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									       PERSPECTIVA TRIALISTA DE LA FUNCION NOTARIAL EN LA
               ARGENTINA DE LA POST MODERNIDAD

                                                             Vanessa Lorena ROBALO

                                                                 Abogada - Notaria -      -



      Introducción

     La comprensión del papel que nuestro país cumple el notario tiene gran
importancia para mejorar su desempeño. Es relevante que cada notario se reconozca
como parte de un complejo cultural que en gran medida da sentido a su desempeño.

      Debe conocer el medio en el que se desenvuelve, los motivos de la construcción
del rol que tiene adjudicado, los significados de los protagonistas, de los casos a los que
ha de referirse y de las soluciones posibles.

     El análisis cultural de los problemas y de las soluciones ayudara a enriquecer el
quehacer notarial.



      Temática propuesta

     El notariado es una profesión del pasado, del presente y del futuro, como tal
debemos plantearnos ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?.

      Para responder a estos interrogantes, se debe efectuar el análisis con un perfil más
cercano a la realidad y enfrentado a los hechos que vivimos y viviremos a corto y
mediano plazo.

     El tratamiento del tema parte del reconocimiento de su gran complejidad e intenta
abordarlo considerando los cambios producidos.

      Si se quiere analizar los problemas por los que atraviesa la actividad notarial,
resulta indispensable hacer referencia al momento histórico que nos toca vivir. A tales
efectos, he de citar las palabras del Dr. Ciuro Caldani que sintetizan perfectamente el
contexto: ―El tiempo actual, de extraordinaria aceleración de la temporalidad y
constitutivo de una nueva era, está signado por un enorme cambio en lo científico,
tecnológico y moral, donde se destacan las grandes transformaciones en las
comunicaciones y la información y ocupa un lugar decisivo la genética humana. Es tan
sorprendente el cambio que parece adecuada la denominación ―negativa‖ ―post-
modernidad‖. ―Se trata ahora de un tiempo de profunda tensión entre el mercado y la
economía por un lado y la democracia y los derechos humanos por otra; de frecuente
conflicto entre la ―ciencia‖ y las ―humanidades‖. (Extractado de ―Tarea de la
Universidad Argentina en el tiempo del Bicentenario de la Revolución de Mayo‖. Ciuro
Caldani, Miguel Angel. www.centrodefilosofia.org.ar/investigacionydocencia43.htm).
      Se pretende reflexionar si esta nueva era que transitamos admite la subsistencia
del notariado con las características que hasta hoy se han venido desarrollando en la
República Argentina, si es imprescindible adecuar sus términos o por el contrario, si
esto último ya no es factible y urge la necesidad de desarrollar cambios profundos que
deben plantearse desde la base del sistema adoptado.



      Organización del notariado en la República Argentina

      El país ha adoptado como forma de gobierno la representativa, republicana, y
federal, y así lo ha dispuesto en el art. 1 de la Constitución Nacional. Está conformado
por veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

       La estructura parte del reconocimiento de la organización provincial como previa
a la Nación, e impone la existencia de poderes delegados por las provincias a la Nación,
como asimismo, poderes reservados y no delegados por aquellas a ésta, principio que se
mantuvo a pesar de las distintas reformas constitucionales hasta la última del año 1994
y así se encuentra reconocido en la Carta Magna. (art. 121 y concordantes.).

      Por tratarse de materia delegada, en todo el territorio nacional rigen las
disposiciones del Código Civil, Código de Comercio, Código Penal y Código de
Minería. En tanto, entre los poderes conservados por las provincias al tiempo de su
incorporación, se halla el poder de policía.

      Ello implica que las provincias han conservado para sí la facultad de regular los
diversos aspectos relacionados con la función notarial, quienes pueden ejercerla,
condiciones y requisitos de acceso, ejercicio del poder de policía, etc,

      Así, en ejercicio de sus facultades, las legislaturas provinciales han dictado las
leyes de organización de los notariados locales. Asimismo, han regulado aquellos
documentos notariales no reglados en la legislación nacional (ej. Los certificados).
Finalmente, también podemos encontrar en las leyes provinciales disposiciones
referentes a las escrituras públicas, que solo complementan lo previsto en el Código
Civil al respecto, sin desvirtuar el sistema.

      Cabe recordar, como señala la Dra. Armella, que la organización moderna del
notariado argentino se debe a un movimiento que comenzó a mediados del siglo XX.
Fue el preclaro Escribano José A. Negri el que convocó al Primer Congreso
Internacional del Notariado Latino, organizado por el Colegio de Escribanos de la
Capital Federal y que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. Consecuentemente
resultó fundador de la Unión Internacional del Notariado Latino (hoy Unión
Internacional del Notariado). Por su parte los notariados locales, aunque regidos por
leyes distintas, son fieles exponentes de los principios y bases de este tipo de notariado.
A pesar de las diferencias puntuales que existen entre las veinticuatro leyes de
organización del notariado en la República Argentina, todas ellas exponen comunes
denominadores. En todas las demarcaciones se requiere para el ejercicio ostentar título
universitario de grado de abogado o escribano. Para el acceso a la función debe
someterse a evaluaciones escritas y orales, además de calificarse sus antecedentes
académicos y profesionales, como así también su conducta honesta. Una vez aprobadas
las pruebas de evaluación con notas satisfactorias o logrando las máximas calificaciones
en los concursos de antecedentes y oposición, el aspirante es investido del cargo por el
Poder Ejecutivo local, ejerciendo la función pública notarial a partir de la aceptación.



     Perspectiva desechada. Positivismo normologico. Teoría pura del derecho

      Como en la ciencia, en principio, el que desea excluir una investigación debe
fundamentar su posición, he considerado correcto empezar el análisis, explicando las
razones por las cuales no se ha adoptado la perspectiva del positivismo normologico
para elaborar el presente trabajo, señalando sus presupuestos, aciertos y limitaciones.



      Para el positivismo normologico el derecho es solo norma. Su principal exponente
fue Hans Kelsen quien inicia su vida intelectual en un momento en que el derecho
positivo era acosado por el derecho natural y las ciencias sociales, como la economía,
psicología, etc. Con miras a la meta de ―purificar‖ el objeto de la ciencia del Derecho
procuró construir su objeto ciñéndolo exclusivamente a la lógica.

      La ‗Teoría Pura del derecho‘ de Kelsen se expuso por primera vez en 1911. En la
misma se desarrolla un método jurídico estricto, mediante el cual quiere eliminar toda
influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica, y acotar la
misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles
y a las conexiones esenciales entre las mismas. El derecho no debía tener otro
fundamento de validez y ordenación que la propia teoría del derecho, entendida como
―pura‖ en cuanto a que habría de sostenerse por sí misma y no depender de valores
extralegales.

      El punto principal lo constituye la norma. El derecho pertenece a la esfera del
deber ser y no a la del ser. Señala que solo es derecho lo que tiene sanción o posibilidad
de sanción. La imputación para ser jurídica y no moral debe tener sanción del aparato
jurídico. Habla de relaciones de imputación dotadas de sanción del ordenamiento
normativo. Entiende que debe existir sanción para que un orden normativo sea
considerado como jurídico, y además, a partir de los distintos tipos de sanciones
distingue el Derecho de otros conjuntos de normas, tales como la religión y la moral
social.

      Para Kelsen, las normas que no contienen sanción son solo parte de otras normas
que sí la contienen.

     La norma jurídica no es explicada en forma aislada, sino en el marco de un
complejo unitario llamado ordenamiento jurídico que se funda en el hecho de que todas
las normas del conjunto se derivan de una única norma suprema o fundamental
hipotética, la cual explica efectuando con la lógica un salto del positivismo normologico
al sociológico que por no ser materia del presente trabajo no habré de explayarme ni
explicarlo.

     Así, en la teoría ―pura‖ predomina el ―deductivismo‖ a través de su construcción
piramidal.

      Los méritos jurídicos de Kelsen son innegables, y ello explica su resonancia. Su
construcción sin embargo es muy reducida para aplicarla en un mundo real signado de
grandes complicaciones.

       Como critica a la misma, se ha dicho que el propósito de dar única consideración
a las normas, como lo indica la teoría ―pura‖ del Derecho, oculta juegos de intereses que
a muchos importa -y mucho- estudiar y evaluar en el marco jurídico. La ―teoría pura‖
es, un ―metodologismo‖ que ―logiciza‖ lo que ocurra y se niega a discutir las metas del
Derecho. Resulta una ideología al servicio de los poderosos que han hecho las normas y
confían en los órganos de aplicación, recipiendarios de sucesivas ―habilitaciones‖.
(Metodologia juridica. Ciuro Caldani, Miguel Angel, pagina 5, www.cartapacio.edu.ar)

      Por mi parte, además de lo precedentemente expuesto y circunscribiendo el
examen al tema propuesto he decidido descartar el esquema del positivismo jurídico
normologico por resultar a todas luces insuficiente. Una perspectiva enriquecedora será
la que estudie al notario como titular de un papel especifico en el tiempo y en el espacio.

      Además, limitar la discusión al aspecto lógico de las normas puede generar
resultados erróneos o al menos confusos. Detengámonos a pensar tan solo un instante
las consecuencias que su adopción podría generar.

     En primer lugar, con el concepto de derecho brindado por Kelsen centrado en la
coacción, prácticamente no se admite el nacimiento del derecho notarial cuya base es el
acuerdo o consentimiento, el cual obviamente no sufre coacción porque brota de las
voluntades autónomas.

      En la postura unidimensional kelseniana, lo notarial solo se advierte cuando entra
en juicio, es decir si un contratante sea comprador, locatario, etc; no paga, e infringe así
la norma, será por ende coaccionado por el órgano de la heteronomia (juez), que es el
que en su metodología existe porque precisamente se creó para coaccionar.

      Con toda razón se ha señalado el error de las tesis que centran y motivan el
derecho en la coacción, advirtiendo que con ello se provoca un macrocefalismo en
perjuicio de los restantes valores jurídicos. ―Si el derecho logra su función esencial por
lo antijurídico y si su misma esencia depende del hecho ilícito, debería levantarse un
agradecido monumento al infractor. ¿Cómo pensar que el derecho vive solo porque
haya asesinos, amigos de lo ajeno, gente que no cumple con su obligación y que no
paga lo que debe? (Gattari, Carlos Nicolas. Practica Notarial. Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1987, Tomo 4, pagina173)
      Comparto la opinión de aquellos que piensan que la coacción no deja de ser un
factor accidental de la vida del derecho, que no entra en él como un elemento
constituyente.

      El derecho es un principio de libertad, su realización no depende de la fuerza
exterior, sino de la aceptación del sujeto racional. Nadie se pone a pensar que esto
también se prueba numéricamente, por cada expediente judicial que registra un
contencioso, hay mil escrituras que registran un acuerdo que no entra en juicio jamás.
(Gattari, Carlos Nicolas. Manual de Derecho Notarial. Ediciones Depalma, Buenos
Aires, 1997, 1ra reimpresion, pagina 391.)

      Un último párrafo en este punto, permitirá comprender acabadamente las ideas
que personalmente asumo. En cita del conocido notarialista Gattari, Legaz afirma:
―Primeramente el derecho está en la persona en relación con otras personas. Los
tribunales no crean la realidad del derecho, aun cuando operan directamente con las
relaciones jurídicas porque las juzgan. El notario constituye el elemento directo y
concretamente configurante de la realidad jurídica misma.‖ Seguidamente cita a Castan
Tobeñas quien expresa ―La individualización y concreción del derecho se realiza, tanto
o más que por la decisión jurisdiccional, por el negocio jurídico que, en su forma
instrumental autoriza y legitima el notario‖. (Gattari, Carlos Nicolas. Practica Notarial.
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1987, Tomo 4, página 175).



      Demostrada la palmaria insuficiencia de la ―teoría pura‖ para explicar la
existencia del derecho notarial, veamos que sucede si la adoptamos para analizar la
naturaleza del agente de la función.

       El Código Civil argentino, dedica varios artículos a los instrumentos públicos,
utilizando a veces la palabra escribanos como sinónimo de funcionarios públicos u
oficiales públicos, mientras que en otros se establece una posible diferenciación, y esto
ha generado una interminable discusión en la doctrina.

      Así, Vélez Sarfield, al determinar en el articulo 979 cuales son los instrumentos
públicos, estableció: ―1) Las escrituras hechas por los escribanos públicos en sus libros
de protocolo, o por otros funcionarios con las mismas atribuciones...2) cualquier otro
instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las
leyes hubieren determinado... ‖ En idéntico sentido se expresó al definir la forma en el
artículo 973 del C.C. ―La forma es el conjunto de prescripciones de la ley, respecto de
las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico;
tales son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por
escribano publico o por un oficial publico...‖; e igualmente utiliza el vocablo
disyuntivo ―o‖, en el art. 1004 del C.C.

      Por otro lado, encontramos que el artículo 980 del código de rito dispone: ―Para
la validez del acto, como instrumento público, es necesario que el oficial publico obre
en los límites de sus atribuciones respecto de la naturaleza del acto, y que este se
extienda dentro del territorio que se le ha asignado para el ejercicio de sus
funciones.‖.En tanto el artículo 981 C.C. dice ―Son sin embargo validos, los
instrumentos públicos hechos por funcionarios fuera del distrito señalado para sus
funciones, si el lugar fuese generalmente tenido como comprendido en el distrito‖. El
art. 982 C.C. el tratar la investidura plausible, también habla del ―oficial público‖, como
el 983 al referirse a los actos de los oficiales públicos suspendidos, destituidos o
reemplazados. El artículo 985 establece la nulidad para los actos autorizados por un
―funcionario público‖ en asunto en que él o sus parientes hasta el cuarto grado fuesen
personalmente interesados.

       El art. 987 C.C. referido a la conversión formal del acto, nuevamente dice ―oficial
público‖. En idéntico sentido los arts. 990, 992 y 993 C.C., todos igualmente aplicables
a los notarios.

      En ninguna de estas disposiciones ha distinguido el codificador los términos
―funcionario – oficial publico - escribano‖, sino que pareciera que ha querido abarcar
con todas ellas una misma categoría de agentes.

      La aplicación de la ―teoría pura‖ conllevaría por aplicación racional deductiva de
de las normas señaladas a la consideración de que el notario argentino es un funcionario
público porque así lo ha considerado Velez Sarfield en numerosos artículos.

      Pero los invito a reflexionar las consideraciones vertidas al respecto por un fallo
judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en autos
―Vadell, Jorge F. c. Provincia de Buenos Aires‖, de fecha 18/12/1984, publicado en
L.L. 1985-B-3, ED 112-780, que por su claridad reproduzco in extenso, y dice: ―…La
cuestión suscitada conduce a la necesidad de indagar si la actividad del escribano de
registro constituye una modalidad dentro de la categoría de los funcionarios públicos,
con las consecuencias legales que de ello derivan y que son las que cabe considerar o,
por el contrario, el ejercicio de una profesión, bien que dotada del atributo de la fe
pública y sometida a una particular relación con el Estado que se manifiesta a través
del acto de la investidura, el control y las facultades disciplinarias, pero no participa
“stricto sensu” de aquel carácter. Dificultan la solución del tema algunas disposiciones
del Código Civil, como los arts. 979 incs. 1º y 2º, 997 y 1004 que contienen menciones
no suficientemente explicitas acerca de quienes denomina escribanos o funcionarios
públicos, y también la referencia que hace el codificador en su nota al art. 1112, en la
cual ubica a aquellos en esa última clasificación. No debe perderse de vista por otra
parte, que el art. 10 de la ley 12990 ha reconocido formalmente ese carácter siguiendo
sus antecedentes, las leyes 1144 y 1893. No obstante la sujeción literal a la norma no
basta para explicar la condición en examen, por lo que resulta necesaria una exégesis
sistemática del estatuto jurídico del notariado. En ese sentido si bien no caben dudas de
que como fedatario cumple una función pública por la investidura con la que el Estado
lo somete a su superintendencia (arts. 17, 35 y ss., ley 12990), es evidente que no se
presentan las notas características de la relación de empleo público que permitan
responsabilizarlo por las consecuencias de su desempeño. En efecto, no existe
dependencia orgánica respecto de los poderes estatales cuyas plantas funcionales no
integra, no está sometido al régimen de subordinación jerárquica que le es propio, ni se
dan a su respecto otras características de un vínculo permanente con la administración
como puede serlo, en su medida, la remuneración. En tales condiciones, se lo puede
definir como un profesional del derecho afectado a una actividad privada, pero con
atributos que en parte lo equiparan a la gestión pública, cuyos actos vinculados al
comercio jurídico privado, dan fe de esas relaciones privadas y no expresan la voluntad
del Estado como este normalmente la exterioriza a través de sus órganos. La nota al
art. 1112 del Código Civil que incorpora entre los agentes públicos a los “escribanos,
procuradores y todos los empleados en la administración del Estado” no altera lo
expuesto toda vez que no cabe afirmar que contenga una equivoca mención de los
escribanos de registro. Contribuye a esta convicción la circunstancia de que al
sancionarse el Código Civil, no existía la separación entre la fe pública notarial y la
judicial, que solo se opera con la vigencia de las leyes 1144 y 1893, que siguen la
orientación innovadora de la ley orgánica del notariado español de 1862, de tal
manera, la expresión -ubicada en su preciso contexto temporal- no es suficientemente
indicativa si se toma en cuenta que, aun en aquellas normas, los escribanos de registro
tenían su regulación junto a los escribanos secretarios –estos si incuestionablemente
funcionarios estatales- en el marco de las leyes destinadas a ordenar la organización
de los tribunales bajo la genérica definición de escribanos públicos (ley 1893m titulo
XII, caps. I,II y III). Por otra parte y aun de admitir que la función fedataria sea la más
trascendente de las que realiza el notario, no puede ignorarse que concurre con otras
que no ostentan ese carácter y que son propias de su condición de profesional
independiente. Parece absurdo, entonces, que semejante dualidad se presente en quien
se pretende definir como funcionario público, como igualmente inaceptable que,
necesariamente sometido como tal a una típica subordinación disciplinaria, esta
facultad del Estado pueda coexistir con el ejercicio de una superintendencia a cargo de
organismos corporativos como los que contempla la ley 12990…)



      Como puede observase, la sola denominación ―funcionario público‖ u ―oficial
público‖ utilizada por el Velez Sarfield incluyendo a los escribanos no prueba en nada
que estos así lo sean.

      Si iniciamos el análisis desde la realidad, observando los hechos, examinamos y
valoramos si los derechos y obligaciones de los notarios responden a la naturaleza
jurídica del funcionario público, la respuesta será indudablemente negativa.

      Por un lado, si bien los escribanos comparten con los funcionarios públicos
obligaciones    tales   como       residencia,   asiduidad,     ministerio    obligatorio,
incompatibilidades y control, y tales obligaciones los acercan al funcionario, las mismas
no son de la esencia de la función pública, y se atribuyen a los notarios tan sólo como
consecuencia de la especial reglamentación a que está sometida la profesión.
      En ninguna provincia argentina, los notarios integran como agentes activos la
administración pública ni tienen dependencia orgánica respecto de los poderes estatales.
Tampoco están sometidos a los regímenes de subordinación jerárquica que les son
propios, sino que gozan de independencia en su ejercicio, con limitaciones impuestas
por la ley. El Estado no responde por sus actos y no les resultan aplicables el art. 1113
del Código Civil cuyo primer párrafo extiende la obligación del principal a los daños
causados por los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o están
bajo su cuidado. Por último, en cuanto a la remuneración, se observa que no perciben
sueldo del Estado; por el contrario, cobran directamente la retribución a sus servicios de
los clientes-requirentes. En tanto el derecho a la jubilación como consecuencia de la
retribución directa de los clientes, tampoco se encuentra a cargo del Estado sino del
mismo notario quien debe solventar su aporte sea al régimen nacional o al de cajas
profesionales creadas especialmente en algunas provincias. Al no presentar tales
características, resulta absolutamente incorrecto considerarlo funcionario público,
exceptuando lógicamente el caso de aquellos que si forman parte de la Administración
Pública, como Escribanos de Gobierno por ejemplo, pero eso es otro tema.

      De este modo queda demostrado que no todos los casos pueden resolverse por
aplicación racional deductiva de las normas generales.

      A pesar del disenso que pueda causar mi opinión, por ahora simplemente diré que
el notario argentino no es un funcionario público sino que es un Profesional del derecho
a cargo de una función pública.

      Se advierte que cuando se hace referencia a los notarios, solo se incluye en la
denominación a los Escribanos de Registro, es decir, Titulares y Adscriptos, que son los
que se encuentran habilitados para el ejercicio de la función fedante. Los simplemente
matriculados responden conforme a un régimen distinto, y no son objeto de estudio del
presente.



       En conclusión: Por todo lo expuesto, si bien se aplaude el rigor lógico del
positivismo normologico, no se acepta su logicismo. La teoría de Kelsen resulta
atractiva para explicar al Derecho por su propia simplicidad, pero la práctica social del
Derecho es compleja y no puede ser explicada mediante un esquema simplista.



    Perspectiva adoptada. Integrativismo Tridimensionalista. Teoría Trialista del
mundo jurídico

      El análisis se realizara dentro la corriente integrativista que propone la superación
de las exclusividades normológicas, sociológicas y axiológicas, específicamente dentro
del marco la concepción tridimensional del Derecho y de la teoría trialista del mundo
jurídico, fundada por el jurista Werner Goldschmidt.
      Este posicionamiento excede el ámbito teórico, ya que su adopción termina por
definir toda una manera de entender la interacción humana y los problemas que la
circundan.

      Goldschmidt fundó la teoría trialista del mundo jurídico en 1960, en su obra
―Introducción al Derecho‖. Sin perjuicio de las afinidades previas del autor con la
egología fundada por Carlos Cossio, la teoría fue iniciada tratando de brindar bases para
pensar el Derecho con miras a la justicia. El planteo goldschmidtiano inmediato había
partido, en 1958, de ―La ciencia de la justicia (Dikelogía)‖. El trialismo tuvo la última
elaboración general por su autor en 1967, en la tercera edición de la ―Intoducción‖, que
desde entonces se llama ―Introducción filosófica al Derecho‖, pero luego ha recibido
otros numerosos aportes. (o.p. Metodologia juridica. Ciuro Caldani, Miguel Angel,
pagina 4)

      El integrativismo tridimensionalista de la teoría trialista del mundo jurídico ha
constituido un esfuerzo por superar los uni y bidimensionalismos jurídicos vigentes en
su momento, mostrándose como una integración enriquecedora de tales perspectivas.
Posibilita un mejor entendimiento atento a que capta la complejidad de la vida y del ser
humano, realizada en un complejo de valores que culmina en la justicia. Brinda un
marco mucho más comprensivo y adecuado que otros esquemas.

      Corresponde advertir que la teoría, en la versión que adoptamos ha sido revisada
por el profesor Miguel Ángel Ciuro Caldani, quien ha hecho aportes que implicaron la
modificación sustancial de la dimensión dikelógica.

      El trialismo entiende que el objeto jurídico ha de ser un conjunto de repartos de
―potencia‖ e ―impotencia‖, es decir, de lo que favorece o perjudica al ser y
especialmente a la vida (dimensión sociológica), captado por normas que los describen
e integran (dimensión normológica) y valorado por el valor justicia (dimensión
dikelógica).

      En esta ultima dimensión radica la diferencia entre Goldschmidt quien plantea su
objetividad y Ciuro Caldani quien plantea que como objetividad es indemostrable, y
desde una postura constructivista entiende que solo se la puede establecer con referencia
a consensos valorativos.

      Correctamente la Dra. Pezzetta ha explicado que, cada una de las dimensiones se
engarza con la otra y, si bien la obra de Goldschmidt comienza con el desarrollo de la
dimensión sociológica, para luego seguir con las otras dos, la interdependencia
conceptual aparece a cada paso. Así, la más notoria y fundamental, es la que existe entre
las dimensiones sociológica y dikelógica. Si bien Goldschmidt observa que las
categorías de la jurística sociológica no dependen de la jurística dikelógica, es decir, de
su valoración, notamos que existe cierta dependencia muy relevante. Así, para poder
definir qué hechos de la vida social interesan al Derecho (dimensión sociológica),
debemos recurrir al criterio valorativo. En este sentido, ingresa a la órbita del Derecho
todo acto susceptible de ser valorado como justo o injusto. Luego, estos actos serán
captados o no por normas (dimensión normológica) y, finalmente, valorados los actos y
las normas (dimensión dikelógica) como justos o injustos a la luz de los valores. Por
todo lo dicho, casi podría decirse que la dimensión sociológica existe en función de la
axiológica. Si por hipótesis, de la teoría trialista quitáramos la dimensión axiológica,
desaparecería la dimensión sociológica tal como está definida. Nos quedaríamos sin
criterio para seleccionar de la realidad aquello que interesa al jurista como tal. Sin
embargo, se mantendría en pie la dimensión normológica, aunque en el funcionamiento
de la norma algunos problemas se resolverían de otra manera. Y esto porque aunque
existen bidimensionalismos socio normológicos e, incluso unidimensionalismos
sociológicos, en la teoría trialista lo sociológico es aprehendido desde la atalaya del
valor Justicia. (Silvina Pezzetta, ―El marco teórico del trialismo de Werner Goldschmidt
y su evolución. Algunas ideas sobre los nuevos aportes teóricos‖. Revista Telemática de
Filosofía del Derecho, nº 11, 2007/2008 pag 251)

      La referencia que efectúa esta teoría del objeto jurídico a la vida nos posibilita
situarnos en lo que, interesa en definitiva. Es cierto que la vida es difícil de
conceptualizar y que motiva opiniones muy disímiles, pero también es, a nuestro
parecer, lo que en definitiva nos importa porque finalmente vivimos.

       A diferencia de las posiciones que se interesan de modo central por las normas, el
trialismo considera que es la vida la referencia nuclear que ha de tomar la ciencia
jurídica. No se trata de remitirse a la vida como marginalidad de las normas, sino de
referirse a las normas como partes de la comprensión de la vida. (Ética e Independencia
del Poder Judicial. Sesiones de jueces de segunda instancia de los tribunales de las
provincias argentinas del centro. Córdoba junio 2004, ed. Argentus. Perspectivas
integrativas trialistas de la ética y la independencia del Poder Judicial. Miguel Ángel
Ciuro Caldani, pag. 6)

     El trialismo utiliza de modo predominante el método inductivo en el
reconocimiento de la realidad social y el método deductivo en la estructura del
ordenamiento normativo y en el funcionamiento de las normas.

      Como pretende construir su objeto con miras a la vida, con todo acierto se ha
dicho que ―supera a las teorías unidimensionales enriqueciéndolas con fundamentales
aportes sociológicos y axiológicos. Ello permite visualizar conflictos de intereses y
discutir las auténticas metas que ha tener el Derecho‖. (La teoría trialista frente a la
teoría pura. Reflexiones comparativas sobre tres cuestiones jurídicas relevantes.
Mariano H. Novelli ISSN 1851-0884)

      En la elaboración tridimensional la tarea del notario queda iluminada en su
despliegue sociológico, normológico y dikelogico en una integración profunda e
indestructible. A su vez, la función notarial puede ser comprendida a través de la
integración del derecho en el resto del universo.

     El Notario argentino, como profesional del derecho debe reconocer, interpretar
determinar, conjeturar, elaborar, argumentar, aplicar y sintetizar normatividades
beneficiando y perjudicando a seres humanos, y lógicamente a la vida construyendo
justicia.

       Planteados estos términos, el análisis del quehacer notarial a partir de la postura
trialista, posibilita averiguar qué reparto valioso se quiere hacer, cuáles son los límites o
posibilidades para adjudicar potencia e impotencia y qué indican las normatividades ya
existentes sobre el mismo. Las dimensiones normativa, social y valorativa integran la
complejidad pura del mundo jurídico, y su análisis suministra la herramienta
fundamental para tomar decisiones responsables.



       Aportes trialistas para la comprensión del rol del notario en los tiempos que
                                       corren

      El mundo jurídico

      Con la locución "mundo jurídico", se designa al fenómeno jurídico en la
totalidad de sus tres elementos: conductas, normas y valor.

       Como se ha explicado, el trialismo es una doctrina que –según surge de su propio
nombre– explica el derecho creando tres puntos de vista que son: a) la conducta, o sea la
materia sobre la cual recae la actividad de las personas, sea del notario, juez,
registrador, etc; b) la norma, o sea la ley o leyes que se aplican y explican esa conducta
y c) la justicia como morigeradora de las rispideces de la ley por una comprensión de la
conducta y, al mismo tiempo, un refuerzo ideal que comprehender y para ajustarlas a
razones humanitarias. La combinación de estos tres elementos del Derecho es suficiente
para alcanzar una interpretación más racionalizada. (Gattari, Carlos Nicolas. Principios
del Derecho Notarial. Revista del Notariado Nº 898 publicada por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Oct-Dic 2009 pag 263-269).

       El mundo jurídico es parte del mundo político que se diversifica en ramas
referidas al fin a distintos valores de convivencia, como la salud (política sanitaria), la
utilidad (política económica), la verdad (política científica), la justicia (política jurídica
o Derecho), etc., al despliegue y el recorte de dichos valores (política educacional y
política de seguridad, respectivamente) y al conjunto de la convivencia (política cultural
en sentido amplio).

     Como el funcionamiento normativo desde el trialismo exige que los repartos
proyectados se conviertan en repartos realizados, el notariado argentino debe ser
comprendido y proyectado desde todos estos aspectos.



      Las dimensiones del mundo jurídico

      Dimensión sociológica
      El trialismo señala como objeto general de interés de la dimensión sociológica del
Derecho a las adjudicaciones de potencia e impotencia relacionadas con hombres,
entendiendo por potencia e impotencia a lo que respectivamente favorece o perjudica al
ser y, en los seres vivos, a la vida. Se considera que por estar vinculadas a seres
humanos son adjudicaciones ―jurídicas‖.

      Se advierte que, pese a que son frecuentemente reflejadas por las normas, las
adjudicaciones tienen alcances muy diferentes que los que ellas indican. Por eso, aunque
se parta de las captaciones normativas, siempre será necesario “saltar” a la
consideración de la realidad de las adjudicaciones.

      El obrar del notario es parte de un marco social complejo de adjudicaciones en las
que se reparte o distribuye nuestra vida.



      Las distribuciones.

     Aunque el núcleo lo constituyan los repartos que más adelante se trataran, en la
dimensión sociológica de la teoría también se desarrolla el concepto de ―distribuciones‖

      La teoría trialista deja la posibilidad de hacer referencia a adjudicaciones jurídicas
de potencia o impotencia que pueden favorecer o perjudicar, que NO realizan sujetos
determinados o determinables, sino que son originadas por la naturaleza (vrg. Clima,
ubicación geográfica, etc;), las influencias humanas difusas (son aquellas que provienen
del obrar humano, pero no de personas determinadas a las que sea posible atribuir, sino
que al contrario no se puede establecer quiénes son) y el azar, todas estas son llamadas
“distribuciones”.



      Aprovechando los cauces que el arsenal conceptual trialista brinda para instalar
una relación de la temática propuesta con la naturaleza, se destacan los siguientes
datos: La República Argentina, por su extensión, 2.780.400 km², es el
segundo estado más extenso de América Latina, cuarto en el continente americano
y octavo en el mundo, considerando solamente la superficie continental sujeta a su
soberanía efectiva. Si se consideran las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del
Sur y Aurora (hoy administradas por el Reino Unido y reivindicadas por la Argentina),
más el área antártica reclamada al sur del paralelo 60° S, denominada Antártida
Argentina (que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), la superficie total
se elevaría a 3.761.274 km², convirtiéndose en el séptimo país más grande del mundo.

      Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, posee una gran variedad
de climas. En general, el clima predominante es el templado, aunque se extiende a
un clima subtropical en el norte y un subpolar en el extremo sur. Además, ha sido
beneficiada por una gran riqueza y variedad de recursos naturales y de acuerdo a datos
provisionales del censo del 27 de octubre de 2010 que realizó el INDEC, la población
del país asciende a 40.091.359 habitantes. Todos estos datos indican que nos
encontramos en un país altamente beneficiado por la naturaleza para el ejercicio de casi
cualquier actividad, oficio o profesión que se pretenda realizar o ejercer.



      Indudablemente la naturaleza ha sido en extremo beneficiosa con el país. De de
acuerdo al más reciente informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Argentina es el noveno país (entre más de 150) con mayor riqueza
y biodiversidad natural. El extenso territorio de la República Argentina está dotado de
grandes atractivos turísticos, lo que favorece la constante llegada de extranjeros a
nuestra tierra. Lamentablemente, las maravillas naturales no han sido ni son un factor
determinante para atraer a gran escala importantes inversiones de empresas
multinacionales, cuya radicación en el país podría incidir en el movimiento económico
y ciertamente ayudaría a incrementar los índices correspondientes al tráfico escriturario
actual.



      Seguramente la vasta extensión del territorio, marcado por las características
señaladas: diversidad de climas, flora y fauna, etc, ha beneficiado la adopción del
sistema federal de gobierno, producto del cual nos encontramos actualmente con un
sistema local de 24 leyes que regulan la organización del notariado en el país.

      Asimismo favoreció a la implementación de la limitación en el número de
registros en cada provincia con restricciones para el acceso, régimen que perduro sin
mayores inconvenientes hasta que en el año 1991 el Poder Ejecutivo Nacional dicto el
Decreto Nº 2284 con el cual pretendía desregular la economía.

      En cambio, territorios menores y por lo tanto con características más uniformes,
comparativamente perjudicados en algunos aspectos, se ven beneficiados para adoptar
otro tipo de régimen. Por ejemplo, la República Oriental del Uruguay que abarca 176
mil km² (siendo el segundo estado más pequeño de Sudamérica en cuanto a territorio) y
con una población de tan solo 3,4 millones de habitantes, si bien adhiere a los principios
del notariado latino presenta un Notariado libre, que se asemeja a cualquier profesión en
que, obtenido el título universitario, se puede matricular y ejercer. Acreditando los
requisitos establecidos, se obtiene de la Suprema Corte de Justicia -órgano máximo del
Poder Judicial- la investidura habilitante para el ejercicio profesional. Cada escribano
puede establecerse donde quiera y su competencia abarca todo el territorio nacional. Si
bien, el notariado uruguayo se agrupa en una asociación civil llamada Asociación de
Escribanos del Uruguay, esta afiliación es voluntaria. La superintendencia del notariado
la ejerce por ley la Suprema Corte de Justicia a través de su Inspección General de
Registros Notariales que realiza la visita de los protocolos. Además, está el Consejo
Arbitral de la Asociación de Escribanos del Uruguay que recibe las denuncias de
irregularidades en el ejercicio de la profesión, asumiendo de esta forma el contralor del
comportamiento ético del escribano.
      Obviamente la razonabilidad de uno u otro régimen se debe buscar, en las
posibilidades de cada Estado para mantener el control sobre la función. Recordemos que
la dación de fe es una función pública que se ejerce por delegación.

      Además de la naturaleza, especial relevancia presentan para entender al notariado
argentino las influencias humanas difusas.

       Previo al desarrollo del punto, debo advertir que se siguen muchos de los
lineamientos expuestos por el Dr. Ciuro Caladani en su trabajo ―Líneas problemáticas
trialistas para la construcción de la Argentina del Bicentenario‖

       En primer lugar, se debe considerar que el nuestro se presenta como un país
relativamente ―occidental‖. Occidente es en gran medida una cultura marítima y
dinámica, heredera de aportes griegos, romanos, judeocristianos, germanos e incluso
árabes. A dicha formación occidental hay que agregar el aporte ―marginal‖ de los
pueblos originarios, tardíamente revitalizado.

     Según la proyección occidental, el mundo se encuentra hoy en un proceso de
globalización/marginación y en definitiva en los umbrales de una nueva era. Se trata de
un nuevo tiempo cargado de enormes posibilidades favorables y desfavorables.

      Aunque el mundo de hoy resulta afectado por una profunda crisis del sistema de
economía capitalista, sobre todo en su proyección financiera, el régimen mundial
continua centrado principalmente en los Estados Unidos de América, aunque se debe
reconocer que también en parte en Europa y tal vez en algún grado en los grandes
―países emergentes‖.

      Adviértase que, con el correr de los tiempos, el imperio de las finanzas del país
del norte ha impuesto su moneda como moneda-cambio internacional y su idioma como
lengua universal, lo cual persiste hasta el presente, aunque el Euro compita por ocupar
ese lugar y se haya inventado el Esperanto. Mediante el uso de Internet y la
mundialización de las marcas, patentes y franquicias, el inglés se ha afirmado como un
instrumento indispensable para mantener y acrecentar la actividad económica en esta
era globalizada.



      El país esta signado como tal por las referidas características de nuestro tiempo,
pero afectado a su vez por tensiones propias, que lo hacen considerablemente inestable,
sobre todo en la ―superficie‖.

      Dentro de las divisiones de la occidentalidad en cuanto al modo de pensar y a lo
pensado, la Argentina pertenece a la vertiente más racional ―continental‖, expresada en
el Derecho romano-justinianeo y germánico, diversa de la corriente más empírica,
manifestada en el ―common law‖. Concordantemente, se adopta para el notariado los
principios del sistema notarial latino, por oposición a al sistema sajón.
      El reconocimiento de las bases culturales del Derecho contribuye a mostrarlo
integrado en nuestra propia vida, puede decirse en nuestra propia “biografía”, que es lo
que en definitiva a menudo más nos interesa. (Ciuro Caldani, Miguel Angel. Bases
Culturales del Derecho Argentino).

      Se ha dicho que esta nueva era globalizada exige la formación de un Derecho
global que, apoyado sólidamente en unos principios jurídicos comunes, logre afrontar
con éxito el gran reto jurídico del siglo XXI. Así, se observa un acercamiento que
propone la conciliación de los dos sistemas jurídicos de mayor calado y protagonismo
mundial, considerados excluyentes. Me refiero al civil law o Derecho continental
europeo y al common law o Derecho angloamericano.

      En este contexto, la pregunta es: ¿el resultado de este proceso de
desnacionalización de los mercados, la política y las leyes puede ser la imposición de
algún sistema sobre otro?

       En este punto, cabe señalar que, la proyección del Notariado de tipo latino hacia el
futuro, es percibida por algunos con nubes y tormentas. El tema comenzó a ser objeto de
preocupación a partir del X Congreso Internacional del Notariado Latino celebrado en
Montevideo, Uruguay en el año 1965. Ya en aquel entonces, se urgía al notariado
prepararse para un nuevo capítulo de la historia, en donde las relaciones de producción,
distribución y consumo no se efectuarían para un consumidor individual, ni siquiera
ubicado en la misma ciudad o país, además de referirse a la tendencia masificadora.
Desde aquel Congreso muchos acontecimientos políticos, sociales, tecnológicos,
médicos y por supuesto jurídicos inimaginables transcurrieron.



      Las dimensiones de la globalización y de la marginación tienen en la Argentina
proyecciones claramente excesivas y lo notarial no se encuentra al margen de las
mismas. Se advierte en algunos sectores la intención de cambiar el régimen imperante, y
ello se atribuye principalmente a que para la economía capitalista el sistema de
seguridad del Notariado Latino con su régimen registral cuesta mucho dinero.

      Los notarios ―tienen que estar muy alertas porque siempre hay intereses en juego
para cambiar el sistema latino por el anglosajón. Los organismos multilaterales, tales
como el FMI, el BID y el Banco Mundial, como tienen cultura anglosajona, están
continuamente presionando para que nuestros países cambien de sistema, aduciendo
cuestiones económicas.‖ (Entrevista a Aldo Pignanelli. Ex Presidente del Banco Central
de la República Argentina, publicada en Revista ―Noticias del Consejo Federal del
Notariado Argentino‖. Julio 2009 Nº 35 pagina 40)

     ―Es de hacer notar que en estos últimos cincuenta años, nuestro país ha pasado por
regímenes de gobierno democrático y de facto. No obstante, la organización notarial,
desde que se plasmo institucionalmente, no ha sufrido ninguna influencia por los
cambios políticos. Por el contrario, la década de fines de siglo se ha presentado como
una etapa postmodernista altamente influenciada por reglas económicas, con una
especial preponderancia de figuras jurídicas propias del derecho anglosajón. Ello ha
traído en pocos años el enorme cambio del sistema de limitación de registros, cono no
había sucedido durante casi cincuenta años‖. (Armella, Cristina Noemí; Acceso a la
Función Notarial)



       El pensamiento del país está históricamente dividido, de manera particularmente
significativa, entre el contenido “anglofrancés”, más cercano a la Reforma, pactista,
―ilustrado‖, individualista y abstencionista, y el “hispánico tradicional”, más católico,
organicista, romántico y paternalista.

      En la vida independiente, la cultura “angloafrancesada”, a veces vinculada a los
Estados Unidos de América, se evidenció de diversas maneras en Moreno, Rivadavia,
Alberdi, Mitre, Sarmiento, Roca, Marcelo T. de Alvear y Aramburu. Para la
implantación de un país ―angloafrancesado‖ y la destrucción de la cultura gauchesca, de
estilo hispánico tradicional eran funcionales el desarrollo científico y tecnológico; la
educación laica, común, gratuita y obligatoria, con presencia de docentes
norteamericanas (plasmada sobre todo en 1884); la ley de vagos y mal entretenidos; la
Constitución de 1853-1860, el Código de Comercio y principalmente el Código Civil
redactado por Vélez Sársfield, que Sarmiento hizo aprobar a libro cerrado (referido a la
propiedad privada y la libertad de contratación propios del derecho romano).

       En tanto, la cultura hispánica tradicional, nutrida en su momento por la presencia
italiana meridional y española de la inmigración, fue representada de cierto modo por
Saavedra y por Rosas y Perón. La presencia del elemento hispánico tradicional se
expresó, por ejemplo, en la constitucionalidad y la legislación del primer período
peronista.



     La complejidad de las bases culturales del Derecho argentino hace a nuestro
parecer evidente que también es necesario captar el ―horizonte‖ del mundo político, en
el cual el Derecho (la política jurídica) se relaciona con las otras ramas políticas
(económica, científica, artística, religiosa, educacional, de seguridad, etc.).

      En este orden de ideas, se advierte una profunda crisis en el sistema educativo
general, cuyos contenidos no resultan presentados con la debida profundidad para
mostrar la importancia de lo que se transmite, y de este modo egresan de las
Universidades, Notarios con escasa o nula preparación para afrontar la práctica de
tamaña función que exige profundos conocimientos del derecho civil, comercial, penal,
administrativo, tributario, etc. Para un país como el nuestro que hizo del sistema
educativo uno de los pilares de su constitución material, la crisis de la educación asume
particular gravedad. Aunque también se debe reconocer que aun con potencialidades
educativas relativamente ahora disminuidas, el país puede obtener relevantes
realizaciones al respecto.

      Afortunadamente, se ha instalado la tendencia de exigir título universitario de
escribano o abogado con orientación o especialización notarial, y en muchas
universidades argentinas el primero solo se obtiene tras haber cursado la carrera de
abogacía. En la mayoría de las provincias se imponen pruebas de evaluación a quienes
aspiren ser notarios de registro, aunque el criterio se desvirtúa en cierto modo con la
implementación de adscripciones acotadas a la propuesta del titular del registro, y en los
casos que se ha dispuesto la posibilidad de que el Poder Ejecutivo local efectúe la
designación de cualquier integrante de la lista que hubiere elevado el órgano encargado
de llevar a cabo la evaluación, sin la necesidad de que ella recaiga necesariamente en
aquel que obtuvo los mejores puntajes (vgr. Ley Notarial 3743 Prov. Misiones).

      Tras el acceso a la función, la tendencia indica un aumento en las exigencias,
mediante la imposición en algunas demarcaciones, de la obligación de acreditar
periódicamente la realización de cursos de capacitación, lo que ha favorecido
ostensiblemente al notariado.



      Por otro lado, la Argentina posee por herencia europea una mayoría católica (no
necesariamente tradicional) y se inserta dentro de la lengua española. Estas
características le brindan rasgos de jerarquía ―intermedia‖ dentro de la occidentalidad,
hoy dominada por la Reforma y la lengua inglesa, tal como se ha hecho referencia
precedentemente.

       El catolicismo tradicional estuvo referido al ―justo precio‖ y tiene especial
consideración por la pobreza; es “precapitalista”. En cambio suele decirse, con un
grado considerable de acierto, que el calvinismo constituye una adaptación del
cristianismo al capitalismo. En uno se llega a sospechar de la riqueza, en otro se piensa
que es indicio de la elección divina, y ahí radica su influencia en la actitud de los
individuos frente a la vida y en el desarrollo de la actividad económica general.

      El calvinismo no ha tenido recepción en estas tierras, lo que no ha resultado
beneficioso en el siguiente sentido: Salvo la naturaleza, los elementos de la producción
son escasos. La población, el capital y el sentido empresario deberían ser mayores.

      Son graves los obstáculos de gran parte de la población para incorporarse al
capitalismo cuyas ventajas se pretenden, quizás en razón de la concepción ―católica
tradicional‖ hostil al sistema. Hay un deseo frecuente de disfrutar de los beneficios
capitalistas cuando no se ponen los medios para ese sistema; podría decirse que se
pretende distribuir lo que no se produce.

      Al no ser la nuestra una economía capitalista, se han observado serias dificultades
para la concreción de las ideas que el neoliberalismo de la década del 90 intentara
aplicar. Ello permite explicar el fracaso de las leyes 23.696 de Reforma del Estado y
23.697 de Emergencia Económica, que marcaron las pautas del inicio del proceso de
desregulación, y el grave error cometido mediante el dictado del Decreto P.E.N
2284/91.

      Este último, generador de numerosos problemas para el notariado argentino, ya
que con el mismo pretendió equiparárselo al ejercicio de cualquier profesión liberal,
sujeto a las reglas de la oferta y la demanda.

       Nótese que en un país con las características culturales como el nuestro, el
desempeño de la actividad notarial mediando aranceles desregulados tiene y tendrá
difícil cabida sin ocasionar detrimento al agente, a la función y a la comunidad en
general.

       Si bien actualmente el país registra buenos índices macroeconómicos, se advierten
insuficientes resultados en la microeconomía. Pese a cierta recuperación, los grados de
desocupación y de pobreza, muy influyentes en la calidad de vida, continúan siendo
muy altos. Esta situación repercute enormemente en el movimiento económico y
posible tráfico escriturario, lo que no favorece la posibilidad de asegurar actualmente al
agente de la función notarial una digna subsistencia. La situación se ha tornado grave en
algunos periodos que hubo que atravesar para superar la crisis interna del año 2001 y el
reflejo de la reciente caída internacional del año 2009, que aunque en menor medida que
otros países también ha tenido repercusiones en el nuestro.

      Para entender la gravedad de la cuestión, se debe advertir que en todas las
provincias argentinas los notarios están sometidos a severos regímenes de
incompatibilidades para el ejercicio e inhabilidades para el acceso, con lo cual dependen
para subsistir casi exclusivamente de los ingresos provenientes del ejercicio de su
profesión, a lo que se podrá sumar por ejemplo algún cargo docente que, en las
condiciones actuales tampoco le garantizaría una digna subsistencia.



       Además de lo expuesto, cabe señalar que en nuestro país hay una clara oposición
actual entre una economía, que por circunstancias externas de cierto modo funciona
satisfactoriamente (macroeconomía), y una impactante crisis institucional.

      La crisis estructural corresponde a una gran mutabilidad no sólo monetaria, como
se ha hecho de nuevo evidente en los últimos tiempos, sino de referencia a cuestiones
que hacen a otros aspectos de la cultura, como el comportamiento ante el delito y la
búsqueda de la seguridad. Los conflictos monetarios y la deuda externa son no sólo
muestras del desequilibrio interno, sino de la difícil vinculación de la Argentina con el
resto del mundo.



      Por último, no debemos olvidarnos del azar, sobre todo cuando las certidumbres
científicas han entrado en crisis.
       La conclusión más importante que se desprende para el notariado tras este breve
recorrido realizado a través de la perspectiva trialista es que, por las distribuciones de la
naturaleza, de las influencias humanas difusas y del azar, se ha generado en la
República Argentina la impotencia de ejercer un control centralizado sobre la función
notarial. A tales efectos potencian y se nos presenta como una innegable necesidad
dentro del sistema latino, la adopción del número limitado de registros, con
restricciones en el acceso, incompatibilidades e inhabilidades en el ejercicio, la
limitación de la competencia territorial como consecuencia de la división del territorio,
de su cultura, economía y tendencias políticas.



      El reparto

      Especial importancia cobran las conductas que, como comportamientos cumplen
los hombres, aquí si referidos a seres humanos determinados o determinables, que
realizan lo que Goldschmidt llama "reparto".

     Dicho de otro modo, el ―reparto‖ es la adjudicación de potencia/impotencia
hecha por la conducta de seres humanos determinados o determinables.



      Estructura del Reparto

      Los repartos han de ser comprendidos en cuanto a repartidores (conductores),
recipiendarios (beneficiados con potencias, y gravados con impotencias), objetos
(potencia e impotencia), forma (caminos previos para decidir los repartos) y razones
(móviles, razones alegadas y razones sociales).

      Como todo reparto, la función notarial también debe ser analizada en los
despliegues de sus repartidores, recipiendarios, objetos, forma y razones.



     El reparto es siempre llevado a cabo por hombres. A aquellos que conducen,
motivan, producen, establecen una elección entre diversas posibilidades, se los
denomina repartidores.

      Bidart Campos lo ejemplifica asi: el juez que en su sentencia ordena a Juan
abonar su deuda a Pedro, efectúa un reparto en el que adjudica potencia a Pedro
(recipiendario del pago) e impotencia a Juan (que debe efectuar ese pago a Pedro).
Igualmente, el legislador cuando establece un impuesto adjudica a los
contribuyentes la impotencia de tener que tributarlo, y al fisco la potencia de
recaudarlo. (Germán j. Bidart Campos. ―La teoría trialista del mundo jurídico según
Werner Goldschmidt‖, www.derechointernacional.net.)
      Circunscribiendo el análisis del concepto al ámbito notarial, nos enfrentamos a las
primeras dudas que debemos discurrir en torno al papel que cumple el agente de la
función.

        En nuestro país son los Poderes Ejecutivos locales los que a través de la
investidura delegan el ejercicio de la fe pública (objeto de reparto) en los notarios, lo
cual nos lleva a interrogarnos si ¿Son los encargados de los Poderes Ejecutivos
Provinciales (Gobernadores) o los Notarios de Registro los que asumen el rol de
Supremos Repartidores?

        Además, como es sabido la actuación del notario (reparto) está limitada –en gran
parte, como veremos- a la voluntad de los requirentes quienes deben rogar su
intervención y cuyos acuerdos serán la base del reparto a formalizar. Entonces, ¿es el
notario quien realmente conduce, es decir quién adjudica potencia e impotencia a las
partes?¿o son estas últimas las que se efectúan adjudicaciones entre sí, y el notario tan
solo se limita a documentar sus voluntades que resultaran amparadas por la fe pública
en la medida que la ley así lo disponga? ¿Resultan las partes por un lado y los
legisladores (art. 993 Código Civil) por otro quienes asumen el carácter de supremos
repartidores?



      Para brindar una respuesta, he de efectuar un paralelismo con otro repartidor: el
juez, al que seguramente estaremos más acostumbrados a reconocer como tal, quizás
por la mayor difusión de su función.

      La duda se despeja rápidamente pensando en los siguientes términos: El juez
recibe la iuris dictio del Estado, del mismo modo que el notario recibe la potestad
fedante. Lo que sucede es que el magistrado es un funcionario público, en tanto el
notario es un profesional que ejerce función pública. La dificultad para comprender
cabalmente esta disquisición genera un sinnúmero de interrogantes, que extienden a su
vez un manto de confusión a todo el quehacer notarial.

      Comprendida la cuestión, se observa que dicha distinción en nada altera el
indiscutible carácter de repartidor tanto del juez como del notario.

     Sin dudarlo, observamos que es el notario y no el Gobernador quien
personalmente efectúa el reparto, aunque el registro sea propiedad del Estado.

      En torno al segundo interrogante, se observa que ciertamente el juez actúa frente
al desacuerdo producido en las partes dotado del poder de coerción, y así adjudica
potencias e impotencias a los recipiendarios; en tanto el notario actúa cuando existe
acuerdo de voluntades. La conducta exteriorizada por las partes fija en carácter de
competencia material del notario el reparto autónomo que debe realizar.
       Continuando con el razonamiento planteado, nótese que a los jueces que ejercen
funciones en el fuero civil o comercial también hay que ―rogarlos‖ a través de una
demanda, medida cautelar, etc; y en sentido similar al notario, su actuación se encuentra
restringida a las pretensiones expuestas por las partes.

      En el ámbito notarial, podría pensarse que son los contratantes los que se
adjudican recíprocamente potencia e impotencia: vgr. el locador se adjudica la
impotencia de entregar la cosa, y la potencia de cobrar el alquiler, en tanto el
locatario se adjudica la potencia de recibir y usar la cosa, y la impotencia de pagar
su precio, resultando cada parte repartidor/recipiendario.

      A pesar de las críticas que mi opinión pudiera generar, entiendo que ello es
así cuando contratan en el ámbito estrictamente privado, pero la situación varía
cuando interviene un notario. Requerida la actuación del profesional, será este último
mediante el ejercicio de su labor quien asumirá nítidamente y realzara el rol de
repartidor, destacándose su labor.

      Si bien es cierto que el notario actúa limitado al requerimiento formulado, no es
menos que debe recibir, investigar e interpretar esa voluntad, y redactar los instrumentos
adecuados con lo cual efectuara el reparto dotándolos de fe pública por imperio de la
ley. En el cumplimiento de su función, debe a las partes imparcialidad, de modo que su
asistencia permita que el acuerdo se complete en un plano de equidad. A diferencia de la
judicial que normalmente es pasiva, la imparcialidad notarial es sumamente activa, y
tanto que se le permite a través del asesoramiento y consejo rectificar la inclinación
viciosa de la balanza si advierte que una parte inexperta y poco hábil se perjudica.

      En el momento de la autorización asume la paternidad del instrumento para
constituir fehacientemente hechos y dichos de las partes, los suyos y el instrumento. Lo
que sucede es que no se deben confundir los términos, ya que esta última cuestión debe
analizarse a la luz de si el reparto que realiza es autónomo o autoritario, como más
adelante se explicara.

      Así, en la correcta comprensión de la función notarial, encontramos que en la
relación notario - requirente, vale considerar al primero como Supremo Repartidor.

      Asumiendo tal carácter, se adopta para su definición la brindada por el I Congreso
Internacional de Notariado Latino, reunido en Buenos Aires en el año 1948, en los
siguientes términos ―Profesional del derecho encargado de una función pública
consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes,
redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad,
conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido.”



      A veces, la conducción repartidora se hace difícil, ya que el querer que exponen
las partes generalmente no es el real, requiriendo grandes esfuerzos al notario.
      Asumiendo el papel de repartidor, este debe indagar, interpretar y formar esa
voluntad. La misma puede ser una voluntad deformada por los falsos conocimientos
jurídicos que pudieran invocarse, o puede estar errada por ignorancia de la situación o
de las normas aplicables, puede estar incompleta contemplando solo los efectos
inmediatos y directos del acto a realizar, sin merituar otros que pudieran producirse, o
incluso puede ser ilegal. Esta tarea supone la parte más técnica de la función, y para
poder hacerla efectiva se requiere un alto grado de especialización.



      Por otro lado tenemos a Los recipiendarios que reciben potencia o impotencia
en el reparto, los que pueden ser también —según Goldschmidt— animales o cosas;
pero, por supuesto, los principales son, asimismo, los hombres.

      En el espacio social de actividad de los notarios hay múltiples interesados que
resultarán recipiendarios beneficiados o gravados. La determinación de quienes son los
verdaderos recipiendarios es tan solo una parte de la tarea que debe cumplir el notario.
Este debe diferenciar el carácter de los sujetos instrumentales, y establecer la identidad
de los sujetos negociales. En caso de invocársele una representación legal o voluntaria
debe solicitar la exhibición de los respectivos documentos habilitantes. En algunos
casos, la ley señala directa o indirectamente que existen muchos recipiendarios, además
del otorgante, que pueden resultar beneficiados o perjudicados por la operación a
instrumentarse (vgr. art. 1277 Código Civil); pero mayoritariamente el mundo de los
sujetos recipiendarios excede el ámbito dispuesto en las leyes.

      El problema se centra actualmente para el Estado Argentino y los notarios como
activos colaboradores en la detección de las operaciones de lavado de dinero, para lo
cual siguiendo el principio ―conozca su cliente‖ se ha impuesto la obligación de
informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) toda operación en si misma
sospechosa o realizada por sujetos que consideren sospechosos, imponiéndose al notario
un cumulo de actividades que resultan agobiantes y hasta conflictivas con el secreto
profesional.



      ¿Que se reparte‖. En cuanto a los objetos de los repartos, es decir, las potencias
y las impotencias a adjudicar dependerán en cada caso particular de la voluntad de las
partes, siempre y cuando lo requerido se encuentre en el marco de lo legal, dentro de los
límites de la competencia material, territorial y personal del notario (art. 980 C.C.).

      Ello será objeto de determinación mediante los denominados actos pre
escriturarios de recepción, investigación de voluntades, reducción jurídica de los
supuestos de hecho, encuadramiento jurídico de esa relación de vida ya jurídicamente
reducida.

     Al encontrase disposiciones de fondo dispersas tanto en el Código Civil, Código
de Comercio, Ley de Sociedades Comerciales, etc; se observa una continua dificultad
para establecer con precisión cuales son los límites de las atribuciones de los notarios, lo
que se traduce en el siguiente interrogante: ¿los notarios pueden hacer solo lo que
expresamente dicen las normas? ¿O además de las enumeradas, también están
autorizados a intervenir en otras cuestiones salvo aquellas atribuidas exclusivamente a
otros funcionarios?

      La doctrina elaborada no es uniforme, y a causa de los vacios legales, surgen
cuestionamientos que a veces derivan en enfrentamientos entre los notarios y sus pares
integrantes de las Comisiones Directivas de los Colegios Notariales que por delegación
revisten la calidad de organismos de contralor. Asimismo, suele generar conflictos en
relación con algunos requirentes, ya que en nuestro régimen el notario solo puede
excusar su intervención si existe justa causa, en la cual debe basar su decisión.

      Mas allá de la a veces difusa competencia material dispuesta por las leyes, en
general, el notario solo suele tener intervención en actos voluntarios de cierta
importancia, tales como los contratos sobre inmuebles (casas, unidades horizontales,
campos) y otros que aluden a la economía, testamentos, poderes originados en
mandatos, diversas actas que apuntan a comprobar, notificar, declarar notoriedad,
etcétera.



    La forma de los repartos es el camino previo recorrido antes de decidirlos y se
comprende en relación con la audiencia.

      La audiencia notarial es el acto en el que se reúnen los sujetos de la escritura
pública, con la presidencia del notario y en presencia de los testigos si los hubiere, con
el objeto de documentar en el protocolo el otorgamiento de los primeros.

      Es un acto complejo compuesto de una sucesión de actos simples que tienen por
objeto llegar a la formalización de un instrumento público. Se compone de la
comparecencia, lectura, otorgamiento, suscripción o firma y autorización. Cada uno de
estos cinco actos simples tiene una dimensión acto y una dimensión papel.

       En los tiempos que corren, a veces se desmerece su realización en pos de
satisfacer las urgencias y necesidades del tráfico comercial. En ocasiones se limitan las
audiencias con miras a incrementar la eficacia. Urge lograr el reconocimiento de su
importancia ya que no debe considérasela como una mera yuxtaposición de
formalidades a cumplir, sino que debe reivindicarsela como la aplicación del principio
que de que la fe pública procede de visu et auditu sensibus, por haber visto y oído por
los propios sentidos.



     Clases de repartos. La conducción repartidora puede desenvolverse por
imposición o acuerdo de los interesados, es decir, dando lugar a las clases de repartos
autoritarios y autónomos, con la respectiva realización de los valores poder y
cooperación.

      La escribanía es un marco más emparentado con la cooperación y la solidaridad,
valores inherentes a los repartos autónomos y a la ejemplaridad. (Ciuro Caldani, Miguel
Angel, La Complejidad Pura de las Profesiones y las Actividades del Mundo Juridico,
www.cartapacio.edu.ar)



      Como correctamente se ha expresado, en la terminología de Gattari, la escritura
asume la paz como un desarrollo de la persona; para acceder a ella se precisa de la
concordia y solo registra voluntades concordantes. Cuando se introduce la discordia, si
esta es anterior al instrumento, el notario debe inhibirse de actuar; si es posterior, las
partes deben acudir al juez, cuyo poder heterónomo, aunado a la claridad de la
redacción, permitirá eliminar la discordia, al menos extrínsecamente, por medio del
poder. La conducta exteriorizada por las partes en su dimensión sociológica fija en
calidad de competencia material del notario el reparto autónomo, fundado en el
acuerdo que se manifiesta en actos de cooperación, v. gr. la elección del notario. Esta
elección establece relaciones especiales entre las partes y el notario.

      Por otro lado, la fe instrumental evidencia un reparto autoritario notarial; en
efecto, aquella instituye una verdad que se impone a la sociedad. ¿Y en virtud de qué?
Pues de la coordenada que integran verticalmente el plan de gobierno y la
ejemplaridad horizontal (v. g. escrituras obligatorias y algunas optadas libremente).
(Gattari, Carlos Nicolas. Principios del Derecho Notarial. Revista del Notariado Nº 898
publicada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Oct-Dic 2009
pag 263-269).

      La autonomía tiene matices, por ejemplo, la paraautonomía del acuerdo de todos
los interesados en la designación de los repartidores. También hay que atender, por
ejemplo, a la infraautonomía del acuerdo de la mayoría (v. gr. en la democracia).

      Los notarios investidos por el Estado, pueden y deben ser elegidos directamente
por las partes para actuar, poseen legitimación aristotélica (superioridad moral,
científica y técnica), de dificultosa relación con las raíces democráticas del poder.

      El escaso respaldo democrático de los escribanos en nuestro sistema difícilmente
pueda sostenerse como tema de debate, ello solo será posible mediante un total
desconocimiento del desarrollo de la actividad y de las condiciones económicas,
históricas y socio culturales del país. De hecho, la desregulación pretendió una apertura
de régimen, eliminando la supuesta ―casta‖ mediante la supresión del numerus clausus,
y hasta el día de hoy perduran los efectos disvaliosos de tamaña decisión.
       El trialismo reconoce la diferencia entre los móviles de los repartidores, las
razones que alegan y las razones sociales, que atribuye la comunidad cuando considera
que los repartos son valiosos. En la actividad notarial argentina, en general, no suelen
existir importantes diferencias en este punto.

      La forma de los repartos y las razones alegadas constituyen despliegues inversos
de la comunicación.

      No obstante las dificultades por las que atraviesa el notariado nacional, con
orgullo se puede decir que conforme a la tradición argentina, desde hace muchos años
los móviles evidencian un gran compromiso con el país.

      En relación a las razones sociales, se dice que un reparto estriba en razones en la
medida que la sociedad para la cual está destinado lo estima como digno de ser repetido.
Desde este aspecto, cabe señalar que la posibilidad del notario de comunicar a la
sociedad la justificación de su decisión está limitada por el secreto profesional y el
sistema registral vigente (el notario expide las copias a las partes, las que obtendrán
publicidad mediante el respectivo asiento registral); pero por la seguridad que brinda el
régimen y el procedimiento, se puede afirmar que está justificado en buena medida el
reparto notarial.



      La conducción repartidora no es omnipotente, de modo que con frecuencia su
funcionamiento tropieza con límites. El reconocimiento de estos límites es otro de los
sentidos en que el trialismo inscribe sólidamente al Derecho en la realidad social.

     En este punto es preciso reconocer que los notarios como todos los seres humanos
también hacen lo que quieren dentro de lo que pueden.

      Como limites generales, cabe mencionar que la Argentina si bien es un país con
pocos límites físicos, parece condenada a afrontar límites psíquicos de conflictos
culturales, excesiva referencia a lo abstracto y parasitismo; lógicos por las reiteradas
contradicciones y sociopolíticos por los enfrentamientos muy duros entre sectores. Esto
suele traer consigo límites socioeconómicos como los de 2001. (Ciuro Caldani, Miguel
Angel, Lineas Problematicas Trialistas para la Construccion de la Argentina en el
Bicentenario de la Revolucion de Mayo, pag 169, www.centrodefilosofia.org.ar)

      De manera más específica, se pueden reconocer barreras físicas y psíquicas
(dificultad para cumplir cabalmente la continua y creciente carga de obligaciones
impuestas gratuitamente por el Estado, como agente de percepción de impuestos: vgr.
Obligación de percibir ITI, IIBB, Impuesto de Sellos, Ganancias, y agente de
información: vgr. deber de Información a través del CITI, a la UIF, solicitud de previa
conformidad en las zonas de frontera, etc), y socioeconómicas (imposibilidad de seguir
actuando bajo las reglas que impone el capitalismo), etc.
      Los repartos no se presentan aislados, sino relacionados en orden o en desorden.
Es inherente a ejercicio de la función notarial el orden de repartos, o “régimen”, con
la respectiva realización del valor homónimo (orden).

      Actualmente, el desorden que realiza la anarquía se vislumbra en algunos casos
en el acceso de la función, descartándose aquella en la que no se sabe quiénes reparten
(anarquía institucional), nos encontramos a veces con que no se puede determinar con
qué criterios se reparte (anarquía teleológica, que se observa cuando el P.E. local tiene
la posibilidad de elegir de la lista integrada por aquellos que aprobaron los concursos o
pruebas de idoneidad a cualquiera que no necesariamente es el que obtuvo mayor
puntaje) y se realiza allí ―disvalor‖ arbitrariedad.



      El trialismo permite también reconocer que, según su dimensión y tomando como
referencia a la sociedad nacional, hay órdenes, macroórdenes y microórdenes de
repartos. Es notorio que en nuestros días se está pasando del predominio de los órdenes
nacionales a macroórdenes de integración y sobre todo de globalización, aunque
también hay tendencias a fortalecer microórdenes regionales.

      El fenómeno de la globalización y las presiones del capitalismo por imponer su
sistema notarial, se advierte con gran preocupación del sector, sobre todo en el continuo
intento de introducir a nuestra cultura el seguro de responsabilidad civil notarial propio
del sistema norteamericano, que en forma incoherente con nuestros principios rectores
ya se encuentra vigente en algunas jurisdicciones como Capital Federal.



     Dimensión normológica

      El esfuerzo trialista por mantener íntimamente integradas a las normas con la
realidad social lleva a considerar a aquellas como captaciones lógicas ―promisorias‖ de
repartos proyectados, que simultáneamente los describen e integran.



      Respecto al origen de las normas, desde esta perspectiva encontramos que las
fuentes reales son los repartos que ellas captan. Pueden ser consideradas a nivel
“material”, atendiendo a los repartos en sí, o a nivel “formal”, cuando hay
―autobiografías‖ de los repartos que hacen los mismos repartidores (contratos,
testamentos, etc.). Atendiendo asimismo a la relación con la vida social, se han
proyectado las nociones de fuentes “flexibles” y “rígidas” (fácil o difícilmente
modificables) y de fuentes “elásticas” e “inelásticas” (más o menos permisivas del
cambio social) y se ha evaluado la relación entre los cauces participativos para la
elaboración y las materias que resuelven las fuentes formales (v.gr la Constitución
Nacional es mucho más participativa que los decretos).
      La elaboración y la redacción de las fuentes formales son repartos en sí mismos.
El derecho a redactar una fuente formal merece especial consideración, porque aún
tratándose de repartos autónomos se convierte en monopolio de algunos, con toda la
autoridad que esto significa.

      Por constituir un reparto, la actividad notarial es susceptible de ser captada
mediante una norma; como tal, ésta describe e integra el reparto a que se refiere. Por
ejemplo, una Escritura Pública contiene una norma interpretativa de la ley (Código
Civil) a la que se remite.

      La escribanía se desarrolla más en la utilización de fuentes formales de repartos
autónomos, principalmente contratos y testamentos, valiéndose en mayor medida de
relaciones horizontales, sobre todo de contenido, realizadoras del valor concordancia.
(o.p. Ciuro Caldani, Miguel Angel, La Complejidad Pura de las Profesiones y las
Actividades del Mundo Juridico).

      Aunque también se desenvuelve en el empleo de fuentes formales de repartos
autoritarios (art. 993 sgtes y cdtes. C.C.), que se valen de relaciones verticales entre
normas, satisfactorias de los valores subordinación e ilación.

       En este sentido, se ha dicho ―Si la norma notarial, como ente ideal, pretende
captar los actos consentidos o en acuerdo para describirlos correctamente, debe
reflejarlos e instituir un ordenamiento normativo que les corresponda. ¿Dónde podemos
encontrar las normas sobre tales actos? Los instrumentos notariales nos proporcionan
las fuentes reales que fraccionan la justicia de los repartos autónomos. Ciertas leyes
constituyen las fuentes formales del reparto autoritario notarial, es decir, obligatorio;
también se debe acudir a las fuentes materiales insertas en la realidad social‖. (Gattari,
Carlos Nicolas. Principios del Derecho Notarial. Revista del Notariado Nº 898
publicada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Oct-Dic 2009
pag 263-269)

      Siempre resulta necesario ―saltar‖ de las fuentes formales a las materiales, para
apreciar si las normas son fieles, exactas y adecuadas.



      La adopción de la teoría trialista también permite destacar la importancia de la
doctrina como fuente de conocimiento. Si bien esta no es en principio una fuente real, ya
que no produce de manera cabal y directa repartos, puede decirse que genera ―repartos
indirectos‖, pues opinar es de alguna manera repartir, considerando que influye en los
repartos de los notarios, contratantes, etc. Afortunadamente, la doctrina jurídica notarial
elaborada en el país si bien es escasa comparada con otras ramas del derecho, constituye
una de las fuentes que gozan de mayor prestigio y respeto a la hora de orientar el
quehacer profesional.
      Muchos son los aspectos normologicos que se pueden indicar como factores que
dificultan el ejercicio de la función.

      Respecto a las normas son especialmente importantes la exactitud, producida
cuando los repartos proyectados se cumplen, y la adecuación, lograda cuando los
conceptos empleados en las captaciones normativas corresponden a la clarificación de la
realidad y a los sentidos pretendidos por los autores.

     La relación de las normas con el cumplimiento de los repartos proyectados hace
que puedan ser ―plenas‖, cuando se dictan para ser cumplidas, programáticas,
promisorias e incluso espectáculos.

      El desarrollo del trialismo ha incorporado las mentadas nociones de “fuentes
espectáculo”, que se dictan para aparentar pero no para cumplirlas, y de “fuentes de
propaganda”, que se dictan para ir persuadiendo con miras a que más adelante se
cumplan. Esto nos permite observar que la función notarial se mueve en el marco de
múltiples normas inexactas, que pueden ser tenidas como espectáculo, o al menos como
propaganda.

      Ello sucede con las disposiciones que establecen que en la distribución del trabajo
oficial (instituciones oficiales como las reparticiones del Estado, nacional o provincial,
autárquicas o dependientes del Poder Ejecutivo, bancos oficiales, municipalidades y
dependencias de las mismos), debe prevalecer el principio de igualdad de oportunidades
entre los notarios, y evitarse los nombramientos discrecionales, graciosos y unilaterales.
El fundamento de tal imposición radica en el razonamiento de que si el Estado es quien
designa a los notarios, para él todos son merecedores de mismo grado de confianza, por
lo tanto debe considerarlos en plano de igualdad a la hora de contratar sus servicios.

      Se observa que en la Argentina actual es frecuente la creencia en que la
integración normativa conceptual posee ―fuerza milagrosa‖ produciéndose una gran
alienación final respecto de la realidad social. De una vez por todas, se debe aprender
que dictar una norma no es necesariamente producir la respectiva realidad social, lo
importante no es redactarla, sino lograr que efectivamente se cumpla.



      Para que los repartos proyectados captados por las normas de manera promisoria
se hagan repartos realizados, es decir, vivan al fin en la existencia de las personas a las
que están destinados, es necesario que las normas funcionen a través de tareas muchas
veces necesarias de reconocimiento, interpretación, determinación, elaboración,
argumentación, aplicación y síntesis.

      En este punto, el trialismo nos permite advertir que uno de los temas que debe
enfrentar actualmente el notariado argentino es la tarea de elaboración de normas.

     En ciertos casos hay que admitir que no existe norma, porque no fue hecha o
porque se la descarta y entonces, ante la carencia de norma, que es ―laguna‖ en el
ordenamiento, se hace necesaria la tarea de elaboración que desde la perspectiva del
ordenamiento constituye integración. El trialismo enseña que si no hay norma que
contemple el caso, se reconoce una ―carencia histórica‖. Además, se tiene en cuenta que
el encargado del funcionamiento puede enjuiciar lo que el autor quiso y, si le parece
"disvalioso", descartarlo produciendo una "carencia axiológica‖.

      Dejando de lado la carencia axiológica y la histórica por olvido, en los tiempos
que corren ha cobrado suma importancia para el reparto notarial la carencia histórica
por novedad, sobre todo científico técnica.

      El notario argentino se encuentra frente a un mundo nuevo signado por los
avances de la medicina, los adelantos científicos en la mecánica, la farmacología y la
ciencia médica, y los constantes hallazgos de la ingeniería genética que han modificado
los límites entre la vida y la muerte creando situaciones extremadamente complejas y a
veces intermedias para las cuales ni la sociedad ni el derecho estaban preparados.

      Así, en el marco de esta teoría y teniendo como objetivo principal la vida, se
puede observar con beneplácito la tarea de elaboración mediante el tratamiento y
difusión que desde el notariado se ha propuesto de los denominados ―actos de
autoprotección‖ ―testamentos vitales‖ o ―directivas anticipadas para la propia eventual
incapacidad‖ que han surgido como una necesidad de respuesta frente a esta nueva
tecnología. Este es tan solo uno de los tantos temas que el notario argentino tiene la
obligación de afrontar a efectos de brindar respuestas satisfactorias a los requerimientos
de la postmodernidad.



       Además del funcionamiento real, la comprensión del trialismo reconoce el
funcionamiento conjetural. Se reconoce que las personas viven en base a la suposición
de lo que podría pasar, v. gr. Se presume que los contratos se cumplirán y por lo tanto
que no todos llegaran a los tribunales. Esta suposición resulta fundamental para el
espíritu humano, y en la misma ha de reconocerse los aportes fundamentales que a la
sociedad brinda el sistema notarial latino.

       Se observa que, en nuestro país el funcionamiento conjetural de las normas
notariales es todavía correcto, sobre todo por el crédito que aun ostentan los encargados
de la función.



          Dimensión dikelogica

          En el trialismo los valores son entes ideales exigentes (contienen un ―deber ser‖
ideal).
       Como ya se ha adelantado, en el planteo goldschmidtiano los valores son
considerados en muchos casos objetivos y ―naturales‖ y en ese ámbito se sitúa en
posición muy destacada a la justicia, de modo que la diferenciación de la dimensión
dikelógica respecto de la realidad social y de las normas es muy intensa; mientras que
Ciuro Caldani propone considerar al ente ideal exigente ―justicia‖ y a los otros valores
como idealidades ―construidas‖. No obstante, también apoyándose en lo construido la
dimensión dikelógica tiene una idealidad diferenciada de la realidad social y de las
normas

       La apertura al ―ser‖ de la realidad social de la vida, producida en la dimensión
sociológica, se completa aquí con la atención a su “deber ser” de justicia. (o.p. Ciuro
Caldani, Miguel Angel, Metodologia juridica. pagina 20)

       En la valoración, se aprecia que la justicia es una categoría con despliegues
"pantónomos" (pan = todo; nomos = ley que gobierna), dirigidos a la totalidad de las
adjudicaciones pasadas, presentes y futuras. Como tal totalidad nos es inabordable,
porque no somos omniscientes ni omnipotentes, nos vemos en la necesidad de
fraccionarla produciendo seguridad jurídica. El método del fraccionamiento de la
justicia permite analizar o sintetizar los despliegues de valor que se apartan o se
atienden, aunque la decisión al respecto debe surgir al fin de los contenidos que indican
cuándo es legítimo hacer una u otra cosa.

      Según el trialismo, lo justo no es necesariamente universal ni eterno, sino que ha
de establecerse respecto de cada situación.

       El trialismo originario utilizó las enseñanzas de Aristóteles sobre las clases de
justicia, o sea respecto de los métodos para su reconocimiento, subrayando el carácter
relativo de la justicia distributiva y el carácter absoluto de la justicia correctiva. La
evolución de la teoría ha ampliado el panorama, estableciendo nuevas clases que
responden a los elementos del reparto considerado en aislamiento y en conjuntos.
Fundamentalmente interesa para este trabajo señalar que por un lado, la justicia se
reconoce por vías consensual y extraconsensual, con o sin ―acepción‖ (consideración)
de personas, y por otro lado se utilizan las clases de justicia ―partial‖ y gubernamental
(proveniente de parte del conjunto o del todo), y particular o general (en este caso,
tendiente al bien común).

      En nuestro sistema jurídico, la escribanía responde a un complejo axiológico de
realización de la justicia a través de la verdad, que se vincula con la justicia consensual,
partial y particular.

      En el complejo axiológico es posible reconocer distintos niveles constituidos por
los valores “absolutos”, que siempre resultan valiosos, como la justicia, y valores
“relativos”, que al fin pueden ser o no valiosos en relación con otros valores, como el
poder, la cooperación, etc.
      El notariado argentino está referido a los valores jurídicos cooperación y
solidaridad que culminan en la justicia, esa justicia está apoyada en la verdad y se
desarrolla desde la perspectiva de la imparcialidad.

      Otro aspecto importante a resaltar es que para el trialismo, un régimen en general
y la solución de un caso en especial deben ser humanistas (esto significa tomar a cada
hombre como fin y no como medio), respetando la unicidad, la igualdad y la comunidad
de todos los hombres. A su vez el humanismo puede ser más abstencionista o más
intervencionista.

      Este aporte nos permite reconocer que en comparación con la abogacía y la
procuración, la actividad notarial argentina tiene más afinidad con el humanismo
abstencionista, encontrándose de cierto modo más próxima al respeto a la unicidad.



      Con miras a reconocer la justicia de la estructura del reparto, el trialismo permite
indagar la legitimidad de los repartidores, los recipiendarios, los objetos, la forma y las
razones. Al respecto, cabe advertir que la legitimidad de uno de los elementos no
implica la legitimación del resto. No obstante lo cual, en relación con la tarea notarial,
solo he de referirme a alguna de ellas, en las cuales considero necesario puntualizar.

       La justicia de los repartidores se refiere a la autonomía de todos los interesados,
para que cada uno reciba lo que desea para sí, combinada con la aristocracia, apoyada
en la superioridad moral, científica o técnica.

      Como ya se ha señalado, esta aristocracia plantea una situación difícil con la
democracia del origen del poder. Así, el número de registros notariales limitados ha
intentado ser calificado de antidemocrático. Ante estos planteos solo cabe responder
que, como bien señala Martínez Segovia, todos los derechos fundamentales, entre ellos
el de trabajar, se ejercen de acuerdo con las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 14
C.N.) y aun la propia libertad debe ejercerse dentro de ese mismo derecho. (Martínez
Segovia, Francisco; Función Notarial Estado de la Doctrina y Ensayo Conceptual pag
241, Ed. Delta SRL, Paraná, Entre Ríos, 1997)



       Con miras a reconocer los objetos que merecen ser repartidos, el trialismo nos
permite atender por ejemplo a la propiedad, dentro del concepto de dar o quitar vida, y
allí ubicamos el papel fundamental que cumple el notario.

      La forma justa del reparto ha de asegurar la audiencia de los interesados. En
relación con los repartos autoritarios, la forma debida es el proceso y no la mera
imposición; respecto de los repartos autónomos es la negociación y no la mera
adhesión. En los tiempos que corren, tanto en el reparto autoritario de otorgamiento de
fe pública como el autónomo originado en la contratación, debe resaltarse la
importancia de la audiencia notarial y el debido proceso.
      Por último, y para cerrar el tratamiento de la dimensión dikelogica, he
considerado oportuno remitirme a las siguientes reflexiones: ―En el derecho notarial
podemos advertir una justicia cuyo fraccionamiento se realiza en cada acto; aparece
como más expeditiva que la judicial, a la que cautelarmente procura evitar. Desde el
punto de vista de la verdad jurídica, la justicia notarial se logra casi mágicamente en el
momento inicial del acuerdo y pone todos los recursos para perdurar todo el tiempo de
aquel. Tal es el objetivo del procedimiento notarial, hacia el cual se dirige la conducta
del profesional. Para ello, la norma le atribuye ciertos poderes que debe manejar en
contacto con valores exigentes, entre los cuales se destaca, de manera relevante, la
imparcialidad, cuyo sentido dikelógico se diferencia profundamente del contexto
judicial y del registral. En resumen, el derecho notarial tiene manifestaciones muy
singulares que lo caracterizan también dentro de la dimensión dikelógica. El método
específico para lograr la justicia notarial está constituido por los procedimientos,
derivados del reparto autónomo, al cual sirve de manera relevante y dentro del cual
tiene sus propias vivencias normativas y sociológicas (Gattari, Carlos Nicolas.
Principios del Derecho Notarial. Revista del Notariado Nº 898 publicada por el Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Oct-Dic 2009 pag 263-269)



      Conclusión

     El ejercicio del notariado en nuestro país requiere profesionales intelectualmente
capacitados para comprender, interpretar y aplicar el derecho en toda su verdadera y
amplia acepción, no como autómatas de formulario, sino como elementos activos y
conscientes de la importancia de su papel jurídico y social en la vida.

      El mundo jurídico puede ser construido desde diversas perspectivas según se trate
de los roles de legislador, juez, abogado litigante, notario, administrador, etc.

      Goldschmidth puede titularse con creces, un verdadero maestro. Siguiendo sus
enseñanzas el presente trabajo ha intentado acoger su elaboración para aplicarla a ese
sector del mundo jurídico llamado Derecho Notarial.

      La adopción de la teoría trialista nos ha permitido observar las dificultades
que se presentan en este ámbito. Así nos ha señalado que muchos de los
problemas actuales se originan en gran medida en la frecuente desviación
parasitaria de la cultura argentina, que tiende a recibir modelos extranjeros (vgr. seguros
de responsabilidad civil), incluso contrapuestos, sin tener en cuenta las posibilidades de
asimilación o rechazo, y que suele creer que con normas iguales se obtienen resultados
iguales. (vgr. Medidas neoliberales que pretendieron instaurarse a través del Decreto
P.E.N. 2284/1991)

     Cambiar de sistema con el propósito de introducir en el país un régimen propio de
una cultura puramente capitalista es un objetivo que difícilmente pueda cumplirse
porque seguramente el intento tropezara una y otra vez con el comunitarismo y el
paternalismo hispánico tradicional, que mucho representan.

      No caben dudas que debe adecuarse el régimen notarial a los tiempos que corren
pero esa adecuación en modo alguno podría significar la adopción del sistema sajón.

      La necesidad de elaborar este trabajo se ha presentado como una propicia
oportunidad para meditar acerca de la inserción del notario argentino en su comunidad y
en el mundo, en particular frente a las cambiantes y muy diversos desafíos que la
globalización impone.

       Es difícil ser notario en un cambio de era de la historia y lo es de manera especial
en un país inestable, con una gran crisis estructural. Pese a que afortunadamente, el
notariado fue uno de los pocos ámbitos que con gran esfuerzo permaneció en pie tras la
crisis económica, de 2001, la Institución no ha sido ni es ajena a los vaivenes de la
economía local. La desregulación ha pretendido constituir un mercado de instrumentos
públicos y privados y hoy nos enfrentamos con el hecho de que aquel menoscabo de la
actividad notarial ha ocasionado un detrimento en la imagen del notario, como
asimismo un aumento de los costos en las oficinas notariales, un cambio de actitud de
los requirentes quienes ahora comparan precios y con un parámetro meramente
económico deciden su elección, advirtiéndose prolongados periodos de disminución en
el movimiento escriturario y de la actividad instrumental en general, caos normativo y
profesional con diversos grados de desunión y competencia desleal entre colegas, y en
fin, muchísimos otros inconvenientes que se hubieran podido evitar si se hubiese
legislado con miras a la realidad y la justicia.

      Se deben considerar las ventajas que propician las características generales del
sistema notarial latino, en el cual es el Notario quien redacta el documento interpretando
el querer de las partes, con el deber de adecuar esa voluntad a las normas jurídicas
propias del negocio o acto jurídico de que se trata, rodeándose de garantías al acto.

       El notario latino está obligado a ser un colaborador nato y calificado del
poder público, con la ventaja de que no sólo aplica la norma rígida al derecho
positivo sino que también debe saber encontrar el encuadre flexible dado por los usos y
costumbres. El sistema exige la prestación de una labor de alcance y contenido social,
mediante el consejo que corresponde brindar a quienes acuden a solicitar los servicios.
Se evidencia mediante la autoría del documento por parte del notario, el papel
principalísimo que desempeña en el mundo jurídico de la vida social. Por eso al notario
latino se le exige el conocimiento adecuado y científico del derecho.

      Por sus rasgos propios, la Argentina necesita el sistema notarial de tipo latino que,
a su vez, puede presentar rasgos particulares según las diferentes provincias.

       Todas las instituciones, por acreditadas y fundadas que parezcan, necesitan una
justificación continuada y solo mientras den respuesta satisfactoria a las necesidades
que les dieron causa y razón, tendrán el fundamento racional que la sociedad exige para
entenderlas acreditadas. En este punto entiendo que debe mantenerse la continuidad
moral del notariado de tipo latino, como custodio del derecho y afianzamiento de la paz
jurídica y social.

      Se observa que el sistema vigente asegura el cumplimiento de una misión útil para
la sociedad y para los ciudadanos. Debe reconocerse la importancia de sus valores
superiores como criterios operativos, y la justicia como virtud principal y rectora que
determina su accionar.

     Esta nueva era ―de profunda crisis‖, que se presenta mediante la proliferación de
computadoras, Internet, trasplantes de órganos, estudios sobre el genoma humano,
inseminación humana asistida, etc, plantea un enorme reto generando nuevas
incumbencias y figuras que a pesar de no estar aun reguladas se deben tratar y discutir.
El notario argentino, como creador de derecho, debe asumir su participación en este
mundo crítico y defender a ultranza el rol social que está llamado a cumplir.

      El hombre unidimensional del capitalismo sigue viviendo fatalmente rodeado de
incertidumbres y cercado por realidades latentes que lo angustian e impulsan a fijar su
ideal de vida en la verdad y la seguridad. El notariado de esta era, envuelto en las
extraordinarias herramientas digitales, no debe desviarse de la fe puesta en su misión, ya
que también en los nuevos parámetros su racionalidad y utilidad social subsistirán en
tanto satisfaga ese afán de seguridad.

      Frente al avance avasallador de la ciencia, es necesario potenciar y dar
protagonismo al factor humano en la prestación del servicio notarial. Así, es necesario
exigir para el ejercicio del notariado la mayor suma de condiciones intelectuales y
morales que garanticen el cabal cumplimiento de la función con el relativo desinterés
que debe exigirse a todos cuantos tienen a su cargo el manejo y dirección de los
intereses ajenos.

								
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