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fallo villa maria Alimentos provisorios by vHtc06

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									Alimentos provisorios. Fijación del monto. Prueba de los ingresos reales. Monto exiguo.
Incremento. Protección de los derechos del niño. Bloque constitucional. Tratados
internacionales
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de
Villa María
22/8/2006
C., S. M. v. N. F. B.

Villa María, 22 de de agosto de 2006

Y VISTOS: 1) Estos autos caratulados "C., S. M. C/ N. F. B. - ALIMENTOS, TENENCIA,
REGIMEN DE VISITAS" (Letra "C", Nº 11, del 31 de mayo de 2004), venidos a
consideración del Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 49 por
el Dr. Robert R. AGUIRRE, apoderado de la actora señora S. M. C. (Carta-Poder de
fs.63), en contra del Auto Número Interlocutorio Número seis, dictado el doce de
febrero de dos mil cuatro, por el señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción y Faltas de la ciudad de Oliva, por el que resolvía:
"I)Hacer lugar parcialmente a la demanda deducida por la Sra. S. M. C. en contra del
Sr. N. F. B., en consecuencia, fijar a partir de este decisorio como cuota alimentaria en
favor del menor E. Y. C., la suma de pesos cien ($100), la que deberá ser soportada
por el padre del mismo Sr. N. F. B. y abonada del uno al diez de cada mes mediante
depósito a efectuarse en cuenta especial que deberá abrirse en el Banco de la Provincia
de Córdoba y a la orden de su madre. II) Otorgar la tenencia de E. Y. C. a su madre
Sra. S. M. C.. III) Fijar un amplio régimen de visitas a favor del padre Sr. N. F. B.. IV)
Imponer las costas al demandado. V) Regular los honorarios del Dr. Robert Rubens
Aguirre en pesos cuatrocientos veinte ($420) y los de la Dra. María Cristina Valles en
pesos doscientos noventa y cuatro con doce centavos ($294,12). Protocolícese y
hágase saber".

2) El recurso fue concedido a fs.50vta., sin efecto suspensivo ante este Tribunal; y
radicados en la Instancia, a fs. 59/60 expresa agravios la recurrente, señora S. M. C.,
manifestando que la decisión del "a-quo" de fijar la cuota alimentaria de pesos cien
($100,00) es contraria a la jurisprudencia que cita, según la cual no sólo ha de tenerse
en cuenta la capacidad económica del alimentante sino especialmente las necesidades
del menor. Que el padre no ha desvirtuado con prueba alguna las aseveraciones
respecto de que trabaja en un tambo rural, y usufructuado un automóvil moderno que
ponen de relieve un estándar de vida y de comodidad. Pide la revocatoria del decisorio
en este punto.

3) El demandado, señor N. F. B., deja vencer injustificadamente el plazo por el cual se
le corrió traslado de la expresión de agravios (cédula de notificación de fs.66); por lo
que a solicitud de la actora (fs. 67), se le da por decaído el derecho dejado de usar
(fs.68).

4) La señora Asesora Letrada del Primer Turno (fs.69/70vta.) en su carácter de
representante promiscua del menor, solicita la revocatoria del decisorio y se fije una
cuota alimentaria en la suma de pesos doscientos ($200.-), como fue solicitada en la
demanda, retroactiva a la fecha de la misma. Considera "que en los juicios de
alimentos no es necesario ni indispensable que la justificación de los ingresos del
obligado al pago resulte de prueba directa, puede también deducirse el caudal
económico por indicios toda vez que no es necesario la demostración del patrimonio
sino contar con un mínimo de elementos que permitan ponderar su capacidad
económica" (sic. fs. 69vta./70). Que se debe considerar que el demandado, señor B.,
tiene trabajo "medianamente fijo" (sic. fs.70), como fue confirmado por el testigo
Orellano (fs.30vta.), presumiendo que sus ingresos son muy superiores a doscientos o
trescientos pesos mensuales, porque de lo contrario no podría mantener un automóvil
Renault 19 como tampoco abonar el crédito por su adquisición. "Que también crea una
fuerte presunción en su contra el hecho de que luego de que ofreciera la prueba, no la
diligencia, (...) no concurriera a la audiencia que fijó el Tribunal a los fines del art. 58
del C.P.C.C. y no contestara la expresión de agravios..." (sic. fs.70). En definitiva,
sostiene que la cuota alimentaria de pesos cien ($100.-) resulta a todas luces
insuficiente, impetra la revocatoria del decisorio y solicita se fije la cuota alimentaria a
favor del menor E. Y. C., en la suma de pesos doscientos ($200.-) como fuera
demandada (fs.70vta.).

5) Dictado el decreto de "autos a estudio" (fs.72), consentido e integrado el Tribunal
de conformidad al certificado de fs.76, la causa queda en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

Los doctores Luis Horacio COPPARI y Juan María OLCESE; dijeron:

1.- Que el recurso de apelación que se trata fue interpuesto en tiempo propio, según
surge del cargo puesto al escrito mediante el cual se dedujo la impugnación glosado a
fs. 49vta., (24/02/2004), y la certificación del retiro del expediente efectuada a fs.50;
siendo resolución recurrible conforme a lo prescripto en los arts. 361 inciso 2°, 366 y
concordantes del Código Procesal Civil y Comercial ley 8465 y sus modificatorias (en
adelante CPC).

2.- El resolutorio en crisis contiene una relación de causa que satisface los términos del
art. 329 del C.P.C., por lo que podemos adentrarnos en el estudio de los agravios
vertidos por la actora recurrente a fs.50/60.

 3.- Antes de adentrarnos en el análisis del sub lite, debemos señalar que el deber
alimentario respecto de los hijos menores es un derecho humano básico que le asiste a
los hijos y debe ser cumplido por ambos padres. La finalidad de la prestación
alimentaria establecida a favor de los hijos es la satisfacción de las necesidades vitales
del alimentado con la extensión y alcance que le asignan los arts. 265, 267 y conc. del
Código Civil. Se trata de un deber de contenido netamente asistencial, destinado al
consumo del alimentado (TSJ, Sala C. y C., 04/05/2000, Sentencia Nº 27, autos "NN -
Recurso Directo", Semanario Jurídico Nº 1292 del 25/05/2000).

Al comentar las normas citadas, el Dr. Daniel Hugo D’Antonio sostiene que el art. 267,
"a modo introductorio, abarca las distintas facetas de las necesidades alimentarias,
poniendo de relieve la amplitud comprensiva del respectivo deber, incluyendo los
aspectos sobre educación y esparcimiento que, indudablemente, resultan esenciales
entre los componentes de los alimentos" (Código Civil Comentado, Derecho de Familia,
T.II, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 40). Respecto a la educación, y
analizando el art. 265, el citado autor sostiene: "tan        importante es el cabal
cumplimiento de esta obligación que se afirma que todos los derechos y deberes de los
padres apuntan al proceso de formación del hijo, ya que se relacionan íntimamente
con su educación, teniendo los padres el grave deber y a la vez el derecho y la
pretensión de ser quienes realicen la función educadora, reconocida por la ley a través
de sus normas" (Ob. cit. p.33).
Siguiendo pacifica y reiterada jurisprudencia, afirmo que el deber alimentario de los
padres es un imperativo de Derecho Natural (CNCiv., sala A, L.L.1984-C-622),
basándose la obligación de los padres hacia los hijos menores de edad en la
procreación, derivada de haberlos engendrado. La obligación alimentaria fundada en
los vínculos de familia, como es el vínculo filial, está impuesta por la ley y constituye,
por lo tanto una obligación legal (CNCiv. Sala J, L.L.1993-D-534), que pesa sobre
ambos progenitores y es estricta, no pudiendo admitirse que pretendan exonerarse de
ello so pretexto de que otros amparan a los menores (CNCiv., sala F, L.L.1996-D-889,
sum.5 y sala A, E.D. 14-900).

La cuota alimentaria es uno de los deberes que se impone a los padres como contenido
de la patria potestad, y no está sujeta -como en el caso de los restantes parientes-, a
la prueba de la necesidad por parte del reclamante.-

A los efectos de determinar el monto de la cuota para cubrir las necesidades de un
menor, habrá de tenerse en cuenta el nivel socioeconómico y cultural que éste goza.
(cf.: "S. R. E. c/ P. B. R. - Divorcio Vincular - Incidente de Tenencia - Alimentos-
Régimen de Visitas y Liquidación de Sociedad Conyugal", A.I. Nº 161 de fecha
04.11.2005; NEXO Jurídico, 2006- I, pág. 13 y sgts.)

4.- Así las cosas, en el sub iudice debemos considerar la ausencia de pruebas respecto
de los ingresos reales del señor N. F. B., pues a pesar de que en la demanda se alega
que el mismo rondaría en la suma superior a los dos mil pesos ($2.000.-), en su
contestación niega ello y por el contrario sostiene que no supera los trescientos pesos
mensuales ($300.-).

Solicitan la recurrente y la representante promiscua del menor que se tomen en cuenta
las presunciones que revelan que el demandado, señor N. F. B. tendría una situación
económica holgada, pues ha quedado demostrado en autos que se mueve en un
automóvil Renault 19 y que para la adquisición del mismo debió afrontar seguramente
un crédito costoso.

Como vimos supra el reclamo de la recurrente en cuanto a la valoración de las
presunciones resulta procedente pero, debemos resaltar que las presunciones son un
tipo de prueba que debe demostrar o revelar por caminos distintos al de la prueba
directa la aseveración que se persigue, es decir que debe surgir de la valoración del
conjunto de elementos de la causa.

Por consiguiente, evaluando las circunstancias particulares de la causa, considerando
que el Señor Nestor Fabián B. no diligenció la prueba ofrecida a fs. 16vta., no
compareció a las audiencias fijadas a los fines de recepcionar la testimonial de Norma
Irma NUÑEZ (fs.29/29vta.), ni de Felix Ricardo ORELLANO (fs.30/30vta.), habiendo
sido debidamente notificado (cédula de notificación de fs.23), ni evacuó el traslado de
los agravios vertidos por la actora, pese ha estar debidamente notificado (cédula de
notificación de fs.66), habiéndosele dado por decaído el derecho dejado de usar,
conforme proveído de fs.68; lo que demuestra su total indiferencia en la participación
del proceso. Esta conducta procesal del demandado ya fue motivo de análisis por parte
del señor Asesor Letrado a fs.39. A ello debe sumarse el completo Informe Social,
producido por la Lic. María Cristina BUSSONE (fs.32/34), y la confesión efectuada por
el demandado, señor N. F. B., al evacuar el traslado de la demanda (art. 217 del
C.P.C.), de ser propietario de un automóvil, Dominio RXB-592, adquirido mediante un
préstamo; y las demás pruebas producidas y que ya fueron materia de análisis y
valoración supra; llegando al convencimiento que el monto fijado en concepto de
cuota alimentaria a favor del menor E. Y. C., es exiguo e injusto, estimando equitativo
fijar el mismo en la suma de Pesos Doscientos ($200.-) mensuales, desde la fecha de
interposición de la demanda (30.06.2003).

La Asesora Letrada del Primer Turno, al contestar el traslado, entiende que en los
juicios alimentarios, no es necesario una prueba directa del caudal económico del
alimentante, sino que bastan los indicios que deben ser apreciados con criterio amplio
a favor de la prestación que se reclama y de las necesidades a satisfacer (fs.69vta. y
70).

Dentro de dicho contexto interpretativo y siendo de recibo el agravio,               debe
modificarse lo decido en la instancia de origen (arts. 332 y 356 C.P.C.).

5.- Hacemos hincapié en la provisoriedad de tal cifra, ya sea porque el señor N. F. B.
mejore de fortuna, o bien pueda la actora demostrar una suma mayor de ingresos del
demandado, o las reales necesidades alimentarias del menor así lo requieran. Nuestra
Constitución Nacional, en el art. 75 inc. 23, impone promover medidas de acción
positiva que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y los Tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por
Ley Nº 23.849, y que es de aplicación a los menores de dieciocho años (art. 1), como
el caso de autos, impone que "en todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas (...) de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas, (...) una condición primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño" (art. 3, apartado 1, la negrita nos pertenece); asumiendo los
Estados Partes el compromiso de asegurar al niño la protección y cuidado que sean
necesarios para su bienestar (conf. Art. 3, apartado 2). La Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), aprobada por Ley Nº
23.054, en su art. 19 consagra que "todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que en su condición de menor requiere por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado".

Por imperio de la prescripción constitucional del art. 75 inc. 22, integran el bloque de
legalidad, con jerarquía superior a las leyes, entre otros la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo VII dispone que todo niño tiene
derecho a protección, cuidado y ayuda especial. La Declaración Universal de Derechos
Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948,
asegura a todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, el derecho a
igual protección social (conf. Art. 25, inc. 2).

La Constitución Provincial tutela expresamente los derechos del niño en su art. 25, y la
Ley de Protección Judicial del Niño y el Adolescente Nº 9053 en su art. 4º consagra
que "en todo lo que concierne al niño y al adolescente se deberá atender
primordialmente a su interés superior, entendiendo por tal la promoción de su
desarrollo integral. Toda medida que se tome con relación a ellos, deberá asegurar la
máxima satisfacción de derechos que sea posible, conforme a la legislación vigente".

Siguiendo a Germán BIDART CAMPOS ("La Responsabilidad del Estado en los Tratados
con Jerarquía Constitucional", Lexis-Nexis Nº 1010/005393), sostenemos que la
responsabilidad del Estado Argentino en materia de tratados de derechos humanos, no
se limita solamente a los erigidos con ese nivel por el art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional; "...de cara al derecho internacional, la responsabilidad es idéntica en todos
los tratados de derechos humanos, ya sean de igual rango que la Constitución, o
solamente supralegales. Y es así porque el derecho internacional, con su principio de
primacía del derecho internacional sobre todo el derecho interno (que como principio
del derecho de gentes plasmó en el contractual con la Convención de Viena sobre
derecho de los tratados), da por axiomático que ningún Estado puede eludir su
responsabilidad en el cumplimiento de un tratado en el cual es parte, invocando su
derecho interno". Sosteniendo que los jueces no deben aplicar normas internas que
impidan cumplir las normas del tratado, que les resulten contrarias, o que no
coordinen con el mismo. Concluyendo que en un Estado federal como el nuestro, "las
provincias ‑ que no tienen responsabilidad internacional, y que la trasladan al Estado
federal‑ tienen en sus jurisdicciones locales la misma obligación del Estado federal en
cuanto a respetar, garantizar y dar efectividad a los derechos y son, realmente,
sujetos pasivos respecto de esos mismo derechos".

Todo lo expuesto resulta corroborado por las prescripciones de la reciente Ley N°
26.061 (B.O. 26.10.2005).

En suma, del análisis de los hechos de la causa, de la prueba ofrecida y producida, la
normativa vigente y aplicable al sub-lite dentro del contexto interpretativo explicitado,
resulta de recibo el agravio; debiendo modificarse lo decido en la instancia de origen
(arts. 332 y 356 C.P.C.).

En conclusión; corresponde hacer lugar al recurso de apelación en lo que a la cuota
alimentaria, a favor del menor E. Y. C. se refiere, y confirmar el decisorio apelado en lo
que no ha sido materia de agravios.

6.- En cuanto a las costas de la segunda instancia, corresponde tener presente que las
pretensiones del apelante prosperan en lo que respecta a su agravio por la elevación
cuantitativa de la cuota alimentaria a favor del menor E. Y. C., y desde cuando resulta
exigible la misma. Siendo así, corresponde imponer las costas al demandado, señor N.
F. B., que resulta objetivamente vencido (art. 130 del C.P.C.), ya que como sostiene
VENICA "una antigua y arraigada jurisprudencia señala que en los juicios de alimentos,
por vía autónoma o incidental, las costas deben imponerse siempre al alimentante,
pues de lo contrario resultaría desvirtuada la naturaleza de la prestación,
disminuyendo el monto de los alimentos que atienden a una necesidad de subsistencia
del alimentado" (VENICA, Oscar H., "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba - Ley 8465", Marcos Lerner Editora, Córdoba 1998, Tº II, p. 15).

Se regulan provisoriamente (art. 26 de la Ley Nº 8226, en adelante C.A.) los
honorarios del Dr. Roberto R. AGUIRRE, en la suma de Pesos Noventa y ocho ($98,00),
difiriéndose la regulación definitiva para el momento en que la baja Instancia calcule la
base definitiva para regular. La misma se practicará por el señor Juez "A-quo", a cuyo
fin se fijan las siguientes pautas: el tercer punto (a partir del punto mínimo legal,
incluido éste), de la escala prevista en el art. 34 del C.A. que resulte aplicable, sobre la
base regulatoria que se determine en definitiva. Para la segunda instancia, el treinta y
cinco por ciento (35%) que resulte de la regulación anterior. Ello por aplicación del art.
37 ibid., en función de las reglas de evaluación cualitativas prevista en el art. 36 ibid.,
y a la luz de la prescripción general del art. 67 del C.A., que manda tener en cuenta la
incidencia socioeconómica de las costas en la familia. No regular honorarios a la Dra.
María Cristina VALLES, al no desplegar actividad profesional en la instancia.

El doctor Juan Carlos CAIVANO, dijo:
No comparto las conclusiones y solución propiciada por los señores Vocales de primer
voto. Paso a desarrollar mi opinión sobre el caso traído a decisión.

1º) Los agravios vertidos por la actora apelante encuentran ajustada síntesis a fs. 59
vta, primer párrafo, cuando expresa: "En definitiva la decisión del a-quo agrava la
situación del menor atento a que se ha fijado una cuota alimentaria exigua y no ha
establecido la retroactividad del pago de la misma a la fecha de la interposición de la
demanda, momento donde se manifiesta formalmente la necesidad de reclamar
alimentos para el menor" (TEXTUAL).

2º) De la lectura de la demanda deducida por la actora el 30/06/2003, surge que la
misma solicitó la tenencia del hijo menor habido fruto de la relación mantenida con el
N. F. B. -llamado E. Y. C.-; el establecimiento de un régimen de visitas a favor del
accionado y simultáneamente la fijación de una cuota alimentaria de pesos doscientos
($ 200) mensuales (en lugar de la cantidad otorgada por la baja instancia: $ 100) (ver
fs. 4/5).-

3º) El demandado no opuso reparos a la acción deducida por la actora, salvo en lo que
respecta a la cuantía de la cuota alimentaria pedida, por considerar que no se
encuentra en condiciones económicas de satisfacerla, dada su condición de jornalero
en tareas de albañilería (tópico fáctico sobre el que no existe divergencia), sin sueldo
fijo, ni estabilidad laboral, acompañando a modo de ratificación del tal aserto una
declaración jurada labrada ante el Juzgado de Paz de James Craik (fs. 6/6 vta).

4º) El accionado no llevó ningún otro acto procesal hasta el dictado de la sentencia de
primera instancia. Ello ha sido interpretado como "presunción" en su contra, en tanto
demostración de su total indiferencia en el proceso.

Es una hipótesis que no puede descartarse, pero también es probable que no haya
querido complicar el trámite de un juicio, que en realidad, nunca entorpeció (ni en
primera, ni en segunda instancia), o que no esté en condiciones de afrontar los gastos
que devenga la tramitación de un pleito consecuencia de la precaria situación
económica que invoca.

5º) La señora C., parte del presupuesto de que el accionado se encuentra en perfectas
condiciones de afrontar la cuota alimentaria pretendida ($ 200 mensuales), en función
del buen del "... buen estándar de vida..." que le atribuye, fruto de la realización de
trabajos de "... albañilería..."? (véase: fs. 4, ap. III, Hechos, párrafo 3º), a cuyo fin
acude en apoyo de su aserto a la prueba presuncional derivada del dominio que tiene
respecto de un automóvil Renault 19, dominio RXB - 592, que le embargó en el
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (fs. 7/11).

En todo caso ello puede constituir un indicio, que no alcanza a configurar una
presunción judicial en el sentido jurídico del término, ya que sabido es, que las
presunciones judiciales hacen prueba solamente cuando por su gravedad, número y
conexión con el hecho que se trata, sean capaces de producir el convencimiento sobre
la existencia del hecho invocado ("... buen estándar de vida..."), de acuerdo con las
reglas de la sana crítica racional (art. 316 del C. de P.C.).

En la especie, se observa sin mayor esfuerzo, que el único elemento de juicio sobre el
que se pretende la modificación del fallo vía recurso, es una diferente ponderación
sobre la pretendida presunción judicial, ya que -como acertadamente sostiene el señor
Juez Inferior en el AUTO NUMERO SEIS impugnado, dictado el 12 de febrero de 2004-:
"... no existe elemento alguno incorporado válidamente al proceso que indique cual
sería el ingreso económico del demandado, salvo su propia manifestación que hace al
contestar la demanda, que es jornalero en tareas de albañilería y percibe una suma de
pesos doscientos a trescientos mensuales..." (fs. 46 vta). Ello explica que
prudentemente haya fijado la cantidad mensual de pesos cien ($ 100).

Dicho argumento no ha sido rebatido en la expresión de agravios por la recurrente. La
meritación de las medidas de prueba rendidas en autos, confirman la orfandad
probatoria de la parte actora, alegada por el a-quo. Basta tomar lectura de las
declaraciones testimoniales de la señora Norma Irma Núñez y del señor Félix Ricardo
Orellano (fs. 29/30 vta), con relación al pliego de fs. 28, donde ni siquiera fueron
interrogados sobre la situación económico-social del demandado, remuneraciones
laborales o autónomas, etc. y, a igual conclusión se arriba de la lectura del informe
social practicado en el domicilio de la actora de fs. 32/34.- La absolución de posiciones
ofrecida por la última no fue rendida. No existe otro medio probatorio.

La deficiencia probatoria de la parte actora, pretende salvarse por vía de una
interpretación inadecuada de las presunciones judiciales. Resulta claro, que la situación
fáctica alegada por la accionante, era fácilmente acreditable a través del testimonio de
clientes o empleadores del albañil demandado, máxime en una ciudad relativamente
pequeña donde tales hechos son conocidos y fácilmente comprobables.

Volviendo sobre el único bien del patrimonio del demandado, denunciado por la actora,
esto es, el automóvil Renault 19, no existe elemento de juicio que acredite su real
estado y valor; características técnicas del modelo y nivel de equipamiento, si lo
destina para trabajar o no; como tampoco su antigüedad que como mínimo supera los
once años, ya que la chapa patente es RXB-592, esto es, necesariamente anterior a
1995, año en que se instrumentó el sistema de patentes alfanuméricas con los
vehículos cero kilómetro, principiando con la letra A, asignándose la letra R a vehículos
anteriores a dicho año. Llama la atención que ello no surja ni siquiera de las
constancias registrales de fs. 7/11.

Por otra parte, dicho bien ha sido embargado por la actora (fs. 7/11), por lo que
razonablemente cabe colegir que si no paga los importes de la cuota alimentaria que
en definitiva se fije judicialmente, y las costas que le han sido impuestas, será objeto
de ejecución forzosa.

6º) A todo evento debe tenerse presente que la provisionalidad reina en materia de
alimentos, y que nada obsta, a que, previa debida comprobación de sustento fáctico de
la demanda, el a-quo pueda arribar a una conclusión distinta, ajustada a las
pretensiones de la actora.

7º) Por lo expuesto considero que debe rechazarse el recurso en lo que respecta al
aumento del monto de la cuota alimentaria mensual fijada en el auto impugnado ($
100), y hacerse lugar parcialmente a los agravios en lo que respecta a la fecha de
devengamiento de los misma, debiéndose estar a la fecha en que fue deducida la
pretensión a través de la demanda, o sea, a partir del día 30 de junio de 2003 (ver
cargo de fs. 5).

8º) Las costas de la segunda instancia deben imponerse en el orden causado, no sólo
porque el recurso prospera parcialmente, sino fundamentalmente porque no ha
mediado oposición alguna de parte del demandado (art. 130, 2ª parte, del C. de P.C.),
y no regular honorarios al Dr. Robert Rubens AGUIRRE en virtud de lo previsto en el
art. 25 de la Ley Nº 8226.

En cuanto a las costas devengadas en primera instancia, no han sido materia de
agravio, por lo que no cabe a este Tribunal expedirse al respecto y mucho menos
modificar el porcentual remuneratorio fijado por el señor Juez Inferior, sin perjuicio de
la regulación complementaria que puedan solicitar los letrados, cuando se determine
definitivamente la base regulatoria, previa formulación de la liquidación
correspondiente.

Por las consideraciones expuestas y normas legales citadas el Tribunal por mayoría:

Resuelve:

PRIMERO: HACER LUGAR al recurso de apelación y, en consecuencia, modificar el
punto I) del Auto Número Interlocutorio Número seis, dictado el doce de febrero de
dos mil cuatro, por el señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción y Faltas de la ciudad de Oliva, (fs.45/48vta), y fijar
provisoriamente en la suma de Pesos Doscientos ($200.-) la cuota alimentaria a favor
del menor E. Y. C., la que deberá ser soportada por el padre del mismo Sr. N. F. B.,
desde el treinta de junio de dos mil tres (30.06.2003), y confirmarlo en todo lo demás
que decide.

SEGUNDO: Imponer las costas al demandado señor N. F. B., objetivamente vencido,
siendo a su cargo los honorarios del Dr. Roberto R. AGUIRRE, los que se regulan
provisoriamente en la suma de Pesos Noventa y ocho ($98,00), y difiriendo la
regulación definitiva de conformidad a lo manifestado en el considerando 4.-. No
regular honorarios a la Dra. María Cristina VALLES, al no desplegar actividad
profesional en la instancia.

TERCERO: Protocolícese, agréguese copia, hágase saber y, oportunamente, bajen.



COPPARI - OLCESE - CAIVANO - VOCALES.

								
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