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									Acción de Amparo Ambiental Competencia Temporalidad de la Acción
Legitimación Activa - Legitimación Pasiva – Admisibilidad

Expte. 2988 - "Cirignoli Sebastián c/ Sánchez María Valentina; Sánchez Carlos César y
Sánchez María Antonia y/o C.Q.R.P. del inmueble y/o Instituto Correntino del Agua y el
Ambiente (I.C.A.A.) s/Amparo" - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE CORRIENTES - 13/10/2006


"El llamado "amparo ambiental" es un proceso debidamente caracterizado en la doctrina y
jurisprudencia de nuestros Tribunales y aceptado en general pacíficamente como la vía
procesal más adecuada cuando se trata de la defensa que hace al ambiente sano y
equilibrado, derecho humano fundamental consagrado constitucionalmente." (Del voto
del Dr. Rodríguez)

"Se encuentra comprometido el orden público ambiental y todos tenemos la obligación de
defender el ambiente, conforme la expresa normativa constitucional del art. 41º de nuestra
CN. Ello implica que no existen excepciones para tal deber constitucional y tal obligación
es aplicable también a los que integramos el Poder Judicial de la Provincia, por ende no
puede haber restricciones en el ejercicio de una acción que pretende proteger los intereses
supraindividuales correspondientes al derecho que todos tenemos de gozar de un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano." (Del voto del Dr.
Rodríguez)

"Cabe advertir de inicio en las causas ambientales que no se trata de conflictos típicos,
clásicos, tradicionales, normales, ordinarios. Son casos atípicos. Extraordinarios.
Anómalos. Que requieren de la Magistratura un esfuerzo creativo, tendiente a adecuar las
viejas e insuficientes instituciones, pensadas para cuestiones adversariales del siglo XIX,
toda vez que a través de estas demandas se implementan, esgrimen o acumulan
pretensiones duales, bifrontes, de textura imbricada." (Del voto del Dr. Rodríguez)

"La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los
ciudadanos tiene respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna,
de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos
ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras,
porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo.
La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque
es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular
energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos
constitucionales." (Del voto del Dr. Rodríguez)

"Es necesario que se le atribuya al Estado la responsabilidad que deriva de sus actos
riesgosos o lesivos, porque creemos que la finalidad del bien común que se invoca como
sustento y justificación de la actividad estatal tiene un alcance mayor que aquél que se le
diera hasta ahora, y no se agota en el bienestar del habitante sino que abarca también el de
los otros seres humanos y el de otras comunidades vivientes (flora, fauna, etc.) ya que el
mandato -y la obligación para todos- que establece la Constitución en su art. 41º, es del
derecho de gozar y disfrutar de un ambiente sano y equilibrado y ello se logra
defendiendo la "vida" en sentido amplio, no solamente la del Ser Humano, sino de toda la
biodiversidad existente." (Del voto del Dr. Rodríguez)

"Si el perjuicio deriva de la acción estatal, ya fuera porque no ha ejercido los controles
que tenía a su cargo o el poder de policía que le compete de manera indelegable, la
responsabilidad es compartida solidariamente con los funcionarios que por omisión
hubieren consentido la actividad riesgosa o lesiva, y esa atribución de responsabilidad
surge de los respectivos textos constitucionales." (Del voto del Dr. Rodríguez)
N° 50. Corrientes, trece (13)) de octubre de 2006.//-

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CIRIGNOLI SEBASTIÁN c/ SÁNCHEZ MARÍA
VALENTINA;; SÁNCHEZ CARLOS CÉSAR Y SÁNCHEZ MARÍA ANTONIA Y/O
C.Q.R.P. DEL INMUEBLE Y/O INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y EL
AMBIENTE (I.C.A.A.) s/ AMPARO", Expte. N° 2.988; -

Y CONSIDERANDO: El Sr. Vocal Dr. Carlos Aníbal RODRÍGUEZ dijo:

1.- Que SEBASTIÁN CIRIGNOLI, por medio de apoderada, inicia acción de amparo
contra María Valentina Sánchez, Carlos César Sánchez y María Antonia Sánchez y/o
contra quien resulte propietario del inmueble y/o quien resulte responsable de la ejecución
de las obras; como asimismo contra el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente
(I.C.A.A.), solicitando el cese de la actividad generadora del daño ambiental colectivo
que se denuncia y que produce la alteración relevante y negativa del medio ambiente, sus
recursos naturales y el equilibrio del ecosistema del Parque Provincial del Iberá, así como
la afectación en especial de los bienes y valores colectivos que lo componen. -

2.- Atribuye a los demandados la manifiesta, arbitraria y lesiva conducta que realizaron
en el inmueble identificado por Adrema N1-001124-3 (en las inmediaciones del Paraje
Capivari, de un maletón y un canal de aproximadamente 6 Km. de longitud que
desemboca en la laguna "Trim", en la costa de los "Esteros del Iberá". -
Se afirma que de las aproximadamente 400 hectáreas del predio un tercio de su superficie
presenta tapias. Ello implica que, al tener pendiente hacia los Esteros del Iberá, el riego e
inundación que se produzca en las mismas provocaría el drenaje de excedente de sus
aguas, junto a los agroquímicos y fertilizantes allí diluidos, impactando directamente
sobre el humedal. -
Se suma a ello la extracción y utilización directa de aguas públicas, no autorizadas por el
Estado, así como los impactos que ha tenido el desmonte no () autorizado que se ha
efectuado para la construcción de la arrocera objeto de esta presentación. Todo, sin
permiso ni autorización alguna por parte del Estado, el cual, por otra parte, no podría
contravenir un marco jurídico basado en leyes y disposiciones constitucionales que
configuran el marco jurídico de protección. -
La demanda se inicia asimismo contra el I.C.A.A. en virtud de la arbitraria y lesiva
omisión de su deber de controlar las obras que se mencionan y que producen una clara
afectación del derecho al ambiente sano, garantizado por la Constitución y por las normas
derivadas de ellas.-
Se acompaña prueba documental, que acredita que las obras han sido iniciadas sin contar
con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el permiso del uso de
aguas públicas, los que deben ser emitidos por el organismo codemandado y de manera
previa al inicio de la construcción de este tipo de obras.-
Solicita el cese inmediato y paralización total de las actividades que involucra la obra,
hasta tanto se cumpla con la totalidad del Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental y se obtenga la habilitación y permisos legales correspondientes.-
Se hace reserva de solicitar la recomposición del ambiente a su estado anterior. -

3.- Fundamenta su legitimación para iniciar la acción de amparo y su procedencia.-

4.- En los fundamentos de la acción y en el capítulo de hechos, reitera lo mencionado en
arrocera y el grave riesgo al ecosistema del Iberá por el potencial arrastre de los excesos o
restos de fertilizantes y agroquímicos utilizados en las plantaciones. La alta cuenca de los
Esteros del Iberá drena hacia el Río Corrientes, y cuenta con escasa pendiente, menor al
0,00004 %. -
Relata que de los informes del I.C.A.A. no se han realizado: 1) Inspección del
Establecimiento; 2) Obtención de la autorización de Parques y Reservas (por localizarse
dentro de la Reserva Provincial de Iberá) y 3) La celebración de la audiencia pública. -
Aclara que la solicitud de concesión de uso de aguas, no sustituye ni inhibe la obligación
de llevar a cabo el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de manera
previa.-
Por ello -dice-, cabe concluir que la construcción del maletón denunciado ha sido hecha
en forma clandestina y sin contar con la autorización administrativa correspondiente. -
Que el actor presentó en el expediente administrativo tramitado ante el I.C.A.A. su
oposición a la concesión, alertando a dicho organismo sobre los hechos.-

5.- Detalla los impactos de la actividad arrocera:
I) La preparación de los sitios donde se cultivará arroz conlleva a la realización de
distintas modificaciones en el suelo, como el roturado y la nivelación que faciliten los
procesos erosivos y el lavado de sedimentos y nutrientes del suelo hacia los cuerpos de
agua periféricos.-
II) La construcción de tapias y terraplenes para el manejo de drenaje, no sólo modifica la
topografía del sitio con sus consecuencias a gran escala en el medio sino que también
favorece el establecimiento de especies vegetales exóticas sobre las mismas, produciendo
modificaciones en las cadenas y redes tróficas locales. -
III) Los herbicidas utilizados en las arroceras (glifosato, paraquat) y los insecticidas
(carbofuran y endosulfan), permanecen en el agua por períodos variables: hasta 3 meses,
en el caso del glifosato y hasta 13 años, en el caso de carbofuran. El agua utilizada para
inundar el cultivo, al ser luego drenada hacia otros sitios, contamina a su vez los cursos de
agua y los cuerpos receptores, afectando la vida acuática y terrestre. El uso de
agroquímicos y la presencia de una capa casi permanente de agua hacen que el cultivo
continuado de arroz destruya la capa superficial de los suelos y altere la estructura y
composición de los mismos, disminuyendo su fertilidad. -
IV) La utilización de fertilizantes y el proceso de lavado y de inundación y drenaje de
aguas hacia campos vecinos o cursos de agua, produce un aumento y acumulación de
nutrientes en arroyos, lagunas y bañados, aumentando los procesos de eutrofización que
llevan finalmente a disminución. -

6.- Cita bibliografía sobre el impacto de la agricultura del arroz en la periferia del Iberá y
su alto impacto ambiental. -

7.- Hace notar el incumplimiento de la Ley de Preservación del Ambiente (Nº 4.731) y
del Código de Aguas de la Provincia (Dcto. Ley N° 191/01), en lo referente a la
Evaluación de Impacto Ambiental previa a la realización de obras y actividades como las
detalladas.-

8.- Denuncia el desmonte realizado sobre bosques nativos, violándose de esa manera la
Ley N° 5.175 de Preservación y Conservación de los Bosques Nativos de la Provincia de
Corrientes.-

9.- Resalta la violación del principio de prevención ambiental y la responsabilidad del
I.C.A.A. por la falta de Evaluación de Impacto Ambiental.-

10.- Realiza consideraciones sobre la importancia del área comprometida, la Reserva
Provincial del Iberá y los límites a la propiedad privada en razón del derecho al desarrollo
sustentable y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. -
Sobre la competencia del tribunal.-
Además ofrece pruebas e introduce el caso federal. -

11.- En primer lugar entonces, corresponde merituar la admisibilidad formal de la acción
de amparo interpuesta y en tal sentido debemos considerar los siguientes aspectos: -

a) COMPETENCIA: El Tribunal es competente para entender en la causa, en primer
lugar por cuanto las acciones ambientales son de competencia de los tribunales ordinarios
(art. 32 - Ley 25.675). -En segundo lugar, por lo dispuesto por el art. 5, inc. 5) del CPCC
de la Provincia, en cuenta que el I.C.A.A. tiene domicilio legal en esta ciudad.
Recordando que en esta Sala IV, se declaró competente y admisible el amparo en un caso
similar, en autos: "FRAGA JUAN DE LA CRUZ c/ ARROCERA ROGELIO
ZAMPEDRI S.A. Y/O Q.R.R. Y EL INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y EL
AMBIENTE (I.C.A.A.) s/ ACCIÓN SUMARÍSIMA DE AMPARO" (Resolución Nº 07
del 24.02.2006).

        En autos se ha invocado "acto u omisión de autoridades públicas o de particulares,
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución" (art. 43º de
la CN); en tal sentido soy de opinión que el amparo es el medio más idóneo para la
protección de los derechos colectivos que se dice en la demanda fueron violados. Este
instituto, a partir de su nueva formulación, ha dado lugar a una polémica doctrinaria
acerca de la naturaleza de la acción, toda vez que se discute si constituye un acción
principal, alternativa, regular, autónoma, ordinaria, directa o si por el contrario sigue
revistiendo carácter excepcional, residual heroica, sólo reservada para situaciones
delicadas de extrema urgencia (Conf. Augusto M. Morello - Néstor A. Cafferatta, Visión
Procesal de las Cuestiones Ambientales, Ed. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2004, pp.
211/212). - Nuestro máximo Tribunal provincial al expedirse al respecto en los autos
"ROIG MARCOS OSVALDO Y OTROS c/ESTADO DE LA PROVINCIA DE
CORRIENTES Y/O Q.R.R. s/ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 19.707/02, dijo: "El
solo hecho de existir vías administrativas no es óbice para la procedencia del amparo,
sino que el otro medio debe ser 'más idóneo' (art.43 CN) y a ese respecto la idoneidad no
sólo tiene que ver con la celeridad, sino con la mayor aptitud para proteger ese
derecho......". "La vía protectora del amparo únicamente podría quedar descartada ante la
existencia de otro medio de similar función tuitiva, pero de mayor eficacia o aptitud para
satisfacer la pretensión del reclamante" "....el proceso común y de conocimiento con
tramitación ante un órgano pluripersonal como lo es el contencioso administrativo, no
configura la vía procesal más idónea a la cual se refiere el art. 43º de la Constitución
Nacional para excluir la admisibilidad de la acción de amparo, aún cuando durante su
tramitación pueda el actor obtener el dictado de medidas cautelares" (S.T.J.C. en anterior
composición, Agosto 28-998; LL t. 1998 - 2, pág. 536). -Entiendo entonces que la vía
elegida es la adecuada y es en definitiva el medio procesal elegido por la actora para
hacer valer sus derechos y por ende la considera la más adecuada, ha ejercido en tal
sentido una opción que la ley y la jurisprudencia lo admite (conf. María Angélica Gelli,
Constitución de la Nación Argentina, Ed. La Ley, Bs. As., 2005, p. 492; Carlos Aníbal
Rodríguez, "Introducción al Derecho Procesal Ambiental Argentino", La Ley, Revista
Jurídica Paraguaya, año 29, Nº 2, Asunción, marzo de 2006, p. 169). Se trata además de
un llamado "amparo ambiental", un proceso debidamente caracterizado en la doctrina y
jurisprudencia de nuestros Tribunales y aceptado en general pacíficamente como la vía
procesal más adecuada cuando se trata de la defensa que hace al ambiente sano y
equilibrado, derecho humano fundamental consagrado constitucionalmente (conf. opinión
de esta sala IV en autos: "COSIMI, MARÍA DEL CARMEN c/ DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES s/ ACCIÓN DE AMPARO", Expte.
Nº 2.575, Res. Nº 40 del 5 de octubre de 2005) [Ver comentario de dicho fallo de la Dra.
MARÍA EUGENIA DI PAOLA, en La Ley Litoral, año 10, Nº 2, marzo de 2006, pp.
135/145].-
b) Temporalidad de la acción instaurada: Que entiendo que la acción instaurada es viable
en razón de que: -
I) Se trata de un acción de particulares y de una omisión de un ente público que está
comprendida dentro de lo que nuestro Superior Tribunal de Justicia ha denominado la
ilegalidad continuada (Res. Nº 152/05, in re: "Legajo de apelación en: Ojeda", Res. Nº
149/05 in re: "Cáceres", entre otros; Conf. Silvia L. Esperanza, "Cuestiones Procesales en
la Acción de Amparo y la Doctrina del Superior Tribunal de Corrientes" , en Revista La
Ley Litoral, agosto 2006, pp.843/849). -
II) Pero por sobre todas las cosas porque la Ley 25.675 -Ley General del Ambiente-,
establece en su art. 32 que para este tipo de acciones no pueden existir restricciones de
ningún tipo o especie para el acceso a la jurisdicción, no rigiendo en el caso los plazos de
caducidad para iniciar la acción, en especial el establecido para la acción de amparo
(Conf. Carlos Aníbal Rodríguez, Derecho Ambiental Argentino, Ed. Moglia, Corrientes,
2005, p. 333).-
III) Además se encuentra comprometido el orden público ambiental y todos tenemos la
obligación de defender el ambiente, conforme la expresa normativa constitucional del art.
41º de nuestra CN. Ello implica que no existen excepciones para tal deber constitucional
y tal obligación es aplicable también a los que integramos el Poder Judicial de la
Provincia, por ende no puede haber restricciones en el ejercicio de una acción que
pretende proteger los intereses supraindividuales correspondientes al derecho que todos
tenemos de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.-

c) Legitimación activa: El actor denuncia domicilio en la localidad de Colonia Carlos
Pellegrini, localidad que se encuentra dentro a la vera de los Esteros del Iberá, a la vez
integrante del Microsistema del Iberá de 13.000 Km2, extensión que comprende casi el
15% del total de la superficie de la Provincia de Corrientes. -
Por otro lado, independientemente del actual domicilio de los demandados, se los
demanda por ser propietarios o responsables de obras realizadas en una propiedad que se
encuentra también dentro de la Reserva Provincial del Iberá.-
Va de suyo que existe una conexión clara de vecindad entre el domicilio del actor (vecino
de los Esteros del Iberá) y de los responsables de las obras denunciadas, realizadas en un
inmueble que también se encuentra dentro de los límites de los Esteros del Iberá. -
Y que toda actividad que pueda perjudicar al ecosistema del Iberá lo afectaría en su
derecho subjetivo de disfrutar de un bien que es común a todos y que todos tenemos la
obligación de defender.-
Sin perjuicio de ello, el actor está legitimado expresamente como persona, para solicitar
mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental
colectivo. -
Ha dicho la Corte Suprema que la reforma constitucional de 1994 introdujo "...una
modificación trascendente en relación a la acción de amparo, otorgándole una dinámica
desprovista de aristas formales que obstaculicen el acceso a la jurisdicción cuando están
en juego garantías constitucionales y ampliando la legitimación activa de los pretensores
potenciales en los casos de incidencia colectiva en general" (CSJN, 4/7/2003, "Sindicato
Argentino de Docentes Particulares c/ PEN", LL, 30/10/2003, p. 4, fallo 106.419 citado
por Alfredo E. Isola, "Amparo Ambiental: ¿Es el 'amparo virtual', una alternativa válida
para implementarlo como nuevo procedimiento?" , en Derecho Procesal Constitucional,
obra colectiva bajo la dirección de Mario Masciotra, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2006, p. 186).-
Actualmente y luego del dictado de la ley 25.675 - Ley General del Ambiente-, la
legitimación para interponer la acción de amparo es amplísima (popular) cuando se
refiere, como en el caso, de una acción anulatoria de la legalidad. Por cuanto se
contraviene la manda constitucional en materia de derechos humanos de tercera
generación -y con manifiesta arbitrariedad, y necesidad de una protección urgente- y se
habilita tal legitimación amplísima, mediante una acción de cese como la establecida en el
art. 30º de la Ley 25.675 (Conf. José A. Esain, "Amparo Ambiental y Legitimación ¿El
desembarco de la acción popular ambiental?, en Derecho Procesal Constitucional, op. cit.,
p. 146).-
Cabe advertir de inicio en las causas ambientales (que mueven a decenas, cientos o miles
de seudolegitimados de obrar) que no se trata de conflictos típicos, clásicos, tradicionales,
normales, ordinarios. Son casos atípicos. Extraordinarios. Anómalos. Que requieren de la
Magistratura un esfuerzo creativo, tendiente a adecuar las viejas e insuficientes
instituciones, pensadas para cuestiones adversariales del siglo XIX, toda vez que a través
de estas demandas se implementan, esgrimen o acumulan pretensiones duales, bifrontes,
de textura imbricada: 1) de naturaleza pública, difusa, de incidencia colectiva,
supraindividual, de categoría o de clase; 2) de naturaleza individual, personal, directa
(Conf. Augusto M. Morello - Néstor A. Cafferatta, Visión Procesal de las Cuestiones
Ambientales, Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2004, p. 146). -
Ya que como bien dice Lorenzetti, el paradigma ambiental es desde el punto de vista
jurídico un problema descodificante porque impacta en el orden legal existente,
planteando uno distinto, sujeto a sus propias necesidades y es, por ello, profundamente
herético. Se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta,
exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho la invitación es amplia: abarca lo
público y lo privado, lo penal y lo civil, lo administrativo y lo procesal, sin excluir a
nadie, con la condición de que adopten nuevas características. El paradigma ambiental
actúa como un principio organizativo del pensamiento retórico, analítico y protectorio,
que se vincula con la interacción sistémica y con los enfoques holísticos (Conf. Ricardo
Luis Lorenzetti, Teoría de la Decisión Judicial, Fundamentos de Derecho, Ed. Rubinzal
Culzoni, Sta. Fe, 2006, p. 425). -
No podría ser de otra manera, ya que la acción popular, que consagra la Ley 25.675, más
que un derecho subjetivo en interés propio del ciudadano, es el derecho subjetivo para
ejercer la acción: un derecho a la acción. Existe una expansión de la sustancia pública
jurídica que significa vivir en sociedad y defender las libertades sociales y públicas. Con
la acción popular se busca defender la verdad real y no la verdad formal, el patrimonio
social y el orden público (Conf. Humberto Quiroga Lavié, El Amparo Colectivo, Ed.
Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 1998, p. 105). -
Sin lugar a dudas el caso "Mendoza, Beatriz S. y otros v. Estado Nacional y otros s/
Daños y Perjuicios derivados de la contaminación del Río Matanza - Riachuelo", fallo del
20 de junio de 2006, marca una nueva etapa en la defensa de los bienes públicos
ambientales. -
Es de suma importancia el concepto de "tutela del ambiente" que define la Corte: "La
tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los
ciudadanos tiene respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna,
de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos
ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras,
porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo.
La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque
es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular
energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos
constitucionales" (Conf. Carlos Aníbal Rodríguez, "La defensa de los bienes públicos
ambientales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", en Doctrina Judicial, Ed. La
Ley, 5.07.2006, pp. 703/710).-
Por ende, de acuerdo a lo analizado, el actor se encuentra suficientemente legitimado para
iniciar la presente acción de amparo. -

d) LA LEGITIMACIÓN PASIVA: En autos se demanda a particulares y al INSTITUTO
CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE (I.C.A.A.), autoridad que tiene a su
cargo el cumplimiento de las leyes ambientales (art. 9º inc. b), del Dcto. Ley 212/2001).
Creemos, como lo hace la doctrina, que no sólo, sino que hasta es necesario que se le
atribuya al Estado la responsabilidad que deriva de sus actos riesgosos o lesivos, porque
creemos que la finalidad del bien común que se invoca como sustento y justificación de la
actividad estatal tiene un alcance mayor que aquél que se le diera hasta ahora, y no se
agota en el bienestar del habitante sino que abarca también el de los otros seres humanos
y el de otras comunidades vivientes (flora, fauna, etc.) ya que el mandato -y la obligación
para todos- que establece la Constitución en su art. 41º, es del derecho de gozar y
disfrutar de un ambiente sano y equilibrado y ello se logra defendiendo la "vida" en
sentido amplio, no solamente la del Ser Humano, sino de toda la biodiversidad existente
(cada día más amenazada de extinción). Si el perjuicio deriva de la acción estatal, ya
fuera porque no ha ejercido los controles que tenía a su cargo o el poder de policía que le
compete de manera indelegable, la responsabilidad es compartida solidariamente con los
funcionarios que por omisión hubieren consentido la actividad riesgosa o lesiva, y esa
atribución de responsabilidad surge de los respectivos textos constitucionales
(Constitución de la Provincia de Corrientes, Artículo 27. Los principios, garantías y
declaraciones establecidos en esta Constitución no podrán ser alterados bajo pena de
nulidad, por las Leyes que los reglamenten. Toda Ley, decreto, orden o resolución
emanados de las autoridades, que impongan a los principios, libertades y derechos
consagrados por esta Constitución otras restricciones que las que la misma permite o
priven a los habitantes de la Provincia de las garantías que ella asegura, serán nulas y sin
valor alguno. Sin perjuicio de las reclamaciones por inconstitucionalidad, los
damnificados por tales disposiciones podrán deducir ante quienes corresponda las
acciones procedentes contra los funcionarios o empleados públicos, hayan o no cesado en
su mandato, que los hubieren autorizado o ejecutado, sin que puedan eximirse de
responsabilidad en caso alguno, alegando orden o aprobación superior) [Conf. Héctor
José Bibiloni, El Proceso Ambiental, Ed. LexisNexis, Bs. As. 2005, pp. 300/301]; es por
ello que la legitimación pasiva también está justificada en autos.-

12.- Que entiendo además que en uso de las facultades dispuestas en el art. 32º de la Ley
25.675, corresponde específicamente determinar en el informe de ley respectivo los
puntos sobre los cuales el Tribunal considera importantes que se contesten a fin de
facilitar la resolución de la presente causa.-
Por lo que entiendo corresponde declarar admisible formalmente el amparo interpuesto y
en consecuencia propicio: 1º) Declarar admisible la acción de amparo ambiental
instaurada en autos y en su consecuencia tener a los presentantes por parte, en mérito del
poder acompañado y por constituido domicilio; 2º) Requerir por cédula un informe
circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la cuestión planteada en
autos, en el término de ocho (8) días hábiles, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art.
8º de la Ley N° 2.903, adjuntando a tal efecto las copias acompañadas, a: 1) Los
demandados María Valentina Sánchez, Carlos César Sanchez y María Antonia Sánchez
y/o contra quien resulte propietario del inmueble y/o contra quien resulte responsable de
la ejecución de las obras y actividades denunciadas; 2) INSTITUTO CORRENTINO
DEL AGUA Y EL AMBIENTE; en el informe respectivo se deberá especificar: a) Si se
realizaron: Pedido, Estudio de Impacto Ambiental y/o Evaluación de Impacto Ambiental
para la extracción de agua y para la construcción de la obra en el inmueble indicado en la
demanda, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 5.067 y su
modificatoria N° 5.517 y Ley Nacional N° 25.675 arts. 11º, 12º, 13º, 21º y concordantes;
b) Si en dichos Pedido y/o Informe de Impacto Ambiental y/o Evaluación de Impacto
Ambiental se ha tratado expresamente los efectos que sobre la fauna, flora, agua, suelo y
subsuelo ocasiona la actividad económica realizada por los demandados -arrocera-, en la
Reserva Provincial del Iberá y en especial en las aguas que la componen; c) Los efectos
que sobre las aguas del Iberá producirá la utilización de fertilizantes, biocidas, fungicidas,
herbicidas por la arrocera, denunciados en la demanda; 3) FISCALÍA DE ESTADO DE
LA PROVINCIA; quien deberá también informar además, por intermedio de la Dirección
Provincial de Recursos Forestales, dependiente del Ministerio de la Producción, Empleo y
Turismo, si se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 5.175 de
PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS DE LA
PROVINCIA, arts. 4° y 5° y Decreto Reglamentario N° 1.014 del 9 de agosto de 2001
(arts. 5°, 6° y concordantes), en el inmueble de los demandados; 3°) Hacer conocer,
mediante cédula, el contenido de la presente demanda, con las copias acompañadas, al Sr.
FISCAL GENERAL del Ministerio Público, en virtud de lo dispuesto por el art. 1° del
Dcto. Ley 21/00, para que tome intervención en autos, como legitimado legalmente en la
defensa de los intereses colectivos y difusos de la sociedad. A tal efecto la parte actora
deberá presentar las copias para los traslados faltantes; 4°) Librar el oficio solicitado en el
punto 3° del petitorio de la demanda; 5°) Por ofrecidas las pruebas que se indican; 6°)
Téngase presente la reserva del caso federal; 7°) A lo demás, oportunamente si
correspondiere. Es mi voto.-
A la misma cuestión, el Sr.Vocal Dr. José Justo CASCO dijo: Que compartiendo los
fundamentos y conclusiones a que arriba el Sr.Vocal preopinante, adhiere a los mismos y
vota en igual sentido. -

Por ello, S E R E S U E L V E: 1º) Declarar admisible la acción de amparo ambiental
instaurada en autos y en su consecuencia tener a los presentantes por parte, en mérito del
poder acompañado y por constituido domicilio. 2º) Requerir por cédula un informe
circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la cuestión planteada en
autos, en el término de ocho (8) días hábiles, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art.
8º de la Ley N° 2.903, adjuntando a tal efecto las copias acompañadas, a: 1) Los
demandados María Valentina Sánchez, Carlos César Sanchez y María Antonia Sánchez
y/o contra quien resulte propietario del inmueble y/o contra quien resulte responsable de
la ejecución de las obras y actividades denunciadas; 2) INSTITUTO CORRENTINO
DEL AGUA Y EL AMBIENTE; en el informe respectivo se deberá especificar: a) Si se
realizaron: Pedido, Estudio de Impacto Ambiental y/o Evaluación de Impacto Ambiental
para la extracción de agua y para la construcción de la obra en el inmueble indicado en la
demanda, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 5.067 y su
modificatoria N° 5.517 y Ley Nacional N° 25.675 arts. 11º, 12º, 13º, 21º y concordantes;
b) Si en dichos Pedido y/o Informe de Impacto Ambiental y/o Evaluación de Impacto
Ambiental se ha tratado expresamente los efectos que sobre la fauna, flora, agua, suelo y
subsuelo ocasiona la actividad económica realizada por los demandados -arrocera-, en la
Reserva Provincial del Iberá y en especial en las aguas que la componen; c) Los efectos
que sobre las aguas del Iberá producirá la utilización de fertilizantes, biocidas, fungicidas,
herbicidas por la arrocera, denunciados en la demanda; 3) FISCALÍA DE ESTADO DE
LA PROVINCIA;; quien deberá también informar además, por intermedio de la
Dirección Provincial de Recursos Forestales, dependiente del Ministerio de la
Producción, Empleo y Turismo, si se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N°
5.175 de PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS DE
LA PROVINCIA, arts. 4° y 5° y Decreto Reglamentario N° 1.014 del 9 de agosto de
2001 (arts. 5°, 6° y concordantes), en el inmueble de los demandados. 3°) Hacer conocer,
mediante cédula, el contenido de la presente demanda, con las copias acompañadas, al Sr.
FISCAL GENERAL del Ministerio Público, en virtud de lo dispuesto por el art. 1° del
Dcto. Ley 21/00, para que tome intervención en autos, como legitimado legalmente en la
defensa de los intereses colectivos y difusos de la sociedad. A tal efecto la parte actora
deberá presentar las copias para los traslados faltantes. 4°) Librar el oficio solicitado en el
punto 3° del petitorio de la demanda. 5°) Por ofrecidas las pruebas que se indican. 6°)
Téngase presente la reserva del caso federal. 7°) A lo demás, oportunamente si
correspondiere. 8°) Insértese copia, regístrese y notifíquese. Fdo.: Dr. Carlos Aníbal
Rodríguez. Dr. José Justo Casco. Ante mí: Dr. Alejandro Daniel Marasso - Secretario.//-

								
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