TRIBUNAL DE CORTE PLENA by S3D5Ng

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									                               N° 01-2011

      Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las nueve horas del

diecisiete de enero del dos mil once, con la asistencia inicial de los

Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, Escoto, Aguirre,

Villanueva, Varela, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Arias, Jinesta,

Castillo y la Suplente Rosa Esmeralda Blanco Matamoros ocupando la

plaza vacante de la Sala Constitucional.

                             ARTÍCULO I

      Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2010,

N° 36-2010.

      Los Magistrados Escoto, Arroyo y la Suplente Blanco Matamoros se

abstuvieron de votar por no haber asistido a esa sesión.

                             ARTÍCULO II

      Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “Quiero aprovechar la

oportunidad para desearles que este nuevo año, 2011, sea de mucha

felicidad, prosperidad y salud, para ustedes, sus familias y sus seres

queridos.”

      Se dispuso: Tomar nota de las manifestaciones del Presidente,

Magistrado Mora.

                            ARTÍCULO III

      En sesión 36-10 celebrada el 20 de diciembre de 2010, artículo VI, se
tomó nota del informe del Presidente, Magistrado Mora, quien dio cuenta

que de conformidad con lo que establece el párrafo segundo del artículo 13

de las "Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad

disciplinaria y el funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial", el

25 de noviembre de 2010, ingresó una queja contra la licenciada Mitzi

Calderón Goldenberg, Jueza de Familia de Puntarenas, cuyo número de

expediente es el 09-000545-031-IJ, el cual se remitió a estudio de la

Magistrada Camacho, por lo que el plazo mensual previsto en el artículo

211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que esta Corte resuelva en

definitiva el procedimiento disciplinario vence el 20 de enero del año

curso.

         La Comisión de Relaciones Laborales, en resolución Nº 53-2010 de

las catorce horas del veintidós de octubre de 2010, recomienda el archivo

de la queja.

         La Magistrada Camacho, en nota de 21 de diciembre del año recién

pasado, rinde el siguiente informe:

                “Asunto: Solicitud de informe n.° 093-2010. Queja contra
          la licenciada Mitzi Calderón Goldenberg por aparente error en
          el ejercicio de la función jurisdiccional.

                I.- Origen de la queja: En la resolución número 754, de las
          10:30 horas del 13 de mayo de 2009, el Tribunal de Familia
          consideró: “[...] la sentencia recurrida vuelve a ser
          incongruente y omisa en el tema de los alimentos de los
          cónyuges, tal y como reiteradamente este Tribunal ha venido
          puntualizando en los votos anteriores [...]La norma es clara , y
          es imperativo del juez, al decretar un divorcio, resolver lo
          referente a los alimentos de los excónyuges. [...] En el caso que
nos ocupa, vuelve la juez a quo a cometer la misma omisión que
este Tribunal ha apuntado varias veces y que ha conllevado a la
nulidad de las sentencias anteriores. En efecto, si bien la juez
indica que debe remitirse el expediente del incidente de
alimentos al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Garabito para que continúe su tramitación, y esto es correcto,
aparte de lo anterior, debió resolver la situación de los
alimentos de los cónyuges, cosa que no hizo, siendo su
obligación hacerlo, máxime que en ese sentido hay una
pretensión concreta en el escrito de demanda. Al darse esta
omisión, como se ha expuesto, la sentencia deviene en
incongruente, ya que no resuelve todos los puntos objeto de
debate, y por tanto debe procederse anulando la misma. [...]
Preocupa a este Tribunal la cantidad de veces que ha tenido que
procederse a anular la sentencia de fondo en este asunto,
principalmente porque esto se ha debido a omisiones y
descuidos que se han apuntado reiteradamente en los votos que
se han emitido, lo que en el fondo perjudica a las partes porque
deviene en un atraso injustificado en el derecho que tienen
ambas partes de obtener una sentencia definitiva, razón por la
cual, para lo que corresponda se debe de poner en conocimiento
de la Inspección Judicial esta situación.”

      II.- Antecedentes: El proceso abreviado de divorcio,
tramitado bajo el expediente número único 04-400982-421-FA,
concluyó en primera instancia con la sentencia número 632-07,
de las 14:35 horas del diez de setiembre de 2007, dictada por la
licenciada Calderón Goldenberg. Ese primer fallo fue anulado
por el Tribunal de Familia, mediante resolución número 581-08,
de las 8:20 horas del 27 de marzo de 2008, al considerar que se
había dejado de resolver una de las pretensiones, concretamente
la obligación alimentaria a cargo del cónyuge demandado. A ese
tenor, el tribunal consideró: “A pesar de esta pretensión
concreta, la jueza a quo, al dictar la sentencia de fondo en este
proceso, omite resolver esta pretensión, lo cual, hace caer la
sentencia en un vicio de incongruencia claro, ya que no se
resolvieron todos los puntos objeto del debate, y al darse lo
anterior, conlleva la nulidad de la sentencia impugnada.” Ante
la nulidad declarada, la jueza citada dictó la sentencia número
473-08, de las 9:15 horas del 15 de julio de 2008, en la que
abordó la pretensión relacionada con el pago de alimentos por
parte del consorte demandado. En efecto, en el considerando
quinto de ese pronunciamiento analizó el tema del deber
alimentario y en la parte dispositiva estableció: “Conforme con
la regla del numeral 164 del Código de Familia, se trata de un
matrimonio cuya duración fue de unos dos o tres años como el
presente, con rupturas durante el transcurso del mismo, por lo
que resulta realmente ilógico y poco razonable mantener la
obligación alimentaria a cargo del demandado y a favor de la
actora, por lo que para quien escribe debe establecerse que
ninguno de los hasta ahora cónyuges está obligado al pago de
pensión alimentaria entre sí. Sin embargo, siendo que el
Tribunal de Familia, mediante voto 582-08, de las ocho horas
con treinta minutos de veintisiete de marzo último, declaró con
lugar el incidente de pensión alimentaria planteado por la
señora... en contra del señor..., otorgando una cuota fija de
ochocientos mil colones, se respeta el criterio del Superior y se
determina que el demandado se encuentra obligado al pago de
la misma. Conforme lo señala el artículo 4 de la Ley de
Pensiones Alimentarias, la Incidencia accesoria de Pensión
Alimentaria a de ser remitida ante su firmeza tramitada dentro
del proceso principal de Divorcio al Juzgado Contravencional y
Menor Cuantía de Garabito para que el proceso sea continuado
en ese despacho”. (Sic). El Tribunal de Familia anuló esta nueva
sentencia al considerar que el pronunciamiento sobre la
obligación alimentaria resultaba confuso y contradictorio (véase
la resolución número 1904-08, de las 8:00 horas del 24 de
octubre de 2008). La jueza dictó entonces la sentencia 159-09,
de las 16:20 horas del 20 de febrero de 2009, donde volvió a
abordar el tema de la obligación alimentaria (considerando V) y
en la parte dispositiva apuntó: “El Tribunal de Familia mediante
voto 582-08, de las ocho horas con treinta minutos del
veintisiete de marzo último, declaró con lugar el incidente de
pensión alimentaria planteado por la señora... en contra del
señor..., otorgando una cuota fija definitiva de Ochocientos mil
colones mensuales. Por lo que conforme lo señala el artículo 4
de la Ley de Pensiones Alimentarias, la Incidencia accesoria de
Pensión Alimentaria a de ser remitida ante su firmeza tramitada
dentro del proceso principal de Divorcio al Juzgado
Contravencional y Menor Cuantía de Garabito para que el
proceso sea continuado en ese despacho”. (Sic). Por resolución
número 754-09, de las 10:30 horas del 13 de mayo de 2009,
transcrita en el apartado I de este informe, el Tribunal de Familia
anuló ese pronunciamiento al estimar que no había sido resuelta
la pretensión de alimentos demandada por la actora.

      III.- Recomendación: El artículo 199 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial establece: “Será rechazada de plano toda
queja que se refiera exclusivamente a problemas de
interpretación de normas jurídicas./ Sin embargo, en casos de
retardo o errores graves e injustificados en la administración de
justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, sin más trámite
       deberá poner el hecho en conocimiento de la Corte Plena, para
       que ésta, una vez hecha la investigación del caso, resuelva sobre
       la permanencia, suspensión o separación del funcionario”.
       Mediante resolución número 533-2010, de las 13:40 horas del 28
       de mayo de 2010, el Tribunal de la Inspección Judicial remite a
       Corte Plena el presente proceso disciplinario, al estimar que el
       proceder de la investigada demuestra “falta de idoneidad para el
       desempeño del cargo o, bien, una inexcusable rebeldía”, lo que
       considera como una falta muy grave. Analizado el marco fáctico
       antes expuesto, que sirvió de base para instruir el presente
       procedimiento y que sustentó la resolución de traslado de cargos,
       dictada por la Inspección Judicial, a las 13:30 horas del 5 de
       octubre de 2009, la suscrita considera que no median razones
       para imponer sanción alguna a la licenciada Calderón
       Goldenberg. Los supuestos yerros que se le atribuyen no pueden
       considerarse graves y tampoco injustificados en los términos del
       párrafo segundo del artículo 199 citado. Debe tenerse en cuenta
       que después de la primera nulidad declarada, la licenciada
       Calderón Goldenberg rectificó el yerro procesal que le había sido
       apuntado y dejó claramente establecido que aunque no compartía
       el criterio respetaba la decisión que había emitido el Tribunal de
       Familia al resolver un incidente de pensión entre las partes, por
       lo que señaló que el demandado se encontraba obligado a brindar
       alimentos. En forma expresa manifestó: “...se respeta el criterio
       del Superior y se determina que el demandado se encuentra
       obligado al pago de la misma”. De lo anterior se extrae que sí
       medió el pronunciamiento que se echó luego de menos, sin que
       pueda advertirse una verdadera contradicción en lo indicado por
       la juzgadora. En las resoluciones posteriores, concluyó que la
       decisión sobre alimentos ya había sido adoptada en firme en el
       incidente planteado al efecto, de lo que se desprende que
       consideró que el punto ya había sido resuelto. Por consiguiente,
       no se estima que haya incurrido en un error grave y tampoco
       injustificado que amerite imponerle alguna sanción y menos que
       su proceder demostrara falta de idoneidad o su actitud fuera de
       rebeldía ante las decisiones del Tribunal de Familia. Así las
       cosas, se recomienda que se desestime el procedimiento
       disciplinario y se archive el expediente, ya que no media razón
       válida alguna que justifique ejercer la potestad disciplinaria en
       este caso concreto.”

                                 -0-

      Manifiesta el Magistrado Aguirre: “Tengo una duda. Pueda ser que

mi inquietud no varíe el fondo de la cuestión, pero estimo que el Tribunal
de Familia ha venido insistiendo en que debe hacerse un pronunciamiento

de si ella tiene o no derecho a continuar recibiendo el beneficio alimentario

después del divorcio. Porque lo que la jueza ha venido diciendo es que,

como se ha presentado un incidente de cobro de pensión y en éste se había

hecho una fijación de una cuota, ya estaba resuelto el asunto y parece que

una cosa es el tema de los alimentos mientras se tramita el asunto, y otra si

a pesar del divorcio la persona ha de continuar recibiendo o teniendo ese

derecho alimentario. A mí me dio la impresión de que la jueza no entendió

ese punto.”

      Responde la Magistrada Camacho: “En este tema yo tengo que

hablar un poco fuera del expediente de unas experiencias que como jueza

de Familia se pudo determinar incluso en talleres de capacitación. El tema

es efectivamente crítico, en razón de que no hay unificación de criterios a

nivel de pensiones alimentarias, sobre si en el propio incidente se debe

recibir o no la prueba para el cese del derecho, o para la pérdida del

derecho o si tiene que esperar el divorcio. Lo anterior, porque muchas

veces en algunos despachos se resuelve el incidente en forma definitiva,

tanto respecto al monto como al derecho. En otras oportunidades se detectó

que los jueces y juezas dejan la resolución del incidente hasta que se

resuelva el proceso principal. Lo que sucedía es que muchas veces el

proceso principal se declaraba desierto, eso puede suceder, entonces se

estimaba conveniente que el incidente siguiera y tuviera vida propia, ¿qué
hacían jueces y juezas con el incidente cuando esto sucedía?, no corría la

suerte del principal. Primero porque había una pensión provisional que se

estaba girando y recibiendo y entonces en el tema de si tenía o no que

devolver el dinero, los jueces y juezas determinaban mantener el incidente

y enviarlo a los Juzgados de Pensiones Alimentarias. De manera que si en

el incidente se resuelve o no el derecho es un tema que no es uniforme, de

si el incidente se debe archivar o no con el proceso principal, tampoco es

un tema uniforme, es una cuestión de criterio y procedimiento. Lo que sí es

cierto es que ante la ausencia de pronunciamiento que se le hace ver a la

jueza, ella sí cumple y resuelve. Ahora si la mejor práctica es resolverlo

con el juicio principal o dejarlo para que se resuelva con el incidente, es un

tema que incluso yo lo he conversado a nivel de capacitación y estimo que

podemos en ese sentido tratar de recomendar lo mejor, para que la gente no

se sorprenda. Sí creo que el tema es fundamental y como lo señala muy

bien el Magistrado Aguirre es que, en el proceso de divorcio muchas de las

causas de sanción van a determinar la pérdida del derecho, no así cuando

son causal de remedio que no incide. El tema de la facultad de resolver o

no los alimentos, es una cuestión que se recomienda que se haga en el

juicio principal cuando no hay sanción. Ahora muchas veces los incidentes

de pensión alimentaria se plantean incluso con una causal sanción para

perder los alimentos, pero curiosamente en el proceso principal hay

allanamiento, entonces como vemos no es un tema tan fácil como para
dictar o para determinar un solo camino, habrá que ver cada caso en

concreto.”

      MIENTRAS SE HALLABA EN USO DE LA PALABRA LA

MAGISTRADA CAMACHO, ENTRÓ EL MAGISTRADO VEGA.

      Agrega el Magistrado Aguirre: “Yo creo que el punto no da pie como

para una sanción, porque una cosa es la pensión provisional que se fija en

un incidente de alimentos, se está ventilando un proceso de divorcio, ambos

están casados, la cónyuge le presenta ese incidente y otra cosa es si en el

momento de desvincularse los cónyuges, se mantiene el derecho de

alimentos a favor del cónyuge o no se mantiene, porque es como dice -la

Magistrada Camacho-, una facultad de los jueces, pero que hay que

ejercerla tomando en cuenta el resultado de lo debatido y, desde luego, las

consecuencias que deba tener la aplicación de determinar causal para el

decreto del divorcio. Me parece que el incidente es una cuestión de tipo

procesal y definir si se mantiene o no el derecho de alimentos para el

cónyuge es una cuestión de un fondo que se resuelve en la sentencia. Aquí

lo que pasa es que la jueza entendió que como ya había un incidente y ahí

se fijó una cuota, el tema de los alimentos estaba definido aún para después

del divorcio, lo cual es discutible el asunto. A mí juicio no daría pie para

una sanción, pero creo que eso es lo que se ha presentado en este caso.”

      Indica el Presidente, Magistrado Mora: “Entiendo que el Magistrado

Aguirre sí estaría de acuerdo con el informe. Lo que podríamos hacer es
transcribirle a la señora jueza esta discusión.”

      Señala la Magistrada Camacho: “En este año tenemos en la

Comisión de Familia varios talleres de pensiones alimentarias, talvez

podríamos incluso analizar el tema en concreto para que ahí se resuelva. No

sé si les parece bien.”

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “Me parece muy bien.”

      Se acordó: 1.) Tener por rendido el informe de la Magistrada

Camacho y con base en las razones que en él se citan, desestimar la queja

incoada por el Tribunal de Familia contra la licenciada Mitzi Calderón

Goldenberg y ordenar el archivo de las diligencias. 2.) Dejar constancia de

lo manifestado por la Magistrada Camacho y el Magistrado Aguirre y

hacerlo de conocimiento de la licenciada Calderón Goldenberg.

                             ARTÍCULO IV

      El Tribunal de la Inspección Judicial, mediante resolución de las

10,50 horas del 1 de diciembre de 2010, a tenor de lo que establece el

artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuso remitir a

conocimiento de esta Corte, la queja incoada por el señor Andreas

Henriksson contra los licenciados Jorge Chavarría Guzmán y Ricky

González Fanguharson, por su orden, Fiscal General de la República y

Fiscal de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales.

(Expediente N° 10-001250-031-IJ), en los siguientes términos:

             “Tenemos una nuevo asunto, a donde los dos más altos
       fiscales en la República es (sic) involucrados en los hechos:

              Fiscal General Jorge Chavarría y Ricky González.
              En corto, aquí es los hechos: hemos mandado varios
       asuntos a la Fiscalía General sobre corrupción de funcionarios
       públicos. En las últimas semanas, hemos averiguado que el
       Fiscal General no ha brindado trámite a estas denuncias penales,
       cual todo tiene evidencia material, y se base en ley y
       jurisprudencia.
              Para hacer cosas más raro, tenemos grabaciones también,
       a donde una fiscala en la Fiscalía de Anticorrupción, declaró que
       ningún trámite va estar brinadado (sic) a ningún expediente,
       debido que yo estoy “imputado”, cual es una obvia trasgresión
       de mis derechos. Segundo, el mismo fiscal declaró que este ha
       sido expuesto a él también vía una llamada telefónica con Fiscal
       Ricky González, cual es el segundo más alto fiscal en el país, si
       yo entiendo correcto los puestos.
              Además, el trabaja también directamente con el Fiscal
       General Jorge Chavarría, cual fue notificado sobre este asunto, y
       él no me ha respondido en manera debida.
              Por lo tanto, tenemos pruebas materiales que
       comportamiento ilegal, infracciones de la Constitución Política e
       Incumplimiento de deberes. Queremos saber a cuál despacho vas
       a dar veradera (sic) trámite de estas infracciones legales.”

                                     -0-

      Asimismo el señor Andreas Henriksson, en nota de 14 de diciembre

del año recién pasado, manifestó:

             “Sobre Causa seguido contra: el licenciado Jorge
       Chavarría Guzmán y Ricky González Fanguharson, Fiscalía
       General.

              El día del 13 de Dec. fuimos notificado, de la Inspección
       Judicial, de dicho causa ha sido transferido a la Corte Plena. El
       punto medular en dicho queja es lo siguiente:

              - Durante unos procesos penales en Pavas, y otros
       despachos (sic), los funcionarios públicos no cumplieron con las
       obligaciones del CPP y del CP.
              - Yo acudí contra ellos penalmente, citando evidencia
       material, por ejemplo, perjurio, a donde yo citaba una grabación
       de la vista a donde se dio este perjurio.
              - Los casos se tome una turno raro cuando los mismos
funcionarios comenzó de amenazar a mí persona (cintas de esto
mismo es (sic) en la Inspección Fiscal).
       - Debido a los actuaciones estaba tan mal, y tan en contra
que es los deberes de una funciario (sic) público, yo hizo varios
denuncias, y planteó ellos mismos a la Fiscalía General, para
ellos determine la oficina a donde hacer la investigación. Yo
tiene (sic) las receptaciones de los denuncias mismas como
evidencia, mas de este, tiene llamadas grabadas a la Fiscalía
General a donde ellos confirme reaceptación de dichos
denuncias.
       - Estas denuncias fueron realizadas en agosto este año.
Unas puede ha sido en Sept. Desde (sic) el fin de Sept. yo ha
hablado varios veces con Ricky González, y mandado también
cartas a el Fiscal General, Jorge Chavarría sobre este mismo.
       - Tenemos también una llamada a la fiscalía de Anti-
corrupción grabado, con una Fiscal, creo el nombre es Luis
Diego Fernández, que litermaente (sic) dice que ellos (el
Ministerio Público), "no vas a investigar ninguna (sic) hecho que
usted (yo) decunie (sic), mas bien, ellos no vas a hablar con un
“imputado” durante este llamada, yo le pregunte si fuera la
opinión del ministerio publico que funcionarios públicos es
indemizados (sic) contra acción legal, cual el mismo estaba
eluiendo (sic). El informo que estas órdenes ha sido emitidos de
la Fiscalía General sobre mis asuntos.
       - Hemos acudido durante el último mes con la Contraloría
de Servicios, con Licda. Lena White y José Alberto Tivioli
Vargas, a donde es muy claro que la Fiscalía General ha mentido
a dichos funcionarios sobre la ubicación de dichos denuncias.
 José Alberto Tivioli fue informado que los deuncias (sic) fue
mandado a Pavas (a donde los imputados trabaje), sin la fiscalía
General ha podido mandar los comprobantes de correo
electrónico. Tenemos la correspondencia entre mi persona y de
Jose Alberto Tivioli.
       - Licda. Lena White, en la última llamada y
correspondencia con ella misma, mi opinión es que ella tiene
miedo, porque es una muy clara corrupción que está ocurriendo
(sic).
       - La Defensora de mi causa, amenaza contra funcioraio
(sic) público, Licda. Ana Virgina Solís, el día del 14 de Dic.
renunció y se excusó para continuar con la causa, debido que ella
siente que las personas en la fiscalía de Pavas y los tribunales de
Pavas para una ha sido delitios (sic) en mi contra, y ellos vas a
estar contra puntos, y por este ende, vas imposibilitar el trabajo
de ella misma en la sede, si ella continua en mi representación.
Que la coordinadora de los defensores públicos tiene esta
opinión, es muy claro que existe una base muy profundo para la
corrupción judicial que yo estas repudiando y denunciando.
       - Tenemos pruebas materiales de una conspiración
adentro de los despachos de Pavas, que también existen en
grabaciones, proporcionado a Sr. Barboza del departamento
técnico, y luego dejo los mismos a la inspección Judicial.
       - En otra causa, una causa administrativa contra Licda.
Adriana Chavez, el Fiscal segunda Adjunta, Miguel García
Martínez, como instructor, diciendo que la cuasa (sic) no tiene
merito, y la resolución de él no tiene apelación, aunque este fue
una denuncia penal. Este mismo yo lo inform (sic) Ricky
Gonzalez, que hasta la fecha todavía no ha resuelto este. La
causa contra Licda. Adriana Chavez tenía también información y
evidencia material citada: una testigo, Kimberly Mason
Crawford, un video de vigilancia de BAC San Jose, y tránsito de
Raido (sic) de OIJ mismo. Esta evidencia no fue ventilada, ni
investigada, ni citada en la resolución de Licda. García. Licda.
González fue informado sobre este, como yo lo dijo, y no actuó
en nada sobre este. Muy claramente una otra Assistencia de
Evasión. Tenemos los deuncias (sic), correspondencia con Lic.
García, grabaciones de llamadas con Lic. Garcia y Lic. Ricky
González.

       Como tal, existe grabaciones como la Fiscalía General ha
en forma grave y prejudicial ha infragido (sic) mis derechos
constitucionales, en una manera abierto, y, en mi opinión,
corrupto. Que ellos vas a “perder” muchos asuntos no es posible,
y tampoco pude ser posible que una Fiscal en la Oficina de
Corrupción vas a decir que Funcionarios públicos es
indemnizados de acción legal por actuases (sic) ilegales.

      Como tal, mi intención es lo siguiente:

       - Revoke (sic) el nombramiento de Jorge Chavarría
Guzmán como Fiscal General de la Republica, debido a la
corrupción que el fue informado sobre, y no actuó. Como Jefe
del Ministerio Público, la responsabilidad de este es de él, y
también, ha sido informado debidamente, sin actuación, es un
grave incumplimiento que no conforme con el nombramiento del
mismo.
       - Suspended Ricky González por Incumplimiento de
Deberes.
       - Despide Luis Diego Fernández, por haber infringido
severamente la Constitución Política. Corresponde también el
despedido de Ricky González mismo, si la Corte Plena puede
obtener evidencia si Lic. González hizo estos tipos de órdenes.
       - Si tiene evidencia de delitos penales, cual yo siente que
este es, como de Abuso de Autoridad, Incumplimiento de
Deberes, Favortismo (sic), Evasión, Falsedad ideológica y
posible Falso Testimonio, pedimos que la Corte Plena emite un
criterio sobre esto para abrir los procesos penales
correspondientes.

       Si la Corte quiere las grabaciones, correos electrónicos y
las denuncias originales, por favor, mande un correo electrónico
al: Andreasavogic@gmail.com con instrucciones para
proporcionar todo la evidencia material citada.

       Como nota adicional, es muy claro que ha pasado en el
Poder Judicial. Mucho de los funcionarios en el Poder Judicial
ahora esta trabajando bajo el preconcepto de es “nosotros (sic)
contra ellos”. Este, conjunto de la ineficaz de los sistemas
administrativos/disciplinarios conjunto con el concepto de
“independencia judicial” ha dejado muchos fiscales y Jueces en
la creencia que ellos mismos son afuera la alcanze (sic) de la ley.
Este es obviamente en contra el CP, Art. 11, y la Ley Orgánica
del Poder judicial, Art. 8 y otros.

        El sistema acusatorio penal depende de una Judiciario
(sic) y sistema disciplinario que funcione. Si no, el sistema vas a
desintegrar en un sistema más apto para Torquemada (sic), y no
de un Estado de derecho.

        Yo ha sido acostumbrado de ver jueces y Fiscales que
mande escrituras de Falso testimonios a la Sala IV, y la misma
sala, nunca citando evidencias materiales, solo las escrituras de
los jueces y fiscales acudido en contra. Este es obviamente tan en
contra el Debido Proceso, Resoluciones 1739-92 y otras, de la
Sala IV misma. Cuando después de este, como ha sido en mis
casos, las fiscalías no quiere ni investigar “ellos mismos” para
actuases (sic) ilegales cometidos contra la Administración de
justicia, y la Corte Suprema misma.

       Este es una de lo más grande razones que Costa Rica
ahora tiene más de 400 casos en la Corte Internacional de
derechos humanos: Es muy obvio, hasta para personas que tiene
oficinas en Washington DC que pase en Costa Rica. Yo solo
puede pedir la Corte Plena que actuar sobre estos cosos, para el
bienestar de la Republica, no solo para ahora, pero para futuro
generaciones. Como padre de dos niños costarricenses, yo lo
hace estas cosas, en mucho no para mí propio beneficio, pero
para ellos. Asperjaos (sic) que la Corte Plena ahora también vas
a ver cosas como es: una probelma (sic) que necesita resolver.
              Como tal, asperamos (sic) que la Corte Plena vas a hacer
       los debidos trámites para dichos causas.”

                                     -0-

      Con instrucciones del Presidente, Magistrado Mora, se solicitó el

correspondiente informe al licenciado Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal

General de la República, quien en nota de 24 de diciembre del año pasado,

manifestó:

              “El señor Andreas Henriksson en diciembre de 2009
       acudió ante La Fiscalía General de La República, con el fin de
       requerir información sobre varias casos penales en los que tenía
       interés. Precisamente por políticas de transparencia e
       información, en reiteradas ocasiones se le brindó respuesta a sus
       requerimientos, y se le aclaró el estado procesal de las causas
       que se investigaban. Inclusive para garantizarle su derecho de
       accesibilidad, se encomendó a la Oficina de Asesoría Técnica y
       Relaciones Internacionales del Ministerio Público, que atendiera
       en idioma inglés al señor Henriksson, pues éste - en principio-,
       no dominaba bien el español.
              Posteriormente a lo largo del presente año, a dicho
       gestionante se le ha atendido en innumerables ocasiones ya sea
       vía correo electrónico o por medio de llamadas telefónicas.
       Durante esos contactos dicho usuario formuló denuncias contra
       funcionarios judiciales, las cuales como corresponde fueron
       remitidas a la Fiscalía Adjunta de Pavas y la Unidad
       Especializada en Delitos Varios. Además fue atendido por el
       Fiscal Adjunto Segundo de San José Lic. Miguel García
       Martínez, aunado a las constantes atenciones del Lic. Ricky
       González Farguharson, Fiscal Coordinador de la Fiscalía General
       de la República. Sus peticiones y dudas siempre le fueron
       aclaradas, incluso fue recibido en la Fiscalía Adjunta contra el
       Crimen Organizado y la Fiscalía Adjunta de Delitos
       Económicos, Corrupción y Tributarios, esta última por cuanto el
       señor Henriksson señaló que podían haberse verificado asuntos
       donde fiscales faltaron a su deber de probidad.
              Lo anterior denota con toda claridad, que ningún
       funcionario del Ministerio Público ha sido omiso o displicente en
       cuanto al servicio que se le ha ofrecido a don Andreas, por el
       contrario, se la han brindado respuestas oportunas, pero que él en
su respetable criterio no comparte.
       En lo atinente a la denuncia que indica haber formulado
ante la Fiscalía General de la República, es importante subrayar
que en ella el señor Henriksson señaló que los Jueces Noldan
Carrillo, Enrique Calvo Moya y la Fiscala Adriana Chávez,
habían cometido varios delitos con ocasión de su cargo. Por tal
motivo, dentro del nuevo esquema que posee el Ministerio
Público, en el cual se constituyó la Fiscalía Adjunta de Probidad,
Transparencia y Anticorrupción (despacho que se encarga del
abordaje y análisis de los casos funcionales en que puedan estar
involucrados funcionarios judiciales) el memorial al que alude el
señor Henriksson, fue sometido al conocimiento del Fiscal
Adjunto Anticorrupción, quien luego del examen de ese
documento, consideró pertinente que se enviase una copia de
éste al Tribunal de la Inspección por el tema disciplinario y el
libelo original la Unidad de Delitos Varios por la relación que
puede tener esta denuncia con otros procesos que en igual
sentido tramita esa oficina.
       El señor Andreas Henriksson también es imputado en la
sumaria número 10-106-615- PE, la cual se investiga en la
Fiscalía Adjunta de Pavas, por el delito de violación; esta
circunstancia ha obligado a la Fiscalía General de la República a
tener que comunicarle al aquí quejoso en determinadas
ocasiones, dependiendo de la naturaleza de su pretensión, que su
pedido debe hacerlo a través de su defensor letrado, justamente
para garantizarle la objetividad necesaria.
       Finalmente el Lic. Ricky González Farguharson, la
semana anterior le comunicó vía telefónica a don Andreas, que
para facilitarle la individualización de los casos, le remitiría un
listado de los expedientes por él denunciados, sin embargo, el
acopio de esa información no ha finalizado, pero una vez que
ocurra, se le pondrá en conocimiento (por correo electrónico),
para lo que en su interés corresponda.
        Como se observa e infiere del informe rendido y los
argumentos expuestos, al señor Andreas Henriksson siempre se
la han atendido o resuelto sus gestiones, claro está dentro de lo
que el bloque de legalidad le permite al Ministerio Público.
Nótese que tanto fiscales adjuntos como coordinadores y la
misma Oficina de Relaciones Internacionales de la Fiscalía le
han brindado un servicio oportuno, en el marco de las rutas de
trabajo y competencias que tiene definidas el Ministerio Público.
Por ello, no le asiste la razón al hacer ver de manera subjetiva,
que sus peticiones no fueron atendidas, de forma tal que no
existe negligencia alguna por parte de los funcionarios de esta
institución y menos aun, el incumplimiento de deberes que alude
        el quejoso.
                 EN CONSECUENCIA:
               Solicito con el mayor respeto se declare sin lugar en todos
        sus extremos la queja interpuesta, pues de ninguna manera se
        han violentado los derechos de información o acceso a la justicia
        del señor Andreas Henriksson, por cuanto el Ministerio Público
        ha actuado con base en la legalidad.
                 NOTIFICACIONES:
              En la Secretaría de la Fiscalía General de la República del
        Ministerio Público, sita en el segundo piso del edificio de los
        Tribunales de Justicia de San José o al fax 22 23 26 02.”

                                      -0-

       Se deja constancia que se tuvo a la vista correo electrónico de 14 de

enero del año en curso, mediante el cual el señor Andreas Henriksson,

remitió copia del recurso de amparo que interpuso ante la Sala

Constitucional contra la Fiscalía General de la República, Tribunal y

Fiscalía de Pavas, con pruebas materiales en contra de funcionarios

judiciales.***

       Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “Me parece que con base

en el informe que rinde el licenciado Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal

General de la República, a solicitud de la Presidencia, lo que tendríamos

que disponer es el archivo de las diligencias.”

       Se acordó: 1.) Tener por rendido el informe del licenciado Jorge

Chavarría Guzmán y con base en las razones que en él se citan, desestimar

la queja incoada por el señor Andreas Henriksson y ordenar el archivo de

las diligencias. 2.) Comunicar este acuerdo al señor Andreas Henriksson.
                             ARTÍCULO V

      ENTRA EL MAGISTRADO GONZÁLEZ.
      La señora Marta Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno,

en oficio N° SCG-MM-884-2010 de 20 de diciembre de 2010, manifestó:

            "Reciba un cordial saludo. Mediante escrito recibido el día
       17 de diciembre del 2010, el señor Luis Gerardo Carvajal
       Esquivel, con cédula de identidad 2-279-829, actualmente
       condenado a quince años de prisión por tres delitos de Abuso
       Sexual Agravado contra persona menor de Edad, solicitó ante el
       Consejo de Gobierno el otorgamiento del beneficio del indulto.

            Dentro de los argumentos que presenta el señor Carvajal
       Esquivel, hace una crítica a la sentencia judicial que lo declara
       culpable.

             De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del
       Código Penal, le agradeceré atentamente proceder al estudio de
       la petición de comentario a efectos que el Consejo de Gobierno,
       conozca el criterio técnico acerca de la Solicitud del señor Luis
       Gerardo Carvajal Esquivel.”
                                     -0-

      Las diligencias se remitieron a estudio de la Magistrada Pereira,

quien en nota de 12 de enero en curso, rinde el siguiente informe:

             "En repuesta a su solicitud de informe N° 0100-2010 de la
       Secretaría General de la Corte, sobre la petición de criterio
       técnico requerido por el Consejo de Gobierno, en relación con el
       indulto que formula el señor Luis Gerardo Carvajal Esquivel, me
       permito hacer de su conocimiento las siguientes observaciones:

                     SOBRE EL ASUNTO EN CUESTIÓN

            Único: El sentenciado Luis Gerardo Carvajal Esquivel,
       cédula de identidad 2-0279-0829, en la solicitud de indulto
       planteada a su favor el 17 de diciembre del 2010, refiere –en lo
       conducente- que: “…considero merezco estar libre pues lo que
       hubo en esta sentencia fue una confabulación de mi hija y toda
       sus (sic) familia en mi contra con el fin de perjudicarme y lo
       lograron pues fui condenado a 15 años de prisión por tres
delitos de abusos en contra de mi nieta cosa que no es cierto
pues nunca hubiera hecho tal cosa y como en estos delitos no
hay prueba directa, únicamente lo que diga la víctima los jueces
se fueron un (sic) lógicamente con lo que dijo la mamá, mi hija y
la niña mi nieta pues lo único que querían era mantenerme en la
cárcel porque Yo me había casado con otra persona que no era
su madre por eso creo que merezco se me apruebe lo solicitado
ya que tengo una trayectoria que justifico con todas las cartas
que aporto donde soy claro, soy inocente lo único que se hizo fue
una persecución familiar para lograr el perjuicio que al fin
lograron”. En apoyo de su solicitud, aporta múltiples cartas que
lo señalan como una persona de buenas costumbres. Solicita por
tanto, se le conceda el indulto de la pena a la que fue condenado.

                       ANÁLISIS DEL CASO

      En el presente asunto, del estudio del expediente principal
se observa que el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de
San José, en sentencia número 173-2009, de las 8:10 horas, del
31 de julio de 2009, declaró a Luis Gerardo Carvajal Esquivel,
autor responsable de tres delitos de abuso sexual agravado contra
persona menor de edad y en tal carácter le impuso el tanto de
quince años de prisión (folios 189-230). Contra esa resolución la
defensa del acusado interpuso recurso de casación, el cual fue
resuelto por el Tribunal de Casación Penal, en la sentencia
número 2010-0091, de las 15:05 horas, del 28 de enero de 2010
(cfr. folios 266-268), oportunidad en la que, según consta en el
Considerando III, declaró con lugar el tercer motivo incoado, al
apreciar un quebranto al principio de imparcialidad de parte de
una de las juzgadoras que integraba el Tribunal, ya que: “…En el
caso bajo examen, la manifestación captada y objeto del
reclamo expresa un juicio o una opinión (prematura e
inoportuna) de la juzgadora, sobre uno de los testigos en pleno
debate, que resulta a todas luces inapropiada y compromete de
forma evidente su imparcialidad. Por ende, vista la naturaleza
del vicio resulta imposible mantener la validez del fallo, pues se
está en una flagrante violación a uno de los principios
integrantes del debido proceso, de allí que con base en las
consideraciones expuestas, el mismo debe anularse”,
disponiéndose el reenvío del asunto al Tribunal de origen para la
realización de un nuevo juicio.

     Mediante sentencia dictada por el Tribunal Penal del Tercer
Circuito Judicial de San José, Desamparados, número 149-2010,
de las 14:30 horas, del 23 de julio de 2010, el gestionante Luis
Gerardo Carvajal Esquivel fue nuevamente sentenciado por tres
delitos de abuso sexual contra persona menor de edad cometidos
en concurso material, imponiéndosele el tanto de cinco años de
prisión por cada uno de los delitos, para un total de quince años
de prisión, señalándose las razones por las que se le tuvo como
autor responsable de esos ilícitos, indicándose entre otras cosas:
“Al Tribunal el relato de la menor le merece plena credibilidad,
primero que todo por la forma en que se expresó, de manera
segura en la exposición de los hechos, mencionando cada evento
y exponiendo la forma en que su abuelo perpetraba los abusos
[…] La menor brindó toda la información y la misma además,
con la prueba pericial y testimonial indirecta, ha sido
corroborada, pues valorado en conjunto el testimonio de la niña
S.V.C., el Tribunal concluye que el mismo es coherente,
ofreciendo un relato claro, preciso y circunstanciado tanto en el
tiempo como en lugar, todo lo cual lo hace creíble en todo
sentido. […] Desde otra óptica, no encuentra razones este
Tribunal para justificar el por qué una niña como S.V.C. habría
de inventar cargos en contra de su abuelo, en primer lugar
porque de las pericias de trabajo social y psicológicas
practicadas a la menor, se descarta que ella haya estado
expuesta a otros eventos de la misma naturaleza que pudieran
haberla hecho caer en confusión, y en segundo lugar, el
Tribunal ha podido constatar que el imputado era una figura de
mucha importancia para la niña y su madre, pues además de su
abuelo y su papá respectivamente, lo que de por sí es un
referente en cuanto a la cercanía de la relación entre ellos,
ambas mencionaron que el encartado Carvajal Esquivel era una
figura de importancia en su familia, en tanto doña Grettel era
mamá soltera y el justiciable era la figura masculina, la figura
paterna con la que ambas contaban […] que le permiten a este
Tribunal descartar que haya mediado segundas intenciones en la
denuncia formulada en contra del imputado, ya que se
corrobora que tanto la niña ofendida como su madre, han
sufrido por el trámite del proceso dadas las consecuencias a
nivel familiar y afectivo que le han generado” (folios 401-402),
señalando en última instancia, que no se observa que hayan
mediado intenciones malsanas por parte de la menor y de su
madre al promover el proceso en contra del sentenciado.

     Contra el citado fallo el defensor particular del imputado
recurrió en casación (folios 417-427). Mediante resolución 2010-
1184, de las 14:35 horas, del 8 de octubre de 2010, el Tribunal
de Casación Penal declaró sin lugar el recurso interpuesto, en el
que se alegó entre otras cosas vicios de falta de fundamentación
del fallo, lo que fue descartado –en lo conducente- al estimar
que: “…aunque el impugnante eche de menos la transcripción de
algunas partes de las declaraciones que son de su interés, ello
no representa vicio alguno, pues es en la fundamentación del
tribunal, donde se consigna cuál es el valor que se le ha
otorgado a esa probanza, y bajo el claro entendimiento que la
prueba, en su totalidad, has sido inmediata por todas las partes
procesales. De allí que no es cierto, que no se hayan
considerado los aspectos que echa de menos la defensa, pues la
tesis que expuso, a fin de rechazar la responsabilidad de su
patrocinado, sí fue atendida por los juzgadores, y que,
básicamente, se refería a negar que se hubieran dado los abusos
por su horario de trabajo, porque no estaba autorizado para
retirar la menor de edad de la escuela, y por los problemas
familiares provocados por los celos de su hija. Es así como los
juzgadores descartan tales argumentos no sólo en razón del
horario alterno del imputado, como guarda en la Municipalidad
de San José, sino porque no consideraron que la ofendida
mintiera sobre ese hecho, ni tampoco, la prueba, en los aspectos
que el impugnante pretende se consideren como fundamentales,
elimina la credibilidad y contundencia de su relato, y así fue
apreciado por el tribunal, que no evidenció las contradicciones
que señala la defensa, ni tampoco que fueran problemas
familiares los que propiciaran la denuncia..”.           En esa
oportunidad también se indicó: “…Finalmente, no se aprecia
que la prueba haya sido valorada parcialmente, o que se
produjeran contradicciones significativas, como ha sido
alegado, puesto que el tribunal arriba a una conclusión de
certeza fundada en la valoración que realiza de la declaración
de la ofendida y de la credibilidad que le mereció su relato, y
que, entonces, ni la versión que dio el imputado, ni las
circunstancias que narraron su esposa e hija, lograron
desmerecer” (folios 437 vuelto, 438 fte).

                       CRITERIO JUDICIAL

       El párrafo segundo, del artículo 90 del Código Penal,
señala en lo que interesa: “…El indulto sólo podrá ser concedido
por el Consejo de Gobierno, el cual previamente a resolver, oirá
el criterio del Instituto de Criminología. Consultará también a la
Corte Suprema de Justicia, únicamente cuando la solicitud del
indulto se fundamente en una crítica a la sentencia judicial.
Dichos organismos deberán pronunciarse en un término no
mayor de treinta días naturales, y si no contestaren dentro de
ese término, el Consejo de Gobierno podrá resolver lo que
corresponda…”.- Conforme lo señala dicho numeral, la Corte
Suprema de Justicia, debe limitar su criterio en relación al
indulto planteado, únicamente, en lo que se refiere a la crítica de
         la sentencia, respetando el principio de legalidad y la división de
         poderes que caracteriza un estado democrático como el nuestro.

               En este orden de ideas, se observa que la crítica principal
         que plantea el sentenciado al fallo, es que la acusación penal
         incoada en su contra se debe a una persecución familiar
         confabulada por la ofendida y su hija para perjudicarlo y verlo en
         la cárcel, ya que él se había casado con otra persona, alegando
         que nunca cometió los hechos que se le atribuyen.

               Debe indicarse que existe una sentencia con carácter de
         cosa juzgada, donde se consignaron los argumentos por los
         cuales el Tribunal tuvo la certeza de la culpabilidad del
         encartado por los delitos que le fueron demostrados. No
         obstante, el sentenciado Luis Gerardo Esquivel Carvajal ha
         ejercido oportunamente el derecho de impugnar el fallo,
         mediante los recursos y procedimientos contemplados en el
         Código Procesal Penal, para que la autoridad jurisdiccional se
         pronunciara sobre los aspectos que estimaba habían sido
         incorrectamente valorados (que guardan identidad con los del
         indulto). La sentencia fue ampliamente analizada por el Tribunal
         de Casación Penal y confirmada por estimar que se encuentra
         ajustada a derecho. Se ha respetado en su caso el Debido
         Proceso. La crítica que realiza Carvajal Esquivel al fallo,
         constituye una valoración particular de la prueba que funda en su
         disconformidad con la condena firme en su contra y los escritos
         de referencia a su buena conducta anterior a los hechos,
         aportados en la presente solicitud, en nada varían lo resuelto; no
         constituyen elementos nuevos de prueba que surgieran después
         de la sentencia. Por tanto, la crítica a la resolución judicial
         resulta injustificada. Por las consideraciones dadas la respuesta a
         otorgar el indulto es negativa.

              Dejo así rendido el informe. Quedo a sus órdenes para
         cualquier otra aclaración."
                                        -0-

     Se acordó: Tener por rendido el informe de la Magistrada Pereira,

acogerlo como propio de esta Corte y hacerlo de conocimiento del Consejo

de Gobierno, en respuesta a la consulta formulada. Se declara acuerdo

firme.
                            ARTÍCULO VI

     En sesión N° 41-08 celebrada el 8 de diciembre de 2008, artículo IV,

se tuvo por reelectos como integrantes de la Comisión de Relaciones

Laborales en representación de la parte empleadora, a partir del 1 de enero

de 2009 a los siguientes profesionales:

       “Titulares
       Licenciada María Ibel Rojas Rojas
       Licenciada Rocío Jiménez Padilla
       Licenciado Fabricio Garro Vargas
       Suplentes
       Licenciado José Paulino Hernández Gutiérrez
       Licenciado Jorge López González.”
                                       -0-

      En verificada N° 42-08 de 15 de diciembre de 2008, artículo VI, a

propuesta de la Sala Tercera se designó a la licenciada Isabel Porras Porras,

como Suplente en representación de la parte empleadora ante la Comisión

de Relaciones Laborales, por dos años a partir del 1 de enero del 2.009, en

lugar de la licenciada Jeannette Villarreal Albenda, quien no estuvo

anuente a ser reelecta.

     En sesión N° 5-09 del 9 de febrero de 2009, artículo IV, se efectuó los

nombramientos en la citada Comisión en representación de los

Trabajadores, resultando electos los siguientes servidores:

      “Titulares

      Sr. Álvaro Rodríguez Zamora
      Mba. José Luis Bermúdez Obando
      Sra. Saray Peralta Aguilar

      Suplentes

      Sra. Karen Concepción Concepción
      Lic. Luis Rodríguez Cruz
      Lic. Elías Muñoz Jiménez.”

      Los nombramientos de los referidos servidores se hicieron por dos

años a partir del 10 de febrero del 2009. En ese sentido se modificaron los

acuerdos tomados por este Órgano en las sesiones del 8 y 15 de diciembre

de 2008, artículos IV y VI, en cuanto a que la designación de los

profesionales en representación de la parte empleadora ante la mencionada

Comisión regiría también a partir de esa fecha.

      En sesión N° 17-10 del 7 de junio de 2010, artículo VI, se tomó el

acuerdo que literalmente dice:

              “En sesión N° 05-2009 celebrada el 9 de febrero de 2009,
       artículo IV, se nombró como Suplente de la Comisión de
       Relaciones Laborales, a la señora Karen Concepción
       Concepción, por un período de dos años que inició el 10 de
       febrero de ese año.
              La licenciada María Ibel Rojas Rojas, en condición de
       Presidenta de la Comisión de Relaciones Laborales, en oficio N°
       CRL-34-2010 de 19 de mayo último, comunica el acuerdo
       tomado por esa Comisión, en sesión N° 16-2010 celebrada el 14
       de ese mes, artículo IIII, que literalmente dice:
              "MOCIONES
              A petición de los miembros presentes en esta sesión, se
       acuerda remitir atenta instancia a la Secretaría General de la
       Corte, para que se realice el nombramiento interino en
       sustitución de la Licda. Karen Concepción Concepción, suplente,
       quien a partir del 1° de mayo anterior se le concedió permiso sin
       goce de sueldo por un año, para ejercer funciones en el
       Ministerio de Justicia y Gracia (Sesión 42-10 del 29-4-2010. Art.
       XI) y dada la importancia de las funciones que se realizan y la
       cantidad de asuntos pendientes de conocer, en esta Comisión,
       solicitamos se realice lo antes posible dicha petición."
                                    -0-
              Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó:
       Remitir al Órgano Director de Procedimiento, la gestión de la
       licenciada Rojas Rojas, a efecto de que haga de conocimiento de
       esta Corte, la propuesta de los candidatos para el nombramiento
       interino como suplente ante la Comisión de Relaciones
       Laborales, en representación de los trabajadores.”
                                    -0-

      En sesión N° 32-09 del 8 de noviembre del año anterior, artículo II,

con motivo de la jubilación del señor Álvaro Rodríguez Zamora, se nombró

al licenciado Luis Víquez Esquivel como Integrante de la Comisión de

Relaciones Laborales en representación de la parte trabajadora, a partir del

9 de ese mes y hasta por el resto del período legal, que vence el 9 de

febrero del año en curso.

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “En la Comisión de

Relaciones Laborales tenemos que hacer el nombramiento de la

representación de la parte empleadora y al propio tiempo solicitar a las

Asociaciones Gremiales del Poder Judicial que nos indiquen cuáles son los

candidatos o candidatas para el nombramiento de sus representantes.

Informo que doña Rocío Jiménez Padilla, quien formaba parte de la

Comisión se jubiló y que doña María Ibel Rojas y don Fabricio Garro

Vargas, estiman que podrían continuar con el desempeño del cargo. Como

suplentes teníamos a don José Paulino Hernández Gutiérrez y a don Jorge

López González. Si a ustedes les parece podríamos proceder de la misma
forma que lo hemos hecho con anterioridad y conocer en una próxima

sesión la reelección o no, además de solicitarles que nos presenten un

informe de labores.”

      Sin objeción de las señoras Magistradas y los señores Magistrados

presentes, se acordó: Acoger la propuesta del Presidente, Magistrado

Mora, y en consecuencia: 1.) Previamente a resolver lo que corresponda,

solicitar a los licenciados María Ibel Rojas Rojas, Isabel Porras Porras,

Fabricio Garro Vargas, José Paulino Hernández Gutiérrez y Jorge López

González se sirvan presentar un informe de lo que ha sido su gestión

durante el último período como Presidenta e Integrantes de la citada

Comisión, y además indiquen si están de acuerdo o no en ser reelectos en

esos cargos. 2.) Solicitar a las asociaciones o agrupaciones gremiales del

Poder Judicial el envío a esta Corte de los candidatos o candidatas para

realizar los nombramientos de los Integrantes de la Comisión de Relaciones

Laborales, en representación de la parte trabajadora, en el plazo de quince

días después de recibida la comunicación de este acuerdo. Se declara

acuerdo firme.

                           ARTÍCULO VII

      El licenciado José Luis Meneses Rímola, Director Ejecutivo del

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en oficio N° DE-C-006-

11 de 12 de enero en curso, indicó:

             “Conforme al oficio N° 4220-10 de fecha 11 de mayo
       del 2010, me permito enviar la tema para el nombramiento
       del Consejo de Administración del I Circuito Judicial de la
       Zona Sur en representación de los abogados litigantes, tanto
       para la designación del propietario como del suplente:

              Sandra Cubillo Díaz       Carné: 10.658
              Araliz Granados Rodríguez Carné: 17.680
              Roy Rodríguez Araya       Carné: 11.446

             Para los fines pertinentes me permito adjuntar los
       currículos respectivos.”

                                    -0-

      Se procede primeramente a realizar el nombramiento del profesional

que desempeñará el cargo propietario, y por mayoría de dieciséis votos,

resultó electa la licenciada Sandra Cubillo Díaz.

      La licenciada Granados Rodríguez y el licenciado Rodríguez Araya

recibieron un voto cada uno.

      Seguidamente se procedió a la designación del Suplente, y por

mayoría de once votos se designó al licenciado Roy Rodríguez Araya.

      Siete votos obtuvo la licenciada Granados Rodríguez.

      La designación de los profesionales electos rige por un plazo de dos

años, a partir del 1° de febrero del año en curso, conforme lo establece el

artículo 3 del Reglamento de Consejos de Administración de Circuito y

para ejercer válidamente el cargo deben juramentarse.

                           ARTÍCULO VIII

      En sesión N° 30-10 celebrada el 25 de octubre de 2010, artículo III,

se reeligió al doctor Víctor Ardón Acosta como Integrante del Consejo
Directivo de la Escuela Judicial, del 16 de noviembre de ese año al 15 de

noviembre del año en curso.

        El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en

oficio N° 034-CD/EJ-10 del 20 de diciembre del año pasado, comunica el

acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en sesión

N° 07-10 celebrada el 1 de diciembre último, artículo X, que literalmente

dice:
                 “En la sesión N° 30-10 de Corte Plena, celebrada el 25 de
          octubre del 2010 se reeligió al Dr. Víctor Ardón Acosta, juez
          del Tribunal de Trabajo, como integrante del Consejo Directivo
          de la Escuela Judicial, del 16 de noviembre del 2010 al 15 de
          noviembre del 2011, pero sin embargo, ha sido imposible la
          participación del Dr. Ardón en las sesiones del Consejo dado que
          se encuentra incapacitado, es por tal motivo, que las y los
          miembros de este Consejo estimaron pertinente que se gestione
          ante la Corte Plena, la designación de un suplente del Dr. Ardón
          para que participe en las sesiones del Consejo Directivo, durante
          su periodo de incapacidades.
                                       -0-
                SE ACUERDA: Solicitar a la Corte Plena que se
          designe un suplente por lo que resta del período legal del Dr.
          Víctor Ardón Acosta, juez del Tribunal de Trabajo,
          miembro del Consejo Directivo de la Escuela, en caso de su
          ausencia por incapacidades. ACUERDO FIRME.”

                                        -0-

        Manifiesta la Magistrada Varela: “En vista de que el doctor Víctor

Ardón Acosta es del área laboral, estimamos importante enlazar la

representación de esa materia en el Consejo Directivo de la Escuela

Judicial. En ese sentido hemos estado conversando y consideramos que se

puede designar como suplente ante ese Consejo al licenciado Juan Carlos

Segura Solís, Juez del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de
San José, quien es una persona que está al día con su trabajo, también es de

ese sector y sería un buen aporte el que pueda darle al Consejo Directivo,

para efectuar las suplencias de don Víctor.”

     Refiere el Presidente, Magistrado Mora: “¿Las otras Salas tienen

algún candidato o candidata a proponer?, sino tendríamos solo el ofrecido

por la Sala Segunda. ¿Estamos de acuerdo?”

      Se dispuso: Aprobar la anterior solicitud, y por ende designar por lo

que resta del período legal, a saber del 17 de febrero y hasta el 15 de

noviembre del año en curso, al licenciado Juan Carlos Segura Solís como

Suplente en el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en lugar del doctor

Víctor Ardón Acosta.

                             ARTÍCULO IX

      En sesiones números 11-05 y 04-07 celebradas el 25 de abril del

2005 y 5 de febrero del 2007, artículos VI y XIV, respectivamente, se

designó al Magistrado Jinesta como Integrante de las Comisiones de

Nombramientos y de la Jurisdicción Agraria. Asimismo en la verificada N°

30-06 del 9 de octubre del 2006, artículo XX, se nombró a don Ernesto

como integrante y Coordinador de la Comisión de Vehículos.

      El Magistrado Jinesta, en oficio N° SC-801-01-2011 de 13 de enero

del año en curso, manifestó al Presidente, Magistrado Mora:

            “Como bien sabe usted, el trabajo en la Sala Constitucional
       ha venido aumentando exponencialmente en los últimos años.
       Las cargas de trabajo son, verdaderamente, extraordinarias, así, a
       modo de ejemplo, en el año 2010 la Sala Constitucional dictó la
       cifra record de 21.680 votos.
              Lo anterior me obliga a concentrar mis esfuerzos en la
       labor de la Sala Constitucional, por esa razón renuncio integrar
       las Comisiones de Nombramientos y de Vehículos de la Corte
       Plena. No omito manifestar que continúo en la Comisión de la
       Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Comité Gerencial de
       Informática y la recién creada Comisión de Gobierno Judicial
       digital, hasta tanto la labor en la Sala Constitucional me lo
       permita. Agradezco la designación, en su momento en sendas
       comisiones, y espero que entienda las razones calificadas que le
       expongo.”

                                    -0-

    El Magistrado Jinesta, en oficio N° SC-801-01-2011 de 14 de este

mes, indicó:

             “Por las mismas razones que expuse en el oficio No. SC-
       801-01-2011, renuncio, también, a la Comisión de Agrario a la
       que por mis múltiples ocupaciones en la Sala Constitucional me
       ha sido imposible siquiera asistir a sesiones.”

                                       -0-

    Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “En esta Corte hemos

tenido por costumbre aceptar las renuncias de las señoras Magistradas y los

señores Magistrados en las Comisiones, por lo que propongo aceptar la del

Magistrado Jinesta, pues las razones que da para su proceder son de recibo

y en ese caso solicitar a la Sala Constitucional que proponga candidatos

para designar a quien le sustituirá. De seguro los demás compañeros y

compañera de la Sala tienen la misma carga laboral, en razón de eso tal vez

la Sala podría tomar en consideración a alguno de los señores Magistrados

o señoras Magistradas suplentes y hacer la propuesta correspondiente.”
      Se dispuso: 1.- Tener por aceptada la renuncia del Magistrado

Jinesta como Integrante de las Comisiones de Nombramientos, de la

Jurisdicción Agraria y de Vehículos y agradecerle a don Ernesto los

servicios prestados a esas Comisiones. 2.- Solicitar a la Sala Constitucional

proponga el nombre de candidatos o candidatos que le representen, para

que queden debidamente conformadas las mencionadas Comisiones, para

lo cual podrá tomar en consideración a alguno de los señores Magistrados o

señoras Magistradas suplentes de esa Sala. 3.- Una vez constituida la

Comisión de Vehículos se procederá a realizar el nombramiento de la

señora Magistrada o señor Magistrado que la coordinará.

                             ARTÍCULO X

      El Presidente, Magistrado Mora, informa que el 18 de febrero

próximo vence el período del nombramiento de la Magistrada

Carmenmaría Escoto Fernández, quien le ha manifestado su anuencia a

continuar en el cargo.

      Se acordó: Tomar nota del informe del señor Presidente y autorizar

a la Secretaría General de la Corte, para que envíe a la Asamblea

Legislativa la comunicación correspondiente, a los efectos del artículo 163

de la Constitución Política. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XI

      La Dirección General de Relaciones Públicas Nacionales e
Internacionales de la Corte Suprema de Justicia de México, en correo

electrónico de 3 de enero en curso, comunicó:

                “Nos complace hacer de su conocimiento que el día de
         hoy, 3 de enero de 2011, el Pleno de la Suprema Corte de
         Justicia de México, en sesión solemne, eligió como Presidente al
         Ministro Juan N. Silva Meza, quien rindió protesta al asumir el
         cargo que desempeñará hasta el 31 de diciembre de 2014.”

                                      -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior misiva y augurar al Presidente

Juan N. Silva Meza muchos éxitos en su gestión. Se declara acuerdo

firme.

                              ARTÍCULO XII

      En virtud de que el doctor César San Martín, fue designado como

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, se

dispuso externar a don César la complacencia de esta Corte por su

nombramiento y augurarle muchos éxitos en su gestión. Se declara

acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XIII

      El doctor Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Corte Suprema de

Justicia de República Dominicana, en nota recibida el 22 de diciembre del

año recién pasado, comunicó:

              “En primer lugar le presentamos nuestras excusas por no
         haber escrito anteriormente, pues inmediatamente regresamos de
         ese país partimos al día siguiente a Trinidad y Tobago y un día
         después de regresar de éste último, partimos a México,
         regresando el fin de semana.
              Queremos agradecerle todas las atenciones brindadas a la
         Delegación Dominicana, en ocasión de la Reunión del Consejo
         Judicial Centroamericano.”
                                        -0-

      Se acordó: Tomar nota de la anterior misiva. Se declara acuerdo

firme.

                              ARTÍCULO XIV

      La     licenciada    Bernardita    Madrigal     Córdoba,     Subjefa   del

Departamento de Planificación, con oficio Nº 1765-PLA-2010 de 21 de

diciembre de 2010, remitió el informe Nº 013-AJ-2010/075-PI-2010,

suscrito por el licenciado Jorge Kepfer Chinchilla, Jefe de la Sección de

Análisis Jurídico y el máster Andrés Méndez Bonilla, Jefe de la Sección de

Proyección Institucional, relacionado con la competencia territorial

propuesta para el Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, que

literalmente dice:

               “En sesión Nº 92-10 celebrada el 14 de octubre último,
         artículo XXXII, en lo que interesa, se aprobó la conformación
         del Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, así como la
         reestructuración de los Juzgados Civiles de Menor y Mayor
         Cuantía de Cartago, la cual se haría efectiva a partir del 1 de
         noviembre en curso, en el entendido de que el mencionado
         Juzgado Especializado de Cobro iniciaría funciones el 1 de
         diciembre. En similar sentido se acordó en el Acta del Consejo
         Superior Nº 100-10 del 11-11-2010, artículo XXXV.

              Sin embargo, ambos acuerdos son omisos en señalar
         expresamente cuál va a ser la competencia territorial de ese
         despacho judicial y cuál va a ser su superior; por lo que, con el
         fin de dar la oficialidad del tema se somete a criterio del ente
         superior, la siguiente recomendación al respecto:
            Cabe indicar que tanto el perímetro judicial como la
       competencia territorial serían similares a las de los Juzgados
       Civiles de Cartago.

             En este sentido, una vez obtenido el acuerdo del ente
       superior, se incorporaría la información al Libro de
       Competencias Territoriales que este Departamento lleva y que es
       de consulta tanto a lo interno como a lo externo de la
       Institución.”

                                    -0-

     Se acordó: Aprobar conforme lo recomienda el Departamento de

Planificación, el perímetro judicial y la jurisdicción del Juzgado

Especializado de Cobro de Cartago. Se declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XV
      Se tomó nota de la resolución número 2010-020294 de las 14:00

horas del 2 de diciembre de 2010, dictada por la Sala Constitucional,

mediante la cual se declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el

señor Mario Alberto Guido Jiménez contra el Presidente de la Corte

Suprema de Justicia y el Presidente del Tribunal de la Inspección Judicial.

(Expediente número 10-012985-007-CO). Se declara acuerdo firme.

                           ARTÍCULO XVI

      En sesión Nº 28-10 celebrada el 4 de octubre de 2010, artículo XVI, -

entre otros aspectos- se comisionó al Asesor Legal de la Secretaría General

de la Corte, para que elaborara el proyecto de reforma de los artículos 11,

13 y 14 del Reglamento sobre custodia y destrucción de drogas

estupefacientes y enervantes.

      El licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Profesional en

Derecho 3 de la Secretaría General de la Corte, remitió el informe Nº 30-

2010 de 15 de diciembre de 2010, que dice:

            “En cumplimiento del acuerdo tomado por la Corte Plena
       en sesión número #28-10 celebrada el 14 de octubre del año en
       curso, artículo XVI, adjunto le remito el proyecto de Decreto
       Ejecutivo para reformar varios artículos del Reglamento sobre
       custodia y destrucción de drogas estupefacientes y enervantes
       (Decreto Ejecutivo N° 3392 de 3 de julio de 2006, publicado en
       La Gaceta N° 203 del 24 de octubre de ese mismo año).”
                                    -0-

                      PODER EJECUTIVO
                          DECRETOS
                       Nº 00000-MS-MJP
               LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
     LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ
       Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 140,
incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución Política, los artículos 25 inciso 1), 27
inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b), de la Ley General de la Administración
Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley Sobre Estupefacientes,
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de
Capitales y Actividades Conexas, Ley N° 8204 del 26 de diciembre de 2001, y el
Decreto Ejecutivo Nº 33392 S-J “Reglamento sobre custodia y destrucción de
drogas estupefacientes, psicotrópicas y enervantes”, del 3 de julio de 2006,
publicado en La Gaceta Nº 203 del 24 de octubre de 2006,

                                 Considerando:

       1º—Que por Decreto Ejecutivo Nº 33392 S-J del 3 de julio de 2006,
publicado en La Gaceta Nº 203 del 24 de octubre de ese mismo año, se publicó
el “Reglamento sobre custodia y destrucción de drogas estupefacientes,
psicotrópicas y enervantes”, con el propósito de regular la destrucción de las
drogas a que se refiere la Ley Nº 8204 de 26 de diciembre del 2001 “Ley sobre
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado,
Legitimación de Capitales y Actividades Conexas” y cualquier otra normativa
que, sobre la materia, entre en vigencia en el futuro.

       2º—Que en razón de garantizar y controlar la seguridad y transparencia de
las actuaciones, se determina la necesidad de plantear reformas a varios artículos
del citado reglamento, para involucrar en la actividad a una mayor cantidad de
personas, en especial a todos los miembros de la Comisión de Destrucción de
Drogas Ilícitas, creada por ese mismo cuerpo reglamentario.

       3º—Que de conformidad con el artículo 140, inciso 3) de la Constitución
Política de Costa Rica corresponde al presidente de la República, junto al
Ministro de ramo, sancionar y promulgar las leyes, Por tanto,

                                Decretan:
      Reformas al Reglamento sobre custodia y destrucción de drogas
               estupefacientes, psicotrópicas y enervantes

      Artículo 1º—Modifíquese los artículos 11, 13 y 14 del “Reglamento sobre
custodia y destrucción de drogas estupefacientes, psicotrópicas y enervantes”,
Decreto Ejecutivo Nº 33392 del 3 de julio de 2006, publicado en La Gaceta Nº
203 del 24 de octubre de 2006, para que en lo sucesivo se lean de la siguiente
manera:

      “Artículo 11º— Tanto los integrantes de la Comisión, como los
funcionarios descritos en el párrafo primero del artículo 97 de la Ley sobre
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado,
Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, deberán cumplir con lo
siguiente:

       1.- Asistir obligatoriamente a la destrucción de la droga.

       2.- Firmar el acta de destrucción de la droga que se levante el efecto.

      Artículo 13.- Cumplidos con los requisitos del artículo 10 del presente
reglamento, se procederá a la destrucción de la droga.

       Artículo 14.- El juez procederá a levantar un acta de destrucción cuyo
original conservará la autoridad judicial actuante, de la cual se entregará copia a
cada uno de los miembros de la Comisión, a la Dirección General del Organismo
de Investigación Judicial y al Instituto Costarricense sobre Drogas (…)”

      Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.

      Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los … días del mes
de … del dos mil once.

      LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Salud María Luisa
Ávila Agüero y el Ministro de Justicia y Paz Hernando París Rodríguez.”

                                       -0-

       Se acordó: Aprobar el proyecto de Decreto Ejecutivo para reformar

varios artículos del Reglamento sobre custodia y destrucción de drogas

estupefacientes y enervantes y remitirlo al señor Ministro de la Presidencia,

con el ruego atento de que se sirva darle el trámite correspondiente.

       La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo de su cargo. Se

declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XVII
       El licenciado Alejandro Bermúdez Mora, Secretario del Tribunal

Supremo de Elecciones, con oficio STSE-0003-2011 de 3 de enero en

curso, remite copia de las Declaratorias de Elección de Alcaldes y
Vicealcaldes de las Municipalidades de los cantones de las Provincias de

San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas; durante el

período constitucional comprendido entre el siete de febrero próximo y el

treinta de abril de 2016.

      Se acordó: Tomar nota del oficio que remite el licenciado Alejandro

Bermúdez Mora, así como de la documentación que adjuntó. Se declara

acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XVIII

      En sesión Nº 19-10 celebrada el 28 de junio de 2010, artículo XXII,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

           “En el artículo que antecede se aprobó el nuevo
       “Reglamento para el pago de Zonaje en el Poder Judicial”.

             Manifiesta la Magistrada Pereira: “Precisamente hoy en la
       mañana el Jefe de la Delegación Regional del Organismo de
       Investigación Judicial en Limón, me comentaba que muchos de
       los oficiales que ocupan un rango más alto en San José y que
       podrían ser trasladados por su experiencia a Limón, que es una
       zona donde cuesta captar gente con experiencia, no aceptan el
       traslado en razón de que, ellos a diferencia de los que ingresan
       como primer nombramiento allá, no se les podría reconocer el
       pago de zonaje, lo cual evidentemente está perjudicando la
       situación de gente con experiencia para enfrentar la situación por
       todos conocidos que se presenta en esa zona. Él me hizo la
       consulta porque tiene gente que ha aceptado nombramiento en
       Limón; gente muy nueva de primer ingreso que apenas están
       terminando los cursos y entonces el Organismo de Investigación
       Judicial ha podido enviarlos a esas zonas por los requerimientos
       institucionales, pero cuando se trata de nombrar un oficial que
       tiene una posición de jerarquía se requiere de alguien que tenga
       más experiencia y esa es la gente que no quiere dar ese paso de ir
       a ayudar a las delegaciones más largas, porque precisamente no
       tienen el incentivo de que se les pague zonaje. Este es un tema
       que me preocupa y quisiera que la Corte lo tome en cuenta a la
hora que analicemos el Reglamento de Zonaje.”

      El Presidente, Magistrado Mora, le expresa a la Magistrada
Pereira: “Este tema ha sido rechazado en el resto de la
administración pública, porque se presume que quien está
nombrado dentro del sistema, si es él quien solicita un traslado
entonces está aceptándolo en las circunstancias que le son
propias, si es la institución la que se lo impone, entonces si
procede el pago, como un incentivo que la institución le está
dando para que acepte un traslado en que debe abandonar su
domicilio, entiendo según lo señalé que así funciona en el resto
de la administración pública.”

       Continúa la Magistrada Pereira: “Yo estoy de acuerdo en
la aprobación de la reforma al Reglamento de Zonaje, porque
hay que solucionar la situación de los funcionarios y
funcionarias que en este momento estaban esperando que
aprobáramos esto. Sin embargo, vean que esta inquietud que
plantea concretamente una pregunta que se me hizo hoy en la
mañana, es la misma que tenemos a todo nivel, porque cuando
ustedes ven los nombramientos que hacemos, muchas veces por
falta de oferentes de juez/a 4 nosotros en zonas alejadas tenemos
que nombrar a jueces/zas 3, ¿por qué?, porque para los jueces o
juezas 3 sí implica un reconocimiento en un aumento de salario,
pero ninguno de los jueces o juezas 4 que están áreas más
cercanas quieren ir a zonas más lejanas, porque para ellos no
significa ni siquiera el reconocimiento de zonaje, mientras que
para el juez o jueza 3 que concurse y se nombre sí significa subir
un grado en el escalafón y por ende tener algún incentivo para
irse afuera, por eso es que estamos nombrando gran cantidad de
jueces y juezas 3 en plazas de juez (a) 4 en zonas distantes del
país. Este es un asunto que debe quedar pendiente como usted
bien lo propone señor Presidente, para que tal vez el Magistrado
Vega que acaba de analizar la propuesta que nos presenta a
Corte, se dé a la tarea de ver qué podemos hacer con esas otras
situaciones.”

      Añade el Presidente, Magistrado Mora: “Con esa posición
lo que estamos haciendo es desvirtuando para qué es el zonaje y
lo estamos utilizando para otra finalidad, y esto muy
probablemente nos vaya a producir también una buena cantidad
de desencuentros en otros temas, como los muchos que tenemos
en la institución cuando acordamos aumentos salariales por una
razón, sin analizar debidamente sus repercusiones y, luego, hay
otros que nos plantean el mismo tema por otras razones. Hoy
casualmente tuve una experiencia en ese sentido. Hace ya
bastantes años el exmagistrado don Rodrigo Castro nos trajo acá
un proyecto para pagarles a los investigadores del Organismo de
Investigación Judicial, un plus salarial por el riesgo. Yo recuerdo
que en aquella oportunidad yo dije que el aumentar el pago por
eso no les iba a eliminar el riesgo, simplemente los iba a llevar a
ganar más dinero, se insistió y se dijo que el acuerdo sólo
cubriría a esos investigadores, sin posibilidad de ser ampliado el
número de cargos que resultaban beneficiados, hoy también
pretenden ese beneficio los investigadores de la Defensa Pública
y otros servidores judiciales. Si lo que queremos hacer es un
reconocimiento salarial hagámoslo de esa manera, pero no
buscando otras justificantes que luego pueden traernos problema.
Incluso yo creo que muy probablemente, más o menos tarde,
hasta nosotros los magistrados vamos a pedir que nos paguen
riesgo. Yo diría que este tema tenemos que analizarlo muy
detenidamente y ver qué trascendencia tiene, porque me
preocupa el tratar de desvirtuar una institución para resolver otro
problema de otra índole.”

       Interviene el Magistrado Aguirre: “En realidad es un tema
muy complejo y lo hemos comentado en otras oportunidades. Es
cierto que tenemos grandes dificultades para reclutar gente
calificada que se vaya a servir en despachos judiciales de zonas
alejadas. Uno pensaría en la posibilidad de dotarlos de casas para
que tengan donde vivir o darles algún plus especial, pero el
asuntos no es tan fácil porque nosotros hemos reflexionado sobre
eso, en atención a las necesidades de los jueces y las juezas, pero
estoy seguro que inmediatamente tendríamos los mismos
requerimientos de parte de otros servidores. El tema tenemos que
abordarlo con mucha seriedad. Lo que mencionaba la Magistrada
Pereira es muy cierto, en el sentido de que las diferencias
salariales de juez 3 con un juez 4 son muy pocas. Para un juez 3
que está elegible como juez 4, el nombrado en San José como
juez 3, no le representa ninguna ventana irse a Guápiles, Quepos,
Puntarenas o a Limón, porque las diferencias salariales no son
realmente un estímulo para desarraigarse e irse para otro lugar.
No sólo debiéramos de pensar en pluses, sino que debiéramos de
tener como unas estructuras que en sí mismas sean mucho más
atractivas. Valdría la pena abordar este tema en alguna
oportunidad especialmente señalada para ese efecto.”

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó:
Tener por hechas las manifestaciones del Presidente, Magistrado
Mora; de la Magistrada Pereira y del Magistrado Aguirre,
hacerlas de conocimiento del Consejo de Personal para que
analice el tema y formule una propuesta a esta Corte.”
                                       -0-

        El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, en oficio Nº 1145-JP-2010 de 6 de diciembre de 2010, transcribe

el acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en sesión Nº 23-2010

celebrada el 24 de noviembre de ese año, artículo XIII, que literalmente

dice:

              “En sesión de Corte Plena Nº 19-10 del 28 de junio del año
         en curso, artículo XXII, se tuvieron por hechas las
         manifestaciones del Presidente, Magistrado Mora, de la
         Magistrada Pereira y del Magistrado Aguirre, sobre el
         reconocimiento del pago de zonaje para los servidores judiciales
         de experiencia ubicados en San José, que se requieren
         nombrarlos en zonas alejadas.

              En esa oportunidad, previamente a resolver lo que
         correspondiera, se dispuso, hacer lo anterior del conocimiento
         del Consejo de Personal para que analizara el tema y formulara
         una propuesta a la Corte Plena.

               Indica el máster Arroyo que la Secretaría de la Corte
         mantiene este aspecto pendiente de informe, aunque en su
         criterio, este aspecto fue uno de los que motivó la reforma
         propuesta al Reglamento que precisamente se aprobó en la
         misma sesión señalada.

              Los artículos 3, 8 y 10 del Reglamento indican:

               Artículo 3.- El zonaje se otorga para compensar al
         beneficiario por los mayores gastos y las distintas condiciones
         de vida en que se le hace incurrir cuando, por interés
         institucional, preste servicios en un lugar diferente de aquél
         donde tiene establecido su domicilio real, de acuerdo con las
         zonas y porcentajes señalados en el artículo 7 del presente
         Reglamento, siempre que lo sea por un período continuo igual o
         superior a un mes.

         Artículo 8.- El pago del porcentaje correspondiente a zonaje se
         extingue cuando el servidor judicial establezca su domicilio real
         en la zona donde disfruta del zonaje con el ánimo de
       permanencia.

       Artículo 10.- El zonaje no constituye una prestación invariable,
       es decir, no es un derecho adquirido por el servidor judicial,
       razón por la cual debe ajustarse a las disposiciones señaladas
       en este reglamento.

             Como se observa en las normas citadas, el Zonaje tiene
       como objetivo compensar al beneficiario por los mayores gastos
       y las distintas condiciones de vida en que se le hace incurrir
       cuando, por interés institucional, preste servicios en un lugar
       diferente de aquél donde tiene establecido su domicilio real. Así
       las cosas, debe entenderse que el redimensionamiento que prevé
       la reforma al reglamento aprobada por la Corte, que además
       señala claramente la forma en que se obtiene y extingue el
       beneficio, viene a resolver adecuadamente las inquietudes que se
       mencionan en el acuerdo de Corte Plena citado, permitiendo
       incluso la movilización en ascenso temporal o en forma
       definitiva.

             Se acordó: Comunicar a la Secretaría de la Corte que de
       conformidad con lo expuesto, el Consejo de Personal es del
       criterio que con la aprobación de las reformas aprobadas al
       Reglamento de Zonaje se atienden razonablemente las
       inquietudes externadas en la sesión de Corte Plena a que se hace
       referencia, por lo que deben tenerse por resueltas. Se declara
       acuerdo firme”.
                                     -0-

      Se dispuso: Tomar nota del acuerdo adoptado por el Consejo de

Personal y con base en él disponer el archivo de estas diligencias. Se

declara acuerdo firme.

                            ARTÍCULO XIX

      En sesión N° 19-10 celebrada el 28 de junio de 2010, artículo XVII,

se autorizó a la Auditoría Judicial del Poder Judicial, para la evaluación

externa de la calidad del trabajo desarrollado en conjunto con las auditorías

internas del Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Trabajo y
Ministerio de Salud, conforme el procedimiento establecido en ese acuerdo.

      El licenciado Hugo Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N°

1297-AUD-2010 de 14 de diciembre del año recién pasado, manifestó:

              “Con el propósito de que se haga del conocimiento de la
       Corte Plena, me permito informar que, de conformidad con el
       numeral 1.3 del Manual de Normas para el Ejercicio de la
       Auditoría Interna en el Sector Público y lo prescrito por la
       Contraloría General de la República en su oportunidad, esta
       Auditoría concluyó el proceso relacionado con el programa de
       calidad, previsto para el 2010.

              En esta oportunidad, el programa de calidad tenía
       establecido el desarrollo de la autoevaluación anual, así como la
       validación independiente por parte de un ente externo, según lo
       establecido por la Contraloría General de la República.

              La evaluación interna de la calidad se efectuó entre los
       meses de marzo y junio del 2010, y se dirigió principalmente a
       verificar el cumplimiento de las normas que rigen la profesión de
       auditoría, determinar el avance alcanzado en el proceso de
       mejora continua y coadyuvar al Despacho para la revisión
       externa.

              De conformidad con la directriz R-CO-33-2008, emitida
       por el órgano contralor, la metodología utilizada para el
       desarrollo del estudio en mención incluyó la aplicación de
       encuestas de percepción, entrevistas, revisión de diversa
       documentación relacionada con el accionar del Despacho y
       pruebas a una muestra de estudios ejecutados por la Auditoría en
       el lapso de evaluación. Aunado a lo anterior, se emitieron
       recomendaciones que deberán ser atendidas por el personal de la
       Auditoría, a fin de corregir los aspectos que se señalan en el
       informe.

              Posteriormente, según lo autorizado por la Corte Plena en
       sesión N° 19-10 celebrada el 28 de junio de 2010, artículo XVII,
       entre los meses de noviembre y diciembre del presente año,
       personal de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación
       Pública, realizó la validación independiente de la calidad de este
       Despacho; cuyo resultado avaló el proceso de autoevaluación
       practicado por nuestra Auditoría, según consta en oficio DAI-
       1390-10 del 10 de diciembre último, suscrito por el Auditor
       Interno de ese Ministerio. (Se adjunta oficio)
        Es importante mencionar que, de acuerdo con los
parámetros establecidos por la Contraloría General de la
República, como producto de la revisión y análisis de los
resultados obtenidos y tomando en consideración las
apreciaciones del ente externo validador, se obtuvo una
calificación de 89,86%, lo cual implica una mejora general
respecto a la obtenida con la evaluación del año anterior; esto sin
tomar en consideración algunas acciones de mejora ya
implementadas, que se finiquitaron posteriormente a la
evaluación interna de la calidad.

       Vale agregar que los resultados obtenidos, tanto por la
evaluación interna de la calidad como por la validación
independiente llevada a cabo por el órgano externo precitado,
señalan que las labores a cargo de la Auditoría Judicial, se
desarrollan en conformidad con la normativa que regula su
accionar.

       Es oportuno hacer la observación que con el propósito de
fortalecer el accionar de este Despacho, como parte del
mencionado estudio se procedió a la elaborar el Plan de Mejoras,
el cual contempla, entre otras, las siguientes actividades:

           Emisión de políticas internas para el mejoramiento
de la autogestión de la Auditoría.
           Perfeccionamiento del proceso de supervisión.
           Planificación basada en riesgo.
           Actualización de la metodología de trabajo y de los
Manuales Internos.
           Estandarización de procedimientos.

       Para lo anterior, se están destinando los recursos
requeridos, sin afectación de las labores previamente plasmadas
en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría; lo cual implica a su
vez, un esfuerzo importante por parte del personal de nuestro
Despacho.

       No omito indicar que lo anterior, permitirá a la Auditoría
Judicial mejorar el desarrollo de las labores asignadas, en
procura de brindar un apoyo más oportuno y efectivo a la
Administración Activa, así como un mayor ajuste de las tareas
desplegadas con la normativa vigente que regula nuestra
profesión.”
                               -0-
         Se acordó: Tomar nota del informe anterior. Se declara acuerdo

firme.

                             ARTÍCULO XX

         El Magistrado Castillo, en oficio N° 803-01-2011 de 13 de enero en

curso, comunica que impartirá lecciones en la Escuela Libre de Derecho los

lunes a partir de las 17:00 horas, los martes de las 18:00 horas y los

miércoles de las 19:30 horas durante el primer cuatrimestre del año en

curso.

         Se acordó: Tomar nota del anterior informe del Magistrado Castillo.

Se declara acuerdo firme.

                             ARTÍCULO XXI

         La Corte Plena en sesión N° 36-09 celebrada el 19 de octubre de

2.009, artículo XIV, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y

20 de la Ley de Expropiaciones, N° 7495 de 3 de mayo de 1995 y sus

reformas, dispuso declarar de interés público y expropiar los terrenos

situados en la Provincia de Limón, Cantón 1°, Distrito 1°, descritos así: 1)

Matrícula N° 001973-000, inscrito a nombre de Sociedad Anónima Los del

Barco, cédula jurídica 3-101-091226; 2) Matrícula 004502-002 (nuda

propiedad), inscrito a nombre de Yolanda Ingianna Mainieri, cédula 1-

0329-0805; y N° 040499, inscrito a nombre de Ligia Martínez Araya,

cédula 7-0038-0212 (por inscribirse a nombre de Javier Morejón
Chamberlain), para la ampliación del edificio de Tribunales de Justicia de

Limón, a cuyos efectos la Dirección Ejecutiva continuaría con los trámites

respectivos de expropiación de los inmuebles de interés.

      El Consejo Superior en sesión N° 105-10 celebrada el 30 de

noviembre de 2010, artículo II, autorizó expresamente a la señora

Procuradora General de la República para que, en representación del

Estado Poder Judicial, firmara las escrituras de traspaso de las tres

propiedades a expropiar de la Provincia de Limón, indicadas anteriormente.

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N°

78-DE-2011 de 12 de enero del año en curso, manifestó:

             “Para su conocimiento y fines que estime pertinentes, tanto
       de la Corte Plena como del Consejo Superior, me permito informar
       que en el trámite de expropiación de tres terrenos situados en la
       Provincia de Limón, Cantón 1°, Distrito 1° ya se firmaron las
       correspondientes escrituras ante la Notaría del Estado, según se
       detalla:

             1) Propiedad matrícula N° 004502-000 (Yolanda Ingianna
       Mainieri), escritura N° 155 otorgada a las dieciséis horas del
       veintiuno de diciembre del dos mil diez.

             2) Propiedad matrícula N° 001973-000 (S.A. Los del Barco),
       escritura N° 159 otorgada a las nueve horas del veinticuatro de
       diciembre del dos mil diez.

            3) Propiedad matrícula N° 040499 (Javier Morejón
       Chamberlain), escritura N° 160 otorgada a las nueve horas treinta
       minutos del veinticuatro de diciembre del dos mil diez.

             Por lo que continuando con el trámite conforme lo
       establece la Ley de Expropiaciones vigente, estamos solicitando
       a la Administración Tributaria de San José que proceda a
       efectuar los correspondientes avalúos, para la indemnización de
       los inquilinos.”
                                     -0-
      Se acordó: Tomar nota del informe del licenciado Jones León. Se

declara acuerdo firme.

                          ARTÍCULO XXII

      En la sesión N° 30-10 del 25 de octubre de 2010, artículo XVIII, por

las razones que en ese acuerdo constan, se dispuso realizar la Sesión

Solemne de Inauguración del Año Judicial el día viernes de la tercer

semana del mes de marzo del año en curso.

     Informa el Presidente, Magistrado Mora, que en la sesión indicada se

mencionó que la celebración del Taller de la Cumbre de Presidentes de

Cortes que estaba señalada para la tercera semana de marzo, sin embargo,

no es en esa semana que se celebrará, si no en la semana del 21 al 25 de ese

mes, razón por la cual y conforme a las razones aceptadas en la sesión del

25 de octubre pasado, la Sesión de Inauguración del Año Judicial 2011

deberá realizarse el viernes 25 de marzo del año en curso.

      Se acordó: Tener por hechas las manifestaciones del Presidente,

Magistrado Mora y realizar la Sesión Solemne de Inauguración del Año

Judicial 2011 el viernes 25 de marzo del año en curso. Se declara acuerdo

firme.

                          ARTÍCULO XXIII

      ENTRA EL MAGISTRADO CRUZ. SALE EL MAGISTRADO

JINESTA.
      A LAS 9,50 HORAS ENTRAN EL MÁSTER RODRIGO

ARROYO GUZMÁN, DIRECTOR INTERINO DEL PROGRAMA

PODER JUDICIAL-BIB, EL LICENCIADO JORGE CHAVARRÍA

GUZMÁN,        FISCAL       GENERAL         DE     LA     REPÚBICA,        LA

LICENCIADA MARTA IRIS MUÑOZ CASCANTE, JEFA DE LA

DEFENSE PÚBLICA Y EL LICENCIADO ALFREDO JONES

LEÓN, DIRECTOR EJECUTIVO.

      En sesión N° 35-10 celebrada el 6 de diciembre de 2010, artículo IX,

se tomó nota de la exposición que hicieron los funcionarios de la

Contraloría General de la República, sobre la licitación Pública

Internacional N° 2007-LI-000139-01 adjudicada a la Empresa Indra

Sistemas S.A. y se quedó a la espera del informe final que oportunamente

remitiría a esta Corte ese órgano contralor.

      El licenciado José Luis Alvarado Vargas, Gerente de Área de la

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General

de la República, en oficio N° DFOE-PGAA-771 (12252) de 13 de

diciembre citado, manifestó:

               “Asunto: Remisión del borrador del “Informe sobre la
       licitación internacional No. 2007-LI- 000139-01 relacionada con
       el rediseño y automatización de procesos de trabajo en el Poder
       Judicial”.
               Con el propósito de que lo haga de conocimiento de la
       Corte Plena en la sesión inmediata siguiente a la fecha de recibo
       de esta nota, se adjunta el borrador del “Informe sobre la
       licitación internacional No. 2007-LI-000139-01 relacionada con
       el rediseño y automatización de procesos de trabajo en el Poder
       Judicial”.
              Dicho documento se remite con el propósito de que en un
       plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la
       fecha de recibo de este oficio, se sirvan remitir a esta Área de
       Fiscalización, las observaciones que consideren pertinentes sobre
       su contenido. Las observaciones que se realicen deben
       presentarse en un disco compacto, con la respectiva nota de
       remisión y el sustento documental pertinente.
              Resulta importante señalar que por tratarse de un borrador
       del informe, ese documento tiene carácter confidencial, pues no
       constituye un acto final de esta Contraloría General, sino un
       mecanismo de fortalecimiento de la calidad de nuestros
       informes, en procura de un mejoramiento de la administración y
       uso de los recursos de la Hacienda Pública; de ahí que la
       Administración resulta responsable de velar por el debido
       resguardo de la información que se le proporciona y que ésta se
       emplee únicamente para los propósitos aquí señalados.
              Finalmente, se aclara que se podrán aportar las
       observaciones que consideren pertinentes, sin perjuicio del
       derecho que les asiste, a ejercitar los recursos que procedan
       contra el informe final, de considerarlo necesario, una vez que
       sea debidamente notificado por el órgano contralor.”

                                     -0-

      El licenciado Alvarado Vargas, en su citada condición, en oficio N°

DFOE-PGAA-809 de 17 de diciembre del año recién pasado dirigido a la

Magistrada Villanueva, en su condición de Presidenta en ejercicio, expresó:

             “En atención a su oficio sin número de fecha 14 de
       diciembre de 2010, mediante el cual solicita a esta Contraloría
       General una ampliación del plazo para la remisión de las
       observaciones planteadas por la Corte Suprema de Justicia al
       borrador del “Informe sobre la licitación pública internacional
       No. 2007-LI-000139-01 relacionada con el rediseño y
       automatización de procesos en el Poder Judicial”; se le comunica
       que en atención a las razones expuestas en su misiva, se autoriza
       para que las citadas observaciones se aporten al órgano contralor,
       a más tardar el 24 de enero de 2011.”
                                     -0-

      El máster Rodrigo Arroyo Guzmán, Director interino del Programa
Poder Judicial-BID, con oficio N° PJ-BID 01-11 de 12 de enero en curso,

remite nota N° CID/CCR 2118/2010 de 22 de diciembre del año recién

pasado, suscrita por el señor Fernando Quevedo, Representante para Costa

Rica del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante la cual hace de

conocimiento del señor Ministro de Hacienda, la ampliación al plazo del

último desembolso por recursos comprometidos del Préstamo 1377/OC-CR

hasta el 23 de junio del 2012, que literalmente dice:

            “Hacemos referencia al oficio DM-773-2019 del 5 de abril
       del año en curso, mediante el cual la señora Jenny Phillips,
       entonces Ministra de esa Cartera, solicitó al Banco extender por
       quince (15) meses el plazo de último desembolso por recursos
       comprometidos del Préstamo 1377/OC-CR.

              A este respecto, nos permitimos hacer de su conocimiento
       que esta solicitud se respondió en su oportunidad a la señora
       Phillips con nota CID/CCR/727, indicando que para poder
       tramitar esta prórroga, el Banco requería información adicional
       de parte de la Unidad Ejecutora del Programa para su respectivo
       análisis, dado que la necesidad de ampliar el plazo se
       fundamentó en que los productos derivados de la consultoría
       dirigida al rediseño de procesos en el Ministerio Público y en la
       Defensa Pública, así como el desarrollo de herramientas
       informáticas para el Ministerio Público, Defensa Púbica y su
       articulación con el Sistema Costarricense de Gestión de
       Despachos Judiciales fueron considerados insatisfactorios por
       parte del Poder Judicial.

              Esta situación hizo que el proyecto sufriera un retraso en
       su ejecución, ya que durante varios meses no fue posible
       conciliar a las partes involucradas, llegándose incluso a
       considerar la posibilidad de rescindir el contrato con la firma
       consultora. No obstante, y con el fin de contar con los productos
       requeridos y dar una oportunidad a la empresa para replantear
       sus productos, las partes llegaron a un acuerdo para continuar los
       trabajos por unos meses más y luego evaluar un eventual
       finiquito del contrato. En ese momento, el Poder Judicial
       convino con el Banco en esperar el desarrollo de los
       acontecimientos a efecto de considerar la pertinencia de la
       prórroga.

              En medio de este proceso se produjo un cambio en
       algunas autoridades del Poder Judicial. Finalmente las partes
       acordaron continuar con el trabajo, según fue comunicado
       oficialmente al Banco por la Unidad Ejecutora del Programa, con
       oficio PJ-BID-303-10 del pasado 1 de diciembre, luego que las
       autoridades judiciales dieran por aceptados los productos
       entregados hasta esa fecha.

             Por lo tanto, considerando que las partes involucradas
       tuvieron voluntad para continuar con la elaboración de los
       productos requeridos, que el programa exhibe un alto porcentaje
       de recursos desembolsados (97,5%), que sólo restan pocas
       actividades por concluir que se encuentran en su etapa final y
       que estos insumos serán muy valiosos para el logro de los
       objetivos del Programa, el Banco otorga la prórroga requerida,
       cuyo nuevo plazo de vencimiento es el 23 de junio del 2012.”

                                    -0-

      En nota de 17 de enero en curso, el doctor Luis Paulino Mora Mora,

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la licenciada Zarela Villanueva

Monge, Vicepresidenta de la Corte, someten a consideración la siguiente

propuesta de informe a remitir a la Contraloría General de la República:

              “En atención a sus oficios N° DFOE-PGAA-771 de 13 de
       diciembre del 2010, en el que se remite el borrador del “Informe
       sobre la licitación internacional No. 2007-LI- 000139-01
       relacionada con el rediseño y automatización de procesos de
       trabajo en el Poder Judicial” y N° DFOE-PGAA-809 de 17 de
       diciembre de 2010 con el que concede ampliación del plazo para
       la remisión de las observaciones que la Corte Suprema de
       Justicia formule al citado borrador, le remito en el plazo
       establecido, las observaciones aprobadas por mayoría de 15
       votos del total de 19 Magistradas y Magistrados presentes en la
       sesión de Corte Plena N° 1-2011 celebrada ayer, 17 de enero en
       curso, artículo XXIII, que literalmente dicen:

             El estudio tuvo como objetivo comprobar algunos aspectos
       de legalidad sobre el proceso de contratación y ejecución
       relacionado con la Licitación Pública Internacional No. 2007-LI-
       000139-01 adjudicada a la firma INDRA Sistemas S.A., y se
realizó entre el 22 de junio y el 31 de octubre del 2010

     Por razones prácticas nos referiremos primero a la sección
de disposiciones del informe borrador, para luego dar una
explicación detallada de nuestras consideraciones.

1. DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

    La Corte Plena como órgano máximo del gobierno judicial,
está anuente en acoger en la forma en que se señalará en cada
uno de los apartes de este informe, las disposiciones señaladas
por la Contraloría General de la República, siempre con miras a
mejorar nuestros niveles de transparencia en la gestión y el
resguardo del interés público, valores que tenemos -como
encargados de aplicar la ley-, en la más alta estima. Antes de
referirnos puntualmente a cada disposición, solicitamos que los
plazos que se señalan en el borrador del informe, para el
cumplimiento de las disposiciones, se ajusten en función de la
fecha en que estamos rindiendo esta respuesta según la
ampliación otorgada y la fecha en que la Contraloría presente el
informe definitivo.

   Nos referiremos a cada una de las disposiciones en el orden
que constan en el informe borrador de la Contraloría:

A la Corte Plena.

        a.   “Girar instrucciones a la instancia que resulte
pertinente, para que, en relación con la contratación de la
empresa Indra Sistemas S.A se defina una línea base para
establecer el efectivo atraso en la entrega de productos, tanto
antes como después de la continuidad del contrato de manera que
la validez de los ajustes que se hayan autorizado o se autoricen
en el futuro cronograma de trabajo, esté supeditada a la
determinación primero de los días de atraso y a la eventual
aplicación de la cláusula penal, en los casos que corresponda, de
conformidad con lo estipulado en el contrato y en la línea base
que aquí se dispone.
        Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 28 de
febrero de 2011, copia del acuerdo u oficio en el que se giren las
instrucciones para atender la presente disposición; y de proceder,
un reporte con corte al 31 de marzo del 2011, con el detalle de
las sumas cobradas a la citada empresa, a más tardar el 15 de
abril”.
       Aceptamos parcialmente esta disposición. Conforme a los
fundamentos dados en el apartado número 3 de nuestra
respuesta, consideramos que esta recomendación puede darse a
partir de la continuidad del contrato y no antes ( firma del
addendum), porque la aplicación de la cláusula penal y su modo
de ejecución fueron establecidas por hito a partir de ese
momento y no antes. Nos remitimos a los argumentos dados en
el aparte mencionado para justificar porque estimamos que no
era posible aplicar la cláusula penal indicada en la forma que lo
pretende la Contraloría. En ese sentido en su oportunidad, una
vez que quede firme el informe final de esa Contraloría, esta
Corte tomará el acuerdo girando instrucciones a la Unidad
Ejecutora y al Consejo Superior, para que previo procedimiento
y cumplimiento del debido proceso, se apliquen las multas que
correspondan, según las fechas en que finalmente fueron
entregados los hitos.

       b. “Instruir a las unidades administrativas que
corresponda, con el fin de subsanar en futuras resoluciones, las
debilidades señaladas en el punto 2.2 de este informe,
relacionadas con los elementos esenciales que se deben cumplir
para la intimación de hechos y con la motivación de los actos.
Remitir a más tardar el 28 de febrero de 2011, copia del acuerdo
mediante el cual se emiten las instrucciones para cumplir lo
dispuesto.”

       Se girarán las directrices a las instancias             que
correspondan, para el cumplimiento de esta disposición.

       c. “Establecer o reactivar los canales de comunicación
y rendición de cuentas pertinentes, a fin de que los órganos
encargados de la ejecución del contrato con la empresa Indra
Sistemas S.A, entre ellos del Consejo Superior, la Comisión de
Seguimiento y la Unidad Ejecutora, rindan los informes y
reportes periódicos que esa Corte Plena estime necesarios. Para
lo anterior deberá remitir a esta Contraloría General, a más tardar
el 28 de febrero de 2011, copia de los acuerdos o documentos
oficiales en que se detallen las acciones por realizar para atender
esta disposición”.

      Oportunamente se girarán las directrices a las instancias
que correspondan, para el cumplimiento de esta disposición.

       d.   Promulgar un reglamento interno que complemente
la normativa vigente y que regule con mayor detalle, en el marco
del Programa de Modernización de la Administración de
Justicia, las competencias del Consejo Superior, la Comisión de
Seguimiento y la Unidad Ejecutora, así como son: el Comité
Gerencial, el Gerente de Proyecto, los miembros de los equipos
contraparte, el líder de proyecto, entre otros; con el fin de que se
establezcan las funciones y responsabilidades de cada una de las
instancias que intervienen en el Programa. Para la atención de lo
antes indicado se concede un plazo hasta el 31 de marzo de
2011, fecha en que se deberá remitir a esta Contraloría General,
copia del documento mediante el cual se oficialice y comunique
el citado reglamento”.

      Se harán las reformas necesarias al “Reglamento de la
Comisión de Seguimiento del II Préstamo con el B.I.D”
(aprobado en sesión de Corte Plena No.24-04 del 28-06-2006
Artículo XXVII) el que se debe ampliar en los aspectos
señalados. Estimamos que una normativa nueva y adicional a la
existente, crea una dispersión de normas que puede causar
confusión en los distintos operadores.Los puntos señalados por
la Contraloría por su materia y contenido son factibles de ser
incorporados al reglamento ya citado.

    e. “Emitir una directriz para que, en atención al ordenamiento
jurídico, se subsanen a futuro las debilidades con respecto a las
actas emitidas por la Comisión de Seguimiento, según lo
comentado en el punto 2,4 de este informe, que sea extensiva al
resto de órganos colegiados del Poder Judicial. Remitir a esta
Contraloría General a más tardar el 28 de febrero de 2011, copia
de la directriz emitida para tal efecto.”

      Con fundamento en lo indicado en el apartado número 8 de
esta respuesta y la Ley General de Administración Pública, que
en su artículo 56.1, establece los requisitos del acta y se refiere a
“los puntos principales de la deliberación”, no a la transcripción
de lo deliberado, aceptamos parcialmente esta disposición.

     En lo que interesa el señalado artículo dispone;

“Artículo 56.1. De cada sesión se levantará un acta, que
contendrá la indicación de las personas asistentes, así como las
circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los
puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la
votación y el contenido de los acuerdos” (…)(el subrayado no es
del original)

     Con base en esa norma, el Reglamento de la Comisión de
Seguimiento del II Préstamo con el B.I.D. en su artículo 18
establece:

       “Artículo 18-. De cada sesión se levantará un acta que
será pública y contendrá la indicación de las personas asistentes,
así como las circunstancias del lugar y tiempo en que se celebró,
los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de
la votación y el contenido de los acuerdos.”(…) (el subrayado no
es del original).
       En virtud de que la ley no obliga a hacer constar la
totalidad del contenido de las deliberaciones o su transcripción
definitiva, estimamos excesivo exigir más de lo que la ley
determina.

       La parte que el Poder Judicial acoge de esta disposición se
refiere a incluir mayor contenido en las actas de la Comisión y
de los Órganos colegiados, haciendo constar, aparte de lo
señalado en la Ley, un resumen de las deliberaciones, así como
de todo evento relevante, a saber, votos salvados, entradas y
salidas de la sesión de los miembros presentes, invitados, y las
firmas de los presentes en cada sesión.

        f.   “Formular una directriz para que en el expediente de
cualquier contratación que se realice, quede constancia de que la
Administración ha verificado el régimen de prohibiciones,
incompatibilidades e intereses, de conformidad con la normativa
vigente. Remitir a esta Contraloría General a más tardar el 28 de
febrero de 2011, copia del acuerdo u oficio en que se demuestre
el cumplimiento de la presente disposición.”
        Entendiendo que la verificación del régimen de
incompatibilidades, prohibiciones e intereses, se hará mediante
solicitud de declaraciones juradas a cada oferente y no sobre la
verificación de la información rendida, aceptamos esta
disposición; salvo que exista indicio comprobado o motivo
fundado para proceder de otra manera, en cuyo caso se realizaría
una investigación más detallada.

       g. “Girar las instrucciones pertinentes a fin de que se
establezca un mecanismo de control que garantice la oportuna
realización de estudios preliminares y de factibilidad, que sirvan
de insumo a los procesos contractuales, particularmente en la
elaboración de los términos de referencia y el cartel de licitación.
Remitir a esta Contraloría General a más tardar el 28 de febrero
de 2011, copia del acuerdo u oficio, en que se demuestre el
cumplimiento de la presente disposición.”

     En su oportunidad se girarán las directrices para el estricto
cumplimiento de esta disposición.

       Si bien estamos satisfechos de que esa Contraloría haya
ratificado que las actuaciones del Poder Judicial y de la
magistrada Ana Virginia Calzada en su condición de integrante
de la Corte Plena, no fueron contrarias al régimen de
prohibiciones, incompatibilidades e intereses, y que se ajustan a
derecho, estimamos que la parte que se refiere a este tema
debiera contener la fundamentación completa incluida en el
oficio DJ-3041 del 30 de julio de 2010, suscrito por la División
de Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República y
mencionar expresamente su exoneración, ya que fue ese el
motivo de su cuestionamiento en un medio de comunicación, que
a su vez motivó la investigación de la Contraloría. Para la
Administración de Justicia, la credibilidad y transparencia en sus
funcionarios y actuaciones, es base esencial de la confianza
ciudadana, sin la cual no puede existir a su vez, confianza del
estado de derecho. Por esa razón solicitamos que conste en el
informe final, la fundamentación completa y ahora comprobada
en forma definitiva de los argumentos legales por los cuales no
se dio en el caso ninguna violación a la legislación. Siendo un
documento público, tanto ella como esta Corte, tienen el
derecho, al haberse hecho graves cuestionamientos e imputación
de cargos, a una reivindicación completa, derecho que también
tiene la ciudadanía de conocer la información completa de lo
acontecido.

      La mención de este apartado en el informe –si bien
compartida en su conclusión- es escueta e incompleta, razón por
la cual solicitamos se incluya lo señalado en el oficio citado.

    Seguidamente nos referiremos al informe borrador,
punto por punto en la forma que se indica:

2. GENERALIDADES ACERCA DEL ESTUDIO.

La Ley del Préstamo, en la cláusula denominada como
Organismo Ejecutor, establece “(a) Las partes convienen en
que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos
del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo en su
totalidad por el Prestatario por intermedio de la Corte Suprema
de Justicia, en adelante denominada el "Organismo Ejecutor" o
la "CSJ", mediante la Unidad Ejecutora del Programa, en
adelante denominada la "UEP" que está adscrita a la CSJ. La
CSJ contará con un Comité de Seguimiento del Programa, y
b)     El Prestatario se compromete a traspasar a la Corte
Suprema de Justicia los recursos del Financiamiento y los
recursos adicionales a que se refieren las Cláusulas 1.02 y 1.04,
respectivamente, de estas Estipulaciones Especiales, en adición
a las responsabilidades que a éste le corresponde como
Organismo Ejecutor del Programa y a asegurar que el
Organismo Ejecutor cumpla con todas las disposiciones
establecidas en el presente Contrato”.

      Como lo indica el estudio de la Contraloría, efectivamente
la Ley del préstamo establece una serie de instancias formales.
Por su parte, la creación del Comité Gerencial y el Comité
Técnico de Seguimiento y Control son instancias extraordinarias,
 que nacen a partir del acuerdo de la Comisión de Seguimiento
del 9 de febrero del 2010, aprobado por el Consejo Superior, en
sesión No. 15-10 del día 18 de febrero del 2010, a efecto de dar
continuidad a la ejecución del préstamo. En lo que interesa
literalmente dice: “Ambas partes disponen crear un Comité
Gerencial integrado por un miembro de cada equipo
responsable del Ministerio Público, la Defensa Pública, del
Departamento de Tecnología de la Información, de la Dirección
Ejecutiva, del Despacho de la Presidencia y de la Unidad
Ejecutora del Programa por parte del Poder Judicial y por los
representantes que designe INDRA, a efecto de garantizar la
comunicación, la evaluación de los diferentes aspectos del
proyecto, la formalización de la toma de decisiones y la
definición de acciones. Este Comité deberá reunirse
ordinariamente una vez al mes, y extraordinariamente cada vez
que sea convocado por la Unidad Ejecutora del Programa.
Además quincenalmente se reunirá el Comité Técnico de
Control y Seguimiento, el cuál estará conformado por el equipo
contraparte y el equipo de dirección del proyecto de INDRA, a
efecto de dar seguimiento estricto a la ejecución del cronograma
y consensuar los ajustes que sean necesarios en el devenir del
proyecto”.
     En cuanto al líder técnico por cada componente, su
nombramiento es dispuesto por el Consejo Superior en sesión
celebrada 25 de marzo del 2009, artículo LXII, a instancia de la
propia Contraloría General de la República, que así lo requirió
en informe N° DFOE-PGAA-IF-25-2009 de 18 de noviembre
del 2009.
     Todas estas instancias responden a la necesidad de ejercer
un mayor control cruzado entre las partes involucradas, dados los
problemas presentados en la ejecución de esta contratación, así
como en lo establecido en el contrato de servicios,
especialmente al señalarse en la cláusula 8.3 lo siguiente “Las
Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las
controversias es crucial para la ejecución fluida del contrato y
el éxito del trabajo. Las partes harán lo posible por llegar a una
solución amigable de todas las controversias que surjan de este
Contrato o de su interpretación”; de esta forma las instancias no
señaladas en la Ley, han sido promovidas a efecto de mejorar
controles y propiciar la resolución de conflictos.

      Consideramos que de acuerdo al “Manual de Normas
Generales de Auditoría para el Sector Público” para que un
estudio esté completo, se requiere que esté sustentado en
evidencia “suficiente, competente y pertinente” según la
cláusula 201.01.Para que la información sea “suficiente y
pertinente”, se requiere que la información recabada sea de la
totalidad de la estructura de ejecución y no con la visión de sólo
una parte de ella. El propio texto del informe revela como el
estudio sólo toma en consideración, en realidad, un punto de
vista de la estructura formal de ejecución del préstamo, en un
momento determinado. En lo que interesa dice el borrador de
informe:

“que los equipos técnicos encargados de revisar y recibir a
satisfacción los productos por parte de la empresa
adjudicataria, tanto de la Defensa Pública como del Ministerio
Público, han insistido en que la empresa ha incumplido con los
plazos de entrega de los mismos y que éstos presentan una serie
de debilidades en su calidad, situación que ha motivado el
rechazo por parte de esos equipos de la mayoría de los
productos propuestos por esa empresa.
Esta situación, que ha provocado un atraso importante en la
ejecución del contrato, llevó a la Administración del Programa
a iniciar un procedimiento de resolución contractual, mismo que
fue suspendido luego del compromiso de la empresa de
enmendar las deficiencias señaladas.
No obstante, luego de la prórroga autorizada al contrato, los
citados equipos técnicos siguieron advirtiendo de los
incumplimientos por parte de la empresa en la entrega de los
productos, e insistiendo ante la Unidad Ejecutora del Programa,
para que se aplicara la cláusula penal acordada en el contrato;
medida que al momento del estudio, no se ha llevado a cabo.” (
lo resaltado no es del original)

     Es cierto que la creación del Comité Gerencial, el Comité
Técnico de Seguimiento y Control y el líder por cada
componente, fueron adicionados a la estructura prevista en la
Ley, sin embargo como se indicó, se hace en cumplimiento de
los postulados de la Ley del préstamo, de los requerimientos de
la Contraloría y en ejercicio de competencias legales y son por lo
tanto instancias formales para todos los efectos.

     Con base en lo anterior, estimamos que los líderes del
proyecto debieron ser tomados en cuenta en la investigación, lo
mismo que a los restantes intervinientes en el proceso, como son
los miembros del Comité Gerencial y las demás instancias
formales; no obstante consideramos que con esta respuesta
quedan incorporados los puntos de vista de la estructura total,
que en su oportunidad no fueron incluidos.

   3. SOBRE EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
      Efectivamente, los equipos contraparte rechazaron varios
productos por las razones señaladas, lo cual ha generado
obviamente atrasos importantes en la ejecución de esta
contratación y ha determinado diferentes acciones por parte de la
administración, que además dividiremos en dos momentos, antes
de la adenda y después de la adenda al contrato N°65-01-08,
pues justamente con la modificación a ese documento
contractual se trataron de mejorar algunos aspectos relevantes
para su correcta y debida ejecución.
      Para mantener el orden de los aspectos referidos por el
informe de la Contraloría General de la República, nos
referiremos de previo, a lo señalado en este apartado que se
refiere a la situación presentada a inicios de la contratación con
consultores que no cumplieron con el perfil profesional. Sobre
este aspecto cabe señalar, que el informe del órgano contralor
omite señalar que esta situación fue atendida oportunamente por
la administración, y ante solicitud de la misma, fue subsanado
por la firma consultora.
      En otro orden de cosas y refiriéndonos siempre en el orden
de los señalamientos del informe, el oficio PJ-BID 265-10
emitido por la UEP, en consideración al oficio DFOE-PGAA-
0614 de la Contraloría General, se atienden una serie de
requerimientos que venían incluidos en dicho documento. Sobre
este particular, el oficio se refirió al avance del proyecto en los
siguientes términos “El avance del proyecto, no es el deseado,
pero somos conocedores de la envergadura del proyecto, por el
contenido, los alcances y las dificultades que tiene, dado que su
dimensión es muy diferentes a otros proyectos que tienen por
finalidad la adecuación o el establecimiento de formas de
trabajo, con soportes tecnológicos, y en los que existe una
materia muy delicada, como es la Administración de Justicia”.
     En cuanto al trámite de pago para los hitos 10 y 11 de la
Defensa Pública, debemos aclarar que los mismos se tramitaron,
por parte de la UEP, una vez que se contó con los criterios
técnicos respectivos, al tenerse los oficios JEF 1588-2010 y
1549-2010, mediante los cuales el equipo contraparte aprobó
ambos productos .Así las cosas, lo externado en el oficio de la
Contraloría General, no es preciso, ya que las aprobaciones de
los equipos son un requisito indispensable para avalar la entrega
y posteriormente iniciar la tramitación de toda factura.
     Sobre la posición de los equipos contraparte y la solicitud
de cobro de multas, deseamos aclarar varios aspectos:
      En primera instancia, de previo a iniciar el procedimiento
de resolución contractual, que fue por el que se optó
originalmente,    se     presentaron     diversas     incidencias.
Efectivamente, los equipos contraparte no dieron aprobación a
los hitos correspondientes y solicitaron la aplicación de multas.
La UEP solicitó criterio a la Asesoría Legal de la Dirección
Ejecutiva respecto de la inclusión de una cláusula en el contrato
denominada como “Cláusula Penal”, la cual como bien lo indica
la Contraloría General, no debe confundirse con la multa.
     Estos conceptos, se pueden diferenciar claramente, ya que
por un lado, la cláusula penal strictu sensu, referida a la
observancia del plazo de ejecución pactado (sea el inicial o aquél
modificado mediante adendum), está prevista como un
mecanismo para sancionar la ejecución prematura o tardía de la
ejecución del contrato y, por otro, las multas se aplican por
ejecución defectuosa del objeto contractual (Oficio 13793 de 29
de noviembre de 1999 (DAGJ-423-99).

      Sobre este particular llamamos la atención sobre lo
señalado en el cartel de concurso, el que en lo que interesa
indica: “La ejecución tardía del contrato acarreará para el
contratista; el pago de cien dólares ($100.00) por cada día
natural de atraso en la entrega de acuerdo al plazo contractual a
que se haya obligado, a favor del Poder Judicial y se hará
efectiva del importe de los saldos de pago pendientes o de la
garantía de cumplimiento, cuando el contratista se niegue a
cancelar los montos correspondientes por ese concepto.
Cualquier diferencia, que quedare en descubierto, podrá ser
reclamada por las vías legales correspondientes. No obstante lo
anterior, en ningún caso la multa a que dé lugar el
incumplimiento sancionado por la cláusula penal excederá del
veinte por ciento (20%) del importe del contrato. La aplicación de
la cláusula penal por ejecución tardía, o la ejecución de la
garantía de cumplimiento, no exime al contratista de indemnizar
a la Administración por los daños y perjuicios que no cubran esos
conceptos. La cláusula penal, en lo referente a sus
Generalidades, Cobro, Prescripción, y demás extremos, se
regirá por lo indicado en el Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo 33411-H),
especialmente lo señalado en los artículos 47, 48, 49 y 50)”.
Esta previsión de la administración, por conveniencia
institucional, fue trasladada al contrato de servicios suscrito
entre el Poder Judicial y la firma INDRA, donde en la cláusula
8.3, se previó la aplicación de la cláusula penal al señalarse “La
ejecución tardía del contrato acarreará para el Consultor el pago
de cien dólares ($100.00) por cada día natural de atraso en la
entrega de acuerdo con el plazo contractual a que se haya
obligado, a favor del Poder Judicial y se hará efectiva del importe
de los saldos de pago pendientes o de la garantía de
cumplimiento, cuando el Consultor se niegue a cancelar los
montos correspondientes por ese concepto. Cualquier diferencia,
que quedare en descubierto, podrá ser reclamada por las vías
legales correspondientes. No obstante lo anterior, en ningún caso
la multa a que dé lugar el incumplimiento sancionado por la
cláusula penal excederá del veinte por ciento (20%) del importe
del contrato. La aplicación de la cláusula penal por ejecución
tardía, o la ejecución de la garantía de cumplimiento, no exime al
Consultor de indemnizar a la Administración por los daños y
perjuicios que no cubran esos conceptos. Para todos los efectos,
se tendrá como ejecución tardía, el atraso en la ejecución del
contrato por causas atribuibles al Consultor y que no han sido
comunicadas y justificadas con anticipación a la Unidad
Ejecutora del Programa (UEP), o que aún cuando fueren
comunicadas y justificadas, no satisfacen a la UEP. Esto último,
deberá ser comunicado al adjudicatario. Se exceptúan aquellas
situaciones extraordinarias que den lugar a alteraciones que
desvirtúen el alcance de la consultoría, o que la razón de la
desviación se deba a componentes que no están sobre la
responsabilidad del Consultor. La cláusula penal, en lo
referente a sus Generalidades, Cobro, Prescripción, y demás
extremos, se regirá por lo indicado en el Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo 33411-H),
especialmente lo señalado en los artículos 47, 48, 49 y 50”.

     Debe aclararse además que la aplicación de la cláusula
penal, no es una actuación antojadiza de la administración,
donde una recomendación por sí misma la pueda generar, sino
que obedece a una sanción pecuniaria prevista en el pliego de
condiciones y en el contrato, donde para su aplicación no
solamente se debe considerar el criterio de los equipos
contraparte, sino también aspectos relativos a la ejecución, la
valoración de los motivos de atraso en la entrega de productos y
la observancia del procedimiento legal correspondiente, entre
otros. En el caso que nos ocupa, según las estipulaciones del
contrato N°65-01-08, suscrito el 2 de setiembre de 2008 y
refrendado por la Contraloría General el 9 de octubre de ese
mismo año, la cláusula penal no podía aplicarse en forma
proporcional al avance o por entrega de productos, sino que
claramente estaba definida y pactada para sancionar el atraso en
la ejecución total o global del plazo contractual, esto es por los
veinticuatro meses originalmente pactados. Por otra parte, las
multas, no se contemplaron ni en el cartel ni en el contrato de
servicios, sólo la cláusula penal antes señalada.

      No obstante lo anterior, la administración al estimar que se
estaba generando un incumplimiento contractual, optó
originalmente por la resolución del contrato, lo cual implicaba
llevar a cabo el procedimiento correspondiente de acuerdo a lo
estipulado en el contrato y el ordenamiento jurídico, con la
correspondiente ejecución de la garantía de cumplimiento.

      Es con la addenda al referido documento contractual,
suscrita el 26 de febrero de 2010, que se modificó la aplicación
de dicha cláusula penal a efecto de asegurarnos una ejecución
más adecuada, así como la calidad en los productos solicitados a
efecto de dar mayor protección a los intereses de la
administración y dada la anuencia y buena voluntad de ambas
partes. Esta sanción se estableció de forma expresa para una
serie de productos o hitos facturables, conforme los plazos y
fechas que se definirían en el respectivo cronograma de
actividades.

      Efectivamente, a setiembre del año 2010, no se había
cobrado ningún monto por concepto de cláusula penal, así como
tampoco existía un procedimiento abierto en ese sentido.
Recordemos una vez más, que los equipos contraparte externan
los criterios técnicos sobre un proyecto al cual han sido
asignados, e informan sobre el estado de ejecución del mismo, la
apertura de posibles procedimientos sancionatorios, está a cargo
de otras instancias formales, y son derivadas del debido proceso,
resguardando los derechos de ambas partes (contratante y
contratista).

     Con respecto a la no ejecución de la cláusula penal, a
setiembre de 2010, cuando ya regía la modificación al contrato,
dicho procedimiento no había sido iniciado por cuanto a ese
momento no se había recibido ningún producto, y en
consecuencia era incierto el plazo para la imposición de la
sanción pecuniaria correspondiente, que se establece por días
naturales, ya que si bien la fecha de inicio de la mora en la
entrega estaba clara, no había certeza de la fecha final de
presentación de los productos.

      Aquí cabe cuestionarse, ¿Cómo podría sancionar el Poder
Judicial a la contratista si no está identificado el plazo real de
atraso, después de la apertura del procedimiento? ¿Sería
necesario realizar un procedimiento para cada día de atraso,
efectivamente identificado?, ¿Cuál es el costo por
procedimiento? ¿Cuál de las dos posiciones representa una
mejor economía procesal?. La lógica, al menos así determinada
por la UEP, es la de abrir el procedimiento correspondiente con
un plazo determinado que establezca con nitidez los días de
atraso y así identificar, real y fehacientemente el plazo y monto
a cobrar a la contratista. A la fecha sí se ha aplicado la cláusula
penal por la entrega tardía de los Hitos 10 y 11 correspondientes
a la Defensa Pública, previo otorgamiento del debido proceso a
la firma, una vez determinados los días de atraso, resguardando
los intereses del Poder Judicial y respetando las garantías de la
firma contratista.

      Como lo señala la Contraloría General, el atraso en la
entrega de productos y el consecuente cobro, se derivan del
cómputo de días que se presenten entre la fecha programada y la
fecha real, pero no es cierto que todo ese plazo sea concebido
como días de atraso, pues existen días que son responsabilidad
de la administración por diversas razones, o incluso, que no son
imputables al contratista, dado que se está a la espera de una
reunión o una resolución, como han sido las ocasiones en que se
ha elevado un diferendo a conocimiento de alguna instancia. Lo
cierto, es que en esta materia, como en la ejecución misma de
todo proyecto, las realidades difieren y se presentan situaciones
que no fueron previstas, como por ejemplo reuniones sin efecto,
y otras tantas circunstancias que no pueden ser consideradas con
la debida antelación. Es de señalar que a la fecha se están
iniciando los procesos de aplicación de multas por
incumplimiento de plazos y ya se han impuesto también varias
por el mismo motivo.

      Por consiguiente, no ha existido inacción por parte de la
UEP, para la aplicación de la cláusula penal u otras sanciones.
Como se explicó anteriormente, deben tenerse por demostrados
los incumplimientos en que incurre la firma consultora, sea en el
plazo de entrega para uno o más productos, o bien el
incumplimiento del objeto contractual que fundamente una
eventual resolución contractual. Todo ello, claro está, conforme
a criterios de proporcionalidad y razonabilidad y con observancia
del debido proceso.

      El cronograma de trabajo, es un instrumento, donde no es
posible incorporar una serie de factores que influyen en el
desarrollo o ejecución de un proyecto. Así, por ejemplo, en un
cronograma de trabajo es imposible prever todos los
imponderables o niveles de dificultad que se presentan en un
proyecto como el de marras, por lo cual la adecuación o ajustes
al mismo, debe ser razonablemente permitido, máxime si el
plazo pactado lo posibilita en beneficio de la ejecución del
proyecto y no de una de las partes. Por consiguiente, estimamos
que los ajustes convierten el cronograma en un instrumento poco
útil para determinar un atraso, si no se tiene claro el panorama y
las incidencias acaecidas en el mismo.

      En el oficio 1109-09, de la Sección de Asesoría Legal de la
Dirección Ejecutiva, no se confunden los conceptos o
aplicaciones sobre        cláusula penal      y garantía de
cumplimiento, donde, incluso, ambos instrumentos están
claramente identificados en el cartel de concurso, en el contrato
de servicios y en las addenda al contrato. Es claro que no puede
existir doble castigo, y que en esencia de ambas normas son
diferentes, por el fondo y la forma. Coincidimos con la
Contraloría General, al señalarse la diferenciación entre ambas.
Reiteramos, lo indicado en el oficio 1109-09, no corresponde a
lo señalado, sino a la respuesta que genera la Sección de
Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, al oficio 214-09 de la
UEP, y que en resumen atiende la consulta legal sobre la
posibilidad de aplicar la cláusula penal en forma parcial en la
Licitación Pública Internacional adjudicada a la empresa
INDRA. Además, al revisar la fecha del criterio legal es posible
determinar que en ese momento no había posibilidad de aplicar
la cláusula penal por hito, dado que aún no se había tramitado ni
había entrado en vigencia la modificación contractual que
posteriormente modificó la forma de ejecutar dicha cláusula.

      Sobre el oficio 876-09, de la Sección de Asesoría Legal,
estimamos que no existe una interpretación errónea, sino que
este oficio responde a la realidad, que como se ha indicado
anteriormente, no es posible preverla completamente al momento
de diseñar un programa o plan de trabajo reflejado en el
cronograma. La consulta realizada y respuesta obtenida, atienden
la posibilidad de ajustar actividades en un cronograma, dentro
del plazo contractual estipulado.

      El oficio PJ-BID 269-09, es dirigido a la firma y se deriva
de la consulta realizada por la misma, por una aclaración al
oficio 254-09, que se sustenta en la cláusula contractual 2.6.1.

      Sobre el addendum, debemos señalar que el mismo se
origina de la propuesta de continuidad, que fuera aprobada por la
Comisión de Seguimiento y por el Consejo Superior del Poder
Judicial, sesiones Nos. 4-10 y 15-10, respectivamente, y no se
comparte lo de la aplicación de la multa, en la forma expuesta
por el Órgano Contralor, toda vez que parte de lo acordado entre
las partes y que permitió la continuidad del proyecto, es el dejar
sin efecto la resolución 254-09, esto sin renunciar a una posible
sanción, si se repitieran situaciones como las que motivaron la
suspensión del proyecto u otras similares, que estén
contempladas en la legislación vigente. Recordemos que es en el
addendum al contrato, donde se incorpora la aplicación de
sanciones pecuniarias en los hitos facturables; situación que no
existía originalmente. La adenda, además de ampliar el plazo de
ejecución; mejora la Garantía de Cumplimiento pasando de un
5% a un 7.5%, mejora también la garantía prevista para el
Sistema de información, pues la firma se compromete a contar
en Costa Rica, con el personal necesario en el momento
oportuno para instalar las incidencias resueltas en los ambientes
del Poder Judicial y capacitar al personal técnico del Poder
Judicial en los cambios realizados, con lo cual se fortalecen
algunas medidas para que la administración cuente con mejores
herramientas o medios coercitivos en caso de incumplimientos;
lo cual se hizo a solicitud de la misma Contraloría General de la
República según informe DFOE-PGAA-IF-25-2009 de 18 de
noviembre del 2009.

      Sobre la utilidad del cronograma, discrepamos de lo dicho
en el borrador de informe, dado que esta herramienta, siempre ha
servido de guía en las diferentes determinaciones tomadas por
los equipos contraparte, la UEP y/o la Comisión de
Seguimiento. Los ajustes que se realizan, como lo hemos
explicado, se deben a la imposibilidad para determinar lo que
pasa a futuro, por lo que reuniones, participación de
funcionarios, aprobaciones, vacaciones, y otros aspectos no
fueron o no pueden ser contemplados, y la totalidad de las
actividades no son responsabilidad exclusiva de la firma o de la
administración. Sobre las versiones 18 y 19, como se le explicó a
los funcionarios de la Contraloría, el primero de ellos es el
aprobado y el segundo, no fue aprobado, de tal manera que no es
aceptable el señalarlo como una versión válida. Como se señala
en el borrador, el cronograma constituye el referente para
determinar el desarrollo y avance de un proyecto, pero también
es cierto que no puede constituirse en un instrumento rígido,
dado que las realidades varían durante el desarrollo del proyecto.
La aplicación de la cláusula penal, no es sino el resultado de la
determinación real, sobre un atraso imputable a la firma
contratada, y no debe partir de supuestos, sin evaluar las
actuaciones de la administración y que pueden afectar las fechas
establecidas en el instrumento guía – cronograma de actividades
– tanto en plazo como en ejecución o cierres previstos.

   4. DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCIÓN CONTRACTUAL Y EL ACUERDO DE
CONTINUIDAD DEL PROYECTO.

      El acuerdo tomado para resolver el contrato, no fue
motivado por la “constante presión de los equipos contraparte”,
como se señala en el borrador del informe, sino que en realidad,
obedece a la instrucción girada por la Comisión de Seguimiento,
conforme acuerdo tomado en la sesión celebrada el día 28 de
julio de 2009, donde, luego de recibir el informe de los
entregables por parte del Ministerio Público y de la Defensa
Pública, se acordó “Notificar de acuerdo con lo estipulado en el
contrato los incumplimientos señalados, en una relación de
hechos que debe ser elaborado por la contraparte y ratificadas
respectivamente por el Fiscal General y por la Jefa de la
Defensa Pública. La UEP realizará la notificación
correspondiente por el término señalado en el contrato a la
empresa Indra por los incumplimientos señalados. La UEP
enviará a la Asesoría Legal la relación de hechos
correspondientes y el procedimiento iniciado por la UEP a
efecto de que la Asesoría Legal coadyuve con la UEP y se
pronuncie por lo actuado por el Programa a efecto de seguir el
debido proceso y proteger los intereses del Poder Judicial.”
       El acuerdo fue ejecutado por medio del oficio PJ-BID
254-09. (Ver Anexo No. 7), y el plazo concedido responde a lo
dispuesto en la cláusula 2.6.1 del contrato de servicios, el cual
señala “El Contratante podrá dar por terminado este Contrato
si sucede cualquiera de los eventos especificados en los
párrafos (a) a (f) de esta Subcláusula 2.6.1 de las CGC, y de
conformidad con lo estipulado en la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, siempre y cuando operen los
supuestos contenidos en dichos documentos, sea, resolución
contractual por incumplimiento imputable al Consultor,
rescisión cuando medien motivos de interés público, caso
fortuito o fuerza mayor o mutuo acuerdo, cuando las partes así
lo convengan y medien circunstancias de interés público
suficientes para ello. En dicha circunstancia, el Contratante
enviará una notificación de terminación por escrito al
Consultor por lo menos con (30) días naturales de anticipación
a la fecha de terminación, y con sesenta (60) días naturales de
anticipación en el caso referido en la Subcláusula (e)”.
     Como se indica en el borrador del informe, la empresa
presentó una serie de productos que fueron rechazados,
motivando la apertura del procedimiento para la Resolución
Contractual, por lo que la UEP, siguiendo las directrices de la
Comisión de Seguimiento, y de conformidad con las facultades
otorgadas por el Consejo Superior en sesiones N° 57-05
celebrada el 26 de julio de 2005, artículo CI, N° 11-06 celebrada
el 21 de febrero de 2006, artículo LXXXIV; y N° 53-07 del 24
de julio de 2007, Artículo LXXVIII; procedió a emitir la
Resolución No. 349-2009, (Ver Anexo No. 8) mediante la cual
comunicó el inicio del procedimiento de Resolución
Contractual y de Ejecución de la Garantía de Cumplimiento,
contra la firma INDRA SISTEMAS S.A., y se ordenó la
suspensión del proyecto.

      La firma consultora remite el descargo que consideraron
oportuno, y la administración los rechaza - desestima - y se
sigue con el trámite de resolución. Durante ese lapso, la firma
presenta una propuesta de continuidad, la que es conocida por la
Comisión de Seguimiento en Sesión No. 1-10, tomándose el
siguiente acuerdo “Se escucha la propuesta elaborada por la
empresa y al equipo contraparte y se acuerda que el equipo
técnico contraparte elabore por parte del Ministerio Público, la
Defensa Pública y Tecnología de Información, una propuesta
con los requerimientos que deberían ser valorados para la
continuidad del contrato. Comisionar a Alfredo Jones, Nancy
Hernández y Sonia Navarro para integrar la propuesta que se le
presentaría a la empresa INDRA, previo conocimiento de la
Comisión de Seguimiento.” Posteriormente, en la Sesión No. 2-
10 del día 14 de enero del 2010, la Comisión de Seguimiento
analiza la propuesta de continuidad presentada por la firma
INDRA, y aprueba un texto para el mismo. En las sesiones
celebradas los días 28 de enero y 2 de febrero, ambos de 2010, la
Comisión de Seguimiento, sigue analizando la propuesta de
continuidad, y finalmente el día 9 de febrero, aprueba la
propuesta y solicita se eleve a conocimiento del Consejo
Superior, lo que es efectuado por la UEP mediante oficio 50-10,
y el Consejo Superior, lo aprueba en la Sesión 15-10,
mencionada anteriormente.
      Previo a analizar las debilidades que según la Contraloría
presenta la decisión de suspender el proceso de resolución
contractual, se debe aclarar que, conforme lo establece la Ley
Orgánica del Poder Judicial, al Consejo Superior de este poder
de la República, le corresponden varias atribuciones entre estas
se encuentran Resolver sobre las licitaciones y el Dictar las
normas internas para el mejor desempeño de sus funciones, con
excepción de los reglamentos (artículo 81 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, Ley No. 7333 del 5 de mayo de 1993). Aunado a
lo anterior, se encuentra el acuerdo tomado por la Comisión de
Seguimiento, en la Sesión No. 1, celebrada el día 7 de febrero
del 2003, el que dicta lo siguiente “De conformidad con las
atribuciones que le confiere a la Comisión, la Ley del contrato
de Préstamo N° 1377/OC-CR y las potestades que le asigna la
Ley Orgánica del Poder Judicial al Consejo Superior se
establece que la Comisión tendrá como responsabilidad aprobar
los trámites de contratación, pero, que el Consejo Superior es el
que adjudica las contrataciones que se realicen con recursos del
préstamo”, de esta forma, las decisiones administrativas o de
procedimientos debe entenderse que se toman en el seno del
Consejo Superior. Adicionalmente, y como ya se señaló, la
audiencia concedida a la firma INDRA, para atender una posible
resolución contractual, nace de los acuerdos tomados por el
Consejo Superior (Sesión N° 57-05 artículo CI, Sesión N° 11-06
celebrada el 21 de febrero de 2006, artículo LXXXIV; y Sesión
N° 53-07 del 24 de julio de 2007, Artículo LXXVIII;), donde se
establecen, entre otras, una de serie de procedimientos que
deberán seguirse para el tratamiento de temas como el que nos
ocupa, donde el acto final, deberá ser tomado por el Consejo
Superior, de esta manera, y como se le explicó a los funcionarios
de la Contraloría General, correspondía a la UEP, una vez
tomado el acuerdo de la Comisión de Seguimiento, el inicio del
procedimiento, es decir la instrucción de la medida denominada
“Resolución Contractual”, pero las decisiones finales,
corresponden al Consejo Superior, dentro del marco de ejecución
de toda política o aspecto de carácter administrativo, llevando
incluso, a agotar la vía administrativa. En este caso, como todos
los procedimientos licitatorios de la Segunda Etapa del
Programa, el Consejo Superior, es quien ha emitido los acuerdos
de adjudicación, y corresponde a esa misma instancia el resolver
los temas de apelaciones, recursos en alzada, o los que
corresponden a los derivados de la aplicación de cláusulas
penales, que como la presente, se elevó para que se tomara una
decisión administrativa, que por su importancia y según las
potestades de Ley, debía ser conocida por la instancia superior
en materia administrativa, donde incluso el acuerdo que permitió
la continuidad del proyecto y autorización para suscribir el
addendum al contrato, emana del seno de esa instancia, previa
recomendación de la Comisión de Seguimiento, que conforme la
Ley No. 8273, debe velar por el buen uso de los recursos.

    5. SOBRE LAS DEBILIDADES ENUNCIADAS POR
LA CONTRALORÍA GENERAL, POR LA DECISIÓN DE
SUSPENDER LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.

Sobre este punto deseamos exponer lo siguiente:

       a. Las decisiones administrativas, recaen en el Consejo
Superior del Poder Judicial, y la instrucción de los
procedimientos, como el que nos ocupa, recaen en las oficinas
que tienen a cargo labores de contratación administrativa, como
lo son el Departamento de la Proveeduría y la UEP. Las
decisiones finales, son tomadas por el Consejo Superior, de
conformidad con la normativa vigente.

       b. Como se ha indicado anteriormente, el Consejo
Superior, delega en las oficinas el inicio o instrucción de
procedimientos como el que nos ocupa, pero las decisiones
finales deben ser tomadas por ese órgano colegiado, y no por la
instancia que lo lleva, dado que se perdería la objetividad e
imparcialidad requeridas para este tipo de decisiones. La
Comisión de Seguimiento, no rebasa su competencia, sino que
cumple con lo establecido en la normativa vigente. El oficio PJ-
BID 50-10, dirigido al Consejo Superior, resume lo actuado
hasta ese momento, y recomienda lo pertinente, de tal manera
que sí se informa a los integrantes del Consejo Superior, y
conforme el acuerdo de la Comisión de Seguimiento, se
recomienda una solución, todo de conformidad con el marco
jurídico que rige este proyecto, siendo el acuerdo del Consejo
Superior, una decisión definitiva, todo en aras del interés público
perseguido con la contratación y el buen uso de los recursos
asignados.

       c. El actuar de la Comisión de Seguimiento, es acorde
con los acuerdos tomados en las sesiones 4 y 6 del 2009, y
obedece al cumplimiento del interés público, donde el mantener
el contrato, conforme se valoró oportunamente, permitiría la
ejecución y por ende, la obtención del producto contratado, el
cual es estratégico tanto para la función jurisdiccional, como
para los órganos auxiliares, Ministerio Público y Defensa
Pública. El acuerdo para la continuidad del Proyecto, contó con
las aprobaciones de los jerarcas de ambas instituciones, que
como superiores de los equipos contraparte, así lo hicieron
valer, en procura del mejor aprovechamiento de los recursos
asignados a este proyecto y que benefician a la comunidad
costarricense. Además, estimamos que esas actuaciones se
enmarcan dentro de las potestades, no sólo de la Comisión de
Seguimiento, sino del Poder Judicial como un todo, valorando
los aspectos de oportunidad e interés público, donde se
analizaron costos, dineros otorgados, plazos no solo de ejecución
sino los que conllevaron hasta la consecución de la contratación
de la firma, los intereses del Préstamo, recursos del Poder
Judicial, la cantidad de asuntos que se verían favorecidos por una
menor cantidad de tiempos por el manejo oportuno y seguro de
la información, en menor plazo y contar con una herramienta que
beneficiaría a la comunidad usuaria y no usuaria de los servicios
judiciales.

       La separación de los criterios técnicos, como se señala en
el borrador de informe, es una potestad de los órganos
competentes, que como en el caso que nos ocupa, fue razonado y
fundamentado, para finalmente ser emitido en resguardo de los
intereses que tiene la ejecución de este proyecto. Como bien lo
señala la Contraloría en su informe, la propia Sala Constitucional
ha reconocido que los órganos competentes para emitir un acto
administrativo final pueden apartarse de las recomendaciones
dictadas por órganos inferiores, siempre que se haga mediante
resolución motivada (sentencia 2003-11688); y de acuerdo a la
ley la motivación del acto como requisito formal, se considera
adecuada, atendiendo su contenido y tomando en cuenta aspectos
de hecho y de derecho y el fin que se pretende con la decisión
democrática.

        Cabe señalar que las decisiones de la Comisión de
Seguimiento en todo caso para tomar una decisión consultó a los
jerarcas del Ministerio Público y la Defensa Pública su criterio
sobre la trascendencia de lo señalado por los equipos contraparte
y la posibilidad de rescindir el contrato, siguiéndose en todo caso
al disponer lo correspondiente, el criterio externado por esas
jefaturas, instancias formales en cuanto a la ejecución del
proyecto. Lo anterior se comprueba con las notas que esas
jefaturas remitieron a la Unidad Ejecutora haciendo ver su
criterio en cuanto a la continuidad del contrato.

       d. Las consecuencias positivas de la decisión de
continuar con la ejecución del contrato, se ven reflejadas en el
apartado denominado Situación Actual del Proyecto, que se
incluye al final de este documento. Si bien es cierto, toda
decisión o actuación de la administración pública, es sujeta a
mejoras, no podemos aceptar que el acuerdo de continuidad o la
comunicación de éste, no cuente con los argumentos o
motivación suficiente. En el caso de la resolución 63-2010, la
misma se emitió fundamentada en el acuerdo del Consejo
Superior, y en concordancia con lo recomendado por la
Comisión de Seguimiento, y lo ahí comunicado, guarda estricta
relación con los acuerdos ya enunciados. Sobre lo expuesto por
la Contraloría General, referentes a las justificaciones, debemos
señalar:

      i.     El fin público, efectivamente, debe verse en ambas
aristas, y en el caso que nos ocupa, se llegó a determinar que la
no continuidad generaría un perjuicio económico mayor y una
mayor afectación al interés público, por cuanto el Poder Judicial
ya cuenta con el Sistema de Gestión de los Despachos Judiciales,
que sólo parcialmente satisface las necesidades de relación con
el Ministerio Público y la Defensa Pública, siendo necesario
actualizarlo y enlazarlo con los correspondientes a ellos. Estos
sistemas son objeto de desarrollo e implantación en este contrato.

       Se analizaron diversos factores, y pesó más el seguir con
el proyecto, donde el interés público se vería afectado en menor
medida ya que existía la incertidumbre del resultado de un
posible arbitraje. Comprendemos la posición de la Contraloría,
en cuanto al resguardo de la Hacienda Pública, pero en la
discusión y análisis efectuado en el seno de la Comisión de
Seguimiento, con la participación de los jerarcas del Ministerio
Público y la Defensa Pública, se determinó que era más
favorable la continuidad de este proyecto, que la resolución
contractual, máxime que se mejoraron muchos aspectos no
contenidos en el cartel o en el contrato original, dando mejores
seguridades para el Poder Judicial, como lo fueron los temas de
garantías cumplimiento y del sistema, entre otros. El Consejo
Superior, órgano competente para dictar el acto, fundamentó con
detalle las razones de hecho y de derecho que dan contenido al
acto.

      ii.  Si bien es cierto, los equipos contraparte señalaron,
en reiteradas ocasiones, lo que ellos consideraron
incumplimientos, también es cierto que en la ejecución del
proyecto se dieron discrepancias por la interpretación de los
términos de referencia, ampliaciones de plazos correspondientes
al Poder Judicial, y otras actuaciones que no son resorte de la
firma consultora, lo cual puede ser constatado por el Órgano
Contralor. El Poder Judicial, nunca pasó por alto lo dicho por
los equipos contraparte, ni ha dejado de cobrar la sanción
establecida en el contrato de servicios y las addenda suscritas y
aprobadas, pues el análisis de la situación presentada, así como
el acuerdo de continuidad, permiten ese cobro, una vez que se
establezcan plazos y montos reales, imputables a la firma
consultora.

      iii.   Sobre la intimación de los hechos y la
recomendación de la Procuraduría General de la República,
debemos señalar que en la resolución se incluyó la frase “Por
consiguiente, de acuerdo al objeto contratado, la empresa no
ha cumplido el cronograma establecido;          los productos
recibidos a la fecha, pese a la audiencia concedida para su
subsanación, no cuentan con el visto bueno de la parte técnica,
al no cumplirse con lo establecido en los términos de
referencia, acta de negociación y contrato, así como con la
calidad solicitada.” No obstante que estimamos cumplidos los
elementos esenciales, atendemos la disposición número b) de la
Contraloría. En lo sucesivo haremos una intimación más
detallada conforme a los lineamientos girados, pues estimamos
que efectivamente entre mayor nivel de detalle, menor es el
riesgo ante un eventual litigio.

      iv.    El Banco Interamericano de Desarrollo ha
informado al señor Ministro de Hacienda por medio de su
representante, señor Fernando Quevedo, mediante oficio
CID/CCR2118/2010, que ha extendido el plazo del contrato
hasta el veintitrés de junio del año 2012. En lo que interesa ese
oficio señala:

“Por lo tanto, considerando que las partes involucradas
tuvieron voluntad para continuar con la elaboración de los
productos requeridos, que el programa exhibe un alto
porcentaje de recursos desembolsados (97,5%), que sólo
restan pocas actividades por concluir que se encuentran en
su etapa final y que estos insumos serán muy valiosos para el
logro de los objetivos del Programa, el Banco otorga la
prórroga requerida, cuyo nuevo plazo de vencimiento es el
23 de junio del 2012.” (Ver documento adjunto)

   6. DESINFORMACIÓN DE LA CORTE PLENA
SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON LA
EMPRESA INDRA SISTEMAS SA.

     Es importante señalar que efectivamente como señala el
informe borrador de la Contraloría, hay una diferencia clara entre
la ejecución del primero y segundo préstamo. Justamente una de
las lecciones aprendidas del primer préstamo fue que un órgano
colegido como Corte Plena, con sus múltiples funciones hacía
muy difícil la ejecución de un préstamo. Además, el numeral
1.02 del anexo A, señala como uno de los objetivos específicos
del Programa es (v) mejorar la capacidad gerencial del Poder
Judicial en Costa Rica” teniendo como norte de ello, la
reestructuración de la estructura de toma de decisiones, para
separar nítidamente las funciones judiciales y administrativas.
Por ello, la Ley 8273, establece la Comisión de Seguimiento del
Programa para la supervisión del cumplimiento de los objetivos
del Programa y el buen uso de los recursos. De la misma forma
la Comisión de Seguimiento se integra de acuerdo a la ley por
tres magistrados de la CSJ, presidida por su Presidente de la
Corte y el de el o la Secretaría de la Comisión de Género.

      Por ello, tomando lo referido por la Ley del Préstamo, se
integra la Comisión con un magistrado/a por Sala, a efecto de
propiciar la comunicación con Corte Plena. Así en la Sesión
No.1 del 7 de febrero del 2003, se establece que por principios
administrativos, la Comisión no puede aprobar en su totalidad
los trámites de contratación, ya que la Ley Orgánica del Poder
Judicial le asigna la responsabilidad de adjudicar los términos de
las contrataciones al Consejo Superior. El informe borrador
señala que la Corte Plena no estaba informada de ello, pero en
realidad, había un consenso en Corte para sustraer las funciones
anteriormente establecidas a esta instancia, para lo cual se creaba
la Comisión de Seguimiento.

      Respecto al señalamiento del documento borrador de que
los planes de operación de cada uno de los proyectos, que
componen el Programa, no han sido aprobados por la Corte
Suprema de Justicia como lo prevé la cláusula 4.02 de la Ley
No.8273, debemos decir lo siguiente: La UEP ha sido
considerada dentro de la estructura del Poder Judicial como un
centro de responsabilidad más de los que existen en la
institución. Por ello, la Corte aprueba los planes estratégicos
anuales y los anteproyectos de presupuesto de cada año, donde
se incorpora por parte de la UEP; o cada centro de
responsabilidad con fondos asignados al Programa, - como
puede ser el Ministerio Público, o la Defensa Pública o
Tecnología de información o cualquier otro -, los planes de
operación a realizar y se señala expresamente lo que está
contemplado con financiamiento del préstamo BID. Igualmente
se hace en las evaluaciones que se realizan del Plan Estratégico
2007-2011 temas relacionados con el préstamo Corte – BID

      Aunado a lo anterior, se debe señalar, que la UEP, como
organismo ejecutor del Programa, realiza una actividad formal
de Rendición de Cuentas a las autoridades judiciales, entiéndase
Magistrados, integrantes del Consejo Superior, jefaturas de la
Defensa Pública y el Ministerio Público, Auditoria Judicial,
Jefaturas de Departamento y funcionarios judiciales. Dirigido
también a miembros de los otros Poderes de la República,
Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Justicia, Colegio de
Abogados, representación del BID, asociaciones gremiales y
público en general, donde transparentemente se ha informado
sobre el acontecer del programa, sus incidencias, problemas,
ejecución, fondos ejecutados y comprometidos. Asimismo se
realiza un examen de los indicadores de desempeño del Poder
Judicial, donde se pueden observar altibajos del mismo, en
diversos aspectos, de fuentes tales como: Corporación
Latinobarómetro; Indice de accesibilidad de la información en
Internet (CEJA); Reportes de la Justicia en las Américas (CEJA);
Indicadores de Gobernabilidad (Banco Mundial) y el Compendio
de Indicadores del Poder Judicial; o bien, problemas como los
acaecidos con la firma Indra Sistemas SA. Esta rendición ha sido
a veces genérica, - o bien por componente -, enfatizando en
resultados del Ministerio Público, la Defensa Pública, la
perspectiva de no discriminación impulsada por el programa;
dando oportunidad a todo el público asistente de preguntar o
cuestionar cualquier aspecto de lo señalado. Se ha considerado
ésta como la actividad formal más importante del programa para
la rendición de cuentas, lo cual aunque no se realiza ante Corte
Plena, sí se invita al pleno de la Corte, actividad que tiene un
profundo contenido de carácter democrático.

    7. NORMATIVA INSUFICIENTE PARA REGULAR
LAS DIFERENTES INSTANCIAS QUE INTERVIENEN
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

      La ejecución del Programa se realizó razonablemente con
esta normativa; sin perjuicio de que cualquier normativa siempre
será mejorable. En cuanto a lo señalado en el informe borrador,
sobre las competencias, roles y funciones, señalamos lo
siguiente:

    Respecto a que las funciones del gerente de Proyecto,
enumeradas del 3.1 al 3.11 incluidas en el documento
denominado “DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS
UNIDADES FUNCIONALES INTERNAS PARTICIPANTES
EN PROYECTOS DE CONSULTORÍA EXTERNA,
CONTRATACIÓN DE OBRA Y DISEÑO” (resaltado no es del
original), resulta inadmisible la duda planteada, y repetida en el
informe borrador, toda vez que desde el título de ese documento,
se establece claramente que es para las unidades funcionales
internas del Poder Judicial, y nunca se mencionan a partes
externas a este Poder de la República. Sobre este mismo tema, y
siguiendo con lo planteado en el informe borrador, deseamos
dejar claro, que la normativa establecida, puede ser sujeto de
mejoras, pero nunca podemos aceptar que no ha sido funcional,
pues basta con la revisión del desarrollo de otros proyectos a
cargo de ambos componentes, donde la normativa permitió el
control y ejecución de diferentes proyectos, sin que se dieran
dificultades en ese sentido.

      También es necesario aclarar, que al momento de iniciar
los proyectos, a cada equipo contraparte, en reuniones celebradas
en las instalaciones UEP, se les instruía sobre los alcances de su
gestión, sus responsabilidades, la relevancia de la misma, y se les
facilitaba la normativa vigente, donde siempre se hacía ver, que
era necesaria la coordinación con la UEP, sobre cualquier
aspecto que se encontraran en la ejecución de los proyectos a
cargo de ellos.

      El instrumento denominado como “DEFINICIÓN Y
ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES
INTERNAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE
CONSULTORÍA EXTERNA, CONTRATACIÓN DE OBRA Y
DISEÑO”, diferencia las responsabilidades que tienen los
gerentes de los componentes y los funcionarios que forman
parte de los equipos contraparte, es decir, no puede ser aceptable
lo expresado por dichos funcionarios.

      Sobre las funciones de las figuras requeridas para la
ejecución del proyecto a cargo de la firma INDRA, si bien no
están en reglamentos aprobados por las instancias superiores, sí
están en el acuerdo mismo que permitió la continuidad del
proyecto, y son de orden transitorio, en el entendido que son
instancias que permitirían mayor agilidad para la definición o
soluciones a problemas que se presenten en la ejecución, pero
son de orden técnico y como asesores, pero no definidores de un
proceso, dado que esas facultades recaen en la Comisión de
Seguimiento y en el Consejo Superior, según su relevancia y
competencia. Sobre la creación de los Comités, ya esto fue
abordado al inicio de este documento.
      En resumen, la normativa que regula el actuar de la
Comisión de Seguimiento, los Gerentes y de los equipos
contraparte, no se presta a confusiones en los roles asignados a
cada una de las partes, la misma estructura ha servido para
ejecutar con éxito otros componentes del proyecto. Sin embargo,
el Poder Judicial no tiene inconveniente en incluir los Comités y
otras instancias en el Reglamento de la Comisión de
Seguimiento del II Préstamo con el B.I.D. y mejorar el nivel de
detalle en la descripción de sus responsabilidades.

   8. DEBILIDADES EN EL CONTENIDO DE LAS
ACTAS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

      El informe señala como falencias detectadas la inexistencia
de un libro de actas, la no foliación ni firma de las actas y
ausencia de transcripciones de las sesiones. Al respecto debemos
señalar, que aunque no llevamos un libro de actas, sí llevamos en
electrónico y en papel un consecutivo de las Actas debidamente
numeradas, con fecha y donde se consigna los presentes en la
reunión de la Comisión de Seguimientos, integrantes o invitados.
Que el Poder Judicial ha propiciado la política del cero papel,
con lo cual los integrantes trabajan en electrónico, con la agenda
señalada y la respectiva Acta.

      Señala el borrador del informe, que si bien esas actas
contienen por cada tema tratado un asunto y un acuerdo, no
queda constando la discusión. Al respecto, debemos señalar que
todo acuerdo tomado se ha generado después de una
deliberación. Normalmente ha habido un consenso total en los
acuerdos alcanzados, consignándose siempre cuando un
integrante se ha separado del criterio de la mayoría, o bien,
recién se incorpora al quórum como se puede advertir en las
siguientes actas: Acta No 3 celebrada el 17 de marzo de 2005.
“10. Acta de Negociación de Contratación 50-04, Ampliación
del Sistema Costarricense de Información jurídica “SCIJ”. Se
acuerda: Recomendar al Consejo Superior la adjudicación
correspondiente por $71.983.80. (Ingresa el magistrado Dr.
Fernando Cruz).” Punto 11 de esa misma Acta: “Recomendar
adjudicación Auditoria Externa. Oferta única KPMG. Se
acuerda: Recomendar al Consejo Superior la adjudicación a la
firma KPMG. La Magistrada Villanueva se inhibe de votar en
este asunto. (Ver Anexo No. 9)

     Por consiguiente estimamos, que las Actas de la Comisión
de Seguimiento, como señala Cabanellas, sí establecen “la
relación escrita donde se consigna el resultado de las
deliberaciones y acuerdos de cada una de las sesiones de
cualquier junta, cuerpo o reunión” como señala la cita transcrita
en el borrador de informe.

      La Ley no obliga a hacer constar la integralidad del
contenido de las deliberaciones y aunque la Corte Plena lo tiene
incorporado a su dinámica de trabajo desde hace muchos años,
para hacer constar la totalidad de las deliberaciones del Consejo
Superior y de las diferentes instancias colegiadas, (Comisiones
de Magistrados, Consejos de Administración de todo el país,
Comisiones de Usuarios, Consejos de Jueces, etc), el
cumplimiento de esta disposición implicaría una inversión en
recurso humano que no tiene el Poder Judicial. Se tendría que
reestructurar    toda la Secretaría General de la Corte
prácticamente duplicando la planilla a un costo que a este
momento no tiene el Poder Judicial.

     Sin embargo estamos en la mejor disposición de disponer
se hagan lo más detalladas posibles las actas en su contenido,
incluyendo –aparte de los elementos señalados en la Ley-, un
resumen detallado de las deliberaciones, acuerdos y desacuerdos
que se den.

    9. OMISIÓN POR PARTE DEL PODER JUDICIAL
DE LA     VERIFICACIÓN   DEL   RÉGIMEN DE
PROHIBICIONES,      INCOMPATIBILIDADES    Y
CONFLICTO DE INTERESES EN LA CONTRATACIÓN
DE INDRA SISTEMAS S.A.

      Sobre el régimen de prohibiciones, llamamos la atención
sobre en quién recae la carga de la prueba, que a nuestro
entender parte de lo que señale el oferente en su plica, y que
como se ha indicado, en jurisprudencia de la misma Contraloría
General, recae en quien presenta la oferta o un recurso, esto es,
el oferente u objetante.

      Efectivamente en el caso particular esta licitación por no
exigirlo la Ley de Préstamo, a los oferentes extranjeros no se les
solicitó presentar la declaración jurada de no estar afecto a las
prohibiciones para contratar con el Poder Judicial. En el cartel
de la licitación que como se sabe se convierte en la normativa
específica de la contratación, no se solicitó esta exigencia a los
oferentes extranjeros. No obstante, somos conscientes de que a
futuro independientemente de la calidad (nacional/extranjero) del
oferente, se deberá exigir en todos los casos la presentación de
esta declaración jurada para una mayor seguridad en las
actuaciones.

      Para una mejor comprensión de lo ocurrido, debemos
observar lo solicitado en el cartel del procedimiento, el cual,
sobre las declaraciones juradas, señaló “Los sobres deben incluir
como mínimo los siguientes documentos: /SOBRE 1: / -
      Carta de Presentación./ -Declaración del oferente sobre
conocimiento y acatamiento de todas las normas pertinentes
(Bases del Concurso, Leyes y Reglamentos aplicables, etc). / -
Información general del oferente. / -Nombre y Currículum Vitae
del personal que trabajará directamente en el Proyecto. / -
Programa de trabajo por actividades y otros aspectos relativos
al enfoque dado por los oferentes para la realización de
Proyecto./- Documentación adicional de respaldo de los puntos
anteriores, que el proponente considere conveniente anexar. /- -
Metodología a utilizar para la ejecución del Proyecto. /- Plan
de Ejecución del Proyecto, alcance de los trabajos. /-
Descripción del objetivo y contenido general de cada etapa. /-
Calendario de ejecución indicando el plazo de entrega para
cada una de las actividades. /- Copia del depósito de la garantía
de participación u original según corresponda”, y en otro parte
del clausulado utilizado para este concurso, se indicó “3-
      Además, los oferentes deben indicar o aportar en su
oferta, lo siguiente: /     3-1. Para los oferentes nacionales: /
3-1-1. Declaración de Impuestos. / Aportar declaración en que
conste que se encuentra al día en el pago de impuestos. / 3-1-2.
      Certificaciones. / Deberán presentar las certificaciones
que se indican en la Ley de Contratación Administrativa y el
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Decreto
Ejecutivo 33411-H). De ser requerido por el tipo de concurso, se
solicita se anexe lista de personas físicas o jurídicas, por medio
de las cuales se facilite información sobre el oferente
(recomendaciones). /        Cuando el oferente fuere una sociedad
costarricense colectiva, en comandita, anónima o de
responsabilidad limitada, deberá acompañar con su propuesta
una certificación pública sobre la naturaleza y la propiedad de
sus cuotas y acciones. Si las cuotas o acciones fueren nominativas
y éstas pertenecieren a otra sociedad, deberá igualmente
aportarse certificación pública respecto de ésta última en cuanto
a la naturaleza de sus acciones. Las certificaciones serán
emitidas: /a)        En cuanto a la naturaleza de las cuotas y
acciones, por el Registro Público o por un notario público con
vista en los libros del Registro; y / b) En cuanto a la propiedad
de las cuotas y acciones, con vista en los libros de la sociedad;
por un notario público o contador público autorizado. /      No
obstante, si se tratare de una sociedad inscrita dentro del año
anterior al requerimiento de la certificación o modificada a
acciones nominativas dentro del período indicado, la certificación
sobre ambos extremos deberá ser extendida por el Registro
Público o por un notario. /       En tanto se declare en la oferta
que la propiedad de las cuotas o acciones se mantiene invariable,
la certificación extendida en determinada fecha o copia
certificada de la misma, será admitida a los indicados efectos
hasta seis meses después de su emisión. Si la certificación o copia
certificada hubiere sido presentada en diligencias anteriores,
también se admitirá sobre las mismas bases, para lo cual deberá
hacer manifestación expresa de ello e indicar las referencias del
expediente en que conste la certificación. /c) Certificación de
que el oferente se encuentra al día en el pago de las
obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de
Seguro Social o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado
por ésta, vigente al momento de la apertura de ofertas. La UEP,
se reserva las potestad de constatar en cualquier momento, el
cumplimiento de las obligaciones obrero patronales. /
      3-2. Para los oferentes extranjeros: / 3-2-1 Aportar
documentación legal sobre la personería del oferente. / 3-2-2
      Declaración jurada, mediante la cual se indique que se
someten a la jurisdicción y tribunales nacionales para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del
contrato que se llegue a perfeccionar, con renuncia a su
jurisdicción”.

      En el folio 9 de la oferta, se puede apreciar la declaración
rendida por la oferente, de conformidad con el cuerpo normativo
utilizado, es decir, la Ley del Préstamo, las políticas y
documentos emitidos por el Banco Interamericano.

      Una consideración aparte, merece la participación de un
consultor de nacionalidad costarricense en el cuerpo de
consultores de la firma INDRA, quien no ocupaba ningún cargo
en la firma, que diera lugar a tenerle como destinatario de la
tipología de incompatibilidades, lo que ha sido confirmado en el
oficio DJ-3041 del 30 de julio de 2010, suscrito por la División
de Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República.

      Entendiendo que la verificación del régimen de
incompatibilidades, prohibiciones e intereses, se hará mediante
solicitud de declaraciones juradas a cada oferente y no sobre la
verificación de la información rendida, aceptamos esta
disposición; salvo que exista indicio comprobado o motivo
fundado para proceder de otra manera, en cuyo caso se realizaría
una investigación más detallada.
   10. OMISIONES Y DEBILIDADES EN LOS
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DE FACTIBILIDAD
ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA
INDRA SISTEMAS S.A.

      Señala el borrador del informe del Órgano Contralor, en
este aspecto, que no se realizó estudio de prefactibilidad y el
estudio de factibilidad fue desarrollado de manera inoportuna.
Efectivamente hubo limitantes institucionales de falta de
recursos, para realizar esos estudios. Por ello la UEP, tramitó una
cooperación no reembolsable ante el BID, para contar con un
consultor que colaborara en estos estudios, lo cual se logró
después de un esfuerzo en ese sentido. El informe elaborado por
este consultor fue el que sirve de base para que el Departamento
de Tecnología de Información colabore con la elaboración de
este estudio. Es correcto también que el Ministerio Público se
separó del criterio vertido en el estudio, pues consideraron que el
Sistema de Gestión de Despachos Judiciales estaba elaborado
para la gestión jurisdiccional y no para los requerimientos del
Ministerio Público en los módulos señalados. Sin perjuicio de
que el Poder Judicial, tuvo limitación de recursos para la
realización de estos estudios, discrepamos en cuanto a que ésta
sea la causa de las discrepancias de interpretación entre los
equipos contraparte y la empresa en los términos de referencia.

     11. DE LAS CONCLUSIONES.

      Si bien es cierto, toda actuación es objeto de mejoras,
respetuosamente solicitamos al Órgano Contralor que acepte con
base en el fundamento dado, nuestras observaciones. Algunas de
las conclusiones indicadas en el borrador de informe a nuestro
entender, presentan inconsistencias y la visión no responde,
como se indicó al inicio, a la realidad total, y completa de la
ejecución de este componente del préstamo. Algunas de las
disposiciones contenidas en este informe preliminar están
basadas en lo señalado por los equipos contraparte únicamente,
sin tomar en cuenta la totalidad de las instancias involucradas.
Nuestra actuación ha sido en todo momento movida por el fin de
resguardar el interés público y buscando proteger en todo
momento, la inversión realizada, donde cada dólar proveniente
del empréstito ha contado con la vigilancia y evaluación de
instancias internas y externas. A la fecha no se han detectado
problemas en el manejo de dineros, en la ejecución de los
proyectos o en la actuación de funcionarias y funcionarios de
este Poder de la República. La ejecución de este contrato
responde a la decisión del Poder Judicial de mejorar la
administración de justicia, modernizando sistemas y formas de
trabajo, apoyados en soluciones tecnológicas y en beneficio de
la comunidad en general, produciendo además transparencia y
posibilitando la fiscalización externa del actuar institucional.

      Los inconvenientes presentados han obedecido a diferentes
razones, pero no puede definirse que es por falta de pertinencia y
oportunidad, sin evaluar la globalidad del proyecto. Aceptamos
que se presenten divergencias en criterios, pero no ha existido
una actuación que tenga como intención el no cumplimiento de
las tareas asignadas o delegadas al Poder Judicial, o el descuido
del interés público y el régimen legal en cualquiera de los
instrumentos vigentes al momento de esta contratación.

     Ya hemos externado nuestra anuencia para que la
organización y la normativa sea mejorada, conforme el criterio
de la Contraloría General de la República, así como cualquier
procedimiento tendiente a mejorar canales de comunicación
entre la Comisión de Seguimiento, la Corte Plena y el Consejo
Superior.

12. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO.

      1.      A la fecha, los componentes, tanto del Ministerio
Público como de la Defensa Pública, han aprobado la etapa I y II
y se ha iniciado la etapa tres del proyecto, esto es, la solución
informática. También fue aplicada la sanción donde fue
determinado el atraso incurrido en dos hitos correspondiente a la
Defensa Pública, y la firma INDRA, previo proceso seguido,
procedió a cancelar el monto por este concepto. Se verifica si
existe atraso en la fecha de entrega establecida para los hitos,
conforme la adenda al contrato y cronograma de proyecto, a fin
de continuar con el procedimiento para la aplicación de la
cláusula penal, siguiendo el debido proceso.

      2.      El Ministerio Público, ha otorgado la aprobación a
los entregables que estaban en la Fase I, por el nuevo equipo
contraparte y se procederá con la revisión de plazos, a fin de
determinar lo que corresponda. Estos productos están pendientes
de trámite de pago.

      3.      El cronograma de actividades vigente, permite la
aplicación de la Cláusula Penal, ya que guarda, efectivamente, el
parámetro necesario que permite la identificación clara de las
fechas de entrega.
             4.       Nos encontramos en ejecución plena, con un gran
       porcentaje de posibilidades para el cumplimiento del objeto
       contractual, y el cambio de equipos contraparte y la aparición de
       las otras instancias, así como el trabajo a lo interno del Poder
       Judicial, nos permite ver con positivismo el futuro. Prueba de
       este avance, es la aprobación a la prórroga solicitada, emitida por
       el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el inicio de la
       fase III del proyecto.

              5.      El proyecto, cuenta con una variedad importante de
       imponderables, pero que nunca han desmerecido el esfuerzo
       institucional, para dotar de una importante herramienta al Poder
       Judicial, que no solo permita disminuir presas de trabajo, sino
       también debe permitir la unión de esfuerzos del Poder Judicial;
       esfuerzo que será en beneficio del quehacer judicial, y de las
       gestiones que realice la sociedad civil.

             6.      Se han realizado dos pagos a la firma, los cuales
       suman $409,335.00, y están pendientes de tramitar los hitos
       aprobados por el Ministerio Público, según oficio 1014-FGR-
       2010 y que suman $ 271,782.00, y quedan pendientes una
       cantidad importantes de pagos y productos, que serán igualmente
       evaluados con la rigidez y transparencia que acostumbra este
       Poder de la República, siguiendo el debido proceso y otorgando
       las garantías de Ley.

             7.     El Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado
       una prórroga del plazo de vencimiento hasta el 23 de junio del
       2012, según oficio remitido al señor Ministro de Hacienda por el
       representante señor Fernando Quevedo, en oficio CID/CCR/
       2118/2010, considerando que el programa exhibe un alto
       porcentaje de recursos desembolsados (97,5%) y que sólo restan
       pocas actividades por concluir, siendo estos insumos
       considerados muy valiosos para el logro de los objetivos del
       Programa.”

            De esta forma dejamos rendido el informe solicitado en
       dentro del plazo establecido.”

                                     -0-

      Se concede el uso de la palabra al máster Rodrigo Arroyo Guzmán,

Director interino del Programa Poder Judicial-BID, quien manifiesta: “Esta
exposición trata sobre el proyecto de respuesta al informe que nos enviara

la Contraloría General de la República, para tender la licitación 139 que

tiene que ver con el Ministerio Público y la Defensa Pública.

      Vamos a tratar las disposiciones que nos está recomendando en el

informe la Contraloría. La primera de ellas es aplicar la cláusula penal

desde el inicio, porque según la Contraloría, tenemos que establecer una

línea base desde que se inició el proyecto. Sin embargo, el criterio que se

está presentando en el proyecto de respuesta, es que la aplicación de la

cláusula penal es posible ahora solo por hito, conforme al acuerdo de

continuidad que se dio en febrero del 2009, por cuanto la cláusula penal

como originalmente está pactada en el contrato está por los 24 meses que

tiene este y no existe en el contrato aplicación de multas. Nosotros en el

proyecto indicamos que la aplicación de la cláusula penal por hito es

posible desde la suscripción del addendum, esto desde el febrero del 2009.

Si ustedes a bien lo tienen, se girarían instrucciones al Consejo Superior y

la Unidad Ejecutora, para aplicar la cláusula penal en la forma en que está

el addendum y no volver hacia atrás y montar una línea base que sería ya

imposible aplicarle una multa.

           Instruir a instancias administrativas para mejorar inclinación y

fundamentación de las resoluciones contractuales.

      Nosotros aceptaríamos esa recomendación, por lo que giraríamos las

instrucciones para el cumplimiento de esta disposición.
            Establecer o reactivar canales de comunicación, para rendir

informes periódicos a la Corte.

      En la ley del préstamo hay un apartado en donde dice que se le debe

rendir informes a la Corte Plena. Nosotros lo realizábamos por lo que se

denomina rendición de cuentas. Al ver el estudio de la Contraloría General,

se propone que se giren las directrices a la Comisión de Seguimiento, al

Consejo Superior y a la Unidad Ejecutora, para el cumplimiento de esta

disposición en la forma que lo solicitan.

            Promulgar reglamento que incluya funciones de instancia no

reguladas a la fecha.

      Parte del acuerdo de la continuidad fue la creación de un Comité de

Gerencia, un Comité Técnico y los líderes de proyecto, que no están

regulados dentro del reglamento que existe hoy de la Comisión de

Seguimiento. Entonces se propone realizar reformas al Reglamento de la

Comisión de Seguimiento y no crear una reglamento adicional a esta altura

del Programa.

            Emitir una directriz para subsanar las debilidades de las actas

de la Comisión de Seguimiento.

      Se propone que la Corte gire las instrucciones para que las actas

incluyan un mayor contenido a las actas de la Comisión de Seguimiento.

Hay que hacer aquí el comentario que el estudio de la Contraloría afectaría

las actas de Corte Plena, Consejo Superior y demás órganos que tiene el
Poder Judicial, porque ellos pretenden que debemos incorporar el

contenido total de las disposiciones como están ahí y lo que se propone es

atenderlas en la forma que están la respuesta que estamos presentando, pero

no al grado como la Contraloría lo está solicitado.

            Formular directriz para que conste en expedientes de

contratación la verificación del régimen de prohibiciones y otros.

      Como recordaran el tema de la licitación 339 nace en una

publicación de un diario de circulación nación y pretendió dejar como un

problema una relación que no existió, como finalmente quedó señalado en

un criterio externado por parte de la Dirección Jurídica de la Contraloría

General de la República. La propuesta es entendiéndose que la verificación

del régimen de prohibiciones va a encontrar su razón, en las declaraciones

juradas que hagan los oferentes. Nosotros estableceríamos que se giren las

directrices correspondientes en ese sentido.

            Establecer mecanismos de control que garantice la realización

de estudios preliminares y de factibilidad.

      Se girarán las directrices para el estricto cumplimiento de esta

disposición. Hay que recordar que la Unidad Ejecutora o el programa como

tal, cuando se realizaron los términos de referencia, promovió que se

contratara a través del Banco con fondos no reembolsables los servicios de

un consultor que ayudó. Ese fue el insumo para que el Departamento de

Tecnología de la Información y otros, prepararan los términos de referencia
de esta contratación.

      Finalmente, aún cuando no está en las disposiciones de la

Contraloría, se solicita que se incluya en el informe final la fundamentación

completa y ahora comprobada en forma definitiva de los argumentos

legales por los cuales no se dio ningún caso la violación del Régimen de

Prohibiciones.

      A pesar de que existe un criterio de la Asesoría Jurídica de la

Contraloría en el informe como tal, lo que se hace es un comentario muy

breve sobre este particular, que fue el que dio el inicio de este estudio.

      La situación actual del proyecto es muy diferente a octubre que fue

cuando la Contraloría hizo el estudio. El Ministerio Público y la Defensa

Pública han aprobado la etapa uno y dos y ya hemos iniciado lo que es la

solución informática, que es etapa tres del proyecto.

      Conforme al addendum ya aplicamos una cláusula penal por

$2.900,00 (dos mil novecientos dólares) que fue el atraso en dos hitos.

      El cronograma de actividades vigente, permite la aplicación de la

cláusula penal, originalmente esto no era posible, en el addendum hay una

lista de hitos que ahora son objeto de aplicación de multa, antes no existía

eso, porque la cláusula original era por 24 meses, como les decía antes.

      A la fecha estamos en ejecución plena del proyecto con un gran

porcentaje de posibilidades, donde nosotros tenemos un 97.5% de

ejecución del programa como tal y esto el Banco lo ha tomado en cuenta y
nos ha otorgado una prórroga hasta el 23 de junio del 2012 para ejecutar el

proyecto y que finalicemos el programa como tal.

      El contrato con INDRA es de $1.800.000,00 (un millón ochocientos

mil dólares), originalmente, a la fecha hemos pagado $409.000,00

(cuatrocientos nueve mil dólares), que corresponde a tres hitos, el primero

de ellos es el cronograma de actividades y el plan de proyecto y los otros

dos son productos que son de la Defensa Pública.

      Tenemos pendiente de tramitar, porque ellos no nos han presentado

las facturas, los hitos aprobados por el Ministerio Público y que

correspondían en aquel momento a la etapa uno y que suman $271.000,00

(doscientos setenta y un mil dólares).

                    1.118.833                      409.335




                                                     271.782




                           Cancelado      Pendiente de Pago

                           Por ejecutar




      No obstante, estos que ya han sido aprobados, le damos el mismo

tratamiento que les dimos a los dos hitos que fueron objeto de cláusula

penal. Nosotros tenemos que ver con los equipos contra parte, la fecha en

que tiene que entregar el producto conforme al cronograma vigente,

tomamos las fechas y el plazo que le incumbe a la empresa y cuales les

correspondieron a la administración (en este caso al Poder Judicial) y la
diferencia nos va a dar la cláusula penal que tenemos que aplicar, y no

como lo pretende la Contraloría que es desde el primer día y en adelante sin

seguir un debido proceso que es el que nosotros establecemos.

      El Banco Interamericano ya nos otorgó un plazo, la prórroga de

vencimiento hasta el 23 de junio del 2012 confiando en todo el avance que

hemos logrado porque el 97% del avance en $32.000.000 (treinta dos

millones de dólares) es significativamente importante para ellos.

      En resumen de las disposiciones de la Contraloría, sugerimos que se

aceptan las que son objeto de mejoras.

           Instruir a instancias administrativas para mejorar intimación y

fundamentación de las resoluciones contractuales. No quiere decir que las

resoluciones que nosotros emitimos no se hicieran, sino que a criterio de la

Contraloría están incompletas.

           Establecer o reactivar canales de comunicación, para rendir

informes periódicos a la Corte Plena. Si ustedes lo acuerdan así, entonces

nos emiten las directrices y estaríamos presentándonos conforme ustedes lo

indiquen a rendir cuentas, que es lo mismo que hemos hecho en otras

actividades dentro y fuera del Poder Judicial.

           Promulgar reglamento que incluya funciones de instancias no

reguladas a la fecha. Instancias como son el Comité Gerencial, el Comité

Técnico y los líderes de proyecto.

           Formular directriz para que conste en expedientes de
contratación, la verificación del régimen de prohibiciones y otros. Como

les decía, en el entendido que este sea a través de las declaraciones juradas

y no de otros documentos, ni la forma que lo pretende la Contraloría, en

razón que sería imposible tomar todos los nombres de las personas e ir a

verificar el árbol genealógico de cada uno.

             Establecer mecanismos de control que garantice realización de

estudios preliminares y de factibilidad. Eso nos ayudaría a todo el Poder

Judicial en los demás proyectos, para lo que son los términos de referencia.

        Las disposiciones que se proponen en la respuesta, que no son

aceptadas son:

             Aplicación de la cláusula penal desde el inicio del proyecto.

Esto es imposible, pues la cláusula penal original solamente es por 24

meses, y eso no lo dijo la Contraloría el día que vino aquí, y no podemos

aplicarle una cláusula penal donde no hay.

             Trascripción íntegra de las deliberaciones.

        Para nosotros eso afecta las actas de Corte, Consejo y demás órganos

colegiados, y una trascripción de ese tipo, me imagino que la Secretaría de

aquí sería enorme para la cantidad de personas que tendríamos que estar en

esto.

             No aceptar la verificación del régimen de prohibiciones que no

sea otro mecanismo que la declaración jurada.”

        Consulta el Magistrado Castillo: “Yo tengo una duda en cuanto al
primer aspecto de la cláusula penal. Si lo puede graficar de tal manera que

nos quede más claro, ¿qué es lo que vamos a resolver?, porque tengo

entendido que lo que propone la Contraloría General de la República es que

la cláusula penal se aplique desde el inicio, mientras ustedes indican que

no se aplique así, sino después de hacer unas diferenciaciones entre lo

recibido y los plazos de incumplimiento. Me gustaría que con un ejemplo

nos pudiese ilustrar a este Tribunal, a efecto de tomar una decisión lo más

acertada posible.”

      Responde el máster Arroyo Guzmán: “Originalmente como les decía

la cláusula penal está establecida en el cartel y en el contrato única y

exclusivamente por la totalidad del proyecto, esto son 24 meses. ¿Qué nos

permitía eso en ese momento?, que nosotros las actividades podíamos

trasladarlas dentro de los 24 meses y pensar en la aplicación de cláusula

penal, no de multa como dice la Contraloría, única y exclusivamente

después de los 24 meses, eso nos permitía mover actividades.

      Yo les decía en forma gráfica que cuando hablamos de proyectos de

consultoría es como cuando construimos una casa, en donde nosotros

podemos mover ciertas actividades y no podemos prever desde que

hacemos el cronograma, por ejemplo, que puede haber una tormenta y que

se va atrasar. Igual sucede con lo que son proyectos de consultoría.

Nosotros no proponemos, sino que existe un addendum de febrero del

2009, en donde la cláusula penal dentro de otras cosas que se variaron
cambia la forma de aplicación, ya no será por los 24 meses, sino que se

hace una diferenciación de hitos, hay una lista que tiene dentro del

cronograma una fecha de entrega y por decirles el caso del hito 10 y 11 que

son dos a los que les hemos aplicado la multa por $2900 (dos mil

novecientos dólares), en particular el hito 10, tiene un atraso de 10 días por

parte de la empresa y hay actividades también que suman a un plazo de la

administración. Logramos determinar que son tantos días de la empresa y

ahí le aplicamos la cláusula penal que está en razón de $100 (cien dólares)

diarios.”

      Prosigue el Magistrado Castillo: “¿Ese addendum fue aprobado por

la Contraloría General de la República?”

      Indica el máster Arroyo Guzmán: “Para mayor claridad estimo que

volvamos un poco atrás y luego hacia delante. La Comisión de

Seguimiento da instrucciones para que la Unidad Ejecutora abra un

procedimiento de lo que es resolución contractual. La empresa presenta un

plan de continuidad, porque el proyecto tiene un interés público y es

estratégico para el Poder Judicial. Cuando nace el plan de continuidad y lo

presenta a la Comisión de Seguimiento, se avoca, se investiga, se va al

Ministerio de Hacienda, posteriormente está en la Contraloría General de la

República y se propone al Consejo Superior como órgano que tiene las

direcciones administrativas dentro del Poder Judicial la aprobación de un

addendum, que finalmente es aceptado y aprobado como tal. La Contraloría
General de la República en aquel momento y hay dos criterios -que no los

tengo acá-, donde esa responsabilidad la delega a la administración -en este

caso el Poder Judicial-, para que tome y pueda suscribir el addendum. No

se cambió ni el objeto contractual, ni costo, ni formas de pago, ni

elementos esenciales del contrato, sino que en la propuesta de continuidad

y en el addendum se ve favorecido el interés público y del Poder Judicial,

¿por qué?, porque la garantía de cumplimiento pasa de un 5% a un 7.5% ,

porque dentro de la garantía que nos da la empresa, los técnicos tienen que

estar en el país para atender cualquier problema, no van a estar por decirlo

“en algún lado”, remotamente en España y además de eso se tenía que

ampliar el plazo por nueve meses para lograr concluir y obtener el objeto

contractual.”

      Interviene el Presidente, Magistrado Mora: “Magistrado Castillo, en

relación con el tema que plantea ahora, cuando se pretendió hacer la

cesación del contrato, tuvimos conversaciones con la empresa y hablamos

con personeros de la Contraloría General de la República, quienes nos

hicieron ver la necesidad de hacer algunas modificaciones, dentro de las

que estaban estas que se pusieron en el addendum. Se le consultó a la

Contraloría sobre la aprobación y dijo que eso era responsabilidad de la

administración y que ella no haría pronunciamiento en relación con el

tema, pero sí hubo conversaciones extraoficiales con la Contraloría.”

      Refiere el Magistrado Castillo: “¿Significa esto que mediante el
addendum se modificó el contenido de la cláusula penal que estaba en el

contrato original?”

      Señala el máster Arroyo Guzmán: “Sí señor, se modifica la forma en

que se va a aplicar la cláusula penal, pero esta como tal queda igual $100

(cien dólares) diarios por día de atraso, siempre y cuando se encontrara que

la responsabilidad es de la empresa. En esencia es la misma, son $100 (cien

dólares) diarios y la forma que se aplica –repito- es la que varía, porque

antes los veinticuatro meses era la totalidad, ahora lo hacemos por hito que

están identificados en el cronograma que está vigente hoy en día.”

      Agrega el Magistrado Castillo: “Le comprendo. Eso significa que lo

que ustedes proponen es con base en la aplicación del contrato, tal y como

está en el addendum actualmente.”

      Expresa el máster Arroyo Guzmán: “Sí señor, eso es lo que se

pretende en la respuesta, decirle a la Contraloría General de la República

en el punto 1 de la sugerencia o disposición que ellos emiten de que “se

haga desde la fecha de inicio”, que sería enero del año 2008” y hacer una

línea base. Eso es imposible, porque no tenemos una herramienta o un

procedimiento que nos diga “es a partir del día tal”, sino que es a partir del

mes veinticuatro. Ahora con el addendum que está suscrito y vigente, el

Poder Judicial puede aplicarlo de esa forma. Hay que aclarar que esto fue

antes de las disposiciones de la Contraloría.”

      El Presidente, Magistrado Mora, le dice a la licenciada Marta Iris
Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública: “Usted podría hacer

referencia en relación con la situación actual de la contratación de Servicios

de Consultoría, en lo que a la Defensa Pública corresponde.”

      Se concede el uso de la palabra a la máster Muñoz Cascante, quien

manifiesta: “Con respecto a lo que decía el máster Arroyo Guzmán

efectivamente es importante que los señores Magistrados y las señoras

Magistradas conozcan que la Defensa Pública ya tiene aprobados los

productos 11 y 12, y que hemos entrado en coordinación con el Ministerio

Público para efectuar la parte denominada “Gestión del Defensor”. Le

puedo informar que efectivamente muchos de los errores al inicio se

corrigieron; que hemos venido trabajando muy bien con la empresa y que

estamos en una etapa que es muy importante, porque como ustedes saben la

Defensa Pública no tiene sistema de gestión, ni nada informatizado. La idea

es que parte de los recursos que tiene el Ministerio Público que son un poco

más que la Defensa, se haga un sistema compartido con los equipos

contrapartes en lo que es el levantamiento de todos los requerimientos y de

las pantallas que van a utilizar los defensores y permitirá terminar con la

eliminación del papel de los expedientes, para entrar en un sistema en que

vamos también a conectarnos con el sistema de gestión de los jueces. Yo

puedo indicarles que la situación que veníamos sufriendo ha sido corregida

y gracias a Dios estamos pensando en que la tercera etapa que es la más

importante se pueda concluir de manera satisfactoria.”
      Pregunta el Presidente, Magistrado Mora: “Quiero consultarle sobre

la tramitación general y su relación con la Comisión de Seguimiento. Me

gustaría que usted señale si en algún caso la Comisión ha diferido del

criterio que usted ha mantenido en relación con la continuidad o no del

proyecto. Si ha diferido con lo que usted ha indicado en relación con el

recibo de uno u otro hito del aporte de la empresa o si en algún caso algún

compañero o compañera de la Comisión ha incidido en usted en la toma de

decisiones, en fin ¿cuál ha sido el comportamiento de la Comisión en

relación con usted en ese tema?”

      Responde la licenciada Muñoz Cascante: “Yo he participado desde el

inicio en todo lo que ha sido la ejecución de manera muy activa, y en

realidad el criterio que ha vertido la jefatura ha sido respetado siempre por

los miembros integrantes de cada Sala en la Comisión. Nuestras decisiones

fueron valoradas más que todo tomando en cuenta el interés público y

como les -repito- la Defensa no tenía un sistema de gestión y que los costos

de rescindir un contrato podrían ser más perjudiciales para la Defensa

Pública, porque implicaban ir a un arbitraje y en estos momentos parte de

los funcionarios que han manejado eso se encuentran incapacitados y la

responsabilidad fue valorada tomando en cuenta también toda la voluntad

que puso la empresa, para que se pudiera mejorar el trabajo que veníamos

haciendo.

      En realidad señor Presidente la decisión fue tomada de manera
autónoma tanto por el Ministerio Público como la Defensa Pública.

Nosotros en ningún momento hemos sufrido ninguna interferencia, todo lo

que hemos hecho ha sido precisamente en un interés institucional. Yo

estuve muy preocupada de que se pudiera rescindir el contrato, porque

como les digo, en realidad la Defensa no tiene ningún sistema de gestión y

ya habíamos avanzado mucho. Realmente se habían levantado todos los

requerimientos y lo que faltaba era el sistema de gestión. Así es que yo

quiero que quede muy claro que los señores y las señoras integrantes de la

Comisión fueron muy respetuosos con nuestras decisiones y todo se

responde en el informe a la Contraloría, en el cual se indica exactamente lo

que sucedió, por eso cuando se dijo que se continuaba con la contratación y

fueron decisiones externadas por libre voluntad por las gerencias de cada

una de la instituciones Ministerio Público y Defensa Pública.”

      Acto seguido se concede el uso de la palabra al licenciado Jorge

Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República, quien expone: “En el

caso del Ministerio Público cuando yo empecé a desempeñar el cargo,

luego de la juramentación de Corte Plena, asistí a una de las sesiones de la

Comisión y ahí solicité se me diera un plazo razonable para poder estudiar

los antecedentes del asunto. Se consideró prudente darme un plazo de

quince días, y durante ese período estuve reunido con el equipo contraparte

del Ministerio Público. Analicé los productos y las incidencias del asunto.

Debo decir que cambié el equipo contraparte porque tenía una visión
totalmente distinta sobre lo que debería ser el Ministerio Público a la que

yo tenía, en absoluto por el desempeño de su gestión, me parece que ellos

asumieron una posición de control y de fiscalización de lo que hacía la

empresa y que dejaron de ser prepositivos en cierto momento. Esa fue la

primera impresión que yo tuve del trabajo que ellos habían realizado. Solo

para darles un ejemplo en relación con uno de los hitos, había diecisiete

versiones y eso me indicaba que existía algún tipo de roce, de problemas de

entendimiento entre la empresa y equipo contraparte, pues no parecía

razonable que hubieran diecisiete versiones de un mismo producto. Sí

debieron haberse corregido todas las situaciones que tuviesen en el primer

producto. Se designó un equipo con un perfil muy alto porque le solicité al

licenciado Carlos María Jiménez, quien ha sido consultor Internacional y

Director de Programas Internacionales durante los últimos cinco años, que

colaborara conmigo en eso, también integré al licenciado Saúl Araya, quien

igualmente cuenta con experiencia internacional, y al licenciado Fernando

Cubero, pero este último tuvo algunos inconvenientes y fue incapacitado.

Lo cierto del caso es que entramos en un proceso de negociación con la

empresa y en algunos momentos pasamos situaciones críticas. Estuvimos a

punto de romper el contrato, pero finalmente la empresa realmente puso de

su parte, se revisaron y corrigieron los productos. El equipo nuevo trabajó

muy bien e integrado con los representantes de la empresa y con la máster

Sonia Navarro Solano, Directora del Programa Poder Judicial-BID, con
quien trabajamos el punto de los plazos. A la fecha los productos que no

habían sido entregados fueron corregidos, aceptados por el equipo y en este

momento me acaba de reunir con el licenciado Carlos María Jiménez antes

de venir acá y me informa que están trabajando de forma excelente y

totalmente integrados prepositivamente con el grupo de la empresa. Se

encuentran muy satisfechos e incluso el Departamento de Tecnología de la

Información viene trabajando muy bien para el resultado final que será

obviamente la entrega de la tercera fase. De manera tal que yo puedo

informarles que a la fecha la situación existente con el Ministerio Público

fue totalmente subsanada, se reorientó y vamos por una ruta de éxito. Así

me lo han verificado tanto el licenciado Carlos María Jiménez, como los

demás funcionarios que están en el equipo contraparte en este momento.”

      Prosigue el Presidente, Magistrado Mora: “Don Jorge. A mí también

me interesaría preguntarle si en el cambio de actitud del Ministerio Público

con ocasión de su llegada a la jefatura, hubo alguna incidencia de parte de

los miembros de la Comisión de Seguimiento.”

      Responde el licenciado Chavarría Guzmán: “No en lo absoluto, en

esto yo tomé una posición totalmente independiente. Primero hice un

análisis, porque también la situación con el equipo contraparte era bastante

difícil, efectué un balance de los pro y contras y del interés público que

había que cumplir y definitivamente la decisión que tomé fue para tutelar el

interés público involucrado de manera totalmente independiente y sin la
incidencia de ninguna persona, -repito- la Comisión cuando yo inicio el

desempeño del cargo me pone en conocimiento de lo que está ocurriendo

en relación con la situación del contrato y yo solicito un plazo razonable y

la Comisión me da quince días durante los cuales llegamos al resultado que

ya les he referido.”

      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “Si alguno de los

compañeros y compañeras quiere hacer alguna pregunta a don Rodrigo, a

doña Marta Iris o a don Jorge, pueden hacerlo.”

      Indica el Magistrado Cruz: “Quiero hacerle unas preguntas al máster

Arroyo Guzmán. Es que me llama la atención respecto al contenido de las

actas que se propone de que sean un poco más detalladas o explícitas. Yo

sinceramente en la práctica, no veo muchas posibilidades de que sea con

mayor amplitud, porque la naturaleza de la supervisión y de la dirección de

la Comisión, realmente no es como para tomar decisiones que requieran, en

su gran mayoría, una discusión sobre los contenidos o definición de

políticas, sino problemas de ejecución del contrato. En todo caso la verdad

es que se puede decir, pero no veo cómo que se pueda ejecutar con mayor

facilidad, porque son acuerdos y se va haciendo el consenso sobre temas

que en la gran mayoría han tenido que ver con el diseño de un sistema de

administración y de ejecución tanto en la Defensa Pública como en el

Ministerio Público. Creo que esto es lo que ha dado mayores problemas y

cantidad de objeciones. Me parece que ya lo dije una vez cuando
escuchamos el informe de la Contraloría General de la República, de que

tenemos que impulsar un programa en el que se requiere un cambio de

actividades del diseño básicamente administrativo, para conjuntarlo con un

sistema informático, que es donde hemos tenido los problemas, aparte de

que cuando planteamos la posibilidad de diseñar un observatorio judicial,

no se pudo encontrar la empresa capaz, que pudiera asumir con cierto grado

de confianza, dicho proyecto. Así ha pasado con otros proyectos. Pareciera

más bien que cuando es ejecución de obra material o equipo, es cuando no

tenemos problemas, no veo la razón por la que esta Comisión se tiene que

convertir casi como en un Senado, con detalladas discusiones, cuando en

realidad abordamos temas de ejecución, no hay ninguna cosa oculta más

que las decisiones, pero no sé si usted tiene en mente como podría ser más

detallada esa discusión. No creo que los detalles no consignados, le hayan

producido una gran pérdida al país. Realmente no veo la trascendencia o la

incidencia que puede tener la omisión de los detalles, pues en realidad las

discusiones se refieren a temas muy específicos. ”

      ENTRA EL MAGISTRADO JINESTA.

      Aclara el máster Arroyo Guzmán: “Las actas contiene lo esencial,

dicen quienes están presentes, cual es el asunto que se trata, cual es el

acuerdo. Los funcionarios de la Contraloría cuando nos visitaron, nos dice

que falta contenido. Nosotros lo que le entendemos a ellos es por ejemplo

que el Magistrado Cruz llegó y dijo “lo de INDRA me parece que el
addendum debe ser firmado después del Consejo Superior”, esa parte no se

dice en las actas porque la trascripción tal y como se hace es imposible. En

la Comisión de Seguimiento no existe un equipo de audio para grabar todo,

entonces lo que se hace son los acuerdos y están los elementos esenciales,

como esta en la propuesta de respuesta, y eso es lo que hemos visto que la

Contraloría nos pide, darle un complemento, pero es imposible hacerlo en

la forma en que ellos quieren, que es si usted dijo “de la “a” a la “z”

entonces ponerlo de esa manera, hay comentarios que se hacen al igual

como en Corte Plena o el Consejo Superior o cualquier otro órgano

colegiado, en donde no tienen que transcribir todo el comentario. Eso sí,

están los elementos esenciales en el acta, e incluso cuando alguien se

separa y cambia de criterio, pero yo creo Magistrado Cruz que ahí lo que

podemos es mejorar un poco la redacción y complementarla, es lo único

que yo podría humildemente decir que podemos hacer en las actas.”

      Interviene el Magistrado Castillo: “En la misma dirección del

Magistrado Cruz. Es interesante que el artículo 56, inciso primero de la Ley

General de Administración Pública, no establece una trascripción literal de

todo lo que se discute en un órgano colegiado, leo textualmente: “De cada

sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas

asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha

celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado

de la votación y el contenido de los acuerdos”. Me parece que el proceder
de la Comisión ha sido acorde con el ordenamiento jurídico. Estimo que

uno puede ir más allá, pero con lo que usted señala se está ajustando al

ordenamiento jurídico.”

      Prosigue el Magistrado Cruz: “Al final lo que le pregunto es porque

me parece que es un exceso y un formalismo que no responde a ninguna

pretensión sustancial o material. No sé qué trascendencia puede tener el

levantamiento de actas más detalladas, porque ni siquiera responde al tema

de transparencia, porque lo que está es el problema planteado, los que

asistieron y la votación como se decidió. Creo que eso cumple con la

exigencia de transparencia, pero en todo caso, es tan difícil como usted

bien me da la respuesta frente a una formalidad que ni siquiera se adapta

conforme a lo que señaló el Magistrado Castillo respecto del ordenamiento

jurídico, de darle cumplimiento cabal a esto. Nada más quería plantear la

pregunta porque no vamos a hacer una polémica sobre un tema que no

parece tener una conexión clara con la realidad o las exigencias jurídicas,

convirtiéndose por esta razón en una formalidad.”

      Indica el Presidente, Magistrado Mora: “En relación con este tema,

los que tuvimos que ver con la redacción de la respuesta, nos pareció bien

lo que señaló el Magistrado Castillo. La Ley General de la Administración

Pública lo que exige es más o menos lo que hemos venido poniendo, pero

si ellos nos dicen que debemos mejorar la intimación y fundamentación de

las resoluciones, pues analizaríamos qué es lo que hay que hacer y si hay
que agregar algo. Por eso lo que se dice es que se van a girar las

instrucciones para que se revise la forma en que lo hemos venido haciendo

y como lo hacen otros entes deliberativos, en general, para el

funcionamiento del Poder Judicial. Tendríamos que ver cómo se toman las

actas en las Comisiones y en los demás órganos de funcionamiento

colectivo en el Poder Judicial.”

      Continúa el Magistrado Cruz: “Yo efectué la inquietud por si era que

me estaba perdiendo de algo respecto a la trascendencia de consignar con

mayor detalle las actas de los informes a Corte Plena. Le comentaba al

señor Presidente, que recuerdo que hay un reglamento que se aprobó por

Corte y me parece que doña Sonia Navarro lo mencionó, en el que se

delegó en los miembros de cada Sala que estuviéramos en la Comisión y

aparte de eso que hay una rendición de cuentas periódicas que usted

también indicó y estimo que cumple con los requisitos en la base. Para

compartir la información con los compañeros y compañeras, la fuente de

polémica ha sido la creación y diseño de un sistema administrativo que sea

compatible con un sistema informático, tanto con el Ministerio Público

como en la Defensa Pública. En lo demás, no ha habido mayores o

particulares problemas. Ese aspecto hay que tomarlo en consideración. La

creación de sistemas en el que hay una variación de la estructura

administrativa y su compatibilidad con un sistema informático es de mucha

trascendencia y es muy singular para Costa Rica, por la naturaleza del
sistema acusatorio en América Latina, que cuando hablamos de esto, en

pocos países se ha introducido. También estamos haciendo cambios de los

cuales no tenemos referentes en la región para esos propósitos y es otro

elemento importante en considerar.”

      Refiere la Magistrada Varela: “Dentro de las posibilidades de la

institución sugiero que esa falencia que señala la Contraloría se subsanen

de manera que la Comisión de Seguimiento grave todas las discusiones.

Creo que esa sería una posibilidad de documentar todo lo que se discute, y

permitiría llenar ese vacío que se echa de menos. Sugiero se valore esta

propuesta. Sé que es muy difícil, por falta de recursos, que en todas las

Comisiones se grave lo que se dice y analiza. Otra de las Comisiones en

donde estimo conveniente que se haga de esa forma es en la Comisión de

Nombramientos, pues da una fidelidad de lo que se analiza y se discute.

Creo que esa podría ser una opción. Lo sugiero con todo respeto y lo

someto a consideración de todos y todas.”

      Señala el Presidente, Magistrado Mora: “En relación con lo que

planteó el Magistrado Cruz, sobre la rendición de cuentas. Quiero señalar

que tenemos un listado de las rendiciones de cuentas que se dieron en fecha

24 de noviembre; 21 de julio de 2010; 20 de noviembre de 2009; 3 de julio

de 2009; 20 de noviembre de 2008; 25 de junio de 2008; 7 de diciembre de

2007; 27 de julio de 2007; 6 de diciembre de 2006; 8 de setiembre de 2006;

16 de diciembre de 2005; 21 de julio de 2005 y 10 de noviembre de 2004.
También tenemos constancia de la comunicación que se hizo a cada uno de

las oficinas de las señoras magistradas y los señores magistrados en

relación con esto. Recuerdo bien que la Magistrada León y me parece que

también el Magistrado Rivas en algunas ocasiones, aparte de los miembros

de la Comisión, estuvieron presentes en esa rendición de cuentas, que fue

una de las formas que se dijo aún en el propio programa de que tenía que

cumplirse con la manera de informar a esta Corte y a la comunidad sobre lo

que hace la Comisión de Seguimiento y la Unidad Ejecutora. Tendríamos

que pronunciarnos si les parece que la forma en que la Comisión propone

que hagamos la contestación sea la que utilicemos. Si a ustedes les parece

lo que podríamos hacer es tomar el voto de si aprobamos o no esa fórmula.

Si alguien tuviese alguna alteración que señalar, pues entonces la

tomaríamos en consideración.”

      Dice la Magistrada Varela: “Para aclarar mi intervención. Como una

medida de protección institucional, me parece conveniente contar con

respaldo de grabación, en el evento de que alguien quiera a futuro conocer

las discusiones que se hayan dado y lo resuelto en la Comisión.”

      Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “Luego giraríamos las

instrucciones correspondientes de cómo se cumplirían cada uno de esos

temas. Vamos a tomar el voto.”

      Agrega la Magistrada Arias: “Con relación al voto que se va a tomar

quiero que se ponga una opción de abstención por dos razones
fundamentalmente.

      En primer lugar, yo no estuve cuando se aprobó el proyecto de

préstamo. Cuando se inicia la ejecución de la misma, con lo cual los

informes que se están dando en este momento se refieren a cosas en las que

no he tenido una participación directa.

      En segundo lugar, tratándose de un informe preliminar que está

emitiendo la Contraloría General de la República y no un informe

definitivo, eventualmente y, aunque de momento no se señala ninguna

responsabilidad de carácter penal, sin embargo no sé hacia donde se va a

dirigir esto. Quiero abstenerme de votar, en razón de que eventualmente

podría tener que conocer sobre este asunto.”

      Adiciona la Magistrada Camacho: “Quiero que quede constando que

estoy en la misma posición de la Magistrada Arias. De manera que también

me voy a abstener de votar.”

      Señala la Magistrada Suplente Blanco Matamoros: “Yo estaba en

alguna medida de acuerdo con algunas de las situaciones que se han

indicado aquí, pero dado que mi situación sería igual al de las señoras

Magistradas, y al estar por primera vez conociendo sobre este tema, yo

también debería de abstenerme para evitar alguna responsabilidad y esa es

mi duda.”

      El Presidente, Magistrado Mora, le manifiesta a la Magistrada

Suplente Blanco Matamoros: “Yo no podría indicarle a usted nada al
respecto”.

      Responde la Magistrada Suplente Blanco Matamoros: “Yo tendría

que abstenerme también.”

      El Presidente, Magistrado Mora, dice: “Vamos a poner tres

posibilidades, aprobar el informe o no aprobarlo y abstención.”

      Sometido el asunto a votación, por mayoría de catorce votos, se

acordó: Acoger el informe de respuesta a la Contraloría General de la

República sobre la licitación internacional N° 2007-LI-000139-01

relacionada con el rediseño y autorización de procesos de trabajo en el

Poder Judicial. Así votaron los Magistrados Mora, Rivas, Solís, León,

González, Escoto, Aguirre, Villanueva, Varela, Arroyo, Pereira, Jinesta,

Cruz y Castillo.

      Los Magistrados Vega, Camacho, Ramírez, Arias y la Suplente

Blanco Matamoros se abstuvieron de votar.

                                -0-

      Refiere el Magistrado Jinesta: “Es una cuestión de forma. Con todo

respeto le digo a los compañeros y compañeras que se están absteniendo,

que si esa es la tesitura de ellos, pues debería plantearse formalmente a la

Corte para que decida como Órgano Colegiado si les asiste o no motivo de

abstención, recusación e inhibitoria. Yo estimo con todo respeto que las

personas que han sido nombradas como Magistradas o Magistrados de la

Corte deben asumir la responsabilidad de votar este asunto. No es porque
me nombraron hace tres días, una semana, un mes o cuatro meses atrás y

simplemente decir no voy a votar el asunto y me voy a abstener de votar. Si

fuimos nombrados a partir del acto, asumir las responsabilidades y deberes

del cargo.”

      Expone el Magistrado Solís: “Este es un tema que surge de nuevo

con ocasión de esta sesión, pero es algo reiterativo en las votaciones de la

Sala “hago abstención de lo que acabamos de resolver en Corte”. Aquí

confundimos la abstención con el no expresar un criterio y las abstenciones

al igual que las recusaciones son los impedimentos para el caso de los

órganos administrativos como es esta Corte Plena, están reguladas en la

Ley General de la Administración Pública, que a su vez remite tanto a la

Ley de Contratación Administrativa como al Código Procesal Civil para

determinar las causales de la abstención. La Ley General como bien lo

manifiesta el Magistrado Jinesta, establece todo un trámite para que el resto

del órgano del cual forma parte la persona que se abstiene, determine si hay

causal o no para esos efectos. Hay varios dictámenes de la Procuraduría

General de la República que han determinado que en los órganos

colegiados cuando no es la circunstancia, la abstención de la recusación o

del impedimento la obligación del funcionario público que integra ese

órgano colegiado es tomar posición, ya sea a favor de la tesis o en contra,

aquí –reitero- siempre hemos hecho un uso irregular desde el punto de vista

del principio de legalidad del esquema de las abstenciones y sería
conveniente que para que haya mayor claridad, la Asesoría Legal haga un

estudio de toda la jurisprudencia administrativa y eventualmente

jurisdiccional que se pueda dar, pero el principio es que el integrante del

órgano colegial tiene la obligación de manifestar su voluntad integrativa

con el órgano colegiado, ya sea a favor de la tesis o en contra.”

      Expresa el Magistrado Vega: “Yo quiero fundamentar mi abstención

diciendo que en este caso lo hago sobre la idea que siento que no tengo

todos los elementos para formar un criterio en este momento ni positivo ni

negativo. Me parece que es mucha información la que hay detrás de este

tema y no tuve tiempo de revisar todos los antecedentes como para formar

en ese sentido criterio que me permita sostener una posición, por eso es que

preferí abstenerme. En cuanto a lo que plantea el Magistrado Jinesta, yo

coincido con él y lo que dice el Magistrado Solís enhorabuena que lo

exponga, porque la misma Sala Constitucional ha utilizado esa mala

práctica en esta Corte y lo ha hecho de forma reiterada sobre supuestos,

sobre hipótesis de que este asunto eventualmente podría ser conocido por la

Sala, por lo tanto, dicen “nos abstenemos” y esa ha sido una práctica desde

hace mucho tiempo y tampoco es una causal de acuerdo con la Ley General

de la Administración Pública. Entonces enhorabuena y estoy de acuerdo

con lo que plantea el Magistrado Solís que se haga un estudio y que como

jueces de la República, del máximo tribunal de este país que es la Corte

Plena, apliquemos correctamente la técnica de las abstenciones, de las
inhibitorias y de las excusas o de lo que proceda para efectos de no

participar en la decisión de algún asunto.”

      Dice el Magistrado González: “Quiero señor Presidente hacer una

separación como moción de orden. El tema que estaba discutiendo pues

tenerlo por votado en la forma en que se asignó. Sí quiero referirme al tema

de la abstención. Hace ocho años que ingresé a esta Corte y a mí me

sorprendió de sobremanera ver la práctica que se adoptaba de “me

abstengo”. Aclaro que nunca lo he hecho, y extraoficialmente a algunos les

consta que he comentado en pasillos de la sorprendente práctica y no sé

cómo había dejado pasar tanto tiempo, por eso agradezco al Magistrado

Jinesta que este tema no saltara sobre la abstención. Es que no es viable. Si

yo formo parte de un órgano voto sí o no, pero no me abstengo. Otra

aspecto es como bien se apuntaba las causales de inhibitoria, de excusa,

recusación, impedimento, pues estoy separado para conocer del asunto y no

puedo votar, pero si no hay ninguna causal yo debo votar sí o no. Insisto

esto lo estoy haciendo fuera del caso que se analiza y no quiero que se

vincule. Estoy analizando el caso del tema de la abstención en términos

generales y hasta donde mi conocimiento alcanza, no existe en el

ordenamiento jurídico una posibilidad en este sentido. Este es el medio o

con ajustes o con variaciones, pero me pronuncio y tengo ocho años de

estar precisamente escuchando de esta práctica que jurídicamente me

parece totalmente inviable, incorrecta y es un buen momento que salga el
tema a relucir, que se analice. Efectivamente como señala la Magistrada

León, es el no ejercicio de una potestad, de un deber y de un derecho y me

parece que por ahí no van las cosas, no en este caso, sino en múltiples que

hemos tenido.”

      Agrega la Magistrada Blanco: “Yo no me sentí extraña con el tema,

porque en el corto tiempo que tengo de estar aquí yo he oído de

abstenciones e inclusive se me ha dicho: hay que abstenerse porque puede

llegar a conocimiento de la Sala Constitucional. Este tema me llegó el

viernes y lo leí el fin de semana y me pareció que no tenía nada extraño.

Sin embargo, ahora yo sentí después de que oí las abstenciones que era un

acto de absoluta irresponsabilidad mía decir que estaba de acuerdo con algo

que puede estar perfecto, pero que yo estoy desconociendo como en un

80%. Estimé que era una actitud de irresponsabilidad decir que aprobaba

algo que leí por primera vez en el fin de semana y que venía ahora a oír sin

poder preguntar mucho porque no conozco toda la documentación. Por eso

fue que seguí la misma idea de abstenerme. Creí que era más responsable

eso que aprobar algo que no estaba conociendo bien.”

      Señala el Magistrado Jinesta: “A propósito de que el Magistrado

Vega menciona el tema de la Sala Constitucional. Hay una diferencia

sustancial que quiero que usted comprenda. La Sala Constitucional ha

tenido la tónica de abstenerse en Corte, de resolver como órgano

administrativo en asuntos que, pudieran eventualmente generar el
planteamiento de un recurso de amparo, por parte de aquella persona que

está   formulando    un   pedimento   administrativo   ante la Corte y

eventualmente se le deniega, con lo cual habría un acto desfavorable o un

acto de gravamen y luego eso sería residenciado ante la Sala

Constitucional, eventualmente mediante el recurso de amparo. La Sala se

ha abstenido por un principio básico de que no se puede ser juez y parte a

la vez. De tal manera que no podríamos resolver en sede administrativa por

lo menos esa es la tesis de la mayoría, porque el Magistrado Mora tiene

otra tesis, y luego cómodamente obviando ese principio de la interdicción

de ser juez y parte en un mismo asunto, resolverlo con posterioridad ante la

Sala Constitucional, debo decir que la Sala no ha tenido la tónica de

abstenerse en materias estrictamente de organización, de gestión y de

funcionamiento general del Poder      Judicial, lo hace cuando se puede

vislumbrar a través de un juicio de probabilidad, de que la persona que está

planteando el pedimento en sede administrativa ante la Corte pueda

convertirse en un justiciable o un usuario más del servicio, pero de

administración de justicia ante la Sala Constitucional. Yo creo que ahí hay

una diferencia bastante clara.

       Vean ustedes que el artículo 230 de la Ley General de

Administración Pública habla que será motivo de abstención los mismos

impedimentos y recusaciones que establece la Ley Orgánica del Poder

Judicial y la Ley de la Administración Financiera de la República. En
realidad a nivel administrativo la denominación común para los

impedimentos y las recusaciones es la abstención, de tal manera que si uno

hace una concordancia del artículo 230 con el Código Procesal Civil que,

también contiene algunas causales de impedimento y luego la Ley

Orgánica y la Ley de Contratación Administrativa, porque la Ley de

Administración Financiera ya fue derogada, pues se da cuenta de que ahí

hay motivos de impedimento y recusaciones que, para los efectos

puramente administrativos, porque nosotros estamos resolviendo como

órgano administrativo se llaman de abstención. Dicho esto señalo que el

artículo 234 de la Ley General de la Administración Pública indica que,

para un órgano administrativo como la Corte Plena, que en este momento

está ejerciendo una función materialmente administrativa, dice que cuando

se trata de un órgano colegiado, el miembro con motivo de abstención se

separará del conocimiento del negocio haciéndolo constar ante el propio

órgano al que pertenece. En este caso dice el párrafo segundo “la

abstención será resuelta por los miembros restantes del órgano colegiado,

si los hubiere suficientes para formar cuórum de lo contrario resolverá el

superior del órgano”. En este caso nosotros somos el órgano que remata la

organización judicial, el órgano de gobierno y tendremos que resolverlo

nosotros, y dice el párrafo tercero: “si la abstención se declara con lugar

conocerá del asunto el mismo órgano colegiado integrado por suplentes si

los tuviere o con suplentes designados ad hoc por el órgano de
nombramiento”. Es decir, el artículo 234 de la Ley General de la

Administración Pública pauta todo un procedimiento para este tipo de

abstenciones en particular cuando se está realizando función administrativa.

Yo quiero si va a haber motivo de abstención, que lo respeto mucho de las

compañeras magistradas y compañeros magistrados, pues que siguiéramos

el procedimiento que está pautado en el artículo 234 de la Ley General de

la Administración Pública.”

      Adiciona el Magistrado Cruz: “En relación con la abstención lo vería

en dos dimensiones. Una es la estrictamente jurídica que tiene todas las

objeciones que muy bien se han planteado aquí. La otra es el sentido

político de la abstención. Hay una abstención porque se estima que no se

conoce bien el informe o se estima que es una responsabilidad muy grande

que no se puede asumir, y yo creo que desde ese punto de vista, yo admito

políticamente la abstención. Es claro, incluso ahora le consultaba al señor

Presidente, y me parece que yo voy a tomar una decisión a partir de este

momento, y no me voy a volver a abstener en ningún asunto que tenga que

ver con la Sala. Esa es una decisión que adopto en función de lo que dice el

Magistrado Mora y me parece bien. Si una persona no quiere pronunciarse

sobre algo -claro que yo estoy convencido de lo que se ha señalado aquí

jurídicamente- porque no lo conozco o porque cuando esos hechos se

dieron originalmente no estaba en este órgano colegiado. Me parece que es

una visión que se tiene en ese momento sobre la cual considero que lo
jurídico sede frente a la decisión política de no pronunciarse.

      En mí caso no solo estoy con la respuesta, si no que yo soy miembro

de la Comisión. La abstención me demuestra que casualmente la

responsabilidad recae especialmente sobre los integrantes de la Comisión, y

que Corte no tiene capacidad para estar recibiendo los informes porque es

un asunto complejo. Viéndolo en el sentido positivo por eso se da la

abstención. Lo que dice la Contraloría de que debíamos de haber informado

a la Corte, todavía la realidad de la abstención está demostrando que no era

necesario esa información, ¿por qué razón? porque es un asunto complejo y

hay momentos en que yo no existe capacidad para pronunciarse, por eso

para don Rodrigo sería un argumento más. Hay personas que se abstienen

porque el asunto tiene una gran complejidad, esto demuestra que la

supervisión en un órgano de veintidós personas, no es tan eficaz y viable.

En lo que a mí respecta estoy vinculado hasta el “cuello”, lo asumo y por

eso no me abstengo.”

      Interviene la Magistrada Arias: “Ciertamente tal y como lo señala el

Magistrado Vega, de mi corta experiencia en esta Corte he visto

abstenciones en otros momentos. En mi caso en particular indiqué que

tengo dos razones por las cuales me abstenía de votar, y fundamentalmente

si lo que se trata en este caso es de contestar un informe preliminar de la

Contraloría General de la República, en el cumplimiento de un contrato de

préstamo en el que está involucrado el manejo de los fondos públicos y
eventualmente este informe preliminar podría dar lugar a un informe

definitivo, que pueda implicar responsabilidades de carácter penal, aunque

como digo, hasta ahora eso no se señala. Sin embargo, tratándose del

manejo de fondos públicos sí considero que, llámele como lo quiera llamar

el Magistrado Jinesta, me voy a abstener en razón del impedimento que

eventualmente pudiese tener, porque no solo vamos a conocer aquí como

un aspecto administrativo, sino que eventualmente en el procedimiento

para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes tendría que conocer

como ese Tribunal para juzgarlos. En razón de ello, y en virtud del

principio de transparencia y del derecho humano fundamental a no ser juez

y parte, mantengo mí abstención y si es del caso aplicando lo que establece

el artículo 234 de la Ley General de la Administración Pública dejo

planteado mi impedimento para conocer de este caso.”

      Continúa el Magistrado Vega: “En primer lugar, reforzar el tema de

que la información se recibió a las tres y veintiséis minutos de la tarde del

viernes pasado y yo leí la propuesta de informe, pero detrás de esos hay una

gran cantidad de documentación. Traté de informarme lo mejor que pude,

pero sigo teniendo algunas dudas importantes con respecto al tema y eso es

lo que me motiva a no estar seguro sobre una decisión al respecto. En ese

sentido no sé como andamos con los plazos, pero si fuera el caso pediría

una semana más para poder estudiar el tema y asumir en ese sentido una

posición. Lo mismo que el Magistrado González yo nunca me he abstenido
en el tiempo que tengo de estar en esta Corte de emitir una opinión

favorable o desfavorable con respecto a ningún asunto. Siempre he fijado

una posición pero quienes no han fijado posición han incumplido la Ley

General de la Administración Pública, porque nunca se ha seguido el

procedimiento de abstención completo como lo dice la ley. Nunca se han

hecho las abstenciones formulándolas por escrito. Nunca se ha hecho el

proceso de reposición de quienes se han abstenido, y ha habido una mala

práctica en general. No señaló a los compañeros de ninguna Sala en

particular, sino en general ha habido una mala práctica y enhorabuena que

esa mala práctica sea corregida en esta Corte, de que a partir de esta

experiencia se pueda enderezar algo que se ha venido haciendo al margen

de lo que establece la Ley General de la Administración Pública y en

sentido distintos. Lo que sí tengo claro es que en ninguna parte la Ley

General de la Administración Pública ubica como causal de excusa,

recusación, impedimento, inhibitoria o lo que queramos, ningún juicio de

probabilidades, porque entonces nosotros podríamos decir que a partir de

las probabilidades esta Corte no va a decidir absolutamente nada, porque si

no es “dinga es mandinga” si no es un contencioso, será un amparo, si no

un juicio penal, si no hasta un juicio laboral y eventualmente hasta un

asunto de familia, ¿por qué no?, entonces habría que reformar la ley y

aumentar las causales de las excusas para el tema de la probabilidades y, en

ese sentido, mejor le ponemos llave a esto y nos vamos para la casa todos.”
      Indica el Presidente, Magistrado Mora: “Ya hemos oído las razones

para el planteamiento de las excusas de las Magistradas y Magistrados

Blanco, Camacho y Vega, estimo que el Magistrado Ramírez es por la

mismas razones de la Magistrada Arias.”

      Refiere el Magistrado Ramírez: “Yo quiero retirar mi inhibitoria y

votar no en vista de que considero que no se está cumpliendo plenamente

con los requerimientos de la Contraloría, más que todo en cuanto al punto

primero.”

      Señala la Magistrada Camacho: “Creo que se dieron razones

suficientes y que la política de Corte en este sentido va en que el tema de la

abstención no va a volverse a repetir, ni que se a volver a dar y que se

tramitará como un tema de impedimento, inhibitoria, etcétera. En este

sentido, para evitar un pronunciamiento sobre una abstención que, como

procedimiento no lo vamos a seguir admitiendo. Yo retiro mi solicitud de

abstención y pienso que en ese sentido también me pronunciaría en no

acoger el informe, porque me parece que previamente a eso y sin ánimo de

obstaculizar, me gustaría escuchar el criterio de la Auditoría Judicial.”

      Manifiesta el Magistrado Jinesta: “Nada más quiero hacer una

apreciación con relación a lo que indicaba el Magistrado Vega, que insiste

permanentemente en señalar a la Sala Constitucional. Yo no sé cual es su

deseo y su propósito en tratar de desacreditar a la Sala Constitucional,

cuando nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con su persona y con
la Sala Segunda. Quiero nada más señalar lo siguiente. Ya expliqué y

quiero que quede constando en actas de la Corte las razones por las cuales

los Magistrados Constitucionales se han abstenido en otras ocasiones, pero

podría haber un replanteamiento de la Sala Constitucional. Lo digo a título

personal no del resto de los compañeros sobre el tema de las abstenciones.

Pero el Magistrado Vega vuelve a ignorar una realidad evidentísima y es

que claro el amparo es un instrumento de tutela de derecho muy abierto,

democrático. Cualquier persona acude al amparo con mucha facilidad, en

cambio la posibilidad de que una Sala de Casación se pronuncie es bastante

difícil, porque tiene que pasar por la primera, segunda instancia si la hay y

luego por el recurso extraordinario de Casación, por lo que es más difícil

que el asunto pueda ser residenciado en una Sala de Casación. No digo que

no lo pueda pero puede serlo. Luego vuelve a sugerir el Magistrado Vega

que en la Sala Constitucional, no sé con qué propósito, hemos evadido el

trabajo de la Corte; que no hemos procurado siempre asumirlo con la

mayor responsabilidad y decoro en el ejercicio de la función. Yo le pediría

al Magistrado Vega que nos manifieste ¿cuál es el propósito siempre de

alguna manera de tratar de afectar la imagen de la Sala Constitucional?,

¿cuál es el ánimo que tiene o el propósito que lo anima?, detrás de todas

sus intervenciones, porque aquí la tónica que ha quedado en actas de parte

del Magistrado Vega siempre es atacar a la Sala Constitucional. En una

ocasión dijo que había que revisar el rendimiento individual de cada
Magistrado Constitucional. Magistrado Vega la Sala Constitucional el año

pasado dictó 20680 votos y yo no sé cuántos dictó usted en la Sala en todo

el tiempo que estuvo haciendo viajes al exterior y cuántos días efectivos

trabaja en la Sala Segunda. Eso es lo que usted le debería explicar a la

ciudadanía.”

      Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “Vamos a resolver sobre la

excusa planteada por la Magistrada Arias. Ya sabemos las razones que ella

da. En el caso todavía no votarían la Magistrada Suplente Blanco

Matamoros y el Magistrado Vega.”

      Dice la Magistrada Suplente Blanco Matamoros: “Como es

absueltamente falso que yo diga que sé lo que se está diciendo, por más

que lo hayan explicado los compañeros que están involucrados en esta

situación, retiro mi abstención pero forzosamente, porque sería más

irresponsable que apruebe algo que desconozco, entonces mi voto sería por

denegar el informe en todo el contenido. Sí quiero que quede constando

que es por una situación de responsabilidad, porque no puedo decir que

apruebo algo que lo leí en el fin de semana, y que tiene una gran cantidad

de documentación de fondo que no conozco. Sinceramente me sentiría muy

irresponsable diciendo que apruebo algo que desconozco.”

      Añade el Magistrado Vega: “En el mismo sentido que el Magistrado

Ramírez y la Magistrada Camacho, yo votaría en los mismos términos,

retirando la abstención, ya que el asunto no se va a posponer.”
      El Presidente, Magistrado Mora, le consulta al Magistrado Vega: “El

Magistrado Ramírez vota en relación con el primer punto. ¿Igual usted?”

      Responde el Magistrado Vega: “Sí señor, es el punto en el que tengo

duda.”

      Recibida la correspondiente votación, por mayoría de catorce votos,

se dispuso: Denegar la inhibitoria de la Magistrada Arias y en

consecuencia, deberá emitir su voto en cuanto al presente asunto. Así

votaron los Magistrados Mora, Rivas, Solís, León, González, Escoto,

Aguirre, Villanueva, Varela, Arroyo, Jinesta, Cruz, Castillo y la Suplente

Blanco Matamoros.

      Los Magistrados Vega, Camacho, Ramírez y Pereira votaron por

acoger la excusa.

      Dice la Magistrada Arias: “En razón de que no fue aceptada por el

Colegio la inhibitoria o abstención, pues entonces voto porque se apruebe

el informe.”

      Señala el Magistrado Solís: “Había sugerido con ocasión de la

importante discusión que se abrió con el tema del trámite de las excusas,

que hubiese un dictamen de la Asesoría Legal de la Secretaría General de la

Corte, para que aquí lo valoremos e incluyamos todas las modalidades.”

      Refiere el señor Presidente, Magistrado Mora: “Sí, vamos a pedirlo.”

      Se acordó: Aprobar la propuesta del Magistrado Solís, por ende,

solicitar al licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Asesor Legal de la
Secretaría General de la Corte, sea muy servido en rendir un informe a esta

Corte con respecto al tema de las abstenciones, tomando en consideración

lo expuesto por las señoras Magistradas y los señores Magistrados que

hicieron uso de la palabra.

      A LAS 11,20 HORAS SE RETIRARON DEL RECINTO DE

SESIONES EL MÁSTER ARROYO GUZMÁN, EL LICENCIADO

CHAVARRÍA          GUZMÁN           Y     LA      LICENCIADA            MUÑOZ

CASCANTE.

                               ARTÍCULO XXIV

      La Magistrada Calzada, Presidenta de la Sala Constitucional, en

oficio N° PSC-00-11 de 14 de enero en curso, manifestó:

             “He recibido de la Corte de Constitucionalidad de Panamá
       una invitación para participar en conjunto con otro magistrado de
       la Sala en las XVI Jornadas de Derecho Constitucional
       auspiciadas por CEFCCA, del 22 al 24 de febrero del presente
       año.
             En virtud de que no puedo asistir a esa actividad, solicito el
       permiso correspondiente para que los magistrados Gilbert
       Armijo Sancho y Fernando Cruz Castro se trasladen a dicho país,
       los días del 21 al 25 de febrero. Asimismo solicito el pago de
       complemento de viáticos ya que el pasaje aéreo, el hospedaje y
       la alimentación los cubre la organización.
             Adjunto copia del programa. No omito manifestarles que la
       invitación se las estaré haciendo llegar lo más pronto posible.”
                                      -0-

      Sin objeción de las señoras Magistradas y los señores Magistrados

presentes, se acordó: Conceder permiso con goce de salario y diferencia de

viáticos del 21 al 25 de febrero próximo, a los Magistrados Armijo y Cruz
para que participen en las XVI Jornadas de Derecho Constitucional

auspiciadas por CEFCCA, a realizarse en Panamá. Se declara acuerdo

firme.

                              ARTÍCULO XXV

     El licenciado Jorge Luis Vargas Espinoza, Director General de la

Imprenta Nacional, en oficio N° DG-889-2010 de 14 de diciembre de 2010,

manifestó:

               “Reciba un cordial saludo, por este medio me permito
         remitirle el Acuerdo 5853-12-10 adoptado por la Junta
         Administrativa de la Imprenta Nacional, en la sesión ordinaria
         N° 375 del 9 de diciembre del 2010, con referencia al Dictamen
         de la Procuraduría General de la República C-094-2010 del 5 de
         mayo del 2010, y a la consecuente obligación legal de ese Poder
         de la República de asumir los costos de las publicaciones en el
         Boletín Judicial.
               De previo procedemos a hacer un pequeño recuento de los
         antecedentes.
               Si bien la posición de esta entidad siempre ha sido
         uniforme y contundente, respaldada en jurisprudencia
         administrativa de la Procuraduría General de la República y de la
         Contraloría General de la República, en el sentido de que,
         conforme al Principio de Legalidad que nos regenta, al tenor de
         nuestra Ley de creación N 5394, esta Imprenta Nacional tiene el
         deber legal ineludible de establecer las tarifas y cobrar todas las
         publicaciones que realiza, de modo que no está facultada
         legalmente para dispensar o exonerar tales cobros, si no es por
         una norma de rango legal expresa que así lo autorice (“reserva de
         ley”), ante la necesidad de contar con un pronunciamiento
         vinculante emitido por el órgano superior competente, se debió
         acudir ante la Procuraduría General de la República
               Fue así como la Procuraduría General de la República
         emitió el Dictamen C-094- 2010 del 5 de mayo del 2010,
         reafirmando la jurisprudencia administrativa uniforme y
         consolidada, concluyendo que, en tratándose de reserva de ley,
         aun cuando esté de por medio el denominado principio de
         gratuidad, ante la ausencia en nuestro ordenamiento jurídico de
         una norma legal que habilite la exoneración del pago de las
       publicaciones de edictos en el Boletín Judicial, resulta
       legalmente improcedente que la Imprenta Nacional dispense de
       dichos cobros al Poder Judicial, y por tanto deberá el Poder
       Judicial asumir y sufragar tales costos a través de su presupuesto.
             Según concluye la Procuraduría General de la República:
              “Se sigue de lo expuesto que lo procedente es que en las
       partidas del Poder Judicial que contemplan rubros para cubrir
       tanto los gastos procesales como otros gastos relacionados con el
       proceso de determinados usuarios, se presupueste el posible
       costo de la publicación de edictos.
             (...)
              En ausencia de esa ley, y puesto que la publicación de los
       edictos concierne la función jurisdiccional, el costo de estas
       publicaciones debería ser financiado por las partidas
       presupuestarias que financian la función jurisdiccional del
       Estado. Por ende, incluirse en la Ley de Presupuesto de la
       República.”
              A raíz de lo anterior, producto de diversas reuniones
       sostenidas con el señor Alfredo Jones León, y en un afán de
       colaboración con ese Poder de la República, se han otorgado en
       varias oportunidades a lo largo de este año 2010 plazos y
       consecuentes prórrogas, con el fin de que ese órgano cuente con
       el tiempo suficiente para poder adoptar las medidas
       administrativas y presupuestarias necesarias, sin que hasta la
       fecha se haya procedido con el correspondiente pago de las
       publicaciones.
              En mérito a lo expuesto, el presente Acuerdo 5853-12-10
       de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional pretende que
       se dé cabal cumplimiento de una vez por todas al Principio de
       Legalidad que nos rige y al Dictamen vinculante de la
       Procuraduría General de la República.”
                                      -0-

     El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N°

71-DE-2011 de 11 de enero en curso, expresó:

              “En relación con el oficio N° DG-889-2010, dirigido al
       doctor Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte, por parte
       del licenciado Jorge Vargas Espinoza, Director de la Imprenta
       Nacional, mediante el cual solicita se proceda con el pago de las
       publicaciones que el Poder Judicial ha gestionado ante la
       Imprenta Nacional, me permito informar lo siguiente, para
conocimiento de Corte Plena:

       1. Históricamente, el Poder Judicial ha gestionado ante
la Imprenta Nacional, la publicación de edictos correspondientes
a materias donde impera el principio de gratuidad, así como
publicaciones administrativas y de la Sala Constitucional sin
costo alguno.

       2. Con fecha 24 de marzo del año anterior, el
licenciado Nelson Loaiza Sojo, en ese entonces Director General
de la Imprenta Nacional realizó a la Procuraduría General de la
República, una consulta en relación con la gratuidad de dichas
publicaciones.

       3. El 5 de mayo anterior, la Procuraduría General de la
República emitió el Dictamen C-094-2010, el cual, en lo que
interesa señala:

      "De conformidad con lo antes expuesto, es criterio de la
Procuraduría General de la República, que:

       1. La gratuidad de la justicia garantiza una tutela
judicial efectiva a las personas que, por sus condiciones
económicas o sociales, tienen dificultades para el acceso y
permanencia en el proceso judicial. En ese sentido, garantiza a
determinadas personas el poder actuar como actor o
demandado en el proceso jurisdiccional sin tener que sufragar
determinados gastos.
       2. El alcance de la gratuidad es determinado por las
normas que crean la asistencia o auxilio de que se trate, norma
que debe ser de rango legal, porque involucra un derecho
fundamental (el acceso a la justicia) y constituye una excepción
a los principios generales en orden al proceso y su costo.

        3. Por consiguiente, para determinar el alcance de la
gratuidad debe estarse a cada ley procesal, que precisa si la
gratuidad comprende las especies fiscales, timbres, costas
procesales y personales, asistencia legal, o los gastos de
publicaciones que se ordenen en el proceso - entre otros- o bien,
si solo comprende algunos de dichos gastos.
        4. La dispensa del pago de las tarifas que cobra la Junta
Administrativa de la Imprenta Nacional requiere de ley que lo
autorice. No existe un principio de la prestación gratuita de los
servicios de la Imprenta Nacional.
        5.   Conclusión que reafirma la personalidad
presupuestaria de la Junta Administrativa, su competencia para
fijar tarifas y destinar estas tarifas exclusivamente al
mejoramiento de la Imprenta.
       6. Se sigue de lo anterior que para que la Junta dispense
el pago de la publicación de un edicto en el Boletín Judicial
debe contar con autorización de ley. Ergo, una ley debe
establecer que los edictos en una materia determinada no
originarán pago de las tarifas de la Imprenta.
       7. En ausencia de esa ley, y puesto que la publicación de
los edictos concierne la función jurisdiccional, el costo de estas
publicaciones debería ser financiado por las partidas
presupuestarias que financian la función jurisdiccional del
Estado. Por ende, incluirse en la Ley de Presupuesto de la
República."

        4. Es por lo anterior que el Poder Judicial con oficio
754-DE/AL-10, presentó recurso de adición y aclaración a dicho
Dictamen con el propósito de que se aclarara y adicionara dicho
dictamen en el sentido de que “...no corresponde únicamente al
Poder Judicial como parte del Estado, garantizar el principio de
gratuidad, en este caso en cuanto a la publicación de edictos, ya
que la Imprenta Nacional como Institución especializada del
mismo Estado en este campo, tal y como lo hizo por más de 100
años, debe igualmente traducir en acciones de manera
coordinada con el Poder Judicial para que el acceso a la
justicia no sea nugatorio y en el tanto al ser instituciones de un
mismo Estado deben velar, como usted muy bien lo indica por
que 'la gratuidad de la justicia se plantea en relación con la
función jurisdiccional que, como es bien sabido, es una función
del Estado'”. A la fecha, dicho recurso no ha sido resuelto.

       5. Si bien a hoy no se cuenta con la ampliación de
dictamen solicitada, el Poder Judicial consideró prudente iniciar
negociaciones con la Imprenta Nacional para suscribir un
convenio interinstitucional para eximir a la institución de dichos
pagos a cambio de que el Poder Judicial otorgue exclusividad a
la Imprenta Nacional para que le brinde servicios de impresión y
artes gráficas como cuadernos, agendas, formularios, entre otros,
que ordinariamente son contratados a la empresa privada ante la
falta de capacidad técnica u operativa de nuestro Departamento
de Artes Gráficas.

       6. Es así, como en fecha 31 de agosto del año pasado,
se envió un primer proyecto de convenio, no obstante, con correo
de 13 de setiembre, la licenciada Gabriela Luna, de la Asesoría
Jurídica de la Imprenta Nacional realizó una serie de
observaciones a la propuesta. Posteriormente, el 5 de octubre se
remitió una nueva propuesta, sin embargo con fecha 29 de ese
mismo mes, fue rechazada por el licenciado Jorge Luis Vargas
Espinoza, actual Director General de la Imprenta Nacional. El
12 de noviembre se envió un nuevo proyecto de Convenio y
ante la falta de respuesta, el 22 de noviembre se solicitó una
reunión al licenciado Mario Zamora Cordero, Viceministro de
Gobernación y Policía con el propósito de valorar la posición de
la Imprenta Nacional y procurar llegar a un acuerdo. No
obstante, el 24 de noviembre el licenciado Vargas Espinoza,
ordenó cobrar al Poder Judicial por las publicaciones, con la
salvedad de que si no se pagaban, no se tramitarían, lo que
obligó solicitar al señor Viceministro el trámite de las
publicaciones en tanto se encontrara una solución al problema y
se suscribiera el convenio. Posteriormente, se realizaron dos
reuniones con personal de la Imprenta y del despacho del
Viceministro para valorar el tema.

        7. Con fecha 15 de diciembre anterior, se recibió el
oficio DVG-1434-10, mediante el cual el Lic. Mario Zamora
Cordero, Viceministro de Gobernación, remite un nuevo
proyecto de convenio, el cual no es compartido por el Poder
Judicial debido a que en primera instancia señala que el Poder
Judicial debe hacer frente a una deuda por concepto de
publicaciones, la cual en criterio de esta Dirección a la fecha no
existe, ya que no se cuenta con la ampliación de criterio
solicitada a la Procuraduría, por lo que no existe un criterio final
o definitivo que de fundamento a la deuda. Además, comprende
la exoneración del pago sólo de aquellas publicaciones de
materias gratuitas y no las demás publicaciones que a la fecha se
hacen sin que el Poder Judicial deba asumir pago alguno.

      8. Si bien el Poder Judicial ha sido proactivo en la
consecución de un acuerdo que beneficie a ambas instituciones,
esto ha sido difícil por la posición rígida de la Imprenta
Nacional, la cual se ve reflejada en el acuerdo tomado por su
Junta Administrativa en la Sesión Ordinaria N° 375 del 9 de
diciembre anterior el cual se transcribe a continuación:

       "El criterio de la Procuraduría General de la República
donde determina que el Poder Judicial tiene la obligación de
pagar las publicaciones y ediciones que realicen en el Boletín
Judicial aún y cuando estas estén cubiertas por el principio de
gratuidad.
       Toma el acuerdo (firme) 5853-12-10 de:
       a) Informar al Poder Judicial que debido a que la Junta
Administrativa y el Director General no tienen capacidad
jurídica para condonar y/o exonerar trabajos ya efectuados por
lo que procede en este caso es realizar el pago de estos trabajos.
       b) Establecer como fecha máxima para facturar trabajos
del Poder Judicial el 01 de febrero del 2011. Por lo que a partir
de esta fecha no será factible la emisión del Boletín Judicial,
hasta que se realice un convenio donde se definan estos términos
de referencia.
       c) Solicitar al Director General el envío de un borrador
de convenio a la mayor brevedad posible al despacho del señor
Viceministro de Gobernación y Policía, para someterlo
inmediatamente a las más altas autoridades del Poder Judicial
como un punto de encuentro.
       d) Valorar la posición que de no poderse llegar a un
convenio entre las partes, lamentamos tener que informar, la
suspensión de la publicación del Boletín Judicial a partir del 01
de febrero del 2011. En razón de la falta de la sostenibilidad
económica que esta Imprenta Nacional no puede asumir como
propia.”

       En virtud de lo anterior y ante la amenaza de suspender
las publicaciones a partir del próximo 1 de febrero, hemos
valorado la posibilidad de asumir la publicación de un Boletín
Judicial Electrónico, el cual sería de libre acceso y se ubicaría en
nuestra página Web, lo cual desde el punto de vista técnico y
operativo se considera factible. La edición de dicho Boletín
estaría a cargo del Departamento de Artes Gráficas y se
conformaría con las publicaciones que envíen los diferentes
despachos judiciales. En dicho Boletín se publicarían tanto los
edictos de materias gratuitas como las onerosas, ya que no se
evidencian costos nuevos para la institución relacionados con
papel o tintas, ya que el medio de comunicación sería digital.

       Al respecto, se debe señalar que el artículo 98 y siguientes
del Reglamento Autónomo de la Organización Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, aprobado por la Corte Plena
en sesión celebrada el 17 de diciembre del 2007, artículo XXVIII
precisamente, prevé la posibilidad de crear este medio de
comunicación electrónico.

        Sin lugar a dudas la implementación de este Boletín
traería grandes beneficios a los usuarios por su libre acceso, así
como por no tener que asumir costos de publicación, aunado a
que resulta conteste con la política institucional de disminuir el
consumo de papel. Es por esto, que se solicita autorización para
asumir la publicación del Boletín Judicial electrónico a partir del
1 de febrero próximo. Esta Dirección está elaborando un
       procedimiento, el cual será comunicado oportunamente a todos
       los despachos y servirá de guía de canalizar adecuadamente las
       publicaciones.”
                                  -0-

      Asimismo, en oficio N° 175-DE-2011 de 13 de este mes, el

licenciado Jones León, en su expresado carácter, agregó:

             “En adición al contenido de nuestro oficio 71-DE-2011,
       mediante el cual se propone a la Corte Plena autorizar la emisión
       de un Boletín Judicial Electrónico, resulta importante indicar que
       esta decisión tendría fundamento en el artículo transitorio de la
       Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta
       Nacional, el cual a la letra indica “Se autoriza al Poder Judicial
       para que, en el momento que lo estime conveniente, se haga
       cargo de la impresión del "Boletín Judicial" en su propia
       imprenta.”

             Por otra parte, la Procuraduría General de la República en
       Dictamen C-168-2010, ante consulta planteada por la Imprenta
       Nacional sobre los diarios oficiales en formato electrónico,
       indicó “5) A efecto de que se produzca la plena equivalencia
       entre la publicación electrónica y la publicación impresa se
       debe garantizar la autenticidad, integridad y conservación de La
       Gaceta como documento electrónico. 6) En la publicación
       electrónica de La Gaceta se deben adoptar las medidas de
       seguridad necesarias para garantizar estos aspectos y, en
       general, la inalterabilidad, la posibilidad de acceso y consulta
       por parte de toda persona en todo momento y espacio y la
       conservación por los medios que resulten pertinentes. Aspectos
       que son objeto de regulación por norma jurídica. Por lo que lo
       procedente es incluir en el Reglamento a La Gaceta o en una
       norma de rango superior las disposiciones necesarias en orden
       a la seguridad y accesibilidad de la referida publicación."

             Sobre el particular, se debe indicar que el Boletín se estaría
       colocando en un sitio seguro de la página Web del Poder Judicial
       debidamente certificado y estaría disponible para todos los
       usuarios que ingresen a la página, lo que garantiza su
       accesibilidad; y a aquellos que no cuenten con ese medio, podrán
       hacerlo en las pantallas de consulta en los vestíbulos de los
       edificios o en las Administraciones Regionales.”

                                  -0-
      Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “La propuesta que nos

hace el señor Director Ejecutivo es para que a partir del primero de febrero

del año en curso, el Poder Judicial asuma la publicación del Boletín

Judicial en una edición electrónica y así se envíe a todos las interesadas e

interesados, así como a todos los diferentes despachos judiciales. En ese

caso no se cobraría por las publicaciones correspondientes al Poder

Judicial.”

      Expresa la Magistrada Varela: “Me preocupa en cuanto a los

destinatarios de este servicio que siempre han tenido a disposición el

Boletín Judicial. Por ejemplo, en el caso de consignación de prestaciones,

se hace la publicación (que es por un término de ocho días), para que se

apersonen interesados e interesadas y es lógico pensar que para los

usuarios/usuarias ese medio de publicación “Boletín Judicial” no es tan

accesible, pero sí más accesible que en medio electrónico. ¿Cómo hacer en

esos casos para que otra población interesada en estos procesos se entere de

esa información? Creo que esto, en alguna medida, se convierte en una

dificultad de acceso a la justicia y tendríamos que valorar estas situaciones.

Les invito a buscar otra solución o, por lo menos, posponer este tema si es

del caso para encontrar otra medida más acorde. Cómo compatibilizamos

ese interés de estas poblaciones con una medida de este tipo. Yo sé que

vamos día a día cambiando, trasladándonos a nuevos sistemas de

administración de justicia y que genera algún problema, pero quiero
mostrar esta gran preocupación y quiero externarla.”

     Interviene la Magistrada Escoto: “Este es un aspecto que me interesa

también, porque indirectamente en el informe del proyecto de ley que se

me dio en consulta incidía. Si bien es cierto no era parte del proyecto, sí es

un aspecto en el cual incide en la organización y servicio de la institución.

Estimo que con las nuevas políticas del Poder Judicial, en cuanto a que no

seamos solo para recibir presupuesto, sino también para generar ingresos, -

en lo cual estoy de acuerdo en asumir esta función-. Sin embargo, para

cuando emití el informe y previamente a hacerlo efectué varias consultas en

cuanto a cómo se estaba realizando hasta la fecha todas las publicaciones

que en el Boletín Judicial deben hacerse y al hablar con el licenciado José

Rubén Dimas Portillo, Jefe del Departamento de Artes Gráficas, me hizo

ver la situación por la que el Departamento a su cargo se encuentra en este

momento. Están de acuerdo en lo que esta Corte defina, porque ya es un

tema que se viene manejando y don José Rubén me indicaba que es un

aspecto sumamente delicado el asumir el Boletín Judicial electrónico,

porque se requiere de personal especializado y constante únicamente

dedicado a ello.

      Yo les hago ver la necesidad de que quizás se obtenga del licenciado

Dimas Portillo sus diferentes inquietudes antes de aprobarlo para contar

con el recurso humano, de maquinaria y de especialización, a fin de poder

cumplir con lo que se nos encarga. De ahí que deje esta inquietud para que,
previamente a definir el tema escuchemos lo que él -hasta me indicó que

estaría anuente a venir a explicarnos-, para ver si se cuenta con el

presupuesto y los insumos necesarios, a fin de cumplir como debe de ser

con la emisión del Boletín Judicial, que es diariamente como debe de

hacerse y como debería también continuarse de parte del Poder Judicial.”

      Señala el Presidente, Magistrado Mora: “Yo también tenía la duda

que usted ha manifestado y se la consulté al licenciado Alfredo Jones León,

Director Ejecutivo, él me indicó que estimaba que se tenían los recursos

humanos y materiales necesarios para hacerlo. Aprovecho que está don

Alfredo aquí para que responda la inquietud que presenta la Magistrada

Escoto y, además, se refiera a la conversación que usted y yo tuvimos en

relación con este tema.”

      Se concede el uso de la palabra al licenciado Jones León, quien

manifiesta: “Como lo explicaba el señor Presidente, tenemos un año de

estar discutiendo el tema con la Imprenta Nacional y ellos insisten en

cobrarnos las publicaciones donde hay gratuidad de la publicación, amén

de las publicaciones administrativas. Propiamente Magistrada Escoto, sobre

lo que le pudo haber indicado el licenciado Dimas Portillo, creo que fue

cuando usted le consultó lo del proyecto de Ley que dio cuenta, porque

estamos trabajando desde el 24 de diciembre anterior, porque la nota se

recibió el 23 de ese mes, y podemos asegurar de que estamos listos para

que el 1 de febrero nosotros podamos salir con el Boletín Judicial
electrónico sin ningún problema.

      En cuanto al acceso a la justicia que señalaba la Magistrada Varela,

tal y como lo indico en el oficio, el Boletín estará en la Intranet, entonces

los interesados pueden ir a los despachos judiciales a consultar si está

publicado el edicto, también en las pantallas de consulta en los vestíbulos,

y en las Administraciones Regionales igualmente podríamos dar ese

servicio. Nosotros aseguramos que por acceso a la justicia no habría ningún

problema. De hecho estimo que no debemos llevarnos a engaño. Los

edictos en estos momentos por consignación de prestaciones, etcétera,

¿quién los ve?, el que lleva el proceso nunca es el interesado (no es él el

que va a ir a la Imprenta a Correos de Costa Rica a comprar el Boletín

Judicial), por lo general es el abogado u abogada que lleva el asunto. La

idea es que aparezca en la Internet e intranet, entonces los consultores

jurídicos tendrían acceso de la misma manera las bibliotecas a la página

Web del Poder Judicial. En la cara de la página Web podríamos un icono

bien claro que diga Boletín Judicial Electrónico. De hecho yo en la nota

creo que cometí la omisión de no ser claro, pero me parece que esta Corte

debería igualmente rechazarle el cobro de los ¢7.000.000,00 (siete millones

de colones) que nos está haciendo la Imprenta, porque según ellos el año

pasado nos dieron la deferencia de seguirnos publicando mientras se

resolvía el tema, que de paso la Dirección Ejecutiva le presentó una adición

y aclaración a la Procuraduría General de la República del criterio, ¿en qué
sentido?, en el sentido de que se diga, porque doña Magda Inés Rojas en su

criterio lo que hace es decir: “Poder Judicial es el que tiene que pagar”,

nosotros creemos que si alguien tiene que pagar es el Estado como un todo.

Me parece muy extraño que por un lado el Poder Judicial saque la plata

para dársela al Ministerio de Hacienda, entonces quiere decir “que saca de

una bolsa para ponerla en la otra”, que es la Imprenta Nacional, y en este

último comentario que reitero es tan esencial, en uno de estos proyectos de

ley que hay de darle gratuidad al Poder Judicial en las publicaciones, se

dice que la Imprenta Nacional más bien tiene un superávit de más de

¢100.000.000,00 (cien millones de colones). El Boletín Judicial y la Gaceta

no son medios que en estos momentos le produzcan pérdidas a la Imprenta

Nacional, más bien todo lo contrario.”

     Prosigue la Magistrada Varela: “Considero que es importante cubrir

todas las áreas para garantizar el buen servicio. Yo estaría de acuerdo en

que apruebe hoy esta solicitud, pero agregándole un compromiso de la

institución en este sentido, en que se dé difusión por todos los medios o

emitir alguna publicación indicándole a toda la población en general que a

futuro, cada vez que se produzca el fallecimiento de una persona de la clase

trabajadora, tengan presente que las publicaciones para convocar a

herederos o interesados en consignación de prestaciones se publicará en el

Boletín Judicial Electrónico.

      Con lo anterior buscar la mayor cobertura para que la institución
logre ese objetivo de permitir el acceso a la justicia y no que se den las

sorpresas que pueden darse. Es cierto lo que dice don Alfredo que en

muchos casos hemos visto que la gente no ve el Boletín Judicial, pero una

gran mayoría al menos se entera por otro que lo contó, entonces son pocos

los casos en que históricamente hemos visto en que una persona retira las

prestaciones y después viene uno de los interesados que tenía mejor

derecho y por ese motivo hay que ir a un juicio ordinario para recuperar la

suma entregada. Recuerdo el caso de una señora en esos términos, había

retirado muchos millones, y después dijo “bueno yo le puedo pagar, está

bien, pero se lo devuelvo a ¢500 (quinientos colones) por mes”, eso no

podemos permitirlo como institución. Debemos de tomar todas las medidas

precautorias para evitar ese riesgo y hacerlo ver así a la población, es más,

si es del caso yo misma me ofrezco para actuar en ese sentido, porque es un

área que tiene que ver con lo social, y talvez pueda aportar lo que se pueda,

pero sí considero que hay que hacerlo.”

     Refiere el licenciado Jones León: “De hecho Magistrada Varela, si la

Corte así lo dispusiera hoy, la idea nuestra es sacar una publicación en

todos los medios de comunicación nacional diciendo: “Que a partir del 1

de febrero el Boletín Judicial es electrónico”. Aprovechando que aquí está

la licenciada María Isabel Hernández Guzmán, Jefa del Departamento de

Prensa y Comunicación Organizacional, igualmente le daríamos la mayor

difusión. Nos comprometemos a poner en los edificios rótulos grandes que
digan: “Aquí puede usted consultar”, y también mandarle al INAMU y a

otras serie de instituciones públicas, como la Defensoría de los Habitantes,

etcétera, que el Boletín Judicial está en tal sitio y que puede ser consultado,

etcétera, para que de hecho tenga la mayor difusión posible.”

      Indica el Magistrado Aguirre: “Yo sé que hay interpretaciones en el

sentido de que nosotros tenemos que pagar por estas publicaciones. Yo

discrepo con esto porque el periódico oficial La Gaceta es uno solo. Está

creado por una ley, pero el Boletín Judicial no, no existe ninguna

disposición legal que crea el Boletín Judicial. Me parece haber visto en

alguna parte, que fue como en el año 1892, que hubo una decisión de

publicar lo del Poder Judicial en una separata dentro de La Gaceta, porque

era parte del periódico oficial y de ahí en adelante se siguió haciendo así.

Incluso vendiendo en forma separada a los abogados y abogadas. Algunos

de ellos compraban La Gaceta y el Boletín Judicial y otros solo compraban

el Boletín Judicial y así se siguió haciendo. Comparto también la

apreciación que hace don Alfredo, que se trata de una interpretación poco

práctica, porque venir a establecer que nosotros tenemos que pagar eso, las

publicaciones gratuitas, es decir al Estado como usted lo indica “saque de

una bolsa para pasar a la otra”. Es decir, es complicar las cosas, pero ahí

tenemos ese tipo de interpretaciones que nunca faltarán. Sí me preocupa

que esas publicaciones se hacen en el Boletín Judicial, o sea en el periódico

Oficial porque la ley lo manda de esa manera. Nosotros vamos a buscar
donde dice que hay que hacer un aviso de esto, por ejemplo, los remates en

materia laboral y familia creo que son gratuitos, pero ahora seguro

tendremos que pagarlos nosotros, los avisos de remate, y el Código

Procesal dice que eso se publica en el Boletín Judicial y no podríamos

variar esa ley diciendo que en adelante lo vamos a publicar en la Intranet,

porque no estaríamos cumpliendo con un requisito legal para la validez de

la actuación posterior. Igual nos sucedería con los avisos para la

distribución de prestaciones de trabajadores fallecidos que decía la

Magistrada Varela, aunque yo sé que nadie lee el Boletín Judicial, pero

para efectos de validez de la actuaciones posteriores nos van a decir “mire

no se cumplió con el requisito que dice la ley de haber publicado este aviso

en el Boletín Judicial, porque ustedes lo publicaron en la Intranet, y la

Intranet no es del Boletín Judicial.”

      El Presidente, Magistrado Mora consulta: “Solamente para que me

aclare. Lo que ha dicho la Procuraduría General de la República y lo que

señala la Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta

Nacional, es que hay autorización legal al Poder Judicial, para que en el

momento en que lo estime conveniente se haga cargo del Boletín Judicial.

Entonces se trata del mismo Boletín Judicial, pero bajo responsabilidad del

Poder Judicial. Claro que habría que hacer una publicación señalando que

en ejercicio de lo dispuesto por el transitorio de la Ley de Creación de la

Junta Administrativa de la Imprenta, el Poder Judicial se hará cargo de la
publicación del Boletín Judicial en los términos señalados.”

     Interviene el licenciado Jones León: “De hecho la idea nuestra es que

la fachada, o sea, la carátula del Boletín sea idéntica, no tiene porque

cambiar, eso es nuestro, es el medio de comunicación del Poder Judicial.

Lo único es que no va a salir en papel sino por medio electrónico.”

      Indica el Magistrado Jinesta: “Me parece un proyecto interesante,

pero quiero dejar manifiesto una preocupación que es el tema que ya en

otras ocasiones lo he dejado patente en la Corte, sobre la brecha digital o de

la infoexclusión. No todas las personas tienen acceso a las nuevas

tecnologías de la información y comunicación. Si pensamos en grupos en

desventaja, por ejemplo, los indígenas, sectores que están por debajo de la

franja de pobreza o en pobreza extrema, pues esos sectores de la población,

que imagino que muchos en ocasiones son usuarios del servicio público de

administración de justicia, tendrán que acudir a las publicaciones y demás,

pero no podrán verificar el tema porque no tienen acceso a una interfase,

como podría ser una microcomputadora o una computadora de escritorio lo

que sea. De tal manera que habría que pensar en esas hipótesis donde a

estas personas se les facilite por otros medios físicos y los convencionales,

la posibilidad de acceder a esta información, como se ha establecido en

todas las legislaciones del mundo, donde se ha digitalizado o

informatizado, por algún tipo de información que siempre quede la

posibilidad para algunos sectores de la población de utilizar los medios
convencionales o físicos. Dejo nada más esta inquietud porque me

preocupa la infoexclusión o digamos ampliar la brecha digital a través de

este interesante proyecto, de tal manera que habría que buscar las

compensaciones del caso.”

     Dice la Magistrada Escoto: “Como integrante de la Subcomisión de

Indígenas y de la Comisión de Agrario ese es un aspecto que me preocupa.

Yo quiero también que se me aclare aprovechando que está el licenciado

Jones León, en razón de que una cosa es el Boletín Judicial, el que por

transitorio de la ley que señaló el señor Presidente, le otorga al Poder

Judicial su creación, y me queda una duda si son los mismos gastos e

incentivos que se requieren para emitirlo y si sería asignado al

Departamento de Artes Gráficas al tratarse de un boletín digital o

electrónico y no el tradicional en papel al que estamos acostumbrados y

acostumbradas a ver. Ello porque insisto por la responsabilidad eventual

que pueda tener esta Corte, en que esta confección repercutiría de forma

muy sensible en las labores que también ese departamento está llevando

acabo. Yo lo remito al informe que indiqué, porque me pareció que aunque

no fuera parte del proyecto de ley a consultar, de una vez por todas tocar

este tema que sabía por parte del jefe del Departamento de Artes Gráficas y

por algunas notas que revisé de las conversaciones del licenciado Jones

León con el licenciado José Rubén Dimas, la inquietud de que esta Corte

asuma con base en el transitorio de la citada ley, de que el Boletín Judicial
sea emitido por nosotros, lo cual generaría ingresos y si a eso debemos ir en

varios ángulos. Pero primero quiero que me aclare, si se harían las

observaciones a que se refirió el Magistrado Jinesta las cuales comparto,

para que aquellos grupos aunque minoritarios les resulta imposible poder

obtener de manera digital estos documentos y les digo que hasta abogados

de cierta edad les cuesta tener acceso a estos medios, con mayor razón

agricultores y personas indígenas que no es este el medio común, ni que lo

será a corto plazo. Asimismo se me explique en cuanto al personal que se

requiere, los insumos económicos para realizarlo digital y también el

tradicional en papel.”

      Prosigue el Presidente, Magistrado Mora: “Podríamos ensayar

muchas formas de darle trámite a este asunto. Me parece que lo que

podemos hacer es aprobar en principio la propuesta, pero pedirle a la

Administración que nos proponga un reglamento en el que se regulen todas

las materias de que hemos estado hablando y una vez aprobado ese

reglamento, se haga una publicación señalando como sería que vamos a

enfrentar esta solución. Estimo que tratándose de este tema es posible que

nosotros emigremos a una solución digital, pero considero que todos esos

temas que han sido planteados sean de previo resueltos y para eso se puede

hacer un reglamento.”

     Consulta la Magistrada Escoto al Presidente, Magistrado Mora: “Pero

entonces acláreme el lapso, porque estamos casi finalizando enero y a
febrero parece que se alargaría.”

     Responde el Presidente, Magistrado Mora: “Yo no estoy proponiendo

que lo hagamos a partir del primero de febrero, sino que primero

aprobemos el reglamento y una vez que lo hayamos hecho, nos hacemos

cargo de la publicación del Boletín. Por ahora se continuaría en la forma en

que lo estamos realizando, lo que debemos analizar es la forma en que

podamos pagar, si es que efectivamente debemos hacerlo.”

      Señala el licenciado Jones León: “Me parece bien su propuesta, no

hay ningún problema, pero entonces mi sugerencia sería que ustedes le

comuniquen a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional dos cosas.

Una que vamos a esperar el pronunciamiento de la adición y aclaración que

se le hizo a la Procuraduría para que se diga si nosotros como Poder

Judicial somos los que tenemos que pagar o es el Estado como un todo. El

segundo punto sería avisarles que a partir del primero de julio del año en

curso, el Poder Judicial se hará cargo del Boletín Judicial Electrónico.

Eventualmente eso nos puede ayudar a que ellos cambien de criterio.”

     Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “Me parece que lo mejor

es tener el reglamento aprobado. Ahora lo que podemos hacer es señalarle a

la Imprenta Nacional que hemos tenido esta discusión y que estamos de

acuerdo en tomar esa obligación, pero una vez aprobado el reglamento, sin

fijar una fecha todavía. Su petición es que se aclare el pronunciamiento que

se hizo a la Procuraduría, pero si después la Procuraduría nos contesta que
no, que tenemos que ver cómo pagamos.”

      Agrega el licenciado Jones León: “Pero habría que decirle a la

Imprenta Nacional que nos tiene que seguir publicando, mientras no salga

el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.”

      Añade el Presidente, Magistrado Mora: “¿Lo disponemos de esa

forma?”

      Sin objeción de las señoras Magistradas y los señores Magistrados

presentes, se acordó: Aprobar la propuesta del Presidente, Magistrado

Mora, por ende: 1.) Solicitar a la Dirección Ejecutiva que elabore un

proyecto de reglamento para la emisión de un Boletín Judicial Electrónico,

que regule todas las materias conforme a las observaciones externadas por

las señoras Magistradas y los señores Magistrados que hicieron uso de la

palabra. 2.) Hacer este acuerdo de conocimiento de la Junta Administrativa

de la Imprenta Nacional, con la indicación de que este Poder de la

República asumirá la obligación legal que se hace referencia de las

publicaciones en el Boletín Judicial una vez se apruebe el reglamento de

referencia. Al propio tiempo mientras tanto no se tenga respuesta por parte

de la Procuraduría General de la República, en cuanto al recurso de adición

y aclaración interpuesto por la Administración sobre el dictamen emitido,

hacer una atenta instancia a la Imprenta Nacional para que se continúe con

el trámite de las publicaciones del Poder Judicial, conforme se ha realizado

a la fecha. Acuerdo firme.
      A LAS 11,50 HORAS SALE EL LICENCIADO ALFREDO

JONES LEÓN.

                           ARTÍCULO XXVI

      El Magistrado Suplente Enrique Ulate Chacón, en nota de 6 de enero

en curso, manifestó:

                “He sido invitado a participar en una reunión para el
       análisis de la Institucionalidad regional del SICA, los días 21, 22
       y 23, en El Salvador, en mi calidad de especialista en esos temas,
       a fin de aportar ideas para el fortalecimiento del SISTEMA DE
       LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA.

               En virtud de lo anterior, solicito a la Honorable Corte
       Plena, por su digno medio, permiso con goce de salario y
       sustitución, únicamente para el día viernes 21 de enero en curso,
       en el entendido que los organizadores cubrirán el boleto aéreo y
       gastos de estadía.”

                                      -0-

      Informa la Secretaria General de la Corte, que la Magistrada

Calzada, Presidenta de la Sala Constitucional, indicó que concede el visto

bueno a la gestión presentada por el Magistrado Suplente Ulate Chacón.

      Sin objeción de las señoras Magistradas y los señores Magistrados

presentes, se acordó: Conceder permiso con goce de salario y sustitución

el 21 enero en curso, al Magistrado Suplente Enrique Ulate Chacón para

que participe en la reunión para el análisis de la Institucionalidad regional

del Sistema de la Integración Centroamericana, a realizarse en San

Salvador, El Salvador. Se declara acuerdo firme.

                           ARTÍCULO XXVII
      SALE EL MAGISTRADO CRUZ.

      La licenciada Nery Agüero Montero, Jefa de Área de la Comisión

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en oficio N°

CJ-631-11-10 de 29 de noviembre de 2010, solicitó el criterio de esta Corte

sobre el proyecto denominado “Ley para la represión extraterritorial de los

delitos sexuales contra menores cometidas en el extranjero”, expediente #

17.084

      La consulta se remitió a estudio del Magistrado Ramírez, quien en

nota de 16 de diciembre del año recién pasado, rinde el siguiente informe:

              “En atención a su oficio N° 096-2010, de 13 de diciembre
         de 2010, me permito rendir el informe solicitado, del siguiente
         modo:

               La licenciada Nery Agüero Montero, Jefa de Área de la
         Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea
         Legislativa, remite en consulta el proyecto de ley denominado:
         “Ley para la represión extraterritorial de los delitos sexuales
         contra menores cometidas en el extranjero” (sic), que se tramita
         bajo el expediente legislativo No. 17.084.

               El texto original del proyecto de ley ya había sido remitido
         en consulta a esta Corte, la que se pronunció negativamente en
         virtud de su falta de sistematización, entre otros aspectos (ver el
         artículo XXII, adoptado en sesión No. 21-2010, de 13:30 horas
         de 9 de agosto de 2010.

                La propuesta que ahora se conoce enmienda las falencias
         que en su oportunidad fueron apuntadas, ya que solo persigue
         modificar el artículo 7 del Código Penal, añadiendo al catálogo
         de delitos internacionales los “... delitos sexuales contra
         personas menores de edad”. De esta suerte y con arreglo a lo
         previsto en el artículo 8 del mismo texto, para la represión de
         esos hechos punibles se requerirá que el delincuente se halle en
         el territorio nacional y que la acción sea instada por los órganos
         competentes.
                Desde esta perspectiva, no hay objeciones que formular
          contra el proyecto de ley, aunque sí es conveniente variar su
          nombre al de “Ley para la represión extraterritorial de los
          delitos sexuales contra personas menores de edad, cometidos en
          el extranjero”, a fin de ajustarlo a la terminología adoptada por
          las convenciones internacionales.

               De la forma expuesta, dejo rendido el presente informe.”

                                        -0-

      Manifiesta el Magistrado Arroyo: “Según entiendo la consecuencia

fundamental de esta reforma es que el sistema penal costarricense puede

perseguir delitos sin las limitaciones que actualmente tiene la ley, sea que

los autores o las víctimas sean nacionales o extranjeros y que los delitos se

hayan realizado en el territorio nacional o en el extranjero. Lo anterior solo

para tener claro que la esencia de esta propuesta tendría esa consecuencia.”

      Refiere el Presidente, Magistrado Mora: “La única exigencia sería de

que el autor de los hechos se encuentre en el territorio nacional, eso no

varía.”

      Se acordó: Tener por rendido el informe del Magistrado Ramírez,

acogerlo como propio de esta Corte y hacerlo de conocimiento de la

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en

respuesta a la consulta formulada. Se declara acuerdo firme.

                                           -0-

      A las 11,55 horas se suspende la sesión y se reanuda a las 14,00

horas, con la asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente;
Rivas, Solís, León, González, Escoto, Aguirre, Villanueva, Varela,

Vega, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Chinchilla, Arias, Armijo,

Jinesta, Cruz, Castillo y la Suplente Rosa Esmeralda Blanco

Matamoros ocupando la plaza vacante de la Sala Constitucional.

                          ARTÍCULO XXVIII

      ENTRA LA MÁSTER MARTA ASCH CORRALES, JEFA DEL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN.

      La máster Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de

Planificación, en nota de 14 de enero en curso, manifestó:

            “A efecto de que la Corte Plena, se pronuncie sobre la
       metodología a utilizar para la formulación del presupuesto de
       2012, me permito comentarle los siguientes aspectos:

            PLAZAS

             En el Proyecto de Presupuesto del 2011, se habían incluido
       una cantidad considerable de plazas, sustentadas la gran mayoría
       en estudios técnicos; no obstante, por limitación presupuestaria
       prácticamente todas las plazas que eran completamente nuevas,
       fueran ordinarias o extraordinarias” se suprimieron. Entre plazas
       y otros requerimientos de inversión y operación fueron
       recortados poco más de 16.000.000.000.

            En esta ocasión se habían incluido recursos para varios
       proyectos, entre ellos:

                   Extender la experiencia de la materia de pensiones
       alimentarias desarrollada en el Primer circuito Judicial de
       Alajuela a otros despachos especializados.
                   Crear despachos especializados en Cobro en otras
       regiones
                   Elección de dos circuitos judiciales, a los cuales se
       les daría cierta preferencia presupuestaria, estos fueron Heredia y
       Puntarenas.
                   Se completó la dotación de recursos que había
quedado pendiente del 2010 para los circuitos judiciales Primero
de Alajuela y Primero de la zona Atlántica.
           Creación de varias oficinas nuevas.

     El trabajo desarrollado en los estudios de plazas para el
2011 fue arduo, conllevó un gran esfuerzo de muchas personas,
que finalmente simplemente se tuvo que dejar de lado. No
obstante, este material se constituye en un diagnóstico que
permite visualizar lo que requiere el Poder Judicial, en las áreas
estudiadas.

      En este momento urge decidir la metodología a seguir para
los estudios de plazas, esto por cuanto hemos visto con gran
preocupación la diferencia de criterios que existen al respecto;
por ejemplo hay quienes opinan que ya no deben crearse más
plazas; otros estiman que sólo lo que vaya dirigido a proyectos
muy específicos; otros opinan que deberíamos volver a la
metodología de años anteriores y hacer estudios a todas las
oficinas.

      Otro tema que nos preocupa es que constantemente se
observa la creación de plazas mediante permisos con goce de
salario basados en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, lo cual crea una expectativa y en su mayoría no se
observan planes de trabajo a cumplir por las dependencias
favorecidas; además, por parte del Consejo Superior, nos han
ingresado gestiones para que hagamos estudios particulares de
plazas, lo cual genera otras expectivas y de alguna manera podría
provocar un efecto distorsionador del enfoque que se le debe dar
a los recursos.

      Desde nuestra perspectiva nos permitimos enunciar los
siguientes puntos a efecto de que la Corte tenga una orientación
al momento de discutir el tema y que seleccione aquellos de
mayor prioridad institucional, teniendo claro que por el tiempo
disponible y los recursos esperados, no todos se pueden abarcar:

     1- Revisar las plazas que actualmente se encuentran
extraordinarias por todo el 2011 y recomendar si se deben
mantener o no, sean en esa misma forma o convertirlas en
ordinarias, o bien limitarlas.

     2- Revisar todos los permisos con goce de salario actuales
y que hayan sido otorgados por todo el 2011, a efecto de validar
su permanencia para el 2012.
      Es importante mencionar que los puntos 1 y 2,
prácticamente son de carácter obligatorio.

     3- Para el 2011 se hizo un diagnóstico y se recomendó una
cantidad importante de plazas y creación de oficinas; en este
caso podría valorarse que para el 2012 se mantenga ese
diagnóstico e incorporar las plazas que se suprimieron.

      4- Incluir proyectos especiales, específicamente los
siguientes:

            Pensiones Alimentarias en cuatro despachos
especializados que podrían ser Puntarenas, Heredia, Limón y
Segundo Circuito Judicial de San José.
            Cobro Judicial en tres Circuitos Judiciales
            Impacto de la Ley de Creación del Recursos de
Apelación, a nivel nacional
            Consolidar lo relacionado con Flagrancias
            Impacto de la resolución de la Sala Constitucional
referido a la asistencia legal que debe darse en materia de
Familia.
            Proyecto de Turno Extraordinario con Juez
Genérico, para todas las materias que lo requieran e
implementarlo en un Circuito Judicial como plan piloto.
            Equipos para rediseño de oficinas
            Atención de Víctimas y Testigos
            Impacto de la resolución de la Sala Constitucional
respecto a la materia laboral que debe pasar a conocimiento de la
jurisdicción contenciosa.
            Proyecto de Localizaciones,            Citaciones y
Presentaciones, que conllevan crear las oficinas de
Comunicaciones.

     CONSTRUCCIONES:

       Para el 2011 se había planteado, entre otros, la reserva de
recursos para iniciar con la construcción de edificios en Heredia
y Puntarenas.

           Específicamente se trataba de un proyecto para la
construcción de una “torre penal” en San Joaquín de Flores que
permitiera concentrar las diferentes instancias que participan de
la prestación de ese servicio, se habla aquí de la Fiscalía, la
Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el
Tribunal de Juicio, Juzgado Penal, y cualquier otra dependencia
directamente relacionada, de tal manera que se permita
descongestionar el edificio de la sede de Heredia y dar mejores
condiciones a los despachos que atienden otras materias, así
como las oficinas que se encuentran alquilando local. En
Heredia centro, quedaría una pequeña área de recepción y
atención inmediata en lo penal. Esta iniciativa podría valorar
inclusive, la posibilidad de asumir parte de la jurisdicción de
Alajuela.
            En Puntarenas de había incluido la construcción de
tres edificios, el de Puntarenas Centro, Garabito y Quepos. Se
considera de gran importancia y prioridad el edificio de
Puntarenas Centro, por los diagnósticos que se tienen respecto a
la sede principal, y por la gran cantidad de locales que
actualmente se están alquilando, entre otros.
            Existen otras necesidades que tiene que ver con
regiones como Zona Norte (Upala), Sarapiquí, Cañas, Osa y
Puriscal.

       En importante mencionar que año tras año, se han
incluido recursos para la construcción de edificios; sin embargo,
los ajustes presupuestarios que posteriormente deben hacerse han
exigido suprimir en primer lugar este rubro. Por otra parte, se
tiene la expectativa de obtener recursos mediante otros medios
como podrían ser préstamos o fideicomisos. Es por esta razón
que en materia de construcción de edificios, la Corte debe tomar
una política y establecer si se incluyen o no recursos para
construir; o bien, se encarga a un grupo que con base en las
necesidades expuestas y el plan de construcciones presentado por
el Departamento de Planificación, establezcan las prioridades y
proponga la forma cómo financiarlos; en el entendido de que sea
cual sea la forma, tendrá un impacto y compromiso en los
presupuestos futuros.

     VEHÍCULOS

      En cuanto al cambio de vehículos, si bien está definido que
cada cuatro años deben cambiarse, lo cierto es que esto no es
siempre es posible, por la misma situación presupuestaria. De
igual forma, anualmente se incluye una cantidad importante para
la compra de nuevos automotores, que se ve disminuida, por la
restricción antes comentada.

     INFORMÁTICA

     Cada año, el área de Informática plantea una serie de
proyectos de gran importancia; no obstante, lo cierto es que
igualmente se le recortan los recursos; prueba de ello es que de
lo planteado para el 2011, al final y en forma tajante, se le
recortó el 50% de lo solicitado.

      El Departamento de Tecnología de Información viene
trabajando en una serie de proyectos, algunos desde hace varios
años, que deben ser valorados a la luz de las posibilidades reales
de implementarlos. Es indispensable, identificar aquellos de
mayor prioridad y que se constituyen en la base para el
desarrollo de otros proyectos y el mejoramiento continuo
institucional. A nuestro criterio, uno de estos, quizás el más
importante, es el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos
Judiciales, por considerarse la base de los demás sistemas de
gestión judicial; debe dársele los recursos para implantarlo a
nivel nacional con las mejoras necesarias. Este sistema sirve de
sustento para otros sistemas que se han desarrollado y otros que
se están haciendo, como ejemplo está lo que se refiere al
despacho electrónico, sistema para la toma de decisiones y la
evaluación del desempeño.

     SALARIOS

      Se estima que con base en lo dispuesto por la Corte para el
2011, se han dado reconocimientos salariales importantes a todos
los niveles de la institución, por lo que es de esperar, que la
planilla “vegetativa” no se verá afectada en forma sensible.

     CONSIDERACIONES GENERALES

      Para el presente año, será necesario elaborar un nuevo Plan
Estratégico Institucional quinquenal, del cual próximamente
estaremos proponiendo la metodología a desarrollar, donde se
integren todas las áreas. En esta oportunidad será muy
importante darle pensamiento de hacia donde quiere ir este Poder
de la República, pero teniendo muy claro las posibilidades reales
de desarrollo de los proyectos que se quieran implementar.

      Es de gran relevancia mencionar, que lo que la Corte
disponga sea acatado por los demás órganos institucionales, de
tal forma que todos nos orientemos en una misma dirección y
permitan a las instancias técnicas hacer planteamientos de mayor
impacto. Este aspecto se plantea, porque a pesar de que se ha
intentado dar una orientación diferente al presupuesto en los dos
últimos años, lo cierto es que al momento de analizar los
requerimientos, se adicionan temas que inicialmente no estaban
contemplados, lo cual provoca una distorsión del objetivo que se
quería alcanzar y una dispersión de recursos.
             Esta serie de consideraciones se han planteado, por cuanto
       los recursos institucionales apenas están alcanzado para cubrir
       una planilla casi “vegetativa”. Prueba de ello es que a pesar de
       que para el 2011 se nos aprobaron recursos por encima de lo que
       inicialmente nos había indicado el Ministerio de Hacienda, lo
       cierto es que básicamente implicó una disminución de los gastos
       de operación e inversión, atender la planilla vegetativa y unas
       cuantas plazas direccionadas especialmente al área penal
       (conductores de detenidos).

             Otro aspecto a tener en cuenta, es que el proyecto del
       segundo préstamo Corte-BID, está en su etapa final; y hasta
       ahora, con estos recursos se asumió una parte importante en
       materia de desarrollo e inversión, lo cual ya no se tendrá, y
       significará un impacto sensible para todos los sectores
       institucionales.”
                                    -0-

      Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “Tenemos que resolver

algunos asuntos como Tribunal de Corte Plena, pero la Magistrada Calzada

fue incapacitada hoy en la mañana y se nombró en su sustitución a la

Magistrada suplente Aracelly Pacheco Salazar, por lo que vamos a esperar

que doña Aracelly se incorpore a esta sesión para conocer esos temas.

      Entre tanto doña Marta Asch solicita nos pronunciemos sobre la

metodología a utilizar en la formulación del presupuesto del próximo año.

Ella nos plantea una serie de ideas en relación con el tema de las plazas de

seervidores, de construcciones, de los vehículos, del área informática, los

salarios y unas consideraciones generales. En relación con el tema de la

formulación del presupuesto, el Magistrado Jinesta, en su oportunidad,

había planteado también una solicitud para que modificáramos la forma en

que estamos analizando en Corte el tema del presupuesto y lo dejamos para
analizarlo en otra ocasión. Me parece que podemos empezar con lo que nos

plantea doña Marta Asch y luego plantearíamos el tema del Magistrado

Jinesta.

      Doña Marta nos señala que para el 2011 se hicieron una serie de

estudios en el Departamento de Planificación en relación con las plazas

nuevas, ordinarias, extraordinarias y para la atención que se iba a dar a los

Circuitos Judiciales de Puntarenas y Heredia. El tema de la atención

especial para pensiones alimentarias. El de cobro judicial en tres Circuitos

Judiciales, este sí fue atendido. La Ley de Creación de Recursos de

Apelación. El tema de las Flagrancias. El del impacto en el presupuesto

sobre una sentencia a la Sala Constitucional, referido a la materia de

Familia. El Turno Extraordinario de los jueces genéricos. El rediseño de

oficinas. La atención a las víctimas. El impacto de una resolución de la Sala

Constitucional en relación con la materia laboral y la jurisdicción

contenciosa y el proyecto de Localizaciones, Citaciones y Presentaciones.

Doña Marta lo que nos dice es que le parece que sería conveniente que

nosotros tomáramos una determinación de si nos limitamos a hacer los

estudios en relación con esos temas, y si también damos por válidos los

estudios realizados para el presupuesto del año 2011. Me parece que esa

propuesta de doña Marta resulta atendible, dado que en el presupuesto del

2011 no fueron reconocidas esas recomendaciones que se habían hecho,

dados los recortes presupuestarios a que fuimos sometidos y me parece que
salvo casos excepcionales debidamente justificados, podríamos decir que

utilice el procedimiento que nos propone para el estudio de nuevas plazas,

para el período fiscal del 2012.”

      Indica el Magistrado Arroyo: “Es interés de la Sala Tercera que en

este momento se tome nota de que quizá una de las reformas legales más

importantes que se han aprobado; que entra en vigencia en diciembre del

año en curso y que significará una transformación importante en las

competencias de la Sala y de los Tribunales actuales de Casación, que

habría que ver de qué manera técnicamente se hacen los estudios necesarios

de los requerimientos que van a tener los Tribunales de Apelación antiguos

de Casación. En lo atinente a la Sala Tercera, yo quisiera que se pudiera

incluir en esos estudios que el Departamento de Planificación está

planteado, la necesidad de reforzar lo que es la Sala Tercera.

Independientemente de los requerimientos que vayan a tener los nuevos

Tribunales de Apelación. Esto porque a partir del 2012 va a empezar un

proceso de asumir estos Tribunales de Casación competencias que en este

momento no tienen y la Sala tendrá que enfrentar un reto muy significativo,

como es el de sentar los lineamientos jurisprudenciales en sede de

admisibilidad de qué finalmente se admitirá y que no en la Sala Tercera,

para lo cual habría que reforzar la Secretaría con tres recursos, tres

auxiliares y tres Letrados más, esto es prima facie. Esto tendría que ser

corroborado por el estudio técnico correspondiente. No sé si ustedes le
dieron seguimiento al debate que ha habido en torno a esta reforma, lo

cierto es que ya es una realidad y una crítica importante que se le hizo al

proyecto de reforma, era la posibilidad de que el procedimiento se alargara,

porque en lugar de dos instancias íbamos a tener tres. La propuesta no

prevé o no concibe el asunto como una tercera instancia, todo lo contrario,

estamos volviendo a un recurso de casación bastante más restringido,

formal, que debería entonces en admisibilidad sentar las nuevas políticas

institucionales en esta materia. Por eso es que prevemos que habrá durante

un par de años un efecto fuerte de la gente queriendo convertir la casación

penal en una tercera instancia y nosotros tendríamos que tener un gabinete

de admisibilidad como el que tiene la Sala Constitucional, no digo que de

manera permanente, porque creo que este proceso es de transición, es

temporal y previamente habría que ver cuánto dura, pero creo que no

menos de dos años será necesario en admisibilidad fortalecer a la Sala

Tercera y poder construir los criterios jurisprudenciales, para que el foro y

la comunidad nacional sepan de ahora en adelante qué procede y qué no

procede en materia de admisión de recursos de casación penal. Entendiendo

que va a haber un Tribunal de Apelación, que cumplirá con todos los

requerimientos   constitucionales   y   de   Derecho     Internacional   que

actualmente están entredicho y, que, entonces nosotros requeriríamos poder

contar con los recursos necesarios para enfrentar ese proceso de transición.

De esta forma dejo planteada formalmente esta inquietud, para que al
Departamento de Planificación se le haga ver la necesidad de incluir estas

dos variables: El tema de nuevos Tribunales de Apelación, los que sean

necesarios y el reforzamiento de la Sala Tercera, sobre todo en sede de

admisibilidad que serán dos efectos necesarios que tendremos que enfrentar

en los próximos meses.”

      Señala el Presidente, Magistrado Mora: “Si les parece agregaríamos

la solicitud de la Sala Tercera a la lista que nos envió el Departamento de

Planificación, en relación con los estudios a realizar.”

      Manifiesta el Magistrado González: “No quisiera convertir esto en el

saco de pedidos, pero sí quiero comentar en unos segundos lo que ha

venido pasando en el contencioso. Lo que ha pasado en el contencioso es

que hemos venido echado mano a las plazas de lo escrito, para no aumentar

presupuesto ni plantilla de recurso humano que no queremos. Sin embargo,

de momento no podemos debilitar más la enflaquecida área de lo escrito,

que esperemos se extinga en algún momento y pronto. Lo que pasa es que

el nivel de trabajo viene subiendo y ya no tenemos opción más a recurso

humano de lo escrito y a esto quiero agregar –y aquí es donde viene la parte

tal vez medular-, que el impacto de empleo público que nos corresponda,

nos está produciendo un verdadero atasco. Hay un promedio de ingreso de

1,5% asuntos diarios y, en consecuencia, existe el peligro que pudiésemos

descuidar una y otra materia para no dar abasto. Mi idea es que estudiemos

este tema. Que el Departamento de Planificación se avoque a este tema y
busquemos las soluciones pertinentes, las que sean, pero no descuidarlas.

Un segundo aspecto, autorizado por los compañeros de la Sala y por la

señora Presidenta en ejercicio, que quisiera incorporar, es que por supuesto

se está teniendo una repercusión enorme en la Sala Primera y en la Sala

Primera contamos con los mismos Letrados, la misma gente, lo mismo todo

y comienzan los números verdaderamente inmanejables, que se notan muy

bien en la curva de ascenso tanto de ingreso como de productividad. De tal

manera que yo autorizado por los compañeros de la Sala, haría primero la

solicitud correspondiente a la Sala, que se incluya un estudio del

contencioso de lo que está pasando y un tema que doy por incorporado,

pero que no quiero dejar pasar de lado y es el siguiente. En las propuestas

está el estudio de las plazas extraordinarias, las que están y las que deben

mantenerse ordinarias, eso ya viene, porque de las plazas que hay

extraordinarias ya se ordinariaron un sector, pero para la jurisdicción es

vital que las plazas se transformen en ordinarias para el otro sector. Lo que

se hizo fue tomar una fotografía en aquel momento. También hacer énfasis

en eso que me parece es bien importante.”

      Indica el Presidente, Magistrado Mora: “Agregaríamos también esta

solicitud de la Sala Primera.”

      Interviene el Magistrado Jinesta: “Una consideración habida cuenta

que están haciendo reflexiones sobre el presupuesto. En el caso de la Sala

Constitucional, yo entiendo que la señora Presidenta de la Sala, la
Magistrada Ana Virginia Calzada, le ha hecho el planteamiento, o por lo

menos está en vías de hacérselo, y aprovechando que está doña Marta

Asch, para que se estudie el caso especial de la Sala Constitucional, porque

el tope del crecimiento del 9.5% del Ministerio de Hacienda, con relación a

esa unidad en particular del Poder Judicial, resulta prácticamente

abrumadora, porque no deja que la Sala Constitucional pueda enfrentar la

demanda exponencialmente creciente que hay de justicia constitucional,

porque año a año crece el número de asuntos entrados a la Sala

Constitucional. No digo que el Poder Judicial -digámoslo de una visión

macro- vaya a crecer más allá de los límites que impone el Ministerio de

Hacienda, porque eso realmente es una utopía financiera, pero sí debería de

hacerse el estudio, singular y pormenorizado por cada unidad y,

concretamente aquellas unidades que tienen mayor demanda y que está

acreditado estadísticamente que su demanda crece anualmente, para que

dentro del 9.5% del crecimiento total del Poder Judicial, haya un porcentaje

que pueda atender a esas unidades que tiene demandas crecientes del

servicio de administración de justicia, porque definitivamente el imponerle

el 9.5% a cada unidad del Poder Judicial, tiene algunos efectos

contraproducentes, habida cuenta de la demanda que produce el servicio,

por lo que habría que hacerlo individualmente. Digo yo en el caso de la

Sala Constitucional que es el que conozco de manera relativa. Imagino que

habrá otras unidades del Poder Judicial que están en la misma coyuntura.
Abogaría porque se hagan estudios especiales sobre el particular, porque de

lo contrario, estaríamos ante una distribución inequitativa del presupuesto

frente a la demanda del servicio.”

      Indica el Presidente, Magistrado Mora: “Haríamos constar también la

solicitud que por medio del Magistrado Jinesta hace la Sala Constitucional.

      En relación con construcciones nos señala que se iban a atender

construcciones en Heredia y Puntarenas. Una torre penal en San Joaquín de

Flores, para albergar ahí lo que se refiere al Ministerio Público, la Defensa

Pública, el Organismo de Investigación Judicial y los Tribunales en materia

penal, a efecto de poder dar espacio a los otros Tribunales en el

congestionado edificio que tenemos en Heredia y también en Puntarenas

para atender las necesidades de construcción de tres edificios: Puntarenas

Centro, Golfito y Quepos. Además de otras necesidades que se tienen en

las regiones de Upala, Sarapiquí, Cañas, Osa y Puriscal. Me parece que

resulta conveniente que nos reservemos solamente para eso y ver cómo

podemos resolver las otras necesidades de una u otra manera. Tengo

entiendo que pronto la Comisión de Construcciones nos hará una propuesta

al respecto.”

      Expresa la Magistrada Varela: “El punto 3 de la propuesta planteada

por el Departamento de Planificación dice: “Para el 2011 se hizo un

diagnóstico y se recomendó una cantidad importante de plazas y creación

de oficinas; en este caso podría valorarse que para el 2012 se mantenga
ese diagnóstico e incorporar las plazas que se suprimieron.” Me gustaría

saber si doña Marta Asch nos podría aclarar si en ese estudio de plazas

estaban comprendidas también todas aquellas necesidades de plazas que

aquí en esta Corte se evidenció con un informe que nos dio el Magistrado

Solís, producto de unas visitas que hicieron a diferentes despachos de

jurisdicciones lejanas y se determinó una gran carencia tanto de recurso

humano como de otra naturaleza, porque tenemos que tratar de distribuir

los recursos disponibles de la forma más equitativa y priorizar en aquellos

lugares que así lo requieran.”

      Se concede el uso de la palabra a la máster Asch Corrales, quien

manifiesta: “En cuanto a ese punto en concreto, quiero aclararles que

cuando la Corte aprobó el presupuesto del año pasado, y después vino el

recorte del Ministerio Hacienda y la Asamblea Legislativa, se recortaron

616 plazas de lo que hasta este momento se había diagnosticado. Ahí

incluía a los Circuitos Judiciales de Heredia y Puntarenas y otra gran

cantidad de necesidades que se habían aprobado a través de los informes

del Consejo Superior y no recuerdo si algo adicional había incluido la

Corte. Recuerdo que se habían hecho algunos análisis de las oficinas de la

Zona Norte, que el señor Presidente nos había solicitado. El punto aquí es

que si queremos llegar dentro de cinco meses con un presupuesto muy

elevado, a sabiendas que como sucede todos los años el Ministerio de

Hacienda después nos van a mandar a recortar todas las plazas y otros
recursos, pues vamos a estar en la misma situación que en épocas pasadas.

Con ese diagnóstico lo que les queremos decir es que hay estudios hechos,

inclusive hay planteadas una cantidad muy importante de oficinas nuevas,

de lugares donde el Poder Judicial no está dando el servicio.

      Con respecto a lo que mencionada el Magistrado Jinesta, cuando se

habla de 9.5% de crecimiento para el año 2012, se está hablando solo lo

que son gastos de operación y de inversión en conjunto, porque solo la

planilla del Poder Judicial del 2010 al 2011 creció en un 11.70%. Los

gastos variables son muy pocos en relación con la planilla. Si nosotros

mantuviéramos la planilla vegetativa para el próximo año, eso significaría

que con un 9% de crecimiento en gastos variables y la planilla vegetativa, o

sea, ni una plaza más de lo que en este momento hay, estamos hablando de

un crecimiento alrededor del 12% en forma conjunta. El Ministerio de

Hacienda nos había indicado el año pasado que para el 2011 podíamos

crecer como máximo un 6%. Cuando se presentó el presupuesto del Poder

Judicial íbamos con un crecimiento aproximado de un 20%. Entre las

negociaciones y todo lo que se pudo lograr, al final quedamos con un

11.5% de crecimiento con diez mil millones de colones en plazas

recortadas y otra gran cantidad de gastos variables. Incluso hacerles

mención que la planilla creció más de lo estimado, y que los gastos de

operación y de inversión disminuyeron en relación al año 2010. Esa es la

preocupación de la propuesta que les hemos planteado. Hay todo un
diagnóstico hecho donde existe una gran cantidad de plazas. Incluso a

nosotros nos llega una gran cantidad de solicitudes de plazas y de estudios

de oficinas particulares de diferentes partes del país, por acuerdos tomados

por el Consejo Superior. Nosotros no podemos atender todas esas

necesidades. Lo que aquí estamos pidiendo es que nos den un

direccionamiento para ver dónde nos concentramos con el presupuesto.”

      Señala el Presidente, Magistrado Mora: “Lo que yo entiendo es que

como ya tenemos estudios realizados desde el año pasado, desde el 2009,

para que en el año 2011 tuviéramos esas plazas; plazas que no pudieron ser

creadas y que superan el número de 600, pues que demos como válidos

esos estudios y que nos concentremos en los casos excepcionales que se

vayan presentado.

      En el tema de los vehículos hay que disponer el cambio de los

vehículos que deben hacerse con la fecha establecida de cuatro años y

señalar que anualmente se compran nuevos vehículos porque son así

requeridos en las nuevas obligaciones que se tienen sobre todo en materia

policial.

      En el área informática si hemos optado por nuevas tecnologías, pues

tenemos que darle mantenimiento y fortalecimiento también a lo que ya

tenemos y desarrollar nuevos proyectos. Lo que ocurrió en el año 2011 es

que la inversión la redujimos en un 50 % en esta materia. Esto quiere decir

que estamos en un déficit para este año de un 50 % y las necesidades del
próximo año, entonces para que tengamos claro que en materia informática,

se tendrá que hacer un esfuerzo necesario para poder mantener lo que a este

momento tenemos y las nuevas necesidades que se vayan produciendo.

      En el tema de salarios a este momento hemos cubierto el aumento

producto del reconocimiento que hemos venido haciendo a toda la

población judicial. En este año estamos terminando con el resto del

funcionariado. Lo que es de esperar es que nosotros en el próximo año

apenas que crezcamos vegetativamente en la planilla. Doña Marta Asch

hace una serie de consideraciones reales, que me gustaría que mejor las

explique doña Marta.”

      Hace uso de la palabra la máster Asch Corrales, quien expresa: “A

nosotros nos preocupa mucho el tema del presupuesto y es de gran interés

que la Corte nos defina hacia dónde quiere que se dirija esta institución, de

acuerdo a las posibilidades reales de desarrollo y de llevar a cabo los

proyectos propiamente. Sé que hay muchas iniciativas a nivel de la

institución que son muy importantes, pero lamentablemente no todas se

pueden hacer y lo que sucede es que al final cuando se aprueba el

presupuesto y viene el recorte resulta ser que, por ejemplo, en informática

simple y sencillamente se tuvo que recortar el 50% de todos los proyectos.

Es muy importante tener presente que ya lo que es el préstamo Corte-BID

se termina y hasta ahora una parte importante de lo que es la inversión se

había recargado en ese proyecto, para los años venideros ya no va a existir
ese soporte, o por lo menos, todavía no se ha identificado ninguna fuente de

financiamiento adicional, que nos permita avanzar en los diferentes

proyectos de la Institución. Los recursos nuestros apenas están alcanzando

para cubrir una planilla vegetativa que, como les decía ahora, los gastos de

operación de la institución para el 2011 más bien disminuyeron con

respecto al 2010, porque la planilla de nosotros cada vez es más pesada y

demanda más recursos y más gastos de operación, sin embargo, nos

estamos restringiendo. El gobierno está llamando la atención con respecto a

los gastos y está recortando y no está autorizando la creación de plazas. Y

nosotros a pesar de que tengamos necesidades y que estas sean muy

válidas, con sustento en estudios técnicos y que sabemos que hay muchas

otras que por falta de tiempo no podemos abarcar, lo cierto es que los

recursos no están alcanzando. Esta Corte debería en una forma

mancomunada y poniéndose de acuerdo en pactar o decir vamos a hacer

estos y estos proyectos, y que no suceda como de alguna manera nos pasó

para el año 2011, que al final salen una gran de estudios y el Departamento

de Planificación tiene que hacer estudios a veces de un día para otro o con

dos días recolectar la información donde sea para justificar un informe y

que posiblemente se están quedando cosas por fuera.

      Nos preocupa mucho también la parte de permisos con goce de

salario. En nuestro criterio una cantidad importante de permisos con goce

de salario no necesariamente cuentan con un plan de trabajo o alguna forma
de rendir cuentas las oficinas en las que se dan esos recursos adicionales,

para poder tomar algún tipo de decisión al respecto y esto genera

expectativas en las oficinas. Una vez que se les otorga un permiso con goce

de salario es muy difícil retirar ese recurso.

      Especialmente las plazas nuevas que se dieron para el año 2011

estaban concentradas en los Juzgados de Cobro en Alajuela y Cartago, pero

inclusive hasta por seis meses y unas plazas de conductores de detenidos.

Básicamente eso fue lo que se dio en plazas nuevas, todo lo demás era lo

que ya existía. Lo que nosotros le estamos solicitando a la Corte es que a

sabiendas de que hay otras necesidades, nos permita a nosotros

concentrarnos en lo que estamos planteando o cualquier otra situación que

ustedes dispongan, pero que inclusive en el propio Consejo Superior tengan

claridad que nosotros no vamos abarcar otro tipo de informes de oficinas

pormenorizadas, porque necesidades hay en todas las oficinas. La

justificación y yo entiendo muy bien lo que nos dice el Magistrado Jinesta,

pero esa misma justificación la tienen la mayoría de las oficinas del país, y

para nosotros es imposible hacerle un estudio específico a cada una de las

600 o 700 oficinas que existen en el país para llegar a eso.

      Otro punto importante es que de alguna manera lo que es el tema de

la distribución de los recursos, es una preocupación para el departamento,

porque los recursos se están desplazando hacia lo que son temas penales y

consideramos que son justificados, en eso queremos ser claros, pero
también, hay otras materias que se están quedando rezagadas, porque nos

dan los recursos si son para víctimas, para flagrancia, para proyectos

especiales como por ejemplo el tema que viene ahora de los Tribunales de

Casación y son aspectos que hay que cubrir necesariamente, pero los otros

sectores han quedado rezagados en su desarrollo. Nosotros creemos que

concentrándonos en algunos de estos temas, el departamento podría

dedicarse a desarrollar ahora sí los modelos de despacho y bajo una

directriz de que con lo mismo haciendo más, tratando de racionalizar ese

tema. Por eso es que hemos hecho estos planteamientos y también estar

muy claros que hay que concentrarse en este tipo de directrices y no entrar

en áreas nuevas, porque cada vez que uno abre una puerta aparecen otros

problemas, pero no tenemos la capacidad ni operativa ni presupuestaria,

que sería la más importante en todo caso, para poder abarcar esas áreas y

seríamos irresponsables en recomendar algo que sabemos desde antemano

que no será posible.

      En materia de construcciones ahí lo dice el informe. Cada año se

incluye un presupuesto para construcciones grandísimo, pero a como se

incluye se saca, es lo primero que se recorta. Escuché decir que la

Comisión de Construcciones ya está haciendo un planteamiento al respecto,

para efectos nuestros en este tema creemos que es muy importante definir

los dos o tres edificios a construir, pero primero tenemos que tener claro de

dónde vamos a sacar los recursos, porque es una realidad que del
presupuesto ordinario del Poder Judicial esos recursos no pueden salir y

tampoco podemos comprometernos a construir cinco o seis edificios,

porque no tenemos la capacidad operativa ni presupuestaría y después

empezar a cubrir préstamos que ya serían obligaciones fuertes para la

institución. Lo mismo en el tema de vehículos y todo lo que es la parte de

inversión. Cuando el área informática presenta su presupuesto todos los

proyectos son importantes, pero resulta ser que cuando viene el recorte

presupuestario se recorta todo, entonces todo queda a medias. Por eso es

que no podemos caminar a la velocidad que quisiéramos.

      Para el Plan Estratégico 2012-2017 próximamente le estaremos

proponiendo la estrategia que vamos a seguir, pero es muy probable que en

materia de construcciones, que es el ejemplo que se me viene ahora, es

decir, bueno definidos los dos proyectos lo primero que hay que conseguir

son los recursos y de acuerdo a las prioridades técnicas, porque hay un

estudio técnico ya hecho, pero también entiendo que hay una prioridad

política a la hora de cubrir algunos proyectos y eso es algo en lo que esta

Corte deberá fijar y lo mismo en cuanto al crecimiento y el desarrollo que

esta institución quiera tener.”

      MIENTRAS SE HALLABA EN USO DE LA PALABRA LA

MÁSTER MARTA ASCH CORRALES, ENTRÓ EL MAGISTRADO

CRUZ.

      Interviene el Magistrado Chinchilla: “Yo siempre me he manifestado
en contra de lo que es el direccionamiento de un presupuesto determinado

para dos circuitos judiciales específicos. Yo no sé si las bondades que tenía

ese plan qué resultados han sido positivos o no, porque muchas veces lo he

escuchado y de alguna forma me han comentado, las personas piensan de

aquí a cuatro años en todo lo que van a necesitar y eso puede producir un

inadecuado manejo de los recursos, no aprovechables en su momento y que

pudiera pensarse que esa distribución en esos dos circuitos, tal vez no

resulte tan importante. Por ejemplo, Limón requería más de lo que se

pensaba, entonces hubo que reacomodar algunas piezas. No sé si las

bondades de ese sistema y las consecuencias que se han dado han sido del

todo positivas, como para seguir pensando en esa distribución en dos

circuitos.”

      Expresa la máster Asch Corrales: “Dentro de las propuestas que hizo

el Departamento de Planificación en su momento iban esas. Estimo que esa

es una buena propuesta en el tanto se cumpla los supuestos bajo los cuales

se hizo. Por ejemplo, cuando se definieron los recursos para Limón al final

hubo que recortar también, a pesar de que era un circuito preferencial y

para el presupuesto del 2011 se completaba lo que se requería y se esperaba

que necesitara ese circuito, lo cual no fue posible. Igual en el caso de

Alajuela, entonces tampoco lo hemos logrado hacer por los mismos

recortes presupuestarios que hemos tenido. Si bien nuestra idea era dejarlos

como a cuatro años preparados tampoco ha sido tal. Hemos tratado de
prever una proyección y desarrollo de la región que tampoco hemos

logrado cumplir.

      Otro aspecto que afecta este tipo de proyectos tiene que ver

precisamente con la poca unificación que pueda tener la institución, porque

si la Corte aprueba dos proyectos como eran Limón y Alajuela en su

momento y después Heredia y Puntarenas, lo lógico es que toda la

organización dando una atención básica a todos los demás circuitos, porque

eso no se puede dejar de lado, pues le preste una prioridad a esos proyectos

y nosotros vamos a evaluar que tanto ha sido así, porque no es solo decir

están los recursos económicos y están las plazas, sino es con qué velocidad

se llenaron esas plazas; con qué velocidad se adaptaron los sistemas de

funcionamiento; con qué velocidad se dieron los recursos para ello, si es

que se dieron o si la institución y los departamentos tuvieron también que

concentrarse en otras necesidades que hayan surgido en otros lados, que no

permitieron dar la atención que se pretendía. Me parece importante este

tipo de propuestas principalmente porque lo que veníamos haciendo era

repartir pobreza. Al final se aprobaban una gran cantidad de plazas, pero

distribuidas de manera inadecuada, y tampoco había una respuesta que

pudiera medir el impacto en una región. Yo entiendo que en Limón sí hubo

algún impacto tanto así que dice la gente de Guápiles que se les pasaron al

circuito de ellos al ver todo lo que estaba haciendo en Puntarenas, como

que un poco la delincuencia se pasó para el lado de Guápiles y tienen ahí
una expresión muy coloquial de lo que pasó y que le llaman el “Efecto

Baygón”, que todo se pasó para el otro circuito donde entraron los recursos

a Limón. Yo creo que sí tiene alguna implicación, inclusive tener presente

que con el préstamo Corte-BID se dieron suficientes recursos para construir

el edificio de Alajuela y de Limón, pero no fueron suficientes. El Poder

Judicial ha tenido que poner una parte importante en lo que es la

contraparte de recursos y eso ha tenido prioridad al haber sido esos dos de

los circuitos seleccionados. Con la elección de Puntarenas y de Heredia

como lo dice el oficio, nosotros pretendíamos hacer una “torre penal” que

solucionara el tema de espacio físico en Heredia, que ahí hay una gran

cantidad de despachos alquilando local, con todas las consecuencias que

tiene el no estar en la sede principal y, además, la seguridad y otras

condiciones desde el punto de vista de salud ocupacional y de atención a la

persona usuaria, no son las mejores y ahí lo único que estamos esperando

es que suceda algún problema, sin haber podido dar una solución. En

Puntarenas ustedes ya saben sobradamente el tipo de problemas que hay ahí

en el edificio principal. Puntarenas cuando planteó su presupuesto planteó

edificio en Puntarenas, en Quepos y en Garabito; planteó tres edificios. En

Heredia se planteó el de San Joaquín, pero también está el de Sarapiquí de

por medio. Si hubiéramos querido dar soluciones integrales sería para

todos. Nosotros aquí decimos que por lo menos los de las sedes principales

son proyectos importantes, pero también vemos que tampoco son factibles
desde el punto de vista presupuestario, salvo que se defina una estrategia de

conseguir los recursos para cubrirlos. Por eso el elegir dos circuitos es

hacerlo en una forma ordenada, una forma diferente y no repartir pobreza y

otra forma que había era eligiendo tres materias y darle una limpieza a

todos los procesos desde que inicia un asunto hasta que sale del Poder

Judicial. El problema que íbamos a tener en ese caso era que no todos los

circuitos estaban preparados desde el punto de vista informático y demás,

para poder dar ese tipo de solución. Todos tienen ventajas y desventajas.”

      Señala la Magistrada Villanueva: “En relación con la consulta que

hizo el Magistrado Chinchilla, la propuesta significaría variar la posición

del Departamento de Planificación y que la Corte aprobó, en relación con la

selección de distritos de algunas jurisdicciones como prioritarias por estos

proyectos que usted está planteando, ¿eso es así?, ¿esa es su propuesta?”

      Responde la máster Ash Corrales: “En cuanto a la selección por

circuitos aquí vienen unos proyectos que nos pareció que eran los de mayor

relevancia. Habría que definir, por ejemplo, proyecto de pensiones

alimentarias de Alajuela, está siendo exitoso en Alajuela, entonces

pongámoslo por lo menos en tres Juzgados Especializados del país que

representen la mayor carga y los mayores problemas a nivel institucional.

Si una experiencia es buena en un lugar por qué no la replicamos, porque lo

que pasa es que empiezan juzgaditos de pensiones de todo el país con

necesidades válidas a pedirnos, pero tampoco damos una solución que se
sienta. Lo nuestro es estudiar y revisar lo que ya existe extraordinario.

Revisar los permisos con goce de salario que se han dado para el 2011.

Esos dos aspectos son fijos que hay que analizarlos. En cuanto a las 616

plazas que tuvimos que recortar el año pasado, es un diagnóstico ya hecho

con necesidades válidas, que abarca inclusive necesidades de Heredia y

Puntarenas, esas las vamos a volver a incluir, es un diagnóstico ya hecho,

para qué meternos en otros dos circuitos si ni siquiera pudimos concluir los

que teníamos para el 2011. La idea es volver a incluir en el presupuesto

esas 616 plazas que en el 2011 costaban casi diez mil millones de colones,

y   concentrarnos    en   estos   proyectos    especiales   que      tenemos.

Lo que queremos decir es que esas necesidades particulares de una oficina

por aquí y otra oficina por allá, nosotros no podemos abarcarlas.”

       Manifiesta la Magistrada Villanueva: “Si nosotros aprobamos los

estudios anteriores para el futuro, significa que seguiríamos con la misma

política de los circuitos seleccionados ¿Es así? Porque si nosotros

aprobamos los estudios anteriores, entonces quiere decir que vamos a

seguir con el sistema de prioridad que habíamos seleccionado. ¿Es así o

no?”

       Responde la máster Asch Corrales: “Hay un diagnóstico de 616

plazas, si ustedes quieren las incluimos o si ustedes quieren no las

incluimos, y nos concentramos en proyectos como los que vienen ahí

indicados.”
      Expresa la Magistrada Villanueva: “Entonces ya no sería por

jurisdicciones.”

      Continúa la máster Asch Corrales dice: “Sería en los proyectos que

están aquí planteados.”

      Prosigue la Magistrada Villanueva: “Quiero expresarle mis

inquietudes, pues me parece que la experiencia en seleccionar

jurisdicciones, tuvo el inconveniente de que no llegamos a tener los

recursos necesarios para hacerlo en la forma adecuada. Para mí se perdió la

inversión que hizo el Departamento de Planificación, en cuanto al trabajo

realizado. Es decir, que el trabajo del Departamento de Planificación, las

horas extras, todo lo que fue presupuestado no tuvo el efecto esperado.

Tenemos que meditar en eso y tener clara conciencia de para qué hacer

estudios de plazas desechando otras desde un principio, si al final ni las que

se desecharon, ni las que se estudiaron. Entonces el trabajo fue un poco en

vano, pero además de eso, creo que este sistema de jurisdicciones dejaba

muy rezagada otras zonas. Para volver a pasar por una zona o para llegar a

una zona o a una jurisdicción se pasa mucho tiempo, y entonces el efecto

de mejoramiento institucional no se nota. Yo valoro que el Departamento

de Planificación nos haya presentado eso, pero desde mi perspectiva no se

ha podido hacer por lo económico y también por una cuestión

metodológica, porque a la hora de invertir plazas en un proyecto así,

debiera señalar los objetivos que quiero tener en esa jurisdicción y los
objetivos han de ser por materia y deben partir del promedio de duración,

por ejemplo, de la materia laboral en Limón es este y con estas plazas que

yo voy a crear, voy a obtener al final del año este otro objetivo. Yo evalúo

y tengo como indicadores el promedio de duración y eso no hemos podido

hacerlo y eso en todas las materias, para ver cuál es el mejoramiento de la

institución, porque hay que seguir y ver cuál es el efecto de lo que uno da,

porque el problema de nosotros no está en las plazas. El problema de

nosotros está en la metodología del trabajo. Algo está pasando que por más

que pongamos plazas la situación no mejora. El crear plazas no es en este

momento garantía de nada, concretamente de mejorar. Eso lo sabemos

todos. Hay que variar. La metodología por jurisdicciones me parece que no

solo careció de la cuestión económica -y se le digo en sentido constructivo-

sino también de una metodología de seguimiento y de una metodología de

presentación. Me parece que la propuesta recoge el aprovechar los estudios

que ya se habían hecho y eso es muy importante, porque no podemos

tirarlos a la basura. Es un trabajo que ya se hizo y podíamos tomarlo en

cuenta. Lo otro que yo veo es esta serie de proyectos y eso merece una

discusión clara de toda la Corte, porque hay proyectos que son por ley, que

no serían proyectos, porque el proyecto tiene un término. Por ejemplo, si la

Sala Penal o lo Contencioso tienen la implementación de nuevas

legislaciones, eso no son proyectos, porque esas son situaciones

permanentes de la institución que se deben asumir. Son nuevas situaciones
que requieren una permanencia. Ahí sería aplicación de nuevas leyes,

diferente de proyectos especiales. En cuanto a los proyectos especiales yo

escogería los que me han producido un efecto y con esa metodología de

cuál es el efecto yo plantearía a la Corte la propuesta de continuar y

extender ese proyecto, porque ese proyecto nos sirvió. Como ejemplo

señalo el de Pensiones Alimentarias, es un proyecto exitoso en beneficio de

las personas usuarias. Es un proyecto que a nivel nacional traería un efecto

exitoso y los proyectos que no han sido exitosos, no se ejecutarían si no se

perfeccionan o mejoran. Yo pediría que en la presentación de cada estudio,

usted diga la situación es esta (diagnóstico de la jurisdicción) y partimos de

esto y lo que se va a replicar es esto para obtener este otro resultado. Se

deben establecer indicadores y en consecuencia se señalaría a los tres

meses el indicador es este; a los seis es este y al año es este y evaluamos.

No solo por lo que nos interesa a nosotros, que es válido, sino plantear a la

Corte Plena y en una discusión abierta, respetuosa, hacer un análisis amplio

esto nos ha salido bien, por ejemplo, el Modelo de Pensiones Alimentarias

nos ha salido bien. Yo no sé si el de Cobro Judicial nos ha salido bien, no

estoy tan segura, pero hay que corregirle esto, esto y esto y entonces

pongámoslo a funcionar de tal manera en este lugar de esta otra manera.

Eso es lo que me parece que podríamos hacer y que yo esperaría del

Departamento de Planificación. Me hubiera gustado haber planteado esto

por escrito y me preocupa mucho las inquietudes que tenemos que son
válidas, pero alguien técnicamente tiene que decirnos esto es primero y

perfeccionen esto otro. Alguien con objetividad debe decir eso y debe

plantearlo numéricamente y el papel del Departamento de Planificación es

efectivamente ese, decir qué se obtiene y qué se ha obtenido de cada

proyecto y cómo podemos repetirlo o no repetirlo y qué es conveniente

mejorar. Puede haber otros tipos de indicadores de calidad de servicio que

no se miden en tiempo, pero sí en satisfacción, en proyección de la

institución y ese me parece que podría ser el enfoque en que Planificación

nos podría ayudar. Yo veo que ustedes captaron muy bien los proyectos

que están, lo que no veo es qué se ha obtenido con lo que tenemos o yo le

pediría a Planificación que completemos la presentación con los resultados

y de acuerdo a esos resultados cómo podría repetirse y qué se obtendría en

cada caso.

      En relación con las plazas nuevas, yo siento que es la hora de buscar

nuevas maneras de hacer las cosas y esto podría tener un enfoque diferente.

Un enfoque de que el profesional que se necesite no es necesariamente un

asistente más, un abogado más, sino buscar algún equipo de ingenieros

industriales para atacar por diferentes lados y que nos expliquen el por qué

con más plazas producimos lo mismo o menos. Yo veo todas las

necesidades que plantean al Consejo Superior, todos quieren más plazas.

Sinceramente me resisto, porque en el fondo el resultado será el mismo, de

acuerdo al comportamiento histórico. Tiempo después será exactamente lo
mismo, no hay nada que cambie. Vemos que tenemos el mayor número de

jueces y juezas por habitantes y resulta que producimos menos que en otros

lugares con los mismos recursos. Es la hora que busquemos otras

alternativas para salir adelante. Se me ocurre que podría ser un equipo de

nuevos y nuevas profesionales, reforzado con profesionales en ingeniería

industrial que revisen los procesos por áreas. Otra cuestión podría ser lo

que ha hecho el señor Presidente. Me parece que la política del señor

Presidente en tecnología ha sido exitosa. Nosotros en tecnología tenemos

un avance importante, por eso creo firmemente que tenemos que hacer las

cosas de manera diferente, para obtener resultados diferentes. La receta que

hemos aplicado hasta ahora no ha dado los resultados esperados.

      El otro aspecto está relacionado con lo que dijo la Magistrada Varela,

en cuanto a lo que la Corte le trasladó al Consejo Superior, en relación a las

zonas alejadas, que ha sido una preocupación de la Comisión Nacional de

Mejoramiento para la Administración de Justicia, lo cual me parece muy

importante. Es un plan de proyección institucional que busca un equilibrio

nacional, de darle mayores beneficios a las oficinas más alejadas, incluso

acordes con los problemas y conflictos que tenemos en la Zona Norte y en

las zonas fronterizas. Me parece que esa posición de la CONAMAJ es muy

buena y la Corte la aprobó. Creo que debiéramos tener una adecuada

planificación con recursos específicos, donde se identifiquen las áreas que

requieren más apoyo y ver si nos enfocamos hacia el equilibrio en
tecnología, en plazas de todo tipo, incluso en el mejoramiento de los

derechos de los trabajadores y las trabajadoras de las zonas alejadas. Las

personas que estamos en el centro de la meseta central, tenemos

condiciones laborales diferentes a las de las zonas alejadas, y si nosotros

buscamos el equilibrio democrático que debe de tener nuestra sociedad y lo

repetimos aquí, ese debe ser un objetivo mejorar las condiciones de las

oficinas más alejadas y, por ende, de los trabajadores y las trabajadoras que

ahí laboran. Esas eran las inquietudes que yo quería externar.”

      MIENTRAS SE HALLABA EN USO DE LA PALABRA LA

MAGISTRADA          VILLANUEVA,          ENTRÓ       LA    MAGISTRADA

SUPLENTE          ARACELLY           PACHECO           SALAZAR,          EN

SUSTITUCIÓN         DE     LA     MAGISTRADA           CALZADA,        POR

INCAPACIDAD.

      Manifiesta la Magistrada Pereira: “Retomo las consideraciones que

han esbozado el Magistrado Chinchilla y la Magistrada Villanueva. Me

parece que antes de aprobar ese listado conforme a decisiones que la misma

Corte ha tomado, porque establecer la prioridad por jurisdicciones en

realidad fue un acuerdo de Corte y la mayoría de los que estamos aquí lo

suscribimos. Sin embargo, creo que sí tenemos que hacer un balance en

cuanto a si es lo más conveniente seguir con esa decisión o será lo más

conveniente echar marcha atrás. Es cierto que administrar recursos cuando

los recursos son pocos, pueden en ocasiones como doña Marta lo ha dicho,
ser mejor valorados cuando se escogen algunas jurisdicciones para evaluar

sus necesidades, pero si realmente la evaluación a priori que se ha hecho y

que la misma doña Marta nos ha referido es que, aún así no hemos obtenido

lo que esperábamos cuando tomamos esa decisión, pienso que debemos

replantearnos y lo cierto es que, en todos los despachos en los últimos

rincones de este país cuando uno hace visitas, oye estos comentarios de las

necesidades y que no ha sido la mejor forma de administrar los recursos, el

establecer por jurisdicciones, porque como bien lo mencionaba la

Magistrada Villanueva ahora, la queja es nosotros seguimos con las mismas

necesidades o peores necesidades y hasta tanto no se dé vuelta en todas las

jurisdicciones de cabeceras de provincia, nosotros no vamos a tener una

oportunidad de solventarlas. Yo también sugiero a esta Corte que tengamos

este tema como uno de los temas a revisar en una próxima reunión, que

tendría que ser muy pronto, pero donde detenidamente tengamos que

analizar todos los puntos que ya la Magistrada Villanueva acaba de ver y

que es un poco autoevaluar lo que hemos hecho, para saber si seguimos

adelante o nos detenemos en el camino. Creo que sería un análisis sano de

lo que tenemos, y me parece que no sería posible aprobar lo que nos está

presentado el Departamento de Planificación hoy, sino darle más

pensamiento, tener más elementos y más datos que evidencien cuál ha sido

el resultado de todo esto para poder tomar una decisión.”

      Expresa la máster Asch Corrales: “Conforme a lo que ustedes han
dicho, pueden observar que cada vez que se toca un tema aparece una gama

de posibilidades muy amplias. Yo sí les pediría alguna orientación para la

formulación del presupuesto, porque ya estamos iniciando con el estudio de

plazas. Hay Circuitos que ya han planteado requerimientos. El Consejo

Superior nos envió cualquier cantidad de solicitudes, incluso tenemos

acuerdos donde nos dicen que incluyamos plazas para el 2012. En eso sí

necesitamos una orientación, porque además, recordemos que el

presupuesto hay que entregarlo el 15 de junio a la Asamblea Legislativa y

hay todo un proceso de análisis. El año pasado el Magistrado Jinesta

comentó del poco tiempo que se le da a la Corte para analizar el

presupuesto. Nosotros no podemos retrasarnos en este proceso. Ya

empezamos con la parte de revisión de plazas extraordinarias y vamos a

empezar con la parte de permisos. Nosotros nos comprometemos a cambiar

la metodología en los proyectos que llegaran a aprobar aquí, incluso eso

implicaría que prácticamente todas las plazas que se vayan a dar nuevas

serían extraordinarias, porque si no cumplió el objetivo por el cual se dio,

simplemente se quita la plaza. Quienes visitan oficinas saben que todas las

oficinas tienen esas mismas expectativas y si habiéndonos concentrado en

dos Circuitos no pudimos ni siquiera cubrir todas las necesidades, si lo

abrimos para todas yo me imagino que para el presupuesto del 2012 vamos

a ir no con 600, sino con 1500 plazas, si es que nos diera tiempo en

Planificación de hacer todos los estudios. El Consejo Superior tiene serios
problemas para conocer las sesiones de presupuesto, porque son sesiones

donde ven 30 o 40 informes en una sesión. Para el 2011 fueron como 120

informes que se tuvieron que ver en cuestión de dos a tres meses y eso hace

que el proceso pierda seriedad. Dentro de las 616 plazas que se

suprimieron, van unos proyectos de pensiones y unos proyectos de cobro.

Esos se estarían retomando. Yo les pido que nos dicten una línea y

concentrarnos en eso.”

      Indica el Presidente, Magistrado Mora: “Voy a suspender la

discusión de este tema, y luego lo continuamos para entrar a conocer los

asuntos en que actuamos como Tribunal de Corte Plena.”

      SALE LA MÁSTER ASCH CORRALES.

                          ARTÍCULO XXIX

        SALEN LOS MAGISTRADOS AGUIRRE, VILLANUEVA,

VARELA Y VEGA. ENTRAN LOS MAGISTRADOS SUPLENTES

MARÍA ALEXANDRA BOGANTES RODRÍGUEZ, MARÍA DEL

ROCÍO CARRO HERNÁNDEZ, DIEGO BENAVIDES SANTOS Y

JUAN CARLOS BRENES VARGAS, QUIENES SUSTITUYEN POR

SU ORDEN, A LOS CUATRO PRIMEROS POR HALLARSE

INHIBIDOS DE CONOCER EL SIGUIENTE ASUNTO.

      Se procedió como Tribunal de Corte Plena a resolver lo pertinente

dentro de los siguientes asuntos:

       1) Recurso de casación interpuesto dentro de la demanda de
responsabilidad civil de Líneas Aéreas Costarricenses S. A., contra María

Enilda Alvarado Rodríguez, Jorge Solano Herrera, Lorena Esquivel Agüero

y El Estado. Expediente N° 02-100003-0005-CI.

      SALEN LAS MAGISTRADAS CAMACHO Y BOGANTES

RODRÍGUEZ. ENTRAN EL MAGISTRADO AGUIRRE Y LA

MAGISTRADA SUPLENTE ANA MARÍA TREJOS ZAMORA,

QUIEN SUSTITUYE POR INHIBITORIA EN EL ASUNTO QUE SE

DIRÁ, A LA MAGISTRADA CAMACHO.

      2) Recurso de casación interpuesto dentro de la demanda de

responsabilidad civil de Líneas Aéreas Costarricenses S.A., contra los

Jueces de la Sección Cuarta del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito

Judicial de San José, licenciados Álvaro Moya Arias, Óscar Ugalde

Miranda y Nelson Rodríguez Jiménez, y contra el Estado. Expediente N°

07-000001-0005-CI.

       SALEN      LOS     MAGISTRADOS           SUPLENTES        DIEGO

BENAVIDES SANTOS, ANA MARÍA TREJOS ZAMORA, JUAN

CARLOS BRENES VARGAS Y MARÍA DEL ROCÍO CARRO

HERNÁNDEZ.

       TAMBIÉN       SALEN      LOS    MAGISTRADOS          RAMÍREZ,

ARROYO Y CHINCHILLA. ENTRAN LOS MAGISTRADOS

SUPLENTES       JORGE      LUIS     ARCE     VÍQUEZ,      JEANNETTE

CASTILLO MESÉN Y LUIS ALBERTO VÍQUEZ ARIAS, QUIENES
SUSTITUYEN POR SU ORDEN, A LOS TRES PRIMEROS POR

HALLARSE INHIBIDOS DE CONOCER EL SIGUIENTE ASUNTO.

      3) Conflicto de competencia planteado por la Sala Tercera con

respecto al Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de

Alajuela, San Ramón, dentro de la causa seguida contra Fabio Vargas

Vargas, por el delito de estafa, en perjuicio de Grace Moya Morera.

Expediente 09-000015-0548-PE.

      Por tratarse de asuntos jurisdiccionales, de lo resuelto se dejará

constancia en los respectivos expedientes.

      SALEN LOS MAGISTRADOS SUPLENTES ARCE VÍQUEZ,

CASTILLO        MESÉN       Y    VÍQUEZ       ARIAS.     ENTRAN        LOS

MAGISTRADOS RAMÍREZ, ARROYO Y CHINCHILLA.

                           ARTÍCULO XXX

      ENTRA NUEVAMENTE LA MÁSTER MARTA ASCH

CORRALES, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN.

      Se continúa con el análisis del tema planteado por la máster Asch

Corrales, sobre la metodología a utilizar para la formulación del

presupuesto de 2012, a que se refiere el artículo XXVIII de esta sesión.

      Expresa el Presidente, Magistrado Mora: “Quiero proponer que le

digamos al Departamento de Planificación que nos haga un nuevo

planteamiento, en el que tome en consideración las observaciones que han

hecho los señores Magistrados y señoras Magistradas.”
      Se concede el uso de la palabra al Magistrado González, quien

manifiesta: “Me agradó muchísimo escuchar a la Magistrada Villanueva

con unas afirmaciones bien importantes. Yo también creo que la línea no

está por la creación de más plazas y creo también que una de las respuestas

para afrontar las necesidades del Poder Judicial a futuro es en el abono y la

apuesta a la tecnología, pero lo cierto del caso es que los estudios

elaborados por el Departamento de Planificación, obedecen a necesidades

latentes, reales, urgentes. Lo que me preocupa es desecharlas o postergarlas

y sino hacer un giro -hablo del tema territorial- porque esto sería una

especie de reconducción que me preocupa en la línea de ¿y lo que se hizo

era incorrecto o estaban mal? que no estaban mal, sigue siendo una

urgencia imperiosa. Me preocupa el tema de lo territorial si lo vamos a

dejar en suspenso. En otras palabras, y voy a ser bien directo, por ejemplo,

Heredia no da más, sea que lo cambie por programa, por régimen, por

jurisdicción o por lo que sea. Yo les invito a que vayan y verán a la gente

trabajando en el Auditorio. Yo creo que la Magistrada Arias que ha pasado

por esas circunstancias nos puede dar fe de eso. Esa es mi preocupación

que se postergue por ejemplo una necesidad tan imperiosa como cualquier

otra que pudiera ser.”

      El Presidente, Magistrado Mora, le indica al Magistrado González:

“Casualmente la forma en que lo estoy proponiendo es que dejemos como

subsistentes todos esos estudios, pues ya la Corte había hecho
pronunciamiento al respecto, estimando que las plazas era necesario

crearlas para el año 2011, lo único es que luego dijimos, en razón del

recorte presupuestario, que no serían creadas. También debemos recordar

que no solamente atendimos Heredia y Puntarenas, sino que habían otras

necesidades impostergables, por ejemplo, la creación de un juzgado en la

zona norte del país. La atención de la península de Osa que no tiene a este

momento tribunales. El reforzamiento del tema de flagrancia que era en

todo el país. El tema de lo cobratorio. Hay atención a otros temas, pero me

parece que los más importantes son los señalados. Por esa razón le

pediríamos a doña Marta Asch que nos haga una propuesta, además de que

le diríamos que la que ahora hace está bien, pero debe ser complementada

en atención a los señalado en las intervenciones que se han hecho ahora.

Lo dispuesto para el año 2011 que al final no fue reconocido

presupuestariamente, no será modificado por ahora, debe ser analizado por

el Consejo Superior y hacer una propuesta al respecto.”

      Indica el Magistrado González: “Eso deja incólume el tema de la

construcción.”

      Señala la Magistrada Camacho: “En la línea del Magistrado

González. Me parece que doña Marta lo que plantea es que nosotros le

demos cierta orientación, en aras de que ya el presupuesto lo tienen que ir

formulando. Estamos un poco contra el tiempo y las recomendaciones que

ella hace me parece que tiene sustento en estudios anteriores y, en ese
sentido, me inclino por acoger las prioridades que ella nos plantea y hacer

énfasis en que efectivamente el tema de Heredia siga siendo prioritario y si

el día de mañana vamos a variar el modelo de regionalización prioritario o

de preferencia, terminemos con todas las zonas para abarcar toda la

regionalización y después lo variemos.”

      Refiere el Magistrado Cruz: “Algunas veces uno escucha distintas

sugerencias y manifestaciones y lo he escuchado de parte de algunos

litigantes en materia penal por ejemplo. Por supuesto que tenemos una

situación difícil para efectos de poder ampliar plazas. Yo no había querido

plantearlo en Corte antes, porque me parece que no era el momento. Nada

más lo digo como un ejemplo de los temas del colapso o de las

disfuncionalidades que tenemos en relación al número de plazas. Por

ejemplo, si ustedes visualizan o analizan muy superficialmente las agendas

de juicios en materia penal, verán que hay un colapso, por lo menos hay un

sobrecargo ya varios meses plazo para la celebración de audiencias. Eso

significa que eventualmente puede haber ahí un retraso muy grande. Nos

planteamos una línea muy rígida de que no se pueden crear plazas, bueno

puede ser, y me imagino otras cosas. Supongo que el tema de la unidad

para intervenciones telefónicas eso está pendiente y ese es otro tema que a

lo mejor ya está aprobado, pero lo digo como ejemplo, porque plantearnos

nosotros eso, es algo que requeriría sentarnos un poco a meditar con las

opciones que podríamos tener, pero por el momento me parece mejor dejar
lo que se ha señalado, sin la exclusión o con la posibilidad de valorarlo con

las circunstancias que ya estamos enfrentando.”

      Señala el Magistrado Chinchilla: “Dos puntos. Uno, ya nos damos

cuenta y con lo que hemos visto en años pasados con los presupuestos que

programar dos provincias no nos sirve de nada. La prioridad ahora es

Heredia y ya nos estamos brincando Heredia. Atendamos Heredia y

resolvamos el problema de Heredia y tenemos que ver otras cuestiones

también, porque el día de mañana nos van a decir, ¿y a nosotros cuándo nos

van a atender? Atendamos lo que hay que atender definitivamente y es

cierto, Heredia es un punto critico y hay que verlo, pero también veamos

las otras partes del país, porque la gente se siente excluida, desestimulada,

que no los toman en cuenta o que los van a tomar en cuenta de aquí a dos,

tres o cuatro años y eso tal vez desinfla un poco al funcionario sabiendo

que ya pasó y que ya no lo volverá a volver en tiempo cercano. Entonces

sigamos atendido esto.

     Hay otra cuestión que ya lo dijo el Magistrado Cruz, con respecto a si

vamos a ser tan rígidos o no sobre la cuestión de no creación de plazas.

Hay cosas que no se pueden medir desde ese ámbito, por lo menos resolver

anticipadamente. En el caso penal surge ahora la Ley de Apelación donde

se varían las competencias y lógicamente se van a requerir en este caso

importantes recursos dirigidos a reorganizar de alguna forma la jurisdicción

penal, en cuanto a lo que es la apelación y la casación no porque la va a
tener ahora completamente la Sala Tercera. Y esto no fue porque

simplemente eso ocurrió y para cambiar el ritmo que se llevaba en la

cuestión de la temática de recursos, sino porque fue una imposición y un

requerimiento internacional de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos tan importante que, y eso tal vez hay que reconocerlo al Poder

Judicial que generó todo esto junto con la Sala Tercera, por supuesto el

proyecto, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho el

Estado costarricense ya cumplió y ya cumplió con la Ley de Apelaciones y

cerraron el caso, ya lo archivaron. Importantísimo claro que sí, el efecto

requerido se logró, el Estado costarricense cumplió después de quince años

de venir incumpliendo. Claro que fue una legislación excelente. Claro que

fue una iniciativa excelente de este Poder Judicial y de la Sala Tercera.

Claro que es un reconocimiento también para todos nosotros los

Magistrados y las Magistradas, porque también impulsamos esa normativa,

pero lamentablemente vienen más plazas y tienen que venir porque la única

forma de cumplirla es así. Yo creo que de alguna forma hay que replantear

en algún momento algún tema con respecto a alguna normativa que nos

impone una reformulación de parte de la jurisdicción en este caso penal y,

principalmente, en la parte de recurso de apelación. Ya no estamos

hablando propiamente de la Sala Tercera. Ya el Magistrado Arroyo lo dijo.

Habrá un gabinete de admisibilidad y será necesario tenerlo como lo tiene

la Sala Constitucional, no tan grande lógicamente porque no es tanto el
volumen, pero sí un gabinete que nos ayude en esa situación, que no es

porque se nos ocurrió, es que está en la misma ley. Por eso es importante

esa situación. Dejo eso planteado para prever la situación en el presupuesto

que discutiremos más adelante.”

     Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “La propuesta sería para

que con las observaciones que han hecho las señoras Magistradas y los

señores Magistrados que han intervenido, aprobar la propuesta que nos

hace doña Marta Asch y en relación con lo que hemos aquí comentado nos

presente una nueva forma de cómo podría eventualmente ser atendido.”

      Se acordó: Aprobar la propuesta del Presidente, Magistrado Mora,

por ende: 1.- Acoger las recomendaciones planteadas por el Departamento

de Planificación, en cuanto a la metodología a utilizar para la formulación

del presupuesto para el 2012. 2.- Solicitar al Departamento de Planificación

que presente a esta Corte una nueva propuesta, tomando en consideración

las observaciones expuestas por las señoras Magistradas y los señores

Magistrados que hicieron uso de la palabra.

                          ARTÍCULO XXXI

      La señora Claudia Patricia Rabelo Dueñas, en memorial de 4 de

noviembre de 2010, manifestó:

             “Por este medio la suscrita y de autos conocidos,      me
       permite interponer el presente recurso en apego tácito de    los
       numerales 1, 2, 8.1.2), 59.8) de la Ley 7333 Ley Orgánica    del
       Poder Judicial.
             Artículos 1, 2, 4, 9, 12, 13, 15, 142, 143, 438, 453   del
Código Procesal Penal Comentado de Javier Llobet Rodríguez
4ta. Edición de 2009.
       Artículos 11, 19, 27, 28, 33, 34, 39, 41, 42, 49, 129, 153,
154 y 194 de la Constitución Política Costarricense 1ra Edición
del 2008 de Rubén Hernández Valle.

                 Motivo de Interposición
      Primer y Único Motivo: Falta de fundamentación

       De conformidad con la resolución hoy recurrida, los
jueces del Tribunal de Casación Penal declaran inadmisible el
Procedimiento de Revisión de Causa y de Sentencia interpuesta
por forma y por fondo, por la suscrita, aduciendo de forma
escueta que los motivos alegados ya fueron analizados en la
etapa de casación.

      En el inciso II del Considerando se cita:

       “Se declara inadmisible la Demanda de Revisión: lo
anterior de conformidad con el artículo 411 del Código Procesal
Penal y por las siguientes razones:

       (…) la propuesta de la sentencia Rabelo Bueñas surge a
partir de un nuevo elenco probatorio, pero dentro de una
elaboración eminentemente subjetiva y que le permite arribar a
sus propias conclusiones, pero obviando que lo que propone para
que sea revisado no sólo son aspectos que ya fueron resueltos en
los recursos de casación interpuestos…”
       R/ Al respecto me permito esgrimirles que de
conformidad con el artículo 408 inciso “e” del C.P.P. que cita:

       “Cuando después de la condena sobrevengan o se
descubra nuevos hechos con nuevos elementos de prueba que
solos o unidos a los ya examinados en el proceso, evidencien que
el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el
hecho cometido encuadra en una norma más favorable.”

      En el presente caso, la suscrita he formulado el
Procedimiento de Revisión con NUEVOS elementos de prueba
que unidos a los ya examinados evidencian que encuadran en
una normativa más favorable y en otro motivo, que el hecho no
lo cometí como a continuación brevemente expondré:

      a) Con respecto al Primer Motivo citar que presenté
nuevas pruebas que aunque figuraban en el expediente, estas no
fueron debidamente valorada en el proceso ni en casación, por lo
que opte en citarlas para fundamentar el hecho de que la
acusación asumida por el Ministerio Público carece de
fundamentación y correlación con la verdad real de los hechos,
por ejemplo:
        El Ministerio Público me acusó de ser quien tenía el
liderazgo en ausencia del señor Miguel Ricardo Quintero
Martínez, sin embargo la suscrita demuestro a través de la
intervenciones y otros hechos, que sólo fungí como una
empleada y no como una líder tal y como lo hace ver el
Ministerio Público, con el único fin de producirme un agravio
mayor.
        Las pruebas apartadas no son una simple “apreciación”
de parte de la suscrita, sino que son hechos y pruebas fehacientes
aportadas por el Ministerio Público en mi perjuicio, con una
óptica lesiva en mi perjuicio, lo cual les hace que sean
fehacientes.
        A través de la misma se puede apreciar que los hechos
encuadran en una norma más favorable al ser menos agravante.
A su vez, comprueba que tanto el a quo instructor, como el de la
etapa intermedia y el Tribunal de Juicio, aplicaron erróneamente
la ley en mi perjuicio.
        Por ende la Resolución del Tribunal de Casación Penal de
Goicoechea carece de fundamentación, pues lo alegado por la
suscrita es en estricto apego de forma tácita, en la nomenclatura
existente, motivo por el cual el presente Motivo debió de haber
sido admitido por el Tribunal de Casación Penal.
        b) Con respecto al Segundo Motivo, lo que la suscrita
solicitó es una Igualdad Procesal con respecto al agravio que
cita el artículo 77 inciso f) de la ley 8204 ley de psicotrópicos,
pues a tres coimputados de esta misma causa, José Antonio Ortiz
Barón, Carlos Humberto Melo y Juan de Jesús Olarte, no se les
impuso el citado agravio del artículo 77 inciso f) de la ley 8204
en la sentencia en la que se les condenó con antelación a mi
juzgamiento, hecho que no fue alegado en la etapa de juicio, ni
en la etapa de casación, lo cual difiere a lo esgrimado por el
Tribunal de Casación Penal, pues es un alegato nuevo aunado a
los hechos que conllevaron a mi penalización de forma gravosa
al citarse como agravante el artículo 77 inciso f) de la ley 8204.
        De conformidad con la acusación del Ministerio Público
tanto los citados coimputados como la suscrita, fuimos elevados
a juicio con una acusación muy similar, la cual incluía el
citado agravante (artículo 77 inciso f) de la ley 8204) y al no
aplicársele a ellos, el artículo 33 de la Carta Magna me confiere
el derecho fundamental de igualdad, mismo que fundamento
en mi Recurso de Revisión debidamente y por ende podemos
apreciar que con respecto a este motivo, la resolución que nos
ocupa es totalmente infundada y debe de ser admitida para su
valoración.

     c) Con respecto al Tercer Motivo, la suscrita no alego un
estado de indefensión por no contar con la representación letrada
de confianza, sino que lo que alego es la inefectividad material
de la defensa al no ejercerse de forma efectiva, hecho que
argumento y fundamento de forma clara y precisa; por ende, lo
argüido por el Tribunal de Casación Penal con respecto al
presente motivo, carece de fundamentación y por ende se debió
de admitir para su estudio del fondo, de conformidad con las
leyes vigentes que nos rigen.

     d) Con respecto al Cuarto Motivo la suscrita solicito la
valoración de la no correlación entre la acusación y la sentencia
demostrando a su vez que se me sentenció por un delito que no
fue debidamente elevado a juicio y que no cometí.

     De forma inverosímil, el Tribunal arguye que:

“se analizó el testimonio del propietario del apartamento quien la
reconoció como la mujer boliviana...”

Podemos apreciar que en juicio el señor Mirambell esgrime que
con él no se realizó el contrato sino que fue con la esposa de
éste, y que en el contrato figuraba copia del pasaporte (hecho
que comprobaría el ilícito)
      Sin embargo la suscrita demuestro que dicho ilícito no lo
cometí, pues el citado pasaporte boliviano no lo utilicé, pues el
mismo no figura aportado en el contrato que entregó Paola
Carranza esposa el señor Mirambell.
      El hecho de que en juicio se mostrará el pasaporte original
no demuestra el uso del documento, pues el mismo se vuelve
inocuo al no comprobarse su utilización y al no causar un
agravio como en el presente caso, por ende el presente motivo se
debe de admitir pues de conformidad con el artículo 408 inciso e
y g) del Código Procesal Penal, pues se demuestra con elementos
de prueba nuevos que no cometí el delito de uso de documento
falso.
      Ante la presente disquición podemos apreciar que no
estamos ante una simple reiteración de los hechos, como lo
pretende argumentar el Tribunal de Casación Penal, sino que
estamos ante NUEVOS elementos, que aunado a los ya
descritos, motivan el procedimiento de Revisión hoy alegado, y
que algunos motivos no fueron ni planteados ni resueltos en
casación.
             Por ende lo esgrimado por el Tribunal de Casación Penal
       carece de fundamentación, ya que los preceptos alegados
       constituyen lo citado en el numeral 408 inciso e y g) del Código
       Procesal Penal y concordantes.
             Por consiguiente la suscrita solicito que se declare con
       lugar el presente recurso de Apelación en todos sus extremos
       y se ordene el estudio a fondo del procedimiento de Revisión.

       Fundamento el presente recurso en los artículos

       Artículos 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 142, 143, 175, 178, 179, 180,
       181, 182, 183, 184, 408 inciso a, b, d, e, g) 438 y 453 del Código
       Procesal Penal comentado de Javier Llobet Rodríguez 4ta.
       edición del 2009
       Artículos 1, 2, 8.1.2), 59.8) de la Ley 7333 Ley Orgánica del
       Poder Judicial.

            Artículos 1, 7, 11, 19, 27, 28, 33, 34, 39, 41, 42, 49, 129,
       153, 154, 166 y 194 de la Constitución Política Costarricense 1ra
       Edición del 2008 de Rubén Hernández Valle.

            La citada fundamentación aunada a la que figura en el
       Procedimiento de Revisión que hoy nos ocupa.

             Aporto copia del Recurso de Revisión Presentado y copia
       de la Resolución 2010-1253 emitida por el Tribunal de Casación
       Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.”

                                     -0-

     En escrito presentado el 13 de diciembre de 2010, la señora Rabelo

Dueñas, agregó:

            “Por este medio me permito Aclarar y Adicionar al
       Recurso de Apelación que presenté en alzada ante su despacho
       el 8 de noviembre al ser las 13:10 horas del presente, de
       conformidad con el Artículo 147 del C.P.P. y concordante.

            La presente Aclaración y Adición tiene como fin que en
       apego a la economía procesal, se valore lo apelado por la suscrita
       y se procede a su vez disciplinariamente contra los jueces que
       hoy nos ocupa.

            En estricto apego en los artículos 1, 67 y 84 de la Ley 7333
       Ley Orgánica del Poder Judicial.
      Artículos 27, 30, 33, 34, 39, 41, 42, 49, 50, 129, 153 y 154
de la Constitución Política Costarricense.

     Artículos 278, 279, 280 y 281 del C.P.P.

      Esto por ser la misma de la Jurisdicción de este despacho y
en atención a la economía procesal.

                   Motivos de interposición

      El 23 julio 2010 la suscrita interpuse en el efectivo
ejercicio de mi derecho de defensa, un Procedimiento de
Revisión de Causa y de Sentencia por forma y por fondo en el
cual cito y demuestro a través de nuevos elementos de prueba,
aunado a los citados con antelación, los cuales cumplen con las
formalidades que cita los artículos 408 y 410 del C.PP. y
concordantes.

     Fui acusada de 2 delitos, almacenamiento agravado y uso
de documento falso. En el citado procedimiento que data de
cuatro motivos, logro comprobar que el delito almacenamiento
agravado, configura un delito que acoge una norma más
favorable en mi beneficio; y en el caso específico de uso de
documento falso, es un delito que nunca cometí y por ende, se
me penalizó de forma errónea y antijurídica (infraudem legis)

      De forma inverosímil y en detrimento al ordenamiento
jurídico, el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito
Judicial de San José, al ser las 8:30 horas del 26 octubre 2010
emite la Resolución 2010-1253 en la cual en el inciso II indican:

     “Se declara inadmisible la demanda de Revisión... de
conformidad con el artículo 411 del Código Procesal Penal...”

      Aduciendo de forma generalizada, que los argumentos
expuestos ya fueron expuestos y valorados con antelación en las
etapas procesales de juicio o de casación, pero no valoran los
nuevos elementos de prueba aportadas por la suscrita,
incumpliendo los jueces con el efectivo ejercicio de sus
funciones y el respectivo respeto taxativo de la Constitución
Política, las leyes, los acuerdos y tratados internacionales.

      Si bien es cierto que el artículo 5 del C.P.P. le brinda
independencia al juez, el mismo regula de forma clara y precisa,
el respeto a la ley y al Derecho Constitucional, internacional y
comunitario vigente en Costa Rica.

     Ante la inobservancia de la Ley, y la vulneración a las
garantías Constitucionales, la suscrita acudo ante su autoridad
supra para que intervenga en mi auxilio judicial.

     A continuación expondré de forma explícita las
divergencias existentes entre lo expuesto en el Procedimiento de
Revisión y lo esgrimido por el Tribunal de Casación, lo cual nos
corrobora el incumplimiento, la falta de valoración y sana crítica
por parte del citado Tribunal, dejando sin fundamentación dicha
resolución de conformidad con el artículo 142 del C.P.P.

      1) En el Primer Motivo, la suscrita demuestro, ante el
Tribunal de Casación Penal la errónea aplicación de la Ley por
parte del Tribunal de Juicio de Heredia.

      En el citado motivo, demuestro con prueba fehaciente que
data debidamente incorporada en el expediente principal No. 07-
004890-042, que se me penalizó erróneamente con agravantes
inexistentes y adicionalmente dichas situaciones tácticas, no
fueron objetadas en la etapa de juicio ni en la etapa de
casación, pues las atenuantes que cito, nos conllevan a la certeza
de que dicho delito encuadra en una norma menos lesiva, y por
ende más favorable para la suscrita, con el aval de ser aceptado
para revisión por no haber sido objetada en las 2 etapas
anteriores.

     Al respecto podemos recapitular los artículos 71 y 72 del
Código Penal, los votos Constitucionales 2030-98 y 3644-98 en
concordancia con el artículo 408 inciso e y g). del C.P.P.

      El Tribunal de juicio de Heredia dicta sentencia
condenatoria de 15 años de prisión por el delito de
Almacenamiento Agravado citando el agravante del artículo 77
inciso f), acusándome de poseer un dominio funcional y un
liderazgo del hecho en un mayor grado de responsabilidad que a
otros 3 coimputados de la misma causa que se acogieron a un
procedimiento abreviado.

     Con      calificaciones jurídicas iguales y   con
responsabilidades parecidas, a los que aceptaron el
procedimiento abreviado les ofrecieron e impusieron en
sentencia, a:

• Juan de Jesús Castro, 5 años 4 meses de prisión,
• Carlos Humberto Melo, 8 años de prisión,
• José Antonio Ortiz Barón, 8 años de prisión,

      Durante el procedimiento de Revisión, analicé las
transcripciones pertenecientes a las intervenciones telefónicas
que datan en un expediente paralelo, en las que se aprecia que la
suscrita no ejercí el dominio ni el liderazgo que me brinda el
Tribunal de Juicio de Heredia como un agravante que
fundamentará tácticamente la imposición de la pena máxima que
cita el artículo 58 de la ley 8204.

     En las intervenciones que figuran en el cassette rotulado
JPA-008-359-5870 se aprecia como el coimputado Ortiz Barón
(con 8 años de condena) le indica in voice al también con
imputado Carlos Humberto Melo (con 8 años de condena) que la
suscrita soy una empleada, no dejando motivo dubitativo
alguno de mi verdadera participación en los hechos acusados, lo
cual dichas pruebas se convierte en un atenuante que no ha
sido valorada ni en juicio ni en casación.

      De forma aunada aporto pruebas documentales que no
fueron debidamente analizadas y valoradas, mismas que
demuestran el atenuante de que la suscrita no ejercí liderazgo
alguno y por ende, con el análisis de las pruebas entregadas, soy
merecedora de una pena menor, ya que me impusieron 15 años
de prisión en una sentencia contradictoria.

      La presente exposición no ha sido debidamente valorada
por el tribunal de Casación Penal, violentando las nomenclaturas
Constitucionales y Procesales que me concede mi derecho a la
efectiva defensa, al contar con jueces imparciales y objetivos, y
por ende éstos incumplen sus obligaciones para actuar en
Infraudem Legis, lo cual no me permite acceder a una justicia
pronta y cumplida, causando un inmenso agravio, argumentos
ampliamente expuestos en el recurso de Revisión que adjunto
como prueba para mejor proveer.

     2) en el Segundo Motivo la suscrita solicitó una igualdad
procesal pues a los coimputados

a) Carlos Humberto Meto,
b) Juan de Jesús Castro Olarte y
c) José Antonio Ortiz Barón

a pesar de ser tres coimputado en la misma causa, quienes fueron
acusados jurídicamente de forma similar a la que fuimos
acusados el señor Quintero Martínez y la suscrita, a estos no se
les aplicó el agravante que cita el numeral 77 inciso F. de la ley
8204 como se aprecie en la sentencia 389-2008 de las 14:00
horas del 31 octubre 2008 emitida por el Tribunal de Juicio
Penal de Heredia.

      De forma inverosímil en la sentencia 160-2009 del 9 junio
del 2009, el Tribunal Penal de Juicio de Heredia, nos impuso el
citado agravante que dicta el artículo 77 inciso f) de la ley 8204,
al señor Quintero Martínez y a la suscrita.

     Si bien una omisión no se vuelve ley, el artículo 33 de la
Constitución Política me concede el derecho de igualdad ante la
ley.

     De forma adjunta y como prueba para mejor proveer, cito y
aporto jurisprudencia al respecto, misma que no ha sido expuesta
ni valorada en la etapa de juicio, ni de Casación por ende,
podemos argüir y dirimir que el Tribunal de Casación Penal
esgrime una inadmisibilidad infundada y por ende se debe de
intimar la resolución dictada, e imponer las amonestaciones y
sanciones que el caso exige por inobservancia de la ley, por falta
de objetividad, análisis y cumplimiento de los deberes de
funcionarios de hacer cumplir la ley.

      3) En el Tercer motivo citó la violación al debido proceso
falta de un efectivo ejercicio de la defensa técnica.

      Al respecto, la suscrita cito omisiones, vicios y yerros
procesales tanto por incumplimiento por parte de los aquo y por
parte de la defensa técnica, que no ejerció de forma efectiva, la
defensa de la suscrita, ya que sin que yo sea especialista en leyes,
observo vicios graves en la sentencia.

     Recapitulemos que el artículo 13 del C.P.P. nos cita que no
basta con contar con la presencia del abogado que sea de
confianza para el imputado para el efectivo ejercicio de la
defensa, sino que este técnicamente debe de ejercer su
representación de forma efectiva, lo cual no se suscita en el
presente caso.

     A los jueces de casación, la suscrita les plantea que mi
defensa técnica omite por ejemplo:

a) Reclamar que la sentencia los jueces transcribe la acusación
fiscal, sin hacer mayor análisis
b) Reclamar que a los 3 de 5 coimputados de esta misma causa,
no se les aplicó el agravante del artículo 77 inciso f) de la ley
8204.
c) Defenderme por el Uso de Documento Falso, acusación que
no fue elevada a juicio en la etapa intermedia, pero si acusada en
sentencia.
d) Nunca hizo uso de la Adición y Aclaración en ninguna de las
etapas procesales, por más que era necesario
e) Nunca exigió respeto por el derecho de defensa, cuando
negaron todos las solicitudes hechas, y todos los testigos,
testimonios del caso.

      Por ende lo esgrimido por el Tribunal de Casación Penal
carece de argumentación y fundamentación, pues los hechos
citados son de carácter real que merecen y deben de ser
ampliamente analizados y valorados, en apego al efectivo y
taxativo ejercicio del derecho procesal, constitucional e
internacional vigente, pues el artículo Constitucional 129 cita
que las leyes son para todos sin excepción alguna, lo cual me
conlleva ante su autoridad supra para que ejerza su autoridad y
ordene lo que su autoridad estime pertinente y ordene las
correcciones correspondientes.

     4) En el Cuarto motivo citó la violación del debido
proceso, al principio de razonabilidad procesal y
fundamentación... al ser juzgada con pruebas inexistentes y al
contar con jueces parciales.

     En el presente motivo compruebo con pruebas tangibles,
que no cometí el delito de uso de documento falso, pues con
prueba fehaciente que datan en el expediente principal,
compruebo los erróneos conceptos esgrimidos en juicio y en
casación, pues la prueba que ambas autoridades citan como
veraz, no existe siendo éste un inmenso error que me causa el
agravio de ser sentenciada a dos años de prisión por un delito
que no he cometido.

     La prueba que da certeza del delito, que recordemos no fue
elevado a juicio en la etapa intermedia, es la “COPIA” de un
pasaporte Boliviano en el contrato de arriendo de un apartamento
en Escazú, pero en todo el expediente no figura copia alguna
del pasaporte boliviano que es la prueba tangible que
corroboraría la utilización de este.

    Entre las pruebas aportadas por la fiscalía, está el contrato
de arriendo entregado por Paola Carranza, dueña del
apartamento, incorporado al expediente en el acta 9415 Acta de
Inspección, Registro y Secuestro que consta de 5 folios, donde
NO está ninguna copia de ningún pasaporte.

      Para dar mas sustento a mi reclamo, solicité a la jueza
tramitadora de Heredia, Gina Cabrera Pedrazzini que certificara
las copias del contrato de arriendo, para demostrar la no
existencia de una copia del pasaporte boliviano en el contrato
de arriendo, y para mas justificación, transcribí el video de
juicio de la audiencia del Señor Mirambel, el 17 de marzo del
2009, en el archivo c0000090317102322.vgz, Start Time:
09/03/17 11:23:22 End Time: 09/03/17 12:00:00, en donde
aparece la declaración del señor Mirambel, donde queda
constatado las contradicciones del señor Mirambel en su
declaración, y el cómo el fiscal con el aval del tribunal de
Heredia indujo en la sentencia a una prueba faltante por
inexistente.

      Los hechos reales no concuerdan con la falsedad que indujo
el Tribunal de Heredia, ya que el tribunal en la sentencia cita en
el folio 2014 de lineal 33 a 36:

      “(...) (Se le muestra el pasaporte al testigo visible la
copia como prueba material al folio 1187, a lo que señala) Si
lo reconozco, esa es ella, la misma Nancy, ese pasaporte es de
Bolivia por lo que veo y si es ella, Nancy Rodríguez” (el
resaltado y subrayado no es del original)

     El folio 1181 corresponde al Inventario de Objetos
Decomisados, donde lo que tiene es el pasaporte original de
Bolivia, y no una copia como pretende hacer ver el Tribunal de
Heredia.

      En el video de la audiencia del Señor Mirambel, el 17 de
marzo del 2009, en el archivo c0000090317102322.vgz Start
Time: 09/03/17 11:23:22 End Time: 09/03/17 12:00:00, en lo
que interesa encontramos que cuando el Fiscal Juan Luis
Jiménez, solicitó al Tribunal el reconocimiento de la prueba 44,
el pasaporte boliviano, el Juez Ortega, presidente del Tribunal, le
pregunta al fiscal en dos oportunidades si lo que va a incorporar
para reconocimiento, es la copia del pasaporte, y literalmente el
Juez pregunta al Fiscal:

     “Me imagino que lo que hay aquí en una copia
licenciado?”,
      Esta prueba está aportada en el recurso de Revisión, pero
para sustento de mi denuncia lo transcribo.




     Fiscal: Hay una prueba que está ofrecida, señores jueces, la
prueba No. 44. Esta representación desearía que el testigo
observe la primera parte de esa prueba que está ofrecida como 44
y que se trata concretamente del pasaporte Boliviano a efecto de
que él mismo lo identifique.

     Juez: Me imagino que lo que hay aquí es una copia,
licenciada?

     Fiscal: El pasaporte está.. en la evidencia… este…

     Juez: Por eso, la pregunta es que sí usted quiere la
evidencia material o prefiere nada mas la referencia que hay
aquí como, que me imagino debe ser una copia

     Fiscal: No, el pasaporte físico que es lo que está
ofrecido. Como evidencia No. 44. No está en el expediente
principal, está aparte, don Alexis.

     Juez: Es que aquí tiene la referencia del folio, por eso le
preguntaba dice 1187.

      Fiscal: En realidad, este, bueno la prueba admitida en el
auto de apertura a juicio, y ofrecida en la pieza acusatoria, no
tiene ni siquiera foliatura, tal vez a folio 919, y en el auto de
apertura a juicio.

     Juez: Cuál es el auto de referencia? Ha, es el inventario, el
inventario del decomiso

      Abogado Campos: - Perdón que interrumpa, pero aquí
dice que está en el depósito de objetos,
     Abogado Ching: En el ofrecimiento de prueba.

      Juez Si pero aquí lo tenemos. La referencia es para, la
referencia es del folio 1187 es precisamente es el inventario de
objetos decomisados que habla propiamente de un pasaporte de
la República de Bolivia numero 3324592 a nombre Rodríguez
Peña Nancy. Esta es la prueba?, cuales dijo? Sólo el pasaporte

     Fiscal- Sólo el pasaporte

     Juez- sólo el pasaporte. Entonces que pase el testigo, de
acuerdo al artículo 225 siendo prueba debidamente admitida,
vamos a mostrársela para que haga la referencia que considere

      A pesar de ser obligación del juzgador de la etapa
intermedia de valorar las pruebas admitidas, de conformidad con
el artículo 304 del Código Procesal Penal, esta acusación NO
hubiese sido elevada a juicio por falta de prueba material.

     De igual forma, el Tribunal de Juicio tenía la obligaci6n de
corroborar lo citado por las partes para posteriormente brindarle
un valor de forma taxativo con la ley.

     De forma inverosímil el tribunal de Heredia cita como
hecho probado en folio 2014 lineales 34 y 35 que:

     “(...) se le muestra el pasaporte al testigo visible la copia
como prueba material en folio 1187 (...)” (la negrilla ni el
subrayado es del original)

      Al citar “al testigo”, se refiere a Francisco Mirambell,
quien erróneamente y con el beneplácito del tribunal, le
muestra el pasaporte original, lo cual no es la prueba para el
delito de uso de documento falso.

      Acusar por acusar no es ético desde ningún punto de vista,
y más cuando existe pruebas que demuestran que la “PRUEBA”
nunca existió. En la exposición que hice a mi favor en la vista
oral de Casación, donde expuse todos estos temas, durante la
vista oral del 21 de octubre del 2009, en la Sala de Casación
Penal de Goicochea, en el archivo c0000091021160000.vgz Start
Time: 09/10/21 17:00:00 End Time: 09/10/21 17:42:04, presenté
pruebas donde demostraba la mala valoración que hizo el
tribunal de Heredia, el citar un testigo con el que no se realizó el
contrato y el no contar con la “prueba material” como es la
copia.
      También Heredia sustenta la condena de dos años en la
posibilidad de perjuicio, y frente a este cuestionamiento, debo
aclarar nuevamente que la “posibilidad de perjuicio” jamás
existió, ya que el contrato se firmó por 16 de marzo y fue un
acuerdo por 3 meses. Se firmó el 16 de marzo y el contrato
vencía el 16 de junio, por lo que para el 23 de abril que fue el
allanamiento en el apartamento, ya estaba cancelado el mes de
abril, inclusive junio, porque se hizo abono al último mes como
declaró el dueño del apartamento, y con los depósitos que se
dejaron, cubrieron los daños físicos al apartamento que hizo la
policía, no causando ningún perjuicio al propietario del
inmueble, por lo que “en caso del incumplimiento del contrato”
que es el agravio, jamás existió.

     El Contrato de Arriendo del Apartamento de Toscana,
decomisado con evidencia 29, en la cláusula Cuarta, Décima y
Decimo Cuarta, el propietario protege sus intereses de forma
clara y explícita, mediante el uso del Depósito por lo que lo
citado por el tribunal de juicio carece de argumentos reales,
inobservando los numerales constitucionales 1, 7, 11, 39, 41, 50,
129 y 194, en concordancia con los artículos 1 y 71 del Código
Penal y concordantes.

     Por consiguiente no existe motivo alguno que logre crear
circunstancia dubitativa alguna en mi perjuicio, rompiéndose la
Sana Crítica Racional y las normativas procesales conexas.

      No existe agravios alguno causado, por lo que la simple
existencia del pasaporte original, que es lo único que existe, es
inocuo pues éste no produce agravio alguno y por ende incluso
se me absolvió del delito de falsificación de documento del que
fui acusada.

      La exposición citada en la Revisión, además de comprobar
la inexistencia del delito que se me da por cometido, nos ayuda a
corregir el grave error cometido en mi perjuicio.

     La citada disquisición es merecedora de una valoración
profunda, pues se tiene a una inocente sentenciada
injustamente hecho que es inadmisible en un país democrático
por ser respetuoso del derecho.

     Señores del Consejo Superior, debido a que su autoridad es
el máximo ente institucional que fiscaliza y corrige el efectivo
cumplimiento de las leyes, pues requiero de justicia y del
       cumplimiento tácito de las nomenclaturas existentes.

                                 Pretensiones

            1) Que se me declare con lugar la presente Adición y
       Aclaración, y se ordene el respectivo procedimiento.

            2) Que se ordene el procedimiento disciplinario contra los
       jueces citados.

            3) Que me brinden una audiencia oral para aclararles
       cualquier duda que se suscite en el presente proceso.

                               Fundamentación

             Fundamento el presente procedimiento en los artículos 1,
       8.1.2), 67, 81.1), 84 de la Ley 7333 Ley Orgánica del Poder
       Judicial.

            Artículos 1,7, 19, 27, 28, 30, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 49, 50,
       129, 153, 154, 166 y 194 de la Constitución Política
       costarricense.

            Artículos 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 142, 143, 175, 176, 177,
       178, 179, 180, 181,182, 183, 184, 277 408 inciso e y g), 410,
       414 y 415 del C.P.P.

            Aporta como prueba para mejor proveer el procedimiento
       de Revisión que hoy nos ocupa el cual contiene la respectiva
       fundamentación fáctica y jurídica de forma amplia.”

                                     -0-

      Se acordó: Rechazar de plano la solicitud formulada por la señora

Rabelo Dueñas, en razón de que esta Corte carece de competencia para

revisar pronunciamientos jurisdiccionales de los Tribunales de la

República, los que deben ser impugnados con utilización de los recursos

establecidos en los Códigos Procesales correspondientes.

                          ARTÍCULO XXXII
      El Consejo Superior en sesión Nº 90-10 celebrada el 7 de octubre de

2010, artículo XIV, tomó el acuerdo que literalmente dice:

            “El máster Yuri López Casal, Juez del Tribunal de
       Puntarenas, en nota de 29 de setiembre del año en curso,
       manifestó:

             “De la manera más atenta quiero exponerles mi
       disconformidad y malestar con la conducta omisiva del
       Departamento de Personal del Poder Judicial y que consiste en lo
       siguiente:

             A finales del mes de Junio del 2010 envié a la Secretaría
       General de la Corte Suprema de Justicia una petición consistente
       en que se sometiera a discusión y decisión de la Corte Plena el
       reconocimiento de la categoría de Juez 5 y el salario respectivo
       en los mismos términos en que la Corte Plena les dio ese derecho
       a los Jueces del Tribunal de Apelaciones de la materia
       contencioso-administrativa, según acuerdo tomado por la Corte
       Plena en sesión número 6-2010 celebrada el pasado 22 de
       febrero de 2010, acuerdo XVI.

             El 1 de julio de 2010 la Secretaría General de la Corte
       Suprema de Justicia, como acto previo a someter mi petición de
       reconocimiento y pago de Juez 5 ante Corte Plena, solicitó al
       Departamento de Personal del Poder Judicial un informe sobre
       mi solicitud. Para tal fin, le concedió el plazo de 1 mes contado a
       partir del 1 de Julio de 2010. La solicitud de rendición de
       informe que le pidió la Secretaría General de la Corte Suprema
       de Justicia al Departamento de Personal consta en el oficio
       número 5974-2010 del 1 de julio de 2010.

            Como el Jefe del Departamento de Personal del Poder
       Judicial no rindió el Informe que se le solicitó mediante el oficio
       número 5974-10 del 1 de julio de 2010 dentro del plazo de 1 mes
       que tenía para ese fin, entonces volví a pedirle a la Secretaría
       General de la Corte Suprema de Justicia que le enviara un
       recordatorio al Departamento de Personal para que rindiera el
       informe que se le había pedido mediante el oficio precitado.

            La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia
       accedió a mi petición de recordatorio y mediante oficio número
       8392-2010 del 21 de setiembre de 2010 no sólo le hizo ver al
       Departamento de Personal que estaba pendiente el oficio número
       5974-10 del 1 de Julio de 2010 sino que, además de eso, le
concedió un plazo de 3 días para que, finalmente, el
Departamento de Personal rindiera el informe que se le había
pedido desde el 1 de julio de 2010.

      Ya transcurrió el plazo de 3 días concedidos mediante
oficio número 8392-10 y el Departamento de Personal simple y
sencillamente parece que no ha querido acatar la petición que le
ha hecho, por segunda ocasión, la Secretaría General de la Corte
Suprema de Justicia.

     La omisión reiterada del Departamento de Personal del
Poder Judicial me causa perjuicio porque el tiempo transcurre
rápida y libremente y sin ese informe que debe rendir el
Departamento de Personal, lógicamente Corte Plena nunca va a
conocer, por el fondo, mi petición de reconocimiento y pago
como Juez 5, en los mismos términos en que los Magistrados y
Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría, le
reconocieron ambos derechos a los Jueces del Tribunal de
Apelaciones de la materia contencioso-administrativa.

     Si sigo esperando a que el Departamento de Personal
cumpla con su obligación de rendir el informe que le pidió la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, entonces
creo que nunca voy a obtener la respuesta, sea positiva o
negativa, a la cual tengo derecho y me veré forzado (lo cual no
quiero hacer) a demandar al Estado.

                        PRETENSIÓN

     Con base en lo expuesto, pido al honorable Consejo
Superior del Poder Judicial que le ordene al Departamento de
Personal del Poder Judicial que rinda, inmediatamente, el
informe que le solicitó la Secretaría General de la Corte Suprema
de Justicia mediante oficios números 5974-10 del 1 de Julio de
2010 y 8392-10 del 21 de setiembre de 2010.

                           PRUEBA

     Como prueba aporto el correo electrónico que le envió la
Prosecretaria general interina, Yacira Segura Guzmán, al Jefe del
Departamento de Personal del Poder Judicial.

                     NOTIFICACIONES

      Para notificaciones señalo el correo electrónico
institucional, es decir, ylopezc@poder-judicial.go.cr.”
                                     -0-

              Mediante oficio N° 5974-10 de 1 de julio del presente
       año, la Secretaría General de la Corte remitió al Departamento
       de Personal con el fin de que rindiera el informe
       correspondiente, la gestión presentada por el máster Yuri López
       Casal, en que solicitó entre otros, se le reconociera la categoría
       de Juez 5 en los mismos términos en que se les dio ese derecho a
       los Jueces del Tribunal de Apelaciones de la materia
       Contencioso-Administrativa, según acuerdo tomado por la Corte
       Plena en sesión N° 6-2010 celebrada el 22 de febrero del 2010,
       artículo XVI.

             Relacionado con lo anterior, los máster Francisco Arroyo
       Meléndez, y Mauricio Quirós Álvarez, Jefes del Departamento
       de Personal, y de Desarrollo Humano y la licenciada María
       Gabriela Mora Zamora, Jefa de Análisis de Puestos, en oficio N°
       SAP-291-2010, de 29 de setiembre del año en curso,
       manifestaron:

             “En atención al oficio N° 5974-10 de fecha 01 de julio del
       2010, el cual se adjunta “correo electrónico recibido el 30 de
       junio último, en que el máster Yuri López Casal, Juez del
       Tribunal de Puntarenas, solicita entre otros, se le reconozca la
       categoría de Juez 5 en los mismos términos en que se les dio ese
       derecho a los Jueces del Tribunal de Apelaciones de la materia
       Contencioso-Administrativa, según acuerdo tomado por la Corte
       Plena en sesión N° 6-2010 celebrada el 22 de febrero del 2010,
       artículo XVI”; nos permitimos indicar que el día 27 de setiembre
       del presente año, fue entregado y recibido en la Secretaría del
       Consejo de Personal el informe SAP-283-2010 a fin de que sea
       conocido y analizado por los integrantes de dicho cuerpo
       colegiado; lo anterior de conformidad con el procedimiento que
       se tiene establecido para este tipo de investigaciones.”
                                        -0-
             Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y
       hacerla de conocimiento del máster Yuri López Casal. Se
       declara este acuerdo firme.”
                                     -0-

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de

Personal, en oficio Nº 1143-JP-2010 de 6 de diciembre de 2010, transcribe
el acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en sesión Nº 19-2010

celebrada el 18 de noviembre de ese año, que literalmente dice:

             “Se procede a conocer el informe SAP-283-2010,
       relacionado con la gestión que plantea el Lic. Yuri López Casal,
       para que su puesto sea recalificado como Juez 5.

            El informe señala:

             Con la finalidad de que sea conocido por los señores
       miembros del Consejo de Personal, nos permitimos indicar que
       la Secretaría General de la Corte, mediante el Oficio N° 5974-10
       de fecha 1° de julio del 2010, traslada para la respectiva atención
       la gestión presentada por el señor Yuri López Casal, quien ocupa
       en propiedad un cargo Juez, nivel 4 en el Tribunal de Puntarenas.

             Las pretensiones del señor Yuri López Casal son las que se
       detallan:

            1) Que se me otorgue y se me reconozca la categoría de
       Juez 5 en los mismos términos en que se les dio ese derecho a los
       Jueces del Tribunal de Apelaciones de la materia contencioso-
       administrativa mediante artículo XVI de la sesión de Corte Plena
       número 6-2010 de las 13:00 horas del 22 de febrero de 2010.

            2) Que se me pague como Juez desde el día 22 de febrero
       del 2010, que es la fecha de la sesión número 6-2010 de Corte
       Plena.

             3) Que se me paguen      las diferencias salariales existentes
       entre el salario de Juez 5 y   el salario de Juez 4 desde el 22 de
       febrero del 2010 y hasta el    momento en que se me reconozca,
       plenamente, mi derecho de      continuar disfrutando el salario de
       Juez 5.

             4) Que las diferencias insolutas que reclamo en el punto
       petitorio tercero sean consideradas e incluidas en al cálculo de
       mis vacaciones, aguinaldo y salario escolar.

             5) Que se me paguen intereses al tipo legal establecido en
       el artículo 1163 del Código Civil sobre las diferencias salariales
       reclamadas en el punto petitorio tercero, desde el momento en
       que surgió la diferencia salarial insoluta y hasta el momento en
       que se me haga efectivo pago de ella.
                    6) Que se ordene al Departamento de Personal del Poder
              Judicial que dicha oficina deberá incluir, sumar y tomar en
              cuenta, para los efectos de mi antigüedad laboral, mi futura
              jubilación, mis anualidades, mi carrera judicial y mis
              prestaciones laborales que se generen durante la vigencia del
              contrato de trabajo que me liga con el Poder Judicial, tales como
              vacaciones, aguinaldo y salario escolar, el salario de Juez 5 que
              estoy solicitando en forma retroactiva a partir del 22 de febrero
              de 2010.

                  Ahora bien, con el propósito de que los señores del Consejo
              de Personal cuenten con todos los elementos necesarios nos
              permitimos dividir este Oficio en los siguientes aspectos:

                   1- Clasificación y valoración de un Juez en relación con
              los niveles establecidos por la Ley Orgánica del Poder
              Judicial

                   2- Clasificación y Valoración de un Juez en función del
              nivel y responsabilidad que tienen cuando se trata del
              conocimiento de los asuntos en alzada (apelaciones).

                 3-Sobre      el       Código      Procesal      Contencioso-
              Administrativo.

                   4- Facultades que otorga la Ley Orgánica del Poder
              Judicial a la Corte Plena.

                   1. Clasificación y valoración de un Juez en relación con
              los niveles establecidos por la Ley Orgánica del Poder
              Judicial:

                   Como primer elemento se considera necesario mostrar
              mediante una tabla los niveles existentes para los cargos de Juez
              en relación con el tipo de Despacho Judicial al que pertenecen,
              de conformidad con la jerarquía definida por la Ley Orgánica del
              Poder Judicial:

                                      TABLA Nº 1
                 Distribución de los puestos en el ámbito Jurisdiccional
                                      (Judicatura)

DESCRIPCION          Nivel 1         Nivel 2        Nivel 3       Nivel 4         Nivel 5
                   Juzgados: Civiles          Juzgados de               Juzgados:                                   Tribunales de
                       de Menor              Ejecución de la           Civiles de                                     Casación
                       Cuantía,                   Pena               Mayor Cuantía,
                                                                       Concursal.              Tribunales             Tribunal
                      Juzgados                 Juzgado de                Mixtos,               Colegiados           Contencioso-
                  Contravencionales           Cobro Judicial             Penales,                (2), (3)          Administrativo
                   y menor cuantía,                (1)                   Penales                                         (5)
                                                                        Juveniles               Tribunal
                     Juzgados de                                      Contenciosos            Contencioso-
DESPACHOS             Pensiones                                      Administrativos         Administrativo
                    Alimentarias y                                    y Civiles de                 (4)
                       Violencia                                      Hacienda, de              (Juez 3)
                     Doméstica,                                        Familia, de              (Juez 4)
                                                                        Violencia
                     Juzgados de                                       Doméstica,
                      Pensiones                                         Agrarios,
                     Alimentarias,              Jueces                   Notarial.
                                            Supernumerarios
                      Juzgados de
                        Tránsito                                         Jueces
                                                                      Conciliadores
                      Juzgados
                  Contravencionales

                      Tribunal de
                   Trabajo de Menor
                        Cuantía
  JUEZ                  Juez 1                    Juez 2                  Juez 3                 Juez 4                 Juez 5

            Fuente: Relación de puestos vigente, 2010

             (1)     El Consejo Superior en funciones de formulación presupuestaria, en el acta Nº 12 artículo IV, al
            conocer el detalle de las plazas ordinarias y extraordinarias a crear para el 2009, dispuso asignar la
            categoría de Juez 2.
             (2)     Se exceptúa el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía.
             (3)     En estos despachos existen Jueces con categoría 1 que realizan la función de Juez Tramitador del
            Despacho.
             (4)     Por la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo en el 2008 este
            Tribunal estará integrado por (Jueces 3 Conciliadores), (Jueces 3 Prosecutores), (Jueces 4 Decisores y
            Ejecutores) aprobados por el Consejo Superior en la sesión Nº 22-07 del 22 de marzo del 2007, artículo
            XXIX.
            (5) Corte Plena en la sesión N° 06-2010, celebrada el 22 de febrero del 2010, XVI define el
            conocimiento de las Apelaciones, en espera de lo que en definitiva se determine en cuanto a su
            categoría en el Proyecto de Ley de Supresión de la Casación en el         Contencioso Administrativo.

                  Tal y como se aprecia según el grado al que pertenece el
            despacho, así será la clasificación que tendrá el Juez, es así como
            los Juzgados de menor cuantía y contravencionales. (Título IV,
            Capítulo III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos que
            van del 114 al 122), se encuentran en el nivel 1.

                  Mientras que en el nivel 2 encontramos a los Juzgados de
            Ejecución de la Pena que son los que se encargan de la fijación
            de la pena y las medidas de seguridad que deben ejercerse
            posterior a la aplicación definitiva de la sentencia dictaminada
            por el Despacho correspondiente. Se incluyen también en este
            nivel los Juzgados de Cobro Judicial que tienen a cargo el cobro
            de las obligaciones dinerarias; además se encuentran a los Jueces
            Supernumerarios a quienes les corresponde resolver asuntos en
            cualquiera de los despachos descritos.

                 En cuanto al nivel 3, en el se muestran los despachos
            contenidos en el Título IV, Capítulo II de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, Juzgado de Primera Instancia y Penales que se
definen en los artículos que van del 103 al 113 de esa Ley;
además de los Jueces Conciliadores que se encargan de la etapa
de conciliación de diferentes materias.

      En referencia a los niveles 4 y 5, estos se precisan en el
título IV Capítulo Primero Tribunales Colegiados y en ellos se
encuentran     los    Tribunales    Colegiados     Contencioso-
Administrativo, Familia, Trabajo, Agrario, Penales Juveniles. El
nivel 5 estaba reservado exclusivamente para el Tribunal de
Casación Penal; sin embargo Corte Plena establece a los Jueces
del Tribunal de Casación de la Materia Contenciosa
Administrativa en el nivel 5.

      Al respecto podemos mencionar que los niveles
establecidos en la Ley Orgánica no definen una subordinación ni
jerarquía administrativa entre los despachos jurisdiccionales de
todas las materias, por el contrario la categorización establecida
en la Ley está orientada a determinar el conjunto de
competencias, atribuciones y funciones a cargo de cada despacho
judicial, así como la relación que se establece para las oficinas de
una misma materia o conjunto de materias afines.

      Estos criterios de orden estructural delimitan de alguna
manera no solo las funciones sino las particularidades que se
derivan de éstas y que determinan los diferentes niveles de
clasificación que al efecto en distintas ocasiones ha estudiado,
analizado y determinado este despacho con el fin de establecer
las retribuciones salariales.

     2- Clasificación y Valoración de un Juez en función del
nivel y responsabilidad que tienen cuando se trata del
conocimiento de los asuntos en alzada (apelaciones).

     Una de las variables fundamentales para establecer
actualmente la clasificación y el nivel que corresponde a un
cargo de Juez, es el grado de conocimiento que puede tener
respecto de los asuntos que por Ley le pueda corresponder
cuando se trata de las apelaciones.

      Con el fin de ilustrar al lector desde el punto de vista
gráfico, a continuación se muestran las relaciones existentes
entre las instancias judiciales que en cada una de las materias se
encargan de conocer los asuntos en alzada:
Según el detalle mostrado por proceso y por materia el
conocimiento en segunda instancia de un asunto corresponde a
un Juez que ostenta un grado mayor que el Juez que dictó en
primera instancia, circunstancia que influye significativamente
en los niveles de responsabilidad y dificultad que los titulares de
estos cargos tienen dentro del conjunto de funciones y
actividades de diferente naturaleza que les corresponde atender.
Sobre el particular debemos manifestar que la apelación es un
recurso que busca que un órgano superior revise la decisión o
resolución tomada por un juez inferior respecto del conocimiento
de los asuntos que este conoce. Este principio aplica para todas
las materias (civil, familia, laboral, penal, etc.).

      Asimismo debemos tener claro que por la particularidad de
la administración de justicia y la aplicación de una serie de
factores de organización, estructura, competencia territorial,
cantidad de asuntos que atienden y otros de interés; existen
despachos judiciales que de acuerdo a esta naturaleza particular
atienden varias materias. En este sentido a continuación se
presentan las especialidades que de manera integral debe conocer
un juez bajo estas características

          Juzgados       Contravencionales       y     Pensiones
Alimentarias.

          Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía
que conocen las materias: Civil, Laboral, Contravención,
Pensión y Violencia Doméstica.

           Juzgado Civil, Trabajo y Familia.

           Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía
que tramitan cuatro materias, a saber: Civil, Laboral,
Contravenciones y Pensiones Alimentarias.

          Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía
competentes en Civil, Laboral, Contravenciones, Pensiones y
Tránsito.

          Juzgados competentes en Civil, Trabajo, Familia,
Penal Juvenil y Violencia Doméstica.

           Juzgados competentes en Civil, Trabajo y Agrario.

          Juzgados competentes en Familia, Penal Juvenil y
Violencia Doméstica.

           Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía
que tramitan Contravenciones, Civil y Laboral.

          Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía
que tramitan las materias de Civil, Laboral, Contravenciones,
Pensiones Alimentarias, Violencia Doméstica y Tránsito.

           Juzgados Civiles y de Trabajo de Menor Cuantía.

             De los argumentos expuestos y desde el punto de
vista técnico el Departamento de Gestión Humana a través de la
Sección de Análisis de Puestos, ha venido elaborando y
ajustando los perfiles y clases de cargos en función de la
diversidad de tareas y el tipo de despacho que representan.
Asimismo y conforme a la dinámica de actualización e
incorporación de otros procesos especializados para la
jurisdicción, ha sido necesario definir perfiles específicos que
respondan a las condiciones particulares de las materias que se
atienden.

     A continuación se presentan las naturalezas del trabajo para
los puestos que conforman la serie de Jueces. Este componente
es fundamental para comprender de manera general las
competencias y el quehacer diario de un Juez, considerando los
elementos más representativos de su función. Asimismo de
alguna manera esta aproximación respecto de la función que le
corresponde ejercer a una persona en este tipo de cargos,
incorpora la instancia o jerarquía de los asuntos que por Ley
están definidos.

                        TABLA N° 2
Clase de
                                    Naturaleza del Trabajo
 puesto

              Resolución de asuntos presentados en juzgados y tribunales de
              menor cuantía, contravencionales y de hechos sumarios; o,
 Juez 1
              supervisión y ejecución de actividades jurídicas y administrativas
              en un tribunal.

              Resolución, coordinación y supervisión del procedimiento de
 Juez 2       Ejecución de la Pena.

              Resolución de los asuntos judiciales sometidos a su conocimiento,
 Juez 3       de acuerdo con las disposiciones de Ley.

              Resolución de asuntos judiciales sometidos al conocimiento de un
 Juez 4       Tribunal.

              Resolución de recursos e interpelaciones           sometidos    al
              conocimiento del Tribunal de Casación.
 Juez 5


      Fuente: Manual Descriptivo de Clases de Puestos vigente

            Por otra parte tal y como se ha indicado, conforme a las
      diferentes necesidades en el campo de la administración de
      Justicia ha sido necesario la incorporación de figuras a nivel de
      la judicatura tales como el Juez Supernumerario homologado con
      el juez 2, el Juez Conciliador ubicado en el mismo nivel que el
      Juez 3, figura del Juez en materia de Cobro Judicial ubicado en
      el nivel de Juez 2 y las figuras a raíz de la entrada del Código
      Procesal Contencioso Administrativo.

         3-    Sobre        el    Código      Procesal       Contencioso-
      Administrativo.

           3.1- El Código Procesal Contencioso-Administrativo-Ley
      N° 8508 del 28 de Abril del 2008, Publicado en el Alcance N°.
      38 de la Gaceta N°. 120 del 22 de junio del 2006, establece en el
      Capítulo II, Órganos, artículo N° 6 que:

          La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de
      Hacienda será ejercida por los siguientes órganos:

            a) Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y
      Civil de Hacienda.

            b) Los tribunales de lo Contencioso-Administrativo y
      Civil de Hacienda.
          c) El Tribunal de Casación de lo Contencioso-
       Administrativo y Civil de Hacienda.

               d) La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

               Y en su Transitorio I que:

             La Corte Plena pondrá en funcionamiento el Tribunal
       de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de
       Hacienda, cuando las circunstancias jurídicas o de hecho así
       lo exijan. Entre tanto, los recursos de apelación y casación
       asignados a él en el presente Código, serán del conocimiento
       de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

       3.2- En la sesión extraordinaria Nº 12-2006 celebrada el 31 de
       mayo del año 2006, artículo VII, Corte Plena aprobó el
       planeamiento de actividades propuesto por la Comisión de lo
       Contencioso Administrativo, producto de la promulgación del
       nuevo Código Procesal en dicha materia.

       Sobre el particular, la Secretaría General de la Corte publicó el
       Aviso Nº 09-2006 para informar acerca de las acciones que
       debían realizar las diferentes instancias judiciales, así como el
       establecimiento de los perfiles para los jueces: tramitador,
       conciliador, de juicio oral, ejecutor y el de casación, siendo esta
       función, competencia del Departamento de Gestión Humana.

       Con base en el acuerdo anterior el 8 de noviembre del 2006 el
       Departamento de Gestión Humana por medio de la Sección de
       Análisis de Puestos emite el informe IDH-234-2006, el cual
       contiene el estudio para establecer la descripción de las clases
       para los Jueces que laboran conforme el nuevo Código Procesal
       de lo Contencioso Administrativo.

              Al respecto en dicho informe se recomienda lo siguiente:

            “5.1 Crear y aprobar la descripción de clases angostas de
       los jueces que integrarán los despachos judiciales del nuevo
       Código Procesal Contencioso Administrativo y Civil de
       Hacienda, según se presentan en los anexos N° 1, 2 y 3 y
       ubicarlas conforme el siguiente detalle:

Clase ancha          Clase angosta propuesta      Categoría    Salario       REFJ
 propuesta                                                      Base          %
                                                                 
Juez 3          Juez tramitador - Juzgado           1460        774.200    26
                Contencioso Admtivo y Civil
                de Hacienda
Juez 3          Juez     Decisor - Juzgado          1460        774.200    26
                Contencioso Admtivo y Civil
                de Hacienda
Juez 3          Juez Conciliador - Tribunal         1460        774.200    26
                Contencioso Admtivo y Civil
                de Hacienda
Juez 4          Juez Prosecutor - Tribunal          1595        847.000    26
                Contencioso Admtivo y Civil
                de Hacienda
Juez 4          Juez de Sentencia - Tribunal        1595        847.000    26
                Contencioso Admtivo y Civil
                de Hacienda
Juez 4          Juez Ejecutor de Sentencia -        1595        847.000    26
                Tribunal           Contencioso
                Admtivo y Civil de Hacienda
Juez 5          Tribunal de Casación -              1780        995.400    30
                Contentencioso Admtivo y
                Civil de Hacienda
         Índice salarial vigente a partir del segundo semestre del 2008.

    3.3- Conforme al punto anterior se establece para la materia
    Contenciosa Administrativa una serie que va del Juez 3 al Juez 5,
    en el se incluye la descripción para el Juez del Tribunal de
    Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda los
    cuales al igual que los demás perfiles fueron aprobados por
    Consejo Superior en la sesión Nº 22-07 del 22 de marzo del 2007
    artículo XXIX.

         3.4- Corte Plena en sesión Nº 29-09 celebrada el 17 de
    agosto del 2009, articulo XXVI entre las disposiciones que
    define se menciona la siguiente:

          “…3) Mientras no se apruebe la reforma legal acordada por
    la Corte (concentración de la Casación en la Sala y Tribunal de
    Apelaciones), con fundamento en el artículo 59 inciso 16),
    párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
    autoriza el funcionamiento del Tribunal de Casación, para que
    ejerza únicamente sus competencias como Tribunal de
    Apelaciones. La Sala Primera continuaría asumiendo el
    conocimiento de todas las casaciones. La integración del
    Tribunal sería con recursos de la jurisdicción contencioso
    administrativa, salvo que el informe del Departamento de
    Planificación recomiende algo distinto”.
      3.5.- Corte Plena en la sesión N° 06-2010, celebrada el 22
de febrero del 2010, artículo XVI, acuerda que: “Tener por
rendido el informe del Consejo de Personal y con base en la
propuesta del Magistrado Cruz, acoger el criterio del
Departamento de Personal contenido en el informe N° SAP-398-
2009, por ende definir que el perfil para el cargo de Juez de
Apelaciones del Tribunal de Apelaciones sea a este momento de
Juez 5, en espera de lo que en definitiva se determine en cuanto a
su categoría en el Proyecto de Ley de Supresión de la Casación
en el Contencioso Administrativo. Así votaron los Magistrados
Mora, Rivas, Solís, León, González, Escoto, Villanueva, Varela,
Jinesta, Cruz, Castillo y la Suplente Salazar Cambronero. Los
Magistrados Aguirre, Vega, Camacho, Ramírez, Pereira,
Chinchilla, Armijo y los Suplentes Víquez Arias y Gómez
Cortés votaron por aprobar la recomendación del Consejo de
Personal”.

      Cabe señalar que en el último párrafo del SAP-398-2009 se
consigna lo siguiente: “En vista de la información presentada, y
tomando en consideración que según acuerdo de Corte,
establecido en sesión Nº 29-09 celebrada el 17 de agosto del
presente año, artículo XXVI donde autoriza la entrada en
funcionamiento el Tribunal de Casación para que ejerza
únicamente sus competencias como tribunal de apelaciones, se
recomienda utilizar la clase de puesto vigente de “Juez del
Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda” para los cargos que conformarán el “Tribunal de
Casación”; con el entendido que una vez que entre en vigencia la
reforma legal acordada por Corte Plena, la cual pretende la
concentración de la casación en la Sala y las apelaciones en un
Tribunal de Apelaciones, en ese momento se deberá proceder a
revisar el respectivo Perfil de dicho Juez.”

      Derivado de lo anterior, los señores miembros del Consejo
de Personal, en la sesión N° 01-2010 celebrada el 14 de enero
IX, disponen: “… Separarse de las recomendaciones contenidas
en el Informe SAP-398-2009 por cuanto se determina que la
clasificación y valoración de estos jueces es del nivel 4; toda vez
que atenderá únicamente las apelaciones y la Sala Primera todas
las casaciones. Lo anterior también a la luz de las discusiones
que se han dado en la Corte Plena respecto a estos cargos. El
Departamento de Personal, deberá hacer cualquier derivado de
este acuerdo. Se declara acuerdo firme."

4- Facultades que otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial
a la Corte Plena.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su Capítulo VI, artículo
59 define que:

        Corresponde a la Corte Suprema de Justicia:

2- Proponer las reformas legislativas y reglamentarias que
juzgue convenientes para mejorar la administración de
justicia.

                              (…)

5- Resolver las competencias que se susciten entre las Salas
de la Corte, excepto lo dispuesto por la ley respecto de la Sala
Constitucional.

                              (…)

16- Refundir dos o más despachos judiciales en uno solo o
varios despachos, para conozcan de determinados asuntos,
dentro de una misma materia, ocurridos en una o varias
circunscripciones o en todo el territorio nacional.

                              (…)

      Es así, que de los elementos expuestos en cuanto a la
clasificación y valoración definida para los distintos jueces en
relación con los niveles establecidos por la Ley Orgánica del
Poder Judicial, de la clasificación y valoración de los jueces en
función del nivel y responsabilidades que tienen cuando se trata
del conocimiento de los asuntos en alzada (apelaciones), de las
atribuciones y competencias señaladas en el Código Procesal
Contencioso-Administrativo para el conocimiento de la materia
Contenciosa-Administrativa; y particularmente de las facultades
establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial a la Corte
Plena en su artículo N° 59; este Departamento establece que no
existen elementos para acceder a ninguna de las pretensiones del
licenciado Yuri López Casal, quien ocupa en propiedad el puesto
de Juez 4 en el Tribunal de Puntarenas.

     Sobre el particular debe señalarse que oportunamente este
Consejo en sesión N° 01-2010, celebrada el 14 de enero del
presente año, artículo IX dispuso “…separarse de las
recomendaciones contenidas en el informe SAP-398-2009 por
cuanto se determina que la clasificación y valoración de estos
jueces (se refiere a jueces del Tribunal de Apelaciones) es del
       nivel 4; toda vez que atenderá únicamente las apelaciones y
       la Sala Primera todas las casaciones…”

            En virtud de que para el presente caso se han inhibido los
       Integrantes Ana Luisa Meseguer y José Rodolfo León, dado de
       que ocupan un cargo del mismo nivel que el gestionante, y que el
       Máster Arroyo también se inhibió por la queja interpuesta por el
       señor López ante la Inspección Judicial por la demora que en su
       opinión tuvo la confección del informe de marras, se acuerda:
       Trasladar el presente informe a la Corte Plena en virtud de sus
       competencias y facultades. Se declara firme el acuerdo.”

                                    -0-

      Sin objeción de las señoras Magistradas y los señores Magistrados

presentes, se acordó: Aprobar el informe elaborado por el Consejo de

Personal, y con base en las razones que ahí se indican, denegar en todos sus

extremos la solicitud planteada por el máster López Casal.

                                    -0-

      A las 16,35 horas finalizó la sesión.

								
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