PERENCI�N DE INSTANCIA by zQXe9p

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									PERENCIÓN DE INSTANCIA

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Abogado apartado del pleito. Posibilidad de intervenir en el proceso en su condición de tercero
coadyuvante (art. 18, ley 8226). Falta de legitimación para acusar la caducidad de la instancia

1- La intervención del abogado separado de su función que autoriza el art. 18, ley 8226, encuadra en la
figura del tercero coadyuvante o adhesivo simple captado en el inc. 1° del art. 432, CPC. Él no es titular
de la litis que se ventila en el juicio, la que sólo involucra a las partes fundamentales de la causa. Y si bien
hasta el momento de apartarse obra en el desenvolvimiento del proceso, esa actuación es en salvaguarda
de los derechos de uno de los litigantes y no haciendo valer un derecho propio. La intervención que la ley
le permite asumir en el pleito es en amparo de un interés indirecto y reflejo que él ostenta frente a la futura
sentencia que se pronuncie, la cual podrá repercutir en una doble dirección. Por un lado, el triunfo de
quien fuera su cliente significará la condena en costas de la contraria y ello conllevará al agregado de un
nuevo deudor respecto de su crédito de honorarios. Por otro lado, el triunfo del litigante para quien
trabajó gravitaría en la cuantía definitiva de su regulación de honorarios en cuanto el resultado de la
gestión profesional constituye una pauta de evaluación cualitativa contemplada en el art. 36, inc. 5°, LA, y
sobre todo porque la suerte final de la acción influye en la determinación de la base económica sobre la
cual se deben calcular los honorarios (art. 29).

2- A pesar del carácter excepcional de la intervención del tercero coadyuvante en el juicio ajeno, una vez
admitida su participación en el pleito gozará de una legitimación en principio amplia. El tercero asume la
condición de una suerte de litis consorte auxiliar que se agrega al litigante principal y, por consiguiente,
debe considerárselo investido de todos los derechos y facultades inherentes a la parte. Pero ésta no es una
regla absoluta que comporte una equiparación del coadyuvante con la parte principal en todas las
situaciones que puedan presentarse, sin tener en cuenta las particularidades que exhiba cada supuesto
particular y cuál sea in concreto la causa de la intervención en cada caso singular. No pasa de ser una
regla general cuya extensión es susceptible de sufrir restricciones. En este sentido debe interpretarse la
norma del art. 432 in fine, CPC, según la cual el tercero voluntario tendrá las mismas facultades y
derechos que las partes. En la hipótesis del coadyuvante simple captado en el inc. 1°, el precepto se limita
a consagrar la regla general aludida pero no autoriza a comprender que todos los intervinientes adhesivos
simples, cualquiera sea la situación en que se encuentren frente al litigio principal, quedan absolutamente
equiparados a las partes principales y dotados de sus mismas atribuciones.

3- En el supuesto especial del abogado apartado del pleito, sus prerrogativas están limitadas por el poder
de disposición que la parte principal mantiene sobre sus derechos y sobre el proceso que se ventila en
torno de ellos, cuyo ejercicio por acción u omisión no podría ser contrarrestado por el letrado, quien
deberá soportar los efectos de tales disposiciones. No corresponde atribuir al letrado potestades que le
permitan reemplazar al titular de la acción en el ejercicio judicial de sus derechos y, por el contrario, debe
asignársele una posición subordinada y secundaria en la causa.

4- La petición de caducidad de la segunda instancia o su reverso que es omitir tal petición permitiendo
que la apelación subsista, comporta un acto de disposición sobre el proceso pendiente. En efecto, el
silencio del litigante fundamental frente a la inacción del apelante durante el plazo de la ley significa una
disposición de él sobre la subsistencia del recurso mediante el cual su adversario pretende seguir
controvirtiendo sus derechos. Como titular de la relación jurídica, él decide así no prevalerse de la
perención de instancia y por añadidura dejar a su contendiente la posibilidad de continuar con la apelación
(art. 339, 1° par., y 343, CPC), lo que supone disponer el mantenimiento de la pendencia del proceso. Ese
poder de disposición pertenece al sujeto de la relación jurídica en litigio, quien es dueño de decidir por sí
mismo acerca de la suerte final del proceso. Permitir que el letrado – apartado del proceso- acuse la
perención de la apelación con prescindencia de la voluntad de la parte significaría atribuirle el ejercicio de
la acción ajena con indiferencia de cuál fuera la voluntad del titular del derecho. La situación jurídica en
que el profesional se ubica frente al pleito no justifica reconocerle semejantes atribuciones.
5- Con respecto a la posición del letrado apartado del proceso frente a la parte con la que colabora, él es
acreedor por honorarios de ella en virtud del contrato celebrado, lo que podría hacer pensar en la acción
subrogatoria del art. 1196, CC. Si bien el supuesto común y corriente de este remedio es el de promoción
de un juicio, nada impide que el mismo opere igualmente frente a un pleito iniciado por el titular que
luego éste descuida, que es lo que acontece en el presente supuesto. Empero, la habilitación de este
remedio extraordinario está condicionada a la existencia de un interés legítimo en el acreedor que
justifique su intromisión, el que se vincula con dificultades en la satisfacción de su crédito como
consecuencia de la eventual insolvencia de su deudor. De modo que mientras una situación semejante no
se verifique, lo que en el supuesto de autos ni siquiera ha sido alegado, no cabe permitir que el abogado
sustituya a su ex cliente en el ejercicio judicial de sus derechos.

6- Desde el punto de vista de la situación del letrado apartado del proceso frente al adversario, tampoco se
justifica reconocerle poderes de disposición –como sucede con la petición de perención del recurso de
apelación-. Él ingresa al pleito con el inocultable propósito de conseguir la condena en costas de la
contraria, lo que, habida cuenta de la acción directa que la ley le atribuye contra el condenado en costas,
conllevará el agregado de un segundo deudor a su crédito de honorarios. Sin embargo, desde esta
perspectiva el letrado dista de investir un derecho de crédito efectivo -aunque fuera de carácter
condicional- respecto del adversario, con quien ninguna relación jurídica actual lo vincula, derecho que
recién surgiría en la eventualidad de que la condena en costas dictada en primera instancia deviniera
firme. Mientras pende el recurso sobre la providencia del primer juez, el profesional sólo cuenta con la
mera expectativa de que la apelación se malogre y la imposición de costas adquiera firmeza. Esta pura
expectativa de hecho en que el abogado se encuentra frente a la posible suerte final del recurso está lejos
de comportar un derecho constituido y perfecto, en resguardo del cual se le pudiera permitir disponer de
las actuaciones procesales pendientes en sustitución del litigante principal.

7- La circunstancia de que el acuse de perención formulado por el letrado apartado del proceso, lejos de
resultar perjudicial para la parte a quien auxilia, le sea en cambio beneficioso en cuanto acuerda firmeza a
la providencia que declaró sus derechos, no empece a esta conclusión. Porque de lo que se trata es de
salvaguardar la situación procesal del adversario, quien sólo está obligado a tolerar los actos de
disposición del litigante con el cual se encuentra envuelto en el pleito, pero no puede quedar sujeto a
pretensos actos de disposición provenientes del abogado que cesó en su ministerio, quien carece de
legitimación a esos efectos. El deber de tolerancia que la ley le impone frente a la intervención que
autoriza el art. 18, LA, comprende todos los actos procesales enderezados a conseguir el triunfo de la
pretensión -u oposición- ajena, con exclusión de los actos que significan adoptar una disposición sobre la
extensión de los derechos controvertidos o sobre la prosecución del debate judicial, los cuales sólo pueden
provenir de los litigantes principales que son los únicos titulares del vínculo jurídico.

8- No es exacto que esta manera acotada de entender el ámbito de facultades del letrado convierta a su
intervención coadyuvante en ineficaz en la práctica. No puede decirse que el conjunto de prerrogativas
que le atribuye la ley con carácter de regla general sean absolutamente inútiles o ineficaces para ayudar al
litigante principal a conseguir el reconocimiento de sus derechos. Entre ellas cabe incluir, por ejemplo, la
de esgrimir argumentos jurídicos en aval de la pretensión o la de practicar las medidas probatorias que
estime pertinentes. Naturalmente que reputarlo facultado también para ejercer actos de disposición
aumentaría sus posibilidades de favorecer a la parte principal, como sucede justamente con la petición de
perención del recurso de apelación. Pero el hecho de que el abogado no esté ligado por una relación
jurídica actual con el adversario a cuyo vencimiento aspira, sino que sólo tenga una mera expectativa de
mejorar sus derechos de honorarios, impide atribuirle poderes de disposición tales sobre el proceso que
implicarían someter a la contraria al deber de litigar con un tercero que no actúa con el propósito de
asegurar la vigencia y efectividad de un derecho ya adquirido.

14.928 - TSJ Sala CC Cba. 04/11/02. AI 211. Trib. de origen: C3a. CC Cba. “Filloy, Germán Héctor c/
Eduardo Oscar Pinto – Ejecutivo – Recurso de Casación”.

Córdoba, 4 de noviembre de 2002

Y CONSIDERANDO:
I. El presente expediente se radicó en segunda instancia a raíz del recurso de apelación deducido por la
parte actora contra un auto interlocutorio dictado por el juez de primer grado. Luego de un tiempo de
inactividad en el trámite de la alzada, el Dr. Ricardo A. Cáceres, quien se desempeñó como abogado de
uno de los demandados hasta su renuncia al apoderamiento oportunamente conferido, y a quien se le
acordó participación en los términos del art. 18 de la ley 8226, peticionó que se declare perimida la
instancia abierta por la apelación. Después de la debida sustanciación, la Cámara dictó un auto
interlocutorio decidiendo desestimar la pretensión en la inteligencia de que el letrado que cesó en su
ministerio carece de legitimación para acusar la perención de la instancia. El abogado deduce recurso de
casación en contra del pronunciamiento. Al amparo del motivo del inc. 1° del art. 383, CPC, denuncia que
en el mismo se ha incurrido en el vicio de falta de fundamentación lógica y legal. Con invocación del
motivo del inc. 3° del art. 383 señala que la resolución se funda en una interpretación de la ley distinta de
la formulada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Villa Dolores en el
pronunciamiento cuya publicación cita, en el cual se entendió que en nuestro derecho el abogado apartado
del juicio goza de las mismas facultades que las partes principales y puede en tal carácter acusar la
caducidad de la instancia (auto interlocutorio N° 141, del 27 de abril de 1999, in re “Gauna Luis A. c/
Czmola Juan C. - Ordinario”).
II. En lo concerniente al vicio de falta de fundamentación que se alega, es preciso replicar que el
pronunciamiento está debidamente motivado pues en él se expresan las razones por las cuales se entiende
que el abogado carece de legitimación para acusar la perención de la segunda instancia, sin incurrirse en
defectos de carácter formal en el razonamiento desenvuelto en sustento de la decisión. La Cámara no ha
inobservado el deber de fundamentación que imponen las leyes (art. 155, CPcial, y art. 326, CPC), y de
allí que el recurso no se presente atendible en este aspecto. Todos los cuestionamientos que dirige el
impugnante contra el pronunciamiento esconden, en esencia, una discrepancia con el acierto intrínseco de
la resolución como así también disensos con el temperamento jurídico en base al cual se desestimó el
pedido de caducidad, lo cual desborda el vicio de falta de fundamentación captado en el inc. 1° del art.
383 y engasta más bien en la hipótesis del inc. 3°, la que también se esgrime en respaldo del recurso de
casación.
III. Corresponde proveer a continuación el extremo del recurso fundado en el motivo del inc. 3° del art.
383.
La impugnación es formalmente admisible e idónea para surtir la competencia extraordinaria. Por un lado,
el requisito formal impuesto por el art. 385 ha sido satisfecho. La expresión del número de la publicación
especializada donde el fallo fue reproducido unida a la adecuada individualización del pronunciamiento
mediante la indicación del Tribunal que lo dictó, su número, la fecha en que se emitió y la carátula del
juicio en que recayó, bastan para considerar verificada la cita precisa que exige la norma. Por más que no
se consignara la fecha de la publicación y es de agregar, tampoco las páginas pertinentes, el recaudo debe
estimarse observado toda vez que aquellos datos fueron suficientes para que la parte contraria, la Cámara
a quo y este Tribunal, pudieran localizar sin ningún inconveniente la resolución traída en sostén del
recurso y tomar conocimiento de su contenido. En situación así, frustrar la apertura de la competencia de
la Sala por la falta de mención de información superabundante implicaría consagrar un exceso de rigor
formal con menoscabo del derecho de defensa en juicio. Por otro lado, la impugnación está
adecuadamente fundada con arreglo a las directivas impuestas por el art. 385, inc. 1° y 2°. En efecto, el
abogado señaló cuál era la cuestión de derecho en discusión y, tras recordar la solución negativa adoptada
respecto de ella en el auto bajo recurso, transcribió un pasaje del fallo traído como antitético donde se
establece un temperamento amplio en orden a las atribuciones que goza el tercero coadyuvante en nuestro
derecho, al cual por cierto hizo suyo (fs. 255). Aunque es de convenir que al desarrollar específicamente
este extremo del recurso el letrado fue más bien lacónico, no debe valorarse esta parte del escrito de
impugnación en forma aislada y haciendo abstracción del resto del mismo, en el cual y no obstante
hacerse hincapié en los defectos de motivación que afectarían la providencia, se efectúan también críticas
al juicio de derecho en base al cual la Cámara decidió rechazar el acuse de perención y se esgrimen los
argumentos que demostrarían la legitimación que investiría el abogado apartado de la defensa para
pretender la caducidad de instancia en lugar de quien fuera su cliente. Inclusive en el desarrollo de este
aspecto del recurso concerniente a la fundamentación del auto impugnado, se agregan citas legales y
doctrinarias referidas a la cuestión de derecho propuesta en el capítulo de la impugnación que ahora nos
ocupa (fs. 249/54). Así las cosas, esa improlijidad menor en que incurrió el impugnante al no desarrollar
en forma autónoma la fundamentación correspondiente al motivo del inc. 3° del art. 383, no puede erigirse
en obstáculo a la admisibilidad formal de este capítulo del recurso si de las proposiciones que se enuncian
a propósito del motivo del inc. 1° aquélla resulta clara y completa, quedando observado el requisito de
autosuficiencia que impone la ley. Fuera de ello, en la resolución que se trae en apoyo del recurso se
efectúa una interpretación del art. 18 de la ley 8226 y del art. 432, CPC, en lo concerniente a la amplitud
de facultades que inviste el abogado apartado del juicio, diferente de la sentada por la Cámara a quo. Esta
última considera que la intervención que autoriza el art. 18, LA, sólo puede circunscribirse a la defensa de
la regulación de honorarios, pero no permite sustituir a las partes en la disposición de derechos que sólo
pertenecen a ellas como son los atinentes a la cuestión principal y a las costas, de donde deduce que el
letrado carece de legitimación para acusar la perención de la segunda instancia abierta por un recurso de
apelación interpuesto por el adversario de quien fuera su comitente. Diversamente, en el auto de la
Cámara de Villa Dolores se adopta una postura amplia en orden a la extensión de las prerrogativas de que
goza el abogado y se entiende que queda equiparado a la parte principal en cuya ayuda interviene,
pudiendo suplir la inactividad de ella. Sólo se reconoció una limitación a esta asimilación de prerrogativas
y es que el letrado no podría cumplir aquellos actos que le están prohibidos a la parte. Con particular
referencia a la caducidad de la segunda instancia y con arreglo a aquel temperamento, se estimó que el
profesional estaba habilitado para denunciarla. Quiere decir entonces que desde el punto de vista general y
abstracto en que es preciso ubicarse para establecer si se verifica el motivo de casación del inc. 3° del art.
383, las premisas de derecho de los pronunciamientos en confrontación son efectivamente antitéticas en
punto a determinar si en nuestro ordenamiento el abogado que ha cesado en su desempeño profesional
goza o no de la facultad de acusar la perención del recurso de apelación que grava la providencia obtenida
por su ex cliente. La circunstancia de que en la resolución de la Cámara de Villa Dolores, a pesar de las
apreciaciones desarrolladas en la motivación se haya decidido rechazar el pedido planteado por el letrado
no empece a la admisibilidad del recurso. Ese desenlace del pronunciamiento obedece a una
particularidad de hecho que se daba en el litigio incidental sometido a juzgamiento, cual era que el
profesional peticionaba la perención de una apelación deducida por quien fuera su cliente y no por la
contraparte de éste. Razón por la cual devino aplicable la limitación que impide al tercero realizar actos
prohibidos al litigante principal, a quien en efecto la ley inhibe para reclamar la caducidad de su propia
apelación, y por eso se concluyó finalmente que en el caso el abogado carecía del derecho de pedir la
caducidad de ese recurso. Pero esta particularidad que en el plano de los hechos exhibe el decisorio
invocado en apoyo del recurso, no afecta la señalada diversidad que en los fundamentos de derecho se
observa en las providencias en compulsa, lo que es suficiente para abrir la competencia de la Sala sobre la
cuestión propuesta. Tanto es así que de haberse contemplado el caso particular a la luz de la doctrina
fijada en el antecedente traído en sostén del recurso, muy otra hubiera sido la conclusión del incidente
pues diversamente de lo decidido en la providencia bajo recurso- habría debido acogerse el planteo
formulado por el letrado y decretarse la perención de la segunda instancia.
IV. En el esclarecimiento del problema es preciso comenzar sentando la siguiente premisa del
razonamiento. La intervención del abogado separado de su función que autoriza el art. 18 de la ley 8226
encuadra en la figura del tercero coadyuvante o adhesivo simple captado en el inc. 1° del art. 432, CPC.
El no es titular de la litis que se ventila en el juicio, la que sólo involucra a las partes fundamentales de la
causa, es decir, por un lado aquella que reclama la actuación de un derecho, y por otro, aquella contra la
cual esa actuación se pretende. Y si bien hasta el momento de apartarse obró efectivamente en el proceso
e intervino en su desenvolvimiento, esa actuación únicamente lo fue en salvaguarda de los derechos de
uno de los litigantes, de cuya representación o asistencia profesional se ocupaba, y no haciendo valer un
derecho propio. La intervención que no obstante la ley le permite asumir al letrado en el pleito es en
amparo de un interés indirecto y reflejo que él ostenta frente a la futura sentencia que se pronuncie en
definitiva, la cual podrá eventualmente repercutir en su esfera de derecho en una doble dirección. Por un
lado, el triunfo de quien fuera su cliente significará la condena en costas de la parte contraria y ello a su
vez conllevará, merced a la acción directa que la ley le confiere, el agregado de un nuevo deudor respecto
de su crédito de honorarios; crédito que podrá hacerse efectivo, entonces, tanto sobre el patrimonio de su
comitente cuanto sobre el del adversario condenado a pagar las costas del juicio. Por otro lado, el triunfo
del litigante para quien antes trabajó gravitaría asimismo en la cuantía definitiva de su regulación de
honorarios en cuanto el resultado de la gestión profesional constituye una pauta de evaluación cualitativa
contemplada en el art. 36, inc. 5°, LA, y sobre todo porque la suerte final de la acción influye en la
determinación de la base económica sobre la cual se deben calcular los honorarios (art. 29). De manera
que también desde este segundo punto de vista, que concierne no ya a la incorporación de un segundo
deudor a su derecho de honorarios sino que se refiere al monto de su crédito, la ley autoriza al abogado a
ingresar en el juicio para colaborar con la parte a la que asistió profesionalmente procurando el
reconocimiento de los derechos de ella (conf. Martínez Crespo, Temas prácticos de Derecho Procesal
Civil, Advocatus, 2ª ed., 1995, pág. 245). La cuestión de derecho que se trae a conocimiento de este
Tribunal involucra, entonces, el instituto procesal del tercero coadyuvante. Por eso cabe anticipar una
aclaración. Conscientes de que éste constituye un asunto muy discutido en el derecho procesal, y con el
propósito de evitar la fijación de pautas generales que abarcando todos los numerosos supuestos que
pueden presentarse bajo aquel concepto común, podrían llegar a adquirir una extensión desmesurada e
inconveniente, es preciso formular desde ya la siguiente advertencia. La unificación de jurisprudencia que
se realiza mediante el presente pronunciamiento se ciñe a la hipótesis especial sobre la cual versa el
sublite, esto es, la situación del abogado apartado del juicio a quien se le acuerda participación en los
términos del art. 18 de la ley 8226 y que pretende acusar la perención del recurso deducido por el
adversario de la parte en cuyo auxilio interviene. Efectuadas estas consideraciones preliminares y
aproximándonos al núcleo de la cuestión planteada, es necesario destacar a continuación que por principio
general el juicio es cosa de las partes, es decir que sólo están habilitados para intervenir en él las personas
que son sujetos activo y pasivo respectivamente de la relación jurídica que constituye su objeto. También
constituye un principio general que es correlativo de éste, el que todos los integrantes de la sociedad están
obligados a reconocer la cosa juzgada formada en el juicio sustanciado entre dos personas, de modo que
no pueden ignorar la existencia de la relación de derecho declarada en la sentencia, la que les resulta
oponible siempre que no se pretenda desconocerles un derecho que se atribuyen (conf. Chiovenda,
Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948/54, t. 1, pág.
419/21 y t. 3, pág. 448/49). Inversamente la actuación de terceros ajenos al litigio que pretenden
inmiscuirse en la gestión de derechos pertenecientes a otros, por más que tengan interés en que la cosa
juzgada se establezca en un determinado sentido, sólo puede autorizarse en forma excepcional y frente a
situaciones especiales que lo justifiquen. Ahora bien, a pesar de este carácter excepcional de la
intervención del tercero coadyuvante en el juicio ajeno, es preciso reconocer que una vez admitida su
participación en el pleito, lo que en el caso del abogado separado de su función se impone por directo
imperio de la ley y sin necesidad de acreditar in concreto un determinado interés, gozará de una
legitimación en principio amplia. Puesto que en virtud del interés que tiene en el triunfo de una de las
partes la ley lo faculta a intervenir en el desenvolvimiento del juicio, el tercero asume la condición de una
suerte de litis consorte auxiliar que se agrega al litigante principal y, por consiguiente, debe considerárselo
investido de todos los derechos y facultades inherentes a la parte, pudiendo cumplir en tal carácter todos
los actos procesales conducentes a la defensa de los derechos cuyo reconocimiento jurisdiccional
redundará indirectamente en su propio beneficio. En consecuencia, podrá asimismo suplir la inactividad
del litigante principal realizando actos que éste no cumple, como podría ser por ejemplo practicar pruebas
o alegar sobre el mérito de la causa, actividad que el adversario deberá tolerar a pesar de la pasividad que
la parte fundamental mantenga en ese aspecto (conf. Calamandrei, Instituciones de Derecho Procesal
Civil, EJEA, Buenos Aires, 1973, t. 2, pág. 320/21 y 326; Rosemberg, Tratado de Derecho Procesal Civil,
EJEA, Buenos Aires, 1955, t. 1, pág. 271; Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Editorial
Universidad, Buenos Aires, 1985, t. 2, pág. 406; Parra Quijano, La Intervención de Terceros en el
Proceso Civil, Depalma, Buenos Aires, 1986, pág. 163 y 169). Sin embargo y tal como se sugirió, en
nuestra opinión ésta no es una regla de carácter absoluto que comporte una equiparación lisa y llana del
coadyuvante con la parte principal en todas las situaciones que puedan presentarse, sin tener en cuenta las
particularidades que exhiba cada supuesto particular y cuál sea in concreto la causa de la intervención en
cada caso singular. Antes bien, es de entender que no pasa de ser una regla de carácter general, cuya
extensión es susceptible de sufrir limitaciones y restricciones en función de la índole de los intereses en
virtud de los cuales interviene el tercero. En este sentido debe interpretarse la norma del art. 432 in fine,
CPC, según la cual el tercero voluntario tendrá las mismas facultades y derechos que las partes. En la
hipótesis del coadyuvante simple captado en el inc. 1° del dispositivo, que como se dijo es la figura en la
que es dable subsumir al abogado, debe entenderse que el precepto se limita a consagrar la regla general
aludida, cuyo verdadero alcance dependerá de la naturaleza y características del interés para cuya tutela
interviene el tercero. Pero no autoriza a comprender que todos los intervinientes adhesivos simples,
cualquiera sea la situación en que se encuentren frente al litigio principal, quedan absolutamente
equiparados a las partes principales y dotados de idénticas atribuciones que ellas. En el supuesto especial
del abogado apartado del pleito, que es la clase de coadyuvante sobre la que versa el presente
pronunciamiento, somos de opinión que sus prerrogativas están limitadas por el poder de disposición que
la parte principal mantiene tanto sobre sus derechos cuanto sobre el proceso que se ventila en torno de
ellos, cuyo ejercicio por acción u omisión no podría ser contrarrestado por el letrado, quien al contrario
deberá soportar los efectos que deriven de tales disposiciones. Antes de expresar las razones que justifican
esta restricción en las facultades del abogado, conviene detenerse un momento en destacar que la petición
de caducidad de la segunda instancia, o su reverso que es omitir tal petición permitiendo que la apelación
y con ella la relación procesal subsista, comporta un acto de disposición sobre el proceso pendiente. En
efecto, el silencio del litigante fundamental frente a la inacción del apelante durante el plazo de seis meses
que a los fines de la caducidad de la instancia prevé la ley, o sea el hecho que la parte cuyos derechos
fueron reconocidos en la providencia recurrida no acuse la perención, significa una disposición de ella
sobre la subsistencia del recurso mediante el cual su adversario pretende seguir controvirtiendo sus
derechos. Ella, como titular de la relación jurídica discutida en el juicio, decide de esta manera no
ejercitar la facultad de prevalerse de la perención de instancia cumplida y por añadidura dejar a su
contendiente la posibilidad de continuar con la apelación pendiente (art. 339, 1° par., y 343, CPC), lo que
supone disponer el mantenimiento de la pendencia del proceso en el que se ventilan sus derechos. Ese
poder de disposición pertenece indudablemente al sujeto de la relación jurídica en litigio, quien es dueño
de decidir por sí mismo acerca de la suerte final del proceso y de los derechos que allí se debaten. Siendo
ello así, permitir que el letrado acuse la perención de la apelación con prescindencia de la voluntad de la
parte, cuyo silencio representa una disposición en el sentido de la supervivencia del proceso, significa
atribuirle directamente el ejercicio de la acción ajena con indiferencia de cuál fuera la voluntad del titular
del derecho deducido en juicio. Después de todo y habida cuenta de las consecuencias que emergen de la
caducidad de la segunda instancia (CPC, art. 346, inc. 3°), el acuse de la perención importa en esta
situación tanto como impetrar a la jurisdicción el reconocimiento de los derechos que se ventilaron en el
juicio, o sea prácticamente el ejercicio judicial de tales derechos. Pues bien, la situación jurídica en que el
profesional se ubica frente al pleito en cuyo desenvolvimiento participa no justifica reconocerle
semejantes atribuciones. Con respecto a la posición en que él se encuentra frente a la parte con la que
colabora, es de admitir que es acreedor por honorarios de ella en virtud del contrato que celebraron, lo
que podría hacer pensar en la aplicabilidad del remedio jurídico de la acción subrogatoria o indirecta
consagrada en el art. 1196, CC. Si bien el supuesto común y corriente de aplicación de este remedio es el
de promoción de un juicio, nada impide que el mismo opere igualmente frente a un pleito iniciado por el
titular que luego éste descuida (conf. Chiovenda, ob. cit., t. 2, pág. 310/11), que es precisamente lo que
acontece en el supuesto que nos ocupa. Empero, la habilitación de este remedio extraordinario está
condicionado a la existencia de un interés legítimo en el acreedor que justifique su intromisión, el que se
vincula con las dificultades que pueda padecer en la satisfacción de su crédito como consecuencia de la
eventual insolvencia de su deudor. De modo que mientras una situación semejante no se verifique, lo que
en el supuesto de autos ni siquiera ha sido alegado, no cabe permitir que el abogado sustituya a su ex
cliente en el ejercicio judicial de sus derechos. Desde el punto de vista de su situación frente al adversario,
tampoco se justifica reconocerle poderes de disposición sobre el proceso. Tal como se señaló al comenzar
a tratar la cuestión de derecho en examen, él ingresa al pleito con el inocultable propósito de conseguir la
condena en costas de la parte contraria, lo que, habida cuenta de la acción directa que la ley le atribuye
contra el condenado en costas, conllevará el agregado de un segundo deudor a su crédito de honorarios,
aumentando así las posibilidades de percepción efectiva de su acreencia. Sin embargo, fácil es advertir
que desde este punto de vista el letrado, al momento de comenzar a intervenir como coadyuvante en el
desenvolvimiento del juicio y cuando pretende reemplazar a la parte principal en la disposición del
proceso, dista de investir un derecho de crédito efectivo aunque fuera de carácter condicional respecto del
adversario, con quien ninguna relación jurídica actual lo vincula, derecho que recién surgiría en la
eventualidad de que la condena en costas dictada en primera instancia deviniera firme por agotamiento de
la vía impugnativa deducida en su contra. En cambio, en tal situación y mientras pende el recurso sobre la
providencia del juez de primer grado, el profesional sólo cuenta con la mera expectativa de que finalmente
la apelación se malogre y la imposición de costas adquiera firmeza. Esta pura expectativa de hecho en que
el abogado se encuentra frente a la posible suerte final del recurso está lejos de comportar un derecho
constituido y perfecto, en resguardo del cual se le pudiera permitir disponer de las actuaciones procesales
pendientes en sustitución del litigante principal. Idéntica apreciación cabe efectuar en orden al beneficio
que el letrado pretende obtener respecto de la cuantía de sus honorarios, los que se regularían en montos
más elevados si se decretara la perención del recurso de apelación y se consolidara el triunfo del
contendiente al que asistió profesionalmente. También desde esta perspectiva el abogado carece de una
situación jurídica plena y acabada, para cuyo resguardo pudiese subrogar a la parte en la disposición del
proceso, y por el contrario sólo tiene a su favor una mera expectativa, cual es la eventualidad de que en el
futuro se pronuncie la caducidad de la segunda instancia, lo que se traducirá en el éxito de la parte
ayudada y ello a su vez repercutiría en una regulación de honorarios más elevada que la que hubiera
correspondido en el supuesto de ser vencida en el pleito. Quiere decir entonces que, también en este
enfoque, el abogado no asumiría la disposición del proceso en defensa de una situación de derecho de la
cual ya estuviese investido, sino persiguiendo directamente constituir ex novo esa situación jurídica frente
a la cual se subraya que por el momento sólo tiene una expectativa. En mérito de las razones expresadas,
no corresponde atribuirle al abogado tamañas potestades que le permitan reemplazar al titular de la acción
en el ejercicio judicial de sus derechos y por el contrario debe asignársele una posición subordinada y
secundaria en la causa. La circunstancia de que el acuse de perención formulado por el letrado, lejos de
resultar perjudicial para la parte a quien auxilia, le sea en cambio beneficioso en cuanto acuerda firmeza a
la providencia que declaró sus derechos, no incide en la exactitud de las apreciaciones precedentes ni
empece a la conclusión que se propicia. Porque, en rigor, de lo que se trata es de salvaguardar la situación
procesal del adversario, quien sólo está obligado a tolerar los actos de disposición emanados del litigante
con el cual se encuentra directamente envuelto en el pleito, pero no puede quedar sujeto a pretensos actos
de disposición provenientes del abogado que cesó en su ministerio, quien carece de legitimación a esos
efectos. El deber de tolerancia que la ley le impone frente a la intervención que autoriza el art. 18, LA,
comprende todos los actos procesales enderezados a conseguir el triunfo de la pretensión u oposición
ajena, con exclusión de los actos que significan adoptar una disposición sobre la extensión de los derechos
controvertidos o sobre la prosecución del debate judicial que mantienen las partes, los cuales sólo pueden
provenir de los litigantes principales que son los únicos titulares del vínculo jurídico deducido en el juicio.
Por cierto que no se ignora la existencia de una línea de pensamiento amplia en lo relativo a la
legitimación del tercero coadyuvante ni los argumentos en que la misma se funda (sentencia de la Corte
Suprema de Mendoza, considerando VI del voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, publicada en LL
1997-D-757; Sergio Ferrer, “La intervención del abogado como tercero en el proceso o la 'Cenicienta' sin
hada madrina (el otro punto de vista)”, publicado en Comercio y Justicia, t. 79, pág. 673). Pero en virtud
de las razones expresadas a lo largo del presente pronunciamiento no parece que ninguno de los principios
y valores que esa tesis esgrime sean aplicables a la situación del profesional apartado del juicio. No es
exacto que esta manera acotada de entender el ámbito de facultades del letrado convierta a la intervención
coadyuvante que autoriza la ley en ineficaz en la práctica en cuanto lo dejaría en una situación de virtual
impotencia respecto de la defensa del interés a base del cual se le abre la puerta del juicio. En efecto, no
puede decirse que el conjunto de prerrogativas que, fuera de la restricción que se propicia, le atribuye la
ley con carácter de regla general, sean absolutamente inútiles o ineficaces para ayudar al litigante
principal a conseguir el reconocimiento de sus derechos. Entre ellas cabe incluir, por ejemplo, la de
esgrimir argumentos jurídicos en aval de la pretensión o la de ofrecer y diligenciar las medidas
probatorias que estime pertinentes, y nada impide considerar que las mismas puedan llegar a ser
dirimentes en el momento de definición del pleito. Naturalmente que reputarlo facultado también para
ejercer actos de disposición aumentaría de manera singular sus posibilidades de favorecer a la parte
principal, como sucede justamente con la petición de perención del recurso de apelación. Pero el hecho de
que el abogado no esté ligado por una relación jurídica actual con el adversario a cuyo vencimiento aspira,
sino que sólo tenga una mera expectativa de mejorar sus derechos de honorarios, impide atribuirle poderes
de disposición tales sobre el proceso que implicarían someter a la contraria al deber de litigar con un
tercero que, en rigor, no actúa con el propósito de asegurar la vigencia y efectividad de un derecho ya
adquirido. Por último, el temperamento que se propugna tampoco significa menoscabo de la garantía
constitucional de la defensa en juicio, en mérito de las mismas razones que animan la interpretación que
se propugna. El derecho de defensa en juicio no puede ser invocado válidamente para ejercer actos de
disposición sobre el proceso en reemplazo del titular de la relación sustancial objeto del juicio con la
intención, no ya de asegurar un derecho que ya se inviste, sino de convertir una pura expectativa en un
derecho perfecto. Cabe acotar finalmente que, tal como se expresó anteriormente, aun cuando el letrado
ostenta un derecho de obligación frente a quien fuera su cliente como consecuencia del contrato que los
ligaba, esa sola circunstancia no basta para autorizar la injerencia que se pretende mientras no se
verifiquen los presupuestos condicionantes de la acción subrogatoria consagrada en el art. 1196, CC.
V. En definitiva y puesto que la interpretación de la ley efectuada en el auto interlocutorio impugnado se
ajusta al temperamento que se estima correcto, se concluye que corresponde desestimar el recurso de
casación. Las costas de esta sede extraordinaria se imponen por el orden causado, habida cuenta de la
divergencia jurisprudencial existente en la materia (art. 130), por lo que no corresponde regular
honorarios en esta oportunidad a los letrados intervinientes (ley 8226, art. 25).

Por ello,

SE RESUELVE: I. Desestimar el recurso de casación. II. Imponer las costas por el orden causado.

María Esther Cafure de Battistelli – Berta Kaller Orchansky y Domingo J. Sesin ■
        Ficha Técnica
Tribunal: Tribunal Superior
de Justicia - Sala Civil y
Comercial, Córdoba
María Esther Cafure de
Battistelli – Berta Kaller
Orchansky y Domingo J.
Sesin

Autos: "Filloy, Germán
Héctor c/ Eduardo Oscar
Pinto – Ejecutivo –
Recurso de Casación"


Auto Interlocutorio Nº:
211
Fecha: 04/11/2002

Semanario Jurídico:
Número:1389
28/11/2002
Cuadernillo: 18
Tomo 86
Año 2002 -

Página: 569

								
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