cuya inconstitucionalidad reclamamos mediante la presente demanda de amparo indirecto by IV020y

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									                                    AMPARO INDIRECTO

                                    QUEJOSOS:
                                    (nombre de quien encabeza) y
                                    otros

                                    TERCERO PERJUDICADO:
                                       (señalamiento del patrón de
                                        grupo de trabajadores) e

                                          Instituto de Seguridad y
                                           Servicios Sociales de los
                                           Trabajadores del Estado

                                    AUTORIDADES
                                    RESPONSABLES:
                                        H. Congreso de la Unión,
                                         Integrado Por la Cámara
                                         de Diputados y la Cámara
                                         de Senadores
                                        C. Presidente de los
                                         Estados             Unidos
                                         Mexicanos
                                        C.       Secretario      de
                                         Gobernación
                                        C. Director del Diario
                                         Oficial de la Federación
                                        Instituto de Seguridad y
                                         Servicios Sociales de los
                                         Trabajadores del Estado.
                                        Secretaría de Hacienda y
                                         Crédito Público

                                    LEY RECLAMADA:

                                    Ley del Instituto de Seguridad
                                    y Servicios Sociales de los
                                    Trabajadores del Estado, en los
                                    artículos que se mencionan.

EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO, en turno.
(o el que sea competente conforme
al domicilio del patrón)
Presente .
Los suscritos, trabajadores en activo al servicio de (nombre completo del patrón, ya
sea secretaría o dependencia o descentralizada u otra), calidad que acreditamos con el
ejemplar de los formatos personalizados de cada uno de los promoventes, en que
constan las percepciones salariales y las deducciones salariales, que nos ha expedido
dicho patrón, documentos todos ellos en que, entre otros conceptos, constan los
descuentos de cuotas a nuestro cargo practicadas por el patrón a quien prestamos
servicios para enterarlas al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, (ISSSTE) por diversos conceptos vinculados a
los servicios de seguridad social que nos presta dicho Instituto. Con estas
documentales se acredita el interés jurídico de los suscritos para accionar el
amparo indirecto que estamos promoviendo. TODOS LOS SUSCRITOS, POR
NUESTRO PROPIO DERECHO, ESTAMOS ACCIONAMOS EN LA PRESENTE VÍA
DE AMPARO INDIRECTO y al efecto, con fundamento en el artículo 20 de la Ley de
Amparo, designamos como REPRESENTANTE COMÚN al también trabajador quejoso
(señalar el nombre del trabajador que encabece) y señalamos como domicilio para
toda clase de notificaciones (señalar domicilio en la ciudad en que resida el patrón, con
todos los datos) notificaciones que podrán ser recibidas indistintamente por nuestro
representante común y/o por el Lic. Héctor Barba García, cédula profesional 864289,
(y/o adicionar nombre de abogado o abogados que patrocinen al grupo de trabajadores
quejosos en el seguimiento procesal del amparo) y/o Lic. José Salvador Rodríguez
Flores y/o Lic. Luis Amaya Rojas y/o Lic. María de Jesús Nieves García y/o Lic. Blanca
Consuelo Gutiérrez Camargo y/o Lic. África Leonor González Manterota y/o Lic. José
Arturo Blázquez Guevara y/o pasantes en derecho Héctor Solano Cid y/o Carla Barba
Sánchez, personas todas ellas a quienes autorizamos en los términos del artículo 27 de
la Ley de Amparo a efecto de actúen en ejercicio de las respectivas facultades que les
otorga dicho numeral de manera conjunta o separada e indistintamente. Al efecto, ante
Usted, C. JUEZ, con el debido respeto comparecemos y EXPONEMOS:

       Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 1º fracción I, 4º, 5º y
114 fracción I, de la Ley de Amparo, impetramos a Usted, C. Juez, el AMPARO Y
PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, con motivo del agravio personal y
directo, que se traduce en la afectación a garantías individuales y sociales que
nos causa la nueva la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO en sus artículos que se
impugnan de inconstitucionales y que vician de inconstitucional a la ley en su
conjunto, ordenamiento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del
día treinta y uno de marzo de dos mil siete y que de acuerdo a sus transitorios
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, entró en vigor el día primero de abril de dos
mil siete, con las salvedades establecidas en dichos artículos transitorios, cuyo texto se
transcribe:

      “PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
      su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción
      de los artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, los cuales entrarán en vigor
      el día primero de enero de dos mil ocho.



                                                                                        2
      Lo dispuesto en las fracciones I, V y VI del artículo décimo transitorio les
      será aplicable a todos los Trabajadores hasta que ejerzan el derecho
      previsto en el artículo quinto transitorio.

      SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se abroga la Ley
      del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
      Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete
      de diciembre de mil novecientos ochenta y tres con sus reformas y
      adiciones, con excepción de los artículos 16, 21, 25 y 90 Bis B,
      mismos que estarán vigentes hasta el día treinta y uno de
      diciembre de dos mil siete.

      TERCERO. Se mantendrán en vigor todas las disposiciones
      reglamentarias y administrativas que no se opongan a la presente
      Ley, hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente
      ordenamiento.”

       Los efectos de la aplicación de la ley en impugna, nos agravian en forma
personal y directa al violar nuestros derechos públicos subjetivos y garantías sociales
de naturaleza laboral, toda vez que todos y cada uno de los quejosos, en nuestra
calidad de trabajadores del (nombre del patrón), estamos afiliados al INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO y,
por tanto, quedamos comprendidos dentro de las disposiciones de la ley en cita, cuya
inconstitucionalidad reclamamos mediante la presente demanda de amparo indirecto.

             CARÁCTER AUTOAPLICATIVO DE LA LEY IMPUGNADA

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio
del Estado es autoaplicativa, toda vez que con su simple vigencia causa agravios y
afectaciones a los suscritos, ya que su contenido nos vincula a su cumplimiento en
virtud de que crea, transforma y extingue situaciones concretas de derecho, puesto que
somos trabajadores de ___(nombre del patrón)___; estamos inscritos al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para efecto del goce y
disfrute de las prestaciones que en materia de seguridad social nos corresponde;
cubrimos nuestras cuotas correspondientes; estamos obligados al cumplimiento de
dicha ley reclamada; contamos actualmente con derechos concretos derivados de la ley
anterior que por disposición de la nueva ley serán transformados; estábamos cotizando
en esquemas de jubilación y pensiones que fueron extinguidos del texto actual y que
para los suscritos se aplicarán con varias transformaciones según señalan diversos
Artículos Transitorios de la ley reclamada; se crean nuevas figuras e instituciones que
aplican también para nosotros; se crea un nuevo esquema de seguridad social que
sustituye al anterior, pasando de un modelo de beneficios definidos, sustentado en la
solidaridad, cuyas pensiones y jubilaciones son pagadas por el ISSSTE, establecido en
la ley anterior, a otro de contribución definida, con carácter individual y privatista,
contenido en la nueva ley, la cual crea una cuenta individualizada, en la que el
trabajador deberá aportar más dinero que antes, manejando estos recursos el
PENSIONISSSTE o cualquiera otra Administradora, y en cuanto se haga reclamable su
derecho a gozar de la pensión o jubilación, recibirá dicho fondo con el deber de

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entregarlo a una aseguradora privada para que lo administre y le entreguen como
pensión la renta del mismo, previo cobro de gastos de administración; se extingue el
derecho a recibir la indemnización global; se extingue el Sistema de Ahorro para el
Retiro y las aportaciones existentes fueron decomisadas para que los administre el
PENSIONISSSTE, etcétera; consecuentemente estamos comprendidos dentro de las
disposiciones de la ley referida, cuya inconstitucionalidad hacemos valer mediante el
presente amparo. Al efecto es aplicable la siguiente jurisprudencia que se invoca:
       “Novena Época
       Instancia: Pleno
       Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
       VI, Julio de 1997
       Página: 5
       Tesis: P./J. 55/97
       Jurisprudencia
       Materia(s): Constitucional, Común


       LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN
       EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.

       Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al
       concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las
       normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que
       entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en
       ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su
       vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de
       derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia
       objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite
       conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada
       ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la
       realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien
       puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al
       acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a
       la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera,
       cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma,
       independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia
       de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las
       obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma
       automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el
       perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una
       disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación
       jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización
       de ese evento.

       Amparo en revisión 2104/91. Corporación Videocinematográfica México, S.A. de C.V.
       20 de febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y
       Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
       Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.
 
 Amparo en revisión 1811/91. Vidriera
       México, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
       Secretario: Alejandro Sánchez López.
 
 Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro,
       S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente
       Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor
       Francisco Mota Cienfuegos.
 
 Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8
       de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón.

                                                                                                  4
        Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota
        Cienfuegos.
 
 Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa Engracia, S.A. de C.V. 29
        de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño
        Pelayo y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario:
        Alejandro Sánchez López.
 
 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el
        siete de julio en curso, aprobó, con el número 55/1997, la tesis jurisprudencial que
        antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de mil novecientos noventa y siete.

En virtud de que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado es autoaplicativa, la concesión del amparo deberá declarar la
inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas y por tanto quedarán sin efecto
alguno para los Quejosos, debiéndose restituir el goce de nuestras garantías respecto
de aquellos preceptos que sean declarados institucionales aplicándonos a futuro, por lo
que hace a tales supuestos, los artículos relativos de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado que se encontraban
vigente con anterioridad a dicho acto reclamado. Al efecto es aplicable, en lo que cabe
al supuesto que se refiere a las leyes autoaplicativas, la siguiente jurisprudencia:

     Novena Época
     Instancia: Pleno
     Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
     X, Noviembre de 1999
     Página: 19
     Tesis: P./J. 112/99
     Jurisprudencia
     Materia(s): Constitucional, Común


     AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO
     CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.

     El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los
     artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el
     sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en
     que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin
     embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que
     otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación
     que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y
     finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al
     quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo
     contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo
     tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa
     que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la
     protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría
     la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva
     en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que
     la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por
     los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger
     al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de
     Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un
     amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la
     ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie
     debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo,
     los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas


                                                                                                        5
     inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y,
     finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en
     amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al
     particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de
     aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso
     proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes
     precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso.
     Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al
     peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de
     relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de
     aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como
     heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que
     esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.

     Amparo en revisión 3912/86. Vidriera Los Reyes, S.A. 23 de febrero de 1989. Mayoría de
     catorce votos. Ausente: Ángel Suárez Torres. Disidentes: Noé Castañón León, Manuel
     Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores y Carlos del Río
     Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez.
     Secretaria: Martha Moyao Núñez.
 
 Amparo en revisión 4823/87. Hako Mexicana, S.A. 28
     de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco.
     Disidentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores, Ángel
     Suárez Torres y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz.
     Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
 Amparo
     en revisión 1897/95. Calixto Villamar Jiménez. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos;
     unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Juan
     Díaz Romero. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Armando
     Cortés Galván. 
 
 Amparo en revisión 1404/95. Carlos Alberto Hernández Pineda. 13 de
     abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio
     contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco de
     Jesús Arreola Chávez.
 
 Amparo en revisión 6/97. María Isabel Díaz Ulloa. 13 de abril de
     1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido
     en esta tesis. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz
     Blanco.
 
 El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en
     curso, aprobó, con el número 112/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
     Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.



                                         COMPETENCIA

Ese H. Juzgado de Distrito es competente por materia para conocer de la presente
demanda de amparo atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, pues la expedición
de una nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, al ser ésta reglamentaria del apartado “B” del articulo 123 Constitucional,
afecta los derechos laborales emanados de esa disposición constitucional, de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley Federal del Trabajo. En
efecto, la competencia de este H. Juzgado se funda en lo previsto en los artículo 114
fracción I, de la Ley de Amparo y 55 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación.

En tal orden de ideas, se solicita a este H. Juzgado asuma la competencia para conocer
de la presente demanda de garantías, criterio que se robustece con el sostenido en la
jurisprudencia que a continuación se reproduce, la que fuera sustentada en la Séptima


                                                                                                     6
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: VII, Conflictos Competencias,
P.R., Tesis: 322, Página: 303

     “ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR
     AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL
     AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA
     LABORAL /MULTAS).- En el caso de un problema competencial en amparo indirecto la
     resolución del conflicto debe atender exclusivamente a la naturaleza material del acto
     reclamado. Ahora bien, desde el punto de vista material que corresponde al acto en sí, y no
     a su origen, el acto reclamado es de naturaleza laboral cuando consiste en una multa
     impuesta por el Secretario de Trabajo y Previsión Social a una empresa por haber infringido
     ésta, diversas disposiciones tanto de la Ley Federal del Trabajo, como de los Reglamentos
     de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y de Higiene del Trabajo, sin que la
     circunstancia de que la multa impuesta no haya derivado de un conflicto obrero-patronal,
     sindical o de un laudo, implique que dicho acto no esté comprendido dentro de la materia de
     trabajo, pues la hipótesis que contempla el artículo 42 bis de la Ley Orgánica del Poder
     Judicial de la Federación, no se agotan, únicamente, en este tipo de conflictos, sino que
     comprenden además, particularmente en la fracción III de dicho numeral, todas aquellas
     cuestiones en seguridad social de estos últimos, como sucede si se impuso una multa por
     infracción de disposiciones de trabajo que tutelan los intereses de la parte obrera. De lo que
     se sigue que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de la fracción III del
     artículo 42 bis de la invocada ley, siendo competente el Juez del Distrito en Materia de
     Trabajo.”

     Competencia 151/82.- Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
     Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribuna Colegiado en Materia Trabajo del
     Primer Circuito.- 9 de septiembre de 1986.- Mayoría de diecinueve votos.- Ponente:
     Fernando Castellanos ]Tena.

     Séptima Época, Primera Parte:

     Volúmenes 181-186, página 13. competencia 104/83.- Suscitada entre el Juez Octavo de
     Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal y el Juez Primero de Distrito en Materia
     de Trabajo del Distrito Federal.- 26 de junio de 1984.- Unanimidad de diecinueve votos en
     cuanto a los resolutivos y mayoría de diecisiete votos en cuanto a los considerativos.-
     Disidentes: Atanasio González Martínez y Mariano Azuela Güitrón.- Ponente: Raúl Cuevas
     Mantecón.

     Informe 1986, página 657. competencia 137/81.- Suscitada entre el Juez Primero de Distrito
     en Materia de Trabajo y el Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.- 7
     de diciembre de 1982.- Unanimidad de veinte votos.- Ponente: Francisco H. Pavón
     Vasconcelos.

     Semanario Judicial de la Federación, séptima Época, Volúmenes 181-186, Primera Parte,
     página 13, Pleno.



                       TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO

Al ser autoaplicativa la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, se depara a los hoy Quejosos perjuicios inmediatos y directos
con su sola entrada en vigor. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 22 fracción I de la Ley de Amparo, procedemos en tiempo y forma a reclamar
su inconstitucionalidad mediante la presente demanda de amparo, misma que se
promueve dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor de la

                                                                                                        7
ley, y en virtud de que tal día fue inhábil, el término debe empezar a correr a partir del
día hábil siguiente, es decir del 2 de abril del 2007. Se aclara que el acto reclamado no
se combate con motivo de algún acto de aplicación, toda vez que al tratarse de una
norma autoaplicativa, por la naturaleza de las disposiciones que contiene, con su
simple vigencia se genera una afectación a las garantías de los Quejosos en los
distintos supuestos que los propios conceptos de violación se precisan, vinculándonos
a su cumplimiento en virtud de que crea, transforma y extingue situaciones concretas
de derecho.

     Novena Época
     Instancia: Segunda Sala
     Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
     IX, Mayo de 1999
     Página: 506
     Tesis: 2a. LXI/99
     Tesis Aislada
     Materia(s): Común

     LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO EL PLAZO PARA IMPUGNARLAS INICIA EN DÍA
     INHÁBIL, NO DEBE CONTARSE ÉSTE.

     La actual integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis número
     P. CIX/98, publicada en la página 251, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del
     Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "LEYES
     AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO
     INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR.", ha
     establecido que tratándose de leyes autoaplicativas el plazo de treinta días para promover el
     amparo inicia desde las cero horas del mismo día que entran en vigor; ese criterio no tiene
     aplicación cuando el plazo indicado inicia en día inhábil, pues en ese caso, el día inhábil no
     debe contarse en el plazo concedido para la presentación de la demanda de garantías, pues
     aunque la ley surte efectos incluso en día inhábil, la entrada en vigor no se identifica con el
     plazo de treinta días para reclamarla en la vía de amparo, en atención a que éste no se
     refiere al momento en que surte efectos una ley autoaplicativa, sino al lapso en el cual puede
     impugnarse oportunamente en el juicio de amparo, de otra manera se obligaría al quejoso a
     impugnar una ley autoaplicativa incluso en día inhábil.

     Amparo en revisión 1719/98. Isidro Rendón Bello. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente:
     Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.



     A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Amparo,
pasamos a formular el siguiente


                                    SEÑALAMIENTO:


I.    QUEJOSOS:

Los nombres, domicilios particulares y firmas autógrafas de todos y cada uno de los
quejosos, cuyo representante común en el amparo es el también quejoso (nombre de
quien encabeza), constan en la parte final del presente libelo de amparo. Además, con

                                                                                                       8
fundamento en el artículo 34 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común
y para toda la República en Materia Federal, señalamos como domicilio convencional el
señalado para notificaciones en el proemio del presente escrito.

II.         TERCEROS PERJUDICADOS:

       a)     (nombre y domicilio completos del patrón de los trabajadores del caso)

       b) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
          TRABAJADORES DEL ESTADO, con domicilio en con domicilio en Plaza de la
          República número 154, onceavo piso (dirección general) colonia Tabacalera,
          delegación Cuauhtémoc, C.P, 06030 en México, Distrito Federal, Instituto que
          deviene con tal carácter al tener interés directo en la subsistencia de la ley
          reclamada, como lo dispone el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de
          Amparo.


III.        AUTORIDADES RESPONSABLES:

       1. H. CONGRESO DE LA UNIÓN, integrado por la Cámara de Diputados y la
          Cámara de Senadores. El Congreso de la Unión es autoridad responsable como
          Poder Legislativo Federal que dictó, aprobó y expidió la LEY DEL INSTITUTO
          DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
          ESTADO.

       2. C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, es responsable
          como autoridad promulgadora de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
          SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

       3. C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, es responsable como autoridad
          refrendadora del Decreto que contiene LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
          SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

       4. C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, es autoridad
          responsable de la publicación del Decreto que contiene la LEY DEL INSTITUTO
          DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
          ESTADO en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2007.

       5. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
          TRABAJADORES DEL ESTADO, es responsable como autoridad ejecutora de
          la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
          TRABAJADORES DEL ESTADO, en el momento en el que se concreten a futuro
          los actos de aplicación conforme a lo señalado en la propia ley y los conceptos
          de violación, aclarándose que a la fecha no hemos tenido conocimiento de que
          se haya dado algún acto de aplicación por parte de dicha autoridad




                                                                                       9
      6. SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO como autoridad ejecutora
         en el ámbito administrativo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
         Sociales de los Trabajadores del Estado y sus artículos transitorios, en el
         momento en el que se concreten a futuro los actos de aplicación conforme a lo
         señalado en la propia ley y los conceptos de violación, aclarándose que a la
         fecha no hemos tenido conocimiento de que se haya dado algún acto de
         aplicación por parte de dicha autoridad.

IV.      LEY RECLAMADA:

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, en los numerales que se impugnan de
inconstitucionales. Los antecedentes y los conceptos de violación, se mencionan y
hacen valer por separado.


Del H. CONGRESO DE LA UNIÓN, integrado:

a)    Por la Cámara de Diputados, autoridad a la que se reclama la aprobación y
expedición, en perjuicio de los quejosos, del decreto que contiene la LEY DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO en sus artículos que se impugnan, en razón de considerarse
inconstitucionales los numerales y transitorios aludidos.

b)    Por la Cámara de Senadores, autoridad a la que se reclama la aprobación y
expedición, en perjuicio de los quejosos, del decreto que contiene la LEY DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO en sus artículos que se impugnan, en razón de considerarse
inconstitucionales los numerales y transitorios aludidos.

Del C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se reclama la
promulgación, en perjuicio de los quejosos, del decreto que contiene la LEY DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO en sus artículos que se impugnan, en razón de considerarse
inconstitucionales los respectivos numerales y transitorios aludidos.

Del C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, se reclama el refrendo, en perjuicio de los
quejosos, del Decreto que contiene la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO en sus artículos que
se impugnan, en razón de considerarse inconstitucionales los numerales y transitorios
aludidos.

Del C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, se reclama la
publicación, en perjuicio de los quejosos, del Decreto que contiene la LEY DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO en sus artículos que se impugnan, en razón de considerarse
inconstitucionales los numerales y transitorios aludidos.


                                                                                   10
Del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, se reclama la ejecución en perjuicio de los quejosos,
de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO en sus artículos que se impugnan, en razón de
considerarse inconstitucionales los numerales y transitorios aludidos, en el momento en
el que se concreten a futuro los actos de aplicación conforme a lo señalado en la propia
ley y los conceptos de violación, aclarándose que a la fecha no hemos tenido
conocimiento de que se haya dado algún acto de aplicación por parte de dicha
autoridad

De LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, se reclama la ejecución
en perjuicio de los quejosos, de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO en sus artículos que
se impugnan, en razón de considerarse inconstitucionales los numerales y transitorios
aludidos, en el momento en el que se concreten a futuro los actos de aplicación
conforme a lo señalado en la propia ley y los conceptos de violación, aclarándose que a
la fecha no hemos tenido conocimiento de que se haya dado algún acto de aplicación
por parte de dicha autoridad


V.    PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS:

       Artículos 1º, párrafos primero y tercero; 4º; 13; 14, párrafos primero y segundo;
16 párrafo primero; 22 párrafo primero, 123 párrafos primero segundo y apartado B,
fracciones V, XI inciso a), e) y (f) y 133, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.


Bajo protesta de decir verdad, manifestamos a su Señoría que los hechos y
abstenciones que a continuación se detallan, son ciertos, nos constan y constituyen de
la demanda los siguientes


                             ANTECEDENTES:
PRIMERO. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil siete, el Congreso de la Unión
emitió el Decreto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, que contiene los dispositivos tildados de inconstitucionales.
Posteriormente, el día 30 de marzo de dos mil siete el Ejecutivo de la Unión, en
cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el Decreto de ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para su publicación y observancia
habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación del día treinta y uno del
mismo mes y año y estableciéndose, entre otras reglas, en su TRANSITORIO
PRIMERO, que dicha ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación, excepto
en sus artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, que cobrarán vigor el día primero de enero
de dos mil ocho, según se establece en dicho transitorio Primero; en TRANSITORIO


                                                                                        11
SEGUNDO, que a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se abroga la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete de diciembre de mil novecientos
ochenta y tres con sus reformas y adiciones, con excepción de los artículos 16, 21, 25 y
90 Bis B, mismos que estarán vigentes hasta el día treinta y uno de diciembre de dos
mil siete y en su TRANSITORIO TERCERO, que se mantendrán en vigor todas las
disposiciones reglamentarias y administrativas que no se opongan a la presente Ley,
hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente ordenamiento.”

SEGUNDO. Consecuentemente, por efectos del decreto de la nueva ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, La anterior Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada el
27 de diciembre de 1983 y sus reformas, quedó abrogada, excepto en sus artículos 15,
21, 25 y 90Bis B, que mantienen vigencia hasta el día 31 de diciembre de dos mil siete
y excepto también todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que no se
opongan a esta nueva Ley, hasta en tanto se expidan las normas relativas a este nuevo
ordenamiento según se establece en su transitorio Tercero.

Consecuentemente el término para la interposición del amparo se inició el día dos de
abril de dos mil siete.

TERCERO. Todos los quejosos somos trabajadores en activo de (nombre del patrón)
relaciones de trabajo que existen desde antes de la fecha de entrada en vigencia de la
ley que impugnamos de inconstitucional. Por tanto estamos legalmente afiliados al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

CUARTO. Es el caso que múltiples disposiciones de la nueva Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son inconstitucionales
y en consecuencia violatorias de garantías individuales y sociales de los suscritos
quejosos, en los términos y condiciones que se articulan en los conceptos de violación
que se hacen valer en el presente libelo de amparo.


                  CONCEPTOS DE VIOLACION:

La ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
en los artículos y transitorios que se aluden en los conceptos de violación que se hacen
valer, es violatoria de nuestras garantías individuales y sociales consagradas en los
artículos 1º, párrafos primero y tercero; 3° inciso c); 4º; 13, 14, párrafos primero y
segundo; 16 párrafo primero; 22 párrafo primero; 123 párrafos primero segundo y
apartado B, fracciones V, XI incisos a), e) y (f) y 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.


Estos dispositivos constitucionales en su parte conducente, establecen:



                                                                                       12
“Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos
y con las condiciones que ella misma establece. . . .
....
. . . Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia. . .
. . .Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno
de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez.”

“Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.
Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que
sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de
guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en
ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no
pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un
paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.”

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho. . .

. . . En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del
derecho.”

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento.” . . .




                                                                                                      13
“Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca,
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

“ Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la
Ley. . . .

B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: . .

. . . XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales
y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que
determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán
forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el
parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su
empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de
lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para
alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas,
de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en
los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas
económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta,
conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las
aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir
depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que
permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad
habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar
pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la
seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el
procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y
adjudicarán los créditos respectivos.” . . .


“Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los
Estados.”




                                                                                                 14
PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Violación a los artículos 1°, 4°, 13, 14, 16, 22, y 123, apartado B, fracción XI, incisos a),
c) y d) y 133, constitucionales:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

     “Artículo 25. En caso de que alguna Dependencia o Entidad incumpla por
     más de seis meses en el entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos
     previstos en esta Ley, el Instituto estará obligado a hacer público el adeudo
     correspondiente.

     Transcurridos doce meses, consecutivos o dentro de un periodo de dieciocho
     meses, de incumplimiento parcial o total del entero de Cuotas, Aportaciones
     y Descuentos, el Instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros,
     prestaciones y servicios que correspondan al adeudo, para lo cual bastará
     con una notificación por escrito al titular de la Dependencia o Entidad
     respectiva con sesenta días de anticipación. La Junta Directiva y el Director
     General del Instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta
     en el presente párrafo.

     En el caso previsto en el párrafo anterior, la Dependencia o Entidad morosa
     asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la
     suspensión de los beneficios previstos en esta Ley.”

El artículo 25 de la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, es violatorio de las garantías de no retroactividad de las leyes en perjuicio
de persona alguna, de seguridad jurídica y de los derechos sociales de los quejosos,
establecidas en los artículos 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, constitucionales que
estuvieron regulados y garantizados en la ley del ISSSTE hoy abrogada, al facultar sin
fundamento alguno al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, para suspender total o parcialmente los seguros, prestaciones o
servicios de sus derechohabientes, en los casos de incumplimiento de sus
respectivos patrones –en este caso terceros- del entero de las aportaciones,
descuentos y cuotas al Instituto, facultad que tratándose de una institución pública de
seguridad social, resulta increíblemente arbitraria y viola garantías de los quejosos,
porque ninguna persona oficial o privada está facultada constitucionalmente para
suspender total o parcialmente el servicio público que esté obligado a prestar y mucho
menos en este caso que se trata de un servicio público social del que puede depender
la propia vida de los derechohabientes y sus familiares y ni siquiera por incumplimiento
de ellos, sino de terceros como los serían sus respectivos patrones, cuando se trata de
prestaciones y servicios que se traducen en derechos fundamentales a la salud,
susbsistencia y mínimos de bienestar de los trabajadores y sus familias,
obligatorios para el Estado y de rango constitucional, que no pueden quedar
sujetos para su aplicación garantizada, regular y eficiente, a criterios de índole
mercantil como si se tratara de la administración de un negocio privado sujeto a
principios de especulación y a las leyes del mercado. Esta visión novedosa y


                                                                                           15
moderna en el servicio público entraña grave desnaturalización y hace nugatorios las
garantías, derechos y principios constitucionalmente protegidos. Por consecuencia,
además, resulta violado el principio de supremacía constitucional del artículo 133.


SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Violación a los artículos 1°, 4°, 13, 14, 16, 22, 123, apartado B, fracción XI, incisos a), c)
y d) y 133, constitucionales:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

  “Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros:
  I. De salud, que comprende:
        a) Atención médica preventiva;
        b) Atención médica curativa y de maternidad, y
        c) Rehabilitación física y mental;
  II. De riesgos del trabajo;
  III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
  IV. De invalidez y vida.”

a)      El artículo 3 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, trascrito, así como los numerales vinculados a este,
correspondientes a los capítulos regulatorios de los seguros obligatorios establecidos
en dicho numeral 3, violan garantías a los quejosos por omisión grave, porque no
contemplan ni regulan el seguro de jubilación previsto y garantizado por el inciso
a) de la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, dispositivos de la
nueva ley que también conculcan por aplicación retroactiva, la garantía de no
retroactividad de las leyes en perjuicio de los gobernados, del artículo 14 de la propia
Ley Fundamental así como las garantías de seguridad jurídica consagradas en el
artículo 16 de nuestro máximo ordenamiento, al haber derogado ese derecho de
jubilación que en nuestro favor establecieron los numeral 3, 60, 73 y demás relativos de
ley del ISSSTE hoy abrogada, en reglamentación del mencionado dispositivo
constitucional. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía
constitucional del artículo 133.

No es óbice para tales efectos de inconstitucionalidad del numeral 3 impugnado, lo
establecido en el transitorio DÉCIMO de la ley del ISSSTE, toda vez que el término de
tres años de su fracción I, para que los trabajadores ejerzan su derecho a pensión por
jubilación establecido en la ley abrogada, además de haber quedado limitado para su
goce a solamente ese término, que una vez vencido operará la extinción absoluta del
derecho a pensión jubilatoria desde la ley propia reglamentaria del apartado B del
artículo 123 constitucional, solo aplicará a favor de los trabajadores que no opten por la
acreditación de bonos de pensión del ISSSTE, situación jurídica que además de la
violación de garantías antes señalada, afecta por inequitativa y excluyente, nuestras
garantías de igualdad ante la ley consagradas en los artículos 1°, 4° y 13
constitucionales. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía
constitucional del artículo 133.


                                                                                           16
b)     En lo que se refiere a los servicios de salud, que comprenden: a) atención
médica preventiva; b) atención médica curativa y de maternidad, y c) rehabilitación
física y mental, que establece el propio artículo 3, según los disponen los correlativos
artículos 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 y demás vinculados al ordenamiento en impugna,
estas disposiciones son violatorias de las garantías de seguridad jurídica establecidas
en nuestro favor en el artículo 16 constitucional, toda vez que en los dispositivos que se
mencionan, por una parte, se establece (artículos 28, segundo párrafo y 29, segundo
párrafo) que la prestación condicional de todos estos servicios y prestaciones
dependerá y será determinada por las “reservas financieras y actuariales del
seguro de salud y los demás que considere pertinentes, con base en un sistema
de evaluación y seguimiento que calificará (y) propondrá asignaciones
presupuestarias por resultados y procurará su equilibrio financiero”, cuando se
trata de prestaciones y servicios fundamentales para la salud de los trabajadores
y sus familias, obligatorios para el Estado y de rango constitucional, establecidos
en los incisos a) y d) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la ley
fundamental, que no pueden quedar sujetos para su aplicación garantizada,
regular y eficiente, a estimaciones o criterios de índole mercantil como si se
tratara de la administración de un negocio privado sujeto a principios de
especulación y a las leyes y del mercado. Esta visión novedosa y moderna en el
servicio público entraña grave desnaturalización y hace nugatorios las garantías,
derechos y principios constitucionalmente protegidos e incide claramente por
aplicación retroactiva de la nueva ley, en violación del artículo 14 constitucional, al
afectar derechos adquiridos a los servicios de salud que en nuestro favor establecieron
los numerales 3, 23, 24, 27, 28, 30, 31 y demás relativos de ley del ISSSTE hoy
abrogada, en reglamentación de los mencionados dispositivos constitucionales. Por
consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía constitucional del
artículo 133.


c)     Asimismo, el artículo 3 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, trascrito, así como los numerales vinculados a este,
correspondientes a los capítulos regulatorios de los seguros obligatorios establecidos
en dicho numeral 3, violan garantías a los quejosos por omisión, porque no
contemplan ni regulan el derecho a la indemnización global, que en nuestro favor
establecieron los artículos 3, fracción X, 87, 88 y demás relativos. El artículo 3 de Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, trascrito
y sus correlativos, violan garantías a los quejosos por omisión, porque al no
considerar ese derecho, conculcan por aplicación retroactiva, la garantía de no
retroactividad de las leyes en perjuicio de los gobernados, del artículo 14 de la propia
Ley Fundamental así como las garantías de seguridad jurídica consagradas en el
artículo 16 de nuestro máximo ordenamiento, al haber derogado ese derecho de
indemnización global que en nuestro favor estableció la ley hoy abrogada en su
mencionados artículos los numeral 3, 60, 73 y demás relativos de ley del ISSSTE hoy
abrogada. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía
constitucional del artículo 133.



                                                                                       17
c) Bis         En lo que se refiere a al seguro de riesgos de trabajo, establecido en la
fracción II del numeral en impugna, regulado de conformidad con los correlativos
artículos 55 al 75 y demás vinculados al ordenamiento en impugna, estas disposiciones
son violatorias de las garantías de seguridad jurídica establecidas en nuestro favor en
el artículo 16 constitucional, toda vez que en los dispositivos que se mencionan, por una
parte, se establece (artículos 28, segundo párrafo y 29, segundo párrafo) que la
prestación condicional de todos estos servicios y prestaciones en especie,
dependerá y será determinada por las “reservas financieras y actuariales del
seguro de salud y los demás que considere pertinentes, con base en un sistema
de evaluación y seguimiento que calificará (y) propondrá asignaciones
presupuestarias por resultados y procurará su equilibrio financiero”, cuando se
trata de prestaciones y servicios fundamentales para la salud de los trabajadores,
obligatorios para el Estado y de rango constitucional, establecidos en el inciso a)
de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la ley fundamental, que no
pueden quedar sujetos para su aplicación garantizada, regular y eficiente, a
estimaciones o criterios de índole mercantil como si se tratara de la
administración de un negocio privado sujeto a principios de especulación y a las
leyes y del mercado. Esta visión novedosa y moderna en el servicio público entraña
grave desnaturalización y hace nugatorios las garantías, derechos y principios
constitucionalmente protegidos e incide claramente por aplicación retroactiva de la
nueva ley, en violación del artículo 14 constitucional, al afectar derechos adquiridos a
los servicios de salud que en nuestro favor establecieron los numerales 3, 33 al 47 y
demás relativos de ley del ISSSTE hoy abrogada, en reglamentación de los
mencionados dispositivos constitucionales. Por consecuencia, además, resulta violado
el principio de supremacía constitucional del artículo 133.

d)     En cuanto hace a al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez,
establecido en la fracción III del ordenamiento en impugna, regulado por los correlativos
artículos del 76 al 113 de la propia ley, en el artículo 76 de la ley impugnada, se
substituye el sistema de fondos para cada trabajador, de reparto social y a cargo
de las dependencias u organismos sujetos a la ley del ISSSTE, con rendimientos
garantizados y comisiones limitadas, cuyos saldos individuales podían
recuperarse por los trabajadores en los casos previstos por esa ley, que regulaba
lo establecido en la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional y que
estuvo reglamentado en los artículos 49, 57, 82 y del 90 Bis-A al 90 Bis-T, por un
sistema que privatiza las cuentas individuales del ahorro para el retiro,
técnicamente confiscatorio y contrario al espíritu y la letra de la fracción XI del
apartado B, del artículo 123 constitucional.

Por tanto el nuevo sistema de cuentas individuales operado por un órgano
desconcentrado también de nueva creación denominado PENSIONISSSTE, sistema
que eventualmente podrá operarse por administradoras del fondo de retiro privadas,
(AFORES) regulado de conformidad con lo previsto en los artículos 76 al 91 de la ley en
impugna, es violatorio de las garantías sociales consagradas en la fracción XI del
apartado B del artículos 123 constitucional, conculca las garantías individuales de
no aplicación retroactiva de las leyes, de seguridad jurídica previstas en nuestro
favor en los artículos 14 y 16 de la carta fundamental y viola lo previsto en el
artículo 22 de la propia Constitución que prohíbe los actos confiscatorios, porque

                                                                                      18
al privatizarse el sistema del fondo para el retiro, se afectan derechos patrimoniales
adquiridos de los quejosos sobre la propiedad del fondo de retiro que la ley abrogada
estableció en nuestro favor, confiscándolo y con grave afectación también de nuestra
garantía de respeto a la propiedad de nuestros fondos, prevista en el artículo 14
constitucional. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía
constitucional del artículo 133.


d)      Este efecto confiscatorio y de afectación sin fundamento ni motivación a nuestro
derecho de propiedad, se reproduce en la nueva ley también en otras de sus
disposiciones, como es el caso del segundo y tercer párrafos del artículo 76 en relación
con el 148 de la ley en impugna, que impiden la acumulación de la cotizaciones cuando
se esté afiliado simultáneamente al ISSSTE y al IMSS, impidiendo el incremento en el
monto de las pensiones, lo que significa que las aportaciones a uno u otro de los
Institutos, se pierde para el trabajador, incurriéndose así desde la ley a la confiscación
inmotivada de una parte de nuestras aportaciones con la consecuente afectación a
nuestro derecho de propiedad sobre los fondos constituidos con las cuotas de
referencia. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía
constitucional del artículo 133.


e)     En lo que se refiere al seguro de invalidez y vida, establecido en la fracción IV
del numeral 3 del ordenamiento en impugna, regulado por los correlativos artículos del
114 al 140 de la propia ley, asimismo en el artículo 76 de la ley impugnada, que aplica a
este seguro conforme a los artículos 114 y 122, también se substituye el sistema de
fondos para cada trabajador, de reparto social y a cargo de las dependencias u
organismos sujetos a la ley del ISSSTE, con rendimientos garantizados y
comisiones limitadas, cuyos saldos individuales podían recuperarse por los
trabajadores en los casos previstos por esa ley, que regulaba lo establecido en la
fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional y que estuvo reglamentado en
los artículos 48, 49, 57, 67, 73 y del 90 Bis-A al 90 Bis-T, por un sistema de que
privatiza las cuentas individuales del ahorro para el retiro, técnicamente
confiscatorio y contrario al espíritu y la letra de la fracción XI del apartado B, del
artículo 123 constitucional.

El nuevo sistema de cuentas individuales operado por un órgano desconcentrado
también de nueva creación denominado PENSIONISSSTE, sistema que eventualmente
podrá operarse por administradoras del fondo de retiro privadas (AFORES), regulado de
conformidad con lo previsto en los artículos 76 al 91 de la ley en impugna, es violatorio
de las garantías sociales consagradas en la fracción XI del apartado B del
artículos 123 constitucional y conculca las garantías individuales de no aplicación
retroactiva de las leyes y de seguridad jurídica previstas en nuestro favor en los
artículos 14 y 16 de la carta fundamental y viola lo previsto en el artículo 22 de la
propia Constitución que prohíbe los actos confiscatorios.


En efecto, al privatizarse el sistema del fondo para el retiro, se afectan derechos
patrimoniales adquiridos de los quejosos sobre la propiedad del fondo de retiro que la

                                                                                       19
ley abrogada estableció en nuestro favor, confiscándolo y con grave afectación
también de nuestra garantía de respeto a la propiedad prevista en el artículo 14
constitucional. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía
constitucional del artículo 133.

TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Violación a los artículos 1, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, inciso e) y 133
constitucionales:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

   “Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios:
   I. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de
adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras
de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos;
   II. Préstamos personales:
         a) Ordinarios;
         b) Especiales;
         c) Para adquisición de bienes de consumo duradero, y
         d) Extraordinarios para damnificados por desastres naturales;
   III. Servicios sociales, consistentes en:
         a) Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para
         el hogar;
         b) Servicios turísticos;
         c) Servicios funerarios, y
         d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;
   IV. Servicios culturales, consistentes en:
         a) Programas culturales;
         b) Programas educativos y de capacitación;
         c) Atención a jubilados, Pensionados y discapacitados, y
         d) Programas de fomento deportivo.”

a)     El artículo 4 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, trascrito, así como los numerales vinculados a este,
correspondientes a los capítulos regulatorios de las prestaciones y servicios
establecidos en dicho numeral 4, violan garantías a los quejosos por omisión, porque
no contemplan ni regulan la obligación de arrendar o vender habitaciones
económicas pertenecientes al ISSSTE, previsto y garantizado por el inciso f) de la
fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, dispositivos de la nueva
ley que también conculcan por retroactividad, la garantía de no retroactividad de las
leyes en perjuicio de los gobernados, del artículo 14 de la propia Ley Fundamental así
como las garantías de seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 de nuestro
máximo ordenamiento, al haber derogado ese derecho concomitante de los afiliados al
ISSSTE, de arrendar o adquirir habitaciones económicas del Instituto, que en nuestro
favor estableció el numeral 3, fracción XIII y demás relativos de ley del ISSSTE hoy
abrogada, en reglamentación del mencionado dispositivo constitucional. Por
consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía constitucional del
artículo 133.



                                                                                                    20
b)     Los artículos 196 y 198 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, vinculados directamente con los artículos 195, 197, 199
y 4, en sus fracciones III, incisos del a) al d) y IV, incisos del a) al d), también están
viciados de inconstitucionalidad al establecer que:


     “Artículo 196. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto, de acuerdo con las
     posibilidades financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, proporcionará a
     precios módicos los servicios sociales siguientes:
     I. Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo
     para el hogar;
     II. Servicios turísticos;
     III. Servicios funerarios;
     IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, y
     V. Los demás que acuerde la Junta Directiva, siempre que no se afecte la viabilidad
     financiera en el corto, mediano o largo plazo.

     Artículo 198. Para los fines antes enunciados, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades
     financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, ofrecerá los siguientes servicios:
     I. Programas culturales;
     II. Programas educativos y de capacitación;
     III. De atención a jubilados, Pensionados y discapacitados;
     IV. Programas de fomento deportivo, y
     V. Los demás que acuerde la Junta Directiva, siempre que no se afecte la viabilidad
     financiera en el corto, mediano o largo plazo.”

en razón de que, tratándose de programas y servicios establecidos en el inciso e) de la
fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional de prestación obligatoria
para el Estado a favor de los trabajadores sujetos a dicho apartado del 123, en los
dispositivos de la nueva ley reglamentaria que se impugnan, se condicionan en su
aplicación a las posibilidades financieras del Instituto, dejando al arbitrio de sus
administradores la prestación o no de estas obligaciones públicas, en condiciones que
violan nuestras garantías sociales consagradas en el dispositivo constitucional en cita
así como las garantías de no retroactividad de la ley en perjuicio de los trabajadores
del artículo 14 de la propia ley fundamental, toda vez que se afectan derechos
adquiridos y tangibles de los quejosos, derivados de la propia Constitución y de la
anterior ley del ISSSTE abogada por la que se impugna, en sus artículos 3, 137, 138,
139, 140 y 141. Se violan también nuestras garantías de seguridad jurídica
consagradas en nuestro favor por el artículo 16 constitucional porque la aplicación de la
ley no puede quedar al arbitrio de la administración del ISSSTE. Por consecuencia,
además, resulta violado el principio de supremacía constitucional del artículo 133.




CUARTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Violación a los artículos 1°, 4°, 13, 14, 16, 22, 123, apartado B, fracción XI, incisos a), c)
y d) y 133, constitucionales:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

                                                                                                     21
“TRANSITORIO QUINTO. Los Trabajadores tienen derecho a optar por el régimen que se establece en
el artículo décimo transitorio, o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus Cuentas
Individuales.

TRANSITORIO OCTAVO. Los Trabajadores que hubieran optado por el régimen del artículo décimo
transitorio, en ningún caso tendrán derecho a la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE.

TRANSITORIO DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del
ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

   I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve:

   a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran
cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por Jubilación equivalente al cien por ciento
del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio y su percepción comenzará a partir del día
siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja;

    b) Los Trabajadores que cumplan cincuenta y cinco años de edad o más y quince años o más de
cotización al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios equivalente
a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio que se define en la fracción
IV, de conformidad con la siguiente Tabla:

   15 años de servicio........................ 50 %
   16 años de servicio........................ 52.5 %
   17 años de servicio........................ 55 %
   18 años de servicio........................ 57.5 %
   19 años de servicio........................ 60 %
   20 años de servicio........................ 62.5 %
   21 años de servicio........................ 65 %
   22 años de servicio........................ 67.5 %
   23 años de servicio........................ 70 %
   24 años de servicio........................ 72.5 %
   25 años de servicio........................ 75 %
   26 años de servicio........................ 80 %
   27 años de servicio........................ 85 %
   28 años de servicio........................ 90 %
   29 años de servicio........................ 95 %

   c) Los Trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo
después de los sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto,
tendrán derecho a una Pensión de cesantía en edad avanzada, equivalente a un porcentaje del promedio
del Sueldo Básico de su último año de servicio, de conformidad con la siguiente Tabla:

   60 años de edad 10 años de servicios 40%
   61 años de edad 10 años de servicios 42%
   62 años de edad 10 años de servicios 44%
   63 años de edad 10 años de servicios 46%
   64 años de edad 10 años de servicios 48%
   65 o más años de edad 10 años de servicios 50%

   El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla
anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años,
a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado;

   II. A partir del primero de enero de dos mil diez:



                                                                                                          22
   a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran
cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por jubilación conforme a la siguiente tabla:

                       Años                  Edad Mínima de Jubilación      Edad Mínima de
                                                   Trabajadores          Jubilación Trabajadoras
           2010 y 2011                                  51                          49
           2012 y 2013                                  52                          50
           2014 y 2015                                  53                          51
           2016 y 2017                                  54                          52
           2018 y 2019                                  55                          53
           2020 y 2021                                  56                          54
           2022 y 2023                                  57                          55
           2024 y 2025                                  58                          56
           2026 y 2027                                  59                          57
           2028 en adelante                             60                          58

    La Pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del
sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que
el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja;

   b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al
Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.

   El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del
sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente:

   15 años de servicio.......................... 50 %
   16 años de servicio.......................... 52.5 %
   17 años de servicio.......................... 55 %
   18 años de servicio.......................... 57.5 %
   19 años de servicio.......................... 60 %
   20 años de servicio.......................... 62.5 %
   21 años de servicio.......................... 65 %
   22 años de servicio.......................... 67.5 %
   23 años de servicio.......................... 70 %
   24 años de servicio.......................... 72.5 %
   25 años de servicio.......................... 75 %
   26 años de servicio.......................... 80 %
   27 años de servicio.......................... 85 %
   28 años de servicio.......................... 90 %
   29 años de servicio.......................... 95 %

   La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

                       Años                               Edad para pensión por edad y
                                                          tiempo de servicios
                       2010 y 2011                                        56
                       2012 y 2013                                        57
                       2014 y 2015                                        58
                       2016 y 2017                                        59
                       2018 en adelante                                   60

   c) Tendrán derecho a Pensión por cesantía en edad avanzada, los Trabajadores que se separen
voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los sesenta años de edad y
que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto.


                                                                                                       23
    La Pensión a que se refiere esta fracción será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en
la fracción IV, aplicando los porcentajes que se especifican en la tabla siguiente:

   60 años de edad 10 años de servicios 40%
   61 años de edad 10 años de servicios 42%
   62 años de edad 10 años de servicios 44%
   63 años de edad 10 años de servicios 46%
   64 años de edad 10 años de servicios 48%
   65 o más años de edad 10 años de servicios 50%

   El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla
anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años,
a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado.

   La edad mínima para pensionarse por cesantía en edad avanzada se incrementará de manera gradual
conforme a la tabla siguiente:

                       Años                               Edad para pensión por cesantía
                                                                en edad avanzada
                       2010 y 2011                                     61
                       2012 y 2013                                     62
                       2014 y 2015                                     63
                       2016 y 2017                                     64
                       2018 en adelante                                65

    Las Pensiones a que tengan derecho las personas a que se refiere la tabla anterior iniciarán en
cuarenta por ciento en cada renglón y se incrementarán en dos por ciento cada año de edad hasta llegar
a la Pensión máxima de cincuenta por ciento;

   III. El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el
Trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios empleos cotizando al Instituto, cualesquiera
que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará, por una sola vez, el tiempo durante el
cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de Trabajador;

    IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el
promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del
Trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de
tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en
cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su
antigüedad en el mismo;

   V. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de sufrir un riesgo del trabajo, y sus
Familiares Derechohabientes, en caso de su fallecimiento a consecuencia de un riesgo del trabajo,
tendrán derecho a una Pensión en los términos de lo dispuesto por el seguro de riesgos del trabajo
previsto en esta Ley. Para tal efecto, el Instituto, con cargo a los recursos que a tal efecto le transfiera el
Gobierno Federal, contratará una Renta vitalicia a favor del Trabajador, o en caso de fallecimiento, el
Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes;

   VI. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de invalidez, estarán sujetos a un periodo
mínimo de cotización de quince años para tener derecho a Pensión, misma que se otorgará por un
porcentaje del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior, conforme a lo
siguiente:

   15 años de servicio.......................... 50 %
   16 años de servicio.......................... 52.5 %
   17 años de servicio.......................... 55 %
   18 años de servicio.......................... 57.5 %

                                                                                                            24
   19 años de servicio.......................... 60 %
   20 años de servicio.......................... 62.5 %
   21 años de servicio.......................... 65 %
   22 años de servicio.......................... 67.5 %
   23 años de servicio.......................... 70 %
   24 años de servicio.......................... 72.5 %
   25 años de servicio.......................... 75 %
   26 años de servicio.......................... 80 %
   27 años de servicio.......................... 85 %
   28 años de servicio.......................... 90 %
   29 años de servicio.......................... 95 %

   Los Familiares Derechohabientes del Trabajador fallecido, en el orden que establece la sección de
Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al
cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador, aplicándose el periodo mínimo de quince
años de cotización para tener derecho a la Pensión.”



Los artículos transitorios QUINTO, OCTAVO y DÉCIMO, de la ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado transcritos, violan las
garantías de igualdad ante la ley, de no retroactividad de las leyes y de seguridad
jurídica establecidas en nuestro favor por los artículos 1, 4, 13, 14, 16 y 123
constitucionales por cuanto determinan, en violación a las garantías de igualdad ante la
ley, un tratamiento diferenciado en la aplicación de ésta a quienes por igual estamos en
la misma situación jurídica en nuestra calidad de trabajadores derechohabientes del
Instituto, al establecer en nuestro perjuicio una opción que supone en sus dos
alternativas el goce de derechos de diferente alcance y contenido, lo que también
implica un tratamiento discriminatorio entre los optantes desde la ley, de los
categóricamente prohibidos por los artículos 1, 4 y 13 de la carta fundamental. Se
vulneran nuestras garantías de no retroactividad del 14 constitucional porque con estos
dispositivos se modifican aumentándolos, los extremos de edad, tiempo de servicios y
monto de aportaciones que en nuestro favor se establecieron para la procedencia de los
diversos seguros pensionarios en la abroga ley del ISSSTE y por añadidura se
conculcan nuestros derechos públicos subjetivos de seguridad jurídica de los numerales
constitucionales 14 y 16, al dejarnos en estado de indefensión ante las afectaciones en
el contenido de los presupuestos para el goce de los derechos y prestaciones que
implican cualquiera de las opciones ilegalmente establecidas por los transitorios en
impugna. Esta grave afectación a nuestros derechos adquiridos, riñe abiertamente con
el espíritu y la letra del artículo 123 constitucional y con el carácter tutelar de sus
garantías sociales. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de
supremacía constitucional del artículo 133.

Por lo que respecta al Artículo Décimo Transitorio, en especifico, a la fracción I inciso
a), establece el presupuesto para la subsistencia de la pensión por jubilación, por lo que
los trabajadores que tengan 29 años 11 meses 29 días y las trabajadoras que tengan
27 años 11 meses y 29 días de servicio, no podrán hacer ejercicio de este derecho de
pensión por jubilación y de manera más alarmante los trabajadores que tengan menor
tiempo de cotización al anteriormente referido, lo que hace evidente la aplicación
retroactiva de esta ley en perjuicio del impetrante de garantías, violación agravada
porque al ejercerse el derecho de jubilación por los trabajadores colocados en la

                                                                                                    25
hipótesis de este artículo transitorio, y que son un número muy limitado de los
trabajadores a quienes aplica la ley del ISSSTE, se dará el inusitado efecto de que
desde una ley reglamentaria se reforme la Constitución, como acontece con el numeral
que se impugna, que tiene el efecto de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente
establecido que es precisamente el derecho a la jubilación, consagrado en el inciso a)
de la fracción XI, del apartado B, del artículo 123 de la Ley Fundamental.

Por lo que respecta a la fracción IV del artículo Décimo Transitorio, es evidente la
aplicación retroactiva en perjuicio del trabajador, ya que en el anterior esquema de la
ley abrogada, el requisito para calcular el monto de las cantidades que correspondan
por pensión, se consideraba el promedio general del último año del sueldo del
trabajador, por lo que ahora al determinar con la condicionante SIEMPRE Y CUANDO,
se establece el requisito de tres años en el mismo puesto y nivel para el trabajador, lo
que hace evidente la aplicación retroactiva en perjuicio del trabajador.

QUINTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Los Artículos CUARTO, SEXTO y SÉPTIMO Transitorios de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario
Oficial de la Federación el pasado treinta y uno de marzo del dos mil siete, son
violatorios de nuestras garantías de seguridad jurídica y de audiencia tuteladas
respectivamente por los artículos 16 y 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en virtud de que al establecer el procedimiento de acreditación del
tiempo y monto de cotizaciones realizadas con anterioridad al primero de abril del 2007
que tenemos cada trabajador incorporado en el régimen del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es decir aquellas cuotas y
aportaciones generadas antes del inicio de vigencia de la norma impugnada, reconoce
únicamente tal derecho para los trabajadores que se encuentren cotizando en el
ISSSTE, permite que de manera unilateral y arbitraria tanto las autoridades
ejecutoras, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado
(ISSSTE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como las instituciones
públicas en las que laboramos sean quienes establezcan y cuantifiquen el monto de
nuestras cotizaciones realizadas a esa fecha, sin darnos la oportunidad de intervenir
en dicho procedimiento ni de impugnar libremente su monto aportando las
pruebas que consideremos convenientes, ya que estos preceptos únicamente
contemplan la participación exclusiva del ISSSTE y SHCP en la elaboración de dicho
cálculo, mismo que se nos debe hacer de nuestro conocimiento conforme a los
mecanismos que las propias autoridades citadas decidan sin darnos certeza ni
seguridad jurídica alguna sobre éstos, pues se omite señalar el medio o forma en
que se materializará dicho comunicado así como los elementos mínimos
necesarios que debe reunir éste; pudiendo nosotros únicamente solicitar después de
hecho el cálculo, su revisión y ajuste, mediante la entrega de las hojas únicas de
servicios que nuestros propios patrones nos proporcionen, es decir con los mismos
datos que sirvieron de base al ISSSTE y SHCP para realizar su cálculo de conformidad
con la fracción IV del SEXTO Transitorio, sin permitirnos que podamos aportar otros
elementos probatorios de nuestra antigüedad y monto del Sueldo Básico de
cotización como recibos de pago, constancias de trabajo o nombramientos, asimismo


                                                                                     26
tampoco se establece medio o recurso de impugnación en contra del cálculo final
que se haga ni se aportan los elementos necesarios que puedan facilitar nuestra
defensa frente a estos actos arbitrarios, dejándonos la Ley Reclamada en
completo estado de indefensión. Dicho cálculo sirve de base para que en términos
del Artículo QUINTO Transitorio tengamos los elementos necesarios para ejercer
nuestro derecho a optar de entre el régimen que establece el Artículo DÉCIMO
Transitorio y el de Bonos de Pensión del ISSSTE en Cuentas Individuales, en un plazo
que contempla el propio Artículo SÉPTIMO Transitorio, el cual vence el próximo treinta
de junio del 2008.

En efecto, los suscritos al estar afiliados al ISSSTE con anterioridad al inicio de vigencia
de la Ley Reclamada hicimos nuestras aportaciones conforme al esquema establecido
en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado
vigente en ese entonces, que establecía en su artículo 15 la integración del Sueldo
Básico con el que hicimos estas cotizaciones, el cual constaba del sueldo presupuestal,
sobresueldo y compensación que percibíamos al momento; asimismo el artículo 16 de
dicha ley señalaba el monto de las cuotas descontadas de nuestro salario, que en ese
entonces equivalían al 8% de nuestro Sueldo Básico, y el numeral 21 las aportaciones a
cargo de las dependencias en las que laborábamos, equivalente al 17.75% de nuestro
Sueldo Básico. Dichos artículos establecían:

     “Artículo 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley se
     integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que
     más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera
     con motivo de su trabajo.
     Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o
     nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.
     "Sobresueldo" es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a
     circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios.
     "Compensación" es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se
     otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las
     responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios
     especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada
     "Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales".
     Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo
     básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine
     la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma
     cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones,
     subsidios y préstamos que otorga esta Ley.
     El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción
     a los lineamientos que fija el presente artículo. “


     “Artículo 16.- Todo trabajador incorporado al régimen de este ordenamiento, deberá cubrir
     al Instituto una cuota fija del ocho por ciento del sueldo básico de cotización que disfrute,
     definido en el artículo anterior.
     Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma:
     I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los
     servicios de rehabilitación física y mental;


                                                                                                         27
     II. 0.50% Para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo;
     III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;
     integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de
     preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;
     IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones
     actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como
     para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de
     esta Ley;
     V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración del
     Instituto exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda.
     Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de
     administración.”


     “Artículo 21.- Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta Ley
     cubrirán al Instituto, como aportaciones el equivalente al 17.75% del sueldo básico de
     cotización de los trabajadores.
     Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente forma:
     I. 6.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los
     servicios de rehabilitación física y mental;
     II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo;
     III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;
     integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de
     preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;
     IV. 0.25% para cubrir íntegramente el seguro de riesgos del trabajo;
     V. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones
     actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como
     para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de
     esta Ley;
     VI. 5.00% para constituir el Fondo de la Vivienda;
     VII. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración del
     Instituto, exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda.
     Los porcentajes señalados en las fracciones I a IV incluyen gastos específicos de
     administración.
     Además, para los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, las
     dependencias y entidades cubrirán el 50% del costo unitario por cada uno de los hijos de sus
     trabajadores que haga uso del servicio en las estancias de bienestar infantil del Instituto.
     Dicho costo será determinado anualmente por la Junta Directiva.”


En consecuencia, todas nuestras cotizaciones las hicimos sobre estas bases, es decir
con una cuota propia a razón del 8% de nuestro Sueldo Básico de entonces más el
porcentaje de la aportación patronal, por el 17.75% de dicho Sueldo Básico, las cuáles
sumadas ascendían al 25.75%. De estas cotizaciones, el 7% de nuestro Sueldo Básico
de entonces era para la prima del pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones
globales, integrada por el 3.50% de Sueldo Básico que dábamos nosotros y el restante
3.50% que lo hacía nuestro patrón.          Dicho 7% debería integrar las reservas
correspondientes conforme al artículo 182 de la ley aplicable en ese momento, las


                                                                                                         28
cuáles eran invertidas para generar intereses de conformidad al numeral 183 del mismo
ordenamiento. Los cuáles establecían lo siguiente:

     “Artículo 182.- La constitución de las reservas actuariales será prioritaria sobre las
     financieras, con el fin de garantizar el pago de los compromisos de pensiones,
     indemnizaciones globales, amortizaciones de créditos otorgados a los trabajadores en los
     términos de las fracciones I y II del artículo 103 de esta Ley, y entrega de depósitos prevista
     en el artículo 90 BIS-S de este propio ordenamiento.”

     “Artículo 183.- La inversión de las reservas financieras del Instituto deberá hacerse en las
     mejores condiciones posibles de seguridad, rendimiento y liquidez, prefiriéndose en igualdad
     de circunstancias, las que además garanticen mayor utilidad social.”

Cada unos de nosotros ha realizado sus cuotas desde que ingresamos a trabajar para
la administración pública y fuimos incorporados como afiliados al ISSSTE, desde hace
tiempo, teniendo una antigüedad de cotización basada en estos elementos.

La garantía Constitucional de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de nuestra
Carta Magna establece el derecho fundamental del gobernado a la protección contra
cualquier acto de autoridad, incluyendo leyes, que le moleste o cause perjuicios en sus
intereses jurídicos, ya sea en su persona, domicilio, familia, papeles, posesiones o
derechos; de ahí que en el caso de las leyes, sea necesario contemplar en su articulado
los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado a que la autoridad no
incurra en arbitrariedades, facilitando la defensa de sus intereses, y aportando
condiciones que proporcionen certeza y seguridad a los actos del Estado frente a sus
gobernados.

Por su parte la garantía de audiencia contemplada por el numeral 14 Constitucional,
establece la obligación de toda autoridad de escuchar al gobernado antes de privarlo de
la vida, libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, a través de un
procedimiento jurisdiccional o administrativo en el que pueda tener oportunidad de ser
escuchado y de hacer valer sus defensas, ofreciendo pruebas de su parte.

El Artículo QUINTO Transitorio de la Ley Reclamada establece que los trabajadores
que estábamos cotizando al ISSSTE en el momento de la entrada en vigor de la misma
podemos optar por el régimen establecido en el Artículo DÉCIMO Transitorio de dicho
ordenamiento o por el de la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en Cuentas
Individuales. Dicha norma señala:

     “QUINTO. Los Trabajadores tienen derecho a optar por el régimen que se establece en el
     artículo décimo transitorio, o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus
     Cuentas Individuales.”

Para ello, la Ley Reclamada en su Artículo SEXTO Transitorio establece un
procedimiento para realizar los cálculos en cuanto antigüedad y monto de nuestras
cotizaciones al ISSSTE realizadas con anterioridad al primero de abril del 2007, en el
que estamos totalmente excluidos, ya que únicamente intervienen el propio Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con base a los datos aportados por las dependencias en
las que trabajamos los suscritos. Por esta circunstancia se permite que dichas

                                                                                                       29
autoridades obren de manera unilateral y arbitraria, sin que nosotros podamos tener
intervención alguna para establecer límites a la actuación de dichas autoridades
ejecutoras, conculcando nuestra garantía de seguridad jurídica. Dicho artículo que se
combate establece:


     “SEXTO. Para los efectos señalados en el artículo anterior, dentro de un plazo que no
     excederá del treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se realizará lo siguiente:

       I. El Instituto acreditará el tiempo de cotización de cada Trabajador de acuerdo con la
     información disponible en sus registros y bases de datos, así como con la que se recabe
     para este fin, de conformidad con los programas y criterios que estime pertinentes;

      II. Con base en la información relativa al tiempo de cotización acreditado de cada
     Trabajador, el Instituto entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cálculo
     preliminar de los importes de los Bonos de Pensión del ISSSTE que les correspondan;

      III. A través de los mecanismos que estimen pertinentes, la Secretaría de Hacienda y
     Crédito Público y el Instituto harán del conocimiento de los Trabajadores el cálculo preliminar
     de sus Bonos de Pensión, así como la información sobre las opciones a que tengan derecho
     conforme a lo dispuesto en este ordenamiento, y

       IV. Las Dependencias y Entidades deberán colaborar con la Secretaría de Hacienda y
     Crédito Público y el Instituto en todo lo necesario para integrar la documentación e
     información requeridas para la acreditación del tiempo de cotización, el Sueldo Básico y el
     cálculo del Bono de Pensión de los Trabajadores, así como para informar a éstos sobre las
     opciones y derechos correlativos.”

Asimismo, como consta en la fracción III del Artículo Transitorio en comento, el
Legislador conculca también nuestra garantía de seguridad jurídica contemplada por el
artículo 16 Constitucional toda vez que no establece el medio o forma a través del cual
el ISSSTE y la SHCP deben hacer de nuestro conocimiento el cálculo multicitado, al
igual que también omite precisar los elementos mínimos que debe contener dicho
comunicado, los cuáles son indispensables para que exista certeza tanto en la
actuación de las autoridades responsables como de que efectivamente se hizo de
nuestro conocimiento la información señalada por dicho transitorio, que en éste último
caso resulta esencial, ya que ésta puede darse de manera verbal o escrita, personal o
por conducto de terceros, por edictos, comunicado de prensa, por estrados, etc. Por lo
tanto es necesario que existan las garantías necesarias que den certidumbre sobre la
materialización del comunicado y su contenido.

También se violenta nuestra garantía de seguridad jurídica, en cuanto a que del texto
de los Artículos SEXTO y SÉPTIMO Transitorios de la ley reclamada, al igual que de
todo su articulado, se desprende que el legislador omitió establecer un recurso o medio
de defensa en contra del cálculo de las cotizaciones realizadas con anterioridad al mes
de abril del 2007, en caso de que exista discrepancia. Este recurso o medio de defensa
debe respetar también nuestra garantía de audiencia tutelada por el artículo 14
Constitucional, pues debe contener requisitos mínimos, entre los que se encuentra la
posibilidad de que libremente podamos exponer argumentos o alegatos para nuestra



                                                                                                       30
defensa y aportar las pruebas que consideremos necesarias para acreditar nuestro
dicho.

En el Artículo SÉPTIMO Transitorio se contempla la posibilidad de que se solicite la
revisión y ajuste del cálculo en comento, sin que dicho acto constituya un recurso o
medio de defensa, en razón de que del propio texto legal impugnado no se puede hacer
valer argumento o alegato alguno sobre la discrepancia, sino que únicamente se debe
presentar ante el ISSSTE las hojas únicas de servicio, que a su vez constituye la única
prueba que puede aportarse según el texto de ley citado, impidiendo en consecuencia
que se rectifique dicho cálculo a través de otras documentos como recibos de pago,
constancias de trabajo y nombramientos, con lo que se nos deja en estado de
indefensión, pues el único documento válido que podemos exhibir se encuentra
elaborado por nuestro patrón y sirvió de base para el cálculo de cotizaciones con el que
se tienen discrepancias, por lo que es evidente que ambas coincidirán. Dicho precepto
señala:

     “SÉPTIMO. A partir del día primero de enero de dos mil ocho, los Trabajadores
     tendrán seis meses para optar por el régimen previsto en el artículo décimo
     transitorio o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE.

       Dentro de ese plazo, en caso de que el Trabajador considere que su Sueldo
     Básico o tiempo de cotización son diferentes a los que le sean acreditados como
     base para el cálculo preliminar de su Bono de Pensión, tendrá derecho a entregar al
     Instituto, para que realice la revisión y ajuste que en su caso correspondan, las
     hojas únicas de servicio que para este efecto le expidan las Dependencias y
     Entidades en que haya laborado, con el propósito de que los ajustes procedentes le
     sean reconocidos en el cálculo del Bono de Pensión, como parte de los elementos
     necesarios para sustentar su decisión.

       La opción adoptada por el Trabajador deberá comunicarla por escrito al Instituto a
     través de las Dependencias y Entidades, en los términos que se establezcan y se le
     hayan dado a conocer, y será definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. El
     formato que se apruebe para ejercer este derecho deberá ser publicado en el Diario
     Oficial de la Federación.

      Cuando el Trabajador no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto,
     se le deberá hacer saber en los términos que establezca el reglamento respectivo
     conforme al cual se respetará lo conducente a los Trabajadores que no manifiesten
     su elección.”


Este mismo estado de indefensión se actualiza para aquellos trabajadores que tienen
licencia sin goce de sueldo o que por cualquier motivo no se encuentren cotizando al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al momento
de la entrada en vigor de la ley combatida.

Este derecho se limita con lo estipulado en el último párrafo del artículo séptimo
transitorio que obliga al trabajador a manifestar por escrito, en un formato que se
publicará en el Diario Oficial de la Federación en alguna fecha no especificada entre el

                                                                                            31
01 de enero y el 30 de junio de 2008, ya que de no hacerlo se entenderá que optó por
la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE.

En efecto el Artículo CUARTO Transitorio de la Ley del ISSSTE indebidamente hace
referencia únicamente a los trabajadores que se encuentren cotizando al régimen del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la fecha
de entrada en vigor de la misma, pues sólo a ellos se les reconocerán los períodos
cotizados con anterioridad, excluyendo en consecuencia a los trabajadores que no se
encuentren estrictamente en esta hipótesis, entre otros, aquellos que gocen de licencia
sin goce de sueldo, quienes sufran alguna incapacidad médica o tengan suspendida su
relación de trabajo por alguna enfermedad, y aquellos que por causa no imputables a su
persona no se encuentren cotizando en el ISSSTE, dejándolos en estado de
indefensión. Dicho Artículo CUARTO Transitorio señala:

      “CUARTO. A los Trabajadores que se encuentren cotizando al régimen del Instituto a la
     fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se les reconocen los periodos cotizados con
     anterioridad.”

SEXTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN
El artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado vigente a partir del primero de abril del 2007 es violatorio de
nuestra garantía de seguridad jurídica y contrario al principio de congruencia que debe
existir en todo cuerpo normativo, toda vez que establece que el derecho del trabajador
y/o sus beneficiarios a recibir los recursos de su Cuenta Individual del Seguro de Retiro,
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, prescriben a favor del ISSSTE a los 10 años que
sean exigibles, cuando debieran ser imprescriptibles, pues precisamente atendiendo a
la nueva conformación del sistema de seguridad social contenido en la ley, el derecho a
la jubilación se materializa a través de la cuenta individual que los trabajadores han ido
formando durante el tiempo que se encuentran inscritos en el ISSSTE.

Asimismo, dicha norma es incongruente con lo señalado en el artículo 51 de la
anterior Ley del ISSSTE y el numeral 55 de la ley combatida, los cuáles
establecen que el derecho a percibir la pensión es inembargable y no puede ser
afectado, en virtud de que la Cuenta Individual del Seguro de Retiro es la que
respalda precisamente la percepción y monto de la pensión que corresponda, tal y
como se contempla en el nuevo esquema pensionario que se contiene en la ley
combatida.

SÉPTIMO CONCEPTO DE VIOLACIÓN
La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
vigente a partir del primero de abril del 2007 es violatoria de nuestra garantía de
irretroactividad de la ley contemplada en el artículo 14 Constitucional así como de los
derechos adquiridos derivados de la anterior Ley del ISSSTE en virtud de que omite en
su articulado contemplar la obligación que tienen nuestro patrones de depositar en
nuestras AFORES el 2% de nuestro Sueldo Básico de cotización por concepto de
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), respetando los términos y condiciones

                                                                                                 32
establecidas al respecto en los artículos del 90 BIS A al 90 BIS T de la anterior ley, ya
que el Artículo DECIMO PRIMERO Transitorio de la nueva ley únicamente señalaaque
se continuará ccotizando, sin establñer sus términos y condiciones; asimismo los
Artículos VIGESIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO Transitorios de la ley reclamada
son violatorios del artículo 14, 16 y 22 Constitucionales, al confiscar los recursos
acumulados en nuestras cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro con el fin de
trasladarlo al PENSIONISSSTE, para que sea administrado por éste, privándonos de
los mismos.

En efecto, de acuerdo al contenido de los artículos del 90 BIS A al 90 BIS T de la
anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado todos los trabajadores que estábamos incorporados al régimen de la misma
teníamos el derecho de que se nos aportara el equivalente del 2% de nuestro Sueldo
Básico de cotización por concepto de Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Sin
embargo tal derecho desaparece en los términos y condiciones que se regulaba en los
artículos citados, puen en la ley combatida únicamente se menciona en su Artículo
DECIMO PRIMERO Transitorio que se continuará depositando tal concepto,
generándonos perjuicios en cuanto a que se nos priva del goce de esta prestación
como la veníamos recibiendo, a pesar de que constituye también un derecho adquirido
que veníamos gozando, aplicándose de manera retroactiva la citada ley. Dichos
artículos establecían lo siguiente:

     Artículo 90 BIS-A.- Las dependencias y entidades están obligadas a enterar al Instituto, el
     importe de las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro para el retiro, mediante la
     constitución de depósitos de dinero en favor de cada trabajador, en la forma y términos
     señalados en el presente Capítulo.


     Artículo 90 BIS-B.- Las aportaciones a que se refiere el artículo anterior, serán por el
     importe equivalente al dos por ciento del sueldo básico de cotización del trabajador.
     Tratándose del ahorro para el retiro, el límite a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será
     el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.


     Artículo 90 BIS-C.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a cubrir las aportaciones
     establecidas en este Capítulo, así como las relativas al Fondo de la Vivienda, mediante la
     entrega simultánea de los recursos correspondientes en instituciones de crédito u otras entidades
     financieras autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para su
     abono en las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro abiertas a nombre de los
     trabajadores. A fin de que las instituciones o entidades mencionadas puedan individualizar
     dichas aportaciones, las dependencias y entidades deberán proporcionarles, directamente o a
     través del Instituto o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro según lo
     determine ésta, información relativa a cada trabajador, en la forma y con la periodicidad que al
     efecto establezca la citada Comisión. Asimismo, las dependencias y entidades deberán hacer del
     conocimiento de las representaciones sindicales la relación de las aportaciones hechas a favor
     de sus agremiados.
     Las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro tendrán dos subcuentas: la de
     ahorro para el retiro y la del Fondo de la Vivienda. La documentación y demás
     características de estas cuentas, no previstas en esta Ley, se sujetarán a las disposiciones
     de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
     Las dependencias y entidades deberán llevar a cabo la apertura de la cuenta individual del
     sistema de ahorro para el retiro del trabajador en la o las instituciones de crédito o entidad

                                                                                                         33
financiera autorizada que ellas elijan, dentro de las que tengan oficina en la plaza o, de no
haberla, en la población más cercana.
El trabajador que sea titular de una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro y
tuviera una nueva relación de trabajo, habrá de proporcionar a la dependencia o entidad
respectiva su número de cuenta, así como la denominación de la institución o entidad
financiera operadora de la misma.
El trabajador no deberá tener más de una cuenta del sistema de ahorro para el retiro,
independientemente de que se encuentre sujeto al régimen previsto en esta Ley o en la Ley
del Seguro Social, o a ambos.


Artículo 90 BIS-D.- En caso de terminación de la relación laboral, la dependencia o entidad
deberá entregar a la institución de crédito o entidad financiera respectiva en favor del
trabajador, la aportación correspondiente al bimestre de que se trate o, en su caso, la parte
proporcional de dicha aportación en la fecha en que deba efectuar el pago de las
aportaciones correspondientes a dicho bimestre.


Artículo 90 BIS-E.- El entero de las aportaciones se acreditará mediante la entrega que las
dependencias y entidades habrán de efectuar a cada uno de sus trabajadores, del comprobante
expedido por la institución de crédito o entidad financiera en la que la dependencia o entidad
haya enterado las aportaciones citadas, el que tendrá las características que señale la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante la expedición de disposiciones de
carácter general.
Las instituciones de crédito o entidades financieras que reciban las aportaciones de las
dependencias y entidades, deberán proporcionar a éstas, comprobantes individuales a
nombre de cada trabajador dentro de un plazo de 30 días naturales, contado a partir de la
fecha en que reciban las aportaciones citadas. Las dependencias y entidades estarán
obligadas a entregarles a sus trabajadores dichos comprobantes junto con el último pago de
sueldo de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año.


Artículo 90 BIS-F.- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores,
mediante la expedición de disposiciones de carácter general podrá autorizar formas y
términos distintos a los establecidos en los artículos 90 Bis -C párrafos tercero y cuarto
y 90 Bis-E relativos a la apertura de cuentas, los casos de una nueva relación laboral
del trabajador y el entero y la comprobación de las aportaciones.


Artículo 90 BIS-G.- El trabajador podrá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, directamente o a través de la Comisión Nacional de l Sistema de Ahorro para
el Retiro, por sí mismo o por medio de sus representantes sindicales, el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en este Capítulo a cargo de las dependencias y
entidades.
Los trabajadores titulares de las cuentas del sistema de ahorro para el retiro y, en su
caso sus beneficiarios, podrán a su elección, presentar directamente o a través de sus
representantes sindicales sus reclamaciones contra las instituciones de crédito o
entidades financieras autorizadas ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro o hacer valer sus derechos en la forma que establecen las leyes. El
procedimiento correspondiente ante la Comisión se sujetará a lo dispuesto en la Ley
para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.


Artículo 90 BIS-H.- Las instituciones de banca múltiple y las entidades financieras
autorizadas, estarán obligadas a llevar las cuentas individuales del sistema de ahorro para el


                                                                                                   34
retiro en los términos de esta ley, actuando por cuenta y orden del Instituto. Dichas cuentas
deberán contener para su identificación el número o clave que determine la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Las instituciones de crédito y las entidades financieras autorizadas informarán al público mediante
publicaciones en periódicos de amplia circulación en la plaza de que se trate, la ubicación de
aquellas de sus sucursales en las que se proporcionarán a los trabajadores todos los servicios
relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro, en la inteligencia de que la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro establecerá la proporción de las sucursales que las
instituciones o entidades mencionadas deberán habilitar para este propósito de las que tengan
establecidas en un mismo estado de la República o en el Distrito Federal.


Artículo 90 BIS-I.- Las aportaciones que reciban las instituciones de crédito u otras
entidades financieras autorizadas operadoras de las cuentas individuales, deberán ser
depositadas a más tardar el cuarto día hábil bancario inmediato siguiente al de su recepción,
en la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto. El propio Banco de México,
actuando por cuenta del mencionado Instituto, deberá invertir dichos recursos en créditos a
cargo del Gobierno Federal.
El saldo de dichos créditos al fin de cada mes, se ajustará en una cantidad igual a la resultante de
aplicar al saldo promedio diario mensual de los propios créditos la variación porcentual del "Indice
Nacional de Precios al Consumidor" publicado por el Banco de México, correspondiente al mes
inmediato anterior al del ajuste.
Los créditos a que se refiere el presente artículo causarán intereses a una tasa no inferior al
dos por ciento anual, pagaderos mensualmente mediante su reinversión en las respectivas
cuentas. El cálculo de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual de los
propios créditos, ajustado siguiendo el mismo procedimiento previsto en el párrafo anterior.
La tasa citada será determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando
menos trimestralmente, en función de los rendimientos en términos reales de los valores a
largo plazo que circulen en el mercado, emitidos por el Gobierno Federal o, en su defecto,
por emisores de la más alta calidad crediticia. Esta determinación será dada a conocer
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de amplia
circulación en el país.
Cuando la institución de crédito o entidad financiera receptora de las aportaciones no sea la
que lleva la cuenta individual de que se trate, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro mediante disposiciones de carácter general, podrá distribuir entre la institución
o entidad receptora y la operadora los beneficios que se deriven de manejar dichas
aportaciones durante el periodo previsto en el primer párrafo de este artículo.


Artículo 90 BIS-J.- El saldo de las subcuentas de ahorro para el retiro se ajustará y
devengará intereses en los mismos términos y condiciones previstos para los créditos a
que se refiere el artículo anterior. Dichos intereses se causarán a más tardar a partir del
cuarto día hábil bancario inmediato siguiente a aquél en que las instituciones de crédito
u otras entidades financieras que lleven las cuentas individuales reciban las
aportaciones para abono de las cuentas respectivas, y serán pagaderos mediante su
reinversión en las propias cuentas. Las instituciones o entidades financieras que lleven
las cuentas podrán cargar mensualmente, a las subcuentas de ahorro para el retiro, la
comisión máxima que por manejo de cuenta determine la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro. La tasa de interés pagadera al trabajador, una vez descontada
la mencionada comisión no deberá ser inferior a la mínima señalada en el tercer pár rafo
del artículo 90 Bis-I.
El saldo de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de las cuentas individuales devengará
intereses en los términos del artículo 106.
Artículo 90 BIS-K.- Las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas, deberán
informar al trabajador a quien le lleven su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, el

                                                                                                         35
estado de la misma, con la periodicidad y en la forma que al efecto determine la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.


Artículo 90 BIS-L.- El trabajador podrá, en cualquier tiempo, solicitar directamente a la
institución o entidad financiera depositaria el traspaso a otra institución de crédito o entidad
financiera autorizada, de los fondos de su cuenta individual del sistema de ahorro para el
retiro, a fin de invertirlos en los términos establecidos en el presente Capítulo.
Ello, sin perjuicio de que la dependencia o entidad pueda continuar enterando las
aportaciones en la institución o entidad financiera de su elección, la cual extenderá los
comprobantes respectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 Bis-E, o bien de
conformidad con lo señalado en las disposiciones de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro.
Los trabajadores que decidan traspasar los fondos de su cuenta individual del sistema de
ahorro para el retiro de una institución de crédito o entidad financiera autorizada a otra,
pagarán, en su caso, como máximo, la comisión que determine la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro. Dicha comisión será descontada a los trabajadores del
importe de los fondos objeto del traspaso, o bien, pagada por las instituciones o entidades
financieras mencionadas según lo determine la Comisión.


Artículo 90 BIS-M.- El trabajador tendrá derecho a solicitar a la institución de crédito o
entidad financiera autorizada la transferencia de parte o la totalidad de los fondos de la
subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual, a sociedades de inversión
administradas por instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros o
sociedades operadoras.
Sin perjuicio de lo anterior, la dependencia o entidad deberá continuar entregando las
aportaciones respectivas en la institución de crédito o entidad financiera autorizada de su
elección, para abono en la subcuenta de ahorro para el retiro del trabajador.
Para la organización y el funcionamiento de las sociedades de inversión que administren los
recursos provenientes de las mencionadas subcuentas, se requiere previa autorización de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quien la otorgará o denegará
discrecionalmente. Estas sociedades de inversión se sujetarán en cuanto a: su organización,
la recepción de recursos, los tipos de instrumentos en los que puedan invertirlos, la
expedición de estados de cuenta y demás características de sus operaciones, a las reglas
de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
En lo no expresamente previsto en este artículo y en las reglas a que se refiere el párrafo
anterior, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Inversión.
El trabajador tendrá derecho a solicitar a la sociedad de inversión, la transferencia de parte o
la totalidad de los fondos que hubiere invertido en términos del presente artículo a otra de las
sociedades de inversión referidas o a la institución de crédito o entidad financiera autorizada
que le lleve su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. El trabajador que se
encuentre en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 90 Bis-O deberá solicitar a
la sociedad de inversión de que se trate, la transferencia de los fondos respectivos a la
institución de crédito o entidad financiera citada.
En caso de que el trabajador solicite la transferencia de fondos a sociedades de inversión,
en los términos de este artículo, sólo responderán de los mismos y de sus rendimientos
dichas sociedades de inversión.


Artículo 90 BIS-N.- El trabajador podrá retirar el saldo de la subcuenta de ahorro para el
retiro de su cuenta individual, siempre y cuando por razones de una nueva relación laboral,
deje de ser sujeto de aseguramiento obligatorio del Instituto y dicho saldo se abone en otra
cuenta a su nombre en algún otro mecanismo de ahorro para el retiro de los que al efecto
señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

                                                                                                   36
Artículo 90 BIS-Ñ.- El trabajador tendrá derecho a solicitar la contratación de un seguro de
vida o invalidez, con cargo a los recursos de la subcuenta de ahorro para el retiro, en los
términos que al efecto determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Las instituciones de seguros no podrán otorgar préstamos o créditos con cargo a dichos
seguros.


Artículo 90 BIS-O.- El trabajador que cumpla sesenta y cinco años de edad, o adquiera el
derecho a disfrutar una pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía
en edad avanzada, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente
parcial del 50% o más, en los términos de esta Ley o de algún plan de pensiones establecido
por la dependencia o entidad de que se trate, tendrá derecho a que la institución de crédito o
entidad financiera autorizada que lleve su cuenta individual del sistema de ahorro para el
retiro, le entregue por cuenta del Instituto, los fondos de la misma, situándoselos en la
entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien,
entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición.
El trabajador deberá solicitar por escrito a la institución de crédito o a la entidad financiera
autorizada la entrega de los fondos de su cuenta individual, acompañando los documentos
que al efecto señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Los planes de pensiones a que se refiere el primer párrafo, serán sólo los que cumplan
los requisitos que establezca la citada Comisión.


Artículo 90 BIS-P.- Tratándose de incapacidades temporales del trabajador, si éstas se
prolongan por más tiempo que los períodos de prestaciones fijados por esta Ley, éste tendrá
derecho a que la institución de crédito o entidad financiera le entregue, por cuenta del
Instituto, una cantidad no mayor al 10 por ciento del saldo de la subcuenta de ahorro para el
retiro de su cuenta individual. Para tal efecto, el trabajador deberá proceder en los términos a
que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 90 Bis-O.
(ADICIONADO, DOF 4 DE ENERO DE 1993)
Artículo 90 BIS-Q.- Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una
relación laboral, tendrá derecho a:
I. Realizar aportaciones a su cuenta individual siempre y cuando las mismas sean por un
importe no inferior al equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal. Lo anterior, sin perjuicio de que las instituciones de crédito o entidades financieras
autorizadas puedan recibir aportaciones por montos menores. Estas cuentas quedarán
sujetas, en lo conducente, a las disposiciones establecidas en este Capítulo; y
II. Retirar de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual una cantidad no mayor
al 10 por ciento del saldo de la propia subcuenta.
El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los trabajadores cuyo saldo de
la subcuenta de ahorro para el retiro, registre a la fecha de la solicitud respectiva una
cantidad no inferior equivalente al resultado de multiplicar por dieciocho el monto de la última
aportación invertida en la subcuenta de que se trate, y siempre que acredite con los estados
de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos
anteriores a la fecha citada. El trabajador deberá presentar la solicitud respectiva de
conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 90 BIS-O.


Artículo 90 BIS-R.- Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho de hacer
aportaciones adicionales a su cuenta individual, ya sea por conducto de la dependencia o
entidad al efectuarse el entero de las aportaciones, o mediante la entrega de efectivo o
documentos aceptables para la institución o entidad financiera que los reciba.


                                                                                                     37
     Artículo 90 BIS-S.- El trabajador titular de una cuenta individual del sistema de ahorro
     para el retiro, deberá a la apertura de la misma, designar beneficiarios. Lo anterior, sin
     perjuicio de que en cualquier tiempo el trabajador pueda sustituir a las personas que
     hubiere designado, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a
     cada una de ellas.
     En caso de fallecimiento del trabajador, la institución de crédito o entidad financiera
     respectiva entregará el saldo de la cuenta individual a los beneficiarios que el titular haya
     señalado por escrito para tal efecto, en la forma elegida por el beneficiario de entre las
     señaladas en el artículo 90 BIS-O. La designación de beneficiarios queda sin efecto si el o
     los designados mueren antes que el titular de la cuenta.
     A falta de los beneficiarios a que se refiere el párrafo anterior, dicha entrega se hará
     conforme a lo dispuesto en el artículo 501 fracciones I a IV de la Ley Federal del Trabajo. A
     falta de las personas a que se refieren estas fracciones, el Instituto será el beneficiario.
     Los beneficiarios deberán presentar solicitud por escrito a las instituciones de crédito o
     entidades financieras, en los términos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 90 Bis-
     O de esta Ley.


     Artículo 90 BIS-T.- Las cantidades que correspondan a los trabajadores y a sus
     beneficiarios conforme al presente Capítulo, son inembargables. Sólo en los casos
     de obligaciones alimenticias a su cargo pueden emb argarse por la autoridad judicial
     los recursos a que se refieren los artículos 90 BIS -O, 90 BIS-P, 90 BIS-Q fracción II
     y 90 BIS-S, hasta el 50 por ciento de su monto.
     Lo señalado en el párrafo anterior, no autoriza bajo ningún concepto el retiro de los recursos
     en plazos y condiciones distintos a los establecidos en este Capítulo.”


A pesar de existir toda estas disposiciones complejas sobre el Sistema de Ahorro para
el Retiro, el Artículo DÉCIMO PRIMERO Transitorio de la ley reclamada, omite regular
dicho concepto, respetando únicamente el monto de la aportación, con las variantes de
los transitorios VIGESIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO, sin que se precisaran todos
los demás elementos que establecía la legislación anteriormente aplicable. Dicho
transitorio establece:

     “DÉCIMO CUARTO. Los Trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley
     tengan derecho a pensionarse conforme a la Ley que se abroga y hubieren elegido los
     beneficios de la presente Ley, pero que deseen seguir laborando, recibirán, en lugar de
     Bonos de Pensión del ISSSTE, un depósito a la vista denominado en unidades de inversión
     en el Banco de México, con la misma tasa de interés real anual utilizada para el cálculo de
     los mencionados Bonos de Pensión del ISSSTE prevista en el artículo vigésimo primero
     transitorio, el cual pagará intereses mensualmente.

       La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y términos en que los
     recursos de dicho depósito podrán ser utilizados por el PENSIONISSSTE o, en su caso, las
     sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que elija el Trabajador para
     la inversión de los recursos de su Cuenta Individual.

      El monto del depósito a que se refiere este artículo se determinará de conformidad con la
     tabla prevista en el artículo noveno transitorio.

       Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán llevar el registro
     individual de estos depósitos hasta que sea entregada la información al PENSIONISSSTE.”


                                                                                                      38
Por su parte, los Artículos VIGESIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO Transitorios de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
vigente a partir del primero de abril del 2007, ordena la confiscación de los recursos que
nos pertenecen y estaban depositados en nuestras cuentas del Sistema de Ahorro para
el Retiro, privándonos del uso y disfrute de los mismos, cuestión que está prohibida en
el artículo 22 Constitucional. Dichos transitorios de la ley combatida establecen a la
letra lo siguiente:


     “VIGÉSIMO SEXTO. Los recursos acumulados en las Cuentas Individuales abiertas bajo el
     sistema de ahorro para el retiro vigente a partir del primer bimestre de mil novecientos
     noventa y dos hasta la fecha de entrada en vigor de esta Ley, deberán ser transferidos al
     PENSIONISSSTE dentro del mes siguiente a que inicie operaciones, y se mantendrán
     invertidos en créditos a cargo del Gobierno Federal en el Banco de México.

      A los Trabajadores que hayan elegido la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les
     abrirá la Cuenta Individual a que se refiere esta Ley, en la que acumularán los recursos a que se
     refiere el párrafo anterior.


     VIGÉSIMO SÉPTIMO. Las Cuentas Individuales del sistema de ahorro para el retiro, se
     transferirán y serán administradas por el PENSIONISSSTE.”


OCTAVO CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Los Artículos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO,
DÉCIMO SEGUNDO, VIGESIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO Transitorios de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a
partir del primero de abril del 2007 son violatorios de nuestra garantía de legalidad del
artículo 14 y 16 Constitucional, en virtud de que transgrediendo su naturaleza misma de
norma instrumental con carácter accesorio y temporal, pretende regular cuestiones que
están fuera de su alcance material y de lo que debe ser su contenido, más allá al
desconocer derechos adquiridos, establecer excepciones al principio de no
retroactividad, y crear y extinguir Instituciones, a pesar de que no debe contemplar
estos aspecto.

En efecto, conforme a la doctrina existente sobre la naturaleza de los artículos
transitorios, este tipo de normas son accesorias del articulado de de la ley en la que se
incorporan, su objetivo es únicamente ser instrumental para aplicar dicha norma, es
accesorio de la ley misma, por eso no puede tener vida independiente, y su contenido
no puede ni debe desconocer derechos adquiridos, establecer excepciones al principio
de no retroactividad, crear o extinguir Instituciones ni tampoco contemplar excepciones
de aplicación de la norma con carácter definitivo o permanente, pues de lo contrario
resulta ser inconstitucional al estar desvirtuada de su objeto.

Como se puede advertir de una simple lectura, los Artículos CUARTO, QUINTO,
SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO, VIGESIMO
SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y

                                                                                                         39
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del primero de abril
del 2007, los mismos son inconstitucionales ya que contemplan aspectos que sólo
pueden ser considerados en el contenido de la propia ley y no en una norma transitoria.
Un aspecto importante de estas violación lo constituye el artículo DÉCIMO Transitorio,
en el que se contemplan aspectos sobre pensiones que no pueder ser tratados en
dichos transitorios en virtud de que desconocen derechos adquiridos que se regulaban
en la anterior Ley del ISSSTE, plantean la aplicación retroactiva de la nueva ley y, sobre
todo, crea un nuevo sistema pensionario, mezcla del anterior con algunas
modificaciones en relación a la edad y tiempo de cotización que se debe reunir. Los
Artículos SEXTO y SÉPTIMO Transitorio establecen un procedimiento especial para
cuantificar el bono que servirá para crear la cuanta individual del trabajador activo,
contando con condiciones especiales y nuevas. Por su parte, los Artículos DÉCIMO
SEGUNDO, VIGESIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO Transitorios establecen un
nuevo esquema para los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro que hemos
venido gozando. Los Artículos CUARTO y QUINTO contemplan la posibilidad de optar
por algunos de los dos esquemas para jubilación, los cuáles son diferentes al
contemplado en la ley anterior y al de la nueva ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Aplica en el caso a la violación de la garantía de no retroactividad de las leyes en
perjuicio de personas, la siguiente tesis:

“No. Registro: 181,024
Jurisprudencia
Materia(s): Común
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Julio de 2004
Tesis: 2a./J. 87/2004
Página: 415

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA.
El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre
situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los
gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir,
ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre
si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales
situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo
dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva
de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin
afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su
entrada en vigor.

Amparo directo en revisión 479/2000. Amelia Oceguera Vázquez. 19 de mayo de 2000. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretario: Rafael Coello Cetina.

Amparo directo en revisión 1026/2000. Luis Felipe Cruz Carranco. 11 de octubre de 2000. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

                                                                                                         40
Amparo en revisión 607/2000. Héctor Adalberto García Noriega. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria:
Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.

Amparo directo en revisión 1537/2001. Mireya Elisa Morales Villegas y otros. 11 de enero de 2002. Cinco
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

Amparo directo en revisión 898/2003. José Francisco Macías Rosales. 19 de septiembre de 2003. Cinco
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Tesis de jurisprudencia 87/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada
del veintitrés de junio de dos mil cuatro.”

                 SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA.
Se solicita a su Señoría la suplencia en la deficiencia de la queja contemplada en la
fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos son
trabajadores en activo al servicio de (nombre completo del patrón), promueven por su
propio derecho y habida cuenta que la materia de la queja no deviene de controversia o
juicio con otros trabajadores o entre organizaciones sindicales.

Aplica la siguiente tesis:

“No. Registro: 200,727
Jurisprudencia
Materia(s): Laboral
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
II, Septiembre de 1995
Tesis: 2a./J. 39/95
Página: 333

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE
LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS.
La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL
TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la
queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o
agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación
rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el
trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar
palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución
legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la
diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para
recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en
otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no
se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro
caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la
suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de
conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la
administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal,
considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en
que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia

                                                                                                           41
de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su
posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones.


Contradicción de tesis 51/94. Entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 2 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.


Tesis de Jurisprudencia 39/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión pública de
dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los Ministros: Presidente: Juan Díaz
Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.”



                        FUNDAMENTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS

Son aplicables al juicio, las disposiciones constitucionales y las de la Ley de Amparo ya
invocadas y las que por derecho resulten procedentes.

                                           PRUEBAS
I.     DOCUMENTALES, consistentes en los formatos personalizados de cada uno de
los promoventes, en que constan las percepciones salariales y las deducciones
salariales, que nos ha expedido nuestro patrón (nombre del patrón), documentos
todos ellos en que, entre otros conceptos, constan los descuentos de cuotas a nuestro
cargo practicadas por nuestro patrón para enterarlas al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, (ISSSTE) por los
servicios públicos de seguridad social que nos presta dicho Instituto. Con estas
documentales se acredita el interés jurídico de los suscritos para accionar el
amparo indirecto que estamos promoviendo.

II.    DOCUMENTAL, (cuando los trabajadores quejosos estén amparados por
contrato colectivo) consistente en el ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo
vigente celebrado entre el sindicato a que pertenecemos y nuestro patrón en cuyas
cláusulas (mencionar todas las vinculadas con la seguridad social) existe pactada la
inscripción de los trabajadores a dicho INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

(en el caso de condiciones generales de trabajo, si se tienen, ofrecerlas como
prueba y mencionar sus cláusulas relacionadas con la seguridad social)

III. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistentes en las del presente juicio
de amparo, en todo lo que favorezcan el interés jurídico deducido por los quejosos.

IV.   PRESUNCIONALES.- Consistentes en las legales, lógicas y humanas en todo lo
que favorezcan el interés jurídico deducido por los quejosos.




                                                                                                         42
Se hace reserva expresa del derecho de ampliar el ofrecimiento en la audiencia
constitucional de Ley.


                                    SUSPENSION
Toda vez que con la ley impugnada se violan las garantías constitucionales de los
quejosos, entre otras la garantía de no retroactividad de las leyes en perjuicio de
personas, al no verse afectado el interés público, con fundamento en el artículo 124 de
la Ley de Amparo solicitamos nos sea concedida la suspensión provisional, y
posteriormente la definitiva, ésta una vez que se haya substanciado el incidente relativo.

Dicha suspensión es solicitada por lo que respecta a todas las consecuencias de hecho
y de derecho derivadas en el futuro de la aprobación, expedición, promulgación,
refrendo y publicación del citado Decreto que expide la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 31 de marzo de 2007, las cuales todavía no constituyen eventos
acontecidos, pero que en cualquier momento pueden ser objeto de ejecución por parte
de las autoridades reclamadas. Dicha suspensión tendrá el efecto de que, por lo que
hace exclusivamente a los artículos de la ley combatida que se reclaman de
inconstitucionales, las cosas se mantengan en el estado que se encontraban antes de
su entrada en vigor, sin que se lleve a cabo la ejecución de los mismos, hasta en tanto
se resuelva en definitiva el amparo solicitado y de forma específica para que no seamos
objeto de imposición de actuaciones ilegales por parte de las autoridades responsables,
hasta la total terminación del juicio que se promueve.

Es procedente otorgarnos la suspensión solicitada sin garantía o caución algunas, al no
verse afectado el interés social ni contravenirse disposiciones de orden público, además
de que en el caso de negarse dicha suspensión, podrá ejecutarse el acto reclamado
causándonos daños o perjuicios de difícil reparación. Por otra parte los actos
reclamados constituyen una restricción de los derechos y garantías constitucionales de
los Quejosos, lo cual en un estado de derecho no se puede ni debe permitir.

Por tales razones y al resultar evidente la inconstitucionalidad de la ley reclamada que
se combate, en aplicación del principio de apariencia del buen derecho y peligro en la
demora, insistimos a su Señoría nos conceda la suspensión tanto provisional como
definitiva impetrada, a efecto de que se deje sin efectos respecto de los quejosos, la ley
impugnada hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo que
estamos promoviendo.

Aplican sobre la suspensión las siguientes tesis:

     “SUSPENSION CONTRA UNA LEY.- Es procedente la que se pide contra una ley cuyos
     preceptos, al promulgarse, adquieren el carácter de inmediatamente obligatorios, que se
     ejecutarán sin ningún trámite y serán el punto de partida para que se consumen,
     posteriormente, otras violaciones de garantías.

     Qunta Época:
     Tomo II, página 1192.- Hijos de Ángel Díaz Rubín.

                                                                                               43
      Tomo II, página 1192.- Valentín Alonso y Cía.
      Tomo II, página 1192.- Gavito Vd. de Amaviscar Encarn.
      Tomo II, página 1192.- Duarte, Enrique.
      Tomo II, página 1192.- Julio Ferrer, S. En C.”


 “No. Registro: 200,136
Jurisprudencia
Materia(s): Común
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, Abril de 1996
Tesis: P./J. 15/96
Página: 16

SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS
REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA
APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO
RECLAMADO.
La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos
presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa
en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la
existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos
reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos
en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por
el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la
sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra
además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el
otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de
la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el
examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por
el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus
características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la
certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados,
ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más
amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación
con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de
provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el
entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el
perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que
pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público
o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita
el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en
materia de suspensión.

Contradicción de tesis 3/95. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia
Administrativa del Primer Circuito y Segundo del Sexto Circuito. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de
nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar
desempeñando un encargo extraordinario. Ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobó, con el número
15/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil
novecientos noventa y seis.”




                                                                                                       44
“No. Registro: 200,137
Jurisprudencia
Materia(s): Común, Administrativa, Constitucional
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, Abril de 1996
Tesis: P./J. 16/96
Página: 36
SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO
INDEFINIDO.
El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los
requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta
la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y
verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho
de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para
efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género
próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la
perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo
que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos
que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la
demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que
descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de
un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia
del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los
derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el
dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de
probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de
probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales.
Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del
derecho y el peligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una
clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz,
debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho
cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no
inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se
resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la "apariencia del buen
derecho" sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo
expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece
que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que
supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras
a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva
la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la
sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o
al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso,
deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la
sociedad están por encima del interés particular afectado.

Contradicción de tesis 12/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en
Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes:
Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar desempeñando un encargo
extraordinario. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobó, con el número
16/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil
novecientos noventa y seis.”




                                                                                                              45
                                          “Tesis Seleccionada

Instancia: Segunda Sala                                  Epoca: Quinta Epoca

Localización

        Instancia: Segunda Sala
        Fuente: Semanario Judicial de la Federación
        Parte : XCVIII
        Tesis:
        Página: 1745

Rubro

        LEYES, SUSPENSION EN AMPARO CONTRA LAS.

Texto

        Cuando el amparo se solicita contra la aplicación de una ley que se estima
        inconstitucional, no puede invocarse, para negar la suspensión, el hecho de que la
        sociedad y el estado estén interesados en la aplicación de dicha ley, pues esto
        equivaldría a prejuzgar de ella, ya que es el amparo en cuanto al fondo el que debe
        resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha ley; en consecuencia,
        en estos casos es procedente conceder la suspensión.

Precedentes

        Franco Ildefonso Y Coags. Pag. 1745. Tomo XCVIII. 29 De Noviembre De 1948. Cinco
        Votos.”




                                          “Tesis Seleccionada

Instancia: Segunda Sala                                  Epoca: Quinta Epoca

Localización

        Instancia: Segunda Sala
        Fuente: Semanario Judicial de la Federación
        Parte : XCIII
        Tesis:
        Página: 794

Rubro

        LEYES, SUSPENSION CONTRA LAS.

Texto

        Si bien las leyes, en general, tienden a mantener la coexistencia de los derechos de los
        particulares en sus relaciones con el Poder Público, no es posible concluir que la
        suspensión contra la leyes sea improcedente, puesto que no todas afectan directamente


                                                                                                     46
        al orden público, único caso en que no se satisface la exigencia del artículo 124, fracción
        II, de la Ley de Amparo.

Precedentes

        TOMO XCIII, Pág. 794.- Cámara Nacional de Comercio de Tierra Blanca Ver.- 21 de julio
        de 1947.- Cinco votos.”




                                           “Tesis Seleccionada

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito                                 Epoca: 9a. Epoca

Localización

        Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial
        de la Federación y su Gaceta Tomo: XII, Julio de 2000 Tesis: V.2o.54 A Página: 829
        Materia: Administrativa Tesis aislada.

Rubro

        SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LEY MINERA. PROCEDE OTORGARLA, AUN
        CUANDO SUS DISPOSICIONES SEAN DE ORDEN PÚBLICO, SI SE JUSTIFICA LA NO
        AFECTACIÓN A LOS BIENES DE LA COLECTIVIDAD.

Texto

        Dada la elevada función que cumplen las normas jurídicas, éstas no pueden ser
        paralizadas en su observancia, anteponiendo el interés particular del quejoso al de la
        sociedad; sin embargo, tal criterio no puede ser determinante en forma absoluta para
        decidir sobre la no concesión de la suspensión en los juicios de garantías, toda vez que
        las leyes, en mayor o menor medida, responden a ese interés público. En ese contexto,
        aun cuando las disposiciones de la Ley Minera sean de orden público, procede conceder
        la suspensión del acto reclamado, cuando el juzgador advierte, a través de los medios de
        prueba que autoriza la ley, que con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés
        social, ni se contravienen disposiciones de orden público, porque el criterio que informa el
        concepto de orden público para conceder la medida, debe basarse en la no afectación de
        los bienes de la colectividad tutelados por las leyes y no en que éstas revistan tal
        carácter. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Precedentes

        Incidente de suspensión (revisión) 41/2000. Fernando Carranza Munguía y suc. 8 de
        mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. Secretaria:
        María Guadalupe Romero Esquer.”



Por lo expuesto y fundado, a su Señoría, atentamente P E D I M O S:

1.    Tenernos en los términos del presente ocurso promoviendo el Amparo y
Protección de la Justicia Federal en contra de la ley y autoridades que hemos dejado

                                                                                                       47
señalados y tener por autorizadas a las personas que se mencionan en los términos del
artículo 27 de la ley de la Materia;

2.    Concedernos la suspensión provisional y en su momento la definitiva solicitadas;

3.    Expedir copia certificada a costa de los quejosos, del auto de suspensión de la
Ley reclamada y;

4.     Admitida que sea la demanda y substanciado el procedimiento de Ley, dicte
sentencia en la cual conceda a los quejosos el AMPARO y PROTECCIÓN DE LA
JUSTICIA FEDERAL, para los efectos de declarar la inconstitucionalidad de los
artículos impugnados de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y, POR CONSECUENCIA LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROPIA LEY.

                                     Atentamente.
                               Protestamos lo necesario
        (ciudad y en su caso, estado) a _____ de _________ de dos mil siete.

LISTA QUE CONTIENE NOMBRE, DOMICILIO PARTICULAR Y FIRMA AUTOGRAFA
   DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE (nombre del patrón, QUEJOSOS
      EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA
      DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
                   DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

        NOMBRE               DOMICILIO PARTICULAR                   FIRMA




                                                                                    48
49

								
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