TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, AUDIENCIA SOBRE BIODIVERSIDAD by TMF7E28j

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									         TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, AUDIENCIA SOBRE
                          BIODIVERSIDAD




    ACUSACION A LA EMPRESA URAPALMA S.A. POR LA APROPIACION
  ILEGAL DEL TERRITORIO, DESTRUCCIÓN DELIBERADA Y MASIVA DEL
       ECOSISTEMA POR LA IMPLEMENTACION Y EXPANSION DEL
MONOCULTIVO DE PALMA ACEITERA EN TERRITORIOS COLECTIVOS DEL
 JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ, VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y
                  VINCULOS CON PARAMILITARES.




                                                                                         El Infierno1
        En tiempos coloniales. Palenque fue el santuario de libertad que escondía selva adentro. A los
               negros fugitivos de Cartagena de Indias y de las plantaciones de la costa colombiana.

                                                   Pasaron los años, los siglos. Palenque sobrevivió.
        Los palenqueros siguen creyendo que la tierra, es un cuerpo, hecho de montes, selvas, aires,
                                       gentes, que por los árboles respiran y lloran por los arroyos.

Y también siguen creyendo que en el paraíso reciben recompensa los que han disfrutado de la vida,
     y en el infierno reciben castigo los que han desobedecido la orden divina: en el infierno arden,
       condenados al fuego eterno, las mujeres frías y los hombres fríos, que han desobedecido las
                                     sagradas voces que mandan vivir gozando con alegría y pasión.



1
    Texto tomado del libro PATAS ARRIBA, LA ESCUELA DEL MUNDO AL REVES. Eduardo Galeano.




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1. CONTEXTO HISTORCO DE LA REGION
            Colombia: incentivo económico perverso para la plantación de palma
      aceitera

La palma africana fue introducida a Colombia en 1932, el desarrollo comercial del cultivo se inició a
finales de los años cincuenta. A mediados de la década del sesenta ya existían 18.000 hectáreas en
producción en los departamentos del César, Magdalena, Santander y Norte de Santander. Los
cultivos se expandieron a otros departamentos y según datos publicados en 1995 por Fedepalma,
en ese año ya sumaban alrededor de 130.000 hectáreas, siendo el principal cultivo de oleaginosas
del país, fundamentalmente en las zonas norte, central y oriental.

Hoy en día, en el marco del llamado Plan Colombia se pretende sustituir plantaciones de cultivos
ilícitos por palma africana y en todo el país se está planificando sembrar hasta 300.000 nuevas
hectáreas. Estas nuevas plantaciones se realizarían dentro del proyecto agrario de la actual
administración, sin tener en cuenta ni la gente ni el ambiente. La Asociación Campesina del Valle
del río Cimitarra (ACVC), afirma que estas plantaciones son "un triste ejemplo del cóctel de
latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no
renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra". Y
agrega que: "Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios por hectárea
sin alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra. Los nuevos señores feudales
plantean las alianzas productivas que no son otra cosa que la aparcería maquillada. Las alianzas
son el remedio legal para eludir las obligaciones con los trabajadores agrarios desposeídos. Al
volver socio al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas extras y las
prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la administración de las alianzas deben
conservarla ellos 'dada su experiencia'. En otros casos los neolatifundistas proponen sociedades a
los pequeños e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los
proyectos de monocultivo, mediante un sistema de endeudamiento con el sofisma de la 'economía
campesina de la palma'. En realidad se trata de contar con una oferta de materia prima
permanente sin tener ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos
de elaboración y comercialización y los campesinos empobrecidos".

Pero el daño más irremediable quizás será sobre el ambiente y por ende sobre la gente que vive en
él y fundamentalmente la de menores recursos. En un estudio publicado recientemente por el
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt se afirma que "Es
importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que
sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos
sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, se modifica la estructura y
composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se
pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento
de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona". Algunos ejemplos ya se han
documentado, como es el caso de "la zona palmera occidental (Municipio de Tumaco), en donde la
destrucción del bosque primario ha estado asociada, en muchos casos, al establecimiento del
cultivo de la palma. Y como es sabido, una de las principales causas para que especies de fauna
ingresen a alguna de las categorías superiores de amenaza, es la destrucción de los hábitats que
las soportan".

El objetivo fundamental de ese estudio científico fue demostrar la "perversidad" de determinados
incentivos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), enunciados como "para la paz" y
promovidos dentro del marco del Plan Colombia. "Se escogió el ICR para cultivos de tardío
rendimiento como incentivo potencialmente perverso, debido a que éste se orienta directamente a
la expansión de áreas sembradas en palma en cualquier región del país sin tener en cuenta
consideraciones con respecto a la conservación de la biodiversidad. El ICR, es una condonación del



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crédito otorgado por FINAGRO a los productores agropecuarios y puede ser hasta del 40% del
mismo, dependiendo del tipo de productor involucrado".

Es importante aclarar que ésta es sólo una nueva fórmula para una vieja historia de incentivos ya
que "los estímulos han acompañado a los palmicultores desde la década del 50, e impulsaron la
decisión de incrementar las áreas sembradas que pasaron de 250 hectáreas, en 1957 a más
150.000 hectáreas en 1999" y que han sido de todo tipo: "fiscales y tributarios, la investigación y
asistencia técnica, la distribución gratuita de plántulas y semillas, el acceso al crédito". .. entre
otros.

Mediante un análisis microeconómico que permitió determinar el comportamiento de los
productores ante cambios en el precio del crédito, se pudo determinar que los ICR "pueden
estimular tanto a los actuales productores como a nuevos inversionistas a incrementar las áreas
sembradas en palma africana, reemplazando coberturas vegetales tan diferentes como son el
bosque húmedo tropical y los pastos". El modelo construido dentro de este estudio permitió
"simular el posible efecto que tendría sobre la biodiversidad el otorgamiento del ICR en dos zonas
palmeras del país: la zona norte y la zona occidental" y "estimar las áreas óptimas que serían
demandadas por los productores" y permitió también calcular "un Indicador de Biodiversidad (IBD)
que permite comparar el nivel de biodiversidad actual con el nivel que habría si las áreas
potencialmente demandadas se transformaran en cultivos de palma". Los resultados indicaron que
las pérdidas en biodiversidad irían desde 21,8% hasta 39,15 % en las diferentes áreas estudiadas.

Pero más allá de los impactos ambientales y sociales de todo tipo que la expansión de los
monocultivos de palma africana pueden acarrear, resulta increíble que la "solución" que el tan
cuestionable Plan Colombia ofrece a los actuales cultivadores de cultivos ilícitos sea la plantación de
palma africana. La única solución viable sería aquella que permitiera a esos agricultores sustituir su
actual producción por otra que les brinde ingresos más o menos equivalentes a los que ahora
obtienen. Y eso es algo que seguramente la palma no les dará. El actual nivel de precios ya no
resulta rentable y el incremento de las áreas dedicadas al cultivo de la palma no hará más que
reducirlo aún más. Este es por lo tanto un nuevo engaño, que sólo servirá para que el
empresariado colombiano del aceite de palma obtenga mayores ganancias. Los impactos los
sufrirán la gente y el ambiente.

En el caso que nos interesa, los cultivos de palma están ubicados sobre los Títulos Colectivos del
Jiguamiandó y Curvaradó, que están ubicados en el Bajo Atrato Chocoano, jurisdicción del
municipio de Carmen del Darién.

Estos Territorios Colectivos fueron adjudicados por El Instituto de Reforma Agraria –INCORA- hoy
Instituto de Desarrollo Rural - INCODER, mediante las resoluciones 02809 y 02801 del 22 de
noviembre de 2.000, que adjudicó en calidad de tierras de las comunidades negras, los terrenos
baldíos ocupados ancestralmente, con una extensión aproximada de 46.084 has-0050 m2 a las
comunidades del Curvaradó y 54.973-8.368m2 a las comunidades del Jiguamiandó.

El titulo colectivo del JIGUAMIANDÓ está integrado por las comunidades de Puerto Lleras, Pueblo
Nuevo, Urada, Apartadocito, La laguna, Nueva Esperanza, Santafé de Churima, Caño seco, El
Vergel, Bracito y Bella Flor Remacho y al titulo colectivo del CURVARADÓ lo componen las veredas
de Bocas de Curvaradó, Andalucía, No hay como Dios, Costa de Oro, San José de Gendadó, Buena
Vista, Corobazal, Gengadó medio, Las camelias, La laguna, Villa luz, el Guamo, Despensa Baja,
Despensa Media. Caseríos que en la actualidad no existen y que se convirtieron a partir de 1.996,
en el escenario de un modelo represivo, donde se perpetraron los más horribles crímenes contra la
humanidad.




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La historia reciente de estas comunidades de las cuencas del Curvaradó y del Jiguamiandó esta
marcada por “los crímenes que se han perpetrado contra las comunidades desde 1996 hasta hoy
no han tenido un carácter aislado o independiente (…) revelan un plan articulado a la explotación
de territorio, que se reviste la mayoría de las veces de pretextos de control a la insurgencia, pero
que no puede ocultar su carácter de agresión contra las comunidades nativas y simultáneamente
de protección a los empresarios que han ido tomándole territorio.”2

Los miembros de estas comunidades del CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ han sido víctimas de
ataques sistemáticos contra la vida, la libertad y la integridad, además de desplazamientos
forzados. Estos crímenes han sido perpetrados por miembros de la Fuerza Pública y grupos
paramilitares que actúan con su omisión, tolerancia o aquiescencia.

Durante el año 1.996, el control militar y paramilitar de las comunidades del JIGUAMIANDÓ Y
CURVARADÓ empezó en los municipios de BELÉN DE BAJIRÁ Y MUTATÁ, con amenazas,
desapariciones y masacres acaecidas en los caseríos de BRISAS Y PAVARANDÓ, sitio de mercadeo
de los habitantes de CURVARADÓ. En el municipio de RIOSUCIO se inicio en bloqueo económico
que afectó a la mayor parte de los pobladores del Bajo Atrato. Desde 1.996, en TURBO, se hacia
retención de alimentos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Desde el año 1996, las comunidades del Curvaradó y del Jiguamiandó han sido víctimas de 113
crímenes hasta octubre de 2005, entre asesinatos y desapariciones. Se han presentado 15
desplazamientos forzados, 13 de ellos ocasionados por el Ejército directamente, 1 causado por la
Guerrilla y uno por combates en la zona entre el Ejército y la Guerrilla.

Del 2.000 en adelante cómo resultado de una operación militar- paramilitar de despojo,
desarrollada desde la Brigada XVII del Ejercito Nacional, en el Curvaradó los antiguos caseríos
donde habitaron las comunidades fueron destruidos y los bosques deforestados
indiscriminadamente para darle paso al proyecto agroindustrial de palma, implementado por parte
de la empresa URAPALMA S.A. en el territorio de las comunidades afrodescendientes.

La sociedad anónima Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Bajo Atrato URAPALMA, S.A.
de acuerdo con el informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER-, y como
resultado de una Comisión de Verificación celebrada entre el 25 de octubre y el 1° de noviembre
del 2004, en la cual participó la Defensoría del Pueblo, posee 21.142 hectáreas de los territorios
colectivos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, que están afectadas por los cultivos de
palma aceitera y en menor grado por la ganadería. El territorio que el Estado legalmente adjudicó
a las comunidades negras desplazadas del Chocó, a través de la violencia y cuya gestión ha sido
objeto de cuestionamientos tanto de los organismos de control en Colombia, como de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

URAPALMA S.A. tiene su domicilio principal en Barranquilla y el punto central para el desarrollo de
su objeto social, se encuentra en Belén de Bajirá, corregimiento perteneciente al municipio Mutatá
en el Chocó, corregimiento en el que conviven paramilitares y militares para brindar seguridad a los
empresarios. Desde allí se instiga a las comunidades, se les persigue, se les acosa y señala; pese a
ser de público conocimiento de las autoridades la situación de los pobladores del sector. Mientras
tanto la siembra de palma continúa, las amenazas persisten, la reingeniería paramilitar se puede
ver, los empresarios siguen intentando legalizar lo ilegal y el estado no cesa en su intento de
acabar con las propuestas de resistencia de las comunidades.


2
 Tomado del texto LA TRAMOYA, Derechos Humanos y Palma Aceitera Curvaradó y Jiguamiandó, Caso
Tipo 5.




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La empresa URAPALMA S.A. para adquirir estos territorios, utilizó mecanismos en apariencia
“legales”, bajo la figura de contratos privados que contienen grandes irregularidades y que no
cumplen con los requisitos de validez, entre los que se encuentra 55 contratos de mejoras con un
área aproximada de 5.653 Has; Suscripción de Actas de Compromiso para lograr el
aprovechamiento del titulo colectivo; Desarrollo de Alianzas Estratégicas para la consecución de los
prestamos de fomento; Falsificación de documentos públicos y privados mediante la suplantación
de los vendedores, la alteración de resoluciones de adjudicación de baldíos y la figura de la
Accesión, entre otros.

2. FUNDAMENTOS DE HECHO

           RELACION DE HECHOS de los crímenes de Genocidio, exterminio, tortura,
        persecución de un grupo o colectividad, ejecuciones extrajudiciales, masacres,
        retención ilegal, terrorismo, asesinato, destrucción de bienes civiles, traslado
        forzado de poblaciones.

                   Las primeras Acciones:

Desde el año de 1.996 en las Cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó se libra una guerra dirigida
en contra de sus pobladores a fin de usurpar de manera ilegitima e ilegal el territorio ancestral
perteneciente a las comunidades afrodescendientes, indígenas Y mestizas de la región, en procura
de facilitar proyectos agroindustriales y económicos a gran escala de carácter transnacional, en
beneficio de una elite, que de manera ilegal y mediante la violación sistemática de derechos
Humanos ha dado inicio a un proceso de contrarreforma agraria.1

“En octubre de 1.996 en el caserío de BRISAS, dentro de la estrategia paramilitar ingresaron
hombres de la Brigada XVII con uniformes del Batallón Voltígeros, acompañados de 2 exguerrilleros
apodados ”EMERSON” Y ”EL VALLE”. Hicieron salir a todos los habitantes de sus casas, en la plaza
principal del pueblo separaron a hombres y mujeres. A los hombres los forzaron a permanecer boca
abajo en el piso. Luego sacaron del grupo a 8 campesinos. A cinco de ellos los asesinaron delante
de todos y les dijeron: “para que se den cuenta de lo que le pasa a los guerrilleros”. A varios
que intentaron huir les dispararon sin lograr herir a ninguno. Luego de asesinar a los primeros
cinco, se llevaron amarrados a otros tres. Sus cuerpos aparecieron luego en el Puente de CAÑO
SECO.

El 27 de mayo a diciembre de 1997, se presentaron incursiones paramilitares con abierta
complicidad de la fuerza pública. Entre 30 y 40 paramilitares llegaron a la vereda LLANO RICO -
CURVARADÓ. Reunieron a todo el pueblo, solicitaron documentos de identidad y seleccionaron a
cuatro personas y las asesinaron. En Junio del mismo año, paramilitares obligaron a abandonar sus
parcelas y a desplazarse hacia los municipios vecinos a 195 campesinos pobladores del sitio
Caucheras, corregimiento de Mutatá. En octubre, paramilitares incursionaron hacia las 4:00 p.m. en
el corregimiento de LLANO RICO y procedieron decapitar a un campesino.

Los días viernes 5, miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y miércoles 31 de diciembre de
1997, más de doscientos paramilitares apoyados desde helicópteros de las Fuerzas Militares fueron
llegando a las comunidades de SANTAFÉ DE CHURIMA, BELLAFLOR DE REMACHO, BRISAS DE
CURVARADÓ, APARTADOCITO, ARRASTRADERO, ZAPAYAL, NUEVA ESPERANZA, ANDALUCÍA,
PUERTO LLERAS Y LLANO RICO, comunidades éstas asentadas sobre las riberas de los ríos
JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ, donde asesinaron a 14 campesinos y desaparecieron a otros 8.

En el recorrido, los paramilitares incineraron numerosas viviendas y destruyeron muchos otros
bienes de subsistencia de los campesinos. Por los hechos de ese diciembre de 1.997 se produjo el
desplazamiento de 1.200 personas, la mayoría llegaron a Pavarandó donde se conformó una



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Comisión de Verificación para el caso, en la que participaron la Fiscalía General de la Nación y
organismos humanitarios de derechos humanos que lograron recaudar testimonios. Pasado el
tiempo, y a pesar de la exigencia de esclarecimiento y de sanción, los hechos quedaron en la más
absoluta impunidad, mientras en medio de la agudización del conflicto armado se fortaleció el
paramilitarismo como estrategia de control y de represión sobre la población.

El 17 de febrero de 1998 los paramilitares llegaron al poblado de SANTAFÉ DE CHURIMA,
ubicado en el Jiguamiandó, e Interceptaron a un grupo de campesinos, entre ellos tres miembros
de una misma familia, quienes fueron obligados por la fuerza a ir con ellos, siendo llevados al
parecer hacia la inspección de policía de Curvaradó sin que se volviera a saber de su paradero. En
dicha incursión paramilitar fueron desaparecidos 14 campesinos y 4 menores de edad.

El 23 de febrero de 1998, de acuerdo con versiones de los pobladores, entre el sitio La
Esmeralda y Apartadocito, los paramilitares y el Ejército retuvieron a más de 60 campesinos que
fueron obligados a tenderse en el piso; posteriormente fueron ejecutados y algunos enterrados en
una fosa ubicada cerca de la vereda de Apartadocito.

El 28 de mayo de 1998, cerca de 400 paramilitares avanzaron hasta el municipio de Murindó, al
norte de Vigía del Fuerte, en jurisdicción del departamento de Antioquia, y destruyeron todas las
viviendas del asentamiento El Bartolo, así como el centro de salud, la escuela y los enseres de los
campesinos. Todos sus pobladores tuvieron que abandonar las ruinas incineradas e internarse en la
selva. Cuatro pobladores fueron asesinados. En el vecino asentamiento indígena Emberá de La Isla
fue asesinado también un indígena.

No pasó más de un año desde el retorno de los afrodescendientes a sus territorios entre 1998 y
1999 cuando, además del control y del bloqueo militar a través de efectivos regulares y de los
paramilitares que se mantenían sobre la carretera del eje bananero y el río Atrato, se produjeron
acciones armadas combinadas entre militares y paramilitares generando nuevos desplazamientos
forzados de los habitantes de la Cuenca del Curvaradó. Luego de bombardeos indiscriminados,
saqueos de bienes, asesinatos, detenciones arbitrarias, nueve comunidades se vieron obligadas a
desplazarse hacia la cuenca vecina del Jiguamiandó.

Desde el año 2000, cerca de 2500 personas que habitan en las cuencas del Jiguamiandó y
comunidades de Curvaradó se vieron obligadas a abandonar su territorio y a resistir con las
comunidades vecinas ocultándose entre la selva o guareciéndose entre los árboles y consumiendo
raíces.

El 2 de junio de 2000, en la comunidad de Nueva Esperanza ubicada en la cuenca del río
Jiguamiandó, un grupo de las ACCU incursionó violentamente y provocó el desplazamiento de sus
250 habitantes y dejó el caserío en ruinas tras quemar la mayoría de las viviendas.

Desde el año 2001 la perpetración de violaciones de derechos humanos contra estas
comunidades ha estado relacionada al avance de cultivos extensivos de palma aceitera o palma
africana y de proyectos de ganadería los cuales se han desarrollado pese a la existencia de títulos
colectivos sobre estos territorios. El despojo de las tierras de estas comunidades se ha realizado
también por medio de acciones jurídicas ilegales de las empresas palmícolas, entre otros: la
celebración de contratos violatorios de la ley 70 de 1.993, la falsedad ideológica de documentos
públicos, la creación de figuras jurídicas para hacer aparecer el aval de estas comunidades, la
suplantación de cargos de los representantes de las comunidades debidamente reconocidos e
inscritos, los acuerdos para la implementación de los cultivos facilitados por funcionarios públicos
miembros de las fuerzas militares, la coacción y la amenaza directa a los pobladores que en
muchas ocasiones se ven obligados a vender sus propiedades por temor, las amenazas de muerte a
campesinos de las comunidades referidas para que vendieran o abandonaran sus tierras si aún no



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las habían abandonado. La deforestación intensiva para el cultivo de la palma africana y la
ganadería han generado un daño social y ambiental devastador.

Lunes 15 de enero en la Comunidad de Buena Vista incursionó un grupo armado de los
paramilitares asesinando a dos campesinos, uno de ellos de nombre, MIGUEL MARTINEZ e
hiriendo dos mujeres. En el caserío “No hay Como Dios”, comunidad que pertenece al titulo
colectivo del Curvaradó, los pobladores fueron testigos del asesinato del campesino FRANCISCO
ANTONIO GUZMAN TORRES, apodado “JONAS”. En el lugar los paramilitares quemaron 7 casas
y dejaron eslóganes de las AUC en las paredes de algunas viviendas. Esta situación al parecer se
repite en diversas ocasiones. en marzo, mayo, junio y octubre. Se han presentan igualmente
bombardeos y ametrallamientos.

Desde marzo de 2.001 se inició el bloqueo económico en Mutatá, Bajirá, Brisas, Quibdó,
Riosucio, Domingodó y Curvaradó restringiendo el paso de alimentación y combustible a las
comunidades, dejando pasar cuando querían la suma de $ 20.000 pesos por familia y únicamente
el combustible de ida y regreso. En Riosucio, “civiles” armados, dentro de la estrategia armada
encubierta, en medio de la presencia de autoridades civiles, policiales y militares, firman las
facturas de las abastecedoras del lugar por un valor máximo de 20.000, (U.S $ 9), cifra que ellos
mismos han impuesto como monto máximo para la compra de alimentos de cada familia.

El sábado 2 de junio, entre las 11:00 y 11:30 a.m., se produjo una incursión armada paramilitar
en el poblado de Nueva Esperanza. Los paramilitares entraron disparando y activando granadas de
fragmentación contra la población. Lograron huir 268 habitantes atravesando el río Jiguamiandó.
Luego los armados que lucían boinas rojas, algunos encapuchados, algunos de civil, otros con
pañoletas negras procedieron a quemar 13 viviendas y a saquear todos los bienes de la comunidad.
Dos días antes se presentaron sobrevuelos de helicópteros. El día anterior, viernes 1 de junio,
desde helicópteros, unidades militares rafaguearon alrededores del caserío. En la incursión armada,
los militares le expresaron a los campesinos: "sálganse de aquí, estas tierras son nuestras". Otros
decían: "estas tierras tenemos que entregarlas a sus verdaderos dueños" .

El miércoles 4 de julio la presencia paramilitar en Bocas de Caño Claro impidió el ingreso a las
veredas de las comunidades y la libre circulación por el río. Varias viviendas fueron quemadas en
Gengadó Medio, Santa Rosa del Limón y los operativos militares se identifican como Brigada XVII
escribían eslóganes de las AUC. En una de las veredas han dejado pintas donde dicen: “Fuera de
aquí comunidad guerrillera, no les queremos aquí” . EL miércoles 01 de agosto 250 hombres de los
paramilitares ingresaron a Curvaradó. Se presentó el asesinato con sevicia de un campesino de 63
años, luego de haber sido retenido por los paramilitares

El lunes 20 de agosto a las 9:00 horas, en Bella Flor Remancho, comunidad del Jiguamiandó,
120 hombres armados y vestidos con prendas militares ingresaron al poblado con metralletas y
granadas que activaron en algunos momentos. Los armados prendieron fuego a las viviendas y al
centro de salud, quemaron motores fuera de borda y tiendas de víveres, afectando en total 20
construcciones. Al mismo tiempo, fueron abaleadas las trilladoras de maíz y de arroz, dejándolas
inservibles. Un número de 400 personas, se desplazaron, lograron huir cruzando el río Jiguamiandó.
En Bella Flor Remancho se observan los destrozos causados con la quema de casas, las insignias de
las AUC inscritas en las paredes de algunas viviendas, los daños a la maquinaria comunitaria y el
caserío totalmente abandonado.

Miércoles 12 de septiembre entre las 8:00 y 8:30, ciento cincuenta hombres armados, vestidos
con prendas militares, insignias de la Brigada XVII, Batallón Voltígeros, entre los que se
encontraban unidades militares que ejercen control en el municipio de Riosucio, rodearon el
poblado de Puerto Lleras, separaron a hombres y mujeres. A los hombres, los reunieron en la
cancha de fútbol, a las mujeres las hicieron ubicarse al lado de una palmera. A los hombres les



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dijeron que "el Esto es nuestro, tienen un día para desocupar", afirmaron que, "venimos
a desocupar el territorio" "Ustedes se tienen que ir de aquí" "Pueden decirle a quién
quieran, a los internacionales. Somos un grupo ilegal". "No vamos a matar a nadie,
desocupen". Posteriormente entre los hombres, un civil vestido de camuflado, quien trataba de
ocultarse con su cachucha, habitante de la zona, de nombre MIGUEL, señaló a tres integrantes de
la comunidad SEGUNDO SALINAS, CESAR EMILIO ECHEVERRY, RUBEN RENTERIA. En ese
momento fueron tomados por el resto de los armados, argumentando que iban a servirles de guía.

A dos de ellos, SEGUNDO SALINAS y CESAR EMILIO ECHEVERRY, los obligaron a caminar hacia la
escuela, allí se encontraban unas piedras amontonadas para la construcción, procedieron entonces
a golpearlos en el rostro y la cabeza con estas, en sus rostros recibieron múltiples heridas con arma
blanca; las torturas se prolongaron hasta lograr asesinarlos. Las viviendas fueron saqueadas y
sustraídos sus alimentos. Al mismo tiempo RUBEN RENTERÏA, fue amarrado de manos, llevado a
las afueras del pueblo camino al río, allí sus victimarios le machetearon la cabeza y luego lo
degollaron.

De Puerto Lleras, los armados se movilizaron hacia el poblado de Pueblo Nuevo, ubicado en la
margen izquierda sobre el río Jiguamiandó, llegaron a eso de las 11:00 horas, intentando rodear el
caserío. Al ser vistos por la comunidad algunos intentaron huir, mientras los armados disparaban,
indiscriminadamente, tiraron morteros asesinando a una mujer en estado de embarazo, INES
BLANDON CORDOBA, que se encontraba lavando, y al menor de edad, discapacitado, EULALIO
BLANDON PAZ, cuyo cuerpo apareció cuatro días después en el río.
En esa misma acción fue herido el mayor de edad, HELADIO BLANDON ROMAN. Todos estos
hechos sucedieron mientras la comunidad gritaba a los armados: "somos población civil". Los
armados vestidos de camuflado con prendas militares e insignias de la Brigada XVII, obligaron a
quiénes no lograron huir a colocarse de espaldas, mientras saqueaban las viviendas. Al mismo
tiempo amenazaron a la comunidad expresándoles que "tienen tres días para abandonar". "Si
volvemos y están no dejamos nada vivo y matamos hasta el nido de la perra. Pueden
decirlo a quién quieran". “A personas de la comunidad que se interpusieron, los
amarraron y los maltrataron verbalmente, les decían: "la tierra es nuestra". "Les vamos
a acabar si se quedan"

Viernes 21 de septiembre, integrantes de la Brigada XVII, Batallón Voltígeros retuvieron a un
campesino a quién se le identificaron, luego de detenerlo, le expresaron que debía irse : "váyase al
pueblo, vengase con el fusil. Esta tierra la necesitamos para sembrar esto mostrándole
unas semillas". Luego de unos minutos lo dejaron irse a su parcela advirtiéndole: "Váyase
pronto de aquí" Entre enero y octubre de 2001 se produjeron nuevas incursiones armadas que
dejaron como resultado 13 muertos; el saqueo del abastecimiento que se tenía para brindar ayuda
humanitaria y el desplazamiento de nueve comunidades que habitaban la cuenca del río Curvaradó.
Como consecuencia de esto, los poblados de origen fueron abandonados y las comunidades se
reagruparon en cinco lugares cercanos al territorio colectivo del Jiguamiandó.

El 16 de noviembre de 2001, miembros de las ACCU incursionaron en las comunidades del río
Jiguamiandó, por lo cual decidieron desplazarse masivamente hacia la margen derecha río arriba
constituyendo los caseríos de Puerto Lleras, Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza, Bella Flor Remacho y
Caño Seco.

El año de 2002 se inicia con una tercera avanzada en las que se intensificaron las acciones
armadas regulares y paramilitares tendientes a ocupar el resto del territorio de estas comunidades.
El 22 de septiembre de 2002 unidades militares de la Brigada XVII del Ejército Nacional llegaron
hasta el casco urbano del corregimiento de PAVARANDÓ, entre cuyos integrantes se reconoció a
miembros de grupos paramilitares, quienes el 12 de septiembre de 2001 habrían lapidado y
apuñaleado a dos personas en la comunidad de PUERTO LLERAS, así como degollado a otra



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persona y asesinado a un campesino discapacitado y a una mujer embarazada en Pueblo Nuevo.
Camino a Jiguamiandó, dichos militares retuvieron a un grupo de miembros de las comunidades
que se dirigían hacia Mutatá para adquirir alimentos y los amenazaron de muerte si regresaban a
su comunidad. Dos de las personas permanecen desaparecidas;

El 27 de septiembre de 2002 el Estado se comprometió a adoptar medidas urgentes. Sin
embargo, quince días después, se produjeron nuevas acciones paramilitares, retenciones,
amenazas y, consecuentemente, nuevos desplazamientos de los pobladores; El 16 de octubre de
2002 aproximadamente 160 hombres, vestidos con prendas militares y brazaletes de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ingresaron al resguardo de Urada y amenazaron a esa
comunidad en el sentido de que “se dedicara al cultivo de palma y coca o que saliera de sus
tierras”; El 26 de noviembre de 2002 un campesino integrante de los Consejos Comunitarios
del Jiguamiandó, fue detenido por civiles armados cuando regresaba de la comunidad de Urada. El
4 de diciembre de 2002 varios miembros del Consejo Comunitario del Jiguamiandó encontraron
los restos de dicha persona en un lugar conocido como El Cruce, que conduce de Urada hacia
Pavarandó, cerca de una base militar y otra paramilitar. El cuerpo del campesino se encontraba
desmembrado y la cabeza fue hallada a diez metros de distancia del tronco.

El l5 de enero de 2003, hacia las 12:00 horas, 4 afrodescendientes miembros de las
Comunidades, y 2 menores de diez y cinco años de edad, fueron detenidos, intimidados y
golpeados por hombres “armados vestidos de camuflado”, algunos con insignias del Ejército.
Antes de liberarlos, horas después, les dijeron: “necesitamos gente para trabajar en el
proyecto de palma. Allá arriba en el borde necesitamos a la gente para trabajar en el
proyecto [,…] desde hoy estamos más de 1.800 hombres en este territorio [y] no nos
vamos a ir [,…] ustedes han tomado la decisión de regresarse, ustedes ya saben que
tienen riesgo”;

El mismo día de enero, mientras las seis personas permanecían retenidas, entre diez y once
hombres “armados vestidos de camuflado” ingresaron al caserío en el que se refugiaba la
comunidad de Puerto Lleras y dispararon contra las personas que estaban en el caserío. Algunos de
los hombres armados tenían insignias del Ejército Nacional y otros tenían brazaletes de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); además, lanzaron dos granadas de fusil contra un grupo
de personas que se encontraba en el bosque. Cinco familias que no lograron salir fueron objeto de
insultos e intimidaciones verbales, con el propósito de que regresaran a sus casas a trabajar. Dos
días después, la mayoría de los habitantes de Puerto Lleras habían regresado a su caserío, pero en
horas de la tarde los hombres armados ingresaron nuevamente con el propósito de evitar que la
comunidad saliera hacia la selva. A raíz de esta incursión armada, al día siguiente la mayoría de los
pobladores del caserío huyeron hacia zonas selváticas donde se mantuvieron refugiados.

El 18 de enero de 2003 los habitantes de la comunidad de Puerto Lleras escucharon disparos
cerca del lugar donde se encontraban refugiados, por lo que más de 100 niños miembros de la
comunidad se congregaron en la escuela. En horas de la tarde, aproximadamente 20 hombres
armados, algunos “camuflados” y otros portando brazaletes de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), ingresaron en dos grupos al caserío con el fin de evitar que los pobladores
buscaran refugio en la selva y de amenazarlos de muerte; El 4 de febrero de 2003 un grupo de
civiles armados dispararon contra tres habitantes de la comunidad de Puerto Lleras,
específicamente dos menores de edad y un adulto, que se encontraban en la orilla del río
Jiguamiandó, en el lugar conocido como “Bocas de Jarapetó”. El campesino recibió un disparo en la
pierna derecha y logró sobrevivir, pero su hijo, murió instantáneamente luego de recibir un disparo.
Los hombres armados insultaron y acusaron al campesino de pertenecer a la guerrilla, tras lo cual
pusieron el cuerpo sin vida de su hijo en una embarcación y lo obligaron a navegar río abajo en
dirección a Puerto Lleras, donde ingresaron posteriormente y afirmaron que no iban a salir de la
región.



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El 4 de marzo de 2003, tras aprobar la decisión de referir la presente solicitud de medidas
provisionales a la Corte Interamericana, la Comisión tomó conocimiento de que se estaba
produciendo una nueva incursión armada en los territorios de las comunidades del Jiguamiandó y
Curbaradó".

En razón a lo anterior, el 6 de marzo de 2003 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos emite Resolución en la que cubre con Medidas Provisionales a los miembros del Consejo
Comunitario de la Cuenca del Jiguamiandó y comunidades del Curvaradó, anotando como
antecedentes de su Resolución, la acción ilegal de la empresa URAPALMA en la zona como
un factor de riesgo, amenaza, para las comunidades. Así lo expresa la Corte:

           “…desde el año 2001 la empresa URAPALMA S.A. ha promovido la siembra de palma
        aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas
        comunidades, con ayuda de “la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada
        XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas”. Los operativos
        e incursiones armados en estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los
        miembros de las Comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma o
        para que desocupen el territorio. La preparación de la tierra para la extensión del cultivo,
        por parte de dicha empresa, sigue avanzando en dirección a la comunidad Nueva
        Esperanza, cerca del lugar escogido por los miembros de las Comunidades para la
        construcción de sus “zonas humanitarias de refugio”. Además, la siembra de palma africana
        y la explotación de los recursos naturales en los territorios de las Comunidades, en las
        presentes circunstancias, ponen en peligro la vida y la supervivencia de estas familias”
        www.corteidh.or.cr/ResolMPJiguamiandó). (Resaltados fuera del texto) (Ver anexo 1
        medidas provisionales CIDH 06.03.2003 casos de las Comunidades del Jiguamiandó y
        Curvaradó)

El domingo 7 de agosto de 2005 se registró un caso de clara vulneración a la integridad y
libertad de los afrodescendientes asociados en los Consejos Comunitarios de Curvaradó y
Jiguamiandó. Ese día, en el Municipio de Murindó, fue detenido arbitrariamente un miembro del
Consejo Mayor del Consejo Comunitario de Jiguamiandó por miembros de la Policía Nacional a las
12:40 p.m., argumentando que sobre el pesaban varios requerimientos judiciales sin que se
especificaran la clase y causa de los mismos. Dos horas después, en virtud de la presión que ejerció
la población afrodescendiente de Murindó, fue dejado en libertad sin que le fuese demostrada la
existencia de ninguna orden judicial de captura.

El día 15 de octubre de 2005, luego de haber sido detenido arbitrariamente por la policía. Fue
desaparecido, torturado y asesinado el afrodescendiente miembro del consejo comunitario del
Curvaradó ORLANDO VALENCIA en una acción conjunta cometida por miembros de la fuerza
pública y los paramilitares. A las 10:30 del martes 25 de octubre de 2005, fue encontrado su
cuerpo, en lugar conocido como Bocas de Zábalo a unos 30 minutos de Chigorodó. ORLANDO fue
desaparecido forzadamente en presencia de un ciudadano canadiense, de pobladores de la región y
de un abogado defensor de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia y Paz, el pasado 15 de
octubre En el momento de su desaparición pobladores y acompañantes fueron amenazados y
seguidos por paramilitares en medio de la presencia policial.

Se siguieron efectuando advertencias, intimidaciones y presiones de unidades militares de la
Brigada XVII y de agentes policiales, de empresarios y de presuntos paramilitares vestidos de civil
armados, contra los habitantes de la Zona Humanitaria en Curvaradó. El mismo tipo de presiones
se han desarrollado contra los iniciadores de la primera Zona de Reserva en el poblado de Cetino,
sembrado ilegalmente por los empresarios palmicultores desde el 2001.




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A esta advertencia militar, se sumó el impedimento para la libre movilización por parte de los
sectores empresariales que impidieron el uso del terraplén para el cruce del río Curvaradó, los
abusos policiales en las actuaciones de control en la Zona Humanitaria, y el desarrollo de diversas
estrategias paramilitares de intimidación y de control contra campesinos mestizos y
afrocolombianos que afirman su derecho legal y legítimo sobre la propiedad para su restitución y
recuperación.

Las comunidades de las zonas humanitarias del Curvarado, así como las personas e instituciones
internacionales que hacen acompañamiento fueron hostigados, por hombres que vestían de civil,
así como por empresarios de la Empresa URAPALAMA.

El 3 de agosto el letrero de la organización de religiosos de la iglesia católica de los Estados
Unidos, en el Curvaradó, fue arrancado, roto y arrojado al suelo, en un lugar controlado
permanentemente por efectivos de la Brigada XVII; El 15 de agosto: la comunidad de Caño
Claro, acompañados por ciudadanos del Estado Español, los Estados Unidos y de nuestra
Comisión de Justicia y Paz, colocaron uno letreros en los que se leía: “Zona de Biodiversidad.
Territorio Colectivo del Curvaradó”, estos fueron arrancados por la fuerza por un hombre conocido
como JULIO CAUSIL, quien participa como comisionista de las empresas palmicultoras en las
compras fraudulentas de tierras apoyados por “civiles” armados de la estrategia paramilitar en la
presión a afrodescendientes y mestizos que habitan en esta cuenca del bajo Atrato. Este señor
CAUSIL intimidó a los campesinos en medio de los acompañantes nacionales e internacionales. El
día 16 de agosto:, pobladores de la Zona Humanitaria del Curvaradó que se encontraban en el
casco urbano de Belén de Bajirá, fueron abordados por un hombre vestido de” civil”, quien
informó que las estructuras armadas estaban preparando un atentado contra el campesino
ENRIQUE PETRO, habitante del Territorio Colectivo, contra los habitantes de la Zona Humanitaria
y los acompañantes internacionales, diciendo que: “apenas den papaya”, “solamente están
esperando la orden y el momento que diga el superior para actuar”. Igualmente el mismo día
integrantes del Bloque Elmer Cárdenas, que operan en el bajo Atrato chocoano, manifestó el
programa de opinión “La Noche” de RCN televisión, “sobre el deseo de algunos miembros del
bloque Elmer Cárdenas de quedarse operando militarmente bajo una nueva fachada”.

El día 20 de agosto: a las 5 00 p.m. el campesino ENRIQUE PETRO fue convocado a una reunión
por la asistente de JAIME SIERRA, miembro de Urapalma en las instalaciones de su sede en Belén
de Bajirá. A dicha reunión asistió, una señora llamada TERESA, al parecer de apellido CASTAÑO de
quien se afirma que es la Esposa de FIDEL CASTANO GIL, y un hombre que se presentó como
abogado de nombre CARLOS DANIEL MERLANO, estas dos personas, llegaron al lugar en una
camioneta Toyota 2 puertas de placas MMP 736.

El campesino PETRO que facilitó 5 hectáreas, de su mejora y posesión de 30 años, para la
ubicación de la Zona Humanitaria del Curvaradó, propiedad que no se encuentra en litigio de
linderos, pero que ha sido sembrada en palma de aceite, luego de desplazamientos forzados y
amenazas paramilitares, les solicitó que no siguieran trabajando ni cuidando en su finca la palma,
agregó que, cuando quisieran hablar tendría que ser con sus abogados. La señora TERESA de
CASTANO y su abogado, luego de reír ante la solicitud de que cesaran en los trabajos de palma en
su propiedad de 130 hectáreas, reconocieron irónicamente que “tenía la razón¨, 40 minutos
después terminó la reunión.

El día 25 de agosto a las 5 30 p.m. el campesino ENRIQUE PETRO, fue citado a una nueva
reunión en la sede de Palmas de Curvaradó S.A., en Belén de Bajirá. En la reunión se hicieron
presentes ANGELA MARIA OSORIO GALEANO, el abogado de nombre CARLOS DANIEL MERLANO,
la señora TERESA, y un reconocido paramilitar como escolta apodado “El Gago” quienes le
propusieron autorizar la fumigación de la palma que está en su propiedad, solicitud a la que
PETRO respondió que no tenía ningún negocio qué hacer con ellos, que él contaba con sus



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abogados, y que el Gobierno Colombiano deber dar las respuestas. El día 28 de agosto hacia las
10:00 a.m. 7 campesinos del Consejo Comunitario de Pedeguita del caserío del Caño Montería, que
limita con el Territorio Colectivo del Curvaradó fueron amenazados por “civiles” armados, que se
movilizaban en un vehículo marca Chevrolet, cuatro puertas, de color azul oscuro, vidrios
polarizados con placa FBZ 201, entre ellos estaban varios apodados “Yuber”, “El Tío”, “Pablo”, “El
Secretario”, y JOSE LUIS LUNA que portaban armas largas y cortas, luego de amenazarlos, les
vaciaron en aceite quemado que tenían para lubricar las motosierras, les dieron 5 días para
desocupar el lugar.

El 1 de septiembre El empresario JAIME SIERRA MORENO actuando en calidad de
representante legal de la Asociación de Palmicultores del Darién, dirigido a entidades de Gobierno y
del Estado Colombiano, una comunicación en la que realiza falsas acusaciones contra las
organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, humanitarias y de solidaridad
que acompañan la Zona Humanitaria del Curvaradó. De la misma manera en la comunicación
pretende desconocer las actuaciones en Derecho de ENRIQUE PETRO y del Consejo Comunitario
del Curvaradó, y pretende auscultar sobre el fundamento y contenido de las Medidas Provisiones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 3 de septiembre, en los municipios de Chigorodó y en el corregimiento de Belén de Bajirá la
“Corporación Tierra Prometida” fueron convocados los desplazados de Bajirá y el eje Bananero a
una reunión en el coliseo municipal de Chigorodó, con el fin de tratar temas relacionados con el
retorno a las tierras, hacia las 9:30, cerca de 300 desplazados, acudieron al coliseo municipal y al
ingresar inscribieron sus nombres y firmas en hojas dispuestas por una funcionaria de la alcaldía de
Chigorodó de nombre CECILIA, encargada de la atención a desplazados. Luego varios de los
campesinos mestizos y afrocolombianos observaron la presencia dos camarógrafos con equipos de
televisión de Tele Antioquia, trabajadores y personal administrativo vinculadas a Urapalma, entre
ellos GUSTAVO MARTINEZ CUABA, quien de civil guía al ejército en sus operaciones y a varios
comisionistas que tramitaron las ventas ilegales de tierras del Jiguamiandó y Curvaradó, entre ellos
EMILIANO ROMAÑA.

En el recinto del coliseo se encontraban funcionarios de la alcaldía de Chigorodó, el personero
municipal MARINO ORTIZ, quien se retiró, al parecer al constatar la desviación de los objetivos de
la reunión. GUSTAVO MARTINEZ CUABA, trabajador de URAPALMA, tomó la palabra señalando a
los miembros de las comunidades del Jiguamiandó de ser controlados por la guerrilla de las FARC,
afirmando igualmente que, “los de Justicia y Paz y los internacionales, son los que verdaderamente
se quedan con las tierras de los Consejos Comunitarios, para entregársela a otros, diferentes a sus
dueños. A nosotros no nos desplazó el gobierno como ellos dicen, sino la guerrilla, ellos son unos
bandidos, son marxistas, que tienen conexiones con las FARC”. Enseguida, otro afrodescendiente
JAIME BEITAR, quien dijo representar desplazados de Turbo, hizo uso de la palabra acusando a la
Comisión de Justicia y Paz; “está causando perjuicio al pueblo, se asocian con unos curitas y
monjitas para engañar a la gente, para robarles las tierras, se unen a los internacionales para
quedarse con las tierras de los consejos comunitarios, ellos matan, desaparecen y secuestran a la
gente, ellos son unos bandidos, ladrones, matones, son cómplices de la guerrilla”.

GUSTAVO MARTINEZ CUABA, participó entre el 27 de enero al 12 de febrero del 2005, en
operaciones militares de la Brigada XVII, en las que fue asesinado en cercanías al caserío Caño
Seco el campesino conocido como Pedro Murillo. Y en el 2001 participó en el desarrollo de
estrategias paramilitares que provocaron el desplazamiento forzado de los campesinos de la
comunidad de Bellavista, en el Curvaradó.

El 5 de septiembre, hacia las 10:00 a.m. llegó hasta la Zona Humanitaria del Curvaradó,           el
siguiente mensaje escrito a ENRIQUE PETRO:
“5 septiembre de 2006



                                                                                                 12
Señor Petro
Siguiendo estrictamente sus indicaciones, los socios me han autorizado a reunirnos hoy 5 de
septiembre de 2006 a las 5:00 p.m. en las oficinas de Palmas del Curvaradó (donde siempre nos
hemos reunido) a fin de concretar una sita (sic) con sus abogados, para reunirnos prontamente con
ellos, en el lugar, la hora y la fecha que usted señale,
Ate, su amigo”.
Pegado a la carta, con un gancho, anexan la siguiente oración:
“Alma de Cristo, Santifícame
Cuerpo de Cristo, Sálvame
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, Confórtame
Oh buen Jesús óyeme
Dentro de tus llagas escóndeme
No permitas que me separe de ti
Del enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte llámame
Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos amén”.

El 6 de septiembre a las 3:30 p.m. fue convocado el señor ENRIQUE PETRO a una reunión con el
abogado de los empresarios de la palma, de nombre MERLANO, en la sede de Palmas de
Curvaradó en Belén de Bajirá. Durante una hora el abogado le insistió en que dejara de confiar en
sus acompañantes “ellos no son campesinos, yo si, nosotros lo podemos ayudar, negociemos
directamente, le podemos pagar 40 millones de pesos de intereses atrasados por el incumplimiento
en el negocio, es decir que le damos por todo 64 millones y le demos otras 5 hectáreas mas de
palma a las que se habían acordado en el documento” .

El señor ENRIQUE PETRO indicó que ya existían trámites judiciales, acciones administrativas, que
deben hablar con el gobierno Nacional, que en relación con el ofrecimiento económico este no
corresponde a los daños causados, y en ellos no es posible confiar. MERLANO abogado de los
empresarios de la palma, le manifestó que le preocupaba que los registros fotográficos prueba de
la reunión, “pueda pasar a manos de subversivos”. El integrante del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras, le manifestó enfáticamente “las comunidades y los acompañantes no son
guerrilleros, yo mismo no me siento preocupado, cuando las fotografías de su finca y de las Zonas
Humanitarias han sido utilizadas para que ellos mismos acusándolo de ser invasor en su propia
tierra”.

El 7 de septiembre, a las 5 00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el
administrador del paramilitar apodado ¨El Napo¨, LEGARDO LOPEZ DUQUE, nombrado “El Gallito”
ha ofrecido a los jóvenes de Belén de Bajirá 500 mil pesos (180 U.S) por su vinculación en nuevas
estructuras armadas de tipo paramilitar. El día 8 de septiembre en el caserío de Brisas a las 10
30 a.m. un niño de 14 años de edad que habita en la Zona Humanitaria del Curvaradó que se
dirigía de Belén de Bajirá hacia el espacio en que habita fue abordado por un efectivo de la Brigada
XVII, que le expresó: “todos los de la Zona Humanitaria son unos guerrilleros. Usted en ese bolso
que llevó debe haber bombas” Un militar le tomó la bicicleta y luego de esculcarle la bolsa con
unos cuadernos, lo dejaron ir. El día 22 de Septiembre un desmovilizado, conocido como
“Piroloco”, expresó que dentro de los planes “en este momento no era posible tocar a Don
ENRIQUE PETRO porque andaba con los gringos y los acompañantes, pero se va a tocar lo que a él
más le duele, sus hijos, su familia”.

Este mismo, desmovilizado, estuvo buscando a don ENRIQUE, para informarle que alguien del
Servicio de Inteligencia Judicial, SIJIN de la Policía Nacional de Bogotá, lo buscaba para que
declarar contra ERMEN DE JESUS MUÑOZ, conocido como alias “Diomedes”, ofreciéndole los



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tiquetes para su viaje, solicitud a lo que don ENRIQUE se negó. El conocido paramilitar ERMEN se
encuentra en la actualidad detenido por su participación en el crimen del líder afrocolombiano
ORLANDO VALENCIA, asesinado el 15 de octubre de 2005 por la estructura militar encubierta,
en el momento de su captura en la camioneta en que se transportaba se encontraba con más de
una decena de escrituras como comisionista de las empresas palmicultoras.


3. FUNDAMENTOS JURIDICOS
3.1. FUNDAMENTOS JURIDICOS - NORMATIVIDAD INTERNACIONAL -
         CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
                Calificación de los hechos objeto de la acusación como actos de
             terrorismo:

Existen convenciones internacionales que miran a la represión del terrorismo, a la cuales han
adherido el Estado de Colombia: la Convención para la prevención o la represión de los actos de
terrorismo que toman la forma de delitos contra las personas, así como la extorsión conexa a
dichos delitos, cuando tales actos tienen repercusiones internacionales, adoptada en Washington
por los países miembros de la Organización de Estados Americanos, pero abierta a la firma de los
demás Estados del mundo (“Convención de Washington”), suscrita por Colombia el 2 de
febrero de 1971. La convergencia doctrinaria y normativa de estos tratados crea una base
interpretativa común, quedando incuestionable la competencia de los tribunales españoles para
conocer de estos delitos, de acuerdo a la norma citada de la Ley Orgánica del Poder Judicial, art.
23, num. 4.

En la Convención de Washington se propone acordar medidas y procedimientos que le confieran
carácter de delito internacional a ciertas formas de terrorismo, buscando formas de cooperación
entre los Estados para su represión. Los actos que allí se califican como terroristas son:
            “la abducción, el asesinato y otros atentados contra la vida o la integridad física de
      aquellas personas a quienes el Estado tiene el deber de dar especial protección, según el
      derecho internacional, y la extorsión conexa con esos crímenes” (art. 1)
         “El artículo 2 establece que estos crímenes serán considerados como crímenes de
      derecho común de interés internacional, cualquiera sea el motivo”.

Respecto a las medidas para ejercer la competencia la convención sigue el principio formulado por
Hugo Grocio: “aut dedere aut judicare ” (o juzgar o extraditar). La Convención de Estrasburgo
establece que:

            La Convención de Washington en su artículo 5 establece que, si por alguna razón no
        se puede dar la extradición del supuesto autor de los crímenes allí contemplados, el Estado
        en cuestión (aquel bajo cuya jurisdicción o protección se encuentra el supuesto autor,
        art.3) “ está obligado a someter el caso a sus autoridades competentes para que se
        persiga, como si el acto hubiere sido cometido en su territorio” (art. 5)

De acuerdo con las convenciones, la tipificación del terrorismo que se deduce de la lista de actos
reprimibles, tiene dos rasgos fundamentales: a) Son atentados contra el núcleo de derechos
básicos del ser humano: vida, integridad y libertad y b) Esos atentados están envueltos en un
riesgo y peligro generalizada para las personas que el Estado tiene obligación de proteger.

Como atentados contra la vida, integridad y libertad, perpetrados con un cierto carácter
sistemático, o de gran escala, estos actos no se distinguirían de los crímenes de lesa humanidad,
objeto del Derecho Internacional Consuetudinario, o de los actos de Genocidio y de Tortura, que
son objeto de instrumentos convencionales internacionales. La nota típica del terrorismo es su




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carácter de riesgo, peligro o amenaza incontrolada, o generalizada, o indiscriminada,
que crea para una población cualquiera.

Cuando ese riesgo es creado por acciones u omisiones sistemáticas de agentes del Estado, o
constituye un elemento integrante de una política estatal, estamos ante una forma específica de
terrorismo que es el Terrorismo de Estado.

Este terror del Estado, aunque ha encontrado justificaciones en el desarrollo de una estrategia
contrainsurgente, tal como se ha venido sustentando en los fundamentos de hecho que han
precedido a esta argumentación, han favorecido y creado las condiciones para el desplazamiento
forzado de población, el sometimiento de algunos sectores de la misma, en función de la
implementación de agronegocios y actividades de extracción mecanizada de recursos naturales.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra terror significa “ miedo
muy intenso”. Y si el miedo se caracteriza por una reacción fisio-psicológica generalizada ante lo
desconocido, ante lo inesperado o ante lo riesgoso, que impulsa a la persona, ya sea a enfrentar
esa realidad tensa o agresivamente, ya sea a huir de ella, el terror comporta esa misma reacción,
pero ya no ante la ambigüedad de lo desconocido o de lo inesperado, sino ante la amenaza positiva
de una violencia que apunta a destruir sus valores más esenciales como ser humano: vida,
integridad y libertad, amenaza ante la cual no hay maneras de protegerse, toda vez que el
terrorismo suprime la delimitación de fronteras de violencia, o sea los cauces en que la violencia
podría ejercerse siguiendo unas reglas delimitadas.

El Estado crea esa situación de riesgo generalizado para las poblaciones civiles de varias maneras:
    o Primero, catalogando a la población civil, de manera generalizada y por el principio,
        mientras no demuestre lo contrario, como “responsable colectivo de la insurgencia”, y por
        tanto, convirtiéndolo en blanco fundamental de la estrategia contrainsurgente del Estado
        que se muestra brutal e inhumana.
    o Segundo, borrando las fronteras precisas entre lo militar y lo civil, mediante la creación y
        multiplicación de grupos de civiles armados, impulsando y apoyando a estos, o al menos
        tolerándolos mediante la política de ceguera voluntaria, consciente de que mientras más se
        multiplique y expanda la actividad paramilitar, con las manos libres par perpetrar todo tipo
        de horrores, sin manchar la imagen internacional del Estado, más efectiva puede llegar a
        ser su estrategia contrainsurgente.
    o Tercero, creando un sistema de impunidad donde los crímenes del Estado y del Para-
        Estado no sean justiciables de facto, ya sea porque la intimidación sobre el entorno social
        de las víctimas impide toda denuncia, ya sea porque la intimidación sobre los agentes
        judiciales los lleva a solo simular desempeños ficticios de acción judicial, realizando
        diligencias que de antemano se sabe que son inútiles para producir actos de justicia y no
        realizando las que conducirían a actos de justicia. La impunidad otorga libertad plena de
        acción a los victimarios y hunde a la población en los niveles más radicales de
        desprotección e indefensión.

Los hechos objeto de esta acusación, tal como se describen, revelan palpablemente que el tipo de
terrorismo que en ellos se tipifica es el Terrorismo de Estado en función de la implementación de
agronegocios y extracción de recursos naturales de empresas como Pizano S.A, Urapalma S.A, y
otras, y CI Multifruits ltda.

3.2. CRIMENES DE GENOCIDIO
         Calificación de los hechos objeto de la acusación como crimen internacional
       de Genocidio:




                                                                                                 15
           La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, define este crimen
        así: “… se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación,
        perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
        racial o religioso, como tal: (a) Matanza de miembros del grupo; (b) Lesión grave a la
        integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) Sometimiento intencional del
        grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o
        parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e)
        Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. (Art. II). El Artículo III establece
        que: “Serán castigados los actos siguientes: (a) El genocidio; (b) La asociación para
        cometer el genocidio; La instigación directa y pública a cometer genocidio; (d) la tentativa
        de genocidio; (e) La complicidad en el genocidio”.

La Comisión de Derecho Internacional, a través del cuarto informe del Relator Especial para el
Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad (Doc. A/CN.4/398,
de 11 de marzo de 1986) señala como el elemento más decisivo para determinar si hubo genocidio,
a la intención:

            “Si el genocidio se considera desde el punto de vista del número de víctimas, la
        cuestión es determinar la diferencia entre el genocidio y los demás actos inhumanos. A
        juicio de algunos autores, no existe diferencia entre el genocidio y los demás crímenes
        contra la humanidad. Según Stefan Glaser, “aparece indudable que la intención de los
        autores tanto de la Convención sobre el genocidio como del proyecto de código era la de
        reconocer como consumado el genocidio aún en el caso en que el acto (homicidio, etc.)
        hubiere sido cometido respecto de un solo miembro de un grupo determinado, con la
        intención de destruirlo “total o parcialmente”. A su juicio, “lo que es decisivo para la noción
        de genocidio es la intención”.

Igual concepto emite el Secretario General en su Carta al Presidente del Consejo de Seguridad, al
trasmitirle las conclusiones de la Comisión de Expertos, el 24 de mayo de 1994 (Doc. S/1994/674,
mayo 27 1994):

            “Lo que hace que los crímenes de los asesinatos en masa y los crímenes de lesa
        humanidad constituyan genocidio es el elemento de la intención de destruir total o
        parcialmente a un grupo determinado. Para constituir genocidio conforme a las
        disposiciones de la Convención, los crímenes contra un número de personas deben estar
        dirigidos a su colectividad o a esas personas en su carácter o capacidad colectiva. Ello
        puede deducirse de las palabras “como tal” que aparecen en el artículo II de la Convención.
        En la mayoría de los países, los códigos penales no consideran que el elemento constitutivo
        subjetivo o mental de un crimen sea el motivo sino la intención.” (o.c. párr. 97)

Para la Comisión de Derecho Internacional, si bien el artículo VI de la Convención restringe la
competencia para juzgar el genocidio a los tribunales del Estado en cuyo territorio se cometió el
crimen, o a un tribunal penal internacional, sin embargo “el genocidio (es) un crimen de derecho
internacional respecto del cual (ya) existía jurisdicción universal según el derecho consuetudinario ”.
Por eso la versión final del proyecto de código extiende la competencia de los tribunales nacionales
respecto del crimen de genocidio enunciado en el artículo 17. (Informe de la Comisión de Derecho
Internacional - 48 período de sesiones - Doc. Suplemento No. 10 (A/51/10), 1996, comentario al
Artículo 8 del proyecto de código).

Para despejar dudas sobre las posibles interpretaciones del elemento intencional discriminatorio del
genocidio: “grupo nacional, étnico, racial o religioso”, el cuarto informe del Relator Especial para el
Proyecto de Código aporta la interpretación más autorizada:




                                                                                                    16
           “Es claro que estos conceptos, aunque convergentes hasta cierto punto, no coinciden
        exactamente (…) Un grupo nacional abarca con frecuencia diversos grupos étnicos (…) El
        concepto de nación no coincide con el grupo étnico y se caracteriza por la voluntad de vivir
        en común, un ideal común, un objetivo común e inspiraciones comunes. (…) El vínculo
        étnico posee en mayor grado un carácter cultural, se funda en los valores de civilización, y
        se caracteriza por un estilo de vida, un modo de pensar, una concepción común de la vida
        y de las cosas; el grupo étnico se basa más profundamente en una cosmogonía. (…) Por el
        contrario el elemento racial se refiere más típicamente a características físicas comunes”
        (o.c. párr. 58)

Para el caso de las conductas y hechos que se están incriminando en este escrito, el elemento
discriminatorio que claramente se aplica es el elemento nacional.

Las modalidades de genocidio que definen y tipifican las conductas y hechos incriminados aquí se
concretan así: ACTOS PERPETRADOS CON LA INTENCION DE DESTRUIR PARCIALMENTE
UN GRUPO NACIONAL, MEDIANTE MATANZAS DE MIEMBROS DEL GRUPO, LESIONES
GRAVES A LA INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO Y
SOMETIMIENTO INTENCIONAL DEL GRUPO A CONDICIONES DE EXISTENCIA QUE
LLEVAN A ACARREAR SU DESTRUCCION FISICA PARCIAL.

           El Sujeto Pasivo de los Actos de Genocidio denunciados.

                    En relación con el grupo nacional:
Si lo que caracteriza a un grupo nacional son ideales, objetivos e inspiraciones comunes que
desarrollan una voluntad de vivir en común, el más concreto acceso a una nacionalidad es la
indagación por el orden jurídico que define esos ideales y objetivos comunes y que se erige como
instancia operativa de los mismos, y como punto de referencia de la población que se identifica en
una misma nacionalidad.

En efecto, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la nacionalidad no puede
determinarse por el nacimiento en un territorio, pues está abierta a extranjeros (art. 96 y 100), ni
por la permanencia actual en un territorio, pues está abierta a etnias fronterizas que trascienden el
territorio legal (art. 96), ni por una unidad lingüística, pues hay lenguas indígenas oficiales en sus
territorios (art.10), ni por uniformidad étnica, pues es una nación multiétnica y multicultural (art.
7).

La identidad nacional hay que buscarla entonces en el orden jurídico al que se acogen los asociados
en nación, en cuanto expresión de unos ideales, objetivos e inspiraciones comunes que motivan a
vivir en común. La misma Constitución Política es la que traza esos ideales, objetivos e
inspiraciones, a través de muchos de sus artículos. Allí se dibuja una república democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, en la
solidaridad y en la prevalencia del interés general (art.1 ); donde la soberanía reside en el pueblo
de donde dimana el poder público (art.3); donde el Estado reconoce, sin discriminaciones, la
primacía de los derechos individuales de la persona (art. 5) y la diversidad étnica y cultural (art.7);
donde se goza del derecho inviolable a la vida y la integridad (art. 11 y 12); donde todos son
iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, libertades y oportunidades (art. 13); donde toda
persona goza del derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre (art.15), así como
a las libertades de conciencia (art.18), de culto (art.19), de expresión y difusión de sus opiniones
(art. 20) de presentar peticiones a las autoridades y obtener respuestas (art. 23), de libre
circulación por el territorio y fuera de él (art. 24); donde no se permiten las detenciones arbitrarias
(art. 28) y es imperativo el debido proceso y la presunción de inocencia (art.29) y hay recursos
expeditos contra las arbitrariedades (art. 30); donde se respetan los derechos de reunión y
manifestaciones colectivas (art.37), de libre asociación (art.38), de sindicalización (art. 39), de



                                                                                                    17
participación política (art. 40), de fundar partidos (art. 107), de ejercer oposición política (art.
112),de oportunidad de trabajo, remuneración vital, capacitación profesional, huelga y formas
asociativas de propiedad ( art. 53 a 58), de vivienda digna (art. 50), de educación (art. 67); donde
el Estado debe velar por la protección de la familia (art. 42), garantizar la no discriminación de la
mujer (art. 43) y proteger a los sectores débiles de la sociedad (art. 43 a 47); donde la actividad
económica está supeditada al bien común y sujeta a una acción racionalizadora del Estado para
mejorar la calidad de vida y la distribución equitativa de los bienes (art. 333 a 336); donde están
proscritos los monopolios (art.336); donde las ramas del poder público son independientes (art.
113) y donde las autoridades están instituidas para proteger a todos los asociados en su vida,
honra, bienes, creencias, derechos y libertades (art. 2).

Sin embargo, la voluntad de vivir en común regidos por esos ideales, objetivos e inspiraciones, o
sea la nacionalidad, tiene en sí misma un germen de fractura o escisión, no fundamentado
principalmente en su incapacidad de crear cohesión teórica, sino en su incapacidad de traducirse en
la práctica o en la vida cotidiana de la población. Esta contradicción es la que ha dado nacimiento,
desde los años sesenta, a organizaciones insurgentes que propenden por otra traducción práctica
de la nacionalidad.

A medida que se ha desarrollado la insurgencia y, por ende, el conflicto armado, se han
desarrollado simultáneamente facciones, reales o hipotéticas, efectivas o afectivas, fundadas o
infundadas, en torno a un ideal nacional o a una idea de nación, haciendo de la nacionalidad algo
escindido en diversos grupos nacionales en conflicto. Pero no solo la insurgencia ha contribuido a
ello sino en igual o mayor medida la “contrainsurgencia”. Esta última se define por el conjunto de
políticas y estrategias de los aparatos del Estado para contrarrestar la insurgencia, y que para el
efecto diseña una interpretación discriminatoria de la población, rotulándola como “amiga” o
“enemiga” según su presunta posición en torno a los ideales nacionales en conflicto, con el fin de
someter al “enemigo interno” mediante estrategias de fuerza.

Tales grupos nacionales no se identifican por ninguna estructura orgánica, de la misma forma que
compartir rasgos raciales, tradiciones étnicas o convicciones religiosas no implica hacer parte de
estructuras organizativas o militantes, como requisito para poder ser blanco de actos de genocidio.
Además, el elemento discriminatorio “nacional”, que identifica personas o poblaciones enteras
como constituyentes de un ideal nacional en conflicto, frecuentemente se encuentra solamente en
la mente del sujeto activo del genocidio, sin correspondencia alguna con la realidad, pero con
capacidad suficiente de producir y activar la intención genocida, o sea, de “destrucción total o
parcial de los supuestos grupos nacionales”.

           Conclusiones de los hechos objeto de la acusación como actos de genocidio:

El conjunto de hechos que fundamenta esta acusación comprende numerosas matanzas
individuales y colectivas, lesiones graves contra la integridad física y mental de numerosas
personas, como privación de sus medios elementales de subsistencia, de sus relaciones con su
medio vital natural y humano, sometimiento a vivir permanentemente bajo el terror y a continuos
desgarramientos morales causados por la eliminación física de familiares, vecinos y amigos, hechos
que tipifican la materialidad del genocidio, a condición de que concurra también el elemento formal
y subjetivo.

Las personas que han sido víctimas de estos crímenes, lo han sido por pertenecer a conjuntos de
población civil catalogados por los sujetos activos de los crímenes como grupos que no se someten
al parámetro de nacionalidad que ellos defienden, por cuanto estas víctimas se ubican en áreas de
influencia, física o ideológica, activa o pasiva, supuesta o real, efectiva o afectiva, fundada o
infundada, de grupos insurgentes que reivindican con métodos violentos una concreción práctica
alternativa de nación, pero por sobre todo por habitar en áreas geográficas que ofrecen ventajas



                                                                                                  18
comparativas para el desarrollo de actividades de extracción de recursos naturales, para la
implementación de agro negocios, para el desarrollo de obras de infraestructura vial, energética o
de telecomunicaciones. Esto hace que dichas poblaciones civiles sean victimizadas en cuanto
grupos nacionales, según la interpretación autorizada, ya citada, de la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU.

El acceso documental que se ha tenido a la política contrainsurgente del Estado colombiano, y en la
fase actual los planes de desarrollo implementados por los gobiernos nacionales, inducidos por las
lógicas del mercado global, no deja duda ninguna de que la población civil que habita en zonas de
especial valor económico, es blanco de una estrategia que atenta contra su vida, integridad,
libertad y demás derechos humanos elementales, sobre la base de una explícita e ilegítima
culpabilización colectiva que se hace de ella, por servir de supuesta “base social” a grupos que
disputan con las armas otra estructuración de la nacionalidad. Los documentos relacionados
prueban a cabalidad la existencia de esa política sistemática que impide considerar el conjunto de
hechos objeto de la acusación como crímenes individuales, inconexos o fortuitos, sin que sea
necesario echar mano de otros elementos probatorios, como confesiones que aluden a directrices
secretas y a estructuras clandestinas que están a la base de varias decenas de millares de crímenes
idénticos, perpetrados a lo largo y ancho del país durante las últimas décadas.

Queda claro, también, que el Genocidio constituye un crimen de derecho internacional, sujeto a
jurisdicción universal, además de estar contemplado entre los delitos que, según la Ley Orgánica
6/85 del Poder Judicial, Libro 1, artículo 24. 4, la jurisdicción española es competente para conocer,
en cuanto cometidos por extranjeros fuera del territorio nacional.

       3.3. La categoría “Crimen contra la Humanidad”

De acuerdo con los principios y especificaciones del Derecho Internacional Consuetudinario, las
conductas se tipifican como crímenes contra la humanidad3. El crimen contra la humanidad se
establece claramente en los Principios de Nürnberg y en las versiones del Código de Crímenes
contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad:

               La Resolución 95(I) de la Asamblea General de la ONU, del 11 de diciembre de 1946,
            adoptó los principios de derecho internacional reconocidos por la Carta de Nürnberg y por
            la sentencia de dicho tribunal y se dirigió al Comité de Codificación del Derecho
            Internacional, creado por resolución de la misma Asamblea General ese mismo día, para
            que tratara    “como asunto de primera importancia los planes de formulación, en el
            contexto de una codificación de los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, o
            de un Código Penal Internacional, de los principios reconocidos en la Carta del Tribunal de
            Nürnberg y en la sentencia del mismo tribunal ”.

Los Principios de Nürnberg fueron formulados por dicho Comité y publicados en el documento
A/CN.4/22, del 18 de abril de 1950, pg. 195. Allí los Crímenes contra la Humanidad son definidos
así:
           “Crímenes contra la humanidad, a saber, el asesinato, el exterminio, el sometimiento a
            esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos realizados contra poblaciones civiles, o
            persecuciones por causas políticas, raciales o religiosas, cuando tales actos son realizados o
            tales persecuciones adelantadas para ejecutar, o en conexión con, algún crimen contra la
            paz o algún crimen de guerra”


3
    El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, (Caso No. IT-94-1-T, Opinión and Judgment of 7 May 1997




                                                                                                                     19
La Asamblea General de la ONU4, mediante la Comisión de Derecho Internacional presentó el texto
íntegro del Proyecto de Código, como quedó aprobado en 1954. Allí se define el Crimen contra la
Humanidad así:

             “Los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la
         deportación o las persecuciones, contra cualquier población civil por motivos sociales,
         políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o
         por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia ”

 En su cuarto informe sobre el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad, presentado por el Relator Especial Sr. Doudou Thiam (Doc.A/CN.4/398*, del 11 de
marzo de 1986), el Relator registra ya la autonomía del crimen contra la humanidad. Allí afirma:
“(la) autonomía relativa se ha transformado en autonomía absoluta. Actualmente, el crimen contra
la humanidad puede perpetuarse tanto en el marco de un conflicto armado como fuera de él ” (o.c.
No. 11).

Así lo confirma el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia en su sentencia del 7 de mayo
de 1997 sobre el caso Dusko Tadic (IT-94-I-T), al resolver dudas sobre la interpretación del artículo
5 del Estatuto de dicho tribunal, afirmando: “… a pesar de este precedente, la inclusión de la
exigencia de un conflicto armado se separa del desarrollo de la doctrina luego de la Carta de
Nürnberg, comenzando con la Ley No. 10 del Consejo de Control, la cual ya no vincula el concepto
de crímenes contra la humanidad con un conflicto armado. Como lo estableció el Secretario
General, ‘Los crímenes contra la humanidad están dirigidos a cualquier población civil y están
prohibidos sin tener en consideración si son cometidos o no en un conflicto armado, sea de
carácter internacional o nacional” (No. 627).

El texto definitivo del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en 1996, y propuesto
ya a la Asamblea General para su adopción, define así el Crimen contra la Humanidad:

             “Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e
         instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo cualquiera de
         los actos siguientes: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Tortura; d) Sujeción a esclavitud; e)
         Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos; f) Discriminación
         institucionalizada por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los
         derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte de la
         población; g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario; h)
         Encarcelamiento arbitrario; i) Desaparición forzada de personas; j) Violación, prostitución
         forzada y otras formas de abuso sexual; k) Otros actos inhumanos que menoscaben
         gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la mutilación
         y las lesiones graves.” (Artículo 18)


4
  en su resolución 174(II), del 21 de noviembre de 1947, creó la Comisión de Derecho Internacional, y por la resolución
177(II) del mismo día le encargó : “ a) que formule los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y
por las sentencia del Tribunal de Nürnberg, y b) que prepare un proyecto de código en materia de delitos contra la paz y
la seguridad de la humanidad, en el cual se indique claramente la función que corresponde a los principios mencionados
en el precedente inciso a ” La Comisión entregó su primera propuesta de Proyecto de Código en 1954 (Documento
A/CN.4/85, del 30 de abril de 1954). Debido a las dificultades que causó la definición de la “agresión”, la Comisión de
Derecho Internacional entró en un receso sobre este asunto desde 1954 hasta 1982, cuando reanudó sus trabajos en
torno a la preparación de un Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. Es claro
que en el debate tenido en el seno de la Comisión en 1954, se eliminó la dependencia entre el Crimen contra la
Humanidad y la comisión de un Crimen de Guerra o de un Crimen contra la Paz. En su informe sobre la labor realizada
en su 37 período de sesiones (1985)


                                                                                                                     20
La tipificación del Crimen contra la Humanidad, tal como fue definida en los Principios de Nürnberg
y luego interpretada y perfeccionada por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, postula
algunas precisiones, tanto sobre el sujeto pasivo y el sujeto activo, como sobre elementos que
atañen conjuntamente al sujeto pasivo y al sujeto activo

       El sujeto pasivo del Crimen contra la Humanidad:

En los principios de Nürnberg se define el sujeto pasivo del Crimen contra la Humanidad como
“cualquier población civil”, y en la más reciente formulación de la Comisión de Derecho
Internacional (Proyecto de Código de 1996) se ponen dos requisitos alternativos que afectan la
definición del sujeto pasivo: el que los crímenes sean perpetrados “en forma sistemática” o “en
gran escala”, requisitos que en el juicio de Nürnberg estaban implícitos en su contexto.

La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, lleva a interpretar el
elemento “población” como sigue:

            “Se ha buscado que el elemento “población” implique crímenes de naturaleza colectiva
        y así se excluyen actos singulares o aislados que, aunque posiblemente constituyen
        crímenes de guerra o crímenes contra la legislación penal nacional, no llegan al nivel de
        crímenes contra la humanidad. Como fue explicado por esta Sala en su Decisión sobre la
        Forma de la Acusación, la inclusión en el Artículo 5 del requisito de que los actos “estén
        dirigidos contra alguna ‘población civil’ asegura que lo que debe ser impugnado
        no será un acto particular, sino más bien una conducta corriente”. El objetivo de
        este requisito fue claramente articulado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre
        Crímenes de Guerra, cuando escribió que “Los delitos aislados no caen bajo la noción de
        crímenes contra la humanidad. Tanto como una regla de acción masiva sistemática,
        particularmente si viniere de autoridad, sería necesaria para transformar un delito común,
        solo punible bajo el derecho local, en un crimen contra la humanidad, el cual entonces
        llegaría a interesar también al derecho internacional. Solo los crímenes que, ya sea por su
        magnitud y salvajismo o por su gran número o por el hecho de que un parámetro similar
        fuera aplicado en diferentes momentos y lugares, y pusiere en peligro a la comunidad
        internacional o impactara la conciencia de la humanidad, justificaría la intervención de
        Estados diferentes de aquel en cuyo territorio han sido cometidos los crímenes o cuyos
        súbditos se han convertido en víctima ” Así, pues, el énfasis no está en la víctima
        individual sino más bien en la colectiva, siendo el individuo victimizado no por sus atributos
        individuales sino más bien a causa de ser miembro de una población civil en la mira. Se ha
        interpretado esto en el sentido de que los actos, como se explicó antes, deben realizarse
        sobre bases de gran escala o sistemáticos, que deben consistir en algún tipo de política
        gubernamental, organizacional o de grupo, para cometer estos actos, y que el victimario
        debe conocer el contexto dentro del cual sus acciones son realizadas, así como el requisito
        exigido por el Secretario General y los miembros del Consejo de Seguridad, de que las
        acciones deben ser consideradas según sus razones discriminatorias ” (Caso No IT-94-I-T,
        Opinión and Judgment, 7 May 1997, No. 644).

El comentario oficial de la Comisión de Derecho Internacional al Artículo 18 del Proyecto de Código,
tal como fue aprobado en su versión final por dicha Comisión, explica así las dos condiciones
alternativas que influyen en la definición del sujeto pasivo del crimen contra la humanidad:
            “[1] El artículo 18 reconoce algunos actos inhumanos como constitutivos de crímenes
        contra la humanidad.
           “[2] La definición de crímenes contra la humanidad del artículo 18 se basa en el
        Estatuto del Tribunal de Nürnberg.

3.4. CRIMENES DE TORTURA Y DESAPARICION FORZADA



                                                                                                   21
           La tortura y la desaparición forzada son crímenes internacionales:

El art. 7 de la Convención contra la Tortura y argumentando que:

            "la tortura deliberadamente perpetrada al amparo de un cargo oficial viola normas
        universalmente aceptadas del derecho internacional sobre derechos humanos, con
        indiferencia de cual sea la nacionalidad de las partes. Por consiguiente, cuando se
        encuentra a un presunto torturador y es judicialmente demandado dentro de nuestro
        territorio por un extranjero, el art. 1350 otorga jurisdicción federal. (...) El torturador es
        hoy -como lo fuera antes el pirata y el mercader de esclavos- hostis humani generis, un
        enemigo del género humano". (Sentencia comentada en 78 American Journal Int'l Law,
        677, 198.4)

Existen precedentes de persecución de la tortura en cuanto a su configuración como crimen
internacional es el caso Filártiga contra Peña-Irala (New York, 1984) en el que la parte actora, de
nacionalidad paraguaya, alegó que su hijo de 17 años, de igual nacionalidad, fue detenido en
Asunción el 29.03.1976 y torturado hasta la muerte por Américo Norberto Peña-Irala, Inspector-
General de la Policía de Paraguay. En 1979 el padre interpuso una demanda civil contra el general
paraguayo ante un Tribunal de EE.UU., en una fecha en que éste se hallaba en EE.UU., invocando
la norma interna de EE.UU. que confiere jurisdicción a sus tribunales ante un daño cometido por un
extranjero en el extranjero "en violación de la ley de las naciones o de un tratado de EE.UU." (28
U.S.C. section 1350). La resolución del juez de 10 Instancia adujo falta de jurisdicción, el Tribunal
de Apelación la anuló y condenó al general de Paraguay a pagar una indemnización de diez (10)
millones de dólares, invocando:

Otro precedente es el de José Siderman, ciudadano que en 1982 interpuso ante el Tribunal de Los
Ángeles (EE.UU.) una demanda contra la República Argentina por el secuestro, torturas y detención
ilegal que le impusieron en 1976 funcionarios argentinos, en Argentina, siendo Siderman
ciudadano argentino. La representación del Estado argentino invocó la Foreign Sovereign
Immunities Act, alegando la falta de jurisdicción de los Tribunales de EE.UU. para conocer del trato
dado a la familia Siderman en Argentina. Esta cuestión previa dio lugar a múltiples recursos y dos
resoluciones del Tribunal Supremo en sendas apelaciones, culminando en septiembre de 1996 en el
Auto del Juez Federal de Los Ángeles Roberto Takasugi que ordenó la apertura del juicio oral. Para
evitarlo, el Gobierno de Argentina aceptó pagar a la víctima, en una transacción, una indemnización
de varios millones de dólares (crónicas del International Herald Tribune, de fechas 3 y 5 de
septiembre de 1996).

                   Calificación de los hechos objeto de la acusación como actos de
                tortura:

La Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (“La Convención”), fue adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante la
resolución 39/46 del 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Fue
ratificada por Gobierno de Colombia el 8 de diciembre de 1987.

           El artículo 1 de la Convención tipifica como tortura “todo acto por el cual se inflija
        intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
        con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por
        un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a
        esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación,
        cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra
        persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
        aquiescencia”.



                                                                                                   22
Los hechos objeto de la demanda describen sufrimientos graves, físicos y mentales, infligidos a
componentes de poblaciones civiles, como formas de intimidación y coacción, por razones
discriminatorias en cuanto esas poblaciones son calificadas como miembros de grupos nacionales,
que supuestamente servirían activa o pasivamente a organizaciones que insurgen en lucha armada
por otra estructuración de la nacionalidad Y son sufrimientos infligidos por funcionarios públicos y
personas que actúan con su consentimiento y aquiescencia.

Tales sufrimientos son causados por los desplazamientos forzados y la privación concomitante de
los medios de subsistencia; por los bombardeos y las secuelas de terror que dejan en adultos, niños
y ancianos; por la destrucción de economías pobres construidas durante muchos años para
sustento de la familia; por la amenaza permanente de ser objeto de abusos y atropellos; por el
asesinato y la desaparición forzada de padres, hijos, parientes, vecinos y amigos.

La desaparición forzada de personas implica, para los familiares de la víctima, el padecimiento de la
tortura. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, en su IV
Informe, de 1986, afirmaba: “Las desapariciones forzadas constituyen la negación más absoluta de
los derechos humanos en nuestra época, pues ocasionan infinita zozobra a las víctimas, tienen
consecuencias nefastas para las familias, tanto social como sicológicamente, y causan estragos
morales a las sociedades donde se producen. Son realmente una forma horrible de violación de los
derechos humanos que merece la atención constante de la comunidad internacional ” (Docum. E-
CN.4/1985/15, pg. 85)

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992, es muy
explícita en afirmar que: “Todo acto de desaparición forzada (…) causa sufrimientos graves (…) a
su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantiza a todo
ser humano el derecho a (…) no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes” (art. 1).

La Corte de Magistrados de Bow Street, de Londres, en su Decisión del 8 de octubre de 1999 sobre
el Caso Pinochet, afirmaba: “Sobre si las desapariciones constituyen tortura; el efecto sobre las
familias de quienes son desaparecidos puede constituir tortura psíquica. Sobre si esto fue
intencional, o no, por parte del régimen del senador Pinochet, a mi modo de ver es de hecho un
asunto que debe ser sometido a enjuiciamiento por el tribunal” (pg. 11)

Respecto a la responsabilidad directa o indirecta en los actos de tortura, la Convención, en su
artículo 4, afirma: ”Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de
cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura ”.

          Sobre el ejercicio de jurisdicción. Sobre los delitos de tortura, el artículo 6 de la
        Convención establece claramente: “(1)Todo Estado en cuyo territorio se encuentre la
        persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace
        referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que
        las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras
        medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de
        conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período
        necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición. (2) Tal
        Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.”

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS - NORMATIVIDAD INTERNA –
    4.1. GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
     CRIMENES CONTRA EL TERRITORIO



                                                                                                  23
                   El regreso a la cuenca del Curvaradó

En la última semana de marzo y la primera y segunda semana de abril de 2006, representantes de
las familias desplazadas de Curvaradó, participaron en reuniones con el Gobierno nacional
(Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Cancillería, Ministerio de Defensa), la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales en las que presentaron su proyecto de regreso a
la cuenca del Curvaradó, en una Zona Humanitaria, como etapa previa a un retorno a sus fincas
propias. En efecto, la ocupación de sus predios con la palma aceitera, el control permanente que
ejercen los grupos paramilitares, con el apoyo de la Fuerza Pública, y la persistencia del conflicto
armado no les permite todavía retornar a sus fincas individuales.

La Zona Humanitaria, que acogería a unas 40 familias, se encuentra ubicada en un predio de una
extensión de cinco hectáreas, parte del territorio colectivo del Curvaradó y propiedad del Señor
Enrique Petro. Los representantes de las familias desplazadas del Curvaradó exhibieron los papeles
en que consta la propiedad por parte del Señor Petro, quien estuvo presente en las reuniones y
expresó su decisión de prestar este predio para la construcción de la Zona Humanitaria. Como el
predio en cuestión está invadido de palma aceitera, la adecuación para la construcción de vivienda
y de huertas familiares requiere arrancar las matas de palma.

Los representantes de las familias desplazadas del Curvaradó solicitaron a las entidades civiles del
Estado acompañamiento y entrega de ayuda humanitaria (alimentación y ayuda para vivienda
conforme a lo que contempla la ley 387). Reiteraron que la presencia permanente de unidades
militares en el caserío de Caño Claro desde el 2001 debería garantizar las condiciones de seguridad,
pues pueden efectuar un control perimetral a la Zona Humanitaria que se encuentra a escasos 500
metros. Exigieron también el cumplimiento de las medidas provisionales de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en cuanto a la protección de su vida, su integridad personal y su territorio.

La comisión de acompañamiento al regreso de las familias desplazadas del Curvaradó se realizó
entre el 8 y el 10 de abril de 2006. Las familias fueron acompañadas por representantes de las
iglesias católica, luterana y presbiteriana de Colombia y de los Estados Unidos, ONG de derechos
humanos y comunidades. Por parte del Estado, estuvieron acompañando tres representantes de la
Defensoría del Pueblo seccional Urabá y un delegado del Programa de Comunidades en Riesgos del
Ministerio del Interior con sede en Apartadó. A pesar de las solicitudes presentadas en Bogotá por
los representantes de las familias desplazadas del Curvaradó, ningún funcionario del Estado del
orden nacional acompañó el regreso. (Se anexa copia del informe).

Durante este regreso, los integrantes de las comunidades se vieron sometidos a múltiples
violaciones a los derechos humanos, entre ellos, fundamentalmente a un retorno en condiciones de
dignidad y seguridad a tu territorio.

                   Los verdaderos beneficiarios del desalojo y de la siembra ilegal de
                palma aceitera y la ganadería extensiva en tierras usurpadas a los
                miembros de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y
                Jiguamiandó.

Las siembras de palma aceitera en los títulos colectivos de las comunidades afrodescendientes del
Jiguamiandó y Curvaradó, son un factor violatorio de los derechos fundamentales de las
comunidades afrodescendientes y por tanto de riesgo para las mismas.

Especial énfasis queremos hacer en que el avance de los cultivos de palma, ha contado con un
factor favorable, cual es un contexto de guerra en el que los grupos paramilitares han amenazado y
amedrentado a los miembros de las comunidades, generando el abandono de las tierras o su venta



                                                                                                 24
forzada. Situación de la que no podemos hablar como un hecho aislado; pues en diversas regiones
del país, nuestros campesinos dan cuenta del desalojo y el desplazamiento del que han sido
víctimas por parte de los grupos paramilitares, encontrando que sus tierras luego son usadas para
la implementación de grandes proyectos agroindustriales que requieren de la concentración previa
de las tierras.

El comandante paramilitar alias “Rodrigo” o “Doble Cero”, quien fuera jefe del Bloque Metro de las
Autodefensas hasta que fue asesinado por miembros de su propia organización en la Costa
Atlántica, declaró en el diario El Tiempo del 1 de septiembre del 2003 que “(...) los proyectos de
palma africana en el sur del eje bananero de Urabá, chorrean sangre, miseria y
corrupción. La forma en que han sido adquiridas las tierras y el dinero supuestamente
prestado por entidades de fomento agroindustrial, hacen parte de una cadena de
lavado de dineros del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y
violencia”.

En el artículo titulado Los Señores de la Tierra, publicado por la revista SEMANA del 7 de abril de
2005, se expone:
     “En el Chocó las comunidades negras que tenían títulos colectivos en Jiguamiandó y
        Curvaradó fueron desplazadas de sus propiedades por hombres del Bloque Elmer Cárdenas.
        Los que pudieron volver encontraron que en sus tierras se habían asentados
        empresas que estaban desarrollando megaproyectos agrícolas. Los antiguos
        dueños tuvieron que emplearse como jornaleros para poder quedarse en lo que es suyo.
        Hoy temen que los cultivadores les reclamen las mejores que han hecho en las tierras y los
        obliguen a cederles sus títulos. Estos son algunos ejemplos de un fenómeno que no
        es nuevo y que se ha ido incrementando en los últimos dos años en
        departamentos como Antioquia, Bolívar y en la zona de los Llanos Orientales. En
        el primero, aseguran algunos propietarios, los paramilitares llegan en helicóptero con un
        mensaje perentorio: “Si no venden se mueren””

Estas afirmaciones que para algunas autoridades no resultaban estar suficientemente probadas con
la realidad que han soportados las comunidades campesinas, fueron de manera incluso cínica,
corroboradas por el jefe paramilitar VICENTE CASTAÑO, cuando en entrevista a la REVISTA
SEMANA, publicada el 6 de junio de 2005, en artículo titulado “Habla Vicente Castaño”, éste
expresó:
       SEMANA: ¿Pero la reparación podría incluir, por ejemplo, las tierras que ustedes se han
       apropiado o han comprado?
       V.C.: Si nos toca dar las tierras para programas sociales no hay diferencia porque
       eso ya lo venimos haciendo con proyectos productivos en varias zonas del país.
       Queremos que nos dejen hacer nuevos modelos de empresas que ya hemos
       venido desarrollando a nivel nacional.
       SEMANA: ¿En dónde está desarrollando esos proyectos?
       V.C.: En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios
       para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es
       llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país.
       Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado.
       Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas
       cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es
       una de las misiones que tienen todos los comandantes”.

Luego, quedando clara la trascendencia del problema aquí planteado y las graves repercusiones
que tiene para la comunidades negras del Jiguamiandó y Curvaradó , hacemos un llamado, para
sancionar ejemplarmente a la empresa URAPALMA SA quien ha ocupado en forma irregular los
territorios colectivos de los afrodescendientes, en detrimento de sus derechos fundamentales



                                                                                                25
individuales a la vida, integridad personal, a la circulación, residencia, a la igualdad, a la paz, entre
otros, y los derechos colectivos como etnia, a la existencia y a la consulta.

4.2. CRIMENES CONTRA LA COMUNIDAD Y LAS ZONAS HUMANITARIAS
     Ataques y violación a las zonas humanitarias

Las Zonas Humanitarias son espacios ampliamente visibilizados y delimitados; Creados por los
afrodescendientes como propuesta para reafirmar sus derechos fundamentales. Se constituyen de
esta forma en espacios de construcción y reconstrucción de la vida, la dignidad, la autonomía, la
cultura. Proponen una aplicación concreta de las normas nacionales y del derecho internacional
humanitario como son: el respeto como población civil a distinguirse de los armados, la propiedad
privada, el territorio. Son sitios creados para vivir en comunidad mientras es posible el regreso a
sus propiedades y desde donde se exigen el cumplimiento de los derechos que como pueblos le
han sido reconocido y constantemente vulnerados.

El martes 13 de septiembre de 2005 cerca de 50 militares del Batallón Voltígeros adscrito a la
Brigada XVII fueron observados en inmediaciones de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en
la Cuenca del Río Jiguamiandó. Hacia las 3:00 p.m. se observaron cerca de 120 unidades militares
que ingresaron en la zona humanitaria. Hacia las 4:00 p.m. se retiraron del lugar. El pretexto
utilizado, pese a exigirles respeto es que: Para el ejército no hay territorios vedados.

El viernes 16 de septiembre desde las 8:00 a.m. hasta las 8:40 a.m. 15 unidades militares
ocuparon la vivienda de un habitante del caserío de Caño Seco. El domingo 18 de septiembre a las
8:00 p.m. un helicóptero militar aterrizó en Santa Fe Churima, que es un lugar que queda próximo
a las zonas humanitarias en la Cuenca del Curvaradó, y en el que se descargaron más unidades
militares.

El viernes 7 de octubre de 2005 durante el día helicópteros militares sobrevolaron las zonas
humanitarias de Jiguamiandó, ametrallaron el caserío de El Lobo mientras desembarcaron tropas de
la XVII Brigada del Ejército en la vereda de Santa Fe Churima.

El lunes 10 de octubre continuaron los sobrevuelos de helicópteros. Mientras estos se realizaban,
hacia las 2:45 p.m., se constató que 300 miembros del Batallón de Contraguerrilla No 33 de la
Brigada XVII, arreaban ganado de las comunidades afrodescendientes y mestizas para cruzarlas
hacia la margen izquierda del Río Jiguamiandó. Hacia las 5:00 p.m. estos ingresaron a las zonas
humanitarias, intimidando a los miembros de las comunidades así como a sus acompañantes.

       Amenazas constantes a las comunidades

El día 24 de septiembre de 2005 en el Municipio de Belén de Bajirá (Chocó), miembros de los
grupos paramilitares expresaron en varios establecimientos públicos que iban a asesinar a personas
relacionadas con las denuncias de las tierras. El 28 de octubre de 2005 en Belén de Bajira en
desarrollo de la estrategia paramilitar se planearon tres nuevos atentados contra afrodescendientes
en los que participaría un hombre apodado “El Cucho”. Los atentados estarían dirigidos contra tres
miembros de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curbaradó, quienes habrían afirmado
frente a otros integrantes de la comunidad: “para hacer lo mismo que ORLANDO. Es necesario
hacer lo mismo con los más cabezudos de esas Zonas Humanitarias, los reclamos por lo de la
palma no pueden seguir adelante”.

El día 12 de noviembre de 2005 se realizaron nuevas amenazas proferidas por un grupo de
militares en el municipio de Murindó. Amenazas que consistieron en anunciar incursiones
paramilitares para acabar con las zonas humanitarias y asesinar de sus líderes.




                                                                                                      26
Los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2005 se profirieron amenazas de muerte a los miembros
de los Consejos Comunitarios refugiados en las Zonas Humanitarias, adelantando en forma
simultánea la destrucción de las Zonas humanitarias del Jiguamiandó y violando los espacios
habitacionales, todo ello por parte de miembros del Ejército adscritos a la Brigada XVII. En Belén de
Bajirá se reestructura una nueva estrategia paramilitar bajo el nombre de “héroes del atrato”.

       El disfraz de la acción militar como asistencia humanitaria

El domingo 25 de septiembre, aproximadamente 180 militares de la Brigada XVII, entre ellos un
encapuchado, ingresaron a la zona humanitaria de Bella Flor Remacho hacia las 7:00 a.m. y
permanecieron cerca de 30 minutos en el sitio, amenazando a los pobladores. Este hecho tiene
como antecedente una visita realizada por el Director del Programa Presidencial de Derechos
Humanos el día 4 de septiembre, en la que se comprometió a definir el estado de la propiedad en
la cuenca, entregar los títulos de propiedad que los empresarios de la palma dicen tener y dar
respuesta a los 14 puntos de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
marzo del año 2005, especialmente el punto relacionado con el retorno, en el curso de las dos
semanas siguientes. Finalmente, dicha información no fue suministrada y por el contrario, como se
narrará fueron desarrolladas operaciones militares que intimidaron a las personas refugiadas en las
zonas humanitarias.

La presencia estatal se ha reducido en estos territorios a una presencia exclusivamente militar.
Incluso al tratarse de ayuda humanitaria o de dar respuesta a los requerimientos realizados por las
comunidades, el Gobierno ha utilizado las operaciones militares para desarrollar esta obligación
constitucional. Un ejemplo de esto, es lo sucedido el viernes 9 de diciembre de 2005 a las 7:10
a.m. aproximadamente, cuando un helicóptero militar sobrevoló la Zona Humanitaria “Pueblo
Nuevo” en 4 oportunidades y aproximadamente a las 7:30 a.m. aterrizó en la cancha de fútbol de
la población civil. Desde el helicóptero, antes de aterrizar, los militares apuntaron a la población
civil con armas largas.

Luego de descender, los militares se dispersaron y corrieron hacia las casas de los
afrodescendientes. Los militares señalaron que eran de la Brigada XVII, en misión de
reconocimiento de la zona al mando del capitán Martínez. Ante la insistencia de la comunidad para
que se retiraran de la Zona Humanitaria, un uniformado de apellido Sánchez expresó, que no lo
iban a hacer, que llevaban ayuda humanitaria y procedieron a bajar cajas con gaseosa, agua, aceite
y una estufa, entre otros enseres. Los militares agregaron: “esperamos que la comunidad reciba la
ayuda, viene una comisión grande con 20 médicos, comida, nosotros venimos a colaborar y vienen
luego 4 ministros”.

A las 11.10 a.m., nuevamente regresó el helicóptero aterrizando en la zona humanitaria.
Nuevamente venía el capitán Martínez y tres militares más -entre ellos uno que había estado en la
mañana con uniforme y esta vez venía vestido de médico-, el Coordinador del Programa de
Comunidades en Riesgo del Ministerio del Interior, con cinco personas de civil (tres mujeres y dos
hombres). El coordinador del programa, se dirigió a los afrodescendientes manifestando que
“venían a entregar una ayuda humanitarias (400 mercados) y una brigada de salud.”

La comunidad manifestó su inconformidad por el procedimiento, que incumple las medidas de la
Corte Interamericana, que el Gobierno conoce acerca de las Zonas Humanitarias y que su
compromiso es de respeto a la propiedad privada, y a estos lugares exclusivos de la población civil,
por tanto es inadmisible que el helicóptero de la Brigada 17 y militares aterrizaran en ese lugar. De
la misma forma requirieron a la comisión para que antes de recibir la ayuda humanitaria, les dieran
a conocer la respuesta integral sobre los puntos de las medidas provisionales, ya que la reunión
para el seguimiento de las mismas estaba prevista para el 12 de Diciembre de 2005, y en todo caso




                                                                                                  27
cualquier ingreso a las zonas humanitarias debe ser concertado previamente con las comunidades.


A las 5:00 p.m. del mismo día un grupo de 38 militares ingresó a la Zona Humanitaria “Pueblo
Nuevo”, con la excusa de prestar ayuda militar a la comisión de ayuda humanitaria. Los militares
ignorando las exigencias de la comunidad acamparon dentro de la Zona Humanitaria instalando en
la cancha seis carpas. Otros se ubicaron en la parte superior, contrariando el principio de distinción
y poniendo en grave riesgo a la población civil que vive dentro de las zonas humanitarias.

Estos hechos evidencian como el Estado colombiano, no concerta las medidas de protección con las
comunidades y efectúa acciones de carácter netamente civil y que son competencia de otras
autoridades civiles como la entrega de ayuda humanitaria, utilizando medios y acompañamiento
militar, ignorando las funciones constitucionales de la fuerza pública, violando el principio de
distinción (DIH), poniendo en riesgo a la población que habita las zonas humanitarias.

       Derechos de las comunidades afrodescendientes a los recursos naturales
        (artículos 4, 7 y 15 del Convenio 169)

Desde el año 2000, los recursos naturales de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó han seguido
siendo utilizados y administrados por terceros con el fin implementar cultivos de palma aceitera o
ganado, generando un daño ambiental y social devastador, con la clara participación de miembros
de la Brigada XVII, a través de la instalación de cordones de seguridad a las siembras y escolta a
los palmicultores en el terreno, a demás de la movilización de insumos. Con ello más de 25.000
hectáreas de bosques y especies de flora nativos han sido deforestados, afectándose cerca de 80
especies maderables y medicinales y 96 especies fáunisticas y de insectos en ambas cuencas, los
cuales integran los ecosistemas del complejo eco regional Darien – Manabí, que es considerado por
Naciones Unidas como uno de los cuatro lugares en el mundo con mayor biodiversidad.

Esta situación ha ido desatándose en los últimos meses tal y como lo demuestran hechos como el
ocurrido el jueves 18 de agosto de 2005, día en que se registraron labores de deforestación ilegal y
a gran escala en el cerro Las Menas ubicadas dentro del Titulo Colectivo del Curvaradó, El martes
20 de septiembre de 2005, el Empresario Palmicultor Jaime Sierra continuó con el transporte de
semillas hacia la Vereda Las Menas. Igualmente, trabajadores de los cultivos continuaron realizando
labores de preparación del terreno en la vereda Caño Claro, el día 19 de julio de 2006 se
constató que la siembra de palma continuaba a través de la extensión de los semilleros ubicados
ilegalmente en Cetino.

El respaldo y protección brindada por los militares a este tipo de actuaciones se constata en los
sucesos del viernes 9 y domingo 11 de septiembre de 2005. El día jueves, dos camiones con cerca
de 250 miembros de la Brigada XVII se transportaron hacia el poblado de Andalucía, en la Cuenca
del Curvaradó, simultáneamente con la movilización de maquinaria pesada empleada en los cultivos
de palma africana y camiones con semilleros de palma. El domingo 11 de septiembre de 2005 cerca
de 280 unidades militares fueron transportadas desde las plantaciones de palma en la Cuenca del
Curvaradó hacia la Cuenca del Jiguamiandó. Igualmente, se observó maquinaria trabajando en los
canales de drenaje en la vereda de Andalucía.

Todas estas intervenciones agroindustriales han arrojado, que 14 caseríos han sido desplazados.
Encontrando que la mayor parte de la población de Caño Claro, todo el poblado de Andalucía y el
poblado del Guamo se encuentran sembrados de palma aceitera, terreno que equivale a los mismos
14 caseríos desplazados.

Los 14 poblados fueron deforestados, entre ellos se encuentran el “Guacuco”, en donde se
presento esta situación durante el proceso de extracción ilegal de madera; Caño Manso, en el que



                                                                                                   28
además sus terrenos están siendo preparados para la siembra de palma africana; Caracolí se
encuentra en la misma situación, además los poblados conocidos como despensa media, alta y
baja, presentan extracción ilegal de madera, en Llano Rico los sembrados de palma cubren cerca
de las 3/4 partes del poblado y existe repoblamiento en la zona; Camelia se encuentra totalmente
sembrado de palma aceitera, demás la Ciénega de Camelias fue secada artificialmente y en la
actualidad se encuentran trasladando maquinaria para secar la Ciénega del Guamo.

Por todo lo anterior, podemos concluir que los proyectos extensivos de palma de aceite, de
ganadería y la explotación irracional de madera han generado daños enormes para el medio
ambiente, y configuran una violación flagrante de los artículos 4 y 7 del Convenio 169.

Adicionalmente, los derechos de estas comunidades sobre los recursos y la manera que habían sido
aprovechados anteriormente atendiendo a los criterios de sostenibilidad social y ambiental, han sido
por completo vulnerados, inaplicándose el artículo 15 del Convenio 169 según el cual:
          “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus
        tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos
        pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

       Respeto por los valores, las prácticas sociales y culturales propias de las
        comunidades afrodescendientes

Estos proyectos extensivos de palma de aceite y de ganadería han generado daños enormes para
los habitantes de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó,según el concepto del Incoder, entidad
estatal encargada de adelantar los procedimientos para la titulación colectiva de tierras a las
comunidades negras, el impacto sobre estas comunidades es “tremendo”, “no solo por el
desplazamiento forzado de que han sido víctimas, sino además, por la perdida y destrucción de sus
poblados, sus viviendas, sus sitios de trabajo tradicionales, las áreas de cultivos familiares y la
desarticulación de su tejido social”.

La implementación de los cultivos de palma no ha conducido al mejoramiento de las condiciones de
vida, de trabajo, del nivel de salud y de educación de estas comunidades. Al contrario, la
imposición de estos proyectos agroindustriales impide a la población vivir en las tierras que fueron
forzados a abandonar y les mantiene en situación de extrema pobreza en tierras ajenas.

En este caso, es evidente que el Gobierno colombiano no ha aplicado las medidas para proteger los
valores y las prácticas sociales y culturales propias de estas comunidades. Las entidades estatales y
especialmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Interior,
la corporación Codechocó, y el Incoder, por acción y omisión, han facilitado o no han adoptado
medidas efectivas para suspender los proyectos de palma aceitera y de ganadería en estos
territorios colectivos. Por todo lo anterior, el Estado colombiano no ha respetado ni hecho respetar
los artículos 5 y 7 del Convenio 169.

       Derecho a la justicia

A pesar de haber denunciado las violaciones a los derechos humanos de que han sido víctimas, las
autoridades colombianas no han iniciado las investigaciones para encontrar a los responsables de
estas acciones, así como, de los atropellos en contra de su territorio. Por el contrario, quienes han
denunciado e intentan permanecer en sus tierras, han recibido amenazas de muerte. Se han
presentado incluso casos de desplazamientos forzados y desaparición forzada; de los 113 crímenes
solamente en el caso por la desaparición y posterior homicidio de ORLANDO VALENCIA, ha arrojado
2 capturados uno que se encuentra en etapa de juicio y otro que se acogió a sentencia anticipada,
a pesar de ser muy clara la vinculación de la empresa URAPALMA S.A., en esta desaparición no se




                                                                                                   29
ha vinculado al proceso a ninguno de los que la representa, en los demás crímenes que se
investigan ha habido absoluta impunidad.

       Persecución Judicial

Política de persecución judicial a las víctimas de violaciones de derechos humanos. De otra parte,
funcionarios públicos han mantenido y multiplicado las falsas acusaciones penales a los miembros
de estas comunidades y a sus acompañantes señalándolos como auxiliadores de las guerrillas. En
este sentido la Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones basadas en pruebas
sumarias, no controvertidas y claramente infundadas que provienen de informantes que reciben
pago por sus declaraciones. En algunos casos, la Fiscalía ha impedido a quienes están investigados
acceder a los expedientes, negándo de esta forma el derecho a la defensa.

Debido a esta política de persecución judicial de las víctimas, el lunes 17 de enero de 2006 se
realizó una reunión con el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, a quien se le informó
acerca de la preocupación, de las comunidades y sus acompañantes, por la existencia de cinco (5)
procesos penales en los que se realizan incriminaciones contra integrantes de los Consejos
Comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó, miembros de las comunidades del Cacarica, Justicia y
Paz y de los organismos humanitarios internacionales PASC del Canadá y Brigadas Internacionales
de Paz, PBI.

En la reunión se definieron algunos aspectos importantes como el traslado de los procesos contra
las empresas palmicultoras a una fiscalía delegada en Bogotá, e igualmente, la presentación en un
mes, de la respuesta del Fiscal General de la Nación respecto a investigaciones penales en las que
se vulneran todas las garantías procesales.

Pese a lo anterior, la Fiscalía 14 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, hizo
efectiva una orden de captura proferida el día 12 de octubre de 2005, contra Jhon Jaime Romaña
Denis - de 24 años de edad- miembro del Consejo Comunitario de Jiguamiandó, quien fue detenido
el día 26 de enero de 2006 en Murindó, cuando se dirigía a realizar el registro civil de su hija recién
nacida. En razón a esta detención, se obtuvo copia del expediente correspondiente a la instrucción
radicada con No. 2022, por los punibles de rebelión, desplazamiento forzado y homicidio, en donde
se vinculan y ordena la captura de varios miembros de los consejos comunitarios.

En el mencionado proceso obra informe de inteligencia militar elaborado por la Brigada 17 del
Ejército (Orden de Batalla de la 57 cuadrilla de las ONT – FARC de la Décimo Séptima Brigada del
Ejercito),en donde se señalan como miembros del frente 57 de la FARC en calidad de
Comandantes, milicianos con mando, milicianos locales y auxiliadores a trece (13) personas de la
comunidad, todos integrantes de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curbaradó, que
habitan en las Zonas Humanitarias, algunos de los cuales han sido denunciantes o delegados de las
comunidades en la interlocución con el Estado frente a la siembra de palma de aceite y las
violaciones de derechos humanos.

Las personas que están siendo ahora señaladas y perseguidas por la Fiscalía, son las mismas que
han denunciado de manera insistente ante diferentes entes del Estado como la Fiscalía General de
la Nación, La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, las violaciones a los
derechos humanos cometidas desde el año de 1996 por los paramilitares y militares de la Brigada
17 del Ejército y la usurpación ilegal de los territorios colectivos por parte de las empresas
palmicultoras. Estas mismas personas han denunciado las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario cometidas por las guerrillas y les han exigido el respeto de las zonas humanitarias.

Estos procesos penales en contra de los miembros de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y
Jiguamiandó se han realizado de espaldas a los imputados, sin derecho a la defensa y



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contradicción, violando los principios rectores de: lealtad procesal, igualdad entre las partes e
investigación integral. Las acusaciones se han fundamentado en falsos testimonios, interrogatorios
elaborados por agentes de la Policía Judicial con preguntas capciosas y respuestas sugeridas.

Las víctimas de los atropellos y de las violaciones a los derechos humanos son convertidas en
procesados por la justicia penal, mientras las estructuras criminales gozan de plenas garantías de
libertad y de impunidad que les posibilitan continuar delinquiendo.

La afirmación de su autonomía y el desarrollo de propuestas basadas en el Derecho Humanitario, la
afirmación del Derecho a la Verdad, la Reparación Integral, a la Devolución de las propiedades
usurpadas ilegalmente se han convertido en actos valorados por la justicia colombiana como
delitos: como el de rebelión, homicidio y paradójicamente se les tiene como autores del delito de
desplazamiento forzado. Es decir, los defensores de los derechos humanos de las comunidades han
pasado de víctimas a victimarios.

4.3. Las relaciones de las instancias estatales y los palmeros

           El Incoder y sus Actuaciones
             Reglamentación de la Ley 70 con Resoluciones

El 9 de noviembre de 2005, el Incoder expidió la resolución 2038, por la cual se sustituye en su
totalidad la resolución 1516 del 8 de agosto de 2005 (de la que hablamos extensamente en el
informe anterior). Igualmente es preocupante, que en los considerandos el Incoder afirme que “la
resolución 1516 (…) se ajustó en todo a derecho y en particular a la Constitución, a la Ley y a la
Jurisprudencia Constitucional” y que por los temas que trata la resolución “no son de aquellos que
de conformidad con la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia Constitucional requieran de consulta
previa a las comunidades negras o a sus órganos consultivos”. Esta declaración precede la decisión,
que aparece en al artículo primero, de “convocar a los Consejos Comunitarios y a las consultivas de
las comunidades negras a participar activa y democráticamente en la discusión ” sobre el objeto de
la resolución 1516, o sea las alianzas o asociaciones empresariales para el desarrollo de proyectos
productivos en los territorios colectivos. Los mecanismos jurídicos para la reivindicación de la
propiedad o posesión, en la práctica son inoperantes.

               La trama, el ardid

Los mecanismos jurídicos de reivindicaciones de la propiedad o posesión y de clarificación de la
propiedad adelantados por el Estado colombiano a través del Incoder han resultado ineficaces y
presentan serias dudas en cuanto al desarrollo de los procedimientos, investigaciones, valoraciones
probatorias, entre otros.

El 17 de noviembre de 2005, el Incoder mencionó que existen 732 títulos individuales que
habrían sido expedidos por el INCORA en un área de 27.887 hectáreas en el antiguo municipio de
Rió Sucio, hoy Carmen del Darién y Belén de Bajirá. Así mismo comentaron que identificaron 217
títulos que se traslapan o superponen con los territorios colectivos de Jiguamiandó y de Curvaradó
en un área 15.509 hectáreas que fueron expedidos antes de la Ley 70 de 1993 y son de propiedad
privada. De los 217 títulos, 115, que corresponden a 4.778 hectáreas, se superponen con los
territorios colectivos de Jiguamiandó y 102 equivalentes a 10.731 hectáreas, se superponen con el
Consejo Comunitario de Curvaradó.

Luego de muchos requerimientos por parte de la Defensoría del Pueblo, a mediados del mes de
febrero del 2006, el Incoder hizo entrega del informe de avance del estudio de títulos del Bajo
Atrato, el cual contiene un cronograma para el proceso de deslinde y delimitación, previsto para
finales de junio de 2006, incluidas las respectivas resoluciones.



                                                                                                31
El 22 de marzo de 2.006 fueron expedidas por parte del Incoder, las resoluciones 0702 y 0703,
en las que se ordenó la iniciación de los procedimientos de deslinde y delimitación de los territorios
colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó respectivamente, de 238
títulos que se traslapan o superponen con los territorios colectivos de Jiguamiandó y de Curvaradó
expedidos antes de la Ley 70 de 1993 y son de propiedad privada

El 30 de marzo 2006 la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
interpusieron recursos de reposición orientados a excluir del tramite de delimitación o deslinde de
los territorios colectivos adjudicados al consejo comunitario del río Jiguamiandó de los predios
titulados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 70 de 1993.

Como resultado de la etapa previa en lo concerniente al proceso de deslinde, delimitación y
clarificación de la propiedad, se acreditó por parte del Incoder la propiedad respecto a 120 títulos
individuales, los que representan 7.734,4 hectáreas, ubicadas en las veredas de Puerto Lleras, Caño
Seco, Urada, Apartadocito, Brasito, Santa Fe De Jiguamiandó, Sapayal y Remacho.

Según concepto de la Procuraduría estas tierras solo se podían adjudicar a las comunidades negras
y no puede aceptarse que la ocupación de estas sea un modo de adquirirlas, pues se requiere título
traslaticio de dominio otorgado por Estado. Cuestiona la procuraduría que se pretenda deslindar un
terreno ilegalmente adjudicado a un particular, utilizando una acción que no es procedente ya que
la ley 70 las adjudicó a las comunidades negras, restringiendo cualquier tipo de adjudicación a
favor de terceros.

Para la procuraduría “no es claro lo que pretende el Incoder con estos predios, ya que parte de
considerar que no se podían realizar adjudicaciones con extensiones superiores a 450 hectáreas
que eran las permitidas por la ley 135 de 1961 y 30 de 1.988, no le queda al Incoder opción
distinta revocarlas directamente, sin supeditar la decisión a la finalización del proceso de deslinde”.
En este sentido se solicita que se aclare la resolución para indicar que el deslinde de los terrenos
adjudicados en la resolución 4822 del 31 de octubre de 1990, al señor Lino Antonio Díaz Almario,
debe circunscribirse a las 18 hectáreas-3.549 m2. No entiende la procuraduría como a una persona
se le adjudican 18 hectáreas-3.549 m2, se le acrecienta la propiedad en 5.890 hectáreas, sin que el
Incoder adelante las acciones tendientes a obtener su recuperación; además se encuentran
irregularidades atribuibles al Notario de San Jacinto quien autorizó el documento con el cual acreció
el predio del señor Lino Díaz en 5.908 hectáreas más, aduciendo que había operado el fenómeno
de la accesión y desconociendo lo estipulado en la legislación para que sea legal tal fenómeno.

Por su parte, para la Defensoría estos casos llaman particularmente la atención por tres
circunstancias irregulares que se observan en los expedientes del Incoder con respecto a los
procesos de clarificación y deslinde, especialmente por la normatividad vigente a la fecha de las
respectivas adjudicaciones que expresamente contempla obligaciones para ser acatadas tanto por
los particulares, como por la misma autoridad agraria.

Así se configuró una violación a la prohibición de transferir el dominio antes de un plazo de 15
años; el desconocimiento del límite de 450 hectáreas para adjudicaciones a personas naturales;
titulación a particulares en territorios colectivos con posterioridad a la vigencia de la Ley 70 de
1993, así mismo, el artículo 15 de la Ley 70/93 establece que las ocupaciones de personas ajenas
al grupo étnico sobre territorios colectivos, no les dan derecho para obtener la titulación ni el
reconocimiento de mejoras, además de considerarse poseedor de mala fe. En muchas de las
adjudicaciones que aparecen en los expedientes no se respetaron estas reglas.

De acuerdo con estas normas no se podían hacer adjudicaciones en los territorios colectivos,
posteriores a la vigencia de la ley 70/93, pues se estableció claramente en el artículo 18 de esta



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ley, que no se podrán hacer adjudicaciones de las tierras de las comunidades negras, sino con
destino a las mismas comunidades, de lo contrario se consideran nulas; la acción de nulidad debe
impetrarse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva resolución; sin
embargo, la autoridad agraria puede revocar directamente las resoluciones de adjudicación que
sean contrarias a este mandato legal.

               Ignominia Empresarial

Las actuaciones gubernamentales a través del Incoder han sido reacciones a un informe de marzo
del 2005 anunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce la ilegalidad de
la siembra, la contrarreforma agraria y la violencia que acompañó la apropiación. Sin embargo el
gobierno pasó a aceptar la impugnación empresarial para posibilitar la justificación de que hubo
compra conforme a la ley. Los campesinos por su parte, han realizado solicitudes explícitas para
que cese la siembra de palma, han exigido la restitución de la propiedad usurpada ilegalmente, la
clarificación sobre algunos linderos y la necesidad de una comisión que verifique los destrozos
ecológicos, ambientales pero nada se ha hecho.

Entre julio y septiembre de 2005, el Incoder envío una comisión de topografía a la zona de
Jiguamiandó y Curvaradó, para avanzar en la delimitación de los primeros títulos individuales.
Sobre esta comisión se desconoce el acto administrativo mediante el cual se conformó y autorizó el
envío de la comisión de topografía que se trasladó a la zona, no se conoce tampoco el informe de
avance de la delimitación, el nombre de los funcionarios que la conformaron, ni el itinerario de la
misma.

           El Derecho a la participación

A pesar de que en diversas oportunidades se ha puesto de relieve a los funcionarios del Incoder,
encargados de llevar a cabo los procedimientos de deslinde y clarificación, acerca de la importancia
de garantizar el derecho a la participación de las comunidades en los procesos y de las dificultades
que tienen estas para ejercerlo, especialmente por las persecuciones judiciales de que vienen
siendo víctimas por parte del Estado Colombiano, no se han tomado medidas efectivas por parte de
las entidades encargadas para hacer efectiva la participación.

El 9 de Diciembre de 2005 el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias,
adelantándose al resultado de las investigaciones que cursan en a Procuraduría General, la
Defensoría del Pueblo y el Instituto de Desarrollo Rural aseguró que en 217 títulos individuales que
en su criterio se trasponen a los títulos colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, cualquier empresa
podría cultivar palma. Así mismo afirmó que 15 mil hectáreas de las sembradas en palma dentro del
titulo colectivo del Curvaradó son de propiedad empresarial.

El 9 y 10 de julio de este año, el Ministro de Agricultura dio otras declaraciones contradictorias a
los medios de comunicación sobre los procesos de deslinde y clarificación, indicando en el primera
oportunidad que serían 25 mil hectáreas las que se devolverían a sus legítimos propietarios y en la
segunda que serían 15 mil hectáreas a devolver.

El 18 de julio se llevó a cabo reunión a la que asistió la Asesora Jurídica de la Gerencia del
Incoder y en esta las comunidades y sus representantes pidieron claridad acerca de las
declaraciones proporcionadas por el Ministro de Agricultura en los medios de comunicación; la
funcionaria argumentó que las declaraciones dadas por el Ministro Arias “se aproximaban a la
realidad, que las cifras de las que hablaba el Ministro no eran exactas pero el trasfondo se
encaminaba a la decisión final”.




                                                                                                 33
Es claro que las actuaciones de funcionarios del Ministerio de Agricultura, del INCODER, del
Ministerio del Medio Ambiente, los organismos financieros FINAGRO y las Corporaciones
Ambientales han posibilitado las actuaciones de hecho del sector empresarial, legitimando con sus
declaraciones la presencia de los palmicultores en los territorios colectivos; sin esperar, a que los
procesos de clarificación y deslinde lleguen a su fin.

Las Resoluciones 0702 y 0703 del 22 de marzo de 2006, las comunidades ven limitados sus
derechos al territorio, a la posible restitución de sus propiedades, y se convierten en la validación
de lo fraudulento y el robo de propiedades. Los procesos de delimitación, deslinde y clarificación de
la propiedad se adelantan sin la participación de las comunidades a las que se les niegan los
derechos individuales, como el de la propiedad privada, y la propiedad colectiva, argumentando
problema de linderos pretendiendo sustraer 15 mil hectáreas del título colectivo y otras propiedades
de títulos individuales asignando la legalidad de las mismas a los empresarios.

La negación del derecho a la participación a estas comunidades constituye una violación del artículo
14 del Convenio 169 según el cual deben “instituirse procedimientos adecuados en el marco del
sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados”.

          Acciones judiciales presentadas por las comunidades del Jiguamiandó y
        Curvaradó

Denuncia en contra de funcionarios de la Corporación para el desarrollo sostenible del Chocó-
CODECHOCÓ-Brigada XVII del Ejercito Nacional y representantes legales de las empresas
palmicultoras, por los delitos de: usurpación de tierras, usurpación de aguas, daño en bien ajeno,
enriquecimiento ilícito de particulares, daño en recursos naturales, invasión de áreas de especial
importancia ecológica, prevaricato por acción y omisión. La demanda no ha prosperado.

El 2 de septiembre de 2.004 un miembro de la comunidad del Curvaradó interpuso acción de
tutela ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, en contra del gobierno nacional, el Ministerio
del Interior y de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la nación, por la
protección de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, el derecho a la
existencia como comunidad étnica y a la dignidad humana; La tutela se negó, se presentó recurso
de apelación con el fin de impugnar el fallo, también fue negado.

Acción de tutela interpuesta por un miembro del consejo comunitario del curvaradó, en el tribunal
administrativo de cundinamarca contra la Corporación Autónoma Regional del Chocó-
CODECHOCÖ- el ministerio de medio ambiente y la empresa URAPALMA S.A., para la protección de
los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, seguridad personal, a la libertad
personal, al derecho a la existencia como comunidad étnica, a la dignidad humana. El tribunal de
Cundinamarca remite al acción de tutela al Tribunal del Chocó, quien rechazó la acción de tutela
por improcedencia en las pretensiones.

Acción de tutela, interpuesta por JOSE DEL CARMEN VILLALBA, miembro de la comunidad del
Curvaradó el día 4 de marzo de 2.005, en el Juzgado Civil del circuito de Quibdo, contra la
corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del choco- Codechocó- el ministerio
del medio ambiente, vivienda y Desarrollo y las compañías URAPALMA S.A. y Palmas S.A. con el fin
de obtener la guarda a su derecho fundamental a la propiedad privada, el recurso de amparo fue
negado y la decisión se confirmó en la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal en mayo
de 2.005.

Acción de Tutela interpuesta por ENRIQUE MANUEL PETRO HERNANDEZ, miembro de la comunidad
del Curvaradó, marzo de 2.005 en el juzgado civil el circuito de Quibdo contra la Corporación



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autónoma regional para el Desarrollo sostenible de Codechocó, el Ministerio del Medio Ambiente, y
las empresas URAPALMA S.A. y PALMURA S.A. a fin de obtener la gustad de su derecho
fundamental a la propiedad privada. El tribunal rechazó la tutela, por considerarla improcedente.

De la misma manera se han presentado múltiples quejas ante las entidades de control, por los
hechos relacionados con el desplazamiento forzado y la siembra ilegal de palma de aceite, con el
objetivo que se iniciaran de oficio las investigaciones judiciales.

Declaraciones ante la Procuraduría General de la Nación, en la Procuraduría Delegada para la
Prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos coordinación para la atención en
desplazamiento forzado, y Declaraciones juramentadas ante la Defensoría del pueblo. Estas
declaraciones las han rendido miembros de los consejos comunitarios, los representantes legales de
los consejos comunitarios: en 16 declaraciones han dejado constancia de los hechos relacionados
con su desplazamiento forzado, de la vulneración sistemática de sus derechos y del estado actual
de sus propiedades, la manera engañosa como la empresa URAPALMA S.A. intenta negociar con
ellos y las amenazas reiterativas para que cesen las denuncias lo que respecta al reclamo de
tierras.

A partir de las constancias históricas y la censura moral, elaborados por la comisión intereclesial de
Justicia y Paz, elaboradas a partir de los testimonios de los pobladores de las comunidades,
victimas de la agresión de l Estado, a través de estas constancias se pone en conocimiento de los
organismos del estado las violaciones de derechos humanos y se insta a dichas organizaciones a
que esclarezcan los hechos, a que mediante la acción oficial se desarticule la acción paramilitar y se
investigue, sancione, destituya a los funcionarios que han actuado pasivamente frente a los
hechos.

          Acciones para la apropiación Ilegal de Territorios Titulados de Manera
        Colectiva

Contratos de Compraventa de Mejoras. “La estrategia utilizada por los empresarios de
la palma de aceite y la ganadería para intentar darle visos de legalidad a la indebida
ocupación de los territorios colectivos adjudicados a las Comunidades Negras en los
Ríos Curvaradó y Jiguamiandó, ha sido la compraventa de mejoras a personas
particulares que dicen tener ocupación de estos territorios antes de la expedición de los
títulos colectivos, o a miembros individuales de los Consejos Comunitarios.”

De esta forma la Compañía PALMAS DE CURVARADÓ ha realizado 50 contratos de compraventa de
mejoras con un área aproximada de 4.752 Hectáreas. La Compañía URAPALMA ha realizado 55
contratos de compraventa de mejoras con un área aproximada de 5.653 hectáreas. La Compañía
PALMADÓ ha realizado 21 contratos de compraventa de mejoras con un área aproximada de 1.404
hectáreas.

La Empresa LA TUKEKA ha realizado 25 contratos de compraventa de mejoras con un área
aproximada de 1.236 hectáreas. La Compañía INVERSIONES FREGNI OCHOA ha realizado 22
contratos de compraventa de mejoras con un área aproximada de 1.756 hectáreas. Los contratos
de compraventa de mejoras en los territorios colectivos objeto de la visita involucran, un área
superior a las 14,881 hectáreas”. Estos datos fueron tomados de un estudio publicado el 18 de
marzo de 2005 por el Incoder y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Contratos de Usufructo. Bajo esta modalidad, las compañías palmicultoras que han intervenido la
cuenca del Curvaradó y el Jiguamiandó, han pretendido a través de contratos de usufructo
celebrados con personas que actúan a nombre de varios consejos comunitarios y que no tienen




                                                                                                   35
facultades ni autorización para representarlos, lograr la concertación y consulta requerida para la
implementación de estos monocultivos en tierras de comunidades negras.

La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia por su parte, ha declarado que no se
ha realizado ninguna clase de consulta a las comunidades de la cuenca y que no existen permisos o
autorizaciones validas de parte de las comunidades negras para la implementación de los cultivos.

En el caso sub examine, cerca de ocho empresas y al parecer mas de quince personas que
asumieron el papel de representantes del consejo comunitario del Curvaradó sin poseer las
potestades legales para hacerlo, suscribieron el día 24 de marzo de 2004 un acuerdo en el que
concedían el usufructo de las 46.000 hectáreas que constituyen los territorios del consejo
comunitario a favor de las compañías palmicultoras.

Actas de Compromiso. Otra forma para conseguir el aval de los consejos comunitarios era la firma
de documentos titulados “Actas de Compromiso” con miembros de la comunidad que actuaban sin
ninguna autorización de la asamblea general o la junta directiva de los consejos. Tal es el caso de
un documento firmado por Javier Daza Pretelt, representante legal de la compañía Urapalma S.A.,
sin fecha, en el que un afro descendiente le otorga la autorización para la siembra de 1.660
hectáreas en la cuenca del Curvaradó, sin que este tuviese las calidades, facultades y aval de la
comunidad para realizar dichos actos.

Acuerdos Facilitados por Funcionarios Públicos, Miembros de las Fuerzas Militares. Los acuerdos,
actas, contratos y demás actuaciones antes mencionadas, han sido realizados con el pleno respaldo
de altos mandos militares, quienes participan en reuniones de representantes de las compañías y
personas ajenas a las comunidades que sin embargo actúan a nombre de aquellas.

Tal es el caso del General Pauxelino Latorre, entonces comandante de la XVII Brigada del Ejercito,
quien participo el 30 de abril de 2003 de una reunión convocada por la Compañía Urapalma S.A.,
en la que se concertaba el establecimiento de los cultivos de palma en varias cuencas del río
Atrato. Así mismo, el 30 de mayo de 2003, el Teniente Coronel Mario Orozco, entonces comandante
del Batallón Voltigeros adscrito a XVII Brigada participaba de una reunión convocada por Urapalma
en la que aceptaba la implementación de la palma africana en el bajo Atrato.

           Apropiación Ilegal de Títulos Individuales.

Contratos de Compraventa. “La otra estrategia utilizada por los empresarios de la palma de aceite y
la ganadería para acceder a la ocupación de los territorios colectivos adjudicados a las
Comunidades Negras en los Ríos Curvaradó y Jiguamiandó, ha sido la compraventa de predios de
propiedad privada, adjudicados inicialmente como baldíos a pequeños campesinos de la región y
sobretodo a miembros de las comunidades negras antes de la vigencia de la Ley 70 de 1993, y que
fueron excluidos de los títulos colectivos”.

“Con esta estrategia, a la fecha de la visita de verificación y de acuerdo con la
información reportada, los empresarios habían adquirido o estaban en las
negociaciones para su adquisición 142 predios de propiedad privada con un área
aproximada de 13.592 hectáreas.”

“En este aspecto debemos destacar como una sola empresa, la sociedad ASIBICON,
había adquirido 41 títulos de propiedad privada adjudicados por el INCORA con un área
de 9.008 hectáreas. Estos 142 predios de propiedad privada, tramitados y expedidos
por el INCORA antes de la vigencia de la Ley 70 de 1993, con un área de
13.952hectáreas.” Estos datos fueron tomados de un estudio publicado el 18 de marzo de 2005
por Incoder y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



                                                                                                  36
Falsedades en Documentos Públicos y Privados y Suplantación de Personas. De igual forma, a
través de la suplatanción de vendedores y de la alteración de resoluciones de adjudicación de
baldíos, las compañías se han apropiado de títulos individuales, lo cual se evidencia claramente, por
nombrar un solo ejemplo, en el caso de LINO ANTONIO DIAZ ALMARIO, habitante de la cuenca del
Curvaradó y fallecido en el 5 de octubre de 1995, quien al parecer, vendió sus predios, adjudicados
por el Incora en 1990, a una empresa en el año 2000, cuando ya habían transcurrido 5 años de su
fallecimiento, se tiene conocimiento que algunos de los miembros socios de URAPALAM S.A., están
en la tarea de encontrar los restos del señor LINO a fin de desaparecerlos, pues estos son la
prueba fehaciente que en efecto este señor se encuentra muerto y no pudo realizar la venta de sus
terrenos en las fechas que consta en las Escrituras Públicas.

          La financiación con dineros públicos del daño al medio ambiente en el bajo
        Atrato

Los cultivos de palma aceitera se han desarrollado a pesar de la existencia de títulos colectivos
sobre estos territorios desde el año 2001 y pese a que en el 2000, el Gobierno reconoció los
derechos de las comunidades afrodescendientes organizadas en los Consejos Comunitarios de
Curbaradó y Jiguamiandó sobre los terrenos baldíos habitados, titulando colectivamente 101.057
hectáreas de tierras. Sobre las que se desarrolla desde el año 2.000 el proyecto agroindustrial de
palma por parte de la empresa URAPALMA S.A. en su mayor extensión, Entidades financieras
oficiales como El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, y EL
BANCO AGRARIO, desembolsó dinero y otorgó créditos para el desarrollo de actividades de palma
de aceite y ganadería en estos territorios, según consta en la resolución defensorial No. 39, “ al
revisar la base de datos de FINAGRO se encuentra que la empresa URAPALMA S.A., la que más ha
intervenido en territorios colectivos, recibió por parte del Estado a través del ICR- incentivo para la
capitalización Rural, que según lo define FINAGRO es: “El aporte en dinero que con recursos
de la Nación, FINAGRO hace a los productores del sector agropecuario para que
modernicen su actividad agropecuaria y así puedan mejorar sus condiciones de
productividad, competitividad, sostenibilidad y reducir sus riesgos de manera
duradera”. en 2002 a través del ICR- Urapalma recibió $1.245.840.159 y en 2004
$1.646.000.000.Millones de pesos.

Se pudo acceder a información de algunos trabajadores y otros ex trabajadores que se consideran
copropietarios de la empresa Urapalma S.A.: “ la canalización de recursos por parte del Estado a
través de las líneas de crédito FINAGRO. Estas operaciones financieras, de altas sumas de dinero,
se entregan a cooperativas de pequeños productores, como en el caso de la constituida por los
trabajadores de Urapalma S.A; algunos de ellos seleccionados como empleados del mes y todos
elegidos por sus compañeros obreros para integrar la cooperativa.

Constituida la cooperativa de productores les aseguraron que tendrían derecho al 20% de la
producción, de la planta de transformación y parte de los recursos de la ganancia; los trabajadores
integrarían el primer grupo de propietarios de la empresa.

Y les sugirieron firmar un contrato de crédito con el Banco Agrario de Colombia por veinte mil
millones de pesos, según dicen. A la fecha no tiene certeza sobre que firmaron o que condiciones
estaban en el contrato o cuanto dinero fue, ni que se hizo, FINAGRO no les entrega información y
tampoco el Banco Agrario. Cada trabajador tiene la deuda. La empresa los despidió hace más de un
año.

Como era una empresa ejemplar, los socios de las cooperativas y sus familias debían trabajar todos
en la plantación, para dar ejemplo. Así lo hicieron sin recibir lo que les prometieron de ganancia,
solo recibieron un pago mensual de sueldo básico hasta la fecha del despido.



                                                                                                    37
Hoy en día, se conoce de nueve empresas privadas, algunas de las cuales han recibido financiación
del Fondo de Inversión Agraria y El Banco Agrario que implementaron cultivos de palma aceitera y
proyectos de ganadería en estos territorios: Palmas de Curvaradó, Palmas S.A., Promotora palmera
del Curvaradó “Palmadó”, Inversiones Fregni Ochoa, Empresa La Tukeka, Sociedad Asibicon,
Empresa Selva Húmeda, Empresa Palmas del Atrato, siendo Urapalma la que mas ha intervenido
en territorios colectivos.

Estas actividades agroindustriales siguen siendo implementadas aún, no solo en contra de la
voluntad y los derechos de los pobladores sino a pesar de decisiones judiciales y administrativas y
sobre áreas que tienen el carácter de zonas protegidas, especiales, de importancia mundial y de
reserva y han generado violaciones del Convenio 169, especialmente de las disposiciones de la
parte segunda referida a tierras.

          Derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras y de los derechos a los
        recursos naturales

Se reitera que la siembra ilegal de palma aceitera en los territorios colectivos de las cuencas de los
ríos Curvaradó y Jiguamiandó viola el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan estas comunidades, contemplado en el artículo 14 del Convenio 169, así
como el derecho a la utilización, administración y conservación de dichos recursos establecido en el
artículo 15 del mencionado instrumento. El cultivo se ha venido extendiendo al amparo de los
homicidios, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y los operativos militares de la
Fuerza Pública y de grupos paramilitares. También se han presentado amenazas contra la vida y la
integridad personal de los habitantes.

           Acciones Jurídicas Ilegales para legalizar

Como puede verse, el despojo de las tierras de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó se ha
llevado a cabo, no solo a través de violaciones a los derechos humanos, sino por medio de las
acciones jurídicas ilegales por parte de las empresas palmicultoras, es así como el viernes 12 de
agosto de 2005, según testimonios, en la Notaría de Chigorodó hacia las 11:00 a.m. fueron
convocados campesinos de la región a una reunión para realizar compraventas irregulares de
posesiones ubicadas dentro de los títulos colectivos, por empresarios y comisionistas de la palma
ofreciendo la suma de $75 U.S.D. por hectárea. Debido a la actuación de organismos de control,
dicha maniobra no pudo ser consumada.

Estas ventas obligadas, son realizadas por reconocidos paramilitares de la zona, quienes han
convocado varias reuniones con el ánimo de realizar maniobras contractuales tendientes a legalizar
las posesiones ilegales en la región y definir los mecanismos de participación en los proyectos
agroindustriales

Las maniobras comerciales han venido realizándose de manera conjunta a la implementación de
programas de la Acción Social del Gobierno, la ejecución del componente social del Plan Colombia,
el despliegue de operaciones militares sobre la región y algunas declaraciones publicas de altos
funcionarios que claramente respaldan toda la actividad relacionada con los cultivos de palma en
las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó. Ejemplos de esta afirmación son los siguientes hechos:

El martes 11 de octubre de 2005, miembros de la Brigada XVII establecieron sus campamentos a
diez minutos de las zonas humanitarias de Nueva Esperanza mientras trabajadores de las
compañías ganaderas establecidas en la Cuenca del Curvaradó movilizaban ganado a través de
dicho sector.




                                                                                                   38
El 28 de octubre de 2005, se les informó por parte de grupos paramilitares a los pobladores que de
recursos del Plan Colombia recibirían unos seiscientos mil pesos ($600.000) por dos meses, el
equivalente a doscientos sesenta y cinco dólares (U.S $ 265) de los que deberían entregar cerca de
trescientos mil pesos ($300.000), aproximadamente ciento treinta dólares (U.S 130) a los
paramilitares al mando de Freddy Rendón o Berrio, alias “el Alemán”. Además de comprometerse a
participar en todas las reuniones a las que ellos los convoquen. El 29 de octubre de 2005,
terratenientes de la zona en compañía de funcionarios del Gobierno adelantaron reuniones con
parceleros de la zona para definir la distribución de los dineros otorgados por el Plan Colombia
entre las latifundistas y los trabajadores rurales.

Durante este mes la expansión de los cultivos de palma aceitera continúo en parcelas de la
comunidad de Llano Rico, apropiadas ilegalmente por los palmicultores bajo presión paramilitar y
en la vía a Riosucio en las inmediaciones del caserío Playa Roja.

En Belén de Bajirá y el Curvaradó, no se perciben los efectos de la supuesta desmovilización, la
cotidianidad de esta región experimenta en medio de la presencia institucional, las mismas rutinas
del control encubierto por parte de grupos paramilitares. Igualmente familias que participan del
programa de Familias Guardabosque, han denunciado que han sido engañadas, y que se les ha
sustraído forzosamente de sus pagos de seiscientos mil pesos ($600.000), el 40% con destino a la
organización CORDESVIDA, en la que participan afrocolombianos, mestizos y “desmovilizados”.

4.4. CRIMENES ECOLOGICO Y OTROS ATENTADOS
         Garantías establecidas en el marco del derecho internacional y en los
       convenios y tratados suscritos por el Estado colombiano, sobre medio ambiente

Así como en el marco del derecho interno hemos abordado la violación a derechos colectivos
protegidos por nuestro régimen constitucional y legal, de igual forma, el Estado Colombiano al
suscribir Tratados Internacionales se ha comprometido a la protección de los bosques, los
humedales y en general del medio ambiente en el ámbito de su jurisdicción. Con ello ha integrado
dentro del marco del derecho interno una serie de prerrogativas que se encuentran relacionadas de
manera especial con los derechos colectivos al medio ambiente así como a los derechos
fundamentales reconocidos a las comunidades accionantes, las cuales gozan de un especial
tratamiento en razón a su condición de minoría étnica y cultural y su habitad en las zonas de
conservación natural.

Por ejemplo, en la Declaración del Río, la cual, aunque no goza de fuerza vinculante para el Estado
Colombiano, establece una serie de principios relacionados con la protección del medio ambiente,
en el que se hace manifiesta la intención de todos los Estados firmantes en recuperar y conservar
el medio ambiente. Consigna que los seres humanos "Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza", e igualmente que los Estados "deberán cooperar (…)
para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra" y reducir
y eliminar las modalidad de producción y consumo insostenible para lograr una mejor calidad de
vida para todas las personas.

A la vez se reconoce a través del Principio No. 22, que: "Las poblaciones indígenas y sus
comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la
ordenación del medio ambiente y en el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas
tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e
intereses, y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible"

En efecto, la relación de este principio de carácter internacional con el ordenamiento interno se
constata de manera clara al momento de referir la legislación nacional en materia ambiental, en
especial el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, el cual precisa que : “La explotación de los recursos



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naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural social y económica de las
comunidades indígenas y de las negras tradicionales (...) y las decisiones sobre la materia se
tomaran previa consulta de los representantes de tales comunidades.”

Así mismo, dentro de este marco de estándares internacionales igualmente se integran una serie de
instrumentos que protegen los recursos naturales, el medio ambiente y su relación con los
derechos de las minorías étnicas y que poseen fuerza vinculante para con el Estado Colombiano.

Este marco con fuerza vinculante para el Estado Colombiano lo integran los siguientes instrumentos
internacionales firmados y ratificados:

    o   La Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas escénicas
        naturales de América, celebrada en Washington D. C. el 12 de octubre de 1940, el cual
        tiene como objetivo :

    o   “Conservar los paisajes de incomparable belleza, de formaciones geológicas
        extraordinarias, regiones naturales de interés estético, histórico o científico”
        (Subrayado fuera de texto)

    o   La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente
        como Hábitat de Aves Acuáticas o Convención de Ramsar, celebrada el 2 de febrero de
        1971 en Ramsar, Iran, integrada al ordenamiento interno mediante la Ley 357 de 1997 .

De esta forma, los humedales como ecosistemas se han convertido en objeto de protección por
parte de la legislación internacional y en la de distintos países, mediante la Ley 357 de 1997, se
adoptó la Convención de Ramsar, con lo cual se les reconoció sus funciones hidrológicas y
ecológicas, así como su contribución a la diversidad biológica, al patrimonio cultural y paisajístico.

Es así como se objetivo principal es garantizar la conservación y manejo racional de los humedales
e "impedir ahora y en el futuro las progresivas intrusiones en y pérdida de humedales",
reconociendo la importancia de las funciones que cumple, su riqueza en flora y fauna, y su valor
económico, como ecosistemas que generalmente ocupan zonas de transición entre áreas húmedas
permanentes y áreas generalmente secas. Con respecto a la función cumplida por los humedales,
se dice que son "reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora
características, especialmente de aves acuáticas" y en razón a ello, se obligan los Estados Parte a
fomentar políticas para la conservación de éstos.

El Convenio Sobre la Diversidad Biológica suscrito en Río de Janeiro el 5 de junio de
1992, aprobado por la Ley 165 de 1994, reconoce la importancia de la diversidad biológica para la
evolución y la vida de la biosfera, así como sus valores ecológicos, económicos, científicos, entre
otros, manifiesta la preocupación por la pérdida de la biodiversidad como producto de ciertas
actividades humanas, y reconoce la obligación de los Estados en la: "…conservación de su
diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos"…" OBSERVANDO que
es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la
diversidad biológica" (Negritas fuera de Texto)

Igualmente, el Estado Colombiano suscribió el Protocolo para la Conservación y
Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste, el día
21 de septiembre de 1989 en Paipa, Colombia, a través del cual se: “Prohíbe cualquier
actividad que pueda causar efectos adversos sobre especies, ecosistemas o procesos
biológicos, así como su carácter de patrimonio nacional, científico, ecológico, económico,
histórico, cultural, arqueológico o turístico” (Negritas fuera de texto)




                                                                                                   40
La ley 74 de 1968 por medio de la cual se aprueba el Protocolo adicional de la Convención
Americana, sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, sociales y Culturales,
ratificado por el Estado colombiano en 1969, y entro en vigor en el año de 1976. Los tratados
internacionales sobre estos derechos —como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales o Protocolo de San Salvador, aprobado
mediante la Ley 319 de 1996— establecen pautas o estándares mínimos sobre el respeto y la
garantía de esos bienes jurídicos, que cada uno de los Estados Partes puede ampliar e ir más allá
de estos mínimos para aumentar el umbral de su protección o hacer más eficaz su vigencia efectiva

En el Título III del Convenio de Ginebra IV, del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección
debida a las personas civiles en tiempo de guerra -aprobado mediante la Ley 5ª de agosto de 1960-
, dispone, en su artículo 55: "Protección al medio ambiente natural. En la realización de la guerra se
velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves.
Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan
sido concebidos para causar o de lo que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente
natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población"

El artículo 21 de la Convención Americana establece que:
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce
al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas
establecidas por la Ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser
prohibidas por la Ley.

Lo que indica que el artículo 21 de la Convención Americana reconoce el derecho a la propiedad
privada en los siguientes términos: a) que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus
bienes”; b)que tales uso y goce se pueden subordinar, por mandato de una ley, al “interés social”;
c) que se puede privar a una persona de sus bienes por razones de “utilidad pública o de interés
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”; d)que dicha privación se hará
mediante el pago de una justa indemnización.

En Colombia, el derecho a la propiedad privada ha sido considerado en algunos eventos como
fundamental, dependiendo de las circunstancias específicas de su ejercicio y al respecto se ha dicho
que el carácter fundamental del derecho a la propiedad privada no puede ser definido en abstracto
y tampoco de manera arbitraria, sino que cada caso debe verse "bajo la óptica de los principios,
valores y derechos constitucionales, de tal manera que ellos sean respetados".

       Disposiciones de la legislación interna que protegen el medio ambiente

1. La Constitución Política en su art. 8.- Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación”
2. La Ley 99 de 1993 Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los
siguientes principios generales:
    1)       El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios
        universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de
        junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
    2)       La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
        deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
    3)       Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de
        acuíferos serán objeto de protección especial.



                                                                                                   41
    4)         En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre
          cualquier otro uso.
    5)         La formulación de las políticas ambientales tendrán cuenta el resultado del proceso de
          investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán
          aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave
          e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
          postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio
          ambiente.
    6)         El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de
          instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro
          ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.
    7)         El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.
    8)         La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas
          para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.
    9)         La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta
          y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el
          sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no
          gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus
          funciones.
    10)        Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de
          decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente
          el medio ambiente natural o artificial.
    11)        El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será
          descentralizado, democrático y participativo.

El incumplimiento de los principios establecidos constitucionalmente y los que contempla la Ley 99
de 1993, así como la carencia en la función de vigilancia ambiental por parte de las entidades
oficiales que tienen a su cargo el cuidado y la preservación del medio ambiente propicia y facilita
los abusos de particulares en la explotación de los recursos naturales. Esta situación puede verse
agravada si luego de ocasionado un daño forestal el Estado no actúa oportunamente para prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental. La omisión de la función estatal de restauración del
medio ambiente gravemente alterado mantiene la amenaza de vulneración de los derechos
fundamentales.

El régimen político democrático, participativo y pluralista, el reconocimiento de la diversidad étnica
y cultural, el deber estatal de proteger las riquezas culturales y naturales, son principios
fundamentales que representan un obligado marco de referencia en la interpretación de las normas
constitucionales. El contenido y los alcances de estos principios tienen importantes consecuencias
en materia económica y de medio ambiente. El deber estatal de conservar las áreas de especial
importancia ecológica supone un manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en zonas de
selva húmeda tropical (CP art. 79), diferente al concedido a la explotación de recursos naturales en
otras áreas, siempre bajo el parámetro de su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

Por otra parte la importancia del bosque húmedo tropical para la existencia del género humano -
pulmón de la humanidad - contrasta con su fragilidad. Esta realidad ha sido motivo de
preocupación internacional desde hace varios años. Recientemente la Organización de las Naciones
Unidas proclamó la "Carta de la tierra" o "Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo", que en su artículo 22 establece: "Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como
otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio
ambiente y el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían
reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar porque participaran
efectivamente en el logro del desarrollo sostenible".


                                                                                                   42
En la misma dirección, el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica propone a las partes
contratantes el compromiso de establecer áreas protegidas para promover la protección de los
ecosistemas - complejos dinámicos de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y de
su medio no viviente que interactúan como unidades funcionales - y los ambientes naturales - lugar
o espacio en el que existe naturalmente un organismo o una población -.

El ordenamiento constitucional colombiano ha recogido ampliamente la preocupación originada en
la amenaza creciente que la acción deforestadora tiene sobre los ecosistemas. Esta no sólo
ocasiona la extinción de numerosas especies de flora y fauna, alterando los ciclos hidrológicos y
climáticos de vastas regiones, sino que resta oportunidades de supervivencia a los pueblos
indígenas de las selvas húmedas tropicales, cuyo sistema de vida - infravalorado por la cultura
occidental por generar escasos excedentes para la economía y operar eficientemente sólo con bajas
concentraciones humanas - garantiza la preservación de la biodiversidad y las riquezas culturales y
naturales.

           Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

En la legislación Penal colombiana, se encuentran consagrados diversos tipos penales, que tutela
como bien jurídico los recursos naturales y el medio ambiente, los cuales han de entenderse en
contenido según las disposiciones legales y constitucionales antes descritas. En el caso particular,
encontramos concretados los siguientes tipos penales:

“ARTÍCULO 331 DEL C.P. DAÑO EN RECURSOS NATURALES: El que con incumplimiento de
la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo dañe los
recursos naturales que se refiere este título, causándoles una grave afectación a los que estén
asociados con éstos o se afecten áreas espacialmente protegidas.”

Al momento de analizar la H. Corte Suprema de Justicia en un caso similar (Expediente 15659 de
2000), la causación del daño en los recursos naturales, que hacían consolidar el delito en comento,
expresó lo siguiente:

           “Es evidente, de otra parte, que a un comportamiento de tal especie, cuyo resultado
        encaja en la descripción del tipo imputado, no se le puede quitar el carácter de
        punible para dejarlo en el campo de la simple infracción urbanística, cuando con él, de
        acuerdo a los diversos estudios técnicos efectuados en el predio, se causaron daños
        como:
            o       Deforestación, por la tala de árboles, rocería de la vegetación y
                perjuicio del recurso de flora.
            o        Afectación del recurso agua, debido a la intervención de la quebrada
                “Aguas Frías”, porque al no correr por su cauce y ser desplazada y
                tomada mediante drenajes y filtros artificiales, se impide su función
                natural en la vida orgánica.
            o       Represamiento que puede sufrir la quebrada por el relleno de la tierra
                movida y el arrastre de materiales depositados en sus orillas, que puede
                ocasionar flujos de lodo o inundaciones en las áreas bajas.
            o       Pérdida de capacidad de producción del suelo, por la compactación de
                la maquinaria pesada.
            o       Daño en el recurso fáunico, puesto que los animales desaparecieron o
                migraron por el daño al hábitat.”

Efectos éstos coincidentes en el caso que se pone de presente, tal como puede observarse en los
informes presentados por el biólogo – ecólogo JOAQUIN RUIZ y el Ingeniero Forestal CARLOS
EDUARDO TORO, los cuales en sus apartes pertinentes fueron transcritos en el acápite de los



                                                                                                 43
hechos y se encuentran anexos a la presente denuncia, los cuales, entre otros, nos lleva a plantear
la comisión del delito contenido en el artículo 262 del Código Penal, pues aún cuando éste no
pertenece al grupo cuyo objeto es el medio ambiente y los recursos naturales, puede decirse que
propende por la protección de los ríos y las aguas que pertenecen, según las disposiciones del
Código Civil Colombiano.

“ARTÍCULO 262 DEL C-P. USURPACIÓN DE AGUAS: El que con el fin de conseguir para sí o
para otro un provecho ilícito y en perjuicio de tercero, desvíe el curso de las aguas públicos o
privadas, o implica que corran por sus cauce, o las utilice en mayor cantidad de la debida, o se
apropie de terrenos de lagunas, ojos de agua, aguas subterráneas y demás fuentes hídricas,
incurrirá en prisión…”

En especial, encontramos que la indebida explotación de las tierras de las comunidades negras, se
hace en áreas de especial importancia ecológica, razón por la cual concurre el tipo penal
denominado invasión de áreas de especial importancia ecológica, contemplado en el artículo 337.

Artículo 337 del C.P. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada
reserva forestal, resguardos indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las
comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área
protegida, definidos en la ley o reglamento, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años …”

Al respecto debe recordarse que el territorio adjudicado a las Comunidades negras del Curvaradó se
encuentra dentro de la Región CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO, considerada dentro de la Política
Ambiental Nacional como un "ecosistema estratégico que debe ser conservado, porque los
valiosos recursos genéticos y de biodiversidad que hoy existen en esta región,
constituyen bienes públicos de propiedad de toda la Nación, vitales para el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias allí asentadas, para el desarrollo del
país y para el futuro de la humanidad".

Razón por la cual, la titulación colectiva fue considerada como "UNA ESTRATEGIA DE
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS VALIOSOS RECURSOS
NATURALES QUE EXISTEN EN LA CUENCA DEL PACÍFICO COLOMBIANO" tal como se
encuentra señalado en la Resolución del INCORA mediante la cual se adjudica el título colectivo a
favor de estas comunidades.

Luego, no queda duda alguna que las tierras que fueron invadidas, se tratan de áreas protegidas.
Igualmente, son terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, que gozan, por lo
menos desde lo formal, de especial protección, por razones que han tenido un amplio desarrollo
jurisprudencial, como se señala a continuación.

Queda claro que el hecho de realizarse un aprovechamiento irracional del territorio de las
comunidades negras, atenta tanto contra el ecosistema como contra la integridad de dichas
comunidades, acarreando consecuencias no solo ambientales sino incluso llegando a generar una
grave y profunda conflictividad social.

No puede perderse de vista que proyectos como la imposición de monocultivos como la palma
aceitera y la ganadería extensiva, en este caso se hace sobre ecosistemas que son
especialmente frágiles, porque sus suelos son especialmente pobres en nutrientes, situación que
plantea como ineludible y apremiante la estricta vigilancia por la conservación de un medio
ambiente sano y un desarrollo sostenible.

Sin embargo, dicho desarrollo sostenible, que se erige como mandato constitucional, deja de ser
acatado ante la explotación ilegal y a gran escala que se hace bajo la determinación de empresas



                                                                                                44
privadas, que a la postre resultan ser las beneficiadas con la extracción de estos recursos. Y deja
de ser sostenible dicho desarrollo pues el proceso de imposición de las siembras de palma aceitera,
no tiene en cuenta la cultura y subsistencia de las comunidades negras y menos aún el futuro de
las nuevas generaciones.

Artículo 328 del C.P ILICITO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES. El que con incumplimiento de la normatividad existente introduzca, explote,
transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los especimenes, productos o partes de
los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos de especie amenazada o en vía de
extinción o de los recursos genéticos, incurrirá en prisión (…)

En relación con este artículo se pone de manifiesto la destrucción del medio ambiente por obra de
particulares guiados por un designio lucrativo y favorecidos por la “pasividad” de las autoridades
públicas, es indiscutible que la devastación de parte de la riqueza forestal produce un daño
consumado al ecosistema cuyos efectos se prolongan en el tiempo.

No sucede lo mismo respecto del sujeto público toda vez que la omisión en el cumplimiento de sus
funciones legales puede representar una amenaza de los derechos fundamentales.

            “Es obligación del Estado proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (CP art.
             8), entre ellas la diversidad e integridad del ambiente (CP art. 79). Con tal fin se adoptó
             como principio fundamental de política económica la planeación del manejo y
             aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
             conservación, restauración o sustitución (CP art. 80) y la intervención estatal en la
             economía para propender la preservación de un medio ambiente sano (CP art. 334). En la
             ejecución de estas directrices, el Estado tiene, entre otras funciones, las de prevenir y
             controlar los factores de deterioro ambiental (CP art. 80)”.

            “El incumplimiento de la función de vigilancia ambiental por parte de las entidades oficiales
             que tienen a su cargo el cuidado y la preservación del medio ambiente propicia los abusos
             de particulares en la explotación de los recursos naturales. Esta situación puede verse
             agravada si luego de ocasionado un daño forestal el Estado no actúa oportunamente para
             prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (CP art. 80). La omisión de la
             función estatal de restauración del medio ambiente gravemente alterado mantiene la
             amenaza de vulneración de los derechos fundamentales”.5

                      La Eco Región del Chocó Biogeográfico

Es la segunda región más lluviosa del planeta y tiene el punto más húmedo del globo, hay tantas
especies de árboles que más de la mitad de ellas están representados por un solo ejemplar de 10
centímetros de diámetro por cada hectárea, debido tal vez a la alta pluviosidad. La parte
septentrional de su territorio puede contener la proporción más elevada de endemismo específico.
Rico en herbáceas, epífitas, leguminosas, rubiáceas, aracaceaes, palmáceas, anonáceas,
melastomatáceas, sapotáceas, gutíferas, moráceas, lauráceas, lecitidáceas, miristicáceas,
euforbiáceas, crisobalanáceas, mirtáceas, aráceas y bombáceas con desmesurado tamaño en sus
hojas. La dispersión con ayuda del viento es escasa, aunque por aves y mamíferos es muy alta. En
el norte la precipitación es moderada y se parece al Amazonas. El sur tiene sus especies vegetales
propias; tiene bosque pantanoso con cativales, que son considerados los mayores productores
madereros del país, de sajo en los pantanos de agua dulce, de antiquísimas asociaciones de épocas
remotas, cuando existía aún el mar de Tetis. Muchas de sus familias parecen haber experimentado
un proceso de especiación.
5
    Sentencia No. T-380/93



                                                                                                       45
Las lluvias torrenciales alimentan varios ríos majestuosos que descienden de la cordillera Occidental
y se precipitan al océano, los ríos más pequeños, compensan con el esplendor de su belleza lo que
les falta en caudal. La mayoría de especies endémicas locales pertenecen a epífitas, arbustivas o
herbáceas.

En el Chocó biogeográfico se encuentra además, la mayor concentración de aves endémicas del
mundo y una extraordinaria diversidad de especies de anfibios y de mariposas. La región del Chocó
biogeográfico, es decir las tierras que van desde la serranía del Darién en la frontera con Panamá,
hasta el Ecuador, al occidente de la cordillera Occidental, son consideradas la región más húmeda
del neotrópico y probablemente del mundo. Existen más de 50.000 km2, con más de 6.000mm de
precipitación y en algunos lugares se alcanza hasta 13.000mm. En esta región se encuentra una de
las mayores concentraciones de diversidad de especies; estiman que allí están las comunidades de
plantas más ricas en especies del mundo, con 262 especies que tienen más de 2.5 centímetros de
diámetro en 0.1 hectáreas.

Igualmente se registra en esta región uno de los mayores índices de endemismo continental de
plantas, o sea exclusivas de una región terrestre. En los invertebrados, el estudio de la fauna de los
escorpiones sugiere para la región de la costa del pacífico una gran diversidad de especies, con
notorios niveles de endemismo y una afinidad con la fauna amazónica principalmente, aunque una
especie tiene relaciones con la fauna de Centroamérica. El Chocó es así mismo un centro de
diversidad y endemismo de mariposas. La conservación de la extraordinaria diversidad de formas
vivientes del Chocó biogeográfico es una de las mayores responsabilidades de nuestra generación.

       “La más grande amenaza que encara el Chocó es la deforestación asociada con
        la extracción de madera, la expansión de la agricultura y la ganadería, la minería
        y el desarrollo de infraestructura. En el Pacífico Central y Norteño Colombiano,
        las concesiones de madera han clareado grandes extensiones de bosques para la
        producción de papel y madera, con muy poca manejo y reforestación subsiguiente. En
        Colombia, el Chocó representa apenas un sexto del área del país, pero ha proveído hasta
        55 por ciento de que la madera extraída en los últimos 15 años. Para las comunidades, el
        corte ofrece un ingreso significativo e inmediato en un área donde las oportunidades
        económicas son sumamente limitadas” (Negritas fuera de texto) (T 955 de 2003)

Desde los elementos señalados por parte de la Corte Constitucional en relación con la imposición de
proyectos como el que nos ocupa en las selvas húmedas tropicales, de la cual hace parte los
Territorios de Comunidades Negras del Curvaradó, eran previsibles las nefastas consecuencias
causadas por los palmicultoras, tales como la generación de desequilibrios climáticos,
contaminación de aguas, pérdida de nutrientes y sedimentación de los caños o ríos,
todos ellos factores que atentan contra el medio ambiente y la integridad de los grupos étnicos allí
asentados, pues sus formas ancestrales y tradicionales de producción y subsistencia se han visto
seriamente afectadas.

Sirvan las anteriores argumentaciones para justificar la concurrencia de los delitos que contra el
medio ambiente y los recursos naturales han sido tipificados y explicar la trascendencia e
importancia que este caso reviste para la humanidad y en especial para las comunidades negras del
Curvaradó.

               Las disposiciones legales y constitucionales que protegen a las
                comunidades negras y sus territorios

El reconocimiento a las comunidades negras del territorio que tradicionalmente han ocupado se
remonta a la Ley 31 de 1967, mediante la cual fue incorporado a la legislación nacional el Convenio



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107 de 1957 de la OIT, “sobre Protección e Integración de las poblaciones indígenas y tribales en
los países independientes”.

Igualmente el Convenio 169 de al OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes”, aprobado mediante la Ley 21 de 1991 que es considerado un instrumento que
abarca los derechos de las minorías étnicas a la participación, educación, cultura y desarrollo,
dentro del contexto global de salvaguarda a su identidad, con miras a que tales minorías sean
tratadas como “pueblos”, y puedan en consecuencia gozar de sus derechos fundamentales en el
mismo grado que el resto de la población de los Estados miembros, y en consideración a su
especial contribución a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la
cooperación y comprensión internacionales.

Dicho Convenio respecto de los derechos de los integrantes de los pueblos indígenas y tribales i)
prevé que éstos deberán gozar de los mismos derechos y libertades que el resto de la población; ii)
condena el uso de la fuerza y la coacción; iii) indica que les asiste el derecho a ejercer
sus derechos y garantías ciudadanas; iv) condena la imposición de servicios personales,
remunerados o no; v) responsabiliza a los Estados Partes de establecer instrumentos que provean y
controlen sus condiciones de empleo, con seguridad social y de derecho de sindicación y vi) señala
su derecho a acceder a la educación y formación profesional, en igualdad de condiciones – artículos
3°, 2°, 4°, 8°, 11 y 22 Ley 21 de 1991, artículos 1°, 2°, 5°, 13, 86, 25, 53 y 70 Carta Política.

Con la ratificación de estos instrumentos internacionales, el Estado Colombiano adquirió la
obligación de proteger, “especialmente”, los derechos de los pueblos indígenas y tribales a “los
recursos naturales existentes en sus tierras” –artículo 15.

Igualmente, en el marco de estos Convenios, en especial del Convenio 169 de la OIT, los estados
parte, como Colombia, quedaron obligados a respetar la diversidad étnica y cultural de los pueblos
indígenas y de los pueblos tribales, y a contribuir realmente con la conservación del valor espiritual
que para todos los grupos étnicos comporta su relación con la tierra y su territorio.

Con tal espíritu el referido instrumento desarrolla en su artículo 14, el derecho de estos pueblos a
que se i) determinen sus propiedades y posesiones mediante la delimitación de los
espacios efectivamente ocupados, ii) salvaguarden sus derechos a utilizar “las tierras
que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”; y iii)
protejan especial y efectivamente sus facultades de utilizar, administrar y conservar
sus recursos naturales.

Para tal efecto, se prevé el establecimiento de procedimientos “con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los
recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea
posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” y se obliga también a los
Estados a prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los
pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos”, como
también a adoptar instrumentos que impiden tales inmisiones.

Estas obligaciones fueron en parte concretadas internamente en distintas disposiciones, tales como
la contemplada en el artículo 330 de la Constitución Nacional que prevé la participación de las
comunidades en las decisiones que les afecten, a fin de asegurar que la explotación de los recursos
en sus territorios se hará sin desmedro de su integridad cultural, social y económica.




                                                                                                   47
Igualmente se dio forma a los derechos consagrados en los referidos instrumentos internacionales,
a través de la Ley 70 de 1993 que puntualiza la comprensión de la propiedad colectiva de las
comunidades negras, incluyendo en ella los bosques y suelos, reafirmando la función social y
ecológica de dicha propiedad, de acuerdo con las siguientes previsiones:
a) Los suelos y los bosques se consideran incluidos en la titulación colectiva –artículo 6-.
b) El uso de los bosques, ya sea “por ministerio de la ley”, o con “fines comerciales deberán
garantizar la persistencia del recurso” –artículo 6-.
c) Son usos por ministerio de la ley y en consecuencia no requieren permiso de la autoridad
competente i) las prácticas tradicionales sobre las aguas, las playas, o las riberas; ii) el
aprovechamiento con fines alimenticios de “los frutos secundarios del bosque”, y de la fauna y la
flora terrestre y acuática; iii) la utilización de “recursos naturales renovables para construcción o
reparación de viviendas, cercados, canoas y otros elementos domésticos”, para el uso de los
integrantes de la comunidad –artículo 19-.
d) “La entidad administradora de los recursos naturales renovables reglamentará
concertadamente con las comunidades negras el uso colectivo de áreas del bosque a
que se refiere la presente ley, para el aprovechamiento forestal persistente. ”.-artículo
24-.
e) El aprovechamiento forestal con fines comerciales requiere “autorización de la entidad
competente para el manejo del recurso forestal”, para lo cual “la comunidad concesionaria” podrá
entrar en asociación con entidades públicas y privadas –artículos 6 y 24-.
f) El Estado “garantizará y facilitará la capacitación de los integrantes de las comunidades
concesionarias en las prácticas y técnicas adecuadas para cada etapa del proceso de producción
para asegurar el éxito económico y el desarrollo sustentable de los integrantes de la región”; y dará
prioridad a las propuestas, relativas a la explotación de los recursos forestales, de “la gente de las
comunidades negras” –artículo 24-.
g)) Los integrantes de las comunidades negras, “titulares del derecho de propiedad colectiva
continuarán conservando, manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación
protectora de aguas y garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de
ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y
conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de
extinción (..)”.-artículo 21-.

“El Gobierno Nacional destinará las partidas necesarias para que la comunidad pueda cumplir con lo
dispuesto en el presente artículo”- idem-.
h) “El uso de los suelos se hará teniendo en cuenta la fragilidad ecológica de la Cuenca
del Pacifico. En consecuencia los adjudicatarios desarrollarán prácticas de conservación
y manejo compatible con las condiciones ecológicas. Para el efecto se desarrollarán modelos
apropiados de producción como la agrosilvicultura, la agroforestería u otros similares, diseñando los
mecanismos idóneos para estimularlos y para desestimular las prácticas ambientales insostenibles.”
–Artículo 6-.

Dichas disposiciones que regulan el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras,
implican la obligación correlativa de TODAS las autoridades, y en especial, de las ambientales, de :
“…i) de apoyar a las comunidades negras en las acciones que emprendan para impedir
el uso de la tierra y la explotación de sus recursos naturales por personas ajenas, y ii)
sancionar a quienes se aprovechen de los productos de los suelos y bosques de sus
territorios colectivos”.

En lo atinente a la protección de las tierras y la garantía de que éstas continúen en cabeza de las
comunidades beneficiarias, la Ley 70 de 1993, trae la siguiente disposición:
“ARTÍCULO 7o. En cada comunidad, la parte de la tierra de la comunidad negra destinada a su uso
colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable. Sólo podrán enajenarse las áreas
que sean asignadas a un grupo familiar, por la disolución de aquel u otras causas que señale el



                                                                                                   48
reglamento, pero el ejercicio del derecho preferencial de ocupación o adquisición
únicamente podrá recaer en otros miembros de la comunidad y en su defecto en otro
miembro del grupo étnico, con el propósito de preservar la integridad de las tierras de
las comunidades negras y la identidad cultural de las mismas”.

Por otro lado, el artículo 15 de la misma Ley establece: Las ocupaciones que se adelanten por
personas no pertenecientes al grupo étnico negro sobre las tierras adjudicadas en propiedad
colectiva a las comunidades negras de que trata esta ley no darán derecho al interesado para
obtener la titulación ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se
considerará como poseedor de mala fe.

ARTICULO 265 C.P. DAÑO EN BIEN AJENO: El que destruya, inutilice, haga desaparecer
o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble incurrirá en prisión de uno
(1) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Tal como se desprende del tipo penal citado, el sujeto activo del mismo es indeterminado, es decir,
cualquiera que incurra en la conducta descrita por el legislador. Por otra parte, el verbo rector o la
conducta reprochada es DESTRUIR, INUTILIZAR O HACER DESAPARECER un bien mueble o
inmueble.

Se entiende por destruir, el acto de demoler, arruinar, devastar, derribar, arrasar. Por INUTILIZAR,
inhabilitar o estropear, deteriorar, o disminuir la capacidad de algo. Y al hablar de HACER
DESAPARECER hacemos referencia a sacar físicamente una cosa de la vida útil. El objeto sobre el
cual recae el delito es el BIEN o la COSA MUEBLE O INMUEBLE, que particularmente debe ser de
un tercero, es decir, ajeno al sujeto activo del delito.

Se entiende que las propiedades de los campesinos que se vieron forzados a salir de sus
tierras, tales como sus semovientes o animales domésticos, sus utensilios y enseres del
hogar y las construcciones familiares y comunitarias, son bienes muebles los primeros e
inmuebles los dos últimos mencionados, que han sido destruidos, en una parte por el
abandono al que han sido obligados como consecuencia del permanente accionar
paramilitar y en otra por el accionar directo de las máquinas que trabajan en la
implementación del proyecto agroindustrial de palma africana.

Las comisiones de verificación dan cuenta de ello. Tanto los informes de las organizaciones no
gubernamentales, como el de las entidades del Estado y Gobierno como la Defensoría y el
INCODER, hacen referencia a la destrucción total o los restos de caseríos enteros, donde habitaron
antaño las comunidades afrodescendientes. Los referidos informes dan cuenta de la pérdida de los
caminos que comunicaban un caserío y otro, que permitían el comercio entre comunidades, de los
cultivos de pan que fueron propiedad de los habitantes ancestrales.

Igualmente se habla de la destrucción de la selva húmeda y de la zona boscosa, cual es un bien de
propiedad de las comunidades negras, según se desprende de lo expuesto en la Sentencia T-955
de 2003, en la que la H. Corte Constitucional expresa:

       “Al parecer de la Sala las previsiones anteriores regulan en forma puntual el derecho de
        propiedad colectiva de las comunidades negras, a las tierras que tradicionalmente ocupan,
        reconocido inicialmente en la Ley 31 de 1967 y refrendado por el Convenio 169 de la OIT y
        el artículo 55T de la Carta, de tal manera que son éstas las únicas propietarias de la
        flora existente en sus territorios, y quienes pueden extraer y aprovechar los
        productos de sus bosques”




                                                                                                   49
Es decir, existe prueba del DAÑO que se ha causado a bienes muebles e inmuebles, de diversa
índole, de propiedad de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, por
terceros que nunca ostentaron, ni ostentarán la propiedad o posesión de los mismos. Por lo tanto,
clara es la concurrencia de los elementos del tipo penal de DAÑO EN BIEN AJENO, según se ha
expuesto con anterioridad.

ARTICULO 261 USURPACIÓN DE TIERRAS: “El que para apropiarse en todo en parte de un
bien inmueble, o para derivar provecho de él destruya, altere, o suprima los mojones o
señales que fijan sus linderos, o los cambie de sitio, incurrirá en prisión de uno a tres años y
multa de diez a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes”

El delito de USURPACIÓN DE TIERRAS tiene por objeto la tutela del PATRIMONIO ECONÓMICO,
considerándose la PROPIEDAD PRIVADA parte integrante del mismo, cuyo ejercicio legítimo es
protegido en la Constitución, la Ley y en los Tratados Internacionales ratificados por Colombia.

En la ley civil, en su artículo 669 define como el derecho de dominio: “ARTICULO 669. El dominio
(que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer
de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.

De acuerdo con lo preceptuado en la Sentencia T-506 de 1992 emanada de la H. Corte
Constitucional, el derecho a la propiedad privada es fundamental cuando entraña al
ejercicio de otros derechos como la vida, la dignidad humana y la igualdad:

       "Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve
        para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que
        consagran el derecho a la vida a la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere
        naturaleza de derecho fundamental… Dicho en otros términos, la propiedad debe ser
        considerada como un derecho fundamental, siempre que ella se encuentre vinculada
        de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia,
        que su desconocimiento afecte el derecho a la igualdad y a llevar una vida
        digna"

Por otra parte, se ha planteado como un atentado concreto al derecho a la propiedad privada, la
acción arbitraria de un tercero, INVASOR, por cuanto impide el goce y uso del bien, lo mismo que
la percepción de los frutos y disposición de la cosa, en los términos de ley. Intervención irregular
que no se avala, ni siquiera en casos de gran impacto social, en los que familias desposeídas se
toman a la fuerza las tierras desocupadas de grandes terratenientes, pues la ley y la constitución
solo protege el ejercicio de los derechos, mientras éste se haga dentro de su marco y sin atropello
alguno de los derechos de los demás.

En este caso particular estamos hablando del derecho a la propiedad privada sobre un bien en
particular: EL TERRITORIO y todo lo contenido en él, como los bosques y sus especies que también
pertenecen a las comunidades negras.

Luego, podemos hablar de la concreción clara de la vulneración de un derecho fundamental, según
lo expuesto en el aparte jurisprudencial antes trascrito. Pues debemos ubicarnos en el ejercicio de
un derecho que se hace apartados de las lógicas de acumulación y concentración de las riquezas
propias del capital, puestas en práctica por las empresas palmicultoras. Porque al contrario,
estamos hablando del ejercicio de un derecho que es indispensable para garantizar mínimamente
las condiciones objetivas para la concreción de otros de orden fundamental, como la vida y la
dignidad humana, pues para los miembros de las comunidades negras, la tierra es su medio de
subsistencia, es el referente alrededor del cual se ha construido una práctica productiva, una
cultura y unas particulares relaciones sociales.



                                                                                                 50
Se concreta entonces el delito de USURPACIÓN DE TIERRAS, por cuanto el derecho a la propiedad
que sobre el título colectivo tienen las comunidades negras, ha sido desconocido. Los límites a los
derechos que tienen los palmicultores, han sido trasgredidos ampliamente, al desconocer los
linderos que le daban el legítimo derecho a los afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó,
sobre las tierras que hoy están sembradas con palma aceitera.

ARTICULO 327 del C.P.                ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES: El
enriquecimiento ilícito es un delito que tiene fundamento constitucional, cuyo carácter es otorgado
por el Constituyente del 91, dado el “proceso de grave deterioro de la moral pública y de los
valores éticos que ha venido padeciendo nuestra sociedad en las últimas décadas, y que
ha adquirido dimensiones verdaderamente alarmantes, fenómeno que se ha traducido
en una desenfrenada corrupción, no sólo a nivel de la administración pública en general
sino también de los particulares”.

A través de este tipo penal se protege la moral social como bien jurídico, la cual se ve gravemente
lesionada con la comisión del mismo y se encuentra protegida a través de diversas disposiciones
constitucionales, como aquella que garantiza la propiedad privada y demás derechos adquiridos con
arreglo a la ley (artículo 58 de la Constitución Nacional).

En materia penal ha sido consagrado en el artículo 327 del Código Penal, en el cual se establece
que: “El que de manera indirecta o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro
incremento patrimonial no justificado, derivado, en una u otra forma, de actividades
delictivas, incurrirá por esa sola conducta en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En palabras de la H. Corte Constitucional
     “El enriquecimiento ilícito no es ni puede ser protegido por la Constitución que, por el
        contrario, sanciona directamente a las personas que detenten patrimonios signados por ése
        origen con la extinción del dominio, la que se debe declarar a través de sentencia judicial
        (C.P., art. 34). La propiedad y, en general, los derechos, adquiridos al margen de
        las leyes civiles, vale decir, por medio o al abrigo de actividades ilícitas, tampoco
        están cubiertos con la tutela del Estado (C.P. art. 58). La actividad económica
        que de cualquier manera se lucre de esta misma suerte de actividades, carece
        del patrocinio del Estado, pues únicamente la empresa que actúa dentro de los
        límites del bien común, tiene una función social y se hace merecedora de la
        protección de las leyes y de las autoridades (C.P. art. 333)”.

La norma contempla como sujeto activo a aquella persona que obtiene el incremento patrimonial
injustificado, independientemente de quién sea el que comete la actividad delictiva y consagra que
como producto de dicha actividad delictiva se produce el incremento patrimonial injustificado, pese
a que el delito de enriquecimiento ilícito resulta ser autónomo.

En cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal, la H. Corte Constitucional se ha pronunciado
de la siguiente manera:
     “El enriquecimiento ilícito de particulares guarda relación directa con los principios que
        dieron origen a la tipificación de la conducta punible de los servidores públicos. Sin
        embargo, presenta algunas diferencias estructurales: En primer lugar, se trata de un
        tipo penal de sujeto activo indeterminado, es decir, el delito puede ser cometido
        por cualquier persona sin características especiales; en segundo lugar, y como
        consecuencia de la calidad del sujeto, el tipo penal condiciona la punibilidad del
        enriquecimiento no solo a que éste sea injustificado, sino que además provenga
        de “actividades delictivas”; en tercer lugar, se trata de un delito especial y



                                                                                                 51
        autónomo, como quiera que describe un modelo de comportamiento al que
        puede adecuarse en forma directa o inmediata la conducta del actor, sin
        necesidad de recurrir a otro tipo penal, ni a otro ordenamiento jurídico”.

En el primer caso, en relación con el sujeto activo, no existe dificultad alguna para entender su
campo de acción, en cuanto que en dicha conducta puede incurrir todo aquel que se
enriquezca ilícitamente. Es clara la diferencia que existe frente al delito de enriquecimiento
ilícito de servidores públicos, pues en este último caso, como ya se anotó, se trata de sujeto activo
cualificado.

Pero además, el ingrediente normativo que contiene el enriquecimiento ilícito de particulares, según
el cual “el incremento patrimonial debe ser “derivado, en una u otra forma, de
actividades delictivas”, en manera alguna debe interpretarse en el sentido de que deba provenir
de un sujeto condenado previamente por el delito de narcotráfico o cualquier otro delito. No fue
eso lo pretendido por el legislador; si ello hubiese sido así, lo hubiera estipulado expresamente. Lo
que pretendió el legislador fue respetar el ámbito de competencia del juez, para que fuera “ él
quien estableciera, de conformidad con los medios de prueba y frente a cada caso
concreto, la ilicitud de la actividad y el grado de compromiso que tuviese con la ley el
sujeto activo del delito”.

En este caso concreto encontramos que los palmicultores se han enriquecido injustificadamente,
como producto de la siembra de palma aceitera, pues han ingresado irregularmente a su
patrimonio derechos sobre las tierras de los campesinos, lo cual han logrado a costa del
desplazamiento y exterminio de una comunidad afrodescendiente, la destrucción de sus bienes, la
usurpación de sus tierras y de sus aguas, y la destrucción del medio ambiente, actos éstos
delictivos, contemplados como tal en la legislación penal colombiana en los artículos 180, 101, 265,
261, 331, 337 y 262 del Código Penal.

FALSEDAD EN DOCUMENTO
Para la concreción de este delito se falsificaron Documentos Públicos y Privados y se suplantaron
Personas; A través de la suplantación de vendedores se falsificaron las firmas de los poderes que
dieron origen a las Escrituras Públicas, y a la alteración de resoluciones de adjudicación de baldíos,
legalización de accesiones sin el lleno de los requisitos legales para ello, todo lo anterior para que
las compañías se apropiaran de títulos individuales, lo cual se evidencia claramente en la Resolución
2658 y 2672 del INCODER

ARTICULO 287 del C.P. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO: El que falsifique
documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de
cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
cinco (5) a diez (10) años.

La falsedad de un documento puede ser material o ideológica, y solo la primera puede ser
establecida mediante incidente de tacha, como resulta de lo establecido en los artículos 289 a 293
del Código de Procedimiento Civil.

ARTICULO 286 del C.P. FALSEDAD IDEOLOGICA: El servidor público que en ejercicio de sus
funciones al extender documento publico que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle
total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión en 4 a 8 años. E inhabilitación para el ejercicio
de derecho y funciones publicas de 5 a 10 años.

En sentencia de 14 de enero de 1.999, se explicó:



                                                                                                   52
       "Anota la Sala que la verdad inserta en un escrito puede ser intelectual o ideal y material o
        gráfica. En la falsedad ideológica se mantiene la autenticidad del documento pero su
        contenido arroja alteraciones que crean o modifican o dejan sin efecto alguna relación
        jurídica, provocando un juicio falso. La falsedad material presupone la destrucción,
        mutilación, alteración del documento. La materialidad se relaciona con el documento y la
        idealidad con su tenor.

Y en sentencia de 28 de enero de 1.999:
     "Conviene distinguir la falsedad material, que es la que tiene lugar cuando se hacen al
        documento supresiones, cambios o adiciones o se suplanta su firma, de la falsedad
        ideológica o intelectual, que es la que ocurre cuando la declaración que contiene el
        documento no corresponde a la realidad. La falsedad ideológica o intelectual no puede ser
        objeto de tacha de falsedad, sino solo la falsedad material. En tales casos de lo que se
        trata es de probar contra la declaración del documento, y de ahí que la tacha propuesta
        resulte improcedente, (… )

       Por lo demás, conforme al artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, es la parte contra
        quien se presente un documento la que puede tacharlo de falso, no aquella que lo aduzca
        alegando su falsedad, material o ideológica, como causa de sus pretensiones, aun cuando,
        desde luego, es suya la carga de probar la falsedad que alegue, conforme al articulo 177
        del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 204 del C.P. IRRESPETO A CADAVERES: El que sustraiga el cadáver de una
persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en multa.

Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, sin
sobrepasar las diez (10) unidades multa.

El desconocimiento de la ley, que como sabemos, sirve para excusar la responsabilidad criminal en
nuestro medio, puede provenir de situaciones culturales, como sucede en el conocido ejemplo del
sujeto occidental que viaja a una tribu esquimal, donde es costumbre recibir al visitante
ofreciéndole una mujer bañada en orines, la cual desprecia por que su cultura le impide aceptarla y
que a su vez es una grave violación a las normas de estas culturas, pero, en tanto que el no conoce
esa norma, no se le puede imponer castigo alguno. En situaciones como esta, la sanción criminal
resulta injusta, por lo que debe absolverse a quien incurre en estas conductas con una motivación
derivada de sus creencias.

Pero los usos sociales también pueden hacer que una persona, al cometer un hecho con el
conocimiento de que se trata de un delito, crea que, por el hecho de ser una costumbre, se
encuentre justificado, como sucede en el ejemplo citado al inicio del presente escrito. Nótese como
la señora sabe que el irrespeto a cadáveres es un delito, pero ella cree que por tratarse de una
costumbre, y que buscaba garantizar la comparecencia a la justicia de quienes cegaron la vida de
su familiar, a ella le era lícito realizar este comportamiento. Al igual que en el ejemplo anterior, la
Ley penal debe ceder frente a estos supuestos, sin que sea procedente sancionar a quienes
incurren en estas conductas. La sociedad no debe temer frente a una eventual impunidad en estos
casos, pues es claro que el carácter multicultural de nuestra sociedad es un valor por el que
debemos luchar a toda costa.


ARTICULO 340 del C.P. CONCIERTO PARA DELINQUIR: Cuando varias personas se
concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con
prisión de tres (3) a seis (6) años.



                                                                                                    53
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas,
tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro
extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al
margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000)
hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten,
promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

En la Sentencia C-241 de 1997, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz se establece que:

       “Se puede concluir que el concierto para delinquir exige tres elementos constitutivos
        esenciales: el primero la existencia de una organización que con carácter permanente
        tenga como objetivo lesionar intereses o bienes jurídicos indeterminados; el segundo que
        los miembros de dicha organización lo sean en virtud de un acuerdo de voluntades que los
        une para alcanzar dicho objetivo; y el tercero que la expectativa de la realización de las
        actividades que se proponen sus miembros, pongan en peligro o alteren la seguridad
        pública.”

El concierto para delinquir en términos generales se define como la celebración, por parte de dos o
más personas de un convenio, de un pacto, cuya finalidad trasciende el mero acuerdo para la
comisión de un determinado delito, se trata de la organización de dichas personas en una societas
sceleris, con el objeto de asumir con proyección hacia el futuro la actividad delictiva como su
negocio, como su empresa, la cual, valga aclararlo, dado su objeto ilícito se aparta de los
postulados del artículo 333 de la Carta Política que la reivindica y protege; lo anterior significa que
no existe acuerdo previo entre sus miembros sobre los delitos específicos que cometerán, como
tampoco sobre el momento, el lugar o las personas o bienes que se afectarán, si sobre lo que será
su actividad principal: delinquir.

       "El complot, o acuerdo de varias personas para llevar a cabo determinada actividad
        criminosa de la cual resulten cometidos varios delitos, no constituye asociación para
        delinquir, pues no todo concurso de tres o más personas en la realización de dos o más
        delitos implica la ocurrencia de aquella infracción, pues la asociación para delinquir
        requiere, cabe repetirlo, que el acuerdo se refiera a delitos indeterminados, no solamente
        en la especie, sino en el tiempo, en el modo, en el lugar y en las personas o bienes cuyo
        daño se busca, lo cual conlleva que el convenio no tenga un carácter momentáneo, sino
        que debe estar determinado por un móvil de permanencia."

Es decir, que la organización delictiva se establece con ánimo de permanencia, que el pacto o
acuerdo que celebran sus integrantes es para desarrollar actividades contrarias a la ley, previa
distribución entre sus miembros de acciones y responsabilidades que se complementan para
alcanzar un fin:

       "...no hay que confundir el acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito con
        la societas sceleris que supone una verdadera organización, es decir un encuentro de
        voluntades para la realización de un programa delictuoso de carácter permanente y
        acompañado de la disposición previa de los medios, de la distribución de tareas entre los
        asociados y de un fin común."

Así, se puede concluir que el concierto para delinquir exige entonces tres elementos constitutivos
esenciales: el primero la existencia de una organización que con carácter permanente tenga como
objetivo lesionar intereses o bienes jurídicos indeterminados; el segundo que los miembros de dicha



                                                                                                    54
organización lo sean en virtud de un acuerdo de voluntades que los une para alcanzar dicho
objetivo; y el tercero que la expectativa de la realización de las actividades que se proponen sus
miembros, pongan en peligro o alteren la seguridad pública.

ARTICULO 311 del C.P.    APLICACIÓN FRUDULENTA DE CREDITO OFICIALMETE
REGULADO: “El que con destino a actividades fomentadas por el Estado obtenga crédito
oficialmente regulado y no le dé la aplicación a que está destinado, incurrirá en prisión de uno (1) a
tres (3) años.

ARTICULO 348 del C.P. INSTIGACION A DELINQUIR:: El que pública y directamente incite a
otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa.

Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de
personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio o con
fines terroristas, la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión y multa de quinientos
(500) a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE:
El medio ambiente como derecho fundamental El artículo 79 de la Constitución Nacional
consagra el derecho al medio ambiente sano en los siguientes términos: "ART. 79.- Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines" (Subrayados fuera del texto)

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. La protección
del ambiente, pues, es asunto que le compete en primer lugar al Estado, aunque para ello debe
contar siempre con la participación ciudadana a través del cumplimiento de sus deberes
constitucionales, en especial, de los consagrados en el artículo 8o. superior: "proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación", así como el numeral 8o. del artículo 95, que prescribe entre los
deberes de la persona y del ciudadano el de "velar por la conservación de un ambiente sano".

       “La Constitución impone al Estado los deberes especiales de garantizar la participación de
        la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente (1); proteger su
        diversidad e integridad (2); conservar las áreas de especial importancia
        ecológica (3); fomentar la educación ambiental (4); planificar el manejo y
        aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
        sostenible, su conservación, restauración o sustitución (5); prevenir y controlar
        los factores de deterioro ambiental (6); imponer las sanciones legales y exigir la
        reparación de los daños causados al ambiente (7); y, cooperar con otras
        naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas
        (8) (C.P. arts. 79, 80). Por otra parte, la Carta establece que el saneamiento
        ambiental es un servicio público a cargo del Estado (C.P. art. 78).”

En conclusión, afectar la ecología significa ocasionar un daño que afecta grave y directamente el
interés colectivo.

El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las
personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños
irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio
ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta
conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en


                                                                                                   55
la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado
que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental". (Resaltados fuera del texto
original)

En síntesis, la violación al Derecho al Medio Ambiente es todo desmedro, perjuicio o vulneración al
conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y que le permite su supervivencia
biológica e individual. Estas condiciones básicas comprenden todo el entorno ecológico en el
que se encuentran insertos tanto el individuo como su comunidad del cual estos dependen lo cual
además lo convierten en un derecho de carácter fundamental.

VIOLACIONES A LAS NORMAS CIVILES
1. VIOLACION A LA LEY 70 DE 1993, ART. 15: Las ocupaciones que se adelanten por personas
no pertenecientes al grupo étnico negro, sobre las tierras adjudicadas en propiedad colectiva a las
comunidades negras de que trata esta ley, no darán derecho al interesado para obtener la
titulación ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se considerarán como
poseedores de mala fe.
2. VIOLACION AL DERECHO AGRARIO LEY 160 DE 1994
3. CONTRATOS BAJO PRESION: vicios en el consentimiento, como causal de nulidad en
     el contrato, así como la Coacción.
4. ARTICULO 677 del código civil: DOMINIO SOBRE EL AGUA: Los ríos y todas las aguas
     que corren por cauces naturales son bienes de la unión, de uso público en los respectivos
     territorios.
     Exceptúance las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad,
     uso y goce pertenecen a los dueños de las riveras, y pasan con estos a los herederos y demás
     sucesores de los dueños.
5. ARTÍCULO 683 del Código Civil, CANALES: no se podrán sacar canales de los ríos para
     ningún objeto industrial o domestico sino con arreglo a las leyes respectivas.
6. ARTICULO 766 del Código Civil: NO ES JUSTO TITULO:
     1. El falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende;
     2. el conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal sin serlo.
     3. El que adolece de un vicio de nulidad como la enajenación, que debiendo ser autorizada por
     un representante legal o por decrete judicial no lo ha sido.
     4. el meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad heredero (..)
7. ARTICULO 770 de Código Civil: POSESION IRREGULAR: Es la que carece de uno o mas
requisitos señalados en el artículo 764 POSESIONES DE MALA FE Y POSESIONES
IRREGULARES SIN CUMPLIR LA TRADICION.

Finalmente, el Estado no ha adoptado las medidas de prevención adecuadas frente a los ataques
por parte de las estructuras armadas que acosan a la comunidad; que a pesar de la presencia
militar en varios lugares, no se ha propiciado el retorno de los miembros de las Comunidades a sus
zonas humanitarias; y que continúa la implementación del proyecto agroindustrial de palma
aceitera en el territorio colectivo sin el consentimiento de las Comunidades. Además, la Comisión
señala que, debido a las constantes incursiones armadas paramilitares, se ha producido una
parálisis en las actividades de las siembras de los productos de las comunidades, lo que ha
agravado su situación alimentaria en el corto y mediano plazo.

Por último, señala que las acciones adoptadas por el Estado en respuesta a las medidas cautelares
dictadas por la Comisión no han brindado protección efectiva a los beneficiarios, quienes continúan
siendo objeto de actos de hostigamiento y violencia por grupos paramilitares que operan
libremente en una zona que cuenta con fuerte presencia del Ejército.

Las graves violaciones a los derechos humanos, el aprovechamiento ilegal de las tierras, los
crímenes cometidos por acción o por omisión.



                                                                                                56
Queda claro que el hecho de realizarse un aprovechamiento irracional del territorio de las
comunidades negras, atenta tanto contra el ecosistema como contra la integridad de dichas
comunidades, acarreando consecuencias no sólo ambientales sino incluso llegando a generar una
grave y profunda conflictividad social.

No puede perderse de vista que proyectos como la imposición de monocultivos como la palma
aceitera y la ganadería extensiva, en este caso se hace sobre ecosistemas que son
especialmente frágiles, porque sus suelos son especialmente pobres en nutrientes, situación que
plantea como ineludible y apremiante la estricta vigilancia por la conservación de un medio
ambiente sano y un desarrollo sostenible.

Del contexto presentado podemos entrar a señalar los diferentes tipos de violaciones, los derechos
infringidos, amparados en la legislación nacional e internacional (Derecho Internacional de los
Derechos Humanos), los pactos y convenciones que amparan el medio ambiente.

5. PRUEBAS

Se allegaran documentos y testimonios en el contenido formal de la acusación:
a. Pruebas Testimoniales: los testimonios que expondrán Personas victimas que pertenecen a
la comunidad y que presenciaron los hechos ocurridos en el territorio los cuales fundamentan las
acusaciones.
b. Pruebas de visita in locuo: Inspección ocular que harán los jueces en el territorio durante el
desarrollo de la audiencia.
c. Pruebas Documentales aportadas de audio y video: Videos y presentaciones aportados
por Justicia y Paz

   1.   Todas las cartas aquí presentadas fueron dirigidas por la Secretaría Ejecutiva de la antigua
        Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, en la fecha de 19 de junio del 2.001 (13
        hojas) y en la fecha de Diciembre 10 de 2.001 (12 hojas), a las siguientes personas: Sr.
        Presidente de la República. Sr. Vicepresidente de la República. Ministro de justicia. Ministro
        de Relaciones Exteriores. Fiscal General de la Nación. Vicefiscal General de la Nación.
        Oficina Alto Comisionado para la Paz. Defensor Nacional del Pueblo. Gerente Red de
        Solidaridad Social. Se deja constancia de los hechos enunciados, aunque, muchas veces, la
        respuesta de las autoridades ha sido poca o nula. (Anexo 1 y 2)

   2.   El Estado Colombiano ha ignorado muchas veces los reclamos de las comunidades
        afectadas por múltiples problemas, censurándolas, acallándolas o criminalizándolas. Ante la
        fuerza de los hechos, la mínima dignidad posible es dejar Constancia Histórica de lo
        ocurrido dirigidos a VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DEL
        INTERIOR Y DE JUSTICIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, PROCURADURIA
        GENERAL DE LA NACION, CONTRALORIA GENERLA DE LA NACIÓN, DEFENSOR
        NACIONAL DEL PUEBLO durante el 2.001; Que aportamos como medio probatorio.
        (Anexo 3 al 18)

   -    Constancia   histórica   de   abril de 2.005
   -    Constancia   histórica   de   Mayo de 2.005
   -    Constancia   histórica   de   Julio de 2.005
   -    Constancia   histórica   de   Agosto de 2.005
   -    Constancia   histórica   de   Octubre de 2.005
   -    Constancia   histórica   de   Junio de 2.006
   -    Constancia   histórica   de   Julio de 2.006
   -    Constancia   histórica   de   Agosto de 2.006



                                                                                                   57
-    Constancia   histórica   de   Septiembre 14 de 2.006
-    Constancia   histórica   de   Septiembre 15 de 2.006
-    Constancia   histórica   de   Septiembre 26 de 2.006
-    Constancia   histórica   de   Octubre 17 de 2.006
-    Constancia   histórica   de   Octubre 23 de 2.006
-    Constancia   histórica   de   Octubre 28 de 2.006
-    Constancia   histórica   de   Octubre 30 de 2.006
-    Constancia   histórica   de   Febrero 10 de 2.007


3.   Resolución de Adjudicación No. 02809 del Título Colectivo del Curvaradó y Resolución de
     Adjudicación No. 02801 del Título Colectivo del Jiguamiandó ( anexo 19 y 20)
4.   Informe sobre cultivos de Palma de Aceite en los territorios de las comunidades negras de
     los Ríos JIGUAMIANDO y CURAVARADO, Departamento del Chocó. Del MINISTERIO DE
     AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. (Anexo 21)
5.   Directiva No. 008 del DESAPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION de abril 21
     de 2.005. (Anexo 22)
6.   Resolución Defensorial No. 39, VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS POR SIEMBRA
     DE PALMA AFRICANA EN TERRITORIOS COLECTIVOS DE JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ.
     Bogotá DC Junio 2 de 2.005 (Anexo 23)
7.   Declaración Juramentada presentada en la DEFENSORIA DEL PUEBLO por el señor LUIS
     OVIDIO RENTERIA en el mes de enero de 2.005.( Anexo 24)
8.   Declaraciones rendidas en la PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN
     MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ETNICOS de los señores:
-    ENRIQUE MANUEL PETRO HERNANDEZ, el 21 de enero del año 2.005
-    ERASMO SIERRA ORTIZ, el 27 de septiembre del año 2.004.
-    JOSE DEL CARMEN VILLALBA ALGUMEDO, el 28 de septiembre del año 2.004.
-    LUIS OVIDIO RENTERIA, el 21 de enero del año 2.005.
-    WILLINTON CUESTA CORDOBA, el 27 de septiembre del año 2.004.
-    EPIFANIO CORDOBA BORJA, el 28 de septiembre del año 2.004.
-    CRISTOBAL BLANDON BORJA, el 27 de septiembre del año 2.004.
-    LIGIA MARIA CHAVERRA MENA, el 29 de septiembre del año 2.004.
-    HUGO DE JESUS TUBERQUIA, el 27 de septiembre del año 2.004.
-    MIGUEL MARIANO MARTINEZ CUAVAS, el 27 de septiembre del año 2.004.
-    LUZ MARY CABEZAS MARTINEZ, el 21 de enero del año 2.005.
-    ELADIO BLANDON DENIS, el 27 de septiembre del año 2.004.
-    ANDRES BORJA ROMAÑA, el 28 de septiembre del año 2.004. (anexo 25 al 37)

9.   Declaración Juramentada presentada en la DEFENSORIA DEL PUEBLO por la señora LUZ
     MARY CABEZAS MARTINEZ en el mes de enero de 2.005.( Anexo 38)

10. Resolución 0702 del 22 de marzo del año 2.006 , de la GERENCIA GENERAL DEL
    INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL- INCODER- “Por la cual se inicia el
    procedimiento de delimitación o deslinde de los territorios colectivos adjudicados a las
    comunidades negras organizadas en el CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO CURVARADÓ,
    ubicados en el municipio del carmen del Darien, Departamento del choco, de aquellos que
    pertenecieron al dominio privado de los particulares (Anexo 39)

11. Resolución 0703 del 22 de marzo del año 2.006 , de la GERENCIA GENERAL DEL
    INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL- INCODER- “Por la cual se inicia el
    procedimiento de delimitación o deslinde de los territorios colectivos adjudicados a las
    comunidades negras organizadas en el CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO JIGUAMIANDÓ,




                                                                                           58
    ubicados en el municipio del carmen del Darien, Departamento del choco, de aquellos que
    pertenecieron al dominio privado de los particulares” (Anexo 40)

12. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION DEFENSORIAL No. 39 del 2 de Junio de
    2.005 “Violación de derechos humanos por siembra de palma africana en territorios
    colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó” (Anexo 41)

13. Resolución No. 2658 del 05 Diciembre de 2.006, de la SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
    SOCIAL DE LA PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL-
    INCODER- por el cual se deciden los recursos de reposición interpuestos contra la
    resolución 703 de 22 de marzo de 2.006 “por el cual se inicia el procedimiento de
    delimitación o deslinde de los territorios colectivos adjudicados a las comunidades Negras
    organizadas en el CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO JIGUAMIANDÓ, ubicados en la
    jurisdicción del municipio del Carmen Del Darien, departamento del choco, de aquello que
    pertenecieron al dominio d e los particulares” proferida por el Gerente General del Instituto
    Colombiano de Desarrollo Rural. (Anexo 42)

14. Resolución No. 2672 del 06 Diciembre de 2.006, de la SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
    SOCIAL DE LA PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL-
    INCODER- por el cual se deciden los recursos de reposición interpuestos contra la
    resolución 702 de 22 de marzo de 2.006 “por el cual se inicia el procedimiento de
    delimitación o deslinde de los territorios colectivos adjudicados a las comunidades Negras
    organizadas en el CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO CURVARADÓ, ubicados en la
    jurisdicción del municipio del Carmen Del Darien, departamento del choco, de aquello que
    pertenecieron al dominio d e los particulares” proferida por el Gerente General del Instituto
    Colombiano de Desarrollo Rural. (Anexo 43)

15. Artículos publicados por la prensa nacional y noticieros de televisión, referente al caso.

-   Reversazo de Incoder les quitó 10 mil hectáreas a las negritudes, publicado en EL TIEMPO,
    DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2.005. (Anexo 44)

-   Minagricultura dice que hay problemas de tierras en Chocó. Lunes 10 de julio de 2.006
    (Anexo 45)

-   PALMA DESPLAZADA “en una decisión sin precedentes, el gobierno devolverá 25.00
    hectáreas que les fueron usurpadas a comunidades negras en chocó. (Anexo 46)

-   LA PALMA DE LA DISCORDIA por: Norbey Quevedo H. de EL ESPECTADOR. Agosto 26 de
    2.006. ( Anexo 47)
-   La palma aceitera: Intereses y consecuencia en territorios afrocolombianos, redacción
    actualidad étnica. Bogotá, septiembre 8 de 2.006 (Anexo 48)

-   Ley de Tierras podría prestarse para el lavado de activos, publicado por el semanario EL
    ESPECTADOR. ( anexo 49)

16. LA TRAMOYA “Derechos Humanos y Palma Aceitera Curvaradó y Jiguamiandó” Caso tipo 5
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ. Octubre de 2.005




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     6. ACUSACION

1.           Que La Nación, Ministerio de la Defensa – Ejército Nacional Brigada XVII – ,
     Ministerio de Agricultura INCODER, La gobernación del Departamento del Choco y
     demás Instancias de Control que se encuentren responsables en este Tribunal, de ser
     RESPONSABLES por acción u omisión de los crímenes de lesa humanidad, genocidio,
     terrorismo, desaparición forzada y tortura, en todas sus manifestaciones.

2.            Responsabilizamos individualmente a La sociedad anónima Unión de
     Cultivadores de Palma de Aceite en el Bajo Atrato URAPALMA S.A., su junta directiva
     integrada por JAIRO JUESUS ALONSO BRUGES, KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJIA,
     CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, LUIS DONACIANO RIASCOS TORRES, JORGE
     ENRIQUE CABALLERO ELIAS; de haber sido participe, como actor material y/o intelectual de los
     delitos: DAÑO EN BIEN AJENO; USURPACIÓN DE TIERRAS; ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
     DE PARTICULARES; FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO; IRRESPETO A
     CADAVERES;      APLICACIÓN FRUDULENTA DE CREDITO OFICIALMETE REGULADO;
     CONCIERTO PARA DELINQUIR E INSTIGACION A DELINQUIR.

3.          Responsabilizamos individualmente a La sociedad anónima Unión de
     Cultivadores de Palma de Aceite en el Bajo Atrato URAPALMA S.A., su junta directiva
     integrada por JAIRO JUESUS ALONSO BRUGES, KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJIA,
     CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, LUIS DONACIANO RIASCOS TORRES, JORGE
     ENRIQUE CABALLERO ELIAS, de Obstrucción a la Justicia, y junto con la complicidad de
     ALBERTO JACINTO VASQUEZ VASQUEZ, Notario Único de San Jacinto Bolívar del delito
     de FALSEDAD IODEOLOGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.

4.          Responsabilizamos individualmente a La sociedad anónima Unión de
     Cultivadores de Palma de Aceite en el Bajo Atrato URAPALMA S.A., su junta directiva
     integrada por JAIRO JUESUS ALONSO BRUGES, KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJIA,
     CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, LUIS DONACIANO RIASCOS TORRES, JORGE
     ENRIQUE CABALLERO ELIAS, DE COMETER GRAVES DELITOS CONTRA LOS RECURSOS
     NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE ESTO ES: USURPACION DE AGUAS; DAÑO EN
     RECURSOS NATURALES; INVASIÓN DE AREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA
     ECOLÓGICA; ILICITO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
     RENOVABLES;

5.          Responsabilizamos individualmente a La sociedad anónima Unión de
     Cultivadores de Palma de Aceite en el Bajo Atrato URAPALMA S.A., su junta directiva
     integrada por JAIRO JUESUS ALONSO BRUGES, KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJIA,
     CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, LUIS DONACIANO RIASCOS TORRES, JORGE
     ENRIQUE CABALLERO ELIAS, por las siguientes VIOLACIONES A LAS NORMAS CIVILES:
     VOLACION A LA LEY 70 DE 1993, ART. 15; VIOLACION AL DERECHO AGRARIO;
     CONTRATOS BAJO PRESION; ARTICULO 677 DOMINIO SOBRE EL AGUA; ARTICULO
     683, CANALES; ARTICULO 766 del Código Civil: NO ES JUSTO TITULO; ARTICULO 770
     POSESION IRREGULAR y las demás concordantes con la norma.


6.          Y todas aquellas que el tribunal hallare probados.




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