que subsanen los aspectos señalados en el oficio de cita.”

Prevenciones:

De acuerdo con lo externado en el informe de Asesoría Legal se procedió
a realizar las prevenciones respectivas a las empresas Direx Internacional
S.A., Distribuidora Ramírez y Castillo S.A., Jiménez y Tanzi S.A. y
Sauter Mayoreo S.A., las cuales se cursaron en fecha 18 de marzo del
presente año, otorgándoseles un plazo de 3 días hábiles para el aporte de
la información.

Las prevenciones realizadas a Direx Internacional S.A., Distribuidora
Ramírez y Castillo S.A. y Sauter Mayoreo S.A., fueron atendidas en
tiempo y fecha en una forma satisfactoria; no obstante, de la empresa
Jiménez y Tanzi S.A. a la fecha, no se ha obtenido respuesta.
                                   164

Al respecto el artículo 56 del Reglamento General de Contratación
Administrativa entre otras cosas indica: “... y concederá un plazo de
hasta tres días hábiles, para que subsane cualquier defecto formal...”

El artículo 56.1.3 del Reglamento General de Contratación
Administrativa reza: “Si la prevención para subsanar no es atendida en
tiempo, la Administración procederá a descalificar al oferente de que se
trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa
audiencia, la garantía de participación”.

En relación con lo anterior, y en virtud de que la Administración debe
cumplir con un procedimiento en plazos determinados, se procede a
analizar la permanencia en el concurso de la empresa Jiménez y Tanzi.
Se indica que no presentó la copia de la cédula de identidad debidamente
certificada, lo cual no altera aspectos sustanciales del concurso. Por otra
parte, los defectos acusados en la certificación de personería jurídica, de
acuerdo con el cartel en su cláusula 2.1.7., son que no se indicó la fecha
de vigencia, ni el plazo social; sin embargo, la certificación notarial,
visible a folio siete de ofertas, reza: “La existencia y vigencia de la
sociedad de esta plaza [...] Además la sociedad contará con un Gerente y
un Subgerente, corresponde al Presidente, Vicepresidente, Gerente y
Subgerente, la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, para
lo cual tendrán las facultades de Apoderados Generalísimos sin Límite de
suma en forma conjunta o separada [...] el plazo de nombramiento tanto
de los miembros de la Junta Directiva como del Gerente y del Subgerente
es por todo el plazo social”. Si bien se desatendió la prevención cursada
para perfeccionar la certificación de personería jurídica, los elementos
omisos no afectan el fondo y la validez del documento, dado que la
Sociedad está vigente según lo certifica el Notario Público y sobre el
poder del signatario de la oferta no se indica que haya expirado, por lo
tanto, son aspectos insustanciales que no ameritan la exclusión de la
oferta, todo lo anterior, de acuerdo con lo indica el numeral 56.2 del
Reglamento General de Contratación Administrativa, que indica en lo
conducente: “[...] y declarará fuera del concurso las que incumplan
aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente
disconformes con el ordenamiento jurídico”.

Análisis técnico:

Mediante oficio #1632 DP/08-2005, suscrito por la señorita Hellen
Poveda Montoya, Jefe a.í., Sección Suministros, se nos remite cuadro con
                                           165

        la información del análisis técnico realizado a las ofertas presentadas. En
        dicho cuadro se establece que todas las ofertas cumplen a excepción de
        las dos alternativas presentadas por la empresa Sauter Mayoreo S.A.
        (oferta N°. 4).

        Asimismo en el oficio se manifiesta que todos los precios ofertados son
        razonables.

        Análisis y valoración:

        Luego de haber obtenido el estudio de carácter legal detallado en uno de
        los puntos anteriores, se procede seguidamente a la exposición, análisis y
        valoración de las circunstancias concurrentes en el presente
        procedimiento de contratación.

        Se tiene como primer resultado de la promoción de este procedimiento de
        contratación, la participación de cuatro oferentes.

        De conformidad con los criterios emanados por la Sección de Asesoría
        Legal, todas las ofertas califican a una eventual adjudicación, siempre y
        cuando se atienda las prevenciones correspondientes.

        Respecto a la oferta N° 3 Jiménez y Tanzi S.A., si bien no atendió la
        prevención cursada, por la naturaleza de las omisiones, no se afecta su
        permanencia en el concurso.

        En vista de lo anterior y según criterio legal y valoración técnica, son
        susceptibles de resultar adjudicatarias todas las ofertas presentadas a
        concurso, a excepción de las alternativas propuestas por Sauter Mayoreo
        S.A.

        Seguidamente se procede a evaluar los factores que determinan la
        calificación que corresponde otorgar a cada participante aplicando el
        sistema de evaluación establecido en el cartel.


DEPTO. DE PROVEEDURÍA
PROCESO DE ADQUISICIONES

REFER.                                           CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION RESTRINGIA. 3-310-05
Fecha 31/03/2005                                                                      TC ¢466.39 (*)
                                                     166

                                                                                                   10/03/2005
                                                   CASAS COMERCIALES
                                       OFERTA Nº 1    OFERTA Nº 2    OFERTA N°3              OFERTA N°4
                                         DIREX     DIST. RAMIREZ Y JIMENEZ Y TANZI             SAUTER
Línea                                INTERNACIONAL    CASTILLO          S.A.                  MAYOREO
 1      11817 Archivadores de cartón ¢7.164.729,82     ¢7.515.612,00   ¢7.495.409,66       ¢6.338.030,22
        Tamaño carta                  ($15.362,10)                     ($16.071,12)         ($13.589,55)

        Alternativa                  ¢7.770.976,19                                         no cumple
                                      ($16.661,97)

 2      3180 Archivadores de cartón ¢1.957.718,66      ¢2.086.080,00   ¢2.120.861,89       ¢2.135.693,09
        Tamaño oficio                ($4.197,60)                        ($4.547,40)         ($4.579,20)

        Alternativa                                                                        no cumple




                             Entrega según cartel      según cartel    según cartel        según cartel
                            Garantía 14 meses          12 meses        12 meses            12 meses


         (*) El tipo de cambio utilizado, es el promedio del Banco Central al día hábil
         anterior a la fecha de la apertura de las ofertas, día 10 de marzo de 2005, sea
         ¢466,39.

                 Del cuadro anterior se desprende que para la línea N°1, la oferta
         que obtiene el mayor puntaje o sea la que cotiza el menor precio es la
         presentada por Sauter Mayoreo S.A. en su oferta base y para la línea N°2
         es la oferta presentada por Direx Internacional S.A.

         Recomendación:

         De acuerdo con los resultados obtenidos por los participantes
         determinados como elegibles, se concluye que el ganador del concurso
         para la línea N° 1 es la oferta presentada por Sauter Mayoreo S.A. y para
         la línea N° 2 es la oferta presentada por Direx Internacional S.A., por
         cumplir a cabalidad con las características del objeto contractual, al
         menor precio, una vez aplicado el sistema de evaluación.

         Al verificarse la existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios,
         mediante solicitud de pedido N° 250302-2005, por un monto de
         ¢11.382.620,00 (once millones trescientos ochenta y dos mil seiscientos
         veinte colones con 00/100), con cargo a la subpartida 232 “Productos de
         papel y cartón”, programa 926, se recomienda adjudicar la presente
                                          167

       licitación conforme al detalle siguiente:

       A: Sauter Mayoreo S.A., cédula jurídica 3-101-217607:

       Línea No. 1:       11817 Archivadores de cartón tamaño carta, con rados
            e índices, prensa plástica, color gris, marca Ampo, modelo T-830,
            con un valor unitario de $1.15, total $13.589,55.

       Plazo de entrega: 7817 archivadores en forma inmediata (siete días
       naturales después de recibida la correspondiente orden de pedido), 4000
       archivadores el primer día hábil del mes de julio del 2005.

       Garantía: 12 meses.

       A: Direx Internacional S.A., cédula jurídica 3-101-076898-24:


       Línea No. 2:      3180 Archivadores de cartón tamaño oficio, con rados
       e índices, marca Ampo, tipo T-835, con un valor unitario de $1.32, total
       $4.197,60.

       Plazo de entrega: 1780 archivadores en forma inmediata (siete días
       naturales después de recibida la correspondiente orden de pedido), 1400
       archivadores el primer día hábil del mes de julio del 2005.

       Garantía:        14 meses.

       Demás características y condiciones según cartel y ofertas.

       GRAN TOTAL RECOMENDADO ADJUDICAR: $17.787,15
       (equivale a ¢8.327.410,02 al tipo de cambio del día 31-03-05, de
       ¢468,17 por 1$US).”

                                           - 0-

      De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 33 y 36 del Reglamento Interno de Compras del Poder
                                       168

Judicial, 56 y 57 del Reglamento General de Contratación Administrativa y la

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio

anteriormente transcrito, se dispuso adjudicar la licitación restringida N° 3-310-05

de la siguiente manera:

A: Sauter Mayoreo S.A., cédula jurídica 3-101-217607:

Línea No. 1: 11817 Archivadores de cartón tamaño carta, con rados e índices,
prensa plástica, color gris, marca Ampo, modelo T-830, con un valor unitario de
$1.15, total $13.589,55.

Plazo de entrega: 7817 archivadores en forma inmediata (siete días naturales
después de recibida la correspondiente orden de pedido), 4000 archivadores el
primer día hábil del mes de julio del 2005.

Garantía: 12 meses.

A: Direx Internacional S.A., cédula jurídica 3-101-076898-24:

Línea No. 2: 3180 Archivadores de cartón tamaño oficio, con rados e índices,
marca Ampo, tipo T-835, con un valor unitario de $1.32, total $4.197,60.

Plazo de entrega: 1780 archivadores en forma inmediata (siete días naturales
después de recibida la correspondiente orden de pedido), 1400 archivadores el
primer día hábil del mes de julio del 2005.

Garantía: 14 meses.

Demás características y condiciones según cartel y ofertas.

TOTAL ADJUDICADO: $17.787,15 (equivale a ¢8.327.410,02 al tipo de

cambio del día 31-03-05, de ¢468,17 por 1$US).

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se
                                           169

declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO XCV

      En oficio Nº 1911-DP/06-05 de 05 de abril en curso, la licenciada Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, somete a

consideración el procedo de apercibimiento establecido contra la empresa C.R.

Conectividad Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-108469-35,

representada por su Apoderado General, Alfredo Lizano Zumbado, cédula de

identidad 1-527-233, por incumplir el plazo de entrega del objeto contractual de la

Contratación Directa Nº 492-2004, se describen los hechos que dan lugar a dicho

proceso.

       “…
    1. Mediante la Contratación Directa Nº 492-2004, se promovió la compra de
       2.608 cintas para impresora Okidata modelo 320 Turbo, la cual se le
       adjudicó a la empresa C.R. Conectividad S.A., notificándole la firmeza
       del acto el 24 de agosto de 2004, por medio del oficio Nº 5224-DP/07-
       2004, y entregándole la respectiva orden de compra el 30 del mismo mes.
       La entrega de las cintas se reguló en el punto b) del item 1.1 del pliego de
       condiciones, en el que literalmente se estableció:

       “b) La entrega del producto deberá ser de la siguiente manera:
               1608 unidades en forma inmediata (un día hábil)
               1000 unidades el 15 de noviembre del 2004” (la negrita es del
                 original)

    2. De acuerdo a las actas de recibo de suministros Nº 3879 y 4044, el 07 de
       septiembre de 2004 se recibieron 1608 unidades, y el 23 de noviembre
       del mismo año 1000 unidades. El cartel es omiso en definir el evento a
       partir del cual se contabilizaría el día hábil para realizar la entrega de las
       primeras 1.608 cintas -si era a partir de la firmeza del acto de
                                      170

   adjudicación, de la entrega de la orden de compra, o cualquier otro
   evento-, por esa razón, no es posible determinar la fecha límite en que la
   contratista estaba obligada a cumplir con la entrega de 1.608 cintas. Cabe
   señalar que ya se giraron instrucciones para corregir este aspecto en
   carteles que emita el Departamento de Proveeduría. En cuanto a las 1000
   cintas que correspondía entregar el 15 de noviembre de 2004, se observa
   que esas se entregaron con siete días naturales de atraso.

3. Del incumplimiento observado, con asidero en los numerales 99 inciso a)
   de la Ley de Contratación Administrativa, y 106.4 de su Reglamento
   General, mediante el oficio Nº 1647-DP/06-05, notificado el 17 de marzo
   último, se inició proceso de apercibimiento, dándole audiencia a la
   contratista por el plazo de cinco días hábiles, para que expusiera sus
   alegatos y aportara las pruebas que estimara pertinentes. Dicha audiencia
   la contestó el Apoderado en nota recibida el mismo día, en la que
   manifestó:

   “Caso 1: La documentación para la exoneración de las primeras 1608
   cintas se entregó en las oficinas de la Dirección de Proveeduría del
   Poder Judicial el 31 de agosto del 2004 y ese mismo día el Poder
   Judicial hizo la Solicitud (sic) de Exoneración (sic) ante el Ministerio de
   Hacienda. En vista de que el proceso de Exoneración (sic) tiene una
   duración promedio de 10 días hábiles, lo que implica que la
   Administración tendría la nota de Exoneración (sic) para el 14-09-04; y
   ya que la Institución requería las cintas, mi Representada, sin costo para
   la institución y a nuestro cargo, presentó una Garantía (sic) de
   Cumplimiento (sic) (Ver anexo), del Banco Improsa para que se
   desalmacenaran los productos bajo la modalidad de “Levante con
   garantía” y fueron entregadas el día 7 de setiembre del 2004. Por lo
   anterior considerando que el proceso de exoneración, no se toma en
   cuenta en los plazos de entrega, C.R. Conectividad S.A. logró que más
   bien se entregara en un plazo menor a la fecha de exoneración.
   Caso 2: La documentación para la exoneración de las restantes 1000
   cintas se entregó al día 5 de noviembre a la Dirección de Proveeduría del
   Poder Judicial, la Institución presentó la Solicitud (sic) de Exoneración
   (sic), el día 11 de noviembre y nos llamaron el día 19 de noviembre para
   que recogiéramos los documentos aprobados por Hacienda. Mi
   representada ese mismo día desalmacenó los productos que entraron a
   Bodega (sic) el viernes 19-11-04, y el Encargado de bodega del Poder
   Judicial nos indicó que los recibirían día (sic) 23-11-2004.
   Como pueden ver las dos cronologías todo se hizo de acuerdo a nuestra
                                      171

   oferta en tiempo y forma.”.

4. El Apoderado de la cocontratista despliega sus alegaciones alrededor del
   trámite que se realizó para la exención de tributos, y expresa que “... el
   proceso de exoneración, no se toma en cuenta en los plazos de entrega,
   ...”. Esta afirmación sería válida, cuando el plazo de entrega se haya
   dejado a la libre competencia para que cada potencial oferente lo señale, y
   en la oferta se haya desglosado - por ejemplo: un plazo para entrega de
   documentos para exoneración de impuestos, contado a partir del recibo de
   la orden de compra, y otro para entrega del producto, contado a partir del
   recibo de la nota de exención-. En el presente caso, por la urgencia de
   contar con el producto, la Administración definió desde el cartel, en
   forma clara y precisa, que debían entregarse “1000 unidades el 15 de
   noviembre de 2004”, y siendo el cartel el reglamento específico de la
   contratación que se tramita, esa disposición debió cumplirse sin ningún
   condicionamiento. Sobre la trascendencia del pliego de condiciones, la
   Contraloría General       ha dicho: “La trascendencia del pliego de
   condiciones radica, fundamentalmente, en constituir el reglamento
   específico de la contratación que se tramita y, por ende, el instrumento
   idóneo para definir, en términos técnicos, claros, suficientes, concretos,
   objetivos y amplios, las reglas que van a prevalecer en la tramitación del
   negocio. Mediante el cartel, se dan a conocer todas las condiciones y
   especificaciones que se consideren de importancia para promover una
   amplia e igualitaria participación en el concurso, propósito que solo es
   factible de alcanzar cuando, además de lograrse un adecuado
   planteamiento del negocio (objeto y términos bajo los cuales se debe
   ofrecer), se fijan reglas claras para seleccionar al ganador de la
   competencia. Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido y recogido
   normativamente esa importancia que tienen los pliegos cartelarios, así
   como la necesidad de que en ellos se incorporen las condiciones
   necesarias para regular los procedimientos y seleccionar la mejor
   oferta”.                              RSL                            50-97
   <http://zebra.cgr.go.cr/ifs/files/public/sad_docs/legado/Resoluciones%20
   de%20Recursos%20de%20Apelacion/RL50-97.DOC> de las 10:30 del 7
   de marzo de 1997.

5. En el mismo sentido, en un pronunciamiento posterior indicó: “Por ello
   consideramos importante recordarle a la Administración, que el pliego
   de condiciones se vislumbra como             “un conjunto de claúsulas
   formuladas unilateralmente por el licitante, que            especifican el
   suministro, obra o servicio que se licita (objeto); las pautas que regirán
                                     172

   el contrato a celebrarse; los derechos y obligaciones de oferentes y co-
   contratante (relación jurídica), y el mecanismo procedimental a seguir
   en la preparación y ejecución del contrato (procedimiento)...” (Véase
   Dromi, José Roberto, La Licitación Pública, 3º Edición, Editorial Astrea,
   pág. 194). Así tenemos que la trascendencia del cartel radica,
   esencialmente, en ser el reglamento concreto y específico de la
   contratación que se tramita, y en que debe constituirse a la vez en el
   mecanismo a través del cual la Administración identifica el objeto que
   requiere, señala las condiciones en que lo desea y establece las reglas
   a través de las cuales definirá cuál de los proponentes resulta ser la
   mejor y más conveniente para los intereses que tutela”. RSL No. 91-99
   <http://zebra.cgr.go.cr/ifs/files/public/sad_docs/legado/Resoluciones%20
   de%20Recursos%20de%20Apelacion/RL91-99.DOC> de las 8:00 horas
   del 16 de marzo de 1999.

6. Verificado el incumplimiento de la cocontratista, se hace necesario hacer
   referencia a la importancia del plazo de entrega en los contratos del
   Estado, al respecto, la Contraloría General de la República, en reiterada
   jurisprudencia, ha destacado, que el plazo de entrega: “Debe ser real y
   ejecutable. Resulta necesario señalar que, en cuanto al plazo de entrega,
   este Despacho ha manifestado que “(...) el plazo de entrega, es decir, el
   plazo dentro del cual el oferente se compromete a cumplir con el objeto
   contractual es un aspecto relevante, tanto así, que está incluido en el
   artículo 45 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que
   desarrolla el contenido mínimo del cartel, al contrario de las reglas que
   privan en la contratación Privada, en donde bajo ciertas circunstancias
   el plazo se tiene como un elemento accidental, no esencial.” (RSL No.
   164-99). A ello agregaríamos que “esencial” es su definición, es decir,
   no imaginamos un contrato administrativo en el cual se omita el plazo
   dentro del cual se debe cumplir la prestación, sea que este haya sido
   definido por la Administración o bien por el oferente. El plazo de entrega
   además de ser un elemento que requiere estar definido con precisión,
   debe ser “real” y “ejecutable”, pues de lo contrario el oferente, como
   futuro contratista, se podría estar colocando desde un inicio en una
   situación de incumplimiento contractual y como tal, contrariando las
   reglas de la buena fe negocial.” (R-DAGJ-40-99 de las 9:00 horas del 25
   de octubre de 1999).

7. Del criterio del Órgano superior de control, queda claro que “En los
   procedimientos de contratación pública, (...) el plazo de entrega de los
   bienes y servicios es un aspecto esencial, que debe estar perfectamente
                                          173

       definido, por estar contemplado como un requisito mínimo del cartel
       (artículo 45.1.16 del Reglamento), por seguridad jurídica y porque la
       Administración aspira trabajar con tiempos programados.” (RSL 385-
       99 de las 15:30 horas del 3 de septiembre de 1999).

    8. Todo contratista está obligado a respetar las condiciones relativas a la
       ejecución, tal como lo establece el numeral 20 de la Ley de Contratación
       Administrativa, al prescribir que “Los contratistas están obligados a
       cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier
       manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente
       en el curso del procedimiento o en la formulación del contrato”, y uno de
       los aspectos comprendidos en la oferta, lo constituye la entrega del objeto
       contractual en un plazo determinado.

    9. El artículo 99 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa,
       sanciona con apercibimiento a la persona física o jurídica que durante el
       curso de los procedimientos para contratar, incurra en las siguientes
       conductas: “El contratista, que sin motivo suficiente, incumpla o cumpla
       defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la
       ejecución de las garantías de participación o cumplimiento.”, y el
       artículo 100 inciso a) de la misma Ley, le da a la sanción de
       apercibimiento una duración de tres años.

       Con fundamento en lo expuesto, y numerales 20 y 99 a), de la Ley de
       Contratación Administrativa, y 106.4 de su Reglamento General, el
       Departamento de Proveeduría recomienda apercibir a la empresa C.R.
       Conectividad S.A., cédula jurídica número 3-101-108469-35, por
       incumplir el plazo pactado para la entrega de 1000 cintas para impresora,
       adjudicadas en la Contratación Directa Nº 492-04, sanción que debe
       comunicarse tanto a la empresa infractora como a la Contraloría General
       de la República.

       Las notificaciones, pueden enviársele a la contratista al fax 225-9935,
       teléfono 283-5250.”
                                          - 0-
      Se dispuso: Acoger la recomendación del Departamento de Proveeduría y,

de conformidad con los artículos 20, 99 inciso a) de la Ley de Contratación

Administrativa y 106.4 de su Reglamento General, sancionar con apercibimiento a
                                         174

la empresa “C.R. Conectividad Sociedad Anónima”, cédula jurídica N° 3-101-

108469-35, por incumplir con la entrega de 1000 cintas para impresora,

adjudicadas en la Contratación Directa Nº 492-04. Comuníquese al apoderado

generalísimo de la sancionada, señor Alfredo Lizano Zumbado, y a la Contraloría

General de la República. Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO XCVI

      En oficio Nº 2000-DP/06-05 de 04 de abril de 2005, la licenciada Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, somete a

conocimiento el proceso de apercibimiento establecido contra la empresa Moore de

Centroamérica Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-008964-32,

representada por su Apoderado Generalísimo, Salvador Guay Bourdet., pasaporte

Nº 877837, por incumplir el plazo pactado para la entrega de 1368 cajas de papel

continuo para impresora de matriz adjudicado en la Licitación Restringida Nº 3-

281-2004, se describen los hechos que dan lugar a dicho proceso:

       “…
       1. Mediante la Licitación Restringida Nº 3-281-2004, se promovió la
       compra de 2.368 cajas de papel continuo para impresora de matriz, la cual
       se le adjudicó a la empresa Moore de Centroamérica S.A. En el cartel se
       definió el siguiente plan de entregas: 1000 cajas en forma inmediata y
       1.368 cajas en el mes de octubre del 2004. Asimismo, en el cartel se
       estableció que “El plazo de entrega inmediato se entenderá como la
       obligación de entregar la cantidad de mercancías adjudicadas dentro de
       los siete días naturales siguientes a la entrega de la orden de compra, la
       entrega de octubre se realizará dentro de los primeros siete días del
       mes”. La orden de compra se entregó el 01 de octubre de 2004, por lo
                                     175

 tanto la fecha límite para la entrega del primer tracto, se verificó el 07 del
 mismo mes, coincidiendo con la fecha límite para efectuar la segunda
 entrega.

2.        De acuerdo a las actas de recibo de suministros Nº 3622, 3623 y
 3848, el 07 de octubre de 2004 se recibieron 1000 unidades, y el 08 de
 noviembre del mismo año 1.368 unidades, observándose un atraso de 31
 días naturales en la entrega de 1.368 cajas.

3.        Del incumplimiento observado, con asidero en los numerales 99
 a) de la Ley de Contratación Administrativa, y 106.4 de su Reglamento
 General, mediante el oficio Nº 1414-DP/06-05, notificado el 10 de marzo
 último, se inició proceso de apercibimiento, dándole audiencia a la
 contratista por el plazo de cinco días hábiles, para que expusiera sus
 alegatos y aportara las pruebas que estimara pertinentes. Dicha audiencia
 no fue atendida por la empresa, lo que implica una renuncia a la
 posibilidad de alegar y aportar pruebas de descargo, y por tanto, la
 conformidad de la contratista con lo que, en virtud del atraso, resuelva la
 Administración. No obstante, es necesario dejar claro el carácter
 trascendental del plazo de entrega en un contrato administrativo.

 4. La Contraloría General de la República, a destacado que el plazo de
 entrega “Debe ser real y ejecutable. Resulta necesario señalar que, en
 cuanto al plazo de entrega, este Despacho ha manifestado que “(...) el
 plazo de entrega, es decir, el plazo dentro del cual el oferente se
 compromete a cumplir con el objeto contractual es un aspecto relevante,
 tanto así, que está incluido en el artículo 45 del Reglamento a la Ley de
 Contratación Administrativa, que desarrolla el contenido mínimo del
 cartel, al contrario de las reglas que privan en la contratación Privada,
 en donde bajo ciertas circunstancias el plazo se tiene como un elemento
 accidental, no esencial.” (RSL No. 164-99). A ello agregaríamos que
 “esencial” es su definición, es decir, no imaginamos un contrato
 administrativo en el cual se omita el plazo dentro del cual se debe
 cumplir la prestación, sea que este haya sido definido por la
 Administración o bien por el oferente. El plazo de entrega además de ser
 un elemento que requiere estar definido con precisión, debe ser “real” y
 “ejecutable”, pues de lo contrario el oferente, como futuro contratista, se
 podría estar colocando desde un inicio en una situación de
 incumplimiento contractual y como tal, contrariando las reglas de la
 buena fe negocial.” (R-DAGJ-40-99 de las 9:00 horas del 25 de octubre
 de 1999).
                                    176


 5. Del criterio del Órgano superior de control, queda claro que “En los
 procedimientos de contratación pública, (...) el plazo de entrega de los
 bienes y servicios es un aspecto esencial, que debe estar perfectamente
 definido, por estar contemplado como un requisito mínimo del cartel
 (artículo 45.1.16 del Reglamento), por seguridad jurídica y porque la
 Administración aspira trabajar con tiempos programados.” (RSL 385-
 99 de las 15:30 horas del 3 de septiembre de 1999).

6.    Todo contratista está obligado a respetar las condiciones relativas a
 la ejecución, tal como lo establece el numeral 20 de la Ley de
 Contratación Administrativa, al prescribir que “Los contratistas están
 obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
 cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado
 adicionalmente en el curso del procedimiento o en la formulación del
 contrato”, y uno de los aspectos comprendidos en tales condiciones, lo
 constituye la entrega del objeto contractual en el plazo pactado.

7.     El artículo 99 a) de la Ley de Contratación Administrativa, sanciona
 con apercibimiento a la persona física o jurídica que durante el curso de
 los procedimientos para contratar, incurra en las siguientes conductas: “El
 contratista, que sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o
 tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la ejecución de
 las garantías de participación o cumplimiento.”, y el artículo 100 inciso
 a) de la misma Ley, le da a la sanción de apercibimiento una duración de
 tres años.

 Con fundamento en lo expuesto, y numerales 20 y 99 a) de la Ley de
 Contratación Administrativa, y 106.4 de su Reglamento General, el
 Departamento de Proveeduría recomienda sancionar con apercibimiento
 a la empresa Moore de Centroamérica S.A., cédula jurídica número 3-
 101-008964-32, por incumplir el plazo establecido para la entrega de
 1.368 cajas de papel continuo para impresora, adjudicadas en la
 Licitación Restringida Nº 3-281-04, sanción que debe comunicarse tanto
 a la empresa infractora como a la Contraloría General de la República.

 Las notificaciones, pueden enviársele a la contratista al fax 244-0259,
 teléfono 244-2633.”.
                                    - 0-
Se dispuso: Acoger la recomendación del Departamento de Proveeduría y,
                                        177

de conformidad con los artículos 20 y 99 inciso a) de la Ley de Contratación

Administrativa y 106.4 de su Reglamento General, sancionar con apercibimiento a

la empresa “Moore de Centroamérica S.A.”, cédula jurídica N° 3-101-008964-32,

por incumplir con la entrega de 1.368 cajas de papel continuo para impresora,

adjudicadas en la Licitación Restringida Nº 3.281-04. Comuníquese al apoderado

generalísimo de la sancionada, señor Salvador Guay Bourdet, y a la Contraloría

General de la República. Se declara firme este acuerdo.

                                ARTÍCULO XCVII

      Este Consejo se muestra preocupado por procedimientos sancionatorios que

le ha correspondido conocer, específicamente de aquellos que en los respectivos

carteles se han fijado dos plazos diferentes para la entrega del objeto contratado, lo

que en algunas contrataciones, ha provocado confusiones al adjudicatario, al

coincidir la primera entrega con el plazo establecido para la segunda entrega. Debe

procurarse en los carteles siempre establecer con claridad el plazo de entrega, y en

el caso de establecer dos plazos de entrega, debe tramitarse la orden de pedido con

agilidad, para evitar que la primera entrega coincida con la segunda entrega, por

atrasos en la entrega de la orden de pedido.

      Se acordó Comunicar al Departamento de Proveeduría que este Consejo

Superior no está en desacuerdo en que se fijen diferentes fechas de entrega del
                                            178

objeto adjudicado, sin embargo, debe ese departamento tomar las previsiones del

caso, para evitar que si se establece que una parte del bien sea entregado en forma

inmediata, es decir dentro de los siete días naturales siguientes a la entrega de la

orden de compra y la otra en fecha posterior, debe evitar que ambas coincidan en la

entrega del objeto adjudicado.

                                 ARTÍCULO XCVIII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2098-

DE-2005 de 18 de enero en curso, remite el informe N° 486-TI-2005 suscrito por

el Jefe del Departamento Financiero Contable, que dice:

       “…nos permitimos presentar el informe de las inversiones realizadas, con
       fecha de corte al 28 de febrero de 2005, de las siguientes dependencias
       administrativas:

                                 Dependencia Administrativa
                      Presupuesto
                      Fondo de Emergencia
                      Juristránsito
                      Contaduría Judicial
                      Ingresos sobre Cuentas Corrientes Judiciales

             Al respecto, en el Anexo adjunto se presenta el detalle por
       Dependencia Administrativa, de las inversiones efectuadas y el
       rendimiento obtenido en el mes de febrero del 2005. Como puede
       observarse, la mayor parte de los recursos monetarios se mantienen
       transados en Cuentas Platino y a corto plazo, dado que pueden ser
       requeridos en cualquier momento, conforme a las necesidades
       institucionales.

       A continuación se comentan algunos aspectos relevantes de las
       inversiones ejecutadas en cada una de las Dependencias Administrativas
       antes mencionadas:
                                                         179

           1.     Presupuesto Poder Judicial:

                Los recursos económicos del presupuesto del Poder Judicial se
           mantienen en una cuenta administrativa destinada al manejo de los
           recursos presupuestarios, a fin de cumplir con las obligaciones
           económicas del Poder Judicial, a saber:

            Cuenta Corriente de Pago a Proveedores, Cuenta Especial No. 554-2,
           con el Banco Nacional de Costa Rica:

                Al final del mes de febrero del 2005, tuvo un saldo de
           ¢808.504.324.14. La tasa de rendimiento de esta cuenta corriente es del
           9.75%1 anual, obteniendo intereses al 28 de febrero de 2005, por la suma
           de ¢3,674,667.51.

           2.     Fondo Jurisdicción de Tránsito:

                 El propósito de este Fondo es              financiar la creación y
           funcionamiento de las alcaldías de tránsito y la “Sección Especializada de
           Tránsito” del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.). Se origina de
           lo referido en el artículo 210 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas
           terrestres, el cual indica que se establece un fondo especial “, su finalidad
           es la de recibir los aportes del Consejo de Seguridad Vial, Presupuesto
           Nacional, donaciones, además de los intereses que se recibe por la
           inversión de los recursos monetarios. Dichos recursos serán depositados
           en una cuenta especial “Fondo para la Jurisdicción de Tránsito”, la cual
           será administrada por la Corte Suprema de Justicia.

                Los dineros de esta Dependencia se mantienen invertidos en la
           Cuenta Platino No. 229-40-0, que se tiene con el Banco de Costa Rica.
           Dicha cuenta al 28 de febrero de 2005, mantenía un saldo de
           ¢103,600,516.94, misma que generó intereses por un monto de
           ¢710.364.76.


1
  Según correo electrónico enviado por la Licda. Elena Quesada Ejecutiva de Cuenta del Banco Nacional de Costa Rica el día
04/10/2004, la tasa de interés varió del 9.5% al 9.75%. Cabe indicar, que esta cuenta está matriculada como una cuenta de
inversión Especial, con las siguientes características:
                                                           Saldo
      Nivel           Saldo mínimo         Rendimiento compensatorio
        1                 ¢1,000,000.00       7.50%     ¢500,000.00

       2            ¢100,000,001.00     9.75%        ¢500,000.00
                                  180

3. Fondo de Emergencia:

      Su origen se fundamenta en el artículo 250, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, el cual en lo conducente reza: “Este fondo será
utilizado para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas, originadas
en fenómenos naturales, conmoción interna o calamidad pública, que
afecten la administración de justicia sus instancias y servicio, y
declaración del estado de necesidad del Poder Ejecutivo” (el enmarcado
no pertenece al documento original).

      Estos recursos monetarios se tienen en Títulos de Propiedad de
Interés Fijo Colones e Inversiones a corto plazo, que se encuentran
custodiadas en el “Fideicomiso de Administración e Inversión Corte
Suprema de Justicia – Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal Avenida
10 Este”, cuyo monto total asciende a ¢1,076,203,095.50. Estas
inversiones en el mes de febrero del 2005, generaron un interés por la
suma de ¢16.573.755.77 (ver Anexo punto 3).

4.   Contaduría Judicial

      Su finalidad es el manejo de todos aquellos dineros cuyo origen no
es presupuestario. Aunado a lo anterior, esta Cuenta Corriente es
utilizada entre otras cosas, para el depósito de sobrantes de recursos
económicos de caja chica, pólizas de fidelidad, intereses de las cuentas
de caja y sub-caja chica, cobro administrativo, comisión de reciclaje,
garantías de participación y cumplimento, recursos económicos por
incapacidades de Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) e
Instituto Nacional de Seguros (INS).

     El saldo en recursos dinerarios que mantiene al final del mes de
febrero del 2005,     la Cuenta Platino No. 229-49-3, asciende a
¢1.029.396.29, generando intereses en el mes, por un monto de
¢427.412.05 (ver Anexo , punto 4).

     Por otra parte, cabe indicar que en Inversiones a Corto Plazo (ICP),
al mes de febrero del 2005, existía un monto de ¢1,430.250.000.00,
generando un interés mensual de ¢14.140.354.17.

5.   Cuenta de Ingresos sobre Cuentas Corrientes Judiciales

     En esta Dependencia Administrativa se mantiene la Cuenta
                                                              181

           Corriente No. 217979-2, con el Banco de Costa Rica, entidad que acredita
           mensualmente, los intereses ganados por los saldos de las Cuentas
           Corrientes Judiciales (dólares y colones). Su apertura se realizó mediante
           oficio 117-CC-2000 del 22 de marzo del 2000. El saldo en el Libro
           Auxiliar de Bancos, a la fecha de este informe alcanza la suma de
           ¢2.095.764.599.11, el cual incluye los intereses pagados de ejercicios
           anteriores, por el Banco de cita al mes de febrero del 2005.

                 Es importante mencionar, que mediante Addendum2 al Convenio
           para la Operación del Sistema Automatizado de Depósitos Judiciales en el
           Banco de Costa Rica, suscrito entre el Poder Judicial y el Banco de Costa
           Rica No. 33-CG-98, se fijó la tasa de interés del 8% sobre saldos diarios y
           con un monto fijo de ¢6,000,000,000.00, el cual comenzó a regir a partir
           del 01 de octubre de 2004. Lo anterior fue aprobado por Acuerdo del
           Consejo Superior, celebrado en sesión Nº 65 del 31/08/2004. A la fecha
           del informe estos dineros se mantienen, conforme la distribución que se
           presenta en el Anexo punto 6, en la Cuenta Platino No. 229-39-6 la cual
           refleja la cuantía de ¢6,036,831,148.793. El interés acumulado mensual
           para el mes de febrero del 2005, asciende a ¢36.829.990.28.

           Por otra parte, también se colocaron recursos económicos en Títulos
           Unidades de Desarrollo (TUDES) del Ministerio de Hacienda por un
           monto de ¢8,703,121,642.30, mismos que por característica propia del
           cálculo de rendimientos no devengan intereses mensuales, empero si en
           Unidades de Desarrollo, las cuales se generan diariamente acumulándose
           al valor transado del título valor.

                 Asimismo, en la cuenta corriente Nº 1657-2, denominada Poder
           Judicial Intereses Judiciales, en el Banco Nacional de Costa Rica, se
           mantiene la suma de ¢2,515,887,226.89, con el propósito de que el Poder
           Judicial realice algunas transacciones con servicio preferencial,
           recibiendo un interés mínimo de un 8% y un máximo de un 19% según el
           comportamiento de la tasa pasiva. Los recursos antes mencionados al
           final del mes de febrero generaron intereses por ¢15,429,369.03, para un
           saldo total de ¢2,531,316,595.92.


2
  Firmado el 10 de setiembre de 2004, por el Dr. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Lic. Carlos
Fernández Román Gerente del Banco de Costa Rica.

3
 Saldos existentes al final del mes en la Cuenta Platino, empero al día siguiente hábil se trasladan los intereses ganados a la
Cuenta Corriente N°217979-2.
                               182

Por consiguiente, el monto total que se mantiene en esa Dependencia
Administrativa, alcanza la suma de ¢19,351,604,617.09, tal como se
observa en el Anexo antes mencionado.”.
                               - 0-


ANEXO:
    Anexo

                   Dependencias Administrativas del Poder Judicial
             Resumen del Movimiento de Inversiones e Intereses Ganados
               28 de febrero del 2005




          Nombre de la Cuenta de Inversión                           Inversión Vigente   Inversión Vencida               Interés       Intéres Acumulado
                                                                                                                         Mensual




    Presupuesto Poder Judicial Programa 800

1              Cuenta Presupuesto
               Cuenta Pago a Proveedores 554-2 BNCR                     808.504.324,14           -                    3.674.667,51    6.705.483,70     9,75%




    Fondo Jurisdicción de Transito

2              Cuenta Platino N° 229-40-0                (A) ¢          103.600.516,94                           ¢     710.364,76     1.757.949,86 ¢   9,00%




    Fondo de Emergencia

3              BNCR Fideicomiso                              ¢        1.076.203.095,50                       -       16.573.755,77   32.765.178,95     18,34%




4 Contaduría Judicial

    4,1        Cuenta Platino N° 229-49-3                (A) ¢            1.029.396,29                           ¢     427.412,05      679.029,61 ¢    9,00%
                                                                                    184
    4,2         Inversiones Corto Plazo (ICP-BCCR)                   ¢       1.430.250.000,00             1.180.100.000,00         14.140.354,17           29.001.270,83       14,50%

                Sub Total                                            ¢       1.431.279.396,29             1.180.100.000,00 ¢       14.567.766,22           29.680.300,45 ¢



 5 Intereses sobre saldos de Ctas. Ctes. Judiciales.

    5,1         TUDES a 10 años                                              8.703.121.642,30                                                  -                       -       19,44%
    5,2         Cuenta Platino N° 229-39-6                     (C) ¢         6.036.831.148,79                                      36.829.990,28           77.623.642,65        8,00%
    5,3         Saldo de Libro Cta. 217979-2                                 2.095.764.599,11
    5,4         Cuenta Corriente Nº1657-2                      (D)           2.515.887.226,89                                      15.429.369,03           31.319.780,12        8,00%
                Sub Total                                            ¢                          ¢                          -¢      52.259.359,31          108.943.422,77 ¢
                                                                           19.351.604.617,09




          (A)   Saldos existentes al final del mes en la Cuenta Platino, que se encuentran invertidos a la vista, para cubrir obligaciones. Asimismo, mediante oficio de fecha 03-02-
                2004, el Banco de Costa Rica comunica la variación en la tasa de interés a partir del 06-02-2004 a un 9%, y a la fecha no ha sufrido cambio alguno.



          (B)   Mediante correo electrónico de fecha 04/10/2004, la Licda. Elena Quesada, del Banco Nacional de Costa Rica, comunica la actualización de la tasa de interés de la Cuenta
                Corriente Nº554-2 , pasando de 9,50% a 9.75% a partir del 15/09//2004. Dicha cuenta fue matriculada en el nivel 1 a una tasa del 7,50% con un saldo compensatorio de
                ¢500,000,00 y un saldo mínimo de inversión de ¢1,000,000,00 y en el nivel 2 está a una tasa del 9,75%, con el mismo saldo compensatorio y un saldo mínino de inversión
                de ¢100,000,001,00.


          (C)   Saldos existentes al final del mes en la Cuenta Platino, empero al día siguiente hábil se trasladan los intereses ganados a la Cuenta Corriente 217979-2, según lo establecido
                en el Addendum del Convenio para la Operación del Sistema Automatizado de Depósitos Judiciales en el Banco de Costa Rica suscrito entre el Poder Judicial y el Banco
                de Costa Rica No. 33-CG-98, Cláusula Quinta “De los Compromisos entre las Partes”, punto 5.1 “Manejo de los Recursos del Banco”, en el cual se señala que en dicha
                Cuenta Platino. Según Acuerdo del Consejo Superior en sesión Nº65-04 del 31-08-04 firmado el 10-09-04, se incrementa el saldo en la Cuenta Platino 229-39-6 a
                ¢6,000,000,000.00, el cual generará intereses del 8% durante la vigencia del contrato.




          (D)   Se realizó el depóstio de ¢2,500,000,000.00 al Banco Nacional de Costa Rica el 03 de enero de 2005, y se está finiquitando un contrato con esa Entidad en donde se
                acuerda el pago un porcentaje igual a la tasa básica, más o menos 10 puntos con un piso de 8% y un techo de 19%.

Fuente: Registros contables de las inversiones del Poder Judicial
                                     -0-
      Se acordó: 1) Tomar nota del informe anterior, y hacerlo del conocimiento

de la Auditoría Judicial. 2) Aclarar, en cuanto a la Cuenta Platino No. 229-39-6

que el interés acumulado mensual para febrero del año en curso, ascendió a

¢77.622.642,65 conforme se consigna en el anexo y no de ¢36.829.990.28, como

se expone en el informe.

                               ARTÍCULO XCIX

      Con oficio N° 1593-DP/28-05 de 31 de marzo en curso, la licenciada Ana

Eugenia Romero Jenkins, Jefa interina del Departamento de Proveeduría, adjunta

ejemplar del cartel de condiciones para la Licitación Pública, denominada servicio

de fotocopiado para los edificios de los Tribunales de Justicia de Atenas, Nicoya,

Santa Cruz, Alajuela y Heredia, bajo la modalidad de concesión de instalaciones

públicas, dictaminada por la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva,

para su respectiva aprobación y orden de inicio.

      Vista la anterior comunicación y de conformidad con los artículos 81, inciso

10), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 9, 10 y 11 del Reglamento General de

la Contratación Administrativa, se acordó: Ordenar el inicio de los procedimientos

de contratación según la modalidad y requerimientos fijados en el pliego de

condiciones para la licitación pública indicada, documento que también se
                                        186

aprueba. Lo anterior, con fundamento en las necesidades institucionales previstas

en el programa de actividades y en estricta observancia de los siguientes requisitos:

a. Finalidad pública que persigue satisfacer el procedimiento:

      Coadyuvar en la labor que realizan los despachos judiciales de los Circuitos

Judiciales de Atenas, Nicoya, Santa Cruz, Alajuela y Heredia, mediante la

contratación de servicios de duplicación de documentos por medio de máquinas

fotocopiadoras, las cuales serán utilizadas por su respectivo operador. Asimismo

se pretende con esta contratación brindarle el servicio de fotocopiado al público

que a ellos asiste.

a)    Es necesario indicar la partida presupuestaria:

      En el Plan Anual de Adquisiciones 2005 del Poder Judicial; publicado en la

Gaceta Nº 10 del día viernes 14 de enero de 2005, específicamente en el ítem 15,

“Otros servicios no personales”, se contempló la disposición de recursos para la

presente contratación.

      Mediante oficios 042, 147, 152 y 172-P-2005, el Lic. Walter Jiménez Sorio,

Jefe del Departamento Financiero Contable, certifica la existencia de contenido

presupuestario en la partida 1 “Servicios no personales”, subpartida 199 “Otros

servicios no personales”, del presupuesto del 2005, aprobado mediante Ley 8428,

para hacerle frente a la “Contratación de servicios de fotocopiado de los Tribunales
                                       187

de Justicia de Atenas, Nicoya, Santa Cruz, Alajuela y Heredia”, según el detalle

siguiente:

      Programa    Centro de responsabilidad               Monto
         927      10 (Atenas-Unid. Reg. Alajuela)       ¢156.855,00
         926      29 (Unidad Reg. Nicoya)              ¢1.000.000,00
         927      35 (Unidad Reg. Santa Cruz)           ¢455.411,00
         927      10 (Unidad Reg. Alajuela)             ¢400.000,00
         926      10 (Unidad Reg. Alajuela)             ¢155.000,00
         926      12 (Unidad Reg. Heredia)              ¢300.000,00

b)    Estudios previos que motivan el inicio de los procedimientos:

      Con oficio N° 3651-DP/15-04, de 02 de junio del 2004, la Licda. María

Gamboa Aguilar, Jefe, Verificación y Ejecución Contractual, informó sobre el

vencimiento del   contrato actual de servicio de fotocopiado del circuito judicial

de Alajuela y Heredia, para el día 11 de diciembre del 2005, siendo necesario un

nuevo concurso para la contratación de ese servicio. Los datos del volumen de

fotocopias fueron suministrados por la Licda. Alexandra Mora Séller, Jefe a.í. de la

Unidad Administrativa Regional de Alajuela y el Lic. Martín Salazar Loaiza, Jefe

de la Unidad Administrativa Regional de Heredia.

      En cuanto al servicio de fotocopiado para los circuitos judiciales de Atenas,

Nicoya y Santa Cruz, el procedimiento se deriva de la licitación pública 1-152-04,

en la cual dichas líneas fueron declaradas infructuosas, mediante acuerdo tomado

por el Consejo Superior en sesión N° 11-05, de fecha 17 de febrero del 2005
                                        188

(oficio N° 1.287-05).

c)    Indicación de la Unidad Administrativa a cargo del procedimiento:

      Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación

Administrativa Nº 7494, así como los artículos 2, 6 y 7 del Reglamento Interno de

Compras del Poder Judicial vigente, corresponde hacerse cargo del procedimiento

al Proceso de Adquisiciones del Departamento de Proveeduría, dada la

competencia en materia de contratación administrativa que en ella recae, aspecto

que así se establece en el encabezado del cartel.

e)    Recursos humanos y materiales que se disponen para verificar la
      correcta ejecución del objeto de la contratación:

Según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de Contratación

Administrativa, en el cartel del concurso se debe hacer indicación expresa de los

recursos materiales y humanos con que cuenta la Administración para verificar la

correcta ejecución del objeto de esta contratación. Por ello, en el anteproyecto de

cartel se prevé que al Área de Ejecución Contractual del Departamento de

Proveeduría, le corresponde verificar la correcta ejecución del objeto contractual,

para lo cual se hará auxiliar de los departamentos técnicos competentes, en este

caso en particular de las Unidades Administrativas correspondientes, las cuales

cuentan con el personal técnico necesario para llevar a cabo y hacerse responsables

de lo relacionado con la ejecución del contrato.
                                        189

       El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO C

       En sesión N° 95-04 celebrada el 9 de diciembre del 2004, artículo LXXXV,

se adjudicó la Licitación por Registro N° 2-293-04 a la compañía “Integracom de

Centroamérica S. A.”, cédula jurídica Nº 3-101-105479, en consorcio con

“Ingenieros Consultores Sanabria (INGECOSA) S. A.”, cédula jurídica Nº 3-101-

243928, para el acondicionamiento eléctrico (primera etapa) en el edificio de los

Tribunales de Justicia de Nicoya, que incluye, entre otros, la acometida eléctrica

con la vestidura del poste y sus accesorios, para poder conectar un transformador y

realizar la alimentación de los nuevos tableros propuestos en el diagrama unifilar, la

instalación de un transformador y la construcción de una caseta, para ubicar en su

oportunidad y como parte de otras negociaciones, una UPS (II etapa) y una planta

eléctrica (III etapa), por un precio total de $33.032.03. Los demás términos y

condiciones de conformidad con el cartel y la oferta.

      El licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesor

Legal, con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo,

en oficio N° 391-DE/AL-05 de 1° de abril en curso, comunica lo siguiente:

             “…me refiero al contenido del oficio N° 324-04-SG-2005 de 28 de
       marzo recién pasado, suscrito por la licenciada Dinorath Álvarez Acosta,
                                      190

    Subjefe a. i. del Departamento de Servicios Generales (adjunto copia),
    requiriendo que se aumente el objeto y el plazo del contrato que le fue
    adjudicado al consorcio formado por las empresas Integracom de
    Centroamérica S. A. e Ingenieros Consultores Sanabria (INGECOSA) S.
    A., según el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N°95-04,
    celebrada el 9 de diciembre de 2004, artículo LXXXV, en la Licitación
    Por Registro N° 2-293-04 denominada “Acondicionamiento eléctrico
    (primera etapa) para el edificio de los Tribunales de Justicia de Nicoya”.
            En el criterio técnico del citado departamento se concluye que:
    “El total de las obras extras es por el monto de $4.155.00 y en virtud de
    que disponen del visto bueno técnico de este departamento, así como de
    la razonabilidad del precio, por las situaciones impredecibles ya
    indicadas, se solicita respetuosamente gestione ante el Consejo Superior
    el reconocimiento de las obras extras, las que también señala la empresa
    aludida, generan un plazo adicional para su ejecución de cuatro
    semanas”.

           Según dispone el artículo 14.1 del Reglamento General de
    Contratación Administrativa, la potestad o álea modificatoria permite a la
    administración disminuir o aumentar unilateralmente, durante la
    ejecución del contrato, hasta en un cincuenta por ciento la prestación
    objeto de la contratación. Para ello deben presentarse al menos las
    siguientes circunstancias:

   Que obedezca a una situación de naturaleza imprevisible al momento de
  iniciarse los procedimientos de contratación.
   Que la modificación, aumento o disminución sea la única forma de
  satisfacer plenamente el interés público perseguido con la contratación.
   Que el monto de la suma de la contratación original, más el incremento
  adicional que la modificación implica, no excedan el límite previsto por la
  ley para la determinación del procedimiento de contratación seguido, ni
  tampoco sea superior al cincuenta por ciento del precio adjudicado
  originalmente.

           Visto que la licenciada Álvarez Acosta afirma que desde el punto
    de vista técnico el aumento en el objeto y plazo del contrato se
    fundamentan en situaciones de naturaleza imprevisible, conforme lo dicta
    la citada norma reglamentaria, es necesario que en aplicación del artículo
    81 inciso 10, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo Superior
    autorice dichas modificaciones y varíe el acuerdo de adjudicación,
                                     191

 especificando que el nuevo precio de la obra es por la suma de
 $37.187.03 y que el plazo de entrega aumentará en cuatro semanas.

        Por último, es preciso señalar que dicha relación contractual no se
 formalizó en simple documento, pues conforme al artículo 9 del
 Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones en la Administración
 Pública, en virtud del monto adjudicado es suficiente con la aprobación
 escrita por parte de la Unidad Interna de Aprobación de Contratos.”
                                      - 0-
El oficio N° 0324-04-SG-2005 de la licenciada Álvarez Acosta dice:

       “Mediante correo electrónico, remitido a este departamento el 11 de
 marzo, por el Ing. José Carlo Chaves, de Integracom de Centroamérica
 S.A., el cual se adjunta, solicita el reconocimiento de extras en la obra de
 reacondicionamiento eléctrico para el edificio de los Tribunales de Nicoya,
 por un monto de 4.155.00 dólares.

     Alude la empresa que los puntos 1 y 2 de citado oficio son
 consecuencia de solicitud realizada por Coopeguanagaste y el punto 3
 (incluye el 4) es problema de imprevistos del suelo; el punto 5 se solicita ya
 que se cambia la longitud de la malla, por motivos de ubicación y sentido
 de la planta; el punto 6 es consecuencia del 3.

    Al respecto seguidamente se transcribe criterio técnico del Ing. Oscar
 Barrantes Álvarez, profesional 2 de este departamento, mediante el cual
 una vez revisado los puntos citados e inspección efectuada en la zona avala
 la aprobación de las obras extras, y además junto con el Ing. Douglas
 Villalobos Gómez, en los puntos que compete a cada uno, según su
 especialidad, indican que el monto solicitado por las obras extras es
 razonable.

      El 25 de agosto del 2004, la licenciada Seidy Jiménez Bermúdez
 envía el oficio 0505 - SARN - 2004 al Ing. Eduardo Cabalceta de
 Coopeguanacaste,      solicitando     el    estudio    eléctrico    y
 recomendaciones para el proyecto del Sistema de Gestión Judicial para
 los Tribunales de Nicoya, donde se adjuntaron los planos del trabajo
 propuesto.

 De Coopeguanacaste no se obtuvieron recomendaciones sobre los planos,
 y paralelamente se iniciaron los trámites correspondientes en el
                                   192

Departamento de Proveeduría.

Al iniciar la obra, a finales del mes de febrero la empresa adjudicada
realizó las gestiones de rutina ante Coopeguanacaste y el Ing. Cabalceta,
servidor de esa compañía indica que no conoce del proyecto y que debe
efectuar nuevamente solicitud del estudio eléctrico.

Por tanto, nuevamente la licenciada Jiménez, realiza las gestiones el 1 de
marzo con el oficio 134 - SARN - 2005, y para el 16 de marzo de 2005,
Coopeguanacaste envío un informe a la Sub Administración de Nicoya,
con varias observaciones, que generan el costo adicional aludido en oficio
adjunto, ya que indican que la canalización debe ser de 100 mm, donde
en planos se indicó de 76 mm.

Como consecuencia de lo anterior, no se pudieron corregir los planos a
tiempo, debido al estado del proceso de contratación, el cual ya estaba
finiquitado, generando ahora un costo adicional por $955.

Adicionalmente, en el cartel de contratación se solicitó un motogenerador
con un mínimo de 100KVA y el ofrecido fue de 110KVA, el cual
técnicamente cumple con el nivel de aceptabilidad exigido; por tanto,
debido a que la contratación de este motogenerador y la caseta se
realizaron en forma paralela, no era posible prever con exactitud el
tamaño que se adjudicaría, eso ocasiona ahora la obra extra por cambiar
la longitud de la malla (verja) y el cambiar de posición al motogenerador,
lo que tiene un costo de $300.

Con respecto a la fosa del transformador, se realizó la excavación
presentando un problema de nacimiento de agua por un nivel de manto
friático alto. Lo anterior era imposible predecirlo, ya que implica una
saturación de agua en el terreno que no es viable determinar hasta el
momento en que se excave, y como consecuencia ocasiona que se deba
corregir el tipo de fosa, para que no sea dañada por la condición del
terreno, lo que genera la necesidad de realizar las obras citadas en oficio
adjunto, que representan los montos mas elevados de esta solicitud,
correspondiente a $ 2.900.

Por otro lado, la contratación correspondiente a este procedimiento se
realiza con la orden de compra N° 2005-050199, por un monto total de
¢15.289.535.73; por tanto, las obras extras representan un 12.57% del
total.
                                           193


       El total de las obras extras es por el monto de $ 4.155,00 y en virtud de que
       disponen del visto bueno técnico de este departamento, así cómo de la
       razonabilidad del precio, por las situaciones impredecibles ya indicadas, se
       solicita respetuosamente gestione ante el Consejo Superior el
       reconocimiento de las obras extras, las que también señala la empresa
       aludida, generan un plazo adicional para su ejecución de cuatro semanas
       naturales.”
                                           - 0-
      De conformidad con lo expuesto y con base en lo que establece el artículo

14.1 del Reglamento General de Contratación Administrativa, que autoriza a la

Administración disminuir o aumentar unilateralmente, durante la ejecución del

contrato, hasta en un cincuenta por ciento la prestación objeto de la contratación,

así como, en aplicación del artículo 81 inciso 10 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se acordó: Acoger el informe de la Sección de Asesoría Legal de la

Dirección Ejecutiva, y aumentar el objeto y el plazo del contrato adjudicado al

consorcio de empresas Integracom de Centroamérica S.A. e Ingenieros Consultores

Sanabria (INGECOSA) S.A., en sesión No. 95-04 del 9 de diciembre de 2004,

artículo LXXXV, mediante Licitación por Registro No. 2-293-04 denominada

“Acondicionamiento eléctrico (primera etapa) para el edificio de los Tribunales de

Justicia de Nicoya”, en un nuevo precio de $37.187.03 por la obra y un plazo

adicional de entrega de cuatro semanas por haberse dado al momento de iniciarse

el procedimiento situaciones de imprevisibilidad como las apuntadas, y tomando

en consideración que es la única forma de satisfacer plenamente el interés público
                                                         194

que se tiene en la obra, siendo que con el aumento del objeto de la contratación y el

plazo, no se supera el cincuenta por ciento del precio adjudicado originalmente.

           El Departamento de Proveeduría tomará nota para lo de su cargo.                   Se

declara firme este acuerdo.

                                                ARTÍCULO CI

           Mediante oficio N° 2089-DE-2005, el licenciado Alfredo Jones León,

Director Ejecutivo, remite el informe N° 057-DVD-2005 de 31 de marzo último,

suscrito por el licenciado Jorge William Calvo Madrigal, Encargado del Depósito

de Vehículos, sobre el último proceso de destrucción de bienes realizados en

marzo, a saber:

             “…CANTIDAD DE BIENES DESTRUIDOS

                    El proceso de destrucción se realizó los días 28 de febrero y 7, 8, 9,
             10, 11, y 16 de marzo último. La cantidad de bienes destruidos en estos
             días suman un total de 87, distribuidos de la siguiente manera.


                            TIPO DE BIEN
                                                                     CANTIDAD
                            VEHICULOS                                    40
                            MOTOCICLETAS                                 33
                            OTROS 1                                      14
                            TOTAL                                        87

                  Se realizaron 8 viajes al Botadero de La Carpio, depositándose ahí
             un peso total de 39.270 kilogramos.



1
    Corresponden e su mayoría a carrocerías, quemados y partes, todos de vehículos.
                                                       195

                     Se detalla dicha información dividida por viaje, cantidad de bienes

            y peso:

                 DEPÓSITO DE VEHICULOS DECOMISADOS
       CANTIDAD DE BIENES Y TOTAL DE PESO DESTRUCCION DE BIENES

Del 28 de febrero al 16 marzo, 2005

               FECHA            CANTIDAD DE                    PESO
                                    BIENES                    (En Kg)      Nº DE BOLETA
           28-2-05                    6 veh                    5.440             84300
           7-3-05                     6 veh                    4.790             84804
           8-3-05                     6 veh.                   4.370             84884
           9-3-05                     6 veh                    4.570             84974
           10-3-05                    6veh.                    5.070             85032
           10-3-05                    6 veh.                   5.490             85060
           11-3-05              3 veh, 33 mot y 2              6.040             85127
                                       otr 2
           16-3-05               1 veh y 12 otr. 3              3.500            85421

           TOTAL               40 veh. 33 mot y 14             39.270
                                      otros

          BIENES POR DESTRUIR

          Hasta el día de hoy existe un total de 364 bienes para su destrucción,

                           TIPO DE BIEN
                                                                      CANTIDAD
                           VEHICULOS                                      61
                           MOTOS                                          105
                           OTROS                                          198
                           TOTAL                                          364




2
    Corresponde a 1 motocicleta en mal estado y un vehículo quemado
3
    Corresponde a carrocerías y partes de vehículos
                                         196

            Cabe agregar que los bienes que faltan por destruir, corresponden a:

     60 vehículos que se encuentran a la orden del Departamento de
      Proveeduría, pero que por su mal estado no son susceptibles de donación
      (informado mediante oficio 1086-DP/21-05 del 2 de marzo en curso
      suscrito por la licenciada Ana Eugenia Romero Jenkins, Proveedora
      Judicial al licenciado German Rojas Monge)

     105 motocicletas que se encuentran a la orden del Departamento de
       Proveeduría, pero que por su mal estado no son susceptibles de donación
       (informado mediante oficio 1375-DP/21-05 del 7 de marzo en curso
       suscrito por la licenciada Ana Eugenia Romero Jenkins, Proveedora
       Judicial al licenciado German Rojas Monge)

     Y bienes considerados como otros, tales como motores y blocks los cuales
      no fueron destruidos en este último proceso, por razones de espacio.

           Todos estos bienes serán destruidos en el próximo proceso, el cual
       según lo manifestado por el licenciado German Rojas, se están buscando
       los medios económicos para tal efecto.

            Se adjuntan los listados de todos los bienes tanto de los que se
       destruyeron, como los que tienen pendiente la destrucción, así como
       algunas fotografías con fines ilustrativos.”.
                                          -0-

      Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                  ARTÍCULO CII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2065-

DE-2005 de 4 de abril en curso, remite el informe N° 365-TI-2005 del

Departamento Financiero Contable, en que se desglosan las sumas adeudadas por

el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial, correspondiente al presupuesto de

años anteriores y del presente ejercicio presupuestario.
                                                             197

             “…me permito remitir el desglose de sumas adeudadas por ese
      Ministerio al Poder Judicial, correspondientes al presupuesto de años
      anteriores y del presente ejercicio presupuestario.

            Sobre el particular, al 28 de febrero del 2005, el Ministerio de
      Hacienda, debió cancelar al Poder Judicial, la suma de ¢4,896.2 millones de
      colones, correspondiente al presupuesto ordinario para el periodo 2005, Ley
      N° 8428 del 10 de diciembre de 2004.

             En virtud de los compromisos adquiridos al cierre del período
      presupuestario del año 2004, gran parte de ellos se ejecutaron en el mes de
      febrero, por lo que a la fecha del presente informe, se ha recibido la suma
      de ¢5,150 millones, sea ¢253.7 millones adicionales sobre la cuota de
          Montos recibidos y adeudados por el Ministerio de Hacienda

                                         Total a                       Monto
      Mes                                                                                   Saldos
                                         Recibir                      Recibido


    Enero-05              ¢            2.448.118.404,75 ¢            2.100.000.000,00 ¢      348.118.404,75
   Febrero-05                          2.448.118.404,75              3.050.000.000,00       (253.763.190,50)

TOTAL INGRESOS            ¢       4.896.236.809,50 ¢               5.150.000.000,00 ¢     (253.763.190,50)

      ambos meses, según se muestra en el siguiente cuadro resumen:
    Fuente: Auxiliar “Control de Ingresos Presupuestarios”


             Es importante mencionar, que el “Total a recibir”, compuesto de los
      “Ingresos Corrientes –669-“ y los “Ingresos de Capital – 799-“, sufrió
      variaciones al cierre del presente informe, en virtud de la modificación
      presupuestaria externa N° 1, aprobada por Decreto Ejecutivo N° 32179-H,
      publicado debidamente en el Diario Oficial La Gaceta.

              Por su parte, y según se puede apreciar en la “Minuta de trabajo en
      equipo interinstitucional, con el objetivo de establecer las cifras ajustadas
      relativas al ejercicio presupuestario 2003 y 2002”, realizada entre
      funcionarios de la Contabilidad Nacional y este Departamento, se adeudaba
      la suma total de ¢8,484,686,534.48.

             No obstante lo anterior, como se detalla en el siguiente cuadro, se
      han efectuado ajustes al período presupuestario 2003, por lo que la suma a
      cobrar de períodos anteriores 2002, 2003 y 2004, así como lo concerniente
      a la sumas reincorporadas en el presupuesto 2005, ascienden a
      ¢8.281.267.989.42:
                                                           198


                      Sumas adeudadas de ejecuciones anteriores por el Ministerio de Hacienda
                                            Al 28 de febrero de 2005


                     Concepto Deuda                          Periodo         Monto              Monto Acumulado

Remanente Superávit Presupuestario                               2002     ¢3.690.747.001,31
Menos:
Suma reincorporada en Presupuesto 2004 Ley 8398                  2004     -¢1.109.110.940,21
Suma reincorporada al presupuesto 2003 según Ley 8374.                       -¢87.284.370,99
Monto neto a cobrar período 2002                                        ¢2.494.351.690,11          ¢2.494.351.690,11

Remanente Superávit Presupuestario según Minuta de Trabajo
Poder Judicial - Cont. Nac.                                      2003     ¢4.793.939.533,17
Menos:
Suma reincorporada en Presupuesto 2004 Ley 8424                  2004      -¢375.000.000,00
Depósito efectuado Enero del 2004                                          -¢400.000.000,00
Sumas ajustadas Partida 000, en Enero 2004                                     -¢297.687,33
Monto neto a cobrar período 2003                                        ¢4.018.641.845,84          ¢6.512.993.535,95

Remanente Superávit Presupuestario                               2004   ¢6.266.274.453,47         ¢12.779.267.989,42

Total adeudado ejecuciones anteriores                                                           ¢12.779.267.989,42
Menos:
Sumas reincorporadas al presupuesto 2005 según Ley 8428.         2005                             -¢4.498.000.000,00

Total suma acumulada por cobrar al 28 de febrero de 2005                                         ¢8.281.267.989,42


              Al 31 de diciembre de 2004, el Ministerio de Hacienda, adeuda al
       Poder Judicial la suma de ¢12,779,267,989.42, no obstante, al
       reincorporarse la suma de ¢4,498,000,000.00, en el presupuesto del año
       2005, el cual será cobrado en la cuota normal del presente ejercicio, queda
       aún pendiente, un monto de ¢8,281,267,989.72.

              Cabe mencionar, que con Oficios N° 2790-TI-2004 y 2879-TI-04,
       de fecha 20 y 30 diciembre de 2004, respectivamente, el Departamento
       Financiero Contable, solicitó al licenciado José Luis Araya Alpizar,
       Director de Presupuesto Nacional, de ese Ministerio, se generaran las
       reservas de ingresos del período 2004. No obstante, en notas de fecha 6 y
       25 de enero del presente año, el señor Araya Alpizar, indicó que dicha
       gestión debía canalizarse directamente a través de esa Tesorería.

              Aunado a lo antes expuesto es importante indicar que al 31 de enero
       del presente año, el Poder Judicial, tiene a su haber un monto de
       ¢124,583,846.02, el cual fue girado en su oportunidad al Fondo General de
       Gobierno, como se muestra a continuación, sumas que podrán ser
       represupuestadas conforme las necesidades institucionales:
                                                      199

                               Control de traslado de recursos a la Ministerio de Hacienda
                                                 Al 31 de enero de 2004

                                                       Cuenta origen
              Número                              Numero       Nombre
  Periodo                          Monto                                                          Motivo
             Documento                            Cuenta        Cuenta

   2004     Ofic. 76-SC-2005      ¢94,784,073.78 Prog. 931 Direc. Notariado     Saldo cuenta Patrimonial,         para    su
                                                                                presupuestación y utilización.

   2004          1706              ¢3,560,000.00 183581-5 Defensores Públicos Incorporación de recursos de honorarios, para
                                                                                necesidades propias de la Defensa Pública,
                                                                                según Oficio N° 646-UADP-04 del 13-07-04.
   2005           76              ¢26,239,772.24 164815-2 Juristránsito         Solicitud de transferencia para ser utilizado
                                                                                posteriormente por medio de un presupuesto
                                                                                extraordinario,    según     "Solicitud    de
                                                                                Transferencia de Recursos para el 27-01-
                                                                                2005", emitido por el Subproceso Contable.
      Total a cobrar:          ¢124,583,846.02



      Se acordó: 1) Tomar nota del informe anterior sobre las sumas adeudadas

por parte del Ministerio de Hacienda al Poder Judicial de años anteriores y del

presente ejercicio presupuestario. 2) Formular una atenta instancia al señor

Ministro de Hacienda, a fin de que se giren a favor de este Poder de la República

los montos adeudados por esa Institución.

                                            ARTÍCULO CIII

      En sesión N° 97-04 celebrada el 16 de diciembre del 2004, artículo

LXXXIII, se trasladó a estudio e informe del Asesor Legal de la Dirección

Ejecutiva y del Departamento Financiero Contable, la propuesta del “Contrato

General de Comisión para la realización de Operaciones bursátiles a través de INS

Bancrédito Valores, Puesto de Bolsa”, ofrecido al Juzgado Segundo de Familia de
                                           200

San José, para administrar los fondos que se originen en los procesos que conoce

ese despacho.

      El licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de

Asesoría Legal, con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones León, Director

Ejecutivo, en oficio N° 186-DE/AL-05 de 15 de febrero del año en curso, emite el

siguiente criterio:

        “En respuesta al oficio N°456-05 de 27 de enero en curso, suscrito por el
        señor Carlos Francisco Roldán Bolaños, Prosecretario General,
        requiriendo el análisis de esta Sección de Asesoría Legal sobre la
        propuesta de contrato general de comisión para realización de
        operaciones bursátiles a través de INS Bancrédito Valores, Puesto de
        Bolsa, remitido a esa Secretaría General por el licenciado Jorge Arturo
        Marchena Rosabal, Juez del Juzgado Segundo de Familia de San José; me
        permito referirle lo siguiente:
        En reiterados criterios (223-DEIAL-02 y 304-DEIAL-03 de 27 de febrero
        y 1 3 de marzo de 2002 y 459-DEIAL-03 de 21 de marzo de 2003) esta
        Asesoría Legal ha manifestado que el Poder Judicial como depositario de
        dinero, bienes y valores de particulares que son parte en alguna causa
        judicial, tiene la obligación de cuidarlos con la diligencia que acostumbra
        emplear en la guarda de sus propias cosas, conforme a lo dispone el
        artículo 1349 del Código Civil. En el caso concreto del citado despacho
        judicial, los fondos provenientes de causas que ahí se tramitan, se
        mantienen en la cuenta corriente judicial #70-401-6 del Banco de Costa
        Rica, la cual genera intereses que oscilan de un 8% a un 10%, cumpliendo
        así el Poder Judicial con esa obligación que tiene como depositario.
        Ahora bien, la suscripción de un contrato de comisión con el INS
        Bancrédito para realizar operaciones bursátiles por medio de un puesto de
        bolsa, plantea al Poder Judicial una serie de responsabilidades y cargas
        financieras y operativas que para el suscrito no está obligado a soportar,
        por cuanto como depositario de esos bienes y valores, sus actuaciones
        siempre serán gratuitas a favor de los intereses de los particulares, es
        decir, no obtiene ningún porcentaje o comisión por las inversiones
                                          201

       realizadas pese al costo administrativo que asume para cumplir con ese
       cometido.
       Por ejemplo, la cláusula 1 .2 del citado proyecto de convenio señala que
       el cliente, por la administración de los valores, y por cualquier otro
       servicio que reciba del Puesto de Bolsa INS-Bancrédito cancelará “un
       costo por el servicio realizado, que será pactado en cada oportunidad
       sobre el valor transado por cada operación realizada, con el propósito de
       cubrir los costos administrativos y de custodio de las inversiones a favor
       del Cliente.”.

     El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2036-

DE-2005 de 1° de abril en curso, remite el informe N° 340-TI-2005 del

Departamento Financiero Contable que dice:

             “Para su estimable conocimiento y con el propósito de que si a bien
       lo tiene, se traslade al Consejo Superior, el criterio de este Departamento,
       en relación con al oficio No. 457-05 de fecha 27 de enero del año en
       curso, suscrito por el Lic. Carlos Francisco Roldan Bolaños, Prosecretario
       General Consejo Superior, en el cual transcribe el acuerdo tomado por el
       Consejo Superior, en sesión No. 97-04, celebrada el 16 de diciembre del
       2004, artículo LXXXIII, solicitando el estudio e informe de la propuesta
       del “Contrato General de Comisión para la realización de Operaciones
       bursátiles a través de INS Bancrédito Valores, Puesto de Bolsa”, ofrecido
       al Juzgado Segundo de Familia de San José.

            En ese sentido, este Departamento comparte y         avala el criterio
       externado por el Lic. Carlos T. Mora Rodríguez, Jefe      de la Sección de
       Asesoría Legal, de la Dirección Ejecutiva, en el Oficio   No. 186-DE-AL-
       05, del 15 de febrero del 2005, en el cual se              externan varios
       inconvenientes en la suscripción de dicho Contrato.

            Al respecto, es importante referir, que actualmente las custodias de
       los títulos valores entregados a los despachos judiciales, están
       concentradas en el Banco de Costa Rica, conforme se cita en el Manual
       de “Procedimiento para el Manejo, Administración y Control de
       Custodias de Títulos Valores y Otros Bienes en Especie”, el cual fue
       aprobado por el Consejo Superior en Sesión No. 37-01, celebrada el 15 de
       mayo del 2001, artículo XC. Asimismo, en el Reglamento de Cuentas
                                          202

       Corrientes Judiciales, en su capitulo II denominado “De los Depósitos de
       Valores en Especie”, se hace referencia a la forma en que deben ser
       tratados los títulos valores.

             Sobre el particular, actualmente el tipo de custodia que se mantiene
       en el Banco de Costa Rica es “Custodia Simple”, que constituye un
       simple resguardo por parte del banco de los documentos y objetos
       remitidos. En este momento el Banco de Costa Rica no cobra ninguna
       comisión por la custodia de los títulos valores y brinda el servicio en todo
       el país.

            Por lo anterior, el suscribir este tipo de contrato implicaría un
       cambio a las disposiciones autorizadas por el referido Órgano Superior,
       específicamente en el contenido del Manual antes citado.

            Además, abriría la posibilidad de que todos los despachos judiciales
       puedan suscribir contratos de intermediación bursátil, con este u otros
       puestos de bolsa, lo cual conllevaría a que el manejo administrativo de las
       custodias por parte de las Unidades Administrativas y en este momento
       del Departamento Financiero Contable, sea más complicado y de mayor
       control, al mantener títulos valores en diferentes entidades o incluso
       contar con macrotítulos y anotaciones electrónicas.”
                                           - 0-
      Se acordó: Acoger los informes anteriores y hacerlos del conocimiento del

licenciado José Arturo Marchena Rosabal, Juez del Juzgado Segundo de Familia

de San José.

                                  ARTÍCULO CIV

      El Licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 2187-

DE-2005 de 8 de abril en curso, con el visto bueno del Departamento de

Planificación, somete a consideración el oficio N° 141-P-2005 de 30 de marzo

último, suscrito por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento
                                       203

Financiero Contable, que literalmente dice:

       “...me permito remitir la Modificación Externa No. 04-2005 por
       Decreto Ejecutivo por el monto de ¢395.950.743.00, mediante la
       cual se trasladan recursos de coletillas en el programa 800-05 “
       Superávit ” en la subpartida 300 “ Maquinaria y equipo de
       producción ” y subpartida 510 “ Edificios “. Además, incluye el
       reforzamiento de la subpartida 300 por la suma de ¢15.000.000.00 en
       virtud del rebajo con motivo de los compromisos no devengados que
       corresponde atender a través de esta modificación presupuestaria.
            Lo anterior a efecto de cubrir los compromisos no devengados
       sin contenido económico en el presupuesto de este año, según lo
       dispuesto en Circular 641 y su adendum (basada en la Ley de
       Administración Financiera y Presupuestos Públicos No. 8131 y en el
       Decreto Ejecutivo No. 30906-H-MP-PLAN de 12 de diciembre del
       2002), emitida por la Dirección General de Presupuesto Nacional.”.

                                              -0-

                     MODIFICACION EXTERNA No. 04-2005

                           POR DECRETO EJECUTIVO

                                  CONSIDERANDO

       Que las Disposiciones Varias, inciso D, de la Ley No. 8428 “ Ley de
       Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
       Ejercicio Económico 2005, publicada en el Alcance No. 67, a la
       Gaceta No. 257 del 31-12-04, establece que:

       “Se autoriza al Poder Judicial para que mediante acuerdo interno del
       órgano máximo institucional, realice aumentos y rebajos de las
       subpartidas aprobadas en su presupuesto, así como la creación de
       nuevas subpartidas respetando las limitaciones establecidas en el
       artículo 45 de la Ley No. 8131, Ley de Administración Financiera de
       la República y presupuestos Públicos. Estas modificaciones deberán
                                         204

        ser comunicadas a la Dirección General de Presupuesto Nacional del
        Ministerio de Hacienda. “.

                  SE PRESENTA PARA SU APROBACION LA
                   MODIFICACION EXTERNA No. 04-2005
                        POR DECRETO EJECUTIVO


                               TÌTULO 120
                             PODER JUDICIAL
                            PROGRAMA 800-2005
                               SUPERAVIT
                         PRESUPUESTO ORDINARIO
                   MODIFICACIÓN POR DECRETO No. 04-2005

INCISO A)
Rebajar:

G-O FF C-E CF    CONCEPTO                                               MONTO
3   05 221 13 Maquinaria y                                             15.000.000,00
              Equipo
              Maquinaria y
              Equipo de
300           Producción                             15.000.000,00

                  (00 General)      15.000.000,00
                  Construcciones,
                  Adiciones y
5   05 211 13     Mejoras                                             380.950.743,00
510               Edificios
                  (00 General)                       380.950.743,00
                                    380.950.743,00
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO 120
PROGRAMA 801                                                          395.950.743,00

INCISO B
Aumentar :

G-O FF C-E CF        CONCEPTO                                          MONTO
                  Maquinaria y
3     05 221 13   Equipo                                               30.000.000,00
                  Maquinaria y
                  Equipo de
300               Producción                         30.000.000,00
                                                 205

                      (00 General)         30.000.000,00

                      Construcciones,
                      Adiciones y
5     05 211 13       Mejoras                                                    365.950.743,00

510                   Edificios
                                                               365.950.743,00
                      (00 General)         365.950.743,00

TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO
120 PROGRAMA 800                                                                 395.950.743,00



                             JUSTIFICACIÓN DE REBAJOS
                                 PROGRAMA 800-2005


                Maquinaria y
3     05 221 13 Equipo                                                           15.000.000,00

                   Maquinaria y Equipo
300                de Producción                               15.000.000,00
                   (00 General)                15.000.000,00
                   Rebajo de la coletilla " Para planta eléctrica de los Tribunales de San José".
                   Se rebaja para hacerle frente a al compromiso no devengado del programa de
                   superávit del 2004.

              Construcciones,
5   05 211 13 Adiciones y Mejoras                                                380.950.743,00
510           Edificios                                         380.950.743,00
                (00 General)                380.950.743,00
                Se trasladan a la 300 y cambio de coletillas 510, El rebajo es con el propósito
                de cubrir los compromisos no devengados del programa de superávit del 2004.
                Se rebaja las siguientes coletillas:
 180.000.000,00 Tribunales de Guápiles

    24.000.000,00 Construcción de la segunda planta de los Tribunales de Buenos Aires.

  42.420.000,00 Tribunales de Turrialba
 134.530.743,00 Tribunales de Grecia

TOTAL JUSTIFICACION
REBAJAS PROGRAMA 800-2005                                                        395.950.743,00
                                                 206


                             JUSTIFICACION DE AUMENTOS
                                  PROGRAMA 800-2005

                Maquinaria y
3     05 221 13 Equipo                                                             30.000.000,00

                  Maquinaria y Equipo
300               de Producción                               30.000.000,00
                  (00 General)                30.000.000,00
                  Para hacerle frente al compromiso no devengado del programa de superávit del
15.000.000,00     2004, Pedido No. 42319-04
                  Para reforzar la subpartida con el propósito de hacerle frente al pago la planta
                  eléctrica en los Tribunales de San José. Esto para reponer los recursos
15.000.000,00     incluidos en la Modificación por Decreto No. 03-2005.

              Construcciones,
5   05 211 13 Adiciones y Mejoras                                                365.950.743,00
510           Edificios
              (00 General)                   365.950.743,00 365.950.743,0
                                                             0
                  Para hacerle frente al compromiso no devengado del programa de superávit
                  del 2004, mediante los siguientes pedidos:
  10.103.677,00   30395-03
   1.530.000,00   41758-04
     569.155,00   41802-04
   1.166.873,00   41895-04
     960.000,00   41904-04
     845.000,00   41928-04
     487.000,00   41954-04
     450.000,00   41966-04
   1.529.000,00   41990-04
  50.000.000,00   42022-04
  16.000.000,00   42023-04
 160.000.000,00   42024-04
  20.000.000,00   42300-04
   9.750.000,00   42334-04
   3.524.460,00   42335-04
  10.022.778,00   315271-04
  42.420.000,00   316231-04
  36.592.800,00   420171-04

TOTAL JUSTIFICACION
AUMENTOS PROGRAMA 800-2005                                                       395.950.743,00
                                        207

                          MSC. WALTER JIMÉNEZ SORIO

      JEFE A.I. DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

                            DEL PODER JUDICIAL

                               HACE CONSTAR:

       Que el rebajo de la subpartida 510 en el programa 800 “ Superávit ”
       por la suma de ¢15.000.000.00, no desfinancia esa subpartida, por lo
       tanto, el aumento propuesto en la Modificación Externa 04-2005 por
       Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico .

       Dada en la ciudad de San José a los treinta días del mes de marzo
       del año dos mil cinco.”.
                                  -0-
      Se acordó: Aprobar la Modificación Externa No. 04-2005 al Presupuesto

Ordinario del 2005, la que se remite a la Dirección de Presupuesto Nacional, con

el ruego atento de que se tramite mediante decreto ejecutivo. Se declara firme

este acuerdo.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                 ARTÍCULO CV

       El jubilado Ramiro Castro Saborío presentó el 26 de enero del año en curso

ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia reclamo administrativo, en el

que solicita a este Consejo que resuelva lo siguiente: a) Que los jubilados que

acrediten que tienen hijos en edad escolar, colegial o universitaria se les reconozca

el beneficio del salario escolar en forma retroactiva desde que se estableció el
                                           208

beneficio. b) Que las personas que se jubilan por enfermedad tienen derecho a

recibir el 100% de su salario, equivalente al puesto que desempeño y no una

tercera parte. c) Que el servidor que se jubila por motivos de enfermedad pueda

reintegrarse a sus labores o participar de concursos internos del Poder Judicial,

siempre y cuando se demuestre que se encuentra en condiciones óptimas para el

puesto y así lo certifique Medina Legal. d) Que en caso de acceder a sus peticiones

se de por agotada la vía administrativa.

       El 31 de enero del año en curso la Secretaría General de la Corte solicitó el

informe legal correspondiente al Departamento de Personal, el cual lo remitió el 4

de marzo pasado con las siguientes conclusiones:

               ...” 1. Los actos y comportamientos de la Administración Pública
       deben encontrarse previstos y regulados por el Ordenamiento Jurídico,
       según la escala jerárquica de sus fuentes (artículo 11 de la Constitución
       Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública). De esta
       forma, se ha establecido una especial vinculación de las autoridades e
       instituciones públicas al ordenamiento jurídico. En consecuencia, el Poder
       Judicial, como parte de la Administración Pública, solamente, puede
       realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios que éste autorice
       previamente.

       2. El Gobierno de la República creó el salario escolar como uno de los
       componentes principales de una política de salarios crecientes. Éste
       surgió como una especie de ajuste concedido a los servidores activos y de
       forma adicional al aumento de salarios por costo de vida otorgado a partir
       del 1 de julio de 1994.

        El salario escolar se constituye en una forma de salario nominal que se
       paga de forma acumulativa en el mes de enero de cada año. Es un derecho
       del trabajador por cuanto es un monto devengado que se encuentra
       integrado en su patrimonio pero que se paga en forma diferida.
                                    209

Bajo esta coyuntura es falso que el Estado pague el salario escolar como
un monto adicional.

Bajo esta coyuntura, el Poder Judicial sujeto al Bloque de Legalidad
(artículos 11 de la Constitución Política; 11, 13 y 6 de la Ley General de
la Administración Pública) ha procedido al pago del salario escolar en los
términos establecidos por la normativa que regula el tema y con
fundamento en la naturaleza jurídica de esta figura.

En otro orden de ideas, resulta importante advertir que con fundamento en
las disposiciones normativas que dieron lugar a esta figura, ésta surgió y
fue pensada para su aplicación a los trabajadores activos, así el artículo 1
del Decreto N° 23907-H del 21 de diciembre de 1994, expresamente
estableció: “Se adiciona a la partida de Servicios Personales el rubro
Salario Escolar, para identificar el gasto por ajuste adicional, para los
servidores activos, el aumento de salario otorgado a partir del 1º de julio
de 1994, que consiste en un porcentaje del salario nominal de dichos
servidores, para que sea pagado en forma acumulativa en el mes de enero
de cada año” (énfasis agregado). Asimismo, se debe tomar en cuenta que
con respecto a los jubilados y pensionados, la posición de la Procuraduría
General de la República y los órganos jurisdiccionales consultados, ha
sido la de que a éstos se les paga el salario escolar de una forma distinta a
la que se utiliza para los trabajadores activos, toda vez, que los jubilados
o pensionados reciben en forma total e inmediata el monto
correspondiente por costo de vida, es decir, no se les retiene ni se les
difiere su pago, tal y como ocurre con los trabajadores activos, máxime
que de acuerdo con la naturaleza de esta figura, el pago procede
únicamente en los casos en que se haya efectuado la retención del
porcentaje correspondiente. Así las cosas, la Sala Constitucional ha
planteado la posibilidad que tiene todo jubilado o pensionado de tramitar
ante el régimen jubilatorio correspondiente, la retención mensual y su
consecuente pago diferido.

Finalmente se debe agregar que dado que el salario escolar se reincorpora
al salario genérico del trabajador (parte de la retribución recibida por la
prestación del servicio) debe ser tomado en cuenta en el promedio salarial
empleado para efectuar el calculo del beneficio jubilatorio.

A partir de lo expuesto se advierte que el Poder Judicial ha actuado de
conformidad. La posición de este Poder de la República con respecto a la
petición del señor Saborío Castro en el sentido de que a los jubilados del
Poder Judicial que tienen hijos en edad escolar, colegial o universitaria se
                                   210

les reconozca el derecho al beneficio del salario escolar ha sido asentada.
Como muestra de esto, en el Oficio N° 1714-DL-2002 del 23 de agosto
de 2002, el Departamento de Personal le indicó a la Secretaria General de
la Corte Suprema de Justicia, Licda. Silvia Navarro Romanini, que “...
con respecto a los jubilados, a éstos se les considera todos y cada uno de
los componentes salariales al momento de establecer el salario promedio
del último año, a partir de éste se aplican las formulas respectivas para
determinar el monto que le corresponderá como jubilación. Para este
Despacho la única manera de emitirles un pago por salario escolar a
los jubilados sería aplicarles una retención del 8.19% de su monto de
jubilación, para que les sea entregado acumuladamente en el mes de
enero de cada año o el mes que se determine, siempre y cuando esta
situación se practique durante un año” (énfasis agregado). De igual
forma, el Consejo Superior en la sesión n° 65-02 del 3 de setiembre de
2002 (artículo XXXII) acordó “Tener por rendido el informe del
Departamento de Personal y denegar la pretensión del Dr. Vargas Jiménez
para que se le reconozca en su jubilación el monto correspondiente por
concepto de “salario escolar”, toda vez que ese rubro económico sólo se
reconoce a los servidores o trabajadores activos, como bien señala el
dictamen vinculante C-002-2001 de 4 de enero de 2001 emitido por la
Procuraduría General de la República. Dicho rubro se reserva mes a mes,
para ser pagado en forma acumulativa en enero de cada año. Se le aclara a
don Luis que al momento de hacerse el cálculo para determinar el monto
que le correspondía por concepto de jubilación se tomaron en cuenta
todos y cada uno de los componentes salariales, entre ellos, el salario
escolar”.

3. La potestad de legislar la delega el pueblo en la Asamblea Legislativa,
quien constitucionalmente tiene atribuida la potestad de dictar, reformar,
derogar e interpretar auténticamente la ley. Por su parte, este acto
administrativo con eficacia erga omnes sólo puede ser abrogado o
derogado por una ley posterior y en su contra no puede alegarse desuso,
costumbre o práctica en contrario. Sobre el particular, debe resaltarse que
la Sala Constitucional cuenta con la facultad, por voluntad expresa del
constituyente, de declarar la inconstitucionalidad de las normas y actos de
derecho público, generándose de esa forma su anulación y consecuente
eliminación del Ordenamiento Jurídico.

       Así las cosas, el Poder Judicial sujeto al principio de legalidad,
como parte de la Administración Pública, no tiene la potestad ni la
competencia para derogar, anular, desaplicar o modificar normas
                                   211

jurídicas vigentes. De este modo, la gestión del señor Saborío Castro, en
el sentido de que se modifique una ley que considera discriminatoria no
resulta procedente, en esta vía.

        El señor Saborío Castro pretende que se establezca que el
servidor judicial que llega a la jubilación por razones de enfermedad
conserve el derecho de reintegrarse a sus labores o a participar en los
concursos internos del Poder Judicial, previa demostración de que se
encuentra en óptimas condiciones para el desempeño de su cargo una vez
que esa situación se encuentre debidamente avalada o certificada por la
Medicatura Forense.

         El señor Saborío Castro fue separado de su cargo por incapacidad
absoluta y permanente con derecho a jubilación vitalicia por disposición
del Consejo Superior en la sesión del 6 de febrero de 1997. Al respecto,
el gestionante había solicitado (nota del 2 de octubre de 1996) la
posibilidad de que se valorara su caso y se analizara la conveniencia
institucional de que lo jubilaran por enfermedad, toda vez, que no se
encontraba en capacidad para afrontar los problemas propios de cualquier
trabajo. Por esa circunstancia, el Departamento de Medicina Legal del
Organismo de Investigación Judicial valoró el caso y concluyó que éste se
encontraba imposibilitado de manera absoluta y permanente para el
desempeño de sus labores habituales dentro del Poder Judicial (Oficio
J.D.M.L 96-874 del 14 de noviembre de 1996 y acuerdo del Consejo
Superior, tomado en la sesión del 9 de diciembre de 1996, artículo
LXXIII).

         En este orden de ideas debe valorarse que el Poder Judicial en su
carácter de Poder de la República y como parte de la independencia que
caracteriza su funcionamiento, posee un régimen jubilatorio propio,
regulado por las disposiciones normativas que se contienen en los cuerpos
legales que rigen a lo interno del Poder Judicial. De este modo tenemos
que el artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla la
posibilidad de conceder una jubilación permanente al funcionario o
empleado que se imposibilitare de modo permanente para el desempeño
de su cargo o empleo, siempre que hubiera laborado para el Estado por
cinco años o más.

        Por otra parte, atendiendo a la solicitud del señor Saborío Castro,
se advierte que el numeral 234 de la Ley Orgánica dispone que se podría
suspender, en determinadas circunstancias, el goce del beneficio cuando
hubiere sido acordado en razón de enfermedad y se tuviera noticia que la
                                   212

persona estaba desempeñando otro empleo mientras subsistiera esa última
situación. De la letra de esta norma se advierte la posibilidad, en
circunstancias que el legislador no fijo expresamente, de que un jubilado
judicial por razones de enfermedad pudiera desempeñar temporalmente
algún empleo, suspendiéndose el beneficio mientras durase esa situación.
En este orden de ideas debe valorarse, además, que el trabajo se
constituye no solo en un derecho del individuo sino también en una
obligación para con la sociedad. Este derecho supone la potestad de tener
acceso a un puesto si se cumplen los requisitos necesarios que se exigen
para la clase de labor que se pretende desempeñar. Al respecto, el artículo
18 inciso b) del Estatuto de Servicio Judicial dispone la necesidad de
poseer aptitud moral y física para el desempeño del cargo como requisito
o condición indispensable para el ingreso al servicio judicial.

        Bajo este panorama, en casos como el presente, debe valorarse el
derecho a la salud de aquel jubilado que accede a este beneficio por
razones de enfermedad, las cuales en el caso particular del señor Saborío
Castro fueron las que determinaron su incapacidad de afrontar los
problemas propios de cualquier trabajo (nota del gestionante del 2 de
octubre de 1996); su imposibilidad absoluta y permanente para el
desempeño de sus labores habituales dentro del Poder Judicial (Oficio
J.D.M.L 96-874 del 14 de noviembre de 1996 y acuerdo del Consejo
Superior, tomado en la sesión del 9 de diciembre de 1996, artículo
LXXIII).

        Así las cosas, el Consejo Superior debe valorar la posibilidad de
que una persona que se encuentre en las condiciones del gestionante se
reintegre a la fuerza laboral del país, partiendo del cuadro normativo y
jurisprudencial expuesto y siempre que el interesado logre acreditar y el
Poder Judicial, por su parte, comprobar que las circunstancias que
determinaron la jubilación por enfermedad fueron superadas y la persona
se encuentra habilitada y reúna las condiciones necesarias para el
desempeño de un cargo o puesto en el Poder Judicial.

         Bajo esa coyuntura, también debe valorar el Consejo Superior,
las implicaciones que admitir esa posibilidad conlleva. De este modo,
cuando media la incapacidad por enfermedad de un servidor activo del
Poder Judicial y se comprueba que éste ha recuperado su salud y no se
reintegra al desempeño de sus labores, el goce del salario se le suspende
(artículo 42 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Por
otra parte, la Sala Segunda en la sentencia n° 69 de las 10:30H del 17 de
abril de 1984 sostuvo que “Si realmente la señora Herrera Prado estaba
                                             213

       incapacitada, no podía legalmente trabajar para otra Institución, gozando
       el subsidio legal, no solo porque ponía en entredicho la incapacidad que
       se le había otorgado, sino también porque le irrogaba un perjuicio
       económico a la Entidad demandada, para decir lo menos”. Asimismo y
       con respecto a la posibilidad de que una persona jubilada se reintegrara al
       trabajo, dicha Sala consideró lo siguiente: "Del mérito de los autos, se
       desprende que, el Consejo Médico Forense del Organismo de Investigación
       Judicial, mediante su dictamen del 23 de febrero de 1994 (véanse los folios
       62 y 63), por decisión unánime, que adquirió firmeza administrativa,
       estableció que, el actor, no presenta incapacidad y que, en consecuencia,
       puede continuar laborando. De ahí que, esta Sala, no encuentra motivo
       alguno para justificar que continué sin levantarse la pensión extraordinaria
       de la cual goza. Incluso, de no hacerse así, la Sala opina que se estaría
       quebrantando el artículo 56 de la Constitución Política, que estatuye la
       libertad laboral.”

                En consecuencia, consideró que debe ser el Consejo Superior
       quien decida lo que corresponda, en el ámbito de las competencias y
       atribuciones que le confiere la Ley Orgánica, atendiendo al bloque de
       legalidad que rige en el Poder Judicial así como a la conveniencia
       institucional”...

                                       -0-
      Aún cuando este Consejo lamenta la situación personal del exservidor

judicial Saborío Castro, con base al dictamen emitido por la Licda. Irma Araya

Víquez, asesora del Departamento de Personal se acuerda: 1. Denegar la solicitud

de reconocimiento de salario escolar, por cuanto, tal como ha resuelto este Órgano

en casos similares, este rubro corresponde solo a los servidores o trabajadores

activos, además de ser un monto que se reserva al trabajador cada mes para ser

pagado en forma acumulativa en el mes de enero. 2. Denegar la petición referente

al   aumento del monto de la jubilación, toda vez que fue acordado en su

oportunidad por el Consejo Superior, con base en lo que la ley dispone que le
                                       214

corresponde, y no podría resolverse de forma distinta a lo estipulado por el

legislador, pues este Consejo no tiene potestad para ello. 3. Denegar la solicitud

referente a la posible reincorporación como trabajador activo del Poder Judicial,

por cuanto el señor Castro Saborío fue jubilado por encontrarse incapacitado de

forma absoluta y permanente para desempeñar sus funciones por razones de salud,

lo cual implica que no se encuentra en condiciones de hacerlo, máxime si él

mismo admite en su nueva gestión, que aún se encuentra enfermo.

                               ARTÍCULO CVI

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante oficio No.

1279-DE-2005 de 28 de febrero del año en curso, remite el informe No. 026-TI-

2005 de 15 de ese mes, suscrito por el máster Walter Jiménez Sorio, Jefe del

Departamento Financiero Contable, en que se sintetizan las principales variaciones

macroeconómicas a nivel nacional e internacional, a fin de dar a conocer las

expectativas económicas. Además, se incluyen aspectos relevantes de la Política

Monetaria Nacional e Internacional, y las decisiones en cuanto política monetaria

del Banco Central de Costa Rica, así como sus resultados y ajustes para el período

2004 y la proyección del año 2005.

      Se acordó:     Tener por rendido el informe macroeconómico al 31 de

diciembre del 2004, suscrito por el Jefe del Departamento Financiero Contable.
                                 215

                                 -o0o-

A las 12:05 terminó la sesión.

				
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