937 by huanghengdong

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									        En la ciudad de General San Martín, a los 4 días del mes de
septiembre de 2007, se reúnen en acuerdo ordinario los jueces de la
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en
San Martín, Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin, en presencia
de la Sra. Secretaria Ana Clara González Moras, para dictar sentencia
en la causa Nº 937-2007, caratulada “Espinoza Rojas María Teresa c/
Municipalidad de La Matanza y otros s/ pretensión indemnizatoria”.
Establecido el siguiente orden de votación, de acuerdo al sorteo
efectuado en fecha 24-05-07: Ana María Bezzi y Jorge Augusto
Saulquin, se estableció la siguiente cuestión a resolver:
        ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
        A la cuestión planteada Ana María Bezzi dijo:
        I.    A fs. 51/54 el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo de La Matanza hizo lugar a la excepción de prescripción
de la acción opuesta por la codemandada Municipalidad de La Matanza
(art. 35 inc. h del CCA; 4037 Cód. Civ.) y declaró la inadmisibilidad de la
pretensión (art. 36, inc. d del CCA) y en consecuencia ordenó el archivo
de las presentes actuaciones. Impuso las costas en el orden causado
(art. 51, inc. 1º del CCA) y difirió la regulación de honorarios para su
oportunidad (art. 51 ley 8904).
        Para así decidir, consideró que la Sra. María Teresa Espinoza
Rojas promovió demanda por daños y perjuicios contra la Municipalidad
de La Matanza y los Sres. Norma Martínez y Roque Morrone, en orden
al hecho dañoso que alega haber padecido de acuerdo a las
circunstancias que relata en el escrito de inicio.
        Refirió que a fs. 40 se había presentado la Municipalidad de La
Matanza, oponiendo excepción de prescripción. Expone el magistrado
de grado que la parte demandada sostiene que es doctrina legal de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires que el plazo de prescripción


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liberatoria para la acción intentada es el bienal establecido en el artículo
4037 del Código Civil, en tanto se trata de un supuesto de
responsabilidad extracontractual del Estado ante el defectuoso
cumplimiento del deber estatal de brindar asistencia médica.
        Expuso, por su parte, que la actora considera que la
responsabilidad por los hechos médicos sería de origen contractual,
siendo su plazo de prescripción el decenal mencionado por el artículo
4023.
        Entendió el juez de grado que, concretamente, la cuestión
medular era determinar si la relación jurídica sustancial debatida en la
causa le era aplicable el plazo decenal de prescripción aludido por el
artículo 4023, primer párrafo del Código Civil o, si por el contrario
resultaba de aplicación el plazo bienal de prescripción reglado en el
artículo 4037 de dicho cuerpo legal.
        Recordó que en el caso la pretensión de la actora es hacer valer
la responsabilidad del Estado, esto es, de la Municipalidad de La
Matanza, por el accionar ilegítimo de sus agentes, el que se fundaría en
la falta de servicio o en la prestación defectuosa de aquél, frente al cual
se deriva la responsabilidad objetiva estatal.
        Consideró con cita de jurisprudencia de la CSJN que debía
aplicarse el plazo de prescripción de dos años establecido en el artículo
4037 del Código Civil.
        Destacó, que en cuanto a la naturaleza de la relación jurídica
existente entre el Estado como prestador del Servicio de Salud por
medio del Hospital Público y el paciente y, en lo que respecta al plazo
de prescripción aplicable, la SCBA sostiene que la relación del Estado a
través del hospital público con el paciente y la relación médico-paciente,
se desenvuelven en el ámbito del derecho público –derecho
constitucional y/o administrativo- (arts. 75 incs. 19 y 23 CN y 36 inc. 8
de la Constitución provincial) y consecuentemente la responsabilidad se


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encuadra en el régimen extracontractual, correspondiendo, por ende,
aplicar en materia prescriptita el plazo estipulado en el artículo 4037 del
Código sustantivo.
          Concluyó en que dicho plazo bianual debía computarse a partir
de que se produjo el daño, es decir, el día 14 de diciembre de 1996, de
lo cual se deriva que a la fecha de la interposición de la acción
tendiente a la producción de prueba anticipada (iniciada el 17/08/2004)
la acción se encontraba prescripta.
         II. Contra dicha decisión, a fs. 59/64 la actora interpone recurso
de apelación, el que fue contestado por la demandada a fs. 67/69. A fs.
71 y vta. ésta alzada efectuó el correspondiente análisis de
admisibilidad y, llamó autos para sentencia.
         Expone el apelante, en lo sustancial, los siguientes agravios a
saber:
         1- que insiste en que la responsabilidad médica es de origen
contractual, razón por la cual debe aplicarse el plazo de prescripción
genérico previsto en el artículo 4023 del Código Civil;
         2- que lo que se debate en autos es si la responsabilidad de la
Municipalidad de La Matanza encuadra en el marco de los hechos
ilícitos o en el marco de las deficiencias en el cumplimiento contractual.
En el primero de los casos sería de aplicación el artículo 1112 del C.C.
y en consecuencia la prescripción bianual prevista por el artículo 4037 y
en el segundo caso los artículos 504, 512, 1137 y 1169 del CC y la
prescripción aplicable sería decenal, esto es el articulo 4023 del CC;
         3- que no obstante lo dicho por el Alto Tribunal, entiende que es
preciso distinguir que aunque se trate del obrar de un hospital público,
en el ámbito del derecho público, el derecho aplicable es el derecho
privado;
         4- que el hospital público tiene dos funciones diferentes. Una es
la función de la administración pública como tal, gobernando


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genéricamente para todos los individuos, mediante una actividad
reglamentada por normas públicas, de aquélla de la entidad pública,
que como ente administrativo se encuentra dentro del ámbito del
derecho público pero que brinda un servicio concreto a cada individuo,
servicio para el cual este último presta su consentimiento;
          5- que la responsabilidad médica sea quien sea el prestatario
público o privado, es de origen contractual. La naturaleza jurídica de
una relación no se determina con respecto a quien es el sujeto de la
prestación sino por el tipo de relación y los elementos que la
constituyen, que condiciona la naturaleza contractual o extracontractual
de aquélla. Una relación jurídica no varía de acuerdo a los sujetos
involucrados en la misma sino que su naturaleza jurídica está dada por
el carácter intrínseco de la relación. Entender que la responsabilidad
médica y de los establecimientos asistenciales es contractual cuando el
establecimiento prestador es privado, en tanto que es extracontractual
cuando el establecimiento prestador es estatal, es por un lado una
arbitrariedad jurídica que además vulnera en relación a los individuos el
derecho de igualdad consagrado por la constitución nacional (art. 16
CN);
          6- que existe una confusión relativa al tipo de prestación que
brinda un hospital público y a los servicios de tipo administrativos que
puede brindar un ente como el Registro de la Propiedad Inmueble. Una
cosa es el estado como garantizador de la prevención a la salud y otra
muy diferente son las deficiencias que los profesionales de salud
contratados por el Estado realizan al amparo del Hospital público. El
funcionario público que yerra un registro en una inscripción registral falla
en la aplicación de los reglamentos que son propios de la
administración pública, reglamentos que por otro lado son sumamente
claros;



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      7- que el médico del hospital público que yerra en la atención de
un paciente no aplica mal un reglamento o, una resolución general o
normas de tipo administrativas, sino que desempeña una función que
es propia de él (curar o cuidar) que es discrecional a sí mismo, de
acuerdo a una formación universitaria ajena a las reglamentaciones del
Estado, y que no se encuentra bajo el control directo del Estado
justamente por la naturaleza propia del arte de curar;
      8- que cabe preguntarse, de acuerdo al artículo 1112 del CC, si
es el médico en su tarea de curar, un funcionario público. El médico
actúa como funcionario público cuando cumple su horario, sus guardias
(obligaciones reglamentarias impuestas) pero sería una obligación
reglamentariamente impuesta, curar o dicho en otros términos en
atención a que la praxis médica es una obligación de medios y no de
resultados, sería obrar de la mejor manera posible de conformidad con
el aprendizaje adquirido fuera de los reglamentos de su empleador y
con carácter previo, una actividad de un funcionario público;
      9- que correspondería separar en relación al hospital público dos
tipos diversos de responsabilidad. Una propiamente administrativa
donde estaría incluido por ejemplo, la efectiva presencia de médicos a
la hora de atender a los pacientes, higiene, existencia suficiente de
implementos, reglas claras para médicos, enfermeros, administrativos y
pacientes en el nosocomio y otras que se refieren a cuando
efectivamente hay que realizar una práctica donde el médico ya no
actúa dentro de normas reglamentarias sino como profesional del arte
de curar;
      10- que los civilistas tienen una respuesta y los publicistas tienen
la contraria. En una predomina el respeto por el paciente que no tiene
menos derechos si recurre al hospital público (contrata con el hospital
público) en búsqueda de atención, que los que tendría en la atención
con una clínica privada. En la otra prevalece el interés por preservar la


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“res pública” y por sobre todas las cosas el erario público,
menoscabando el principio de respeto a la personalidad individual (el
paciente) que en vez de ser un contratante que indirectamente paga el
servicio (tasa o impuesto), es una persona que va a pedir prácticamente
de favor al Estado que lo asista. Expone que alguien podría responder
que dicho paciente tuvo dos años para reclamar, pero no debe el
estado garantizar justamente el estado el bienestar general y la
administración de justicia y, no son justamente los menos necesitados
los que tienen ya sea por su preparación y/o por sus escasos recursos
económicos mayor dificultad en acceder a la justicia;
       11- que cuando el ciudadano común recurre a un hospital público
no busca solamente que se cumpla con la garantía del servicio de salud
que se encuentra amparada por la Constitución nacional y provincial,
sino que expresa su voluntad de ser atendido por un médico de dicho
hospital;
       12- que la diferencia entre la responsabilidad por el hecho ilícito
(art. 1112) y la responsabilidad por el incumplimiento contractual (en
este caso de aplicación el art. 504 CC) es que en aquel las partes –el
responsable por el hecho ilícito y aquél que sufre el daño- eran
desconocidos hasta dicho momento o por lo menos no los unía relación
jurídica alguna previa. En cambio las partes “contratantes” deciden
brindarse la una a la otra un servicio. Se ponen de acuerdo para que
uno reciba el servicio y el otro lo brinde. Hay acuerdo de voluntades,
cosa que falta en el hecho ilícito. En la relación médico-paciente hay
acuerdo de voluntades. El paciente decide confiar en su médico y el
médico decide asistir al paciente. Es cierto que el paciente no eligió
directamente al médico pero tampoco lo hace en buena medida ni en la
obra social ni en la clínica privada. Puede guiarse por recomendaciones
pero en el hospital público también más de una vez busca al profesional
que le han recomendado vecinos, amigos, o enfermeras. Tanto la


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clínica privada como el hospital público (nacional, provincial o municipal)
han previamente pactado con el profesional la atención de dicho
paciente. El paciente presta su acuerdo porque confía en que su obra
social, su sistema de medicina prepaga o la Provincia o el municipio o el
estado nacional han elegido al profesional médico adecuado. Es un
verdadero acuerdo de voluntades muy diferente a cuando el estado
impone a sus ciudadanos la obligación de registrar sus operaciones
inmobiliarias en un registro de la propiedad inmueble. La diferencia
puede parecer sutil pero no lo es. De hecho existen también los casos
donde el paciente asiste al Hospital Público justamente porque es bien
sabido que allí se encuentran muchos de los mejores especialistas (por
ej. Hospital Nacional de Pediatría Garrahan).          Por su parte, ha
desaparecido aquello de la gratuidad absoluta de los hospitales
públicos porque hoy todos ellos requieren previamente la manifestación
de la existencia de la obra social en cuyo caso recuperan de la obra
social los gastos involucrados en el tratamiento. Se pregunta si hay un
tratamiento diferente para pobres y ricos;
       13- que la circunstancia de que sea el Estado uno de los
integrantes de la relación jurídica, no innova la naturaleza contractual
del deber jurídico pues no hay motivos esenciales para suministrar un
tratamiento diverso a la intervención de un hospital público o de una
clínica privada;
       14- que los hospitales públicos de la comuna prestan un servicio
dirigido a la curación de los enfermos que allí acuden y el objeto de ese
servicio es que debe limitarse a una apreciación de una relación de tipo
contractual u obligación emergente de la actuación de la administración
municipal como persona de derecho privado;
       15- que no desconoce los fallos de la SCBA citados por el juez
de grado. Sostiene que estamos de acuerdo en que el Estado tiene
responsabilidad objetiva por el servicio de prestación de salud y su


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deficiencia hace incurrir al estado en un tipo de responsabilidad
extracontractual (hecho ilícito) cuya fundamentación jurídica es el art.
1112 CC. Entiende que en este caso se celebró un contrato entre ente
asistencial-médico y ente-paciente en los términos del art. 504 CC en
que la Municipalidad actuó en su función de estipulante, el médico
como prominente y el paciente como beneficiario. Considera que ese es
el encuadre jurídico correcto. Reitera que jamás se reclamó al Estado
por su responsabilidad objetiva sino por su rol de estipulante, y en dicho
supuesto se fundamenta toda la petición.
       Por su parte el demandado en su contestación de traslado
manifiesta que:
          1- que no se cumple con la carga de realizar una crítica
concreta y razonada del fallo atacado, por cuanto los agravios
articulados implican sólo una disconformidad subjetiva con la decisión
jurisdiccional, a pesar que aquélla se ha sustentado en el criterio
jurisprudencial expuesto por la CSJN a partir de las causas “Cipollini” y
“Vadel” y la doctrina legal de la SCBA emergente de las causas
“Castillo”, “Blasco”, “Chávez” y “Monteagudo”;
       2- que el a quo ha receptado y aplicado la doctrina legal que
resulta imperativa para la resolución de la litis, la que por su parte
resulta    concordante   con   la   contenida    en   los   antecedentes
jurisprudenciales referidos;
       3- que la actora en su escrito postulatorio esgrimió que se había
presentado ante el servicio de ginecología del Policlínico Central de San
Justo con un cuadro de vómitos y supuestamente sin su consentimiento
fue sometida a una intervención quirúrgica entre dicha fecha y el
comienzo del día subsiguiente, de la que se derivarían los supuestos
daños físicos, psíquicos y morales que integran su reclamo;
       4- que las circunstancias expuestas, amén de que los criterios
jurisprudenciales referidos determinen que la responsabilidad del


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Estado es –en estos casos siempre de naturaleza extracontractual-
elimina la posibilidad de que se pudiera haber establecido algún tipo de
vínculo contractual –previo o simultáneo- entre la actora y los
profesionales médicos dependientes de su representada que le
prestaron asistencia;
      5- que dichos profesionales cumplieron su cometido, en
cumplimiento de funciones públicas, dado que independientemente de
su desempeño galeno, su deber se enmarca en la obligación estadual
de dar asistencia sanitaria a la población, que por su parte emerge de
un imperativo de orden constitucional;
      6- que no existe por ello, discriminación en el tratamiento
prescripto que recibe el caso, en la medida que la situación del
denominado Hospital Público y los profesionales-funcionarios que
prestan servicios en el mismo bajo un régimen estatutario especial,
resulta claramente diferente al vínculo contractual que se establece
entre el médico-dependiente y la organización asistencial de naturaleza
privada;
      7- que aunque resulte sobreabundante en el precedente
“Chávez” se ha dicho que desde la óptica iuspublicista se ha afirmado
que el nosocomio público se encuentra obligado constitucionalmente a
organizar el servicio de salud y, frente a un deficiente funcionamiento
del mismo, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su
propia función y no a la actuación del profesional o dependiente. De tal
modo, si el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente, queda
atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte de una situación
objetiva de falta o deficiencia del servicio que el Estado por mandato
constitucional debe garantizar, pues constituye uno de los fines
esenciales del Estado que justifican su propia existencia;
      8- que la CSJN ha zanjado la cuestión en la causa “Brescia”, en
la cual por unanimidad resolvió que quien contrae la obligación de


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prestar un servicio en el caso, de asistencia a la salud de la población lo
debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del
cual ha sido establecido y que es responsable de los perjuicios que
causare su incumplimiento o su ejecución irregular. Ello, pone en juego
la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en
forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el
desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél,
que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias
dañosas que son causadas por su actividad;
       9- que debe concluirse en que se trata de un supuesto de
responsabilidad extracontractual enmarcada tal como se afirma en la
sentencia recurrida en los términos del artículo 1112 del Código Civil,
que se deriva de la obligación de reparar un daño causado por el
defectuoso cumplimiento de uno de los deberes del Estado, cual es
brindar asistencia médica a la población.
       III.   Relatados los actos y hechos vinculados con la causa,
creo oportuno señalar que la cuestión traída a conocimiento ante esta
alzada, plantea la necesidad de determinar la naturaleza jurídica de la
relación hospital público-paciente y médico-paciente.
       Considero que la dilucidación de esta cuestión resulta decisiva a
los fines de resolver acerca de la prescripción de la acción promovida,
pues si se acepta que la responsabilidad deriva de un contrato, se
aplica el término común del artículo 4023 del Código Civil, en tanto que
si se admite su carácter extracontractual, la acción prescribe a los dos
años (art. 4037 Código Civil).
       De ser así, toda vez que no se encuentra controvertido que el
hecho dañoso se habría ocasionado en fecha 14 de diciembre de 1996,
la acción tal como se ha decidido en la instancia de grado se
encontraría prescripta.



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       IV. En esas condiciones, adelanto que el recurso no puede
prosperar.
        En el escrito de inicio la actora expone que la demanda se
entabla contra la Municipailidad de La Matanza por pertenecer el
Policlínico Central de San Justo a su servicio público de salud, tal como
consta en la Historia Clínica, contra la Dra. Norma Martínez, por haber
atendido e intervenido quirúrgicamente a la accionante y contra el Dr.
Roque Morrone por ser el Director General del policlínico a la fecha de
los hechos y encontrarse presente en dicha fecha (cfr. fs. 10 vta.).
        Entiendo que en el presente caso se encuentra comprometida
la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho
público y, en consecuencia debe aplicarse el plazo de prescripción de
dos años establecido en el artículo 4037 del Código Civil.
              Es que, el planteo de responsabilidad del Estado por falta
de servicio o irregular cumplimiento de un servicio público encuentra
fundamento en el artículo 1112 del Código Civil, resultando de directa
aplicación por tratarse de una norma de derecho público contendida en
el Código Civil.
              En efecto, en el supuesto de autos el carácter de
funcionario público del médico no puede ser controvertido, ya que ese
carácter lo tiene por la existencia de una relación de empleo público, sin
que sea determinante para su configuración la retribución, la
permanencia prolongada en el cargo, a fuente de la designación o la
distinción jerárquica (cfr. SCBA, Ac. 84389, S. 27-IV-2005).
              Tal como lo dijo el a quo, el criterio precedentemente
expuesto es el sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (cfr. “Brescia” y
“SCBA, Ac. 77960, “Monteagudo”, S. 14-VII-2006, entre muchos otros”).
              En los precedentes citados, con fundamentos que
comparto, se resolvió que quien contrae la obligación de prestar un


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servicio –en el caso, de asistencia a la salud de la población- lo debe
hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual
ha sido establecido y que es responsable de los perjuicios que causare
su incumplimiento o su ejecución irregular (fallos, 306:2030, 307:821,
312:343).
             Los conflictos originados en dicha circunstancia, pone en
juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se
compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos
realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada
propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo por las
consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (cfr. CSJN,
“Jorge Fernando Vadell c. Provincia de Buenos Aires”, sent. Del 18-XII-
1984).
             La relación del Estado por medio del hospital público con
el paciente y la relación médico-paciente, se desenvuelven en el ámbito
del derecho público –derecho constitucional y/o administrativo (art. 75
incs. 19 y 23 Constitución nacional y 36 inc. 8 de la Constitución
provincial), y consecuentemente la responsabilidad se encuadra en el
régimen extracontractual, correspondiendo, por ende, aplicar en materia
de prescripción el plazo establecido en el artículo 4037 del Código Civil
(cfr. (cfr. SCBA, Ac. 77960, “Monteagudo”, S. 14-VII-2006, entre
muchos otros).
             La   responsabilidad    extracontractual   parte    de   un
presupuesto determinante: el deber genérico e indeterminado de no
dañar. La contractual, de su lado, requiere ineludiblemente la existencia
de una obligación previa nacida de un contrato, vínculo este último que
antecede en el tiempo al incumplimiento generador del daño.
             En este sentido, cabe recordar que: “La prestación
cumplimentada en el establecimiento sanitario oficial es la consecuencia
de la asunción por el Estado de una función propia. En efecto, el art. 36


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inc. 8 de la Constitución de la Provincia reconoce el derecho a la salud
y a esos fines garantiza a todos sus habitantes el acceso a ella en los
aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, sosteniendo el
hospital público y gratuito".
       "Ha expresado la Corte Suprema de la Nación que quien contrae
la obligación de prestar un servicio de asistencia a la salud lo debe
hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual
ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su
incumplimiento o su ejecución irregular. Ello pone en juego la
responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en
forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el
desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél,
que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias
dañosas que son causadas por su actividad. (Fallos, 322-1402; y sus
citas, 306-2030 y 317-1921)" (cfr. SCBA, Ac. 77960, “Monteagudo”, S.
14-VII-2006 voto Dr. De Lázzari).
       Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso de apelación
interpuesto por la actora y, en consecuencia confirmar la sentencia de
primera instancia en cuanto hizo lugar a la defensa de prescripción
opuesta por la codemandada Municipalidad de La Matanza.
              No obstante, entiendo pertinente aclarar que dicha
defensa no se extiende a los restantes codemandados, Sres. Norma
Martínez y Roque Morrone. Ello, toda vez que, en casos como el de
autos, nos encontramos frente a un litisconsorcio facultativo; el que se
caracteriza por su autonomía e independencia, donde los actos de uno
no perjudican ni aprovechan a los demás y cada uno es libre de
disponer de la pretensión u oposición ejercida. (cfr. SCBA, Ac. 77960,
“Monteagudo”, S. 14-VII-2006). Las costas se imponen en el orden
causado (art. 51 del CCA ley 12008 –texto según ley 13101-). ASÍ
VOTO.


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        El Dr. Jorge Augusto Saulquin adhiere al voto precedente.
       Por lo expuesto, en virtud del resultado del Acuerdo que
antecede este Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación
interpuesto por la actora y, en consecuencia confirmar la sentencia de
primera instancia en cuanto hizo lugar a la defensa de prescripción
opuesta    por    la   codemandada       Municipalidad     de    La    Matanza,
aclarándose que dicha defensa no se extiende a los restantes
codemandados (cfr. SCBA, Ac. 77960, “Monteagudo”, S. 14-VII-2006).
       Las costas se imponen en el orden causado (art. 51 del CCA ley
12008 –texto según ley 13101-).
        Regístrese. Notifíquese y devuélvase.


                                                         ANA MARÍA BEZZI


JORGE AUGUSTO SAULQUIN


                               ANTE MI


                       Ana Clara González Moras
                              (Secretaria)


CCASM. Registro de sentencias definitivas Nº ...44.. fs. .287/293 y vta....




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