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					 LOS IMPACTOS DE LOS TLC EN LOS
DERECHOS LABORALES DE SECTORES
        AGROINDUSTRIALES




CASOS DE ESTUDIO: MEXICO Y CHILE
   Por: Jana Silverman, Investigadora
       Para: Corporación Cactus




           Diciembre de 2005



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  LOS IMPACTOS DE LOS TLC EN LOS DERECHOS LABORALES DE SECTORES
                                    AGROINDUSTRIALES


                         CASOS DE ESTUDIO: MEXICO Y CHILE
                              Por: Jana Silverman, Investigadora
                                   Para: Corporación Cactus


                                       Diciembre de 2005


PRESENTACION


En los países latinoamericanos, la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC) ha
representado la consolidación de una transición desde un modelo económico de sustitución de
importaciones a un modelo neoliberal, que privilegia la apertura de mercados y la promoción de
exportaciones, por encima del desarrollo de la demanda interna. Esta investigación analizará los
impactos de la firma de dos TLC trascendentes para la región, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (más conocido por su sigla en ingles, NAFTA), y el TLC firmado entre
EE.UU. y Chile, para entender mejor cómo la implementación de este cambio de paradigma
económico que los TLC representa, afecta a la capacidad de los trabajadores mexicanos y
chilenos de reclamar sus derechos laborales fundamentales. Específicamente, el estudio indagará
sobre los efectos de la firma de dichos tratados para los trabajadores del sector agroexportador en
ambos países, precisamente, el sector de producción de hortalizas en México y el sector frutícola
en Chile, porque son sectores generalmente percibidos como “ganadores” en el proceso de
apertura económica. Finalmente, este estudio intentará extrapolar, usando las experiencias en el
sector agroindustrial mexicano y chileno como un marco de referencia, cómo la culminación de
un TLC entre Colombia y EE.UU. podría influenciar las condiciones laborales de los
trabajadores floricultores colombianos.



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EL NAFTA Y LOS DERECHOS LABORALES: ONCE AÑOS DESPUES


El NAFTA es un acuerdo comercial innovador en muchos sentidos. Es el primer tratado de libre
comercio celebrado entre EE.UU. y un país en vía de desarrollo; segundo, es un pionero en la
incorporación de temas en un acuerdo comercial que va mas allá de la liberación de aranceles, y
además es el primer tratado que explícitamente conecta al cumplimiento de los derechos
laborales y ambientales con la actividad comercial, a través de los acuerdos laborales y
ambientales creados como Acuerdos Paralelos al NAFTA.             El NAFTA surgió como una
expansión del proceso de integración económica norteamericana que empezó con la firma del
Tratado de Libre Comercio entre Canadá y EE.UU. (CUFTA, por sus siglas en ingles), que
disminuyó las barreras arancelarias entre EE.UU. y su contraparte comercial más importante.
Después del colapso del peso mexicano en el año 1982, México implementó un programa de
ajuste estructural diseñado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el
Departamento del Tesoro estadounidense, como condición para el desembolso de fondos para
estabilizar la moneda mexicana. Este programa impulsó la transformación de la economía del
país hacia un sistema basado en la promoción de exportaciones, a través de la privatización de
industrias estatales y una reducción del papel del estado en la economía en general, la liberación
de precios de bienes de consumo básicos e insumos agrícolas, y un levantamiento de las
restricciones a la inversión extranjera. En 1986, México ingresó al GATT, el tratado precursor
de la actual Organización Mundial de Comercio (OMC), y empezó a abrir sus mercados a bienes
de consumo, industriales, y agrícolas importados. Además, en 1992, el gobierno de Salinas
cambió las reglas del juego en el campo con la privatización de las tierras que anteriormente eran
la propiedad común de las comunidades indígenas y campesinas (ejidatarios), abriendo el
camino aún más al desarrollo de la industria de agroexportacion (Quintana 2003). Con la
efectuación de estas medidas, el gobierno de Bush padre decidió que México estaba “listo” para
la realización de un tratado de libre comercio que profundizaría las relaciones comerciales entre
EE.UU. y su vecino pobre al sur. Tristemente, como mostraremos más adelante, para México, el
NAFTA no solo profundizó el comercio internacional, sino también la desigualdad social y la
explotación laboral.




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Distinto a otros TLC anteriores, el texto de NAFTA no solo contempla la desgravación de
aranceles, sino también establece un tejido complejo de políticas que guían los flujos de bienes,
servicios, e inversiones entre los tres países norteamericanos. Frente a los bienes de consumo,
industriales, y agrícolas, el NAFTA fija los niveles de aranceles y el plan hacia su desgravación
total para estos productos, y además trata el tema de las barreras no-arancelarias, como los
procedimientos aduaneros, las reglas de origen, las barreras técnicas al comercio, y en el caso de
los bienes agrícolas, las medidas sanitarias y fitosanitarias.1                    El NAFTA también incluye
disposiciones sobre las inversiones, que controvertidamente limitan los “requisitos de
desempeño” históricamente utilizados por México para promover el desarrollo económico
nacional. Esta cláusula del tratado prohíbe la imposición de condiciones a las inversiones
extranjeras que garantizan la transferencia de tecnología, establecen un porcentaje fijo de
insumos y mano de obra nacional, y limitan la cantidad de utilidades de las inversionistas que
puede ser repatriadas inmediatamente (Estay y Sánchez 2005: 65). Más escandalosamente aún,
el tratado permite que una inversionista extranjera demande a un gobierno, si la realización de
sus políticas afecta en una manera negativa las ganancias futuras de dicha inversionista. Esto
significa que cualquier política que podría aumentar los costos imprevistos de una inversionista
extranjera, como una nueva ley ambiental para combatir la contaminación industrial por ejemplo,
queda vedada bajo el capitulo de inversiones del NAFTA. Así mismo, el NAFTA aborda el tema
del comercio en servicios, permitiendo más inversión extranjera en los servicios financieros,
telecomunicaciones, salud, y educación; fija reglas estrictas para garantizar el respeto para las
patentes y derechos del autor en el capítulo sobre la propiedad intelectual; y en el capítulo de
compras publicas, el tratado abre las licitaciones públicas para compras gubernamentales a las
empresas extranjeras e impide que los gobiernos den prioridad a las empresas nacionales en el
otorgamiento de los contratos para sus compras de bienes y servicios.




1
  En cuanto a las cláusulas del tratado que abordan a las barreras no-arancelarias, los procedimientos aduaneros
intentan asegurar la transparencia en la implementación de la reglamentación aduanera de cada país firmante del
tratado; las reglas de origen certifican la origen de los productos comercializados entre EE.UU., Canada, y Mexico,
para asegurar que los productos de terceros países no gozan de los beneficios arancelarios del tratado; las barreras
técnicas al comercio son reglas internas de cada país que el tratado pretende eliminar para los importadores de
bienes industriales y comerciales; y las medidas sanitarias y fitosanitarias son reglas frente a la higiene y la sanidad
de los productos agropecuarios importados que pueden ser barreras a su comercialización cuando, como en el caso
de EE.UU., sean muy estrictas y requieran que los agricultores manejan altos niveles de tecnología y usan cuantiosas
cantidades de pesticidas e insecticidas para poder cumplir con ellas (Estay y Sánchez 2005: 90-97).


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Vale la pena subrayar que los negociadores del NAFTA inicialmente no contemplaron la
inclusión de cláusulas que abordaran los temas de migración, derechos laborales, o derechos
ambientales.   La negociación de los Acuerdos Paralelos que establecen un enlace entre el
cumplimiento de las normas laborales y ambientales solo arrancó a raíz de la dificultad por parte
de la administración de Bill Clinton, en su primer año de gobierno, de lograr la ratificación del
NAFTA en el Congreso estadounidense, debido al lobby feroz en contra del tratado que
realizaron los sindicatos y organizaciones ambientales, quienes también son aliados tradicionales
del partido Demócrata. Aunque al final, se incluyeron los temas laborales y ambientales en el
tratado a través de los Acuerdos Paralelos, nunca se planteó el asunto migratorio, permitiendo así
el libre flujo de bienes, servicios, y capitales, pero limitando el libre flujo de personas entre los
tres países firmantes del NAFTA.


Ahora, después de más de una década de vigencia del NAFTA, ¿cuáles son los efectos reales del
tratado en la economía mexicana?        Lo obvio es que el tratado no produjo el crecimiento
económico alto y sostenido que sus promotores prometieron. En los primeros siete años del
NAFTA (1994-2001), la taza promedia de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per
capita es apenas 1.55% (Arroyo 2001: 4), muy por debajo del crecimiento actual de China (8.2%
en 2004) o Vietnam (7.7% en 2004), que son países que implementan una política que promueve
exportaciones pero preservan un papel activo del estado en la economía. Además, el crecimiento
del PIB ha sido muy inconsistente, con un crecimiento de 2.8% en el primer año del tratado,
seguido por un colapso en la taza de cambio del peso que significó un decrecimiento del PIB de
7.9% en el año 1995 (Arroyo 2001: 4). Después, la economía mexicana recuperó, y aprovechó la
burbuja económica estadounidense, logrando en 2000 un PIB por habitante 8.55% mayor que en
1994. Sin embargo, aquella burbuja se reventó en el año 2001, y el año pasado (2004), México
logró manejar un crecimiento de 4.4% (Banco de México 2005: 21).




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                                           Gráfico 1

                                 Crecimiento del PIB - Año 2004


                           10,00%
                            8,00%                   7,70%       8,20%
                            6,00%
                            4,00%      4,40%
                            2,00%
                            0,00%
                                     Mexico      Vietnam       China




Por otra parte, el crecimiento de la economía mexicana ha sido heterogéneo, con fuerte
crecimiento en los sectores ligados al comercio exterior pero sin beneficiar los sectores que
operan para el mercado interno. Por ejemplo, en el periodo 1993-2000, el sector de transporte y
comunicaciones logró un crecimiento de 56% y el sector manufacturero, responsable del 86.7%
de las exportaciones mexicanas, alcanzó un crecimiento de 44%.          Sin embargo, el sector
agropecuario mexicano solo registró un crecimiento de 8%, a pesar del crecimiento en el sector
agroexportador de hortalizas (Arroyo 2001: 6).


Las cifras sobre el empleo tampoco muestran ganancias para los trabajadores mexicanos como
resultado del NAFTA. Según un estudio de la ONG estadounidense Carnegie Endowment for
International Peace, ha habido un crecimiento del empleo en el sector maquilador de 550.000
empleos, pero una perdida de 100.000 empleos en el sector manufacturero no-maquilador, y una
perdida de 1.300.000 en el sector agrícola mexicano, sumando a una perdida neta de 850.000
empleos desde Enero de 1994 a Mayo de 2003 (Polaski 2003: 15-20). Irónicamente, aunque no
se puede atribuir toda la pérdida neta del empleo en México a la implementación del NAFTA,
los otros factores que incidieron en el comercio exterior mexicano, como la devaluación del peso
y la baja en los costos del transporte, deberían haber promovido el empleo, en vez de
disminuirlo.


¿Por qué, entonces, han habido impactos negativos en el PIB y el empleo en México como
resultado del NAFTA? Primero, aunque las exportaciones mexicanas han crecido (pasando de


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US$ 23.3 millones en 1981 a US$ 138.1 millones en 2000), su contenido nacional ha
disminuido, porque la producción maquiladora en México consiste solamente en el ensamble de
productos importados, sin usar insumos nacionales y sin establecer cadenas de producción que
fomentarían la industria manufacturera nacional (Arroyo 2001: 9). Se ha estimado que el
contenido nacional de un producto ensamblado en una maquiladora mexicana en 1996,
incluyendo los costos laborales, solo era de 17% del valor del producto, y esta tendencia sigue
hasta hoy. Por eso, el crecimiento de exportaciones no ha generado impactos más generalizados
en la economía mexicana. Segundo, aunque la inversión extranjera también ha crecido (de 1994
a 2000, entraron en el país US$ 102.2 millones en inversiones), una buena parte de este gasto ha
sido en inversiones de cartera y en compra de empresas ya existentes, influyendo así poco en el
crecimiento del PIB o la generación de empleo (Arroyo 2001: 9).


Además, se explica la perdida drástica del empleo en el sector agrícola por el déficit comercial
en los bienes agropecuarios entre México y EE.UU. desde la firma del NAFTA, que alcanzó US$
14.500 millones en el año 2003 (Gomez Cruz y Rindermann 2003: 29). Se atribuye este déficit a
la importación de bienes agrícolas estadounidenses masivamente subsidiados por el gobierno.
Con el Farm Bill (ley agrícola estadounidense), los subsidios a los productores agrícolas pasaron
a la suma increíble de US$ 74.900 millones, o 35% del PIB agropecuario de aquel país (Suárez
Montoya 2005). Esto significa que el subsidio promedio por agricultor estadounidense es de
US$ 21.000, mientras los productores mexicanos apenas reciben US$ 700 en subsidios de su
gobierno (Quintana 2003). Esto crea una “competencia desleal” entre los agricultores de estos
países, porque el apoyo que reciben los estadounidenses permite que ellos puedan vender sus
productos a un precio artificialmente bajo.     Por ejemplo, los productores estadounidenses
exportan su maíz a México a un precio por debajo del costo de producción en más de un 30%
(Polaski 2003: 17). El dumping que practican los estadounidenses ha quebrado la economía rural
mexicana, desplazando la mano de obra agrícola hacia las regiones fronterizas, donde está
concentrada la industria maquiladora, o hacia EE.UU. en la búsqueda de su sustento económico.


En materia laboral, tampoco ha habido mejoras en el cumplimiento de los derechos de los
trabajadores mexicanos, a pesar de la implementación del Acuerdo Paralelo sobre derechos
laborales (el Acuerdo Norteamericano sobre la Cooperación Laboral, o NAALC en sus siglas en



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ingles), porque, como explicamos abajo, el acuerdo no establece un mecanismo eficaz para
sancionar a los violadores de los principios laborales supuestamente protegidos por ello. Hay
once principios que los países firmantes del NAFTA están obligados a promover, pero el
NAALC no referencia a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la
formulación de los principios, y no exige un estándar mínimo para los leyes laborales domesticas
en relación a dichos principios (Weiss 2003: 4). Así que el NAALC no obliga a México,
EE.UU. y Canadá a armonizar su legislación laboral de acuerdo con las normas internacionales
de la OIT.


Además, el NAALC establece una “jerarquía” de derechos laborales, de manera que instaura un
sistema en el cual la violación de algunas de las once normas puede resultar en la imposición de
multas o sanciones comerciales, mientras violaciones de otras normas solo generarían
recomendaciones no-vinculantes formuladas por una Comisión de Expertos o los Ministros de
Trabajo de los países firmantes. Cualquier entidad o gobierno puede interponer una queja sobre
una violación de uno de los once principios del acuerdo, si se puede comprobar que la violación
es “sistemática” y “relacionada al comercio en sus efectos”, ante las oficinas en cada país
firmante que administra el funcionamiento del NAALC (conocidas como las NAO), en cualquier
país, salvo en aquel donde se cometió la violación. Por ejemplo, para enviar una querella sobre
una violación que ocurrió en México, hay que mandársela a la NAO canadiense o
estadounidense. El problema con el mecanismo de exigibilidad de los derechos laborales ante el
tratado, es que solo en casos de violaciones de tres de los once principios del NAALC – las
normas frente al trabajo infantil, la duración de la jornada laboral, y la salud y seguridad
ocupacional – puede haber sanciones fuertes en contra de los violadores, es decir, multas o
sanciones comerciales, si una consulta entre los Ministros de Trabajo de los tres países, una
Comisión de Expertos, y después un panel de arbitraje determinan que la sanción es justificada.
En el caso de las normas relacionadas al trabajo forzoso, no-discriminación, equidad salarial,
indemnizaciones para las lesiones y enfermedades ocupacionales, y protecciones para los
trabajadores migrantes, solo existe la posibilidad de una consulta ministerial y recomendaciones
de la Comisión de Expertos, y en el caso de los principios de la libertad de asociación,
negociación colectiva, y el derecho a la huelga, solo se puede realizar una consulta ministerial, si
la NAO determina que los hechos en la queja tienen mérito. Esta jerarquía de derechos en el



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NAALC, que sobre todo perjudica los derechos laborales colectivos, no debería existir, ya que
proclamó la ONU en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en 1993 que todos los
derechos humanos (y laborales) son “universales, indivisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí”. Debido a este procedimiento lleno de defectos y sin “dientes”, ninguna de
las 28 quejas enviadas a las NAO desde Enero de 1994 a Junio de 2004 ha resultado en la
imposición de una multa o sanción comercial, o ni siquiera en una evaluación por la Comisión de
Expertos, con apenas 12 quejas resueltas a través de las recomendaciones no-vinculantes de una
consulta ministerial (Maquila Solidarity Network: 2005).


Un caso emblemático demuestra claramente las debilidades del NAALC frente a situaciones de
violaciones graves de los derechos laborales fundamentales. En 1997, un grupo de trabajadores
de la fabrica Han Young, ubicada en el estado mexicano de Tijuana, decidieron afiliarse a la
organización sindical independiente Frente Auténtico del Trabajo (FAT), después de décadas de
representación por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), un
sindicato patronal conectado estrechamente a la maquinaria política corrupta del partido que
gobernó México por mas de 80 años.          La votación organizada por la Junta Nacional de
Conciliación y Arbitraje (el tribunal laboral) no fue secreta, sin garantías para los trabajadores
que apoyaban el sindicato independiente. Además, trabajadores sin ningún vínculo a Han Young
y pagados por la CROC participaron en la elección, injustamente inclinando los resultados de la
votación al favor del sindicato patronal, así negando a los trabajadores su derecho a asociarse al
FAT.    Sin embargo, los trabajadores siguieron en su intento de afiliarse al sindicato
independiente, llevando a cabo huelgas, mítines, y otra elección, cuyas resultados el tribunal no
reconoció.   Con la ayuda de la ONG estadounidense Support Committee for Maquiladora
Workers, se interpuso una queja ante el NAALC frente a la violación del derecho de asociación
de los trabajadores de Han Young. Aunque la NAO estadounidense concluyó que la queja sí
tenía merito, solo recomendó una consulta ministerial para solucionar el problema. La única
acción que hicieron los Ministerios de Trabajo de EE.UU y Mexico fue organizar un seminario
en 2000 en Tijuana sobre las restricciones al derecho de asociación, en lo cual algunos de los
trabajadores de Han Young fueron físicamente agredidos por representantes de la CROC. La
reunión fracasó, y no se tomó ninguna otra acción a través del NAALC para remediar la
violación de los derechos de estos trabajadores, pese a las demás sanciones disponibles bajo el



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tratado. Hoy en día, más de 8 años después del intento original de los empleados de Han Young
de ejercer su derecho laboral fundamental de formar un sindicato independiente, no han podido
lograr el reconocimiento de su organización sindical. Con resultados tan pobres, como en el caso
de Han Young, no es sorprendente que el NAALC no haya sido ningún disuasivo para frenar las
violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores mexicanos, y por eso, hoy en día
el Estado y los empresarios siguen cometiendo violaciones graves de las normas laborales
supuestamente “garantizadas” por el tratado.2


LOS DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR HORTICULTOR MEXICANO


Como se mencionó anteriormente, el sector agropecuario mexicano no puede estar considerado
como uno de los “ganadores” del NAFTA. En cambio, debido a la ventaja desleal que tienen los
agricultores estadounidenses con sus subsidios gubernamentales frente a sus contrapartes
mexicanos, México ahora importa 95% de las oleaginosas, 40% de la carne, 50% del arroz, y
30% del producto mas básico de la dieta mexicana, el maíz (Quintana 2003). En 1993, antes de
la firma del tratado, México importó US$ 2.136 millones de productos agropecuarios
canadienses y estadounidenses, y mantuvo una balanza comercial agropecuaria positiva con estos
países que sumó US$ 413 millones.              Sin embargo, en 1998, después de cuatro años de
desgravación arancelaria de dichos productos, las importaciones mexicanas pasaron a US$ 4.033
millones, un aumento de 88.8%, creando una balanza comercial negativa de US$ 46 millones
(Fujii 2001). En 2000, la balanza comercial agropecuaria de México con los países del NAFTA
siguió cayendo, bajando a un saldo negativo de US$ 2.400 millones (Quintana 2003).




2
 Para los resultados de otros casos presentados ante al NAALC, vea el informe de Human Rights Watch, Comerciar
con los derechos: La promesa incumplida del acuerdo paralelo al TLC, disponible en la pagina web
http://www.hrw.org/spanish/informes/2001/nafta.html.


                                                                                                           10
                                            Gráfico 2

                       Balanza comercial agropecuaria de
                          Mexico con EE.UU. y Canadá
                             (en millones de US$)


                               1000
                 Balanza          0       413             -46
                comercial
                              -1000
               agropecuaria
                              -2000
                                                                    -2.400
                              -3000
                                        1993             1998     2000



La apertura del mercado agropecuario ha causado una pobreza extendida en el sector rural
mexicano, por ejemplo, en 2002, 52% de la población rural no pudo cubrir sus necesidades
alimentarías, comparado con 35% de la población rural en la pobreza alimentaría en el año 1992
(Quintana 2003).


En este contexto bastante triste, el sector horticultor mexicano ha sido señalado como casi la
única agroindustria que ha experimentado un aumento en exportaciones desde la implementación
del tratado, con un incremento de exportaciones de hortalizas mexicanas de 26% desde 1993. En
particular, la exportación de tomate mexicano aumentó 83% entre 1993 y 1998, con 8-15% de
este aumento imputado al NAFTA, con varios otros factores como la devaluación del peso y el
incremento en la demanda en EE.UU. para el tomate causando el resto del aumento (Porter
2003). También ha habido un aumento de exportaciones de pimentón mexicano a EE.UU. de
53% y de pepino mexicano de 50% desde la firma del NAFTA; sin embargo, según un estudio de
Gareth Porter, casi todo este aumento se puede imputar a factores externos y no a los beneficios
arancelarios incorporados en el tratado (Porter 2003).


Tristemente, el crecimiento del sector horticultor mexicano no solo ha producido beneficios
comerciales sino también efectos ambientales y laborales negativos. En términos ambientales, la
producción de tomate en los estados de Sinaloa y Baja California ha causado un agotamiento del


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agua en el subsuelo, debido al volumen alto del líquido que requieren los sembrados de esta
hortaliza, y una contaminación generalizada del agua en el subsuelo y la superficie, por el uso sin
restricciones de agroquímicos. En términos laborales, el crecimiento del sector no ha significado
un aumento correspondiente en el empleo, debido a la inversión en el sector por parte de grandes
empresas agroindustriales estadounidenses, que aprovechan las provisiones de la cláusula de
inversiones del NAFTA, las cuales permiten explotar una mano de obra más barata y usar
pesticidas que son prohibidos en EE.UU. Estas empresas han aumentado la productividad por
hectárea en el sector a través del uso de más agroquímicos y mejor tecnología, sin la necesidad
de generar más empleos. Más grave aún, la mayoría de trabajadores del sector no cuenta con los
equipos adecuados para protegerse de los pesticidas tóxicos regados en una manera inexplicable
e irresponsable en los cultivos.


Los empleos que la agroindustria horticultora ha generado son generalmente de baja calidad, la
mayoría sin prestaciones. Según un estudio del sector horticultor de exportación del estado de
Sinaloa, donde se cultiva el tomate, pepino, calabaza, berenjena y pimentón, la mano de obra es
47% mujeres y 53% hombres, la mayoría trabajan por obra o con contratos temporales, y ganan
un promedio de 220,00 pesos mexicanos semanales, mientras el costo de la canasta básica
familiar equivale a 524,89 pesos a la semana. Así mismo, un gran porcentaje de los trabajadores
son migrantes indígenas, de los estados sureños de Guerrero y Oaxaca. 33% no sabe leer y
escribir, y algunos de estos migrantes son fluentes solo en su idioma indígena, y ni siquiera habla
español (Massieu Trigo 2004: 54). Todos estos factores impactan negativamente en la capacidad
de aquellos trabajadores a reclamar sus derechos laborales fundamentales, como un salario digno
y condiciones laborales saludables y seguros.


Además, hay pruebas contundentes que el trabajo infantil ha aumentado en el sector, con
mayores niveles de desescolarización en las regiones donde se cultivan las hortalizas para
exportación. En Sinaloa, aproximadamente 50% de los trabajadores del sector horticultor son
menores, con menos de 18 años, y de estos menores solo 64% asisten a la escuela, con 36% sin
ningún nivel de escolaridad (Massieu Trigo 2004: 60). En el Valle de Mexicali, donde se cultiva
la cebolla de ramo, se estima que 3.000 niños trabajan en los cultivos durante la época de
cosecha (Bacon 2004: 33). En la escuela primaria Alfredo Uchurtu, que atiende niños de esa



                                                                                                12
región, en el año 1996, 41.6% menos niños asistieron a clases que en 1987, antes de la firma del
tratado, pese a un aumento en la población. Este incremento en el trabajo infantil se atribuye a la
devaluación de los salarios, que hoy en día tiene un valor real en promedio por debajo de su
valor en el año 1980 (Polaski 2003: 24). La necesidad económica que esta devaluación ha
generado, significa que muchos padres rurales pobres ahora obligan a sus hijos menores a
trabajar en los cultivos de hortalizas hombro a hombro con ellos.


En conclusión, el aumento en las exportaciones no ha producido un mejoramiento en el bienestar
de los trabajadores mexicanos del sector horticultor. Además, el crecimiento del sector también
ha tenido impactos negativos transfronterizos; por ejemplo, ha causado la quiebra de más de 60%
de los productores de tomate del estado de Florida, y los que siguen cultivando tratan de
mantener su competitividad a través de la explotación de su mano de obra, pagando salarios a sus
trabajadores por debajo del salario mínimo legal estadounidense. Así mismo, los pesticidas
letales que los productores horticultores mexicanos utilizan han causado enfermedades en los
consumidores estadounidenses de sus productos, como en el caso reciente del brote de hepatitis
A ocasionado por el consumo de cebolla de ramo mexicano, que dejó 4 consumidores muertos y
más de 900 enfermos (Public Citizen: 2004).


Sin embargo, para los trabajadores rurales mexicanos, el empleo peligroso y mal remunerado del
sector horticultor mexicano es preferible a la ausencia total del empleo, un fenómeno que se ve
sobre todo en el sur del país, donde las contrarreformas agrícolas y la importación masiva de
alimentos estadounidenses artificialmente baratos han contribuido a la quiebra de la economía
campesina.    Por ejemplo, en el año 2002, aproximadamente 600 campesinos mexicanos
diariamente perdieron sus tierras o las dejaron para buscar mejores oportunidades, especialmente
en EE.UU (Public Citizen 2004). La desesperación de estos agricultores mexicanos desposeídos
los ha llevado a entrar en el país vecino ilegalmente para conseguir empleo, causando la muerte
de mas de 1.600 personas que intentaron cruzar la frontera por los desiertos de Arizona y New
Mexico (Public Citizen 2004). Es decir, la política fracasada del NAFTA literalmente es una
sentencia de muerte para el campesinado mexicano. Por eso, una gama amplia de organizaciones
sociales mexicanas, como la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y El
Campo No Aguanta Más, han repudiado los efectos dañinos de la implementación del tratado y



                                                                                                13
han exigido una renegociación del NAFTA en materia agropecuaria.           Lamentablemente, el
gobierno derechista de Vicente Fox aún no ha respondido a los reclamos de estas organizaciones,
y las políticas del NAFTA siguen en curso, como una pesadilla que no termina con la llegada del
amanecer.


EL TLC CHILE – EE.UU.: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES O MÁS DE LO MISMO?


Chile es el país suramericano con más trayectoria que cualquier otro con respeto a las reformas
neoliberales económicas y la apertura comercial y financiera. La apertura chilena comenzó con
el golpe de Estado que el dictador Pinochet realizó en Septiembre del 1973, quien, después de su
apropiación brutal del poder ejecutivo a través de la campaña de sangre y miedo que
desencadenó a lo largo y ancho del país, empezó a privatizar las empresas estatales, socavar el
sistema publico de seguro social, y prohibir la creación y el funcionamiento de las
organizaciones sindicales. Estas reformas eran dirigidas por un grupo de economistas jóvenes,
conocidos como los “Chicago Boys” por ser ex-estudiantes y seguidores fieles del economista
neoliberal ortodoxo y Profesor de la Universidad de Chicago Milton Friedman.


El legado de los Chicago Boys sigue vigente hasta hoy en Chile, con una política económica
dirigida hacia la promoción de exportaciones en vez de un enfoque hacia el mercado interno.
Por eso, Chile ha firmado más acuerdos de libre comercio y sobre inversiones que cualquier otro
país, salvo México e Israel, con 29 acuerdos firmados desde 1974 hasta hoy, incluyendo el TLC
recién firmado entre Chile y China (Lara Cortes 2004: 1). Chile consolidó su política de apertura
económica con la entrada en vigencia del TLC entre Chile y su socio comercial más importante,
EE.UU. el 1 de Enero del 2004. EE.UU. hoy en día es el primer país importador de las
exportaciones chilenas, absorbiendo aproximadamente una quinta parte de dichas exportaciones,
las cuales sumaron a US$ 3.483 millones en el año 2002 (Lara Cortes 2004: 4). Aunque Chile
mantiene un superávit comercial con el país del norte de US$ 968 millones en 2002, es solo el
38º socio comercial de EE.UU., y por eso el gobierno de Ricardo Lagos promovió la firma del
TLC para impulsar aún más el comercio entre ambos países (ACJR 2004). Por su parte, EE.UU.
promovió el tratado como un mecanismo para crear nuevas oportunidades en el mercado chileno,
sobre todo para las empresas multinacionales de servicios y la agroindustria estadounidense.



                                                                                               14
Parecido al NAFTA, el TLC EE.UU.- Chile es un tratado complejo, que aborda temas más allá
de la desgravación arancelaria. Frente al acceso a mercados, 87% de las exportaciones chilenas
entraron en el mercado estadounidense en el primer año de vigencia del tratado (2004) sin
aranceles, con 88.5% de las importaciones estadounidenses entrando a Chile sin aranceles en el
primer año (Lara Cortes 2004: 2). 75% de los productos agropecuarios, de ambos países, está
programado para una desgravación arancelaria total en cuatro años o menos. Antes de la
implementación del tratado, casi 70% de las exportaciones chilenas entraron a EE.UU. con
aranceles de 2% o menos, debido a las preferencias unilaterales comerciales de ese país
(conocidas como el Sistema Generalizado de Preferencias, o SGP), mientras las importaciones
estadounidenses tuvieron que pagar un arancel promedio de 6% para entrar en los mercados
chilenos. Este arancel promedio, después del tratado, bajó a 0,54%, significando que, en relación
al acceso de mercados, las importaciones desde EE.UU. sacaron una ventaja definitiva con la
firma del tratado (Lara Cortes 2004: 2).


Además de temas arancelarios, el tratado tiene un enfoque en la promoción de inversiones
extranjeras. Las empresas estadounidenses ya llevan muchos años de experiencia en invertir en
Chile, con flujos de inversión avaluados en US$ 15.9 millones de millones entre los años 1974 –
2002, equivalente al 30,5% de la inversión extranjera total durante ese periodo (ACJR 2004).
Estas inversiones estadounidenses están concentradas en los sectores de servicios
(particularmente servicios financieros), minería, transporte y comunicaciones. Para dar más
ventajas aún a las inversionistas extranjeras, el TLC EE.UU.-Chile, como el NAFTA, elimina los
requisitos de desempeño, limitando las políticas que el gobierno chileno podría imponer para
generar inversiones con más valor agregado. Además, el TLC excluye todas las inversiones,
salvo las que se hacen con contrato o bajo la legislación DL 600, del mecanismo que permite la
restricción a la salida de capitales para un periodo de un año (ACJR 2004), dejando así la
economía chilena más abierta a crisis generadas por la especulación financiera desenfrenada,
como lo que sucedió en los países del suroriente de Asia en 1997. Parecido al NAFTA, el TLC
EE.UU.-Chile también permite que los inversionistas particulares demanden al Estado por violar
la autorización de una inversión, un acuerdo de inversión, o el tratado mismo.




                                                                                              15
El TLC establece nuevas reglas frente a la propiedad intelectual, que superan las que están
fijadas por la OMC a través del acuerdo ADPIC. Es decir, el tratado amplía el plazo de vigencia
de una patente de 20 años a 25, restringe el acceso de los datos de prueba de medicamentos
nuevos a empresas farmacéuticas que producen drogas genéricas por 5 años, y aumenta las
sanciones penales y civiles por el uso no autorizado de obras y otros bienes intelectuales (ACJR
2004). Organizaciones sociales chilenas como la Alianza Chilena por un Comercio Justo y
Responsable han señalado que estas reglas son inexequibles constitucionalmente, violando los
derechos básicos a la libertad de expresión e información, y a acceder a bienes culturales.


El TLC EE.UU.-Chile incorpora capítulos que también abordan el tema de servicios,
permitiendo la incursión aún más de empresas extranjeras en áreas como la salud,
telecomunicaciones, construcción, transporte, y turismo.            Además, el tratado cede la
participación de empresas extranjeras en las licitaciones públicas, pero en una manera desigual.
Mientras en Chile, las empresas estadounidenses pueden competir en todas las licitaciones, las
empresas chilenas solo tienen acceso a competir para las compras públicas por encima de US$
50.000 de las entidades del gobierno nacional y de 37 estados, debido a la estructura federal del
gobierno estadounidense y de su provisión que reserva sus compras por debajo de US$ 50.000
para los PYMES nacionales (Rosales Villavicencio 2003). Así mismo, el tratado contiene una
cláusula ambiental y laboral, de la cual hablaremos más adelante.


Debido al tiempo corto que lleva el tratado como acuerdo vigente, es difícil extrapolar sobre los
efectos reales causados por su implementación. No obstante, se puede decir que el crecimiento
del PIB ha aumentado levemente en el primer año de vigencia del TLC, de 2.8% en 2003 a 3.7%
en 2004, acompañado por un incremento ligero en la taza de inflación, de 2.8% en 2003 a 3.4%
en 2004, mostrando que en el primer año, la economía chilena se mantenía en el mismo rumbo
antes de la ejecución del tratado, sin registrar un crecimiento espectacular que los aliados del
TLC predicaron (BBVA 2005). Frente al empleo, no se veía ningún beneficio relacionado a la
implementación del TLC, de hecho, la taza de desempleo aumentó a 8,8% en 2004, un
porcentaje 0,3% más alto que la taza registrada en 2003 (Pino 2005).




                                                                                              16
                                           Gráfico 3

                 Comportamiento de la economia chilena en
                          el primer año del TLC

         10,00%                                                8,50%8,80%
          8,00%
          6,00%                                                                    2003
                             3,70%              3,40%
          4,00%         2,80%              2,80%                                   2004
          2,00%
          0,00%
                     Crecimiento PIB        Inflación         Desempleo

Un factor que explica este dato es el hecho de que casi todos los sectores donde había un
crecimiento en sus exportaciones chilenas hacia EE.UU. son sectores primarios, como la minería,
la agroindustria y la piscicultura, sectores que no crean muchos empleos nuevos porque no
generan valor agregado. Además, es importante enfatizar que hubo un crecimiento significativo
de 30% de exportaciones de productos estadounidenses hacia el mercado chileno en el primer
año de vigencia del tratado; sin embargo, se atribuye este fenómeno no solo a la desgravación
arancelaria que el TLC efectuó, sino también a la devaluación del dólar.


Frente a los derechos laborales, la cláusula laboral del TLC no ha contribuido a ninguna mejora
significativa en el tiempo que el acuerdo ha sido vigente, debido a las fallas estructurales en el
diseño de la misma. Distinto al NAALC, la cláusula laboral está incorporada directamente en el
texto del tratado, y referencia a los Convenios de la OIT, pero solo obliga a los países firmantes
de respetar su propia legislación laboral. La cláusula no requiere que EE.UU. y Chile armonicen
sus leyes domesticas con los estandartes internacionales. Esta es una omisión particularmente
grave en el caso de Chile, que mantiene leyes muy deficientes frente a los derechos laborales
colectivos, las cuales no permiten, por ejemplo, la negociación colectiva por rama de actividad
económica y restringen la negociación colectiva para los trabajadores temporales. La cláusula
solamente exige el cumplimiento de un conjunto de normas laborales que ni siquiera incorpora
todos los derechos designados como “fundamentales” por la OIT, apenas incluye las normas
relacionadas con el salario mínimo, la jornada laboral, la salud y seguridad ocupacional, el
derecho de asociación y de negociación colectiva, la eliminación del trabajo infantil, y la


                                                                                               17
prohibición del trabajo forzoso. Una violación grave de cualquiera de estas normas podría
resultar en una multa con un monto máximo de US$ 15 millones (Weiss 2003: 10). Comparado
con el NAALC, el mecanismo de exigir el cumplimiento de los derechos supuestamente
consagrados por la cláusula es menos eficaz aún, porque no permite que una entidad no-
gubernamental presente una queja sobre una posible violación directamente a una instancia
internacional imparcial. En cambio, la sociedad civil solo puede presentar estas querellas al
“punto de contacto” en cada país, que corresponde a los Ministerios del Trabajo de EE.UU. y
Chile, y quienes tienen un interés marcado en no interferir en el comercio entre ambas naciones.
Debido a este hecho, en los casi dos años de funcionamiento del tratado, aunque no se sabe
cuantas quejas han sido interpuestos ante los puntos de contacto, hasta ahora ninguna ha
resultado ni siquiera en una consulta ministerial, significando que ninguna violación de una
norma laboral ha sido sancionada a través del mecanismo incorporado en el tratado. Esto
muestra que la cláusula laboral en el TLC EE.UU.-Chile es tan débil como poco disuasoria para
prevenir las violaciones de los derechos laborales como el NAALC.


LOS DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR FRUTÍCOLA CHILENO


La industria agroexportadora de frutas ha mostrado un crecimiento sustancial en las últimas
décadas, ubicando al sector entre los más dinámicos del país. Se atribuye este dinamismo a la
demanda constante en los países del hemisferio norte, particularmente en EE.UU., Canadá,
Europa, China, y Japón, de fruta fresca contraestacional, es decir, fruta comercializada durante la
época cuando sus agricultores no puedan producir fruta fresca por razones climáticas. Para la
temporada de exportación de fruta fresca del 1 de septiembre de 2003 al 31 de agosto de 2004, se
registraron exportaciones con un valor de US$ 1.750 millones, un aumento de 11% respeto a la
temporada 2002-2003. Chile ya se ha convertido en el primer exportador del hemisferio sur de
manzanas, con 731.029 toneladas exportadas en 2003-2004, y de uvas de mesa, con
exportaciones de 703.865 toneladas en el mismo periodo.            El receptor principal de las
exportaciones frutícolas chilenas es el mercado estadounidense y canadiense, que recibió 38,8%
de la producción de la temporada 2003-2004, mientras Europa compró el 31,3% de la fruta
chilena colocada en el exterior y América Latina recibió el 17,9% de los envíos de fruta fresca de
aquella temporada (Agroeconómico 2004).



                                                                                                18
                                           Gráfico 4

                      Paises consumidores de fruta fresca
                                   chilena


                           12%
                                                              EE.UU. y Canadá
                     17,90%             38,80%                Europa
                                                              America Latina
                                                              Otros paises
                         31,30%




Existe una fuerte presencia de empresas transnacionales en el sector frutícola chileno desde el
comienzo de la década de los 80.       Aunque la mayoría de producción es desarrollada por
agricultores chilenos, las empresas extranjeras dominan las actividades de exportación. La
empresa estadounidense Dole es la mayor exportadora de fruta fresca chilena, abarcando 11,2%
de las exportaciones totales en la temporada 2001-2002. La empresa italiana Unifrutti alcanzó el
segundo lugar en exportaciones, con 6,7% del total exportado. La empresa estadounidense Del
Monte manejó 5,2% de las exportaciones de fruta en aquella temporada, colocándola en el cuarto
lugar, y otra empresa estadounidense, Chiquita, abarcó 2,6% de las exportaciones totales,
alcanzando el puesto octavo.       Juntas, estas cuatro empresas manejaron 25,7% de las
exportaciones del sector (Diaz 2004: 79). Además de participar en las actividades exportadoras,
dichas empresas también son receptoras de la fruta en los mercados norteamericanos y europeos,
dándoles más poder aún sobre la cadena productiva del sector frutícola.


En cuanto a la situación laboral del sector, según la encuesta Casen del año 2000, hay 536.136
trabajadores empleados en el sector, de los cuales 286.833, o 53,5%, son permanentes, y
249.303, o 46,5% del total, son temporales (Caro 2004: 119). Según estos datos, 17% de la
fuerza laboral asalariada corresponde a mano de obra femenina, y 67.716 trabajadoras, o 74,5%
de las mujeres que trabajan en el sector, tienen empleos temporales. Sin embargo, otros estudios
señalan que más de 200.000 trabajadoras laboran temporalmente en el sector durante la
temporada de mayor intensidad (Caro 2004: 120). Demográficamente, 58,1% de las trabajadoras


                                                                                             19
temporales tiene entre 30 y 64 años de edad y 40,7% tiene entre 15 y 29 años, y la mayoría son
madres, casadas o divorciadas (Caro 2004: 120).


Las condiciones laborales y salariales del sector frutícola son pésimas, sobre todo para las
mujeres trabajadoras. En 2000, el salario promedio mensual de los trabajadores temporales era
107.472 pesos (US$ 154) y para las trabajadoras, era 81.599 pesos (US$ 117), solo 76% de lo
que ganaban los hombres (Caro 2004: 121). Según los datos de la asociación de exportadores
frutícolas, Agrocap, 32,6% de los trabajadores de ambos sexos que laboran en los huertos gana el
salario mínimo (que en 2003 era equivalente a $150) o menos, mientras 33,8% de los
trabajadores y trabajadoras empacadores gana el salario mínimo o menos (Lopez 2004: 59).
Frente a la protección social, en el año 2000, 68% de los trabajadores temporales agrícolas no
cotizaba en ningún sistema de seguridad social, mientras 58% de las trabajadoras temporales no
cotizaba (Caro 2004: 121). Se atribuye este alto porcentaje de no-cotizantes a las reglas frente a
las pensiones, que solo permiten acceder a una pensión de vejez a los trabajadores que han
cotizado por un mínimo de 240 meses. Los trabajadores y trabajadoras frutícolas temporales,
con empleo esporádico por naturaleza, no tienen muchas posibilidades de lograr pensionarse, y
por eso, la mayoría prefiere no cotizar. En cuanto a la jornada laboral, en 2005, el gobierno
chileno disminuyó la jornada ordinaria de 48 horas semanales a 45 horas. Sin embargo, Agrocap
señala que la jornada semanal promedia en el sector frutícola es de 63 horas, con jornadas diarias
de hasta 18 horas, y sin el pago de horas extras, dominicales, o festivos (Lopez 2004: 60).


Frente a los derechos laborales colectivos en el sector frutícola, se presenta un nivel bajo de
sindicalización, debido a las restricciones legales a la negociación colectiva que los trabajadores
temporales del sector enfrentan, y debido a la política generalizada de los empresarios del sector
de mantener “listas negras” de los dirigentes sindicales con el fin de negarles empleo. Además,
se puede destacar que la debilidad del sindicalismo en el sector es otro legado del régimen
dictatorial de Pinochet, que físicamente e ideológicamente golpeó el movimiento sindical chileno
e instauró el miedo en trabajadores quienes potencialmente se unirían al movimiento. En 2004,
apenas 72.110 trabajadores agrícolas (permanentes y temporales) eran sindicalizados, con una
taza de sindicalización aproximadamente igual a la taza de sindicalización en general para ese
año, que equivale al 13.4% de la fuerza laboral (Dirección del Trabajo 2004: 10). Sin embargo,



                                                                                                20
aunque en el año 2002, 60.874 trabajadores agrícolas eran miembros de organizaciones
sindicales, apenas 2.327 de ellos gozaban de convenciones colectivas, es decir, 3,8% de los
afiliados, mostrando cómo la legislación laboral chilena frente a los trabajadores temporales
restringe la realización del derecho fundamental a la negociación colectiva (López 2004: 62).


Es necesario enfatizar que las mujeres que trabajan en el sector, sobre todo las temporales, estén
especialmente discriminadas. Solo 58,8% de las trabajadoras tienen un contrato laboral escrito, y
menos de 49% de trabajadoras temporales cuentan con un contrato, así que laboran en una
situación más precaria, sin poder exigir el cumplimiento de sus derechos laborales garantizados
por ley (Caro 2004: 121). Además, en cuanto a la protección a la maternidad, muchas mujeres,
por temor de perder su empleo o por necesidad económica, no reclama su derecho al permiso pre
y posnatal o al permiso maternal, cuando sus niños se enfermen. Frente a las condiciones de
salud y seguridad ocupacional, los y las trabajadores están expuestos a agroquímicos tóxicos sin
las medidas de seguridad necesarias, no cuentan con servicios higiénicos o provisiones de agua
potable suficiente, y no reciben alimentos adecuadamente nutritivos en los casinos de las
empresas (Caro 2004: 132).


¿Cómo ha impactado la implementación del TLC al cumplimiento de los derechos laborales en el
sector frutícola chileno? Obviamente el TLC lleva apenas dos años de vigencia, entonces es
imposible identificar efectos del mediano o largo plazo. Sin embargo, se puede señalar que, es
muy probable que los beneficios arancelarios del tratado impulsarán un mayor crecimiento del
sector, una tendencia que se refleje en los datos de exportaciones citados arriba. Lo preocupante
es que, este crecimiento, por bueno que sea para la economía del país, no estimulará una creación
de empleo digno. Los empleos actuales del sector se caracterizan por su poca estabilidad debido
a la proliferación de trabajos temporales, sus bajos niveles salariales, su inseguridad debido a la
falta de contratos escritos y de convenciones colectivas vigentes, y sus políticas discriminatorias
en contra de las mujeres trabajadoras. La cláusula laboral del TLC no ofrece ninguna posibilidad
real de exigir un mejoramiento en las condiciones laborales en el sector frutícola, por sus
debilidades inherentes, explicadas anteriormente. Por eso, aunque todavía no podemos decir si el
TLC empeorará la situación laboral de la agroindustria frutícola chilena, lo cierto es que el TLC,
a través de su cláusula laboral, no la mejorará.



                                                                                                21
REFLEXIONES PARA COLOMBIA


Hoy en día, Colombia goza de beneficios arancelarios otorgados unilateralmente por EE.UU. a
través de la ley ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) a cambio de su
participación en la “guerra contra las drogas”. Dichos beneficios se vencen en Diciembre de
2006, y por eso, el gobierno colombiano desesperadamente impulsó la negociación de un TLC
con EE.UU., en la espera de preservar sus ventajas comerciales con el país del norte. La
industria floricultora colombiana está señalada como uno de los sectores económicos que más ha
podido aprovechar la apertura del mercado estadounidense para sus productos. Es cierto que las
exportaciones de flores colombianas han aumentado de manera significativa desde la ejecución
inicial de los beneficios comerciales en el año 1991, de US$ 211,9 millones en 1990 (antes de la
implementación de la ley) a US$ 672 millones en 2002 (FIAN 2005). Sin embargo, no se registró
el mismo aumento en términos del empleo – el sector generó aproximadamente 75 mil empleos
directos en 1992 (Herrera Valencia 2004: 163), los cuales crecieron a 90 mil empleos en 2004
(Moreno 2005: 15), una ganancia de apenas 15 mil empleos. Un factor que ha limitado el
crecimiento del empleo en el sector es el nivel alto de productividad que los empresarios
floricultores exigen de sus trabajadores – en los años 90, cada trabajador tenía que atender hasta
42 camas floreras diarias, comparado con apenas 8 camas diarias en los años 70 (Herrera
Valencia 2004: 254). Además, los empleos que han sido generados en el sector se caracterizan
por su baja calidad. Similar a los trabajadores de la industria frutícola chilena, los trabajadores
floricultores colombianos ganan un salario promedio que equivale al salario mínimo, tienen
jornadas laborales que superan la jornada legalmente vigente de 48 horas semanales, están
expuestos constantemente a pesticidas y otros agroquímicos altamente peligrosos sin la
protección adecuada, y la contundente mayoría no gozan de los beneficios de una convención
colectiva o de una organización sindical que defienda sus intereses laborales.


Si se ratifica el tratado, ¿es posible que la cláusula laboral del TLC entre EE.UU. y Colombia,
Ecuador, y Perú, pueda proteger y promover los derechos laborales de los trabajadores andinos, y
específicamente los derechos de los trabajadores floricultores? La respuesta más probable es no,
porque el borrador actual de la cláusula laboral del TLC Andino es casi un duplicado exacto de



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la que existe en el TLC EE.UU.- Chile, con todas sus deficiencias. La cláusula solo incorporará
las mismas normas que están en el tratado con Chile, sin incluir el derecho fundamental en
contra de la discriminación en el empleo y ocupación, y no exigirá que los países armonicen su
legislación laboral interna para que esta sea coherente con las normas de la OIT. Mas grave aún,
la cláusula no implementará un sistema eficaz y transparente que permita que la sociedad civil
presente quejas sobre la violación de normas protegidas por el tratado directamente ante una
instancia imparcial.   Igual al TLC EE.UU.-Chile, los sindicatos y otras organizaciones de
derechos laborales tendrán que hacer sus reclamos primero ante el “punto de contacto” en el país,
que en el caso colombiano, sería el Ministerio de Protección Social, caracterizado en años
recientes por su política sumamente anti-sindical, limitando severamente el derecho a la
asociación (a través del rechazo por razones falsas y sin fundamentos de inscripciones de
sindicatos nuevos en el registro sindical, como en el caso del sindicato del sector floricultor
Sintrasplendor) y el derecho a la negociación colectiva (a través de la imposición ilegal de
tribunales de arbitramiento) (Silverman 2005). Por eso, no se puede confiar que este Ministerio
manejaría las quejas presentadas ante la cláusula laboral del TLC de una manera neutral,
eliminando así la posibilidad de que el tratado podría funcionar como una nueva herramienta
eficaz para exigir el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores colombianos.


Para resumir, es posible que la implementación del TLC Andino pueda generar algunos pocos
empleos más en el sector floricultor colombiano, pero no podrá parar la “carrera hacia el fondo”
en términos de derechos laborales que se ve en las industrias agroexportadoras, debido a los
defectos estructurales de la cláusula laboral del tratado. Además, si el TLC Andino tiene efectos
parecidos al NAFTA, que produjo un efecto devastador en cuanto el empleo en el sector rural
mexicano, el aumento de empleo en el sector floricultor, será contrarrestado por la perdida del
empleo en el sector agropecuario colombiano que no produce para la exportación. Por ejemplo,
si el tratado contempla una desgravación rápida del arroz, la industria arrocera colombiana, que
generó 71,838 empleos directos en el año 2003 (Agrocadenas 2005), estará condenada a
desaparecer, porque los subsidios masivos que regala el gobierno estadounidenses a sus
productores arroceros, permiten que vendan su arroz en cáscara a un precio casi 20% menor del
costo de producción (Shaiken 2005), otro ejemplo de su competencia desleal que los agricultores
colombianos nunca podrán superar.        Por eso, en el agregado, el TLC no ofrecerá más



                                                                                                23
oportunidades laborales para la población colombiana; al revés, agravará las condiciones de alto
desempleo y desigualdad que esta sociedad ya padece, parecido a lo que ya vemos en otros
países, como México y Chile, que han escogido erróneamente el modelo de libre comercio como
su vía a la prosperidad económica, y ya están sufriendo sus malignas consecuencias.




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BIBLIOGRAFIA


Agrocadenas (2005), Empleo rural,
http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ind_sec_empleo2.htm


Agroeconomico (2004), “Cómo marchó la exportación de fruta”, en Agroeconomico, No. 83.


Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable ACJR (2004), TLC Chile – Estados
Unidos: Modelo para armar, Santiago de Chile.


Arroyo, Alberto (2001), El TLCAN: Objetivos y resultados siete años después, México D.F.


Bacon, David (2004), The Children of NAFTA, Berkeley, California, University of California
Press.


Banco de México (2005), Informe anual 2004,
http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/DoctosBM/%7BF078DDB0-5851-45BA-9068-
A34A197AC327%7D.pdf


BBVA (2005), Chile, http://ws1.grupobbva.com/TLBB/fbin/Chile_tcm61-2588.pdf.


Caro, Pamela (2004), “Trabajadoras de la agroexportacion: Costos y consecuencias derivados de
la precariedad del empleo”, en Frutas y flores de exportación: Las condiciones laborales de las
trabajadoras en Chile y Colombia, Santiago de Chile, Oxfam.


Díaz, Estrella (2004), “Practicas de compra de las exportadoras frutícolas: las multinacionales en
Chile”, en Frutas y flores de exportación: Las condiciones laborales de las trabajadoras en
Chile y Colombia, Santiago de Chile, Oxfam.


Direccion del Trabajo (2004), Compendio de series estadísticas 1990-2004, Santiago de Chile.




                                                                                               25
Estay, Jaime y Germán Sánchez (2005), “Una revisión general del ALCA y sus implicaciones”,
en Jaime Estay y Germán Sánchez (coordinadores), El ALCA y sus peligros para América
Latina, Buenos Aires, CLACSO.


FIAN (2005), Colombia: Trabajo intensivo y antisindicalismo,
http://www.fian.de/fian/index2.php?option=content&task=view&id=185&pop=1&page=0.


Fujii, Gerardo (2001), “Apertura comercial y empleo agrícola en México, 1993-1998”, en
Momento Económico, No. 115.


Gómez Cruz, Manuel Angel y Rita Schwentesius Rindermann (2003), “NAFTA’s Impact on
Mexican Agriculture: An Overview”, en Lessons from NAFTA: The High Cost of “Free” Trade,
México D.F., Alianza Social Continental.


Herrera Valencia, Beethoven (2004), “Legislación laboral”, en Frutas y flores de exportación:
Las condiciones laborales de las trabajadoras en Chile y Colombia, Santiago de Chile, Oxfam.


Lara Cortes, Claudio (2004), El Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y EEUU.: Entre la
reciprocidad formal y la realidad desigual, Santiago de Chile.


López, Diego (2004), “Panorama de la legislación laboral chilena: El caso de la agroindustria y
la trabajadora temporal”, en Frutas y flores de exportación: Las condiciones laborales de las
trabajadoras en Chile y Colombia, Santiago de Chile, Oxfam.


Maquila Solidarity Network (2005), What is the North American Agreement on Labour
Cooperation?, http://www.maquilasolidarity.org/campaigns/NAO/NAALC_background.htm.


Massieu Trigo, Yolanda Cristina (2004), “Impacto de la biotecnologia en la producción de
hortalizas en Mexico”, en Revista de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, No. 26.




                                                                                            26
Moreno, Luis Alberto (2005), “Las posibilidades de Bogota frente al TLC”, en Bogota frente al
TLC, Bogota, Editorial La Oveja Negra.


Pino, Angel (2005), Desempleo en Chile: Una piedra en el zapato para el gobierno,
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=10914.


Polaski, Sandra (2003), “Jobs, Wages, and Household Income”, en Demetrios Papademetriou
(ed.), NAFTA´s Promise and Reality: Lessons from Mexico for the Hemisphere, Washington,
DC, Carnegie Endowment for International Peace.


Porter, Gareth (2003), Agricultural Trade Liberalization and the Environment in North America:
Analyzing   the    “Production    Effect”,   http://www.cec.org/files/PDF/ECONOMY/Abstrac-
Agricultural-Trade-Liberalization-Env_en.pdf.


Public Citizen (2004), The Ten Year Track Record of the North American Free Trade
Agreement: US, Mexican, and Canadian Farmers and Agriculture, Washington, DC.


Quintana, Víctor (2003), “El campo no aguanta más”. Ponencia presentada en el foro “El
Espejismo del Libre Comercio”, Bogotá, Junio 13-14.


Rosales Villavicencio, Osvaldes (2003), Los TLC Chile-EE.UU., Chile-Corea: Ventajas y
desventajas por el sector agrícola chileno, http://www.ugm.cl/pacifico/eventos/TLC_EEUU-
Chile-Corea.pdf.


Shaiken, Harley (2005), “¿Libre comercio o regalos?”, en El Espectador, 19 al 26 de junio.

Silverman, Jana (2005), “Cuenta regresiva al TLC”, en Cultura y Trabajo, No. 65.

Suárez Montoya, Aurelio (2005), “Negociaciones agrícolas en el TLC”, en Deslinde, No. 37.




                                                                                             27
Weiss, Marley (2003), “Two Steps Forward, One Step Back, Or Vice Versa: Labor Rights Under
Free Trade Agreements from NAFTA, Through Jordan, via Chile, to Latin America, and
Beyond”, en University of San Francisco Law Review, No. 689.




                                                                                       28

				
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