La Experticia by Yw81c8m9

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									                Concepto de Experticia
Rengel Romberg, define la experticia así:
“Es un medio de prueba consistente en el dictamen de
personas con conocimientos especiales (científicos,
artísticos, técnicos o prácticos), designadas por las
partes o por el juez, con el fin de cooperar en la
apreciación técnica de cuestiones de hecho sobre las
cuales   debe  decidir  el   juez  según   su  propia
convicción”
En esa definición se destaca:
a) Nuestra Ley, siguiendo la concepción tradicional,
contempla la experticia en el Código Civil, entre los
medios de prueba de las obligaciones y en el Código de
Procedimiento Civil, al tratar de la instrucción de la
causa, en el Capítulo VI de los medios de prueba, de
su promoción y evacuación.
b) Por su estructura, lo mismo que el testimonio, el
dictamen   de   los   expertos  es   una  declaración
representativa, emitida por escrito; pero mientras el
testigo aporta al proceso la representación de su
percepción    individual,   el   perito   aporta   la
representación de su saber no individual y fungible.
De donde se sigue que la experticia es una prueba
directa, porque la percepción no la tiene el Juez por
si mismo, directamente, sino mediante el dictamen
escrito de los peritos.
c) La experticia es una prueba personal, puesto que
solo las personas son capaces de conocer, tener
percepciones y transmitirlas a los demás, ya oralmente
o por escrito.
d) Las personas designadas como peritos deben tener
conocimiento   especiales  (científicos, técnicos  o
prácticos), puesto que por su esencia misma la
experticia trata de suplir las deficiencias del Juez
en cuanto a dichos conocimientos.
e) La experticia solo puede ser promovida a petición
de las partes, las cuales tienen legalmente la carga
de esta prueba y solo excepcionalmente de oficio por
el Tribunal, en los casos permitidos por la ley (1426
C.C., 401 Ord. 5, 514 Ord 4, 249 C.P.C.. Antes se
citaron algunos ejemplos).
f) Por su función la experticia tiende a la formación
de la convicción del juez sobre hechos de la causa y
se resuelve en la enunciación de proposiciones que
sirven para la verificación de las afirmaciones de las
partes en torno a los hechos de la causa.
g) Los jueces no están obligados a seguir el dictamen
de los expertos si su convicción se opone a ello (1427
C.C.). Esta es una de las características de la
experticia como medio de prueba y una manifestación
del principio racional de la valoración de las pruebas
por el Juez conforme a las reglas de la sana crítica
(507 C.P.C.).
h) En la práctica del foro se discute si el dictamen
de los peritos es nulo si no se llena todos los
requisitos indicados en el artículo 1425 del C.C., que
señala que el dictamen de la mayoría de los expertos
se extenderá en un solo acto que suscribirán todos y
debe ser motivado, circunstancia sin la cual no tendrá
ningún valor. Si no hubiere unanimidad, podrán
indicarse las diferentes opiniones y sus fundamentos.
Respecto de la motivación de la experticia, la
Casación   ha   entendido   siempre, que   debe   estar
constituida, sin duda, por el conjunto de razones que
han motivado a los peritos a inclinarse en determinado
sentido. Para que pueda considerarse una experticia
carente de motivos –ha precisado la Casación- es
necesario   que   esté   desprovista en   absoluto   de
razonamientos previos a la conclusión o que ellos sean
tan vacuos o inconsistentes que rechacen por si mismos
el carácter de tales.
      Clasificación de la prueba de experticia:
Rengel Romberg, no clasifica la prueba de experticia.
Devis Echandía lo hace de así:
La clasificación de las peritaciones y de los peritos
depende del punto de vista que se adopte para
considerarlos.
En una primera clasificación, Devis Echandía distingue
entre el perito percipiendi y el perito deducendi, y
señala:
a) Hay peritaciones para verificar la existencia o las
características de los hechos técnicos, científicos o
artísticos,   de   que  hablan   Lessona,   Carnelutti,
Florian,   Mittermaier,   Franchi,   Mallard,   Alsina,
Scardaccione, Denti, Andrioli, Silva Melero, Guasp,
Sicard. A estas peritaciones corresponde el llamado
perito percipiendi.
Considera Devis Echandía que esta clase de dictamen
es, indudablemente, un medio para la comprobación de
hechos. Los autores que le niegan a la peritación el
carácter de medio de prueba, olvidan que esta clase de
dictamen es quizás el más frecuente, lo mismo en los
procesos civiles que en los penales y laborales.
b) Otras peritaciones tienen por finalidad aplicar las
reglas técnicas, artísticas o científicas de la
experiencia especializada de los expertos, a los
hechos verificados en el proceso, por cualquier medio
de prueba, para deducir de ellos las consecuencias,
las causas o las calidades o valores que se
investigan. Los peritos hacen las dos operaciones, de
enunciar   las  reglas   de  la   experiencia  técnica
pertinente y de aplicarlas a los hechos probados en el
proceso, para formular las deducciones concretas que
corresponden. A esta clase de peritación corresponde
el llamado perito deducendi.
También en esta clase de peritación se verifican o
prueban hechos: los que constituyen la causa o el
efecto (el perjuicio, por ejemplo) de los otros hechos
probados por medios distintos, o aspectos concretos de
tales hechos, que equivalen a una prueba pericial de
los mismos (como el valor económico de un objeto o un
daño, la calidad artística de una obra de arte, la
buena o mala calidad de una mercancía).
Aceptan expresamente esta clase de peritaciones, entre
otros,   Carnelutti,   Mittermaier,   Mallard,   Guasp,
Aguirre, Alsina. Quienes admiten este medio para
establecer la existencia o el valor de los perjuicios
ya causados o que puedan ocasionarse en el futuro, en
virtud de hechos debidamente probados, en ese proceso,
o la causa de un hecho también probado allí,
implícitamente   aceptan   esta    segunda   clase   de
peritaciones.
c) Teóricamente puede suceder que los peritos reciban
el encargo de enunciar simplemente las reglas de la
experiencia técnica que los califica, para que el juez
proceda a aplicarla a los hechos comprobados en el
proceso y a obtener las conclusiones. En ese caso el
dictamen   sería  un   simple   instrumento  para   la
integración del juicio lógico del juez, una simple
regla de experiencia para la apreciación de las
pruebas. En    la práctica es muy raro que se presente
esta tercera    clase de peritación, pues por lo general
contiene la    verificación total o parcial de hechos,
que existe     en las dos primeras clases que hemos
explicado.
2) Citando a Lessona, Devis Echandía también distingue
entre   peritaciones   forzosas   y   potestativas   o
discrecionales, según que la Ley exija o no su
práctica para el caso.
3) También distingue las peritaciones judiciales de
las peritaciones prejudiciales, según que ocurran en
el curso de un proceso o en diligencia procesal
previa. Las últimas están autorizadas en muchas
legislaciones como la colombiana, la salvadoreña, la
argentina, etc.
4) Con un sentido similar al de la anterior
clasificación, se habla de peritaciones de presente y
peritaciones de futuro, entendiendo por aquellas las
que se practican en el curso de los procesos, para que
surtan de inmediato sus efectos probatorios, y por las
últimas las que se producen anticipadamente, para
futura memoria, en vista de un litigio eventual, en
diligencia judicial previa al proceso en donde se
aducirán como prueba.
5) Puede hablarse también de peritaciones oficiosas o
por iniciativa de las partes, según que medie o no
este impulso del interesado.
6) Por último, señala Devis Echandía, si se admite la
peritación para establecer la ley extranjera y la
costumbre nacional o extranjera, lo mismo que para
interpretar la ley que utiliza expresiones técnicas o
científicas, pueden distinguirse las peritaciones
sobre hechos y sobre el derecho, o en lenguaje
carneluttiano, las técnicas y las jurídicas.
En cuanto a las distintas clases de peritos, además de
los   mencionados   percipiendi  y   deducendi,   puede
hablarse   de   esporádicos   o  accidentales   (cuando
adquieren esa condición para el caso concreto y en
virtud del nombramiento especial del juez) y de
continuos o permanentes (si desempeñan un cargo cuya
función consiste en emitir dictámenes, para cierta
clase de procesos, como por ejemplo los médicos
legistas o forenses que deben dictaminar sobre las
causas y el momento de la muerte o sobre las
consecuencias   de   las  heridas,   en  los   procesos
penales). Se acepta que los últimos no estén sujetos
al requisito del juramento previo a cada dictamen, en
razón de haberlo prestado, para todas sus actuaciones
futuras, al tomar posesión del cargo.
  Promoción y evacuación de la prueba de experticia.
Santana Mujica, señala –antes de la entrada en
vigencia del actual código- que su promoción abarca
todo el lapso de prueba (289 CPC derogado) y su
evacuación va desde que se admita la prueba hasta los
últimos informes, por aplicación extensiva del lapso
establecido para las posiciones juradas.
Tanto en primera como en segunda instancia, el juez en
los autos para mejor proveer, puede disponer que se
practique alguna experticia sobre los puntos que
establezca, o se amplíe o aclare la que existiere en
autos . Inclusive en razón del artículo 1426 del CC,
el juez frente al dictamen no claro, puede de oficio
ordenar nueva experticia por uno o más expertos,
siempre en número impar y designado por el Tribunal.
Formas de Promoción
En el escrito de pruebas o por diligencias, se debe
indicar la voluntad de que se sometan a experticias
hechos determinados. Por tanto se debe señalar el tipo
de estudio técnico que se quiere se realice, los
hechos o cosas que quieren hacer examinar, indicar los
procedimientos científicos que se desea se usen y las
conclusiones que se aspiran obtener.
En la de oficio, el juez debe señalar el fundamento
legal de promoverla y los puntos de hecho sobre los
cuales quiere el dictamen.
Rengel Romberg, señala que la prueba de experticia
luego que ha sido oportunamente promovida y admitida
según   las   reglas   generales   del   procedimiento
ordinario, tiene lugar el primer acto de procedimiento
contemplado en el artículo 452 del C.P.C., que es la
fijación por el Juez de una hora del segundo día
siguiente para proceder al nombramiento de los
expertos.
a) Las partes concurrirán a la hora señalada para
hacer el nombramiento, debiendo en este caso presentar
la constancia de que el experto designado por ellas
aceptará   el  cargo.   En  dicho   acto  las   partes
manifestarán si están de acuerdo en que se practique
por un solo experto y tratarán de acordarse en su
nombramiento. En caso de que las partes hayan
convenido en un solo experto pero no se acordaren en
su nombramiento, el experto será designado por el
Juez. Si no convinieren en que se practique por un
solo experto, cada una de las partes nombrará un
experto y el Juez nombrará un tercero, siempre que con
respecto a este último no se acordaren en su
nombramiento.
En caso de litisconsorcio, si los interesados no se
acordaren en el nombramiento del experto que les
corresponde, el Juez procederá a insacular los nombres
de las personas que ellos propongan y se nombrará el
que resulte elegido por la suerte. Si al acto concurre
uno   solo  de  los   litisconsortes,  éste   hará  el
nombramiento del experto.
Cuando alguna de las partes dejare de concurrir al
acto del nombramiento de los expertos, el Juez hará la
designación por la parte que faltare y la del tercer
experto y si ninguna de las partes concurriere al
acto, éste se considerará desierto.
Por otras parte, cuando la experticia se haya acordado
de oficio el Juez nombrará uno o tres expertos tomando
en cuenta para ello la importancia de causa y la
complejidad de los puntos sobre los cuales deben
dictaminar los expertos.
b) Una vez nombrados los expertos, se procederá a su
juramentación, la cual tendrá lugar al tercer día
siguiente a su nombramiento por las partes, a la hora
que fije el Juez. Los nombrados deberán concurrir al
Tribunal sin necesidad de notificación a prestar el
juramento de desempeñar fielmente el cargo. A tal
efecto, cada parte, por el solo hecho de hacer el
nombramiento de su experto, tiene la carga de
presentarlo al Tribunal en la oportunidad aquí
señalada. Si el experto nombrado no compareciere
oportunamente, el Juez procederá inmediatamente a
nombrar otro en su lugar. En la experticia acordada de
oficio o a pedimento de parte, el experto o los
expertos que nombre el Juez prestarán su aceptación y
juramento dentro de los tres días siguientes a su
notificación.
No indica el Código Civil, ni el de Procedimiento
Civil que la falta de juramentación sea causa de
nulidad de la experticia o de remoción del experto. La
jurisprudencia de la Casación, a la cual hechos hecho
referencia   con    anterioridad,   interpretando   lo
dispuesto en el artículo 1425 del Código Civil,
concluyó que la nulidad contemplada en la citada norma
se refiere sólo a la experticia que no esté motivada;
decisión esta reiterada en posterior sentencia del 19-
10-72. Sin embargo, Borjas opina que los expertos,
como funcionarios que son, han de prestar juramento de
desempeñar fielmente su encargo y sus funciones
adolecerían de nulidad se entrara a desempeñarla con
omisión de dicho requisito.
Rengel Romberg no comparte esa opinión, pues considera
que la Ley no establece esa nulidad, ni tampoco
califica de funcionarios públicos a los peritos.
c) Prestado el juramento, el Juez fija el plazo para
desempeñar el encargo. A este fin, en el mismo acto de
juramentarse los expertos, el Juez consultará a cada
uno de ellos sobre el tiempo que necesiten para
desempeñar el cargo y luego lo fijará sin exceder de
treinta días y fijará también el término de la
distancia de ida y vuelta respecto del lugar donde
haya de practicarse la diligencia, si fuere el caso.
En relación al plazo, la ley prevé por una parte, la
posibilidad de su ampliación o prórroga cuando los
expertos lo soliciten antes de su vencimiento y el
juez lo estime procedente en fuerza de las razones
aducidas; y por otras la reducción o supresión del
plazo, cuando el objeto de la experticia fuere de tal
naturaleza   que  a   juicio  de  los   expertos  las
diligencias puedan practicarse inmediatamente después
del juramento, rindiendo el dictamen acto continuo,
previa autorización del Juez.
La fijación del plazo para practicar la experticia y
su eventual prórroga conforme a los citados artículos
460 y 461 del C.P.C., considera Rengel Romberg que no
afectan el lapso general de la evacuación de las
pruebas a que se refiere el artículo 400 del C.P.C.,
en el sentido que la eventual prórroga de aquel por un
tiempo que supere y exceda el lapso general de
evacuación, no implica que este lapso ha quedado
extendido o prorrogado por el mismo tiempo de aquel y
por ello la preclusión del lapso general de evacuación
de   las   pruebas,  estando   todavía  pendiente   el
vencimiento del lapso especial de la experticia,
impide que el procedimiento pueda seguir la secuencia
ordinaria, que es el acto de informes previsto en el
artículo 511 del CPC, mientras no concluya el lapso de
la experticia y el resultado de esta prueba conste en
autos.
En cuanto a la naturaleza del plazo fijado a los
expertos para rendir su dictamen, la ley no ha
previsto que la prueba de experticia sea nula en
ausencia de fijación del término para practicarla, por
lo que la Casación ha decidido reiteradamente que no
es un trámite esencial del procedimiento; que los
expertos puedan rendir su dictamen aunque no se les
hubiere fijado plazo para ello y aun después de
vencido el plazo fijado, con la única consecuencia de
la multa prevista para los expertos; pero que
lógicamente debe entenderse en ambas situaciones que
el dictamen ha sido presentado antes de que la causa
entre en estado de sentencia.
d) Señala el artículo 463 y siguientes del CPC: Que
los    expertos    practicarán    conjuntamente    las
diligencias. Las partes podrán concurrir al acto
personalmente o por delegados que designarán por
escrito dirigido a los expertos y hacerles las
observaciones que crean convenientes, pero deberán
retirarse para que los expertos deliberen solos. Que
los expertos están obligados a considerar en el
dictamen las observaciones escritas que las partes o
sus delegados les formulen, las cuales acompañarán
originales al dictamen. Que los expertos procederán
libremente en el desempeño de sus funciones, pero no
podrán destruir o inutilizar las cosas sometidas a su
examen sin autorización del Juez. Que los expertos
juntos o por intermedio de uno cualquiera de ellos
deberán hacer constar en los autos, con veinticuatro
horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y
lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin
perjuicio de que la asistencia de las partes a las
mismas convalide lo actuado sin tal constancia. Que el
dictamen de los expertos deberá rendirse por escrito
ante el Juez de la causa o su comisionado, en la forma
indicada   por   el    Código   Civil.   Se   agregará
inmediatamente a los autos y deberá contener por lo
menos: descripción detallada de lo que fue objeto de
la experticia, métodos o sistemas utilizados en el
examen y las conclusiones a que han llegado los
expertos. Que en el mismo día de su presentación o
dentro de los tres días siguientes, cualquiera de las
partes puede solicitar del Juez que ordene a los
expertos aclarar o ampliar el dictamen en los puntos
que señalará con brevedad y precisión. El Juez, si
estimare fundada la solicitud, así lo acordará sin
recurso alguno y señalará a tal fin un término
prudencial que no excederá de cinco días. Que el
experto que dejare de cumplir su encargo sin causa
legítima, incurrirá en una multa de quinientos a dos
mil bolívares, que le impondrá el Juez según la
gravedad   de   la   falta,   sin   perjuicio de  la
responsabilidad en que pueda incurrir.
e) La ley prevé los casos de falta absoluta de alguno
de los expertos, en los cuales se nombrará otro
conforme a las disposiciones anteriores; y en los
demás casos de falta, se hará únicamente nuevo
señalamiento de plazo para realizar la experticia. En
todo caso, si el impedimento del experto durase más de
quince días se nombrará nuevo experto conforme a las
disposiciones anteriores.
f) Por lo demás los peritos son recusables, pero una
parte no podrá recusar al experto que haya nombrado, o
aquel que nombre el Juez en su lugar, sino por causa
superviniente. No contempla nuestro Código reglas
especiales a cumplirse en el caso de recusación de los
peritos, como ocurre en otros derechos, entre ellos el
colombiano, en el cual el artículo 235 del Código de
Procedimiento   Civil   Colombiano    establece   algunas
reglas para el caso de que el perito conozca el
impedimento en que se encuentra y no se excusa o se
abstiene de tomar posesión del cargo. En nuestro
sistema se aplican las reglas generales relativas a la
recusación    e   inhibición    de    los    funcionarios
judiciales, en cuyo artículo 90, tercer aparte, se
establece: “Los asociados,         alguaciles,     jueces
comisionados,     asesores,      peritos,      prácticos,
intérpretes y demás funcionarios ocasionales podrán
ser recusados dentro de los tres días siguientes a su
nombramiento, si se trata de jueces comisionados, o de
la aceptación en el caso de los demás funcionarios
indicados, salvo disposición especial”.
                       Valoración
g) En cuanto a la valoración de la experticia, Rengel
Romberg considera que los jueces no están obligados a
seguir el dictamen de los expertos si su convicción se
opone a ello. Esto es una manifestación del principio
racional de la valoración de las pruebas según las
reglas de la sana crítica, acogido como regla general
en nuestro derecho.
Los jueces no pueden rechazar el dictamen pericial sin
haberlo considerado debidamente para no incurrir en la
falta de apreciación de una prueba que existe en
autos.
Así como los jueces en ejercicio de la libertad que
tienen para separarse del dictamen de los expertos si
su convicción se opone a ello, deben considerarlo
debidamente, lo cual supone la expresión de las
razones que los inducen a separarse de él, así
también, con mayor razón, cuando el juez acoge el
dictamen de los expertos, ha de valorar esta prueba
como a todas las demás y en conjunto con ellas, según
las reglas de la sana crítica, que es la regla general
de apreciación de las pruebas en nuestro sistema
legal, toda vez que no existe en nuestro derecho una
regla   especial  de   valoración  de  la   prueba  de
experticia, como existe v.gr. en Argentina.
Ricardo Henríquez La Roche, considera que la Ley no
establece tarifa legal para la apreciación de la
prueba de experticia. Contrariamente el Juez puede
separarse   del  dictamen   de los  expertos  si  su
convicción se opone a ello, salvo que se trate de la
experticia-avalúo de los bienes sujetos a remate
judicial, en cuyo caso el dictamen tiene carácter
vinculante, irrevisable por el juez, a tenor de los
dispuesto en el artículo 560.
Devis Echandía, citado por Henríquez La Roche, señala:
“En muchos casos el Juez carecerá de conocimientos
sobre la materia, por lo cual no estará en situación
de saber si las explicaciones técnicas, artísticas o
científicas del perito adolecen o no de error y
entonces deberá aceptarlas, amenos que sea evidente su
falta de lógica, su oscuridad o su deficiencia (...)
Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas
malas conclusiones o si no existe armonía entre
aquellos y estas o si el perito no aparece seguro de
sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia
probatoria (...) Igualmente cuando las conclusiones de
los   peritos  contrarían   normas  generales  de   la
experticia o hechos notorios o una presunción de
derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de
lógica o que son contradictorias o evidentemente
exageradas o inverosímiles, o que no encuentran
respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o
que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor
credibilidad”.
La prueba de inspección judicial: clasificación y sus
efectos;    promoción,  evacuación,   impugnación   y
valoración.
La doctrina se encuentra dividida acerca de la
naturaleza de esta prueba, a tal punto que se
controvierte si constituye o no una verdadera prueba.
La problemática se suscitó hace más de 100 años entre
dos procesalistas alemanes: Heusler y Wach.
Heusler considera que la “Prueba en el proceso civil
es prueba histórica, prueba de hechos. Es prueba de
parte; las partes suministran la prueba al Juez. La
finalidad de la prueba consiste en proporcionar al
Juez los fundamentos de la verdad de un hecho. La
percepción sensitiva del juez no es prueba pues ella
procura certeza inmediatamente; lo que veo es cierto
para mí, no pude serme probado. Por consiguiente
deduce Heusler, la función de la prueba en el proceso
civil consiste en “sustituir la propia percepción
sensitiva de un hecho la cual ya no es posible al
Juez”. Las percepciones sensitivas prevalecen sobre
toda prueba en tanto tales percepciones sean posibles,
de modo que procuren una certeza completa”.
Para Wach, “son medios de prueba todas las fuentes de
conocimiento que nos transmiten los presupuestos de
hecho;   y  esta   transmisión  se   efectúa  mediante
materialización, la cual nos posibilita la percepción
sensitiva, objeto de inspección ocular, o mediante
testimonio sobre la percepción realizada. De allí que
en general, en el derecho alemán, la inspección ocular
es toda percepción sensorial directa del juez sobre
cualidades o circunstancias corporales de personas,
lugares o cosas”.
Sentís Melendo, en Argentina, considera que el
reconocimiento judicial es la prueba por excelencia y
se incurre en grave error al decir que nada nueva
aporta como hecho. Para Sentís, como para Carnelutti,
la fuente de prueba es el hecho del cual se sirva el
Juez para deducir la propia verdad; el medio de prueba
lo constituye la actividad del Juez desarrollada en el
proceso; y comparendo la situación en los casos de
testimonio, de pericia y de reconocimiento judicial,
expresa: “el testigo, y lo que sabe, constituyen la
fuente; su declaración será el medio de traer al
proceso ese conocimiento. En la prueba de peritos la
situación cambia: el perito nada sabe antes del
proceso; si sabe algo será como testigo; entonces en
el peritaje la fuente está en la cosa peritada; el
medio en el examen de ella y en la emisión del
dictamen. Y lo mismo en el reconocimiento judicial: el
Juez nada sabe y su conocimiento se adquiere en el
proceso; la fuente es, pues, la cosa reconocida; el
medio es la diligencia de reconocimiento por la cual
se incorpora al proceso ese conocimiento, esa ciencia,
que el Juez adquiere con el examen de la cosa”.
Considera Rengel Romberg, que la inspección ocular o
inspección judicial entra en aquella clasificación de
las pruebas llamada prueba directa, generalmente
admitida por la doctrina, en contraposición con la
prueba indirecta, porque en palabras de Carnelitti,
“la prueba directa presenta el contacto inmediato
entre el juez y el hecho a probar; en ella el medio de
conocimiento se limita a una actividad del Juez, o
sea, la dirigida a la percepción del hecho a probar;
mientras que el tipo complejo de la prueba indirecta
muestra, en cambio, la separación entre el Juez y el
hecho a probar, puesto que el contacto lo establece un
hecho intermedio, que forma el anillo de conjunción
entre aquellos dos términos: aquí el conocimiento no
se obtiene únicamente mediante la actividad del Juez,
sino también por medio de un hecho exterior, sobre el
cual se ejercita la actividad perceptiva y deductiva”.
De todo lo expuesto, concluye Rengel Romberg, que la
naturaleza de la inspección judicial o inspección
ocular, es la de un medio de prueba directa o
inmediata porque la percepción del Juez recae sobre el
hecho que se quiere probar.
Devis Echandía, señala lo siguiente:
“El problema de si la inspección es o no una prueba,
se identifica con el de saber si existe o no la prueba
directa, entendida como la actividad preceptora del
juez aplicada al hecho que se investiga o a otro que
sirve de indicio de aquél, que estudiamos al tratar de
la clasificación de las pruebas en directas e
indirectas.   Vimos  allí   que   Carnelutti  defendió
inicialmente la tesis que limita el concepto de prueba
a la indirecta, pero que posteriormente modificó su
opinión y refutó con sólidos argumentos aquella tesis.
En efecto, observa Carnelutti que negarle a la
inspección el carácter de prueba conduce a identificar
erróneamente la prueba con el acto de la parte que la
suministra al juez, lo cual conduce a decir que como
en la inspección sólo aparece la actividad del juez,
ya que las partes no le suministran ninguna prueba, no
puede tener este carácter; pero que si por prueba se
entiende, como él lo sostiene (y la mayoría de los
autores, incluyéndonos a nosotros; todo medio útil
para la comprobación de hechos por el juez, esto es,
para suministrarle razones o motivos de convencimiento
sobre   su    existencia   o    inexistencia,  resulta
indiscutible que en la inspección judicial y, por lo
tanto, en la percepción directa del hecho por el Juez,
existe una prueba; “basta pensar que la existencia de
un objeto jamás es el fruto de una simple sensación,
sino, en todo caso, el contenido de un juicio”, que es
tan fácil y rápido, cuando el objeto se ve o se toca,
que no se tiene en consideración, pero que en realidad
siempre existe, pues siempre es posible el engaño de
los sentidos y se necesita que, por lo menos, quien
percibe juzgue que tal engaño no existe en esa
percepción. “Por lo tanto, la existencia de cualquier
cosa que vemos o tocamos, también debe ser comprobada,
y el fundamento de la comprobación es la prueba”, es
decir “una cosa es el hecho como objeto de experiencia
y otra cosa como objeto de existencia, y precisamente
de la experiencia del hecho a través del juicio se
deduce y arguye su existencia”.
Lo anterior lo expuso Carnelutti en su obra “La prueba
civil” y luego en su “Teoría general del derecho”, lo
corroboró con lo siguiente:
“Excluir de la noción de prueba la inspección
judicial, con el pretexto e que la certeza que produce
no requiere prueba ni permite la actividad de
apreciación   de  la   prueba,  conduce   al  absurdo,
observado por Wach, de que “sería tan solo prueba lo
que no produce prueba alguna, porque no aporta certeza
alguna”, siendo así que, mediante la percepción, el
Juez comprueba la afirmación de las partes; es decir,
la percepción es el proceso de fijación del hecho
controvertido, del mismo modo que la deducción lo es
en la prueba indirecta; además en esta existe siempre
la percepción por el Juez del hecho intermedio
(declaración del testigo o de la parte, documento,
dictamen del perito). Antes había expuesto que el tipo
simple de la prueba directa presenta el contacto
inmediato entre el Juez y el hecho a probar; en él el
medio de conocimiento se limita a una actividad del
juez, o sea la dirigida a la percepción del hecho a
probar y que medio de prueba es, pues, ante todo, la
percepción del juez”.
Concluye Devis Echandía señalando que cree que las
razones expuestas por Carnelutti son suficientes para
reconocerle a la Inspección Judicial el carácter de
medio de prueba. Además, si la inspección no fuera una
prueba autónoma de los hechos observados por el Juez,
el acta de ella sería un testimonio suyo sobre lo que
percibió durante la diligencia y, por lo tanto,
tendría de todas maneras el carácter de prueba, puesto
que con fundamento en ella el Juez puede declarar
probado o cierto el hecho inspeccionado, sin embargo,
este concepto de testimonio del Juez no es aceptable y
lo correcto es considerar la inspección como una
prueba especial.
      Concepto de Inspección Judicial o Ocular:
Devis   Echandía:  “Se   entiende  por   inspección  o
reconocimiento judicial, una diligencia procesal,
practicada por un funcionario judicial, con el objeto
de obtener argumentos de prueba para la formación de
su convicción, mediante el examen y la observación con
sus propios sentidos, de hechos ocurridos durante la
diligencia o antes pero que subsisten o de rastros o
huellas de hechos pasados, y en ocasiones de su
reconstrucción.
Ese examen y la percepción de los hechos y de sus
huellas o rastros los realiza el juez principalmente
con su vista, pero en ocasiones también con su oído,
su olfato, su tacto e incluso su gusto. Por esta razón
es incorrecto denominar estas diligencias inspecciones
oculares, en vez de inspecciones o reconocimientos
judiciales”.
El mismo Devis Echandía, después de         aportar   la
anterior definición, cita las siguientes:
Lessona: Es el acto por el cual el juez se traslada al
lugar al que se refiere la controversia, o en que se
encuentra la cosa que la motiva, para obtener,
mediante el examen personal, elementos de convicción”.
Bonnier: Dice que se trata de una diligencia para
apreciar un estado de cosas actualmente existente o
hechos que aparecen   y   que   no   exigen   conocimientos
especiales.
Florian: Considera que la inspección es la institución
procesal   tradicional,   encaminada   a   aplicar   la
percepción directa del Juez, como medio de prueba,
respecto de cosas, lugares o personas, y la define
como “el acto procesal mediante el cual el Juez
observa, aprehende y percibe en cualquier forma y por
sí mismo determinado objeto sensible (persona u objeto
material) o determinada característica de ese objeto”.
Valentín Silva Melero: La define como la percepción
misma del hecho a probar por el Juez.
Rengel Romberg, define la inspección judicial u ocular
de la siguiente manera:
“La inspección o reconocimiento judicial es el medio
de prueba que puede promoverse a petición de parte o
cuando el juez lo juzgue oportuno, consistente en la
percepción personal y directa por el Juez, de
personas, cosas, documentos o situaciones de hecho que
no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera y
constituyan objeto de prueba en el proceso”(subrayado
mío)
En esa definición se destaca:
  a) La inspección judicial es un medio de prueba,
     porque la diligencia que realiza el juez está
     dirigida a la percepción de un hecho a probar y a
     su incorporación al proceso.
  b) La inspección judicial puede promoverse por
     cualquiera de las partes, o por el juez cuando
     este    lo    juzgue     oportuno   (472    CPC).
     Excepcionalmente el Juez tiene la iniciativa
     probatoria, como ocurren en este caso; en la
     prueba de experticia (451 CPC); en la prueba
     testimonial, en el sentido que el Juez puede
     hacer las preguntas que considere convenientes
     (487 CPC) y una vez concluido el lapso probatorio
     (401 Ord. 4 CPC) o mediante auto para mejor
     proveer (514, Ord. 3 CPC).
  c) La inspección judicial es una prueba directa y
     personal,    porque   se   practica  mediante  la
     actividad de percepción por el Juez del hecho a
     probar; razón por la cual, como hemos visto
     antes,    se   le   considera    “la  prueba  por
     excelencia”.
d) La percepción directa y personal del Juez, ha de
   versar    sobre    personas,   cosas,    lugares,
   documentos, o circunstancias de hecho objeto de
   prueba en el proceso, esto, que interesen para la
   decisión de la causa.
e) La inspección judicial se acuerda cuando no se
   pueda o no sea fácil acreditar de otra manera la
   situación de hecho objeto de la inspección. Este
   requisito    está   expresamente   previsto   en   el
   artículo 1428 del C.C., más no en el artículo 472
   CPC. Sin embargo aquella norma civil no ha sido
   derogada y el CPC en la citada norma del 472
   establece en el único aparte: “...La inspección
   ocular prevista en el Código Civil se promoverá
   y evacuará conforme a las disposiciones de este
   Capítulo.”. De donde se deduce que la nueva Ley
   Procesal rige la promoción y la evacuación de la
   prueba,    y   deja   a    salvo  el   requisito   de
   admisibilidad de la misma mencionado en la norma
   sustantiva, del cual trataremos ahora. Sobre esta
   materia se ha planteado en la práctica dos
   cuestiones: 1) La del fundamento de la limitación
   y 2) la de la naturaleza del poder del Juez
   respecto de ella. Respecto del fundamento de la
   limitación, Borjas hace una distinción entre la
   inspección    ocular    decretada  a   instancia   de
   cualquiera de las partes y la decretada de oficio
   por el juez cuando este lo juzgue oportuno. En el
   primer caso, sostiene Borjas, salvo que se trate
   de   una    prueba   manifiestamente    impertinente,
   ineficaz o sin relación alguna con la materia de
   litigio, el Juez se abstendrá de negarse a
   admitirla; pero en el segundo, aunque la ley deja
   a su arbitrio decidir acerca de la oportunidad de
   la inspección, no deberá ordenarla en ningún caso
   en que sea posible y fácil acreditar de otra
   manera los hechos y circunstancias que han de ser
   objeto de ella. 2) Respecto de la naturaleza del
   poder    concedido   al     Juez  para   aplicar   la
   limitación de la prueba, la Casación ha reiterado
   en varias ocasiones que la ley no establece una
   prohibición absoluta, sino una prerrogativa a
   favor del Juez que bien puede este renunciar
   cuando lo considere oportuno. Por lo cual puede
   considerarse principio jurisprudencial pacífico,
   que si no obstante poderse acreditar de otra
   manera    ciertos   hechos,    el  juez   admite   la
    inspección ocular y ésta es evacuada, esa prueba
    es válida y debe ser apreciada por el Juez junto
    con las demás pruebas recogidas en la etapa
    probatoria.
  f) Las   personas,  cosas,   lugares,   documentos   y
     situaciones objeto de la inspección judicial, han
     de ser aquellos que interesan para la decisión de
     la causa, precisa el artículo 472 del CPC. En
     otras palabras, aquellos hechos que directa o
     indirectamente, forma principal o accesoria,
     puedan tener alguna relación con la materia
     debatida en el proceso. Si el hecho que se
     pretende demostrar con la inspección judicial, no
     interesa para la decisión de la causa, tal hecho
     es impertinente y el Juez debe negar la prueba
     del mismo, sea cual fuera el medio escogido por
     el promovente de su prueba, pues de otro modo no
     solo estaría el Juez infringiendo el Art. 472
     CPC, sino además, el Art. 398 CPC que le ordena
     desechar    aquellas    pruebas    que    aparezcan
     manifiestamente impertinentes.
   Clasificación de la prueba de inspección judicial.
Devis    Echandía    clasifica    la    inspección      o
reconocimiento judicial, de la siguiente manera:
a) En consideración al objeto de la diligencia, pueden
existir ocho clases:
1) Reconocimiento e identificación de inmuebles, muy
frecuentes     en    materias     civiles    (procesos
reivindicatorios, posesorios, etc), también puede
ocurrir en procesos penales (violación de domicilio y
ocupación violenta de casas o terrenos) y contencioso-
administrativo e incluso laborales.
2) Reconocimiento e identificación de cosas u objetos
muebles, incluyendo los documentos, de constante
práctica en toda clase de procesos, como en los
civiles de reivindicación, de restitución de tenencia,
de indemnización por daños, etc; en los penales de
robo o hurto, falsedad de documento, etc; en los
laborales por accidentes de trabajo ocasionados en el
manejo de una máquina o para establecer el contrato o
las condiciones en que se prestaba el servicio, etc.
3) Reconocimiento e identificación de animales, que es
una especie del anterior y se presenta en los mismos
procesos.
4)   Reconocimiento   e  identificación   de   personas,
necesario en muchos procesos penales, para establecer
la    identidad   del   autor   del    delito    y   sus
características   físicas   (estatura,    color,   peso,
defectos, etc) o las lesiones y huellas que en el
cuerpo de este o de la víctima existan y en algunos
civiles, laborales o contencioso-administrativo, como
en los de interdicción por incapacidad física o
mental, lesiones físicas al cónyuge para efectos del
divorcio, etc.
5) Reconocimiento e identificación de cadáveres de
personas, como en los procesos penales por homicidio.
6) Inspección de lugares en que ocurrieron los hechos
investigados, en busca de las huellas o de los rastros
que hubieran podido dejar allí, que es una modalidad
de la diligencia mencionada en primer lugar y se
diferencia de esta en que su objeto no es identificar
el inmueble, la calle o el lugar público en donde se
practica, sino verificar esos hechos indiciarios,
diligencias muy frecuentes en materias penales, pero
que   puede  ser   conveniente  en   algunos  procesos
civiles..
7) Reconocimiento de sucesos que ocurran por primera
vez durante la diligencia (como el derrumbe o la
inundación de un terreno, etc).
8) Reconstrucción de hechos o acontecimientos pasados
y transitorios, mediante el experimento, ante el Juez,
de repetirlos en las mismas circunstancias de tiempo,
modo y lugar, incluyendo la actuación de las personas
y animales que hubieran intervenido originalmente y el
empleo   de  las  mismas   cosas  (armas,   medios  de
transporte, vestidos, etc) con el fin de verificar las
versiones de las partes o los testigos y las
suposiciones del funcionario.
b)   Según  las   personas   que   intervienen   en   la
diligencia:
Algunas de estas inspecciones deben practicarse con la
colaboración de peritos, porque la verificación de los
hechos exige conocimientos técnicos, científicos o
artísticos; otras pueden ser practicadas solo por el
funcionario en compañía de su secretario o de quien
haga sus veces, con o sin la colaboración de testigos
actuarios, que algunas legislaciones exigen, pero que
son en realidad innecesario, teórica y prácticamente.
c) De acuerdo con la oportunidad en que se practica:
Ordinariamente las inspecciones se practica en los
cursos de los procesos o durante la etapa de sumario
penal, sin embargo, es posible su práctica por un Juez
pero antes y fuera del proceso, para futura memoria,
como lo veremos más adelante y tal como ocurre con el
interrogatorio   de  las   partes,  la   recepción  de
testimonios y las peritaciones; desde este punto de
vista puede hablarse de inspecciones procesales y
extraprocesales (pero ambas son judiciales en cuanto
que se practican por un funcionario judicial, en
ejercicio del cargo) y de inspecciones procesales
trasladadas de otro proceso.
d) En consideración al impulso procesal que conduce a
su ordenación:
Las inspecciones o reconocimientos judiciales pueden
ser ordenados o practicados por solicitud de parte u
oficiosamente, lo último en los procesos penales de
todos los países, en los civiles, laborales y
contenciosos administrativos modernos e inclusive en
algunos regidos por Códigos antiguos.
e) Desde el punto de vista del tema de prueba:
La   diligencia    puede   tener  por   finalidad   la
verificación   del   hecho  que  constituye   el  tema
principal de prueba en el respectivo proceso o de
otros hechos que sirven de indicios de aquel, como
vimos al explicar las que recaen sobre cosas muebles y
sobre huellas o rastros que existan en lugares,
personas, animales o cosas.
f) Por sus relaciones con otra diligencia judicial:
La inspección o reconocimiento judicial puede ir
aparejada a una exhibición de cosas o documentos, a
una peritación, a un allanamiento de lugares o a un
desahucio de personas o desalojo de cosas que allí
existan, en cuyo caso cada diligencia conserva su
individualidad; lo normal es que primero se adelante
el trámite para decretar la exhibición y luego se
practique la inspección sobre la cosa o el documento;
en el segundo caso, la peritación se produce en el
curso de la inspección o posteriormente; en los
últimos casos las dos diligencias son simultáneas.
g) Según    la   naturaleza   del   funcionario   que   la
práctica:
Las inspecciones o los reconocimientos pueden ser
judiciales (si se practican por un funcionario del
órgano    judicial    en   ejercicio    del    cargo),
administrativas (si son practicadas por un funcionario
administrativo, en procesos administrativos, como los
de adjudicación del uso de aguas públicas, de
explotación de bosques, de adjudicación en propiedad
de tierras baldías, etc), policiales (si tienen lugar
en un proceso civil o penal de policía, por
infracciones de poca monta o por ocupación de hecho de
inmuebles, etc., y cuando la policía judicial u
ordinaria las practica en la etapa investigativa
previa al sumario penal).
El programa habla de “clasificación y sus efectos;”.
No sé cuales son esos efectos.
               Promoción y evacuación.
Señala Rengel Romberg, que para la práctica de la
inspección judicial se siguen las reglas generales
relativas a la admisión de las pruebas, salvo las
pocas reglas particulares aplicables al caso. Así, una
vez promovida por alguna de las partes la prueba,
dentro del lapso previsto en el artículo 397 del CPC,
el Juez debe admitirla o negarla dentro de los tres
días de despacho siguientes “a su promoción” (error),
según sea legal y conducente o ilegal e impertinente
(398 CPC).
También dice Rengel Romberg, lo cual me parece que es
otro error, que si el Juez no providenciare los
escritos de prueba en el término expresado, incurrirá
en una multa disciplinaria de Quinientos a Mil
Quinientos   Bolívares,  que   le  impondrá  el  Juez
Superior, de acuerdo con el artículo 27 CPC.
Si no hubiere oposición de las partes a la admisión,
estas tendrán derecho a que se proceda a la evacuación
de las pruebas, aun sin providencia de admisión. Si
hubiere oposición a la admisión de la prueba, no se
procederá   a   evacuarla   sin   la   correspondiente
providencia (399 CPC).
De la negativa y de la admisión de la prueba hay
apelación en el solo efecto devolutivo (402 CPC).
Respecto de la prueba de inspección judicial en
particular, de la cual estamos tratando, que puede ser
promovida de oficio por el Juez, cuando lo juzgue
oportuno, se plantea la cuestión de que si las partes
pueden oponerse a la inspección promovida por el Juez,
o más radicalmente, renunciar a ella de común acuerdo;
cuestión   esta  que   plantea   el  problema  de   la
disponibilidad de las pruebas por la partes.
Con respecto a esa cuestión, Rengel Romberg, luego de
expresar una serie de razonamientos extraños a este
asunto y confusos y que me parece que no justifican su
posición, considera que las partes no tienen la
facultad de objetar la inspección judicial promovida
de oficio por el Juez en ejercicio de la facultad que
le otorga la Ley, sino de colaborar con él en la
búsqueda de la verdad; ni mucho menos renunciar a
dicha prueba, la cual ha quedado sustraída en este
caso a la disponibilidad de las partes.
Al practicar la prueba de inspección, el Juez debe
extender en acta la relación de lo practicado, sin
avanzar opinión ni formular apreciaciones, y para la
elaboración del acta, debe seguir lo dispuesto en el
artículo 189 del CPC. El juez podrá así mismo ordenar
la reproducción del acto por cualquiera de los medios,
instrumentos o procedimientos contemplados en el
artículo 502, si ello fuere posible.
                     Valoración.
Respecto de esta acta de la inspección, es pacífica la
jurisprudencia   que  la   considera   formalmente  un
documento público o auténtico, que hace fe de los
hechos que el funcionario declara haber efectuado y de
aquellos que declara haber visto u oído, por devenir
de un funcionario autorizado por la ley para ello
(Art. 1357, 1359 y 1360 CC y 475 CPC). Sin embargo la
jurisprudencia aclara que si bien el acta es un
documento público o auténtico, intrínsecamente la
prueba es una inspección ocular, cuyo mérito se regula
no por las normas atinentes a los documentos públicos,
sino por otras diferentes que especialmente determinan
el valor y eficacia de la inspección como medio
probatorio.
De modo que el valor probatorio de la inspección,
deviene de la fe que merece el funcionario judicial al
dejar constancia de los hechos que estén a la vista,
siempre   que   haya   sido   promovida   y   evacuada
oportunamente. De allí que por la naturaleza propia de
la inspección judicial, su valoración corresponde a la
soberanía de apreciación del Juez, pero no requiere
que el sentenciador tenga que hacer un minucioso
trabajo de valoración, pues así como el Juez que la
practica   aprehende   directamente  por  sus  propios
sentidos    el   conocimiento    de   los   hechos   y
circunstancias de los cuales deja constancia en el
acta, de la misma manera, el Juez que la aprecia (si
no es el mismo que la ha practicado) le basta un
simple examen de su contenido para percatarse de su
alcance probatorio. Por ello en ningún caso el Juez
puede dejar de apreciar la prueba de inspección
invocando    una   supuesta   “situación  de   difícil
entendimiento”, porque esto equivaldría a la falta de
análisis de la prueba, asimilable a una negativa de
decisión expresa, no permitida al sentenciador. Por
ello en tales casos la jurisprudencia ha decidido que
el sentenciador tiene forzosa y necesariamente que
desentrañar y profundizar en el análisis a fin de
esclarecer el supuesto difícil entendimiento.
Inspección Judicial Extra Litem:
En cuanto a la inspección judicial extra litem, Rengel
Romberg señala que en nuestro derecho procesal está
inscrita   entre  los  procedimientos   especiales  de
jurisdicción voluntaria: Libro Cuarto. Parte Segunda.
Título VI. Capítulo II del Código de Procedimiento
Civil, que trata “De las justificaciones para perpetua
memoria”
El artículo 936 de dicho capítulo atribuye competencia
para   instruir  las   justificaciones  y   diligencias
dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún
derecho propio del interesado en ellas a cualquier
Juez civil. Y establece que el procedimiento se
reducirá a acordar, el mismo día en que se promuevan,
lo   necesario  para    practicarlas;  concluidas,   se
entregarán al solicitante sin decreto alguno.
A su vez el artículo 938 del mismo Capítulo señala:
Si la diligencia que hubiere de practicarse tuviere
por objeto poner constancia del estado de las cosas
antes de que desaparezcan señales o marcas que
pudieran interesar a las partes, la inspección ocular
que se acuerde se efectuará con asistencia de
prácticos pero no se extenderá a opiniones sobre las
causas del estrago o sobre puntos que requieran
conocimientos periciales.
Respecto del valor probatorio de la inspección
judicial extra litem, practicada dentro de los
supuestos del artículo 1429 de CC, ya hemos dicho,
dice Rengel Romberg, es una prueba perfectamente
legal, cuyo mérito debe valorar el Juez conforme a la
soberanía de apreciación que le otorga el artículo
1430 y en concordancia con las disposiciones de los
artículos 507 y 509 del CPC. Por tanto, si bien el
acta de la inspección judicial es un documento público
y hace fe, así entre las partes como respecto de
terceros, del hecho jurídico que el Juez declara haber
efectuado y de los hechos que el Juez declara haber
visto u oído, mientras no sea tachado de falsedad;
esto no significa que la inspección judicial extra
litem tenga el valor de plena prueba, como lo tienen
los documentos públicos, porque dicha acta tiene esa
naturaleza solamente desde el punto de vista formal,
pero intrínsecamente es una prueba de inspección
judicial, cuya regla de valoración está prevista en el
artículo 1430 del CC, según el cual “Los jueces
estimarán en su oportunidad el mérito de la prueba
dicha”. Y esta estimación del mérito de la prueba han
de hacerlo los jueces conforme a la regla general de
valoración de la sana crítica, prevista en el artículo
507 CPC en concordancia con el 509 CPC.
La guía de la UCAB dice:
RECONOCIMIENTO JUDICIAL.
1.- INTRODUCCION.
     El reconocimiento judicial es un examen directo
con fines probatorios que son realizados por los
auxiliares de justicia o los propios funcionarios
judiciales, bien sean permanentes u ocasionales, sobre
cosas, lugares o personas con el fin de constatar o
aclarar algo.
     Tiene como característica fundamental el ser un
examen directo ya que no hay intermedio entre el que
realiza el examen y lo que se percibe, por lo que no
es un ningún modo una prueba indirecta.
     El reconocimiento judicial   puede   ser   realizado
por diversos personajes:
     a.- Por testigos (Auxiliares de Justicia), es un
sector de la prueba testimonial (reconocimiento de
personas por ejemplo).
     b.- Por peritos, el artículo 181 del Código de
Comercio establece: "Si el porteador no encontrare a
la persona a quien van destinados los objetos, ni a su
representante o dependiente, o si en el acto de
recibirlo se suscitaren cuestiones por diferencia o
avería, el porteador solicitará del Juez de comercio
y, a su falta, de cualquier Juez civil, que acuerde el
reconocimiento por uno o tres expertos elegidos o
juramentados por el mismo Juez; y en su caso, que
acuerde el depósito y la venta de la parte de ellos
que baste para cubrir el precio del porte."
     Su trata pues de un examen director que realiza
un funcionario judicial ocasional que está englobado
en la prueba de experticia.
     c.- Reconocimiento judicial que es el practicado
por el Juez con fines probatorios.
2.- TIPOS DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL.
     En la doctrina se especifican      cuatro   tipos   de
reconocimiento judicial.
    LA INSPECCION OCULAR.
    LA INSPECCION JUDICIAL.
    CONFRONTACION.
    LA RECONSTRUCCION.
3.- CLASIFICACION DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL
     3.1.- Reconocimiento Judicial simple: Que es
aquel cuando el examen directo con fines probatorios
es realizado por el Juez en un acto dedicado
exclusivamente a este caso.
     3.2.- Reconocimiento Judicial Complejo: Es aquel
establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal.
El juez va a hacer un reconocimiento judicial y al
mismo tiempo, se realiza otra prueba. Hay un conjunto
de pruebas en un solo acto y una de ellas es el
reconocimiento judicial. Son una excepción consagrada
en el CEC, ya que el procedimiento civil no lo
contempla.
4.- LA INSPECCION OCULAR.
     Está consagrada en el artículo 1.428 del Código
Civil:   El reconocimiento o inspección ocular puede
promoverse como prueba en juicio, para hacer constar
las circunstancias o el estado de los lugares o de las
cosas que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra
manera, sin extenderse a apreciaciones que necesiten
conocimientos periciales.
5.- INSPECCION JUDICIAL.
     Consagrada en el artículo 472 del Código de
Procedimiento Civil, "El Juez a pedimento de cualquier
de las partes o cuando lo juzgue oportuno, acordará la
inspección judicial de personas, cosas, lugares o
documentos, a objeto de verificar o esclarecer
aquellos hechos que interesen para la decisión de la
causa o el contenido de documentos.
     La inspección ocular prevista en el Código Civil
se promoverá y evacuará conforme a las disposiciones
de este Capítulo."
     Se diferencia la inspección judicial de la
inspección ocular, en que esta última sólo se refiere
a aquello que el Juez percibe por medio de la vista.
La inspección judicial en contraposición, se refiere a
lo que el Juez percibo por medio de sus sentidos y
debe incluir a la inspección ocular.      Opinamos que
esta división es a todas luces absurda, pero la hace
la Ley y es tajante en ella, por cuanto el legislador
al prever en el CPC a la inspección judicial, precavió
que la ocular se tramitará bajo el mismo procedimiento
del 472 y siguientes del CPC.
     Además, el artículo 938 del CPC prevé la
posibilidad del reconocimiento extralitem, hablando de
inspección ocular y no será nunca lo mismo que la
inspección    judicial.       La   inspección    ocular
extraproceso sólo puede ser una inspección ocular.
6.- LA   CONFRONTACION.     No   conlleva  descripción
alguno, sino que es un simple cotejo entre dos cosas
para ver si son iguales o no.     No se describen las
cosas sino el resultado mental de la coincidencia de
dos cuerpos físicos.   Ejemplo de ello pueden ser las
tarjas.    Otro ejemplo puede ser el Reglamento de
hierros y señales.
7.- LA RECONSTRUCCION DE HECHOS.
     Está establecida en el artículo 503 del CPC,
"Para comprobar que un hecho se ha producido o pudo
haberse producido en una forma determinada, podrá
también ordenarse la reconstrucción de ese hecho,
haciendo   eventualmente  ejecutar   su  reproducción
fotográfica o cinematográfica.   El Juez debe asistir
al experimento y si lo considera necesario, podrá
encomendar la ejecución a uno o más expertos que
designará al efecto."
     La reconstrucción de hechos se realiza para
comprobar que un hecho que se ha producido o pudo
haberse producido en una forma determinada.    CABRERA
explica que se trata de una especie de comedio en la
cual se vuelve a realizar un hecho que ya desapareció,
para que vuelva a surtir efectos. Pueden actuar tanto
las partes como terceros, los testigos y el Juez no
deja constancia de lo que sucede sino solo y
exclusivamente del resultado o experimento.    Esto es
un reconocimiento porque es un examen directo y es
simple, porque aunque intervienen otros funcionarios,
tienen aquí un rol distinto.
8.- NATURALEZA DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL.
     Algunos consideran que no es un medio de prueba
sino un procedimiento probatorio, siendo esta la tesis
de los autores que sostienen que la prueba es un hecho
que permite conocer otro, y por lo tanto, no existiría
prueba directa.
     Como el reconocimiento permite al juez conocer
directamente los hechos que áun existen, no es un
medio de prueba, como sí serían medios probatorios el
testigo o la experticia.
     Si ello fuera así, la cosa, que sería la prueba
directa no sería prueba.   la verdadera prueba sería
ligar esa cosa con el expediente y lo que en realidad
ingresa al juicio no es la cosa en sí, sino lo que el
juez vio de la cosa.
     Para nosotros el reconocimiento judicial sí es un
medio de prueba por cuanto es el vehículo idóneo para
traer hechos al expediente.
9.- OBJETO DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL.
     El objeto del reconocimiento son los lugares, las
cosas, las personas y los documentos. No son lugares
en particular, sino el lugar o cosa que tenga
obviamente relación con los hechos controvertidos.
     La inspección judicial no se utiliza para copiar
el documento, sino para aclarar cuestiones relativas a
la constitución física del documento, como podrían ser
sus características.
     Con la inspección el Juez podrá dejar constancia
de LAS CIRCUNSTANCIAS, como los accidentes de tiempo,
lugar y otros que sufre el cuerpo, la forma y el sitio
en que se encuentra. EL ESTADO como aquellas huellas
y rastros que contiene la cosa.
     Se ha aceptado que la inspección ocular se
realice sobre las medidas de un cuerpo, así como sobre
las personas dejando constancia de su estado y
características físicas.
     Para ciertos autores (RESENBERG y DOHRING), el
examen de las reacciones y gestos de los testigos son
reconocimientos judiciales.   Otros van inclusive más
allá y dicen que cuando el juez lee un documento hace
un reconocimiento judicial, aunque nosotros pensamos
que eso no es así, porque en realidad son parte de la
prueba de testigos y de la documental.
10.- EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS.
     En   el  mundo   se   regula   estrictamente   el
reconocimiento de las personas, porque puede atentar
en contra de su vida privada e intimidad. La persona
tiene derecho a la intimidad y a la personalidad,
derechos estos consagrados tanto en la Constitución de
la República como en el Pacto de Derecho Civiles y
Políticos.
     En Venezuela se prevén estos reconocimientos y se
impone una sanción a la parte que se niegue someterse
a ellos.    Sin embargo, cuando el examen tenga por
objet a terceros, no se prevé sanción alguna cuando se
niegan a prestarse a ellos.
     No existiría violación a la intimidad y a la vida
privada cuando el examen es hecho en secreto y se
prohíbe la expedición de copias certificadas acerca de
los resulados de los reconocimientos que obviamente se
hacen vertir en actas. El Artículo 505 del CPC habla
de una causa justificada de la negativa de la parte a
querer practicarse los exámenes.
     Si la parte se negare a dejarse practicar un
reconocimiento sobre su persona injustificadamente, de
acuerdo al CPC, el Juez puede sacar de la negativa
presunciones al respecto de las afirmaciones de la
otra parte.   No se trata de una presunción que opera
de pleno derecho, sino que es el juez quien deberá
analizar el caso concreto.
11.- OBJETO DE LA INSPECCION.
     La  inspección tiene   por  objeto   aclarar  o
verificar. Es necesario indicar en la promoción cuál
es el objeto determinado, ya que si es indeterminado
no se podría calificar la pertinencia o impertinencia
de la prueba.       Esto tiene relevancia en la frase
típica que es colocada por la mayoría de los
litigantes   en    sus    escritos   de   promoción   de
inspecciones   que    expresa   "SOBRE  CUALQUIER   OTRO
PARTICULAR QUE SEÑALARE EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION
o ME RESERVO EL DERECHO DE HACER CONSTAR OTROS HECHOS
EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION". A nosotros nos luce
que esa expresión atenta contra el derecho a la
defensa y más específicamente por la ausencia de
posibilidad de controlar a través de la oposición ese
particular.   Cuando la prueba es propuesta por el
promovente, la contraparte debe saber con claridad
cuál será el objeto específico o determinado de la
inspección. Si ello ocurriera, quedará a la parte el
derecho a la oposición de ese específico particular
por motivos de impertinencia (no se sabe el objeto de
la prueba).
12.- REQUISITOS DE EXISTENCIA DE LA INSPECCION.
    12.1.- QUE SEA PRACTICADA POR EL JUEZ.
     Un requisito de existencia de la inspección, es
aquel referido a la presona que debe practicarla. En
otras palabras, para que la inspección exista como
tal, debe ser practicada por un Juez. Ahora bien, en
la práctica se realizan inspecciones que practica la
PTJ como delegado del juez ¿Cómo quedan?. Existirán o
no. En el Código Civil, se establecen excepciones al
principio del carácter judicial de las inspecciones,
cuando por ejemplo se habla de DELEGACION que se hace
a la Primera Autoridad Civil del lugar, para que
practique una inspección ocular y que luego se pasen
al Juez Civil para que expida las partidas de
nacimiento defunción (accidentes catastróficos).
    12.2.- QUE CONSTE EN UN ACTA.
     Si no hay acta no hay reconocimiento. Tiene que
constar en un cuerpo tangible lo que el juez percibió
con sus sentidos.       De acuerdo al Código Civil
(Artículo 1.428) y según el artículo 90 de la Ley
Orgánica   de  la   Corte  Suprema  de  Justicia,  la
inspección ocular no debe ser aceptada si existen
otros medios u otras pruebas que permitan traer a los
autos tales hechos.
    Sin embargo, dicha disposición no puede ni debe
ser interpretada de un modo literal, porque hay medios
que pueden traer los hechos del mismo modo que lo
haría el Juez.
     El  reconocimiento   judicial   es   en   realidad
sustitutivo del hecho que pretende ser probado.      Si
existe la posibilidad de pegar el bien al expediente,
no es menos cierto que puede ser sustituido, porque el
hecho de pegarlo implica una desposesión del bien.
13.- REQUISITOS DE VALIDEZ.
     También puede ser considerado como requisitos de
eficacia probatoria, lo constituye la característica
de quien la practique describa objetivamente los
hechos que capte con los sentido, sin extenderse en
opiniones,   o    en   apreciaciones  que   necesiten
conocimientos periciales, tal cual lo establece el
artículo 475 del CPC.
     La inspección ocular o judicial, ideales, sólo
contiene la narración objetiva que hace el juez de lo
que percibe, sin que en su exposición adelante idea de
las causas de lo que ve, oye o siente o de hechos que
presume en base a lo que percibe con los sentidos.
     El Juez no tiene por qué interrogar a nadie en el
acto, ni consignar opiniones de nadie, ni hacer suyas
opiniones o apreciaciones oídas sobre los hechos que
está narrando.
     Ahora bien, existen una serie de opiniones y
apreciaciones que si deben considerarse tolerables,
siendo no vulnerativas de las disposiciones del CPC.
Pongamos el ejemplo de un avión. ....., porque son o
forman parte de la cultura media.   Distinto sería si
el juez emite conceptos de tipo técnico que requieren
de conocimiento periciales.
     La inspección es un acto del Juez, las partes
apenas si intervienen para hacer observaciones que se
insertan en el acta si así ellas lo piden Art. 474
CPC.
14.- PERSONAS   QUE   INTERVIENEN   EN   EL   RECONOCIMIENTO
JUDICIAL.
     El Juez y el Secretario, las partes y sus
apoderados y unos funcionarios denominados PRACTICOS.
     Los prácticos son funcionarios judiciales que
nombre el Juez, siendo por tanto recusables y su
función es acompañar al Juez para que realice mejor la
inspección.
15.- DIFERENCIAS   DEL   PRACTICO   CON   EL   TESTIGO   Y   EL
PERITO.
      15.1.- CON EL PERITO.
     - Al práctico no lo nombran las partes sino el
Juez, si él cree necesario, mientras que dos de los
peritos son nombrados por las partes.
     -  En   la   inspección  ocular  extralitem,  es
obligatorio el nombramiento del práctico debido a que
no hay control de la prueba.
     - Los prácticos no realizan un dictamen sino que
coadyuvan con el juez en la realización de la
inspección, mientras que en la experticia los peritos
se encargan de elaborar un dictamen, por ser ese
precisamente el objeto de esa prueba.
      15.2.- CON LOS TESTIGOS.
     - El práctico es un funcionario judicial, no así
los testigos.
      - Los testigos no se recusan sino que se tachan.
     - Los prácticos reciben emolumentos de acuerdo
con la Ley de Arancel Judicial y los testigos, si lo
solicitan, la indemnización.
     - Los prácticos dan informaciones que pueden no
versar sobre los hechos de la causa, los testigos se
refieren a los hechos de la causa.
      - A los testigos se le leen las generales de ley,
     - Los prácticos no son repreguntados y sus
informes pueden no asentarse en el acta. Todo lo que
dicen los testigos se asientan en el acta.
     - Los prácticos son discrecionales     del Juez y
los testigos son promovidos por las partes.
  -   El   auto  para   mejor proveer puede  nombrar
      prácticos, mientras que los testigos no están
      previstos en el auto.

								
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