Juicio previo y debido proceso

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Juicio previo y debido proceso Powered By Docstoc
					     Juicio previo y debido proceso
• Artículo 2. Juicio previo y debido
  proceso. Nadie podrá ser condenado
  a una pena ni sometido a una medida
  de seguridad, sino después de una
  sentencia firme obtenida luego de un
  proceso tramitado con arreglo a este
  Código y con observancia estricta de
  las garantías y derechos previstos para
  las personas en las Constituciones
  Federal y Local, en los Tratados
  Internacionales ratificados por el
  Estado Mexicano y en las leyes que de
  aquéllas emanen.
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         Jurisprudencia debido proceso CS.

•    SEPTIMO.- Que, esta Corte, en relación con el debido
    proceso, se ha pronunciado al respecto indicando: “…el
    derecho al debido proceso a que se refiere el artículo 19
    Nº 3°, inciso quinto, de la Constitución Política de la
    República que condiciona la legitimidad de la decisión
    jurisdiccional, desde luego a la existencia de un órgano
    dotado de la potestad de conocer y juzgar una causa
    civil o criminal, en los términos del artículo 73 de la
    referida Carta y, en seguida, a que la sentencia sea la
    consecuencia de un proceso previo, que en el sentir del
    constituyente, esté asegurado por reglas formales que
    conformen un racional y justo procedimiento e
    investigación, cuya regulación deberá verificarse a
    través de la ley, que prevea una etapa indagatoria que
    no se aparte de las normas de actuación del ministerio
    público, de un oportuno conocimiento de la acción, una
    adecuada defensa y la producción de la prueba
    correspondiente en las audiencias practicadas ante el
    Juzgado de Garantía o ante el Tribunal del Juicio Oral en
    lo penal.”; Rol 2857-05

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      Debido proceso para el MP
•   QUINTO.- Que, en relación con la primera causal de nulidad
    impetrada, es necesario reiterar por esta Corte que el
    Ministerio Público es el titular exclusivo de la investigación y es
    quien sustenta y ejerce la acción penal pública, según lo
    establece el artículo 77 del Código Procesal Penal. Estamos,
    por tanto, frente a un co-detentador de la potestad punitiva del
    Estado, la cual amenaza siempre desbordar frente a un
    imputado que aparece en una posición de desigualdad ante
    ese formidable adversario, y debe por ello ser protegido por
    las instancias más elevadas de la organización jurídica
    mediante la garantía de un procedimiento estrictamente
    formalizado y regulado, que le asegure un tratamiento
    equilibrado y, sobre todo, capaz de preservar la presunción de
    inocencia que constituye el instrumento básico para su
    defensa. Contrariamente a lo que señala el recurrente, el
    debido proceso no tiene realmente por objeto instaurar la
    igualdad entre contendientes de poderío equiparable, sino
    asegurar el respeto del más débil por parte de la potestad
    punitiva centralizada. Ahora bien, en estos autos consta que el
    Ministerio Público no efectuó la debida investigación de los
    hechos destinados a acreditar la inocencia del inculpado,
    como ocurrió con la no inclusión de antecedentes relativos al
    entorno social del niño en el desarrollo de su vida, previo a la
    salida con el encausado el día 28 de febrero de 2003, tanto en
    el hogar materno como en los hogares de la red Sename en
    los cuales estuvo internado así como con la fotografía que
    fuera aportada gracias a la defensa del imputado, la que el
    tribunal pudo examinar y, en la que no se observó ninguna             3
    fisura o erosión. Rol: 2600-04
        Debido proceso para el MP
•   SEGUNDO: Que ninguna duda cabe que la ley procesal
    privilegia la preeminencia de la labor del Ministerio Público en
    la etapa de investigación en el nuevo proceso penal y así lo
    declara expresamente el Código del ramo en el artículo 3º
    cuando le entrega la exclusividad de la investigación penal,
    siguiendo en ello el mandato superior contenido en el artículo
    80 A de la Constitución Política de la República, amén de las
    facultades que el artículo 77 le confiere para ejercer y
    sustentar la acción penal pública en la forma prevista por la
    ley; pero ello cambia fundamentalmente cuando se trata de
    las actuaciones que le compete en las etapas de preparación
    del juicio oral, como en el desarrollo del juicio oral. Así, por
    ejemplo, lo ponen de manifiesto los artículos 260 y 269 cuando
    ordenan la citación a la audiencia de preparación del juicio "a
    todos los intervinientes", exigiendo particularmente la
    presencia del fiscal y del defensor del imputado constituyendo
    ello "un requisito de validez de la misma", lo cual destaca la
    vigencia real de los principios de oralidad e inmediación
    contenido en el artículo 266. En igual forma, la igualdad de las
    partes intervinientes en el juicio oral lo evidencian los artículos
    284 y 286 cuando exigen la presencia en él de estos mismos
    intervinientes como requisito de su validez. De lo dicho, se
    desprende que el fiscal del Ministerio Público está en igualdad
    procesal frente a la persona del defensor, particularmente, en
    todo cuanto concierne al desarrollo de ambas etapas
    procesales, comprendiendo en ello, lógicamente, la rendición
    de las pruebas correspondientes.
•   Rol. 5869-04
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  PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCESO EN LOS
       TRATADOS INTERNACIONALES

Art. 14.1 PIDCP
“Todas las personas son iguales ante los tribunales
y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho
a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal               competente,
independiente e imparcial…”
 Art. 8.1. CADH
 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial…”
 Art. 40.2.iii. CDN
 “Que la causa será dirimida sin demora por una
autoridad u órgano judicial competente,
independiente e imparcial en una audiencia
equitativa conforme a la ley, en presencia de un
asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y,
a menos que se considerare que ello fuere
contrario al interés superior del niño,…”
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                 PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD
     DEL JUICIO ORAL EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES


Art. 8.5 CADH:
“El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea
necesario para preservar los intereses de la justicia”
Art. 14.1 PIDCP
“La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o
parte de los juicios por consideraciones de mora, orden público o
seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo
exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos
en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las
actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de
menores.”
Art. 40.2.vii CDN
“Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases
del procedimiento.”.
Art. 316 CPP
El debate será público, entendiendo por tal el libre acceso a la
sala de audiencias y la libre información en cuanto a su
desarrollo, “debate a puertas abiertas”- man 422 iv.
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     PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD

Art. 14.1 PIDCP
“Todas las personas son iguales ante los tribunales y
   cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho
   a ser oída públicamente y con las debidas
   garantías      por    un   tribunal    competente,
   independiente e imparcial…”
Art. 8.1. CADH
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
   debidas garantías y dentro de un plazo
   razonable, por un juez o tribunal competente,
   independiente e imparcial…”
Art. 40.2.iii. CDN
“Que la causa será dirimida sin demora por una
   autoridad u órgano judicial competente,
   independiente e imparcial en una audiencia
   equitativa conforme a la ley, en presencia de un
   asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y,
   a menos que se considerare que ello fuere
   contrario al interés superior del niño,…”
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     CONTRADICCIÓN
CADH. Art 8.2.letra f “f) derecho de la defensa de
  interrogar a los testigos presentes en el tribunal
  y de obtener la comparecencia, como testigos
  o peritos, de otras personas que puedan arrojar
  luz sobre los hechos.”

PIDCP. Art. 14.3 letra g “e) A interrogar o hacer
   interrogar a los testigos de cargo y a obtener la
comparecencia de los testigos de descargo y que
   éstos sean interrogados en las mismas
   condiciones que los
testigos de cargo.”

CDN. Art. 40. b. iv) Que no será obligado a prestar
  testimonio o a declararse culpable, que podrá
  interrogar o hacer que se interrogue a testigos
  de cargo y obtener la participación y el
  interrogatorio de testigos de cargo en
  condiciones de igualdad;

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    Estado de Inocencia

• Nadie puede ser considerado
  culpable      mientras   una
  sentencia firme no lo declare
  tal.
• Art 8º ap, 2 San José “toda
  persona inculpada de un
  delito tiene derecho a que se
  presuma su inocencia mientras
  no se establezca legalmente
  su culpabilidad”
• Art 12.2 PIDCP                  9
      Presunción de inocencia

• Este derecho, se encuentra consagrado en
  el artículo 11 párrafo I de la DUDH: “Toda
  persona acusada de un delito tiene derecho
  a que se presuma su inocencia mientras no
  se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley
  y al juicio público en el que se hayan
  asegurado todas las garantías necesarias
  para su defensa”; en el mismo sentido se
  pronuncia el artículo 14.2 del PIDCP.
  Igualmente, se halla establecido en el
  Art.8.2 de la CADH, que expresa: “Toda
  persona inculpada de delito tiene derecho
  a que se presuma su inocencia mientras no
  se establezca legalmente su culpabilidad”.


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 Derecho a Defensa III

• Los      tratados     internacionales
  confirman el derecho a defensa y lo
  amplían .
• Lo consagran como parte del
  debido proceso.
• Garantías judiciales mínimas Art 8
  San José, 14 PIDCP. Son mínimas ya
  que son un contenido básico, son
  un piso. Esta no impide la aplicación
  de las garantías que otras normas
  inferiores dispongan a favor del
  imputado.

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  Información del hecho imputado

• Art 8° ap 2, b) San José
  “Comunicación previa y
  detallada al inculpado de
  la acusación formulada”
• Art 14, ap 3, a) PIDCP “A
  ser informada sin demora,
  en     un   idioma     que
  comprenda y en forma
  detallada, de la naturaleza
  y causas de la acusación
  formulada contra ella”
                                12
  Inmunidad de la declaración
  del imputado

• Art 8° ap 2 g) Derecho a
  no ser obligado a declarar
  contra sí mismo ni a
  declararse culpable
• Art 14 ap 3 g PIDCP.




                                13
      Derecho a guardar silencio
• Que,     asimismo,     debe     desestimarse    la
  pretensión de la recurrente referida a un
  supuesto quebrantamiento del derecho del
  imputado a guardar silencio. Antes bien, de los
  antecedentes de la causa resulta, más bien,
  que el acusado prestó sus declaraciones
  autoinculpatorios ante la policía y también
  ante el fiscal libremente, sin ser obligado a ello
  en modo alguno, y habiendo incluso
  renunciado previamente al referido derecho
  de guardar silencio. Afirmar que quienes
  escucharon lícitamente esa confesión no
  pudieron dar testimonio de ella en el juicio oral,
  significa intentar dar un efecto retroactivo
  inadmisible a la decisión posterior del
  inculpado de guardar silencio durante el juicio
  oral,     con      consecuencias       sumamente
  defectuosas para la suerte que correría la
  investigación y la prueba reunida durante ella.
  Rol 922-04.
                                                       14
   Comunicación entre imputado y
   defensor

• Art 8, ap 2, d Pacto San José.
• Art 14, ap, 3, b PIDCP.
• La comunicación procede
  en       forma      libre    y
  privadamente.




                                   15
     Preparación de la defensa
• Posibilidad que tiene el imputado
  de preparar adecuadamente su
  defensa. Art 8 ap 2 c) San José
  “Concesión al imputado del tiempo y de los medios
  adecuados para la preparación de su defensa”,
  art 14, ap, 3 b, PIDCP.
• A cargo de defensor técnico.
• Ejemplos CPP: 232, que habla de la
  proposición de diligencias y 300
  plazo fijar audiencia intermedia y
  entrega             copia             carpeta
  investigación a la defensa.
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         Corte Suprema Rol N° 2345-05.
• QUINTO: Que, en otro orden de ideas, el
  sentenciador incurre en un error al suponer que el
  derecho de defensa del imputado se salvaguarda
  simplemente con la facultad que tiene para
  contrainterrogar a los testigos del querellante en la
  audiencia de estilo. Su derecho a defensa pasa
  también por tener la oportunidad y tiempo suficiente
  para su debida preparación. A este respecto es
  pertinente traer a colación que el artículo 309 del
  Código Procesal Penal -aplicable aquí en virtud de lo
  que dispone el artículo 389 del mismo cuerpo legal-,
  sin perjuicio de declarar que en el procedimiento
  penal no existen testigos inhábiles, dispone que los
  intervinientes pueden “dirigir al testigo, preguntas
  tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella,
  la existencia de vínculos con alguno de los
  intervinientes que afectaren o pudieren afectar su
  imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad”,
  derecho      que sólo podrá ejercer después de
  averiguar con anticipación todo cuanto concierna al
  testigo propuesto una vez que conozca con precisión
  su identidad y halla previsto las preguntas que le
  podrá formular en el juicio.                              17
   Autodefensa

• La posibilidad de defenderse
  personalmente.
• Doctrina que nos parece reacia
  por dos razones: falta de
  conocimientos técnicos y el
  elemento psíquico.
• Consagrada en 8, ap 2, d San
  José.
• 14, ap 3 d PIDCP

                                   18
    Producción de la prueba
• Garantía mínima del derecho a
  defensa es la relativa a la
  participación de la defensa
  técnica en la producción de la
  prueba.
• Pacto San José art 8 ap 2 f ) “
  derecho de la defensa de
  interrogar    a   los    testigos
  presentes en el tribunal y de
  obtener    la   comparecencia,
  como testigos o peritos, de otras
  personas que puedan arrojar luz
  sobre los hechos”                   19
    Posibilidades de recurrir

• Art 8º ap 2, h San José “ derecho de
  recurrir del fallo ante el juez o
  tribunal superior”
• PIDCP art 15, ap 5 “ toda persona
  declarada culpable de un delito
  tendrá     derecho a que el fallo
  condenatorio y la pena que se le
  hay impuesto sean sometidos a un
  tribunal superior, conforme a lo
  prescrito en la ley”
• Problemas en relación al juicio oral
  cuestiones de hecho no susceptibles
  de revisar solo de derecho.

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