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									         “CAPACITACIÓN PARA PASANTES Y MERITORIOS DEL FUERO CONTENCIOSO
                                          ADMINISTRATIVO ”



Autoras: Susana Osella
        Elisa Saco de Lorenzo

Año: 2006




    DIVERSOS ASPECTOS ORIENTATIVOS PARA EL INGRESANTE AL FUERO CONTENCIOSO
                                           ADMINISTRATIVO



Toda organización requiere para el logro de sus fines, entre otros menesteres, de la instrucción del
material humano que la compone, por lo que el Poder Judicial necesita que sus integrantes estén
capacitados para la realización de las tareas inherentes a la función que deben desarrollar.-
Como respuesta a lo antes planteado es que desarrollamos este ensayo, con el objeto de hacerles
conocer a los recién ingresados al fuero contencioso administrativo, los aspectos principales ligados a lo
material y a lo formal de la actividad laboral que deben realizar. La implementación de un curso de
capacitación para los que se inician en la carrera judicial es un paso decisivo en la concreción de estos
objetivos.
Es imprescindible que el empleado que ingresa al fuero, tenga en sus manos una especie de mapa judicial
que le permita recorrer el camino y poder dar los primeros pasos de su vida laboral con los conocimientos
básicos, no sólo para aumentar sus conocimientos sino que también para un mejor servicio de justicia en
beneficio de la sociedad.-

OBJETIVO:
Brindarle al recién ingresado al fuero contencioso administrativo los conocimientos básicos para el normal
y correcto desarrollo de su tarea diaria.- Esta herramienta debe servirle al nuevo integrante para que
comprenda y asuma la importancia de lo que se le solicita, debiendo responder siempre con
responsabilidad y eficiencia.-




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             CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO RICARDO C. NÚÑEZ

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SUMARIO:
I.- COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL FUERON CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL PODER
JUDICIAL:
-Tribunal Superior de Justicia- Sala Contencioso Administrativa-
-Cámaras Contencioso Administrativa
-Fiscal de Cámara
II-PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:
1) CONCEPTO
2) CLASIFICACIÓN DE ACCIONES
a) Plena Jurisdicción
b) Ilegitimidad
c) Lesividad
d) Amparo por mora
e) Habeas Data ( arts. 50 y 20 de la Constitución Provincial)
f) Amparo Ley 8803
3) ETAPAS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
a) Demanda. Habilitación de la instancia
b) Suspensión del acto administrativo
c) Contestación de demanda
d) Prueba
e) Alegatos
f) Sentencia
g) Ejecución de sentencia
h) Sistema impugnativo - Recursos
III- INSTRUCCIONES PARA DESEMPEÑARSE EN BARANDILLA Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL
TRIBUNAL:
a) Demandas. Turnos
1) Expedientes- carátula
2) Foliatura
b) Barandilla- consulta de expedientes
1) Comparendo- poderes para intervenir en el juicio
c) Cargo
d) Confección y Registro de Para Agregar
e) Formación de cuadernillos de prueba
f) Libro de prestamos de expedientes
g) Libro de fianzas
h) Cedulas de Notificación
i) Audiencias
j) Comunicaciones Interjurisdiccionales




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I.- COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL PODER
JUDICIAL

Creemos que es indispensable para cualquier persona que ingresa a un trabajo, saber en que lugar físico se
va a desempeñar, quien o quienes son las autoridades a quien debe obedecer y respetar, para después
preguntar específicamente que es lo que tiene que hacer.-
La Constitución Provincial nos da una respuesta general a estos interrogantes, estableciendo en su sección
tercera desde el artículo 152 en adelante, como está compuesto y distribuido el Poder Judicial. De allí
abrevamos para dar una explicación acotada de la conformación del poder judicial pero en materia
contencioso administrativa.-
En primer lugar y en lo más alto de la pirámide está el Tribunal Superior de Justicia (arts. 165 y sig.
Constitución Provincial), que tiene una competencia originaria y exclusiva ej: las acciones declarativas de
inconstitucionalidad y una competencia derivada que es la que le llega por vía de los distintos recursos que
establecen los distintos códigos de procedimientos.-
A su vez tiene distintas atribuciones, entre ellas dictar su propio reglamento; crear una escuela de
capacitación para magistrados y empleados; designar su personal de acuerdo a un mecanismo que asegure
la igualdad de oportunidades etc.- Está compuesto por siete vocales, de los cuales uno es el presidente.
Colaboran en la tarea secretarios, prosecretarios y empleados.
El Excmo. Tribunal Superior se divide en "salas" a los fines de resolver los recursos conforme la materia
(civil, penal, contencioso administrativo etc.) (art. 10 ley 8435).-
La sala contencioso administrativa, esta formada por tres vocales, que actúan de manera colegiada y tienen
a su vez una Secretaría y una Relatoría Contencioso Administrativa.-
A través de esta Sala, el T.S.J. conoce y resuelve en segunda instancia en las causas en que la provincia
sea parte. Asimismo conoce y resuelve de los recursos establecidos en el C.M.C.A. (art. 10 ley 7182).
En segundo término se encuentran las Cámaras Contencioso Administrativas , existiendo dos cámaras
integradas con tres vocales cada una (que actúan de manera colegiada) una Secretaria y una Prosecretaria
y empleados, respectivamente (art. 22 ley 8435).
Las cámaras actúan como tribunal de primera instancia en todas aquellas causas en que la Provincia de
Córdoba sea parte y conocen en única instancia en las causas contra otros entes (Municipalidades,
organismos previsionales, entes autárquicos varios, etc.) (art. 10 ley 7182 )-
En tercer término encontramos el Sr. Fiscal de Cámara integrante del "MINISTERIO PÚBLICO". La ley
orgánica del Ministerio Público Fiscal nº 7826 y sus modificaciones, establece que éste forma parte del
Poder Judicial. Su misión es la de actuar en defensa del interés público y del derecho de las personas. Sus
funciones y atribuciones están enumeradas en el art. 9 de la citada ley
El art. 24 de la citada ley, señala que le corresponde al Fiscal de Cámara Contencioso Administrativa
ejercer las funciones que le asigne la ley respectiva. Así nos encontramos que la ley 7182, es la que le va
asignar sus funciones, que son:
1) Acción de Ilegitimidad: el fiscal es parte conforme lo establece el art. 3 inc c). Por tal razón interviene en
todas las etapas del proceso, contestación de demanda, prueba, alegatos etc.
2) Habilitación de la Instancia ( art. 11 ley 7182) la cámara contencioso administrativa, antes de dar tramite
a una demanda, debe establecer de oficio si el asunto corresponde a esa jurisdicción, con audiencia de su
Fiscal el que deberá expedirse dentro del tercer día. El Fiscal realiza un análisis preliminar acerca del
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda. El dictamen elaborado por el Fiscal es
obligatorio pero no vinculante.-
La habilitación por el Tribunal lo es sin perjuicio de la articulación que pudiera hacer la parte como
excepción de previo y especial pronunciamiento.-
3) Excepción de Incompetencia del Tribunal, (art. 24 inc 1) se le corre traslado en razón de estar vinculado
con el tema de la Habilitación de la instancia (art. 11 ley 7182).-




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II.- PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

1) CONCEPTO: El procedimiento administrativo es el medio adecuado a través del cual se ejerce el control
judicial de la Administración, previo agotamiento de la vía administrativa por el interesado.
Los actos administrativos emanados de la Administración en ejercicio de función administrativa, gozan de
presunción de legitimidad, de carácter juris tantum. Quién impugne tales actos, debe alegar y demostrar la
ilegitimidad con que los mismos se hubieren dictado.
Tras la interposición de los recursos necesarios, que conforme a la ley de Procedimientos Administrativos
Provincial (N° 6658) son los de reconsideración y jerárquico, el afectado procura que la Administración
revise sus propios actos, dándole la posibilidad de corregirlos o revocarlos. En caso de que aquella
sostenga, en todas las instancias, que el acto goza de legitimidad, los recursos necesarios, como dijimos,
permiten al administrado agotar la vía administrativa y acceder a su revisión en sede judicial.
Es decir que si un particular viera afectado un derecho subjetivo o interés legítimo (de los que mas adelante
hablaremos) por un acto, contrato administrativo, etc., debe interponer contra ellos, en sede administrativa,
los recursos que el ordenamiento jurídico prevé, ocurriendo posteriormente al fuero contencioso
administrativo para solicitar su nulidad.-
El órgano judicial interviene entonces para resolver sobre la existencia de lesión a los derechos subjetivos o
intereses legítimos del particular que fueran afectados, resolviendo en consecuencia lo que correspondiere
conforme a la ley.
Es decir que las actuaciones del Estado, los Municipios y demás personas jurídicas públicas en el ejercicio
de función administrativa, quedan sometidas al control judicial de acuerdo con lo que determine la ley de la
materia y sin otro requisito que el interesado haya agotado la vía administrativa (art. 178 de la Constitución
Provincial).
2) CLASIFICACION DE LAS ACCIONES:
El objeto del proceso en las acciones contencioso administrativas lo constituye la “pretensión” puesta en
acto, que siempre implica a la impugnación de un acto administrativo individual o general, del cual se
pretende su declaración de nulidad.
Ese objeto especial determina los caracteres de las acciones mediante las cuales se articula el control de
legalidad de la actividad administrativa del Estado. El procedimiento tiene razón de ser como medio para
producir, en forma eficaz y eficiente, un acto administrativo que luzca legitimidad. Por esa razón el órgano
judicial va a controlar efectivamente en cada caso concreto la legitimidad del acto administrativo que se trae
a juicio. Precisamente, la disconformidad que tiene el particular respecto de la legitimidad del acto que
ataca, es lo que justifica la existencia de las acciones contencioso administrativas.
Nuestra jurisdicción es por eso siempre rogada y tiene como finalidad: la de tutelar las situaciones jurídico
subjetivas que hubieran podido ser afectadas por alguna ilegitimidad en el ejercicio de la función
administrativa.
Existen tres clases de acciones contencioso administrativas. Corresponde el proceso de plena jurisdicción
en el supuesto de situación de lesión de un derecho subjetivo de carácter administrativo. Corresponderá
proceso de ilegitimidad en el supuesto de situación de afectación de interés legítimo de quién se ha
vinculado al acto de manera personal y directa, teniendo o pudiendo tener éste vicios que lo invalida (art. 1°
in fine C.M.C.A.). Por último, la acción de lesividad a la que ya nos referiremos.
Es de destacar que nuestra Provincia luce como orgullo para los administrativistas desde la década del 40,
en una forma absolutamente inédita, una amplitud de tutela que comprende no sólo los derechos subjetivos
sino también los intereses legítimos, derivándose así los dos tipos de acciones como son, como dijéramos,
las de plena jurisdicción y de ilegitimidad (la Provincia de Bs.As. a partir del caso "Rusconi" del 4/7/95
admite recién la legitimación al titular de un interés legítimo).
Antes de entrar en el análisis de cada una de las acciones mencionadas es necesario partir del concepto de
derecho subjetivo y de interés legítimo.
DERECHO SUBJETIVO E INTERÉS LEGITIMO:
La diferenciación entre ambos conceptos, surge claramente de la distinción que hace Guicciardi, jurista
perteneciente a la doctrina italiana moderna, citado por Fernando Garrido Falla en su estudio sobre “Las
Tres Crisis del Derecho Público Subjetivo, de las normas jurídico administrativas, en normas de “relación” y
normas de “acción”. Las normas “de relación” son las que determinan las esferas jurídicas de libre
disposición a favor de la Administración y de los particulares, surgiendo así como efectos de tales normas
los “derechos subjetivos públicos de la Administración” y los “derechos subjetivos públicos del ciudadano”,
que la Administración debe respetar, sea no pudiendo exigir al ciudadano prestaciones que no han sido
impuestas por el derecho positivo, sea cumpliendo las prestaciones que el ordenamiento le impone a favor
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del ciudadano. En cambio las normas “de acción” constituyen obligaciones jurídicas a cargo de la
Administración, a la cual no corresponden derechos a favor de particulares. En estas últimas, expresa
Guicciardi, no es que el ciudadano deje de tener interés en que se cumplan, pero sólo se trata de un mero
interés de hecho o simple interés. En cambio, puede haber ciudadanos para los que de la observancia o no
de las normas de acción por parte de la Administración resulten ventajas o desventajas de modo particular
respecto a todos los demás. Esto puede ocurrir por dos órdenes de razones, si bien las consecuencias son
análogas. En primer lugar puede ser el resultado de la particular posición de hecho en que uno o más
ciudadanos se encuentren, que los hace más sensibles que otros respecto a un determinado acto
administrativo. Por ejemplo: Si la Administración acuerda cerrar un camino de tránsito, esta decisión afecta
más directamente que a cualquier ciudadano a los que tienen sus casas o fachadas a dicha calle. En
segundo lugar, puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto
administrativo que se discute, por ejemplo, el acto que resuelve unas oposiciones con respecto a quienes
han tomado parte en ellas. De manera entonces que según lo expresado ciertos ciudadanos pueden tener
un “interés cualificado” , interés legítimo, respecto de la legalidad de ciertos actos administrativos, lo cual
merece una cierta protección del ordenamiento jurídico.
DERECHO SUBJETIVO: Presupone una norma que determina el accionar administrativo correspondiente
con relación a un administrado que se encuentra en situación de interés personal, directo y exclusivo
respecto de la Administración.
El INTERES LEGITIMO presupone una normativa que regula el accionar estatal con relación a una persona
que no se encuentra en situación de "exclusividad", sino de manera personal, directa y concurrente.
Si clasificamos las acciones según el AGRAVIO, diremos que cuando el agravio es de un derecho subjetivo
se interpondrá la acción de Plena Jurisdicción y cuando el agravio es de un interés legítimo será la acción
de Ilegitimidad.-
a) Acción de Plena Jurisdicción: es amplia, se sustenta en lo que conocemos como derecho subjetivo,
que tiene carácter de exclusividad y naturaleza patrimonial. Si el sujeto que acciona está efectivamente en
una situación de derecho subjetivo en relación con el acto que impugna, siempre deberá atacar el acto
descalificador de su legalidad como medio para pedir que su situación cambie y se restablezca el derecho
que dice lesionado. Pero además podrá pedir al tribunal que adopte las medidas necesarias para
restablecerlo, si lo comprueba vulnerado.
El titular debe exhibir el título por el cual invoca ese derecho, por ejemplo, en el caso de una cesantía, debe
acreditarse la designación en el cargo (nombramiento). Además, cuando se acciona por Plena Jurisdicción
siempre se debe fundamentar la ilegitimidad del acto y precisar en detalle cuáles son las pretensiones en
orden al restablecimiento de la situación jurídica vulnerada (es decir pedir su reincorporación y la
indemnización que considera que le corresponde).
Existe en esta acción la posibilidad de intervención de una tercera parte en el juicio que se denomina
"coadyuvante" , prevista en el art 22 de la ley 7182, quien interviene en el juicio coadyuvando con la
autoridad demandada y con los mismos derechos de ésta (Ej: el más común es el caso de la mujer que
solicita la pensión de su concubino, y aparece la viuda (mujer legitima del causante) para oponerse al
otorgamiento de dicha pensión) .
b) Acción de ilegitimidad: No requiere la preexistencia de una situación jurídica de derecho subjetivo sino
que permite acceder al control judicial invocando la lesión de un interés legítimo, interés que debe ser
personal, directo y concurrente, no debe ser exclusivo ni de naturaleza patrimonial.
La acción de ilegitimidad es una acción que controla que el acto impugnado se ajuste a la ley. La potestad
del tribunal en consecuencia es declarativa, se limita a declarar la nulidad o no del acto administrativo en
cuestión, teniendo esa resolución efecto erga omnes, contrariamente al de la acción de plena jurisdicción
que sólo beneficia al actor (El ejemplo de esta acción se da en el caso de un Concurso Público, en el que se
impugnan bases, forma de realización, etc, consiguiéndose con esta acción que el concurso sea anulado y
que se realice un nuevo concurso (en su caso, pues esa es una decisión que depende exclusivamente de la
Administración). No podrá el juez ordenar que se designe en el cargo al actor, pues no son tales los
alcances de la acción ejercida.
El efecto de la sentencia en el proceso de ilegitimidad es “erga omnes”, vale decir, beneficia a todos los
involucrados con el acto administrativo que se cuestionara en juicio, y no sólo al que impugnó (art. 39 in fine
Ley 7182). Con la salvedad que en el caso ejemplificado, sólo puede impugnar la convocatoria el que ha
sido participante en la misma.
Las partes también son distintas en las diferentes acciones, mientras que en las de plena jurisdicción son
sólo el actor y demandado, en las de ilegitimidad son actor, demandado y se incorpora la figura del Fiscal de
Cámara, ya que hay una identificación con el interés público en el restablecimiento de la legalidad objetiva.-
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                    PLENA JURISDICCIÓN                           ILEGITIMIDAD
INTERÉS             Interés     personal,   directo y            Personal,        directo   y
                    exclusivo.-                                  concurrente.-
AGRAVIO             Derecho Subjetivo                            Interés legítimo
PARTES EN EL JUICIO Actor          y       demandado,            Actor, demandado y Fiscal de
                    excepcionalmente coadyuvante.-               Cámara
EFECTO              “Inter partes”                               “Erga Omnes”
PODER           DEL Jurisdicción plena. Restablece el            Declarativo, sólo declara la
TRIBUNAL            derecho vulnerado y ordena                   nulidad o no del acto en
                    resarcimiento     patrimonial   si           cuestión.
                    correspondiere.

c) Acción de lesividad: Es la posibilidad que tiene la Administración para usar como actora del proceso,
cuando se ha dictado un acto viciado de nulidad relativa, salvo supuesto de dolo. No pudiendo efectuar la
anulación en su sede, entonces accede a esta jurisdicción para que el Tribunal disponga la nulidad del acto.
Se sustancia con las mismas pautas que la acción de ilegitimidad (arts. 106 y 107 de la ley 6658).
d) Acción de Amparo por mora: (art. 52 Constitución Provincial, reglamentado por ley 8508) Se interpone
contra Funcionarios, Reparticiones o Entes Públicos Administrativos que no hubieren cumplido debidamente
dentro de un plazo determinado un deber concreto impuesto por la Constitución, una ley u otra norma,
siempre que la omisión afecte un derecho subjetivo o un interés legítimo. Obedece a la obligación legal de
la Administración de responder expresamente ante las peticiones de los particulares.-
e) Habeas Data: (art. 20, 43 y 50 Constitución Provincial) Esta acción es una modalidad de amparo que
permite a toda persona interesada acceder al conocimiento de los datos que consten en registros o bancos
de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y a exigir su supresión, rectificación,
confidencialidad o actualización de aquellos, en caso de falsedad o discriminación.
Objetivos:
a) acceder a la información, b) conocer su finalidad (a fin de fundamentar con precisión su hipotético
agravio), c) exigir la supresión (cuando consten datos absolutamente privados que puedan lesionar su
intimidad o trasuntar discriminación sobre la raza, religión, ideas políticas, moral, etc., d) exigir la
rectificación (corrección de la información: si figura con sanciones en su legajo personal cuando nunca fue
sancionado), e) exigir la actualización (cuando por ejemplo pagó su deuda y sigue figurando como deudor)
o, f) exigir su confidencialidad (ello quiere decir que la información suministrada por la persona debe
permanecer en reserva: secreto fiscal, médico, bancario, etc.).-
Dicha acción no se encuentra reglamentada, lo que dificulta su aplicación pero es de fundamental
importancia citar la primera sentencia emanada de este fuero "GARCIA DE LLANOS RITA DEL VALLE C/
CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA" Habeas Data, Sentencia Número 9 de
fecha 29 de Marzo de 1995 de la Excma Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación en
donde el Dr. Domingo Sesin en su voto no da una ilustración de la acción y su procedimiento.-
f) Acción de amparo (LEY 8803):
Existe también otro tipo de amparo regido por ley 8803 art. 13 (publicada en el Boletín Oficial del 15-11-99),
titulada "Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado", cuyo art. 1 garantiza este principio al
señalar que "Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de
gobierno, a solicitar y a recibir información ...".-
La ley 8803 avanza en el cumplimiento del principio de publicidad, garantizando ahora a toda persona el
acceso a "cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas
de las reuniones oficiales" (art. 2). Es decir, ya no sólo el acto, sino también las actuaciones que le sirven de
base, por lo que debe entenderse que se refiere a actuaciones previas al acto, tenidas en cuenta para su
dictado. Existen pocos antecedentes hasta ahora en el fuero (Sentencia nº 41 de fecha 30/4/2003 “ Velasco
Calvo c/ Pcia. de Cba”, Sent. N° 41 de fecha 30/04/03; “Lenardón Ana María c/ Provincia de córdoba”,
Asent. N° 106 de fecha 08/07/04 de la C.C.A. 1ª. Nominación, y “Burghini Ángela del Huerto c/EPEC, Sent.
N° 103 de fecha 21/08/03, C.C.A. 2ª. Nominación).
SI una vez cumplido el plazo previsto en la ley, la demanda de información no se hubiera satisfecho se
considera que existe negativa en brindarla, quedando habilitada la acción de amparo por mora de la
Administración.
3) ETAPAS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Los medios de contralor en sentido jurídico estricto dependen de la iniciativa de los administrados a quienes
el ordenamiento jurídico les otorga el instrumento idóneo para ponerlo en movimiento tanto en sede
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administrativa como en sede judicial. Los remedios jurídicos en esta última constituyen lo que se denomina
proceso administrativo o también llamado contencioso administrativo, a través de las acciones judiciales y
sus distintas etapas.
Demanda- Habilitación de instancia:
La demanda es el acto procesal en el cual se formula la pretensión. La "pretensión" es la afirmación de un
sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y por supuesto, la aspiración de que ésta se haga efectiva.
La pretensión no es la acción. La acción es el poder jurídico de hacer valer la pretensión. El contenido de la
pretensión procesal varía de acuerdo con la acción ejercitada. La pretensión debe estar formulada en
términos claros y precisos por 2 motivos:
1) Al momento de contestar la demanda, la parte demandada para poder defenderse debe saber con
claridad y exactitud que se le esta demandando y asi poder ejercer en forma su derecho de defensa. Si la
demanda no fuese clara o tuviera partes oscuras (carecer de términos claros y precisos) la parte demanda
puede interponer la "excepción de defecto legal".-
2) Para dictar sentencia, ya que la demanda es el marco o límite que tiene el juez para resolver, y así no
dictar una resolución ni ultra petita ni extra petita.-
Requisitos de la demanda:
La demanda deberá contener los requisitos establecidos en el art. 16 de la ley 7182 y art. 175 del C.P.C.,
por aplicación supletoria dispuesta por el art. 13 de la primera normativa.
"Artículo 16.- El actor deberá acompañar a la demanda:
a) El instrumento que acredite la representación invocada. A las autoridades y funcionarios públicos les
bastará invocar su condición de tales;
b) Los documentos que acrediten la posesión de la situación jurídicosubjetiva que reclama;
c) El testimonio del acto administrativo que motiva la acción deducida si se le hubiere entregado copia en el
momento de la notificación o, en su caso, la indicación precisa del expediente en que hubiere recaído;
d) En el caso de causa de lesividad, la administración acompañará el expediente administrativo en que se
produjo el acto presuntamente irregular.
En todo supuesto contendrá la individualización y contenido del acto impugnado, nominado el proceso que
se deduce; la relación de hechos y del derecho en que se funda la demanda; la exposición circunstanciada
de lo que se demanda incluso dando detalles de todas las pretensiones aún cuando se persiga una
condena de contenido patrimonial, y la petición en términos claros y precisos."
         "ARTICULO 175.- La demanda se deducirá por escrito y expresará:
1) El nombre, domicilio real, edad y estado civil del demandante; tipo y número de documento de identidad.
2) El nombre y domicilio del demandado.
3) La cosa que se demande designada con exactitud.
Si se reclamase el pago de una suma de dinero, deberá establecerse el importe pretendido, cuando ello
fuese posible, inclusive respecto de aquellas obligaciones cuyo monto depende del prudente arbitrio judicial.
4) Los hechos y el derecho en que se funde la acción.
5) La petición en términos claros y precisos."
Si faltare alguno de ellos el Tribunal emplazará al actor a fin de que lo complete en el término de treinta días
hábiles bajo sanción de declarar el desistimiento de pleno derecho de la acción intentada (art. 176 del
C.P.C.C).

Solve et repete art. 9 ley 7182

El pago previo o solve et repete, esto es, paga y luego demanda, constituye otro requisito de admisibilidad
de la demanda, en determinados supuestos.
No en todas las acciones que tengan por base la impugnación de un acto administrativo en donde se

ordena el pago de una suma de dinero debe cumplimentarse tal requisito, sino únicamente en aquellas

provenientes de tributos vencidos, en donde en virtud de dicho vencimiento la deuda se ha tornado exigible

Esta carga de acreditar el pago previo al momento de demandar, solo se verá cumplimentada con la

constancia expedida de la Administración acreedora del impuesto (v. g.: Municipalidad, Provincia) de que en


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su sede fue abonado el impuesto adeudado. De manera que dicha acreditación no puede ser sustituida con

un depósito judicial o consignación en el mismo expediente.

El pago previo tiene como fundamento la regularidad de la gestión fiscal, evitando dilaciones de cuestiones

que puedan afectar las rentas públicas, situación que se suscitaría con          el no pago de los tributos

determinados por la Administración a cargo del Administrado.

Nuestro código de la materia (ley 7182), contempla tal requisito en su art. 9 al disponer: ”Cuando el acto

administrativo que motivase la demanda en su parte dispositiva ordenase el pago de alguna suma de

dinero, proveniente de tributos vencidos, el demandante no podrá promover la acción sin abonar

previamente la suma referida conforme a la liquidación formulada por la Administración, excluida la parte

que constituya multa, recargos o intereses”.

Conforme dicha norma se encuentran expresamente excluidos del cumplimiento de tal requisito, los montos

exigibles en concepto de multas, intereses o recargos.

Esta normativa rige para todos los casos en que se entable una demanda contencioso administrativa en

donde se impugne una determinación tributaria efectuada por cualquier Administración, que en el caso será

la demandada, a excepción de los casos en que             la Provincia de Córdoba sea la Administración

demandada. En cuyo caso el cumplimiento de tal        requisito se rige por lo establecido en el art. 120 del

Código Tributario Provincial, que deroga tácitamente lo dispuesto por el art. 9 de la ley 7182.

El art. 120 del Código Tributario extiende el cumplimiento de esta carga a los intereses, actualización y

recargos de los tributos vencidos

Este último artículo citado contiene en su párrafo5 la posibilidad para el contribuyente que al momento de

interponer la demanda, pueda sustituir el depósito por la constitución, a favor de la Provincia de Córdoba,

por sí o por tercera persona-, derecho real de hipoteca sobre uno o más inmuebles ubicados en la Provincia

o aval otorgado por el Banco de la Provincia de Córdoba o póliza de seguro de caución otorgada por Cía.

de Seguros calificada en niveles de riesgo como lo determine la reglamentación.

Aportes y Tasa de Justicia:
Con la demanda se deben acompañar también los aportes previstos en las leyes 6468 (Caja de Abogados)
y 5805 (Colegio de Abogados), arts. 17 inc a) y 35 respectivamente. En el caso de la ley 6468, el monto del
aporte depende del monto del juicio: si es indeterminado, actualmente se paga $ 96 y, si tiene monto, el 2%
con un tope de $ 2.000 . El aporte de la ley 5805 siempre es fijo, siendo actualmente de $ 30, es obligatorio
y es a cargo del letrado. Se exigirá tantos aportes como letrados intervengan en la causa. No asi el aporte
previsto por la ley 6468. Los montos consignados están sujetos a las variaciones dispuestas por ambas
instituciones


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También se debe pagar "tasa de justicia" al iniciar la demanda (arts. 263 y 270 del Código Tributario
Provincial) El monto a abonar por "tasa de justicia" esta determinado en la Ley Impositiva Provincial que
cambia todos los años", en su art, 78 establece que en los juicios que sean susceptibles de apreciación
económica será de2% del valor de la demanda, con un mínimo de $15 y sin tope. Y que en las causas en
donde no se pueda establecer el valor económico será e $ 30. Por su parte el art. 79 establece que en los
juicios en donde en principio no se pueda establecer monto pero que al momento de dictar se sentencia se
pueda determinar, se debe abonar $ 35.-
La tasa de justicia integrarán las costas del juicio y serán soportadas, en definitiva, por las partes, en la
misma proporción en que dichas costas debieran ser satisfechas (art 263 primera parte Código Tributario).
En los casos en que una de las partes estuviera exenta de tasa y la que iniciare las actuaciones no gozara
de la exención, sólo abonará la mitad de las proporciones de la tasa en cada oportunidad que así
correspondiere, debiendo garantizar la otra mitad, para el supuesto de que resultare vencida con imposición
de costas.- En caso de incumplimiento, el tribunal no podrá rechazar ni dejar de proveer los escritos, pero,
de acuerdo a lo previsto por el art. 86 del C.P.C.C., deberá emplazar a la parte para que en un término no
mayor de dos días abone la tasa de que se trata. Vencido el plazo, no se proveerán nuevas peticiones del
litigante remiso hasta tanto la omisión sea suplida y se notificará a la Dirección de Administración del Poder
Judicial (art. 263 última parte).
Exenciones (arts. 264 -subjetivas- y 265 -objetivas-).-
Presentada la demanda con todos sus requisitos o subsanados los mismos, se procederá a dictar el primer
decreto en la causa, por el que se dará participación a la actora, emplazándose a la administración en un
término prudencial (diez días), para la remisión de las actuaciones administrativas originales base de los
actos administrativos que se impugnan por demanda. Cuándo esta condición se cumple, es decir, cuando
se remitió el expediente administrativo, el Tribunal -de oficio- cita al Señor Fiscal de Cámara a los fines que
se expida sobre la admisión de la misma (art. 11 del C.M.C.A.) Esta normativa tiene como fin asegurarle al
accionante que hace uso de su derecho a la jurisdicción, las mayores garantías posibles en lo que hace a
este examen de competencia preliminar. Dicha norma establece que el Ministerio Público, necesariamente,
dictamine al respecto. Su ausencia determinará la nulidad de lo actuado. El dictamen del Señor Fiscal no es
vinculante. El Tribunal tiene facultades para establecer si la causa corresponde a esta jurisdicción. En caso
de considerar que la causa no corresponde lo resolverá por decreto fundado con firma del Presidente y de
la Secretaria actuante. En caso de duda, se está a favor del administrado, habilitándose la instancia por el
principio conocido como IN DUBBIO PRO HABILITATE INSTANTIAE .
Habilitación de instancia: constituye toda una etapa en el contencioso administrativo, en la que se
determina la “admisibilidad de la acción” y la “competencia” del tribunal.
Establecida dicha competencia se admite la demanda, corriéndose traslado de la misma. Para el caso de
que el Tribunal considera que la causa no corresponde a esta jurisdicción, lo debe hacer por decreto
fundado. Contra dicho decreto la parte actora debe interponer Recurso de Reposición.-
b) Suspensión del acto administrativo:
Artículo 19. Ley 7182-
Al interponerse la demanda podrán los interesados solicitar al Tribunal la suspensión de la ejecución del
acto administrativo materia de la causa. El Tribunal resolverá la solicitud en el plazo de diez días, previa
vista por cinco días a la demandada.
Procederá la suspensión cuando la ejecución del acto impugnado sea susceptible de causar un grave daño
al administrado y se estimara que de la suspensión no se derivará lesión al interés público.
El solo requerimiento de suspensión y su notificación por el Tribunal importa la prohibición de innovar hasta
tanto se resuelva el incidente y, si ello no ocurriere, hasta no más allá de sesenta días de iniciada la
demanda.
La Administración, en cualquier estado de la causa, en los casos que aprecie exista lesión al interés público,
lo deberá declarar en acto administrativo y alegar ante el Tribunal. Este resolverá, por auto dentro de las
cuarenta y ocho horas, sobre el cese de la prohibición de innovar o la revocación de la suspensión, sin
perjuicio de la responsabilidad de la Administración por los daños que ocasionare la ejecución del acto.
Al solicitarse la suspensión, el Tribunal podrá establecer que el peticionante debe rendir caución, su modo y
monto, bajo apercibimiento de no comunicarse la existencia del requerimiento ni imponer trámite al
incidente.
Desarrollo:
El art 19 de la ley 7182 prevé la posibilidad de que el Tribunal disponga la suspensión de la ejecución del
acto administrativo impugnado, en aquellos supuestos en que la misma sea susceptible de causar un grave


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daño al administrado, siempre y cuando se estimara que de la suspensión no se derivará lesión al interés
público.
En reiterados pronunciamientos respecto a los elementos de juicio a considerar para que prospere la
suspensión, se señaló que "no corresponde ordenar la suspensión de las medidas impuestas por el Poder
Administrador sino excepcionalmente y en los casos en que el cumplimiento de aquellos pueda ocasionar
un perjuicio grave o de difícil reparación al particular reclamante, sin causar tampoco grave desmedro al
interés público
Los actos administrativos -por el hecho de serlo- gozan de presunción de legitimidad, por cierto juris tantum,
y en razón de ella, de fuerza ejecutoria, inspirada en el interés público tutelado, circunstancia en virtud de la
cual, la decisión enervante de tal principio que la accionante pretende, debe tener necesariamente en
cuanto a su concesión, carácter "restrictivo" y "excepcional" (art. 91 y 100, Ley Nº 6658, de Procedimiento
Administrativo, en concordancia con el art. 19 de la Ley 7182) (Conf. Marienhoff, M. - Tratado...Tomo I, pág.
659).
Al respecto, enseña Jesús González Pérez (Manual de Derecho Procesal Administrativo - pág. 464 - Civitas
- Madrid - 1990), que "No sólo por la presunción de legalidad del acto administrativo, sino también y sobre
todo para dotar de continuidad, regularidad y eficacia a la actuación administrativa, se ha establecido el
principio de la ejecutividad del acto administrativo que, en último término, determina el carácter no
suspensivo de los recursos... La suspensión del acto administrativo se prevé como garantía frente a la
prerrogativa de la ejecutividad, y la esencia del derecho administrativo radica en una perfecta ecuación
entre la prerrogativa y la garantía. La realización de los fines públicos asumidos por la Administración
pueden justificar la prerrogativa de la ejecutividad".
Resulta oportuno recordar con Mairal que la presunción de legitimidad del acto administrativo se basa en
una razón eminentemente práctica, ya que "sería imposible para el Poder Ejecutivo desarrollar su actividad
ejerciendo su potestad de mando si, ante la resistencia de los particulares a sus órdenes y la impugnación
que éstos hicieran de la validez de ellas, fuera necesario hacer declarar su validez por el tribunal judicial
como condición previa para exigir su cumplimiento". (Mairal Héctor "Control Judicial de la Administración
Pública" T II, pág. 775).
Como vemos, si bien el actuar de la administración debe ajustarse a la ley (sub-legal) y en consecuencia
someterse al control que en tal sentido ejerce la justicia (sub-jurisdiccional), tal control debe realizarse en
principio a posteriori de la ejecución del acto, ya que de otro modo se enervaría la ejecutividad propia que el
ejercicio de la función administrativa requiere para el cumplimiento de sus fines.
Solo en los supuestos de excepción previstos por la ley (art. 19 CMCA) en los cuales la ejecución inmediata
del acto cause un grave daño al administrado y no se lesione el interés público, se justifica suspender su
ejecución hasta tanto se resuelva la impugnación realizada en juicio; resolución que por cierto demandará
los tiempos propios establecidos en el procedimiento judicial, siempre necesarios para resolver con la
debida profundidad y ponderación el tema que se somete a la jurisdicción.
Corresponde al Tribunal verificar si la situación fáctica encuadra en los requisitos normativos que hacen
viable la suspensión y si concurren las circunstancias que justifican interrumpir la eficacia del acto (Conf.
Jesús González Pérez - Manual de Der. Proc. Adm., pág. 466).-
En relación al grave daño y que se vincula a los eventuales perjuicios que la ejecución del acto ocasionaría
al administrado corresponde tener presente que el mismo no esté referido en su totalidad a una cuestión
estrictamente patrimonial, en cuyo supuesto como bien lo enseña Mairal ("Control Judicial..." T-II-821), la
suspensión solo procede en casos excepcionales. Concretamente los daños que se mencionan si bien
pueden revestir magnitud e importancia, ello no obstante, deben ceder ante la existencia de lesión al interés
público, valor éste que se encuentra por sobre los intereses del particular.
Se debe verificar la razonabilidad de las motivaciones invocadas por la Administración para requerir el cese
de la medida cautelar.
Tal prohibición de innovar procura el mantenimiento del statu quo en tanto el tribunal decide respecto de la
suspensión, procurando resguardar la posibilidad por parte del tribunal de valorar adecuadamente la
suspensión del acto sin que el transcurso del tiempo que se destine a ello torne abstracto dicho
pronunciamiento por la ejecución del acto que ha solicitado suspender el particular.
En la acción de lesividad este instituto resulta inadmisible, por inconcurrencia de los extremos subjetivos y
objetivos exigidos para la admisión de la cautelar reglada por el art. 19 del C.M.C.A. (“ Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba c/ Nora A. Rizzo Patrón de Carranza-Lesividad” (C-4-92)- Cámara
Contencioso Administrativa de Segunda Nominación”. En esta acción siendo la misma Administración quien
la inicia o interpone, de dar trámite a esta cautelar, con la consecuencia “ex lege” que se deriva, como es la
“prohibición de innovar”, estaría legitimándose una vía de hecho, acordando ejecutoriedad a un acto
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administrativo que carece de tales efectos, toda vez que la Administración viene a esta jurisdicción a los
fines de que se declare la lesividad de un acto administrativo irrevocable por ella.
Una interpretación literal de la norma en cuestión demuestra que no puede considerarse a la Administración
como uno de los “interesados” a los que la ley autoriza requerir la suspensión de ejecución del acto
administrativo, cuando dice la norma “ en cuanto cause un grave daño al Administrado”, no atrapa la
situación inversa, esto es, el supuesto grave daño a la Administración, ya que ningún acto de los
administrados puede tener entidad suficiente o la misma eficacia, que el grave daño que puede causarle al
administrado la ejecución forzosa emergente de la eficacia obligatoria con que cuentan los actos
administrativos.
Se trata en definitiva, con esta cautelar, de asegurar la protección de los derechos subjetivos administrativos
nacidos al calor de actos administrativos irrevocables (art. 110 LP.A.), distinguiéndose por sus efectos las
consecuencias de las diversas hipótesis de invalidación que establece el procedimiento (arts. 106 y 107
ibid).
Requisitos para su procedencia:
a) Que cause un grave daño
b) Que se estime que de la suspensión no se derivará lesión al interés público.
Se debe solicitar con la demanda y hay obligación de fundarlo, es decir: no basta afirmar la eventualidad de
un daño irreparable, siendo preciso denunciar específicamente el daño que se prevé y señalar la razón de
su irreparabilidad.( Ej: demolición de un edificio) y que se demuestre que la suspensión no lesiona el interés
público.
PASOS A SEGUIR:
1) Al recibir la demanda además de verificar los requisitos exigidos por el art. 16 del C.M.C.A. y 176 del C
de P.C., y, en caso que se solicite la suspensión del acto administrativo, se procede a cumplimentar los
pasos establecidos por el art. 19 de la ley 7182.
2) El tribunal puede exigir caución que puede ser real o personal y constituir en hipoteca, prenda o fianza.
Lo mas común es que el tribunal pida la fianza personal de los letrados, pero no es la única.
Si está solicitada la suspensión de ejecución, previo a decretar, el Presidente del Tribunal debe establecer
cuantos fiadores se requerirán, según el monto o magnitud de la demanda.
3) Una vez determinado lo que antecede, se decreta:
“Córdoba, 18 de febrero de 2002.- Por parte. Agréguense. Requiéranse ....... A la solicitud de suspensión de
ejecución del acto administrativo, motivo de la presente causa, previamente ofrezca y ratifique la fianza de
... fiadores y se proveerá.“
4) El abogado presenta un escrito manifestando el nombre de los abogados –en la cantidad requerida por el
tribunal- que firmaran su fianza. Se efectúa en el libro de fianzas del Tribunal un acta por cada fiador y en el
lugar que dice “ monto”: se le agrega “suspensión del acto administrativo”. TRANSCRIBIR UN ACTA.-
ADVERTENCIA: “NUNCA SE DEBE DEJAR FIRMAR LAS FIANZAS A LOS ABOGADOS ANTES DE
SABER CUANTOS FIADORES LE VA A PEDIR EL TRIBUNAL. Y LA RAZON ES QUE AL SER UN ACTA
DEL TRIBUNAL PUEDE PASAR QUE FIRMEN CUATRO Y SE TERMINE PIDIENDO TRES”. LO QUE NO
ES NECESARIO ES QUE EL ABOGADO DIGA DE ANTEMANO QUIENES VAN A SER.-
5) Una vez ratificadas las fianzas que fueron pedidas el tribunal provee:
"CERTIFICO: Que a fs. 123/124 del libro de fianzas del Tribunal se ratificaron las fianzas ofrecidas fs. 50 de
los presentes autos. Of. 27/09/01.-
Córdoba, 27 de setiembre de 2001.- Atento el certificado que antecede, del pedido de suspensión del acto
administrativo, vista a la contraria por el término de ley (art. 19 ley 7182).-
6) En este momento la parte está en condiciones de notificar el decreto precedente, así una vez enviada la
cédula de notificación, y recibida por la Administración, ello importa para ésta una “Prohibición de innovar”
quiere decir que no puede ejecutarse el acto. Esto es por el término de sesenta días como máximo en caso
de no resolverse durante ese tiempo.
7) Una vez contestada la vista por la parte demandada , en donde en general se opone a que el Tribunal
ordene la suspensión del acto, debe manifestar y fundar que el daño al administrado no es irreparable y a
su vez señalar que su suspensión alteraría el interés público tutelado. Se debe tener en cuenta que en las
acciones de ilegitimidad al ser el Fiscal de Cámara parte en el pleito se le debe correr vista.
Se decreta:
"Córdoba, de febrero de 2002.- Por evacuada la vista. Autos para resolver. Notifíquese.-"
8) Una vez notificado el decreto de autos, pasa la cuestión a resolver. La resolución se produce a través de
un auto que emana del tribunal.sale por auto y no por sentencia.
Dicha resolución es irrecurrible.
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La tramitación de la causa sigue.

c) Contestación de demanda
la demandada tendrá dieciocho (18) días para evacuar el traslado de la misma, plazo este que no se
considera fatal. (Los plazos fatales están enumerados en el art. 49 del C de P.C) Contestado el traslado se
opera la traba de la litis, abriéndose a prueba la causa .
d) Prueba:
El período probatorio se ha establecido en treinta (30) días. (art. 31 de la ley 7182).Dicho término es común
para ambas partes lo que significa que para poder proveer la prueba ofrecida es fundamental acompañar la
cédula por la que se notifica el decreto de apertura a prueba Tanto la forma de su cómputo cuanto las
cuestiones de prueba no legisladas expresamente en el código de la materia, se rigen por lo estipulado por
el C.P.C.(arts. 198 a 324 del C de P.C).
Las pruebas a ofrecer están enumeradas en los arts. 32 y 33 de la ley 7182.-
En el caso de tratarse de prueba Testimonial, la misma deberá ser ofrecida dentro de los primeros cinco
días del término probatorio (art. 32 del C.M.C.A.) y en el caso de pruebas Documental, Pericial y
Confesional , podrán ofrecerse hasta diez días antes del vencimiento del término de prueba (art. 33 del
C.M.C.A.). En ambos casos bajo sanción de inadmisibilidad. La prueba instrumental no tiene término, por lo
que puede ofrecerse dentro de los treinta días del período de prueba.
Tanto en el caso de la prueba testimonial como de la confesional, las mismas se llevaran a cabo en la sede
del Tribunal salvo que por cuestiones especiales deban ser recepcionadas fuera del mismo, en el caso de
personas (absolventes o testigos) que residan fuera del asiento del Tribunal pero dentro de la Provincia, en
cuyo caso se podrá librar oficio al Tribunal Letrado o de paz de su domicilio para que allí tenga lugar su
declaración y para el caso de los que vivan fuera del ámbito de la provincia se deberá librar oficio o exhorto
al Tribunal de su domicilio.
En todos los casos una vez fijada por el Tribunal la fecha y hora de recepción de esta prueba, la misma
debe notificarse con la antelación de tres días estatuida por el art. 59 del C.P.C.; se verificará que las partes
es encuentren presentes y en ausencia de una de ellas, se deberá verificar si ha sido correctamente
notificada, procediéndose a agregar previo a la audiencia las cédulas de notificación correspondientes.
Es importante tanto en una como en otra prueba tener presente lo que se denomina “precauciones
preliminares” y cuya finalidad es la de evitar que los testigos puedan contactarse entre sí, impidiéndose que
aquellos que ya declararon puedan conferenciar con los que están por hacerlo, como forma de evitar
connivencias que impidan el acceso a la verdad que se busca..
Previo a la audiencia, siempre en el caso de la testimonial, se tomará juramento a los testigos, con arreglo a
sus creencias religiosas. Media consenso entre los autores que su finalidad es la de revestir al acto de la
solemnidad necesaria para que el testigo pueda advertir la seriedad y trascendencia de esta prueba,
constituyendo un presupuesto indispensable para la aplicabilidad de la sanción penal por falso testimonio.
Abierta la audiencia se le interrogará sobre las generales. de la ley, denominadas así por ser comunes a
todos los testigos (nombre, edad, estado civil, profesión, domicilio, parentesco posible con las partes, interés
en el resultado del pleito). Luego de ello se procederá a interrogar al testigo según el pliego de preguntas
que las partes acercaron a la audiencia, pudiendo en su caso ampliar el mismo. Es importante destacar que
las preguntas deben ajustarse a ciertos recaudos: a) no ser formuladas asertivamente, es decir, no deben
contener la afirmación previa de la versión del hecho dada por la parte; b) referirse a los hechos
controvertidos; c) no requerir la opinión del testigo, ya que éste depone sobre hechos y la finalidad del
interrogatorio es conocerlos por medio de la versión que él proporcione y no la formulación de juicios de
valor; d) deben ser claras y precisas.
En el caso de la prueba confesional se verificará también que la audiencia se haya fijado y notificado con la
antelación referida supra, no se le toma juramento. La formulación de la pregunta el absolvente, debe ser
clara y el mismo debe sólo contestar por si o por no, no puede hacer aclaraciones.-
e) Alegatos:
Producida la prueba y clausurado el término probatorio, se correrá traslado por su orden por nueve días,
para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre el mérito de la prueba rendida (art. 35
del C.M.C.A.).
Generalmente quien presenta primero su alegato es la parte actora, porque al ser “por su orden” los nueve
días corren primero para uno y después para el otro, y como es la actora quien insta el procedimiento es
ella quien lo presenta primero para luego correr el traslado por cédula a la parte demandada.
Presentado el alegato por la parte actora, se procederá a cargarlo y posteriormente se reservará en el
Bibliorato de Secretaría destinado a esos efectos, debiendo certificarse en el expediente dicha
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circunstancia, con la leyenda: "CERTIFICO: QUE EN EL DIA DE LA FECHA PRESENTO ALEGATO LA
PARTE ACTORA. OFICINA: Poner la fecha del día."
Cuando lo presenta la parte demanda y existe el certificado donde consta que la actora ya lo presentó, debe
cargarse su informe, buscar el alegato ya reservado agregando ambos y pasar el expediente a despacho.
f) Sentencia:
Vencido el término para alegar, se dictará el decreto de autos para sentencia. Firme el mismo (3 dìas),
pasará la causa a fallo, contando el Tribunal con un plazo de sesenta días para resolver (art. 36 del
C.M.C.A.).
Antes de pasar la causa a fallo en Secretaría debe verificarse si se ha producido alguna nulidad en el
proceso a los fines de su subsanación impidiendo de esta forma una eventual nulidad de la sentencia ( art.
37 C.M.C.A.)
La sentencia es el producto del ejercicio de la función jurisdiccional, por la que se resuelve definitivamente
la cuestión litigiosa. Debe ser considerada como un acto procesal autónomo e indivisible, que es la
expresión gráfica de la síntesis del pensamiento lógico-jurídico y de la voluntad del juez sentenciante.
Por su parte también podemos afirmar que es el acto que en modo normal pone fin a la contienda.
Decimos normal, ya que hay otras formas anormales de concluir el proceso que son: el desistimiento,
allanamiento y perención de instancia etc.-
La sentencia se debe limitar a resolver conforme lo alegado y probado en autos. En este punto adquiere
relevancia el tema de la pretensión (demanda), el juez sólo debe resolver conforme lo solicitado por el actor.
"la demanda o pretensión es el marco o límite que tiene el juez".-
Alcance de la sentencia:
En las acciones de plena jurisdicción, el art. 38 dispone
1) anular total o parcialmente el acto impugnado
2) reconocer la situación jurídica subjetiva individual y adoptar las medidas necesarias para su
reestablecimiento
3) pronunciarse sobre los daños.
Solo tiene efecto entre las partes
En las acciones de ilegitimidad
Sólo se declara la nulidad o no del acto administrativo cuestionado y el efecto es "erga omnes"
Con la sentencia no cesa la competencia del Tribunal, pues él mantiene su imperio para hacerla cumplir,
mediante decisiones consecutivas, salvo que la misma haya sido recurrida con lo cual pierde competencia y
es elevada al superior a los fines de que resuelva los pertinentes recursos.
Es decir que el tribunal tiene jurisdicción para resolver el litigio y ejecutar la sentencia que en él se dicte. La
sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada constituye una norma jurídica individualizada, que como
tal, tiene en su apoyo la fuerza del Estado. De hecho la sentencia es en sí misma un acto jurídico de
derecho público, emanación de uno de los poderes del Estado en ejercicio de sus funciones específicas.
g) Ejecución de sentencia:
Deberíamos, antes de entrar en el análisis específico del tema de ejecución de sentencia, comenzar
señalando cuándo una sentencia está en condiciones de ser ejecutada. Para ello diremos que se puede
ejecutar cuando la misma se encuentra firme.
Sentencia firme es aquella que 1) o no ha sido recurrida por las partes o 2) que habiendo sido recurrida la
misma se encuentra confirmada, por el Excmo Tribunal Superior de Justicia y no se han interpuesto
recursos sobre ésta última.-
En esto debemos tener en cuenta el tema de recursos que como hemos visto: cuando la Provincia es parte
se interpone Recurso de Apelación ( 5 días arts 43 ley 7182 y 366 del C de P.C) y en el resto de la
administración Recurso de Casación ( 15 días art 45 ley 7182 )
La cosa juzgada es sus dos aspectos, formal y material, es un efecto exclusivo de las sentencias judiciales.
Es decir que si no se ha articulado recurso o no ha sido admitido la Administración debe cumplir, en
principio, la sentencia como lo establece la parte dispositiva.
    Si la sentencia no se ejecuta voluntariamente dará lugar a la ejecución forzada de la misma, debiendo
    dotarse al juez de toda la potestad para hacerla cumplir.”.-
         La garantía de que la sentencia debe ser ejecutada ha sido consagrada por la Constitución, ya que
el juez no sólo es el que juzga sino también el que manda.- El ordenamiento jurídico estará debilitado
cuando sea prácticamente imposible ejecutar las sentencias o cuando éstas sean cumplidas según el antojo
del Estado.-
         El principio cardinal en materia de ejecución de sentencia es el cumplimiento de lo ordenado por el
tribunal, a los fines de asegurar la vigencia del Estado de Derecho y hacer efectiva la revisión de los actos
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administrativos . Llegamos a la conclusión de que el control judicial es eficaz solo si las decisiones de los
jueces son susceptibles de ser ejecutadas mediante técnicas o procedimientos previstos en la legislación
aplicable.-
         Lo importante es que las sentencias puedan ser ejecutadas y que lo sean en tiempo y forma
oportunos.-
La única excepción de incumplimiento es la prevista en el art 52, llamado en nuestro fuero como
“sustitución de condena”, esto es cuando la administración no puede cumplir lo ordenado por el tribunal
por ser perjudicial al orden público o por ser la misma de cumplimiento imposible (ej: que muera el actor y la
sentencia ordenaba reincorporarlo) entonces debe ofrecer reparación patrimonial equivalente.-
Artículo 52.- La autoridad administrativa dentro de los quince días de recibido el testimonio de la sentencia,
podrá solicitar fundadamente se suspenda su ejecución por un plazo determinado que podrá sugerir, por
considerarla perjudicial al interés público, acompañando el acto administrativo que expresará con precisión
las razones específicas que así lo aconsejan. Al hacer la petición se ofrecerá indemnizar los daños y
perjuicios derivados del aplazamiento del cumplimiento de condena.
El Tribunal fijará, previa vista al interesado y de acuerdo a las razones de interés público invocado, el plazo
máximo de duración de la suspensión.
No procederá la suspensión cuando la sentencia hubiere sido dictada en una causa previsional.
El Tribunal autorizará, en los supuestos de sentencia de cumplimiento imposible, o que ocasione lesión
directa e inmediata al interés público, la sustitución de la condena por una indemnización compensatoria
definitiva, conforme a la petición formulada por la autoridad administrativa, con los requisitos y
procedimientos antes estatuidos.
Artículo 53.- El Tribunal con audiencia de las partes y previos los informes que creyese necesarios, estimará
la indemnización que corresponda por el aplazamiento del cumplimiento de la condena y fijará el plazo y la
modalidad para su pago.
Acusado el incumplimiento de la indemnización sustitutiva, decaerá la suspensión otorgada.
El cumplimiento de la condena antes del plazo de suspensión establecido, relevará a la Administración del
pago de la parte proporcional de la indemnización por el período que no hubiere vencido.
Por el mismo procedimiento, el Tribunal estimará la indemnización sustitutiva definitiva prevista por el último
párrafo del artículo precedente.
En nuestra legislación (ley 7182) hay un capítulo destinado a este tema, capítulo VI arts 51 al 54.- Pero
como ya hemos hecho referencia es de aplicación supletoria ante situaciones no previstas en el mismo el
C.P.C.C
Artículo 51.- Salvo los casos que trata el segundo párrafo del art. 39, cuando la autoridad administrativa sea
vencida en juicio, una vez vencido el plazo establecido en la sentencia (art. 38), el Tribunal le intimará su
cumplimiento en un término razonable, acompañando a dicha comunicación un testimonio del fallo.
En los casos de autoridad administrativa provincial vencida en juicio, igualmente se remitirá copia al Fiscal
de Estado.
Artículo 54.- Vencido el plazo fijado de conformidad con el art. 51, sin que la sentencia haya sido cumplida,
se procederá de conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil y Comercial, en lo
referente a la ejecución de sentencia o embargo.
Cuando la sentencia imponga una obligación de hacer a la Administración y ésta no la ejecutara en el
término que se hubiere señalado, acusado el vencimiento por el interesado y previo emplazamiento a la
autoridad administrativa condenada por el plazo improrrogable de diez días, se pondrán todos los
antecedentes en conocimiento de la Legislatura o del Concejo Deliberante respectivo, en su caso, a sus
efectos, resultando indiferente que al vencimiento del plazo el incumplimiento obedeciera a un acto expreso
o por silencio.
Quedan a salvo las acciones ordinarias derivadas de la inejecución y las responsabilidades que prevé el art.
30 de la Constitución Provincial.
Procedimiento:
Vencido el plazo sin que la sentencia haya sido cumplimentada a petición de parte el Tribunal ordenará la
ejecución directa de la misma.-
1) Dictada una sentencia en la que se ordena por ejemplo pago de diferencias de haberes por mayores
funciones, en la que en su parte resolutiva establece:



1
    (A.I. 344/94, Sen. N° 102/94 Cám. Cont. Adm 1era nom.).-
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"...1.- Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por ........... Ruiz
Díaz en contra de la Provincia de Córdoba y, en consecuencia, anular las resoluciones N° 762/96, N°
940/96 y N° 449/97 del Ministerio de Salud y Seguridad Social y el decreto N° 2033/97.-
         2.- Condenar a la demandada a reconocer, a todos los efectos, los servicios prestados por el actor
en el Hospital de Niños de esta ciudad, durante el período comprendido entre el 1-12-94 y el 26-11-95, a
cuyo efecto deberá dictar el pertinente acto administrativo en el plazo de sesenta días hábiles
administrativos computados desde que la presente resolución quede firme (art. 38 C.P.C.A.).-
         3.- Condenar a la demandada a abonar al actor, en el plazo de cuatro meses contados a partir de
que quede firme la presente resolución, la totalidad de los haberes devengados con motivo de la prestación
de servicios por el actor en el período señalado y que se le adeudaren a la fecha (incluso vacaciones y
sueldo anual complementario), con intereses al 12% anual desde que cada mensualidad es debida y hasta
la fecha de su efectivo pago, debiendo presentar la liquidación pertinente -que incluya aportes y
contribuciones previsionales y de la seguridad social- para su control dentro de la primera mitad del plazo
referido, bajo apercibimiento.-
         4.- Imponer las costas del juicio a la vencida y diferir la regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando haya base firme para ello.-"

2) El administrado una vez vencido el término para el pago u obligación de reincorporarlo al cargo (depende
de lo que resuelva la sentencia): puede solicitar al tribunal en virtud del art 51 que se la emplace para que
cumpla, con lo que el Tribunal dicta una resolución ( Auto) donde le da un término ( puede variar se
establece un plazo prudencial 10 días, 20 días etc) para que cumpla bajo apercibimiento del art 54.-
3) Vencido el plazo que establece la resolución mencionada precedentemente el actor solicita el
apercibimiento del art 54..-
En este punto difiere si es plazo para pago de honorarios o pago o dictar un acto (ej: reincorporación al
cargo), en este caso se le intima por un término improrrogable (10 días) bajo apercibimiento de poner los
antecedentes a la Honorable Legislatura o Consejo Deliberante Respectivo, sin perjuicio de las acciones
ordinarias derivadas de la inejecución y las responsabilidades que prevé el art 30 de la Constitución
Provincial.-
4) Si lo que la administración no cumplió es pago de honorarios: una vez vencido el término del art 51 el
tribunal decreta:
"CERTIFICO: que se encuentra vencido el término otorgado a la demandada, por auto N° 369, de fecha
8/9/05 (fs.258 y vta.) para que oponga excepciones y cumplimente su obligación de pago. Of. 22/9/05.
Y SEGUIDAMENTE SE DECRETA:
"Córdoba, 13 de noviembre de 2001.- Atento el certificado que antecede y lo solicitado: trábese embargo
por la suma de pesos un mil un mil tres con cincuenta centavos ( $ 1.003,50) a cuyo fin Oficiese. "
5) Si lo que la administración no cumplió es con el dictado del acto, acusado el vencimiento del plazo del
art., 54, se dicta un auto en donde se ordena remitir los antecedentes a la Legislatura, Concejo Deliberante
o Fiscal de Instrucción, según como haya sido solicitado.-
h) Sistema impugnativo - Recursos:
Principios Generales-Procedencia:
El legislador ha adoptado el principio de taxatividad dando hermeticidad al sistema de la ley, incorporando
en ellas las condiciones subjetivas, objetivas y los medios que se autorizan para revisar las resoluciones
judiciales, así, el art. 41 de la ley 7182 establece que “Las resoluciones judiciales serán recurridas por
quienes tuvieran un interés directo, sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por esta
ley”, a lo que se debe agregar los requisitos de tiempo, modo y lugar.
Los recursos establecidos por el código de la materia se dividen en ordinarios y extraordinarios.-
Los ordinarios son:
1) Recurso de reposición: se interpone contra las providencias dictadas sin sustanciación, decretos de mero
trámite, que tienen por fin ordenar o instruir el proceso, para que el Tribunal las revoque por contrario
imperio (art. 42 del C.M.C.A.). Su plazo de interposición es de tres días a contar desde de la fecha en que la
parte agraviada fue conocedora del proveído, ya sea por cédula de notificación o por retiro del expediente,
este plazo es el contemplado por el art. 359 del C.P.C. que rige supletoriamente.
2) Recurso de apelación: el plazo para su interposición es de cinco días (art. 366 del C.P.C.). Solo procede
en las causas en que sea parte en el pleito la Provincia (art. 43 del C.M.C.A.) y se trate de una sentencia
definitiva o de un auto interlocutorio que resuelva la inhabilidad de instancia, la excepción de incompetencia
del Tribunal o que declare la perención de instancia.
Los recursos extraordinarios:
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1) Casación: (art. 45 del C.M.C.A.) El plazo para interponerlo será de quince días (art. 385 del C.P.C.),
procede para todas las causas en que no sea parte la Provincia, tiene efecto suspensivo de conformidad a
lo dispuesto por el art. 388 del C.P.C. Procede contra sentencias definitivos o autos que pongan fin a la
acción en los cuales se suponen infringidas leyes o doctrina legal, o quebrantada alguna garantía esencial
del procedimiento. Debemos hacer notar que el plazo de interposición referido y la forma de su tramitación,
se adopta la aplicación del C de P.C. apartir del criterio adoptado en el T.S.J en autos "Baldasi Myriam
Rossana C/ Municipalidad de Saldan - Plena Jurisdicción" (Expte "B", N° 8, iniciado el 04/12/95), Auto
Interlocutorio N° 423 de fecha 10/09/96 del Excmo. Tribunal Superior de Justicia,.-
2) Inconstitucionalidad: art. 49 del C.M.C.A. El plazo para su interposición es de quince días. Para su trámite
rige lo normado por el C.P.C., cuyo art. 393 establece que se substanciará por el trámite previsto para la
casación. Con este recurso se pretende corregir aquellos errores contenidos en la sentencia que decida un
caso constitucional.
3) Queja: (art. 50 del C.M.C.A.) Se interpone en casos de denegación de un recurso por parte de las
Cámaras Contencioso Administrativas, Plazo de interposición diez días (art. 442 del C.P.C.) Se interpone
ante el Tribunal Superior de Justicia
4) Revisión.(art. 48 del C.M.C.A.) se interpone ante el Tribunal Superior de Justicia.




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III- INSTRUCCIONES PARA DESEMPEÑARSE EN BARANDILLA Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL
TRIBUNAL

Es esencial que quien ingresa al poder judicial, sea cual fuere el fuero, conozca el manejo y organización
interna del tribunal, como así también aprende a interactuar con el público que concurre al lugar (entre ellos,
abogados, actores, peritos etc). Es por eso que es costumbre judicial, que en los primeros pasos por la
oficina los empleados atiendan barandilla, la que de una forma u otra es la cara visible del lugar. Es aquí
donde el empleado debe desarrollar las habilidades necesarias para poder atender a las personas en
barandilla y así darle una respuesta satisfactoria a su requerimiento.-
También en barandilla, quedan asentados todos los expedientes y los tramites que se diligencian en la
oficina. Para la cual el ingresante debe conocer que allí se manejan libros de entrada y salida de
expedientes, libro de prestamos de expedientes, libro de fianzas, libro de para agregar etc. Por otro lado en
la barandilla se reciben distintos escritos, presentados por los particulares u otras reparticiones, que el
empleado debe saber perfectamente, que se debe cargar, a donde colocarles el cargo, etc.
a) Demandas Nuevas- turnos:
Los turnos en este fuero no son por días como en otros fueros sino que al ser sólo dos cámaras lo son por
hora de ingreso de cada demanda.- Existe un libro único de demandas ingresadas que a los efectos de
hacer el sorteo respectivo y de recibir las demandas se dispuso que lo harán un mes cada cámara.-
1) Expediente-Carátula: Interpuesta la demanda se formará con ella un expediente el que deberá
caratularse con el apellido y nombre del actor y de aquél contra quien se acciona, agregándose la acción
que se intenta. En caso de error material , el Tribunal ordenará la rectificación de la carátula y una vez
concretada se dejará constancia en el Libro de Entradas, certificándose en autos ambas circunstancias. Es
importante colocar en la carátula los SELLOS que correspondan al tribunal y sello de la Secretaria (esto
sirve no sólo para poder ubicarlos mejor sino que si alguien se olvidara el expediente en otra barandilla, con
los sellos se puede identificar a que Tribunal pertenece).-
2) Foliatura: El expediente deberá estar siempre foliado, deberá contener un máximo de 200 fs., a partir de
allí se formará un segundo cuerpo, incorporando como última actuación judicial un certificado en el que se
exprese lo siguiente: Certifico: "Que en el día de la fecha se procedió a formar el segundo cuerpo en las
presentes actuaciones a partir de la fs. 201.Of. fecha, así sucesivamente respecto de los cuerpos que
pudieran formarse (III. IV.) etc.
b) Barandilla-Consulta de expedientes: El expediente es de conocimiento público, para consulta en
barandilla por las partes o por los que tengan un interés en hacerlo, salvo que el Tribunal disponga, por
razones de seguridad, que el mismo sea RESERVADO. La entrega de los mismos se hará exclusivamente
bajo recibo impuesto en un libro que se llevará al efecto, en cumplimiento estricto de lo dispuesto por el art.
69 del C. P.C. Sólo se puede llevar los expedientes los letrados que tengan participación en el pleito.
1) Comparendo-poderes para intervenir en Juicio: El que se presente a juicio por un derecho que no sea
propio, deberá acompañar, en su primer escrito, los documentos que acrediten el carácter que invoca.
A) Cuando se trate de un poder general para pleitos se considerará suficiente la agregación de una copia
del mandato autorizado por el letrado con la declaración jurada de éste sobre su fidelidad y subsistencia.
B) Los poderes especiales para actuar en cualquier clase de juicio podrán ser otorgados apud-acta, en cuyo
caso deberá verificarse la identidad mediante presentación de D.N.I. del otorgante se hace en el Tribunal y
tiene forma de audiencia o por Carta Poder con firma autenticada por escribano, juez de paz o secretario
judicial.
c) Cargo:
Todo escrito presentado deberá ser cargado por el empleado que lo recibe, debiendo contener en forma
clara y precisa la fecha y hora de su presentación con aclaración de su “firma”, lo que invalida el trazo o
raya. Quien haya dejado un escrito en poder de un escribiente o del secretario mismo, deberá poder
apreciar claramente la identidad de quien lo recibió.
El cargo es de fundamental importancia y adquiere relevancia especial cuando se trata de escritos a los que
se acompañan documentos en cuyo caso se deberá consignar si se trata de originales o copias. En su caso
estas últimas se incorporaran inmediatamente al expediente antes del escrito recibido y cargado, en el caso
de originales serán guardados en un sobre que se caratulará igual que el expediente y se reservará en
Secretaria en un espacio o bibliorato destinado para ello.
Es importante diferenciar entre escritos y diligencias; los primeros llevarán cargo con la modalidad
expresada supra, en tanto que la diligencia es lo que el abogado manifiesta directamente en el expediente,
dando Fe el Actuario de tal circunstancia, no se les pone cargo a las mismas y lo único que se debe verificar
es que tenga la fecha correcta.
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Asimismo no deberán cargarse las aceptaciones de cargo de perito, martillero, poder apud acta, por cuanto
se trata de Actas que confecciona el Tribunal.
Tanto los escritos como las diligencias deberán ponerse a despacho tan luego de recibidas.
En el caso de recepción de oficios diligenciados, muy común en la etapa de producción de prueba, donde la
administración o repartición informe sobre lo requerido, será recibido en barandilla poniéndole la leyenda:
Recibido hoy ,.fecha .Conste y firma del empleado. En el caso que el mismo sea acompañado de alguna
información anexa, las misma deberá agregarse al expediente antes de la contestación del oficio.
d) Confección y Registro de Para Agregar:
Cuando el expediente se encuentre prestado se deberá confeccionar un Para Agregar en el que se
incorporará el escrito ofrecido, debiendo practicarse un informe con la situación del expediente y emplazar a
quien lo tuviere en su poder a restituirlo en forma inmediata.
Respecto a la confección de los Para Agregar deberá ajustarse a la modalidad que en cada Juzgado
establezca el Secretario. Siendo lo fundamental nunca dejar escritos sueltos, con la convicción de que luego
se hará la búsqueda correspondiente para proceder después a la formación de Para Agregar , porque esto
puede traer aparejado serios problemas procesales.
Cada Tribunal deberá llevar un libro especial en donde se harán constar los Para Agregar existentes por
orden alfabético, estado de los mismos y fecha de incorporación al principal o en su defecto eliminarse de la
lista.
Asimismo se debe indicar en el libro de préstamos de expedientes la existencia de Para Agregar para
facilitar su incorporación al expediente principal cuando se cancela el recibo, debiendo ponerse a despacho
junto con el Para Agregar o indicar la existencia del mismo.
e) Formación de Cuadernillo de Pruebas:
Abierta la causa a prueba y en oportunidad de que las partes presenten el escrito de ofrecimiento de la
misma, deberá confeccionarse una carátula que deberá contener todos los datos del Expediente Principal,
certificándose en este último sobre su existencia: "Certifico: Que en el día de la fecha la parte actora ofreció
la prueba que hace a su derecho. Of., fecha.", el que será firmado por el Secretario o Prosecretario.
Se deberá pasar a despacho el cuadernillo de prueba así formado junto al expediente principal.
Vencidos los treinta días por la que se abrió a prueba la causa cualquiera de las partes puede pedir su
clausura, en su caso se carga el pedido de clausura y se deben buscar las pruebas (todas, actor y
demandado) y pasarlas juntas a despacho.- Si se verifica que la causa está en condiciones de clausurarse
las pruebas, se procede a agregar al principal , la prueba del actor y luego la del demandado y finalmente se
certifica:
"CERTIFICO. Que se en encuentra vencido el término por el que se abrió a prueba la presente causa. Of
(fecha)"
Córdoba,.......de 2001.- Atento el certificado que antecede, córranse los traslados de ley por su orden para
alegar (art 35 ley 7182).-
f) Libro de préstamos de expedientes:
El libro de préstamos deberá ser manejado con mucha atención, no deberá quedar jamás sobre la
barandilla, ni se permitirá que el litigante se confeccione su propio recibo o efectúe la cancelación. El recibo
será confeccionado por el empleado que presta el expediente, bajo la supervisión directa del Secretario, con
letra clara y expresión concreta de la causa por la que entrega el expediente y por que término, indicando
nombre y domicilio del abogado que lo retira –sólo lo podrán hacer quienes intervengan en la causa siempre
que el estado de la misma lo permita (art. 69 y 70 del C de P.C).-
Al prestar el expediente se deberá verificar que el mismo se encuentre debidamente foliado y colocar n° de
fojas con que se presta y al devolverlo se pondrá DEVUELTO y fecha.-
g) Libro de fianzas:
Es el diseñado a fin de posibilitar, mediante actas, que los letrados presten caución que garantice la
subsanación del perjuicio que pueda causar las medidas solicitadas en sus requerimientos. Por ejemplo:
Pedidos de suspensión del acto administrativo, acreditación de personería etc).- El valor de las fianzas varía
según Acordada del T.S.J, actualmente $ 10.000 por letrado. En cada casillero del libro deben completarse
los datos allí requeridos, en el caso nuestro en general donde dice monto no se establece sino que se pone
la razón "suspensión del acto administrativo" "acreditar personería" etc., debe llevar además firma y sello del
profesional, para luego ser suscripto por el Presidente de la Cámara y el Secretario, una vez confeccionada,
previa supervisión de la Secretaria debe pasarse a despacho para la firma de la Secretaria y Presidente.-
h) Cédulas de Notificación:
 La cédula de notificación debe realizarse en doble ejemplar, en hojas de uso oficial, con el siguiente
contenido: Tribunal, Secretaría, Nombre y Apellido de la persona a quien se dirige o en su caso de la razón
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social. Si el abogado es apoderado basta sólo con poner su nombre en cambio si el letrado es patrocinante
se debe poner el nombre completo del actor y seguidamente el nombre del letrado , domicilio constituido en
autos o en caso de no haber comparecido, del real, Carátula del Expediente de que se trate y texto de la
Resolución que se debe notificar. Si se notifican Sentencias o Autos Interlocutorios no se transcribirán en su
totalidad, aunque deberá expresarse: Número de Resolución, lugar y fecha, Y Vistos, Y Considerando
seguidos ambos de puntos suspensivos y el resolutorio en forma completa.
En todos los casos deberá determinarse al final el nombre de los miembros del Tribunal que refrendan la
medida y entre paréntesis el cargo.
Deberán mencionar al pie y en forma detallada la indicación de copias acompañadas, las que deberán
encontrarse firmadas y selladas en su margen superior derecho por el emisor.
El secretario podrá requerir que se imprima trámite URGENTE en los casos de considerarlo necesario.
i) Audiencias:
Dentro del proceso se cumplen distintos actos procesales que -ya sea por imperio de la ley o por decisión
del Juez como director del proceso se concretan mediante audiencias .
Estos actos –las audiencias- se encuentran regulados genéricamente en el Código de Procedimiento Civil y
Comercial en los arts 54 a 60 , siendo de aplicación supletoria al Proceso Contencioso Administrativo por
remisión del art. 13 de la ley 7182.-
De lo ocurrido en la audiencia se deja constancia en un “acta”. Esta constituye la constancia escrita que se
incorpora al expediente de lo ocurrido en la audiencia.
¿Qué debe contener el acta?
1.- Lugar y Fecha
2.- Carátula de expediente
3.- Objeto de la audiencia
4.- Nombre y carácter de los intervinientes
5.- Relación circunstanciada de lo dicho y actuado.-
6.- Firma del Presidente del Tribunal, intervinientes y Secretaria.-
En la Secretaria del Tribunal se lleva un libro de audiencias en el que se fijan los días y horas de las
audiencias a recepcionar, especificando motivo (si es testimonial, sorteo de perito ).En caso de ser para
sorteo de perito se debe indicar profesión y especialidad (Ej: médico, cardiólogo, Ingeniero Civil).
Requisitos para recepcionar la audiencia:
La audiencia designada deberá estar debidamente notificada a las partes y terceros intervinientes con una
antelación de por lo menos tres días (art. 59 del C de P.C) esto se debe verificar en barandilla antes de
tomarla.-
Con lo cual previo a recepcionar la audiencia se debe verificar: 1) Que se hallan librado cédulas de
notificación del proveído que fija la audiencia a las partes y terceros intervinientes. 2) Que se encuentren
agregadas al expediente y debidamente diligenciadas.- 3) Que se hallan diligenciado en el plazo señalado
anteriormente (3 días).-
Si la audiencia se recepciona no encontrándose notificada en tiempo y forma puede acarrear la nulidad del
procedimiento con lo cual se advierte la importancia de efectuar la verificación señalada precedentemente.-
Cuando se trate de audiencia de sorteo de peritos oficiales,. El empleado deberá : 1) Tomar los mismos
recaudos enumerados precedentemente.-
2) Consultar en el libro de audiencia de que especialidad se trata la misma y proceder a solicitar las listas
respectivas que para las diversas materias confecciona el Excmo Tribunal Superior de Justicia (Oficina de
Servicios Judiciales).-
3) El sorteo lo realiza la Secretaria del Tribunal y luego el empleado deberá llenar el acta destinada al
efecto, la que deberá ser firmada por el Presidente del Tribunal, partes intervinientes y Secretaria.-
Cuando estando en barandilla, viene un perito para aceptar el cargo, antes de proporcionarle el acta
respectiva (de aceptación de cargo) se deberá verificar que haya sido sorteado en esos autos y en el caso
de perito de control que efectivamente haya sido propuesto por alguna de las partes y proceder así a su
llenado para luego ser firmado y sellado por el Profesional, la Secretaria del Tribunal y el Presidente de la
Cámara.-
j) Comunicaciones interjurisdiccionales:
Los tribunales, especialmente en la etapa de prueba de los juicios, pueden necesitar información de otros
tribunales, o de oficinas públicas o privadas. Ese pedido se realiza por oficio, que va dirigido directamente a
la autoridad respectiva.-



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Cuando un tribunal, necesita comunicarse con otro tribunal (en razón de solicitar , de igual jerarquía,
superior o inferior, lo hace por medio de oficios, en donde se transcriben las medidas que se solicitan, pedir
un expediente, que nos informen sobre el libro de entradas de los tribunales etc.
Conforme lo dispuesto por el art. 61 del C.P.C.C. cuando una diligencia deba ejecutarse fuera del asiento
del tribunal que entiende en el juicio, se cometerá a la autoridad que corresponda por medio de oficio o
exhorto.-
Como consecuencia, cuando estamos en barandilla, se nos pueden presentar dos posibilidades:
1) Que nos contesten una medida ordenada por el tribunal, en alguna prueba
2) Que nos presenten un oficio solicitándonos una información de nuestro tribunal
En cualquiera de las dos situaciones, son distintos los pasos a seguir:
En el primer supuesto, debemos fijarnos para que expediente fue pedida la información, que generalmente
es para las pruebas y en ese caso debemos cargarlo y pasarlo a despacho junto con el expediente. En
general, antes de la respuesta siempre acompañan la copia del oficio que nosotros libramos así nos
podremos dar cuenta para que expediente es.-
En el segundo supuesto, en primer lugar hay que cargarlo y luego fijarse que es lo que se está pidiendo. Se
le da entrada en el libro del tribunal, se confecciona la carátula y se pasa a despacho, para ser informado
en Secretaria y luego ser devuelto al tribunal de origen, emisor del pedido de informe.




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CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO RICARDO C. NÚÑEZ

          PODER JUDICIAL CORDOBA




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CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO RICARDO C. NÚÑEZ

          PODER JUDICIAL CORDOBA




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