Nº 87-09
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho
horas del diecisiete de setiembre del dos mil nueve.
Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Chaves, quien sustituye para
este acto al Magistrado Mora, Presidente; de las licenciadas Milena Conejo
Aguilar y Lupita Chaves Cervantes, el licenciado Marvin Martínez Fernández y la
Suplente licenciada Ana Cecilia Ching Vargas en plaza vacante. Asiste también el
Director Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.
ARTÍCULO I
Se aprueba el acta de la sesión N° 83-09 celebrada el 3 de setiembre del
2009.
Se aprueban también las separatas de las sesiones N° 69-09 y 85-09
celebradas el 9 de julio y 10 de setiembre de este año, artículos XXXV, XXII y
XXXVIII, respectivamente.
La licenciada Chaves Cervantes, se abstiene de votar en cuanto a la
aprobación del acta.
ARTÍCULO II
En sesión Nº 83-09 celebrada el 3 de setiembre del año en curso, artículo II,
se tuvo por presentada la revisión de la licenciada Ana Cecilia Ching Vargas,
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integrante de este Consejo, del acta Nº 73-06 del 30 de julio del año en curso,
específicamente para que se analice nuevamente lo dispuesto en el artículo XV,
donde se conoció el oficio Nº 3012 del Tribunal de la Inspección, referente a la
queja Nº 455-2008B, la cual impuso al licenciado Juan Carlos Morales Jiménez,
Defensor Público de Upala, la corrección disciplinaria de amonestación escrita, por
no haberse presentado a la continuación de un debate, falta que se calificó como
grave y este Consejo anuló la resolución Nº 432-08 de dicho Tribunal y ordenó el
reenvío del expediente para que se emitiera un nuevo pronunciamiento conforme a
derecho.
A esos efectos, este Consejo conoce la revisión interpuesta y por mayoría,
acordó: Rechazar la revisión interpuesta por la licenciada Ching Vargas y
mantener lo resuelto en sesión Nº 73-06 del 30 de julio del año en curso, artículo
XV.
La integrante Ching Vargas salvó el voto y reconsideró lo resuelto.
Voto salvado: no obstante que mi voto inicial fue anular la resolución
número 432-08 del Tribunal de la Inspección Judicial venida en consulta, ahora
con un mejor análisis, estimo que debe mantenerse lo resuelto por dicho Tribunal,
toda vez que está ajustado a derecho. En el proceso no se da ninguno de los
supuestos por los que procede la nulidad, contemplados en el artículo 210 de la
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Ley Orgánica del Poder Judicial, pues no se ha causado indefensión ni existe
ningún vicio grave de procedimiento. Y en cuanto al fondo del asunto, comparto
los argumentos dados por ese órgano en cuanto estiman que el defensor Juan
Carlos Morales incurrió en una falta en el desempeño de sus funciones, lo cual
afectó el servicio público y la imagen del Poder Judicial al tener que anular un
juicio ya iniciado por el delito de lesiones leves, debido a la inasistencia del
defensor, quien no tomó en cuenta que el juez es el director del proceso y que si
éste, optó por la continuación del debate al día siguiente, debió acatar lo
dispuesto, sobre todo tomando en cuenta que estaba de por medio la anulación de
un juicio ya iniciado, con el consiguiente perjuicio para las partes, para el Poder
Judicial y para el país. Comparto igualmente lo afirmado por el Tribunal en el
sentido de que no es posible justificar la inasistencia al juicio, basándose en la
decisión de la jefatura de la defensa, ya que eso no era vinculante para el
encausado, porque existía una decisión jurisdiccional firme, la cual ya había sido
impugnada por el Lic. Morales Jiménez, y le había sido rechazada por el juez,
tornándose obligatorio para él su acatamiento, todo ello sin perjuicio de las
acciones que el defensor pudiera tomar después para hacer cumplir las políticas
que se han impulsado respecto a la coordinación y respeto que debe haber entre los
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servidores y funcionarios para cumplir de la mejor forma la administración de
justicia.
Comuníquese al Tribunal de la Inspección Judicial y al licenciado Juan
Carlos Morales Jiménez.
ARTÍCULO III
En razón del sentido fallecimiento del señor Jorge Enrique Sibaja Aguilar,
quien se desempeñó como Asistente Administrativo del Almacén de Proveeduría,
se acuerda expresar a su estimable familia las condolencias de la Corte Plena y de
este Consejo.
ARTÍCULO IV
En sesión N° 81-09 celebrada el 27 de agosto recién pasado, artículo XXX,
se tomó el acuerdo que literalmente dice:
―En sesión Nº 71-09 celebrada el 23 de julio último, artículo
LVIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
―En sesión N° 64-09 del 23 de junio recién pasado, artículo XXVII,
se tomó el siguiente acuerdo:
"En sesión Nº 28-09 celebrada el 24 de marzo del año en curso,
artículo XXXIV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
"Las doctoras Leslie Solano Calderón, Zarela Abarca Villalobos, y
el doctor Allan Chaves Moreno, Jefa, Médico Residente y Médico
Forense del Departamento de Medicina Legal, respectivamente, en oficio
N° J.D.M.L. 2009-0109D de 6 de marzo en curso, remiten el resultado de
la valoración médica practicada a la licenciada Sandra Lucrecia Castro
Caamaño, Fiscal Auxiliar del Segundo Circuito Judicial de San José, en
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que concluyen que doña Sandra Lucrecia se encuentra incapacitada de
manera absoluta y permanente para realizar su actividad laboral habitual
en el Poder Judicial.
Por su parte, el Consejo Médico Forense, integrado por la doctora
Mayra Rodríguez Calvo y los doctores Mario Roberto Masís Figueroa,
Jorge Mario Roldán Retana, en oficio N° DML-2009-0666 de 11 de este
mes, concluyen que la señora Castro Caamaño, NO está incapacitada para
laborar de manera absoluta y permanente dentro del Poder Judicial.
Sobre el particular, la licenciada Sandra Castro Caamaño, en su
citada condición, en escrito de 17 de marzo en curso, recibido el 23 de
este mes, manifestó lo siguiente:
"Desde hace aproximadamente un año y medio yo vengo sufriendo
de un deterioro general de mi salud, lo que me ha impedido desplegar mi
labor en forma normal y eficiente, tal y como lo he hecho a través de los
dieciocho años que he laborado para el Poder Judicial.
He sido tratada e incapacitada por distintos profesionales médicos,
sobre todo de la Caja Costarricense del Seguro Social, entre ellos la Dra.
María Emilce Pessoa Gómez, Psiquiatra y también por médicos
particulares, entre ellos el Dr. Danilo Medina, y el Dr. Diego Umaña, etc.
He estado incapacitada por dolencias de tipo psicológico a raíz de
depresión grave y últimamente mi más reciente dolencia, ha sido el
sometimiento a una operación general de histerectomía, junto a la
extirpación de un tumor en el vientre que ameritó una herida de
veinticuatro puntadas. Como puede observarse, mi estado de salud y de lo
cual hay copias en el expediente en este momento se encuentra realmente
comprometido sobre todo para una persona de mi edad, pues el ocho de
febrero de este año cumplí cincuenta y cinco años de edad. También
padezco de hipertensión para lo cual tomo el respectivo tratamiento
médico diario.
El historial médico psiquiátrico de la suscrita que es muy amplio y el
cual se encuentra en el Hospital Clínica Ricardo Jiménez Núñez, está
debidamente acreditado en lo conducente en mi expediente médico
personal, que es parte de estas diligencias. Resumidamente lo expongo de
la siguiente manera: En el año dos mil fue cuando empecé a sufrir una
fuerte depresión, motivada por varios factores, exceso de trabajo,
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jornadas laborales excesivas y extenuantes, incluso nocturnas de diez de
la noche a ocho de la mañana, escasez de personal, enormes filas de
usurarios, etc, etc.
También me vieron e incapacitaron diferentes médicos de la Clínica
Ricardo Jiménez Núñez de la Caja Costarricense del Seguro Social, así
como médicos particulares y los médicos de empresa (Poder Judicial).
Lejos de mejorar mi salud, se fue deteriorando a pasos agigantados, y a
pesar de ello nunca descuidé mis laborales en forma alguna, claro a costa
de mi salud. Mis notas siempre fueron sobresalientes, a pesar de lo
anterior.
A mediados del año dos mil siete y tal y como consta en el historial
médico cuyos dictámenes rolan en el expediente, hubo un incremento
general en el deterioro de mi salud, al punto de que debí ser ya tratada por
una médico psiquiatra, quien repetidamente me trató y también me
incapacitó por períodos. Posteriormente soy remitida a los Psiquíatras y
Psicólogos de la Caja del Seguro, quienes efectivamente encontraron un
grave deterioro en mi salud, de tipo psicológico, pero también traducido
en el aspecto físico. Entre los médicos que me atendieron en este último
período fue la Dra. María Emilce Pessoa, la licenciada en Psicología Ana
Sáenz, la Psicóloga Espinoza, la MSC. Nuria Chaves, etc, quien como
repito, me sometieron a diferentes tratamientos, pruebas y exámenes,
tanto en la Clínica Jiménez Núñez como en otros hospitales de la Caja
Costarricense del Seguro Social (Hospital Calderón Guardia).
En enero de este año, la Dra. Pessoa Gómez al ver el resultado de
las pruebas psicológicas, Unidad Psico-diagnóstica del Hospital Calderón
dictaminó "depresión severa con deterioro cognitivo" y recomendó iniciar
tramites de pensión. El trámite de pensión no lo inicié de inmediato,
porque precisamente el día siete de enero de este año, fui internada de
emergencia en el Hospital Clínica Católica, en donde fui intervenida
quirúrgicamente por el Ginecólogo Dr. Danilo Medina, a raíz de una
cirugía de un tumor en vientre de gran tamaño, y que ameritó incluso una
histerectomía general, que ameritó una operación de veinticuatro puntos
de sutura, y por supuesto un período de recuperación con grave peligro
para mi salud, puesto que se me practicaron dos fases de resucitación
respiratoria. Es decir, que ya no solamente a principios de este año
ameritaba incapacidad desde el punto de vista psicológico, si no que
además, en el plano físico mi salud está gravemente comprometida aún al
día de hoy, cuando les estoy remitiendo estas consideraciones. No esta
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demás indicarles que también en este período a pesar de mi grave estado
de salud debí de acudir en dos ocasiones a la Medicatura Forense, en
donde primero fui examinada por el Departamento de Medicina Legal,
ello a solicitud del Departamento de Personal y posteriormente en el
Consejo Médico Forense.
Efectivamente, fui remitida al Departamento de Medicina Legal del
Poder Judicial el día tres de marzo, en donde incluso adjunté un dictamen
suscrito por la Dra. Pessoa Gómez, en el cual se recomienda que inicie los
trámites para una pensión debido a la magnitud del deterioro de mi salud,
trámites que como es patente todavía no he iniciado y el informe de la
Licda. Ana Sáenz donde consta que se me realizaron diversas pruebas
especializadas durante dos meses en el Hospital Calderón Guardia. Ese
día tres de marzo fui examinada por dos médicos del Departamento de
Medicina Legal, por los doctores Allan Chaves Moreno y la medico
psiquiatra Zarela Abarca Villalobos, y quedé en espera de que se me
pusiera en conocimiento el respectivo dictamen sobre el particular.
A pesar de haber dejado los teléfonos y la dirección en donde se
podría notificarme tal y como me lo solicitaron, no recibí ninguna
notificación al respecto, y antes de una semana después sorpresivamente y
con clara violación al Principio del Debido Proceso, me convocaban sin
notificación, para otra nueva cita o segunda instancia de hecho, pero para
ante el Consejo Médico Legal, a donde acudí el día diez de marzo. Sin
tener el dictamen inicial de primera instancia fui sometida en ese Consejo
a un trato descortés por parte de una de las doctoras que se encontraban
presentes, a pesar de que como indiqué en líneas atrás, en el expediente,
constan las intervenciones quirúrgicas a que fui sometida en enero de este
año, y los trastornos de tipo conductual y psicológico rechazados por la
Dra. Pessoa Gómez, Psiquiatra de la Caja del Seguro y la Licda. Ana
Sáenz del Hospital Calderón Guardia, así como el dictamen médico del
Dr. Rodrigo Ramírez Calvo.
El día de la última cita me enteré que mi caso iba a ser trasladado al
Consejo Administrativo del Poder Judicial, y este es el motivo de la
presente manifestación y formulación de Recursos que estoy planteando
en este acto.
Al día de hoy tampoco se me ha puesto en conocimiento el resultado
del dictamen del Consejo Médico, y mi temor es que nuevamente sin
ninguna intervención o posibilidad de defensa de mi parte, ese Consejo
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Administrativo vaya a tomar una decisión apresurada o incompleta sobre
mí caso que no refleje la realidad de mi situación.
Al respecto y como prueba para mejor resolver y mayor ilustración
de ese Consejo, me permito aportar en este acto copia certificada de la
solicitud de internamiento en el área de psiquiatría del Hospital Calderón
Guardia, que extendió el Dr. Manuel Trimiño Vázquez, médico psiquiatra
el día veinte de marzo, en donde se refleja la realidad de mi estado mental
y psicológico. Yo entiendo que la médico psiquiatra del Consejo Médico
de la Medicatura Forense al ser a su vez empleada del Poder Judicial,
sienta que tiene la obligación de enfocar los casos favorables al patrono o
empleador en este caso, y contrarios a los intereses del asalariado o
empleado judicial.
Es doloroso que los empleados del Poder Judicial después de
haberle dado a la Corte lo mejor de nuestras vidas productivas, al final
nos veamos sometidos a este tipo de procedimientos como me sucedió en
la Medicatura, todo por defender nuestros derechos injustamente puestos
en entredicho.
REVOCATORIA Y RECONSIDERACIÓN SOBRE EL
DICTAMEN MEDICO LEGAL EMANADO DEL CONSEJO MEDICO
FORENSE DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL NUEVE.
NÚMERO: DM1 2009-0721, SUSCRITO POR LOS DRS. MARIO
MASIS, JORGE ROLDAN RETANA Y MAYRA RODRÍGUEZ.
Tal y como lo indiqué líneas atrás, el día diez de marzo de este año
fui remitida al Consejo Médico Forense compuesto por los médicos
indicados, para una entrevista, a raíz de la cual se vertió el dictamen
médico legal 2009-0721 ya indicado, componente de dos folios
únicamente, y en donde sin ningún tipo de argumentación o
fundamentación, este Consejo emite una conclusión absolutamente
improcedente y carente de toda legalidad, objetividad, y en clara violación
de los Principios de Razonabilidad y Racionalidad.
Es un Principio General del Derecho que toda resolución debe ser
fundamentada, y precisamente una Ley Costarricense de orden supletorio
en estos casos, como lo es el Código Procesal Penal en su artículo 142
indica que, será ineficaz toda resolución que carezca de la necesaria
fundamentación y que no haya sido realizada conforme a las Reglas de la.
Sana Crítica Racional; situación que se presentó típicamente en este caso,
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en donde tres médicos dictan un dictamen sin ninguna consideración,
argumento o razón, indicando simplemente una conclusión sin que haya
manera de averiguar para el interesado en qué fundamento se basaron
para arribar a dicha determinación, sobre todo cuando tuvieron a la vista,
el dictamen médico legal realizado escasos días antes por el
Departamento de Medicina Legal y que pone de relieve mis graves
padecimientos.
DICTAMEN MÉDICO LEGAL DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA LEGAL
NÚMERO: JDMI.. 2009-0109D, DE FECHA 6 DE MARZO DE
2009.
Efectivamente en dicha ocasión la suscrita funcionaria fue
ampliamente examinada en el Departamento de Medicina Legal por la
Dra. Psiquiatra Zarela Abarca Villalobos y el Dr. Allan Chaves Moreno,
médico forense.
En ese dictamen correcta y ampliamente fundamentado, según se
puede observar y con una extensión de ocho páginas, dichos doctores
concluyeron en lo siguiente:
Conclusión: "la funcionaria Sandra Lucrecia Castro Caamaño,
cédula de identidad número: 1-506-062, es portadora de depresión severa
con ineficiencia en funciones neuropsicológicas específicas,
productividad ideática disminuida, y un estado de alteración significativa
que interfiere con la valoración lógica del entorno. Por dicha patología ha
tenido control médico psiquiátrico especializado. En la actualidad, la
señora Sandra Castro se encuentra incapacitada totalmente y
permanentemente para realizar su actividad laboral habitual en el Poder
Judicial". (el subrayado no es del original). Dicho dictamen lo refrendó la
Dra. Leslie Solano Calderón, Jefe del Departamento de Medicina Legal
del Poder Judicial.
Resulta realmente increíble y así con mucho respeto lo digo que el
Consejo Médico desconociera este dictamen suscrito por los anteriores
tres colegas, en una clara violación del Debido Proceso, del Principio de
Defensa, y de todos los Principios que conforman la Sana Crítica
Racional y que hayan pretendido en escasos dos folios, rebatir o
mediatizar el dictamen anterior del Departamento de Medicina Legal
vertido ampliamente como se dijo en ocho páginas. Para desconocer el
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dictamen anterior del Departamento de Medicina Legal, cualesquier
Consejo Médico debió exponer con toda amplitud las graves y poderosas
razones que habrían de incidir en el desconocimiento de otra pericia legal
anterior. Sólo así podría entenderse que se le enmiende la plana a un ente
jerárquicamente inferior, si el Superior con razones poderosas encuentra
vicios o errores de tal magnitud que hagan necesaria revocar o desvirtuar
el dictamen del Tribunal a-quo.
En el caso presente como se repite el Consejo Médico no emitió una
sola razón para poner en entredicho el dictamen anterior, y por el
contrario concluyen «que es criterio de los integrantes del Consejo
Medico Forense que la señora Sandra Castro Caamaño, cédula 1-506-062,
no está incapacitada para laborar de manera absoluta y permanente dentro
del Poder Judicial".
Al respecto es necesario plantearse lo siguiente: ¿De dónde tomaron
o cogieron esta conclusión los señores integrantes del Consejo, no se
sabe?; puesto que si se lee ese dictamen segundo de repetida cita, no se
vertió ni siquiera una coma en apoyo de la conclusión a que arribaron. Un
dictamen así es absolutamente nulo, Ineficaz, e incapaz de producir
ninguna consecuencia jurídica válida entre otras cosas, por su falta de
fundamentación. Lo anterior a pesar de que los médicos del Consejo,
tuvieron a la vista mí expediente personal, y en donde diversos médicos
generales y psiquíatras ya citados tales como la Dra. Pessoa Gómez y la
Psicóloga Ana Sáenz y el Dr. Rodrigo Ramírez Calvo de la Caja del
Seguro vertieron dictámenes acerca de mis padecimientos, y en donde se
permite incluso recomendar a la suscrita que inicie de Inmediato los
trámites para una pensión en virtud de mi estado de salud. O sea, que a
los médicos del Consejo no es que les faltaran las pruebas para determinar
mi estado, las que abundan en el expediente, es que sencillamente no
quisieron o no pudieron verlas, sólo así se explicaría su dictamen carente
absolutamente de ninguna razón o fundamento.
FORMULACIÓN DE RECURSO Y PETICIONES
SUBSIDIARIAS.
Ante la total ausencia de fundamentación que presenta el dictamen
emanado del Consejo Médico, y siendo por demás evidente que mi estado
de salud alterado ha sido correctamente expuesto en el dictamen emanado
por el Departamento de Medicina Legal, es que estoy reclamando con
este escrito y recurso, ante ese Consejo Superior Administrativo, pues
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considero que como ente Superior absoluto en estos casos, debe revocar o
anular la pericia médica del Consejo Médico por las razones dichas, y en
su lugar darle validez únicamente al dictamen del Departamento de
Medicina Legal que sí fue debidamente fundamentado, o en su caso como
petición supletoria, ordenar una reconsideración de parte del Consejo
Médico Forense, pero no por los mismos médicos obviamente que ya
vertieron criterio, sino por otros profesionales que en forma objetiva y de
conformidad con los artículos 6, 63, y 180 del Código Procesal Penal,
emitan una nueva experticie conforme a derecho.
PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.
Como prueba para mejor resolver, ofrezco mi expediente clínico que
se encuentra en la Clínica Ricardo Jiménez Núñez de Goicoechea, y copia
certificada del dictamen médico emanado del Dr. Manuel Trimiño
Vázquez, Médico Cirujano y Psiquiatra de Profesión, en donde también
se ponen de relieve la gravedad de mis padecimientos.
Hago de conocimiento este documento en este momento antes del
día veinticuatro, que es el día en que será conocido en ese Consejo mi
caso, según se me informó en esa misma Secretaria.
Sin otro particular y con las muestras de mi mayor respeto y
consideración dejo formuladas estas consideraciones para que sean
tomadas, en cuenta el día referido."
-0-
Previamente a resolver lo pertinente, se acordó: Trasladar la gestión
de la licenciada Castro Caamaño al Consejo Médico Forense, a fin de que
indique a la brevedad lo que corresponda sobre los argumentos de
objeción planteados por ella."
-0-
En atención al acuerdo anterior, los doctores Mario Roberto Masís
Figueroa, Franz Vega Zúñiga y Mayra Rodríguez Calvo, por su orden,
Coordinador e Integrantes del Consejo Médico Forense, en oficio Nº
DML 2009-1649 de 12 de junio en curso, recibido el 16 de este mes, cuya
conclusión indica que no está imposibilitada para realizar labores
renumeradas.
Por su parte, la servidora Noemí Acuña Segura, Asistente Judicial
del Ministerio Público, en nota de 22 de este mes, con instrucciones de la
licenciada Lilliam Gómez Mora, Fiscal Adjunta de la Fiscalía General,
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solicita se valore la posibilidad de que este Consejo reciba en forma
personal a la licenciada Sandra Castro Caamaño, para que se refiera a su
estado de salud respecto al dictamen médico que se da cuenta.
Se acordó: 1.) Reservar el conocimiento de la valoración médica
efectuada a la licenciada Sandra Castro Caamaño para una próxima
sesión. 2.) Acoger la solicitud de la licenciada Lilliam Gómez Mora, en
consecuencia, conceder audiencia a doña Sandra, para tratar el asunto
indicado. Para tal efecto, se señalan las 11:00 horas del 6 de julio del año
en curso, en la oficina N° 906, noveno piso del Edificio de la Corte
Suprema de Justicia. Se declara acuerdo firme.
-0-
La señora Castro Caamaño, con nota de 20 de julio en curso, adjunta
los expedientes médicos de la Clínica Católica y de la Clínica Jiménez
Núñez.
Se deja constancia de que los señores integrantes del Consejo
Superior, el lunes 6 de julio en curso, al ser las 11,00 horas, atendieron la
audiencia concedida a la señora Sandra Lucrecia Castro Caamaño,
conforme se dispuso en la sesión de referencia, por consiguiente se entra
a conocer de la valoración médica efectuada y se resuelve lo siguiente:
Remitir nuevamente a valoración médica por parte del Consejo Médico
Forense, a la licenciada Castro Caamaño, para que rinda un nuevo
dictamen tomando en cuenta la prueba para mejor proveer por ella
ofrecida, consistente en su expediente médico que se encuentra en la
Clínica Ricardo Jiménez Núñez de Goicoechea, y la copia certificada del
dictamen médico emanado del Dr. Manuel Trimiño Vázquez, Médico
Cirujano y Psiquiatra, e indique si doña Sandra Lucrecia, con los
padecimientos que tiene, y con la medicación a que está sometida, puede
cumplir de forma idónea con sus funciones como Fiscal Auxiliar del
Ministerio Público.‖
-0-
En relación con el acuerdo anterior, los doctores Mario Roberto
Masís Figueroa, Franz Vega Zúñiga y la doctora Mayra Rodríguez Calvo,
por su orden, Coordinador y Miembros Integrantes del Consejo Médico
Forense, mediante oficio N° DML 2009-2209 de 13 de agosto en curso,
recibido el 19 de este mes, remitieron el dictamen médico legal
correspondiente a la valoración médica efectuada a la licenciada Castro
Caamaño, cuya conclusión indica que doña Sandra no se encuentra
incapacitada para laborar en el Poder Judicial.
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Se acordó: Tomar nota del resultado de la valoración médica
realizada a la licenciada Sandra Castro Caamaño, hacerla de su
conocimiento y archivar las diligencias. Se declara acuerdo firme.‖
-0-
Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la
Corte, que el acuerdo anteriormente transcrito, fue comunicado a la licenciada
Sandra Castro Caamaño, mediante resolución N° 646-2009, notificada el 2 de
setiembre en curso, al fax N° 2221-0436.
En relación con el acuerdo anterior, la licenciada Sandra Castro Caamaño,
Fiscal Auxiliar del Segundo Circuito Judicial de San José, en escrito de 4 de
setiembre en curso, interpuso la siguiente reconsideración:
―… comparezco ante su autoridad, a fin de interponer los presentes
Recursos de REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN CON
APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE, en
contra del artículo XXX, de la sesión número 81-09, del día 24 de agosto
de 2009, emitida por el distinguido CONSEJO SUPERIOR
ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL, por no encontrarse
ajustado a derecho no al mérito de los autos y en base a los Motivos y
argumentaciones jurídicas que de seguido paso a exponer:
PRIMER MOTIVO
PRIMERO:
Que mediante el acuerdo aquí impugnado ese honorable Consejo
determinó: “tomar nota del resultado de la valoración médica realizada
a la Licenciada Sandra Castro Caamaño, hacerla de su conocimiento y
archivar las diligencias. Se declara acuerdo firme”
SEGUNDO:
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Dicho acuerdo se encuentra basado en el Dictamen Médico Legal
2009-2209, en el que los doctores Mario Roberto Masís Figueroa, Franz
Vega Zúñiga y Mayra Rodríguez Calvo, concluyeron: “La funcionaria,
Sandra Castro Caamaño, NO se encuentra incapacitada en forma
absoluta y permanente para laborar en el poder judicial”
Para arribar a la anterior conclusión, los señores médicos se dieron
a la tarea de buscar, en todos los innumerables folios de mi expediente
clínico, y utilizar una frase ―fuera de contexto‖ de la Doctora María
Emilce Pessoa Gómez, sin prestar atención a las múltiples
recomendaciones y razones que revelan mi deteriorado estado de salud.
Efectivamente, como pueden observarse a lo largo de mi
expediente, se encuentra el informe Psicodiagnóstico de Adultos vertido
por la Unidad de Psicología Clínica, donde se valoró mi funcionamiento
cognitivo afectivo y se determinó que presento: “...una condición de
desajuste psicológico asociado a un debilitamiento de la estructura de las
defensas...”, “...se observa disminución en la eficiencia de habilidades
como coordinación visomotora, análisis y síntesis.: visomotor y velocidad
perceptual...”, „...denotando cierto grado de dificultad para el trabajo
elaborativo asociado a su condición de alteración psicológica...”,
“...presencia de contenidos depresivos con carácter mórbido...” y
“...niveles clínicos de depresión severa, pesimismo, ambivalencia con
rasgos delirantes...”
Por su parte la Máster Marta Espinoza Rovira, Psicóloga de
Clínica Doctor Ricardo Jiménez Núñez de la Caja Costarricense del
Seguro Social, concluyó en das ocasiones: “...refiere psiquiatría por burn
out, cuadro de pánico, crisis laboral...”, “...víctima de violencia
extrafamiliar...” y “...conflictos laborales...”.
Asimismo, la Doctora privada Soledad Calderón, dictaminó:
―...cuadro de tipo depresivo severo, con fuerte crisis severa...‖. Además
en otras ocasiones como se extrae del expediente, me diagnosticó con
crisis de pánico, que ameritaron el uso psicotrópicos.
De igual modo las Doctoras Nuria Chávez Araya y Rebeca Araya,
ambas del Área de Salud, Goicoechea dos, concordaron en que padezco
del Síndrome de Burn out.
En el mismo sentido, los doctores Leslie Solano Calderón, Zarela
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Abarca Villalobos y Allan Chávez Moreno, del Departamento de
Medicina Legal, del Poder Judicial, concluyeron: “...que doña Sandra
Lucrecia se encuentra incapacitada de manera absoluta y permanente
para realizar su actividad laboral habitual en el poder judicial..,”
Por último, la Doctora María Emilce Pessoa Gómez, Psiquiatra de
Clínica Doctor Ricardo Jiménez Núñez, de la Caja Costarricense del
Seguro Social, en todas las innumerables ocasiones en que me trató,
estableció que padezco el síndrome denominada ―BURN OUT así corno
que desde el 28 de noviembre de 2007: “...doña Sandra con poco
pronóstico para su rehabilitación laboral…”.
TERCERO:
Es decir que a lo largo de todo el expediente, por lo menos ocho
médicos que laboran para diversas instituciones y dependencias de la Caja
Costarricense del Seguro Social y el Poder Judicial, determinaron mis
graves padecimientos psicológicos, pero de lo anterior no se hace la más
mínima referencia en el peritaje de marras.
Lo que implica que se me está colocando en un estado de evidente
indefensión, toda vez que se utilizó mi expediente médico para destacar,
como llevo dicho, una ÚNICA Y ESCUETA referencia en la que
NUNCA se estableció que no presentara los padecimientos por mi
señalados.
Por lo anterior, la conclusión de que no me encuentro incapacitada
en forma absoluta para mis labores, no es congruente con todo el acopio
de prueba que se encuentra en el expediente médico y por el contrario, lo
contraviene de una forma evidentemente ―forzada‖.
SEGUNDO MOTIVO
ÚNICO:
Que ese distinguido Consejo Superior Administrativo ordenó que
por segunda ocasión, se realizara una nueva valoración de mi caso, y en
donde específicamente se establecía que el Consejo Médico debía
determinar si yo podía ejercer mis funciones ―en forma idónea‖.
Pero el indicado Consejo Médico desoyó las directrices impuestas,
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toda vez que en la pericia aludida NUNCA se indicó si efectivamente yo
podía realizar mis labores de ―forma idónea‖, como lo son entre otras:
a) conducir vehículos para licencia tipo B1,
b) dirigir funcionalmente al Organismo de Investigación Judicial,
en las diversas diligencias,
c) representar al Ministerio Público en juicio oral y público,
d) resolver expedientes judiciales, presentar recursos, solicitar
aperturas a juicio y sobreseimientos,
e) participar activamente en allanamientos, anticipos
jurisdiccionales de prueba, entrevistas a testigos y víctimas, indagatorias
de imputados, reconocimientos judiciales, etc.
Por lo anterior, la pericia deviene en inválida, toda vez que nunca
se resolvieron las interrogantes que expresamente se habían planteado. De
hecho y sin temor a equivocarme, estoy segura que los señores Médicos
desconocían que para poder ejercer mi función de fiscal debo
necesariamente CONDUCIR VEHÍCULOS, lo cual es absolutamente
incompatible con la medicación a la que estoy sometida.
TERCER MOTIVO
ÚNICO:
Que a la hora de ordenarse la valoración aludida en el punto
anterior, el Consejo Administrativo remitió el caso al Consejo Médico
Forense, sin indicar de forma expresa, que debía ser resuelto por la otra
integración de dicho consejo, lo que dio como resultado que el mismo
grupo de médicos que ya había vertido anterior criterio adverso en mi
contra, ―simplemente‖ confirmara su anterior dictamen, puesto que los
doctores obviamente no se iban a desdecir del criterio médico ya resuelto
con anterioridad, y como era de suponer volvió a indicar que yo estaba en
condiciones de reintegrarme a mi trabajo, desoyendo como se lleva dicho
pronunciarse sobre el punto específico que se le había formulado, en el
sentido de si yo podía realizar mis labores ―de forma idónea‖, lo que
atenta a todas luces contra los Principios Generales de Defensa y de El
Debido Proceso, por lo que nuevamente vuelve la pericia a convenirse en
una pieza jurídicamente ineficaz.
EN RESÚMEN:
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Se advierte más allá de toda duda, que se me están violentando mis
derechos constitucionales más elementales, pues se le está dando total
crédito a UNA de las integraciones del consejo médico, que desoyendo
las conclusiones del Departamento de Medicina Legal del propio Poder
Judicial, insiste en que yo no tengo ningún padecimiento.
Es clara la violación de los Principios de Racionabilidad, Defensa
y Debido Proceso, y por supuesto los Principios de la Sana Crítica
Racional, de la Lógica y de la Psicología, y como se repite, el respeto a la
debida tramitación, cuando se pone a resolver por segunda vez mi caso al
mismo Consejo, es decir a las mismas personas, doctores Mayra
Rodríguez Calvo, Mario Roberto Masís Figueroa y otro, que ya habían
vertido criterio con anterioridad en mi contra, lo cual es inaceptable desde
todo punto de vista legal, pues en nuestro sistema de derecho nunca ―un
reenvío legal, es para que sea conocido por el mismo Tribunal que con
anterioridad se pronunció (ver articulo 42 de la Constitución Política)
En nuestros Tribunales todos los días por ejemplo la Sala de
Casación casa una sentencia y ordena el reenvío para que sea otro
Tribunal el que celebre el juicio por segunda vez, pero nunca se ha dado
el caso de que un reenvío de un expediente producto de una casación
acogida, sea enviada y resuelta por el mismo Tribunal que formuló la
primera instancia En mi caso desgraciadamente esto ha sido así, y ahora
me veo en una situación altamente comprometida e insoluble, puesto que
se me pone ante la disyuntiva de reintegrarme a mi trabajo a raíz de
irrespetos procedimentales de tipo médico y jurídico, emanados del
Consejo Médico Forense.
PETITORIAS
Por todo lo anterior, ruego a ese honorable Consejo Superior
Administrativo, acoger los presentes Recursos a fin de dejar sin efecto
legal el artículo XXX, de la sesión número 81-09, del día 24 de agosto de
2009, emitida por el distinguido CONSEJO SUPERIOR
ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL, y en consecuencia se
resuelva por medio de acuerdo firme lo siguiente:
a) que se continúe con la tramitación de las diligencias,
b) que se le ordene al Consejo Médico Forense, indicar si me
encuentro apta en para realizar en forma idónea, todas y cada una de las
funciones atinentes a mi cargo y expresadas en este recurso y
18
c) que se me remita nuevamente al Consejo Médico Forense para
ser valorada, por un tribunal médico que necesariamente deberá estar
integrado por profesionales diferentes a los que ya vertieron criterio con
anterioridad en relación a mi caso.
DERECHO
Fundamento los presentes recursos en los artículos 42, 48, 50 de la
Constitución Política.
PRUEBA
Ofrezco en calidad de prueba mi expediente médico que se
encuentra en el Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial.
NOTIFICACIONES
Para mis notificaciones reitero el número de fax: 2221-0436.‖
-0-
Se acordó: Denegar el recurso de reconsideración interpuesto por la
licenciada Castro Caamaño y mantener lo resuelto en sesión Nº 81-09 del
27 de agosto recién pasado, artículo XXX, por cuanto no es posible acceder
a su petición de una nueva valoración por otra sección distinta. Debe
considerar doña Sandra, que este órgano ha remitido varias veces solicitud
al Consejo Médico Forense para que informara si con los padecimientos
que tiene, y con la medicación a que está sometida, puede cumplir de forma
idónea con sus funciones como Fiscal Auxiliar del Ministerio Público,
concluyendo que ―o se encuentra incapacitada para laborar en el Poder
Judicial‖.
19
ARTÍCULO V
El licenciado Jorge Fallas Segura, Administrador Regional interino del
Tercer Circuito Judicial de Alajuela, somete a consideración de este Consejo, el
correo electrónico que envió el 14 de los corrientes, la licenciada María
Auxiliadora Cruz Cruz, Jueza Supernumeraria y Coordinadora del Programa
Contra el Retraso Judicial de esa jurisdicción, que literalmente dice:
―Para continuar nuestro trabajo de disminuir la mora judicial,
tenemos coordinado como cuarto proyecto en este mes, colaborar en el
dictado de sentencias en el Juzgado Contravencional y de Pensiones
Alimentarias del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, por lo que a tal
fin, le solicito respetuosamente gestionar los siguientes nombramientos
en el despacho de interés:
Lunes 21 de septiembre de 2009, a la Licda. Eleonora Badilla
Delgado,
Martes 22 de septiembre de 2009, al Lic. Olivier Ramírez
González y
Lunes 28 de septiembre de 2009, a esta servidora.‖
-0-
De conformidad con lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00
celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se acordó: Tener por
designadas las licenciadas María Auxiliadora Cruz Cruz, Eleonora Badilla
Delgado y designado al licenciado Olivier Ramírez González, como Jueces en el
Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Tercer Circuito Judicial
de Alajuela, por los días indicados.
El Despacho de la Presidencia, el Juzgado Contravencional y de Pensiones
20
Alimentarias, la Administración Regional, ambos del Tercer Circuito Judicial de
Alajuela y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que corresponda. Se
declara acuerdo firme.
ARTÍCULO VI
En sesión Nº 66-09 celebrada el 30 de junio recién pasado, artículo XXXV,
se aprobó la jubilación de la licenciada María Cecilia de los Ángeles Sánchez
Romero, Jefa del Centro Electrónico de Documentación Jurisprudencial, a partir
del 1º de julio en curso.
Posteriormente, en sesión N° 67-09 del 2 de julio del año en curso, artículo
XV, se designó interinamente, a partir del 1º de julio y hasta por tres meses a la
licenciada Vera Monge Monge, como Directora del Centro Electrónico de
Información Jurisprudencial, lo anterior, mientras se realizaba el concurso
respectivo y se nombraba en propiedad.
En correo electrónico de 8 de setiembre en curso, la licenciada Monge
Monge, en su expresado carácter, solicitó lo siguiente:
―Conforme se lee en el artículo XV del acta correspondiente a la
Sesión N° 67-09 de 2 de julio de 2009, considerando que la Licenciada
Cecilia Sánchez Romero se acogió a la jubilación a partir del 1° de julio
pasado, así como la recomendación que hiciera doña Cecilia, con el fin de
que se me nombrara en su lugar para ocupar el cargo de directora del
Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, el Consejo Superior
me designó para desempeñar dicho puesto, a partir del 1º de julio y hasta
el 30 de setiembre, ―en el tanto se realice el concurso respectivo y se
nombre en propiedad.‖ Dado que los trámites del concurso aún no han
21
iniciado, solicito respetuosamente se prorrogue mi nombramiento en el
cargo dicho, al menos por el mismo período; es decir, a partir del 1° de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2009.
-0-
Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, prorrogar la
designación interina de la licenciada Vera Monge Monge, como Directora del
Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, por períodos de tres meses, a
partir del 1º de octubre del año en curso, hasta que se realice el concurso
respectivo y se nombre en propiedad al titular de ese despacho.
El Departamento de Personal, tomará nota para lo que corresponda. Se
declara acuerdo firme.
ARTÍCULO VII
En sesión N° 52-09 celebrada el 19 de mayo de este año, artículo XXIII, se
solicitó al Departamento de Personal que procediera a la divulgación
correspondiente de las capacitaciones denominadas ―Curso sobre Contabilidad y
Control del Gasto Público‖ y ―Planificación y Política Presupuestaria‖, a realizarse
del 13 al 30 de octubre del año en curso, en Madrid, España, con la indicación que
este Consejo concedería únicamente permiso con goce de salario y sin sustitución,
a los servidores que resulten seleccionados.
En oficio N° 301-CAP-2009 recibido el 10 de setiembre en curso, los máster
22
Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y la licenciada Waiman Hin
Herrera, por su orden, Jefes del Departamento de Personal, Desarrollo Humano y
Subproceso Gestión de la Capacitación, comunicaron lo siguiente:
―El Consejo Superior en sesión Nº 52-09, celebrada el 19 de mayo
de 2009, artículo XXIII, acordó remitir al Departamento de Personal la
invitación enviada por la Agencia Española de Cooperación Internacional
AECI, para que proceda a efectuar la difusión y el concurso
correspondiente, a fin de que los(as) servidores(as) judiciales participen
de las capacitaciones ―Curso sobre Contabilidad y Control del Gasto
Público‖ y ―Planificación y Política Presupuestaria‖, a desarrollarse en
Madrid, España, para lo cual se concedería permiso con goce de salario
sin sustitución para los(as) servidores(as) que resultarán
seleccionados(as).
La convocatoria fue efectuada con la indicación de que quienes
quisieran disfrutar del permiso con goce de salario, deberían inscribirse
directamente ante la organización y una vez aceptados(as), lo hicieran del
conocimiento de esta oficina para formalizarlo en las instancias
correspondientes.
Consultado al ente organizador sobre el nombre de los(as)
servidores(as) judiciales que fueron formalmente aceptados, mediante
correo electrónico recibido el 02 de setiembre de 2009, la señora Isabel
Iglesia, servidora del Instituto de Estudios Fiscales, indica que en tanto no
se haya publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la resolución de
los asistentes al curso, no pueden facilitarnos la información, si no es a
los propios interesados.
Sin embargo mediante oficio Nº 1487-PLA-2009, de fecha 27 de
agosto, la señora Marta Asch Corrales, Directora (sic) del Departamento
de Planificación, remite la carta de aceptación por parte del ente
organizador, para participar en el “I Curso sobre Planificación y
Política Presupuestaria”, por desarrollarse del 13 al 30 de octubre en
Madrid, España. Asimismo a la señora Asch Corrales, le fue concedida
una ayuda económica para alojamiento y desayunos durante el período del
curso, así como la cantidad de €1.600 (mil seiscientos euros), en concepto
de transporte aéreo, que le será entregada durante la primera semana de su
23
estancia en Madrid.
Por lo antes expuesto se solicita conceder permiso con goce de
salario del 12 al 30 de octubre, para que la señora Asch Corrales,
participe del curso mencionado en condición de participante y utilice un
día adicional para su respectivo traslado aéreo, así como la confección
del respectivo pasaporte de servicio.‖
-0-
Al respecto, la señora Laura Mora Sánchez, Servidora de la Sección de
Capacitación y Becas del Departamento de Personal, en correo electrónico de 14
de setiembre en curso, aclaró que las fechas en que se solicita el permiso con goce
de salario para la máster Asch Corrales es del 13 al 30 de octubre próximo y no
conforme se indicó.
Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Conceder
permiso con goce de salario a la máster Marta Asch Corrales, para que del 13 al 30
de octubre próximo, participe en el ―I Curso sobre Planificación y Política
Presupuestaria‖ a realizarse en Madrid, España. Es entendido que los
organizadores del evento cubrirán los gastos por concepto de alojamiento y
viáticos, así como una ayuda económica de €1.600 (mil seiscientos euros)
correspondiente a los tiquetes aéreos. 2.) En virtud de la importancia del contenido
de la capacitación a recibir, deberá doña Marta, coordinar lo necesario, a fin de
transmitir los conocimientos adquiridos a otros servidores a los que les pueda ser
de beneficio en el cumplimiento de sus labores, según los requerimientos
24
institucionales. 3.) La Secretaría General de la Corte, tramitará lo correspondiente
al pasaporte de servicio.
Los Departamentos de Personal y Planificación, tomarán nota para los fines
consiguientes. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO VIII
El licenciado Francisco Rodríguez Araya, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado de
Familia de Heredia, presentó la siguiente gestión:
―…solicito interponer sus buenos oficios con el propósito de que,
tan honorable órgano del Poder Judicial, prorrogue del 24 de septiembre
del año en curso hasta el 24 de marzo de 2010, el permiso sin goce
salarial que disfruto en este momento.
Tal solicitud obedece a que mi licencia sin goce salarial vence el
próximo 23 de los corrientes, además, actualmente me desempeño como
Asesor Parlamentario en la Asamblea Legislativa, específicamente en el
despacho de la señora diputada Evita Arguedas Maklouf, lo que me
permite desenvolverme profesionalmente como Licenciado en Derecho y
Bachiller en Relaciones Internacionales.
Adjunto nota suscrita por el Lic. Mauricio Chacón Jiménez, Juez
Coordinador del Juzgado de Familia de Heredia, donde expresa su
anuencia y no objeta la presente gestión, así como también un oficio
emitido por la congresista Arguedas Maklouf, haciendo constar mi actual
situación laboral.
Señalo para recibir notificaciones el fax 2243-2976, la dirección
electrónica frodruez@asarnblea.qo.cr, o bien, los teléfonos (,,,).‖
-0-
Al respecto, el licenciado Mauricio Chacón Jiménez, Juez Coordinador del
Juzgado de Familia del Heredia, en nota de 7 de los corrientes, comunicó lo
25
siguiente:
―Como Juez Coordinador del Juzgado de Familia de Heredia, hago
de su conocimiento que no existe ningún tipo de objeción o inconveniente
por parte de este despacho judicial, a efectos de que se prorrogue el
permiso sin goce salarial solicitado por el señor Francisco J. Rodríguez
Araya, el cual vence el próximo 23 de septiembre del año en curso.
Además de jefe, he sido profesor universitario del señor Rodríguez
Araya, por lo que conozco de sus metas y aspiraciones como profesional
en Derecho, considerando oportuno, entonces, que pueda seguir
laborando como funcionario de la Asamblea Legislativa. No omito
informar que en su ausencia, el señor Rodríguez Araya ha sido sustituido
por la compañera Carolina Araya Hernández, quien ha venido
cumpliendo exitosamente con las tareas asignadas.‖
-0-
Asimismo, en oficio N° EAM-1144-2009 de 7 de setiembre en curso, la
licenciada Evita Arguedas Maklouf, Diputada Independiente de la Asamblea
Legislativa, hace referencia a la necesidad de la prórroga del permiso sin goce de
salario solicitado por el señor Rodríguez Araya, quien se encuentra nombrado
como Asesor de Fracción Política.
De conformidad con el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, conceder permiso
sin goce de salario al licenciado Francisco Rodríguez Araya, del 24 de setiembre
en curso y hasta el 24 de marzo del 2010, a fin de que continúe laborando como
Asesor de Fracción Política en la Asamblea Legislativa.
El Juzgado de Familia de Heredia y el Departamento de Personal, tomarán
26
nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO IX
En nota de 7 de setiembre en curso, el licenciado Adolfo Mora Arce, Juez
Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela,
con el visto bueno de la licenciada María Inés Mendoza Morales, Jueza
Coordinadora de ese despacho, solicitó lo siguiente:
―… remito el presente oficio a fin de solicitar me autoricen a
realizar LABOR DOCENTE en la Universidad de San José, Sede
Universitaria de Ciudad Quesada - San Carlos, a partir del día 10 de
setiembre del año 2009, en los siguientes cursos: a) Derecho Laboral I,
para la Escuela de Derecho, los días jueves con un horario de 17:00 a las
19:00 horas, para un total de 15 lecciones a partir de la fecha indicada.
De igual manera, informo que he coordinado lo pertinente a fin de
que mi ausencia de esta oficina, eventualmente no se afecte el buen
funcionamiento del despacho ni las labores a mí encomendadas, con el
firme propósito de cumplir de la mejor manera con el encargo que ustedes
han realizado a mi persona. …‖
-0-
De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional N° 2009-001660
de las 11:51 horas del 6 febrero del año en curso, se acordó: Tomar nota de que el
licenciado Adolfo Mora Arce impartirá lecciones en la Universidad de San José,
Sede en Ciudad Quesada, durante el tercer cuatrimestre de este año, fuera del
horario laboral y dentro de los límites señalados por este Consejo.
El Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito
Judicial de Alajuela y el Departamento de Personal, tomarán nota para los fines
27
consiguientes. Se declara este acuerdo firme.
ARTÍCULO X
En nota recibida el 10 de setiembre en curso, la señora Ana Yancy Esquivel
Delgado, Auxiliar Judicial 1 del Juzgado Civil de Menor Cuantía de Heredia, con
el visto bueno del licenciado Francisco Hernández Quesada, Juez Coordinador de
ese despacho, solicitó lo siguiente:
―… la posibilidad de que me permita realizar unos cursos de
capacitación de temas referentes a la carrera de Psicología, los cuales se
estarán impartiendo en la Fundación Ser y Crecer, en Sabanilla de Montes
de Oca, los días 21, 22, 23 de octubre de 1 de la tarde a 4 de la tarde, con
temas referentes a ―La denuncia delitos sexuales, abuso sexual‖. Dicha
capacitación me ayuda para formar mejores bases y experiencia para mi
carrera; ya que soy estudiante de Licenciatura de Psicología, y dichos
cursos me traerían mayor conocimiento, y a la vez poder ampliar mi
currículum.
En vista de que los cursos se encuentran dentro de la jornada
laboral, es que solicito el permiso con goce de salario para poder asistir;
siendo que vendré a trabajar en horas de la mañana y me estaría retirando
al medio día para estar a la una de la tarde en la Fundación Ser y Crecer.
Les agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar; aporto
como medio para atender notificaciones al Fax 2277-04-39. el cual es de
los Tribunales de Justicia de Heredia, siendo que laboro en el Juzgado
Civil de Menor Cuantía de Heredia, como auxiliar judicial 1, o al correo
del juzgado sea: jmenorc-hda@poder-judicial.go.cr, sea también con el
Asistente Judicial Emmanuel Cordero Jiménez.‖
-0-
Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Autorizar la
participación de la señora Ana Yancy Esquivel Delgado, en la capacitación
denominada ―La Denuncia, Delitos Sexuales, Abuso Sexual‖, a realizarse en la
28
Fundación Ser y Crecer, de las 13:00 a las 16:00 horas del 21 al 23 de octubre del
año en curso. Lo anterior en el entendido de que no se afecte sustancialmente el
servicio público a su cargo, lo cual implica que dará prioridad a la atención de los
asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el Poder Judicial. 2.) En virtud
de la importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberá doña Ana
Yancy, coordinar lo necesario con la jefatura, a fin de transmitir los conocimientos
adquiridos a otros servidores a los que les pueda ser de beneficio en el
cumplimiento de sus labores, según los requerimientos institucionales.
El Juzgado de Menor Cuantía de Heredia y el Departamento de Personal,
tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XI
En sesión N° 24-09 celebrada el 12 de marzo del año en curso, artículo
XXVI, se autorizó a la licenciada Xiomara Rojas Mejías, Auxiliar Judicial del
Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, para
que se ausentara del despacho los viernes de cada semana, a partir del 13 de ese
mes y hasta por cuatro meses, a fin de que asistiera a lecciones en la Universidad
Católica de Costa Rica, sede Moravia, en el entendido que comprobaría el
resultado final que obtuviera ante el Departamento de Personal.
La licenciada Xiomara Rojas Mejías, en su citado carácter, en nota de 4 de
29
setiembre en curso, con el visto bueno de la licenciada Gabriela Campos Ruiz,
Jueza Coordinadora de ese despacho, solicitó lo siguiente:
―PRIMERO: Ingresé a laborara en el Poder Judicial hace
aproximadamente quince años como interina en el Juzgado II de lo
Contencioso Administrativo y actualmente gozo de mi propiedad como
auxiliar judicial, en el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito
Judicial de San José – Goicoechea. Hace tres años culminé mis estudios
superiores obteniendo la licenciatura en la carrera de Psicología.
SEGUNDO: Actualmente curso la maestría en Psicología con
Énfasis en Psicoterapia de Familia, misma que se imparte en la
Universidad Católica de Costa Rica con sede en Moravia en un único
horario los días Viernes de 15:00 h y Sábados de 8 h a 14 h (adjunto
comprobante de matrícula del presente cuatrimestre que culmina el 24 de
Octubre del año en curso).
TERCERO: Por lo anteriormente expuesto respetuosamente
solicito a este Consejo un permiso para ausentarme a partir de las 15
horas del próximo Viernes 11 de Setiembre y hasta el 24 de Octubre del
año en curso. La presente solicitud se encuentra avalada por la señora
Jueza Coordinadora del Despacho Licenciada Gabriela Campos Ruiz, de
lo cual aporto su visto bueno y comprometiéndome a reponer dicho
tiempo laborando los días lunes, martes y miércoles desde las 7 a.m.
CUARTO: Adjunto email de remisión del comprobante de
aprobación de materias del cuatrimestre pasado al departamento de
personal, según así lo dispuso el Consejo Superior en sesión 24-09
celebrada el 12 de marzo del año en curso, artículo XXVI.‖
-0-
Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar a la licenciada Xiomara
Rojas Mejías, para que se ausente del despacho los viernes de cada semana, a partir
de las 15:00 horas del 11 de setiembre en curso y hasta el 24 de octubre próximo, a
fin de que asista a lecciones en la Universidad Católica de Costa Rica, Sede
30
Moravia, lo anterior por considerar este Consejo que a futuro podrían ser de interés
institucional los estudios que ella realiza. Se toma nota de la forma en que
repondrá el tiempo que ocupará en dicha labor a fin de mantener el trabajo al día y
sin que se afecte sustancialmente el servicio público a su cargo, por lo que en caso
de tener que atender un asunto urgente o que amerite su presencia no podrá
abandonar el despacho. A esos efectos deberá coordinar lo pertinente con la
jefatura.
Asimismo, comprobará el resultado final que obtenga en el mencionado
curso ante el Departamento de Personal.
Debe entenderse, además, que el consentimiento de la Jefatura, se da porque
esa oficina cuenta con personal suficiente para hacerle frente a la ausencia
temporal de la citada servidora y no requiere de recurso humano adicional.
El Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San
José y el Departamento de Personal, tomarán nota para los fines consiguientes. Se
declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XII
En sesión N° 11-09 celebrada el 10 de febrero de este año, artículo XIV, se
concedió permiso con goce de salario a la licenciada Sandra Pereira Retana, Jueza
Coordinadora del Juzgado Contra la Violencia Doméstica de Cartago, para que se
31
retirara del despacho los martes durante el primer cuatrimestre del año en curso, a
partir de las 15:00 horas, a fin de que asistiera al curso Teorías del Género dentro
del Programa de Maestría en Violencia Intrafamiliar y de Género (MAVIGE) en la
Universidad Nacional.
Posteriormente, en sesión celebrada el 26 de mayo del año en curso, artículo
XX, se concedió permiso a la licenciada Pereira Retana, para que se retirara del
despacho los jueves durante el segundo cuatrimestre del año en curso, a partir de
las 15:00 horas y asistiera al curso Métodos de Investigación Feminista I en la
Universidad Nacional.
Asimismo, en sesión N° 84-09 de 8 de los corrientes, artículo X, se autorizó
a doña Sandra para que se retirara del despacho los miércoles durante el tercer
cuatrimestre del año en curso, a partir de las 15:00 horas, para recibir el curso
denominado Derechos Humanos, Marco Jurídico y Mecanismos Internacionales,
en la Universidad Nacional,
En correo electrónico de 9 de setiembre en curso, la licenciada Sandra
Pereira Retana, en su expresado carácter, comunicó lo siguiente:
―…en sesión del 08 de setiembre del 2009, artículo diez el Consejo
Superior me concedió permiso para asistir a clases los días miércoles y
ausentarme del Juzgado a las quince horas, sin embargo por ser una
Maestría conjunta entre las Universidades de Costa Rica y Nacional este
trimestre hubo una confusión y las clases son los días martes y no los
miércoles como inicialmente nos lo habían comunicado. Por esta razón,
les solicito que en las mismas condiciones que se me concedió el permiso
32
se cambie el día de disfrute, en vez de que se me permita retirarme del
Despacho los miércoles a las quince horas, se me permita que me retire
los martes a la misma hora.‖
-0-
Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, modificar el
acuerdo tomado en sesión N° 84-09 de 8 de setiembre en curso, artículo X, en el
sentido que la licenciada Sandra Pereira Retana asistirá a lecciones los martes y no
como inicialmente lo había comunicado.
El Tribunal de la Inspección Judicial, el Juzgado Contra la Violencia
Doméstica de Cartago y el Departamento de Personal tomarán nota para los fines
consiguientes. Se declara este acuerdo firme.
ARTÍCULO XIII
La servidora Stephanie Cedeño Matamoros, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado
Notarial del Primer Circuito Judicial de San José, en nota de 9 de setiembre en
curso, solicitó:
―… de la manera mas atenta me permita retirarme de la oficina los
días miércoles a las 3:30 de la tarde a partir del 16 de setiembre del año
en curso, lo anterior por cuanto estoy cursando la carrera de Enfermería
en la Universidad Santa Lucía y para este cuatrimestre el horario del
curso de Estadística es de 3:30 a 4:30.
La Coordinadora del despacho no puso objeción, ya que la labor
que realizo está totalmente al día, como es la elaboración de expedientes
nuevos y agregar los escritos, en cuanto a la atención al público, en el
despacho contamos con un rol entre los auxiliares para casos de
emergencia.
33
Por otro lado, yo me comprometo a reponer la hora que me dan
después de las 4:30 p.m., los días martes y jueves para que los escritos y
confección de expedientes nuevos no se atrase o apoyando al auxiliar que
me sustituyo durante esa hora.
No omito manifestar que si bien es cierto no es una carrera que se
relacione con los objetivos de esta Institución, pero mi objetivo es que en
un futuro, pueda brindar mis servicios como profesional en la Medicatura
Forense o en el Médico de Empleados del Poder Judicial. ‖
-0-
Por su parte, la licenciada Grace Hernández Herrera, Jueza Coordinadora de
dicho Juzgado, en nota de 9 de los corrientes, expresó lo siguiente:
―… solicito interpongan sus buenos oficios a fin de que la señorita
Stephanie Cedeño Matamoros cédula de identidad 1-1408-0562, pueda
cumplir con el plan de estudio de su carrera.
La suscrita no tiene ninguna objeción, la contrario, la Señorita
Cedeño ha desempeñado su función responsablemente, manteniendo su
puesto al día e incluso colaborando con el trabajo de los demás
compañeros, razón por la cual el período solicitado no afecta el servicio
al público, máxime que tendrá el compromiso de reponerlo
oportunamente.‖
-0-
Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar a la
servidora Stephanie Cedeño Matamoros, para que se ausente del despacho los
miércoles de cada semana, a partir de las 15:30 horas del 16 de setiembre en curso
y asista a lecciones en la Universidad Santa Lucía, durante este cuatrimestre, lo
anterior por considerar este Consejo que a futuro podrían ser de interés
institucional los estudios que ella realiza. Se toma nota de la forma en que
34
repondrá el tiempo que ocupará en dicha labor a fin de mantener el trabajo al día y
sin que se afecte sustancialmente el servicio público a su cargo, por lo que en caso
de tener que atender un asunto urgente o que amerite su presencia no podrá
abandonar el despacho. A esos efectos deberá coordinar lo pertinente con la
jefatura.
Asimismo, comprobará el resultado final que obtenga en el mencionado
curso ante el Departamento de Personal.
Debe entenderse, además, que el consentimiento de la Jefatura, se da porque
esa oficina cuenta con personal suficiente para hacerle frente a la ausencia
temporal del citado servidor y no requiere de recurso humano adicional.
El Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial de San José y el
Departamento de Personal, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara
acuerdo firme.
ARTÍCULO XIV
La señora Nohemy Acuña Segura, Secretaria de la Fiscalía General de la
República, con instrucciones de la licenciada Lilliam Gómez Mora, Fiscal Adjunta
de ese despacho, mediante correo electrónico recibido el 9 de los corrientes,
remitió la nota suscrita por el licenciado Warner Molina Ruiz, Fiscal Adjunto de
Cartago, que literalmente dice:
35
―Para los fines consiguientes, le informo que la servidora judicial,
señora MARIELA RIVERA VOLIO, quien ocupa el puesto de Auxiliar
Judicial en la Fiscalía de Cartago, solicita permiso para asistir al
TALLER DE CAPACITACIÓN en el tema de VIOLENCIA
DOMÉSTICA, mismo que se llevará a cabo en las instalaciones de la
Cruz Roja de Cartago, los días jueves, correspondientes a los meses de
setiembre, octubre y el primer jueves de noviembre, todos del año 2009.
El contacto para realizar este taller se llevó a cabo con la licenciada
Andrea Jiménez Mora, quien es la trabajadora social y funcionaria de la
oficina del programa de Asistencia a las Víctimas del Ministerio Público
de Cartago. La importancia de realizar esta capacitación radica en que se
trata de un tema que día con día se aborda en este despacho y al contar
con personal debidamente capacitado en el tema, se puede mejorar la
atención a las víctimas de esta problemática.
No omito indicar, que la servidora RIVERA VOLIO cuenta con
una licenciatura en Psicología, por lo que eventualmente podría
coadyuvar en la capacitación de otros auxiliares judiciales, así como con
el trabajo que se realiza con esta población en el Ministerio Público de
Cartago.
Le ruego, don Francisco, si lo tiene a bien, aprobar esta solicitud y
trasladarla al CONSEJO SUPERIOR, para que autorice la participación
de la compañera RIVERA VOLIO en la precitada capacitación.‖
-0-
Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Autorizar la
participación de la servidora Mariela Rivera Volio, en el Taller de Capacitación en
el tema de Violencia Doméstica, a realizarse en las instalaciones de la Cruz Roja
de Cartago, durante las fechas indicadas. Lo anterior, en el entendido que no se
afecte sustancialmente el servicio público a su cargo lo cual implica que deberá dar
prioridad a la atención de los asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el
Poder Judicial. 2.) En virtud de la importancia del contenido de la capacitación a
36
recibir, deberá doña Mariela, coordinar lo necesario con la jefatura, a fin de
transmitir los conocimientos adquiridos a otros servidores a los que les pueda ser
de beneficio en el cumplimiento de sus labores, según los requerimientos
institucionales.
La Fiscalía Adjunta de Cartago y el Departamento de Personal, tomarán nota
para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XV
El servidor Greivin Hernández Córdoba, Investigador de la Delegación
Regional del Organismo de Investigación Judicial del Segundo Circuito Judicial de
Alajuela, en correo electrónico recibido el 8 de setiembre en curso, comunicó lo
siguiente:
―… el suscrito impartirá un curso de refrescamiento de Manejo de
Armas y Protección a la Escena del Suceso, al grupo de guardas de
seguridad interna del Instituto Tecnológico, sede Santa Clara, San Carlos,
a partir del mes de Octubre del presente año y hasta finales del mismo
mes, dicho curso se impartirá los fines de semana en mi tiempo libre.
Cualquier notificación al correo guevoguevo08@hotmail.com ó al
teléfono (…).‖
-0-
Se acordó: Comunicar al señor Greivin Hernández Córdoba, que este
Consejo no tiene objeción para que imparta el curso de ―Manejo de Armas y
Protección a la Escena del Suceso‖ en el Instituto Tecnológico, sede Santa Clara,
San Carlos, durante el mes de octubre próximo, fuera de horario laboral. Es
37
entendido que don Greivin tiene el deber de estarse a lo establecido en la Ley
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, tal como
se señala en el pronunciamiento emitido por la Contraloría General de la
República, conocido en la sesión Nº 66-05 del 25 de agosto del 2005, artículo LI y
comunicado mediante circular Nº 138-2005 publicado en el Boletín Judicial Nº
207 del 27 de octubre del 2005, así como también al acuerdo tomado por la Corte
Plena en sesión Nº 03-2006 del 27 de febrero del 2006, artículo XII. Será el
petente quien deba valorar las obligaciones que tiene en razón del cargo que ocupa
en este Poder de la República.
La Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial del
Segundo Circuito Judicial de Alajuela y el Departamento de Personal, tomarán
nota para los fines consiguientes. Se declara este acuerdo firme.
ARTÍCULO XVI
El licenciado Alfredo Jones León, el máster Francisco Arroyo Meléndez y el
licenciado Juan Carlos Córdoba Meléndez, por su orden, Director Ejecutivo y Jefes
del Departamento de Personal y Financiero Contable, en oficio Nº 7052-DE-
2009/928-JP-2009/322-FC-2009 de 9 de setiembre en curso, solicitaron lo
siguiente:
―Como es de conocimiento de los señores Integrantes del Consejo
Superior, a partir del 10 de marzo del 2008 dio inicio la ejecución del
38
contrato para la programación del Proyecto del Fondo de Pensiones y
Jubilaciones a cargo de la Empresa PRIDES; para lo cual, se estimó una
duración de 18 meses. Así mismo, la empresa PRIDES solicitó una
prórroga de 9 meses para concluir las tareas pendientes de la contratación,
la cual fue autorizada por el Consejo Superior en la sesión N° 82-09
Artículo VIII realizada el 2 de setiembre del año en curso. La ejecución
del contrato se conforma de 5 etapas denominadas:
I Etapa. Desarrollo de Módulos Iniciales.
II Etapa. Desarrollo de Módulos del Proceso de Pago
III Etapa. Pruebas Integrales del Sistema
IV Etapa. Paralelo e integración del Sistema
V Etapa. Evaluación y Ajustes
En cuanto al avance en la contratación es importante indicar que la
Primera Etapa fue recibida a satisfacción, se tiene un avance importante
en las pruebas de los módulos que conforman la Segunda Etapa y se han
realizado tareas de la III y IV Etapa relacionadas con los módulos de
Reconocimiento de Tiempo Servido, Cálculo de Jubilación y Cálculo de
Pensión, los cuales forman parte de la Primera Etapa de la contratación.
Producto de esta situación contractual entre el Poder Judicial y la
Empresa PRIDES, se requiere contar con los permisos de los servidores
del Departamento de Personal y Financiero Contable quienes se
encargarán de realizar las pruebas de los módulos del nuevo sistema, para
que garanticen que su construcción sea correcta, exacta y acorde con los
términos contractuales definidos. Además, de velar por la calidad del
producto entregado por la empresa:
1. Segunda Etapa
Pruebas del Módulo de Interfases Internas y Externas.
Pruebas del Módulo de Liquidaciones y Exclusiones.
2. Tercera Etapa. Ejecutar 4 Flujos de pruebas integrales.
3. IV Etapa. Continuar con el Paralelo de los Módulos
Reconocimiento de Tiempo Servido, Cálculo de Jubilación y
Cálculo de Pensión.
En virtud de continuar con las tareas pendientes, se solicita que con
39
base en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [1] se otorgue
permiso con goce de salario y sustitución a los servidores que se indican,
en el puesto que ocupan actualmente[2] y por el plazo mencionado, a las
siguientes personas, en el entendido de que esta medida es indispensable
para que las personas que tienen el conocimiento del sistema y/o los
procesos puedan participar en esta etapa crucial del desarrollo de la
consultoría:
Nombre del Servidor Período Departamento
Rossibeth Ugalde Miranda Del 1 de octubre al 31 de Personal-Gestión
diciembre del 2009 Humana
Karla Infante Blanco Del 1 de octubre al 31 de octubre Personal-Gestión
de 2009 Humana
Mauren Siles Mata Del 11 de setiembre al 31 de Personal-Gestión
diciembre del 2009 Humana
Yexinia Zúñiga Martínez Del 15 de setiembre al 31 de Personal-Gestión
octubre Humana
María José Chaves Guzmán Del 11 de setiembre al 31 de Financiero Contable
diciembre del 2009
Patricia Aguilar Rodríguez Del 11 de setiembre al 31 de Financiero Contable
diciembre del 2009
Roberto Granados Marín Del 11 de setiembre al 31 de Financiero Contable
octubre de 2009
-0-
De conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un asunto de interés institucional, se
acordó: Conceder permiso con goce de salario a los servidores de la lista
transcrita, durante las fechas citadas, para que se dediquen al proyecto indicado, así
como realizar las pruebas de los módulos del Proyecto del Fondo de Pensiones y
[1]
El articulo 44 de la Ley Orgánica y el 81 inciso 18, establecen que en casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial,
el Consejo Superior podrá conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales para la realizar estudios o proyectos.
[2]
Aplicación excepcional de Plan de Vacaciones, punto 9.1.
40
Jubilaciones.
La Dirección Ejecutiva y los Departamentos de Personal y Financiero
Contable, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XVII
El licenciado Ricky González Farguharson, Fiscal Coordinador de la
Fiscalía General de la República, mediante oficio N° FGR-1101-2009 de 7 de
setiembre en curso, remitió nota de 3 de este mes, suscrita por la licenciada
Berenice Smith Bonilla, Fiscala Coordinadora de la Unidad de Delitos Contra la
Propiedad del Ministerio Público, que literalmente dice:
―Reciba un cordial saludo de mi parte. Como es de su conocimiento,
me encuentro laborando en la Unidad Especializada de Delitos contra la
Propiedad en San José, en mi puesto de Fiscala Coordinadora.
Por lo anterior, quisiera hacer de su conocimiento que he recibido
una propuesta de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG), de Naciones Unidas, para integrar el equipo de
profesionales, que se encuentra actualmente cooperando en dicha
Comisión, instaurada en Guatemala para coadyuvar en la lucha contra la
impunidad.
Considero que la propuesta es una oportunidad profesional y
personal, en tanto que me permite aportar un grano de arena en la citada
Comisión Internacional, en su función de establecer la existencia,
desarticular y promover la investigación y persecución penal de los
cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Mi aporte estará
enfocado al apoyo de las Fiscalas y Fiscales de esa Nación que también
han siclo incorporados a la CICIG, precisamente para el ejercicio de la
acción penal, por lo que no realizaré funciones por las cuales se me paga
prohibición, sino que mi función será de apoyo para fiscales e
investigadores. En ese sentido mi relación laboral será estrictamente con
la citada Comisión Internacional.
41
Debido a lo anterior, recurro a su persona en calidad de Jerarca del
Ministerio Público para solicitarle un permiso sin goce de salario por el
término de un año, contado a partir del 28 de setiembre del presente año
2009 y hasta el 28 de setiembre del 2010.
De otorgar su autorización para este permiso sin goce de salario, le
agradezco de antemano, remitirla al Consejo Superior del Poder Judicial
para el respectivo permiso, que también compete otorgar a ese órgano
administrativo.‖
-0-
Con relación a lo anterior, la licenciada Smith Bonilla, en su citada
condición, en nota recibida el 14 de este mes, expresó lo siguiente:
―Luego de un saludo y deseándoles éxitos en sus funciones, con
todo respeto procedo a exponer lo siguiente.
He recibido una propuesta para incorporarme al equipo de trabajo de
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es una
comisión de Naciones Unidas, que coadyuva en la lucha contra la
impunidad en ese país. Esta propuesta es por un año, con el fin de apoyar
a Fiscales e investigadores en su labor investigativa.
Por esta razón recurro ante ustedes, como Órgano Administrativo
superior del Poder Judicial, toda vez que la Fiscalía General de la
Republica, otorgó el visto bueno a mi gestión, y en esa medida, el Fiscal
General le dio curso a mi solicitud enviándola ante ese Consejo Superior,
para el correspondiente permiso definitivo.
En consecuencia, solicito a ese Honorable Consejo, se me autorice
un año de permiso sin goce de salario, conforme las potestades que les
confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto a partir del 28 de
septiembre del 2009 al 28 de septiembre del 2010, fecha en la cual, me
incorporaría a laborar nuevamente al Ministerio Público, institución en la
que he laborado por 21 años consecutivos, y en donde me desempeño en
la actualidad.
No omito informarles que en dicha función no voy a ejercer la
42
abogacía de manera liberal, ni labor alguna por la cual se me paga
prohibición.‖
-0-
De conformidad con el artículo 44, párrafo 4º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, conceder permiso
sin goce de salario a la licenciada Berenice Smith Bonilla, del 28 de setiembre y
hasta el 28 de setiembre del 2010, para los fines indicados.
La Fiscalía General de la República, el Departamento de Personal, tomarán
nota para lo que corresponda.
ARTÍCULO XVIII
En sesión N° 58-09 celebrada el 2 de agosto último, artículo XXX, se
autorizó la participación de los funcionarios y funcionarias judiciales interesados
en asistir al seminario de conmemoración de los 20 años de Justicia Constitucional
en Costa Rica, a realizarse el 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre del año en curso.
En correo electrónico recibido el 11 de setiembre en curso, la licenciada
Sonia Villegas Grijalba, Coordinadora del Centro de Jurisprudencia Constitucional
de la Sala Constitucional, informó lo siguiente:
―…, procedo a informar la lista de funcionarios del Poder Judicial
que fueron debidamente inscritos en la actividad, para los fines
correspondientes:
ABEL JIMENEZ OBANDO
ADRIANA VALVERDE VARGAS
ALBERTO JIMÉNEZ MATA
43
ALEJANDRA MONTERO SOLANO
ALEJANDRA PADILLA ALVARADO
ALEJANDRA VARGAS CRUZ
ALEJANDRO JOSE ROBLES LEAL
ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA
ALINA GRANADOS ALVAREZ
ALVARO CABEZAS GUTIÉRREZ
ANDREA CAMACHO MORA
ANDREA HERRERA GUTIERREZ
ANDREA MÉNDEZ GARITA
ANDREA QUIJANO VILLALBOS
ANDRÉS GONZÁLEZ PORRAS
ANDREY MORA GAMBOA
ÁNGELA JIMÉNEZ CHACÓN
ARTURO DURAN BARQUERO
BERNARDO GOLDSTEIN ROSALES
BETHNANN HERRERA MONTERO
CARLOS CORDERO VARGAS
CARLOS FABIAN SANDOVAL DURÁN
CARLOS JIMÉNEZ GONGÁLEZ
CAROLINA FALLAS SANCHEZ
CHRIS BARAHONA RAMÍREZ
CHRISTIAN QUESADA VARGAS
CINTHYA LEÓN BARQUERO
CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR
DANIEL ALEJANDRO PÉREZ PÉREZ
DIANA SANABRIA MARTINEZ
DIEGO CERDAS RETANA
ELENA SEGURA SALAZAR
ENRIQUE NAPOLEÓN ULATE CHACÓN
ERICK A. CUBERO JIMÉNEZ
EVELYN ARAYA RODRÍGUEZ
FABIAN BARBOZA GOMEZ
FARITH SUAREZ VALVERDE
FERNANDO BOLAÑOS CÉSPEDES
FLORA ROJAS ARAYA
FRANCISCO BONILLA ALVAREZ
FREDDY SANDÍ ZUÑIGA
GABRIEL HERRERA MADRIGAL
GABRIELA MARIA DIAZ BRENES
GABRIELA VARGAS CHACÓN
GERARDO MADRIZ PIEDRA
GILBERTO ALONSO LOBO RODRIGUEZ
GLORIA ESTELA ANGULO SMITH
GLORIANA ROJAS SÁENZ
GUILLERMO ARCE ARIAS
GUILLERMO BALLESTERO UMAÑA
44
HAIDEER MIRANDA BONILLA
HUBERT FERNÁNDEZ ARGÜELLO
INGRID ESTRADA VENEGAS
INGRID HESS HERRERA
ISABEL ORTIZ FERNANDEZ
JEANNETTE ARIAS MEZA
JENNY MORA DURAN
JORGE KEPFER CHINCHILLA
JOSE FRANCISCO ARROYO SOTO
JOSE JOAQUIN ALVARADO ACUÑA
JUAN CARLOS REYES ODIO
JUAN CARLOS SEGURA SOLIS
JUAN FRANCISCO LEMUS VIQUEZ
JUAN LUIS GIUSTI SOTO
KAREN VALVERDE CHAVES
KARINA CHAVES OROCÚ
KARLA ARGUELLO SOTO
KAROL PAMELA NUÑEZ SIBAJA
KATHERINE ANGULO PIZARRO
KATHERINE OVIEDO PANIAGUA
LAURA ARROYO CASTRO
LAURA RODRÍGUEZ VILLALOBOS
LAURA SOLEY GUTIERREZ
LENA WHITE CURLING
LIZBETH BARRANTES CASTILLO
LOREANA MARIA MC LAREN QUIROS
LORENA MONTES DE OCA MONGE
LUIS ARDON ACUÑA
LUIS FRANCISCO CERVANTES GAMBOA
MANUEL FERNANDO JIMÉNEZ AGUILAR
MARCELA CALDERÓN BARRANTES
MARCELA GUADAMUZ LEON
MARCO TROYO CORDERO
MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ BRENES
MARIA ELENA PALMA HERRERA
MARIA MARTA BRENES MONTOYA
MARICRUZ BARQUERO KEPFER
MARIO RODRIGUEZ ARGUEDAS
MARLIN ARGUEDAS AGUILAR
MARTHA Y. QUESADA MORERA
MARTHA Y. QUESADA MORERA
MATEO IVANKOVICH FONSECA
MAUREEN SOLÍS MADRIGAL
MAURICIO NAVARRO BUZANO
MAX VARGAS CESPEDES
MELANY ARAYA FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL MACHADO BARQUERO
45
MILTON CASTRO SERRANO
MIUREL MORALES SÁNCHEZ
MONICA VASQUEZ VALVERDE
NACIRA RIVERA CRUZ
NANCY HERNÁNDEZ LÓPEZ
NANCY VARGAS CHACÓN
NATALIA VILLALOBOS FALLAS
NIDIA SANCHEZ BOSCHINI
OLMAN RODRIGUEZ LOAIZA
OSCAR GARRO PRADO
PATRICIA CALDERÓN RODRÍGUEZ
RANDALL SANDÍ ZÚÑIGA
RAYMOND PORTER AGUILAR
REYSETH PERAZA MORALES
ROBERT CAMACHO VILLALOBOS
ROBERT GUTIERREZ SANCHEZ
ROBERTO CARMIOL ULLOA
ROBERTO MADRIGAL ZAMORA
ROBERTO MONTERO GARCÍA
RODOLFO GÓNZALEZ FERNÁNDEZ
RODOLFO MARENCO ORITZ
RODRIGO MONGE UMAÑA
ROGER DURAN GAMBOA
RONALD SALAZAR MURILLO
RONALD SEGURA MENA
ROSIBEL BARBOZA ELIZONDO
ROY GUTIERREZ NAVARRO
SANDRA EUGENIA ZÚÑIGA MORALES
SANDRA QUESADA VARGAS
SARAY PERALTA AGUILAR
SIGRID MORALES CARRASCO
SONIA VILLEGAS GRIJALBA
TATIANA LÓPEZ MONGE
TATIANA RODRIGUEZ ARAYA
TATYANA RODRIGUEZ CASTRO
TERESITA BOLAÑOS ROJAS
TERESITA PEREZ CALDERON
UBALDO CERDAS CHAVARRÍA
VALERIA CHAVARRIA CHAVES
VANLLY CANTILLO GAMBOA
VICTORIA JIMÉNEZ TORRES
VILMA SANCHEZ DEL CASTILLO
VIVIANA BENAVIDES HERNANDEZ
VIVIANA BENAVIDES HERNANDEZ
WALTER ALVARADO ARIAS
WALTER OBANDO CORRALES
WENDY SINGER PLÁ
46
YANELA ÁLVAREZ ROJAS
-0-
Asimismo, en nota de 14 de setiembre en curso, la máster Ana Lorena
Blanco Bonilla, Jueza Penal Juvenil de Puntarenas, solicitó lo siguiente:
―Enterada del Seminario que se estará realizando los días 30 de
setiembre, 1 y 2 de octubre del año en curso, en Conmemoración de los
20 años de Justicia Constitucional en Costa Rica, siendo de interés de
todos y todas los/as funcionarios/rias que impartimos justicia, por la
relevancia de los temas que se expondrán, les solicito se apruebe mi
asistencia a dicho evento. Debo manifestar que actualmente me encuentro
sustituyendo al Lic. Juan Carlos Mejías en el Tribunal de Juicio de
Puntarenas, conociendo material civil y laboral.‖
-0-
Al propio tiempo, el licenciado José Gerardo Delgado Núñez, Juez
Supernumerario del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en
nota de 16 de setiembre en curso, comunicó lo siguiente:
―Sirva la presente para saludarlo y a la vez solicitarle su
autorización para asistir al Seminario del 30 de setiembre, 1 y 2 de
octubre del 2009. Es un seminario sobre los 20 años de la Sala
Constitucional y se va a llevar a cabo en el Auditorio del Poder Judicial
en el Edificio del OIJ. Me inscribí en este Seminario desde junio de este
año.
―Estoy nombrado en plaza de Juez Supernumerario en el Juzgado
Contencioso hasta el 30 de setiembre por el momento.‖
-0-
Se acordó: 1.) Autorizar la participación de los servidores de la lista
transcrita, en el seminario de conmemoración de los 20 años de Justicia
Constitucional en Costa Rica, a realizarse el 30 de setiembre, 1º y 2 de octubre del
47
año en curso. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte sustancialmente el
servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autoriza a participar, lo
cual implica que en caso de tener diligencias programadas no podrán alterar en
modo alguno la fecha de su realización y deberán atenderlas, asimismo de
presentarse algún asunto urgente suspenderán su participación para atenderlo. 2.)
Denegar la solicitud de la máster Ana Lorena Blanco Bonilla y del licenciado José
Gerardo Delgado Núñez, por cuanto no hay cupo para integrarlos en la actividad
que se da cuenta y en vista que la gestión debió realizarse directamente ante la Sala
Constitucional.
La Sala Constitucional y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo
que corresponda. Se declara este acuerdo firme.
ARTÍCULO XIX
El señor Presidente, Magistrado Mora, remite correo electrónico de 16 de
setiembre en curso, en que hace de conocimiento nota suscrita por el señor Víctor
Moreno Catena, Secretario General de IberRed, en que manifiesta lo siguiente:
―Me es grato informarle de que, desde Iberred, y en Convenio con
CEDDET (Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo
Económico y Tecnológico), estamos lanzando un novedoso Curso de
Formación On Line que versará sobre ―Capacitación Jurídica Penal en
Iberoamérica‖.
Es un honor ofrecerlo a Jueces, Fiscales y miembros de los
Ministerios de Justicia de los Países Iberoamericanos, becando 30 plazas
para quienes estén especialmente interesados en recibir dicha formación.
Con ello Iberred hace un gran esfuerzo económico y cumple con el
48
mandato de la Asamblea de Puntos de Contacto celebrada en Buenos
Aires y ratificado con posterioridad en Santiago de Chile, enmarcado todo
ello en el Plan Estratégico de IberRed.
El curso se estructura en tres Módulos, cada uno de los cuales se
compone de dos temas, siendo en total seis:
1. La Cooperación Jurídica Penal en Iberoamérica
2. Herramientas de Cooperación Jurídica Penal
3. El principio de asistencia penal mutua
4. El principio de reconocimiento mutuo
5. Instrumentos de cooperación en los delitos de estupefacientes,
delincuencia organizada, corrupción, sustracción de menores, trata
de seres humanos y lavado de activos.
6. La Jurisdicción Penal Internacional
El curso se impartirá a distancia y durará dos meses (60 horas): del
28 de septiembre al 27 de noviembre.
Como somos conscientes de que habrá muchas más solicitudes que
plazas (sólo se admitirán 30 participantes), le ruego que a la mayor
brevedad posible nos pueda designar al Juez (uno solo) interesado en
solicitar dicho Curso para poderlo tener en cuenta de inmediato.
Al efecto, me permito adjuntarle un sencillo formulario de solicitud
que le rogamos pueda sernos remitido antes del 11 de septiembre a los
siguientes correos:
secretaria.general@comjib.org y belen.pascual@comjib.org.
De entre las solicitudes que recibamos se hará una selección
conforme a criterios objetivos, entre los que estará el orden de llegada de
la solicitud y la relación directa de la labor profesional de quien solicita el
Curso con la materia de cooperación.
Esperando que este Curso sea de su interés y recibir, en cuanto le
sea posible, a la persona designada por usted, …‖
-0-
Se acordó: Se acordó: 1.) Agradecer a la Secretaría General de la Red
Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internancional, la invitación cursada. 2.)
Designar al doctor Rafael Gullock Vargas, Juez del Tribunal de Casación Penal del
Segundo Circuito Judicial de San José, a los licenciados Adrián Molina Elizondo,
Juez Coordinador del Juzgado Penal de Heredia y William Serrano Baby, Juez del
49
Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, para que participen en el
Curso de Formación On Line sobre ―Cooperación Jurídica Penal en Iberoamérica‖,
que impartirá a distancia la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica
Internacional, del 28 de setiembre en curso al 27 de noviembre del año en curso.
3.) En virtud de la importancia de la capacitación a recibir, los servidores
escogidos deberán coordinar lo correspondiente, a fin de transmitir los
conocimientos adquiridos a los demás compañeros, ya que podría ser de gran
utilidad en las labores que realizan.
El Despacho de la Presidencia, el Tribunal de Casación Penal del Segundo
Circuito Judicial de San José, el Juzgado Penal de Heredia, el Tribunal Penal del
Primer Circuito Judicial de San José y el Departamento de Personal, tomarán nota
para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XX
Mediante correo electrónico recibido el 16 de setiembre en curso, la señora
Ileana Rojas Cerdas, Secretaria 2 del Consejo Superior, informa que siguiendo
instrucciones del licenciado Marvin Martínez Fernández, Integrante de este
Consejo y con la autorización del señor Presidente Magistrado Mora, don Marvin
disfrutará vacaciones el 21 y 22 de este mes, por lo que solicita se le designe
sustituto para esos días.
50
Al respecto, la señora Rojas Cerdas, con instrucciones del licenciado
Martínez Fernández, comunicó que don Marvin solamente disfrutará de vacaciones
el 21 de setiembre en curso.
Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior, lo que también hará el
Departamento de Personal para lo que corresponda. Se declara este acuerdo
firme.
ARTÍCULO XXI
El señor Isidro Domingo Briceño López, Notificador 1 del Juzgado Civil,
Trabajo y Familia de Cañas, en nota de 1° de julio del año en curso, solicitó al
Departamento de Personal, realizar los cálculos correspondientes de su jubilación,
a partir del 1° de setiembre en curso, únicamente para fijar derecho.
En oficio N° 997-UJP-2009 de 3 de los corrientes, el máster Francisco
Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, la licenciada Olga Guerrero
Córdoba, Jefa interina de la Sección de Administración de Personal y el señor
Juan José Carvajal Siles, Técnico Administrativo 2 de la Unidad de Jubilaciones y
Pensiones, indicaron lo siguiente:
Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por el señor
“ASUNTO: Isidro Domingo Briceño López, cédula número 05-0157-0182, a partir del 01
de septiembre de 2009.
Al 31 de agosto del 2009, el señor Briceño López habrá laborado para el Poder Judicial, 32
años, 2 meses y 28 días. Cabe mencionar que para efectos de jubilación reconoció tiempo
laborado en otras instituciones del Estado, a saber: 1 año, 6 meses y 29 días.
TOTAL TIEMPO SERVIDO: 33 años, 9 meses y 27días.
51
EDAD: 54 años y 27 días.
Notificador 1, Juzgado Civil, Trabajo y
ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO:
Familia de Cañas.
ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢754.225,35.
SALARIO PROMEDIO: ¢669.729,21
¢658.465,59 (98,32% del salario promedio de los
MONTO DE JUBILACIÓN:
veinticuatro mejores salarios ordinarios)
NORMA LEGAL: ―Los cálculos se efectuaron con base en la normativa de la Ley
Orgánica Actual, así como lo dispuesto por el Consejo Superior
en sesión celebrada el 28/02/2006.‖ Y la aplicación del
transitorio III de la Ley Marco de Pensiones.
Se aplica el transitorio III de la Ley Marco de Pensiones, se
descuenta 5 años de edad por laborar para el Estado 16 años, 8
meses y 12 días al 15 de julio de 1992.
FORMULA Salario Promedio * Edad = Monto de Jubilación
APLICADA 55 años‖
-0-
Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación del señor Isidro Domingo
Briceño López y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la fecha a partir de la
cual se acogerá a ese derecho.
El Integrante Martínez Fernández votó por aprobar el derecho a la jubilación
con base en lo dispuesto por Corte Plena en sesión Nº 9-00 celebrada el 28 de
febrero del 2000, artículo XXXI y por el Consejo Superior en sesión Nº 22-01
realizada el 15 de marzo del 2001, artículo LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus
reformas.
El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda. Se
declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XXII
52
El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, la
licenciada Olga Guerrero Córdoba, Jefa interina de Administración de Personal y
el señor Juan José Carvajal Siles, Técnico Administrativo 2 de la Unidad de
Jubilaciones y Pensiones, en oficio N° 1001-UJP-2009 recibido el 9 de setiembre
en curso, informaron lo siguiente:
Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por el señor Luis
“ASUNTO: Emilio Rodríguez Gamboa, cédula número 02-0333-0054, a partir del 20 de septiembre
de 2009.
Al 20 de agosto del 2009, el señor Rodríguez Gamboa habrá laborado para el Poder Judicial 30 años y 10
días.
TOTAL TIEMPO SERVIDO: 30 años y 10 días.
EDAD: 51 años, 4 meses y 9 días.
Asistente Judicial 3, Tribunal III Circuito Judicial
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO:
de Alajuela (San Ramón).
ULTIMO SALARIO DEVENGADO: ¢865.688,05.
SALARIO PROMEDIO (Salario +
¢774.492,25 (correspondiente al mes de Agosto 2009)
Salario Escolar)
¢723.211,48 (93,38% del salario promedio de los veinticuatro
MONTO DE JUBILACIÓN:
mejores salarios ordinarios)
NORMA LEGAL: ―Los cálculos se efectuaron con base en la normativa de la Ley Orgánica
Actual, así como lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión celebrada
el 28/02/2006.‖ Y la aplicación del transitorio III de la Ley Marco de
Pensiones.
Se aplica el transitorio III de la Ley Marco de Pensiones, se descuenta 5
años de edad por laborar para el Estado 12 años, 10 meses y 6 días al 15 de
julio de 1992.
FORMULA APLICADA: Salario Promedio * Edad = Monto de Jubilación
55 años‖
-0-
Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación del señor Luis Emilio
Rodríguez Gamboa y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la fecha a partir de
la cual se acogerá a ese derecho.
53
El Integrante Martínez Fernández votó por aprobar la jubilación con base en
lo dispuesto por la Corte Plena en sesión Nº 09-00 celebrada el 28 de febrero del
2000, artículo XXXI y por el Consejo Superior en sesión Nº 22-01 realizada el 15
de marzo del 2001, artículo LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus reformas.
El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda. Se
declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XXIII
En sesión N° 66-09 celebrada el 30 de junio de este año, artículo LXXVI, se
tomó el siguiente acuerdo:
―Informa la Secretaría General de la Corte, que mediante resolución
N° 411-2009 de las diez horas del dieciséis de junio en curso, se notificó
en su casa de habitación al licenciado Gustavo Alvarado Sánchez, el
acuerdo tomado en la sesión N° 57-09 de 28 de mayo último, artículo
XXVIII, a las catorce horas del 18 del mes en curso.
El citado acuerdo literalmente dice:
―En sesión N° 08-09 celebrada el 29 de enero del año en curso,
artículo XVIII, se conoció el oficio N° 192 de 19 de ese mes, en que el
señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la
Inspección Judicial, comunicó que ese Tribunal, al resolver la queja N°
34-2008-F, impuso al licenciado Gustavo Alvarado Sánchez, a la sazón
Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Upala, la corrección
disciplinaria de tres meses de suspensión sin goce de salario, la cual
quedó firme a partir del 16 de ese mes, por interesarse indebidamente en
un proceso tramitado en el despacho donde laboraba y no excusarse de
conocerlo, teniendo causal para ello, falta que se calificó como gravísima.
En esa oportunidad, se dispuso tomar nota de la citada comunicación
y hacerla de conocimiento del Despacho del Presidente, para que
informara al Departamento de Personal, la fecha en que se haría efectiva
54
la sanción impuesta al licenciado Gustavo Alvarado Sánchez.
Posteriormente, en sesión N° 13-09 del 17 de febrero de este año,
artículo LII, se remitió al licenciado Alvarado Sánchez, Juez
Contravencional y Menor Cuantía de Garabito, a valoración médica por
parte del Consejo Médico Forense, a fin de que estableciera su estado
actual de salud y determinara si se encuentra incapacitado total y
permanentemente para desempeñar el puesto que ocupa en la actualidad.
A esos efectos, en la sesión Nº 30-09 celebrada el 26 de marzo del
año en curso, artículo XXV, se tomó el acuerdo que en lo conducente
dice:
"(…)
En atención a lo anterior, las doctoras Leslie Solano Calderón y
Cinthia López Castillo, Jefas del Departamento de Medicina Legal y de la
Sección Psiquiatría y Psicología Forense, respectivamente y la máster
Carmen Zeledón Grande, Psicóloga Clínica y Forense, en oficio N°
J.D.M.L. 2009-0052D de 16 de marzo en curso, remitieron el resultado de
la valoración médica efectuada al licenciado Gustavo Alvarado Sánchez,
cuya conclusión indican que don Gustavo "mantiene todas las
capacidades mentales que le permiten tener conciencia y discernimiento
de los actos que se ejecutan y la capacidad para realizar libre y
voluntariamente un determinado acto, así como, para enfrentar un
proceso disciplinario y colaborar con su defensa"
Se acordó: 1.) Tener por recibido el informe anterior. 2.) Remitir
nuevamente a valoración médica por parte del Consejo Médico Forense,
al licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez, para que determine su
estado actual de salud e indique si don Martín Gustavo, puede cumplir
con sus funciones como juez de la República. Se declara acuerdo
firme."
-0-
En cumplimiento de lo anterior, las doctoras Leslie Solano Calderón
y Cinthia López Castillo, Jefas del Departamento de Medicina Legal y de
la Sección Psiquiatría y Psicología Forense, respectivamente y la máster
Carmen Zeledón Grande, Psicóloga Clínica y Forense, mediante oficio N°
J.D.M.L. 2009-00261D de 12 de mayo en curso, ratifican en todos sus
extremos el dictamen médico legal N° J.D.M.L. 2009-0052D.
55
Se acordó: Tener por recibido el informe anterior y hacerlo de
conocimiento del licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez.‖
-0-
El licenciado Bernan Luis Salazar Ureña, Defensor Particular del
señor Gustavo Alvarado Sánchez, en escrito de 19 de los corrientes,
presentó la siguiente gestión:
―(…)
PRIMERO.- El día 18 de junio del 2009 mi representado fue
notificado del contenido de la resolución de referencia, mediante la cual -
en lo que interesa- le informan:
En cumplimiento de lo anterior, las doctoras Leslie Solano
Calderón y Cinthia López Castillo, Jefas del Departamento de Medicina
Legal y de la Sección Psiquiatría y Psicología Forense, respectivamente y
la máster Carmen Zeledón Grande, Psicóloga Clínica y Forense, mediante
oficio N° J.D.M.L. 2009-00261D del 12 de mayo en curso, ratifican en
todos sus extremos el dictamen médico legal N° JDML 2009-0052D...‖
SEGUNDO.- Este servidor respeta pero no comparte el criterio de
las distinguidas profesionales, motivo por el cual oportunamente se
gestionó que el Lic. Alvarado Sánchez fuera valorado por el CONSEJO
MÉDICO FORENSE y véase que en la misma resolución se transcribe el
acuerdo dispuesto en la Sesión N° 30-09 celebrada el 26 de marzo del
2009 que —en lo que interesa- reza:
• .2) Remitir nuevamente a valoración médica por parte del
Consejo Médico Forense, al licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez
para que determine su estado de salud actual e indique si don Martín
Gustavo, puedo cumplir con sus funciones como juez (sic) de la
República...‖
Es decir, el CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL lo
que ordenó es que se valore médicamente al Lic. Alvarado Sánchez por
parte del CONSEJO MÉDICO FORENSE, para lo cual se requiere un
examen personal y es precisamente por ello que se dispuso ―remitir
nuevamente a valoración médica‖ y no simplemente que se examinara y
leyera el expediente clínico que al efecto ha de existir en el Departamento
56
de Medicina Legal y en la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense del
Poder Judicial. -*
PRETENSIÓN: En virtud de lo anterior y con la finalidad de
cumplir con lo dispuesto por el Consejo Superior del Poder Judicial en la
Sesión N° 30-09, respetuosamente solicito se sirvan proceder conforme a
derecho corresponde y remitir a valoración médica por parte del Consejo
Médico Forense al Lic. Gustavo Martín Alvarado Sánchez, para lo cual
respetuosamente solicito se sirvan disponer hora y fecha-*
No omito indicar que considero indispensable que el Consejo
Médico Forense tenga a la vista con los expedientes médicos del Lic.
Alvarado Sánchez que permanecen en el Hospital Nacional Psiquiátrico,
para lo cual, solicito se proceda a gestionar su remisión.
NOTIFICACIONES: las sigo recibiendo en el FAX N° 2291-
4412‖
-0-
Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: Remitir
nuevamente a valoración médica por parte del Consejo Médico Forense,
al licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez, para que evaluando su
historial psiquiátrico indique si don Martín, con los padecimientos que
tiene, puede cumplir de forma idónea con sus funciones como juez de la
República. Lo anterior por cuanto fue a ese Órgano al que se solicitó en
sesión N° 57-09 del 28 de mayo del año en curso, artículo XXVIII
valorara al licenciado Alvarado Sánchez.‖
-0-
En atención a lo anterior, los doctores Carlos Luis Abarca Barrantes, Miguel
Ángel Arguedas Piedra y Sisy María Castillo Ramírez, Integrantes del Consejo
Médico Forense, mediante oficio N° DML 2009-2220 del 11 de setiembre en
curso, remitieron el resultado de la valoración médica, realizada al licenciado
Martín Gustavo Alvarado Sánchez, Juez Contravencional y de Menor Cuantía de
Garabito, cuya conclusión indica que don Martín Gustavo sí está incapacitado en
57
forma absoluta y permanente para realizar labores dentro del Poder Judicial.
A tenor de lo que establece el artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se acordó: 1.) Separar de su cargo por incapacidad absoluta y permanente
al licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez, a partir del 18 de setiembre en
curso, con derecho a los extremos laborales que le correspondan. 2.) Agradecer a
don Martín Gustavo los servicios prestados al Poder Judicial. 3.) El Departamento
de Personal elaborará los cálculos respectivos sobre los derechos laborales del
licenciado Alvarado Sánchez y rendirá el informe correspondiente. 4.) El Consejo
de la Judicatura remitirá la terna correspondiente para llenar la plaza N° 6545 de
Juez 1 en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Garabito.
El Despacho de la Presidencia, el Juzgado Contravencional y de Menor
Cuantía de Garabito y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que
corresponda. Se declara firme este acuerdo.
ARTÍCULO XXIV
Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y
Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefe del Departamento de Personal, Jefe de
Administración Humana y Jefe de Administración Salarial, en oficio N° 1286-
UCS-AS-2009 de 25 de agosto último, recibido el 10 de setiembre en curso,
manifestaron, lo siguiente:
58
“ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado de la señora Melania Cordero Brenes.
1. Gestión
Mediante nota del cuatro de junio del presente año, la señora
Melania Cordero Brenes con cédula 03-0392-0169, solicita se le
reconozca el tiempo servido en la Caja Costarricense del Seguro Social
(C.C.S.S.).
2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
La señora Cordero Brenes labora en propiedad para este Poder. Se
desempeña como Técnica Administrativa 2, en el Departamento de
Personal.
La servidora señala para notificaciones su correo electrónico
personal: mcorderob@poder-judicial.go.cr
3. Disposiciones Legales
3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:
―Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...‖
3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en
el Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:
―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
59
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.‖
4. Otras Consideraciones
4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
RTFPJ-0226-2009.
De conformidad con la documentación presentada por la servidora
se determinó que la señora Cordero Brenes debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢182.763,88 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 4 meses y 20
días laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).
4.2 Oficio N° 01223-UCS-AS-2009 del once de agosto del dos mil
nueve:
Mediante el oficio N° 01223-UCS-AS-2009 del once de agosto del
dos mil nueve, se le informa a la señora Cordero Brenes del estudio Nº
RTFPJ-0226-2009, el cual fue enviado a su correo electrónico personal.
Cabe indicar que el diecisiete de agosto de dos mil nueve, se recibe correo
electrónico en el que la señora Cordero Brenes manifiesta su conformidad
con el estudio mencionado.
5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0226-2009 el cual determina
que la señora Cordero Brenes debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones la suma de ¢182.763,88 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación cuatro meses y veinte días
laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) a partir
del cuatro de junio del presente año.‖
-0-
60
El informe Nº RTFPJ-0226-2009 de 28 de julio del año en curso, reporta que
el monto a reintegrar por la señora Melania Cordero Brenes, Técnica
Administrativa del Departamento de Personal, asciende a la suma de ¢182.763,88
(ciento ochenta y dos mil setecientos sesenta y tres colones con ochenta y ocho
céntimos), para que se le pueda reconocer 4 meses y 20 días laborados en la Caja
Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), para efectos de anualidades y
jubilación.
Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación a la señora Melania
Cordero Brenes, cuatro meses y veinte días laborados en la Caja Costarricense del
Seguro Social (C.C.S.S.), con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones
y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢182.763,88 (ciento ochenta y dos mil
setecientos sesenta y tres colones con ochenta y ocho céntimos), que se le deducirá
de su salario en el tanto de un 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo
prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco
de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación
con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para
que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,
61
para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el
Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. 2.)
Es entendido que la señora Cordero Brenes por el hecho de gestionar este
reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a la jubilación
por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de servicio, y aún no
ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su jubilación esta deuda
en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XXV
Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y
Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefe del Departamento de Personal, Jefe de
Administración Humana y Jefe de Administración Salarial, en oficio N° 1349-
UCS-AS-2009 de 25 de agosto último, recibido el 8 de setiembre en curso,
indicaron, lo siguiente:
“ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado del señor José Martín Aguilar Rodríguez
1. Gestión
Mediante nota del dieciséis de diciembre del año anterior, el señor
José Martín Aguilar Rodríguez con cédula 03-0313-0943, solicita se le
reconozca el tiempo servido en el Ministerio de Seguridad Pública.
2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
62
El señor Aguilar Rodríguez labora interinamente para este Poder. Se
desempeña como Custodio de Detenidos, en la Sección de Cárceles.
El servidor señala para notificaciones el correo electrónico de la
Sección de Cárceles: carceles-sgdoc@poder-judicial.go.cr.
3. Disposiciones Legales
3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:
―Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...‖
3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:
―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.‖
4. Otras Consideraciones
4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
63
RTFPJ-0121-2009:
De conformidad con la documentación presentada por el servidor se
determinó que el señor Aguilar Rodríguez debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢4.996.462,51 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 10 años, 8
meses y 19 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.
4.2 Oficio N° 1192-UCS-AS-2009 del 06 de agosto del dos mil
nueve:
Mediante el oficio N° 1192-UCS-AS-2009 del seis de agosto del
dos mil nueve, se le informa al señor Aguilar Rodríguez del estudio N°
RTFPJ-0121-2009, el cual fue enviado al correo electrónico de la Sección
de Cárceles: carceles-sgdoc@poder-judicial.go.cr. Cabe indicar que el
diez de agosto de dos mil nueve se recibe correo electrónico en el que el
señor Aguilar Rodríguez manifiesta lo siguiente:
―La presente es para responderles la conformidad con el trámite, y a
la vez solicitarles muy respetuosamente se me considere la petición del
rebajo de un 5% y no de un 10% en conformidad del pago de
reconocimiento de años laborados en otras instituciones del Gobierno por
los motivos siguientes:
El ser padre de dos jóvenes que se encuentran cursando la
secundaria, uno de 16 años que cursa el quinto año y otra de 13 años que
esta en séptimo año, así como un niño de 2 años y medio, lo que hace
difícil aportarles el suficiente dinero para el mantenimiento de sus
estudios y demás, por otra parte tengo que pagar casa, cargas sociales,
transporte de Turrialba a San José II Circuito Judicial en donde me
encuentro nombrado actualmente‖.
5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0121-2009, el cual determina
que el señor Aguilar Rodríguez debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones
y Pensiones la suma de ¢4.996.462,51 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación diez años, ocho meses y
diecinueve días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública a
64
partir del dieciséis de diciembre del año anterior.‖
-0-
El informe Nº RTFPJ-0121-2009 de 19 de junio del año en curso, reporta
que el monto a reintegrar por el señor José Martín Aguilar Rodríguez, Custodio de
Detenidos de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial,
asciende a la suma de ¢4.996.462,51 (cuatro millones novecientos noventa y seis
mil cuatrocientos sesenta y dos colones con cincuenta y un céntimos), para que se
le pueda reconocer 10 años, 8 meses y 19 días laborados en el Ministerio de
Seguridad Pública, para efectos de anualidades y jubilación.
Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:
1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor José Martín
Aguilar Rodríguez, diez años, ocho meses y diecinueve días laborados para el
Ministerio de Seguridad Pública, con el compromiso de reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢4.996.462,51 (cuatro
millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y dos colones con
cincuenta y un céntimos). 2.) Autorizar al Departamento Financiero Contable para
que la citada suma adeudada por don José Martín al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial, le sea deducida de su salario en el tanto de un 5%
mensual hasta la cancelación total, tal y como lo solicitó en nota de 10 de agosto
65
último presentada ante el Departamento de Personal, o si lo prefiere, podrá
depositarla, en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa Rica o
1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el
Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que
solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,
para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el
Departamento de Personal, el que también tomará nota para los fines
consiguientes. 3.) Es entendido que el señor Aguilar Rodríguez por el hecho de
gestionar este reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a
la jubilación por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de
servicio, y aún no ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su
jubilación esta deuda en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se
declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XXVI
Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y
Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefe del Departamento de Personal, Jefe de
Administración Humana y Jefe de Administración Salarial, en oficio N° 1321-
UCS-AS-2009 de 20 de agosto último, recibido el 8 de setiembre en curso,
66
comunicaron, lo siguiente:
“ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado de la señora Gabriela Orozco Irola.
1. Gestión
Mediante nota del quince de mayo del presente año, la señora
Gabriela Orozco Irola con cédula 03-0353-0566, solicita se le reconozca
el tiempo servido en la Universidad de Costa Rica (U.C.R.) y la Caja
Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).
2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
La señora Orozco Irola labora interinamente para este Poder. Se
desempeña como Perito Judicial 2, en la Oficina Trabajo Social en el I
Circuito Judicial de Zona Sur.
La servidora señala para notificaciones su correo electrónico
personal: gorozcoi@poder-judicial.go.cr
3. Disposiciones Legales
3.1Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:
―Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...‖
3.2Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:
―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
67
En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.‖
4. Otras Consideraciones
4.1Estudios de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
RTFPJ-0171-2009 y N° RTFPJ-0172-2009.
De conformidad con la documentación presentada por la servidora
se determinó que la señora Orozco Irola debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢3.294.344,90 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 2 años 6
meses y 21 días laborados para la Universidad de Costa Rica y 2 años 2
meses y 20 días laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social
(C.C.S.S.).
4.2Oficio N° 01012-UCS-AS-2009 del veinticuatro de junio del
dos mil nueve:
Mediante el oficio N° 01012-UCS-AS-2009 del veinticuatro de
junio del dos mil nueve, se le informa a la señora Orozco Irola de los
estudios Nº RTFPJ-0171-2009 y Nº RTFPJ-0172-2009, los cuales fueron
enviados a su correo electrónico personal. Cabe indicar que el dos de julio
de dos mil nueve, se recibe correo electrónico en la que la señora Orozco
Irola manifiesta lo siguiente:
―Es mi interés que en caso de su aprobación se deduzca el 5% de mi
salario bruto mensual, esto con la finalidad de no afectar negativamente
mi economía familiar‖
5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación de los estudios N° RTFPJ-0171-2009 y N° RTFPJ-
68
0172-2009 los cuales determinan que la señora Orozco Irola debe
reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢3.294.344,90
a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de anualidades y
jubilación dos años seis meses y veintiún días laborados para la
Universidad de Costa Rica y dos años dos meses y veinte días laborados
para la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) a partir del quince
de mayo del presente año.‖
-0-
En informes números RTFPJ-171-2009 y RTFPJ-172-2009 de 22 de junio
del año en curso, reporta que el monto a reintegrar por la señora Gabriela Orozco
Irola, Perito Judicial 2B de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Primer
Circuito Judicial de la Zona Sur, asciende a la suma de ¢3.294.344,90 (tres
millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro colones con
noventa céntimos), para que se le pueda reconocer 2 años, 6 meses y 21 días,
laborados para la Universidad de Costa Rica y 2 años, 2 meses y 20 días laborados
para la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), para efectos de
anualidades y jubilación.
Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:
1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación a la señora Gabriela Orozco
Irola, dos años, seis meses y veintiún días, laborados para la Universidad de Costa
Rica y dos años, dos meses y veinte días laborados para la Caja Costarricense del
Seguro Social (C.C.S.S.), con el compromiso de reintegrar al Fondo de
69
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢3.294.344,90 (tres
millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro colones con
noventa céntimos). 2.) Autorizar al Departamento Financiero Contable para que la
citada suma adeudada por doña Gabriela al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial, le sea deducida de su salario en el tanto de un 5% mensual hasta la
cancelación total, tal y como lo solicitó en nota de 2 de julio de este año presentada
ante el Departamento de Personal, o si lo prefiere, podrá depositarla, en las cuentas
corrientes números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco
Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero
Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo
mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le
enviará copia de los informes elaborados por el Departamento de Personal, el que
también tomará nota para los fines consiguientes. 3.) Es entendido que la señora
Orozco Irola por el hecho de gestionar este reconocimiento de tiempo servido,
acepta que en caso de acceder a la jubilación por enfermedad o cumplimiento de
requisitos de edad o años de servicio, y aún no ha terminado de cancelar el monto a
reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se le continúe
rebajando en su jubilación esta deuda en igual proporción que se le rebajará en su
salario. Se declara acuerdo firme.
70
ARTÍCULO XXVII
Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,
José Luis Bermúdez Obando, Jefe de Administración Humana y Ronald Calvo
Coto, Jefe de la Sección de Administración Humana, en oficio N° 1285-UCS-AS-
2009, recibido el 8 de setiembre de este mes, expresaron lo siguiente:
“ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones
del Estado del señor Eddie Guevara Soto
1. Gestión
Mediante nota del veintisiete de mayo del presente año, el señor
Eddie Guevara Soto con cédula 01-1109-0431, solicita se le reconozca el
tiempo servido en el Ministerio de Seguridad Pública.
2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
El señor Guevara Soto labora interinamente para este Poder. Se
desempeña como Armero, en la Secretaría General del O.I.J.
El servidor señala para notificaciones su correo electrónico personal:
eguevaras@poder-judicial.go.cr
3. Disposiciones Legales
3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:
“Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...”
3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
71
Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:
“—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de tiempo
servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá realizarla
el servidor activo en cualquier momento de su relación de servicio,
independientemente del tiempo transcurrido.
En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”
4. Otras Consideraciones
4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación
N° RTFPJ-0224-2009:
De conformidad con la documentación presentada por el servidor se
determinó que el señor Guevara Soto debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢5.146.301,87 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 8 años, 4
meses y 2 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.
4.2 Oficio N° 1221-UCS-AS-2009 del once de agosto del dos mil
nueve:
Mediante el oficio N° 1221-UCS-AS-2009 del once de agosto del dos
mil nueve, se le informa al señor Guevara Soto del estudio N° RTFPJ-
0224-2009, el cual fue enviado a su correo electrónico personal. Cabe
indicar que el trece de agosto de dos mil nueve se recibe correo
electrónico en el que el señor Guevara Soto manifiesta su conformidad
con el estudio mencionado.
5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
72
De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0224-2009, el cual determina
que el señor Guevara Soto debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones la suma de ¢5.146.301,87 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación ocho años, cuatro meses y
dos días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.‖
-0-
El informe Nº RTFPJ-0224-2009 de 28 de julio del año en curso, reporta que
el monto a reintegrar por el señor Eddie Guevara Soto, Armero de la Secretaría
General del Organismo de Investigación Judicial, asciende a la suma de
¢5.146.301,87 (cinco millones ciento cuarenta y seis mil trescientos un colones
con ochenta y siete céntimos), para que se le pueda reconocer 8 años, 4 meses y 2
días laborados en el Ministerio de Seguridad Pública, para efectos de anualidades y
jubilación.
Se acordó: 1.) Con vista en el informe del Departamento de Personal y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Eddie Guevara
Soto, 8 años, 4 meses y 2 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública,
con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial la suma de ¢5.146.301,87 (cinco millones ciento cuarenta y seis mil
trescientos un colones con ochenta y siete céntimos), que se le deducirá de su
73
salario en el tanto de un 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere,
podrá depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa
Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el
Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que
solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,
para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el
Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. 2.)
Es entendido que el señor Guevara Soto por el hecho de gestionar este
reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a la jubilación
por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de servicio, y aún no
ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su jubilación esta deuda
en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XXVIII
En oficio N° 1320-UCS-AS-2009, recibido el 8 de setiembre en curso, los
máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y Ronald Calvo
Coto, por su orden, Jefe del Departamento de Personal, Jefe de Administración
Humana y Jefe de Administración Salarial, manifestaron lo siguiente:
“ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones
del Estado del señor Adolfo Reynholds Quirós
74
1. Gestión
Mediante nota del veinticuatro de febrero del presente año, el señor
Adolfo Reynholds Quirós con cédula 01-0583-0913, solicita se le
reconozca el tiempo servido en el Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.).
2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
El señor Reynholds Quirós labora en propiedad para este Poder. Se
desempeña como Juez Supernumerario, en la Sub Unidad Adm. Reg. II
Circuito. Jud. De Guanacaste.
El servidor señala para notificaciones su correo electrónico personal:
areynholds@poder-judicial.go.cr
3. Disposiciones Legales
3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:
“Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...”
3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:
“—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
75
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”
4. Otras Consideraciones
4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación
N° RTFPJ-0215-2009:
De conformidad con la documentación presentada por el servidor se
determinó que el señor Reynholds Quirós debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢2.518.838,32 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 16 años, 1
mes y 17 días laborados para el Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.).
4.2 Oficio N° 1219-UCS-AS-2009 del once de agosto del dos mil
nueve:
Mediante el oficio N° 1219-UCS-AS-2009 del once de agosto del
dos mil nueve, se le informa al señor Reynholds Quirós del estudio N°
RTFPJ-0215-2009, el cual fue enviado a su correo electrónico personal.
Cabe indicar que el catorce de agosto de dos mil nueve se recibe correo
electrónico en el que el señor Reynholds Quirós manifiesta su
conformidad con el estudio mencionado.
5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0215-2009, el cual determina
que el señor Reynholds Quirós debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones la suma de ¢2.518.838,32 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación dieciséis años, un mes y
diecisiete días laborados para el Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.).‖
-0-
El informe Nº RTFPJ-215-2009 de 22 de julio del año en curso, reporta que
76
el monto a reintegrar por el señor Adolfo Antonio Reynholds Quirós, Juez
Supernumerario de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de
Guanacaste, asciende a la suma de ¢2.518.838,32 (dos millones quinientos
dieciocho mil ochocientos treinta y ocho colones con treinta y dos céntimos), para
que se le pueda reconocer 16 años, 1 mes y 17 días laborados para el Instituto
Nacional de Seguros.
Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:
1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Adolfo Antonio
Reynholds Quirós, 16 años, 1 mes y 17 días laborados para el Instituto Nacional de
Seguros, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial la suma de ¢2.518.838,32 (dos millones quinientos dieciocho mil
ochocientos treinta y ocho colones con treinta y dos céntimos), que se le deducirá
de su salario en el tanto de un 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo
prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco
de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación
con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para
que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,
para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el
77
Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. 2.)
Es entendido que el señor Reynholds Quirós por el hecho de gestionar este
reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a la jubilación
por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de servicio, y aún no
ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su jubilación esta deuda
en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XXIX
Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,
José Luis Bermúdez Obando, Jefe de Administración Humana y Ronald Calvo
Coto, Jefe de la Sección de Administración Humana, en oficio N° 1373-UCS-AS-
2009, recibido el 8 de setiembre en curso, expresaron lo siguiente:
“ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones
del Estado del señor Augusto Arcia Espinoza.
1. Gestión
Mediante nota del once de diciembre del año anterior, el señor
Augusto Arcia Espinoza con cédula 01-1002-0336, solicita se le
reconozca el tiempo servido en el Ministerio de Seguridad Pública.
2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
El señor Arcia Espinoza labora interinamente para este Poder. Se
desempeña como Investigador 1, en la Unidad de Vigilancia y
Seguimiento.
78
El servidor señala para notificaciones el correo electrónico de la
Unidad de Vigilancia y Seguimiento: oij-uvise@poder-judicial.go.cr
3. Disposiciones Legales
3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:
“Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años.”
3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:
“—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de las
anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de tiempo
servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá realizarla
el servidor activo en cualquier momento de su relación de servicio,
independientemente del tiempo transcurrido.
En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”
4. Otras Consideraciones
4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación
N° RTFPJ-0119-2009:
De conformidad con la documentación presentada por el servidor se
79
determinó que el señor Arcia Espinoza debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢5.531.070,70 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 9 años, 4
meses y 25 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.
4.2 Oficio N° 1151-UCS-AS-2009 del 23 de julio del dos mil nueve:
Mediante el oficio N° 1151-UCS-AS-2009 del veintitrés de julio del
dos mil nueve, se le informa al señor Arcia Espinoza del estudio N°
RTFPJ-0119-2009, el cual fue enviado al correo electrónico de la Unidad
de Vigilancia y Seguimiento: oij-uvise@poder-judicial.go.cr. Cabe
indicar que el dos de septiembre de dos mil nueve se recibe nota en la que
el señor Arcia Espinoza manifiesta lo siguiente:
“Por este medio y en relación a su oficio Nº 1151-UCS-AS-2009, les
informo que estoy de acuerdo con el trámite referido en dicho oficio, por
lo que autorizo para que se me rebaje un 7% correspondiente al
reintegro del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, esto por cuanto parte
de mi salario cubre gastos estudiantiles personales.”.
5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0119-2009, el cual determina
que el señor Arcia Espinoza debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones la suma de ¢5.531.070,70 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación nueve años, cuatro meses y
veinticinco días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública a
partir del once de diciembre del año anterior.‖
-0-
El informe Nº RTFPJ-0119-2009 de 19 de junio del año en curso, reporta
que el monto a reintegrar por el señor Augusto Arcia Espinoza, Investigador 1 de
la Unidad de Vigilancia y Seguimiento del Organismo de Investigación Judicial de
de San José, asciende a la suma de ¢5.531.070,70 (cinco millones quinientos
80
treinta y un mil setenta colones con setenta céntimos), para que se le pueda
reconocer 9 años, 4 meses y 25 días, laborados en el Ministerio de Seguridad
Pública, para efectos de anualidades y jubilación.
Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:
1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Augusto Arcia
Espinoza 9 años, 4 meses y 25 días laborados en el Ministerio de Seguridad
Pública, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial la suma de ¢5.531.070,70 (cinco millones quinientos treinta y un
mil setenta colones con setenta céntimos). 2.) Autorizar al Departamento
Financiero Contable para que la citada suma adeudada por don Andrés al fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, le sea deducida de su salario en el
tanto de un 7%, tal y como lo solicito en nota de 2 de este mes al Departamento de
Personal, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números
174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica,
previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota
de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de
cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes
elaborados por el Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo
81
que corresponda. 3.) Es entendido que el señor Arcia Espinoza por el hecho de
gestionar este reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a
la jubilación por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de
servicio, y aún no ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su
jubilación esta deuda en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se
declara este acuerdo firme.
ARTÍCULO XXX
Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y
Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefes del Departamento de Personal,
Administración Humana y Administración Salarial, en oficio N° 1350-UCS-AS-
2009 recibido el 8 de los corrientes, expusieron lo siguiente:
“ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado del señor Juan Eladio Navarro Segura
1. Gestión
Mediante nota del treinta de abril del año en curso, el señor Juan
Eladio Navarro Segura con cédula 03-0372-0729, solicita se le reconozca
el tiempo servido en el Ministerio de Seguridad Pública.
2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
El señor Navarro Segura labora interinamente para este Poder. Se
desempeña como Investigador 1, en el Departamento de Investigaciones
Criminales.
82
El servidor señala para notificaciones su correo electrónico
personal: jenavarros@hotmail.com
3. Disposiciones Legales
3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:
“Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...”
3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en
el Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:
“—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”
4. Otras Consideraciones
4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
RTFPJ-0188-2009:
De conformidad con la documentación presentada por el servidor
se determinó que el señor Navarro Segura debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢4.800.704,05 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 8 años, 7
meses y 29 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.
83
4.2 Oficio N° 1089-UCS-AS-2009 del 03 de julio del dos mil
nueve:
Mediante el oficio N° 1089-UCS-AS-2009 del tres de julio del dos
mil nueve, se le informa al señor Navarro Segura del estudio N° RTFPJ-
0188-2009, el cual fue enviado a su correo electrónico personal:
jenavarros@hotmail.com. Cabe indicar que el veintiuno de agosto de dos
mil nueve se recibe nota en la que el señor Navarro Segura manifiesta lo
siguiente:
“Según lo indicado por la Coordinadora de la Unidad de
Componentes Salariales MBA Adriana Steller Hernández, se me notifica
que el rebajo será hasta de un 10% de mi salario bruto mensual, por ello
solicito el gran favor de ser valorado dicho porcentaje, en justificación
que me encuentro laborando un poco lejos de mi casa, pagando pasajes
diarios, además soy responsable de la manutención de mi hijo, mi
concubina y la de mi hermana la cual cursa la secundaria ya que al vivir
lejos de su centro de estudio la misma vive en mi casa de lunes a viernes
y no tiene solvencia económica para depender por sí sola así como mi
concubina y mi hijo. Por otro lado me encuentro cancelando mi casa la
cual adeudo en la entidad Financiera MUCAP según cuenta bancaria
número 80010558 con un saldo de ocho millones catorce mil con
veintinueve colones, por lo anterior solicito muy respetuosamente me
realicen un rebajo de 5% de mi salario y no el establecido.”
5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0188-2009, el cual determina
que el señor Navarro Segura debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones la suma de ¢4.800.704,05 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación ocho años, siete meses y
veintinueve días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública a
partir del treinta de abril del año en curso.‖
-0-
El informe Nº RTFPJ-0188-2009 de 16 de junio del año curso, reporta que el
monto a reintegrar por el señor Juan Eladio Segura Navarro, Investigador 1
84
interino del Departamento de Investigaciones Criminales, asciende a la suma de
¢4.800.704,05 (cuatro millones ochocientos mil setecientos cuatro colones con
cinco céntimos), para que se le pueda reconocer 8 años, 7 meses y 29 días
laborados para el Ministerio de Seguridad Pública, para efectos de anualidades y
jubilación.
Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:
1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Juan Eladio Segura
Navarro, 8 años, 7 meses y 29 días laborados para el Ministerio de Seguridad
Pública, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial la suma de ¢4.800.704,05 (cuatro millones ochocientos mil
setecientos cuatro colones con cinco céntimos). 2.) Autorizar al Departamento
Financiero Contable para que la citada suma adeudada por don Juan Eladio al
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, le sea deducida de su salario
en el tanto de un 5% mensual hasta la cancelación total, tal y como lo solicitó en
nota enviada el 21 de agosto último al Departamento de Personal, o si lo prefiere,
podrá depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa
Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el
Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que
85
solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,
para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el
Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. 3.)
Es entendido que el señor Navarro Segura por el hecho de gestionar este
reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a la jubilación
por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de servicio, y aún no
ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su jubilación esta deuda
en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XXXI
Mediante oficio N° 1284-UCS-AS-2009 recibido el 8 de setiembre en curso,
los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, José
Luis Bermúdez Obando, Jefe de Administración Humana y Ronald Calvo Coto,
Jefe de la Sección de Administración Salarial, informaron lo siguiente:
“ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado del señor José Daniel Quesada Carvajal
1. Gestión
Mediante nota del veinte de febrero del presente año, el señor José
Daniel Quesada Carvajal con cédula 01-1273-0428, solicita se le
reconozca el tiempo servido en la Refinadora Costarricense de Petróleo
S.A. (R.E.C.O.P.E.).
2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
86
El señor Quesada Carvajal labora interinamente para este Poder.
Se desempeña como Investigador 1, en la Sección de Inspecciones
Oculares y Recolección de Indicios.
El servidor señala para notificaciones el correo electrónico de la
Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios:
oij_ioculares@poder-judicial.go.cr.
3. Disposiciones Legales
3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:
“Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...”
3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en
el Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:
“—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”
4. Otras Consideraciones
4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
87
RTFPJ-0181-2009:
De conformidad con la documentación presentada por el servidor
se determinó que el señor Quesada Carvajal debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢1.316.055,83 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 2 años, 3
meses y 13 días laborados para la Refinadora Costarricense de Petróleo
S.A. (R.E.C.O.P.E.).
4.2 Oficio N° 1030-UCS-AS-2009 del 25 de junio del dos mil
nueve:
Mediante el oficio N° 1030-UCS-AS-2009 del veinticinco de junio
del dos mil nueve, se le informa al señor Quesada Carvajal del estudio N°
RTFPJ-0181-2009, el cual fue enviado al correo electrónico de la Sección
de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios:
oij_ioculares@poder-judicial.go.cr. Cabe indicar que el catorce de agosto
de dos mil nueve se recibe nota en la que el señor Quesada Carvajal
manifiesta lo siguiente:
“En atención y respuesta a su oficio Nº 1030-UCS-AS-2009,
relacionado con el tiempo servido fuera del Poder Judicial, me permito
informarle que estoy de acuerdo con el estudio realizado, no obstante
solicito que el porcentaje que se rebaje de mi salario sea de un 2% y no
un 10% como indica el estudio.
Lo anterior debido a que no se ajusta a mi presupuesto ya que
tengo que pagar mis estudios y atender otras responsabilidades de
índoles personal”.
5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0181-2009, el cual determina
que el señor Quesada Carvajal debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones la suma de ¢1.316.055,83 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación dos años, tres meses y trece
días laborados para la Refinadora Costarricense de Petróleo
(R.E.C.O.P.E.) S.A. a partir del veinte de febrero del presente año.‖
-0-
88
El informe Nº RTFPJ-0181-2009 de 8 de junio del año curso, reporta que el
monto a reintegrar por el señor José Daniel Quesada Carvajal, Investigador 1
interino de la Sección de Inspecciones Oculares del Organismo de Investigación
Judicial, asciende a la suma de ¢ 1.316.055,83 (un millón trescientos dieciséis mil
cincuenta y cinco colones con ochenta y tres céntimos.), para que se le pueda
reconocer 2 años, 3 meses y 13 días laborados para la Refinadora Costarricense de
Petróleo (R.E.C.O.P.E) S.A., para efectos de anualidades y jubilación.
Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:
1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor José Daniel
Quesada Carvajal, 2 años, 3 meses y 13 días laborados para la Refinadora
Costarricense de Petróleo (R.E.C.O.P.E) S.A., con la obligación de reintegrar al
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢ 1.316.055,83
(un millón trescientos dieciséis mil cincuenta y cinco colones con ochenta y tres
céntimos.). 2.) Autorizar al Departamento Financiero Contable para que la citada
suma adeudada por don José Daniel al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial, le sea deducida de su salario en el tanto de un 5% mensual hasta la
cancelación total o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes
números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa
89
Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual
tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el
traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los
informes elaborados por el Departamento de Personal, el que también tomará nota
para lo que corresponda. 3.) Es entendido que el señor Quesada Carvajal por el
hecho de gestionar este reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de
acceder a la jubilación por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o
años de servicio, y aún no ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su
jubilación esta deuda en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se
declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XXXII
En sesión Nº 66-09 celebrada el 30 de junio del año en curso, artículo
LXXX, se ajustaron los requisitos de los puestos de profesionales 1 y 2 de la
Secretaría Técnica de Ética y Valores, a profesionales en Ciencias Sociales, con
deseable experiencia y conocimiento en Axiología y Ética Social.
El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,
mediante oficio N° 904-JP-2009 recibido el 9 de setiembre en curso, transcribió el
acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en sesión N° 18-2009 celebrada el 20
90
de agosto último, artículo VII, el cual literalmente dice:
―Se procede a conocer el Informe SAP-258-2009 de la Sección de
Análisis de Puestos, en lo relevante el documento señala:
Mediante correo electrónico de fecha 17 de junio del 2009, la
Licenciada Adriana Steller Hernández, Coordinadora de la Unidad de
Componentes Salariales del Departamento de Gestión Humana, solicita
que se le defina la clase angosta que le corresponde al puesto Nº 353402
de ―Profesional 1‖ ubicado en la Secretaría Técnica de Ética y Valores,
con el fin de poder hacer efectivo el reconocimiento de pluses salariales
tales como: Carrera Profesional y Dedicación Exclusiva.
La conclusión y recomendación del informe son:
CONCLUSIÓN:
De la información recopilada, sobre el puesto Nº 353402, ocupado
en forma interina por la Bach. Lizbeth Murillo Rodríguez, Profesional 1,
se tiene que a la ocupante del cargo en estudio le corresponde diseñar e
implementar estrategias de comunicación en el proceso de gestión de
ética con el propósito de incorporar a la cultura los compromisos éticos,
además visita y atiende las Subcomisiones de Valores y Ética que fueron
creadas con el fin de tener presencia y fortalecer las acciones congruentes
en los diferentes circuitos judiciales para lo cual realiza las convocatorias,
prepara la logística para el desarrollo de las sesiones de trabajo, orienta y
da seguimiento a las gestiones que realicen estas subcomisiones,
documenta fotográficamente todos los procesos, proyectos y actividades
que desarrolle la Secretaría Técnica de Ética y Valores en el territorio
nacional, organiza actividades y comunicaciones que se requieran en
celebraciones acordadas por la Comisión de Valores, diseña los
dispositivos de comunicación necesarios para la participación en la feria
de las personas usuarias y otras de naturaleza similar, realiza las
producciones de videos, comunicados, informaciones, colabora con la
organización y coordinación de actividades académicas como lo son
conversatorios, foros, videoconferencias, entre otros; coordina con las
áreas de Prensa, Protocolo y Relaciones Públicas de la Institución cuando
los eventos que se desarrollen así lo requieran, diseña material gráfico:
afiches, desplegables, brochures, volantes entre otros. También a la
petente le corresponde diseñar y mantener actualizada la pagina Web, con
información clara, dirigida a los diferentes segmentos de la población
91
judicial.
En virtud de lo anterior, se puede decir entonces que las tareas
ejecutadas por la ocupante del puesto Nº 353402 de la Secretaría Técnica
de Ética y Valores son propias al área de la comunicación colectiva, razón
por la cual, al crearse el puesto como Profesional 1, lo correspondiente es
establecerle a este cargo la clase angosta de “Asistente en Comunicación
Colectiva”
Asimismo es importante mencionar que al analizar las tareas
ejecutadas en el puesto Nº 353402 así como los programas académicos
de las carreras de ―Relaciones Públicas, Publicidad, Periodismo y
Producción”, y lo que define el ―Manual de Especialidades de la
Dirección General del Servicio Civil‖ se concluye que si bien todas son
afines al campo de la comunicación; las carreras de Relaciones Públicas y
Publicidad están más relacionadas y presentan características afines a las
tareas que ejecuta la petente en la Secretaría Técnica de Ética y Valores,
aunado a lo anterior, son las que brindan los conocimientos necesarios
para poder desarrollar las funciones del cargo.
RECOMENDACIÓN:
Cambiar el título de la clase angosta de ―Asistente en
Comunicación Colectiva‖ a ―Profesional en Ciencias de la Comunicación
Colectiva 1‖ con el fin de que el mismo identifique la actividad
específica del puesto y ajustar la clase, tal y como se detalla en el anexo
N° 1.
Incluir la clase angosta de ―Profesional en Ciencias de la
Comunicación Colectiva 1‖ en la clase ancha de ―Profesional 1‖.
Establecer para el puesto Nº 353402 de Profesional 1, la clase
angosta de “Profesional en Ciencias de la Comunicación Colectiva 1”
y las carreras específicas para este cargo lo son: Relaciones Públicas,
Publicidad, o en ―Ciencias de la Comunicación Colectiva‖ a nivel de
bachillerato.
En virtud de que la institución cuenta con puestos de ―Profesionales
en Ciencias de la Comunicación Colectiva‖, a nivel de bachillerato y
licenciatura, se aprovecha este informe para crear la serie de ―Profesional
en Ciencias de la Comunicación Colectiva 1 y 2‖; de tal forma que en el
92
nivel 1 se ubiquen los puestos con requisitos de bachillerato y en el nivel
dos los que tienen requisito de licenciatura; por tal razón, se debe ajustar
la clase angosta que actualmente se denomina ―Profesional en Ciencias de
la Comunicación Colectiva‖ a ―Profesional en Ciencias de la
Comunicación Colectiva 2‖. Ver anexo N° 2.
Dado que en la institución se cuenta con Coordinadores de unidad 2
asignados a las diferentes áreas del campo de las Ciencias de la
Comunicación Colectiva y que actualmente no tienen definida una clase
angosta, se recomienda entonces crear y aprobar la descripción de la
siguiente clase angosta: ―Coordinador Unidad en Ciencias de la
Comunicación Colectiva‖, tal y como se detalla en el anexo 3.
Producto de la revisión efectuada se hace necesario presentar para
su respectiva aprobación la actualización de la descripción de la clase
angosta del ―Encargado de Prensa‖, tal y como se especifica en el anexo
4.
Conforme a las recomendaciones planteadas a continuación se
presentan en detalle los cambios sugeridos para los siguientes puestos:
Despacho u Número Clase Ancha Clase Angosta Especialidad del Área
Oficina de Ocupacional en función del
Puesto puesto que desempeña
108623 Jefe de Jefe Departamento Periodismo
Departamento 1 Administrativo 1
Coordinador Unidad en Relaciones Públicas,
Departamento de Coordinador
6503 Ciencias de la Publicidad
Prensa y Comunicación Unidad 2 Comunicación Colectiva
Organizacional
Coordinador Coordinador Unidad en Periodismo
111272
Unidad 2 Ciencias de la Comunicación
Colectiva
Profesional en Ciencias de Relaciones Públicas,
22855 Profesional 2
la Comunicación Colectiva Publicidad
2
112399 Profesional 2 Profesional en Ciencias de la Periodismo
Comunicación Colectiva 2
Profesional en Ciencias de Periodismo
350012 Profesional 2 la Comunicación Colectiva
2
93
Profesional en Ciencias de la Periodismo
55527 Profesional 2 Comunicación Colectiva 2
Profesional en Ciencias de Relaciones Públicas,
103060 Profesional 1
la Comunicación Colectiva Publicidad
1
Oficina de
Información y Prensa Encargado de Encargado de Prensa Periodismo
43177
Prensa del O.I.J.
Profesional en Ciencias de Periodismo
22877 Profesional 2
la Comunicación Colectiva
2
Coordinador Coordinador Unidad en Relaciones Públicas,
Presidencia de la 108624 Ciencias de la Comunicación Publicidad
Unidad 2
Corte Colectiva
Profesional en Ciencias de Relaciones Públicas,
33683 Profesional 2
la Comunicación Colectiva Publicidad
2
43717 Profesional 2 Profesional en Ciencias de la Relaciones Públicas, Publicidad
Comunicación Colectiva 2
CONAMAJ
96482 Profesional 2 Profesional de la Conamaj Relaciones Públicas,
Publicidad
Secretaría Técnica de
Ética y Valores 353402 Profesional 1 Profesional en Ciencias de la Relaciones Públicas, Publicidad
Comunicación Colectiva 1
Fuente: Relación de Puestos al 24 de marzo 2009.
Nota: Para efectos del proceso de selección de personal, la sección de Reclutamiento y
Selección de Personal deberá considerar que los oferentes que presenten el título de licenciatura
en Ciencias de la Comunicación Colectiva otorgado por la Universidad de Costa Rica del año
de 1998 hacia atrás deben considerarse para cualquier de los puestos antes mencionados; en
virtud que las especialidades mencionadas en el cuadro anterior se ofrecen de manera específica
por ese centro universitario posterior al año indicado.
Se acordó: Aprobar en todos sus extremos el informe de la Sección
de Análisis de Puestos del Departamento de Gestión Humana.‖
-0-
Se acordó: Acoger el acuerdo adoptado por el Consejo de Personal, con la
salvedad de que de conformidad con el acuerdo tomado en sesión Nº 66-09 del 30
de junio del año en curso, artículo LXXX, los requisitos de los puestos de
94
profesionales 1 y 2 de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, son profesionales
en Ciencias Sociales y requisito deseable de experiencia y conocimiento en
Axiología y Ética Social.
ARTÍCULO XXXIII
En sesión Nº 69-09 celebrada el 9 de julio del año en curso, artículo XLII, se
tomó el acuerdo que literalmente dice:
―En sesión Nº 98-08 celebrada el 18 de diciembre del 2008, artículo
XL, se autorizó al señor Róger Salazar Álvarez, Auxiliar de Servicios
Generales 2 (Conserje) del Centro Electrónico de Documentación
Jurisprudencial, para que se retirara del despacho todos los días a partir de
las 15:30 horas, para que se dedicara al cuido de su madre y padre. Lo
anterior en el entendido que don Róger debería reponer el tiempo que
ocupara en dichas labores, a fin de mantener el trabajo al día y sin que se
afectara el servicio público a su cargo.
El señor Róger Salazar Álvarez, Auxiliar de Servicios Generales 2
del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, en nota de 30 de
junio último, solicitó lo siguiente:
―… me dirijo a ustedes para solicitarles que, de ser posible, se
considere mi traslado para Acosta, dado que, ahora sí es definitivo que el
Centro Electrónico se pasa al edificio Motorola, ubicado en Calle
Blancos, a partir del mes de julio y, como ustedes saben, yo vivo en el
Tablazo de Acosta y el desplazamiento hasta ese sitio me resulta
sumamente complicado. Por otra parte, tengo entendido que la limpieza
de ese local es contratada con la empresa privada, con lo que buena parte
de mis funciones estarían ya cubiertas allí.
También quiero pedirles que consideren mi situación familiar, pues
gracias a un permiso otorgado por este consejo, yo puedo retirarme a las
3:30 para apoyar al cuido de mis padres, pero ahora, en vista de que mi
papá falleció recientemente, la situación se agudiza porque mi mamá,
bastante mayor también y enferma, quedó sola y aún cuando yo me
retirara a la misma hora, del edificio de Motorola, estaría llegando muy
95
tarde a la casa, pues el viaje se hace, mínimo de dos horas.‖
-0-
Se acordó: 1.) Trasladar al Departamento de Personal, para que
analice la solicitud de traslado presentado por el servidor Salazar Álvarez.
2.) Solicitar al Departamento de Planificación valorar la afirmación de
don Róger, en el sentido de que la plaza de Auxiliar de Servicios
Generales no será requerida en el Centro Electrónico de Información
Jurisprudencial, una vez que se traslade ese despacho al Edificio
Motorola.‖
-0-
En atención al acuerdo anterior, los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe
del Departamento de Personal, José Luis Bermúdez Obando, Jefe de
Administración Humana y Maritza Herrera Sánchez, Jefa de la Sección de
Reclutamiento y Selección, en oficio N° RS-2247-09 de 4 de agosto último,
recibido el 8 de setiembre en curso, informaron lo siguiente:
―Para su conocimiento nos permitimos rendir el presente informe,
respecto a la gestión de traslado del señor Róger Salazar Álvarez Auxiliar
de Servicios Generales 2 (Conserje) en propiedad del Centro Electrónico
de Documentación Jurisprudencial, hacia el cantón de Acosta, según lo
acordado por el Consejo Superior en la sesión N° 69-09, celebrada el 09
de julio último, artículo XLII, que en lo que nos interesa dice: “1.)
Trasladar al Departamento de Personal, para que analice la solicitud
de traslado presentado por el servidor Salazar Álvarez”.
Una vez revisada la relación de puestos que para tal efecto lleva este
departamento se determinó que cerca del lugar de residencia del servidor
Salazar Álvarez existe el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de
Acosta y Turrubares, sin embargo, ninguno de esos despachos cuenta con
plazas de Auxiliar de Servicios Generales 2 (Conserje) dentro de su
estructura. No obstante lo anterior, al revisar las zonas aledañas al lugar
de residencia del interesado, se logró determinar que en el Juzgado
Contravencional y Menor Cuantía de Aserrí, existe la plaza vacante
número 103659 correspondiente a la clase de Auxiliar de Servicios
96
Generales 2 (Conserje), por lo que, a través del oficio RS-2182-09 de
fecha 20 de agosto recién pasado, le solicitamos que nos manifestara su
interés de ser trasladado a la plaza mencionada anteriormente. En
respuesta a lo anterior mediante nota de fecha 25 de agosto pasado, el
señor Róger manifestó:
“…le expreso mi agradecimiento por su gestión, pero no tengo
interés en ser trasladado a laborar al Juzgado Contravencional y de
Menor Cuantía de Aserrí.
Comprendo que no exista la posibilidad de trasladarme a Acosta,
conforme a mi solicitud, dado que ese despacho no cuenta con plaza de
auxiliar de servicios generales dentro de su estructura; sin embargo, si
en algún momento se requiere de ese recurso le ruego tomarme en cuenta
para ser trasladado a dicho cantón”.
En virtud de lo anteriormente expuesto la Sección de Reclutamiento
y Selección procedió a tomar nota de lo manifestado por el señor Róger
Salazar Álvarez y archivó el caso en su expediente personal.‖
-0-
Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y hacerlo de conocimiento
del servidor Róger Salazar Álvarez.
ARTÍCULO XXXIV
En sesión N° 09-09 celebrada el 3 de febrero del año en curso, artículo
XXIII, al conocerse el informe N° SAP-319-2009 elaborado por el Departamento
de Personal, referente al análisis efectuado a los puestos de Asistente Judicial,
ubicados en las Salas de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de crear el
perfil de dicha clase, este Consejo, dispuso -entre otras cosas- crear la clase
denominada ―Asistente de Sala‖ y ubicarla en la categoría salarial 850.
97
Posteriormente, en sesión N° 26-09 de 18 de marzo de este año, artículo VI,
se tomó el acuerdo que literalmente dice:
―Se conoce informe de plazas extraordinarias 033-PLA-DO-2009
(ver anexo), elaborado por el Departamento de Planificación,
correspondiente a la Sala Tercera.
La Máster Asch Corrales presenta el siguiente resumen ejecutivo:
“ESTUDIO DE LA SALA TERCERA
Despacho Detalle plazas solicitadas Fecha de Solicitud Oficio de Referencia
Cantidad Tipo de Puesto
Sala Tercera 3 Profesional en Derecho 3 ---
1 Asistente Judicial ---
RECOMENDACIONES
4.1.- De conformidad con el análisis realizado se recomienda la
creación de las siguientes plazas ordinarias y extraordinarias para el 2010,
para la Sala Tercera
PLAZAS ORDINARIAS RECOMENDADAS
EXTRAORDI- REQUIERE REQUIERE REQUIERE
PLAZA PRIORI-
DESPACHO
RECOMENDADA DAD COSTO1] NARIA EN EL EQUIPO MOBILIA- ESPACIO
2009 CÓMPUTO RIO FÍSICO
CANT. TIPO DE PUESTO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO
12.002.000,0
Sala Tercera 1 Asistente Judicial 1 X X X X
0
1] La plaza se crea bajo el supuesto de un incremento salarial del
5% para el II Semestre del 2009 y 5% para cada semestre del 2010.
Nota: La plaza recomendada ya existía en condición de
extraordinaria por lo que no requiere equipo, ni mobiliario nuevo, además
el espacio físico ya lo tiene asignado.
PLAZAS EXTRAORDINARIAS RECOMENDADAS
98
REQUIERE REQUIERE REQUIERE
PLAZA PRIORI- EXTRAORDI-
DESPACHO
RECOMENDADA DAD COSTO1] NARIA EN EL 2009
EQUIPO MOBILIA- ESPACIO
CÓMPUTO RIO FÍSICO
TIPO DE
CANT. SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO
PUESTO
Profesiona
110.634.000,0
Sala Tercera 3 l en 1 X X X X
0
Derecho 3
1] La plaza se crea bajo el supuesto de un incremento salarial del
5% para el II Semestre del 2009 y 5% para cada semestre del 2010.
Nota: La plaza recomendada ya existía en condición de
extraordinaria por lo que no requiere equipo, ni mobiliario nuevo, además
el espacio físico ya lo tiene asignado.
OTRAS RECOMENDACIONES
5.1. Las plazas extraordinarias de Profesional en Derecho 3, se
recomiendan con el objetivo de incrementar el número de casos
finalizados, y por ende, disminuir el circulante que ha ido en aumento en
los últimos años. Se estima conveniente que al finalizar cada semestre del
presente año se realice una sesión de trabajo, con el señor Presidente y el
Secretario de la Sala III y personeros del Departamento de Planificación,
con el fin de evaluar el impacto de este recurso en los asuntos en trámite
de la Sala.
5.2. Asimismo, se recomienda que en la medida de las
posibilidades se integren salas suplentes para coadyuvar en la atención del
circulante. De esta forma, el aumento previsto de proyectos de resolución,
no generarán un cúmulo para los señores magistrados titulares.".
-0-
Se acuerda: Se aprueba el informe presentado por el
Departamento de Planificación, con la excepción de que las plazas
recomendadas se crean en forma ordinaria.‖
-0-
El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,
mediante oficio N° 906-JP-2009 recibido el 9 de setiembre en curso, transcribió el
99
acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en sesión Nº 18-09 del 20 de agosto
del año en curso, artículo VI, que literalmente dice:
―(…)
―La Sección de Análisis de Puestos en el Informe SAP-279-2009
indica:
Mediante correo electrónico de fecha 16 de junio del 2009, el Lic.
Julio César Araya Soto, de la Unidad de Presupuesto y Estudios
Especiales de la Sección Administración Salarial del Departamento de
Gestión Humana, solicita se defina la clasificación que debe ostentar la
plaza ordinaria de ―Asistente Judicial‖ de la Sala Tercera, la cual fue
creada por el Departamento de Planificación mediante informe del Nº
033-PLA-DO-2009; el Lic. Araya Soto en su correo electrónico indica
que:
―En sesión 26-09 del 18 de marzo del 2009, artículo VI, se creó
para la Sala Tercera un Asistente Judicial, en forma ordinaria, para el
2010.
De acuerdo con la estructura aprobada recientemente, sesión 09-09
del 03 de febrero del 2009, articulo XXIII, estos puestos se reclasificaron
a Asistente de Sala, por lo que les solicito indicar si esta nueva plaza,
debe ser reclasificada o bien se mantiene como Asistente Judicial‖.
En virtud de lo expuesto anteriormente y con el fin de definir la
clasificación para dicho cargo, a continuación nos permitimos informar lo
siguiente:
4 El Departamento de Planificación mediante informe de plazas
extraordinarias para el 2010 Nº 033-PLA-DO-2009, analizó la situación
de tres plazas de ―Profesional en Derecho 3‖ y una plaza de ―Asistente
Judicial‖ para la Sala Tercera en dicho informe mencionan que:
―Las plazas se crearon en forma extraordinaria por todo el 2009,
por lo que se estudiará la necesidad de mantenerlas en forma ordinaria o
extraordinaria, en el próximo año‖.
Asimismo indican que la plaza se crea con el objetivo de:
100
―La plaza de Asistente Judicial se asignó porque la Sala cuenta
con plazas de Profesional en Derecho 3 adicionales durante este año y
para apoyar los planes de nombrar salas suplentes al menos cinco veces
al año para votaciones y señalamientos de vistas extraordinarias; también
para mejorar la gestión de la Sala y por ende, el servicio público‖. (el
resaltado no pertenece al original).
2. Posteriormente el Consejo Superior en sesión de presupuesto
para el período 2010, sesión Nº 026-09, efectuada 18-03-2009, artículo
VI, conoció el informe Nº 033-PLA-DO-2009 del Departamento de
Planificación referente a la creación de las plazas antes mencionadas
solicitadas para la Sala Tercera, ante lo cual se acuerda lo siguiente:
―Se aprueba el informe presentado por el Departamento de
Planificación, con la excepción de que las plazas recomendadas se crean
en forma ordinaria‖.
3. En otro orden de ideas pero versando siempre sobre puestos de
―Asistente Judicial‖ ubicados en las Salas de la Corte, es dable
mencionar que la Sección de Análisis de Puestos del Departamento de
Gestión Humana, mediante informe Nº SAP-319-2008, analiza los
puestos de ―Asistente Judicial‖ de las Salas de la Corte Suprema de
Justicia; en dicho informe se determinó lo siguiente:
―… los puestos indicados pese a que realizan distintas actividades,
comprenden una misma naturaleza, la cual consiste en la ejecución de
distintas actividades de apoyo en el despacho en que se ubican, tanto
en el área administrativa como jurisdiccional.
Por lo tanto, se considera conveniente crear la clase
denominada “Asistente de Sala”…‖ (el resaltado no pertenece al
original).
Dicho informe fue conocido y aprobado por el Consejo Superior en
la sesión Nº 09-09, efectuada el 03-02-2009, artículo VI.
4. Analizada la información anterior, se determina que la plaza
ordinaria de ―Asistente Judicial” creada para la Sala Tercera fue con el
objetivo de brindar apoyo en el despacho en actividades del área
administrativa así como jurisdiccional, razón por la cual lo procedente es
101
reclasificar esa plaza de “Asistente Judicial” a “Asistente de Sala” tal y
como se recomienda para dicha clase en el Informe Nº SAP-319-2008,
aprobado por el Consejo Superior en sesión Nº 026-09, efectuada el 18-
03-2009, artículo VI.
Se acordó: Acoger el informe en todos sus extremos.‖
-0-
Se acordó: Acoger el acuerdo adoptado por el Consejo de Personal, en
consecuencia, reclasificar la plaza de ―Asistente Judicial‖ de la Sala Tercera a
―Asistente de Sala‖, a partir del 17 de setiembre en curso.
El Departamento de Personal y la Sala Tercera, tomarán nota para lo que
corresponda.
ARTÍCULO XXXV
En sesión de Corte Plena N° 26-2008 del 11 de agosto del 2008, artículo I, al
conocerse el estudio para la definición del Estrato Gerencial del Poder Judicial y su
correcta ubicación salarial, -entre otras cosas- dispuso solicitar al Departamento de
Personal que analizara la situación salarial de los jueces, fiscales y defensores.
Posteriormente, en sesión celebrada el 9 de junio del año en curso, artículo
IV, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva literalmente dice:
―Seguidamente se procede a recibir la votación en lo que respecta a
la propuesta del Consejo de Personal, para incrementar el salario a los
cargos de Jueces, Fiscales, Defensores, Secretarios de Salas y
Profesionales en Derecho 3; y por unanimidad se acordó: Aprobar la
propuesta, en el entendido de que el incremento salarial para las citadas
clases queda sujeto a que sea aprobado por parte de la Asamblea
Legislativa el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el año
102
2010, en el que se incluye la reserva presupuestaria correspondiente para
hacerle frente a ese incremento.‖
-0-
Informa la Secretaria General de la Corte, que mediante oficio N° 5375-09 de
17 de junio de este año y previamente a someter a conocimiento de este Consejo,
hizo de conocimiento del Departamento de Personal, para su estudio e informe lo
nota recibida el 15 de junio del año en curso, suscrita por las licenciadas Rosa
Astúa Jiménez, Cathering Aguilera González y el licenciado Róger Calderón
Mora, Abogados de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas del Ministerio
Público, que literalmente dice:
―Para que por su digno medio y de conformidad con lo que
establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 141, los abajo
firmantes, todos Abogados de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas
del Ministerio Público, con el debido respeto, solicitamos sea puesto en
conocimiento de la Honorable Corte Plena la siguiente petición.
La Corte Plena, en sesión número 26-2008, celebrada el once de
agosto de dos mil ocho, artículo I, luego de una amplia deliberación sobre
el ―Estudio para la definición del Estrato Gerencial del Poder Judicial y su
correcta ubicación salarial‖, dispuso:
“Al propio tiempo se le solícita al Departamento de Gestión Humana que
a la brevedad se realicen los estudios necesarios para analizar la
situación salarial de los jueces, fiscales y defensores públicos. Se declara
acuerdo firme.”
En virtud de lo anterior, consideramos que es claro que de lo
transcrito en el párrafo anterior, los profesionales que suscribimos este
documento no fuimos tomados en consideración para la realización del
estudio ordenado, lo que provoca que de ser factible incremento alguno
que puedan acordarse, está lejos de ser justo, equitativo, y estar a la altura
de las responsabilidades y funciones propias del cargo que desarrollamos,
103
lo que a criterio nuestro deviene en una discriminación ya claramente
determinada por la jurisprudencia constitucional costarricense, al indicar
que la discriminación se produce cuando se hacen diferencias que no
tienen justificaciones objetivas y razonables.
Consideramos oportuno indicar que, ya que nuestra labor es una
función jurisdiccional, se nos debe tomar en consideración dentro del
estudio ordenado, a fin de ajustar las estructuras salariales a los cambios
que se han venido operando en el tiempo y principalmente en este Poder
de la República, lo cual es necesario para así determinar la gran
responsabilidad de todos los profesionales de garantizar a nuestros
usuarios una responsable y adecuada administración de justicia, aplicada
al principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida.
Como nuestra función judicial es de gran semejanza a la realizada
por los Fiscales Auxiliares, nos permitimos transcribir lo que estable el
Manual Descriptivo de Clases por Puestos Vigentes, esto entre una y otra
nomenclatura, a saber:
FISCAL AUXILIAR
NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de la acción penal y civil en representación de la víctima ante
los Tribunales competentes.
TAREAS TÍPICAS
Actuar en representación del Ministerio Público en todas las fases
del Proceso
Penal, de acuerdo con las disposiciones de ley.
Recibir las denuncias de delitos de acción pública, privada,
querellas y solicitudes de interposición de recursos de conformidad
con lo establecido en el Código Procesal Penal.
Realizar la investigación penal y valoración inicial en los delitos
de acción pública y privada.
Establecer las prioridades que deben orientar la investigación de
los hechos del ámbito a su cargo.
Gestionar, coordinar y controlar la investigación de la policía
judicial.
Conformar y actualizar el respectivo legajo de investigación.
Recabar y valorar los elementos de prueba necesarios para la
adecuada fundamentación de la acusación y ofrecerla para el
104
juicio, cumpliendo los trámites establecidos.
Entrevistar e interrogar a la víctima, imputado, testigos y peritos
que intervengan en el debate; coadyuvar en su localización y
comparecencia.
Solicitar informaciones necesarias para la investigación a cualquier
funcionario, empleado o ente público.
Requerir la intervención de la fuerza pública, cuando lo estime
conveniente.
Formular la acusación y solicitar la pena por imponer al imputado,
según los requisitos de Ley.
Participar en audiencias y otros actos procesales ante diversas
instancias judiciales. Solicitar al Tribunal respectivo, la aplicación
de normas especiales dictadas para cuando se trate de asuntos de
tramitación compleja.
Participar cuando sea necesario de la etapa de juicio.
Exponer las conclusiones finales y alegatos al término del debate.
Gestionar ante la autoridad correspondiente la fijación y cobro de
los honorarios por los servicios prestados, según lo que establece
la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Promover por escrito la revisión de la sentencia en caso de
considerarlo necesario ante el Tribunal Superior de Casación
Penal.
Plantear ante el Tribunal de Ejecución de la Pena, incidentes
relativos a la ejecución, sustitución, modificación o extinción de la
pena o de las medidas de seguridad.
Actuar por delegación en defensa de los intereses de la víctima y
realizar las actuaciones que correspondan para ejercer la acción
civil.
Referir a la víctima a las organizaciones que desarrollan programas
de atención social, apoyo psicológico, económico y otros.
Participar con el Fiscal Adjunto en la definición de la política
general y criterios a seguir por la Fiscalía en el territorio o
especialidad a su cargo.
Brindar asesoría en la interpretación y la aplicación de las leyes,
reglamentos y demás normativa vigente.
Elaborar informes y otros documentos técnicos de interés para el
Ministerio Público. Realizar otras labores propias del cargo.
RESPONSABILIDADES Y OTRAS CONDICIONES
Trabaja con independencia, siguiendo los lineamientos generales
105
de la Institución y la legislación vigente.
Coadyuva al logro eficaz y eficiente de la política general y
especifica y desarrolla plenamente los criterios para el ejercicio de
la acción penal y civil, así como la investigación de los hechos
delictivos.
Debe rendir caución por el monto establecido por Ley.
Excusarse en los casos que la ley así lo establezca.
Mantenerse actualizado en los conocimientos y técnicas propias de
su especialidad.
Concluir la investigación en un plazo razonable.
Ejercer otra especialidad, según lo disponga el Fiscal General;
trasladarse a diversos lugares del país y prestar los servicios
cuando sean requeridos.
Le puede corresponder colaborar con el control de los plazos de la
investigación.
La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que rinda
y la apreciación de la calidad de los resultados obtenidos.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Honorabilidad reconocida.
Habilidad, tacto, discreción y cortesía para tratar en forma
satisfactoria con otros funcionarios institucionales, abogados,
partes, prensa, público y personal colaborador.
Habilidad para expresarse por escrito y en forma oral.
Conocimientos básicos de computación.
Buena presentación personal.
REQUISITOS
Licenciatura en Derecho.
Incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica.
Haber cumplido en forma satisfactoria el programa de ingreso
correspondiente.
Poseer licencia B-1 al día.
Cumplir lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley
Orgánica del Ministerio Público y demás disposiciones vigentes.
Aprobada en sesión del Consejo Superior del 02-12-97, artículo XLIV.
I. IDENTIFICACION DEL PUESTO
TITULO DEL PUESTO: ABOGADO DEFENSA CIVIL DE LA
106
VICTIMA
II. CONTENIDO
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Representar a los ofendidos, afectados, actores civiles y víctimas de
delitos, desde el momento de la delegación del ejercicio de la acción civil
resarcitoria en el Ministerio Público, con el propósito de lograr el
resarcimiento en los casos que corresponda de los daños y perjuicios que
se les haya causado con el hecho ilícito.
III. TAREAS TIPICAS
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS
Actuar por delegación en defensa de los intereses de la víctima y
realizar las actuaciones que correspondan para ejercer la acción
civil.
Analizar el reclamo presentado por el ofendido.
Citar a la víctima a fin de determinar el tipo de daño que se va a
cobrar (económico o moral).
Realizar los trámites en el proceso penal que sean necesarios para
la efectiva admisión de la demanda civil por daños y perjuicios
ocasionados por el delito.
Redactar y presentar la acción civil resarcitoria (demanda), en la
que se indica la relación de hechos, el daño sufrido por el ofendido
y las pretensiones.
Recabar y ofrecer las pruebas que sustenten las pretensiones
civiles que en nombre y a favor de la víctima del delito se solicitan
para comprobar los daños sufridos.
Asesorar a la víctima en todo lo relativo al pago de daños y
perjuicios ocasionados por el delito.
Contestar las diferentes audiencias que se dan en el transcurso del
proceso.
Entrevistar ofendidos, testigos y peritos sobre los aspectos civiles
del hecho punible.
Fijar y liquidar las pretensiones civiles del actor civil, con el
propósito de cuantificar el valor económico de los daños
materiales, patrimoniales, morales así como los perjuicios
ocasionados a la víctima por el delito cometido.
Asistir a audiencias de conciliación, vistas en Salas o Tribunales
107
de Casación y audiencias preliminares, en la cual se lee la acción
civil, se establecen las pretensiones, se determina si se va o no a
juicio, si se rechaza o no la acción civil, o bien si se puede llegar a
una solución alterna como lo es la conciliación.
Asistir a juicios en los cuales se debe demostrar lo que merece el
actor civil con el fin de proteger los derechos del mismo.
Tramitar procesos sucesorios.
Intervenir y dar seguimiento a los arreglos extrajudiciales.
Participar en reuniones con Fiscales a fin de verificar el estado de
la causa y el trámite que sigue la misma.
Solicitar al Ministerio Público que recabe pruebas tales como
peritajes, dictámenes e inspecciones con el fin de poder acreditar la
responsabilidad civil del imputado y posibles terceros civiles
responsables.
Elaborar y presentar procesos de ejecución de sentencia en la vía
civil a fin de que se pague al actor civil lo que se determinó en la
sentencia.
Efectuar todas las diligencias necesarias para que el imputado, o
los terceros civiles responsables, paguen efectivamente los daños y
perjuicios establecidos por el Tribunal en la sentencia.
Tramitar y dar seguimiento a los procesos de ejecución de
sentencia en el cual se materializan las pretensiones de la víctima,
para lo cual deberá contestar audiencias, recursos de apelación y
casación.
Presentar recursos de casación.
Gestionar ante la autoridad correspondiente la fijación y el cobro
de los honorarios por los servicios prestados en los casos que
corresponda, según lo establece la Ley Orgánica del Ministerio
Público.
Tramitar ante las autoridades judiciales y administrativas
correspondientes, las anotaciones y embargos necesarios para el
aseguramiento del resultado de acción civil ejercida.
1 Realizar diligencias variadas relacionadas con los casos que
tramita.
Velar por el respeto de los derechos de los actores civiles.
Actualizar los expedientes que tramita y llevar un control de los
mismos.
Mantener informado al actor civil sobre el desarrollo del proceso.
Atender consultas relacionadas con el campo de su competencia.
Apelar resoluciones, sobreseimientos y desestimaciones.
Buscar jurisprudencia relacionada con las causas que se tramitan.
108
Elaborar informes diversos.
Realizar otras labores propias del cargo.
IV. RESPONSABILIDADES Y OTRAS CONDICIONES
Trabaja con independencia, siguiendo la relación jerárquica
establecida, los lineamientos generales de la Institución y la
legislación vigente.
Debe observar discreción y guardar el secreto profesional en los
asuntos que se le encomienden.
Excusarse en los casos que la ley así lo establezca.
Mantenerse actualizado en los conocimientos y técnicas propias de
su especialidad.
Realizar las demandas civiles en un plazo razonable.
Le corresponde relacionarse con autoridades internas, externas y
público en general.
Trasladarse a diversos lugares del país y prestar los servicios
cuando sean requeridos.
La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
rinda, las visitas periódicas del superior jerárquico y la apreciación
de la calidad de los resultados obtenidos.
V. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Honorabilidad reconocida.
Habilidad, tacto, discreción y cortesía para tratar en forma
satisfactoria con otros funcionarios institucionales, abogados,
partes, prensa, público y personal colaborador.
Habilidad para expresarse por escrito y en forma oral.
Conocimientos básicos de computación.
Excelente presentación personal.
VI. REQUISITOS Y OTROS REQUERIMIENTOS
Bachiller en Educación Media
Licenciatura
Derecho Incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica.
Experiencia
Requiere un mínimo de un año de experiencia en labores de
tramitación de asuntos judiciales.
Otros requerimientos
109
Manejo de los ambientes computadorizados y los sistemas de
información existentes en el área de trabajo.
Licencia de conducir B-1 al día.
Cumplir lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley
Orgánica del Ministerio Público y demás disposiciones vigentes.
VIL DESCRIPCIÓN DE CLASE DE PUESTO ESPECÍFICA
PARA:
CLASE DE PUESTO
DESPACHOS Ancha Angosta
Oficina Defensa Civil de las Víctimas
Abogado Defensa
Civil de la Víctima
Aprobada en sesión del Consejo Superior N° 63-08 celebrada el 26 de
agosto del 2008, artículo XXXI.
Por lo expuesto solicitamos, respetuosamente, se integre nuestra
petición a lo ordenado por la Honorable Corte Plena al Departamento de
Personal, en la ya citada sesión, a fin de que quienes suscribimos seamos
parte del estudio a realizar, respecto de propuesta de aumento salarial
denominada ―Estrato Gerencial‖.-.
Señalamos para notificaciones el correo electrónico
defensavictima@poderjudicial.go.cr o bien al fax 22953402.-‖
-0-
Mediante oficios números 5375-09 y N° 6721-09 de 17 de junio y 29 de
julio del año en curso, la Secretaría General de la Corte, solicitó al Departamento
de Personal referirse a la gestión anterior. Al respecto los máster Francisco Arroyo
Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y la licenciada Gabriela Mora Zamora, por su
orden, Jefes del Departamento de Personal, Desarrollo Humano y Análisis de
Puestos, en nota N° SAP-285-2009 de 3 de agosto de este año, informan que de
110
conformidad con el procedimiento establecido para este tipo de investigación,
entregaron a la Secretaria del Consejo de Personal el oficio N° SAP283-200.
En relación con lo anterior, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del
Departamento de Personal, en oficio N° 907-JP-2009 recibido el 9 de setiembre en
curso, remitió el acuerdo tomado por el Consejo de Personal en la sesión N° 18-
2009 celebrada el 20 de agosto último, artículo VII, que literalmente dice:
―…
―La Sección de Análisis de Puestos en el Informe SAP-283-2009
indica:
Con la finalidad de que sea conocido por los señores miembros del
Consejo de Personal, nos permitimos indicar que la Prosecretaria General
interina, Yacira Segura Guzmán mediante Oficio N° 5375-09 de fecha 17
de junio del 2009 remite copia de la nota suscrita por los señores Róger
Calderón Mora, Rosa Astúa Jiménez y Catherine Aguilera González,
todos ―Abogados de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima‖ del
Ministerio Público y donde solicitan se les incluya en el estudio que
recientemente fue aprobado por Corte Plena en la sesión N° 21-09,
celebrada el 09 de junio del 2009, artículo IV denominado ―Análisis
sobre la valoración salarial de los cargos de Jueces, Fiscales y Defensores
Públicos‖.
Entre algunos de los argumentos expuestos por los señores
Calderón, Astúa y Aguilera en la nota de fecha 10 de junio del 2009 están
los siguientes:
―La Corte Plena, en sesión número 26-2008, celebrada el once de
agosto de dos mil ocho, artículo I, luego de una amplia deliberación sobre
el ―Estudio para la definición del Estrato Gerencial del Poder Judicial y su
correcta ubicación salarial‖, dispuso:
―Al propio tiempo se le solicita al Departamento de Gestión
Humana que a la brevedad se realicen los estudios necesarios para
analizar la situación salarial de los jueces, fiscales y defensores públicos.
111
Se declara acuerdo firme.”
En virtud de lo anterior, consideramos que es claro que de lo
transcrito en el párrafo anterior, los profesionales que suscribimos este
documento no fuimos tomados en consideración para la realización del
estudio ordenado, lo que provoca que de ser factible incremento alguno
que puedan acordarse, está lejos de ser justo, equitativo, y estar a la altura
de las responsabilidades y funciones propias del cargo que
desarrollamos, lo que a criterio nuestro deviene en una discriminación ya
claramente determinada por la jurisprudencia constitucional costarricense,
al indicar que la discriminación se produce cuando se hacen diferencias
que no tiene justificaciones objetivas y razonables.
(…)
Como nuestra función judicial es de gran semejanza a la realizada
por los Fiscales Auxiliares, nos permitimos transcribir lo que establece el
Manual Descriptivo de Clases de Puestos Vigentes, esto entre una y otra
nomenclatura, a saber:
FISCAL AUXILIAR
NATURALEZA DEL TRABAJO
Ejecución de la acción penal y civil en representación de la víctima
ante los Tribunales competentes.
(…)
Por lo expuesto solicitamos, respetuosamente, se integre nuestra
petición a lo ordenado por la Honorable Corte Plena al Departamento de
Personal, en la ya citada sesión, a fin de que quienes suscribimos seamos
parte del estudio a realizar, respecto de la propuesta de aumento salarial
denominada Estrato Gerencial‖.
A fin de aclarar lo anterior, en el siguiente apartado se
consigna los diferentes informes y acuerdos tomados por el Consejo
de Personal y el Consejo Superior en cuanto a las tareas, funciones y
deberes; así como la respectiva clasificación de los puestos de
“Abogado Defensa Civil de la Víctima”.
5 Mediante informe IDH-150-2007 de fecha 28 de agosto del
112
2007, se atiende el Oficio N° 20- ODCV-07, suscrito por el licenciado
Max Chinchilla Fernández, Fiscal Adjunto de la Oficina de Defensa Civil
de las Víctimas del Ministerio Público, en el cual solicitaba: ― …
interponer sus buenos oficios a fin de que la Sección de Investigación y
Desarrollo del Departamento de Gestión Humana, proceda a realizar el
correspondiente estudio de la clase angosta para el puesto de Profesional
en Derecho 2 para la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas del
Ministerio Público‖.
6 En el informe técnico se concluye:
1 La razón de ser de la Oficina de la Defensa Civil de la
Víctima es la de proteger el derecho constitucional de la víctima a ser
resarcida económicamente por los daños y perjuicios que le causó el
delito.
2 Es así que a los profesionales de esta Oficina les corresponde
representar a los actores civiles en el proceso penal a fin de llevar a cabo
la acción civil resarcitoria, para que a la víctima le paguen los daños
producto del delito del que fue objeto, recabar todas las pruebas
necesarias para fundamentar las pretensiones civiles, preparar,
formular y presentar el escrito de interposición de la acción civil en el
plaza establecido por ley, concretar las pretensiones y la forma en que se
repararán los daños (liquidación del monto de daños y perjuicios que
estime el ofendido), participar en audiencias, procesos de conciliación y
juicios en donde actúa como representante legal de la víctima; asimismo
debe tramitar y dar seguimiento a los procesos de ejecución de sentencia
en el cual se materializan las pretensiones de la víctima.
3 La labor de representar a la víctima para que sea resarcida por
el daño que le produjo el delito del cual fue objeto, es una actividad que
debe estar a cargo de Abogados y no de Fiscales Auxiliares como era la
práctica, a fin de que se puedan aprovechar de manera eficaz y eficiente
los recursos y cumplir con lo que dicta la Ley, respecto a quien debe
ejecutar la actividad de defensa civil.
4 Del análisis de las tareas de la clase angosta ―Abogado
Asistente 2‖, clase ancha ―Profesional en Derecho 2‖, en la cual se
encuentran actualmente los puestos en estudio, se concluye que las
mismas no están acordes con las tareas que se desarrollan en los mismos,
toda vez que esta clase está enfocada a actividades relacionadas al ámbito
113
administrativo, lo cual no sucede con los puestos que se están analizando,
ya que el accionar de éstos se desenvuelven en el plano jurisdiccional, en
el cual como se ha venido mencionando les corresponde representar a las
víctimas de un delito en una de las etapas del proceso penal ante los
tribunales a fin de que se les pueda resarcir los daños de que fue objeto
por el delito que le cometieron.
5 La clasificación que tienen, no está acorde con las labores
que se ejecutan en los cargos, por tal razón se hace necesario crear una
clase angosta para ellos denominada ―Abogado Defensa Civil de la
Víctima‖, en la cual se detallan las tareas específicas para esos puestos.
6 Se indica también que si bien es cierto a nivel institucional
existen puestos que también tiene su ámbito de acción en la
representación de una persona en procesos judiciales, tal es el caso de los
Defensores Públicos, o el de los Fiscales que participan en representación
del Estado; también lo es que al analizar los factores organizacionales de
los puestos en análisis, se determina que las tareas que ejecutan no son
comparables con el de los Defensores Públicos ni con los Fiscales
Auxiliares, quienes participan en todas las etapas del procesos penal, lo
cual hace que haya mayor diversidad y complejidad en las tareas que
ejecuta.
7 Entre las recomendaciones señalas se establece reclasificar
las plazas vacantes de ―Profesional en Derecho 2‖ a ―Abogado Defensa
Civil de la Víctima‖. Lo anterior, fue aprobado por el Consejo de
Personal en la sesión N° 20-2007, celebrada el 06 de setiembre del 2007,
artículo IV.
7 Posteriormente, el Consejo de Personal en la sesión N° 16-
2008, celebrada el diecisiete de julio del 2008, artículo X, conoce el
informe SAP-201-2008 donde se atiende los ―recursos de
reconsideración‖ presentados por los señores: Rosa Astúa Jíménez,
Krycia Zamora Pérez, Henry Meza Mata, Róger Calderón Mora,
Leonardo Barrantes González, Natalia Hidalgo Porras, Sandra Castro
Mora y Hazle Porras Fernández, todos Profesionales en Derecho 2 de la
Oficina Defensa Civil de las Víctimas; así como la del Lic. Max
Chinchilla Fernández.
Del informe SAP-201-2008 resulta transcribir lo siguiente:
114
8 Punto N° 3 ―Consulta realizada a la Licda. Lilliam Gómez
Mora, Fiscala General Adjunta, Fiscala General. 0-2007, celebrada el 06
de setiembre del 2007, artículo IV.
―Ante consulta realizada a la Licda. Gómez, sobre las actividades
realizadas por los Profesionales en Derecho 2 de la Oficina de Defensa
Civil de las Víctimas y los Fiscales Auxiliares, nos indicó que las labores
no son comparables por cuanto al Fiscal Auxiliar en la etapa preparatoria
le corresponde llevar a cabo una serie de tareas más complejas como lo
son dirigir funcionalmente la investigación, realizar actos procesales,
solicitar detenciones, medidas cautelares, tomar la denuncia, pedir
allanamientos, asistir a allanamientos, solucionar el caso (sobreseimiento,
desestimación, acusar) y antes de todo lo anterior deben resolver lo que
los abogados soliciten. Además en la fase de juicio deben ir y sostener la
acusación.
Cuando el Fiscal acusa o la víctima delega la acción civil
resarcitoria en el Ministerio Público, el Fiscal hace el traslado a la Oficina
de Defensa Civil de las Víctimas, en muchas ocasiones los Abogados
esperan que el Fiscal recoja todo para luego ver el expediente y hacer una
nota sobre los hechos; posteriormente lo que hacen es ir a juicio, sin
embargo, considero que hacen una mínima parte de lo que hace el Fiscal
Auxiliar, por eso no pueden compararse‖.
9 Entre las recomendaciones señalas la 6.1 dice ―Desestimar lo
relacionado con la valoración de los puestos; por tal motivo se mantiene
el criterio técnico emitido en el informe IDH-150-2007 en el cual se
indica que se cree la clase ancha/angosta de ―Abogado Defensa Civil de
la Víctima‖ y que se mantenga la valoración que actualmente tienen esos
puestos‖.
10 El Consejo Superior, en la sesión N° 63-08, celebrada el 26
de agosto del 2008, artículo XXXI al conocer los informes IDH-150-2007
y SAP-201-2008 dispone: ―Acoger lo resuelto por el Consejo de Personal,
en consecuencia por las razones indicadas, mantener la valoración que
actualmente tiene la clase de ―Abogado Defensa Civil de la Víctima‖.
Sobre el informe SAP-154-2009 denominado “Análisis sobre la
115
valoración salarial de los cargos de Jueces, Fiscales y Defensores
Públicos”.
8 Corte Plena, en la sesión N° 26-08, celebrada el 11 de agosto
del 2008, artículo I, al conocer el Informe SAP-178-2008 sobre el estudio
para la definición del Estrato Gerencial, dispone: ―Al propio tiempo se le
solicita al Departamento de Gestión Humana que a la brevedad se
realicen los estudios necesarios para analizar la situación salarial de los
jueces, fiscales y defensores públicos‖, este Departamento elabora el
informe de cita.
9 Mediante oficio N° 516-JP-2009 de fecha 15 de mayo del
2009, donde el Máster Francisco Arroyo Meléndez comunica el acuerdo
tomado por el Consejo de Personal en la sesión N° 09-2009 celebrada el
seis de mayo, artículo II, Corte Plena discute los resultados del informe
SAP-154-2009 denominado ―Análisis sobre la valoración salarial de los
cargos de Jueces, Fiscales y Defensores Públicos‖.
La parte dispositiva del acuerdo tomado por Corte Plena, en sesión
N° 21-09, celebrada el 09 de junio del 2009, artículo IV señala:
2. Aprobar en todos sus extremos el estudio técnico del
Departamento de Gestión Humana y cada una de sus recomendaciones en
forma particular.
3. Trasladar el informe a la Corte Plena para su conocimiento con
la observación de que en caso de aprobarse en el proyecto de Presupuesto
2010 debe incorporarse la reserva presupuestaria para atender este
estudio, el cual regirá a partir del 01 de enero del 2010.
4. Manifestar a la Corte Plena que en criterio de este Consejo es
conveniente que al aprobar la recalificación de jueces, fiscales y
defensores se incluyan los puestos de Profesionales en Derecho de las
diferentes Salas de la Corte (Letrados) y Secretarios de Sala, con el
objetivo de mantener la consistencia y competitividad con estos cargos.
10 Cabe indicar que el informe SAP-154-2009 consideró
variables institucionales que históricamente desde el punto de vista
técnico y de política institucional han estado relacionadas estrechamente
con la asignación de las remuneraciones para los cargos de Juez, Fiscal y
Defensor Público. Podemos citar como ejemplo: Ámbito al que
116
pertenecen los puestos bajo análisis, los niveles y jerarquía establecidos
para los puestos de Jueces y Fiscales según la Ley Orgánica del Poder
Judicial y la del Ministerio Público, conocimiento de los asuntos que los
jueces conocen en alzada.
11 Las recomendaciones de revaloración fueron sustentadas
en aspectos de la política institucional establecida por los órganos
superiores con el fin de dotar a estas clases de puestos de una mejor
remuneración a partir del 01 de enero del 2010, considerando: la
prioridad que los cargos de Juez, Fiscal y Defensor representan
para la administración de justicia, la consistencia y equilibro en la
estructura de salarios y la disponibilidad presupuestaria proyectada para el
siguiente período.
En virtud de lo expuesto, esta Sección estima que la solicitud
planteada por los señores Róger Calderón Mora, Rosa Astúa Jiménez y
Catherine Aguilera González, todos ―Abogados de la Oficina de la
Defensa Civil de la Víctima‖ del Ministerio Público donde solicitan en la
nota de fecha 10 de junio del presente año que se les incluya en el estudio
que recientemente fue aprobado por Corte Plena en la sesión N° 21-09,
celebrada el 09 de junio del 2009, artículo IV denominado ―Análisis
sobre la valoración salarial de los cargos de Jueces, Fiscales y Defensores
Públicos‖ no procede; por cuanto ha quedado claro y así lo dispuso tanto
el Consejo de Personal, como el Consejo Superior que la función de
representar a la víctima para que sea resarcida por el daño que le produjo
el delito del cual fue objeto, es una actividad que debe estar a cargo de
―Abogados‖ y no de ―Fiscales Auxiliares‖.
Es así, que los puestos de Abogados, ―Abogado Defensa Civil de
la Víctima‖ no fueron incorporados en el estudio solicitado por Corte
Plena, en la sesión N° 26-08, celebrada el 11 de agosto del 2008, artículo
I; donde refería analizar la situación salarial de los puestos de Jueces,
Fiscales y Defensores Públicos.
Se acordó: Acoger el informe en todos sus extremos, y por las
razones en él contenidas, denegar la gestión de revaloración de los cargos
en estudio.‖
-0-
Se acordó: Acoger el informe del Consejo de Personal, en consecuencia,
117
con vista en los argumentos esbozados en el indicado informe, denegar la
pretensión de las licenciadas Astúa Jiménez, Aguilera González y del licenciado
Mora Calderón.
ARTÍCULO XXXVI
En sesión Nº 81-09 celebrada el 27 de agosto recién pasado, artículo XLV,
se tomó el acuerdo que literalmente dice:
―En sesión N° 09-09 celebrada el 3 de febrero del año en curso,
artículo XXXV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
―En sesión Nº 74-08 celebrada el 2 de octubre del 2008, artículo
LXIV, la licenciada Lupita Chaves Cervantes, Integrante de este Consejo,
rindió el informe sobre el resultado de la visita realizada al Tercer
Circuito Judicial de Alajuela, el 23 de julio de ese año, a cuyos efectos, se
dispuso -entre otros aspectos- hacer de conocimiento de la Comisión de la
Jurisdicción Penal, las manifestaciones del licenciado Francisco Molina
Salas, Juez Tramitador del Tribunal Penal de ese Circuito, las cuales
literalmente dicen:
―El Licenciado Francisco Molina Salas, Juez Tramitador de este
despacho nos manifestó que esa oficina ha sufrido un incremento
importante en la carga laboral, y que dado al aumento de plazas en el
Ministerio Público, tanto en el lugar como en Grecia se espera que la
entrada de asuntos al Tribunal siga aumentando de manera considerable.
Recalcó que el aumento se dio solo en el Ministerio Público pasando la
oficina del lugar de tres fiscales a diez, en tanto Grecia de uno a tres,
mientras que el aumento de jueces ocurrió en las cabeceras de provincia.
Esta situación ha comenzado a generar aumentos, lo que aunado a la
atención de las apelaciones en materia laboral, presenta una situación
difícil para la oficina.
En relación con la carga de trabajo, manifestaron que se debería
analizar quitarles la competencia de Grecia en las materias civil, penal y
laboral, ya que se encuentra más cerca de Alajuela que de San Ramón.
Para ello se debe tomar en consideración que Alajuela tiene 9 jueces más,
y tienen una sección que conoce solo civil y laboral. Nombraron más
fiscales tanto en San Ramón como en Grecia (9 fiscales en San Ramón y
118
3 en Grecia), lo que ha generado una significativa carga de trabajo al
Juzgado Penal y al Tribunal de Juicio. Señala que cuando los 3 jueces se
van a Grecia a atender un juicio, afrontan dificultades (cómo hacen con
un reo preso, cómo pedir vista). El circulante ha subido bastante, está a
un año los señalamientos en materia penal, señalándose hasta 5 juicios
por semana, mientras tanto no se puede fallar en materia civil y laboral.
Argumentaron incomprensión por la cantidad de jueces asignados en
Casación, ya que la carga de trabajo en Casación no se compara con la
que tiene el Tribunal de Juicio, solamente el 10% de la asuntos fallados
por el Tribunal llegan a Casación, de ahí que debió reforzarse más el
Tribunal.
Consideran necesario se valore la posibilidad de crear una sección
de jueces en el Tribunal en caso de que les mantengan la competencia de
Grecia.
Se le indicó que acuda a la Comisión de Asuntos Penales y que
exponga allí las propuestas que maneja el Tribunal para solventar la
situación.‖
-0-
En cumplimiento de lo anterior, el Magistrado José Manuel Arroyo
Gutiérrez, en condición de Presidente de la Comisión de la Jurisdicción
Penal, en oficio N° CAP056-08 de 19 de diciembre del 2008, recibido el
26 de enero último, manifestó lo siguiente:
―Me permito hacer de su conocimiento el acuerdo adoptado por la
Comisión de Asuntos Penales con relación al oficio de la Secretaría de la
Corte Suprema de Justicia número 92 16-08 del 21 de octubre de 2008, en
el que se comunica el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, de
la sesión N° 74-08, artículo LXIV.
En esa oportunidad el Consejo Superior acordó hacer de
conocimiento de la Comisión de la Jurisdicción Penal, las
manifestaciones del licenciado Francisco Molina Salas, juez tramitador
del Tribunal de Juicio de San Ramón, sobre el incremento de la carga de
trabajo en el despacho en que labora y sus propuestas de cambio de
competencias.
Sobre el particular la Comisión de Asuntos Penales acusa recibo del
citado oficio. En lo que respecta a las manifestaciones del licenciado
Molina Salas esta Comisión considera que no les es posible pronunciarse
sobre ellas en razón de que la determinación de competencias por razones
de carga de trabajo es una tarea ajena a sus competencias.‖
119
-0-
Se acordó: 1) Tener por rendido el acuerdo de la Comisión de la
Jurisdicción Penal. 2) Trasladar la gestión del licenciado Francisco
Molina Salas al Departamento de Planificación para su estudio e
informe.‖
-0-
Informa la Secretaría General de la Corte, que el acuerdo
anteriormente citado, fue comunicado mediante oficio N° 1511-09 de 19
de febrero del año en curso, al Departamento de Planificación y a la fecha
no se ha manifestado al respecto.
Se dispuso: Solicitar al Departamento de Planificación que en el
término de tres días contados a partir de la comunicación de este acuerdo,
rinda el informe solicitado en la sesión Nº 09-09 celebrada el 3 de febrero
del año en curso, artículo XXXV, sobre el incremento de la carga de
trabajo en el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela y la
propuesta de cambio de competencia. Se declara acuerdo firme.”.
-0-
Informa la Secretaria General, que verificados los registros que al efecto
lleva la oficina a su cargo, se determinó que aún no se ha remitido el informe
solicitado en la sesión de referencia.
Se acordó: Solicitar al Departamento de Planificación que en el término de
tres días contados a partir de la comunicación de este acuerdo, informe sobre lo
solicitado en la sesión Nº 09-09 del 3 de febrero del año en curso, artículo XXXV,
referente al incremento de la carga de trabajo en el Tribunal del Tercer Circuito
Judicial de Alajuela y la propuesta de cambio de competencia. Se declara este
acuerdo firme.
ARTÍCULO XXXVII
En sesión N° 81-09 celebrada el 27 de agosto último, artículo XLIV, se tomó
120
el acuerdo que literalmente dice:
―En sesión N° 59-09 de 4 de junio del año en curso, artículo LIII, se
tomó el acuerdo que literalmente dice:
―El licenciado Luis Guillermo Ruiz Bravo, Juez de Pensiones y
Violencia Doméstica de San Joaquín de Flores, en correo electrónico
recibido el 26 de mayo recién pasado, comunicó lo siguiente:
―… El juzgado a mi cargo es uno de los cuatro despachos que
tramitan de forma conjunta la materia de Violencia Doméstica y
Pensiones Alimentarias de forma exclusiva. El ámbito territorial de
competencia, se compone de Belén, San Joaquín y Santa Bárbara, con una
cantidad de distritos muy poblados que generan una afluencia de usuarios
que merece revisar a efecto de dar cabal cumplimiento a las políticas
institucionales de servicio público, prontitud y cumplimiento de la
justicia.
Los cantones mencionados son muy grandes en territorio, son muy
poblados y con altos niveles de judicialidad en su cultura. A juicio de este
servidor, Santa Bárbara debería contar con su propia estructura
jurisdiccional, a saber un Juzgado de Pensiones y Violencia en lo que a
mi conocimiento compete. Muy posiblemente el escenario cronológico
cuando se optó por unir en San Joaquín estos tres cantones, era muy
diferente al que se experimenta hoy día; incluso me comentan las
funcionarias de mas antigüedad que en aquel momento en que se trasladó
a San Joaquín el Juzgado, los asuntos de Violencia Doméstica los iba a
conocer el Juzgado especializado de Heredia, que no saben porque al
final esa materia se quedó en San Joaquín, igualmente que tiene
entendido, que en Santa Bárbara el Poder Judicial posee un terreno que
alguna vez fue utilizado como Alcaldía; en fin, el punto es que la
capacidad humana de respuesta para un solo Juez en la materia de
Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias para San Joaquín de
Flores, con semejante extensión territorial y población usuaria, esta
resultando imposible.
Según los controles internos, quedan listos para fallo sin distingo de
oposición, incidencia o principales, 30 asuntos cada tres meses, a dicha
pendencia de fallo hay que agregarle que se realizan 14 audiencias de
violencia doméstica a la semana, en las que asistan las partes a la
audiencia o no, el caso requerirá siempre de una sentencia considerada,
121
amén de que en esta materia no es posible la conciliación y el bien
jurídico en tutela exige una muy rápida solución en cuanto a la suerte que
corren las medidas de protección dictadas. Igualmente hay que valorar
cada caso nuevo con detenimiento y entrevistar a las partes para
determinar urgencia y gravedad de los hechos, lesiones para remisión a
dictamen médico legal, situaciones en crisis para el PANI, OFIM, WEM
entre otras.
Por otro lado, se reciben cuatro audiencias de pensiones alimentarias
en las que si no media la conciliación corresponde recibir las pruebas en
acto seguido, además la naturaleza propia de esta materia implica que el
hecho de que el asunto alcance solución, sea por sentencia o conciliación,
da lugar a una serie de actividad procesal que se mantendrá por años, pues
la vida útil de este tipo de expedientes es muy extensa, y sugiere atención
constante en, incidentes de aumentos o rebajos de pensión, aumentos
automáticos, aguinaldos, salario escolar, liquidaciones por entrada a
clases, solicitudes de orden de apremio, gestiones de conservación de
derechos, autorizaciones en el SDJ, recursos de fijación provisional de
cuota de alimentos, estudio y valoración para fundamentar las pensiones
nuevas, la firma de todo eso, allanamientos que hay que meter en agenda
durante la vigencia de un apremio hará hacer efectiva la lusoriedad de la
captura, puestas la orden de los detenidos, ordenar libertades, autorizar la
suspensión de apremios para conseguir colocación remunerada, autorizar
pagos en tractos de las deudas por pensión, en fin, la actividad propia de
dirección y coordinación administrativa del personal subalterno en manos
del un solo Juez.
Abocado a la búsqueda de opciones para hacer frente a la cantidad
de trabajo que existe en este Juzgado, he acomodado de mil formas la
agenda, he recibido ayuda del programa de la Presidencia contra la mora
judicial y de la Administración regional con jueces supernumerarios
ocasionales, entre otros acomodos que han servido de ―parches‖ pero que
han resultado en absoluto suficientes, siquiera cercanos a una solución.
Entiendo la situación presupuestaria que vive el Estado en general y
por supuesto la situación crítica que experimentan las arcas del Poder
Judicial, tengo claros los recortes realizados e incluso que no existe
dinero para designar personal profesional y subalterno, sin embargo,
considero que mi obligación es denunciar la situación, hacer lo que este a
mi alcance, pero también participar objetivamente a la institución y
evidenciar algunas desproporciones que podría dársele con el recurso
122
existente un mejor abordaje.
Como elemento de respaldo en mi dicho, he revisado los anuarios de
estadísticas del departamento de planificación de los años 2007 y 2008 en
las materias de Violencia doméstica y Pensiones Alimentarias, en los que
se ofrece la información relativa a la actividad laboral de los despachos
que tramitan estas materias; alcanzando las siguientes conclusiones:
1- Para el año 2007, el Juzgado especializado en la provincia de
Heredia en la materia de Pensiones Alimentarias que cuenta con TRES
jueces que conocen en exclusiva únicamente Pensiones Alimentarias,
recibieron 1145 casos entrados, correspondiendo 381,66 a cada juez; por
su parte el Juzgado de Pensiones y Violencia de Pavas que cuenta con
DOS jueces, recibió para el mismo año 449 asuntos de Pensiones
entrados, de los que a cada juez correspondió conocer 224,5 casos;
mientras que en absoluta desproporción, el Juzgado de Pensiones y
Violencia de San Joaquín con UN SOLO JUEZ A CARGO recibió 332
casos entrados. Lo que significa que en pensiones alimentarias para el
año 2007, el juez de San Joaquín recibió, 49,6 asuntos menos que un juez
del Juzgado ESPECIALIZADO (que solo esa materia conoce); asimismo,
el juez de San Joaquín recibió, 107, 5 asuntos MÁS que un solo juez de
los dos que trabajan en Pavas.
2- Para el año 2007, el Juzgado especializado en la provincia de
Heredia en la materia de Violencia Doméstica que cuenta con DOS
jueces que conocen en exclusiva únicamente Violencia Doméstica,
recibieron 1790 casos entrados, correspondiendo 895 a cada juez; por su
parte el Juzgado de Pensiones y Violencia de Pavas que cuenta con DOS
jueces, recibió para el mismo año 690 asuntos de Pensiones entrados, de
los que a cada juez correspondió conocer 417,5 casos; mientras que en
absoluta desproporción, el Juzgado de Pensiones y Violencia de San
Joaquín con UN SOLO JUEZ A CARGO recibió 645 casos entrados. Lo
que significa que en Violencia Doméstica para el año 2007, el juez de San
Joaquín recibió nada más 250 asuntos menos que un juez del Juzgado
ESPECIALIZADO (que solo esa materia conoce); asimismo, el juez de
San Joaquín recibió, 227 asuntos MAS que un solo juez de los dos que
trabajan en Pavas.
3- Para el año 2008, el Juzgado especializado en la provincia de
Heredia en la materia de Pensiones Alimentarias que cuenta con TRES
jueces que conocen en exclusiva únicamente Pensiones Alimentarias,
123
recibieron 1168 casos entrados, correspondiendo 389,33 a cada Juez; por
su parte el Juzgado de Pensiones y Violencia de Pavas que cuenta con
DOS jueces, recibió para el mismo año 736 asuntos de Pensiones
entrados, de los que a cada Juez correspondió conocer 368 casos;
mientras que en absoluta desproporción, el Juzgado de Pensiones y
Violencia de San Joaquín con UN SOLO JUEZ A CARGO recibió 373
casos entrados. Lo que significa que en pensiones alimentarias para el año
2008, el Juez de San Joaquín recibió, 16,33 asuntos menos que un juez
del Juzgado ESPECIALIZADO (que solo esa materia conoce); asimismo,
el juez de San Joaquín recibió, 5 asuntos MAS que un solo juez de los dos
que trabajan en Pavas.
4- Para el año 2008, el Juzgado especializado en la provincia de
Heredia en la materia de Violencia Doméstica que cuenta con DOS
jueces que conocen en exclusiva únicamente Violencia Doméstica,
recibieron 1911 casos entrados, correspondiendo 955,50 a cada juez; por
su parte el Juzgado de Pensiones y Violencia de Pavas que cuenta con
DOS jueces, recibió para el mismo año 882 asuntos de Pensiones
entrados, de los que a cada juez correspondió conocer 441 casos; mientras
que en absoluta desproporción, el Juzgado de Pensiones y Violencia de
San Joaquín con UN SOLO JUEZ A CARGO recibió 694 casos entrados.
Lo que significa que en Violencia Doméstica para el año 2008, el juez de
San Joaquín recibió nada más 261,50 asuntos menos que un juez del
Juzgado ESPECIALIZADO (que solo esa materia conoce); asimismo, el
juez de San Joaquín recibió, 253 asuntos MAS que un solo juez de los dos
que trabajan en Pavas.
En razón de lo anterior, señores y señoras integrantes del Consejo
Superior, pongo en evidencia lo que experimento en el juzgado a mi
cargo y en aras de brindar el mejor servicio publico posible, con cargas
razonables de trabajo, y en la búsqueda de equilibrio y proporción, a
nivel de competencia territorial y recurso humano profesional, amen de
la salud ocupacional, es que solicito, en la medida que ello sea posible:
1- Ordenar la elaboración de un estudio, en el Juzgado de Pensiones
y Violencia de San Joaquín que determine la capacidad de respuesta de un
solo Juez, ante la extensión territorial y la cultura judicial que el
despacho experimenta. Considerando la comparación realizada con los
Juzgados especializados de la provincia que cuentan con dos jueces en
Violencia y tres en Pensiones, advirtiéndose una diferencia ínfima en
casos entrados; y con un Juzgado con igual competencia material como lo
124
es Pavas, pero que a diferencia de San Joaquín, cuenta con dos jueces y
menos casos recibidos en el año 2007 y 2008. Lo anterior con el ideal de
que sea designado un juez más para San Joaquín, y se equipare en
condiciones al Juzgado de pavas, tal y como se planteó y justificó en el
presupuesto 2010 y en la solicitud de plazas nuevas en su oportunidad, o
bien se revise la distribución competencial del territorio, valorando si es
del caso que el Juzgado especializado de Heredia pueda asumir como se
ideó en un inicio los casos de Violencia Doméstica.
2- Que en tanto se resuelva lo anterior, solicito se me autorice y así
se comunique a quien corresponda, que cada tres meses este juzgado
remita expedientes listos para ser fallados al programa de jueces contra el
retardo judicial de la Presidencia de la Corte.
3- Que la Administración regional autorice, si es necesario vía
Consejo de Administración, que se le brinde colaboración al Juzgado de
San Joaquín con un juez supernumerario al menos durante un mes cada
trimestre, a efecto de equilibrar la carga de trabajo mencionada.‖
-0-
Se acordó: 1.) Trasladar al Departamento de Planificación, para
estudio e informe, la solicitud planteada por el licenciado Guillermo Ruiz
Bravo. 2.) La Presidencia de la Corte y la Administración Regional de
Heredia valoraran la posibilidad de brindar algún tipo de ayuda al
Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de San Joaquín de Flores.‖
-0-
Revisados los archivos y registros que al efecto se llevan en la
Secretaría General de la Corte, se determinó que a la fecha no se ha
tenido respuesta alguna sobre el informe solicitado al Departamento de
Planificación en la sesión de referencia.
Se acordó: Solicitar al Departamento de Planificación que en el
término de tres días contados a partir de la comunicación de este acuerdo,
informe sobre el estudio solicitado en la sesión Nº 59-09 del 4 de junio
del año en curso, referente a la solicitud del Juez de Pensiones y
Violencia Doméstica de San Joaquín de Flores, para que un juez
supernumerario colabore en ese despacho al menos durante un mes cada
trimestre, a efecto de equilibrar la carga de trabajo que atiende esa
125
oficina. Se declara acuerdo firme.‖
-0-
Informa la Secretaria General que el acuerdo anteriormente citado, fue
comunicado al Departamento de Planificación, mediante oficio N° 8197-09 de 1°
de setiembre en curso, sin embargo, verificados los registros que al efecto lleva
esta Secretaría se determinó que aún no se ha remitido el informe solicitado en la
sesión de referencia.
Se acordó: Remitir copia de este acuerdo al Programa contra el Retraso
Judicial de la Presidencia de la Corte, a fin de que valore la situación y analice la
posibilidad de ayudar al citado Juzgado. Lo anterior en tanto se conoce el informe
solicitado al Departamento de Planificación en la sesión de referencia.
ARTÍCULO XXXVIII
En sesión N° 83-09 celebrada el 3 de setiembre del año en curso, artículo
XXI, se concedió permiso con goce de salario y sustitución al licenciado Rodolfo
Solórzano Sánchez, Defensor Público del Primer Circuito Judicial de San José, a
fin de que participe en el "III Encuentro de la Red Ex –alumnos del Programa
Interamericano de Formación de Capacitadores", para la Reforma Procesal Penal, a
realizarse en la ciudad de Santiago, Chile, los días 24 y 25 de este mes, para dicha
actividad le fue asignada una beca parcial por parte de los organizadores de $800
dólares americanos. Asimismo, se dispuso que de conformidad con las políticas de
126
restricción presupuestarias, aprobadas por la Corte Plena en sesión N° 16-09 del 11
de mayo del año en curso, artículo XX, denegar el pago de viáticos y el ajuste del
pasaje aéreo para el licenciado Solórzano Sánchez, por cuanto es deber de este
Consejo, racionalizar el uso de los insuficientes recursos presupuestarios que tiene
este Poder de la República.
El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio
N° EJ-DIR-217-2009 de 11 de setiembre en curso, comunicó lo siguiente:
“En días anteriores el Centro de Estudios Judiciales de las
Américas (CEJA), comunicó al Licenciado Gustavo Céspedes Chinchilla,
Profesional en derecho 2 de esta Escuela Judicial, su designación a
efectos de participar en el III Encuentro de la Red de Exalumnos del
Programa Interamericano de Formación de capacitadores, Programa del
cuál participó don Gustavo en el año 2005.
En dicho encuentro que se celebrará el día 24 de setiembre de
2009, en Santiago de Chile; se tratarán temas de gran relevancia para el
desarrollo de las actividades de capacitación en destrezas orales, como lo
es la ―Evaluación de la credibilidad de testigos e identificación ocular”.
Dicho tema constituye un eje prioritario de los procesos de capacitación
que se deben dirigir a los administradores de justicia, indistintamente el
área jurisdiccional.
En igual sentido, la invitación conlleva la asistencia a Reunión de
Discusión “Capacidades de los sistemas de justicia penal frente a los
delitos de connotación social: estado de situación y perspectivas”, a
celebrarse el día 25 de setiembre en esa misma ciudad.
En la actualidad, el Lic. Céspedes se desempeña como coordinador
y gestor de capacitación de los diferentes Programas de Capacitación
relacionados con la Oralidad de los Procesos Judiciales, tanto en el
desarrollo de los mismos a lo interno del Poder Judicial, como en el
impulso estratégico que esta Escuela Judicial viene dando a la
incorporación de la temática a nivel, de las carreras universitarias, en
127
procura de una incorporación futura, de profesionales mejor preparados.
Adicionalmente, recientemente he solicitado a don Gustavo,
asumir la coordinación y gestión del incipiente y en diseño, Programa de
Especialización Penal; mismo que espero venga a contribuir con la
Administración de Justicia por medio de la capacitación especializada del
Juez 3 Penal.
La invitación que recibiera el Lic. Céspedes Chinchilla, no pudo
haber llegado en mejor momento, pues considero que su participación en
la misma, nos permitirá enriquecer paralelamente ambos esfuerzos de
capacitación tan prioritarios y relevantes para el Poder Judicial.
En virtud de lo anterior, solicito a este honorable Consejo
Superior, conceder permiso con goce de salario al Lic. Gustavo Céspedes
Chinchilla, del 23 al 26 de setiembre de 2009, a efectos de que participe
en las actividades descritas, en representación de esta Escuela, con el
consecuente derecho de utilización de su pasaporte de servicio.
Adicionalmente, al tratarse de una actividad de especial interés de
esta dependencia y que redundará enormemente en el desarrollo de las
actividades que impulsamos, solicito se autorice el pago de viáticos en el
exterior por las fechas indicadas, a cargo de las partidas presupuestarias
que al efecto posee la Escuela Judicial. El costo de los tiquetes aéreos
corre por cuenta del Centro anfitrión.
Igualmente, solicito se autorice el pago de viáticos en el exterior, al
Lic. Rodolfo Solórzano Sánchez, Defensor Público y docente de esta
Escuela en el curso denominado Oralidad y Proceso penal: hacia un
proceso penal por audiencias durante los días de la actividad reseñada.
Lo anterior por cuanto, como es de conocimiento de este Consejo
Superior, el Lic. Solórzano Sánchez, también ha sido seleccionado para
participar en ese evento. Considero que al ser docente colaborador de la
Escuela Judicial, el refrescamiento de conocimientos que realice don
Rodolfo se reflejará enormemente en el curso donde se desempeña como
facilitador. Mismo que está pronto a impartirse en todo el territorio
nacional.
Adjunto certificaciones del Departamento de Financiero Contable
donde se acredita la existencia de recursos suficientes para hacer frente
esos gastos.‖
128
-0-
Asimismo, se adjuntan los oficios 914 y 933-P-2009 de 10 de este mes,
suscritos por el licenciado Juan Carlos Córdoba Meléndez, Jefe del Departamento
Financiero Contable, mediante los cuales acompaña las certificaciones de
contenido presupuestario para hacerle frente al pago de viáticos en el exterior del
licenciado Gustavo Céspedes Chinchilla por un monto de ¢265.977,00 (doscientos
sesenta y cinco mil novecientos setenta y siete colones exactos) y del licenciado
Rodolfo Solórzano Sánchez, por el mismo monto con cargo al programa 926, IP 22
"Escuela Judicial", subpartida 10504 "viáticos al exterior".
Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)
Conceder permiso con goce de salario del 23 al 26 de setiembre en curso, al
licenciado Gustavo Céspedes Chinchilla, a fin de que participe en el "III Encuentro
de la Red de Exalumnos del Programa Interamericano de Formación de
Capacitadores", a realizarse en Santiago de Chile, así como para que asista a la
Reunión de Discusión denominada ―Capacitadores de los sistemas de justicia penal
frente a los delitos de connotación social: estado de situación y perspectivas‖, a
celebrarse en esa misma ciudad. Es entendido que los organizadores del evento
cubrirán el costo de los tiquetes aéreos. 2.) Denegar el pago de ¢265.977,00
(doscientos sesenta y cinco mil novecientos setenta y siete colones exactos), por
129
concepto de viáticos en el exterior, para el licenciado Céspedes Chinchilla y
respecto al licenciado Solórzano Sánchez se mantiene lo resuelto en la sesión N°
83-09 del 3 de setiembre en curso, artículo XXI, por razones presupuestarias y el
deber de este Consejo de racionalizar el uso de los insuficientes recursos
económicos que tiene este Poder da la República, denegó la solicitud para el pago
de viáticos y el ajuste del pasaje aéreo. 3) En virtud de la importancia del
contenido de la capacitación a recibir, deberá don Gustavo coordinar lo
correspondiente, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a los demás
servidores de la Escuela Judicial, ya que podrían ser de gran utilidad en las labores
que realizan. 4.) La Secretaría General de la Corte, tramitará lo correspondiente al
pasaporte de servicio.
El licenciado Martínez Fernández, votó por acoger la gestión, considerando
que son ellos los que han participado en esos cursos, y que el licenciado Solórzano
Sánchez es capacitador de la Escuela en un tema de política institucional como es
la oralidad, además que los viáticos serán sufragados con presupuesto de la
Escuela Judicial.
La Escuela Judicial, los Departamentos de Personal y Financiero Contable,
tomarán nota para los fines consiguientes.
ARTÍCULO XXXIX
130
El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio
Nº EJ-DIR-211-09 de 9 de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:
―La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), celebrarán
su ―V Asamblea General‖ durante los días 7, 8 y 9 de octubre de 2009, en
México, D.F.
La mencionada Red es un producto de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, destinada a fortalecer las capacidades de las escuelas
judiciales de la región, a través de la cooperación y el intercambio de
experiencias, conocimientos, tecnologías y buenas prácticas. La Escuela
Judicial costarricense es parte de la Junta Directiva de la RIAEJ. En tal
carácter, lidera diversos procesos de investigación y cooperación
multilateral. En lo que atañe concretamente a esta V Asamblea General,
Costa Rice debe informar acerca de los resultados del diagnóstico que
realizó en ocho países acerca de la ―Brecha Digital en la formación
judicial‖ y ofrecer alternativas de atención a los problemas detectados en
el estudio, que permitan potenciar el uso de las TIC’s en la capacitación
de nuestros jueces y juezas. También le corresponde liderar la mesa
temática dedicada a la ―Oralidad en materias distintas de la penal‖. Para
ambos casos, asumió el compromiso de llevar dos especialistas en la
materia, cubriendo los gastos de transporte de dichas personas, pues los
gastos internos son asumidos por la escuela sede del evento.
Por lo anterior y debido a la importancia de esta actividad,
cordialmente les solicito conceder permiso con goce de salario del 06 al
10 de octubre de 2009, al Lic. Gerardo Parajeles Vindas, juez del
Tribunal Civil y a la M.b.a. Magdalena Aguilar Álvarez, jefa de la
Unidad de Servicios Técnicos de la Escuela Judicial, para asistir a la
actividad mencionada en calidad de expertos en la materia de Oralidad
Civil y Brecha Digital, respectivamente. Don Gerardo ha sido
seleccionado debido a su papel protagónico en los proyectos de reforma
procesal tendientes a establecer la oralidad en el proceso civil, así como
en la capacitación judicial. A doña Magdalena se le seleccionó debido a
que fue la persona encargada de concebir y ejecutar el diagnóstico de
Brecha Digital, cuyos resultados serán ofrecidos a la Asamblea, así como
las propuestas para la superación de estas diferencias.
En virtud de lo anterior, únicamente se tendrá que cubrir el boleto
aéreo. Los gastos de hospedaje y alimentación serán cubiertos por los
131
organizadores. Por ello, solicitó a este honorable Consejo que autorice
con cargo al programa 926 “Dirección, Administración y Otros”, IP 22
“Escuela Judicial” y subpartida 10503 “Transporte en el exterior”, del
presupuesto del año 2009 aprobado mediante Ley 8691, la compra de los
tiquetes aéreos. Anexo copias de certificación de contenido
presupuestario para tal efecto. De igual manera, se gestione lo
concerniente a los pasaportes de servicio.‖
-0-
Mediante oficios N° 0854-P-2009 y 0923-P-2009 de 21 de agosto último y 8
de setiembre en curso, respectivamente, el licenciado Juan Carlos Córdoba
Meléndez, Jefe interino del Departamento Financiero Contable, certifica que en el
programa 926 "Dirección, administración y otros", IP 22 "Escuela Judicial" y
subpartida 10503 "Transporte en el exterior", del presupuesto del año 2009
aprobado mediante Ley 8691, existen recursos para hacerle frente al pago de
tiquete aéreo, con la finalidad de que los funcionarios Dr. Gerardo Parajeles
Vindas, Juez 4 del Tribunal Primero Civil del Primer Circuito Judicial de San José
y la licenciada Magdalena Aguilar Álvarez, Jefa de la Unidad de Servicios
Técnicos de la Escuela Judicial, para que participen en la ―V Asamblea General de
la Red Iberoamericana de escuelas Judiciales‖ a realizarse en Ciudad de México,
durante los días indicadas.
Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.) Conceder
permiso con goce de salario los días 7, 8 y 9 de octubre próximo, al doctor Gerardo
Parajeles Vindas y a la licenciada Magdalena Aguilar Álvarez, a fin de que
132
participen en la ―V Asamblea General de la Red Iberoamericana de escuelas
judiciales‖ a realizarse en México. Lo anterior en el entendido de que los gastos de
alimentación, hospedaje y traslados internos serán cubiertos por la entidad
anfitriona. 2.) Autorizar el gasto de $1.200,00 (mil doscientos dólares exactos) para
cubrir el costo de los tiquetes aéreos para dicha actividad, con cargo al Programa
926, subpartida 10503. 3.) La Secretaría General de la Corte tramitará lo
correspondiente al pasaporte de servicio.
Los Departamentos de Proveeduría, Financiero Contable, Personal y la
Escuela Judicial tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo
firme.
ARTÍCULO XL
En sesión N° 72-09 de 28 del mes recién pasado, artículo CXVIII, se tomó el
acuerdo que literalmente dice:
“La señora Karla Chavarría Salazar, Investigadora 1 en la Unidad
de Vigilancia y Seguimiento del Organismo de Investigación Judicial, en
nota recibida el 24 de julio en curso, solicita lo siguiente:
―Muy respetuosamente me permito informarles la situación que a
continuación expongo:
• En fecha del 15 de octubre del año 2008 inicié a laborar corno
Investigadora 1, en la Unidad de Vigilancia y seguimiento, siendo que
después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos de Selección
y Reclutamiento y acatando las directrices de la Ley Orgánica del
Organismo de Investigación Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial,
Manual de Normas Generales de Control Interno de la Contraloría
133
General de la República y demás normas y reglamentos que para tales
fines se aplican y constan en mi expediente, he desarrollando las labores a
mi cargo asignado hasta la fecha.
El día 23 de julio del año en curso bajo la nota 222-UVISE-2009
fui informada de se prescindía de mis servicios a partir del día 23 de julio
del año en curso, por considerar que no poseo la idoneidad necesaria para
el ejercido del cargo.
Con relación a dicha situación me permito indicar y a su vez
solicitar.
1. Solicito ser restituida en mi puesto como investigadora de
manera inmediata, siendo que según como consta en los documentos que
a mi persona fueron entregados y se adjuntan a la presente, se han violado
todos los procesos que para tales efectos se deben de realizar.
Principalmente el DEBIDO PROCESO, el cual fue totalmente omitido y
mal realizado por no corresponderle a Omar Brenes Campos, Jefe a.i. de
la Unidad de Vigilancia y Seguimiento, persona que me informo y
procedió con dicha acción siendo que ni siquiera se ha realizado una
investigación o proceso por la cual se me sancione con una falta tan
gravosa como lo es la de la perdida de mi trabajo. Situación regulada en
la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, en su Capitulo
XIII, en el apartado correspondiente al Régimen Disciplinario artículos
49, 50 y 51, sin dejar de mencionar, La Ley Orgánica del Poder Judicial,
Constitución Política de Costa Rica y demás normas superiores que se
omitieron para dicho acto.
2. Debo de indicar que existen bastas irregularidades y me he visto
con la afectación no solo de la perdida de mi trabajo, sino que además se
me ha tratado de una manera indígnate (sic) y poco profesional por la
persona anteriormente referida, sin dejar de mencionar que dicho
―proceso‖ no solo se ha realizado a mi persona, sino que dicha persona se
ha atribuido dicho poder en otras ocasiones, refiriendo además que es una
manera de demostrar que en esa Unidad se deben de acatar las directrices
por el emanadas o como consecuencia se tendrá lo por mi acaecido.
3. Asimismo solicito se realice la investigación que corresponde ya
que como se establecerá por mi persona, se han realizado actos
preparatorios para mi despido, en el tanto de que existen razones sexuales
de fondo, con actos inapropiados por parte de esta persona, bajo acoso
134
sexual, en las que he sido víctima y al enterarse de una posible denuncia
se tomo estas medidas, lo cual considero bastante grave, improcedente e
irregular con el uso indebido y no facultativo de poder.
4. Por tales razones se debe de considerar mi deseo de ser
restituida de manera inmediata a mis funciones y se realice el proceso que
corresponde y considerando los hechos y situación actual y no
encontrándome en una situación adecuada y mas bien desventajosa,
solicito se me traslade a una oficina en la cual pueda realizar mis
funciones gozando de un trato digno, respetuoso y tranquilo, ya que como
indique con la manera de la salida de dicha Unidad se justifica más que
necesaria dicha diligencia.
5. Se indicaran en los momentos procesales correspondientes todo
lo referido en la presente, por lo que de esta manera indico encontrarme
en la disposición de realizar cualquier diligencia útil y pertinente, cuando
así sea requerido.
6. Siendo que en este momento me encuentro en una situación
totalmente gravosa y en desventaja es que acudo a los Despachos que
corresponden, para una pronta respuesta, no omito indicar que dicha
situación es puesta en conocimiento a todas las oficinas que competen,
respetando además la correspondiente cadena de mando, esto con el fin
único de ser escuchada y al encontrarme en una afectación sicológica y
moral de la cual espero una respuesta positiva, siendo que para tales
efectos soy localizable en mi teléfono celular (…) o al fax 2416- 8746.‖
-0-
Se acordó: Trasladar las diligencias al señor Director General del
Organismo de Investigación Judicial, para lo que a bien estime
manifestar.
El Departamento de Personal, tomará nota para lo que
corresponda.‖
-0-
En relación con lo anterior, el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director
General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 937-D.G.-09 de 14
135
de los corrientes, expuso lo siguiente:
“En atención al acuerdo tomado por ese Consejo en la sesión N° 72-
09 celebrada el 28 de julio del año en curso, artículo CXVIII, relacionado
con la nota presentada por la señorita Karla Chavarría Salazar, me
permito manifestarles lo siguiente:
1.- La señorita Chavarría Solano ingresó a laborar el 15 de octubre
del 2008 como Investigadora 1 en la Unidad de Vigilancia y Seguimiento
adscrita a la Oficina de Planes y Operaciones de este Organismo.
2.- Mediante oficio N° 094 y 095-UVISE, el Lic. Omar Brenes
Campos, Jefe a.i. de la citada Unidad, le efectuó llamadas de atención por
escrito a la señorita Chavarría Solano, una de ellas por el extravío
temporal de una cámara de video y la otra por desacatar las directrices de
la Dirección General y la Jefatura de la Oficina de Planes y Operaciones
en cuanto al uso de las libretas de control y mantenimiento preventivo de
los vehículos oficiales.
3.- En fecha 23 de julio del año en curso el Lic. Brenes Campos,
mediante oficio N° 222-UVISE-2009, le comunicó a la señorita Chavarría
Salazar la decisión tomada por esa Jefatura de prescindir de sus servicios,
por razones de interés y conveniencia institucional.
4.- En dicha nota (cuya copia se adjunta), el Lic. Brenes Campos
procedió a enumerar con todo detalle cada una de las circunstancias -de
hecho y de derecho- que se tomaron en cuenta para adoptar esta decisión
y, concluye señalado:
“5- De todo lo anterior, esta jefatura ha tenido conocimiento
durante su estadía en esta oficina, sin embargo se le ha llamado la
atención verbalmente para que levante su rendimiento laboral, el cual
sigue siendo el mismo y su actitud no ha cambiado.
6- Lo indicado en los puntos anteriores, evidencian su falta de
idoneidad para desempeñarse eficientemente en su cargo, según las
exigencias del mismo, denotándose situaciones como indisciplina a las
directrices, desobedeciendo órdenes de sus superiores, mostrando
desinterés, apatía y desgano total en su labor diaria, por cuanto su
persona cuenta apenas con 9 meses de laborar para esta Institución y
obsérvese la cantidad de situaciones anómalas en las que ha incurrido,
136
está claro que su bajo rendimiento no solo arriesga las operaciones a las
que nos enfrentamos todos los días, sino que está poniendo en riesgo la
vida de sus compañeros de trabajo y la suya propia.
Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo
señalado en el numeral 12 de la Ley Orgánica del Organismo de
Investigación Judicial que exige al funcionario tener una conducta
intachable, así como las normas 6.5 “Rendición de Cuentas”, 6.6
“Reporte de deficiencias” y 6.7 “Toma de decisiones correctivas”, todas
correspondientes al Manual de Normas Generales de Control Interno de
la Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos sujetos
a su Fiscalización, así como el artículo 28, inciso 4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que expresa acerca de la idoneidad en los servidores
del Poder Judicial, por razones de interés y conveniencia institucional, se
ha dispuesto prescindir de sus servicios a partir del 23 de Julio del 2009,
por considerar que su persona no posee la idoneidad necesaria para el
ejercicio del cargo, toda vez que por lo indicado en líneas atrás, estamos
en presencia de acciones contrarias a algunos de los valores que rigen al
Organismo de Investigación Judicial, a saber, Mística, Disciplina,
Lealtad, Efectividad, Honradez y Excelencia, que riñen desde cualquier
punto de vista con la naturaleza del buen servicio al público que presta
esta institución y para lo cual usted fue contratada. No obstante se le
brinda un plazo de 5 días hábiles a partir del recibido y notificación de la
presente comunicación, con el propósito de que realice las
consideraciones y alegatos que estime convenientes en su defensa, y para
ello se le otorga total libertad de obtener fotocopias de los oficios citados
o cualquier otro documento que considere de interés para su defensa.”
5.- Mediante nota de fecha 24 de julio del presente año, la señorita
Chavarría Salazar solicitó ser restituida en su cargo, alegando violación al
debido proceso. A su vez, solicitó realizar una investigación contra el
Lic. Brenes Campos, señalando haber sido víctima de acoso sexual.
6.- En fecha 27 de julio del presente año, mediante oficio N° 842-
D.G.-09, esta Dirección General trasladó la gestión a la señorita
Chavarría Salazar a conocimiento de la Jefatura de la Oficina de Planes y
Operaciones, para que en su carácter de superior jerárquico procediera a
resolver lo que en derecho correspondiera. Asimismo, se solicitó iniciar
la correspondiente investigación administrativa disciplinaria para
investigar la denuncia formulada por la señorita Karla Chavarría contra el
Lic. Brenes Campos.
137
7.- No obstante lo anterior, el Lic. Allan Fonseca Bolaños, en oficio
N°235-OPO-2009 de fecha 24 de julio, ya había resuelto la gestión
formulada por la señorita Chavarría Salazar, disponiendo mantener la
decisión tomada por la Jefatura de la Unidad de Vigilancia y
Seguimiento.
8.- Revisados todos los antecedentes del caso, esta representación
comparte plenamente la decisión adoptada por la Jefatura de la Unidad de
Vigilancia y Seguimiento, avalada además por la Jefatura de la Oficina de
Planes y Operaciones de este Organismo; y, en consecuencia, se
recomienda mantener invariable el despido de la señorita Chavarría
Salazar, por considerar que no reúne la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo, según los argumentos expuestos en su debida
oportunidad por el Lic. Brenes Campos.
Al respecto, es importante considerar que cuando se tomó la
decisión por parte de la citada Jefatura, la señorita Chavarría Salazar tenía
muy poco tiempo de laborar para la Institución, sea menos de diez meses,
tiempo durante el cual ya se le había llamado la atención repetidamente,
tanto de manera verbal como escrita, sin que se hubiere observado una
actitud de cambio de su parte.
Más grave aún resuelta el hecho de que su falta de interés hacia el
trabajo estaba afectando los casos de investigación, incluso uno
relacionado con el secuestro de una persona.
Son muchas las condiciones y aptitudes que se deben reunir para
laborar en una Unidad policial de esta naturaleza, siendo que en nuestro
criterio la señorita Chavarría Salazar no reúne las mismas, amén de que
no mostró interés y esfuerzo por corregir la situación, a pesar de las
múltiples observaciones de sus compañeros y de su superior inmediato,
con lo cual afectó también el correcto funcionamiento de la oficina.‖
-0-
Se acordó: 1.) Tomar nota del informe rendido por el Director General del
Organismo de Investigación Judicial y hacerlo de conocimiento de la señorita
Chavarría Salazar. 2.) Remitir copia de este acuerdo al Tribunal de la Inspección
138
Judicial a efecto de que continúe con la investigación de la denuncia por acoso que
dio cuenta la gestionante.
ARTÍCULO XLI
En sesión N° 77-08 celebrada el 14 de octubre del 2008, artículo XXVIII, se
aprobó el Plan de Vacaciones del período 2008-2009, así como los Lineamientos
Generales sobre sustituciones para el 2009.
En relación con el acuerdo anterior, los licenciados Armando Castillo Fallas,
Jefe de la Sección del Transportes y Francisco Segura Montero, Subdirector
General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 2812-ST-09 de 3 de
este mes, presentaron la siguiente gestión:
―Dentro del marco del proyecto de seguridad ciudadana impulsado
por el Poder Ejecutivo, el Organismo de Investigación Judicial dispuso de
los recursos presupuestarios que permitieron incrementar gradualmente la
flotilla vehicular de la Institución hasta alcanzar un aumento del 35%, es
decir que en cuatro meses se pasó de la cantidad de 414 unidades, a
contar hoy en día con un total de 634 vehículos.
A partir de lo anterior, la Sección de Transportes de este
Organismo recientemente diseñó e implementó algunas medidas para
reforzar los controles en la administración de la flotilla vehicular como
por ejemplo definir y estandarizar el procedimiento para la entrega,
revisión y recepción de vehículos, aplicable a la infraestructura destinada
para tales efectos en el Primer Circuito Judicial, tomando en cuenta para
ello que el 45% del total de vehículos, representados por 279 unidades,
pertenecen a dependencias adscritas en este Circuito como son: el
Departamento de Investigaciones Criminales y sus respectivas Secciones,
la Oficina de Planes y Operaciones y sus dependencias adscritas, entre
otras, por lo que además se redistribuyó el personal de la Sección no sólo
en los puestos de entrega y recepción de vehículos, sino también en
términos de sus respectivas jornadas laborales, con el objetivo de mejorar
139
la administración de uno de los recursos cuya inversión presupuestaria
representa una de las erogaciones económicas más importantes a nivel
institucional, ya que por ejemplo la flotilla del Organismo alcanza
aproximadamente los tres mil millones de colones, de los cuales más de
mil trescientos millones de colones corresponden al valor de los vehículos
en el Primer Circuito Judicial.
Ahora bien, como parte de las labores que lleva a cabo esa Sección
se incluye lo concerniente al mantenimiento preventivo y correctivo de
los 634 vehículos que conforman la flotilla y sus respectivos controles
administrativos, por lo que es posible identificar al menos las siguientes
labores:
Traslado de los vehículos a las estaciones de revisión técnica
para la inspección correspondiente o bien a los centros de servicio.
Conducción de las unidades desde y hacia los distintos
talleres de enderezado y pintura privados para la ejecución de las
reparaciones previamente coordinadas.
Traslado de los vehículos desde y hacia la Unidad de Taller
Mecánico de esta Sección en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores
para su revisión, mantenimiento y reparación.
Conducción de las unidades hacia las distintas agencias
automotrices para la aplicación de las revisiones y aquellas labores de
mantenimiento preventivo incluidas en las garantías de compra.
Mantenimiento de los sistemas de control para el suministro
de combustible, asignación de llantas, baterías, así como los reportes de
daños y seguimiento para su reparación, entre otros.
Despacho, recepción y revisión de las 279 unidades del
Organismo de Investigación Judicial destacadas en el Primer Circuito
Judicial para el desarrollo de las labores propias de investigación por
parte del personal, labores que en el caso del puesto destacado en el
sótano del edificio del O.I.J se realiza las 24 horas del día durante los 365
días cal año, y en los puestos de control en el parqueo del Costado Norte
del Edificio de la Corte Suprema de Justicia como en el Anexo D del
Poder Judicial, esta labor se realiza de forma continua de las 6 a las 22:00
horas de lunes a viernes.
Ahora bien, con el incremento de la flotilla vehicular se presenta
un aumento constante en el, trabajo que desarrolla el personal que
conforma esta Sección, ya que son más las unidades que deben trasladarse
a los distintos talleres, agencias automotrices, centros de servicio,
estaciones de revisión técnica, entre otros. Asimismo, se incrementa la
cantidad de vehículos que deben ser reparados en la Unidad del Taller
Mecánico de esa Sección y evidentemente es mayor la cantidad de
140
unidades que deben ser administradas directamente en el Primer Circuito
Judicial, de allí que con la misma cantidad de personal se reforzaron los
turnos considerados como de mayor tránsito en la entrega y recepción de
vehículos en los puestos destinados para tales efectos.
Es así como gradualmente desde el pasado mes de abril, se hace
cada vez más sensible las consecuencias ante la ausencia de alguno (a) de
los (as) funcionados (as) que conforman la Sección de Transportes de este
Organismo, ya que por el incremento en las cargas de trabajo se afecta de
forma negativa la prestación de los servicios a nivel administrativo,
reparación mecánica, traslado de los vehículos y lo concerniente a la
entrega y recepción de las unidades al personal de investigación.
Es por ello que respetuosamente es interés del suscrito solicitar que
se modifique el contenido del Plan de Vacaciones Colectivas del Poder
Judicial para el período 2008-2009, incluido en el Aviso N° 16-08 de
fecha 27 de noviembre del año anterior y suscrito por la Licda. Silvia
Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, de
tal manera que en lo sucesivo se incluya en el apartado denominado:
―Disposiciones sobre sustituciones‖, en el punto 8.6 sobre lineamientos
generales que el detalle de puestos incluidos a continuación cuenten con
la autorización para realizar sustituciones por cualquier motivo y hasta
por un día.
Auxiliar de Servicios Generales 3 y 4 (chofer)
Auxiliar de Servicios Calificados 2 (mecánico)
Igualmente se solicita incluir en el punto 8.7 sobre lineamientos
generales que el detalle de puestos incluidos a continuación cuenten con
la autorización para realizar sustituciones por períodos igual o mayor a
cuatro días:
Asistente Administrativo 1
Auxiliar Administrativo 1
Auxiliar Servicios Generales 1 (lavador de vehículos) y 2
(conserje).‖
-0-
Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar a la
Sección de Transportes del Organismo de Investigación Judicial para sustituir los
141
puestos indicados en la forma propuesta. En ese sentido se adiciona el Plan de
Vacaciones 2008-2009, aprobado por este Consejo en sesión N° 77-08 del 14 de
octubre del 2008, artículo XXVIII.
El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.
ARTÍCULO XLII
En sesión N° 61-09 celebrada el 11 de junio e este año, artículo LXII, entre
otras consideraciones se solicitó a la Comisión de Relaciones Laborales realizara
una visita al Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Escazú.
La licenciada María Ibel Rojas Rojas, en condición de Presidenta de la
Comisión de Relaciones Laborales, mediante oficio Nº CRL-46-2009 de 31 de
agosto último, remitió informe final sobre la situación del Juzgado de Violencia
Doméstica de Escazú, el cual literalmente dice:
―I.- En cumplimiento de lo ordenado por ese Consejo, en sesión
ordinaria # 61-09 de junio, la Comisión visitó el Juzgado citado en cinco
oportunidades.
En una primera oportunidad se reunió con la señora Jueza doña
Zianny Calderón Torres, para obtener una impresión general del
Despacho. Luego nos reunimos con un grupo de tres auxiliares, señores
Verónica Agüero Mora, Eric Tenorio Rojas y Dagoberto Rivera Pérez.
Más la tarde lo hizo con el resto del personal.
II.- Luego de conversar con todo el personal e identificar el
problema experimentado, sus causas, efectos y consecuencias, la
Comisión se reunió con todo el personal del Despacho para buscar una
solución consensuada, la que efectivamente se alcanzó el 29 de julio.
Estando listo el documento se presentó un nuevo inconveniente al
142
conocer los auxiliares Agüero Mora, Tencio Rojas y Rivera Pérez, los
términos en que la señora Jueza se refirió a la señora Agüero, en la
respuesta que dio a una queja seguida en el Tribunal de la Inspección
Judicial.
III.- Después de conversar nuevamente con el citado grupo de
auxiliares, con su abogado don Saúl Umaña, y con la presencia de este y
de la señora Jueza, finalmente el 12 de agosto en curso, se logró suscribir
el acuerdo conciliatorio por el que pretende restablecer las relaciones
quebrantadas, poner al día la tramitación del Despacho y generar un clima
sano, un ambiente positivo de trabajo de cara al futuro.
Es muy importante agregar que dentro de los compromisos
asumidos, las partes acordaron desistir recíprocamente de las quejas
pendientes ante el Tribunal de la Inspección Judicial, siempre que este
acepte su decisión sin ninguna consecuencia en contra suya.
Como parte de nuestro trabajo, visitamos al Tribunal para entregarle
el documento original del acuerdo y la nota de desistimiento.
Hemos previsto una reunión de seguimiento del (in) cumplimiento
de lo acordado, la que se realizará a mediados del mes de setiembre.
Adjuntamos copia del acuerdo y de las notas relacionadas.‖
-0-
Se acordó: 1.) Tener por recibido el informe anterior. 2.) Reconocer al
personal del Juzgado de Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias de Escazú
y a la Comisión de Relaciones Laborales el esfuerzo para resolver, mediante la
comunicación asertiva, la situación que se estaba presentando, e instar al personal
de ese despacho a continuar con los esfuerzos para mantener un ambiente de paz y
armonía.
ARTÍCULO XLIII
143
El licenciado Iván Vincenti Rojas, Procurador General de la República, en
oficio Nº ADPb-5337-2009 de 8 de setiembre en curso, informó lo siguiente:
―Procedo a informarle el resultado del proceso especial de
licitaciones interpuesto por Álvaro Calvo Gutiérrez contra El Estado,
tramitado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda, expediente N° 04-000342-0161-CA.
Pretendía el actor, se declarara absolutamente nulo el acuerdo
adoptado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión N° 51-
04, celebrada el 13 de julio de 2004, artículo LXXVI, en el cual se
resolvió y dispuso: ―Acoger el informe del Asesor Legal de la Dirección
Ejecutiva, en consecuencia, rechazar el recuso interpuesto por el señor
Álvaro Calvo Gutiérrez y mantener la adjudicación de la Licitación por
Registro Nº 2-253-04. Se da por agotada la vía administrativa‖, mismo
que fue notificado mediante resolución N° 692-04 de las 8 horas 30
minutos del 9 de agosto de 2004 de la Secretaría General de la Corte
Suprema de Justicia.
Esta Representación contestó negativamente la demanda y opuso la
excepción de falta de derecho.
Mediante resolución N° 60-2008 de las 13 horas 15 minutos del 31
de julio de 2008, la Sección Sexta del Tribunal Contencioso
Administrativo resolvió: “Se rechaza la falta de legitimación ad
causam pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho. En
consecuencia, se declara sin lugar la demanda. Se impone a la
vencida el pago de ambas costas de esta acción”.
Siendo que el actor no interpuso recurso de casación, la anterior
sentencia se encuentra firme.
Cualquier información adicional, puede ser solicitada al correo
electrónico AlejandraCS@pgr-go.cr o al teléfono 22-43-83-91.
Adjunto encontrará copia de la resolución N° 60-2008 supra
indicada.‖
-0-
144
Se acordó: Tomar nota de la comunicación del licenciado Iván Vincenti
Rojas.
El Departamento de Proveeduría tomará nota para los fines consiguientes. Se
declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XLIV
En sesión N° 99-04 celebrada el 23 de diciembre de 2004, artículo XLVI, se
conoció el informe N°239-DO-2004 de la Sección de Desarrollo Organizacional,
remitido por la licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de
Planificación, con oficio N°2169-PLA-2004 de 1° de diciembre de ese año. En esa
oportunidad este Consejo acogió las recomendaciones orientadas a desarrollar la
―Propuesta para la Implantación de un Sistema de Cero Papeles en la Secretaría de
la Corte. Las recomendaciones contenidas en los literales e) y f), expresan: ―e. A
partir del 1° de febrero del 2005, se trasladaron al Departamento de Personal las
tareas que realiza la Secretaría de la Corte, concernientes a la confección, firma y
trámite de los contratos de dedicación exclusiva y adiestramiento, así como a la
Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, las que se realizan para los
contratos de los procesos licitatorios. f- Deben los abogados del Departamento de
Planificación, estudiar si la normativa vigente permitiría otorgar un ―poder
especial‖, al puesto de Jefe del Departamento de Personal, para que asuma la
145
representación del Poder Judicial, a fin de suscribir los contratos de dedicación
exclusiva a que se ha hecho referencia, por se este un acto netamente
administrativo; o si por el contrario, no se posible abstraer esa facultad de la
Presidencia de la Corte.‖
En cumplimiento de ese acuerdo, en la sesión N° 58-05 celebrada el 28 de
julio de 2005, artículo XLII, se conoció el informe N°.006-AJ-2005 del 14 de junio
de ese año, suscrito por el licenciado Jorge Kepfer Chinchilla, Jefe de la Sección
de Análisis Jurídico, remitido por la licenciada Asch Corrales con oficio 1167-
PLA-2005 de 21 de julio de 2005, el que expresa:
"ESTUDIO SOBRE POSIBILIDAD DEL OTORGAR "PODER
ESPECIAL" AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL PARA
QUE SEA ESTE QUIEN EN ADELANTE SUSCRIBA LOS
CONTRATOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, EN FUNCIÓN DE LA
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA "CERO PAPELES "EN LA
SECRETARÍA LA CORTE
Para realizar dicho estudio se revisó exhaustivamente el Código
Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Régimen de
Dedicación Exclusiva del Poder Judicial y la Ley General de la
Administración Pública.
Tal y como lo establece el artículo 60 inciso 1) de la Ley Orgánica
del Poder Judicial; al Presidente de la Corte se le confieren entre otras
muchas atribuciones la de representar al Poder Judicial.
En la práctica actual, se está utilizando que el Presidente otorgue
poderes especiales a diferentes servidores y funcionarios judiciales para
dicha representación en casos muy específicos, tal es el caso del poder
especial otorgado al Jefe del Departamento de Proveeduría en la persona
de la licenciada Ana Eugenia Romero Jenkins y a otros dos servidores
146
más del mismo Departamento para que en forma conjunta o separada
representen al Poder Judicial en todos los trámites de levantamiento de
gravámenes, cambios de garantía en vehículos gravados, estudio de los
expedientes y obtención de copias; en caso de ser necesario, todo ello en
las causas judiciales en que se encuentren vehículos propiedad del Poder
Judicial. Igualmente, se encuentran facultados ante el Registro Nacional,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda,
Instituto Nacional de Seguros y Aduanas de Desalmacenaje, al efecto de
firmar los permisos de desalmacenaje, exoneración, pólizas, y demás
documentación que se requiera en la importación de mercancías sujetas a
autorización en este poder. También se otorga poder especial al
licenciado Alfredo Jones León, en su condición de Director Ejecutivo
para que ante el Instituto Nacional de Seguros realice todo trámite que se
requiera como consecuencia de la colisión de algún vehículo propiedad
del Poder Judicial.
No se encuentra de más aclarar que el poder especial se rige por
medio del artículo 1256 del Código Civil que establece en lo que interesa:
"El poder especial para determinado acto jurídico judicial y
extrajudicial, sólo facultará al mandatario para los actos especificados en
el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren
consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de
ejecutar..."
La doctrina en su mayoría establece que los poderes especiales son
siempre muy limitados y en los mismos deben describirse de manera
exacta y completa (con absoluto detalle) todas las actuaciones que puede
el apoderado ejecutar con relación al mismo. Se dice además que lo que
no está expresamente incluido en el documento–poder, aunque sea
consecuencia natural del mismo acto y hasta necesario para cumplir el
encargo, no podrá ser validamente ejecutado con base en ese poder.
(Revista Ivstitia, Año 18, N° 207-208. "El poder especial y sus supuestas
limitaciones". Pág. 26 –35) Este tipo de poder limita la capacidad de
decisión del mandatario, pues sólo podrá hacer lo que de manera expresa
se le ha indicado; lo cual hace concluir que el apoderado especial no
posee discrecionalidad, no podrá éste modificar, ni agregar nada a las
instrucciones giradas. Pero también existe otra tesis que indica que este
tipo de mandato requiere cierto grado de discrecionalidad y éste debe
implicar cierta confianza con la persona a quien se le otorga el mandato,
pues es irracional pensar que no se pueden presentar ciertos hechos
147
materiales que tendrá que ejecutar el mandatario.
Hasta el momento se ha venido analizando todo lo que tiene que ver
con el poder especial y su posibilidad de poderse otorgar en la
circunstancia en cuestión. Está demás indicar que como Poder del Estado
formamos parte de la gran Administración Pública tal y como lo estable el
artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública. Es oportuno
aclarar que el artículo 3 de la misma ley obliga al Poder Judicial a regirse
por el derecho público, y sólo en casos que no haya norma administrativa
aplicable, se aplicará el derecho privado y sus principios (art. 9.1 LGAP).
El poder especial se encuentra dentro de la rama del derecho civil, y por
ende, del derecho privado; por lo que se concluye que el caso que nos
ocupa, es netamente administrativo y deberá ser resuelto con base a la
Ley General de la Administración Pública.
Se sugiere, salvo mejor criterio, aplicar en el caso de marras la
figura de la delegación de competencia que se encuentra regulada en los
artículos 89 al 92 de la Ley General de la Administración Pública.
Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico, define la
"delegación" como: "Acto de dar jurisdicción. Otorgamiento de
representación. Concesión de mandato. Designación de substituto.
Cargo y oficina de un delegado. Conjunto de delegados. Representación
de un núcleo social" (Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico
de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Helista S.R.L. Buenos Aires,
Argentina.1989)
La delegación es una figura que se produce cuando un superior
jerárquico encarga la resolución de un asunto que le compete, al inferior.
Existe una verdadera delegación cuando una autoridad investida de un
poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad
descargándolo sobre ella. (Diez, Manuel María. Derecho Administrativo.
Tomo II. Bibliografía Omeba. Buenos Aires. 1965.P.38) El efecto
jurídico de la delegación administrativa es el de permitir el ejercicio de la
competencia ya existente; se dice que la competencia es común al
delegante y al delegado. El delegante no transfiere su propia
competencia ni su ejercicio al delegado; solamente autoriza a que éste
actúe en base a la competencia fijada.
No debe confundirse la delegación con la representación pues con la
delegación el objeto es una función que se ejerce de interés general,
148
objetivo y no un interés propio del delegante. La persona jurídica obra por
medio de sus órganos y la voluntad del delegado se identifica
directamente con ésta.
El artículo 89.1 LGAP establece: "Todo servidor podrá delegar sus
funciones propias a su inmediato inferior, cuando ambos tengan
funciones de igual naturaleza" Entiéndase que el Jefe del Departamento
de Personal es el inmediato inferior del Presidente de la Corte en lo que
respecta a la naturaleza de la función que realiza (recurso humano del
Poder Judicial). Además el numeral 89.4 del mismo cuerpo normativo
indica que dicha delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial,
cuando sea para un tipo de acto. La función que realizará eventualmente
el Jefe de Personal será para una actividad específica y no para un acto
determinado, razón por la cual el inciso 4 deberá aplicarse para lo que nos
interesa y se tendrá que realizar una publicación en La Gaceta para tales
efectos.
Sea oportuno mencionar que la Ley General de la Administración
Pública indica expresamente que la transferencia de competencia deberá
ser motivada (art. 87.2 LGAP) y que dicha delegación puede ser revocada
en cualquier momento por el órgano que la confirió (art. 90.a LGAP);
además el delegante siempre tendrá la obligación de vigilar la gestión del
delegado, y podrá ser responsable con éste por culpa en la vigilancia. (art.
91 LGAP).
Con la delegación, dice el autor Manuel María Diez, en su Tratado
de Derecho Administrativo, que lo que se busca es el mejor cumplimiento
del fin y de la función, pues este es el medio oportuno para realizar
convenientemente los fines que son el fundamento de las funciones a
desarrollar. Es claro, que realizando ésta delegación en el Jefe de
Personal, el procedimiento será más expedito, evitándose así ir a la
Secretaría de la Corte y a la Presidencia de la Corte.
Es a razón del presente estudio que se logró determinar que
legalmente no existe limitación alguna para poder delegar en el Jefe del
Departamento de Personal la suscripción de los contratos de dedicación
exclusiva, en el entendido que este se encontrará facultado sólo para
dicha actividad en específico.
Deberá entonces modificarse el modelo obligatorio de contrato que
se encuentra en el artículo 13 del Reglamento de Dedicación Exclusiva,
149
concretamente donde hace alusión a quien firmará el contrato en
representación de la "Corte".
-0-
Se dispuso: Tener por rendido el informe anterior y autorizar al Jefe
del Departamento de Personal para la suscripción de los contratos de
dedicación exclusiva, a partir del 16 de agosto del año en curso. Lo
anterior en el entendido de que estará facultado sólo para dicha actividad
en específico.
La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines
consiguientes.‖
-0-
El licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Profesional en Derecho 3 de
la Secretaría General de la Corte, a quien correspondió el análisis de este asunto,
manifestó lo siguiente:
―En este último acuerdo si bien se dispuso autorizar al Jefe del
Departamento de Personal a suscribir únicamente los contratos de
dedicación exclusiva, bajo esos mismos supuestos se le podría autorizar
para que firme los contratos de adiestramiento, considerando también que
en este tipo de documentos la redacción es casi siempre la misma y el
texto o cualquier eventual modificación que se les introduzca, los aprueba
este Consejo.‖
-0-
Se dispuso: Acoger la recomendación anterior y conforme se indica
autorizar al Jefe del Departamento de Personal a suscribir los contratos de
dedicación exclusiva y de adiestramiento. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO XLV
El licenciado Christian Fernández Mora, Fiscal Auxiliar de Delitos
150
Económicos, Corrupción y Tributarios en correo electrónico de 9 de setiembre en
curso, manifestó lo siguiente:
―Sirva la presente para expresar mi sincero agradecimiento y el de
mi familia al Consejo Superior, por la muestra de solidaridad que me han
remitido mediante el oficio Nº 8377-09, firmado por la señora Filadelfa
Calvo Aguilar, Prosecretaria General de la Corte, mediante el cual
expresan condolencias por el fallecimiento de mi abuela.‖
Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior. Se declara acuerdo
firme.
ARTÍCULO XLVI
En correo electrónico recibido el 8 de setiembre en curso, la señora Gabriela
Zelaya Quirós, Auxiliar Administrativa 1 de la Administración Regional de
Cartago, remitió a este Consejo el oficio 59-CAC-2009 de 7 de este mes, suscrito
por el licenciado Warner Molina Ruiz, Presidente del Consejo de Administración
Regional de Cartago, donde solicitó lo siguiente:
―Como resultado del Taller de Autoevaluación de Control, el
Consejo de Administración de Cartago en sesión N° 09-2009 de fecha 03
de setiembre del 2009, acordó solicitarle que se gire instrucciones al
Tribunal de la Inspección Judicial para que dicha oficina utilice las
herramientas electrónicas de las oficinas judiciales con el fin de realizar
las diferentes evaluaciones de conformidad con la norma 5.4 Controles
sobre sistemas de información.‖.
-0-
Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla de
conocimiento del Tribunal de la Inspección Judicial, para que cuando sea posible
151
realice las evaluaciones utilizando las herramientas electrónicas, conforme lo
solicita el Consejo de Administración de Cartago, lo cual es congruente con lo
resuelto por este Consejo en sesión N° 19-08 del 11 de marzo del 2008, artículo
XLI.
ARTÍCULO XLVII
Mediante resolución N° 651-09, notificada a las 13 horas 36 minutos del 2
de setiembre en curso, la Secretaria General de la Corte hizo del conocimiento del
señor Isidro A. Guadamuz Leal, Perito, el acuerdo tomado por este Consejo en la
sesión N° 77-09 celebrada el 13 de agosto último, artículo LXXVI, el cual
literalmente dice:
―El señor Isidro A. Guadamuz Leal, Perito, en nota de 27 de julio
último, expuso lo siguiente:
―… el suscrito ciudadano costarricense portador de la cédula de
identidad 5-105-855, consultor privado, actuando como Perito en Caso
Judicial (exp. 08-00019-72-0780-CI del Juzgado Contravencional y Civil
Mixto de Santa Cruz: proceso Interdictal - Xochtl de Varano S.A – versus
- Guido Alejandro López Alfaro), ante 1.- “Negativa verbal de varios
funcionarios judiciales de acceso al expediente - dentro del período
para contestar objeciones - ampliaciones - aclaraciones al dictamen
pericial; ---2 .- Queja ante sus Autoridades Judiciales Administrativas,
(reiteración de líbelo del 25 junio del 2,009), contra Jorge Eduardo
Espinoza Alvarado, Denia Zúñiga Rosales, lveth Torres González,
todos del Juzgado Contravencional de Santa Cruz y Bertilia Gutiérrez
Villafuerte de la Contraloría de Servicios (Tribunales de Santa Cruz)
Promueve: Isidro A. Guadamuz Leal, PERITO - y digo:
I.- En consideración a:
152
1.- El fondo del asunto reside en la decisión inconstitucional de
negarme el acceso al referido expediente, cuando en tiempo y formas
legales tenía el derecho a examinarlo.
2 - La Secretaría Vuestra ordenó, trasladarlo a la competencia del
Tribunal de la Inspección Judicial, en lugar de a la Sala Constitucional,
Ente Supremo competente para el Control Concentrado de
Constitucionalidad respecto de este cuestionamiento lesivo a mis
derechos fundamentales y dignidad humanas.
3.- Los acá denunciados, tácitamente, han admitido tal acción y aún
persisten en la misma, desde luego usando la estrategia de ―… la mejor
defensa es el ataque…‖ / VER expediente 09-000585-031-IJ de la
Inspección Judicial.
II. SOLICITO a sus autoridades - como MEDIDA CAUTELAR,
tutelada por la Sala Constitucional, ante: - a) Apariencia de Buen
Derecho; b) Peligro de demora Judicial; - c) Congruente con Sentencia
Final; - d) Provisional, accesoria; - e) Que se necesite lo dicte el único
Ente Supremo de Control Concentrado de Constitucionalidad y en lo
personal, temiendo que: -1) Se interprete casuísticamente y dicte contra
legem lo pertinente al Debido Proceso y Principio de Legalidad (porque
es este un caso de relevancia para el Ordenamiento de Costa Rica); -2)
Porque se ha violado el Debido Procedimiento Administrativo, al ignorar
lo expresado en arriba (VER e) arriba), expresamente, SOLICITO:= Con
dispensa de trámites burocráticos, realizar ipso facto consulta
preceptiva, ante la Sala Constitucional (sustentada en los numerales
96 a 105 de Ley de la Jurisdicción Constitucional:
1.- Si un Perito designado-nombrado en un casó Judicial, puede
consultar el referido expediente, hasta el instante en que entregue las
aclaraciones – adiciones – objeciones al dictamen; ó hasta que rinda
sus declaraciones en debate, sobre el caso.”
2.) Si están obligados los funcionarios judiciales, a facilitarle al
Idóneo Perito; el expediente para consultas técnico-legales, mientras
dure su función.
3.) Si un Perito; goza de la categoría de sujeto procesal en el
caso, con legitimación para objetar lo que sea contrario a sus
153
intereses, en cumplimiento de esas funciones.”
4.) Que es esta Sala Constitucional, la única competente, para
dilucidar aspectos de visos de inconstitucionalidad, en aspectos
contra legem de conductas de funcionarios judiciales/administrativos
contra el derecho de la Constitución y dignidad humanas.
MIS NOTIFICACIONES: AL fax 2660-2093, “ó
www.isidroguadamuz@yahoo.es‖
-0-
Se dispuso: Comunicar al licenciado Guadamuz Leal que el perito
es un auxiliar de la Administración de Justicia, no es parte ni sujeto
procesal, y que tiene la posibilidad de ver los expedientes, sujeto al
interés legítimo en relación con el peritaje rendido y previa autorización
del Juez. Se omite pronunciamiento respecto al punto 4, por tratarse de
una consulta que le compete plantear ante a la Sala Constitucional.‖
-0-
En relación con el acuerdo anterior, el señor Guadamuz Leal, en su
expresado carácter, en nota de 7 de setiembre en curso, manifestó lo siguiente:
―…, en tiempo y formas legales, solicito: Aclaración-adición,
Revocatoria, Apelación ante Superior e Incidencia de Nulidad
Absoluta (actividad procesal defectuosa) y reitero mi solicitud de que
investigaran, corrijan, sancionen (a los responsables) y enmienden-
corrijan la INCONSTITUCIONALIDADES (por omisión, acción
deliberada) de las conductas omisivas-calculadas de los denunciados e
inobservancia del DERECHO de la CONSTITUCIÓN, desde luego con
mi recomendación de efectuar ipso facto una previa y obligante
CONSULTA PRECEPTIVA ante la Sala Constitucional sobre el
controvertido acá denunciado, estas la sustento jurídicamente, así:
I.- En consideración a:
1.- Acudí respetuosamente, ante Vuestras competentes
Autoridades para este caso, con la esperanza y deseó de que Ustedes —
conforme al Ordenamiento integral vigente enmendaran las conductas
154
contra legem de los acá denunciados, como lesivas e irrespetuosas al
Debido Proceso; y coadyuvar a una mejor Administración de Justicia en
Costa Rica, principalmente en áreas rurales, Para mi persona, NO es ni
será procedente que sea la inspección Judicial, la que realice la
investigación ―a control remoto‖, sin una inquisitiva averiguación real de
los hechos in situ y mucho menos, que al arbitrio de tales jerarcas,
realicen la interpretación de las Inconstitucionalidades, existiendo ex
profeso - para ello - la Sala Constitucional. ¿Por qué NO se consultó a la
Sala IV? ¿Por qué NO acogen las Medidas cautelares solicitadas, cuando
la misma Sala IV las tutela y conforma como parte integral de todo
Debido Proceso y ahora pretenden que YO acuda aparte a solicitarlas?
2.- Si este Consejo Superior afirma que NO soy sujeto procesal
(entonces qué sería?, NO podría participar en un proceso judicial), en qué
se funda, cuando la doctrina procesal Y JURISPRUDENCIA, lo afirman?
¿Está o NO tomado partido a favor de los acá incriminados, cuando
debiera ser IMPARCIAL y ajeno a defender a ultranza el status quo y los
contrarios atributos a Idoneidad (teórico-práctica), Imparcialidad,
Inteligente emocionalmente, Independencia, Integridad todo funcionario
judicial? ¿Si él DERECHO de le CONSTITUCIÓN, en la normativa (11,
27, 30, 33, 39, 41, 129, 153, 154, y 194), Principios y Jurisprudencia de la
Sala Constitucional (Voto 1739 — 92 entre varios) también lo sostienen,
de dónde Ustedes, contrarían al mismo, palmariamente, colisionan con el
numeral 08 LOPJ y deben auto-obligarse a consultar a Sala IV.
PETITORIAS
1 .- Revocar el auto cuestionado, para que: --- a) Se mande a
realizar la consulta preceptiva ante la Sala Constitucional — hasta el
momento procesal actual el ÚNICO Ente Contralor Concentrado de la
Constitucionalidad; --- b) Desechar opinión del Tribunal de la Inspección
Judicial, al respecto de este casó, vista su incompetencia en la materia
constitucional, opinión es sesgada y parcializada (NO deberá incurrir en
la misma conducta); deberá este Consejo recomendar que a corto plazo,
se realice en ese Ente un Proceso de Reingeniería y Rotación de Personal,
e implantar el Control de Calidad del servicio al consumidor para mejorar
el control-fiscalización del servicio.‖
Se acordó: Denegar la gestión del señor Guadamuz Leal y mantener lo
155
resuelto en sesión Nº 77-09 celebrada el 13 de agosto último, artículo LXXVI.
ARTÍCULO XLVIII
En sesión N° 38-09 celebrada el 22 de abril del año en curso, artículo
XXVIII, entre otros aspectos, se dispuso comunicar a los despachos judiciales que
debían hacer el esfuerzo por implementar nuevas formas de prestación de servicios
donde se incluyeran la oralidad y el uso de nuevas tecnologías.
Mediante nota recibida el 8 de setiembre en curso, el licenciado Michael
Monge Siles, Juez Coordinador del Juzgado Contravencional y Pensiones
Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, solicitó lo siguiente:
―…, respetuosamente les solicito el permiso respectivo para implementar
en el Circuito Judicial en el cual laboro en la actualidad, un Plan Piloto en
Materia de Pensiones Alimentarias específicamente en lo relacionado con
la oralidad, y según lo instado por la Secretaria Técnica de Género del
Poder Judicial en el curso impartido en la Escuela Judicial los días 5, 6 y
7 de agosto del presente año; lo anterior, en razón de la necesidad que
tiene el despacho que dirijo de implantar mecanismos más expeditos para
resolución de los procesos alimentarios, toda vez que la competencia
territorial que este abarca es sumamente amplia. El proyecto que se
pretende desarrollar, si ustedes lo estiman conveniente y de provecho para
la institución, es el siguiente:
Objetivo del Proyecto
El presente proyecto tiene como objetivo primordial buscar una
forma más expedita de tramitación en los procesos de Pensiones
Alimentarias que se tramitan en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del
Segundo Circuito Judicial de Alajuela, por cuanto en la mayoría de estos
procesos los beneficiarios alimentarios son personas menores de edad que
requieren que sus necesidades básicas se satisfagan a la mayor brevedad
posible.
156
De esta forma, se ambiciona cumplir a cabalidad con el principio
constitucional de Justicia Pronta y Cumplida consagrado en el artículo 41
de la Constitución Política, además de los principios especiales que rigen
en la materia de pensiones, según lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley
de Rito, como lo son la oralidad, celeridad y sumariedad, entre otros;
además de lo estipulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia en los
artículos 1 y 5, los cuales hacen referencia directa a la protección integral
de los derechos que se le debe brindar a las personas menores de edad; lo
anterior, sin dejar de lado, los alimentantes que pese a no ser mayores de
edad requieren ser alimentados.
Intervinientes en el Proyecto
Para la implementación de esta nueva modalidad de trabajo se
requiere de un trabajo en conjunto de los dos jueces titulares del despacho
Michael Monge Siles e Isaac Pizarro Álvarez, la Jueza Conciliadora Ana
Katalina Baudrit Vargas, la Jueza Supernumeraria Karla Porras Álvarez,
Defensa Pública con la intervención de las licenciadas Tatiana Rodríguez
Rodríguez y Nancy López Quesada, con al menos del apoyo de otros dos
Defensores Públicos, la Unidad Administrativa de este Circuito
representada por el Lic. Alexander Matarrita Casanova, Unidad de
Localizadores y Citadores del Edificio, Auxiliares Judiciales de los
despachos que participan y al menos dos Auxiliares Supernumerarios.
Fecha de inicio y conclusión de la primera etapa
El inicio de la implementación de la oralidad en este tipo de
procesos se tiene para el día jueves diecisiete de setiembre, y como fecha
de término de la primera etapa del proyecto se estima el último día laboral
del presente año.
Aunado a lo anterior, se tiene pactado entregar en el transcurso de la
primera semana laboral del año dos mil diez, un informe detallado de las
labores realizadas por cada una de las personas que intervienen en el
proyecto.
Plan de Trabajo
Con el propósito de disminuir los tiempos de resolución de los
procesos de Pensiones se pretende tramitar los expedientes en dos partes:
la primera en cuanto a los procesos ya existentes en el despacho y la
157
segunda con las demandas nuevas que se presenten a partir del día ocho
de setiembre del presente año.
En lo referente a los procesos ya existentes, estos estarán a cargo de
los jueces Isaac Pizarro Álvarez y Karla Porras Álvarez, encargados de la
celebración de las audiencias de recepción de prueba que se señalen en la
agenda que cada uno de estos lleve para tal efecto, y así de esta forma
para el último día laboral del año en curso exista la mayor cantidad
posible de expedientes con sentencia.
Ahora bien, en lo correspondiente a los expedientes con los que se
iniciará con la modalidad de audiencias tempranas de conciliación, los
mismos estarán a cargo de los jueces Michael Monge Siles y Ana
Katalina Baudrit Vargas, señalando para tal efecto los días martes y
jueves de cada semana y celebrando un promedio cada juez de siete
audiencias diarias, y así de esta forma tramitar de manera más ágil las
treinta demandas que aproximadamente ingresan al despacho por semana.
El procedimiento a seguir, será que en el momento que la parte
actora se apersone al despacho a presentar la demanda, ya sea en forma
verbal o escrita, esto último por medio de la Defensa Pública o Defensor
Privado, se le hará saber a la promovente en ese mismo momento el
número único de expediente asignado, así como la hora y fecha en que se
llevará a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, la cual se
señalará para siete días después; además, que ese mismo día se procederá
a confeccionar el expediente y a más tardar el día siguiente se enviará a la
Oficina de Citadores y Localizadores la orden de citación del accionado,
esto con el fin que dicha oficina lleve a cabo a citación del obligado
alimentario y se le ponga en conocimiento la importancia que tiene su
presencia en la audiencia de conciliación.
Es importante recalcar, que con esta nueva modalidad de trabajo que
se va a implantar en la tramitación de estos procesos, el éxito va a
depender en su mayoría a la cantidad de procesos que se logren conciliar,
toda vez que en caso de llegar a un acuerdo conciliatorio en dicha
audiencia, inmediatamente se estaría dictando la sentencia homologatoria
del acuerdo, y por ende, a partir de ese momento, el expediente pasaría a
la etapa de ejecución de manera directa.
En caso que no se llegue a un acuerdo conciliatorio, y una vez que el
Juez ha escuchado la tesis de cada una de las partes involucradas en la
158
litis, se procederá a dictar el auto de traslado y se fijará la pensión
provisional, llevando a cabo la notificación de las partes en ese mismo
acto, disminuyendo así considerablemente el lapso de tiempo que se
empleaba para efectuar la notificación del demandado.
En otro orden de ideas, se debe tomar en consideración que como
consecuencia de las múltiples audiencias que se van a celebrar en forma
conjunta en el despacho, la cantidad de expedientes para dictar sentencia
se van a incrementar; no obstante, para proceder con el dictado de esas
sentencias se elaborará un plan entre los jueces del despacho, descartando
del mismo a la Licda. Ana Katalina Baudrit Vargas, por cuanto la misma
no ostenta de la competencia requerida para tal efecto por desempeñar el
puesto de Jueza Conciliadora.
Otro aspecto, a tomar en cuenta en el proyecto es la colaboración
que se requiere tanto del personal Asistente del Centro de Conciliación
como de un Auxiliar Supernumerario que va a ser asignado a dicho
proyecto, esto con el fin que a ambos se les asignen de manera equiparada
las funciones a desempeñar.
Equipo Tecnológico
Es menester indicar, tal y como se puede deducir de las diapositivas
que se incluyen al final de este documento, que para poder implantar e
innovar con esta modalidad de trabajo, en un cien por ciento, se requiere
de diverso equipo tecnológico, además de la existencia del Sistema de
Gestión en el edificio, aplicación que según lo conversado con el Lic.
Alexander Matarrita Casanova, Administrador de éste Circuito, es
probable que a partir del mes de julio del próximo año se encuentre
funcionando en todo el edificio.
Conforme a lo anterior, y en aras de contribuir con las políticas de
ahorro de recursos dispuestas por la institución en la cual laboramos, se
iniciará el proyecto con los recursos que se cuenta en este momento y
hasta la etapa de este que se pueda efectuar; no obstante, en caso de
considerarse que se requiere algún equipo en especial con el fin de
facilitar la aplicación del proyecto, se hará la gestión ante la Unidad
Administrativa del Circuito con el propósito que se brinde la ayuda
necesaria, en caso de ser factible.
Especialización del Juzgado de Pensiones Alimentarias
159
La competencia territorial tan amplia que posee el despacho, aunado
a los múltiples migrantes nicaragüenses que visitan este cantón en busca
de trabajo, ha incrementado considerablemente el circulante de
expedientes de Pensiones Alimentarias que se tramitan en este despacho,
razón por la cual, es que se busca desde diferentes ópticas la manera más
ágil y eficaz de resolver las gestiones que realizan las partes, toda vez que
en ocasiones resulta humanamente imposible cumplir con una justicia
pronta y cumplida, situación que se ve reflejada en las constantes quejas
que interponen los usuarios ante la Contraloría de Servicios que opera en
este Circuito.
Por lo tanto, se requiere a mediano plazo la especialización del
Juzgado de Pensiones Alimentarias, solicitud que el Consejo de
Administración del Edificio realizó ante la oficina de Planificación, y
según la consulta efectuada sobre el tema al Administrador del Edificio
dicha solicitud se encuentra en trámite e inclusive se está analizando la
situación del espacio físico del edificio con el fin de reubicar este
Juzgado.
Oralidad y Reducción del Uso del Papel
Para la aplicación del proyecto se han considerado las disposiciones
emanadas por el Consejo Superior en lo referente a la aplicación de la
oralidad y uso de nuevas tecnologías, para reducir el uso de papel y
fotocopias, tal y como se denota de la circular número 53-09 y 59-09,
emitidas por la Secretaría General de Corte Suprema de Justicia.
Como conclusión, es una realidad que efectuando nuestras labores
con mística, además de la disposición adoptada por todas las personas
involucradas en este proyecto y con el único propósito de brindar un
servicio de calidad a las personas usuarias de este despacho, la
expectativa es que los resultados sean excelentes, y por lo tanto, mejore
de manera considerable el tiempo de tramitación de los procesos de
Pensiones Alimentarias.‖
-0-
Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar lo anterior
al Departamento de Planificación para que analice y valore la propuesta del
160
licenciado Michael Monge Siles conforme a las políticas definidas por la Comisión
que gerencia estos proyectos.
ARTÍCULO XLIX
En sesión Nº 67-09 celebrada el 2 de julio del año en curso, artículo LX, se
tomó el acuerdo que literalmente dice:
―En sesión N° 59-09 del 4 de junio recién pasado, artículo LXII, se
tomó el siguiente acuerdo:
―La Integrante Milena Conejo Aguilar, propone comunicar a la
Fiscalía General de la República, que se debe hacer de conocimiento de
las personas que se incorporan a la maestría en Derecho Penal para
fiscales, que si aceptan nombramientos como jueces, no podrán continuar
con dicho estudio, salvo que este Consejo Superior lo autorice, luego de
analizar el caso concreto.
Se acordó: Acoger la propuesta de la licenciada Conejo Aguilar y
hacerla de conocimiento del señor Fiscal General.‖
-0-
La licenciada Gloria Rojas Guzmán, Fiscal de la Fiscalía de Hatillo,
en correo electrónico recibido el 26 de junio último, manifestó:
―…solicito respetuosamente a los honorables miembros del Consejo
Superior del Poder Judicial, se me autorice mantenerme dentro de la
maestría en derecho penal del programa Fiscalía General de la República
en la Universidad Internacional de las Américas, mientras continuo
nombrada como Jueza 4 Penal. No omito manifestar que desde el 5 de
enero del 2009 y hasta el día de hoy, he estado nombrada en el Tribunal
Penal del Tercer Circuito Judicial con autorización del Señor Fiscal
General Dr. Francisco Dall' Anese Ruiz y se me ha prorrogado el
nombramiento hasta el 31 de agosto del año 2009 en dicho puesto, para lo
cual incluso como se podrá ver adjunto, cuento con permiso de la Fiscalía
General de la República hasta el mes de diciembre del año dos mil nueve.
No omito manifestar que a la fecha, se ha laborado sin ocasionar
161
problemas como juez y a la vez, manteniendo notas más que aceptables
en la maestría, de la cual únicamente quedan por cursar tres materias
adicionales a la que actualmente se está cursando en este momento y
presentar la tesis.
En razón de lo anterior, les solicito de la manera más vehemente, se
me autorice a continuar con el nombramiento como Jueza 4 penal y al
mismo tiempo, seguir cursando la maestría en derecho penal.‖
-0-
En correo electrónico recibido el 29 de junio de este año, doña
Gloria aclara que asiste a la maestría del Ministerio Público los lunes
durante la segunda audiencia, de manera que en las tardes se programan
juicios unipersonales para los dos compañeros de sección.
Se acordó: Comunicar a la licenciada Gloria Rojas Guzmán que
podrá continuar en la Maestría en Derecho Penal, en tanto no se afecte el
servicio público. Trasladar copia de este acuerdo al coordinador del
Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Suroeste, para que
se lleve un control de la situación y se indique si se afecta el servicio que
brinda ese despacho.
El Despacho de la Presidencia, el Departamento de Personal, la
Fiscalía General de la República y la Fiscalía Adjunta del Tercer Circuito
Judicial de San José, tomarán nota para lo que corresponda.‖
-0-
La licenciada Gloria Lorena Rojas Guzmán, Jueza del Tribunal de Heredia,
en correo electrónico recibido el 8 de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:
―Por este medio, en atención al acuerdo tomado en la sesión N° 59-
09 del 4 de junio del dos mil nueve, artículo LXII, se solicita
respetuosamente a los señores miembros del Consejo Superior del Poder
Judicial, para poder continuar las clases correspondientes a la Maestría en
Derecho Penal del Ministerio Público, la cual recibo los días lunes de las
13:30 horas a las 20:30 horas, mientras permanezco nombrada en la
Judicatura, específicamente como Juez 4 en el Tribunal Penal de Juicio de
Heredia, Sección Vespertina-Flagrancia, con horario de las 17:00 a las
23:00 horas, en sustitución del MSc. Paul Hernández, hasta el 29 de
162
octubre del año dos mil nueve.
A la fecha, únicamente faltan dos clases (2 lunes) de la materia de
Criminalística y cinco lunes de la materia de Criterio de Oportunidad y
Medidas alternativas, con lo cual estaría egresando del programa de
maestría y que el permiso es para llegar más tarde los días lunes, en el
entendido que ello siempre que no se afecte el servicio brindado por el
Tribunal en donde he sido nombrada.
No omito manifestarle que a la fecha mantengo muy buenas notas y
que cuento con el permiso del Juez Coordinador de la Sección Vespertina
- flagrancia, señor Manuel Zambrana Zambrana y del Juez coordinador
del Tribunal Penal de Heredia, señor Antonio Ortega Vindas. De igual
forma, con anterioridad, al solicitar permiso para los mismos efectos en
los meses de julio y agosto del presente año en el Tercer Circuito Judicial
de San José, Sede Sudoeste, el cual se otorgó mediante acuerdo firme de
la Sesión número 67-2009 de las ocho horas del dos de julio del 2009, en
su artículo LX, se aportó permiso del Fiscal General de la República para
aceptar nombramientos en la Judicatura hasta diciembre del presente año,
lo cual además puede ser consultado al señor Francisco Dall'Anesse en
caso que Ustedes lo consideren necesario.
Agrego como anexos, los contenidos de los correos de mis actuales
superiores y conjuntamente les estoy reenviando dichos correos, para que
no haya duda de su contenido.
En razón de lo anterior, les solicito de la manera más vehemente, se
me autorice a continuar con el nombramiento como Jueza 4 penal y al
mismo tiempo, seguir cursando la maestría en derecho penal del
Ministerio Público.‖
-0-
Se acordó: 1.) Comunicar a la licenciada Gloria Rojas Guzmán que podrá
continuar en la Maestría en Derecho Penal en tanto no se afecte el servicio público.
2.) Trasladar copia de este acuerdo al coordinador del Tribunal de Heredia para
que se lleve un control de la situación y se indique si se afecta el servicio que
163
brinda ese despacho.
ARTÍCULO L
En sesión Nº 37-09 celebrada el 21 de abril del año en curso, artículo XVIII,
se nombró interinamente al licenciado Efraín Marín Madrigal, en la plaza Nº
44893 de Juez 1 en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tilarán, a
partir del 1° de junio de este año y hasta el 5 de marzo del 2010.
El licenciado Efraín Marín Madrigal en su citada condición, en facsímil de 8
de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:
―… acudo a sus estimables personas de manera muy respetuosa
para solicitarles interpongan sus buenos oficios a efectos de que a partir
del día quince de octubre del presente año me pueda reintegrar a mi plaza
como juez en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Alajuelita, por cuanto razones familiares y personales me impiden
continuar mi nombramiento interino en el Juzgado de Tilarán.‖
-0-
Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y por las razones
expuestas: 1.) Aceptar la renuncia del licenciado Efraín Marín Madrigal, como
Juez 1 en la plaza Nº 44893 del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Tilarán, a partir del 14 de octubre próximo. 2.) El Consejo de la Judicatura,
remitirá la terna correspondiente para llenar la plaza indicada, con motivo de la
renuncia de don Efraín.
El Despacho de la Presidencia, el Juzgado Contravencional y de Menor
164
Cuantía de Tilarán, el Departamento de Personal y la Sección Administrativa de la
Carrera Judicial, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.
ARTÍCULO LI
El máster Alexander Obando Meléndez, Director del Instituto Nacional de
Criminología, en oficio Nº DINC 670-2009 recibido el 8 de setiembre en curso,
manifestó lo siguiente:
―… Durante muchos años el Instituto y la Dirección General de
Adaptación Social, ha mantenido espacios de encuentro en las distintas
autoridades del Poder Judicial, a efectos de analizar aspectos que interesa
coordinar a ambas instancias con respecto a las personas privadas de
libertad; entre ellas reuniones con la Comisión de Asuntos Penales,
sesiones de Trabajo con Jueces, Defensores y Fiscales, se han constituido
comisiones interinstitucionales, incluso reuniones con representantes de
ese órgano.
Como producto de estos encuentros, se establecieron protocolos,
procedimientos y circulares que regulan los horarios para la remisión de
los detenidos, a los centros y para las prácticas judiciales, requisitos que
debían tener las órdenes de libertad y los documentos de tener a la orden.
Todo esto permite un trabajo ordenado y de respeto a las persona privadas
de libertad; asimismo la Seguridad Jurídica en la tramitación de las
libertades y los ingresos a los centros, pues con ello se evitan situaciones
delicadas que se habían subsanado. No obstante lo anterior, existen quejas
de directores de centros penitenciarios referente a la alteración de los
horarios definidos para la remisión de detenidos y órdenes de libertad, ya
que la jornada laboral de los centros es de Lunes a Viernes de 8 am a 4
pm, excepto el CAI San José, que tienen un rol hasta las 6 pm, fuera de
éstos horarios no existe en los centros personal facultado para tramitar
libertades ni para recibir privados y privadas de libertad.
Algunos directores señalan que están remitiendo libertades a las 10
u 11 de la noche, teniendo que interrumpir su descanso para presentarse al
Centro.
165
Algunos despachos remiten órdenes de libertad de personas
extranjeras después de las 4 pm y lo dejan a la orden de la Dirección de
Migración, dificultándose cualquier tipo de comunicación con dicha
institución, pues a esa hora las oficinas están cerradas.‖
-0-
Al respecto, el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del
Organismo de Investigación Judicial, mediante oficio Nº 1073-D.G.-09 de 10 de
los corrientes, dirigido al doctor Hernando París Rodríguez, Ministro de Justicia y
Gracia, comunicó lo siguiente:
―Mediante oficio N° 871-D.G.-09 de fecha 4 de agosto del año en
curso, procedimos a exponerle a la entonces Ministra de Justicia, Dra.
Viviana Martín Salazar, la problemática que se estaba presentando con la
recepción de Privados de Libertad por parte de Adaptación Social, a la
vez que, le hicimos saber la seria afectación que ello causaba en el
funcionamiento de la Sección de Cárceles de este Organismo, dado que se
estaba sobrepasando la capacidad máxima de nuestras celdas, con los
inconvenientes de hacinamiento y seguridad que ello implica.
El día 8 de setiembre recién pasado, nuevamente recibimos un
informe del Jefe de la Sección de Cárceles del II Circuito Judicial de San
José, indicando que un grupo de aproximadamente 15 detenidos se
encontraban en ―huelga de hambre‖ en razón de que no eran trasladados
al centro penal, además de que estaban causando una serie de
inconvenientes en las celdas, con el agravante de que estaban incitando a
otros privados de libertad a que tomaran las mismas medidas.
Tal y como lo hemos manifestado en otras oportunidades al
Ministro(a) de turno, el hecho de que no se nos reciban detenidos
oportunamente ocasiona serios perjuicios a este Organismo, pues el
hacinamiento que se produce en nuestras celdas atenta contra la salud y la
integridad física tanto de los detenidos como de los custodios, a la vez
que se debilitan las medidas de seguridad que se deben observar con este
tipo de población.
En virtud de lo anterior, mucho le agradeceré la interposición de sus
166
excelentes oficios para que en lo sucesivo se tomen las medidas que
resulten necesarias para que no se presenten este tipo de contratiempos
con la recepción de los privados de libertad‖
-0-
Manifiestan los integrantes de este Consejo, la preocupación en razón de los
horarios de trabajo de los despachos que atienden la flagrancia y el turno
extraordinario para la remisión de detenidos y órdenes de libertad de los privados
de libertad.
Se acordó: Remitir las gestiones anteriores a la Comisión de la Jurisdicción
Penal para que coordinando con el Ministerio de Justicia y Paz y la Dirección
General de Adaptación Social, propongan una solución a la situación que se da
cuenta, pues sus políticas no se ajustan a las medidas que ha adoptado el Poder
Judicial ampliando horarios y creando nuevos tribunales para responder a las
exigencias actuales.
ARTÍCULO LII
En sesión N° 70-09 celebrada el 21 de julio el año en curso, artículo XLIX,
entre otros aspectos, se concedió permiso a las licenciadas Jeannette Arias Meza y
María Ester Brenes Villalobos, coordinadora de la Secretaría Técnica de Género y
Jueza Especialista en la Escuela Judicial, respectivamente, para que participaran en
el Taller sobre el tema de Género, que se llevó a cabo en República Dominicana
durante el mes de agosto de este año.
167
En correo electrónico recibido el 8 de setiembre en curso, las licenciadas
Arias Meza y Brenes Villalobos, en su expresado carácter, remitieron informe de
labores relacionadas con el Taller ―Transversalización de la Política de Equidad de
Género‖ realizado durante los días 17 al 21 de agosto en la Escuela Nacional de la
Judicatura del Poder Judicial de la República Dominicana.
Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.
ARTÍCULO LIII
En sesión N° 75-09 celebrada el 6 de agosto último, artículo LVIII, se tomó
el acuerdo que literalmente dice:
―La licenciada Carmen Cerdas Cisneros, Secretaria de la Comisión
de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), en oficio N° 121-09-
CCPJ del 26 de julio de este año, comunicó lo siguiente:
"Por diversas razones, al día de hoy no ha sido rendido oficialmente
el informe de Labores del Centro de Conciliación, correspondiente al año
2008, ante el Consejo Superior.
Con el ánimo de cumplir con dicho objetivo, y como secretaria de la
Comisión RAC, les solicito respetuosamente designar un espacio en
alguna de sus sesiones, preferiblemente en día martes, para que el
Director del Centro de Conciliación, licenciado Alberto Solano Cordero,
haga la presentación respectiva."
-0-
Se acordó: Acoger la solicitud de la licenciada Carmen Cerdas
Cisneros, en consecuencia, conceder audiencia al licenciado Alberto
Solano Cordero, a fin de que exponga a los integrantes de este Consejo el
referido informe, el 8 de setiembre del año en curso, de las 14:30 a las
15:30 horas en la Sala del Servidor/a Judicial, sito en el tercer piso del
Edificio de la Corte.‖
-0-
En respuesta al acuerdo anterior, el licenciado Alberto Solano Cordero,
168
Director del Centro de Conciliación del Poder Judicial, mediante correo electrónico
de 8 de setiembre en curso, remitió a este Consejo el informe de labores del Centro
de Conciliación correspondiente al período 2008 y el análisis comparativo del
período 2001-2008, el cual literalmente dice:
“CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL
INFORME ANUAL
2008
I. EXPEDIENTES
1 semestre 2 semestre TOTAL
Entrados (Estudiados) 3066 3685 6751
Seleccionados para conciliación 2899 3597 6496
No seleccionados 167 88 252
Casos terminados 1413 2147 3560
Acuerdos de Conciliación 1128 1478 2606
Sobreseimiento definitivo por conciliación 59 130 189
Desestimaciones 63 51 114
Archivados 163 488 651
II. AUDIENCIAS / JUECES
1 semestre 2 semestre TOTAL
Audiencias realizadas 1581 1924 3505
Asistencia a audiencias
Ambas partes 1581 1924 3505
Parte actora 366 666 1032
Parte demandada 267 410 677
Ninguna parte 557 758 1315
III. TIPO DE PROCESO
MATERIA ATENDIDOS CON ACUERDO SIN ACUERDO ARCHIVADOS
1 2 total 1 2 total 1 2 total 1 2 total
sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem.
Contravencional 848 1054 190 639 863 150 132 138 270 155 473 628
2 2
Agrario 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Penal 370 278 648 259 208 467 75 68 143 02 03 05
Civil 07 02 09 01 01 02 06 01 07 00 00
Laboral 82 154 236 49 93 142 33 61 94 00 00
Familia 100 150 250 70 114 184 25 34 59 01 05 06
Notarial 45 27 72 23 19 42 18 08 26 00 00
169
Pensiones 123 243 366 84 168 252 37 72 109 04 05 09
Alimentarias
Penal Juvenil 06 16 22 03 12 15 02 04 06 01 02 03
Tránsito 00 00 00 00 00 00 00 00 00
totales 1581 1924 350 1128 1478 260 328 386 714 163 488 651
5 6
IV. NOTIFICACIONES
1 semestre 2 semestre TOTAL
Total de expedientes notificados 2260 3376 5636
Cedulas notificadas por fax 1068 1693 2761
Cédulas notificadas personalmente o lugar señalado 2237 2338 4575
Cédulas notificadas en casilleros 49 64 113
Cédulas notificadas por otro medio (Citaciones) 795 1964 2759
V. VARIABLES DEMOGRAFICAS DE LAS PARTES
a. SEXO
Hombres 1527 2053 3580
Mujeres 1511 1827 3338
b. EDAD
MENOS DE 29 DE 30 A 39 DE 40 A 49 DE 50 A 59 MAS DE 60
892 1126 790 1053 726 895 409 520 221 286
2018 1843 1621 929 507
c. ESTADO CIVIL
CASADO SOLTERO VIUDO
1142 1418 818 1113 65 75
2560 1931 140
SEPARADO UNION DE HECHO DIVORCIADO
162 217 603 737 248 320
379 1340 568
d. ESCOLARIDAD
SIN ESTUDIO PRIMARIA PRIMARIA COMPLETA SECUNDARIA SECUNDARIA
INCOMPLETA INCOMPLETA COMPLETA
211 297 468 551 794 923 681 797 378 588
508 1019 1717 1478 966
PARA- UNIV. PARA-UNIV. UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA POSTGRADO
INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA
15 03 26 34 177 226 276 425 12 36
18 60 403 701 48
e. NACIONALIDAD
COSTA RICA NICARAGUA ESTADOS UNIDOS COLOMBIA OTRA
2665 3530 301 293 16 12 02 09 54 36
6195 594 28 11 90
170
VI. AUDIENCIAS POR JUEZ
1 semestre 2 semestre TOTAL
Audiencias atendidas 1581 1924 3505
Asuntos en los que se logró acuerdo conciliatorio 1128 1478 2606
-0-
Manifiesta la licenciada Chaves Cervantes, que el Centro podría hacer
esfuerzos para incluir en el informe de labores las estadísticas de las personas con
vulnerabilidad y el tipo de población que se atiende por zonas o sedes de
conciliación.
Por su parte, indica el integrante Martínez Fernández, que al analizar el
informe, considera necesario hacer ver, que uno de los temas que este Consejo ha
venido tratando en forma recurrente, está orientado a que los despachos mejoren
los porcentajes de realización de audiencias; en este sentido, las gráficas de la
presentación permiten concluir que esta área parece susceptible de mejora, ya que
tanto la notificación como la comparencia de las partes que esto origina -
principalmente en las sedes-, en algunos casos rondan apenas el 50%.
Se acordó: 1.) Tener por recibido el informe anterior. 2.) Tomar nota de las
manifestaciones de la licenciada Chaves Cervantes y del licenciado Martínez
Fernández. 3.) Instar al Centro de Conciliación a hacer esfuerzos por brindar
atención a poblaciones en condición vulnerable, para lo cual podría poner en
conocimiento de las distintas organizaciones de la sociedad civil la disposición
171
para atender procesos con el uso de la conciliación. 4.) Hacer este acuerdo de
conocimiento de la Comisión de Accesibilidad y del Colegio de Abogados de
Costa Rica con el fin este último de divulgarlo entre sus agremiados.
ARTÍCULO LIV
En oficio 53-CAC-2009 de 7 de setiembre en curso, suscrito por el
licenciado Warner Molina Ruiz, en condición de Presidente del Consejo de
Administración de Cartago, comunicó lo siguiente:
―Como resultado del Taller de Autoevaluación de Control, el
Consejo de Administración de Cartago en sesión N° 09-2009 de fecha 03
de setiembre del 2009, acordó solicitarle al Consejo Superior interponga
sus buenos oficios para que se asigne una microcomputadora adicional
para cada despacho judicial para uso de los meritorios judiciales quienes
se pretenden capacitar a fin de que sea el personal idóneo para las
sustituciones del despacho; según lo establecido en la norma 2.4
Administración eficaz del recurso humano de la ley.‖
-0-
Informa el Director Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León, que
actualmente no se tienen microcomputadoras para redistribuir y solamente tienen
de aquellas que se van a entregar en donación. Por ese motivo podría buscarse
algunas de estas que se encuentren en mejor estado para enviarlas al Circuito
Judicial de Cartago a los efectos que solicita el Consejo de Administración de ese
lugar.
Se acordó: Trasladar la gestión anterior a la Dirección Ejecutiva a efecto de
que analice la posibilidad de asignar microcomputadoras de las que se van a
172
entregar en donación a los despachos judiciales de Cartago para uso del personal
meritorio.
ARTÍCULO LV
En sesión N° 84-05 celebrada el 25 de octubre de 2005, artículo LXIV, se
dispuso que los usuarios que tuvieran acceso a los expedientes judiciales, pueden
utilizar los medios tecnológicos como fotocopiadoras, escáneres portátiles,
cámaras digitales y otros, para la obtención de copias de los expedientes y
documentos; siempre que estén debidamente autorizadas, y se tomen las
precauciones y controles correspondientes, por parte de los despachos judiciales.
El citado acuerdo, fue comunicado mediante circular N° 169-2005 de 21 de
diciembre del 2005, publicado en el boletín judicial N° 169-2005 del 9 de enero
del 2006.
En sesión N° 40-06 del 6 de junio del 2006, artículo LXIX, se tomó el
acuerdo que en lo conducente dice:
―(…)
Con relación a los acuerdos anteriores, el señor Víctor Obando
Rivera, Asistente Judicial del Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía del
Primer Circuito Judicial de San José, mediante correo electrónico de 30
de mayo de este año, consulta si lo dispuesto en el acuerdo del 25 de
octubre del año pasado, artículo LXIV y comunicado mediante la circular
169-2005, varía lo acordado por este Consejo en cuanto a que los libros
de entrada no pueden ser fotocopiados.
Se acordó: Comunicar al señor Obando Rivera, que siempre y
173
cuando se demuestre que existe un interés legal, bien puede el usuario
obtener fotocopias del folio o folios pertenecientes al libro de entradas y
no de la totalidad del libro.‖
-0-
Mediante correo electrónico de 9 de setiembre en curso, los licenciados
María Inés Mendoza Morales y Eugenio Molina Sequeira, Jueza Coordinadora y
Juez del Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito
Judicial de Alajuela, manifestaron lo siguiente:
―El día 08 de setiembre de 2009 en horas de la tarde observamos a
una joven, quien sin ser estudiante fotografiaba el libro de entradas civil,
se le preguntó el motivo de tal hecho, respondiendo que laboraba con
unos abogados que así se lo encargaban, entregando una nota la cual
citaba sólo una parte del artículo LXIX del Acta 040-06 del fecha 06 de
junio de 2006 del Consejo Superior.
Se consultó dicha acta y la misma establece la posibilidad que una
persona interesada pueda obtener datos de un Juzgado, denominando
dicha acta como tal, a cualquier persona que desee consultar información
que contenga el libro de entradas o su equivalente informático,
permitiendo incluso a los usuarios que tengan acceso a los expedientes
judiciales, puedan utilizar medios tecnológicos, como escáneres
portátiles, cámaras digitales u otros, para obtener copias de los mismos,
prohibiendo además que los libros de entradas no puedan ser
fotocopiados.
Acto seguido llama al despacho, quien se identificó como
abogado, llamado Winston Jenkins Lacayo, carné número 16.700,
exigiendo que se le debería brindar dicha información, pues se le limitaba
su derecho como abogado de empresa de protectora de crédito. Se le
comentó que jamás era así, porque la información judicial es sólo para las
partes, no es un registro público y los interesados, son las personas con
interés en un proceso en el cual intervengan, caso contrario no se debe
brindar información judicial, máxime que dicho abogado comentó que no
tiene ningún proceso judicial en este Despacho Judicial.
174
Estimamos que la información de los procesos judiciales, así
como de los libros de entradas en cualquiera de las materias, más la civil,
no es de acceso al público, ni nadie, ni aún siendo abogado, tiene porque
fotografiar los libros de entradas civil, ni ninguno, además estimamos que
es un abuso por parte de cualquier abogado llegar a realizar tales actos o
bien, enviar a otro persona a que lo realice; incluso consideramos que la
información obtenida por parte de las protectoras de crédito viola el
derecho a la intimidad e información, la cual puede ser comprometedora
para cualquier ciudadano, motivo por el cual consideramos que más bien
debe girarse instrucciones a TODOS los Despachos Judiciales del país en
ese sentido, de no prestar ni los expedientes judiciales, ni los libros de
entradas, porque dicho abogado Winston Jenkins Lacayo, así como la
joven quien fotografiaba el libro de entradas civil, admitieron
abiertamente que hasta revisan los expedientes en cualquier despacho
judicial, siendo este Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito
Judicial, el único que los ha limitado, incluso por consulta al Juzgado de
Menor Cuantía de este Circuito Judicial, comentaron que ahí llegan y
hasta fotografían digitalmente los expedientes judiciales, lo cual
consideramos un acto irregular e indebido.
Opinamos que brindamos un servicio el cual implica un deber de
confidencialidad y la información de las protectoras de crédito ha
generado un abuso extremo, pues venden la información a cualquiera que
se afilie a su sistema sin contar con la autorización de las personas a
quienes revele detalles personales, lucrando a costas de todos nosotros,
sin excepción, debiendo ser el Poder Judicial un custodio de su
información y no un registro público.
Consultamos en el sentido de que se puede limitar o no dicha
información y si debe ser limitada, debe ser conocido dicho alcance a
todos los despachos judiciales de Costa Rica.‖
-0-
Se acordó: Comunicar a la licenciada Mendoza Morales y al licenciado
Molina Sequeira que las personas usuarias únicamente pueden obtener fotocopias
del folio o folios pertenecientes al libro de entradas de su caso o casos y no de la
totalidad siempre que hayan demostrado su interés legal, de conformidad con lo
175
resuelto en sesión N° 84-05 del 25 de octubre de 2005, artículo LXIV y publicado
en la circular N° 169-2005 del 21 de diciembre de ese año.
ARTÍCULO LVI
En sesión Nº 09-06 celebrada el 14 de febrero del 2006, artículo XXXIX, se
aclaró al Departamento de Personal, que en cuanto a los nombramientos en las
plazas de notificadores, la política es únicamente para aquellos circuitos judiciales
donde existan oficinas centralizadas de notificaciones o bien exista la posibilidad
de su creación.
Posteriormente, en sesión Nº 19-09 de 3 de marzo del año en curso, artículo
LXII, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva literalmente dice:
―[…]
Se acordó: Comunicar a los petentes que los nombramientos de
notificadores se encuentran suspendidos por disposición de este Consejo
en sesión celebrada 09-06 celebrada el 14 de febrero del 2006, artículo
XXXIX, en razón de las nuevas formas de notificación aprobadas por la
Ley de Notificaciones N° 8687 de 4 de diciembre de 2008, asimismo
indicarles que al asumir esos puestos tenían conocimiento de la situación
de las plazas de notificación.‖
-0-
La licenciada Norma Araya Sánchez, Jueza Contravencional y de Menor
Cuantía de Esparza, en oficio Nº 106-JCE-2009 de 7 de setiembre en curso,
recibido el 10 de este mes, solicitó lo siguiente:
― I.- El día 16 de mayo de dos mil ocho se acogió a su derecho de
pensión el notificador de esta oficina, señor Alejandro López Apu. En
176
virtud de la anterior situación desde el 19 de mayo de ese año se designó
en ascenso en ese puesto a la señora Flora María Cordero Rojas, quien
desde esa fecha se ha desempeñado en forma eficiente y cuenta con los
requisitos para ese puesto.
2.- A pesar de estar nombrada la citada funcionaria en plaza vacante
desde hace un año y tres meses, no se ha podido proceder a su
nombramiento en propiedad, por cuanto al solicitar al Departamento de
Personal la nómina respectiva, mediante comunicado de fecha 07 de
mayo de 2009, se nos indica que: ―…para la plaza de notificador, según
lo acordado por el Consejo Superior en sesión No. 19-09 del 03 de marzo
de 2009, LXII, los nombramientos de notificadores se encuentran
suspendidos por disposición de este ente, en sesión celebrada el 14 de
febrero de 2006, en razón de las nuevas formas de notificación aprobadas
por le Ley de Notificaciones No. 8687 de 4 de diciembre de 2008, aporte
de que este clase se encuentra en estudio por parte del Departamento de
Planificación...‖
3.- Recientemente nos hemos enterado que se creo la oficina
Centralizada de Notificaciones del Circuito Judicial de Puntarenas, y en la
sección de Presupuesto del Departamento de Personal se informó a la
suscrita Juzgadora que presupuestariamente al crear ésta OCN, no se
tomó en cuenta la plaza de notificador de Esparza y que ella siempre
quedó adscrita al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Esparza.
4.- De acuerdo al último informe mensual, en este Despacho se
notifican un promedio de 503 expedientes mensuales, más 29 comisiones
que se recibieron para notificar.
5.- De otra parte, como se indicó supra la señora Flora María
Cordero Rojas se encuentra en ascenso en el puesto de notificador, pues
ella ocupa en propiedad la plaza de Auxiliar Judicial 1, la cual desde el 19
de mayo de dos mil ocho, es ocupada, en forma interina por la señora
Vanessa Araya Cambronero, siendo que al no permitirse el nombramiento
de la primera como titular de la plaza de notificador, también impide a
esta Jueza proceder con los trámites para nombrar en la plaza de auxiliar
judicial. Estas circunstancias, producen inestabilidad laboral en el
Juzgado y para las funcionarias citadas.
En virtud de lo expuesto, respetuosamente les solicito se autorice el
177
nombramiento en la plaza de notificador de este Despacho, puesto Nº
04035.‖
-0-
Se acordó: Acoger la gestión anterior y autorizar el nombramiento en la
plaza Nº 04035 de Notificador en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía
de Esparza, por cuanto esta plaza no forma parte de la Oficina Centralizada de
Notificaciones.
El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.
ARTÍCULO LVII
La licenciada Ana Eugenia Rivera Pérez, Jueza Tramitadora del Tribunal
Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, en correo electrónico de 11 de
setiembre en curso, solicitó lo siguiente:
―Con el fin de cumplir con las recomendaciones de la Unidad de
Salud Ocupacional, del Departamento de Seguridad, mismas que se
encuentran en el archivo inserto; este Despacho debe realizar un
reacomodo total de la distribución de Auxiliares de Juicio y la Jueza de
Trámite, lo que implica tener que trasladar estantería, escritorios, centros
de trabajo, pertenencias de los funcionarios, así como todos los
expedientes que se encuentran en trámite dentro del Despacho, cabe
mencionarles que los dos auxiliares que deben ser reubicados se
encuentran laborando en las dos Salas de Juicio, por esta razón es que es
necesario realizar el traslado el día sábado 19 de septiembre del presente
año, para no tener que suspender debates y así no alterar el buen servicio
público les solicito se sirvan autorizar el pago de horas extras únicamente
para ese día a los siguientes funcionarios:
Otto Jiménez Acosta, Jefferson Castro León y Johan Valverde
Chávez.‖
-0-
178
Con base en las razones expuestas y por las especiales circunstancias del
caso, se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar el pago de
horas extra por el 19 de setiembre en curso, a los servidores Otto Jiménez Acosta,
Jefferson Castro León y Johan Valverde Chávez. Lo anterior en el entendido que el
Juez Coordinador del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José,
deberá velar por el adecuado control del uso y ejecución del tiempo autorizado.
El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.
ARTÍCULO LVIII
En sesión Nº 38-09 celebrada el 22 de abril del año en curso, artículo IX, se
conoció el informe Nº 088-PLA-PI-2009 elaborado por el Departamento de
Planificación, correspondiente a las plazas para el Juzgado de Trabajo del Primer
Circuito Judicial de Alajuela. A esos efectos, se tomó el acuerdo cuya parte
dispositiva literalmente dice:
“Se acuerda: 1) Aprobar el informe presentado por el
Departamento de Planificación, con las siguientes observaciones: a)
Improbar la plaza de Juez, en su lugar se crea una plaza de Juez
Supernumerario extraordinaria ubicada en el Centro contra el Retraso
Judicial para la atención de los despachos de la zona, con prioridad a este
Juzgado. b) Improbar la plaza de Auxiliar Judicial, en su lugar se crea una
plaza de Auxiliar Supernumerario extraordinaria, ubicada en la
Administración prioritariamente para la atención del Juzgado de Trabajo
del Primer Circuito Judicial de Alajuela. 2) El Departamento de
Planificación presentará un programa de atención al público, que
considere las inquietudes de los y las integrantes de este Consejo, y
permita un cambio en la forma en que se ha tratado este tema. 3) En la
definición de los modelos de despacho, el Departamento de Planificación
179
incluirá el tema de atención del público, así como las nuevas formas de
gestión de trabajo, el uso de la nueva tecnología y las buenas prácticas
que se han desarrollado en otros despachos. 4) La Escuela Judicial
diseñará un programa de capacitación en todas las materias, para los
circuitos judiciales Primero de Alajuela y Primero de la Zona Atlántica,
conforme lo dispuesto por la Corte Plena en la sesión 03-2009, celebrada
el 26 de enero de 2009, artículo I .‖
-0-
El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho de la
Presidencia, en oficio N° DP 1606-09 de 8 de setiembre en curso, manifestó:
―La Comisión de la Jurisdicción Laboral en la reunión celebrada el 3
de setiembre último, conoció el correo electrónico del Lic. Jorge Mario
Soto Álvarez, Juez del Juzgado de Trabajo de Alajuela, en donde solicita
una audiencia a la Comisión a que la Comisión pueda realizar una visita
al despacho, en razón de que por la falta de jueces, que se habían
solicitado en una oportunidad y que el Departamento de Planificación no
aprobó, ya que por la situación que se presenta el mismo está a punto de
colapsar, y acordó:
―Recomendar al Consejo Superior, considerando que el Circuito
Judicial Alajuela por acuerdo de Corte es uno a los que se debe fortalecer
en el año 2010, y el Juzgado de Trabajo de ese Circuito presenta una
situación bastante difícil en cuanto a la demanda de servicios y cantidad
de circulante, se estudie la posibilidad de asignar los jueces que en su
oportunidad el despacho había solicitado, y que el Departamento de
Planificación no aprobó, ya que de lo contrario el funcionamiento del
despacho presentará dificultades de atender oportunamente la demanda
que se presenta. Acuerdo Firme.”
-0-
Se acordó: 1.) Denegar la solicitud de la Comisión de la Jurisdicción
Laboral por cuanto el proyecto de presupuesto de este Poder de la República para
el 2010 ya no puede ser modificado pues se encuentra en trámite ante la Asamblea
Legislativa. 2.) Hacer este acuerdo de conocimiento del Centro de Conciliación del
180
Poder Judicial, del Programa contra el Retraso Judicial y del Consejo de
Administración del Primer Circuito Judicial de Alajuela, a efecto de que valoren la
posibilidad de ayudar al Juzgado de Trabajo de ese circuito.
ARTÍCULO LIX
En sesión N° 55-09 celebrada el 21 de mayo del año en curso, artículo
XXVIII, se tuvo por rendido el informe Nº SACJ-1725-09 elaborado por la
Sección Administrativa de la Carrera Judicial, referente a los resultados de la
evaluación del desempeño de la licenciada Heilim Badilla Alvarado, Jueza del
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Carrillo. A esos efectos, se
dispuso que debería doña Heilim, analizar debidamente las razones de la alta cifra
de señalamientos convocados y no celebrados, lo que dejó ver que el
procedimiento empleado para convocar a las partes pudo presentar serias
deficiencias que debían corregirse, motivo por el cual podría requerir de la
asistencia del Departamento de Planificación. Por ello, en un plazo de tres meses
informaría a este Consejo sobre las medidas tomadas para disminuir esa cifra y los
resultados obtenidos, para los casos en que la falta de celebración de audiencias
sea atribuible al despacho a su cargo.
En atención a lo anterior, la licenciada Heilim Badilla Alvarado, en su
expresado carácter, en oficio Nº 5114-09 de 10 de setiembre en curso, informó lo
181
siguiente:
―… I. Razones de la alta cifra de señalamientos convocados y no
celebrados:
La principal razón es la no comparecencia de las partes,
contabilizándose en el período que va del primero de julio al nueve de
setiembre del presente año cuarenta y tres suspensiones por dicho motivo;
otra razón es la falta de diligenciamiento por parte de las autoridades de
policía, de comisiones, citaciones y órdenes de presentación; en este
período también se dieron suspensiones de señalamientos a solicitud de
las partes intervinientes, por motivos de incapacidad de alguna de las
partes o bien de sus representantes; en algunos casos las partes se
presentaron sin los testigos ofrecidos y en algunos procesos la parte
accionante solicitó archivo de expedientes.
II. Medidas adoptadas para disminuir la cifra de señalamientos
convocados y no celebrados:
1. Dado el trasfondo social de los procesos de Violencia Doméstica
y Contravenciones, se comunicó a los servidores judiciales encargados de
la tramitación de dichas materias, el deber de comunicar vía telefónica a
las partes intervinientes en dichos procesos, el día y la hora a la que deben
concurrir al despacho para la celebración de la audiencia oral, medida que
ha ayudado ha elevar en gran medida la concurrencia a las señalamientos.
2. Se comunicó al Teniente Heiner García Ruiz, oficial de la Fuerza
Pública del distrito de Filadelfia, encargado de la coordinación de las
notificaciones, citaciones y órdenes de presentación de todas las
Delegaciones Distritales del cantón de Carrillo, sobre el deber de
diligenciar los mandamientos para notificar resoluciones, citar y presentar
a los imputados el día y la hora indicada.
3. El día tres de agosto de los corrientes, se celebró una reunión en
este despacho con el teniente Heiner García Ruiz y todos los citadores y
notificadores de las Delegaciones Distritales del cantón de Carrillo, en
dicha reunión se tocaron aspectos trascendentales de las notificaciones,
citaciones y ordenes de presentación, explicando a los asistentes el deber
de diligenciar oportuna y eficazmente los mandamientos enviados por
este despacho, así como la premura que debe existir en devolver los
mandamientos una vez diligenciados.
182
III. Resultados:
Luego de adoptadas las anteriores medidas, los resultados obtenidos
fueron los siguientes:
Total audiencias convocadas 129
Total celebradas 69
Efectividad 53.48%
Promedio diario convocado 2.80
Promedio diario celebrado 1.5
La anterior información comprende el período que va del primero de
julio al nueve de setiembre del presente año. Con las medidas adoptadas
se observa un aumento en la efectividad de las audiencias convocadas, las
cuales han incrementado en un 14.2%, así mismo se ha aumentado el
número de señalamientos convocados, lo cual se verá reflejado en futuros
informes.
En los términos expuestos, dejo rendido el informe solicitado.‖
-0-
Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.
ARTÍCULO LX
En sesión Nº 73-09 celebrada el 30 de julio del año en curso, artículo LVIII,
se tomó el acuerdo que literalmente dice:
―En sesión N° 72-09 celebrada el 28 de julio en curso, artículo LXI,
se tomó el acuerdo que literalmente dice:
―En sesión N° 34-09 celebrada el 14 de abril del año en curso,
artículo XIII, por unanimidad, se dispuso nombrar en propiedad, a la
licenciada Lourdes Vega Sequeira, en la plaza N° 57077 de Juez 3 en el
183
Juzgado Contra la Violencia Doméstica de Cartago, a partir del 1° de
mayo de este año.
La máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa interina de la Sección
Administrativa de la Carrera Judicial, en oficio N° SACJ-2450-09 de 9 de
julio en curso, comunicó lo siguiente:
―Para su conocimiento y fines consiguientes, le remito los informes
sobre la Evaluación del Desempeño rendidos por las Licenciadas Lorena
Valverde Vega, Inspectora del Tribunal de la Inspección Judicial y
Sandra María Pereira Retana, Jueza Coordinadora del despacho, que
literalmente indican:
―INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO DE JUECES NOMBRADOS EN PROPIEDAD,
POR TRASLADO.
LOURDES MARÍA VEGA SEQUEIRA, NOMBRADA A
PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL 2009, COMO JUEZA 3 EN EL
JUZGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE CARTAGO,
MEDIANTE SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR No.34-09 DEL
14 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
VENCIMIENTO DE PERÍODO DE PRUEBA: 1 DE AGOSTO
2009.
La Licda. Vega Sequeira inició su labor en este despacho, a partir
del 1 de mayo anterior, por lo que se reporta la labor realizada en el
período que abarca desde esa fecha hasta el 30 de junio, 42 días hábiles,
descontando 3 días de incapacidad (del 6 al 8 de mayo), 4 días de
vacaciones (del 27 al 29 de mayo y 1 de junio), el 24 de junio por
asistencia a taller y la segunda audiencia del 25 de junio por
juramentación, para un total de 8.5 días fuera del despacho, laborando
33.5 días hábiles.
La señora jueza no recibió asuntos pendientes de fallo a su ingreso
al despacho.
De acuerdo con la agenda, constan los siguientes señalamientos del
período en estudio: 42 días laborales.
184
Total convocados 123
Total celebrados 63
Efectividad 51.21%
Promedio diario convocado 2.92
Promedio diario celebrado 1.5
De las 60 convocatorias suspendidas, 55 fueron por la no
comparecencia de las partes.
Asimismo, reporta el siguiente rendimiento en el dictado de
sentencias, considerando los días hábiles laborados:
33.5 DIAS LABORADOS TOTAL
Mayo 12
Junio 27
TOTAL 39
PROMEDIO DIARIO 1.16
Al 30 de junio, la Licda. Vega mantenía en su oficina los siguientes
asuntos pendientes de fallo.
Número de Expediente Fecha de Pase a fallo
09-000895-0650-VD 27/05/2009
09-000459-0650-VD 28/05/2009
09-000959-0650-VD 29/05/2009
09-001031-0650-VD 29/05/2009
09-001011-0650-VD 29/05/2009
09-001051-0650-VD 03/06/2009
09-000511-0650-VD 04/06/2009
09-000547-0650-VD 05/06/2009
09-001093-0650-VD 09/06/2009
09-001097-0650-VD 09/06/2009
09-000735-0650-VD 11/06/2009
09-000765-0650-VD 11/06/2009
09-001165-0650-VD 15/06/2009
09-001167-0650-VD 15/06/2009
09-000733-0650-VD 16/06/2009
09-001173-0650-VD 17/06/2009
185
09-001153-0650-VD 17/06/2009
09-001113-0650-VD 17/06/2009
09-000387-0650-VD 18/06/2009
09-001197-0650-VD 18/06/2009
09-000711-0650-VD 18/06/2009
09-000405-0650-VD 18/06/2009
09-001215-0650-VD 19/06/2009
09-001219-0650-VD 22/06/2009
09-001081-0650-VD 23/06/2009
09-001251-0650-VD 24/06/2009
09-001291-0650-VD 24/06/2009
09-001129-0650-VD 24/06/2009
09-001121-0650-VD 24/06/2009
09-00367-0650-VD 24/06/2009
09-001277-0650-VD 24/06/2009
09-001253-0650-VD 26/06/2009
09-001049-0650-VD 26/06/2009
09-001261-0650-VD 30/06/2009
Para finalizar, los archivos del Tribunal de la Inspección Judicial, no
registran sanciones disciplinarias aplicadas en contra de la Licda. Vega
Sequeira, como tampoco expedientes administrativos en trámite.‖
-0-
Al respecto, la licenciada Sandra María Pereira Retana, Jueza
Coordinadora indica:
Datos del evaluado
Nombre completo: LOURDES VEGA SEQUEIRA
Puesto: JUEZ TRES
Despacho Judicial: JUZGADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE CARTAGO
Fecha de vencimiento del periodo de prueba: 31 DE JULIO DEL 2009
Ni acuerdo
Total En
ni De acuerdo Total
Aspectos sociolaborales desacuerdo desacuerdo
desacuerdo (1) acuerdo (2)
(-2) (-1)
(0)
1 En relación con el usuario/a se XX
muestra respetuoso, accesible
2 En sus relaciones interpersonales XX
a lo interno de la institución
observa una actitud respetuosa,
186
Datos del evaluado
tolerante y humilde
3 Maneja información y puesta en XX
práctica respecto las políticas de
accesibilidad a la justicia para
las personas en condición de
vulnerabilidad
4 Evidencia conocimiento y XX
manejo de jurisprudencia,
trámites y otros
5 Su presentación personal se XX
encuentra acorde a lo establecido
para un funcionario/a judicial
6 Muestra una actitud solidaria XX
ante las demandas laborales del
despacho
7 Se acoge al horario establecido XX
por la Institución
8 Se le ha brindado la orientación XX
precisa que le permita conocer la
organización general del
despacho
9 Muestra iniciativa y propuestas XX
que contribuyan al mejoramiento
del servicio al usuario
10 Ante situaciones cotidianas XX
conflictivas su actitud tiene a ser
negociador/a, conciliadora
11 Es abierto a la crítica XX
constructiva
12 En términos generales esta XX
persona se encuentra capacitada
para el ejercicio del cargo
13 Sus situaciones personales XX
interfieren en la vida laboral
14 Su respuesta ante el trabajo XX
asignado permite contribuir al
servicio eficiente al usuario
15 Para un mejor desempeño de sus
funciones esta persona requiere
de:
Observaciones: Se requiere de mayor tolerancia ante la carga de trabajo y ante los funcionarios del
Despacho, así como mayor respeto hacia los compañeros y una mayor empatía y preocupación por las
personas usuarias.
Datos del evaluador
187
Datos del evaluado
Nombre completo: LIC. SANDRA PEREIRA RETANA
Puesto: JUEZ TRES COORDINADORA
Despacho Judicial: JUZGADO VIOLENCIA DOMESTICA
Fecha: 30/06/09‖
-0-
Previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso: Solicitar al
Tribunal de la Inspección Judicial, efectué una visita al Juzgado Contra la
Violencia Doméstica de Cartago, a fin de determinar los asuntos
pendientes de fallo a cargo de la licenciada Lourdes María Vega Sequeira
e informe a este Consejo en el término de 24 horas contadas a partir del
día siguiente a la comunicación de este acuerdo. Se declara acuerdo
firme.”
-0-
En atención a lo anterior, el licenciado Macario Barrantes Ramírez,
Presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, en correo electrónico
recibido el 29 de este mes, remitió la ampliación del informe que rindió la
licenciada Valverde Vega, Inspectora Coordinadora del Área de Control
de Despacho, el cual textualmente dice:
―En cumplimiento de las instrucciones giradas por su persona y
acuerdo del Consejo Superior en Sesión del día de ayer, Artículo 31, que
dispuso, en lo que interesa: ―Que la Inspección Judicial efectué una visita
a fin de determinar la carga de trabajo de la licenciada Lourdes María
Vega Sequeira. Se declara acuerdo firme.”, me perito rendir informe de
la labor desempeñada por la Licda. Vega Sequeira, durante el mes de
julio, en el Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago, donde fue
nombrada como jueza 3 a partir del 01 de mayo de este año, según Sesión
del Consejo Superior No.34-09 del 14 de abril del año en curso.
Cabe agregar que en razón del vencimiento del período de prueba el
1 de agosto próximo, con fecha 8 de julio, se rindió el respectivo informe
de su labor durante los meses de mayo y junio anteriores, conocido por el
Consejo Superior en sesión del 28 de los corrientes, dando origen al
acuerdo referido.
En razón de lo anterior, adjunto información recabada el 28 de julio,
durante la segunda audiencia, en la oficina de la señora jueza, quien se
encontraba con un período de incapacidad durante los días 27 y 28. Los
188
datos adjuntos abarcan los días del 1 al 24 de este mes, exceptuando la
semana de cierre por vacaciones, del 13 al 17, por lo que se considerarán
13 días laborados.
Revisando la agenda, se observa que diariamente son convocados 5
señalamientos para cada una de las señoras juezas. En el caso de la Licda.
Vega fueron 40 las audiencias convocadas, logrando efectuar 20 de ellas,
para un porcentaje del 50% de efectividad, continuando la no
comparecencia de las partes como principal motivo de las suspensiones,
18 en este caso, y solo 2 por solicitud del abogado de una de ellas.
En cuanto al dictado de sentencias, el registro de fallo indica que
resolvió 25 asuntos en el mes de julio, obteniendo un promedio de 1.9
cada día laborado.
Es importante señalar que al 30 de junio, según se reportó en su
oportunidad, la jueza nombrada mantenía en su oficina 34 expedientes
pendientes de fallo, que le habían sido pasados para tal fin, durante los
dos meses que tenía de laborar en ese despacho. Al día de ayer, 28 de
julio, no solamente seguían pendientes de fallo esos mismos asuntos, a
excepción del No.09-000387-0650-VD, que le fue trasladado a la Licda.
Sandra Pereira, sino que además, los 30 que se detallan a continuación:
No. Expediente Pase a fallo
09-000957-0650-VD 28/05/09*
09-001067-0650-VD 29/05/09*
09-000949-06500-VD 02-06-09
09-001061-0650-VD 04/06/09
09-001111-0650-VD 10/06/09
09-001295-0650-VD 10/06/09
09-001199-0650-VD 22/06/09
09-001007-0650-VD 30/06/09
09-001229-0650-VD 01/07/09
09-001225-0650-VD 01/07/09
09-001233-0650-VD 01/07/09
09-001235-0650-VD 01/07/09
09-001263-0650-VD 01/07/09
09-001275-0650-VD 02/07/09
09-000871-0650-VD 02/07/09
189
09-001335-0650-VD 06/07/09
09-001343-0650-VD 07/07/09
09-000847-0650-VD 07/07/09
09-001331-0650-VD 07/07/09
09-001301-0650-VD 08/07/09
09-001053-0650-VD 20/07/09
09-001329-0650-VD 21/07/09
09-001327-0650-VD 21/07/09
09-001317-0650-VD 22/07/09
09-0013157-0650-VD 22/07/09
09-001371-0650-VD 23/07/09
09-001357-0650-VD 23/07/09
09-001383-0650-VD 24/07/09
09-001403-0650-VD 24/07/09
09-001393-0650-VD 24/07/09
*En estos asuntos, la audiencia fue atendida por la Licda. Cristina
Dittel Masís, en sustitución de doña Lourdes, y a la fecha no han sido
fallados por ninguna de ellas.
Para finalizar, la Licda. Sandra Pereira Retana, Jueza Coordinadora,
refiere que el despacho trabaja en coordinación con los Asesores Legales
del Ministerio de Seguridad Pública, y precisamente la Licda. Elva Ulloa
Dávila, funcionaria de ese Ministerio externo su malestar por los atrasos
de la señora jueza al momento de ser llamada para la atención de algunos
casos. Adjunto copia de la queja de la Asesora Legal, de la remisión de
esta a la Licda. Vega Sequeira por parte de la señora jueza coordinadora y
la respuesta de la Licda. Lourdes, para lo que consideren pertinente.‖
-0-
Por su parte, la licenciada Vega Sequeira, Jueza Contra la
Violencia Doméstica de Cartago, mediante nota recibida el 30 de julio en
curso, manifestó lo siguiente:
―Teniendo conocimiento que recientemente se han conocido
informes sobre la Evaluación del Desempeño rendidos por las
Licenciadas Lorena Valverde Vega, Inspectora del Tribunal de la
Inspección Judicial y Sandra Maria Pereira Retana, Jueza Coordinadora
del Despacho sobre mi persona me permito referirme a los mismos de la
siguiente forma: Tengo más de 20 años de laborar para la institución y
siempre he realizado mi trabajo con mucha dedicación, esmero,
190
honestidad, de manera respetuosa hacia todas las personas con las que me
debo relacionar y nunca he tenido queja alguna del personal con el que he
trabajado ni de los usuarios o usuarias. He laborado en Guadalupe, San
José, San Ramón, San Isidro de Pérez Zeledón y nunca he tenido ningún
tipo de roce en lo personal con los compañeros o compañeras ni con los y
las usuarias. Desde el momento en que me enteré de mi nombramiento en
Cartago me sentí muy contenta porque consideré que era una oportunidad
de estar mas cerca de mi casa, ya que vivo en Platanares de San Jerónimo
de Moravia, además de que la materia de violencia doméstica me gusta
muchísimo porque es una materia que le permite a una como Jueza
realizar una labor no solo en el plano jurídico, sino en lo social, puesto
estamos tratando con poblaciones muy vulnerables. Al principio que
llegué al Juzgado creí que todo iba a marchar bien conforme había
conversado anteriormente con la Licenciada Sandra, quien me
manifestaba estar contenta con mi nombramiento en donde incluso me
refirió que se alegraba de que yo era una persona de experiencia en la
materia. En vista de que me he desempeñado durante largo tiempo en este
cargo, en diferentes zonas del país y a que he recibido capacitación en la
materia, pues estoy concluyendo mi maestría en familia, así como a que
he interactuado tanto a nivel profesional como académico soy una
persona de criterio, que he analizado diferentes posiciones y corrientes
doctrinarias y jurisprudenciales, razón por la cual —como resulta lógico
suponer- ello se traduce en la toma de decisiones meditadas y analizadas
con un basto criterio profesional. Esta circunstancia parece haber
indispuesto a la licenciada Pereira quien desde un inicio ha pretendido
que yo tramite los asuntos y los resuelva a la manera que ella tiene
establecida y que en lo personal considero que no es la más conveniente.
Cito ejemplos concretos:
- La licenciada Pereira dirige a la policía un oficio-orden de
desalojo, lo que no se hace en ningún despacho, pues esta medida va
dirigida al presunto agresor, quien si la desobedece cometerá un delito,
pero no existe prevista legalmente esta posibilidad.
- En ese Despacho se acostumbra a tener como parte al Pani en
todos los asuntos en la solicitante manifiesta que tiene hijos menores de
edad, saturando la oficina de la OCN con notificaciones pues en
prácticamente todos los procesos las solicitantes tienen niños. Ello —aun
y cuando no lo comparto- lo he debido aceptar por ser un sistema ya
establecido en el despacho y no lo pretendo desaplicar unilateralmente.
Solo que en consecuencia con tal proceder, no puedo realizar una
191
audiencia si el PANI no ha sido notificado Ergo, si se le tiene como parte,
tiene todos los derechos procesales y constitucionales de parte y no veo
como la Licenciada Pereira pretende imponerme que realice la audiencia
en violación al debido proceso, cuestiona el que yo no emita orden de
salida del domicilio. Me atribuyen criterios que yo no he expresado,
confundiendo una circunstancia con otra, por ejemplo dicen que yo no
estoy de acuerdo con la emisión de testimonios de piezas para ante el
Ministerio Público, cuando me entero de que el presunto agresor ha
incumplido la medida de salida del domicilio y se encuentra viviendo en
la casa, confundiéndolo con mi criterio en contra de la no emisión de la
orden de desalojo a la policía, lo que es otra cosa. Siempre realizo el
cambio de ubicación del expediente, pero la licenciada Pereira pretende
que cada cambio de ubicación se imprima y hasta el día de hoy no veo
cuál es la utilidad práctica de realizar tanto gasto de papel. Yo
personalmente tengo una gran cantidad impresa de estos cambios de
ubicación.
En este Juzgado se hace una diferencia entre el núcleo familiar y la
señora solicitante de las medidas de protección. En esta materia se
acostumbra incluir las prohibiciones al presunto agresor de causar daño
no solamente a la presunta agresora sino además incluir al núcleo familiar
en tal protección, sin embargo, por disposición de la Licenciada Pereira
yo no puedo hacer esto de esta manera y solo puedo incluir al núcleo
familiar cuando expresamente se acusen actos de violencia contra la
ofendida y otros miembros del núcleo familiar.
Son muchas mas las situaciones que se presentan, de manera que
solamente indico estas a modo de ejemplo, pero lo cierto es que muchas
practicas que no considero sean las mejores, he debido aceptarlas contra
mi voluntad, porque cada opinión que yo expreso en las constantes
reuniones, implican una constante indisposición que se traduce en
miradas de desaprobación y constante combate y enfrentamiento por parte
del personal de apoyo, que sabe que cuenta con el apoyo de la Licenciada
Sandra y saben que yo de parte de ella no voy a tener jamás apoyo alguno.
Todo lo anterior se traduce en un ambiente feo y tenso que me afecta
psicológicamente y me mantiene en constante tensión.
La licenciada Pereira, con su proceder ha indispuesto a parte del
personal en mi contra, deslegitimando mi autoridad de Jueza, propiciando
que me contradijeran constantemente los procedimientos. De manera que
aquella aparente buena voluntad inicial dejó de existir conforme la
192
licenciada Pereira fue conociendo mi forma de trabajar y dándose cuenta
de que yo tenía una formación sólida como Jueza y con criterios bien
definidos con respecto a la forma de interpretar los procedimientos y
resolver. Es así como comenzaron a existir disgustos en la Licenciada
Pereira que ante su irrespeto a mi forma de resolver, se transmitió hacia el
personal subalterno por las constantes reuniones convocadas por la
Licenciada Sandra Pereira. En estas reuniones la Licenciada Sandra ponía
a los auxiliares a que hablaran y ellos manifestaban que yo digo que no
estoy de acuerdo con tal cosa o que yo dije que lo hago de tal forma y que
se encontraban confundidos. Ante este proceder deslegitimante, me he
sentido atacada, sola y sin ningún tipo de apoyo, porque en el Juzgado
todos están acostumbrados a trabajar a la manera de la Licenciada Pereira.
De manera que el que yo externara mis opiniones diferentes causaba
problemas en el Juzgado, al punto que como indiqué las reuniones eran
constantes y en algunas ocasiones era enfrentada y cuestionada sobre mis
opiniones Lo cierto es que tales cuestionamientos y enfrentamientos me
han afectado a nivel psicológico y siempre que la Licenciada convoca a
reunión yo me siento nerviosa porque se que de nuevo hay algún ataque
hacia mi persona. Resulta evidente que no soy del agrado ni de la
Licenciada Sandra ni de sus auxiliares más cercanos, ya que desde que
llegué no he recibido ningún tipo de apoyo sino que por el contrario han
propiciado y externado malestares hacia mi persona. Cuando la
Licenciada desea decirme algo o entregar algún documento se hace
acompañar siempre de la Asistente Judicial Rocío quien siempre usa una
agenda para anotar todo lo acontecido pero en especial dejar constancia
de mi posición. A la hora de anotar se resalta mi posición para indicar que
yo estoy en contra, no comparto o me opongo a los trámites y costumbres
existentes en el Despacho Cuando se me consulta algo por parte de las
auxiliares lo hacen como probándome y si afirmo algo diferente van y se
lo dicen a la Licenciada Pereira y al rato ella llama de nuevo a reunión o
se encierra en su oficina en compañía de la Asistente Judicial Rocío, lo
cual sucede casi a diario. Resulta de importancia destacar que se me
informó que el Lic. Ronald Figueroa quien ocupó antes esta plaza que
ahora desempeño, la plaza anteriormente pasó situaciones igualmente
difíciles en el Juzgado y por ello optó por irse del Juzgado ya que a él
tampoco lo dejaban realizar su trabajo con independencia. Incluso la
Licda Frania Vindas, Jueza de Familia de Goicoechea, quien laboró en
ese Juzgado, en una ocasión me manifestó que me cuidara de la señora
Sandra Pereira y que en ese Juzgado la única persona que si era auténtica
y transparente era la Auxiliar Judicial de nombre Hannia. Yo he estado
trabajando en un ambiente difícil en el cual no me siento con libertad de
193
realizar el trabajo en forma como yo considero que se debe hacer y
aunque diga que se haga de tal forma por la presión que siento termino
cediendo a que se haga como ellas dicen, incluso cuando he pedido
alguna ayuda no se me brinda. Se me negó la ayuda para solucionar un
problema informático del registro de sentencias posibilidad. Me querían
obligar a borrar datos del libro de sentencias, aduciendo la licenciada
Sandra que ese libro solo nosotros lo usamos, yo me opuse indicando que
ello podría constituir el delito de falsificación de documento, solo porque
en el sistema aparecían dictadas, tal y como lo hice, en el mes anterior,
pero no fueron consideradas en el informe estadístico.
En el Juzgado es tan evidente la animadversión hacia mi persona
que prácticamente todo me lo cuestionan. El volumen de trabajo en el
Juzgado es muy alto, mayor que el que proporcionalmente se realiza en el
Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en el cual estoy acostumbrada a
trabajar. Sobre esta situación he conversado con la Licda. Sandra y ella
han manifestado que el volumen es alto. Incluso ante la gran cantidad de
trabajo que ella tenía para dictar sentencia y lo que yo tenía le propuse
que solicitáramos la ayuda a la mora judicial para ponernos al día, pero
ella no estuvo de acuerdo. Por el contrario, me ofreció ―amablemente‖
hacer la disponibilidad en la semana de vacaciones del 13 al 17 de julio
de este año, tiempo que fue empleado por ella para sacar su atraso, según
se puede apreciar en el Libro de Sentencias del Juzgado donde consta la
cantidad de expedientes que ella pudo resolver y de ahí la diferencia con
mi escritorio No obstante yo he puesto todo mi empeño para ponerme al
día, aún no me ha sido posible debido no solamente a la gran cantidad de
trabajo que sale a diario, sino además a las consultas de los auxiliares
sobre como resolver por considerar que mejor me consultan y que una vez
que les indicó me cuestionan lo que les señalo, y las constantes acciones
de acoso psicológico que he debido enfrentar por parte de la licenciada
Pereira y el personal Debo agregar que al principio la relación entre la
Licda Sandra y yo parecía buena, en donde incluso en varias ocasiones
viajé con ella en su carro y conversábamos sobre la cantidad de trabajo
que a diario se presentaba en el Juzgado, pero conforme se fue
conociendo mi sistema de trabajo a ella le molesto en donde incluso me
reclamo que yo había estado de acuerdo con ella en unificar criterios pero
como yo le manifesté que en lo que yo tenía que firmar yo lo haría de la
forma como yo consideraba que era la correcta y de ahí en adelante las
cosas comenzaron a cambiar. Para mi la situación se puso difícil en el
Juzgado en donde incluso tuve que consultar a algunas compañeras de
otros circuitos quienes coincidían con lo afirmado por mis persona, pero
194
el problema continuaba en el Juzgado, lo cual considero me ha afectado
no solo en lo personal sino a nivel familiar en donde incluso mi esposo
me había recomendado plantear una demanda por acoso psicológico, ya
que de acuerdo a lo que yo le contaba él llegaba a esa conclusión. Las
cosas estuvieron peor debido a que me correspondió resolver una causa
disciplinaria en contra de la Auxiliar Judicial Lilliam Brenes Solano
entablada por la Licenciada Sandra Pereira en donde incluso la misma
hacía referencias de algunas denuncias existentes en la Inspección
Judicial contra la Licenciada Sandra por acoso psicológico y a partir de la
sentencia de absolutoria dictada por mi persona las cosas se me pusieron
mas difíciles en el Juzgado no de una manera abierta pero si subrepticia,
que incluso conversando con una compañera del Juzgado la misma me
indicó que yo estaba viviendo lo mismo que le habían hecho a otros
jueces que pasaron por este Despacho entre ellos el Licenciado Ronald
Figueroa y que el mismo guarda la correspondencia que la Licenciada
Sandra le entregaba cuando yo concursé la plaza nunca me enteré de
situaciones negativas del Juzgado, pero si me llamó la atención que la
plaza no fue muy concursada por muchos aspirantes y que incluso yo con
una nota no muy alta logré alcanzar el primer lugar, pero no sabía que se
manejaba la información de que el ambiente de trabajo en ese Juzgado no
era agradable y que el Juzgado tema antecedentes bajo la coordinación de
la Licenciada Sandra Pereira, quien es una persona no abierta a la
negociación y a tomar en cuenta la opinión de los demás, considerando
únicamente como correcto lo afirmado por ella. Es tan evidente el ataque
que he recibido que incluso cuando hacemos reunión y yo hablo ella me
vuelve a ver no con muy buenos ojos y la auxiliares subalternas también,
incluso la Asistente Rocío me cuestiona y enfrenta porque sabe que tiene
el respaldo de la Licenciada Sandra. A raíz de esta situación incluso he
presentado problemas de salud que me han llevado a tener que ser
incapacitada y remitida a Psicología, en donde incluso el día de mañana
tengo una cita con un psiquiatra, pero no obstante mi interés es llegar a un
acuerdo en el Juzgado y que el trabajo se realice de la mejor forma y
buscar alternativas para trabajar al día, por ejemplo, pretendo que las
sentencias se dicten de manera oral inmediatamente después de realizada
la audiencia, pero tengo el temor de que ello ocasiones más molestias a la
Licenciada Pereira. Yo he estado dedicando tiempo extra necesario para
poner al día todos los expedientes que hasta este momento se encuentran
pendientes de resolución de fondo En relación con lo informado por la
Licenciada Elva Ulloa Dávila debo indicarles que en lo personal me
reúno con ella y con el asesor Cristian compañero de la Licenciada Elva
Ulloa y ellos me manifestaron que no se imaginaron que la Licenciada
195
Sandra iba a utilizar ello como una queja o denuncia y que lo presentó por
escrito porque ella se los pidió, pero que en realidad lo que querían era
que nos pusiéramos de acuerdo que si por alguna razón se nos presentaba
un atraso lo avisáramos a ellos y lo coordináramos de una mejor forma,
indicándome que no tenían conocimiento de que yo viviera en Moravia, y
que debía desplazarme desde ahí. Nunca he dejado de atender mi trabajo
de la mejor manera, en donde incluso no existe ninguna queja de los
usuarios o usuarias, por el contrario todos me han externado su
satisfacción por la forma como los he atendido, para mí el usuario es muy
importante y siempre los he respetado como personas que son y con total
respeto de derechos humanos. Lo que sucedió en dicho comunicado
según me lo manifestaron los asesores fue un mal entendido y que lo
debimos haber conversado únicamente, incluso así me lo manifestó la
Jefa Regional de ellos.
De todas las situaciones por mí vividas a diario tiene conocimiento
mi amiga Marlene Castillo Prado y mi esposo José Lorenzo Salas Castro,
a quienes recurro y quienes me han apoyado emocionalmente.
Espero que mi informe sea tomado en consideración por Ustedes con el
fin de profundizar aun más en la investigación de esta situación y buscar
la mejor solución al problema. Quedo a sus gratas órdenes para cualquier
aclaración o ampliación que se requiera, sin mas, agradeciendo la
atención a la presente, se suscribe.‖
-0-
Se acordó: 1.) Tomar nota del informe anterior. 2.) Por estimar
este Consejo que los hechos expuestos pueden constituir una falta
disciplinaria, remitir copia de este acuerdo al Tribunal de la Inspección
Judicial, para que realice la investigación que corresponda.
-0-
En relación con el acuerdo anterior, la licenciada Sandra Pereira Retana,
Jueza Coordinadora del Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago, en nota de 7
de setiembre en curso, manifestó lo siguiente:
―Por este medio, me dirijo a ustedes, con todo respeto, a fin de
solicitar se aclare el acuerdo tomado en la sesión 73-09 celebrada el 30 de
196
julio del 2009 artículo LVIII, emitido por este digno Consejo indicando
cuales hechos serán investigados por la Inspección Judicial. Así mismo,
en virtud de la respuesta ofrecida al distinguido Consejo Superior, por
parte de la Licda. Lourdes Vega, Cojueza del Juzgado de Violencia
Doméstica de Cartago, en la que no se pronunció en cuanto a la
calificación ni al Informe presentado por la Inspección Judicial, y por el
contrario, se focalizó en emprender un ataque calumnioso contra la
suscrita, en mi calidad de Jueza Coordinadora, y contra de casi la
totalidad de los funcionarios del Despacho, me veo obligada, a solicitar,
respetuosamente, sea conocida en sesión la presente misiva y sea incluida
dentro de las actas de la sesión en que se conozca.
Desde que decidí ser parte del Poder Judicial, he sido consciente de
la responsabilidad y seriedad de la función que desempeñan los Jueces en
el país. En todo momento, mí objetivo ha estado orientado a desempeñar
la labor jurisdiccional en concordancia con los parámetros institucionales
que guían dicha función. Todos Nosotros, como funcionarios, nos
obligamos a tener siempre presente la cultura organizacional de la cual
somos parte, a exaltar la visión y misión institucionales, a fortificar los
valores que nos distinguen, y a robustecer los principios que modelan
nuestras conductas.
Desde que inicie mis labores como Coordinadora del Juzgado, he
puesto todo mi empeño para que el trabajo del despacho, en general, sea
efectivo para el Poder Judicial y para el usuario final. Por la especialidad
que tratamos, es importante tener claro que debemos dar resultados casi
inmediatos a las personas que recurren a nuestra ayuda. En Violencia
Doméstica, los jueces que estamos comprometidos con la materia, somos
también conscientes de que muchas veces constituimos la última
esperanza para la víctima de no ser noticia en algún periódico de
circulación nacional. La sensibilidad social de un juez, y en general de los
funcionarios que se desempeñan en este campo, debe ser muy intensa
para comprender que los objetivos generales, y en especial la protección
inmediata a la persona agredida, está por encima de los intereses
personales. Esta es la forma de actuar en el Juzgado de Violencia
Doméstica de Cartago. El resultado se ha reflejado en los informes
trimestrales que emite la Contraloría de Servicios y los Informes Anuales
que realiza la Inspección Judicial, como ustedes han podido constatar, en
los que se ha corroborado el buen funcionamiento del Despacho, tanto en
el aspecto estadístico como en la atención al público.
197
En el mes de julio, en mi condición de Jueza Coordinadora, se me
solicitó, por parte de la Unidad Interdisciplinaria, que realizara una
―Evaluación de Desempeño de Jueces Nombrados en Propiedad‖, con
relación al desempeño de la Cojueza Vega, y posteriormente, dar
respuesta vía telefónica al Licenciado Luis Paulino Mora y al Consejo
Superior en pleno, sobre las dudas que se me plantearon con respecto a
dicha evaluación. Este documento, así como la llamada telefónica, fueron
contestados de acuerdo a los principios que rigen mi desempeño como
Jueza Coordinadora, y basada en el trabajo que han realizado todos y cada
uno de los Jueces que estuvieron en propiedad, o de manera interina en el
Juzgado, pero ante todo, de acuerdo a mi conciencia, a mi ética como
funcionaria judicial, a mi responsabilidad, y al compromiso que adquirí al
aceptar ser Coordinadora de un Juzgado de la Corte Suprema de Justicia.
Como ustedes saben, en ningún momento he interpuesto quejas contra la
señora Vega, nunca he interpuesto denuncia alguna en contra de la
Cojueza Vega, ni ante la Inspección Judicial, ni ante el Consejo Superior,
hasta hoy.
En palabras de la señora Vega, “El volumen de trabajo en el
Juzgado es muy alto, mayor al que proporcionalmente se realiza en el
Segundo Circuito Judicial, en el cual estoy acostumbrada a trabajar”. Si
bien es cierto, el volumen de trabajo en el Juzgado de Violencia
Doméstica de Cartago es alto, es manejable, tal y como se ve en los
informes estadísticos. No obstante a esto, el día que la Cojueza Vega
asumió su cargo en este Despacho, con pleno conocimiento de sus
obligaciones, no existía demora alguna, incluso el escritorio que ella
ocupa actualmente, se encontraba al día y sin ningún expediente ni para
resolver, ni para tramitar. Muy lamentablemente, el atraso se suscitó en el
momento en que la señora Vega tomó posesión del mismo, por lo que en
esas circunstancias, en mi criterio, no correspondía que ese retraso en la
resolución de las causas, fuera resuelto por el Departamento de la Mora
Judicial, ya que el mismo, se había formado en menos de dos meses. Esta
fue la razón, por la que no estuve de acuerdo en pedir ayuda a ese
Departamento, además, de estar segura que el trabajo que existía en ese
momento podía realizarse y ponerse al día con un poco de esfuerzo, dadas
las capacidades de la mencionada profesional. Asimismo, se le ofrecieron
alternativas para solucionar dicho problema, entre ellas: Dejar espacios
entre audiencias y junto con las tardes de los días viernes lograr avanzar
hacia los estándares habituales del Juzgado.
Considero que esta es la verdadera causa de la indisposición de la
198
Cojueza Vega con mi persona y con el Despacho en pleno. La señora
Cojueza señala en su escrito que en este Juzgado se realizan reuniones,
haciendo ver este hecho normal de coordinación propia de un
Despacho, como un ―complot‖ en su contra. Debo indicar al respecto que
las reuniones que se realizaron no sobrepasan las tres, una en el mes de
mayo y dos en junio. Las mismas se realizan desde mucho tiempo atrás,
dado que el Juzgado se desempeña como un equipo de trabajo altamente
comprometido con su función, al punto, de que la mayoría de los
funcionarios labora jornadas que van más allá del horario normal, solo
con fin de dar un buen servicio al usuario y mantener su escritorio al día
cuando se requiere, sabiendo que no existe retribución monetaria por ello.
Estas reuniones, como bien lo sabe la Cojueza Vega, no son más que un
acto propio de la coordinación del Despacho. Como en todo equipo de
trabajo, se realizan reuniones, las cuales pretenden analizar problemas,
unificar criterios y procedimientos, informar sobre cuestiones importantes
para el Despacho y leer comunicados o informes como de Inspección
Judicial, PAO, Contraloría, comunicar a los compañeros sobre asistencia
a cursos, seminarios, etc. En las tres reuniones, siempre se le trató, a la
señora Vega, con el mayor respeto por parte de todos.
De mi parte, nunca le impuse ningún criterio, así mismo, ella no
manifestó en ninguna oportunidad que tuviera inconveniente con la forma
de trabajo del Juzgado en general, o que las prácticas del Despacho
interfirieran con su forma de actuar o su independencia como Jueza, por
el contrario, cuando no estaba de acuerdo con alguna idea, lo expresaba
libremente y se le respetó siempre sus valoraciones. Existe un libro de
actas de reuniones en el Despacho para que se constate lo expuesto.
En cuanto al trámite que se le da a los expedientes solo diré que se
trabaja en concordancia con lo establecido por la Constitución Política,
por los Convenios Internacionales referente a la materia, con lo
establecido en la Ley Contra la Violencia Doméstica y leyes conexas
como el Código de Niñez y Adolescencia, la Ley de Protección a la
Persona Adulta Mayor, etc., de las Normas Prácticas de la Ley Contra la
Violencia Doméstica, en el Protocolo de Aplicación de la Ley contra la
Violencia Doméstica, en la Jurisprudencia, tanto de la Sala Constitucional
como del Tribunal de Familia, y en apego a la sensibilización y
conocimiento de las teorías de género y relaciones de poder, que son
necesarios en esta materia, y que han sido promovidos por las directrices
y circulares del Consejo Superior, mas sin embargo, respetando la libertad
de criterio que tenemos todos los jueces de este país.
199
Cada mes, como se ha hecho durante todo el tiempo que he sido
Coordinadora de Despacho y a fin de confeccionar la estadística mensual,
en conjunto con la Asistente Judicial, se realizó una conciliación, entre el
Informe que arroja el Departamento de Informática y los datos internos
del Juzgado anotados en los libros de control interno. El resultado, una
discrepancia responsabilidad de la señora Vega. En el mes de mayo, a un
mes de trabajar en el Juzgado, y pese a que solo fueron doce expedientes
los que la Licenciada Vega falló ese mes, había tomado más números del
libro de sentencias de los que había registrado en ese período. Ante este
hecho, la Asistente Judicial y la suscrita, le externamos la situación a la
señora Vega. Su respuesta, fue que ella no sabía que eso se hacía de esa
manera porque solo en ese juzgado se daba que el Juez registrara y
cancelara las sentencias y los expedientes electrónicamente. Yo resolví el
problema presentando los informes y haciendo las notas correspondientes
al Departamento de Planificación por la divergencia de los datos. Nunca
se le dijo a la señora Lourdes que hiciera algo ilegal o que modificara
registros, como ella lo señala en su misiva dirigida al Consejo, así mismo,
nunca se le negó la ayuda para resolver la situación, al punto que de mi
parte se hicieron las gestiones necesarias para resolver el problema, sí le
solicite que dicha situación no se presentara nuevamente, a fin de
mantener la transparencia en los informes estadísticos del Despacho.
Con relación a la causa disciplinaria de la señora Yamileth Brenes,
la cual fue funcionaria del Despacho, efectivamente, esta causa fue
resuelta por la Lic. Lourdes sin ninguna interferencia de mi parte y sin
ningún comentario más allá de la breve explicación que le di el día que le
entregué el expediente. Las manifestaciones de la señora Cojueza no son
más que opiniones subjetivas sin respaldo alguno. Nunca, se ha abierto
causa en la Inspección Judicial en mí contra por acoso psicológico y para
hacer una manifestación de esa naturaleza, debe al menos, haber
constatado que la información fuera cierta. Nunca, he trabajado con la
Lic. Frania Vindas, a quien ni siquiera conozco y la señora nunca, ha
trabajado con los funcionarios que se desempeñan actualmente en el
Despacho. No he forzado a ningún funcionario de la Fuerza Pública a
interponer denuncia en contra de la Lic. Lourdes. Nunca, he indispuesto
al personal en contra de ella, y menos, he observado que algún
funcionario le falte el respeto, ni como persona, ni como Jueza.
No omito comunicar que días después de publicarse la anterior Acta
del Consejo donde este problema se hizo público, recibí una llamada de la
Licenciada Frania Rojas en donde me indicó que se encontraba
200
sumamente disgustada con la Lic. Lourdes Vega, por cuanto ella no le
había comentado lo que se manifestó en la nota, máxime que no me
conocía y hacía ocho años que había trabajado en ese Despacho cuando
aún Violencia Doméstica pertenecía al Juzgado de Familia de Cartago.
Además, me remitió copia del correo que le envió a la Lic. Lourdes donde
le manifestaba su inconformidad. Recientemente, también converse con la
Lic. Elba Ulloa Asesora Legal del Ministerio de Seguridad Pública
destacada en Cartago, quién me indicó que efectivamente se había
reunido con la Lic. Lourdes, a solicitud de ella, y en la reunión solo se
trataron las excusas por su incumplimiento del horario acordado en
disponibilidad, pero en ningún momento se le dijo a la Lic. Lourdes que
yo los hubiera obligado a presentar la denuncia por esos hechos y menos
tenían conocimiento de que hubiera una denuncia en contra de la Lic.
Vega. De hecho, entre la fecha de esa reunión y el conocimiento de estos
hechos hay varios días de diferencia, por lo que fue materialmente
imposible que en la reunión indicada se comentara de una denuncia
originada en esta situación.
Finalmente, agradezco a los compañeros Jueces y Juezas que han
trabajado conmigo en este Despacho, que me han manifestado su
solidaridad y que están dispuestos dar fe de la forma en que se trabaja en
el Juzgado, a los Jueces que me precedieron, que conocen al personal
actual y que fueron pioneros en la materia, instaurando muchos de los
procedimientos que hoy se utilizan en este despacho, y quienes, en estos
días, me han manifestado su solidaridad al ver que soy presa del escarnio
público, por cuanto desde la publicación del Acta del Acuerdo de
Consejo, mi nombre ha sido agraviado y me he visto señalada de
manera injusta, prácticamente como una infractora que instiga a un
Compañero Judicial a cometer hechos inadecuados y que persigue sin
razón a una persona indefensa.
De igual forma, mi agradecimiento a las funcionarias y el
funcionario del Juzgado que día a día se dedican a realizar con
responsabilidad y eficiencia sus labores.
Muy en lo personal, y encontrándome en idénticas condiciones que
la señora Cojueza, puesto que al igual que ella vivo en la ciudad de
Moravia, soy estudiante de maestría, esposa y madre a tiempo completo,
considero que la responsabilidad laboral debe ser asumida tal cual lo
exige y merece el digno cargo que ocupamos, sin que sea válido justificar
el atraso en las obligaciones laborales con base en situaciones personales,
201
ninguno está exento de sufrir una situación familiar difícil, o un
inconveniente familiar, sin embargo normalmente esta es la excepción y
no la regla.
Agradezco de antemano la atención a la presente, me pongo a
disposición del Consejo para cualquier aclaración o ampliación de la
presente y reitero mi solicitud de aclaración del acuerdo tomado en la
sesión 73-09 celebrada el 30 de julio del 200 9 artículo LVIII.‖
-0-
Se acordó: Tomar nota de la comunicación de la licenciada Pereira Retana y
aclararle que este Consejo remite los acuerdos al Tribunal de la Inspección Judicial
para que analice integralmente las situaciones planteadas y de ser procedente
realicen la investigación respectiva.
ARTÍCULO LXI
El servidor Juan Carlos Solís Arias, Secretario 1 de la Defensa Pública del
Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en nota de 9 de setiembre en curso, solicitó
lo siguiente:
―… interpongan sus buenos oficios, para que mi persona pueda
continuar en el puesto de secretario en la Defensa Pública de Ciudad
Quesada, San Carlos.
Les informo, que Yo ingresé de meritorio como Auxiliar
administrativo 1 a la Defensa en marzo del 2007; en enero del 2008 se
me concedió la plaza nueva de Auxiliar Administrativo 1. A finales del
2008 se me nombra en forma interino como Auxiliar Administrativo 2 en
sustitución de la Lic. Nancy Rojas Córdoba, que es la actual propietaria.
En este momento la Lic. Nancy es Defensora Pública interina en Upala.
Para ese entonces no se había hecho la recalificación de Auxiliar Ad. 2 a
secretaria, por lo que no era exigido el título de secretariado o Técnico
medio en secretariado.
202
Me comunica la Jefatura de la Defensa que para continuar en este
puesto, secretario, me conceden tres días para aportar el título, título que
no tengo, pero que estoy dispuesto a obtenerlo, ya que he hecho las
averiguaciones y tengo la posibilidad de iniciar los estudios en el mes de
octubre, todos los sábados con una duración de ocho meses.
Es por lo antes expuesto que solicito se me permita, continuar
interino en el puesto de secretario y al mismo tiempo poder llevar el curso
para así cumplir con el requisito.
Favor comunicar respuesta al correo de la Defensa Pública de San
Carlos.‖
-0-
Se acordó: 1.) Trasladar la gestión al Departamento de Personal para que se
analice el caso del servidor Solís Arias. 2.) Solicitar a ese Departamento valorar la
situación de los servidores y servidoras de la Defensa Pública que se encuentren
en la misma condición del gestionante, con el fin de dar una solución integral a la
problemática planteada respecto al requisito del puesto, y agilizar así los
nombramientos en propiedad que correspondan.
ARTÍCULO LXII
En sesión N° 82-09 celebrada el 1° de setiembre en curso, artículo XIII,
inciso 2), se aprobó el nombramiento en propiedad de la servidora Rosa María
Baltodano Acosta, en el puesto N° 77734 de Secretaria 1 de la Defensa Pública del
Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Golfito, a partir del 1° de octubre
próximo.
203
La servidora Noelia Mayorga Catón, Secretaria 1 interina de la Defensa
Pública del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Golfito, en nota de 1°
de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:
―… tengo aproximadamente doce años de laborar para el Poder
Judicial, siete años de estar nombrada en propiedad, en el puesto de
auxiliar de servicios generales 2, en el Juzgado Penal de Golfito. Desde
hace tres años me encuentro con un ascenso interino en el puesto de
secretaria 1 de la Defensa Pública de Golfito, y con el debido respeto que
se merecen, por este medio me permito solicitarles lo siguiente:
En el mes de junio del presente año, salieron a concurso las plazas
vacantes de secretaria 1 de todas las Defensas Públicas del país, el
problema que se me presenta es que a pesar de que he venido ocupando
este puesto interinamente y desempeñándome de manera más que
satisfactoria según mis superiores, no cuento con el requisito de
secretariado exigido para el puesto, situación que me pone en desventaja a
la hora de tratar de concursar para el mismo. Según se me había
comunicado el único título válido para optar por el puesto de secretaria 1
era el emitido por un Colegio Técnico Profesional, pero leyendo los
requisitos del puesto, que literalmente indica: ― Bachiller en Educación
Media y Técnico Medio en Secretariado de un Colegio Técnico
Profesional, o Título de Técnico en Gestión Secretarial del Instituto
Nacional de Aprendizaje o Título de Secretariado de una Escuela
Comercial…”, me enteré que no sólo el título de un Colegio Técnico es
el único válido para optar por el puesto.
Ante tal situación solicito respetuosamente, que se suspenda el
nombramiento en propiedad del puesto de secretaria 1 de la Defensa
Pública de Golfito y me concedan un plazo razonable, a efecto de poder
obtener el título de secretaria requerido en una escuela reconocida por el
Ministerio de Educación Pública, para así poder cumplir con la totalidad
de requisitos y poder concursar por el puesto. Realizo la presente gestión,
por conocer de un caso similar, ocurrido en la Defensa Pública de
Desamparados a la compañera Ester Barrantes, donde se le brindó a ella
la misma oportunidad que estoy solicitando, de tal forma que yo también
pueda gozar de la igualdad de oportunidades antes mencionadas. Cabe
mencionar que el caso de la compañera Ester fue conocida en la sesión
81-09, artículo 77, del 27 de agosto de 2009.
204
Para notificaciones señalo el correo electrónico de la Defensa
Pública Golfito.‖
-0-
Por su parte, la licenciada Christy Vargas Sandoval, Coordinadora de la
Defensa Pública de ese Circuito, indicó lo siguiente:
―Vista la solicitud que realiza la señorita Noelia Mayorga Catón,
secretaria 1 de esta oficina, es preciso indicar que avalo la gestión que
realiza la misma, ya que estoy muy satisfecha con la labor que ha venido
desempeñando en el puesto y considero que es una persona capaz de
desempeñarse con mística y dedicación como lo ha venido haciendo
durante estos tres años, por lo cual, solicito con el debido respecto, le
concedan la oportunidad para que en un tiempo prudencial pueda obtener
el título de secretariado y cumpla así con la totalidad de los requisitos
requeridos.‖
-0-
Se acordó: 1) Trasladar la gestión al Departamento de Personal para que se
analice el caso de la servidora Mayorga Catón. 2) Solicitar a ese Departamento que
analice la situación de los servidores y servidoras de la Defensa Pública que se
encuentren en la misma condición de la gestionante, con el fin de dar una solución
integral a la problemática planteada respecto al requisito del puesto, y agilizar así
los nombramientos en propiedad que correspondan.
ARTÍCULO LXIII
En sesión de Corte Plena Nº 08-09 del 9 de marzo del año en curso, artículo
XXXIV, entre otros aspectos, de conformidad con el artículo 44 párrafo 4° de la
205
Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un proyecto de interés
institucional, se concedió permiso con goce de salario y sustitución a tres
Auxiliares Judiciales 1 del Juzgado Contravencional, a un Auxiliar Judicial 3 del
Juzgado Penal, a tres Auxiliares Judiciales 3 y a un Auxiliar de Servicios
Generales 3 del Tribunal de Heredia, por el término de seis meses a partir del 16 de
marzo de este año, para la colaboración en la tramitación y diligencias referentes a
delitos en flagrancia y con motivo de la creación del Juzgado Penal y el Tribunal
de Flagrancias de Heredia.
Posteriormente, en sesión Nº 86-09 del 16 de setiembre en curso, artículo
XXVI, de conformidad con la normativa citada, se prorrogó el permiso con goce
de salario y sustitución a tres Auxiliares Judiciales 3 y a un Auxiliar de Servicios
Generales 3 del Tribunal de Heredia, a partir del 17 de los corrientes y hasta el 31
de diciembre de este año, para la colaboración en la tramitación y diligencias
referentes a delitos en flagrancia. Lo anterior en virtud de que para el año próximo,
esas plazas fueron creadas.
La señora Lizeth Arguedas Espinoza, Auxiliar Judicial del Tribunal de
Heredia, expresó lo siguiente:
―La presente es para saludarles y a la vez para solicitarles por este
medio se sirvan aclarar el acuerdo 8-09 (sic), celebrado en la sesión del
09 de febrero del 2009, artículo XV del programa propuesto por el
Magistrado Arroyo, para la atención de contravenciones y delitos en
flagrancia para el Circuito Judicial de Heredia, el cual dio inicio desde el
206
01 de marzo del año en curso.
Mi nombre es Lizeth Arguedas Espinoza, me desempeño como
auxiliar judicial tres en el Tribunal Penal de Juicio de Heredia, poseo
propiedad en dicha oficina desde diciembre del 2003 en el puesto 95505 y
según el acuerdo mencionado líneas arriba actualmente me encuentro con
un permiso con goce de salario especial y desde el mes de marzo,
condición de la cual me enteré hasta el 20 de agosto del 2009,
aproximadamente, a raíz de la solicitud de vacaciones que hice ante las
jefaturas de la oficina en que laboro, esto porque no fui informada de
dicho acuerdo, Si bien es cierto y según el acuerdo, se indica: ―De
conformidad con el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y por tratarse de un proyecto de interés institucional, conceder
permiso con goce de salario y sustitución de Tres Auxiliares Judiciales 3
del Tribunal de Heredia por el término de seis meses a partir del 16 de
marzo del 2009‖, no se indica a cuales plazas del Despacho se refieren, y
de ahí surgen las siguientes consultas: ¿Qué criterio debe tomar el
Despacho en cuanto a las plazas que gozarán de dicho permiso? ¿Debían
ser notificados los auxiliares de dicho acuerdo?, ¿Se ven afectados
derechos laborales a dichos empleados?, en caso de verse afectados
derechos: ¿Se afecta el cálculo del tiempo servido, jubilación,
prestaciones, vacaciones o algún otro?
Por lo anterior solicito se me aclaren por esta misma vía, las
interrogantes indicadas, esto por cuanto a la hora de solicitar las
vacaciones hacer la proposición de nombramientos electrónicamente no
pudo hacerse por la vía ordinaria, esto por la condición especial que goza
mi plaza. No omito indicar que según consulta realizada al señor Edgardo
Salazar Cascante, del Departamento de Personal, se gestionaron las
vacaciones solicitadas y la proposición de nombramiento pero de forma
directa con dicho empleado. Documentos de los cuales se adjunta copia.‖
-0-
Se acordó: Se acordó: 1.) Aclarar a la servidora Lizeth Arguedas Espinoza,
que sus derechos laborales no se están afectando por cuanto el permiso con goce
de salario y sustitución se concedieron de conformidad con el artículo 44, párrafo
4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.) Solicitar al Departamento de Personal,
207
brindar asesoramiento al Tribunal de Heredia para el tramite de las vacaciones de
los servidores que laboran en flagrancia y bajo la misma modalidad de la
gestionante. 3.) Comunicar a la Jefatura del citado despacho que deberá informar
en su momento a los servidores sobre los movimientos efectuados.
ARTÍCULO LXIV
El licenciado Oscar Medina Serrano, Coordinador de Mantenimiento de
Cartera del Departamento de Retención y Servicio al Cliente del Banco Popular, en
facsímil recibido el 8 de de setiembre en curso, expresa lo siguiente:
―De acuerdo con nuestra base de datos y a los registros de planilla
generados por el sistema Centralizado de Recaudación (SICRE), de la
C.C.S,S.; en El Poder Judicial existe cierta cantidad de Afiliados de
manera AUTOMÁTICA a Popular Pensiones, en el Régimen Obligatorio
de Pensión Complementaria (ROPC); este es el fondo de pensión que
eventualmente servirá para complementar su jubilación futura.
A través del SICERE únicamente obtenemos la identificación
mediante su número de cédula y nombre, sin tener a la fecha ningún otro
dato adicional (Dirección física Teléfono, dirección electrónica,
beneficiarios, etc), mismos que son esenciales para poder hacerles llegar
de manera oportuna la información sobre los saldos y rendimientos
ingresados a sus fondos de ahorro.
Es por ello que me permito comunicarle que actualmente en el
Poder Judicial están afiliados con nosotros 6780 colaboradores a quienes
se les requiere efectuar la actualización de datos de conformidad con la
Ley 8204 y la normativa de ―Conozca su cliente‖.
Por lo expuesto anteriormente solicitamos muy respetuosamente su
colaboración a fin de brindarnos esta autorización general de la visita con
el único objetivo de que nuestros clientes puedan ser contactados y
reciban oportunamente la información, el Área de Recursos Humanos, me
comenta que solo con su autorización se nos podrá dar la información del
lugar de trabajo de los funcionarios correspondientes.‖
-0-
208
Informa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que en su
oportunidad, tanto en el Primer Circuito Judicial de San José, cuanto en los
principales circuitos del país se concedió autorización para que los entes estatales
tuvieran un lugar en el que los servidores pudieran llegar a actualizar sus datos
personales.
Asimismo, manifiesta expresamente que en su caso particular y como
afiliado al fondo de pensiones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, no
autoriza al Departamento de Personal para que le sea entregada la información que
se da cuenta.
Manifiesta el integrante Martínez Fernández, que la información del lugar de
trabajo de cualquier servidor del Poder Judicial, es información pública y que
incluso en su caso así ha sido ubicado por personas interesadas en localizarlo.
En cuanto a la gestión que presentan los representantes del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, estima que tratándose de una entidad del Estado, sujeta a una
serie de regulaciones, no encuentra motivo para denegar la información que
requieren; en el entendido que corresponderá únicamente a cada uno de los
afiliados a ese régimen de pensión complementaría, decidir de acuerdo a sus
circunstancias y criterio, si les es posible atender a los funcionarios de ese
Banco en la visita que tienen programado realizar y la información que estén
209
dispuestos a brindarles. Finalmente, considera que será responsabilidad de esa
entidad, el manejo y la confidencialidad con que trabajen los datos que se les
pueda brindar.
Se acordó: 1.) Tomar nota del informe y de las manifestación del licenciado
Alfredo Jones León y de las del Integrante Martínez Fernández, lo que también
hará el Departamento de Personal, para lo que corresponda. 2.) Por mayoría,
acoger la gestión del licenciado Oscar Medina Serrano, de forma que se autoriza al
Departamento de Personal, a brindar únicamente, la información del lugar de
trabajo de los y las servidoras judiciales, correspondiente al listado que
proporcionará el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, relativo a los afiliados
al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria que administra esa entidad.
Las licenciadas Conejo Aguilar y Chaves Cervantes votaron por denegar la
gestión anterior, por estimar que no es conveniente dar una autorización general y
considerar que es obligación de cada afiliado mantener actualizados sus datos.
ARTÍCULO LXV
Mediante Circular N° 157-02 bis de 20 de enero de 2003, publicada en el
Boletín Judicial N° 28 de ese mes, la Secretaría General de la Corte, hizo de
conocimiento de las autoridades judiciales del país, lo dispuesto por este Consejo,
en sesión N° 87-02, celebrada el 19 de noviembre de 2002, artículo LXXIV, en
210
que dejó sin efecto la Circular N° 144-02, sobre la prohibición de brindar a
particulares información de expedientes judiciales.
En relación con lo anterior, el licenciado Carlos Humberto Venegas Avilés,
Juez Coordinador del Juzgado de Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito
Judicial de Guanacaste, mediante correo electrónico de 8 de setiembre en curso,
comunicó lo siguiente:
―Para el estimable conocimiento del Consejo Superior remito la
siguiente solicitud: En varias ocasiones, representantes de Oficinas de
abogados, se han apersonado a este despacho con la finalidad de obtener
información de los libros de entradas generales, principalmente
relacionado con la materia de cobro judicial. En cuanto a la información
que consta en los libros de entradas físicos, ello nunca ha representado un
problema, pues simplemente se les facilita el libro correspondiente a fin
de que se transcriba la información que les interesa. No obstante lo
anterior, si se ha presentado una serie de inconvenientes en relación a la
información que no consta en libros físicos, sino informáticos, pues los
usuarios en cuanto a esta información se refiere, lo que pretenden es que
el despacho les haga una copia de la base de datos para llevarse la
información en un medio electrónico (llave maya, disco compacto, etc).-
Los interesados, en las ocasiones mencionadas, han fundamentado
su gestión en las circulares 157 y 157 Bis del año 2002, mediante las
cuales se autorizó a los particulares el acceso a la información crediticia
que se conserva en los despachos judiciales. No obstante lo anterior,
estima el suscrito, que lo pretendido por los usuarios, dista bastante de lo
acordado por ese Consejo mediante las circulares indicadas, pues en las
mismas se establece con claridad que en el caso de los datos que se
almacenan en registros informáticos, el deber de los servidores judiciales
se limita a facilitar la consulta a la base de datos, para que igualmente se
transcrita por la persona interesada, no una copia de la misma almacenada
en un medio electrónico como se indicó pretenden los usuarios.-
Ahora bien, estimo que el problema no consiste en mostrar la
información a la persona usuaria, sino en la forma o el procedimiento de
211
hacerlo, pues se presenta un problema; al menos en este despacho, para
facilitar la consulta a la base de datos a las personas usuarias, pues
incluso el perfil de consulta de los auxiliares judiciales, le brinda acceso
al usuario a realizar ciertas modificaciones necesarias de su gestión y
además le brinda acceso a la carpeta de "borrador público", que como
todos sabemos contiene información que no puede ser mostrada a los
usuarios, pues no se encuentra en firme, y por ello considero que no
resulta conveniente facilitar a los usuarios este tipo de consulta, amén de
que ello implicaría dejar sin computador a un auxiliar durante el tiempo
que el usuario la utilice.-
He consultado el asunto con el personal de informática de este
circuito judicial, y se me ha informado que existe la posibilidad de
generar un reporte de casos entrados, realizando una consulta por fecha
de entrada, no obstante he verificado que dicha consulta no asocia los
intervinientes, que es la información que mas interesa a los usuarios.
Asimismo, he verificado que al realizar una consulta en la carpeta de
intervinientes y por fecha de entrada que es la única información que los
usuarios proporcionan, este genera un reporte por fecha de entrada y por
interviniente pero sin asociar el tipo de interviniente ni la naturaleza del
proceso, que según he podido entender es una información importante
para las usuarios que realizan este tipo de gestiones. En todo caso según
me han informado en el departamento de informática, una consulta de
este tipo, para obtener la información de todos estos años en que no existe
libro físico de entradas, podría durar incluso varios días, con los
inconvenientes que ello generaría en la gestión del despacho.-
Según me han informado en el departamento de informática de este
circuito judicial, las decisiones sobre la conveniencia o no de brindar a los
usuarios la información de las bases de datos que han solicitado,
corresponden al jefe del despacho, quién es el responsable de tal decisión,
y quién deberá autorizar la gestión, lo que considero; salvo mejor criterio
de ese consejo, resulta contraproducente, pues como sabemos la
información de las bases de datos de todos los despachos con Sistema de
Gestión se almacena en servidores ubicados en el departamento de
informática, por lo que se estima, salvo que ese honorable Consejo
considere otra cosa, debería corresponder a dicho departamento o al
Departamento de Tecnología de la Información, no solo por el fácil y
rápido acceso que pueda obtenerse, sino sobre todo porque la gestión se
realizaría por técnicos especializados, garantizándose de tal manera que la
información brindada a los usuarios es la necesaria para los fines
212
apuntados, sin violentar los derechos de las personas.-
En virtud de todo lo expuesto, de conformidad con la normativa de
control interno vigente, a fin de garantizar la seguridad de la información
almacenada en las bases de datos de este despacho, remito la presente
solicitud, a fin de que ese Consejo, si resulta procedente, se sirva aclarar
los alcances en este sentido de las Circulares 157 y 157 Bis del año 2002,
y se sirva establecer las pautas y el procedimiento a seguir ante
solicitudes como la que nos ocupa, así como los funcionarios o
departamentos encargados de realizar tales gestiones, todo a fin de poder
brindar a los usuarios, una información precisa y ágil cuando se formulen
solicitudes de esta naturaleza.-‖
-0-
Se acordó: Comunicar al licenciado Carlos Humberto Venegas Avilés que
de existir interés legal, los personas usuarias podrán tener acceso a los expedientes
judiciales y utilizar los medios tecnológicos como fotocopiadoras, escáneres
portátiles, cámaras digitales y otros, para la obtención de copias de los expedientes
y documentos, siempre que estén debidamente autorizadas, por lo que el despacho
deberá tomar las precauciones y controles correspondientes.
Lo anterior de conformidad con lo resuelto por este Consejo en sesión N°
84-05, celebrada el 25 de octubre, artículo LXIV, comunicado mediante circular
N° 169-05 publicada en el Boletín Judicial N° 6-06 del 9 de enero del 2006.
ARTÍCULO LXVI
En sesión N° 77-09 celebrada el 13 de agosto recién pasado, artículo XLIX,
se aprobaron las reasignaciones de los puestos de las administraciones regionales
citadas en ese acuerdo, a partir del 30 de abril del 2009, fecha en que el Consejo
213
Superior conoció del acuerdo del Consejo de Personal en que consultó si debían
continuar o no con el trámite del estudio de clasificación y valoración de las
Administraciones Regionales ya conocido por ellos y sobre el cual no tenían
observaciones de índole técnico.
En atención a lo anterior, el señor Luis Ángel Vásquez Vallejos, Profesional
1 interino de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de
Guanacaste, en nota de 7 de los corrientes, expresó lo siguiente:
―Desde enero de 2007 me he desempeño en el puesto No.20305
como Profesional 1 en la Administración Regional de Liberia del Primer
Circuito Judicial de Guanacaste, puesto en el cual me he desempeñado de
forma interina hasta la actualidad.
El requisito para poder cubrir este puesto era tener Bachillerato en
una carrera afín, por lo que en base a la Circular No.16-2009 sobre los
lineamientos a seguir para el nombramiento en propiedad en las plazas
vacantes, publicado en la Gaceta No.39 del 25 de febrero de 2009 y su
modificación mediante Circular No.43-2009 publicada en la Gaceta
No.85 del 05 de mayo de 2009, me encontraba como elegible para el
puesto en propiedad en esta plaza de Profesional 1. Sin embargo con la
nueva reestructuración de las Administraciones Regionales aprobada en
Sesión No.77-2009 artículo XLIX del 13 de agosto de 2009 este puesto
fue recalificado y requiere como requisito el nivel a Licenciatura.
Ante esta situación; mis objetivos fueron tener la licenciatura en la
Carrera de Administración de Negocios antes que se realizara la nueva
reestructuración administrativa, sin embargo por situaciones de salud de
mi Señor Padre y otras situaciones personales, tuve que hacer
ampliaciones para poder terminar mi tesis o proyecto y a esta fecha me
encuentro en espera únicamente de defenderla para poder cumplir con
este requisito y tener el grado académico de Licenciado.-
Es por ello; que acudo ante ustedes para que se me conceda una
prorroga por el lapso de seis meses para poder cumplir con los requisitos
necesarios, ya que como les comente el puesto fue recalificado y me
gustaría poder seguir sirviendo a la Institución desde el puesto donde me
desempeño.
214
Cabe indicar; y de la manera más humilde y sencilla, que durante
el tiempo que me he desempeñado como profesional 1 en la
Administración Regional de Liberia, he cumplido a cabalidad con las
exigencias y demandas que el puesto amerita, y que mi aporte y esfuerzo
a ayudado a conseguir resultados positivos y en base a los objetivos
propios de la administración y siempre en bienestar del Primer Circuito
Judicial de Guanacaste.‖
-0-
Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al
Departamento de Personal, que en relación con la reasignación de los puestos de
las Administraciones Regionales informe, en el término de 5 días contados a partir
del siguiente a la comunicación del presente acuerdo, quienes son los servidores
que se encuentran nombradas interinamente en las plazas de las administraciones
regionales y no tienen requisitos.
ARTÍCULO LXVII
En sesión N° 26-08 del 10 de abril del 2008, artículo LXXIX, se tomó el
siguiente acuerdo:
―En oficio N° DDSS-821-08 de 8 de abril en curso, el doctor José
Miguel Rojas Hidalgo, Director de la Dirección de Desarrollo de
Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, expresa lo
siguiente:
―ASUNTO: Solicitud de Audiencia para presentación propuesta del Plan Piloto
Medicina de Empresa CCSS-Tribunales de Justicia.
En atención al asunto mencionado en el epígrafe, le solicito
respetuosamente, una audiencia ante los miembros del Consejo Superior de la
Corte, con el fin de realizar la presentación de la propuesta correspondiente al
Plan Piloto que se llevaría a cabo entre la Caja Costarricense del Seguro Social y
la Corte Suprema de Justicia para la Atención Integral en el Escenario Laboral. Se
215
sugiere una fecha de ser posible en la semana venidera, en día y hora indicada por
ustedes.‖
-0-
Se acordó: Acoger la gestión anterior y conforme lo solicita el
doctor José Miguel Rojas Hidalgo, conceder la audiencia para tratar el
asunto señalado. Para tal efecto, se señalan las 8,30 horas del 18 de abril
del 2008, en la oficina N° 907, noveno piso del Edificio de la Corte. Se
declara firme este acuerdo.”
-0-
En nota de 20 de agosto en curso, los servidores Nydia Piedra Ramírez y
Sammy Ugalde Villalobos, del Juzgado de Cobro y Asuntos Sumarios, Luis Chang
Pizarro, de la Fiscalía General, Ana Victoria Acuña Arana, de la Contraloría de
Servicios del Segundo Circuito Judicial de San José, Adriana Salazar Quesada, de
la Biblioteca Judicial, Sady Jiménez Quesada, del Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, Anabelle Cordero Montero, del Juzgado de
Trabajo y Ana Isabel Orozco Álvarez, del Servicio Médico para Empleados, todos
del Segundo Circuito Judicial de San José, solicitan lo siguiente:
―El Consejo Superior en sesión N° 26-08 celebrada el 10 de abril del
año 2008, articulo LXXIX, acordó implementar el Plan Piloto de
Atención Integral en Salud en coordinación con la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS), para lo cual, entre las acciones coordinadas se
llevó a cabo una actividad de Promoción de la Salud el día 13 de mayo
del año en curso, que fue impartido por personal de la CCSS. Dentro de
las acciones a desarrollar en la Promoción de la Salud, se encuentra la
participación activa de los usuarios de salud en las actividades y
proyectos para mejorar su salud.
Cabe mencionar que en el Plan Estratégico del Sector
Administrativo, se anota la necesidad de implementar programas de
atención integral en salud que contemple las área de Promoción de la
Salud, Prevención de la enfermedad, reinserción laboral, y de salud
216
ocupacional, mientras que el Plan Estratégico Institucional,
específicamente el objetivo 10 está relacionado a la necesidad de
consensuar y consolidar la política estratégica de recursos humanos
Se les comunica que con el interés de contribuir a un mejor
desarrollo del elemento humano, mediante planes y proyectos para
fomentar y fortalecer la salud de los servidores judiciales del Circuito, se
ha constituido un Comité de Salud conformado por los suscritos.
El Comité de Salud ha realizado, desde noviembre del año 2008 a la
fecha, una serie de reuniones en la hora de almuerzo, de tal forma que se
ha desarrollado un Plan de Trabajo para el II semestre del año en curso, el
cual se adjunta.
Basados en lo anterior se solicita se otorgue el permiso respectivo
para el funcionamiento oficial del Comité de Salud en el II Circuito
Judicial de San José, así como autorización para programar las reuniones
durante una audiencia al mes.‖
-0-
Se acordó: 1.) Acoger la gestión del Comité de Salud del Segundo Circuito
Judicial de San José. 2.) Tomar nota del plan de trabajo. 3.) Informar a los
integrantes del citado comité que deben comunicar a su Jefatura cuando deban salir
a atender algún evento.
La Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de San José
tomará nota para lo que corresponda.
ARTÍCULO LXVIII
Mediante circular N° 76-07 del Consejo Superior, publicada en el Boletín
Judicial N° 167-07 del 31 de agosto del 2007, se comunicó a todos los Juzgado
Penales sobre el "Deber de enviar a los Juzgados de Tránsito los asuntos que se
desestiman en vía penal", la cual literalmente dice:
217
“CIRCULAR N° 76-07
Asunto: Se deja sin efecto las Circulares N° 120-2003 y 161-2004 sobre
el "Deber de enviar a los Juzgados de Tránsito los asuntos que
se desestiman en vía penal", y en su lugar se aprueba la
propuesta elaborada por la Comisión de Tránsito.
A TODOS LOS JUZGADOS PENALES DEL PAÍS
SE LES HACE SABER QUE:
El Consejo Superior, en sesión N° 52-07, celebrada el 19 de julio de
2007, artículo XLVIII, dispuso a solicitud de la Comisión de Tránsito,
dejar sin efecto las Circulares N° 120-2003 y 161-2004 sobre el "Deber
de enviar a los Juzgados de Tránsito los asuntos que se desestiman en vía
penal", y aprobó la propuesta de esa Comisión, con el fin de orientar el
trámite de los asuntos relacionados con esa materia, en los siguientes
términos:
1) Las causas desestimadas, en sede penal, por el delito de lesiones
culposas ocurridas a raíz de un accidente de tránsito no deben ser
remitidas al Juzgado de Tránsito; sino que permanecerán en el archivo del
Juzgado Penal correspondiente, a fin de que la parte interesada que así lo
desee pueda instar y reactivar la causa en un momento posterior, siempre
en sede penal. En caso de que no se inste y exista interés de alguna de las
partes, la indemnización por los daños y perjuicios deberá tramitarse en la
vía civil correspondiente.
2) Se remitirán al Juzgado de Tránsito únicamente aquellos casos en
que no se configure el delito de lesiones culposas, por existir incapacidad
igual o inferior a los cinco días.
3) Si se trata de un hecho que nace en sede de tránsito y en el cual se
determina una incapacidad por un período superior a los cinco días, se
declara la incompetencia para ante el Ministerio Público. Si la parte
interesada no insta, se ordenará la desestimación, y respecto de los daños
y perjuicios deberán dirimirse en la sede civil correspondiente. Por ende
estos expedientes no volverán al proceso de tránsito. Debe rescatarse que
pese a que la jurisdicción de tránsito se caracteriza por una respuesta más
expedita, no es posible entrar a conocer las causas en que haya lesiones,
por lo que no es competente para tramitar delitos.‖
-0-
218
En relación con la circular indicada anteriormente, mediante correo
electrónico de 10 de setiembre en curso, el licenciado Olman Ulate Calderón, Juez
del Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, expresó lo siguiente:
―A raíz de un asunto que debí resolver al conocer en segunda
instancia ante una apelación formulada por un co-imputado contra una
sentencia de sobreseimiento definitivo por el delito de lesiones culposas,
muy respetuosamente me permito sugerir al honorable Consejo Superior,
Comisión de Asuntos Penales y Comisión de Tránsito replantearse los
alcances de la Circular N° 76-07 emitida por el Consejo Superior, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
I.- Para cuando se emitió el criterio reseñado en la Circular N° 76-
07 el delito de lesiones culposas según la inteligencia del artículo 18 del
Código Procesal Penal era un delito de acción pública perseguible a
instancia privada, lo que explica el por qué las causas desestimadas por
dicha ilicitud debían permanecer archivadas en el Juzgado Penal a espera
de si la parte ofendida instaba la persecución de delito (punto 1 de la
circular), y eso mismo explica el por qué mientras no fuera superado el
obstáculo procesal (instancia privada) lo atinente a los aspectos civiles
(por ej: daños materiales) debían ser dilucidados en la vía civil. (punto 3
de la circular).
II. Que con la reforma al inciso c) del artículo 18 de la ordenanza
procesal, mediante ley 8696 que entró en vigencia el 23 de diciembre del
2008 según Alcance N° 55 a la Gaceta N° 248, el delito de lesiones
culposas pasó de ser un delito de acción pública perseguible a instancia
privada, a un delito de acción pública, es decir, se eliminó el obstáculo
procesal con el cual fue concebido desde la promulgación de la nueva
normativa procesal. Esta reciente reforma procesal plantea en mi humilde
criterio la necesidad de reformular los alcances de la circular 76-07, por
cuanto en caso de que la víctima halla sufrido una incapacidad superior a
los cinco días pero no tenga interés alguno en brindar al Ministerio
Público su versión de los hechos, ya sea porque no le interesa el proceso o
porque arregló extrajudicialmente con los implicados y resulte
imposible determinar la dinámica de los hechos y la probable
responsabilidad penal de quien o quienes figuren como imputados (en
caso de colisión y la víctima no sea uno de los conductores), lo que
219
correspondería al fiscal sería promover la desestimación de la causa por
insuficiencia de elementos probatorios capaces de intimar hechos y
formular el requerimiento acusatorio (artículo 299 C.P.P.) y de ser
acogida por el juzgador penal preparatorio ordenar su inmediata remisión
al Juzgado de Tránsito para que se pronuncie respecto de las infracciones
a la Ley de Tránsito y sobre la eventual responsabilidad civil por los
daños causados. Esta posición fue la asumida por el honorable Consejo en
las Circulares 120-2003 y 161-2004, las que sin embargo posteriormente
fueron dejadas sin efecto por la 76-07, con buen tino por cuanto la norma
procesal aplicable en ese momento (art. 18 del C.P.P.) no permitía una
conclusión distinta a la considerada por la Comisión de Tránsito, sin
embargo, la regulación jurídica de ese tópico varió con la reforma
procesal citada, lo que a juicio del suscrito juzgador demanda replantearse
las directrices emitidas. Por los momentos creo que lo procedente sería
volver a los alcances de la Circular N° 120-2003, toda vez que en caso de
no existir suficiente prueba para fundar una acusación por el delito de
lesiones culposas, y tratándose la Ley de Tránsito de orden público
corresponde al Estado pronunciarse sobre las infracciones acaecidas y las
consecuencias civiles derivadas de una conducción contraria a los
principios y normas que rigen la circulación en las vías terrestres.
Dejo así planteado mi criterio sobre la necesidad de emitir una
nueva circular retomando los alcances del criterio vertido por el Consejo
Superior en la circular 120-2003.‖
-0-
Se acordó: Tomar nota de la gestión anterior y trasladarla a análisis e
informe de la Comisión de la Jurisdicción de Tránsito.
ARTÍCULO LXIX
Mediante Circular N° 74-09 de 2 de setiembre en curso, la Secretaría
General de la Corte hizo de conocimiento de la Judicatura, Ministerio Público,
Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial, que el Consejo Superior
en sesión Nº 63-09 celebrada el 18 de mayo del 2009, artículo LXIX, aprobó
220
realizar una adición al punto 8) del ―Protocolo para Trasladar en Condiciones de
Seguridad a los Representantes de la Judicatura, Ministerio Público y Defensa
Pública en el Ejercicio de sus Labores‖,cuyo texto fue divulgado mediante Circular
56-2009, publicada en el Boletín Judicial Nº 109 de 08 de junio de 2009.
En relación a la circular mencionada, en correo electrónico de 9 de setiembre
en curso, el licenciado José Francisco Calderón Zúñiga, Asistente Judicial 1 del
Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José,
manifestó lo siguiente:
―… por laborar en el despacho de Pensiones Alimentarias del
Segundo Circuito Judicial de San José, algunas veces necesitamos algún
tipo de seguridad de la que se habla en la presente circular, por cuanto
todos los viernes tenemos que practicar ordenes de allanamiento y en
algunos lugares conflictivos como son: Purral, Los Cuadros, León XIII,
Tirrases de Curridabat, Coronado, Lotes Méndez. Favor indicarnos si
dicha circular cubre a este despacho y si es así informar de previo con
quien hay que coordinar para efectos de la colaboración que nos puedan
brindar los compañeros del Organismo de Investigación Judicial.‖
-0-
Previamente a resolver lo que corresponda y por mayoría, se acordó:
Trasladar la gestión anterior a la Dirección General del Organismo de
Investigación Judicial, para que en el término de tres días contados a partir de la
comunicación de este acuerdo, analice la planteado por el licenciado José
Francisco Calderón Zúñiga, e informe a este Consejo lo que corresponda.
El licenciado Martínez Fernández, dispuso comunicar al licenciado José
221
Francisco Calderón Zúñiga, Asistente Judicial 1 del Juzgado de Pensiones
Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José, que de conformidad con la
circular Nº 56-2009, ese despacho está cubierto por el ―Protocolo para Trasladar en
Condiciones de Seguridad a los Representantes de la Judicatura, Ministerio
Público y Defensa Pública en el Ejercicio de sus Labores‖, por lo que en caso de
requerirlo, deben seguir sus lineamientos. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO LXX
La servidora Jacqueline Hidalgo López, Secretaria 1 de la Defensa Pública
de Siquirres, en nota de 2 de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:
―… me presento ante ustedes para hacerle de su conocimiento la
situación que se esta generando a raíz de nuevas directrices para el perfil
académico de mi puesto, el cual me solicitan el secretariado. Cuando
ingresé a la Defensa Pública no tenía conocimiento de este requisito,
tampoco se me informó, lo cual estoy muy preocupada en vista que mi
situación cambiará bruscamente, tengo conocimiento de que una
secretaria, Ester Barrantes vargas, ha formulado esta misma petición y se
la ha otorgado el plazo solicitado.
Estimados señores, lo que solicito es que me otorguen un plazo
necesario para poder cumplir con este requisito: técnico secretariado, y
poder mantenerme laboralmente activa en la institución, mi
nombramiento es hasta este mes (septiembre). POR LO QUE SE ME
HACE URGENTE SU DECISIÓN.‖
-0-
Consultado vía telefónica a la señora Lupita Polanco Obando, Secretaria 1 de
la Defensa Pública de Siquirres, informó que se encuentra ascendida como
Defensora Pública en ese mismo despacho, hasta el último día laboral del año en
222
curso, porque nombraron a otra persona en propiedad en esa plaza.
Se acordó: 1.) Comunicar a la servidora Hidalgo López que en el tanto la
propietaria de la plaza no regrese puede ocupar el puesto. 2.) Solicitar al
Departamento de Personal valorar la situación de los servidores y servidoras de la
Defensa Pública que se encuentren en la misma condición del gestionante, con el
fin de dar una solución integral a la problemática planteada respecto al requisito
del puesto, y agilizar así los nombramientos en propiedad que correspondan.
ARTÍCULO LXXI
Mediante circular N° 16-09 publicada en el boletín judicial N° 39 del 25 de
febrero de este año, se comunicó a los servidores y servidoras judiciales del país y
a las asociaciones gremiales del poder judicial, los lineamientos a seguir para el
nombramiento en propiedad en las plazas vacantes.
La señora Movany Bryden Morgan, servidora de la Defensa Pública del
Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en nota de 11 de setiembre en curso,
solicita lo siguiente:
―Quien suscribe, Movany Bryden Morgan, mayor de edad, soltera,
funcionaria judicial con una trayectoria de más de veinte años de laborar
para la Defensa Pública, cédula de identidad 7-088-039, vecina de Limón,
por este medio comparezco, de manera respetuosa, a hacer de su
conocimiento una situación laboral actual que me causa perjuicio. El
Departamento de Gestión Humana sacó a concurso, según número 0349-
2009, el puesto de secretaria de la Defensa Pública de Limón. No
obstante ello, aunque yo formaba parte de la nómina de 12 personas
oferentes y, en ese sentido, el mismo coordinador propietario de dicha
223
oficina, Msc. Mario Alberto Serrano Zamora, recomendó mi nombre para
el puesto, la Jefatura de la Unidad Administrativa no me propuso ya que,
según su criterio, no cumplía con uno de los requisitos para el cargo,
concretamente el título de secretaria.
Es importante señalar que la recomendación del coordinador
obedece, según lo expuso, a la idoneidad comprobada de mi persona en
el puesto de secretaria que ocupo de forma interina desde hace cuatro
años aproximadamente. Debo decir que he sido destacada por parte de los
diferentes coordinadores como una persona de gran dedicación, honradez,
compromiso y mística en el desempeño de mi función.
Esta idoneidad comprobada en el puesto debe ser valorada a
efectos de que se me nombre en propiedad con base en las Circulares 16-
2009, que enumera el artículo XXXII de la sesión 06-09, del Consejo
Superior celebrado el veintidós de enero del dos mil nueve, sobre los
lineamientos a seguir para el nombramiento de propiedad en las plazas
vacantes y número 43-2009 artículo LII de la sesión 31-09 del 31 de
marzo del dos mil nueve, aunado ello los requisitos del Manuel de
Puestos de Departamento de Gestión Humana. En este mismo sentido,
debo mencionar que como parte de la actualización en pro del
mejoramiento en la prestación del servicio he sido capacitada por parte de
la Escuela Judicial en diferentes temas que tienen que ver con el puesto
de secretaria según se puede ver en mi expediente en el Departamento de
Personal. Un aspecto de suma importancia es que, según mi educación
secundaria en el colegio Técnico Profesional de Limón, obtuve el grado
de TECNICO MEDIO EN CONTADOR y el título de Conclusión de
Estudios de Educación Diversificada en Educación TECNICA
MODALIDAD COMERCIAL ESPECIALIDAD CONTABILIDAD, de
modo que el tema de secretariado no es ajeno a mi formación educativa
ya que aprobé cursos de mecanografía, ortografía, redacción, etc.
Esta situación laboral que les expongo no es nueva dentro del
Poder Judicial, ya que en el pasado, ante casos similares, se han dado
pronunciamientos favorables a los funcionarios, ello en aras de la mejor
prestación del servicio público y de no causar desfases en las oficinas. De
este modo, con base en el acuerdo de Corte Plena en la Sesión N° 02-02
del veintiuno de enero del dos mil dos en su artículo XIV, y el acuerdo
del Consejo Superior en la Sesión 37-07 artículo XXXVIII celebrada el
veintidós de mayo del dos mil siete, solicito la convalidación de mi título
de Técnico Medio en Contabilidad al título de secretariado según el
requisito del puesto. Para ello es importante hacer mención del estudio
realizado bajo el oficio 346-JP-07 informe número IDH- 0343-07 que
224
dice: “Acoger el informe presentado por el Departamento de Personal y
aprobado por el Consejo de Personal, en el entendido que las
reasignaciones que se aprueban de servidores y servidoras que no
cumplen con el requisito académico, lo es en el tanto que el citado
Departamento y el Consejo de Personal han determinado que se les
puede aplicar el criterio de preparación equivalente del requisito
académico, mediante la comprobación de que están nombrados en
propiedad, cuentan con suficiente experiencia específica en el puesto a
reasignar, antigüedad en el Poder Judicial y cursos de capacitación
complementarios que le permiten ejercer el cargo con idoneidad,
criterios que continuará el citado Departamento de Personal aplicando
en el caso de puestos no profesionales, por cuanto en los de profesionales
regirá lo dispuesto por este Consejo en sesión N° 9-07 celebrada el 6 de
febrero de este año.” Esto debe valorarse a la luz de la responsabilidad
del Poder Judicial en la prestación del servicio, ya que la Defensa Pública
de Limón es la quinta oficina más grande de todo el país en cuanto a
personal profesional refiere, ya que en la actualidad hay 20 defensores/as
públicos/as, cuatro asistentes jurídicos, tres auxiliares administrativos y
un conserje, esto sin dejar de lado la proyección de crecimiento
significativo del recurso humano profesional y administrativo para el
próximo año.
Por otro lado, en caso de que no se me convalide mi título de
contabilidad he realizado gestiones para cursar y obtener el grado de
secretaria en una escuela comercial. Debo señalar que en Limón el curso
tiene una duración de dos años en la Universidad de San José. Por otro
lado, la Escuela Boston en Guápiles imparte el curso pero las lecciones
son entre semana algunas de ellas. Por tal razón, gestioné ante la escuela
comercial Yunis Universe en San José, dicho centro imparte lecciones los
días sábados y la duración es de siete a ocho meses, esta última opción es
la más favorable y estoy dispuesta a hacer el esfuerzo y desplazarme hasta
San José todos los sábados para cumplir con este requisito en caso de que
este Consejo así me lo permita.
PETICIÓN: 1) Con base en lo expuesto solicito, en primer
término, se me convalide mi título de Técnico Medio en Contabilidad al
título de secretariado según el requisito del puesto de secretaria en
concurso y, en consecuencia, se me nombre en propiedad como secretaria
de la Defensa Pública de Limón.
2) En defecto de lo anterior, solicito se me conceda un tiempo
prudencial para obtener el grado académico requerido en una escuela
225
comercial en San José, tal y como se le resolvió favorablemente a una
funcionaria también de la Defensa Pública conforme al artículo LXXVII,
de la Sesión 81-09 del Consejo Superior celebrada el día veintisiete de
agosto del presente año.
Sin otro particular me despido no sin antes agradecer la atención a
la presente solicitud, para lo cual dejo a su disposición el correo
electrónico de la Defensa Pública de Limón en caso de cualquier
aclaración o ampliación a esta nota.‖
-0-
Se acordó: 1.) Trasladar la gestión al Departamento de Personal para que
analice el caso de la servidora Bryden Morga. 2.) Solicitar a ese Departamento que
analice la situación de los servidores y servidoras de la Defensa Pública que se
encuentren en la misma condición del gestionante, con el fin dar una solución
integral a la problemática planteada respecto al requisito del puesto, y agilizar así
los nombramientos en propiedad que correspondan.
ARTÍCULO LXXII
En sesión N° 83-09 del 3 de setiembre en curso, artículo LXI, se acogió la
gestión del Departamento de Proveeduría, en consecuencia, se hizo una atenta
instancia a la Contraloría General de la República, para que concediera la
autorización correspondiente que posibilite a este Poder de la República a realizar
el procedimiento de contratación respectivo, para la compra de un nuevo equipo
denominado Comparador de Video Espectal ó Docucenter, lo anterior con
fundamento en lo que establecido en los artículos 8 de la Ley de Contratación
226
Administrativa y 9 del Reglamento de la citada ley.
En atención a lo anterior, con oficio N° DJ-1137 de 14 de este mes, suscrito
por los licenciados Oscar Castro Ulloa, Gerente asociado interino y la licenciada
Dixie Murillo Víquez, Fiscalizadora Asociada de la Contraloría General de la
República, comunican lo siguiente:
―…I Antecedentes y Justificaciones:
1) Mediante oficio SP-375-09 de fecha 04 de setiembre 2009, recibido en
esta Contraloría General el 8 de setiembre de 2009, la Administración
indicó que es de suma importancia para sus intereses, iniciar el
procedimiento de contratación administrativa para adquirir un equipo
nuevo Docucenter, por un monto aproximado de ¢54.000.000.
2) La Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos del
Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses, tiene bajo su
responsabilidad la verificación de veracidad o no de los documentos
que son enviados a esta Sección.
3) El Docucenter con que actualmente cuenta esta Sección no abastece la
cantidad de análisis requeridos y tiene un desfase de 10 años, por lo
cual se requiere de un nuevo equipo que permita llevar a cabo la
cantidad de análisis en los documentos solicitados y que cumpla con
los requerimientos de cobertura en el rango de luz infrarroja en estudio
de sistemas de impresión.
4) El valor aproximado de mercado del Comparador de Video Espectal
(Docucenter) corresponde a la suma de ¢54.000.000, de los cuales la
Corte Suprema de Justicia cuenta con ¢24.000.000, faltando
¢30.000.000 para hacerle frente a dicha erogación.
5) Mediante oficio 7527-DP/28-09 de fecha 14 de setiembre 2009, la
Administración indicó que los recursos faltantes para ejecutar este
proyecto o sea la cantidad de ¢30.000.000, se han incorporado al
presupuesto vía transferencia en la modificación presupuestaria 7, la
cual se encuentra en proceso de aprobación interna, para continuar
luego con los procesos de aprobación externos. Igualmente aportan una
certificación de contenido presupuestario por el orden de ¢24.000.000,
en la cual se expresa que dichos recursos serán empleados en la
adquisición del Docucenter.
II. Criterio de la División:
227
Al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, derivado del
numeral 8 de la Ley, es necesaria, la autorización de este órgano contralor
para necesidades calificadas y cuando el inicio y ejecución del
procedimiento -ambos supuestos-, se den dentro del mismo período
presupuestario.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, indica Administración que
es de suma importancia para sus intereses, iniciar el procedimiento de
contratación administrativa adquirir un equipo nuevo Docucenter, por un
monto aproximado de $54.000.000, mismo que es necesario para atender
las consultas sobre la validez de documentos que se presentan ante
Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos del
Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses.
Esta Contraloría General ha considerado muy relevante la correcta
atención de estas gestiones sobre validez de documentos que ejecuta el
Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses y en consecuencia,
procede a otorgar dicha autorización, la cual queda sujeta a los siguientes
condicionamientos:
1) Que la Corte Suprema de Justicia le de un trámite expedito a la
aprobación del presupuesto para el año 2010, donde se deben encontrar
incorporados los recursos presupuestarios que le harán frente a la
erogación que va a contraer esa Administración respecto al proyecto de
marras; toda vez que hasta a la fecha no ha terminado de ser aprobado
internamente, faltando además la aprobación presupuestaria externa,
2) Que en el pliego de condiciones base de este procedimiento de
contratación, la Administración deberá advertir que no se cuenta con el
contenido presupuestario y que la validez de dicho concurso, quedará
supeditada a la existencia del mismo.‖
-0–
Se acordó: Tomar nota del criterio de la Contraloría General de la República
y hacerlo del conocimiento de la Dirección Ejecutiva y del Departamento de
Proveeduría, para los fines pertinentes. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO LXXIII
El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante oficio N°
228
7112-DE-2009 de 11 de setiembre en curso, hace de conocimiento de este Consejo
la nota N° 1150-ADM-2009 de este mes, en que el licenciado Fernando Retana
Bejarano, Administrador interino del Segundo Circuito Judicial de San José, en
informa lo siguiente:
―…nos permitimos desglosar las fechas para los próximos simulacros de
evaluación que se llevarán a cabo en este Circuito:
23 de setiembre, 2009
15 de octubre, 2009
19 de noviembre, 2009
14 de diciembre, 2009.‖
-0-
Se dispuso: Aprobar el cronograma para el ejercicio de simulacro de
evacuación del edificio de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San
José y comunicar a los servidores y servidoras judiciales, que conforme lo dispuso
la Corte Plena en sesión N° 04-09 del 2 de febrero de este año, artículo II, es
obligatoria su participación. Se declara acuerdo firme.
ARTÍCULO LXXIV
El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 6417-
DE-09 de 20 de agosto del año en curso, remitió a conocimiento de este Consejo el
expediente N° 201-R-08 de la Sección de Trámite de Cobro Administrativo,
relacionado con el recurso de revocatoria y apelación presentado por el ex servidor
licenciado Diego Alejandro Meoño Piedra.
229
Conoce este Consejo el recurso de apelación interpuesto por el licenciado
Meoño Piedra, contra la resolución número 458-09, dictada por la Dirección
Ejecutiva a las 14:40 horas del diecisiete de febrero del 2009.
I.- Mediante la resolución citada, se concedió audiencia por diez días al
señor Meoño Piedra, acerca del cobro de la suma de ¢904.356.72 (novecientos
cuatro mil trescientos cincuenta y seis colones con setenta y dos céntimos) que
adeuda al Poder Judicial por sumas giradas de más, en concepto de permiso sin
goce de salario de los días que van del 16 al 30 de mayo del 2008 y por renuncia el
día dos de agosto de ese año. Al mismo tiempo se le hizo saber que tiene
posibilidad de proponer un arreglo de pago, y que si no atiende la audiencia, las
diligencias serán remitidas al Ministerio Público para que se formule la acusación
respectiva por retención indebida, y que se continuará con el procedimiento
administrativo y eventualmente se podrían remitir las diligencias a la Procuraduría
General de la República a efecto de que se establezcan en sede jurisdiccional las
acciones legales.
II.- En su escrito de apelación, el señor Meoño Piedra interpuso la excepción
de prescripción, y manifestó que la presunta pérdida patrimonial, debería de ser
asumida solidariamente por la Dirección Ejecutiva, y que en la resolución recurrida
se le amenaza con procesarlo penalmente. Alega también que el artículo 173 del
230
Código de Trabajo es el que contempla el procedimiento para la recuperación de
cualquier pago salarial en exceso.
III.- Revisado el trámite que se le ha dado a estas diligencias, este Consejo
encuentra que todo se ajusta a derecho, pues en la resolución apelada se concedió
la audiencia de ley acerca de las sumas que adeuda el demandado, indicándole los
conceptos a los que obedece, y se le informó acerca de la posibilidad de aportar la
prueba que sea necesaria para defender sus derechos, y acerca de la posibilidad de
proponer un arreglo de pago ante la administración. Como se trata del auto inicial
que le da curso al proceso, y se han cumplido los requisitos de ley para este tipo de
asunto, lo procedente es confirmar el acto administrativo impugnado, y ordenar
que el asunto continúe, para que una vez cumplidas las etapas del proceso, se
resuelva lo que corresponde respecto al fondo del asunto.
Se acuerda: Confirmar el acto administrativo recurrido y devolver las
diligencias a la Dirección Ejecutiva para que se continúe el procedimiento.
ARTÍCULO LXXV
En virtud de la conveniencia y con el fin de agilizar los procedimientos de
contratación administrativa, se dispuso: Autorizar a la Dirección Ejecutiva para
que en adelante tramite las solicitudes de autorización ante la Contraloría General
de la República, en los casos en que se requiere iniciar el proceso de contratación
231
sin contar con los recursos presupuestarios.
El Departamento de Proveeduría y la Secretaría General de la Corte, tomarán
nota para lo que corresponda.
-o0o-
A las 11:20 horas terminó la sesión.