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									                                       N° 46-96

       CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las trece horas

treinta minutos del trece de junio de mil novecientos noventa y seis.

       Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Cervantes, Presidente; y de las

Licdas Miriam Anchía Paniagua e Ifigenia Bustamante Guerrero, Licdos Mario

Villalobos Gómez y Francisco Chamberlain Trejos.           Asiste también el Director

Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones León.

APROBACION DE ACTAS

                                      ARTICULO I

       Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 7 de junio en curso, número 44-96.

MAGISTRADOS SUPLENTES

                                      ARTICULO II

       Se tomó nota que el Presidente, Magistrado Cervantes, de conformidad con el

inciso 11) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizó los sorteos de

los Magistrados Suplentes que sustituirán a los titulares de las Salas que se dirá, en

las fechas y para los asuntos que de seguido se indican:

SALA PRIMERA

       1.) Lic. Horacio González Quiroga, a fin de que conozca el proceso especial

tributario de Isabel Granados Portuguez contra la Municipalidad de Cartago, en

sustitución del Magistrado Cervantes, quien se separa de su conocimiento.

SALA SEGUNDA

       2.) Lic. Rogelio Ramos Valverde, los días 13 y 14 de los corrientes, en

sustitución del Magistrado Rojas, por una actividad de la Escuela Judicial fuera de

San José.
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SALA TERCERA

       3.) Lic. José Manuel Arroyo Gutiérrez, del 1° al 10 de julio próximo, en

sustitución del Magistrado Ramírez, quien disfrutará de vacaciones.

SALA CONSTITUCIONAL

       4.)   Lic.   Danilo   Elizondo    Cerdas,   para   conocer   de   la   Acción   de

Inconstitucionalidad N° 3047-P-92, promovida por el señor Mario Blanco Castro, en

sustitución de la Magistrada Calzada quien se encuentra fuera del país en otras

actividades de su cargo.

NOMBRAMIENTOS

                                        ARTICULO III

       En oficio N° 912-96 de 11 de los corrientes, el Magistrado Aguirre, Presidente

de la Sala Segunda, propone al Lic. Olman Venegas Guerrero, como Abogado

Asistente 3 de esa Sala, del 1° de julio al 31 de diciembre del año en curso, en

sustitución del Lic. Alvaro Hernández Aguilar, quien actualmente ocupa otro cargo.

       Y en oficio N° 935-96 de 12 de los corrientes, propone a la Licda Flora Marcela

Allón Zúñiga, como Abogada Asistente 3, del 1° de julio al 31 de diciembre del año en

curso, y al Lic. Bethmann Herrera Montero, del 1° de julio al 31 de agosto próximo,

para el puesto de Secretario de la Sala, en sustitución de la Licda Allón.

       Se acordó: Aprobar los nombramientos propuestos por el Magistrado Aguirre.

El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                        ARTICULO IV

       La Licda Leda Román Matamoros, Secretaria del Tribunal Superior Cuarto

Penal de San José, en nota de 10 de los corrientes, comunica que el Lic. Carlos

Francisco Alvarado Soto, asumirá la Presidencia de ese Tribunal, del 11 al 13 de este
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mes, en sustitución de la Licda Vera Coto Gaucherand, quien se encuentra

incapacitada para el trabajo.

       Se acordó: Tomar nota, lo que hará también el Departamento de Personal,

para lo de su cargo.

                                      ARTICULO V

       La Licda Ana María Trejos Zamora, Jueza Penal Juvenil de San José, en nota

de 10 de junio en curso, manifestó:

        “Por la presente le ruego se ordene la comunicación respectiva al
        Departamento de Personal acerca de las siguientes sustituciones en
        este Juzgado:

        1- El Lic. Joaquín Fernández Salazar en sustitución del Lic. Rodrigo
        Picado Picado, en la plaza de ACTUARIO, los días 27 a 29 de marzo
        de 1996. (Permiso del Lic. Picado para acudir a seminario en la
        Escuela Judicial).

        2- El Lic. Joaquín Fernández Salazar, cédula 2-346-087, en
        sustitución del Lic. Rodrigo Picado Picado, cédula 2-292-1072 en la
        plaza de ACTUARIO del 15 al 18 de abril de 1996. El Lic. Picado
        ocupó durante ese período la plaza de JUEZ. (Permiso de la suscrita
        par asistir a Seminario en Panamá).

        3- El Lic. Joaquín Fernández Salazar, en sustitución del Lic. Rodrigo
        Picado Picado, en la plaza de ACTUARIO, del 21 al 30 de abril de
        1996. El Lic. Picado ocupó durante ese período la plaza de JUEZ.
        (Permiso de la suscrita para asistir a pasantía en Colombia).”

                                         -0-

       Se acordó: Aprobar los nombramientos propuestos por la Licda Trejos Zamora.

El Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                      ARTICULO VI

       A propuesta de la Licda Patricia Molina Escobar, Jueza Sexta Civil de San

José, se nombró a la Licda Ana Isabel Montealegre Bejarano como Actuaria de ese

despacho, del 1° de julio al 31 de diciembre del año en curso, en sustitución de la
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proponente.

                                   ARTICULO VII

       En nota de 11 de los corrientes, la Licda Judy Madrigal Mena, Jueza del

Juzgado Segundo de Trabajo de San José, propone al Lic. Víctor Soto Córdoba,

como Actuario de ese despacho del 17 al 28 de los corrientes, así como del 1 al 5 de

julio próximo, en sustitución de la Licda Ingrid Ileana Gregory Wang, por vacaciones y

permiso con goce de sueldo, respectivamente.

       Se acordó:      Aprobar el nombramiento propuesto.       El Departamento de

Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTICULO VIII

       A solicitud del Lic. Ronald Cruz Barahona, Juez Primero interino de lo

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se nombra al Lic. Rodrigo Saborío

Villalobos, cédula 6-141-508, como Actuario de ese despacho, del 11 al 18 de los

corrientes, en lugar del proponente, quien ocupará el cargo de Juez.

                                   ARTICULO IX

       El señor Arnoldo F. Pérez Chinchilla, Secretario del Tribunal Primero de

Trabajo de Menor Cuantía, en oficio N° 196-96 de 12 de los corrientes, comunica que

la Licda Astrid Lara Rivera, asumirá la Presidencia de ese Tribunal, del 12 al 19 de

este mes, en sustitución de la Licda Lorena Esquivel Agüero, quien se encuentra

incapacitada para el trabajo.

       Se acordó: Tomar nota, lo que hará también el Departamento de Personal,

para lo de su cargo.

                                    ARTICULO X

       La Licda Hilda Morales Carvajal, Jueza Segunda de Familia de San José, en
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oficio N° 126-96 de 12 de junio en curso, solicita se nombre a la Licda Lizbeth

Barrantes Castillo como Actuaria de ese Despacho, del 1° de julio al 31 de diciembre

del año en curso, en su sustitución por ocupar el puesto de Jueza y al Lic. Diego

Benavides Santos como Actuario, por el período citado anteriormente, en plaza

vacante y por estar sujeto su nombramiento a la carrera judicial.

         Se acordó: Aprobar los nombramientos propuestos por la Licda Morales. El

Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                     ARTICULO XI

         El Lic. Javier Vargas Araya, Secretario del Tribunal Superior de Puntarenas, en

oficio N° 502-TS-P-96 de 3 de los corrientes, informa que la Presidencia de ese

Tribunal, la asumirá el Lic. Juan Carlos Brenes Vargas, en sustitución del Lic. Alfredo

Madriz Araya, quien continuará incapacitado para el trabajo hasta el 15 de junio en

curso.

         Se acordó: Tomar nota, lo que hará también el Departamento de Personal

para lo de su cargo.

PERMISOS

                                     ARTICULO XII

         En nota de 10 de los corrientes, la señora Marcela Zúñiga Jiménez, Escribiente

Supernumeraria, con el visto bueno del Lic. Ewald Acuña Blanco, Juez del Juzgado

Cuarto de Instrucción de San José, solicita permiso para asistir al curso “Módulo de

Relaciones Humanas”, que se llevará a cabo del 24 al 28 del mes en curso en la

Escuela Judicial.

         Se acordó: Aprobar la solicitud anterior. El Departamento de Personal y la

Escuela Judicial tomarán nota para lo de sus cargos.
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                                   ARTICULO XIII

       En facsímil de 12 de los corrientes, la Licda Zayra Sevilla Mora, Jueza del

Tribunal Superior de Limón, solicita permiso con goce de sueldo por la segunda

audiencia del viernes 14 de los corrientes, a partir de las 4:00 p.m., para llevar a su

hijo de 11 años de edad a una cita con la psicóloga Gabriela D’Arsié, del Centro de

Atención Pedagógica y Psicológica.

       Se acordó: Acoger la solicitud anterior. El Departamento de Personal tomará

nota para lo de su cargo.

                                   ARTICULO XIV

       La Licda Astrid Lara Rivera, Alcaldesa del Tribunal Primero de Trabajo de

Menor Cuantía, en nota de 12 de junio en curso, solicita permiso sin goce de sueldo

por los días 20, 24, 25 y 26 de los corrientes, para atender asuntos personales

urgentes.

       Se acordó: Acoger la anterior solicitud. El Departamento de Personal tomará

nota para lo de su cargo.

                                   ARTICULO XV

       El Lic. Juan Carlos Brenes Vargas, Presidente interino del Tribunal Superior de

Puntarenas, en facsímil de 12 de los corrientes, con motivo del fallecimiento de su tía

abuela, solicita se le conceda permiso sin goce de sueldo por la segunda audiencia

de ese día .

       Se dispuso: Acoger la anterior solicitud. El Departamento de Personal tomará

nota para lo de su cargo.

                                   ARTICULO XVI

       La Licda Marycell Molina Zamora, Jefa interina de la Sección de
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Investigaciones Físicas, en oficio N° 96-222-Fis, con el visto bueno del Dr. Carlos M.

González Lizano, Jefe del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses del

Organismo de Investigación Judicial, manifestó:

              “...me permito solicitarle a este Honorable Consejo interponga
        sus buenos oficios a fin de otorgar permiso con goce de salario e
        inscripción del señor Wagner Gustavo Mejía Chacón, Profesional en
        Balística para participar en la XXIV convención Panamericana de
        Ingenieros “Ing. Juan Bonnet Jr.” UPADI 96, dicho evento se
        realizará en el Centro de Convenciones del Hotel Herradura, del 12 al
        16 de agosto del presente año; adjunto encontrarán invitación
        cursada para su participación en dicho evento.            No omito
        manifestarles lo importante que es para nuestra labor, ya que
        actualizaremos conocimientos que contribuirán al desarrollo
        profesional de la Sección”.
                                           -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar el gasto de $150 (ciento

cincuenta dólares) por cuota de inscripción del señor Mejía Chacón, en la citada

actividad. Los Departamentos Financiero Contable y de Personal tomarán nota para

lo de su cargo.

VACACIONES PROPORCIONALES

                                  ARTICULO XVII

      Con vista de los informes elaborados por el Departamento de Personal, en

relación con las solicitudes de pago de vacaciones proporcionales y otros, se autoriza

el pago respectivo a las siguientes personas:

      1.- Vera Baltodano Zúñiga, cédula 5-250-472, ¢66.780,10 (sesenta y seis mil

setecientos ochenta colones con diez céntimos).

      2.- Dorla Suleka Barthley Jackson, cédula 7-154-867, ¢5.365,90 (cinco mil

trescientos sesenta y cinco colones con noventa céntimos).

      Por informar el Departamento de Personal que la señora Barthley Jackson,

adeuda al Tesoro Público ¢29.838,15 por renuncia en la segunda quincena de abril
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de 1996, se autoriza al Departamento Financiero Contable a deducir dicha suma,

conforme el artículo 173 del Código de Trabajo. Se pone lo anterior en conocimiento

de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.

       3.- Carlos Manuel Bolaños Chacón, cédula 1-941-989, ¢5.634,50 (cinco mil

seiscientos treinta y cuatro colones con cincuenta céntimos).

       Por informar el Departamento de Personal que el señor Bolaños Chacón,

adeuda al Tesoro Público ¢23.787,50 por 11 días que no laboró en la segunda

quincena de febrero del año en curso, se autoriza al Departamento Financiero

Contable a deducir dicha suma, conforme el artículo 173 del Código de Trabajo. Se

pone lo anterior en conocimiento de la Sección de Cobro Administrativo de la

Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.

       4.- Yorley María Collado Ortíz, cédula 7-118-566, ¢16.853,95 (dieciséis mil

ochocientos cincuenta y tres colones con noventa y cinco céntimos).

       5.- José M. Chinchilla Chavarría, cédula 1-526-478, ¢30.858,00 (treinta mil

ochocientos cincuenta y ocho colones exactos).

       6.- Nidia Durán Jiménez, cédula 1-483-861, ¢295.516,15 (doscientos noventa

y cinco mil quinientos dieciséis colones con quince céntimos).

       7.- José Javier Escalante Salazar, cédula 6-212-387, ¢97.489,50 (noventa y

siete mil cuatrocientos ochenta y nueve colones con cincuenta céntimos).

       8.- Kattya García Valverde, cédula 1-781-435, ¢39.405,85 (treinta y nueve mil

cuatrocientos cinco colones con ochenta y cinco céntimos).

       9.-    Jorge Félix Hamilton Aragón, cédula 7-111-368, ¢5.735,00 (cinco mil

setecientos treinta y cinco colones exactos).

       10.-     Jorge Arturo Marchena Rosabal, cédula 1-759-131, ¢29.118,10
                                           9


(veintinueve mil ciento dieciocho colones con diez céntimos).

      11.-   Jeannette Mena Mena, cédula 6-146-081, ¢23.638,20 (veintitrés mil

seiscientos treinta y ocho colones con veinte céntimos).

      12.- Agnes Lisbeth Montoya Grajal, cédula 6-256-631, ¢60.770,05 (sesenta

mil setecientos setenta colones con cinco céntimos).

      13.- Edgar Gerardo Mora Romero, cédula 5-294-965, ¢27.247,10 (veintisiete

mil doscientos cuarenta y siete colones con diez céntimos).

      14.-    Anthony Morera Vásquez, cédula 1-946-089, ¢6.622,60 (seis mil

seiscientos veintidós colones con sesenta céntimos).

      15.- Róger Reyes Espinoza, cédula 6-195-058, ¢85.955,85 (ochenta y cinco

mil novecientos cincuenta y cinco colones con ochenta y cinco céntimos).

      16.- Jorge Antonio Rodríguez Bonilla, cédula 1-793-031, ¢30.350,95 (treinta

mil trescientos cincuenta colones con noventa y cinco céntimos).

      17.-    Osvaldo Rosales Chacón, cédula 1-968-138, ¢6.340,45 (seis mil

trescientos cuarenta colones con cuarenta y cinco céntimos).

      18.- Anny Marina Rosales Urbina, cédula 6-237-323, ¢72.322,15 (setenta y

dos mil trescientos veintidós colones con quince céntimos).

      19.-    Gerardo Sánchez Rivera, cédula 1-741-686, ¢7.903,55 (siete mil

novecientos tres colones con cincuenta y cinco céntimos).

      20.- Burnella V. Sinclair Mitchell, cédula 7-115-473, ¢40.031,45 (cuarenta mil

treinta y un colones con cuarenta y cinco céntimos).

      Por informar el Departamento de Personal que la señora Sinclair Mitchell,

adeuda al Tesoro Público ¢7.681,20 por suma pagada de más en abril del año en

curso, se autoriza al Departamento Financiero Contable a deducir dicha suma,
                                             10


conforme el artículo 173 del Código de Trabajo. Se pone lo anterior en conocimiento

de la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo.

       21.- Alvaro Vargas Vargas, cédula 5-216-628, ¢66.193,85 (sesenta y seis mil

ciento noventa y tres colones con ochenta y cinco céntimos).

       22.- Beleida Vidaurre Salazar, cédula 5-181-443, ¢67.628,25 (sesenta y siete

mil seiscientos veintiocho colones con veinticinco céntimos).

       Los interesados se presentarán al Departamento Financiero Contable a firmar

la factura respectiva, para los fines consiguientes.

VACACIONES

                                    ARTICULO XVIII

       Mediante consulta efectuada vía telefónica a la Licda María Enilda Alvarado

Rodríguez, Alcaldesa de Tránsito de San José, informó que las vacaciones que

solicitó en nota del 12 de los corrientes, por error indicó que las disfrutaría del 8 al 12

de julio próximo, siendo lo correcto del 8 al 22 de julio del año en curso.

       Se acordó: Acoger la solicitud anterior. El Departamento de Personal tomará

nota para lo de su cargo.

PAGOS POR PROHIBICION

                                     ARTICULO XIX

       Por habérseles nombrado interinamente en las fechas que se dirán y por no

ejercer la Abogacía ni el Notariado, los profesionales en Derecho que a continuación

se mencionan solicitaron se les reconozca el beneficio de "prohibición":

       1.- Licda Norma Araya Sánchez, Alcaldesa Civil y de Trabajo de Puntarenas,

del 1° al 15 de los corrientes.

       2.- Lic. Edward Vega Céspedes, Defensor Público en Cartago, del 10 al 14 del
                                            11


mes en curso.

       3.-    Egresado Alfonso Rodríguez Caicedo, Alcalde en la Alcaldía Civil de

Hacienda, Sección Segunda, por el presente mes de junio.

       4.- Licda Yadira Godínez Segura, Agente Fiscal en la Unidad de Delincuencia

Juvenil, del 10 al 14 del mes en curso.

       5.- Licda Mayela Pérez Delgado, Agente Fiscal en la Unidad de Delincuencia

Juvenil, del 10 de junio al 30 de setiembre de 1996.

       6.-     Licda Gabriela Saborío Montero, Secretaria del Tribunal Superior de

Alajuela, el día 12 de marzo, del 18 al 29 de marzo, del 10 al 19 de abril y del 6 al 17

de mayo, todos del presente año.

       7.-     Lic. Francisco González Rojas, Defensor Público en Goicoechea, del 20

al 31 de mayo pasado, y por el presente mes de junio.

       8.-     Licda Heidy Priscilla Rojas Morales, Defensora Pública en San José, del

3 al 14 de los corrientes.

       9.-     Lic. Juan Guillermo Zamora Chavarría, Defensor Público en Tibás, del

10 al 12 del presente mes.

       10.-    Licda Laura Chaves Mora, Defensora Pública en Alajuela, del 10 al 14

del mes en curso.

       11.-    Lic. Célimo Fuentes Vargas, Juez integrante del Tribunal Superior de

Liberia, del 24 de junio en curso al 5 de julio próximo.

       Se acordó: Reconocer a los gestionantes el beneficio que solicitan conforme a

los cargos y por los períodos en que cada uno de ellos fue nombrado.

CONTINUACIONES DE DEBATES

                                     ARTICULO XX
                                           12


       La Licda Ileana García Arroyo, Secretaria del Tribunal Superior de Cartago, en

telegrama de 4 de los corrientes, solicita se autorice a la Licda Lidia Fallas Monge,

para las 15:00 horas del 11 de este mes, para una diligencia de advertencia al

imputado en causa N° 177-95-G, contra José J. Bran Marchena por cohecho propio

perjuicio a la función pública.

       Se acordó: Conceder la autorización solicitada.

ESCUELA JUDICIAL

                                    ARTICULO XXI

       El señor Jorge Luis Sánchez Rojas, Secretario de la Escuela Judicial, en oficio

N° 739-96 de 10 de junio en curso, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en la sesión del 5 de este mes, que literalmente dice:

        "ARTICULO IX.- El Lic. Carlos Arias Núñez, Jefe del Ministerio
        Público, en oficio No. 310-FG-96, del 31 de mayo del año en curso,
        expone:

       "...En forma muy respetuosa me permito solicitar revisión del acuerdo
         tomado por el Consejo, en la sesión del pasado miércoles 30 de
         mayo del presente año, por el cual se denegó el auspicio y aporte
         financiero de la Escuela Judicial para el Seminario: Ministerio Público
         y Reforma Procesal Penal", gestión que en su oportunidad
         sometimos a su consideración.

        Considero que para la procedencia de la solicitud debe estimarse que
        más que un evento de capacitación, la actividad planteada pretende
        ser una oportunidad de reflexión de parte del Ministerio Público sobre
        los retos a los que nos enfrenta el nuevo Código Procesal Penal,
        además de pretender ser un vehículo de sensibilización para todos
        los funcionarios del Ministerio Público, respecto de la eficacia en las
        labores que les competen en el nuevo Procesal Penal.

        Como se desprende de lo anterior, este tipo de actividad de
        autocrítica, reflexión y transmisión de instrucciones no es
        incompatible con cualquier otra actividad de índole académica que la
        Escuela Judicial pretenda realizar en el futuro. Esta actividad se
        informa con las funciones concretas, estructuración y principios que
        rigen al Ministerio Público según nuestra propia Ley Orgánica.
                                          13


       Finalmente les solicito que por lo urgente que es contar con el apoyo
       requerido, se sirvan conceder al suscrito una audiencia a efecto de
       exponer con más detalle todo lo relativo a la gestión que realizo en
       este acto, para lo que de ser necesario solicito se convoque a una
       sesión extraordinaria del Consejo..."

             Luego de un análisis pormenorizado de la propuesta del Lic.
       Carlos Arias SE ACUERDA: revocar el acuerdo de la sesión anterior,
       artículo XVI y en consecuencia aprobar la solicitud del Lic. Arias, para
       la realización de la actividad académica que han planeado referente a
       la Reforma Procesal Penal. Dicho evento se llevará a cabo el día 9 de
       agosto durante todo el día. Comuníquese al Consejo Superior para
       que, si lo tiene a bien, concedan permiso con goce de salario a todos
       los participantes en este evento, cuya lista se remitirá oportunamente.
       Asimismo se autorice el gasto de ¢274.750,oo para cubrir el pago de
       refrigerio para los asistentes, que puede ser tomado del presupuesto
       de la Escuela Judicial, que según certificación del Departamento
       Financiero Contable, en la partida 290 existe contenido económico
       para hacerle frente a esta erogación.”

                                        -0-

      Se acordó: Aprobar la recomendación del Consejo Directivo de la Escuela

Judicial, en consecuencia se aprueba la actividad académica referente a la Reforma

Procesal Penal, la que se efectuará el 9 de agosto durante todo el día. Se concede

permiso con goce de salario a todos los participantes, cuya lista se deberá remitir

oportunamente. Asimismo se autoriza el gasto de ¢274.750.00 (doscientos setenta y

cuatro mil setecientos cincuenta colones exactos) para cubrir el pago de refrigerio

para los asistentes, que se tomará de la partida 290 correspondiente al presupuesto

de la Escuela Judicial. El Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de

su cargo.

                                  ARTICULO XXII

      En oficio N° 744-96 de 10 de este mes, el señor Jorge Luis Sánchez Rojas,

Secretario de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en la sesión celebrada el 5 de los corrientes, que
                                            14


literalmente dice:

        "ARTICULO     XI.- Interviene el Lic. José Manuel Arroyo para
        manifestar que se encuentra trabajando en los labores que se le
        encomendaron, referentes a las leyes que recientemente se han
        aprobado, cuales son: el Código Procesal Penal y Justicia Penal
        Juvenil.

             Se está en la elaboración de un diagnóstico de capacitación
        para el personal de apoyo en materia de justicia penal juvenil. Este es
        un sector que requiere de mucha capacitación, sobre todo en el
        manejo de los imputados menores de edad.

              Asimismo se estudia la población meta que necesita de
        adiestramiento en lo que se refiere al Nuevo Código Procesal Penal,
        para lo cual se cubriría las provincias y circuitos judiciales de todo el
        país, abarcando tanto al personal profesional como el de apoyo. Es
        importante la confección de un cronograma de actividades, que
        deberá ser ejecutado en los próximos meses. También se está
        preparando material de apoyo para distribuir entre los asistentes a los
        cursos de capacitación en lo que se refiere a la Ley de Justicia Penal
        Juvenil.

              Cree don José Manuel que es de suma importancia, trabajar en
        la elaboración de un Código de Procedimientos Penales, concordado
        y anotado para que sirva de manual a todos los interesados en este
        tema. Por lo que propone que se solicite al Consejo Superior,
        conceder permiso con goce de salario al Lic. Francisco Dall'Anese
        para que, conjuntamente con él, trabajen en esta publicación.

              Previa deliberación SE ACUERDA: tener por rendido el informe
        del Lic. José Manuel Arroyo, sobre las labores que se encuentra
        realizando. Asimismo se recomienda al Consejo Superior, analizar la
        posibilidad de conceder permiso con goce de salario, hasta por dos
        meses, al Lic. Francisco Dall'anese para que, en coordinación con el
        Lic. Arroyo, se aboquen a la confección de un Código Procesal Penal
        anotado y concordado, que sirva de manual para todos los
        funcionarios que conocen de esta materia.”

                                          -0-

       Se acordó: Acoger la recomendación del Consejo Directivo de la Escuela

Judicial y conceder permiso con goce de salario, hasta por dos meses, al Lic.

Francisco Dall’Anese para que, en coordinación con el Lic. Arroyo, se dediquen a la

confección de un Código Procesal Penal anotado y concordado. Dicho permiso regirá
                                          15


a partir del 27 de junio en curso. El Departamento de Personal tomará nota para lo de

su cargo.

                                  ARTICULO XXIII

       El señor Jorge Luis Sánchez Rojas, Secretario de la Escuela Judicial, en oficio

N° 750-96 de esta fecha, manifiesta que en la sesión de este Consejo del 4 de junio

en curso, se conoció y aprobó el Curso sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil, a

celebrarse del 10 al 14 de junio del presente año, en el cual estaba como participante

la Licda Ileana García Arroyo, Jueza Tutelar de Menores de Cartago, quien no pudo

asistir a la actividad antes mencionada, y en su lugar participó el Lic. Alexis

Fernández Zelada, por lo que se solicita se autorice a éste el pago de viáticos, para

que de este modo pueda resarcirse de los gastos económicos que tuvo que afrontar

para asistir al curso.

       Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia se autoriza el pago

de viáticos al Lic. Fernández Zelada. El Departamento Financiero Contable tomará

nota para lo de su cargo.

                                  ARTICULO XXIV

       En oficio N° 751-96 de 13 de los corrientes, el señor Jorge Sánchez Rojas,

Secretario de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión del 12 de este mes, que en lo que interesa

literalmente dice:

"ARTICULO II.- El Lic. Juan Diego Rojas, Director de la Escuela, informa sobre el:

                         PODER JUDICIAL
                        ESCUELA JUDICIAL
                     CURSOS DE INFORMATICA
                   AMBIENTE GRAFICO WINDOWS
              PROCESADOR DE TEXTO WORD 6.00 BASICO
                                           16




I. OBJETIVOS GENERALES:
     Operar el Ambiente Gráfico de Windows dominando las herramientas para el
     uso de las variadas aplicaciones que ofrece, creando capacidad en el
     participante en el uso del computador como herramienta de trabajo en su
     oficina.

     Operar las funciones del procesador de texto WORD, creando mayor
     capacidad y manejo en el participante en el uso del computador como
     herramienta de trabajo en su oficina y optimizando a la vez los beneficios del
     procesador de textos aplicados a tareas más complejas y rutinarias de Archivo
     de Documentos.


II. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
     Dominar las principales características para el control completo de este
     ambiente.

     Conocer todas las herramientas y características para el uso de las
     aplicaciones.

     Procesar diversos documentos utilizando los comandos y funciones básicas
     por el programa.

     Elaborar cuadros y formatos utilizando los comandos dados por el programa.


III. FECHA DE REALIZACION:

     01 de julio al 05 de julio de 1996.


IV. LUGAR :
     El curso será impartido en la Sala de Debates de Nicoya, con una capacidad
     de 14 participantes (2 por computadora)


V. DURACION :
     Cada curso tiene una duración de 40 horas.

VI. PARTICIPANTES :
                                          17



      El curso está dirigido a todo el personal profesional, de apoyo y administrativo
      del Poder Judicial.


VII. INSTRUCTORA:
      Egr. Eugenia Arias Quesada. Luis Gerardo Zamora Cruz, Asistente.


VIII. COORDINADORA:
      Egr. Eugenia Arias Quesada.

IX. METODOLOGIA :
      Se impartirán las lecciones magistrales y sesiones prácticas conducidas por la
      instructora asignada, complementadas con sesiones de práctica individual
      debidamente asistidas.


X. EVALUACION :
      Cada curso será evaluado con la realización de un examen final,
      complementando toda la materia vista en clase con un valor del 100%. La nota
      mínima para la aprobación del curso es de un 70.
      ...”
      ...”

XII. PARTICIPANTES:
                          FECHA: 01-07-96 AL 05-07-96

Mario Maffio Miranda                    Juzg. Instrucción de Nicoya
María de los Angeles Molina Rojas               Juzg. Instrucción de Nicoya
Ester Orias Obando                      Alcal. Mixta de Nicoya
Ana Isabel Arce Quesada                 Juzg. Agrario de Nicoya
Soledad Montero Villalobos              Juzg. Agrario de Nicoya
Gunter Pérez Acosta                             Defensores Públicos de Nicoya
Ana Ruth Guevara Piñar                  Agencia Fiscal de Nicoya
Carlos Arias Zamora                             O.I.J. de Nicoya
Wagner Chacón Morales                   Juzg. Instrucc. de Nicoya
Virginia Nipote Rosales                 Alcal. de Nandayure
José Joaquín Cisneros Cuendis           Juzg. Instrucc. de Santa Cruz
Carlos Manuel Pizarro Gómez             Juzg. Mixto de Santa Cruz
Floribeth Zúñiga Gómez                  Agenc. Fiscal de Santa Cruz
                                          18



XIII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
      A todos los participantes se les deberá otorgar permiso con goce de salario,
      suplencia, ayuda económica y viáticos en los casos en que se requiera.

      Para efectos de pago de viáticos o ayuda económica según el caso, se deberá
      tomar en consideración en el caso de los funcionarios, el nombre del mismo
      que en ese momento estuviere a cargo del despacho.

       Previa deliberación SE ACUERDA: aprobar y recomendar al Consejo Superior,
el Curso de Ambiente Windows, que se llevará a cabo en la ciudad de Nicoya del 1 al
5 de julio del año en curso. A todos los participantes se les deberá otorgar permiso
con goce de salario, suplencia, ayuda económica y viáticos en los casos en que se
requiera. Para efectos de pago de viáticos o ayuda económica según el caso, se
deberá tomar en consideración en el caso de los funcionarios, el nombre del mismo
que en ese momento estuviere a cargo del despacho.”

                                         -0-

      Se acordó: Aprobar la recomendación del Consejo Directivo de la Escuela

Judicial, en consecuencia se concede permiso con goce de sueldo a los participantes

en las fechas que se han dado cuenta, suplencia, ayuda económica y viáticos en los

casos en que se requiera. Para efectos de pago de viáticos o ayuda económica

según corresponda, se deberá tomar en consideración en el caso de los funcionarios,

el nombre del que en ese momento estuviere a cargo del despacho.

                                  ARTICULO XXV

      En oficio N° 752-96 de 13 de los corrientes, el señor Jorge Sánchez Rojas,

Secretario de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión del 12 de este mes, que literalmente dice:

        “ARTICULO III.- El Lic. Rolando Vega Robert, Juez Superior de
        Trabajo, en nota de 10 de los corrientes, manifiesta:

      "...En respuesta al oficio No. 350-96 fechado el 9 de abril del año en
        curso, me permito manifestarle que he procedido a dar lectura al
        trabajo realizado por el Dr. Alexánder Godínez Vargas titulado
        "Evaluación y Diseño de un proyecto de bases de Código Procesal de
        Trabajo".
                                           19



              Dicha investigación, sin lugar a dudas, representa un aporte
        fundamental al proceso de sistematización y tratamiento particular del
        Derecho Procesal Laboral en nuestro país con miras a propiciar un
        proyecto de Código o Ley Procesal de Trabajo. Constituye el primer
        trabajo global que analiza separadamente las particularidades
        procesales de los distintos procesos contemplados en las leyes
        laborales y conexas.

              Dentro del contexto institucional, sería una obra de lectura
        obligatoria no sólo para jueces y alcaldes, sino un material de
        invaluable ayuda para los cursos que sobre la materia se imparten en
        la propia Escuela Judicial.

             La publicación de la obra sería un excelente punto de partida
        para iniciar un serio y profundo debate sobre el tema relativo a la
        necesidad de una legislación procesal del trabajo..."

              Previa deliberación SE ACUERDA: agradecer al Lic. Vega el
        informe rendido y aprobar la publicación del trabajo elaborado por el
        Dr. Godínez Vargas, para lo cual se solicitará autorización al Consejo
        Superior y seguidamente se harán los trámites pertinentes ante la
        Proveeduría Judicial.”

                                          -0-

       Se acordó: Aprobar la recomendación del Consejo Directivo de la Escuela

Judicial, y autorizar la publicación del trabajo elaborado por el Dr. Godínez Vargas. El

Departamento de Proveeduría Judicial tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTICULO XXVI

       En oficio N° 753-96 de 13 de los corrientes, el señor Jorge Sánchez Rojas,

Secretario de la Escuela Judicial, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo

Directivo de esa Escuela, en sesión del 12 de este mes, que literalmente dice:

        "ARTICULO V.- El señor Director de la Escuela, presenta a
        consideración de este Consejo, el programa de las Jornadas sobre
        Capacitación Judicial "La Escuela Judicial del futuro", cuyo temario es
        el siguiente:

        I.- INTRODUCCION:

              El Poder Judicial inició, desde 1991, un proceso de
                                    20


modernización para posibilitar la inserción de la justicia en la sociedad
moderna, y así responder con éxito a las demandas de paz y
desarrollo que exige la sociedad actual y del futuro.

     Las variantes que han sido propuestas exigen la participación
de un servidor con nuevos conocimientos y actitudes, lo que obliga a
la oferta de diversos cursos de capacitación, que utilicen
metodologías novedosas.

      Para hacer frente a tales demandas, la Escuela Judicial debe
abocarse a realizar un análisis de su gestión y proponer los cambios
que se requieren para satisfacer las necesidades presentes y futuras,
para lo cual se cuenta con los recursos financieros aportados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su Proyecto de
Capacitación que involucra tres componentes: capacitación
presencial, capacitación a distancia y gestión administrativa. Con
tales componentes se tiene como objetivo general:

      La capacitación de los responsables de la puesta en marcha y
operación de los nuevos sistemas y procesos de modernización,
tanto a nivel interno como en las instituciones que cumplen funciones
conexas a las del Poder Judicial, con miras a lograr mayor eficiencia y
eficacia en los procesos del sector justicia.

      El documento que aquí se presenta, contiene los lineamientos
para la realización de una Jornada sobre Capacitación Judicial, con la
que se pretende reflexionar acerca de la Escuela Judicial del futuro y
llegar a conclusiones y recomendaciones que favorezcan el
mejoramiento de su accionar.


II.- LA JORNADA SOBRE CAPACITACION JUDICIAL:

      Para la consecución del objetivo de capacitación que se
presentó líneas arriba, la Unidad Ejecutora del BID contratará a
consultores que trabajarán en cada uno de los componentes. La
Escuela deberá orientarlos en su trabajo, y para ello se hace preciso
definir cuál es la idea de Escuela que se tiene para sobrellevar con
éxito las demandas futuras, cómo se quiere que funcione, qué
problemas ha enfrentado, lineamientos metodológicos (a nivel
educativo, desarrollo organizacional y gestión administrativa de la
Escuela) que deben orientar su quehacer, entre otros aspectos.

      La característica de la Jornada sobre Capacitación Judicial, lo
será la participación democrática de los involucrados, que permita
una adecuada interpretación de las necesidades de la Escuela con
miras al siglo XXI. Consecuentemente, se aplicará una metodología
participativa; se acudirá a los usuarios y autoridades institucionales
                                          21


      para analizar y debatir aspectos claves del desarrollo de una
      organización que es central en el proceso de modernización del
      Poder Judicial, así como a expertos en las diversas temáticas que
      involucra esta Jornada.

      III.- OBJETIVOS DE LA JORNADA:

1)   Realizar un diagnóstico participativo de la situación actual de la
      Escuela Judicial y hacer un ordenamiento de los principales
      problemas que deben enfrentarse.

2)   Diseñar las orientaciones necesarias para su desarrollo con miras al
      siglo XXI.

3)   Identificar las principales tendencias ambientales y del entorno del
       Poder Judicial y estimar el impacto e implicaciones para la Escuela
       Judicial.

4)   Realizar un ejercicio de visión del futuro para la Escuela Judicial con la
      participación de expertos, autoridades y usuarios de la Escuela.

5)   Revisar la misión de la Escuela e identificar los principales elementos
      que deben caracterizar los servicios de la Escuela en la nueva
      perspectiva, considerando para ello los aportes de metodologías más
      novedosas.

      V.- TEMATICA:

1)   Métodos activos. El papel de la andragogía en la capacitación judicial.

2)   La educación a distancia y su viabilidad en la capacitación judicial.

3)   La organización como respaldo al programa de capacitación. La
      división de funciones.

4)   La escuela actual y las exigencias del futuro.

      VI.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

            La Jornada sobre Capacitación Judicial se realizará el día 5 de
      julio de 1996, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, en Villa
      Zurquí.

            El número de participantes no deberá exceder los 30, con el fin
      de facilitar la discusión.

           El costo por uso de las instalaciones del Hotel, más almuerzo y
      meriendas será de ¢101.250,oo (ciento un mil doscientos cincuenta
                                        22


      mil colones).

      LISTA DE PARTICIPANTES:

1.   Lic. Edgar Cervantes Villalta, Presidente de la Corte.
2.   Magistrado Luis Paulino Mora Mora (Presidente de la Sala
      Constitucional y de la Comisión de Construcciones).
3.   Magistrado Orlando Aguirre Gómez (Presidente del Consejo de la
      Judicatura).
4.   Magistrado Mario Houed Vega (Ex-Director de la Escuela Judicial).
5-10 Consejo Directivo de la Escuela Judicial: Magistrado Luis Fernando
      Solano Carrera, Lic. José Manuel Arroyo Gutiérrez (Juez Superior de
      Casación y Ex-Director de la Escuela), Dr. Olman Arguedas Salazar
      (Juez Superior Civil), Licda. Patricia Cordero Vargas (Ministerio
      Público), Licda. Marta Iris Muñoz Cascante (Defensa Pública) y Licda.
      Lineth Saborío Chaverri (Subdirectora del O.I.J.).
11. Lic. Juan Diego Rojas Araya, Director Escuela Judicial
12. Licda. Ileana Guillén Rodríguez, Subdirectora Escuela Judicial
13. Licda. Ana Tristán, Metodóloga Escuela
14. Bach. José Vicente Martínez, Administrador Escuela
15. Licda. Kattia Escalante, del RAC
16. Bach. Eugenia Arias, Prof. Informática Escuela
17. Dr. Fernando Cruz Castro, Prof. de la Escuela durante muchos años.
18. Licda. Leticia Olguín, Ex-asesora de la Escuela y Ex-Directora
19. Lic. Enrique Pochet, representante de la Procuraduría General de la
      República
20. Un representante del Ministerio de Justicia
21. Licda. María Eugenia Trejos
22. Lic. José Manuel Valverde
23. Lic. Víctor Alfaro, representante de TOP Consultores
24. MSC. Roy Madrigal, del CIPET, teléfono 438-06-34
25. Licda. Sonia Navarro (Directora Ejecutiva Progama BID-CSJ)
26. Un representante de la UNED
27. Sr. Frank Alvarado, Audiovisuales de la Escuela
28. Sr. Gerardo Jiménez, Sección de Capacitación O.I.J. Escuela
29. Sr. Jorge Luis Sánchez, Secretario de la Escuela Judicial

            Comenta el Magistrado Luis Fernando Solano, que por su parte,
      invitó al Dr. José De la Mata, tratadista español, quien está
      encargado de la creación de una Escuela de Capacitación Judicial en
      España y podría darnos alguna charla sobre Organización. Indica don
      Luis Fernando, que para la venida del Dr. De la Mata, solamente se
      requerirá el pago de pasajes y hospedaje, rubros que pueden ser
      tomados de la partida # 682, que está destinada para el Centro de
      Estudios y Capacitación Judicial Centroamericano.

          Previa deliberación SE ACUERDA: aprobar y recomendar al
      Consejo Superior la Jornada sobre Capacitación Judicial: La Escuela
                                              23


          Judicial del futuro, que se llevará a cabo el 5 de julio de las 8:00 a las
          17:00 horas, en el Hotel Villa Zurquí. A todos los participantes se les
          deberá otorgar permiso con goce de salario. Se autorice además la
          participación del Dr. José De la Mata, tratadista español, a quien se le
          deberá pagar el transporte y hospedaje, gastos que podrán ser
          tomados de la partida 682 del presupuesto de la Escuela. El pago por
          concepto de almuerzo y refrigerios para los asistentes se tomará de
          la partida 290, que cuenta con suficiente contenido económico, según
          certificación del Departamento Financiero Contable.”

                                             -0-

       Se acordó: Aprobar la recomendación del Consejo Directivo de la Escuela

Judicial, para la Jornada sobre Capacitación Judicial denominada “La Escuela Judicial

del futuro”, que se llevará a cabo el 5 de julio de las 8:00 a las 17:00 horas; a los

participantes se les otorga permiso con goce de salario. Se autoriza además la

participación del Dr. José De la Mata, tratadista español, a quien se le deberá pagar el

transporte y hospedaje, gastos que se pagarán mediante traslado de fondos que

podrán ser tomados de la partida 682 del presupuesto de la Escuela. El pago por

concepto de almuerzo y refrigerios para los asistentes se tomará de la partida 290.

La lista de participantes se adiciona con los nombres de los Licdos. Ifigenia

Bustamante Guerrero y Mario Villalobos Gómez, miembros de este Consejo. Los

Departamentos de Personal y Financiero Contable tomarán nota para lo de sus

cargos.

AUDITORIA JUDICIAL

                                     ARTICULO XXVII

       El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, con el oficio N° 500-

86-AF-96 de 7 de junio en curso, remite el informe de la Sección de Auditoría

Financiera, referente al reconocimiento de tiempo laborado en otras instituciones

estatales, tanto para efectos de anualidades, como de jubilación, cuyas conclusiones
                                         24


y recomendaciones literalmente dicen:

  “V. CONCLUSIONES

  Una vez analizados los resultados citados, esta Auditoría concluye lo
      siguiente:

  1. Con respecto al informe anterior de Auditoría, referente al
      reconocimiento de tiempo laborado en otras instituciones estatales,
      tanto para efectos de anualidades, como para efectos de jubilación,
      se concluye que se han dado cambios muy satisfactorios, pues las
      certificaciones que se presentan actualmente cumplen con los
      requisitos necesarios, como son: firmas, sellos, motivo de salida,
      permisos con o sin goce de salarios y el pago de prestaciones, según
      sea el caso. Cabe señalar que en nuestro criterio, los controles
      internos han mejorado sustancialmente.

  2. Se encontraron algunas debilidades en el proceso de archivo de
      documentos, ya que en algunos expedientes no se incluyó los
      documentos soporte que evidencian la veracidad de los
      reconocimientos efectuados.

      Asimismo, en otros dos expedientes, se observaron documentos que
       pertenecían a otro funcionario judicial, lo cual origina que cuando se
       tenga que hacer un estudio y se seleccione el expediente de este
       servidor, no se localicen los documentos necesarios.

  3. De la muestra seleccionada se obtuvieron resultados satisfactorios, no
      obstante, se presentaron tres casos donde el cálculo de tiempo para
      reconocimiento de anualidades tuvo diferencias de meses o de días,
      ya sea calculados de más o de menos.

  4. Se detectaron varios casos en donde el Departamento de Personal no
      solicita a los empleados judiciales que son nombrados en propiedad y
      que vienen con permisos sin goce de salario de otras instituciones
      públicas, una certificación donde indique el motivo de salida de la
      misma, con el fin de cerciorarse que no es por motivos de movilidad
      laboral.

  VI. RECOMENDACIONES

       Después de estudiar los resultados y analizar las conclusiones
       efectuadas, esta Auditoría se permite externar las siguientes
       recomendaciones:

  DEPARTAMENTO DE PERSONAL

  1. Velar    para   que   los   documentos   soporte   que   amparan     los
                                          25


        reconocimientos de anualidades tanto para efectos de antigüedad
        como de jubilación, sean archivados en forma correcta, de tal forma
        que permitan verificar oportunamente sus cálculos y aprobación
        respectiva.

  2. Efectuar los ajustes correspondientes en los cálculos de los
      supracitados reconocimientos de tiempo para los casos de los
      señores Carlos Blanco Guilarte, José Porfirio Viales Mendoza, y Ana
      Luisa Esquivel Monge. Lo expuesto con el propósito de que las
      variaciones respectivas se hagan del conocimiento del Consejo
      Superior para su aprobación pertinente.

  3. Es indispensable que al momento de contratar personal, ya sea en
      propiedad o interinos, se solicite una constancia o certificación
      debidamente actualizada, que evidencie que el servidor no se ha
      acogido al beneficio de Movilidad Laboral que establece la Ley para
      el Equilibrio Financiero del Sector Público, en su Artículo No. 27, de
      tal forma que si dicho documento indica que el servidor se encuentra
      con algún permiso sin goce de salario en una entidad pública, se le
      dé el seguimiento requerido hasta determinar el motivo de salida de
      la institución de donde procede.”

                                         -0-

      Se acordó:       Tener por rendido el anterior informe y acoger las

recomendaciones, las que deberán ejecutarse a la brevedad, salvo en cuanto a la

certificación en relación con la movilidad laboral, pues lo que debe hacerse es

establecer el requisito obligatorio de que se presente declaración jurada, aún para

nombramientos interinos.

                                 ARTICULO XXVIII

      En la sesión del 7 de los corrientes, artículo CV, se conoció del informe del

Departamento Municipal de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría

General de la República, en el que se presentaron los resultados del estudio realizado

al Fondo Rotatorio del Poder Judicial, relacionado con la utilización de los recursos

asignados a ese Fondo, cuyas recomendaciones se acogieron, para lo cual la

Auditoría Judicial y los Departamentos Financiero Contable y Proveeduría deberían
                                           26


cumplir de inmediato con las recomendaciones que atañen a cada uno de ellos, e

informarían a este Consejo las acciones tomadas para dar cumplimiento a las

recomendaciones a efecto de ponerlas en conocimiento del Ente Contralor.

       Las recomendaciones del Departamento Municipal de la Dirección General de

Auditoría de la Contraloría General de la República, literalmente dicen:

              “4.- DISPOSICIONES

             Con el propósito de fortalecer la gestión institucional, e impulsar
        mejoras en la estructura de control interno vigente para el manejo de
        los recursos del Fondo Rotatorio, se dictan las siguientes
        disposiciones:

              4.1 Al Consejo Superior

             a) Girar instrucciones a los jefes de los departamentos
        Financiero Contable y de Proveeduría Judicial, con el propósito de
        que dispongan las medidas que estimen convenientes, para que se
        pongan en práctica las disposiciones contenidas en este informe.

               b) Prestar especial atención a las conclusiones y disposiciones
        del informe que emita la Auditoría Interna del Poder Judicial, en
        relación con las sumas que por concepto de salarios a personal
        interino, se encuentran pendientes de reintegrar al Fondo Rotatorio,
        con el fin de que se dispongan las acciones correctivas
        correspondientes. Al respecto obsérvese lo comentado en el punto
        2.5 de este informe.

              c) Comunicar a este Departamento, en el transcurso de los
        próximos quince días hábiles, lo acortado en relación con las
        anteriores disposiciones.

              4.2 Al Jefe del Departamento Financiero Contable

              a) Ordenar al Jefe de la Sección de Tesorería, que disponga
        las medidas del caso, para que se de una apropiada segregación de
        funciones, ya que el mismo funcionario que registra las operaciones
        en el registro denominado “Libro de Bancos”, prepara las
        conciliaciones bancarias. Además, tomar debida nota de lo expuesto
        en este informe, en relación con los errores en las anotaciones
        hechas en el libro indicado. Sobre el particular, obsérvese lo
        expuesto en los puntos 2.1. y 2.2. de este informe.

              b) Indicar al Jefe de la Sección de Tesorería que disponga las
                                   27


acciones necesarias para proveer condiciones adecuadas que
procuren la protección y custodia de los talonarios de cheques sin
usar. Al respecto, obsérvese lo comentado en el punto 2.3 de este
informe:

      c) Disponer las acciones oportunas para que se pongan en
práctica medidas adecuadas en lo referente al archivo de
documentos y justificantes de operaciones, que permita su fácil
acceso, así como su seguridad y conservación. Sobre el particular,
véase lo comentado en el punto 2.4 del informe.

      d) Tener presente que de acuerdo con lo dispuesto por la
norma presupuestaria que le dio origen al Fondo Rotatorio, los
recursos de éste deben ser utilizados para la adquisición de bienes y
servicios de carácter indispensable y urgente. Sobre el particular,
obsérvese lo expuesto en el punto 2.6 de este informe.

      e) Indicar al Jefe de la Sección de Tesorería del Poder Judicial,
la necesidad de que realice las gestiones para obtener la respectiva
póliza de fidelidad, con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el
artículo 9° de la Ley de la Administración Financiera de la República.
Al respecto, obsérvese lo comentado en el punto 2.7 de este informe.

     f) Comunicar a este Departamento, en el transcurso de los
próximos quince días hábiles, las acciones tomadas para el
cumplimiento de las anteriores disposiciones.

     4.3 Al Jefe de la Proveeduría Judicial

      a) Tomar debida nota de que el registro utilizado para mantener
el control de entradas y salidas de mercaderías en el Almacén
Judicial, debe efectuarse en forma oportuna. Al respecto, obsérvese
lo expuesto en el punto 2.8 de este informe.

      b) Prestar la debida atención a lo comentado en el punto 2.9 de
este informe, en relación con el trámite previo y obligatorio para la
adquisición de bienes y servicios, que se le debe dar al documento
denominado “orden de compra”.

     c) Comunicar a este Departamento, en el transcurso de los
próximos quince días hábiles, las acciones tomadas para el
cumplimiento de las anteriores disposiciones.

     4.4. A la Auditoría Interna del Poder Judicial

    Fiscalizar oportunamente, en lo que corresponda, el
cumplimiento de las disposiciones señaladas en el presente informe y
comunicar al Consejo Superior, sobre las gestiones realizadas al
                                           28


        respecto.”

                                         -0-

       El Lic. Luis A. Barahona Cortés, Proveedor Judicial, en oficio N° 220-DP-96 de

24 de mayo último, en relación con el acuerdo de la sesión del 7 del citado mes de

mayo, en lo que interesa manifestó:

        “1. En relación con el inciso a) del punto 4.3, los atrasos en la
        elaboración de la “Entrada de Mercadería” anotados en el estudio, se
        dan al recibirse los bienes en lugar distinto a nuestro Almacén y tener
        que esperar la comunicación de parte de la oficina o unidad que lo
        recibió.

        Para superar este atraso, se ha dispuesto restringir la entrega de
        bienes en lugares diferentes al Almacén, a fin de que la entrada de
        mercadería pueda ser emitida inmediatamente después de verificar el
        recibo de los bienes y en aquellos casos en que por su volumen o
        naturaleza deba ser recibido en otro sitio, la oficina usuaria o la
        Unidad Administrativa correspondiente, dará constancia de ello
        directamente al Departamento Financiero-Contable, para el trámite
        respectivo.

        2. En relación con el inciso b) del citado punto 4.3, se han girado las
        instrucciones del caso, tanto a las unidades de nuestro Departamento
        como a aquellas otras de los diferentes centros de responsabilidad a
        la ejecución presupuestaria, que tramiten sin excepción, las
        contrataciones a través de la emisión de facturas proformas y
        órdenes de compra, de previo a la ejecución del servicio.”

                                         -0-

       En oficio N° 3715-245-C-96 de 28 de mayo pasado, el Lic. José Luis Calderón

Flores, Jefe del Departamento Financiero Contable, rinde el informe solicitado en la

sesión referida que literalmente dice:

        “En atención a su oficio N° 4749-96 de fecha 20 de marzo en curso,
        en el que se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior,
        en sesión N° 35-96 artículo CV, con respecto al estudio realizado por
        la Contraloría General de la República al Fondo Rotatorio del Poder
        Judicial y en relación a las recomendaciones del punto 4.2 del mismo,
        me permito expresar lo siguiente:

        Inciso a) Esta Jefatura tomó las medidas correspondientes,
                                          29


       trasladando la administración del Fondo Rotatorio a la Sección de
       Presupuesto donde la persona encargada de su operación, realiza la
       conciliación bancaria, quedando en la Sección de Tesorería el
       registro de las operaciones en el “Libro Banco”.

       Inciso b) Se destinó en el Departamento una bodega bajo llave,
       especialmente para el almacenamiento de los talonarios de cheques
       sin usar, cuya protección y custodia está bajo la responsabilidad del
       señor Juan Luis Rosales Enríquez, Asistente Administrativo 3 de la
       Sección de Tesorería. Esto se logró, gracias al espacio que se le
       otorgó al Departamento en las antiguas oficinas del Banco Anglo,
       costado sur del edificio del O.I.J.

       Inciso c) En relación con el sistema de archivo, en reunión que se
       sostuvo con los funcionarios de la Contraloría General de la
       República, se les hizo ver la imposibilidad de cumplir la
       recomendación como se pretendía, sin embargo, para facilitar el
       acceso a la información se puso en práctica un sistema informático
       por medio del cual se registran todas las operaciones del Fondo
       Rotatorio.

       Inciso d) Respecto a esta recomendación, es importante que se
       tome en cuenta que con la puesta en marcha de las Unidades
       Administrativas Regionales, los términos “Indispensable y urgentes”
       deben de analizarse de acuerdo a las circunstancias que se puedan
       presentar en el trámite de un procedimiento de contratación, que
       hacen imperioso el trámite por el Fondo Rotatorio como por ejemplo:
       pocos proveedores en la zona, falta de crédito, negocios que trabajan
       con poco capital, reparaciones urgentes que hacen necesario la
       compra de materiales, etc., sin embargo, mediante circulares se les
       hace ver esos aspectos a los usuarios de dicho Fondo.

       Inciso e) Corresponde al Consejo Superior, tomar el acuerdo
       respectivo con el fin de que el Jefe de Tesorería suscriba una póliza
       de fidelidad igual a la de esta Jefatura, por no contemplarse en la Ley
       Orgánica del Poder Judicial”.

                                        -0-

      El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 503-105-

AF-96 de 7 de este mes, manifestó:

       “En relación con el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la
       sesión celebrada el 7 de mayo último, artículo CV, recibido en este
       Despacho el 22 del citado mes, mediante el cual se acogió las
       recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la
       República, referente a la administración de los recursos asignados al
                                           30


        Fondo Rotatorio, solicitando a su vez que este Departamento, al igual
        que el Departamento Financiero Contable y la Proveeduría Judicial,
        deberían informar en los próximos 10 días hábiles las acciones
        tomadas para dar cumplimiento a esas recomendaciones, con el fin
        de ponerlas en conocimiento del ente Contralor.

        Sobre el particular, me permito indicar que mediante oficio N°260-96
        de fecha 25 de marzo del año en curso, esta Auditoría remitió al
        Consejo Superior el estudio efectuado por la Sección de Auditoría
        Financiera correspondiente a las sumas pendientes de reintegrar a la
        Cuenta del Fondo Rotatorio, por concepto de adelanto de salarios a
        servidores de la institución, siendo el mismo conocido y aprobado por
        dicho Órgano Superior en la sesión del 28 de marzo de 1996,
        mediante artículo XXXI.

        Asimismo, cabe indicar que actualmente la Sección de Auditoría
        Financiera de este Despacho se encuentra efectuando una
        evaluación del Fondo aludido, con el propósito de cumplir a cabalidad
        con el Programa Anual de Trabajo de esta Sección, así como con el
        fin de dar seguimiento a las recomendaciones externadas por el ente
        Contralor.”

                                         -0-

      Se acordó: 1°.- Tomar nota de los anteriores informes, los que se harán del

conocimiento de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la

República para lo que corresponda. 2°.- Que el Jefe de la Sección de Tesorería del

Departamento Financiero Contable suscriba una póliza de fidelidad igual a la del Jefe

del Departamento.

                                  ARTICULO XXIX

      El Lic. Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 507-368-

ACC-96 de 10 de los corrientes, manifestó:

        “La Auditoría Judicial, por medio de la Sección de Auditoría de
        Cuentas Corrientes Judiciales, tramita con alguna regularidad oficios
        por concepto de “ traspasos de fondos”, que son remitidos al Banco
        de Costa Rica en los que se consignan cuáles han de ser los
        cambios o transferencias que debe llevar a cabo la citada Institución,
        a efecto de poder ajustar correctamente el saldo bancario que ha de
        servir de información oportuna y motivo de garantía para la toma de
        decisiones por parte de los Tribunales de Justicia, la Administración y
                                  31


esta Unidad de Control.

La práctica actual consiste en que la Auditoría, a través de las
evaluaciones periódicas de los informes de tesorería detecta
situaciones especiales en las que se pone de manifiesto un “ crédito “
o un “ débito “ en la cuenta corriente de determinado Despacho, que
son improcedentes y sujetos de estudio particular.

Por otra parte, es importante indicar que esos traspasos son producto
de los movimientos constantes de “ depósitos y cheques “, que se
originan como consecuencia de cuentas corrientes bajo custodia de
los Tribunales de Justicia del país y obedecen, fundamentalmente, a
dos situaciones especiales que se presentan:

a-   Depósitos Judiciales que en forma equivocada acredita el
Banco en una cuenta corriente de un Tribunal, cuando lo correcto
debió ser a otro Despacho Judicial por ser el que tramita el proceso
respectivo.

b-    Cheques girados que el Banco, por error debita de la cuenta
corriente de un Tribunal, siendo lo correcto que el débito pertenece a
otro Despacho.

El Departamento Financiero Contable, por su parte, por intermedio de
la Sección de Archivo y Custodia también detecta, aunque en menor
cantidad, créditos y débitos mal aplicados por el Banco, para lo cual
se basan en los comprobantes de depósitos y cheques que
regularmente arriban a ese Departamento, provenientes de todo el
país.

El referido Departamento, ante estos casos, remite a la Auditoría
Judicial un oficio tipo machote, en el que recomienda solicitar al
Banco aludido el traspaso de fondos pertinente, procedimiento que
lleva a cabo esta Unidad de Control, para los fines que interesan.

Es criterio de esta Auditoría que el procedimiento o trámite de
“traspaso de fondos “, representa una función que es inherente a la
Administración y como tal debe ser asumida completamente por ésta,
correspondiendo más bien a esta Unidad de Control, una labor
fiscalizadora a tenor de la normativa que la regula, tendente a
determinar que los traspasos que remite el citado Departamento,
hayan sido bien aplicados por el Banco.

En vista de lo anterior, con todo respeto recomendamos al Consejo
Superior se estudie la posibilidad de que el Departamento Financiero
Contable asuma, en lo sucesivo, la totalidad de la elaboración de los
“traspasos de fondo” que deban ser comunicados al Banco de Costa
Rica.
                                          32



        No omitimos manifestar que aquellos traspasos, que continúe
        detectando la Auditoría con base en los controles establecidos al
        efecto, serán comunicados con la debida antelación al Departamento
        objeto de referencia, para que proceda a su trámite respectivo.”

                                         -0-

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud. El Departamento Financiero Contable

tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTICULO XXX

      Con el oficio N° 521-96 de 12 de este mes, el Lic. Hugo Esteban Ramos

Gutiérrez, Auditor Judicial, remite el arqueo y estudio de control interno de la Caja

Chica Auxiliar asignada al Juzgado de Instrucción y al Organismo de Investigación

Judicial de Aguirre y Parrita, realizado por la Sección de Auditoría Financiera, cuyas

conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

        “CONCLUSIONES

        De conformidad con los resultados obtenidos por esta Auditoría
        mediante el presente estudio, se concluye lo siguiente:

        1.    Al realizar el arqueo al monto asignado a la subcaja chica del
        Juzgado de Instrucción de Aguirre y Parrita, se determinó la
        existencia de un faltante por la suma de ¢123,40 el cual fue repuesto
        inmediatamente por el encargado del fondo, tal como lo estipula el
        artículo 23 del Reglamento de Operación de Cajas Chicas Auxiliares.

        2.     Aproximadamente un 87,01% del monto asignado a la subcaja
        chica aludida se encontraba compuesto por documentación soporte,
        situación que provoca un problema de liquidez. Esta situación se
        origina por la inoportunidad con que se solicita el reintegro de
        documentos, al Departamento Financiero Contable, los cuales se
        efectúan cada mes, generando necesidades de efectivo
        injustificables.

        3.     La caja chica de comentario incurre en un gasto mensual poco
        significativo, el cual en promedio asciende aproximadamente a
        ¢23.694.00, de los cuales un 52% corresponden a erogaciones de
        diferentes Despachos, incluyendo al Juzgado y un 48% corresponden
        en promedio a gastos generados por la Sub-Delegación del O.I.J. Por
                                   33


otra parte, su mayor erogación mensual durante los últimos 15
meses, consistió en ¢35.064,00 en el mes de diciembre de 1995,
quedando dinero suficiente para cubrir otros pagos, si se tuviera
mayor celeridad en solicitar los reintegros de dinero correspondientes.

4.   El monto mayor que ha utilizado la Sub-Delegación del O.I.J.,
de la caja chica auxiliar del Juzgado que nos ocupa, para el
mantenimiento de los vehículos durante los últimos meses fue de
¢24.523,00, lo cual no tiene mayor repercusión económica sobre el
monto total asignado (¢75.000,00).

Lo anterior difiere de lo indicado por el Secretario del Juzgado, Sr.
Frank González A., a los miembros del Consejo Superior; al
considerar que la referida Subdelegación consume la totalidad del
monto asignado a esa sub caja chica.

5.     El Juzgado de Instrucción de Aguirre y Parrita no mantiene en
archivo fotocopias de las facturas comerciales que han sido enviadas
al Departamento Financiero Contable para el reintegro respectivo,
producto de las transacciones del citado fondo, lo que provoca
dificultades en la revisión y examen de documentos tramitados,
debilitando a su vez el sistema de archivo.

6.   Existen debilidades en el manejo del libro control de la caja
chica del Juzgado de marras, por cuanto se realizan correcciones
(tachaduras y borrones) sobre los datos anotados. Dicha situación
contraviene lo consignado en el Reglamento y Manual de
Procedimientos de Cajas Chicas, en lo referente a lo indicado en el
paso N°5.

7.    Se obtuvieron resultados aritméticos satisfactorios en el arqueo
al Fondo asignado a la Sub-Delegación de Aguirre y Parrita. No
obstante se constató que los gastos menores de dicha unidad son
asumidos por el Juzgado de Aguirre y Parrita, a pesar de que el
artículo 2 del Reglamento de Cajas Chicas Auxiliares, faculta para
que de dichos fondos se efectúen las erogaciones pertinentes.

RECOMENDACIONES

Con base en los resultados obtenidos y en las conclusiones citadas, a
continuación    nos     permitimos     externar     las   siguientes
recomendaciones:

Encargado de la Caja Chica Auxiliar del Juzgado de Instrucción
de Aguirre y Parrita.

1. Tomar las medidas previsoras pertinentes para que los reintegros
de dinero se soliciten en forma oportuna, tal como lo estipula el
                                  34


artículo 16 del Reglamento de Cajas Chicas Auxiliares del Poder
Judicial.

2. Obtener fotocopias de todos los comprobantes que amparan las
erogaciones del fondo          a su cargo, antes de enviarlos al
Departamento Financiero Contable. Asimismo, archivarlos junto a la
copia del oficio de solicitud de reintegro, con el objeto de no
obstaculizar la labor de revisión de comprobantes que realiza este
Despacho. Por otra parte, cuando se reciba el cheque respectivo,
adjuntar la colilla del cheque de reintegro a esta documentación.

3. Acatar lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para Cajas
Chicas Auxiliares en el punto N° 5 referente al procedimiento contable
que se debe seguir al momento de realizar correcciones al libro; de
tal forma que las mismas se ejecuten a través de contrasiento.

Encargado de la Caja Chica Auxiliar del O.I.J. de Aguirre y
Parrita.

1. Cumplir a cabalidad con lo estipulado en el artículo 2 del
Reglamento de Cajas Chicas Auxiliares, en lo que respecta al tipo de
gastos a efectuar a través del Fondo asignado. Asimismo, cumplir a
cabalidad con las directrices que al efecto ha emitido la Secretaría
General del Organismo de Investigación Judicial en la atención a este
tipo de gastos menores.

2. A efecto de que no se presenten problemas de liquidez, es
indispensable cumplir a cabalidad con lo estipulado en el artículo 16
del Reglamento y Manual de Procedimientos de las Cajas Chicas
Auxiliares del Poder Judicial, con el fin de que los reintegros que se
soliciten sean tramitados en forma ágil y oportuna.

Secretario General del Organismo de Investigación Judicial

Aclarar al encargado de la Caja Chica Auxiliar de la Sub-Delegación
Regional del O.I.J. la interpretación y aplicación que debe dársele al
artículo 2 del Reglamento General de Cajas Chicas Auxiliares, en lo
que respecta a la cancelación de gastos menores, que debe efectuar
esta Dependencia a través del fondo asignado, indicándole a su vez
cualquier otra directriz que al efecto se haya emitido.

Departamento Financiero Contable.

Es conveniente que se estudie el comportamiento de la Caja Chica
en mención, a efecto de analizar la conveniencia de que dicha caja
mantenga el monto del fondo asignado, o bien, disminuir el mismo de
conformidad con las necesidades existentes.
                                          35


        Lo anterior, por cuanto actualmente dicha caja, cuyo monto es de
        ¢75.000,00, tiene un gasto promedio de ¢23.694,00, de tal forma que
        al tramitar por otro fondo los gastos de la Sub-Delegación del O.I.J.,
        el gasto promedio disminuiría a ¢12.394,60, lo cual a nuestro criterio
        vendría a significar una sub-utilización de recursos.”

                                         -0-

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y que cada oficina cumpla las

recomendaciones a la brevedad.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

                                  ARTICULO XXXI

      Con oficio N° 658-PLA-96 de 5 de este mes, la Licda Marta Asch Corrales,

Jefa del Departamento de Planificación, remite el informe N° 96-EST-96 de la Sección

de Estadística, referente a la labor desarrollada por la Sección de Investigaciones

Contables del Organismo de Investigación Judicial durante 1995.

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                 ARTICULO XXXII

      La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 659-PLA-96 de 5 de los corrientes, envía el informe N° 100-EST-96 de la

Sección de Estadística, que se refiere a la labor desarrollada por la Sección de

Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación

Judicial, durante 1995.

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                 ARTICULO XXXIII

      Con oficio N° 661-PLA-96 de 7 de este mes, la Licda Marta Asch Corrales,

Jefa del Departamento de Planificación, remite el informe N° 101-EST-96 de la

Sección de Estadística, referente al número de personas detenidas por la Sección de
                                           36


Cárcel, Transportes y Citaciones durante 1995.

       Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                  ARTICULO XXXIV

       La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 662-PLA-96 de 7 de los corrientes, envía el informe N° 106-EST-96 de la

Sección de Estadística, que se refiere al movimiento anual de personas detenidas en

las diferentes Oficinas del Organismo de Investigación Judicial durante 1995.

       Se acordó: Tener por rendido el anterior informe.

                                  ARTICULO XXXV

       Con oficio N° 663-PLA-96 de 7 de este mes, la Licda Marta Asch Corrales,

Jefa del Departamento de Planificación, remite el informe N° 102-EST-96 de la

Sección de Estadística, referente a la labor desarrollada por la Subdelegación

Regional del Organismo de Investigación Judicial de Nicoya durante 1995.

       Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                  ARTICULO XXXVI

       La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 664-PLA-96 de 7 de los corrientes, envía el informe N° 105-EST-96 de la

Sección de Estadística, que se refiere a la labor desarrollada por la Sección de Delitos

Contra la Propiedad, durante 1995.

       Se acordó: Tomar nota del informe anterior.

                                  ARTICULO XXXVII

       Con oficio N° 665-PLA-96 de 7 de junio en curso, la Jefa del Departamento de

Planificación, Licda Marta Asch Corrales, remite el informe N° 99-EST-96 de la

Sección de Estadística, en que se resume la labor desarrollada por la Delegación
                                          37


Regional del Organismo de Investigación Judicial de Liberia durante 1995.

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior. Se desprende de dicho

informe un rendimiento satisfactorio. Sin embargo durante todo el año, únicamente

se atendieron OCHO asuntos con relación a la Ley de Sicotrópicos, de lo que se hace

mención por si fuere necesario practicar más diligencias en esa materia.

                                ARTICULO XXXVIII

      La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 666-PLA-96 de 7 de los corrientes, remite el informe N° 97-EST-96 de la

Sección de Estadística en que se resume la labor desarrollada por la Delegación

Regional del Organismo de Investigación Judicial de Limón durante 1995.

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y manifestar a la Dirección

General del Organismo de Investigación Judicial y a la Jefatura de la mencionada

Delegación, la preocupación de este Consejo por el bajo rendimiento que se

desprende del citado informe, no obstante que ingresó un menor número de asuntos.

                                 ARTICULO XXXIX

      En sesión del 15 de febrero del año en curso, artículo XLV, se dispuso

trasladar para estudio e informe del Departamento de Planificación, la solicitud

presentada por los Licdos Luis Fernando Calderón Ugarte y Manuel Francisco

Sancho Madrigal, por su orden, Jueces Primero y Segundo Civiles y de Trabajo de

Heredia, sobre la posibilidad de crear un nuevo despacho que se dedique

exclusivamente a la materia laboral, en su defecto que se establezca un nuevo

Juzgado que atienda todas la materias y subsidiariamente, que se nombre un Juez

más que colabore en ambos Juzgados.             Con oficio N° 667-PLA-96 de 7 de los

corriente, la Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación,
                                            38


remite el informe N° 104-EST-96 de la Sección de Estadística, referente a la creación

de un despacho que se dedique exclusivamente a la materia laboral en Heredia,

cuyas conclusiones y recomendaciones, literalmente dice:

         “CONCLUSIONES

    1.              La carga de trabajo más importante en los juzgados civiles
         y de trabajo de la provincia de Heredia proviene de la materia civil por
         su volumen. (cerca del 82% de lo entrado en 1995 eran casos civiles
         mientras que el restante 18% eran laborales)

    2.              Los casos entrados anualmente en materia civil en los dos
         juzgados civiles y de trabajo de la provincia de Heredia se ha
         mostrado decreciente desde 1993 al pasar de 2231 asuntos
         ingresados ese año a 1644 en 1995 como consecuencia de la
         apertura del Juzgado de Familia de esa ciudad. Por otro lado, los
         asuntos entrados en materia laboral se han mantenido prácticamente,
         sin cambios desde 1992 pues las variaciones registradas han sido
         poco significativas. Se concluye entonces que la carga de trabajo en
         estos despachos no se ha incrementado y más bien se ha reducido
         por efecto de la baja en la entrada en civil.

    3.              Comparativamente, la carga de trabajo entrada durante
         1995 en los juzgados de Heredia centro es muy inferior a la reportada
         en conjunto por los dos despachos de Cartago donde ingresaron 775
         y 329 asuntos más que Heredia en las materias civil y de trabajo
         respectivamente. Es evidente entonces, que los juzgados civiles y de
         trabajo de Heredia se encuentran en una situación más favorable que
         otros despachos homólogos.

    4.              La existencia al concluir el año en materia civil, ha seguido
         una tendencia decreciente en los últimos años en ambos juzgados
         mientras que la existencia laboral se mantiene prácticamente
         constante a pesar del leve incremento experimentado de 1994 a
         1995. Por otro lado, la comparación de estas cantidades con las
         registradas por los juzgados homólogos de Cartago revela que casi
         no existe diferencia entre estos despachos y por lo tanto no puede
         argumentarse que en este aspecto, exista más trabajo en Heredia
         que en Cartago.

    5.              Al observar el número de entregas al notificador como
         indicador indirecto del trabajo de una oficina judicial, se concluye que
         los despachos de Heredia están en igualdad de condiciones que los
         de Cartago.

    6.              La entrada en materia laboral entre los dos juzgados de
                                          39


        trabajo de Heredia no llega a los 400 expedientes anuales cifra que
        apenas representa un 25% de la que ingresa en un juzgado de
        trabajo de San José.

                                RECOMENDACIÓN

              Por lo apuntado anteriormente, no se recomienda por el
        momento la creación de un nuevo juzgado ya sea en forma
        específica o que se dedique a todas las materias como tampoco el
        nombramiento de un juez que colabore con los dos juzgados en vista
        de la disminución de casos entrados y circulante que ha tenido lugar
         en esas dependencias durante los últimos 2 años y por encontrarse
        actualmente en igualdad de condiciones que los juzgados civiles y de
        trabajo de Cartago.”

                                         -0-

      Se acordó: Acoger el informe anterior, y denegar la solicitud de los Licdos

Calderón Ugarte y Sancho Madrigal.

                                   ARTICULO XL

      Con el oficio N° 672-PLA-96 de 11 de este mes, la Licda Marta Asch Corrales,

Jefa del Departamento de Planificación, remite el informe N° 132-DI-96 de la Sección

de Desarrollo Institucional de ese Departamento, que literalmente dice:

        “El Consejo Superior en sesiones celebradas el 14 de marzo y 21 de
        mayo del año en curso, artículos LI y LXVI, dispuso que el
        Departamento de Planificación rinda estudio respectivo en cuanto a
        determinar el personal necesario para la Comisión de Relaciones
        Laborales y acordó que mientras se presenta dicho estudio, el
        Notificador de la Secretaría de la Corte colaboraría con la citada
        Comisión.

        En atención a dichas disposiciones, me permito informarle que del
        estudio de plazas ordinarias N°255-PLA-DI-96 del 20 de mayo del
        año en curso, referente a la plaza de Notificador para la Comisión de
        Relaciones Laborales, se extrae lo siguiente:

        “1-. Según revisión del libro de registro de expedientes entrados a
        esta Comisión se pudo comprobar que durante el mes de marzo
        entraron 11 expedientes, en abril 7 expedientes y al 17 de mayo se
        han contabilizado 7 expedientes.

        2.- La Comisión de Relaciones Laborales se reúne dos veces al mes
                                           40


        (cada 15 días) para el conocimiento de los asuntos entrados, lo que
        conlleva cierto tiempo para resolverlos, esto implica que la carga para
        un Notificador es ínfima.

        3.- Actualmente el Notificador de la Secretaría General de la Corte
        está colaborando con la Comisión de Relaciones Laborales, lo que
        permite la debida comunicación de las resoluciones a las partes
        interesadas.

        Al respecto se consultó al señor Ricardo Monge Bolaños,
        Prosecretario de esa dependencia, sobre la posibilidad de seguir
        contando con la colaboración del Notificador de la Secretaría General
        de la Corte para la Comisión de Relaciones Laborales, el cual estuvo
        de acuerdo con que el servidor antes mencionado siga realizando esa
        labor, por un tiempo prudencial.

        Por tanto, se recomienda que el Notificador de la Secretaría General
        de la Corte, siga colaborando con la Comisión de Relaciones
        Laborales por un período de seis meses y posteriormente determinar
        la evolución en la cantidad de notificaciones.”

        En vista de lo anterior, no se recomendó conceder la plaza solicitada
        y en su lugar se estima conveniente efectuar una evaluación al
        finalizar el presente año para observar el comportamiento en la
        cantidad de las notificaciones de la Comisión de Relaciones
        Laborales.

        Por otra parte, en el informe de plazas nuevas N°509-PLA-DI-96 de la
        misma fecha que el anterior, relacionado con la plaza de Oficinista
        para la mencionada Comisión, se hace referencia a que “La Corte
        Plena en sesión extraordinaria, celebrada el 22 de enero de 1996,
        artículo XXV, acordó crear la plaza de Oficinista 2 en forma
        extraordinaria, del 1° de febrero al 31 de diciembre del año en curso,
        y ordinaria a partir de 1997, para que colabore con la Comisión de
        Relaciones Laborales.

        Dicha Comisión es de carácter permanente y requiere como mínimo
        del personal de apoyo para su adecuado funcionamiento.”, y por
        tanto se está recomendando su creación para el año 1997.”

                                         -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y acoger la recomendación

para que el Notificador de la Secretaría General de la Corte, colabore con la Comisión

de Relaciones Laborales por el período indicado y que posteriormente se determine
                                           41


por el Departamento de Planificación la evolución en la cantidad de notificaciones.

                                   ARTICULO XLI

      La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con el

oficio N° 673-PLA-96 de 12 de junio en curso, remite el informe N° 112-EST-96 de la

Sección de Estadística, que resume la labor desarrollada por el Tribunal Superior de

Casación Penal durante el primer trimestre del año en curso.

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe.



                                   ARTICULO XLII

      La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 674-PLA-96 de 11 de junio en curso, remite el informe N° 28-CE-96 de la

Sección de Control y Evaluación de ese Departamento, que trata sobre la evaluación

que se realizó en la Alcaldía de Puriscal para determinar la necesidad de que la plaza

extraordinaria de Alcalde 5 asignada a esa Alcaldía continúe por el resto de 1996,

cuyas conclusiones y recomendaciones literalmente dicen:

                                “V CONCLUSIONES

              Luego de la evaluación desarrollada, esta Sección concluye lo
        siguiente:

        1.    En el informe N°273-EST-95 del 16 de noviembre de 1995,
        elaborado por la Sección de Estadística del Departamento de
        Planificación se analiza de manera profunda la situación de la
        Alcaldía de Puriscal, concluyendo que en virtud de que las Alcaldías
        de Puriscal y Osa cuentan con cargas de trabajo similares es
        necesario equipararlas en cuanto a personal se refiere, por lo que se
        recomienda la asignación de una plaza extraordinaria de Alcalde 5
        por todo 1996.

        2.    No obstante lo anterior, se debe indicar que de acuerdo a la
        Licda. Rosibel López Madrigal, Alcaldesa de Puriscal, pese a haber
        realizado una serie de gestiones ante la Presidencia de la Corte, la
        plaza de Alcalde 5 no se utilizó durante los primeros cinco meses de
                                  42


este año, debido principalmente a la falta de personal idóneo, sino
que la misma entró a funcionar a partir del 3 de junio pasado.

3.    El no contar con la plaza de Alcalde 5, de acuerdo a lo
expresado tanto por la Licda. López Madrigal como por el Sr. Miguel
Zúñiga Montoya, Secretario de la Alcaldía de Puriscal, ocasionó que
el circulante de la oficina aumentara demasiado, obligando al
personal ha realizar un esfuerzo notable para mantener el despacho
bajo control. En vista de esta circunstancia la Alcaldesa del lugar
señaló que en nota del 8 de abril de 1996 solicitó con carácter de
emergencia la plaza, dado que la situación se tornaba inmanejable.

4.    En vista de que no es posible evaluar el rendimiento de esta
Alcaldía con la participación de los dos profesionales en derecho, se
estimó conveniente analizar si las condiciones que originaron la
asignación de la plaza se mantienen. Por tanto para medir el
comportamiento de esta oficina se analizaron, al igual que se hizo en
el informe 273-EST-95, variables como casos entrados, sentencias
dictadas y activos de las alcaldías de Puriscal y Osa. De esta manera
tomando en cuenta que el informe mencionado anteriormente incluye
las estadísticas hasta el primer semestre de 1995, en esta
evaluación, se analizan los números correspondientes al segundo
semestre de 1995 y primer trimestre de 1996.

5.    En línea con la información estadística del último semestre de
1995 y primer trimestre de 1966, se puede establecer que pese a que
la Alcaldía de Osa cuenta con una plaza más de Alcalde 5 que la
Alcaldía de Puriscal, el movimiento en ambos despachos mantiene
un nivel similar en términos generales, tal y como se presentó en el
primer semestre de 1995, de lo que se puede inferir que si Puriscal
hubiese contado con la plaza en mención probablemente reflejaría un
mejor rendimiento al exhibido a la fecha.

     Al respecto es importante indicar que el Lic. Emilio Solana Río
Jefe de la Sección de Estadística del Departamento de Planificación,
manifestó luego de observar las estadísticas correspondientes al
segundo semestre de 1995 y primer trimestre de 1996, que el
escenario que propició la asignación de la plaza en la Alcaldía de
Puriscal se mantiene, ya que el comportamiento de esta última sigue
siendo comparable al de la Alcaldía de Osa.

                     VI RECOMENDACIONES

     Luego del estudio desarrollado y lo concluido, esta Sección
recomienda lo siguiente:

1.   En vista de que en el informe N°273-EST-95 del 16 de
noviembre de 1995, elaborado por la Sección de Estadística del
                                          43


        Departamento de Planificación se recomienda la asignación de una
        plaza extraordinaria de Alcalde 5 por todo 1996, en virtud de que las
        Alcaldías de Puriscal y Osa cuentan con cargas de trabajo similares
        condición que de acuerdo a las estadísticas del último semestre de
        1995 y primer trimestre de 1996 se mantiene, se recomienda
        mantener la plaza extraordinaria de Alcalde 5 en la Alcaldía de
        Puriscal por todo 1996.

        2.    A mediados de noviembre del presente año se evaluará los
        resultados de la asignación de la plaza mencionada y su
        permanencia para el futuro.”
                                     -0-

      Se acordó: Tener por rendido y aprobar el anterior informe.

                                  ARTICULO XLIII

      Con oficio N° 676-PLA-96 de 11 de junio en curso, la Jefa del Departamento

de Planificación, Licda Marta Asch Corrales, remite el informe N° 107-EST-96 de la

Sección de Estadística, en que se resume la labor desarrollada por la Delegación

Regional del Organismo de Investigación Judicial de Siquirres durante 1995.

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe, y ponerlo en conocimiento

de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y de la Jefatura de la

mencionada Delegación, porque el rendimiento de ese despacho durante 1995 ha

disminuido y para que se tomen las medidas del caso.

                                  ARTICULO XLIV

      La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 677-PLA-96 de 12 de los corrientes, remite el informe N° 29-CE-96 de la

Sección de Control y Evaluación, que trata sobre la necesidad de una plaza

extraordinaria de digitador para la Alcaldía de Bagaces, cuyas conclusiones y

recomendaciones literalmente dicen:


                               “IV CONCLUSIONES
                                        44


     Del análisis realizado,     esta   Sección    formula   las   siguientes
     conclusiones:

A.         La Alcaldía de Bagaces ha tenido un aumento en la carga de
     trabajo en los últimos tiempos, siendo que el total de casos entrados
     durante 1995 fue de 3.242, cifra que superó la entrada de las
     alcaldías de La Cruz, Nandayure, San Isidro de Heredia, San Mateo,
     Tarrazú, San Rafael y Atenas a pesar de que estas tres últimas
     cuentan con una plaza más de Escribiente y en caso de Atenas con
     otra de Conserje.

B.        Del total de casos entrados en la Alcaldía de Bagaces en
     1995, 2.819 correspondían a asuntos de tránsito, mientras que los
     restantes 423 se clasificaron de la siguiente manera: 109 materia
     penal, 104 faltas y contravenciones, 12 laboral, 171 civil, y 27 asuntos
     de pensiones alimenticias.

C.                El 97,80% de los casos entrados en materia de tránsito
     representan infracciones simples, siendo que únicamente ingresaron
     un total de 62 asuntos clasificados como colisión, atropello, vuelco y
     estrellonazo.

D.         Debido a la gran cantidad de asuntos de tránsito que estaban
     pendientes de ser incorporados al sistema de cómputo, la citada
     Alcaldía contó con una plaza extraordinaria de Digitador, con la cual
     fue posible que tanto el Secretario como el Escribiente se abocaran a
     la tramitación de expedientes.

E.         La    Alcaldía de Bagaces muestra un comportamiento
     creciente en los expedientes en trámite en el primer semestre de
     1996, de manera que el total de asuntos al concluir el mes de marzo
     fue de 950. Al comparar ese circulante con el de las alcaldías
     homólogas, se desprende que en los primeros tres meses de 1996,
     éste sigue siendo más alto que el del resto de alcaldías con las que
     se comparó y que cuentan con la misma cantidad de personal. Es
     menester indicar que este circulante hubiese sido más alto de no ser
     porque durante tres meses el despacho contó con los recursos de
     una persona que laboró como meritoria en forma ininterrumpida
     durante tres meses, quien se dedicó a tramitar los asuntos de
     tránsito. También el que exista un circulante mayor al de las alcaldías
     comparadas afecta directamente la imagen de la Institución y
     eventualmente pueden presentarse problemas con aquellos casos en
     donde los términos de vencimiento estén por expirar. Por lo anterior,
     podría asignarse una plaza adicional por un período determinado
     para que colabore en la disminución del circulante.

F.         En la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de reforma a
     la Ley de Tránsito, para que las infracciones de tránsito con parte fijo
                                         45


     sin oposición, se realicen por la vía administrativa, lo cual haría que a
     corto plazo en la Alcaldía de Bagaces, así como en el resto de
     alcaldías que tramitan esta materia, el trabajo se reduciría en ese
     tanto.

G.         Para las labores de aseo de la oficina se le está pagando a una
     persona del lugar para que visite el despacho dos veces por semana,
     y de acuerdo con la Licda. Vargas Aguilar, la erogación la están
     cubriendo entre todo el personal de la Alcaldía.

H.         De acuerdo con la Licda. Gina Vargas Aguilar, el personal a su
     cargo es relativamente nuevo y por lo tanto tiene poca experiencia en
     la tramitación de los asuntos, problema que fue compartido por los
     inspectores judiciales que visitaron el despacho en el mes de marzo
     del presente año. Aunado a lo anterior, la Alcaldesa resaltó que el
     Secretario es un poco lento, a pesar de poner empeño en su trabajo,
     razón por la que la Inspección Judicial recomienda que "... la
     Secretaría debe asumir un rol de trabajo más decisorio y activo,
     pues en la actualidad parte de las diferencias que se han
     apuntado gravitan en una ausencia de operatividad del puesto
     de Secretario " (el resaltado no es del original).


                           VI RECOMENDACIONES


     De las conclusiones formuladas, esta Sección recomienda lo
     siguiente:

A.          Al determinar que efectivamente la Alcaldía de Bagaces, ha
     venido recibiendo una entrada superior a la de otros despachos
     homólogos, (La Cruz, Nandayure, San Mateo y San Isidro de
     Heredia) e inclusive recibió durante 1995 más asuntos -excluyendo
     los de tránsito- que la Alcaldía de Atenas (la que según Ley de
     Presupuesto para 1996 tiene adscrita una plaza más de Escribiente y
     otra de Conserje), situación que ha ocasionado un incremento en el
     circulante del despacho, lo que va en detrimento de la imagen de la
     Institución, y considerando que el personal de la Alcaldía es
     relativamente nuevo y por consiguiente carece de capacitación para
     la oportuna tramitación de los casos, así como que actualmente
     existe un proyecto de reforma a la Ley de Tránsito en la Asamblea
     Legislativa que pretende que los asuntos de tránsito con multa fija se
     tramiten por la vía administrativa, lo cual ocasionaría que en el corto
     plazo se reduzca la entrada de casos en las alcaldías que conocen
     de ésta materia; se recomienda, reforzar la Alcaldía con una plaza
     adicional.

                 Ahora bien, es menester señalar que a pesar de que la
     señora Alcaldesa solicita una plaza de Digitador, esta Sección estima
                                        46


      pertinente recomendar que sea un Auxiliar Judicial, en tanto por la
      falta de experiencia del personal de la Alcaldía, es conveniente que
      el servidor que refuerce ésta conozca sus labores. Es importante
      resaltar que en consulta realizada al Lic. Carlos Mora Rodríguez,
      Jefe de la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva indicó
      que para el mes de julio es posible asignar uno de estos servidores a
       la Alcaldía de marras. Así también, en conversación sostenida con el
      Lic. Emilio Solana Río, Jefe de la Sección de Estadística, manifestó
      que un período de tres meses permitirá disminuir el circulante de la
      Alcaldía, y además señaló que en virtud de que en el mes de julio da
      inicio un nuevo trimestre, finalizado este se podrá observar el
      rendimiento alcanzado por el despacho con el refuerzo recomendado.

B.           Dado que la Licda. Gina Vargas Aguilar, Alcaldesa de Bagaces
      manifestó que uno de los problemas de la Alcaldía a su cargo es la
      falta de capacitación del personal, situación que fue resaltada por la
      Inspección Judicial en la última visita realizada al lugar, se
      recomienda que la señora Alcaldesa, en colaboración con el Auxiliar
      Judicial brinden capacitación en las materias que consideren
      necesario reforzar los conocimientos del personal, para lo cual se
      estima conveniente se habiliten períodos fuera de la jornada de
      trabajo para no obstaculizar el normal desarrollo del trabajo de la
      Alcaldía en la jornada administrativa.

C.          En vista de la rotación que se ha dado en el puesto de
      Escribiente 1, en los últimos tiempos y considerando que en la
      actualidad esa plaza se encuentra vacante, se recomienda que el
      Departamento de Personal elabore la terna respectiva del citado
      puesto, a fin de evitar se siga dando rotación en el puesto de
      Escribiente 1.

D.           Se recomienda, -salvo mejor criterio- que en la Alcaldía de
      Bagaces no sigan contratando los servicios de limpieza, en virtud de
      considerar que esa práctica es improcedente, no solo porque no es
      aconsejable que particulares tengan acceso directo al despacho y a
      la información discrecional que ahí se maneja, sino porque la
      Institución no puede hacerse responsable por un contrato obrero-
      patronal que no se haya realizado con la debida autorización y
      respaldo. Asimismo, es recomendable que en la Alcaldía se respete
      la distribución de labores definida para ésta, en donde se establece -
      según el Manual de Descriptivo de Clases del Poder Judicial- que es
      competencia del Escribiente 1 efectuar las tareas de mantenimiento y
      aseo, así como ejercer las tareas de notificador, en aquellos
      despachos donde no exista ese servidor. “
                                        -0-

     Se acordó: Tener por rendido el anterior informe. Que la señora Alcaldesa de
                                           47


Bagaces tome las medidas del caso para que no se continúe con la contratación de

los servicios de limpieza por ese despacho, y que sea la Dirección Ejecutiva la que

brinde la asesoría que corresponda, para la citada labor de limpieza mediante

contratación de servicio privado. Que el Departamento de Personal elabore la terna

de Escribiente 1 que se encuentra vacante en dicha oficina, dentro del plazo de cinco

días contados a partir del día siguiente al de la comunicación del presente acuerdo.

Finalmente se dispone que un Auxiliar Judicial brinde la colaboración solicitada en la

Alcaldía de Bagaces, por un período de un mes a partir de julio próximo, que además

de trabajar en esa Alcaldía dará capacitación a los empleados.

                                   ARTICULO XLV

      La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, con

oficio N° 681-PLA-96 de 12 de este mes, remite el informe N° 113-EST-96 de la

Sección de Estadística, que trata sobre la labor desarrollada por la Sala Tercera

durante el primer trimestre del año en curso.

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe.

                                   ARTICULO XLVI

      La Licda Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de Planificación, en

oficio N° 683-PLA-96 de 12 de este mes, manifestó:

        “En relación con las declaraciones hechas por el Vice Ministro de
        Hacienda, en cuanto a que oficialmente ese Ministerio no ha emitido
        ninguna comunicación en relación al monto que se asignará al Poder
        Judicial para la implementación de la Ley Penal Juvenil, me permito
        reiterarle que esa información me fue suministrada por la persona
        que maneja los asuntos relacionados con el presupuesto del Poder
        Judicial en la Dirección de Presupuesto Nacional de dicha entidad.
        Más aún, el objeto de dicha comunicación fue para que nos
        pronunciáramos en cuanto a qué partidas podían ser objeto de los
        recortes presupuestarios, para no afectar el anteproyecto de
        presupuesto de la Ley Penal Juvenil en forma arbitraria, sino donde el
        Poder Judicial lo sugiera, ya que éste estaba siendo rebajado al
                                           48


        monto de ¢350.000.000,oo.

        De hecho, la primera respuesta fue en el sentido de que yo
        necesitaba hacerlo del conocimiento de altos funcionarios que habían
        participado en su formulación y aprobación, lo cual hice en su
        oportunidad y en forma inmediata a su persona, y a los señores
        Magistrados Dr. Daniel González Alvarez y Lic. Alfonso Chaves
        Ramírez. En términos generales, la respuesta fue similar, en el
        entendido de que el Poder Judicial requería todo lo presupuestado
        que había calculado y que no se sugiriera recorte alguno.

        Lo anterior lo comuniqué por vía telefónica a la servidora del
        Ministerio de Hacienda, quien me había contactado desde un inicio,
        ante lo cual me indicó que así lo haría saber a sus superiores. De
        hecho, posteriormente me comunicó en términos generales donde se
        había aplicado los recortes.”
                                        -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación, la que se pondrá en

conocimiento de la Corte Plena.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

                                  ARTICULO XLVII

      En la sesión del 1° de febrero anterior, artículo XXVIII, inciso 11), con vista en

el informe elaborado por el Departamento de Personal, se autorizó el pago de las

vacaciones proporcionales del señor Greivin Gerardo Fallas Abarca, por la suma de

¢46.968.75 (cuarenta y seis mil novecientos sesenta y ocho colones con setenta y

cinco céntimos), y por informar el citado Departamento que el señor Fallas adeudaba

al Tesoro Público ¢19.347.15 por 11 días que no le correspondían en el mes de junio

de 1995, se autorizó al Departamento Financiero Contable a deducir dicha suma de

conformidad con el artículo 173 del Código de Trabajo.

      En la sesión del 23 de mayo anterior, artículo LXVI, se dispuso trasladar al

Departamento de Personal, para estudio e informe, la nota suscrita por el señor Fallas

Abarca, en que por los motivos de que dio cuenta, solicitó que se dejara sin efecto los
                                            49


días que se indicaban que no laboró y que se le aplicaron en el informe de vacaciones

proporcionales citado en el párrafo que antecede.

       El Bach. Gustavo Castro Miranda y el Lic. Ronald Calvo Coto, por su orden,

Jefe interino de la Sección de Salarios y Jefe de la Sección de Planillas, en oficio N°

209-P-96 de 11 de este mes, con el visto bueno del Jefe del Departamento de

Personal, en relación con el citado acuerdo de la sesión del 23 de mayo último,

solicitan se deje sin efecto el rebajo de ¢19.347,15 (diecinueve mil trescientos

cuarenta y siete colones con quince céntimos), por cuanto el servidor mencionado

efectivamente laboró durante el período citado, según consta en la modificación que

se registró en el S.I.P. luego de remitir el reporte de vacaciones proporcionales.

       Se acordó: Acoger la anterior solicitud. El Departamento Financiero Contable

tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTICULO XLVIII

       En oficio N° RS-213-96 de 11 de junio en curso, el Lic. Francisco Arroyo

Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, solicita se autorice la publicación del

Concurso N° 25-96, para el día 16 de los corrientes, en los periódicos La Nación y La

República, que contemplan los cargos, Defensor Público 2, Defensor Público 1,

Agente Fiscal, Auxiliar de Investigación 1, según muestra adjunta.

       Se acordó:    Acoger la solicitud anterior.   El Departamento de Proveeduría

tomará nota para lo de su cargo.

JUBILACIONES Y PENSIONES

                                   ARTICULO XLIX

       En escrito de 18 de abril último, el señor Luis Roberto Paniagua Sancho,

Guarda del Departamento de Vigilancia y Seguridad, solicita se inicien los trámites
                                            50


correspondientes a su jubilación, a la que se acogerá a partir del 1° de julio próximo.

       El Departamento de Personal en oficio Nº 477-DL-96 del 23 de mayo último,

informa de la siguiente manera:

        “ASUNTO: Jubilación del señor Luis Roberto Paniagua Sancho, a
        partir del 1-7-96.

        Al 30 de junio próximo, el señor Paniagua Sancho, habrá laborado
        para este Poder por espacio de 14 años, 8 meses, 1 día.

        Se le reconoció un tiempo servido en otras instituciones del Estado
        de 5 años, 8 meses.

        Total tiempo servido: 20 años, 4 meses, 1 día.

        Edad: 58 años, 9 meses, 3 días

        Ultimo puesto desempeñado: Guarda, Depto de Vigilancia

        Ultimo salario devengado: ¢93.000.00

        Salario promedio: ¢102.548.50

        Monto de jubilación: ¢69.514.60 (67.79% del salario promedio).”

                                          -0-

       Se acordó: Aprobar la jubilación del señor Luis Roberto Paniagua Sancho,

cédula de identidad Nº 1-259-358, conforme al Transitorio XIII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, por cuanto al 1° de enero de 1994, fecha en que entró en vigencia la

citada Ley, don Luis contaba con 55 años de edad, cuya asignación mensual será de

¢69.514.60 (sesenta y nueve mil quinientos catorce colones con sesenta céntimos),

equivalente al 67.79% del salario promedio, con las reservas de ley, a partir del 1° de

julio del año en curso.

       Se le agradecen los servicios prestados al Poder Judicial y de conformidad con

los artículos 1 y 3 del Reglamento respectivo, se le otorga un pergamino de mérito y

reconocimiento, que se le entregará oportunamente.
                                            51


                                     ARTICULO L

       Por haberse concedido la jubilación al señor Luis Roberto Paniagua Sancho,

cédula de identidad Nº 1-259-358, según consta en el artículo que antecede, y con

base en los informes elaborados por el Departamento de Personal, se dispone el

pago a su favor de la suma de ¢784.274.80 (setecientos ochenta y cuatro mil

doscientos setenta y cuatro colones con ochenta céntimos), por concepto de auxilio

de cesantía; y ¢50.651.10 (cincuenta mil seiscientos cincuenta y un colones con diez

céntimos), por concepto de vacaciones proporcionales.

       El interesado firmará en el Departamento Financiero Contable la factura

correspondiente para el pago respectivo.

VALORACIONES MEDICAS

                                     ARTICULO LI

       En sesión del 7 de mayo último, artículo XCIII, con base en las razones que allí

se expusieron, se remitió a valoración del Departamento de Medicina Legal al señor

Gerardo Morera Castro, Secretario de la Oficina de Defensores Públicos de San

Carlos, para determinar su estado actual de salud.

       En oficio N° 96-418 de 10 de este mes, la Dra. Mayra Rodríguez Calvo, Médico

Psiquiatra Asistente, con el visto bueno del Dr. Wagner Rodríguez Camacho, Jefe del

Departamento de Medicina Legal, se refiere al citado acuerdo, por lo que al respecto

rinde el informe que en lo que interesa literalmente dice:

        “CONCLUSION

             Como resultado global de la evaluación realizada, se encuentra
        que el señor GERARDO MORERA CASTRO, ha tenido problemas de
        alcoholismo que se han agravado en los últimos años y por los que
        ha tenido un internamiento el año anterior y otro este año, además de
        que se encuentra en un grupo de consejería de pares (A y A).
                                            52


             En este momento y desde el punto de vista médicolegal no se
        encuentra incapacitado de manera absoluta y permanente para sus
        labores habituales dentro del Poder Judicial.

              En base a lo manifestado por este servidor judicial, se
        recomienda un estudio de la carga de trabajo a nivel de la secretaría
        del despacho de Defensores Públicos de San Carlos.”

                                          -0-

       Se acordó: Tomar nota del anterior informe, ponerlo en conocimiento del

interesado y del Departamento de Planificación, para estudio e informe sobre la carga

de trabajo del puesto que ocupa el señor Morera.

                                    ARTICULO LII

       En sesión del 13 de mayo último, artículo LXIII, con base en las razones que

allí se expusieron, se remitió a valoración del Departamento de Medicina Legal a la

señora Luz María Esquivel Marín, Secretaria del Juzgado Quinto Penal de San José,

para determinar su estado actual de salud.

       En oficio N° J.D.M.L.96-421 de 11 de este mes, la Dra. Mayra Rodríguez

Calvo, Médico Psiquiatra Asistente, con el visto bueno del Dr. Wagner Rodríguez

Camacho, Jefe del Departamento de Medicina Legal, se refiere al citado acuerdo, por

lo que al respecto rinde el informe que en lo que interesa literalmente dice:

        “CONCLUSION

        Como resultado global de la evaluación realizada, se encontró que la
        servidora LUZ MARIA ESQUIVEL MARIN, ha venido desarrollando
        en los últimos años un cuadro depresivo por el cual recientemente ha
        iniciado control especializado, predominando en la misma un
        sentimiento de desmotivación hacia la labor que desempeña.

        Su cuadro depresivo es susceptible de mejoría con tratamiento y no
        la incapacita de manera absoluta y permanente para sus labores
        habituales.

        En cuanto a las situaciones que generan su insatisfacción laboral,
        responden más bien al hecho de que la misma ha llegado a un nivel
                                          53


        de saturación en el campo de su desempeño, en el cual no se
        encuentra apta para la formación de nuevos servidores, o para
        prevenir y/o corregir errores propios y ajenos.

        Tomando en cuenta la antigüedad y antecedentes de esta servidora,
        una reubicación no sería recomendable, por lo que se sugiere
        adoptar la medida administrativa que corresponda para evitar
        deteriorar la salud de la misma y ocasionar un mal desempeño en el
        despacho.”

                                        -0-

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y ponerlo conocimiento de la

interesada.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

                                  ARTICULO LIII

      El Dr. Wagner Rodríguez Camacho, Jefe del Departamento de Medina Legal

del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° J.D.M.L. 96-431 de esta fecha,

solicita se giren las instrucciones para que se cubran los costos de boletos aéreos y

estadía en Costa Rica de los Dres Luis Toribio Suárez y Teresita García Pérez,

conferencistas cubanos para las X Jornadas de Medicina Legal y el Primer Congreso

Centroamericano de Medicina Legal, quienes estarán en el país del 23 al 29 de julio

próximo, solicitud que fundamenta en el acuerdo tomado por este Consejo en sesión

del 2 de mayo último, artículo XXIV y el acuerdo tomado por la Corte Plena en la

sesión del 25 de noviembre de 1991, artículo XXXI.

      Se acordó: Acoger la anterior solicitud. Los Departamentos de Proveeduría y

Financiero Contable tomarán nota para lo de sus cargos.

                                  ARTICULO LIV

      El Lic. Marlon Schloterhausen Rojas, Secretario General del Organismo de

Investigación Judicial, en oficio N° 957-SEG-96 de 12 de los corrientes, por los
                                            54


motivos que indica solicita se le autorice a utilizar alguno de los espacios asignados al

Organismo en el sótano del edificio de la Plaza de la Justicia, por cuanto en la sesión

del 15 de febrero último, artículo LXXIX, se dispuso que no podía aparcar su vehículo

particular en el citado edificio.

       Se acordó:      Denegar la anterior solicitud y mantener lo resuelto por este

Consejo en la sesión del 15 de febrero del año en curso, artículo LXXIX, en que se

aprobó la asignación de espacios de estacionamiento del edificio de la Plaza de la

Justicia, en ejecución de lo resuelto por la Corte Plena.

INSPECCION JUDICIAL

                                    ARTICULO LV

       El señor José Francisco Ching Vargas, Secretario, comunica que el Tribunal de

la Inspección Judicial al resolver la queja N° 559-95, impuso al señor Edwin Calvo

Umaña, Prosecretario del Tribunal Superior de Trabajo, la corrección disciplinaria de

amonestación escrita, por el descuido o negligencia con que ha llevado el libro de

votos de ese Tribunal y además se dispuso poner los antecedentes en conocimiento

de este Consejo, para que si a bien se tiene se separe para el mejor servicio al señor

Calvo Umaña.

       Previamente a conocer el fondo de la queja de referencia, se acordó:

Conforme lo solicitó el señor Calvo, remitir     para su conocimiento las diligencias

respectivas a la Comisión de Relaciones Laborales.

DESPACHOS JUDICIALES

                                    ARTICULO LVI

       En sesión del 28 de marzo pasado, artículo LXXXIII, se dispuso trasladar a la

Sala Constitucional, para lo que corresponda, el memorial suscrito por el señor
                                            55


Máximo Calderón Gamarra, en que se refirió a los problemas que ha tenido con

algunos recursos de amparo que presentó y por lo cual solicitaba se le aclararan

ciertas dudas que tiene en relación a dichos recursos.

       El Magistrado Mora, Presidente de la Sala Constitucional, en nota de 10 de los

corrientes, se refirió a los recursos de amparo de que dio cuenta el señor Calderón

Gamarra.

       Se acordó: Tener por rendido el anterior informe, ponerlo en conocimiento del

interesado y archivar las diligencias.

                                    ARTICULO LVII

       En la sesión del 13 de mayo último, artículo XLVII, se dispuso solicitar informe

al Lic. Carlos Alberto Guillén Contreras, Alcalde de Nicoya, para que manifestara lo

que a bien tuviera, respecto de la copia de la nota del Lic. Eddy Herrera Chaves,

Alcalde interino de Nicoya, sobre la cantidad de asuntos para fallo que encontró luego

de que tomó posesión del mencionado cargo, del 29 de abril al 17 de mayo del año

en curso.

       El Lic. Guillén Contreras, en facsímil de 5 de junio en curso, rindió el informe

solicitado en la citada sesión.

       Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y solicitar al Lic. Guillén

Contreras el mayor empeño para disminuir el circulante de la Alcaldía de Nicoya, ya

que cuando se desempeñó en la Alcaldía de Tránsito de Heredia ocurrió una

situación similar.

                                   ARTICULO LVIII

       El Lic. Carlos Maurilio López Lizano, Alcalde de Santa Ana, en escrito de 10 de

los corrientes, por los motivos que indica, solicita la intervención de este Consejo para
                                            56


que ese despacho cuente con dos plazas extraordinarias, una de prosecretario y otra

de escribiente.

       Se acordó: Denegar la anterior solicitud, con base en los estudios que

recientemente se han hecho en la Alcaldía de Santa Ana.

                                   ARTICULO LIX

       Las Licdas Sonia Ferrero Aymerich, Elvia Elena Vargas Rodríguez, Susana

Castro Alpízar, Cristina Víquez Cerdas, Rose Mary Chambers Rivas y Miriam Alvarez

Ross; la Dra Anabelle León Feoli y los Licdos Ernesto Jinesta Lobo y Roberto

Gutiérrez Freer, Juezas y Jueces del Tribunal Superior Contencioso Administrativo y

Civil de Hacienda, en nota de 12 de los corrientes, por los motivos que indican

solicitan se les defina la situación real e inmediata de ese Tribunal, una vez que sea

trasladado al Edificio de los Tribunales de Goicoechea.

       Se acordó: Comunicar a los gestionantes que el informe respectivo está en

este momento en estudio por parte de la Comisión que se ha conformado al efecto y

se ha dado audiencia a las Asociaciones de empleados judiciales, tal y como lo

acordó la Corte Plena en sesión celebrada el 22 de enero de 1996, artículo XXVIII,

por lo que si es de su interés pueden enviar las observaciones que consideren

necesarias a la Secretaría General de la Corte.

                                   ARTICULO LX

       En sesión del 29 de febrero último, artículo XCVI, se dispuso que el Lic.

Modesto Mendoza Moraga, Alcalde de Abangares, propusiera el nombre de dos

médicos del lugar, para poder realizar el nombramiento de un médico forense por el

sistema de honorarios para esa localidad.

       El Lic. Mendoza Moraga en oficio N° 8-96 de 4 de este mes, comunica que no
                                           57


puede enviar o proponer el nombre de dos médicos, por cuanto en ese lugar

únicamente existen los médicos de la Clínica que laboran al servicio de la Caja

Costarricense del Seguro Social y ninguno de ellos estuvo anuente en aceptar el

citado cargo, por lo que solicita que se resuelva lo que corresponda.

       Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y ponerla en conocimiento

del Dr. Wagner Rodríguez Camacho, Jefe del Departamento de Medicina Legal del

Organismo de Investigación Judicial, para procurar una solución al nombramiento de

un médico por el sistema de honorarios para la localidad de Abangares.

                                   ARTICULO LXI

       La Licda María de los Angeles Arana Rojas, Jueza Sexta de Instrucción de San

José, en escrito de 11 de los corrientes, por los motivos que indica, solicita se nombre

un Juez más en ese Juzgado.

       Se acordó: Trasladar la anterior solicitud al Presidente, para que analice la

posibilidad de que se ubique un Alcalde Supernumerario en funciones de Juez en

dicho despacho.

                                   ARTICULO LXII

       La señorita Katherine Palavicini, Secretaria interina de la Comisión de

Construcciones, en oficio N° 34-CC-96 de 11 de los corrientes, transcribe el acuerdo

tomado por esa Comisión, en la sesión del 16 de mayo último, que literalmente dice:



                                      "ARTICULO XXI

        La firma asesora Consultécnica S. A., presenta nota fechada 26 de
        abril del presente año, mediante la cual somete a consideración el
        detalle de obras extra y créditos ejecutados o en proceso de
        ejecución, de la construcción de los Tribunales de Justicia en
        Goicoechea, el cual se transcribe a continuación:
                                               58




                                    RESUMEN DE CREDITOS/EXTRAS


     DESCRIPCION                                             COSTO (C/)       COSTO ($) NOTAS


1    Ascensor adicional                                      0,00             -24.116,97   Exonerado
2    Crédito por eliminación del repello en paredes y        2.233.149,00
     columnas del sótano
3    Crédito por cambio en el tipo de piso de terrazo por    2.124.989,54                  Exonerado
     gres
4    Crédito por cambio en el piso de las gradas de emerg.   1.659.095,10
     a concreto lavado
5    Crédito por cambio en el detalle y piso de las          108.755,79                    Exonerado
     escaleras/descansos
6    Acero adicional en cargador del muro tipo 15, eje 6     -225.367,00
7    Muros de concreto bajo el sótano en paredes de los      -148.615,00
     ascensores
8    Crédito por cambio en paredes internas en los ductos    561.981,00
     de los ascensores
9    Crédito por multas por concretos defectuosos,           3.419.932,89
     revisados y reparados
10   Enchape de mármol adicional en zona de ascensores       -707.635,00
11   Demolición de buques de entradas de emergencia          -63.164,00
     para ampliar a 1.20m
12   Aumento en tamaño y profundización de cajas de          -366.121,00
     registro de A. N.
13   Profundización de cajas de registro pluvial             -575.156,00
14   Crédito por no colocación de grava                      1.367.465,00                  Cambiado
                                                                                           por lastre
15   Caja de registro para bomba contra incendio.            -199.590,00
16   Crédito por eliminación de parasoles de concreto en     28.808.951,00
     fachadas largas
17   Parasoles de aluminio anonizado en las fachadas         -17.472.971,00
     principal y posterior

18   Crédito por eliminación de stereofoam/tubo
18   ind./pintura asociada a la en las fachadas
     remoción de los parasoles                         134.065,00
     principal y posterior
19   Crédito por cambio de cielos de fibrolit          10.860.485,00
     calibrado en 8mm por gypsum
20   Crédito por Reducción en vol. de vigas            150.519,00
     cargadores en ventanas de sótano
21   Acera en salida de ascensores y escaleras a       -108.284,00
     nivel del sótano
22   Descargas pluviales hacia pozos de registro       -547.155,00
     existentes
23   Caja de registro para evacuación de aceite        -215.576,00                         Requerido
     en cuarto transformadores                                                             Min.Salud
24   Base del tanque de combustible                    -51.933,00
25   Mueble adicional en el comedor                    -82.800,00
                                            59


26   Cambio de bloques por reja con tubo              -669.754,00
     cuadrado en ventanas de sótano
27   Caseta de guardas en la entrada al sótano        -1.014.471,70
     del, costado noroeste
28   Cuarto de reconocimiento en oficina de           -310.391,00
     custodios
29   Obras civiles para el sistema de ventilación     -126.945,00
     en área de cárceles, sótano
30   Descanso y escalera de acceso al tribunal        -257.446,00
     nocturno
31   Estacionamiento adicionales en costado           -289.185,00
     noroeste (3)
32   Modificaciones en el área de cárceles,           -843.795,00
     incluyendo SS y ducha
33   Cerramiento de área de guardas y bodega          -1.034.403,00
     bajo escalera princ., sótano
34   Colocación de viga y columna bajo el             -773.140,00
     vestíbulo principal
35   Bloque ornamental en bóveda de                   -41.693,00
     transformadores
36   Banquina en pasillos de escaleras de             -557.156,00
     emergencia
37   Demolición/reparación de caja de válvulas y      -198.571,00
     arqueta, costado sureste

38   Cambio en alimentación de                        -7.809.307,00               Fluxóme-
     inodoros/mingitorios púb. y de empleados                                     tros
                                                                                  colocados
39   Portón del pasillo de sala de vistas             -175.000,00
40   Cierra puertas adicionales y gavinete de         -1.811.354,00
     llaves
41   Puertas metálicas con cerradura de pánico        -697.062,00
     en escalera de emergencia
42   Crédito por braso electr. de control de          369.800,00
     vehículos en acceso del noreste
43   Crédito por modificación en la altura de la
     baranda de escalera de
     de emergencia y cambio de pasamanos de           385.906,00
     aluminio a HG
44   Arqueta telef. y arqueta de alta tensión en el   -212.750,00
     costado noreste
45   Redistribución general del vestíbulo de
     entrada principal, mueble,
     cielos, cubiertas de techo, reubicación          -6.131.746,00
     puertas, cubierta de techo, etc.
46   Detector de metales adicional en juzgado         -66.274,34      -6.683,59   Pendiente
     nocturno.                                                                    acreditar
                                                                                  exonerac.
47   Colocación de cámara de video adicional en -87.053,48            -1.346,48   Pendiente
     nivel 1                                                                     acreditar
                                            60


                                                                                 exonerac.
48   Colocación de parlantes adicionales en nivel -156.730,79        -603,68     Pendiente
     1.                                                                         acreditar
                                                                                 exonerac.
49   Ampliación del sistema de alarmas de           -3.178.668,78    -6.243,72   Pendiente
     asalto.                                                                     acreditar
                                                                                 exonerac.
50   Cambios en la iluminación del sótano y         -893.734,06
     caseta de guardas
51   Cambio tomacorrientes/teléfonos/control        -327.604,77
     portón y caseta guardas
52   Cambio en alarmas de incendio del sótano.      -62.666,24
53   Cambios en iluminación del nivel 1.           -833.399,15

54   Cambio en tomacorrientes y teléfonos del       -395.107,80
     nivel 1
55   Cambio en iluminación del nivel 2.            -529.243,60
56   Cambios en tomacorrientes y teléfonos del      -595.534,20
     nivel 2.
57   Cambios en sistema de video del nivel 2.      -17.914,55
58   Cambios en iluminación del nivel 4.           -224.138,47
59   Cambios en tomacorrientes del nivel 4.        -416.228,08
60   Cambios en iluminación del nivel 7 y caseta   -392.529,78
     de ascensores
61   Tomacorrientes y teléfonos del nivel 7 y      -85.680,26
     caseta de ascensores
62   Cambios en sistema eléctrico por cambio en     -1.503.493,63
     sistema unifilar
63   Sistema de cómputo general.                    -16.753.691,40
64   Secamanos en S. S. públicos.                   -1.966.346,85                Pendiente
                                                                                 acreditar
                                                                                 exonerac.
65   Alimentación eléctrica del nuevo sistema de    -3.243.499,02
     extracción
66   Cambios en de alarmas c/incendio p/cambio      -420.577,55
     ubicación de área de seguridad
67   Cambios en de alarmas c/asalto p/cambio        -51.179,57
     ubicación de área de seguridad
68   Cambio en Sist. de sonido p/cambio en          -234.875,44
     ubicación de área de seguridad
69   Cambio en Sist. de Tv p/cambio en ubicación    -483.919,43
     de área de seguridad
70   Instalación de red telefónica para 200 pares   -544.341,00                  Se amplió
     primarios                                                                   de 100
                                                                                 pares
71   Instalación de tubería de PVC para             -253.373,77
     acometida telefónica
72   Cambio en la inst. eléc. por cambio en la      -68.083,04
     ubicación de bomba c/incendio
73   Canasta para acomodo de acometida              -134.195,19
                                           61


     telefónica
74   Cambios en tomacorrientes del segundo      -179.455,04
     nivel. ejes 4-6/F-G
75   Cambios en el sist. de cómputo del segundo -31.976,60
     nivel. ejes 4-6/F-G

76   Cambios en iluminación del tercer nivel, ejes   -96.879,43
     6-7/E-F
77   Cambios en tomacorrientes del tercer nivel,     -46.833,89
     ejes 6-7/E-F
78   Cambios en el sit. de cómputo del tercer        -56.920,38
     nivel, ejes 6-7/E-F
79   Colocación de cuatro lámparas de                -127.521,51
     iluminación en fachada
80   Cambio de lámparas exteriores mod. 2100         -201.825,67
     por 1031 de Sylvania
81   Crédito por cambio en iluminación del           78.633,34
     segundo nivel
82   Cambio en tubería de aguas negras en            -1.069.857,87
     sótano y caseta de guardas
83   Cambio en tubería de agua potable en            -165.008,80
     sótano y caseta de guardas
84   Cambio en tubería de agua potable en nivel      -884.139,71
     1.
85   Cambio en tubería de agua potable en nivel      -679.809,02
     2.
86   Cambio en tubería de agua potable en nivel      -469.708,38
     3.
87   Cambio en tubería de aguas negras y             -338.676,39
     ventilación en nivel 4
88   Cambio en tubería de agua potable en nivel      -473.530,20
89   Cambio en tubería de aguas negras y
     4.                                             -289.379,56
90   Cambio en en nivel 5
     ventilación tubería de agua potable en nivel    -460.538,65
     5.
91   Cambio en tubería de aguas negras y             -100.610,63
     ventilación en nivel 6
92   Cambio en tubería de aguas negras y             -842.045,17
     ventilación en nivel 7
93   Cambio en tubería de agua potable en nivel      -160.092,20
     7.
94   Crédito por cambio en tuberías de aguas         77.886,94
     negras y vent. en nivel 1
95   Ampliación del sistema de ventilación y A/C.    -13.628.318,92   -
                                                                      43.691,84
96   Ampliación del juzgado civil y de hacienda      -3.995.145,00
97   Redistribución de juzgado instrucción           -5.947.354,00
     noct./alcaldía faltas/contrav.
98   Reubicación alcaldía de tránsito/faltas-        -9.908.593,00
     contrav./pen. aliment./civil
                                            62


99    Reubic. de juzgados laboral/civil/penal/cont.    -17.431.116,00
      adm./fam./tesor/y of. fisc.
100   Cambios en distribución del nivel 4             -17.093.196,00
101   Cambios en distribución del nivel 7             -2.145.169,00
102   Crédito por cambios en el tipo de particiones    675.333,00
      livianas
103   Crédito por impuestos de Butacas                 4.341.414,00
104   Credito por impuestos de Mármol                  5.782.889,60
105   Credito por impuesto de cerámica de piso y       6.707.562,15
      enchape de S.S.
106   Estudio y servicio del ICE para red telefónica   -544.341,00
107   Crédito por piso Gres 5 nivel                   1.957.144,00
108   Crédito por cambio en el tipo de cerámica de     566.720,00                    Se
      servicios sanitarios                                                           unificó
                                                                                     enchape
                                                                                     y piso
109 Divisiones y puertas de proveeduría, taller y      -3.665.766,91
    archivo en sótano
110 Cambio en ventanería frontal central y             -1.307.722,50
    posterior central
111 Gradas y cerramiento de terraza central            -1.499.384,38
    posterior
112 Crédito por cambio de hidrantes en aceras          371.605,60                    Solicitada
                                                                                     por INS
113 Extra/Crédito por cambio de bombas contra          -416.677,35      4.178,88
    incendio
114 Cambio en bombas del sistema de aguas              0,00             -3.570,58
    freáticas
115 Drenajes de piso adicionales en celdas de          -345.893,38
    sótano
116 Bajantes adicionales en sistema pluvial            -388.762,73
117 Cambio en ubicación de gabinete de                 -76.910,09
    incendio en 4 nivel
118 Crédito por eliminación de 12 lámparas de          154.205,43
    tubo F-40
119 Cámaras adicionales en el exterior, con            -332.254,53      -21.890,99
    barrido horizontal/vertical
120 Registro adicionales para válvulas y               -627.969,00
    dampers
    TOTAL                                              -90.769.515,44 -
                                                                      103.968,97
      (Valores negativos = extras)


        Al analizar la lista anterior, el Magistrado Mora Mora indica que no
        recuerda haber aprobado la solicitud de secamanos como una extra.

        Esta Comisión, consciente de las necesidades que presenta el
        edificio de Tribunales de Goicoechea, ACUERDA: Aprobar las
        extras detalladas anteriormente, con el voto salvado del Magistrado
                                          63


        Mora Mora en la salvedad que se señaló anteriormente, y solicitar al
        Consejo Superior la autorización respectiva."

                                         -0-

      Se acordó: Aprobar el pago de las obras extra de que se dio cuenta y que la

Dirección Ejecutiva realice los trámites que correspondan, para darle contenido

presupuestario a las obras indicadas.

                                    ARTICULO LXIII

      En nota de 3 de los corrientes, la Licda Leyla Lozano Chang y el Sr. Carlos A.

Aguilar Vargas, por su orden, Jueza y Secretario del Juzgado Segundo Civil y de

Trabajo de Heredia, manifestaron:

        “Un atento saludo y sirva la presente para                manifestar
        respetuosamente y con suma preocupación lo siguiente:

        En fecha primero de junio del año en curso, con autorización del
        guarda del edificio y empleando la llave correspondiente de
        emergencias, se permitió el ingreso de terceros al Juzgado Segundo
        Civil de Heredia sin tener siquiera conocimiento ni el personal de la
        oficina como tampoco la suscrita Jueza, que se sabe inclusive debe
        contarse con la autorización bien del secretario o de la señora jueza
        para ingresar no sólo por respeto sino además por la responsabilidad
        que ello conlleva y que en la eventualidad se pueda atribuir por
        pérdida de algún expediente, equipo, etc. El ingreso se dio
        aparentemente para realizar un boquete en la oficina de la señora
        Jueza para efectos de construcción, lo que determinó el ingreso a
        todo el Juzgado. De nuestra parte existe la mejor disposición para
        apoyar la nueva construcción, pero es nuestro sentir que ante la
        responsabilidad que nos atañe por el cargo que con mucho celo
        resguardamos, en situaciones como la presentada, debe tenerse
        cuidado y observarse el procedimiento para autorizar el ingreso a una
        oficina judicial.”
                                          -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación.

                                    ARTICULO LXIV

      En nota de 4 de los corrientes, la Licda Ileana García Arroyo, Secretaria del

Tribunal Superior de Cartago, comunica que el día 4 de los corrientes ha integrado el
                                            64


Tribunal Lic. el Alexis Fernández Zelada junto con la Licda Carmen Blanco Meléndez

y el Lic. Marcos Duarte Gamboa, en la causa N° 136-95-M seguida contra Francisco

Campos Quirós y otros, por el delito de violación agravada en daño de Alba Campos

Zúñiga y la cual continuará el día 13 de junio en curso, a las 9:00 horas.

       Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

ASUNTOS VARIOS

                                   ARTICULO LXV

       El Lic. Ulises Rodríguez Murillo, en facsímil de 7 de los corrientes, solicita se

autorice al notificador del circuito judicial de Guápiles para que incluya dentro del

citado perímetro su oficina que se encuentra de calle por medio, en el Edificio de

Coopetranscal R.L., diagonal al vértice donde convergen la carretera nacional que va

a Limón y la calle a la Emilia, punto o esquina donde termina el perímeto judicial, para

lo cual el notificador tendría únicamente que atravesar la carretera para llegar a su

oficina.

       Se acordó:    Acoger la anterior solicitud, de manera que el perímetro para

notificaciones comprenderá los dos lados de la carretera. Póngase lo anterior en

conocimiento de todas las oficinas judiciales de Pococí. El Tribunal de la Inspección

Judicial tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTICULO LXVI

       La Licda Mayela Pérez Delgado, en nota de 7 de los corrientes, manifiesta que

estuvo nombrada como Agente Fiscal en la Agencia Tercera Fiscal de San José el

día 29 de mayo anterior, y que en esa fecha el debate señalado dentro de la causa N°

354-94 en el Juzgado Tercero Penal de esta ciudad, por falta de prueba testimonial

fue suspendido, y la continuación fue fijada para los días 4 y 5 de este mes, y por
                                             65


estar sin nombramiento en esas fechas, solicita el pago del tiempo que dispuso para

asistir al debate.

       Se acordó: Acoger la anterior solicitud y trasladar la gestión al Departamento

de Personal, para su estudio e informe.

                                    ARTICULO LXVII

       El señor Carlos Enrique Badilla Sánchez, interno del Centro Penitenciario La

Reforma, en escrito recibido el 10 de los corrientes, dirigido al Presidente, Magistrado

Cervantes, le expuso la situación legal que según indica le afecta, “dada la

arbitrariedad manifestada por sus juzgadores, en dos juicios independientes en el sui

generis calificativo (sic), relativos en su conexión de testigos e imputado como

también en los vicios procesales, violación administrativa de justicia que a su criterio

no puede ni debe quedar omisa, por lo que pide la intervención respectiva.”

       Los juicios a que se refiere el señor Badilla, según su escrito se tramitaron en

el Tribunal Superior Segundo Penal, Sección Tercera, en que por sentencia N° 65-93

se le impuso la pena de 3 años y 6 meses por el delito de falsificación y estafa; y en el

Tribunal Superior de Puntarenas en sentencia N° 94-94 se le condenó a 18 años de

prisión por el delito de tráfico internacional de cocaína.

       Solicita la intervención mediante un acto conciliatorio de las partes antes de

tomar medidas legales ante los Organismos Internacionales, además manifiesta que

promovió recurso de revisión ante la Sala Tercera y que ha reclamado justicia ante los

medios de prensa.

       Reiteradamente se ha resuelto que de acuerdo con nuestro ordenamiento

jurídico y por la independencia de los jueces, la Corte o su Presidente, ni este

Consejo pueden, ni deben intervenir en los asuntos que conocen los tribunales, pues
                                            66


sus resoluciones sólo pueden ser examinadas en virtud del recurso que la ley

expresamente establezca y por el superior jurisdiccional que también expresamente

señale, por lo que en gestiones como la anterior se limitan a tomar nota y sin

pronunciamiento alguno, a remitirla al tribunal que conoce del asunto para lo que

corresponda (entre otras, sesión de Corte Plena del 12 de abril de 1993, Artículo

XLVI).

         En consecuencia, envíese copia al Tribunal Superior Segundo Penal de San

José, al Tribunal Superior de Puntarenas y el escrito indicado a la Sala Tercera, para

lo que corresponda.-

         Infórmese así al gestionante en la dirección señalada.

                                    ARTICULO LXVIII

         En sesión del 29 de febrero del año en curso, artículo XCVI, y con base en el

oficio N° MAEM-UCR-8-96 de 19 de ese mes, suscrito por la Dra. Montserrat Sagot

R., Directora del Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer de la Universidad de

Costa Rica, se acordó que el Departamento de Planificación facilitara a la Dra. Sagot

el anuario estadístico del año anterior y que en todo caso puedan consultar los datos

correspondientes en el citado Departamento.

         La Dra. Sagot en oficio N° MAEM-UCR-049-96, de 10 de los corrientes,

manifiesta:

          “En relación con nuestra solicitud para consultar los expedientes de
          las mujeres asesinadas durante la década de los años 90 como parte
          de la investigación sobre Femicidio en Costa Rica y como addendum
          al oficio MAEM-UCR-08-96, le comunico los nombres de las
          personas que se encargarían de la revisión de dichos expedientes:

                                 Ana Carcedo Cabañas
                                 Montserrat Sagot Rodríguez
                                 Sindy González Alvarez
                                 Inmaculada Barcia Barcia
                                             67


                                Valery Kilfoil”.

                                           -0-

       Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación, autorizar el estudio de los

expedientes por las personas indicadas, en el entendido de que el uso que hagan de

la información que llega a su conocimiento será bajo su exclusiva responsabilidad, y

que mientras se realiza el estudio deberán ajustarse a las normas que rigen la

prestación del servicio en el Poder Judicial.

                                    ARTICULO LXIX

       El señor Iván Sáenz Jiménez, Prosecretario de la Acaldía de Tránsito de

Goicoechea, en nota de 10 de este mes, manifiesta que desde el 27 de mayo último

se encuentra incapacitado para el trabajo y que a la fecha se encuentra en perfecto

estado de salud y además le han hecho propuestas laborales en otros despachos,

propuestas que no sólo significan mayores ingresos económicos, sino lo más

importante conocer otras materias, por lo que solicita se deje sin efecto la incapacidad

a partir del día 12 de los corrientes, fecha en la cual inicia funciones en el Juzgado

Segundo Penal de San José, concluye el señor Sáenz que igualmente planteó la

solicitud ante la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Personal.

       Se dispuso:Tomar nota de las anteriores manifestaciones del señor Sáenz.

                                    ARTICULO LXX

       Varios profesionales de la Secretaría Técnica de Adopciones del Patronato

Nacional de la Infancia ubicado en esta ciudad, en oficio N° STA-347-96 de 4 del mes

en curso, en lo que interesa manifestaron:

             “...Nuestra petición concretamente se dirige a que se de
        cumplimiento a la normativa existente en materia de declaratoria de
        abandono judicial y adopción, según los plazos establecidos en el
        código de familia, y en el código procesal civil.
                                    68



      Lo anterior, por cuanto es una práctica cotidiana el
incumplimiento de dichos plazos, hecho que sin lugar a duda esta
afectando en forma directa la vida de muchos niños (as), que
dependen de una resolución judicial, para definir el destino de sus
vidas, sea esto con la familia de origen, con una familia adoptiva o
bien en un albergue permanente, o en un hogar de acogimiento
familiar, u otra instancia que le permita sentir que es deseado en el
afecto, que echara raices ahí, que lograra estabilidad y seguridad,
que será protegido, estimulado, y en fin que lograra el desarrollo de
todo su potencial, y se le ofrecerán las condiciones necesarias para
lograr su felicidad.

      A raíz del voto 2014 de mayo de 1993 ese despacho ha vivido
junto con los niños (as) que atendemos, largos períodos de espera,
en hogares u albergues transitorios, que con el pasar del tiempo
seconvirtieron confusamente para ellos en lugares de estancia
permanentes, pero siempre con la esperanza e ilusión de una familia
que los albergará en su hogar con el deseo de ser un hijo amado y
respetado.

      El daño que se produce en cada niño (a) por lo vivido en su
historia personal, así como el tiempo de indefinición y tránsito,
agrega al hecho un período de mayor confusión y malestar en ellos.

     Hablar de espera, implica para nuestros niños (as) la
imposibilidad de establecer lazos de confianza por el miedo de
perderlos, aunque en el fondo su deseo es irse con una familia en
forma definitiva.

      Nuestros profesionales en las áreas de trabajo social, psicología
y legal, diariamente se acercan a los juzgados de familia de San
José, con el afán de apoyar a estos niños (as), y atraviesan,
exponiendo sus características y necesidades, buscando con ello el
que no se demoren o incumplan los plazos establecidos, a fin de
definir rápidamente su situación legal, que por ende favorecerá su
estabilidad emocional.

      No obstante, la apertura ha esta iniciativa se ha visto limitada en
el despacho judicial por razones como volumen de trabajo, agenda
judicial y otras consideraciones que no enumero pues podrían ser
considerados como juicios de valor, pero lo cierto es que el niño en
abandono no ha sido la prioridad en la atención judicial, quedando en
el discurso teórico lo establecido en la Convención de los Derechos
de las niñas (os).

       Señores Consejo Superior Judicial, el interés que nos mueve a
insistir en esta situación es lograr el bienestar de los niños (as), ruego
                                           69


        que ustedes posibiliten un espacio para el análisis de lo que a
        posterior presentamos e investiguen que deben hacer los Juzgados
        de Familia y que debemos hacer nosotros para agilizar y resolver lo
        que corresponde en la situación particular de cada niño (a), que se
        detalla en este documento.

              Estamos abiertos a la discusión, a reconocer y corregir
        debilidades, a trabajar conjuntamente para que haya una pronta y
        cumplida justicia en cada caso de los niños que atendemos y que
        vendrían en un futuro a somerterse a un proceso de declaratoria de
        abandono. Que Dios los ilumine...”

                                         -0-

      Se acordó: Tener por presentado el anterior escrito y comisionar al Lic.

Villalobos para que se comunique con las señoras Juezas de Familia de San José, y

converse sobre ese asunto, del cual ya se han conocido otras gestiones, para obtener

su solución.

                                   ARTICULO LXXI

      En sesión del 18 de abril último, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

        “ARTICULO XXX En nota de 15 de los corrientes, el Lic. Carlos
        Alberto Chaves Solera, Juez Segundo de Instrucción de San José,
        manifestó:
        “El día 15 de abril de 1996, sin previo aviso, el señor Actuario de este
        Despacho, Lic. Edgar Castrillo Brenes, se hizo presente a las
        instalaciones de Reclusión Penal de San Sebastián y La Reforma,
        con la finalidad de determinar el debido cumplimiento de los
        reglamentos penitenciarios, y corroborar el trato y atención que
        reciben los internos que se encuentran a mi orden.

        Se procedió a dialogar en San Sebastián con los internos Luis A.
        Ramírez Sequeira, Andrey Valerín Villalobos, Pedro Arcia
        Matamoros, Luis Guillén Kit, Carlos A. Pérez Miranda, Roberto
        Barrantes Vidal, Yornny Aguilar Vargas y Alexander Quesada
        Cercone; y en La Reforma con Juan Carlos Rivas Badilla, quienes
        manifestaron no tener ninguna queja respecto al trato que reciben en
        los penales; todos señalan que la comida es buena, no así el servicio
        médico e higiénico. La mayoría de internos se queja de que ya no
        tienen contacto con sus abogados defensores públicos, ya que ellos
        no llegan a visitarlos y el contacto telefónico es difícil.

        Por otra lado, informa el señor Actuario que las instalaciones físicas
                                            70


        son buenas; empero hay una sobrepoblación de reos.
        No omito manifestar que el problema señalado con los Defensores
        Públicos será puesto en conocimiento del señor Jefe de dicha oficina.
        En cuanto al problema de la sobrepoblación de internos no compete
        a esta autoridad su solución.”

        En copia de oficio N°77-96 de 17 de los corrientes, la Licda Marta
        Muñóz Cascante, Jefa interina del Departamento de Defensores
        Públicos, con vista de la anterior comunicación, solicita al Lic. Carlos
        Alberto Chaves Solera, Juez Segundo de Instrucción de San José, el
        nombre de los internos que señalaron que sus defensores no los
        visitan a fin de corroborar si tal situación es cierta.

        Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y ponerlo en
        conocimiento de la señora Ministra de Justicia, de la Dirección de
        Adaptación Social y del Departamento de Defensores Públicos, para
        lo que en cada caso corresponda”.

                                          -0-

       La Licda Mónica Blanco Valverde, Ministra de Justicia interina en nota de 16 de

los corrientes, manifestó:

               “Atenta acuso recibo de su oficio N° 164-SP-96 de fecha 29 de
        abril de 1996, mediante el cual transcribe el artículo XXX, tomado por
        el Consejo Superior en sesión celebrada el 18 de abril de 1996,
        aprovecho para referirme a los dos aspectos señalados por los
        privados de libertad, que resultan de nuestra competencia.

               En primer término, efectivamente debemos reconocer que la
        salud y la higiene no son áreas que podamos darnos por satisfechos
        por los resultados que se obtienen, si bien es cierto que contamos
        con personal médico propio, así como un convenio con la Caja
        Costarricense de Seguro Social para cubrir esta necesidad, lo real es
        que no se logran óptimas condiciones de atención, por cuanto la
        demanda supera nuestros recursos disponibles, por ejemplo, una
        buena atención primaria de parte de alguno de nuestros médicos
        generales, pierde efectividad cuando la cita a especialista a que
        refiere el primero, se pierde por falta de transporte adecuado; en
        otras ocasiones la falta de equipo quirúrgico adecuado, obliga a
        referir a los privados de libertad a hospitales o clínicas, con el fin de
        recibir una atención que pudo ser brindada en el mismo centro
        penitenciario.

               Como se observa, se cuenta con recursos destinados a la
        atención de los problemas sanitarios, no obstante nuestra capacidad
        logística ha sido rebasada por el fenómeno señalado dentro del
                                          71


        informe del Licenciado Castrillo, y que se considera como el segundo
        aspecto de nuestra competencia, me refiero a la sobre-población
        penitenciaria.

               El sobre-población penitenciaria no es un fenómeno reciente,
        podemos afirmar que es un problema que nos ha acompañado a
        través de nuestra historia penitenciaria, presentándose cada vez que
        la construcción de infraestructura carcelaria se queda rezagada ante
        el crecimiento de la población. No obstante se debe reconocer con
        tristeza que la última crisis de este tipo es la que enfrentamos hoy
        día, y que se iniciara desde el año de 1982, cuando se inauguró la
        útima edificación penintenciaria cerrrada, concretamente el Centro de
        Atención Institucional de San Ramón, para esa misma época el
        Centro de Atención Institucional de San José ya presentaba una
        sobre-población de más de 150 privados de libertad.

              Nuestra mayor preocupación en este momento, es el atraso que
        enfrentamos en la construcción de edificaciones carcelarias, que
        permitan poder solventar la sobrepoblación penitenciaria, y para ello
        esperamos se cumplan los compromisos de dotarnos de recursos
        presupuestarios con los cuales se puedan construir cárceles. En
        tanto llegan estos recursos, se ha puesto en marcha un plan de
        contingencia dentro del Sistema Penitenciario, que permita aminorar
        el impacto deteriorante de las condiciones propias de la sobre-
        población”.

                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y ponerla en conocimiento

del Lic. Carlos Alberto Chaves Solera, Juez Segundo de Instrucción de San José

                                  ARTICULO LXXII

      La Licda Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional

para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, en oficio N° 180-CNMAJ-96 de

10 de los corrientes, solicita la anuencia para que con fondos asignados por el Poder

Judicial a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia,

partida 290 “Artículos gastos para recepción”, se pueda realizar el “Acto Oficial de

entrega del Directorio de Servicios del Sector Justicia al Presidente de la Corte

Suprema de Justicia”.
                                           72


       Este evento se llevará a cabo el próximo 21 de los corrientes, a las 9:00 a.m.

en el Salón de Expresidentes.

       Se acordó: Acoger la anterior solicitud. El Departamento Financiero Contable

tomará nota para lo de su cargo.

                                   ARTICULO LXXIII

       En escrito recibido el 10 de los corrientes, la señora María Campos Arias,

vecina de Aguirre y Parrita, denuncia las constantes amenazas           que realiza un

hombre de su comunidad, quien dice ser sobrino de Doña Violeta Chamorro,

Presidenta de Nicaragua.

       Se acordó: Trasladar el anterior escrito a la Alcaldía de Aguirre y Parrita, para

su atención. Comuníquese al interesado.

                                   ARTICULO LXXIV

       En sesión del 16 de mayo del año en curso, se tomó el acuerdo que

literalmente dice:

        ARTICULO LXXIX: Los Licdos José Pablo González Montero y
        Sergio Valdelomar Fallas, de la Unidad de Delitos Ecológicos del
        Ministerio Público, en oficio N° 150-AFA-96 de 15 de los corrientes,
        en lo que interesa manifestaron:

        “...en el mes de marzo de este año, participamos en el Taller de
        Legislación Agraria y Ambiental que se celebró en Liberia,
        Guanacaste y en Granada, Nicaragua, en el que incluso se impartió
        una conferencia sobre el Delito Ecológico. A dicho curso fuimos
        invitados por el Magistrado Ricardo Zeledón, quién solicitó el permiso
        con goce de salario a través de la Escuela Judicial. Por concepto de
        ayuda económica para cubrir los gastos de pasaje, alimentación y
        hospedaje, se aprobó mediante acuerdo número XXI del mes de
        abril, de ese Consejo la suma de diez mil colones. Sin embargo por
        error no se incluyeron nuestros nombres en dicho acuerdo, lo que ha
        impedido que la Contaduría Judicial nos gire dichos montos.

        Por esta razón, les solicitamos respetuosamente se sirvan mediante
        acuerdo realizar un adendum al anterior acuerdo, en el que se
        incluyan nuestros nombres.”
                                         73



            Se acordó: Remitir copia de la anterior comunicación al
       Magistrado Zeledón, con atenta instancia de que informe lo que
       corresponda, para resolver de la gestión de los Licdos González
       Montero y Valdelomar Fallas.”

                                        -0-

      En nota de 10 de los corrientes, el Magistrado Zeledón, informa que en cuanto

a la participación de los Fiscales Ecológicos José Pablo González Montero y Sergio

Valdelomar Fallas, en el Seminario Taller sobre la Legislación Agraria y Ambiental

celebrado en Liberia y Granada, el Lic. Valdelomar estuvo presente en ambas

ciudades y el Lic. González solo estuvo presente en Granada al momento de dictar

una conferencia.

      Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y disponer el pago de las

sumas que correspondan a los Licdos González Montero y Valdelomar Fallas. El

Departamento Financiero Contable tomará nota para lo de su cargo.

                                ARTICULO LXXV

      En oficio N° CJ-94-96 de 20 de mayo último, el Lic. Benjamín Odio, Director

del Centro Regional de Desarrollo y Cooperación Jurídicos en América Central,

manifestó:

       “En seguimiento del programa de capacitación de CEDEJU y con el
       fin de mantenerlo informado del avance logrado, me es grato
       acompañarle la “Memoria del Primer Taller sobre Cooperación
       Judicial Internacional en Materia de Producción y Tráfico Ilícitos de
       Drogas; Lavado de Dinero y Activos y Delitos Conexos del Istmo
       Centroamericano”, dirigido a Jueces y Fiscales de la región, llevado a
       cabo en San Rafael del Sur, Nicaragua, del 11 al 15 de marzo del
       año en curso. Tal y como le participé en mi anterior comunicación, el
       segundo taller tendrá lugar en Costa Rica, del 13 al 17 de mayo
       próximo y nos concetraremos en los aspectos de procedimiento para
       la efectiva aplicación de las formas de asistencia judicial recíproca
       que propone la Convención de Viena de 1988. Tan pronto esté
       preparada la memoria respectiva se la haré llegar.
                                         74


       Como es de su conocimiento, paralelamente al programa de Jueces y
       Fiscales, estamos trabajando con un grupo de Legisladores
       Centroamericanos en la línea de “Armonización Legislativa” y por
       considerarlo también de su interés le envío la memoria del segundo
       taller, celebrado recientemente en Panamá, y que se centró en el
       tema de los delitos de lavado de dinero y activos producto del tráfico
       ilícito de drogas.

       Es mi deseo personal y del Comité Supervisor del Centro recibir las
       observaciones y recomendaciones que usted considere pertinentes,
       las cuales, sin duda, contribuirán a enriquecer y fortalecer nuestro
       plan de actividades y prestar así un mejor servicio a los países.

       Aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted mi gratitud el apoyo
       recibido, para que nuestro programa de capacitación alcance los
       objetivos propuestos.”
                                      -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior comunicación y trasladar las diligencias

respectivas a la Comisión de Asuntos Penales, con el ruego de su atención.

                                ARTICULO LXXVI

      En nota de 6 de los corrientes, el Lic. Eric Ospino Veana, manifestó:

       “Me llamo Eric Ospino Veana y me gradué como bachiller y como
       licenciado en Derecho en 1985 y 1987 respectivamente, en el
       Colegio Académico. Además, en agosto de 1987 me califiqué como
       Notario Público y me incorporé al Colegio de Abogados. Mi carné es
       el número 3770.

       La razón por la que escribo es la siguiente, en este momento me
       encuentro en Londres, Inglaterra, y recientemente me robaron un
       maletín conteniendo los originales de todos mis títulos académicos,
       desde la primaria hasta la universidad.

       En este momento estoy aplicando para un trabajo y por lo tanto
       necesito los originales de mis diplomas.

       Desde 1989 no resido en Costa Rica y no me es posible ir allá por lo
       que escribo para saber cómo puedo obtener mi diploma de Notario
       Público otorgado por la Corte Suprema de Justicia en Agosto de
       1987.”

                                        -0-

      Se acordó: Comunicar al Lic. Ospino Veana que deberá realizar la reposición
                                           75


del título que lo acredita como Notario Público ante la Universidad respectiva.

                                  ARTICULO LXXVII

       A solicitud de las personas que se dirán, y con base en la facultad del inciso

17) del artículo 13 de la Ley de Creación del Registro y Archivo Judiciales, se autorizó

al Jefe del Registro Judicial, para que extienda las siguientes certificaciones de

antecedentes penales:

       1.- Geovanny Hernández Muñóz, a su nombre para trámites de residencia en

Estados Unidos de América.

       2.- Daphne May Isaac Campbell, a su nombre para trámites de visa de

residencia en la ciudad de New York, Estados Unidos de América.

       3.- Luis de Jesús de Jesús y Damaris Caravaca Campos, a sus nombres para

residencia en Portugal.

                                 ARTICULO LXXVIII

       El Magistrado Montenegro, en su carácter de Vice-Presidente de la Corte en

nota de 12 de este mes, manifestó:

              “Con motivo de mi viaje a Japón, invitado por el gobierno de ese
        país, antes de partir el señor Embajador de ese gobierno, me ofreció
        una cena de despedida. Obviamente al regreso debí reciprocar esta
        atención e hice lo propio, ofreciéndole a nombre de la
        Vicepresidencia de la Corte una cena al indicado representante y al
        Asesor de la Embajada, a la cual asistimos además el Doctor Luis
        Paulino Mora y mi persona.
              En consideración a que la Corte había mostrado su anuencia a
        que yo pudiera disponer de alguna suma para cubrir esas atenciones,
        me permito remitirle con esta nota la factura correspondiente a esa
        cena, para que si fuese posible se me reintegrara el importe de ella, a
        cargo de la partida que usted estime pertinente”.

                                          -0-

       Se dispuso: Acoger la anterior solicitud y aprobar el pago al Magistrado

Montenegro de la factura N° 25749 del Restaurant Le Chandelier por la suma de
                                            76


¢34.706.25 (treinta y cuatro mil setecientos seis colones con veinticinco céntimos), la

cual se remitirá al Departamento Financiero Contable para el trámite respectivo.

                                   ARTICULO LXXIX

       El Lic. José Martí Avendaño Massey, Gerente General de Eficiencia

Empresarial S.A., en facsímil de 12 de este mes, dirigido al Presidente, Magistrado

Cervantes,    le   informó   de   la   organización    del   SEMINARIO   SEGURIDAD

EMPRESARIAL, a realizarse en el Hotel Costa Rica el 20 de los corrientes, cuyo

costo es de ¢9.500.00, por persona, por lo que pidió que se hiciera la comunicación

extensiva a todos lo funcionarios de la Institución.

       Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación y agradecer la invitación

de referencia.

                                   ARTICULO LXXX

       En sesión del 30 de mayo último, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

        ARTICULO LI: El señor Bernardino Bravo Vargas, Presidente de la
        Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, en nota de 23 de mayo
        en curso, en lo que interesa manifestó:

        “Con fecha 26 de marzo le enviamos a la Defensoría de los
        Habitantes carta de la cual adjuntamos fotocopia. Este asunto que es
        de sumo interés para todas aquellas personas que deben usar los
        servicios de la Corte, ya sea depósitos judiciales de alquiler,
        pensiones alimenticias y otros.

        Por lo tanto, consideramos se debiera revisar todo el proceso
        administrativo que ocurre desde que un depósito judicial es entregado
        al cajero en la ventanilla del Banco, hasta que finalmente la persona
        interesada puede retirar el cheque...”.

             Se dispuso: Informar al señor Bravo que la solución del
        problema de que da cuenta se encuentra avanzada, en trabajo
        conjunto de la Comisión de Modernización del Poder Judicial, del
        Departamento de Informática y del Banco de Costa Rica.

                                           -0-
                                           77


      En oficio N° DAE-0491-96 de 29 de marzo del año en curso, el Lic. Rodrigo

Alberto Carazo Zeledón, Defensor de los Habitantes de la República, manifestó:

       “El 1° de marzo de 1996 recibimos una queja presentada por la
       Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles en la que se refieren a
       la actuación de esa Institución.

       Concretamente, los interesados manifiestan lo siguiente:

       Sufren serios problemas para poder retirar los depósitos judiciales
       que por concepto de alquiler son depositados en las diferentes
       Alcaldías y Juzgados, ya que pasa mucho tiempo desde el momento
       en que el depósito es realizado en el Banco de Costa Rica hasta que
       llega a manos del beneficiario.

       Agregan que este no es un problema exclusivo de la mencionada
       Cámara sino que afecta también a las personas que deben acudir
       ante las diversas, Alcaldías a retirar los montos por concepto de
       pensiones alimenticias.

       Señalan además que indagaron en el Banco de Costa Rica,
       específicamente con el Jefe de la Sección respectiva y éste indicó
       que el Banco no es el responsable, pues ellos día a día remiten a la
       Contaduría Judicial los documentos de todos los depósitos realizados
       y es esa unidad administrativa la que se encarga de distribuirlos a las
       Alcaldías y Juzgados respectivos.

       De acuerdo con lo anterior, señor Presidente y por tratarse en este
       caso de la actividad administrativa desarrollada por la instiitución a su
       cargo, mucho le agradeceriamos informarnos sobre el procedimiento
       establecido en torno a este problema que como bien lo apuntan los
       denunciantes, no sólo afecta a los propietarios de bienes inmuebles
       sino también a un número considerable de habitantes que reciben
       diferentes sumas de dinero por concepto de pensión alimenticia.

       Asimismo, le solicitamos se sirva brindarnos información sobre
       cualquier medida que se haya tomado o se pretenda tomar con el fin
       de agilizar el procedimiento establecido y de esta forma evitar la
       afectación de los derechos e intereses de los habitantes.”

                                          -0-

      Se acordó: Tomar nota y comunicar al Lic. Rodrigo Alberto Carazo Zeledón,

Defensor de los Habitantes de la República, que la solución del problema de que da

cuenta el señor Bravo Vargas se encuentra avanzada, en trabajo conjunto de la
                                           78


Comisión de Modernización del Poder Judicial, del Departamento de Informática y del

Banco de Costa Rica, de lo cual se dio cuenta a don Bernardino, según acuerdo

tomado en la sesión del 30 de mayo anterior, artículo LI.

                                  ARTICULO LXXXI

       Los señores Gerardo Villalobos Bolaños y Alejandro Chacón Chacón,

Conserjes del edificio de los Tribunales de Justicia de Heredia, en facsímil de esta

fecha, solicitan se les aclare la medida tomada en relación con el cambio de horario a

partir del 15 de este mes, dado que ellos se encargan de la planta física del edificio

central, con igual horario al de los demás funcionarios y empleados, por lo que la

duda es si tienen que laborar después de las 15:00 horas, en que la cuadrilla de la

construcción del Edificio entraría a laborar y de las funciones asignadas a sus cargos

no tendrían nada que hacer después de esa hora.

       Se acordó: Comunicar a los señores Villalobos y Chacón, que al pertenecer a

la Unidad Administrativa Regional de Heredia, deberán trabajar con el horario de

dicha oficina.

                                 ARTICULO LXXXII

       En la sesión del 21 de mayo último, artículo CIX, con base en el informe de la

Licda Lorena Najarro Morales, Jefa interina de la Sección de Cobro Administrativo de

la Dirección Ejecutiva, se dispuso el pago a favor del señor Luis Paulino Sánchez

Campos, de ¢267.220,00, más el 10% del impuesto de ventas relativo a la

“prefactura” que conforma el folio 93 del expediente respectivo, con motivo del

reclamo administrativo que presentó, en virtud de los daños ocasionados al vehículo

de su propiedad, mientras se hallaba en el Depósito de Vehículos Decomisados en

San Pablo de Heredia.
                                         79


      El señor Sánchez Campos, en memorial fechado 12 de junio en curso,

presenta recurso de apelación contra el acuerdo que se ha citado y al efecto

manifiesta:

        “...dentro del término legal interpongo formal recurso de
        REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO contra la
        resolución final dictada en este asunto en la sesión de este Consejo
        tomada el día veintiuno de mayo pasado, relacionada ésta con el
        reclamo por mí presentado, y al respecto atento manifiesto:

              PRIMERO: Consta en este expediente administrativo una
        resolución dictada a las 9:30 horas del 17 de enero de 1996, en la
        que se previno al suscrito presentar las facturas de los pagos
        efectivos concernientes a los arreglos y compras de bienes, como
        consecuencia todo ello de la “tacha” y daños de que fue objeto mi
        vehículo. En la misma se resolvió que no se admitían las facturas
        proformas que la misma Dirección Ejecutiva previno presentar, pues
        una factura proforma “no es el medio probatorio idóneo que
        demuestre erogaciones REALES” (el resaltado es del original).

              Valga hacer mención de que nunca estuve de acuerdo en que
        se tasaron los bienes sustraídos y el valor de los arreglos de mi
        automotor, con base en facturas proformas. La razón es clara: tal y
        como lo resalté en mi escrito del 19 de enero de 1996, las facturas
        proformas se desactualizaron, y no existe nunca empresa que
        otorgue proformas de materiales o mano de obra de forma indefinida
        en el tiempo.

              SEGUNDA: La anterior consideración coincide plenamente con
        la petición del suscrito visible en el libelo inicial, en el que no
        cuantifiqué ningún daño o bien pues lo lógico es que ello se realice
        hasta el efectivo pago. Tanto es así, que textualmente solicité que
        los daños me sean resarcidos “contra la presentación de las facturas
        una vez dictada la resolución final.”

             Mi petición siempre fue muy clara: para efectos de pago, una
        vez acogido mi reclamo administrativo, la cuantificación debe de
        hacerse pericialmente. Este parecer fue acogido favorablemente en
        esta vía administrativa, y en la resolución dictada por la Dirección
        Ejecutiva de las 10:15 horas del 7 de febrero de 1996 se sostuvo:
        “Acoger la solicitud de Sánchez Campos en el sentido de que la
        reparación de los daños que presenta el vehículo de su propiedad,
        así como el valor prudencial de los bienes sustraídos, sean
        dictaminados por un perito, para lo cual se nombra al señor JUAN
        ALBERTO BONILLA BONILLA.”
                                            80


             Si todo ello fue resuelto durante la tramitación este
        procedimiento, cuál es la razón por la cual se deniega el pago con
        base en el peritaje solicitado visible a folio 129 y siguientes, si consta
        en autos que nunca he cuantificado mi petición original?.

              TERCERA: En cuanto a los honorarios del Abogado, el Decreto
        de Honorarios de Profesionales en Derecho, fija un porcentaje de los
        mismos respecto de la suma concedida como indeminización. El
        recibo que corre agregado a los autos, extendido por la Licda.
        Guzmán Villalobos, lo fue únicamente para efectos de asistir a la
        comparecencia oral, a la que no pudo asistir mi abogado Director;
        pero ello no significa que los honorarios profesionales se
        circunscriban a lo pagado a la citada profesional. La resolución final
        desconoce, entonces, las reglas de honorarios citados y debiera
        cuantificarlos en atención a lo concedido.

             CUARTA: Es con base en todo lo expresado que solicito se
        revoque la resolución dictada, y en su lugar se acoja el reclamo con
        base en el peritaje rendido en autos. Asimismo, solicito se calculen
        los honorarios del profesional director de este procedimiento de
        acuerdo con el Decreto de Honorarios de Abogados; esto es, con el
        porcentaje respectivo.

             De no accederse a lo pedido solicito se admita la apelación ante
        el Superior que corresponda.”

                                           -0-

      Se acordó: Denegar el reclamo y la revocatoria del señor Sánchez Orozco,

toda vez que en su oportunidad se le reconoció el monto correspondiente a los daños

indicados en el escrito inicial. Se rechaza de plano la apelación, por carecer de ese

recurso lo resuelto por este Consejo, lo cual agota la vía administrativa, de

conformidad con lo que establece el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

                                  ARTICULO LXXXIII

      El Lic. Rolando Vega Robert, Presidente de la Asociación de la Judicatura, en

nota de 12 de los corrientes, manifestó:

        “Como parte de las actividades preparatorias del I CONGRESO
        NACIONAL DE LA JUDICATURA “JUEZ, JUSTICIA Y SOCIEDAD”,
        la Asociación tiene programadas dos actividades en Ciudad Quesada
        y Limón.
                                           81



        En el caso de San Carlos, para el jueves 13 a las 3 p.m. dentro del
        programa de actividades académicas desarrollado por la Asociación
        en todo el país, está prevista una conferencia del Dr. Fernando Cruz
        Castro sobre el tema “La Reforma Procesal Penal”. Posteriormente,
        se realizará una Asamblea General con los jueces y juezas de la
        zona norte para integrar la Junta Directiva de la Asociación. Con el
        Dr. Cruz viajará únicamente el infrascrito y como el regreso está
        previsto para la noche, nos acogeríamos a la licencia con goce de
        salario sin sustitución durante la segunda audiencia del jueves 13.

        En el caso de Limón, para el viernes 14 está programada una
        conferencia de la Licda Sonia Rodríguez sobre el tema “Alcances de
        la Ley contra el hostigamiento sexual y el Reglamento del Poder
        Judicial” a las 2 p.m. Además, se aprovechará la visita para informar
        sobre el funcionamiento de la Comisión de Relaciones Laborales y
        hacer entrega del documento de Convocatoria al Congreso. La
        licencia sería para la Licda Rodríguez y para el infrascrito por la
        segunda audiencia del día 14.

        Aprovechando esas visitas, dejamos a la estimable consideración del
        Consejo, la posibilidad de que alguno de sus miembros pueda
        acompañarnos, lo cual sin duda alguna sería de mucho provecho
        para canalizar algunas inquietudes que puedan plantear los
        funcionarios.”

                                         -0-

       Se acordó: Tomar nota, lo que hará también el Departamento de Personal

para lo de su cargo, para que lleve el control del tiempo que invierte cada servidor en

las actividades indicadas, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Plena en la

sesión del 1° de agosto de 1987, artículo IX.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

                                 ARTICULO LXXXIV

       En sesión del 7 de mayo último, artículo CVII, se dispuso remitir al señor

Contralor General de la República, para su respectiva aprobación, la modificación N°

1-96 al presupuesto vigente del Fondo de Jurisdicción de Tránsito.

       El Lic. Oscar A. Calderón Fallas, Director General de Presupuestos Públicos
                                          82


de la Contraloría General de la República, en oficio N° 6768 de 7 del presente mes,

manifestó:

              “En atención a su oficio N° 194-SP-96 de fecha 20 de mayo del
        año en curso, complementado con el oficio N° 455-3653-SC-96
        recibido el 29 de mayo, con el que nos remite la modificación N° 1-96
        al presupuesto de esa Entidad, mediante la cual se incorporaron
        recursos del superávit acumulado del Fondo para la Jurisdicción de
        Tránsito y los gastos respectivos en el programa 804 Jurisdicción de
        Tránsito (Superávit acumulado por inversiones) por la suma de
        ¢40.092.775.36; nos permitimos comunicarle que este Ente Contralor
        le da la aprobación respectiva y procederá a afectar los registros
        correspondientes”.
                                          -0-

      Se acordó: Tomar nota, lo que hará también la Dirección Ejecutiva, y los

Departamentos de Planificación y Financiero Contable, para lo de sus cargos.

DIRECCION EJECUTIVA

                                 ARTICULO LXXXV

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 3109-DE-96 de 11

de los corrientes, remite el proyecto de Transferencia de Partidas N° 4 preparado por

el Departamento Financiero Contable y revisado por el Departamento de

Planificación, según oficio N° 657-PLA-96.      Con dicha transferencia se crea el

programa 799 “Fondos Préstamos Corte-BID”, según lo ordena el convenio suscrito

con el Ministerio de Hacienda.

      El texto con las modificaciones del caso es el siguiente:

                   “TRANSFERENCIA DE PARTIDAS N° 004-96
                             CONSIDERANDO

        1°. Que el artículo 7, inciso F, de la Ley N° 7563 del 13 de diciembre
        de 1995, Ley de Presupuesto Nacional, establece que:

        “Cuando las necesidades del servicio lo requieran, el Poder Judicial
        podrá crear subpartidas y realizar traspasos entre gastos que le estén
        autorizados en las leyes de presupuesto, sin que exceda el monto
        total de los recursos asignados más el superávit acumulado.
                                         83



        Dada la naturaleza especial del gasto, los recursos asignados en las
        subpartidas para cubrir sueldos o servicios personales, podrán ser
        aumentadas cuando las necesidades así lo requieran y estas
        subpartidas sólo podrán rebajarse cuando se trate de sumas
        acumuladas o no gastadas”.




                MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 04-96


        REBAJAR:


                                  TÍTULO 120
                                PODER JUDICIAL

                                PROGRAMA 800
                                PODER JUDICIAL

GO IP FF CE CF                  CONCEPTO                     MONTO
1                          SERVICIOS NO PERSONALES         38,000,000.00
162   01 112 13            Consultorías                    38,000,000.00
                           (99 Gastos comunes)
TOTAL REBAJA PROGRAMA                                      38,000,000.00
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO                                    38,000,000.00



        AUMENTAR:

                                  TÍTULO 120
                                PODER JUDICIAL

                              PROGRAMA 799
                       FONDOS PRÉSTAMOS CORTE-BID

GO IP FF CE CF                  CONCEPTO                     MONTO
1                          SERVICIOS NO PERSONALES         38,000,000.00
162   01 112 13            Consultorías                    38,000,000.00
                           (99 Gastos comunes)
TOTAL AUMENTO PROGRAMA                                     38,000,000.00
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO                                   38,000,000.00
                                          84


                       JOSÉ LUIS CALDERÓN FLORES
              JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
                           DEL PODER JUDICIAL

                                 HACE CONSTAR:

        Que el rebajo de ¢38,000,000.00 consignado en la Modificación
        Presupuestaria N° 04-96, no desfinancia la subpartida 162
        “Consultorías”, para hacer frente a los compromisos que se
        contraerán por lo que resta del período 1996.

                                         Dada en la ciudad de San José
                                         a los veintiocho días del mes
                                         de mayo de mil novecientos
                                         noventa y seis.

                     JUSTIFICACIÓN TRANSFERENCIA 04-96
                       Y CREACIÓN DEL PROGRAMA 799
                        POR LA SUMA DE ¢38,000,000.00

        Para responder al traslado de la subpartida 162 del Programa 800 del
        Poder Judicial al programa 799 FONDOS PRÉSTAMO CORTE-BID,
        de conformidad con el Convenio de Transferencia de Fondos del
        Gobierno de Costa Rica al Poder Judicial, firmado con el Ministerio de
        Hacienda, refrendado por la Contraloría General de la República, el
        14-12-95, en ejecución del Contrato de Préstamo N° 859-OC-CR
        celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo, claúsula IV, en
        la cual se consigna:

        “El” Gobierno” incorporará los recursos del contrato de préstamo en el
        presupuesto del Poder Judicial, (Título 120), mediante la Ley de
        Presupuesto Ordinario o extraordinario de la República. Por su parte
        la “Corte” creará un programa presupuestario denominado Fondos
        Préstamo Corte-BID, dentro del Presupuesto del Poder Judicial e
        incorporará en las subpartidas 162 “Consultorías” y 310 “Equipo y
        mobiliario de Oficina” los indicados recursos. Esta incorporación se
        hará mediante modificación interna, que será sometida a aprobación
        de la Contraloría General de la República.”

                                         -0-

      Se acordó: Acoger la modificación propuesta, la que se remite a la Contraloría

General de la República, con el ruego atento de que se sirva darle su aprobación.

                                ARTICULO LXXXVI

      Con nota N° 3121-DE-96 de 12 de los corrientes, el Lic. Alfredo Jones León,
                                            85


Director Ejecutivo, somete a consideración el oficio N° 321-PUB-96 del Departamento

de Publicaciones e Impresos, en que se solicita permiso para que los servidores

Vanesa Quirós Ramírez, Virgilio Benavides López, Joaquín Alvarez Carvajal, Gerardo

Romero Araya y Gerardo Angulo Masís, participen en un curso de Quark-Xpress 3.31

que se impartirá en la empresa Mac Asesorías, de las 8:00 a.m. a las 12:00 horas los

días 11, 13, 18 y 20 de junio en curso.

       Se acordó: Acoger la anterior solicitud y conceder permiso con goce de sueldo

a los servidores inidicados, para que participen en el curso de que se dio cuenta. El

Departamento de Personal tomará nota para lo de su cargo.

                                 ARTICULO LXXXVII

       Con oficio N° 3125-DE-96 de 12 de los corrientes, el Lic. Alfredo Jones León,

Director Ejecutivo, somete a consideración la nota N° DG-1101-96 de 10 de este mes,

suscrita por la Licda Lineth Saborío Chaverri, Directora General interina del

Organismo de Investigación Judicial, en la que manifestó:

        “Por celebrarse el próximo 6 de julio los III Juegos Policiales 1996, del
        Organismo de Investigación Judicial, se realizarán actividades
        deportivas, tales como: ciclismo, atletismo, baloncesto, voleibol, futbol
        salón y otros, en la Finca de la Asociación Nacional de Empleados
        Judiciales “ANEJUD”.

        Conociendo su alto espíritu de servicio y colaboración, solicito
        respetuosamente interponga sus buenos oficios, con el fin de
        facilitarnos una Unidad de Transporte Administrativo, tal como la PJ
        648 con su respectivo chofer, para que nos coopere este día tanto en
        la carrera de ciclismo como en la de atletismo.

        Contar con dicha unidad es fundamental para la realización de las
        dos carreras, por cuanto tenemos que trasladar bicicletas al lugar de
        partida, recoger a ciclistas que sufran desperfectos con su equipo,
        trasladar jueces de ruta, así como transportar las bicicletas de la
        Finca de ANEJUD hasta nuestra sede central, mientras que en la
        carrera de atletismo, se hace necesario distribuir a los jueces de ruta
        en los puntos específicos y posteriormente recogerlos.
                                            86


          No omito manifestarle que dicha unidad la estaremos ocupando a
          partir de las 6:00 hrs al costado oeste del Edificio del O.I.J.”

                                          -0-

       Se acordó: Acoger la solicitud de la Licda Saborío Chaverri. La Dirección

Ejecutiva y el Departamento de Servicios Generales tomarán nota para lo de sus

cargos.

                                 ARTICULO LXXXVIII

       El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante oficio N° 3126-DE-96

de 12 de los corrientes, informa que con base en el informe presentado por el

Departamento de Vigilancia y Seguridad, hace del conocimiento de este Consejo que

el 10 de junio en curso, antisociales se introdujeron al local de la Alcaldía de Tibás,

sustrajeron un “coffe maker”, una máquina de escribir portátil, una calculadora y una

radiograbadora, y que no se tiene noticias de la sustraccción de expedientes, y que

personal de esa oficina realiza el respectivo inventario.

       Se acordó: Tomar nota.

                                  ARTICULO LXXXIX

       En la sesión del 4 de junio en curso, artículo LXXXV, se dispuso tener por

rendido el informe anual de labores del Lic. Ronald Nicolás Alvarado, Jefe

Aministrativo del Juzgado Penal de Puntarenas y ponerlo en conocimiento de la

Dirección Ejecutiva, para su atención, en cuanto al espacio físico del citado Juzgado.

       El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 3128-DE-96 de 12

de junio en curso, y en atención a lo dispuesto en dicha sesión, manifiesta que no es

posible ampliar el espacio físico del Juzgado Penal de Puntarenas.

       Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación y ponerla en conocimiento

del Lic. Nicolás Alvarado.
                                    87


                             ARTICULO XC

En sesión del 27 de mayo último, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

 ARTICULO LX:        El Lic. Gilbert Aguilar Gutiérrez, Abogado de la
 Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de
 la República, con oficio N° 6044 de 23 de mayo en curso, remite sin
 el refrendo de ley el convenio de cooperación técnica suscrito el 29
 de marzo del año en curso por el Poder Judicial -Organismo de
 Investigación Judicial- (PJ) y el Instituto Nacional de Seguros (INS)
 para acometer contra el robo de vehículos. Lo anterior por las
 siguientes razones:

       “1) No resulta procedente que el aporte de ¢15.704.000,00
 previsto en la cláusula 14, se destine al pago de “salario y demás
 cargas sociales de cinco Oficiales de Investigación”, que vendrían a
 “reforzar el número de investigadores destinados al combate del robo
 de vehículos”.

       Ello por cuanto, para la creación de plazas nuevas debe el
 Poder Judicial contar con los recursos financieros disponibles en
 cantidad suficiente, debidamente aprobados y contemplados en el
 Presupuesto Nacional de la República, que le permitan hacer frente
 no sólo al pago de los respectivos salarios, sino también, de las
 cargas sociales, aguinaldos y eventualmente, de las llamadas
 prestaciones legales. De esta manera no puede ese Poder de la
 República asumir una obligación de tal naturaleza con recursos que
 no le sean propios.

       Tómese en consideración que la creación de plazas genera,
 para la Administración que las crea, una serie de implicaciones de
 orden jurídico-laboral que requieren, por ese sólo hecho, de respaldo
 financiero en su propio presupuesto, y no mediante el aporte o
 donación de otro ente público para esos efectos.

       Por lo dicho, aún cuando el INS contara -desde el punto de vista
 presupuestario- con recursos económicos aprobados para esos fines,
 no podrá utilizarlos en tanto en cuanto no existe base legal que la
 autorice para esos efectos.

       Por otro lado, si las partes deciden variar el destino del aporte -
 mediante adendum que al igual que el principal, requiere de nuestro
 refrendo-, debe el Instituto señalar expresamente el fundamento legal
 que lo faculte otorgar una donación de tal naturaleza.

     2) no queda claro el tipo de alguno bienes que en condición de
 comando, se darían al Poder Judicial como apoyo al programa de
 combate el robo de vehículos, por ejemplo:
                                           88



             a) “un microondas” Se trata de un horno?

             b) “diez juegos de herramientas portátiles”. Qué tipo de
        herramientas?

             Además, será necesario que en el inventario de los bienes se
        haga la descripción apropiada de cada bien, indentificándolo, cuando
        sea procedente, con el número de activo.

              3) De acuerdo con lo previsto en la cláusula N° 18, el “Convenio
        regirá por un año a partir de su firma....”, lo cual contraviene lo
        dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría
        General de la República, que requiere para la eficacia de los
        contratos, el refrendo de este Órgano Contralor de previo a la puesta
        en ejecución de cualquier contrato administrativo que deba cumplir
        con este requisito.

              4) No se indica la partida presupuestaria de donde el Instituto
        tomará los recursos para hacer frente a las erogaciones que se
        derivan de este negocio.

              Para finalizar debemos advertir que todo lo actuado queda bajo
        la absoluta responsabilidad de las partes”.

               Se dispuso: Tomar nota de la anterior comunicación y trasladar
        las diligencias a estudio e informe de la Sección de Asesoría Legal de
        la Dirección Ejecutiva.
                                           -0-

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con el oficio N° 3114-DE-96 de

12 de los corrientes, remite el informe N° 464-DE/AL-96 de la Sección de Asesoría

Legal de esa Dirección, que literalmente dice:

             “Por este medio me refiero al contenido del acuerdo tomado por
        el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión celebrada el 27 de
        mayo último, artículo LX, transcrito mediante oficio No.5227-96 de 3
        de junio en curso, firmado por el Licenciado Hernando París
        Rodríguez, Secretario General.

              I.- La primera y más importante objeción planteada al "Convenio
        de Cooperación Técnica entre el Poder Judicial-Organismo de
        Investigación Judicial- y el Instituto Nacional de Seguros para
        acometer contra el robo de vehículos", encuentra sustento en los
        artículos 176 y 180 de la Constitución Política y los numerales 31 y 46
        de la Ley de la Administración Financiera de la República.
                                    89



     En lo que interesa,            disponen     las   citadas   normas
constitucionales lo siguiente:

      "Artículo 176.- El presupuesto ordinario de la República
comprende todos los ingresos probables y todos los gastos
autorizados, de la Administración Pública, durante el año económico.
 En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder
el de los ingresos probables..
      Las municipalidades y las instituciones autónomas observarán
las reglas anteriores para dictar sus presupuestos. (...)

      "Artículo 180.- El presupuesto ordinario y los extraordinarios
constituyen el límite de acción de los poderes públicos para el uso y
disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados
por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo (...)

      Por su parte, la Ley de la Administración Financiera en los
artículos indicados expresa que:

      "Artículo 31.- El presupuesto fiscal ordinario y los extraordinarios
aprobados por el Poder Legislativo de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales correspondientes constituyen
el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición
de los recursos del Estado.
      Son obligaciones exigibles al Estado únicamente las que
comprenda el presupuesto anual ordinario y extraordinario y las
ampliaciones a los mismos que autorice posteriormente el Poder
Legislativo por razones muy calificadas y con arreglo a la Constitución
y a la ley.

Artículo 46.- El presupuesto ordinario de gastos no podrá exceder el
presupuesto ordinario de ingresos.
      Cada partida del presupuesto de gastos constituye un máximum
para la atención del servicio u obra a que ella se refiere, el cual no
podrá ser excedido en ninguna forma ni circunstancia, sin previa
autorización legislativa.”

       Así las cosas, como lo apunta el Organo de Fiscalización
Superior, desde el punto de vista presupuestario no es posible que el
Instituto Nacional de Seguros destine su presupuesto para fines no
aprobados expresamente en la ley, ni que el Poder Judicial cree
plazas respaldadas financieramente en otro presupuesto que no sea
el propio.

     No obstante lo anterior, dicho Organo deja abierta la posibilidad
de variar el destino de dicho aporte, siempre y cuando el INS
expresamente señale el fundamento legal en que se ampara.
                                          90



              Por otro lado, en aras de mantener el citado Convenio, cumplir
       con lo ordenado por la Contraloría General y así obtener su refrendo,
       dentro de los parámetros legales establecidos, podría considerarse la
       posibilidad de variar los términos del punto 14 para que sea el
       Instituto Nacional de Seguros el que contrate al personal necesario
       para cumplir con el objeto del Convenio, claro está, siempre y cuando
       se indique expresamente el fundamento legal (principio de legalidad)
       para cubrir con su presupuesto los sueldos, cargas sociales,
       aguinaldo y eventuales prestaciones.

            Una vez seleccionado y nombrado dicho personal, el Instituto, y
       evidentemente el personal designado, se obligarán en los términos
       que se detallan en el citado documento.

            II.- Es conveniente especificar las características de los bienes
       que se detallan en el punto 9 del Convenio. (número de activo, color,
       tamaño, modelo, marca, etc.)

             III.- De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la
       Contraloría General de la República, y muy especialmente con la
       interpretación de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la
       Contratación Administrativa, el convenio debe necesariamente
       ejecutarse una vez refrendado o aprobado por dicho órgano.

             IV.- Es un requisito indispensable indicar expresamente los
       recursos presupuestarios con que se atenderán las obligaciones
       derivadas del convenio.

             A manera de conclusión es posible afirmar que si no se cambia
       o se fundamenta en los términos indicados el destino del aporte y se
       corrigen los puntos señalados por la Dirección General de Asuntos
       Jurídicos, difícilmente se obtendría la aprobación para su ejecución.”

                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota del anterior informe y ponerlo en conocimiento del

Instituto Nacional de Seguros para que esa Institución manifieste si está de acuerdo

con la solución que se propone, previamente comunicarla de nuevo a la Contraloría

General de la República.

                                  ARTICULO XCI

      El Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, somete a consideración el oficio
                                           91


N° 3841 que le remitió el Lic. Bernardo Lara Flores, de la Procuraduría General de la

República, en que manifestó:

        “Remito a usted fotocopia de la sentencia No. 140-96 del Juzgado
        Tercero Contencioso Administrativo Civil de Hacienda en juicio
        ordinario No. 1413-92 c/ Nelly Mesén Montes por la titulación de una
        porción de terreno que la Compañía Bananera donó al Poder Judicial
        para la construcción de oficinas judiciales en Quepos.

              Al respecto solicito se sirva remitir a esta Procuraduría dentro
        de la brevedad posible el desglose de los montos que por concepto
        de alquiler pagó y paga el Poder Judicial a partir del 1 de enero de
        1985, 1 de febrero de 1990 y 16 de abril de 1991, con la finalidad de
        alojar la Alcaldía, la Oficina de Defensores Públicos y la
        Subdelegación del Organismo de Investigación Judicial, así como los
        posibles montos que hubiere obtenido El Estado al arrendar el
        terreno de marras desde el 8 de agosto de 1983, todo lo anterior
        hasta la efectiva devolución del inmueble.

            Asimismo solicito enviar nombre y calidades del funcionario del
        Poder Judicial que se podrá en posesión del bien inmueble.

             Todo esto con el propósito de interponer la respectiva ejecución
        de sentencia ante la autoridad competente.”

                                          -0-

       Se acordó:    Comisionar al Lic. Jones León para que tome posesión de

inmueble de que se dio cuenta.

                                   ARTICULO XCII

       En el trámite de aprobación del acta del Consejo Superior de la sesión

celebrada el 21 de marzo del año en curso, se dejó en suspenso la aprobación y

ejecución del artículo LXXXI que literalmente dice:

        “En relación con la consulta planteada por la Licda. Lorena Najarro
        Morales en oficio N° 1304-DE-96 de 4 de este mes, en cuanto al
        plazo de caducidad aplicable a los procesos administrativos que se
        encuentran en la Dirección Ejecutiva se informa lo siguiente: la
        jurisprudencia analizada -en términos generales- ha estado
        encaminada a considerar que el año establecido en el artículo 207 de
        la Ley General de la Administración Pública debe comenzar a correr
        una vez que la Administración tenga conocimiento del daño inferido;
                                           92


        pero, si se tiene que establecer la identidad de quien lo ocasiona,
        será a partir de este momento que se cuenta el indicado período; en
        ambas situaciones, dentro del año debe expedirse el título ejecutivo
        para el cobro.

             Ese numeral pareciera haber sido modificado por el 75 de la
        Ley Orgánica de la Contraloría General de la República al extender el
        plazo de la responsabilidad civil a cinco años; sin embargo,
        complementando ambas normas, y teniendo presente que el último
        ordinal se refiere a un plazo de prescripción y no de caducidad,
        podría entenderse que una vez extendido el título ejecutivo dentro del
        año citado, el derecho para el cobro es de un lustro. Algo similar
        ocurre en materia tributaria, donde la Administración tiene un lapso
        para determinar la obligación impositiva y otro para proceder a su
        cobro.”

                                         -0-

      Con mejor estudio del asunto y con vista de que la Comisión Legislativa Plena

Tercera, aprobó el proyecto de modificación de los artículos 198, 207 y 208 de la Ley

General de la Administración Pública, se dispone la ejecución del artículo LXXXI de la

sesión celebrada el 21 de marzo de 1996.

PROPOSICIONES E INFORMES

                                   ARTICULO XCIII

      El Lic. Villalobos informa que los directores de la Filial de ANEJUD en Limón, le

han planteado que tienen una oferta de la Embotelladora Centroamericana S.A.

(PEPSI), que les ofrece en administración una máquina nueva expendedora

automática de gaseosas, que no ocupa más de un metro cuadrado de espacio, la que

ubicarían en un lugar estratégico que no cause obstáculo para el libre tránsito en caso

de emergencias. Tal actividad generaría ingresos a la Filial para poder llevar a cabo

su plan de actividades en beneficio de los servidores de la Zona Atlántica.

      No omiten manifestar que en otras instituciones públicas, tal como la CCSS,

funcionan con todo éxito, y en el mismo edificio de los Tribunales de San José, hasta
                                             93


hace poco tiempo operó una de ellas.

       Plantearon esta inquietud al Jefe de la Unidad Administrativa de Limón, y sin

mayor análisis les expresó su negativa, y ante el vencimiento de la oferta, desean que

este Consejo, de común acuerdo con la Dirección Ejecutiva, les resuelva en definitiva.

       Se acordó: Denegar la solicitud de los directores de la Filial de la Asociación

Nacional de Empleados Judiciales de Limón, por no estimarse conveniente ese

servicio en el Edificio de los Tribunales de Justicia.

                                     ARTICULO XCIV

       En la sesión del 21 de diciembre de 1995, artículo XLVI, se dispuso conceder

audiencia al Lic. Flavio Cantero Valverde, Alcalde de Montes de Oca, para que

manifestara lo que a bien tuviera sobre la recomendación del Tribunal de la

Inspección Judicial, en que se solicitaba considerar la posibilidad de su separación del

cargo para mejor servicio público.

       En la sesión del 18 de enero del año en curso, artículo CIX, previamente a

resolver lo que corresponda, se dispuso que el Tribunal de la Inspección Judicial

realizara una visita a la citada Alcaldía, dentro del término de tres meses a partir de

febrero último, para que se informe si los asuntos que se tramitan en el citado

despacho se encuentran al día.

       En la sesión del 30 de mayo pasado, artículo XL, se acordó tener por

presentado y pasarlo a estudio individual de los Miembros de este Consejo, el oficio

N° 2063 suscrito por el Secretario del Tribunal de la Inspección Judicial, con el que

remitó fotocopia del acta visita efectuada a la oficina referida.

       Del acta de visita de referencia, se resalta entre otros, lo que literalmente dice:

        ...“A los anteriores datos es oportuno agregar la voluminosa cantidad
        de comisiones tramitadas en esta oficina, recibiéndose un promedio
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        de 475.46 mensualmente, tratándose principalmente de asuntos para
        notificar, de lo cual se infiere que la Notificaduría se encuentra
        saturada. Tocante a este punto es oportuno mencionar que según lo
        informado por el personal de la oficina, la semana pasada se
        apersonó el señor Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo
        Agrario a manifestar que en aquellos casos en que no se le notificase
        personalmente y a conveniencia de esa Institución se iniciaría un
        proceso de interposición de nulidades ante los Juzgados Agrarios
        respectivos. Esta situación trae particulares problemas para la
        Notificadora del Despacho, quien se ve imposibilitada de notificar
        personalmente una gran cantidad de asuntos en el tanto el jerarca de
        la Institución citada tiene múltiples obligaciones que le impiden estar
        disponible durante extensos lapsos a fin de que se le notifiquen las
        resoluciones de comentario. Hasta el momento, la práctica fue que
        se notificaría en el Departamento Legal de esa Institución, por
        razones de mutua conveniencia, sin embargo, ante el planteamiento
        descrito, el Despacho se encuentra ante una encrucijada.”
        ...”
                                           -0-

      Una vez discutido el asunto, se acordó: Comunicar al Lic. Cantero Valverde

que se observa su esfuerzo, pero no obstante se mantiene algún atraso por lo cual se

le insta para que continúe con su empeño en su trabajo y en lo que respecta a las

notificaciones referidas se deben entregar en el Instituto de Desarrollo Agrario, y no

personalmente como lo solicita el Presidente Ejecutivo de dicha Institución, tal y como

resolvió la Corte Plena en la sesión del 8 de mayo de 1995, artículo XXII.

                                    ARTICULO XCV

      Con fecha 29 de mayo último, el Departamento de Planificación entregó a este

Consejo, el anteproyecto de presupuesto para 1997. La presentación la hizo la Licda

Marta Asch Corrales, Jefa del citado Departamento, con la indicación de que fue

elaborado con la participación de diferentes instancias del Poder Judicial, en consulta

con el Presidente, Magistrado Cervantes, por medio de la Licda Asch.

      Este Consejo en reunión de trabajo de hoy en la mañana concluyó el examen

del anteproyecto, y en esta sesión formal acuerda aprobarlo con las siguientes
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modificaciones:

       1.     En cuanto a la distribución de la subpartida 000 “Sueldos para cargos

fijos” se dispuso dejar una prevista de un 6% para los aumentos (I y II semestre)

correspondientes por costo de vida.

       En la distribución que se hace en esta subpartida la coletilla N° 5 se

incrementaría en cuarenta millones trasladándolos de la coletilla N° 20, de tal forma

que la N° 5 quedará en 70 millones y la N° 20, en15 millones.

       2.     Las diferentes oficinas judiciales solicitaron el total de   824 plazas

nuevas; en el anteproyecto el Departamento de Planificación recomienda solamente

277, sea un 33% aproximadamente de las plazas solicitadas, y las distribuye en

prioridades 1, 2 y 3. El Consejo Superior, aprueba la creación de las plazas

recomendadas.

       En todo caso, el Consejo Superior se permite recomendar a la Corte Plena,

que defina tanto para el presente cuanto para el futuro, una política clara sobre la

creación de oficinas y plazas nuevas, habida cuenta de la crisis económica y fiscal, de

la austeridad que debe observar todo el gobierno, y de la política de informatización

que ya se desarrolla en el Poder Judicial.

       a) Disponer la creación de una plaza de Secretaria 3 para la Unidad Ejecutora

del Proyecto Corte-BID, en razón de que actualmente la secretaria de ese despacho

ocupa una plaza prestada por la Sala Primera de la Corte; una plaza de oficinista 2

para el Ministerio Público, con el fin de que coadyuve en la asistencia del Fiscal

General de la República; y una de Técnico en Administración 1 en razón de que la

Corte Plena en la sesión celebrada el 3 de junio en curso, artículo XXXI, dispuso

crear el Centro Infantil para hijos de los empleados judiciales.     La plaza deberá
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ubicarse en el Departamento de Trabajo Social y Sicología y se encargará de la

atención del Centro.

        En consecuencia, el total de plazas que se dispone crear es de 280.

        b.) Mantener las plazas de Fiscal de Juicio en Liberia y Pérez Zeledón en

forma extraordinaria, hasta tanto no entre en vigencia el Código Procesal Penal y se

realice el estudio general de puestos que se ameritará.

        c.) Trasladar a la relación de puestos de la Dirección Ejecutiva el

Departamento de Trabajo Social y Sicología y reasignar el cargo de Jefe de ese

Departamento a Jefe de Departamento Administrativo II, a partir del 1 de enero de

1997.

        El Lic. Villalobos se abstuvo de votar en este punto.

        d.) Trasladar a la relación de puestos de la Dirección Ejecutiva la plaza de

Asistente en Administración 2 asignada al Departamento de Vigilancia y Seguridad,

en virtud de que la persona que la ocupe se dedicará al estudio y seguimiento de los

vehículos decomisados a cargo de esa Dirección.

        e.) En virtud de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se

crean 5 plazas de conductores de detenidos, la que se asigna a la Sección de

Cárceles y Citaciones y se denominaran como “Conductores de Menores”. A esta

Sección y con el nombre dicho se trasladan las tres plazas de Agente Tutelar de

Menores incluídos en la relación de puestos del Juzgado Penal Juvenil de San José.

        f.)   En virtud de que reiteradamente este Consejo ha resuelto que no deben

crearse unidades de informática fuera del Departamento de Informática, se dispone

eliminar la razón “Encargado Unidad de Informática O.I.J.” que aparece en la plaza

de Programador 2 en el Departamento de Informática y en su lugar, que las personas
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que se nombren en las plazas de Programador 2 y 1 que se recomienda crear se

dedicarán con preferencia a atender      los asuntos que en materia de informática

demande el O.I.J.

       g.) Reasignar la plaza de Jefe de la Sección de Análisis Jurídico del

Departamento de Planificación a la de Abogado Asistente 1 (Coordinador).

       3.     En virtud de la eventual aplicación de la Ley de Incentivos

Profesionales en Ciencias Médicas se recomienda a la Corte Plena tomar en cuenta

el posible incremento que implicaría la aplicación de esta ley, cuyo estudio se

encuentra en trámite.

       4.     De conformidad con el procedimiento aprobado en esta sesión, se

tienen por aprobadas todas las demás proposiciones en el respectivo proyecto de

presupuesto y que no fueron objeto de pronunciamiento expreso.

       5.     De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59, inciso 3°, 81,

inciso 17, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, remítase el anteproyecto a la Corte

Plena y a la Comisión de Magistrados para el presupuesto de 1997, para lo que a

bien tengan resolver.

                                   ARTICULO XCVI

       La Licda Ifigenia Bustamante Guerrero informa que el martes 11 de junio

último, en compañía del Lic. Mario Villalobos Gómez, visitó las Alcaldías de Mora,

Santa Ana, Escazú y Coronado.

       En la Alcaldía de Mora se entrevistaron con el Lic. Erick Soto Blanco, quien se

mostró satisfecho con el rendimiento de la oficina.

       Considera necesario que se les provea de una computadora más y de un
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escribiente supernumerario, debido a que en el despacho sólo existe como personal

de apoyo el secretario y un escribiente que a la vez es notificador y conserje, es decir,

una persona cumple tres funciones.

       Cuando el escribiente asiste a la Escuela Judicial a recibir capacitación en un

módulo de derecho laboral, sólo queda el secretario y él debe hasta atender al

público.

       Con la vigencia de la Ley sobre Violencia Doméstica se les ha incrementado el

trabajo. Hasta la fecha han ingresado diez asuntos en esta materia.

       En la Alcaldía de Santa Ana se entrevistaron con el señor Héctor Arce

Quesada, Secretario de la Alcaldía en razón de que el titular, Lic. Carlos Maurilio

López Lizano, había salido.

       Considera el señor Secretario que necesitan dos plazas extraordinarias: una

de prosecretario y la otra de escribiente-conserje.      En varias oportunidades han

solicitado esas plazas pero aún no se les ha hecho el estudio con el cual se

determinaría que las plazas existentes están recargadas. El secretario atiende lo civil

y laboral, recibe todas las pruebas y confecciona los informes por el mes de junio.

       Tienen un escribiente supernumerario. Lo de contravenciones es muchísimo.

La escribiente que lleva la materia de tránsito conoce la cuarta parte de los asuntos

de contravenciones y una cuarta parte de las comisiones en materia penal.             La

Delegación del Patronato conocía lo de las pensiones alimenticias pero ahora no lo

hace. No han podido bajar el circulante en esta materia.

       Tienen tres escribientes, uno está dedicado a la materia de tránsito; el

circulante en esta materia es muy alto, trabajan con un programa específico que

requiere tiempo y el uso constante de la impresora por lo que solicitan una más. La
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entrega diaria al notificador es de 20 ó 30 legajos. El es a la vez, escribiente y

conserje, sea oficinista 1.

       A diario se hacen entre tres o cinco señalamientos, por ello se ha atrasado la

materia civil.

       En la Alcaldía de Escazú la Licda Mayela González Carranza mostró las

instalaciones del despacho las cuales son amplias, con buena luz y ventiladas, tienen

en la parte frontal y posterior de la planta física una amplia zona verde.

       Como la Licda González tuvo que retirarse a una diligencia, se entrevistaron

con el señor Manuel Sibaja Ramírez, Secretario de la Alcaldía, quien se mostró

satisfecho con la planta física porque están más cómodos pero comentó que por falta

de aparcadero se acumulan los vehículos de los usuarios a ambos lados de la vía, lo

que ocasiona dificultades en el tránsito de esa calle. Como el clima es caliente

necesitan cinco abanicos para el techo; además, requieren otra computadora para la

persona asignada a tramitar las pensiones, una biblioteca, un juego de muebles y el

mostrador para la atención del público. Necesitan que les arreglen el portón y les

repongan el fax que les sustrajeron. Como no tienen más que un espacio pequeño

para bodega, gran cantidad de licores decomisados tuvieron que almacenarlos en un

ranchito abierto para carne asada, el cual no ofrece seguridad ni es apropiado para la

conservación de los vinos a los que a cierta hora del día reciben sol el cual los

malogra.

       Recientemente se instaló el sistema de alarma. La casa tenía uno pero no

está funcionando. Tiene además rejas.

       Tienen un escribiente asignado a la materia de tránsito y otro a la Dirección

Ejecutiva.   El año pasado terminaron con cuatro mil y resto de expedientes y el
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encargado de estadísticas les había dicho que si el circulante pasaba de tres mil

expedientes se debía abrir otra Alcaldía pero eso no se ha hecho. Les ofrecieron

mandarles dos o tres escribientes más.

       En tránsito tienen más de mil expedientes que no son de multa fija, más mil y

resto de estos casos. El público hace fila para su atención. Se entregan fichas. Están

recargados en pensiones alimenticias. Hay una sola escribiente que tramita de

expedientes en esta materia, lleva lo de cheques, tesorería, etc. Como en la mayoría

son pensiones elevadas tienen gran presión de los abogados y las partes.

       Los guardias rurales no citan por falta de personal. Las contravenciones

prescribían, no tenían citador.

       Se les dio un citador por seis meses, cuyo nombramiento vence en el mes de

julio. El citador ha dado buen resultado. Han recibido entre quince a veinte denuncias

por violencia doméstica. Los señalamientos están hechos hasta el mes de setiembre.

       Las materias civil, laboral y penal están dentro de lo normal.

       En la Alcaldía de Coronado la Licda Alba Mojica Araya manifestó que el

secretario se incapacitó por quince días y le enviaron uno de la Agencia Fiscal pero

no conoce de la materia civil. Tiene una subalterna con licencia por maternidad y al

terminar esta, inicia sus vacaciones.

       De la Dirección Ejecutiva le enviaron un auxiliar desde el mes de abril hasta

junio, el cual ayuda con la atención del público. El circulante de la Alcaldía es muy

voluminoso.

       Al Secretario le corresponde tramitar lo civil y la mitad de los asuntos en

materia de pensiones alimenticias. Hizo un file para controlar su trabajo.

       Se acordó: Tener por rendido el anterior informe y ponerlo en conocimiento de
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los Departamentos de Personal, Planificación y Dirección Ejecutiva para lo que a

cada uno de ellos corresponde.

                                      -0-

      A las 16:00 horas terminó la sesión.

								
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