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					                                      Nº 87-09

        CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho

horas del diecisiete de setiembre del dos mil nueve.

        Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado Chaves, quien sustituye para

este acto al Magistrado Mora, Presidente; de las licenciadas Milena Conejo

Aguilar y Lupita Chaves Cervantes, el licenciado Marvin Martínez Fernández y la

Suplente licenciada Ana Cecilia Ching Vargas en plaza vacante. Asiste también el

Director Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León.

                                   ARTÍCULO I

        Se aprueba el acta de la sesión N° 83-09 celebrada el 3 de setiembre del

2009.

        Se aprueban también las separatas de las sesiones N° 69-09 y 85-09

celebradas el 9 de julio y 10 de setiembre de este año, artículos XXXV, XXII y

XXXVIII, respectivamente.

        La licenciada Chaves Cervantes, se abstiene de votar en cuanto a la

aprobación del acta.

                                   ARTÍCULO II

        En sesión Nº 83-09 celebrada el 3 de setiembre del año en curso, artículo II,

se tuvo por presentada la revisión de la licenciada Ana Cecilia Ching Vargas,
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integrante de este Consejo, del acta Nº 73-06 del 30 de julio del año en curso,

específicamente para que se analice nuevamente lo dispuesto en el artículo XV,

donde se conoció el oficio Nº 3012 del Tribunal de la Inspección, referente a la

queja Nº 455-2008B, la cual impuso al licenciado Juan Carlos Morales Jiménez,

Defensor Público de Upala, la corrección disciplinaria de amonestación escrita, por

no haberse presentado a la continuación de un debate, falta que se calificó como

grave y este Consejo anuló la resolución Nº 432-08 de dicho Tribunal y ordenó el

reenvío del expediente para que se emitiera un nuevo pronunciamiento conforme a

derecho.

      A esos efectos, este Consejo conoce la revisión interpuesta y por mayoría,

acordó: Rechazar la revisión interpuesta por la licenciada Ching Vargas y

mantener lo resuelto en sesión Nº 73-06 del 30 de julio del año en curso, artículo

XV.

      La integrante Ching Vargas salvó el voto y reconsideró lo resuelto.

      Voto salvado: no obstante que mi voto inicial fue anular la resolución

número 432-08 del Tribunal de la Inspección Judicial venida en consulta, ahora

con un mejor análisis, estimo que debe mantenerse lo resuelto por dicho Tribunal,

toda vez que está ajustado a derecho. En el proceso no se da ninguno de los

supuestos por los que procede la nulidad, contemplados en el artículo 210 de la
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Ley Orgánica del Poder Judicial, pues no se ha causado indefensión ni existe

ningún vicio grave de procedimiento. Y en cuanto al fondo del asunto, comparto

los argumentos dados por ese órgano en cuanto estiman que el defensor Juan

Carlos Morales incurrió en una falta en el desempeño de sus funciones, lo cual

afectó el servicio público y la imagen del Poder Judicial al tener que anular un

juicio ya iniciado por el delito de lesiones leves, debido a la inasistencia del

defensor, quien no tomó en cuenta que el juez es el director del proceso y que si

éste, optó por la continuación del debate al día siguiente, debió acatar lo

dispuesto, sobre todo tomando en cuenta que estaba de por medio la anulación de

un juicio ya iniciado, con el consiguiente perjuicio para las partes, para el Poder

Judicial y para el país. Comparto igualmente lo afirmado por el Tribunal en el

sentido de que no es posible justificar la inasistencia al juicio, basándose en la

decisión de la jefatura de la defensa, ya que eso no era vinculante para el

encausado, porque existía una decisión jurisdiccional firme, la cual ya había sido

impugnada por el Lic. Morales Jiménez, y le había sido rechazada por el juez,

tornándose obligatorio para él su acatamiento, todo ello sin perjuicio de las

acciones que el defensor pudiera tomar después para hacer cumplir las políticas

que se han impulsado respecto a la coordinación y respeto que debe haber entre los
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servidores y funcionarios para cumplir de la mejor forma la administración de

justicia.

            Comuníquese al Tribunal de la Inspección Judicial y al licenciado Juan

Carlos Morales Jiménez.

                                   ARTÍCULO III

       En razón del sentido fallecimiento del señor Jorge Enrique Sibaja Aguilar,

quien se desempeñó como Asistente Administrativo del Almacén de Proveeduría,

se acuerda expresar a su estimable familia las condolencias de la Corte Plena y de

este Consejo.

                                   ARTÍCULO IV

       En sesión N° 81-09 celebrada el 27 de agosto recién pasado, artículo XXX,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

               ―En sesión Nº 71-09 celebrada el 23 de julio último, artículo
        LVIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―En sesión N° 64-09 del 23 de junio recién pasado, artículo XXVII,
        se tomó el siguiente acuerdo:

              "En sesión Nº 28-09 celebrada el 24 de marzo del año en curso,
        artículo XXXIV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             "Las doctoras Leslie Solano Calderón, Zarela Abarca Villalobos, y
        el doctor Allan Chaves Moreno, Jefa, Médico Residente y Médico
        Forense del Departamento de Medicina Legal, respectivamente, en oficio
        N° J.D.M.L. 2009-0109D de 6 de marzo en curso, remiten el resultado de
        la valoración médica practicada a la licenciada Sandra Lucrecia Castro
        Caamaño, Fiscal Auxiliar del Segundo Circuito Judicial de San José, en
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que concluyen que doña Sandra Lucrecia se encuentra incapacitada de
manera absoluta y permanente para realizar su actividad laboral habitual
en el Poder Judicial.

     Por su parte, el Consejo Médico Forense, integrado por la doctora
Mayra Rodríguez Calvo y los doctores Mario Roberto Masís Figueroa,
Jorge Mario Roldán Retana, en oficio N° DML-2009-0666 de 11 de este
mes, concluyen que la señora Castro Caamaño, NO está incapacitada para
laborar de manera absoluta y permanente dentro del Poder Judicial.

      Sobre el particular, la licenciada Sandra Castro Caamaño, en su
citada condición, en escrito de 17 de marzo en curso, recibido el 23 de
este mes, manifestó lo siguiente:

     "Desde hace aproximadamente un año y medio yo vengo sufriendo
de un deterioro general de mi salud, lo que me ha impedido desplegar mi
labor en forma normal y eficiente, tal y como lo he hecho a través de los
dieciocho años que he laborado para el Poder Judicial.

      He sido tratada e incapacitada por distintos profesionales médicos,
sobre todo de la Caja Costarricense del Seguro Social, entre ellos la Dra.
María Emilce Pessoa Gómez, Psiquiatra y también por médicos
particulares, entre ellos el Dr. Danilo Medina, y el Dr. Diego Umaña, etc.

      He estado incapacitada por dolencias de tipo psicológico a raíz de
depresión grave y últimamente mi más reciente dolencia, ha sido el
sometimiento a una operación general de histerectomía, junto a la
extirpación de un tumor en el vientre que ameritó una herida de
veinticuatro puntadas. Como puede observarse, mi estado de salud y de lo
cual hay copias en el expediente en este momento se encuentra realmente
comprometido sobre todo para una persona de mi edad, pues el ocho de
febrero de este año cumplí cincuenta y cinco años de edad. También
padezco de hipertensión para lo cual tomo el respectivo tratamiento
médico diario.

      El historial médico psiquiátrico de la suscrita que es muy amplio y el
cual se encuentra en el Hospital Clínica Ricardo Jiménez Núñez, está
debidamente acreditado en lo conducente en mi expediente médico
personal, que es parte de estas diligencias. Resumidamente lo expongo de
la siguiente manera: En el año dos mil fue cuando empecé a sufrir una
fuerte depresión, motivada por varios factores, exceso de trabajo,
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jornadas laborales excesivas y extenuantes, incluso nocturnas de diez de
la noche a ocho de la mañana, escasez de personal, enormes filas de
usurarios, etc, etc.

      También me vieron e incapacitaron diferentes médicos de la Clínica
Ricardo Jiménez Núñez de la Caja Costarricense del Seguro Social, así
como médicos particulares y los médicos de empresa (Poder Judicial).
Lejos de mejorar mi salud, se fue deteriorando a pasos agigantados, y a
pesar de ello nunca descuidé mis laborales en forma alguna, claro a costa
de mi salud. Mis notas siempre fueron sobresalientes, a pesar de lo
anterior.

      A mediados del año dos mil siete y tal y como consta en el historial
médico cuyos dictámenes rolan en el expediente, hubo un incremento
general en el deterioro de mi salud, al punto de que debí ser ya tratada por
una médico psiquiatra, quien repetidamente me trató y también me
incapacitó por períodos. Posteriormente soy remitida a los Psiquíatras y
Psicólogos de la Caja del Seguro, quienes efectivamente encontraron un
grave deterioro en mi salud, de tipo psicológico, pero también traducido
en el aspecto físico. Entre los médicos que me atendieron en este último
período fue la Dra. María Emilce Pessoa, la licenciada en Psicología Ana
Sáenz, la Psicóloga Espinoza, la MSC. Nuria Chaves, etc, quien como
repito, me sometieron a diferentes tratamientos, pruebas y exámenes,
tanto en la Clínica Jiménez Núñez como en otros hospitales de la Caja
Costarricense del Seguro Social (Hospital Calderón Guardia).

      En enero de este año, la Dra. Pessoa Gómez al ver el resultado de
las pruebas psicológicas, Unidad Psico-diagnóstica del Hospital Calderón
dictaminó "depresión severa con deterioro cognitivo" y recomendó iniciar
tramites de pensión. El trámite de pensión no lo inicié de inmediato,
porque precisamente el día siete de enero de este año, fui internada de
emergencia en el Hospital Clínica Católica, en donde fui intervenida
quirúrgicamente por el Ginecólogo Dr. Danilo Medina, a raíz de una
cirugía de un tumor en vientre de gran tamaño, y que ameritó incluso una
histerectomía general, que ameritó una operación de veinticuatro puntos
de sutura, y por supuesto un período de recuperación con grave peligro
para mi salud, puesto que se me practicaron dos fases de resucitación
respiratoria. Es decir, que ya no solamente a principios de este año
ameritaba incapacidad desde el punto de vista psicológico, si no que
además, en el plano físico mi salud está gravemente comprometida aún al
día de hoy, cuando les estoy remitiendo estas consideraciones. No esta
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demás indicarles que también en este período a pesar de mi grave estado
de salud debí de acudir en dos ocasiones a la Medicatura Forense, en
donde primero fui examinada por el Departamento de Medicina Legal,
ello a solicitud del Departamento de Personal y posteriormente en el
Consejo Médico Forense.

      Efectivamente, fui remitida al Departamento de Medicina Legal del
Poder Judicial el día tres de marzo, en donde incluso adjunté un dictamen
suscrito por la Dra. Pessoa Gómez, en el cual se recomienda que inicie los
trámites para una pensión debido a la magnitud del deterioro de mi salud,
trámites que como es patente todavía no he iniciado y el informe de la
Licda. Ana Sáenz donde consta que se me realizaron diversas pruebas
especializadas durante dos meses en el Hospital Calderón Guardia. Ese
día tres de marzo fui examinada por dos médicos del Departamento de
Medicina Legal, por los doctores Allan Chaves Moreno y la medico
psiquiatra Zarela Abarca Villalobos, y quedé en espera de que se me
pusiera en conocimiento el respectivo dictamen sobre el particular.

      A pesar de haber dejado los teléfonos y la dirección en donde se
podría notificarme tal y como me lo solicitaron, no recibí ninguna
notificación al respecto, y antes de una semana después sorpresivamente y
con clara violación al Principio del Debido Proceso, me convocaban sin
notificación, para otra nueva cita o segunda instancia de hecho, pero para
ante el Consejo Médico Legal, a donde acudí el día diez de marzo. Sin
tener el dictamen inicial de primera instancia fui sometida en ese Consejo
a un trato descortés por parte de una de las doctoras que se encontraban
presentes, a pesar de que como indiqué en líneas atrás, en el expediente,
constan las intervenciones quirúrgicas a que fui sometida en enero de este
año, y los trastornos de tipo conductual y psicológico rechazados por la
Dra. Pessoa Gómez, Psiquiatra de la Caja del Seguro y la Licda. Ana
Sáenz del Hospital Calderón Guardia, así como el dictamen médico del
Dr. Rodrigo Ramírez Calvo.

      El día de la última cita me enteré que mi caso iba a ser trasladado al
Consejo Administrativo del Poder Judicial, y este es el motivo de la
presente manifestación y formulación de Recursos que estoy planteando
en este acto.

     Al día de hoy tampoco se me ha puesto en conocimiento el resultado
del dictamen del Consejo Médico, y mi temor es que nuevamente sin
ninguna intervención o posibilidad de defensa de mi parte, ese Consejo
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Administrativo vaya a tomar una decisión apresurada o incompleta sobre
mí caso que no refleje la realidad de mi situación.

      Al respecto y como prueba para mejor resolver y mayor ilustración
de ese Consejo, me permito aportar en este acto copia certificada de la
solicitud de internamiento en el área de psiquiatría del Hospital Calderón
Guardia, que extendió el Dr. Manuel Trimiño Vázquez, médico psiquiatra
el día veinte de marzo, en donde se refleja la realidad de mi estado mental
y psicológico. Yo entiendo que la médico psiquiatra del Consejo Médico
de la Medicatura Forense al ser a su vez empleada del Poder Judicial,
sienta que tiene la obligación de enfocar los casos favorables al patrono o
empleador en este caso, y contrarios a los intereses del asalariado o
empleado judicial.

     Es doloroso que los empleados del Poder Judicial después de
haberle dado a la Corte lo mejor de nuestras vidas productivas, al final
nos veamos sometidos a este tipo de procedimientos como me sucedió en
la Medicatura, todo por defender nuestros derechos injustamente puestos
en entredicho.

    REVOCATORIA Y RECONSIDERACIÓN SOBRE EL
DICTAMEN MEDICO LEGAL EMANADO DEL CONSEJO MEDICO
FORENSE DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL NUEVE.
NÚMERO: DM1 2009-0721, SUSCRITO POR LOS DRS. MARIO
MASIS, JORGE ROLDAN RETANA Y MAYRA RODRÍGUEZ.

      Tal y como lo indiqué líneas atrás, el día diez de marzo de este año
fui remitida al Consejo Médico Forense compuesto por los médicos
indicados, para una entrevista, a raíz de la cual se vertió el dictamen
médico legal 2009-0721 ya indicado, componente de dos folios
únicamente, y en donde sin ningún tipo de argumentación o
fundamentación, este Consejo emite una conclusión absolutamente
improcedente y carente de toda legalidad, objetividad, y en clara violación
de los Principios de Razonabilidad y Racionalidad.

     Es un Principio General del Derecho que toda resolución debe ser
fundamentada, y precisamente una Ley Costarricense de orden supletorio
en estos casos, como lo es el Código Procesal Penal en su artículo 142
indica que, será ineficaz toda resolución que carezca de la necesaria
fundamentación y que no haya sido realizada conforme a las Reglas de la.
Sana Crítica Racional; situación que se presentó típicamente en este caso,
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en donde tres médicos dictan un dictamen sin ninguna consideración,
argumento o razón, indicando simplemente una conclusión sin que haya
manera de averiguar para el interesado en qué fundamento se basaron
para arribar a dicha determinación, sobre todo cuando tuvieron a la vista,
el dictamen médico legal realizado escasos días antes por el
Departamento de Medicina Legal y que pone de relieve mis graves
padecimientos.

     DICTAMEN MÉDICO LEGAL DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA LEGAL
     NÚMERO: JDMI.. 2009-0109D, DE FECHA 6 DE MARZO DE
2009.

     Efectivamente en dicha ocasión la suscrita funcionaria fue
ampliamente examinada en el Departamento de Medicina Legal por la
Dra. Psiquiatra Zarela Abarca Villalobos y el Dr. Allan Chaves Moreno,
médico forense.

     En ese dictamen correcta y ampliamente fundamentado, según se
puede observar y con una extensión de ocho páginas, dichos doctores
concluyeron en lo siguiente:

     Conclusión: "la funcionaria Sandra Lucrecia Castro Caamaño,
cédula de identidad número: 1-506-062, es portadora de depresión severa
con ineficiencia en funciones neuropsicológicas específicas,
productividad ideática disminuida, y un estado de alteración significativa
que interfiere con la valoración lógica del entorno. Por dicha patología ha
tenido control médico psiquiátrico especializado. En la actualidad, la
señora Sandra Castro se encuentra incapacitada totalmente y
permanentemente para realizar su actividad laboral habitual en el Poder
Judicial". (el subrayado no es del original). Dicho dictamen lo refrendó la
Dra. Leslie Solano Calderón, Jefe del Departamento de Medicina Legal
del Poder Judicial.

      Resulta realmente increíble y así con mucho respeto lo digo que el
Consejo Médico desconociera este dictamen suscrito por los anteriores
tres colegas, en una clara violación del Debido Proceso, del Principio de
Defensa, y de todos los Principios que conforman la Sana Crítica
Racional y que hayan pretendido en escasos dos folios, rebatir o
mediatizar el dictamen anterior del Departamento de Medicina Legal
vertido ampliamente como se dijo en ocho páginas. Para desconocer el
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dictamen anterior del Departamento de Medicina Legal, cualesquier
Consejo Médico debió exponer con toda amplitud las graves y poderosas
razones que habrían de incidir en el desconocimiento de otra pericia legal
anterior. Sólo así podría entenderse que se le enmiende la plana a un ente
jerárquicamente inferior, si el Superior con razones poderosas encuentra
vicios o errores de tal magnitud que hagan necesaria revocar o desvirtuar
el dictamen del Tribunal a-quo.

     En el caso presente como se repite el Consejo Médico no emitió una
sola razón para poner en entredicho el dictamen anterior, y por el
contrario concluyen «que es criterio de los integrantes del Consejo
Medico Forense que la señora Sandra Castro Caamaño, cédula 1-506-062,
no está incapacitada para laborar de manera absoluta y permanente dentro
del Poder Judicial".

      Al respecto es necesario plantearse lo siguiente: ¿De dónde tomaron
o cogieron esta conclusión los señores integrantes del Consejo, no se
sabe?; puesto que si se lee ese dictamen segundo de repetida cita, no se
vertió ni siquiera una coma en apoyo de la conclusión a que arribaron. Un
dictamen así es absolutamente nulo, Ineficaz, e incapaz de producir
ninguna consecuencia jurídica válida entre otras cosas, por su falta de
fundamentación. Lo anterior a pesar de que los médicos del Consejo,
tuvieron a la vista mí expediente personal, y en donde diversos médicos
generales y psiquíatras ya citados tales como la Dra. Pessoa Gómez y la
Psicóloga Ana Sáenz y el Dr. Rodrigo Ramírez Calvo de la Caja del
Seguro vertieron dictámenes acerca de mis padecimientos, y en donde se
permite incluso recomendar a la suscrita que inicie de Inmediato los
trámites para una pensión en virtud de mi estado de salud. O sea, que a
los médicos del Consejo no es que les faltaran las pruebas para determinar
mi estado, las que abundan en el expediente, es que sencillamente no
quisieron o no pudieron verlas, sólo así se explicaría su dictamen carente
absolutamente de ninguna razón o fundamento.

   FORMULACIÓN              DE      RECURSO          Y     PETICIONES
SUBSIDIARIAS.

     Ante la total ausencia de fundamentación que presenta el dictamen
emanado del Consejo Médico, y siendo por demás evidente que mi estado
de salud alterado ha sido correctamente expuesto en el dictamen emanado
por el Departamento de Medicina Legal, es que estoy reclamando con
este escrito y recurso, ante ese Consejo Superior Administrativo, pues
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considero que como ente Superior absoluto en estos casos, debe revocar o
anular la pericia médica del Consejo Médico por las razones dichas, y en
su lugar darle validez únicamente al dictamen del Departamento de
Medicina Legal que sí fue debidamente fundamentado, o en su caso como
petición supletoria, ordenar una reconsideración de parte del Consejo
Médico Forense, pero no por los mismos médicos obviamente que ya
vertieron criterio, sino por otros profesionales que en forma objetiva y de
conformidad con los artículos 6, 63, y 180 del Código Procesal Penal,
emitan una nueva experticie conforme a derecho.

     PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.

      Como prueba para mejor resolver, ofrezco mi expediente clínico que
se encuentra en la Clínica Ricardo Jiménez Núñez de Goicoechea, y copia
certificada del dictamen médico emanado del Dr. Manuel Trimiño
Vázquez, Médico Cirujano y Psiquiatra de Profesión, en donde también
se ponen de relieve la gravedad de mis padecimientos.

      Hago de conocimiento este documento en este momento antes del
día veinticuatro, que es el día en que será conocido en ese Consejo mi
caso, según se me informó en esa misma Secretaria.

      Sin otro particular y con las muestras de mi mayor respeto y
consideración dejo formuladas estas consideraciones para que sean
tomadas, en cuenta el día referido."
                                    -0-
      Previamente a resolver lo pertinente, se acordó: Trasladar la gestión
de la licenciada Castro Caamaño al Consejo Médico Forense, a fin de que
indique a la brevedad lo que corresponda sobre los argumentos de
objeción planteados por ella."
                                    -0-
      En atención al acuerdo anterior, los doctores Mario Roberto Masís
Figueroa, Franz Vega Zúñiga y Mayra Rodríguez Calvo, por su orden,
Coordinador e Integrantes del Consejo Médico Forense, en oficio Nº
DML 2009-1649 de 12 de junio en curso, recibido el 16 de este mes, cuya
conclusión indica que no está imposibilitada para realizar labores
renumeradas.

      Por su parte, la servidora Noemí Acuña Segura, Asistente Judicial
del Ministerio Público, en nota de 22 de este mes, con instrucciones de la
licenciada Lilliam Gómez Mora, Fiscal Adjunta de la Fiscalía General,
                                    12

solicita se valore la posibilidad de que este Consejo reciba en forma
personal a la licenciada Sandra Castro Caamaño, para que se refiera a su
estado de salud respecto al dictamen médico que se da cuenta.

     Se acordó: 1.) Reservar el conocimiento de la valoración médica
efectuada a la licenciada Sandra Castro Caamaño para una próxima
sesión. 2.) Acoger la solicitud de la licenciada Lilliam Gómez Mora, en
consecuencia, conceder audiencia a doña Sandra, para tratar el asunto
indicado. Para tal efecto, se señalan las 11:00 horas del 6 de julio del año
en curso, en la oficina N° 906, noveno piso del Edificio de la Corte
Suprema de Justicia. Se declara acuerdo firme.
                                    -0-
     La señora Castro Caamaño, con nota de 20 de julio en curso, adjunta
los expedientes médicos de la Clínica Católica y de la Clínica Jiménez
Núñez.

     Se deja constancia de que los señores integrantes del Consejo
Superior, el lunes 6 de julio en curso, al ser las 11,00 horas, atendieron la
audiencia concedida a la señora Sandra Lucrecia Castro Caamaño,
conforme se dispuso en la sesión de referencia, por consiguiente se entra
a conocer de la valoración médica efectuada y se resuelve lo siguiente:
Remitir nuevamente a valoración médica por parte del Consejo Médico
Forense, a la licenciada Castro Caamaño, para que rinda un nuevo
dictamen tomando en cuenta la prueba para mejor proveer por ella
ofrecida, consistente en su expediente médico que se encuentra en la
Clínica Ricardo Jiménez Núñez de Goicoechea, y la copia certificada del
dictamen médico emanado del Dr. Manuel Trimiño Vázquez, Médico
Cirujano y Psiquiatra, e indique si doña Sandra Lucrecia, con los
padecimientos que tiene, y con la medicación a que está sometida, puede
cumplir de forma idónea con sus funciones como Fiscal Auxiliar del
Ministerio Público.‖
                                    -0-

       En relación con el acuerdo anterior, los doctores Mario Roberto
Masís Figueroa, Franz Vega Zúñiga y la doctora Mayra Rodríguez Calvo,
por su orden, Coordinador y Miembros Integrantes del Consejo Médico
Forense, mediante oficio N° DML 2009-2209 de 13 de agosto en curso,
recibido el 19 de este mes, remitieron el dictamen médico legal
correspondiente a la valoración médica efectuada a la licenciada Castro
Caamaño, cuya conclusión indica que doña Sandra no se encuentra
incapacitada para laborar en el Poder Judicial.
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              Se acordó: Tomar nota del resultado de la valoración médica
       realizada a la licenciada Sandra Castro Caamaño, hacerla de su
       conocimiento y archivar las diligencias. Se declara acuerdo firme.‖
                                         -0-

      Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la

Corte, que el acuerdo anteriormente transcrito, fue comunicado a la licenciada

Sandra Castro Caamaño, mediante resolución N° 646-2009, notificada el 2 de

setiembre en curso, al fax N° 2221-0436.

      En relación con el acuerdo anterior, la licenciada Sandra Castro Caamaño,

Fiscal Auxiliar del Segundo Circuito Judicial de San José, en escrito de 4 de

setiembre en curso, interpuso la siguiente reconsideración:

              ―… comparezco ante su autoridad, a fin de interponer los presentes
       Recursos de REVOCATORIA O RECONSIDERACIÓN CON
       APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE, en
       contra del artículo XXX, de la sesión número 81-09, del día 24 de agosto
       de 2009, emitida por el distinguido CONSEJO SUPERIOR
       ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL, por no encontrarse
       ajustado a derecho no al mérito de los autos y en base a los Motivos y
       argumentaciones jurídicas que de seguido paso a exponer:

                                    PRIMER MOTIVO

       PRIMERO:

              Que mediante el acuerdo aquí impugnado ese honorable Consejo
       determinó: “tomar nota del resultado de la valoración médica realizada
       a la Licenciada Sandra Castro Caamaño, hacerla de su conocimiento y
       archivar las diligencias. Se declara acuerdo firme”

       SEGUNDO:
                                   14

      Dicho acuerdo se encuentra basado en el Dictamen Médico Legal
2009-2209, en el que los doctores Mario Roberto Masís Figueroa, Franz
Vega Zúñiga y Mayra Rodríguez Calvo, concluyeron: “La funcionaria,
Sandra Castro Caamaño, NO se encuentra incapacitada en forma
absoluta y permanente para laborar en el poder judicial”

       Para arribar a la anterior conclusión, los señores médicos se dieron
a la tarea de buscar, en todos los innumerables folios de mi expediente
clínico, y utilizar una frase ―fuera de contexto‖ de la Doctora María
Emilce Pessoa Gómez, sin prestar atención a las múltiples
recomendaciones y razones que revelan mi deteriorado estado de salud.

       Efectivamente, como pueden observarse a lo largo de mi
expediente, se encuentra el informe Psicodiagnóstico de Adultos vertido
por la Unidad de Psicología Clínica, donde se valoró mi funcionamiento
cognitivo afectivo y se determinó que presento: “...una condición de
desajuste psicológico asociado a un debilitamiento de la estructura de las
defensas...”, “...se observa disminución en la eficiencia de habilidades
como coordinación visomotora, análisis y síntesis.: visomotor y velocidad
perceptual...”, „...denotando cierto grado de dificultad para el trabajo
elaborativo asociado a su condición de alteración psicológica...”,
“...presencia de contenidos depresivos con carácter mórbido...” y
“...niveles clínicos de depresión severa, pesimismo, ambivalencia con
rasgos delirantes...”

       Por su parte la Máster Marta Espinoza Rovira, Psicóloga de
Clínica Doctor Ricardo Jiménez Núñez de la Caja Costarricense del
Seguro Social, concluyó en das ocasiones: “...refiere psiquiatría por burn
out, cuadro de pánico, crisis laboral...”, “...víctima de violencia
extrafamiliar...” y “...conflictos laborales...”.

        Asimismo, la Doctora privada Soledad Calderón, dictaminó:
―...cuadro de tipo depresivo severo, con fuerte crisis severa...‖. Además
en otras ocasiones como se extrae del expediente, me diagnosticó con
crisis de pánico, que ameritaron el uso psicotrópicos.

       De igual modo las Doctoras Nuria Chávez Araya y Rebeca Araya,
ambas del Área de Salud, Goicoechea dos, concordaron en que padezco
del Síndrome de Burn out.

      En el mismo sentido, los doctores Leslie Solano Calderón, Zarela
                                   15

Abarca Villalobos y Allan Chávez Moreno, del Departamento de
Medicina Legal, del Poder Judicial, concluyeron: “...que doña Sandra
Lucrecia se encuentra incapacitada de manera absoluta y permanente
para realizar su actividad laboral habitual en el poder judicial..,”

       Por último, la Doctora María Emilce Pessoa Gómez, Psiquiatra de
Clínica Doctor Ricardo Jiménez Núñez, de la Caja Costarricense del
Seguro Social, en todas las innumerables ocasiones en que me trató,
estableció que padezco el síndrome denominada ―BURN OUT así corno
que desde el 28 de noviembre de 2007: “...doña Sandra con poco
pronóstico para su rehabilitación laboral…”.

      TERCERO:

      Es decir que a lo largo de todo el expediente, por lo menos ocho
médicos que laboran para diversas instituciones y dependencias de la Caja
Costarricense del Seguro Social y el Poder Judicial, determinaron mis
graves padecimientos psicológicos, pero de lo anterior no se hace la más
mínima referencia en el peritaje de marras.

      Lo que implica que se me está colocando en un estado de evidente
indefensión, toda vez que se utilizó mi expediente médico para destacar,
como llevo dicho, una ÚNICA Y ESCUETA referencia en la que
NUNCA se estableció que no presentara los padecimientos por mi
señalados.

      Por lo anterior, la conclusión de que no me encuentro incapacitada
en forma absoluta para mis labores, no es congruente con todo el acopio
de prueba que se encuentra en el expediente médico y por el contrario, lo
contraviene de una forma evidentemente ―forzada‖.

                            SEGUNDO MOTIVO

      ÚNICO:

      Que ese distinguido Consejo Superior Administrativo ordenó que
por segunda ocasión, se realizara una nueva valoración de mi caso, y en
donde específicamente se establecía que el Consejo Médico debía
determinar si yo podía ejercer mis funciones ―en forma idónea‖.

      Pero el indicado Consejo Médico desoyó las directrices impuestas,
                                   16

toda vez que en la pericia aludida NUNCA se indicó si efectivamente yo
podía realizar mis labores de ―forma idónea‖, como lo son entre otras:

       a) conducir vehículos para licencia tipo B1,
       b) dirigir funcionalmente al Organismo de Investigación Judicial,
en las diversas diligencias,
       c) representar al Ministerio Público en juicio oral y público,
       d) resolver expedientes judiciales, presentar recursos, solicitar
aperturas a juicio y sobreseimientos,
       e) participar activamente en allanamientos, anticipos
jurisdiccionales de prueba, entrevistas a testigos y víctimas, indagatorias
de imputados, reconocimientos judiciales, etc.

       Por lo anterior, la pericia deviene en inválida, toda vez que nunca
se resolvieron las interrogantes que expresamente se habían planteado. De
hecho y sin temor a equivocarme, estoy segura que los señores Médicos
desconocían que para poder ejercer mi función de fiscal debo
necesariamente CONDUCIR VEHÍCULOS, lo cual es absolutamente
incompatible con la medicación a la que estoy sometida.

                             TERCER MOTIVO

      ÚNICO:

       Que a la hora de ordenarse la valoración aludida en el punto
anterior, el Consejo Administrativo remitió el caso al Consejo Médico
Forense, sin indicar de forma expresa, que debía ser resuelto por la otra
integración de dicho consejo, lo que dio como resultado que el mismo
grupo de médicos que ya había vertido anterior criterio adverso en mi
contra, ―simplemente‖ confirmara su anterior dictamen, puesto que los
doctores obviamente no se iban a desdecir del criterio médico ya resuelto
con anterioridad, y como era de suponer volvió a indicar que yo estaba en
condiciones de reintegrarme a mi trabajo, desoyendo como se lleva dicho
pronunciarse sobre el punto específico que se le había formulado, en el
sentido de si yo podía realizar mis labores ―de forma idónea‖, lo que
atenta a todas luces contra los Principios Generales de Defensa y de El
Debido Proceso, por lo que nuevamente vuelve la pericia a convenirse en
una pieza jurídicamente ineficaz.

      EN RESÚMEN:
                                    17

       Se advierte más allá de toda duda, que se me están violentando mis
derechos constitucionales más elementales, pues se le está dando total
crédito a UNA de las integraciones del consejo médico, que desoyendo
las conclusiones del Departamento de Medicina Legal del propio Poder
Judicial, insiste en que yo no tengo ningún padecimiento.

       Es clara la violación de los Principios de Racionabilidad, Defensa
y Debido Proceso, y por supuesto los Principios de la Sana Crítica
Racional, de la Lógica y de la Psicología, y como se repite, el respeto a la
debida tramitación, cuando se pone a resolver por segunda vez mi caso al
mismo Consejo, es decir a las mismas personas, doctores Mayra
Rodríguez Calvo, Mario Roberto Masís Figueroa y otro, que ya habían
vertido criterio con anterioridad en mi contra, lo cual es inaceptable desde
todo punto de vista legal, pues en nuestro sistema de derecho nunca ―un
reenvío legal, es para que sea conocido por el mismo Tribunal que con
anterioridad se pronunció (ver articulo 42 de la Constitución Política)

       En nuestros Tribunales todos los días por ejemplo la Sala de
Casación casa una sentencia y ordena el reenvío para que sea otro
Tribunal el que celebre el juicio por segunda vez, pero nunca se ha dado
el caso de que un reenvío de un expediente producto de una casación
acogida, sea enviada y resuelta por el mismo Tribunal que formuló la
primera instancia En mi caso desgraciadamente esto ha sido así, y ahora
me veo en una situación altamente comprometida e insoluble, puesto que
se me pone ante la disyuntiva de reintegrarme a mi trabajo a raíz de
irrespetos procedimentales de tipo médico y jurídico, emanados del
Consejo Médico Forense.

                                 PETITORIAS

       Por todo lo anterior, ruego a ese honorable Consejo Superior
Administrativo, acoger los presentes Recursos a fin de dejar sin efecto
legal el artículo XXX, de la sesión número 81-09, del día 24 de agosto de
2009, emitida por el distinguido CONSEJO SUPERIOR
ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL, y en consecuencia se
resuelva por medio de acuerdo firme lo siguiente:

      a) que se continúe con la tramitación de las diligencias,
      b) que se le ordene al Consejo Médico Forense, indicar si me
encuentro apta en para realizar en forma idónea, todas y cada una de las
funciones atinentes a mi cargo y expresadas en este recurso y
                                          18

              c) que se me remita nuevamente al Consejo Médico Forense para
       ser valorada, por un tribunal médico que necesariamente deberá estar
       integrado por profesionales diferentes a los que ya vertieron criterio con
       anterioridad en relación a mi caso.

                                         DERECHO

             Fundamento los presentes recursos en los artículos 42, 48, 50 de la
       Constitución Política.

                                          PRUEBA

             Ofrezco en calidad de prueba mi expediente médico que se
       encuentra en el Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial.

                                    NOTIFICACIONES

             Para mis notificaciones reitero el número de fax: 2221-0436.‖
                                         -0-

      Se acordó: Denegar el recurso de reconsideración interpuesto por la

licenciada Castro Caamaño y mantener lo resuelto en sesión Nº 81-09 del

27 de agosto recién pasado, artículo XXX, por cuanto no es posible acceder

a su petición de una nueva valoración por otra sección distinta. Debe

considerar doña Sandra, que este órgano ha remitido varias veces solicitud

al Consejo Médico Forense para que informara si con los padecimientos

que tiene, y con la medicación a que está sometida, puede cumplir de forma

idónea con sus funciones como Fiscal Auxiliar del Ministerio Público,

concluyendo que ―o se encuentra incapacitada para laborar en el Poder

Judicial‖.
                                         19

                                  ARTÍCULO V

      El licenciado Jorge Fallas Segura, Administrador Regional interino del

Tercer Circuito Judicial de Alajuela, somete a consideración de este Consejo, el

correo electrónico que envió el 14 de los corrientes, la licenciada María

Auxiliadora Cruz Cruz, Jueza Supernumeraria y Coordinadora del Programa

Contra el Retraso Judicial de esa jurisdicción, que literalmente dice:

              ―Para continuar nuestro trabajo de disminuir la mora judicial,
       tenemos coordinado como cuarto proyecto en este mes, colaborar en el
       dictado de sentencias en el Juzgado Contravencional y de Pensiones
       Alimentarias del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, por lo que a tal
       fin, le solicito respetuosamente gestionar los siguientes nombramientos
       en el despacho de interés:
             Lunes 21 de septiembre de 2009, a la Licda. Eleonora Badilla
       Delgado,
             Martes 22 de septiembre de 2009, al Lic. Olivier Ramírez
       González y
             Lunes 28 de septiembre de 2009, a esta servidora.‖
                                        -0-

      De conformidad con lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 35-00

celebrada el 11 de setiembre del 2000, artículo XXIX, se acordó: Tener por

designadas las licenciadas María Auxiliadora Cruz Cruz, Eleonora Badilla

Delgado y designado al licenciado Olivier Ramírez González, como Jueces en el

Juzgado Contravencional y de Pensiones Alimentarias del Tercer Circuito Judicial

de Alajuela, por los días indicados.

      El Despacho de la Presidencia, el Juzgado Contravencional y de Pensiones
                                           20

Alimentarias, la Administración Regional, ambos del Tercer Circuito Judicial de

Alajuela y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                   ARTÍCULO VI

      En sesión Nº 66-09 celebrada el 30 de junio recién pasado, artículo XXXV,

se aprobó la jubilación de la licenciada María Cecilia de los Ángeles Sánchez

Romero, Jefa del Centro Electrónico de Documentación Jurisprudencial, a partir

del 1º de julio en curso.

      Posteriormente, en sesión N° 67-09 del 2 de julio del año en curso, artículo

XV, se designó interinamente, a partir del 1º de julio y hasta por tres meses a la

licenciada Vera Monge Monge, como Directora del Centro Electrónico de

Información Jurisprudencial, lo anterior, mientras se realizaba el concurso

respectivo y se nombraba en propiedad.

      En correo electrónico de 8 de setiembre en curso, la licenciada Monge

Monge, en su expresado carácter, solicitó lo siguiente:

             ―Conforme se lee en el artículo XV del acta correspondiente a la
        Sesión N° 67-09 de 2 de julio de 2009, considerando que la Licenciada
        Cecilia Sánchez Romero se acogió a la jubilación a partir del 1° de julio
        pasado, así como la recomendación que hiciera doña Cecilia, con el fin de
        que se me nombrara en su lugar para ocupar el cargo de directora del
        Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, el Consejo Superior
        me designó para desempeñar dicho puesto, a partir del 1º de julio y hasta
        el 30 de setiembre, ―en el tanto se realice el concurso respectivo y se
        nombre en propiedad.‖ Dado que los trámites del concurso aún no han
                                         21

       iniciado, solicito respetuosamente se prorrogue mi nombramiento en el
       cargo dicho, al menos por el mismo período; es decir, a partir del 1° de
       octubre y hasta el 31 de diciembre de 2009.

                                        -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, prorrogar la

designación interina de la licenciada Vera Monge Monge, como Directora del

Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, por períodos de tres meses, a

partir del 1º de octubre del año en curso, hasta que se realice el concurso

respectivo y se nombre en propiedad al titular de ese despacho.

      El Departamento de Personal, tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO VII

      En sesión N° 52-09 celebrada el 19 de mayo de este año, artículo XXIII, se

solicitó al Departamento de Personal que procediera a la divulgación

correspondiente de las capacitaciones denominadas ―Curso sobre Contabilidad y

Control del Gasto Público‖ y ―Planificación y Política Presupuestaria‖, a realizarse

del 13 al 30 de octubre del año en curso, en Madrid, España, con la indicación que

este Consejo concedería únicamente permiso con goce de salario y sin sustitución,

a los servidores que resulten seleccionados.

      En oficio N° 301-CAP-2009 recibido el 10 de setiembre en curso, los máster
                                           22

Francisco Arroyo Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y la licenciada Waiman Hin

Herrera, por su orden, Jefes del Departamento de Personal, Desarrollo Humano y

Subproceso Gestión de la Capacitación, comunicaron lo siguiente:

              ―El Consejo Superior en sesión Nº 52-09, celebrada el 19 de mayo
       de 2009, artículo XXIII, acordó remitir al Departamento de Personal la
       invitación enviada por la Agencia Española de Cooperación Internacional
       AECI, para que proceda a efectuar la difusión y el concurso
       correspondiente, a fin de que los(as) servidores(as) judiciales participen
       de las capacitaciones ―Curso sobre Contabilidad y Control del Gasto
       Público‖ y ―Planificación y Política Presupuestaria‖, a desarrollarse en
       Madrid, España, para lo cual se concedería permiso con goce de salario
       sin sustitución para los(as) servidores(as) que resultarán
       seleccionados(as).

              La convocatoria fue efectuada con la indicación de que quienes
       quisieran disfrutar del permiso con goce de salario, deberían inscribirse
       directamente ante la organización y una vez aceptados(as), lo hicieran del
       conocimiento de esta oficina para formalizarlo en las instancias
       correspondientes.

              Consultado al ente organizador sobre el nombre de los(as)
       servidores(as) judiciales que fueron formalmente aceptados, mediante
       correo electrónico recibido el 02 de setiembre de 2009, la señora Isabel
       Iglesia, servidora del Instituto de Estudios Fiscales, indica que en tanto no
       se haya publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la resolución de
       los asistentes al curso, no pueden facilitarnos la información, si no es a
       los propios interesados.

              Sin embargo mediante oficio Nº 1487-PLA-2009, de fecha 27 de
       agosto, la señora Marta Asch Corrales, Directora (sic) del Departamento
       de Planificación, remite la carta de aceptación por parte del ente
       organizador, para participar en el “I Curso sobre Planificación y
       Política Presupuestaria”, por desarrollarse del 13 al 30 de octubre en
       Madrid, España. Asimismo a la señora Asch Corrales, le fue concedida
       una ayuda económica para alojamiento y desayunos durante el período del
       curso, así como la cantidad de €1.600 (mil seiscientos euros), en concepto
       de transporte aéreo, que le será entregada durante la primera semana de su
                                         23

       estancia en Madrid.

              Por lo antes expuesto se solicita conceder permiso con goce de
       salario del 12 al 30 de octubre, para que la señora Asch Corrales,
       participe del curso mencionado en condición de participante y utilice un
       día adicional para su respectivo traslado aéreo, así como la confección
       del respectivo pasaporte de servicio.‖
                                        -0-

      Al respecto, la señora Laura Mora Sánchez, Servidora de la Sección de

Capacitación y Becas del Departamento de Personal, en correo electrónico de 14

de setiembre en curso, aclaró que las fechas en que se solicita el permiso con goce

de salario para la máster Asch Corrales es del 13 al 30 de octubre próximo y no

conforme se indicó.

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Conceder

permiso con goce de salario a la máster Marta Asch Corrales, para que del 13 al 30

de octubre próximo, participe en el ―I Curso sobre Planificación y Política

Presupuestaria‖ a realizarse en Madrid, España. Es entendido que los

organizadores del evento cubrirán los gastos por concepto de alojamiento y

viáticos, así como una ayuda económica de €1.600 (mil seiscientos euros)

correspondiente a los tiquetes aéreos. 2.) En virtud de la importancia del contenido

de la capacitación a recibir, deberá doña Marta, coordinar lo necesario, a fin de

transmitir los conocimientos adquiridos a otros servidores a los que les pueda ser

de beneficio en el cumplimiento de sus labores, según los requerimientos
                                         24

institucionales. 3.) La Secretaría General de la Corte, tramitará lo correspondiente

al pasaporte de servicio.

      Los Departamentos de Personal y Planificación, tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO VIII

      El licenciado Francisco Rodríguez Araya, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado de

Familia de Heredia, presentó la siguiente gestión:

             ―…solicito interponer sus buenos oficios con el propósito de que,
       tan honorable órgano del Poder Judicial, prorrogue del 24 de septiembre
       del año en curso hasta el 24 de marzo de 2010, el permiso sin goce
       salarial que disfruto en este momento.

            Tal solicitud obedece a que mi licencia sin goce salarial vence el
       próximo 23 de los corrientes, además, actualmente me desempeño como
       Asesor Parlamentario en la Asamblea Legislativa, específicamente en el
       despacho de la señora diputada Evita Arguedas Maklouf, lo que me
       permite desenvolverme profesionalmente como Licenciado en Derecho y
       Bachiller en Relaciones Internacionales.

             Adjunto nota suscrita por el Lic. Mauricio Chacón Jiménez, Juez
       Coordinador del Juzgado de Familia de Heredia, donde expresa su
       anuencia y no objeta la presente gestión, así como también un oficio
       emitido por la congresista Arguedas Maklouf, haciendo constar mi actual
       situación laboral.

             Señalo para recibir notificaciones el fax 2243-2976, la dirección
       electrónica frodruez@asarnblea.qo.cr, o bien, los teléfonos (,,,).‖
                                        -0-

      Al respecto, el licenciado Mauricio Chacón Jiménez, Juez Coordinador del

Juzgado de Familia del Heredia, en nota de 7 de los corrientes, comunicó lo
                                         25

siguiente:

            ―Como Juez Coordinador del Juzgado de Familia de Heredia, hago
       de su conocimiento que no existe ningún tipo de objeción o inconveniente
       por parte de este despacho judicial, a efectos de que se prorrogue el
       permiso sin goce salarial solicitado por el señor Francisco J. Rodríguez
       Araya, el cual vence el próximo 23 de septiembre del año en curso.

            Además de jefe, he sido profesor universitario del señor Rodríguez
       Araya, por lo que conozco de sus metas y aspiraciones como profesional
       en Derecho, considerando oportuno, entonces, que pueda seguir
       laborando como funcionario de la Asamblea Legislativa. No omito
       informar que en su ausencia, el señor Rodríguez Araya ha sido sustituido
       por la compañera Carolina Araya Hernández, quien ha venido
       cumpliendo exitosamente con las tareas asignadas.‖
                                        -0-

      Asimismo, en oficio N° EAM-1144-2009 de 7 de setiembre en curso, la

licenciada Evita Arguedas Maklouf, Diputada Independiente de la Asamblea

Legislativa, hace referencia a la necesidad de la prórroga del permiso sin goce de

salario solicitado por el señor Rodríguez Araya, quien se encuentra nombrado

como Asesor de Fracción Política.

      De conformidad con el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, conceder permiso

sin goce de salario al licenciado Francisco Rodríguez Araya, del 24 de setiembre

en curso y hasta el 24 de marzo del 2010, a fin de que continúe laborando como

Asesor de Fracción Política en la Asamblea Legislativa.

      El Juzgado de Familia de Heredia y el Departamento de Personal, tomarán
                                          26

nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO IX

      En nota de 7 de setiembre en curso, el licenciado Adolfo Mora Arce, Juez

Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela,

con el visto bueno de la licenciada María Inés Mendoza Morales, Jueza

Coordinadora de ese despacho, solicitó lo siguiente:

             ―… remito el presente oficio a fin de solicitar me autoricen a
       realizar LABOR DOCENTE en la Universidad de San José, Sede
       Universitaria de Ciudad Quesada - San Carlos, a partir del día 10 de
       setiembre del año 2009, en los siguientes cursos: a) Derecho Laboral I,
       para la Escuela de Derecho, los días jueves con un horario de 17:00 a las
       19:00 horas, para un total de 15 lecciones a partir de la fecha indicada.

            De igual manera, informo que he coordinado lo pertinente a fin de
       que mi ausencia de esta oficina, eventualmente no se afecte el buen
       funcionamiento del despacho ni las labores a mí encomendadas, con el
       firme propósito de cumplir de la mejor manera con el encargo que ustedes
       han realizado a mi persona. …‖
                                         -0-

      De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional N° 2009-001660

de las 11:51 horas del 6 febrero del año en curso, se acordó: Tomar nota de que el

licenciado Adolfo Mora Arce impartirá lecciones en la Universidad de San José,

Sede en Ciudad Quesada, durante el tercer cuatrimestre de este año, fuera del

horario laboral y dentro de los límites señalados por este Consejo.

      El Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito

Judicial de Alajuela y el Departamento de Personal, tomarán nota para los fines
                                           27

consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                                    ARTÍCULO X

      En nota recibida el 10 de setiembre en curso, la señora Ana Yancy Esquivel

Delgado, Auxiliar Judicial 1 del Juzgado Civil de Menor Cuantía de Heredia, con

el visto bueno del licenciado Francisco Hernández Quesada, Juez Coordinador de

ese despacho, solicitó lo siguiente:

             ―… la posibilidad de que me permita realizar unos cursos de
       capacitación de temas referentes a la carrera de Psicología, los cuales se
       estarán impartiendo en la Fundación Ser y Crecer, en Sabanilla de Montes
       de Oca, los días 21, 22, 23 de octubre de 1 de la tarde a 4 de la tarde, con
       temas referentes a ―La denuncia delitos sexuales, abuso sexual‖. Dicha
       capacitación me ayuda para formar mejores bases y experiencia para mi
       carrera; ya que soy estudiante de Licenciatura de Psicología, y dichos
       cursos me traerían mayor conocimiento, y a la vez poder ampliar mi
       currículum.

            En vista de que los cursos se encuentran dentro de la jornada
       laboral, es que solicito el permiso con goce de salario para poder asistir;
       siendo que vendré a trabajar en horas de la mañana y me estaría retirando
       al medio día para estar a la una de la tarde en la Fundación Ser y Crecer.

             Les agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar; aporto
       como medio para atender notificaciones al Fax 2277-04-39. el cual es de
       los Tribunales de Justicia de Heredia, siendo que laboro en el Juzgado
       Civil de Menor Cuantía de Heredia, como auxiliar judicial 1, o al correo
       del juzgado sea: jmenorc-hda@poder-judicial.go.cr, sea también con el
       Asistente Judicial Emmanuel Cordero Jiménez.‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Autorizar la

participación de la señora Ana Yancy Esquivel Delgado, en la capacitación

denominada ―La Denuncia, Delitos Sexuales, Abuso Sexual‖, a realizarse en la
                                        28

Fundación Ser y Crecer, de las 13:00 a las 16:00 horas del 21 al 23 de octubre del

año en curso. Lo anterior en el entendido de que no se afecte sustancialmente el

servicio público a su cargo, lo cual implica que dará prioridad a la atención de los

asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el Poder Judicial. 2.) En virtud

de la importancia del contenido de la capacitación a recibir, deberá doña Ana

Yancy, coordinar lo necesario con la jefatura, a fin de transmitir los conocimientos

adquiridos a otros servidores a los que les pueda ser de beneficio en el

cumplimiento de sus labores, según los requerimientos institucionales.

      El Juzgado de Menor Cuantía de Heredia y el Departamento de Personal,

tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XI

      En sesión N° 24-09 celebrada el 12 de marzo del año en curso, artículo

XXVI, se autorizó a la licenciada Xiomara Rojas Mejías, Auxiliar Judicial del

Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, para

que se ausentara del despacho los viernes de cada semana, a partir del 13 de ese

mes y hasta por cuatro meses, a fin de que asistiera a lecciones en la Universidad

Católica de Costa Rica, sede Moravia, en el entendido que comprobaría el

resultado final que obtuviera ante el Departamento de Personal.

      La licenciada Xiomara Rojas Mejías, en su citado carácter, en nota de 4 de
                                         29

setiembre en curso, con el visto bueno de la licenciada Gabriela Campos Ruiz,

Jueza Coordinadora de ese despacho, solicitó lo siguiente:

              ―PRIMERO: Ingresé a laborara en el Poder Judicial hace
       aproximadamente quince años como interina en el Juzgado II de lo
       Contencioso Administrativo y actualmente gozo de mi propiedad como
       auxiliar judicial, en el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito
       Judicial de San José – Goicoechea. Hace tres años culminé mis estudios
       superiores obteniendo la licenciatura en la carrera de Psicología.

              SEGUNDO: Actualmente curso la maestría en Psicología con
       Énfasis en Psicoterapia de Familia, misma que se imparte en la
       Universidad Católica de Costa Rica con sede en Moravia en un único
       horario los días Viernes de 15:00 h y Sábados de 8 h a 14 h (adjunto
       comprobante de matrícula del presente cuatrimestre que culmina el 24 de
       Octubre del año en curso).

               TERCERO: Por lo anteriormente expuesto respetuosamente
       solicito a este Consejo un permiso para ausentarme a partir de las 15
       horas del próximo Viernes 11 de Setiembre y hasta el 24 de Octubre del
       año en curso. La presente solicitud se encuentra avalada por la señora
       Jueza Coordinadora del Despacho Licenciada Gabriela Campos Ruiz, de
       lo cual aporto su visto bueno y comprometiéndome a reponer dicho
       tiempo laborando los días lunes, martes y miércoles desde las 7 a.m.

              CUARTO: Adjunto email de remisión del comprobante de
       aprobación de materias del cuatrimestre pasado al departamento de
       personal, según así lo dispuso el Consejo Superior en sesión 24-09
       celebrada el 12 de marzo del año en curso, artículo XXVI.‖
                                        -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior y autorizar a la licenciada Xiomara

Rojas Mejías, para que se ausente del despacho los viernes de cada semana, a partir

de las 15:00 horas del 11 de setiembre en curso y hasta el 24 de octubre próximo, a

fin de que asista a lecciones en la Universidad Católica de Costa Rica, Sede
                                          30

Moravia, lo anterior por considerar este Consejo que a futuro podrían ser de interés

institucional los estudios que ella realiza. Se toma nota de la forma en que

repondrá el tiempo que ocupará en dicha labor a fin de mantener el trabajo al día y

sin que se afecte sustancialmente el servicio público a su cargo, por lo que en caso

de tener que atender un asunto urgente o que amerite su presencia no podrá

abandonar el despacho. A esos efectos deberá coordinar lo pertinente con la

jefatura.

      Asimismo, comprobará el resultado final que obtenga en el mencionado

curso ante el Departamento de Personal.

      Debe entenderse, además, que el consentimiento de la Jefatura, se da porque

esa oficina cuenta con personal suficiente para hacerle frente a la ausencia

temporal de la citada servidora y no requiere de recurso humano adicional.

      El Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San

José y el Departamento de Personal, tomarán nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XII

      En sesión N° 11-09 celebrada el 10 de febrero de este año, artículo XIV, se

concedió permiso con goce de salario a la licenciada Sandra Pereira Retana, Jueza

Coordinadora del Juzgado Contra la Violencia Doméstica de Cartago, para que se
                                          31

retirara del despacho los martes durante el primer cuatrimestre del año en curso, a

partir de las 15:00 horas, a fin de que asistiera al curso Teorías del Género dentro

del Programa de Maestría en Violencia Intrafamiliar y de Género (MAVIGE) en la

Universidad Nacional.

      Posteriormente, en sesión celebrada el 26 de mayo del año en curso, artículo

XX, se concedió permiso a la licenciada Pereira Retana, para que se retirara del

despacho los jueves durante el segundo cuatrimestre del año en curso, a partir de

las 15:00 horas y asistiera al curso Métodos de Investigación Feminista I en la

Universidad Nacional.

      Asimismo, en sesión N° 84-09 de 8 de los corrientes, artículo X, se autorizó

a doña Sandra para que se retirara del despacho los miércoles durante el tercer

cuatrimestre del año en curso, a partir de las 15:00 horas, para recibir el curso

denominado Derechos Humanos, Marco Jurídico y Mecanismos Internacionales,

en la Universidad Nacional,

      En correo electrónico de 9 de setiembre en curso, la licenciada Sandra

Pereira Retana, en su expresado carácter, comunicó lo siguiente:

               ―…en sesión del 08 de setiembre del 2009, artículo diez el Consejo
       Superior me concedió permiso para asistir a clases los días miércoles y
       ausentarme del Juzgado a las quince horas, sin embargo por ser una
       Maestría conjunta entre las Universidades de Costa Rica y Nacional este
       trimestre hubo una confusión y las clases son los días martes y no los
       miércoles como inicialmente nos lo habían comunicado. Por esta razón,
       les solicito que en las mismas condiciones que se me concedió el permiso
                                           32

        se cambie el día de disfrute, en vez de que se me permita retirarme del
        Despacho los miércoles a las quince horas, se me permita que me retire
        los martes a la misma hora.‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, modificar el

acuerdo tomado en sesión N° 84-09 de 8 de setiembre en curso, artículo X, en el

sentido que la licenciada Sandra Pereira Retana asistirá a lecciones los martes y no

como inicialmente lo había comunicado.

      El Tribunal de la Inspección Judicial, el Juzgado Contra la Violencia

Doméstica de Cartago y el Departamento de Personal tomarán nota para los fines

consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XIII

      La servidora Stephanie Cedeño Matamoros, Auxiliar Judicial 2 del Juzgado

Notarial del Primer Circuito Judicial de San José, en nota de 9 de setiembre en

curso, solicitó:

               ―… de la manera mas atenta me permita retirarme de la oficina los
        días miércoles a las 3:30 de la tarde a partir del 16 de setiembre del año
        en curso, lo anterior por cuanto estoy cursando la carrera de Enfermería
        en la Universidad Santa Lucía y para este cuatrimestre el horario del
        curso de Estadística es de 3:30 a 4:30.

              La Coordinadora del despacho no puso objeción, ya que la labor
        que realizo está totalmente al día, como es la elaboración de expedientes
        nuevos y agregar los escritos, en cuanto a la atención al público, en el
        despacho contamos con un rol entre los auxiliares para casos de
        emergencia.
                                          33

             Por otro lado, yo me comprometo a reponer la hora que me dan
       después de las 4:30 p.m., los días martes y jueves para que los escritos y
       confección de expedientes nuevos no se atrase o apoyando al auxiliar que
       me sustituyo durante esa hora.

              No omito manifestar que si bien es cierto no es una carrera que se
       relacione con los objetivos de esta Institución, pero mi objetivo es que en
       un futuro, pueda brindar mis servicios como profesional en la Medicatura
       Forense o en el Médico de Empleados del Poder Judicial. ‖
                                          -0-

      Por su parte, la licenciada Grace Hernández Herrera, Jueza Coordinadora de

dicho Juzgado, en nota de 9 de los corrientes, expresó lo siguiente:

             ―… solicito interpongan sus buenos oficios a fin de que la señorita
       Stephanie Cedeño Matamoros cédula de identidad 1-1408-0562, pueda
       cumplir con el plan de estudio de su carrera.

             La suscrita no tiene ninguna objeción, la contrario, la Señorita
       Cedeño ha desempeñado su función responsablemente, manteniendo su
       puesto al día e incluso colaborando con el trabajo de los demás
       compañeros, razón por la cual el período solicitado no afecta el servicio
       al público, máxime que tendrá el compromiso de reponerlo
       oportunamente.‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar a la

servidora Stephanie Cedeño Matamoros, para que se ausente del despacho los

miércoles de cada semana, a partir de las 15:30 horas del 16 de setiembre en curso

y asista a lecciones en la Universidad Santa Lucía, durante este cuatrimestre, lo

anterior por considerar este Consejo que a futuro podrían ser de interés

institucional los estudios que ella realiza. Se toma nota de la forma en que
                                          34

repondrá el tiempo que ocupará en dicha labor a fin de mantener el trabajo al día y

sin que se afecte sustancialmente el servicio público a su cargo, por lo que en caso

de tener que atender un asunto urgente o que amerite su presencia no podrá

abandonar el despacho. A esos efectos deberá coordinar lo pertinente con la

jefatura.

      Asimismo, comprobará el resultado final que obtenga en el mencionado

curso ante el Departamento de Personal.

      Debe entenderse, además, que el consentimiento de la Jefatura, se da porque

esa oficina cuenta con personal suficiente para hacerle frente a la ausencia

temporal del citado servidor y no requiere de recurso humano adicional.

      El Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial de San José y el

Departamento de Personal, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara

acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XIV

      La señora Nohemy Acuña Segura, Secretaria de la Fiscalía General de la

República, con instrucciones de la licenciada Lilliam Gómez Mora, Fiscal Adjunta

de ese despacho, mediante correo electrónico recibido el 9 de los corrientes,

remitió la nota suscrita por el licenciado Warner Molina Ruiz, Fiscal Adjunto de

Cartago, que literalmente dice:
                                           35

              ―Para los fines consiguientes, le informo que la servidora judicial,
       señora MARIELA RIVERA VOLIO, quien ocupa el puesto de Auxiliar
       Judicial en la Fiscalía de Cartago, solicita permiso para asistir al
       TALLER DE CAPACITACIÓN en el tema de VIOLENCIA
       DOMÉSTICA, mismo que se llevará a cabo en las instalaciones de la
       Cruz Roja de Cartago, los días jueves, correspondientes a los meses de
       setiembre, octubre y el primer jueves de noviembre, todos del año 2009.
       El contacto para realizar este taller se llevó a cabo con la licenciada
       Andrea Jiménez Mora, quien es la trabajadora social y funcionaria de la
       oficina del programa de Asistencia a las Víctimas del Ministerio Público
       de Cartago. La importancia de realizar esta capacitación radica en que se
       trata de un tema que día con día se aborda en este despacho y al contar
       con personal debidamente capacitado en el tema, se puede mejorar la
       atención a las víctimas de esta problemática.

              No omito indicar, que la servidora RIVERA VOLIO cuenta con
       una licenciatura en Psicología, por lo que eventualmente podría
       coadyuvar en la capacitación de otros auxiliares judiciales, así como con
       el trabajo que se realiza con esta población en el Ministerio Público de
       Cartago.

              Le ruego, don Francisco, si lo tiene a bien, aprobar esta solicitud y
       trasladarla al CONSEJO SUPERIOR, para que autorice la participación
       de la compañera RIVERA VOLIO en la precitada capacitación.‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia: 1.) Autorizar la

participación de la servidora Mariela Rivera Volio, en el Taller de Capacitación en

el tema de Violencia Doméstica, a realizarse en las instalaciones de la Cruz Roja

de Cartago, durante las fechas indicadas. Lo anterior, en el entendido que no se

afecte sustancialmente el servicio público a su cargo lo cual implica que deberá dar

prioridad a la atención de los asuntos urgentes relacionados con sus funciones en el

Poder Judicial. 2.) En virtud de la importancia del contenido de la capacitación a
                                          36

recibir, deberá doña Mariela, coordinar lo necesario con la jefatura, a fin de

transmitir los conocimientos adquiridos a otros servidores a los que les pueda ser

de beneficio en el cumplimiento de sus labores, según los requerimientos

institucionales.

      La Fiscalía Adjunta de Cartago y el Departamento de Personal, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XV

      El servidor Greivin Hernández Córdoba, Investigador de la Delegación

Regional del Organismo de Investigación Judicial del Segundo Circuito Judicial de

Alajuela, en correo electrónico recibido el 8 de setiembre en curso, comunicó lo

siguiente:

             ―… el suscrito impartirá un curso de refrescamiento de Manejo de
       Armas y Protección a la Escena del Suceso, al grupo de guardas de
       seguridad interna del Instituto Tecnológico, sede Santa Clara, San Carlos,
       a partir del mes de Octubre del presente año y hasta finales del mismo
       mes, dicho curso se impartirá los fines de semana en mi tiempo libre.
       Cualquier notificación al correo guevoguevo08@hotmail.com ó al
       teléfono (…).‖
                                         -0-

      Se acordó: Comunicar al señor Greivin Hernández Córdoba, que este

Consejo no tiene objeción para que imparta el curso de ―Manejo de Armas y

Protección a la Escena del Suceso‖ en el Instituto Tecnológico, sede Santa Clara,

San Carlos, durante el mes de octubre próximo, fuera de horario laboral. Es
                                         37

entendido que don Greivin tiene el deber de estarse a lo establecido en la Ley

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, tal como

se señala en el pronunciamiento emitido por la Contraloría General de la

República, conocido en la sesión Nº 66-05 del 25 de agosto del 2005, artículo LI y

comunicado mediante circular Nº 138-2005 publicado en el Boletín Judicial Nº

207 del 27 de octubre del 2005, así como también al acuerdo tomado por la Corte

Plena en sesión Nº 03-2006 del 27 de febrero del 2006, artículo XII. Será el

petente quien deba valorar las obligaciones que tiene en razón del cargo que ocupa

en este Poder de la República.

      La Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial del

Segundo Circuito Judicial de Alajuela y el Departamento de Personal, tomarán

nota para los fines consiguientes. Se declara este acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XVI

      El licenciado Alfredo Jones León, el máster Francisco Arroyo Meléndez y el

licenciado Juan Carlos Córdoba Meléndez, por su orden, Director Ejecutivo y Jefes

del Departamento de Personal y Financiero Contable, en oficio Nº 7052-DE-

2009/928-JP-2009/322-FC-2009 de 9 de setiembre en curso, solicitaron lo

siguiente:

            ―Como es de conocimiento de los señores Integrantes del Consejo
       Superior, a partir del 10 de marzo del 2008 dio inicio la ejecución del
                                   38

contrato para la programación del Proyecto del Fondo de Pensiones y
Jubilaciones a cargo de la Empresa PRIDES; para lo cual, se estimó una
duración de 18 meses. Así mismo, la empresa PRIDES solicitó una
prórroga de 9 meses para concluir las tareas pendientes de la contratación,
la cual fue autorizada por el Consejo Superior en la sesión N° 82-09
Artículo VIII realizada el 2 de setiembre del año en curso. La ejecución
del contrato se conforma de 5 etapas denominadas:

           I Etapa. Desarrollo de Módulos Iniciales.
           II Etapa. Desarrollo de Módulos del Proceso de Pago
           III Etapa. Pruebas Integrales del Sistema
           IV Etapa. Paralelo e integración del Sistema
           V Etapa. Evaluación y Ajustes

      En cuanto al avance en la contratación es importante indicar que la
Primera Etapa fue recibida a satisfacción, se tiene un avance importante
en las pruebas de los módulos que conforman la Segunda Etapa y se han
realizado tareas de la III y IV Etapa relacionadas con los módulos de
Reconocimiento de Tiempo Servido, Cálculo de Jubilación y Cálculo de
Pensión, los cuales forman parte de la Primera Etapa de la contratación.

     Producto de esta situación contractual entre el Poder Judicial y la
Empresa PRIDES, se requiere contar con los permisos de los servidores
del Departamento de Personal y Financiero Contable quienes se
encargarán de realizar las pruebas de los módulos del nuevo sistema, para
que garanticen que su construcción sea correcta, exacta y acorde con los
términos contractuales definidos. Además, de velar por la calidad del
producto entregado por la empresa:

  1. Segunda Etapa

   Pruebas del Módulo de Interfases Internas y Externas.
   Pruebas del Módulo de Liquidaciones y Exclusiones.

  2. Tercera Etapa. Ejecutar 4 Flujos de pruebas integrales.

  3. IV Etapa. Continuar con el Paralelo de los Módulos
     Reconocimiento de Tiempo Servido, Cálculo de Jubilación y
     Cálculo de Pensión.

     En virtud de continuar con las tareas pendientes, se solicita que con
                                                                      39

               base en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [1] se otorgue
               permiso con goce de salario y sustitución a los servidores que se indican,
               en el puesto que ocupan actualmente[2] y por el plazo mencionado, a las
               siguientes personas, en el entendido de que esta medida es indispensable
               para que las personas que tienen el conocimiento del sistema y/o los
               procesos puedan participar en esta etapa crucial del desarrollo de la
               consultoría:

         Nombre del Servidor                                            Período                                    Departamento
Rossibeth Ugalde Miranda                            Del 1 de octubre al 31 de                                 Personal-Gestión
                                                    diciembre del 2009                                        Humana
Karla Infante Blanco                                Del 1 de octubre al 31 de octubre                         Personal-Gestión
                                                    de 2009                                                   Humana
Mauren Siles Mata                                   Del 11 de setiembre al 31 de                              Personal-Gestión
                                                    diciembre del 2009                                        Humana
Yexinia Zúñiga Martínez                             Del 15 de setiembre al 31 de                              Personal-Gestión
                                                    octubre                                                   Humana
María José Chaves Guzmán                            Del 11 de setiembre al 31 de                              Financiero Contable
                                                    diciembre del 2009
Patricia Aguilar Rodríguez                          Del 11 de setiembre al 31 de                              Financiero Contable
                                                    diciembre del 2009
Roberto Granados Marín                              Del 11 de setiembre al 31 de                              Financiero Contable
                                                    octubre de 2009
                                                                     -0-

             De conformidad con lo que establece el artículo 44, párrafo 4° de la Ley

Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un asunto de interés institucional, se

acordó: Conceder permiso con goce de salario a los servidores de la lista

transcrita, durante las fechas citadas, para que se dediquen al proyecto indicado, así

como realizar las pruebas de los módulos del Proyecto del Fondo de Pensiones y


[1]
     El articulo 44 de la Ley Orgánica y el 81 inciso 18, establecen que en casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial,
el Consejo Superior podrá conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales para la realizar estudios o proyectos.

[2]
      Aplicación excepcional de Plan de Vacaciones, punto 9.1.
                                         40

Jubilaciones.

      La Dirección Ejecutiva y los Departamentos de Personal y Financiero

Contable, tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XVII

      El licenciado Ricky González Farguharson, Fiscal Coordinador de la

Fiscalía General de la República, mediante oficio N° FGR-1101-2009 de 7 de

setiembre en curso, remitió nota de 3 de este mes, suscrita por la licenciada

Berenice Smith Bonilla, Fiscala Coordinadora de la Unidad de Delitos Contra la

Propiedad del Ministerio Público, que literalmente dice:

            ―Reciba un cordial saludo de mi parte. Como es de su conocimiento,
       me encuentro laborando en la Unidad Especializada de Delitos contra la
       Propiedad en San José, en mi puesto de Fiscala Coordinadora.

            Por lo anterior, quisiera hacer de su conocimiento que he recibido
       una propuesta de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
       Guatemala (CICIG), de Naciones Unidas, para integrar el equipo de
       profesionales, que se encuentra actualmente cooperando en dicha
       Comisión, instaurada en Guatemala para coadyuvar en la lucha contra la
       impunidad.

             Considero que la propuesta es una oportunidad profesional y
       personal, en tanto que me permite aportar un grano de arena en la citada
       Comisión Internacional, en su función de establecer la existencia,
       desarticular y promover la investigación y persecución penal de los
       cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Mi aporte estará
       enfocado al apoyo de las Fiscalas y Fiscales de esa Nación que también
       han siclo incorporados a la CICIG, precisamente para el ejercicio de la
       acción penal, por lo que no realizaré funciones por las cuales se me paga
       prohibición, sino que mi función será de apoyo para fiscales e
       investigadores. En ese sentido mi relación laboral será estrictamente con
       la citada Comisión Internacional.
                                          41


            Debido a lo anterior, recurro a su persona en calidad de Jerarca del
       Ministerio Público para solicitarle un permiso sin goce de salario por el
       término de un año, contado a partir del 28 de setiembre del presente año
       2009 y hasta el 28 de setiembre del 2010.

            De otorgar su autorización para este permiso sin goce de salario, le
       agradezco de antemano, remitirla al Consejo Superior del Poder Judicial
       para el respectivo permiso, que también compete otorgar a ese órgano
       administrativo.‖
                                         -0-

      Con relación a lo anterior, la licenciada Smith Bonilla, en su citada

condición, en nota recibida el 14 de este mes, expresó lo siguiente:

            ―Luego de un saludo y deseándoles éxitos en sus funciones, con
       todo respeto procedo a exponer lo siguiente.

             He recibido una propuesta para incorporarme al equipo de trabajo de
       la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es una
       comisión de Naciones Unidas, que coadyuva en la lucha contra la
       impunidad en ese país. Esta propuesta es por un año, con el fin de apoyar
       a Fiscales e investigadores en su labor investigativa.

              Por esta razón recurro ante ustedes, como Órgano Administrativo
       superior del Poder Judicial, toda vez que la Fiscalía General de la
       Republica, otorgó el visto bueno a mi gestión, y en esa medida, el Fiscal
       General le dio curso a mi solicitud enviándola ante ese Consejo Superior,
       para el correspondiente permiso definitivo.

              En consecuencia, solicito a ese Honorable Consejo, se me autorice
       un año de permiso sin goce de salario, conforme las potestades que les
       confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto a partir del 28 de
       septiembre del 2009 al 28 de septiembre del 2010, fecha en la cual, me
       incorporaría a laborar nuevamente al Ministerio Público, institución en la
       que he laborado por 21 años consecutivos, y en donde me desempeño en
       la actualidad.

              No omito informarles que en dicha función no voy a ejercer la
                                          42

       abogacía de manera liberal, ni labor alguna por la cual se me paga
       prohibición.‖
                                            -0-

      De conformidad con el artículo 44, párrafo 4º de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se acordó: Acoger la gestión anterior, en consecuencia, conceder permiso

sin goce de salario a la licenciada Berenice Smith Bonilla, del 28 de setiembre y

hasta el 28 de setiembre del 2010, para los fines indicados.

      La Fiscalía General de la República, el Departamento de Personal, tomarán

nota para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO XVIII

      En sesión N° 58-09 celebrada el 2 de agosto último, artículo XXX, se

autorizó la participación de los funcionarios y funcionarias judiciales interesados

en asistir al seminario de conmemoración de los 20 años de Justicia Constitucional

en Costa Rica, a realizarse el 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre del año en curso.

      En correo electrónico recibido el 11 de setiembre en curso, la licenciada

Sonia Villegas Grijalba, Coordinadora del Centro de Jurisprudencia Constitucional

de la Sala Constitucional, informó lo siguiente:

              ―…, procedo a informar la lista de funcionarios del Poder Judicial
       que fueron debidamente inscritos en la actividad, para los fines
       correspondientes:

                      ABEL JIMENEZ OBANDO
                      ADRIANA VALVERDE VARGAS
                      ALBERTO JIMÉNEZ MATA
               43

ALEJANDRA MONTERO SOLANO
ALEJANDRA PADILLA ALVARADO
ALEJANDRA VARGAS CRUZ
ALEJANDRO JOSE ROBLES LEAL
ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA
ALINA GRANADOS ALVAREZ
ALVARO CABEZAS GUTIÉRREZ
ANDREA CAMACHO MORA
ANDREA HERRERA GUTIERREZ
ANDREA MÉNDEZ GARITA
ANDREA QUIJANO VILLALBOS
ANDRÉS GONZÁLEZ PORRAS
ANDREY MORA GAMBOA
ÁNGELA JIMÉNEZ CHACÓN
ARTURO DURAN BARQUERO
BERNARDO GOLDSTEIN ROSALES
BETHNANN HERRERA MONTERO
CARLOS CORDERO VARGAS
CARLOS FABIAN SANDOVAL DURÁN
CARLOS JIMÉNEZ GONGÁLEZ
CAROLINA FALLAS SANCHEZ
CHRIS BARAHONA RAMÍREZ
CHRISTIAN QUESADA VARGAS
CINTHYA LEÓN BARQUERO
CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR
DANIEL ALEJANDRO PÉREZ PÉREZ
DIANA SANABRIA MARTINEZ
DIEGO CERDAS RETANA
ELENA SEGURA SALAZAR
ENRIQUE NAPOLEÓN ULATE CHACÓN
ERICK A. CUBERO JIMÉNEZ
EVELYN ARAYA RODRÍGUEZ
FABIAN BARBOZA GOMEZ
FARITH SUAREZ VALVERDE
FERNANDO BOLAÑOS CÉSPEDES
FLORA ROJAS ARAYA
FRANCISCO BONILLA ALVAREZ
FREDDY SANDÍ ZUÑIGA
GABRIEL HERRERA MADRIGAL
GABRIELA MARIA DIAZ BRENES
GABRIELA VARGAS CHACÓN
GERARDO MADRIZ PIEDRA
GILBERTO ALONSO LOBO RODRIGUEZ
GLORIA ESTELA ANGULO SMITH
GLORIANA ROJAS SÁENZ
GUILLERMO ARCE ARIAS
GUILLERMO BALLESTERO UMAÑA
               44

HAIDEER MIRANDA BONILLA
HUBERT FERNÁNDEZ ARGÜELLO
INGRID ESTRADA VENEGAS
INGRID HESS HERRERA
ISABEL ORTIZ FERNANDEZ
JEANNETTE ARIAS MEZA
JENNY MORA DURAN
JORGE KEPFER CHINCHILLA
JOSE FRANCISCO ARROYO SOTO
JOSE JOAQUIN ALVARADO ACUÑA
JUAN CARLOS REYES ODIO
JUAN CARLOS SEGURA SOLIS
JUAN FRANCISCO LEMUS VIQUEZ
JUAN LUIS GIUSTI SOTO
KAREN VALVERDE CHAVES
KARINA CHAVES OROCÚ
KARLA ARGUELLO SOTO
KAROL PAMELA NUÑEZ SIBAJA
KATHERINE ANGULO PIZARRO
KATHERINE OVIEDO PANIAGUA
LAURA ARROYO CASTRO
LAURA RODRÍGUEZ VILLALOBOS
LAURA SOLEY GUTIERREZ
LENA WHITE CURLING
LIZBETH BARRANTES CASTILLO
LOREANA MARIA MC LAREN QUIROS
LORENA MONTES DE OCA MONGE
LUIS ARDON ACUÑA
LUIS FRANCISCO CERVANTES GAMBOA
MANUEL FERNANDO JIMÉNEZ AGUILAR
MARCELA CALDERÓN BARRANTES
MARCELA GUADAMUZ LEON
MARCO TROYO CORDERO
MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ BRENES
MARIA ELENA PALMA HERRERA
MARIA MARTA BRENES MONTOYA
MARICRUZ BARQUERO KEPFER
MARIO RODRIGUEZ ARGUEDAS
MARLIN ARGUEDAS AGUILAR
MARTHA Y. QUESADA MORERA
MARTHA Y. QUESADA MORERA
MATEO IVANKOVICH FONSECA
MAUREEN SOLÍS MADRIGAL
MAURICIO NAVARRO BUZANO
MAX VARGAS CESPEDES
MELANY ARAYA FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL MACHADO BARQUERO
              45

MILTON CASTRO SERRANO
MIUREL MORALES SÁNCHEZ
MONICA VASQUEZ VALVERDE
NACIRA RIVERA CRUZ
NANCY HERNÁNDEZ LÓPEZ
NANCY VARGAS CHACÓN
NATALIA VILLALOBOS FALLAS
NIDIA SANCHEZ BOSCHINI
OLMAN RODRIGUEZ LOAIZA
OSCAR GARRO PRADO
PATRICIA CALDERÓN RODRÍGUEZ
RANDALL SANDÍ ZÚÑIGA
RAYMOND PORTER AGUILAR
REYSETH PERAZA MORALES
ROBERT CAMACHO VILLALOBOS
ROBERT GUTIERREZ SANCHEZ
ROBERTO CARMIOL ULLOA
ROBERTO MADRIGAL ZAMORA
ROBERTO MONTERO GARCÍA
RODOLFO GÓNZALEZ FERNÁNDEZ
RODOLFO MARENCO ORITZ
RODRIGO MONGE UMAÑA
ROGER DURAN GAMBOA
RONALD SALAZAR MURILLO
RONALD SEGURA MENA
ROSIBEL BARBOZA ELIZONDO
ROY GUTIERREZ NAVARRO
SANDRA EUGENIA ZÚÑIGA MORALES
SANDRA QUESADA VARGAS
SARAY PERALTA AGUILAR
SIGRID MORALES CARRASCO
SONIA VILLEGAS GRIJALBA
TATIANA LÓPEZ MONGE
TATIANA RODRIGUEZ ARAYA
TATYANA RODRIGUEZ CASTRO
TERESITA BOLAÑOS ROJAS
TERESITA PEREZ CALDERON
UBALDO CERDAS CHAVARRÍA
VALERIA CHAVARRIA CHAVES
VANLLY CANTILLO GAMBOA
VICTORIA JIMÉNEZ TORRES
VILMA SANCHEZ DEL CASTILLO
VIVIANA BENAVIDES HERNANDEZ
VIVIANA BENAVIDES HERNANDEZ
WALTER ALVARADO ARIAS
WALTER OBANDO CORRALES
WENDY SINGER PLÁ
                                          46

                      YANELA ÁLVAREZ ROJAS

                                         -0-

      Asimismo, en nota de 14 de setiembre en curso, la máster Ana Lorena

Blanco Bonilla, Jueza Penal Juvenil de Puntarenas, solicitó lo siguiente:

             ―Enterada del Seminario que se estará realizando los días 30 de
       setiembre, 1 y 2 de octubre del año en curso, en Conmemoración de los
       20 años de Justicia Constitucional en Costa Rica, siendo de interés de
       todos y todas los/as funcionarios/rias que impartimos justicia, por la
       relevancia de los temas que se expondrán, les solicito se apruebe mi
       asistencia a dicho evento. Debo manifestar que actualmente me encuentro
       sustituyendo al Lic. Juan Carlos Mejías en el Tribunal de Juicio de
       Puntarenas, conociendo material civil y laboral.‖
                                         -0-

      Al propio tiempo, el licenciado José Gerardo Delgado Núñez, Juez

Supernumerario del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en

nota de 16 de setiembre en curso, comunicó lo siguiente:

             ―Sirva la presente para saludarlo y a la vez solicitarle su
       autorización para asistir al Seminario del 30 de setiembre, 1 y 2 de
       octubre del 2009. Es un seminario sobre los 20 años de la Sala
       Constitucional y se va a llevar a cabo en el Auditorio del Poder Judicial
       en el Edificio del OIJ. Me inscribí en este Seminario desde junio de este
       año.

            ―Estoy nombrado en plaza de Juez Supernumerario en el Juzgado
       Contencioso hasta el 30 de setiembre por el momento.‖
                                         -0-

      Se acordó: 1.) Autorizar la participación de los servidores de la lista

transcrita, en el seminario de conmemoración de los 20 años de Justicia

Constitucional en Costa Rica, a realizarse el 30 de setiembre, 1º y 2 de octubre del
                                         47

año en curso. Lo anterior, en el entendido de que no se afecte sustancialmente el

servicio público a cargo de los servidores a quienes se les autoriza a participar, lo

cual implica que en caso de tener diligencias programadas no podrán alterar en

modo alguno la fecha de su realización y deberán atenderlas, asimismo de

presentarse algún asunto urgente suspenderán su participación para atenderlo. 2.)

Denegar la solicitud de la máster Ana Lorena Blanco Bonilla y del licenciado José

Gerardo Delgado Núñez, por cuanto no hay cupo para integrarlos en la actividad

que se da cuenta y en vista que la gestión debió realizarse directamente ante la Sala

Constitucional.

      La Sala Constitucional y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo

que corresponda. Se declara este acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XIX

      El señor Presidente, Magistrado Mora, remite correo electrónico de 16 de

setiembre en curso, en que hace de conocimiento nota suscrita por el señor Víctor

Moreno Catena, Secretario General de IberRed, en que manifiesta lo siguiente:

            ―Me es grato informarle de que, desde Iberred, y en Convenio con
       CEDDET (Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo
       Económico y Tecnológico), estamos lanzando un novedoso Curso de
       Formación On Line que versará sobre ―Capacitación Jurídica Penal en
       Iberoamérica‖.
            Es un honor ofrecerlo a Jueces, Fiscales y miembros de los
       Ministerios de Justicia de los Países Iberoamericanos, becando 30 plazas
       para quienes estén especialmente interesados en recibir dicha formación.
       Con ello Iberred hace un gran esfuerzo económico y cumple con el
                                            48

       mandato de la Asamblea de Puntos de Contacto celebrada en Buenos
       Aires y ratificado con posterioridad en Santiago de Chile, enmarcado todo
       ello en el Plan Estratégico de IberRed.
             El curso se estructura en tres Módulos, cada uno de los cuales se
       compone de dos temas, siendo en total seis:
       1. La Cooperación Jurídica Penal en Iberoamérica
       2. Herramientas de Cooperación Jurídica Penal
       3. El principio de asistencia penal mutua
       4. El principio de reconocimiento mutuo
       5. Instrumentos de cooperación en los delitos de estupefacientes,
             delincuencia organizada, corrupción, sustracción de menores, trata
             de seres humanos y lavado de activos.
       6. La Jurisdicción Penal Internacional
             El curso se impartirá a distancia y durará dos meses (60 horas): del
       28 de septiembre al 27 de noviembre.
             Como somos conscientes de que habrá muchas más solicitudes que
       plazas (sólo se admitirán 30 participantes), le ruego que a la mayor
       brevedad posible nos pueda designar al Juez (uno solo) interesado en
       solicitar dicho Curso para poderlo tener en cuenta de inmediato.
             Al efecto, me permito adjuntarle un sencillo formulario de solicitud
       que le rogamos pueda sernos remitido antes del 11 de septiembre a los
       siguientes correos:
       secretaria.general@comjib.org y belen.pascual@comjib.org.
             De entre las solicitudes que recibamos se hará una selección
       conforme a criterios objetivos, entre los que estará el orden de llegada de
       la solicitud y la relación directa de la labor profesional de quien solicita el
       Curso con la materia de cooperación.
             Esperando que este Curso sea de su interés y recibir, en cuanto le
       sea posible, a la persona designada por usted, …‖
                                             -0-

      Se acordó: Se acordó: 1.) Agradecer a la Secretaría General de la Red

Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internancional, la invitación cursada. 2.)

Designar al doctor Rafael Gullock Vargas, Juez del Tribunal de Casación Penal del

Segundo Circuito Judicial de San José, a los licenciados Adrián Molina Elizondo,

Juez Coordinador del Juzgado Penal de Heredia y William Serrano Baby, Juez del
                                        49

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, para que participen en el

Curso de Formación On Line sobre ―Cooperación Jurídica Penal en Iberoamérica‖,

que impartirá a distancia la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica

Internacional, del 28 de setiembre en curso al 27 de noviembre del año en curso.

3.) En virtud de la importancia de la capacitación a recibir, los servidores

escogidos deberán coordinar lo correspondiente, a fin de transmitir los

conocimientos adquiridos a los demás compañeros, ya que podría ser de gran

utilidad en las labores que realizan.

      El Despacho de la Presidencia, el Tribunal de Casación Penal del Segundo

Circuito Judicial de San José, el Juzgado Penal de Heredia, el Tribunal Penal del

Primer Circuito Judicial de San José y el Departamento de Personal, tomarán nota

para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.

                                  ARTÍCULO XX

      Mediante correo electrónico recibido el 16 de setiembre en curso, la señora

Ileana Rojas Cerdas, Secretaria 2 del Consejo Superior, informa que siguiendo

instrucciones del licenciado Marvin Martínez Fernández, Integrante de este

Consejo y con la autorización del señor Presidente Magistrado Mora, don Marvin

disfrutará vacaciones el 21 y 22 de este mes, por lo que solicita se le designe

sustituto para esos días.
                                              50

       Al respecto, la señora Rojas Cerdas, con instrucciones del licenciado

Martínez Fernández, comunicó que don Marvin solamente disfrutará de vacaciones

el 21 de setiembre en curso.

       Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior, lo que también hará el

Departamento de Personal para lo que corresponda. Se declara este acuerdo

firme.

                                     ARTÍCULO XXI

       El señor Isidro Domingo Briceño López, Notificador 1 del Juzgado Civil,

Trabajo y Familia de Cañas, en nota de 1° de julio del año en curso, solicitó al

Departamento de Personal, realizar los cálculos correspondientes de su jubilación,

a partir del 1° de setiembre en curso, únicamente para fijar derecho.

       En oficio N° 997-UJP-2009 de 3 de los corrientes, el máster Francisco

Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, la licenciada Olga Guerrero

Córdoba, Jefa interina de la Sección de Administración de Personal y el señor

Juan José Carvajal Siles, Técnico Administrativo 2 de la Unidad de Jubilaciones y

Pensiones, indicaron lo siguiente:

              Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por el señor
“ASUNTO: Isidro Domingo Briceño López, cédula número 05-0157-0182, a partir del 01
              de septiembre de 2009.
Al 31 de agosto del 2009, el señor Briceño López habrá laborado para el Poder Judicial, 32
años, 2 meses y 28 días. Cabe mencionar que para efectos de jubilación reconoció tiempo
laborado en otras instituciones del Estado, a saber: 1 año, 6 meses y 29 días.
TOTAL TIEMPO SERVIDO:                  33 años, 9 meses y 27días.
                                          51

EDAD: 54 años y 27 días.
                                          Notificador 1, Juzgado Civil, Trabajo y
ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO:
                                          Familia de Cañas.
ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO:                ¢754.225,35.
SALARIO PROMEDIO:       ¢669.729,21
                          ¢658.465,59 (98,32% del salario promedio de los
MONTO DE JUBILACIÓN:
                          veinticuatro mejores salarios ordinarios)
NORMA LEGAL:     ―Los cálculos se efectuaron con base en la normativa de la Ley
                 Orgánica Actual, así como lo dispuesto por el Consejo Superior
                 en sesión celebrada el 28/02/2006.‖ Y la aplicación del
                 transitorio III de la Ley Marco de Pensiones.

                       Se aplica el transitorio III de la Ley Marco de Pensiones, se
                       descuenta 5 años de edad por laborar para el Estado 16 años, 8
                       meses y 12 días al 15 de julio de 1992.
FORMULA                        Salario Promedio * Edad = Monto de Jubilación
APLICADA                                55 años‖
                                          -0-

      Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación del señor Isidro Domingo

Briceño López y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la fecha a partir de la

cual se acogerá a ese derecho.

      El Integrante Martínez Fernández votó por aprobar el derecho a la jubilación

con base en lo dispuesto por Corte Plena en sesión Nº 9-00 celebrada el 28 de

febrero del 2000, artículo XXXI y por el Consejo Superior en sesión Nº 22-01

realizada el 15 de marzo del 2001, artículo LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus

reformas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXII
                                                  52

       El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, la

licenciada Olga Guerrero Córdoba, Jefa interina de Administración de Personal y

el señor Juan José Carvajal Siles, Técnico Administrativo 2 de la Unidad de

Jubilaciones y Pensiones, en oficio N° 1001-UJP-2009 recibido el 9 de setiembre

en curso, informaron lo siguiente:

                 Solicitud de jubilación únicamente para fijar derecho presentada por el señor Luis
  “ASUNTO:       Emilio Rodríguez Gamboa, cédula número 02-0333-0054, a partir del 20 de septiembre
                 de 2009.
Al 20 de agosto del 2009, el señor Rodríguez Gamboa habrá laborado para el Poder Judicial 30 años y 10
días.
TOTAL TIEMPO SERVIDO:                       30 años y 10 días.
EDAD:       51 años, 4 meses y 9 días.
                                                       Asistente Judicial 3, Tribunal III Circuito Judicial
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO:
                                                       de Alajuela (San Ramón).
ULTIMO SALARIO DEVENGADO:                            ¢865.688,05.
SALARIO PROMEDIO (Salario +
                                        ¢774.492,25 (correspondiente al mes de Agosto 2009)
Salario Escolar)
                                           ¢723.211,48 (93,38% del salario promedio de los veinticuatro
MONTO DE JUBILACIÓN:
                                           mejores salarios ordinarios)
NORMA LEGAL:                  ―Los cálculos se efectuaron con base en la normativa de la Ley Orgánica
                              Actual, así como lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión celebrada
                              el 28/02/2006.‖ Y la aplicación del transitorio III de la Ley Marco de
                              Pensiones.

                              Se aplica el transitorio III de la Ley Marco de Pensiones, se descuenta 5
                              años de edad por laborar para el Estado 12 años, 10 meses y 6 días al 15 de
                              julio de 1992.
FORMULA APLICADA:                              Salario Promedio * Edad = Monto de Jubilación
                                                        55 años‖

                                                  -0-

       Se acordó: Aprobar el derecho a la jubilación del señor Luis Emilio

Rodríguez Gamboa y conforme lo solicitó, se deja en suspenso la fecha a partir de

la cual se acogerá a ese derecho.
                                          53

      El Integrante Martínez Fernández votó por aprobar la jubilación con base en

lo dispuesto por la Corte Plena en sesión Nº 09-00 celebrada el 28 de febrero del

2000, artículo XXXI y por el Consejo Superior en sesión Nº 22-01 realizada el 15

de marzo del 2001, artículo LXVIII, Ley Orgánica de 1937 y sus reformas.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda. Se

declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXIII

      En sesión N° 66-09 celebrada el 30 de junio de este año, artículo LXXVI, se

tomó el siguiente acuerdo:

            ―Informa la Secretaría General de la Corte, que mediante resolución
       N° 411-2009 de las diez horas del dieciséis de junio en curso, se notificó
       en su casa de habitación al licenciado Gustavo Alvarado Sánchez, el
       acuerdo tomado en la sesión N° 57-09 de 28 de mayo último, artículo
       XXVIII, a las catorce horas del 18 del mes en curso.

            El citado acuerdo literalmente dice:

             ―En sesión N° 08-09 celebrada el 29 de enero del año en curso,
       artículo XVIII, se conoció el oficio N° 192 de 19 de ese mes, en que el
       señor José Francisco Ching Vargas, Secretario del Tribunal de la
       Inspección Judicial, comunicó que ese Tribunal, al resolver la queja N°
       34-2008-F, impuso al licenciado Gustavo Alvarado Sánchez, a la sazón
       Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Upala, la corrección
       disciplinaria de tres meses de suspensión sin goce de salario, la cual
       quedó firme a partir del 16 de ese mes, por interesarse indebidamente en
       un proceso tramitado en el despacho donde laboraba y no excusarse de
       conocerlo, teniendo causal para ello, falta que se calificó como gravísima.

            En esa oportunidad, se dispuso tomar nota de la citada comunicación
       y hacerla de conocimiento del Despacho del Presidente, para que
       informara al Departamento de Personal, la fecha en que se haría efectiva
                                  54

la sanción impuesta al licenciado Gustavo Alvarado Sánchez.

      Posteriormente, en sesión N° 13-09 del 17 de febrero de este año,
artículo LII, se remitió al licenciado Alvarado Sánchez, Juez
Contravencional y Menor Cuantía de Garabito, a valoración médica por
parte del Consejo Médico Forense, a fin de que estableciera su estado
actual de salud y determinara si se encuentra incapacitado total y
permanentemente para desempeñar el puesto que ocupa en la actualidad.

      A esos efectos, en la sesión Nº 30-09 celebrada el 26 de marzo del
año en curso, artículo XXV, se tomó el acuerdo que en lo conducente
dice:

     "(…)

      En atención a lo anterior, las doctoras Leslie Solano Calderón y
Cinthia López Castillo, Jefas del Departamento de Medicina Legal y de la
Sección Psiquiatría y Psicología Forense, respectivamente y la máster
Carmen Zeledón Grande, Psicóloga Clínica y Forense, en oficio N°
J.D.M.L. 2009-0052D de 16 de marzo en curso, remitieron el resultado de
la valoración médica efectuada al licenciado Gustavo Alvarado Sánchez,
cuya conclusión indican que don Gustavo "mantiene todas las
capacidades mentales que le permiten tener conciencia y discernimiento
de los actos que se ejecutan y la capacidad para realizar libre y
voluntariamente un determinado acto, así como, para enfrentar un
proceso disciplinario y colaborar con su defensa"

      Se acordó: 1.) Tener por recibido el informe anterior. 2.) Remitir
nuevamente a valoración médica por parte del Consejo Médico Forense,
al licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez, para que determine su
estado actual de salud e indique si don Martín Gustavo, puede cumplir
con sus funciones como juez de la República. Se declara acuerdo
firme."
                                  -0-

     En cumplimiento de lo anterior, las doctoras Leslie Solano Calderón
y Cinthia López Castillo, Jefas del Departamento de Medicina Legal y de
la Sección Psiquiatría y Psicología Forense, respectivamente y la máster
Carmen Zeledón Grande, Psicóloga Clínica y Forense, mediante oficio N°
J.D.M.L. 2009-00261D de 12 de mayo en curso, ratifican en todos sus
extremos el dictamen médico legal N° J.D.M.L. 2009-0052D.
                                   55


     Se acordó: Tener por recibido el informe anterior y hacerlo de
conocimiento del licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez.‖
                                  -0-

     El licenciado Bernan Luis Salazar Ureña, Defensor Particular del
señor Gustavo Alvarado Sánchez, en escrito de 19 de los corrientes,
presentó la siguiente gestión:

      ―(…)

       PRIMERO.- El día 18 de junio del 2009 mi representado fue
notificado del contenido de la resolución de referencia, mediante la cual -
en lo que interesa- le informan:

       En cumplimiento de lo anterior, las doctoras Leslie Solano
Calderón y Cinthia López Castillo, Jefas del Departamento de Medicina
Legal y de la Sección Psiquiatría y Psicología Forense, respectivamente y
la máster Carmen Zeledón Grande, Psicóloga Clínica y Forense, mediante
oficio N° J.D.M.L. 2009-00261D del 12 de mayo en curso, ratifican en
todos sus extremos el dictamen médico legal N° JDML 2009-0052D...‖

       SEGUNDO.- Este servidor respeta pero no comparte el criterio de
las distinguidas profesionales, motivo por el cual oportunamente se
gestionó que el Lic. Alvarado Sánchez fuera valorado por el CONSEJO
MÉDICO FORENSE y véase que en la misma resolución se transcribe el
acuerdo dispuesto en la Sesión N° 30-09 celebrada el 26 de marzo del
2009 que —en lo que interesa- reza:

      • .2) Remitir nuevamente a valoración médica por parte del
Consejo Médico Forense, al licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez
para que determine su estado de salud actual e indique si don Martín
Gustavo, puedo cumplir con sus funciones como juez (sic) de la
República...‖

       Es decir, el CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL lo
que ordenó es que se valore médicamente al Lic. Alvarado Sánchez por
parte del CONSEJO MÉDICO FORENSE, para lo cual se requiere un
examen personal y es precisamente por ello que se dispuso ―remitir
nuevamente a valoración médica‖ y no simplemente que se examinara y
leyera el expediente clínico que al efecto ha de existir en el Departamento
                                          56

       de Medicina Legal y en la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense del
       Poder Judicial. -*

              PRETENSIÓN: En virtud de lo anterior y con la finalidad de
       cumplir con lo dispuesto por el Consejo Superior del Poder Judicial en la
       Sesión N° 30-09, respetuosamente solicito se sirvan proceder conforme a
       derecho corresponde y remitir a valoración médica por parte del Consejo
       Médico Forense al Lic. Gustavo Martín Alvarado Sánchez, para lo cual
       respetuosamente solicito se sirvan disponer hora y fecha-*

             No omito indicar que considero indispensable que el Consejo
       Médico Forense tenga a la vista con los expedientes médicos del Lic.
       Alvarado Sánchez que permanecen en el Hospital Nacional Psiquiátrico,
       para lo cual, solicito se proceda a gestionar su remisión.

               NOTIFICACIONES: las sigo recibiendo en el FAX N° 2291-
       4412‖
                                         -0-

             Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: Remitir
       nuevamente a valoración médica por parte del Consejo Médico Forense,
       al licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez, para que evaluando su
       historial psiquiátrico indique si don Martín, con los padecimientos que
       tiene, puede cumplir de forma idónea con sus funciones como juez de la
       República. Lo anterior por cuanto fue a ese Órgano al que se solicitó en
       sesión N° 57-09 del 28 de mayo del año en curso, artículo XXVIII
       valorara al licenciado Alvarado Sánchez.‖
                                         -0-

     En atención a lo anterior, los doctores Carlos Luis Abarca Barrantes, Miguel

Ángel Arguedas Piedra y Sisy María Castillo Ramírez, Integrantes del Consejo

Médico Forense, mediante oficio N° DML 2009-2220 del 11 de setiembre en

curso, remitieron el resultado de la valoración médica, realizada al licenciado

Martín Gustavo Alvarado Sánchez, Juez Contravencional y de Menor Cuantía de

Garabito, cuya conclusión indica que don Martín Gustavo sí está incapacitado en
                                        57

forma absoluta y permanente para realizar labores dentro del Poder Judicial.

      A tenor de lo que establece el artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, se acordó: 1.) Separar de su cargo por incapacidad absoluta y permanente

al licenciado Martín Gustavo Alvarado Sánchez, a partir del 18 de setiembre en

curso, con derecho a los extremos laborales que le correspondan. 2.) Agradecer a

don Martín Gustavo los servicios prestados al Poder Judicial. 3.) El Departamento

de Personal elaborará los cálculos respectivos sobre los derechos laborales del

licenciado Alvarado Sánchez y rendirá el informe correspondiente. 4.) El Consejo

de la Judicatura remitirá la terna correspondiente para llenar la plaza N° 6545 de

Juez 1 en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Garabito.

      El Despacho de la Presidencia, el Juzgado Contravencional y de Menor

Cuantía de Garabito y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que

corresponda. Se declara firme este acuerdo.

                               ARTÍCULO XXIV

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y

Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefe del Departamento de Personal, Jefe de

Administración Humana y Jefe de Administración Salarial, en oficio N° 1286-

UCS-AS-2009 de 25 de agosto último, recibido el 10 de setiembre en curso,

manifestaron, lo siguiente:
                                   58

      “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en                    otras
instituciones del Estado de la señora Melania Cordero Brenes.

     1. Gestión

     Mediante nota del cuatro de junio del presente año, la señora
Melania Cordero Brenes con cédula 03-0392-0169, solicita se le
reconozca el tiempo servido en la Caja Costarricense del Seguro Social
(C.C.S.S.).

     2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

     La señora Cordero Brenes labora en propiedad para este Poder. Se
desempeña como Técnica Administrativa 2, en el Departamento de
Personal.

     La servidora señala para notificaciones su correo electrónico
personal: mcorderob@poder-judicial.go.cr

     3.   Disposiciones Legales

     3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

      ―Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...‖

     3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en
el Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:

      ―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
                                   59

laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.

     El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.‖

     4. Otras Consideraciones

      4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
RTFPJ-0226-2009.

      De conformidad con la documentación presentada por la servidora
se determinó que la señora Cordero Brenes debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢182.763,88 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 4 meses y 20
días laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

    4.2 Oficio N° 01223-UCS-AS-2009 del once de agosto del dos mil
nueve:

      Mediante el oficio N° 01223-UCS-AS-2009 del once de agosto del
dos mil nueve, se le informa a la señora Cordero Brenes del estudio Nº
RTFPJ-0226-2009, el cual fue enviado a su correo electrónico personal.
Cabe indicar que el diecisiete de agosto de dos mil nueve, se recibe correo
electrónico en el que la señora Cordero Brenes manifiesta su conformidad
con el estudio mencionado.

     5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES

      De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0226-2009 el cual determina
que la señora Cordero Brenes debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones la suma de ¢182.763,88 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación cuatro meses y veinte días
laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) a partir
del cuatro de junio del presente año.‖
                                   -0-
                                        60

      El informe Nº RTFPJ-0226-2009 de 28 de julio del año en curso, reporta que

el monto a reintegrar por la señora Melania Cordero Brenes, Técnica

Administrativa del Departamento de Personal, asciende a la suma de ¢182.763,88

(ciento ochenta y dos mil setecientos sesenta y tres colones con ochenta y ocho

céntimos), para que se le pueda reconocer 4 meses y 20 días laborados en la Caja

Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), para efectos de anualidades y

jubilación.

      Se acordó: Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación a la señora Melania

Cordero Brenes, cuatro meses y veinte días laborados en la Caja Costarricense del

Seguro Social (C.C.S.S.), con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones

y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢182.763,88 (ciento ochenta y dos mil

setecientos sesenta y tres colones con ochenta y ocho céntimos), que se le deducirá

de su salario en el tanto de un 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo

prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco

de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación

con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para

que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,
                                          61

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el

Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. 2.)

Es entendido que la señora Cordero Brenes por el hecho de gestionar este

reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a la jubilación

por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de servicio, y aún no

ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su jubilación esta deuda

en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXV

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y

Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefe del Departamento de Personal, Jefe de

Administración Humana y Jefe de Administración Salarial, en oficio N° 1349-

UCS-AS-2009 de 25 de agosto último, recibido el 8 de setiembre en curso,

indicaron, lo siguiente:

             “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en                  otras
       instituciones del Estado del señor José Martín Aguilar Rodríguez

             1. Gestión

            Mediante nota del dieciséis de diciembre del año anterior, el señor
       José Martín Aguilar Rodríguez con cédula 03-0313-0943, solicita se le
       reconozca el tiempo servido en el Ministerio de Seguridad Pública.

             2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
                                   62

     El señor Aguilar Rodríguez labora interinamente para este Poder. Se
desempeña como Custodio de Detenidos, en la Sección de Cárceles.

     El servidor señala para notificaciones el correo electrónico de la
Sección de Cárceles: carceles-sgdoc@poder-judicial.go.cr.


     3. Disposiciones Legales

     3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

      ―Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...‖

    3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:

      ―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.

      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.

     El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.‖

     4. Otras Consideraciones

      4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
                                   63

RTFPJ-0121-2009:

      De conformidad con la documentación presentada por el servidor se
determinó que el señor Aguilar Rodríguez debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢4.996.462,51 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 10 años, 8
meses y 19 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.

    4.2    Oficio N° 1192-UCS-AS-2009 del 06 de agosto del dos mil
nueve:

     Mediante el oficio N° 1192-UCS-AS-2009 del seis de agosto del
dos mil nueve, se le informa al señor Aguilar Rodríguez del estudio N°
RTFPJ-0121-2009, el cual fue enviado al correo electrónico de la Sección
de Cárceles: carceles-sgdoc@poder-judicial.go.cr. Cabe indicar que el
diez de agosto de dos mil nueve se recibe correo electrónico en el que el
señor Aguilar Rodríguez manifiesta lo siguiente:

     ―La presente es para responderles la conformidad con el trámite, y a
la vez solicitarles muy respetuosamente se me considere la petición del
rebajo de un 5% y no de un 10% en conformidad del pago de
reconocimiento de años laborados en otras instituciones del Gobierno por
los motivos siguientes:

      El ser padre de dos jóvenes que se encuentran cursando la
secundaria, uno de 16 años que cursa el quinto año y otra de 13 años que
esta en séptimo año, así como un niño de 2 años y medio, lo que hace
difícil aportarles el suficiente dinero para el mantenimiento de sus
estudios y demás, por otra parte tengo que pagar casa, cargas sociales,
transporte de Turrialba a San José II Circuito Judicial en donde me
encuentro nombrado actualmente‖.

     5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES

      De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0121-2009, el cual determina
que el señor Aguilar Rodríguez debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones
y Pensiones la suma de ¢4.996.462,51 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación diez años, ocho meses y
diecinueve días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública a
                                            64

       partir del dieciséis de diciembre del año anterior.‖
                                           -0-

      El informe Nº RTFPJ-0121-2009 de 19 de junio del año en curso, reporta

que el monto a reintegrar por el señor José Martín Aguilar Rodríguez, Custodio de

Detenidos de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial,

asciende a la suma de ¢4.996.462,51 (cuatro millones novecientos noventa y seis

mil cuatrocientos sesenta y dos colones con cincuenta y un céntimos), para que se

le pueda reconocer 10 años, 8 meses y 19 días laborados en el Ministerio de

Seguridad Pública, para efectos de anualidades y jubilación.

      Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:

1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor José Martín

Aguilar Rodríguez, diez años, ocho meses y diecinueve días laborados para el

Ministerio de Seguridad Pública, con el compromiso de reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢4.996.462,51 (cuatro

millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y dos colones con

cincuenta y un céntimos). 2.) Autorizar al Departamento Financiero Contable para

que la citada suma adeudada por don José Martín al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial, le sea deducida de su salario en el tanto de un 5%

mensual hasta la cancelación total, tal y como lo solicitó en nota de 10 de agosto
                                       65

último presentada ante el Departamento de Personal, o si lo prefiere, podrá

depositarla, en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa Rica o

1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el

Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que

solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el

Departamento de Personal, el que también tomará nota para los fines

consiguientes. 3.) Es entendido que el señor Aguilar Rodríguez por el hecho de

gestionar este reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a

la jubilación por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de

servicio, y aún no ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su

jubilación esta deuda en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se

declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXVI

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y

Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefe del Departamento de Personal, Jefe de

Administración Humana y Jefe de Administración Salarial, en oficio N° 1321-

UCS-AS-2009 de 20 de agosto último, recibido el 8 de setiembre en curso,
                                          66

comunicaron, lo siguiente:

             “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido                 en    otras
       instituciones del Estado de la señora Gabriela Orozco Irola.

            1. Gestión

             Mediante nota del quince de mayo del presente año, la señora
       Gabriela Orozco Irola con cédula 03-0353-0566, solicita se le reconozca
       el tiempo servido en la Universidad de Costa Rica (U.C.R.) y la Caja
       Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

            2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

            La señora Orozco Irola labora interinamente para este Poder. Se
       desempeña como Perito Judicial 2, en la Oficina Trabajo Social en el I
       Circuito Judicial de Zona Sur.

            La servidora señala para notificaciones su correo electrónico
       personal: gorozcoi@poder-judicial.go.cr

            3. Disposiciones Legales

            3.1Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

             ―Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
       servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
       puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
       trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
       instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
       los últimos cinco años...‖

           3.2Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
       Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
       anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:

             ―—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
       las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
       tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
       realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
       servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
                                   67

      En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
      El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.‖

     4. Otras Consideraciones

      4.1Estudios de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
RTFPJ-0171-2009 y N° RTFPJ-0172-2009.

      De conformidad con la documentación presentada por la servidora
se determinó que la señora Orozco Irola debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢3.294.344,90 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 2 años 6
meses y 21 días laborados para la Universidad de Costa Rica y 2 años 2
meses y 20 días laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social
(C.C.S.S.).

     4.2Oficio N° 01012-UCS-AS-2009 del veinticuatro de junio del
dos mil nueve:

      Mediante el oficio N° 01012-UCS-AS-2009 del veinticuatro de
junio del dos mil nueve, se le informa a la señora Orozco Irola de los
estudios Nº RTFPJ-0171-2009 y Nº RTFPJ-0172-2009, los cuales fueron
enviados a su correo electrónico personal. Cabe indicar que el dos de julio
de dos mil nueve, se recibe correo electrónico en la que la señora Orozco
Irola manifiesta lo siguiente:

      ―Es mi interés que en caso de su aprobación se deduzca el 5% de mi
salario bruto mensual, esto con la finalidad de no afectar negativamente
mi economía familiar‖

     5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES

      De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación de los estudios N° RTFPJ-0171-2009 y N° RTFPJ-
                                          68

       0172-2009 los cuales determinan que la señora Orozco Irola debe
       reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢3.294.344,90
       a fin de que pueda reconocer para efectos de pago de anualidades y
       jubilación dos años seis meses y veintiún días laborados para la
       Universidad de Costa Rica y dos años dos meses y veinte días laborados
       para la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) a partir del quince
       de mayo del presente año.‖
                                          -0-

      En informes números RTFPJ-171-2009 y RTFPJ-172-2009 de 22 de junio

del año en curso, reporta que el monto a reintegrar por la señora Gabriela Orozco

Irola, Perito Judicial 2B de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Primer

Circuito Judicial de la Zona Sur, asciende a la suma de ¢3.294.344,90 (tres

millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro colones con

noventa céntimos), para que se le pueda reconocer 2 años, 6 meses y 21 días,

laborados para la Universidad de Costa Rica y 2 años, 2 meses y 20 días laborados

para la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), para efectos de

anualidades y jubilación.

      Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:

1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación a la señora Gabriela Orozco

Irola, dos años, seis meses y veintiún días, laborados para la Universidad de Costa

Rica y dos años, dos meses y veinte días laborados para la Caja Costarricense del

Seguro Social (C.C.S.S.), con el compromiso de reintegrar al Fondo de
                                         69

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢3.294.344,90 (tres

millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro colones con

noventa céntimos). 2.) Autorizar al Departamento Financiero Contable para que la

citada suma adeudada por doña Gabriela al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial, le sea deducida de su salario en el tanto de un 5% mensual hasta la

cancelación total, tal y como lo solicitó en nota de 2 de julio de este año presentada

ante el Departamento de Personal, o si lo prefiere, podrá depositarla, en las cuentas

corrientes números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco

Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero

Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo

mencionado el traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le

enviará copia de los informes elaborados por el Departamento de Personal, el que

también tomará nota para los fines consiguientes. 3.) Es entendido que la señora

Orozco Irola por el hecho de gestionar este reconocimiento de tiempo servido,

acepta que en caso de acceder a la jubilación por enfermedad o cumplimiento de

requisitos de edad o años de servicio, y aún no ha terminado de cancelar el monto a

reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se le continúe

rebajando en su jubilación esta deuda en igual proporción que se le rebajará en su

salario. Se declara acuerdo firme.
                                          70

                                  ARTÍCULO XXVII

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

José Luis Bermúdez Obando, Jefe de Administración Humana y Ronald Calvo

Coto, Jefe de la Sección de Administración Humana, en oficio N° 1285-UCS-AS-

2009, recibido el 8 de setiembre de este mes, expresaron lo siguiente:

           “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones
       del Estado del señor Eddie Guevara Soto

          1. Gestión

           Mediante nota del veintisiete de mayo del presente año, el señor
       Eddie Guevara Soto con cédula 01-1109-0431, solicita se le reconozca el
       tiempo servido en el Ministerio de Seguridad Pública.

           2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

           El señor Guevara Soto labora interinamente para este Poder. Se
       desempeña como Armero, en la Secretaría General del O.I.J.

           El servidor señala para notificaciones su correo electrónico personal:
       eguevaras@poder-judicial.go.cr


       3. Disposiciones Legales

       3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

            “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
       servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
       puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
       trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
       instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
       los últimos cinco años...”

       3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
                                   71

   Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
   anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:

     “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de tiempo
servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá realizarla
el servidor activo en cualquier momento de su relación de servicio,
independientemente del tiempo transcurrido.

     En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.

     El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”

4. Otras Consideraciones

4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
    instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación
    N° RTFPJ-0224-2009:

     De conformidad con la documentación presentada por el servidor se
determinó que el señor Guevara Soto debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢5.146.301,87 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 8 años, 4
meses y 2 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.

4.2 Oficio N° 1221-UCS-AS-2009 del once de agosto del dos mil
nueve:

    Mediante el oficio N° 1221-UCS-AS-2009 del once de agosto del dos
mil nueve, se le informa al señor Guevara Soto del estudio N° RTFPJ-
0224-2009, el cual fue enviado a su correo electrónico personal. Cabe
indicar que el trece de agosto de dos mil nueve se recibe correo
electrónico en el que el señor Guevara Soto manifiesta su conformidad
con el estudio mencionado.

5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES
                                         72


            De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
       de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
       solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0224-2009, el cual determina
       que el señor Guevara Soto debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
       Pensiones la suma de ¢5.146.301,87 a fin de que pueda reconocer para
       efectos de pago de anualidades y jubilación ocho años, cuatro meses y
       dos días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.‖

                                         -0-

      El informe Nº RTFPJ-0224-2009 de 28 de julio del año en curso, reporta que

el monto a reintegrar por el señor Eddie Guevara Soto, Armero de la Secretaría

General del Organismo de Investigación Judicial, asciende a la suma de

¢5.146.301,87 (cinco millones ciento cuarenta y seis mil trescientos un colones

con ochenta y siete céntimos), para que se le pueda reconocer 8 años, 4 meses y 2

días laborados en el Ministerio de Seguridad Pública, para efectos de anualidades y

jubilación.

      Se acordó: 1.) Con vista en el informe del Departamento de Personal y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Eddie Guevara

Soto, 8 años, 4 meses y 2 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública,

con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial la suma de ¢5.146.301,87 (cinco millones ciento cuarenta y seis mil

trescientos un colones con ochenta y siete céntimos), que se le deducirá de su
                                        73

salario en el tanto de un 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo prefiere,

podrá depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa

Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el

Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que

solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el

Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. 2.)

Es entendido que el señor Guevara Soto por el hecho de gestionar este

reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a la jubilación

por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de servicio, y aún no

ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su jubilación esta deuda

en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXVIII

      En oficio N° 1320-UCS-AS-2009, recibido el 8 de setiembre en curso, los

máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y Ronald Calvo

Coto, por su orden, Jefe del Departamento de Personal, Jefe de Administración

Humana y Jefe de Administración Salarial, manifestaron lo siguiente:

           “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones
       del Estado del señor Adolfo Reynholds Quirós
                                   74


1. Gestión

    Mediante nota del veinticuatro de febrero del presente año, el señor
Adolfo Reynholds Quirós con cédula 01-0583-0913, solicita se le
reconozca el tiempo servido en el Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.).

2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

    El señor Reynholds Quirós labora en propiedad para este Poder. Se
desempeña como Juez Supernumerario, en la Sub Unidad Adm. Reg. II
Circuito. Jud. De Guanacaste.

    El servidor señala para notificaciones su correo electrónico personal:
areynholds@poder-judicial.go.cr


3. Disposiciones Legales

3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

     “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...”

3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
    Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
    anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:

     “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.

     En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
                                    75

 que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.

     El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
 entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
 funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”

 4. Otras Consideraciones

 4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
     instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación
     N° RTFPJ-0215-2009:

     De conformidad con la documentación presentada por el servidor se
 determinó que el señor Reynholds Quirós debe reintegrar al Fondo de
 Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢2.518.838,32 a fin de que pueda
 reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 16 años, 1
 mes y 17 días laborados para el Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.).

 4.2 Oficio N° 1219-UCS-AS-2009 del once de agosto del dos mil
 nueve:

      Mediante el oficio N° 1219-UCS-AS-2009 del once de agosto del
 dos mil nueve, se le informa al señor Reynholds Quirós del estudio N°
 RTFPJ-0215-2009, el cual fue enviado a su correo electrónico personal.
 Cabe indicar que el catorce de agosto de dos mil nueve se recibe correo
 electrónico en el que el señor Reynholds Quirós manifiesta su
 conformidad con el estudio mencionado.

 5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES

      De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
 de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
 solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0215-2009, el cual determina
 que el señor Reynholds Quirós debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
 Pensiones la suma de ¢2.518.838,32 a fin de que pueda reconocer para
 efectos de pago de anualidades y jubilación dieciséis años, un mes y
 diecisiete días laborados para el Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.).‖

                                   -0-

El informe Nº RTFPJ-215-2009 de 22 de julio del año en curso, reporta que
                                       76

el monto a reintegrar por el señor Adolfo Antonio Reynholds Quirós, Juez

Supernumerario de la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de

Guanacaste, asciende a la suma de ¢2.518.838,32 (dos millones quinientos

dieciocho mil ochocientos treinta y ocho colones con treinta y dos céntimos), para

que se le pueda reconocer 16 años, 1 mes y 17 días laborados para el Instituto

Nacional de Seguros.

      Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:

1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Adolfo Antonio

Reynholds Quirós, 16 años, 1 mes y 17 días laborados para el Instituto Nacional de

Seguros, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial la suma de ¢2.518.838,32 (dos millones quinientos dieciocho mil

ochocientos treinta y ocho colones con treinta y dos céntimos), que se le deducirá

de su salario en el tanto de un 10% mensual hasta la cancelación total, o si lo

prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco

de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación

con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para

que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el
                                         77

Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. 2.)

Es entendido que el señor Reynholds Quirós por el hecho de gestionar este

reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a la jubilación

por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de servicio, y aún no

ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su jubilación esta deuda

en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXIX

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

José Luis Bermúdez Obando, Jefe de Administración Humana y Ronald Calvo

Coto, Jefe de la Sección de Administración Humana, en oficio N° 1373-UCS-AS-

2009, recibido el 8 de setiembre en curso, expresaron lo siguiente:

           “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones
       del Estado del señor Augusto Arcia Espinoza.

       1. Gestión

           Mediante nota del once de diciembre del año anterior, el señor
       Augusto Arcia Espinoza con cédula 01-1002-0336, solicita se le
       reconozca el tiempo servido en el Ministerio de Seguridad Pública.

       2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

           El señor Arcia Espinoza labora interinamente para este Poder. Se
       desempeña como Investigador 1, en la Unidad de Vigilancia y
       Seguimiento.
                                   78

   El servidor señala para notificaciones el correo electrónico de la
Unidad de Vigilancia y Seguimiento: oij-uvise@poder-judicial.go.cr


3. Disposiciones Legales

3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

     “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años.”

3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el
    Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
    anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:

    “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de las
anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de tiempo
servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá realizarla
el servidor activo en cualquier momento de su relación de servicio,
independientemente del tiempo transcurrido.

    En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.

    El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”

4. Otras Consideraciones

4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
    instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación
    N° RTFPJ-0119-2009:

    De conformidad con la documentación presentada por el servidor se
                                          79

       determinó que el señor Arcia Espinoza debe reintegrar al Fondo de
       Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢5.531.070,70 a fin de que pueda
       reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 9 años, 4
       meses y 25 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.

       4.2 Oficio N° 1151-UCS-AS-2009 del 23 de julio del dos mil nueve:

            Mediante el oficio N° 1151-UCS-AS-2009 del veintitrés de julio del
       dos mil nueve, se le informa al señor Arcia Espinoza del estudio N°
       RTFPJ-0119-2009, el cual fue enviado al correo electrónico de la Unidad
       de Vigilancia y Seguimiento: oij-uvise@poder-judicial.go.cr. Cabe
       indicar que el dos de septiembre de dos mil nueve se recibe nota en la que
       el señor Arcia Espinoza manifiesta lo siguiente:

            “Por este medio y en relación a su oficio Nº 1151-UCS-AS-2009, les
       informo que estoy de acuerdo con el trámite referido en dicho oficio, por
       lo que autorizo para que se me rebaje un 7% correspondiente al
       reintegro del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, esto por cuanto parte
       de mi salario cubre gastos estudiantiles personales.”.

       5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES

            De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
       de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
       solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0119-2009, el cual determina
       que el señor Arcia Espinoza debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
       Pensiones la suma de ¢5.531.070,70 a fin de que pueda reconocer para
       efectos de pago de anualidades y jubilación nueve años, cuatro meses y
       veinticinco días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública a
       partir del once de diciembre del año anterior.‖

                                         -0-

      El informe Nº RTFPJ-0119-2009 de 19 de junio del año en curso, reporta

que el monto a reintegrar por el señor Augusto Arcia Espinoza, Investigador 1 de

la Unidad de Vigilancia y Seguimiento del Organismo de Investigación Judicial de

de San José, asciende a la suma de ¢5.531.070,70 (cinco millones quinientos
                                        80

treinta y un mil setenta colones con setenta céntimos), para que se le pueda

reconocer 9 años, 4 meses y 25 días, laborados en el Ministerio de Seguridad

Pública, para efectos de anualidades y jubilación.

      Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:

1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Augusto Arcia

Espinoza 9 años, 4 meses y 25 días laborados en el Ministerio de Seguridad

Pública, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial la suma de ¢5.531.070,70 (cinco millones quinientos treinta y un

mil setenta colones con setenta céntimos). 2.) Autorizar al Departamento

Financiero Contable para que la citada suma adeudada por don Andrés al fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, le sea deducida de su salario en el

tanto de un 7%, tal y como lo solicito en nota de 2 de este mes al Departamento de

Personal, o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes números

174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica,

previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota

de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de

cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los informes

elaborados por el Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo
                                          81

que corresponda. 3.) Es entendido que el señor Arcia Espinoza por el hecho de

gestionar este reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a

la jubilación por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de

servicio, y aún no ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de

Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su

jubilación esta deuda en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se

declara este acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XXX

      Los máster Francisco Arroyo Meléndez, José Luis Bermúdez Obando y

Ronald Calvo Coto, por su orden, Jefes del Departamento de Personal,

Administración Humana y Administración Salarial, en oficio N° 1350-UCS-AS-

2009 recibido el 8 de los corrientes, expusieron lo siguiente:

               “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en                 otras
       instituciones del Estado del señor Juan Eladio Navarro Segura

              1. Gestión

              Mediante nota del treinta de abril del año en curso, el señor Juan
       Eladio Navarro Segura con cédula 03-0372-0729, solicita se le reconozca
       el tiempo servido en el Ministerio de Seguridad Pública.

              2. Condición del solicitante en el Poder Judicial

             El señor Navarro Segura labora interinamente para este Poder. Se
       desempeña como Investigador 1, en el Departamento de Investigaciones
       Criminales.
                                   82

      El servidor señala para notificaciones su correo electrónico
personal: jenavarros@hotmail.com

      3. Disposiciones Legales
       3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

        “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...”

      3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en
el Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:

        “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
        En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
        El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”

      4. Otras Consideraciones

       4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
RTFPJ-0188-2009:

       De conformidad con la documentación presentada por el servidor
se determinó que el señor Navarro Segura debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢4.800.704,05 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 8 años, 7
meses y 29 días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública.
                                         83


            4.2   Oficio N° 1089-UCS-AS-2009 del 03 de julio del dos mil
      nueve:

             Mediante el oficio N° 1089-UCS-AS-2009 del tres de julio del dos
      mil nueve, se le informa al señor Navarro Segura del estudio N° RTFPJ-
      0188-2009, el cual fue enviado a su correo electrónico personal:
      jenavarros@hotmail.com. Cabe indicar que el veintiuno de agosto de dos
      mil nueve se recibe nota en la que el señor Navarro Segura manifiesta lo
      siguiente:

              “Según lo indicado por la Coordinadora de la Unidad de
      Componentes Salariales MBA Adriana Steller Hernández, se me notifica
      que el rebajo será hasta de un 10% de mi salario bruto mensual, por ello
      solicito el gran favor de ser valorado dicho porcentaje, en justificación
      que me encuentro laborando un poco lejos de mi casa, pagando pasajes
      diarios, además soy responsable de la manutención de mi hijo, mi
      concubina y la de mi hermana la cual cursa la secundaria ya que al vivir
      lejos de su centro de estudio la misma vive en mi casa de lunes a viernes
      y no tiene solvencia económica para depender por sí sola así como mi
      concubina y mi hijo. Por otro lado me encuentro cancelando mi casa la
      cual adeudo en la entidad Financiera MUCAP según cuenta bancaria
      número 80010558 con un saldo de ocho millones catorce mil con
      veintinueve colones, por lo anterior solicito muy respetuosamente me
      realicen un rebajo de 5% de mi salario y no el establecido.”
              5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES

              De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
      de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
      solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0188-2009, el cual determina
      que el señor Navarro Segura debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
      Pensiones la suma de ¢4.800.704,05 a fin de que pueda reconocer para
      efectos de pago de anualidades y jubilación ocho años, siete meses y
      veintinueve días laborados para el Ministerio de Seguridad Pública a
      partir del treinta de abril del año en curso.‖
                                        -0-

     El informe Nº RTFPJ-0188-2009 de 16 de junio del año curso, reporta que el

monto a reintegrar por el señor Juan Eladio Segura Navarro, Investigador 1
                                        84

interino del Departamento de Investigaciones Criminales, asciende a la suma de

¢4.800.704,05 (cuatro millones ochocientos mil setecientos cuatro colones con

cinco céntimos), para que se le pueda reconocer 8 años, 7 meses y 29 días

laborados para el Ministerio de Seguridad Pública, para efectos de anualidades y

jubilación.

      Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:

1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor Juan Eladio Segura

Navarro, 8 años, 7 meses y 29 días laborados para el Ministerio de Seguridad

Pública, con la obligación de reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial la suma de ¢4.800.704,05 (cuatro millones ochocientos mil

setecientos cuatro colones con cinco céntimos). 2.) Autorizar al Departamento

Financiero Contable para que la citada suma adeudada por don Juan Eladio al

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, le sea deducida de su salario

en el tanto de un 5% mensual hasta la cancelación total, tal y como lo solicitó en

nota enviada el 21 de agosto último al Departamento de Personal, o si lo prefiere,

podrá depositarla en las cuentas corrientes números 174961-7 del Banco de Costa

Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa Rica, previa coordinación con el

Departamento Financiero Contable; el cual tomará nota de lo resuelto para que
                                          85

solicite en favor del Fondo mencionado el traslado de cuotas correspondientes,

para cuyos efectos se le enviará copia de los informes elaborados por el

Departamento de Personal, el que también tomará nota para lo que corresponda. 3.)

Es entendido que el señor Navarro Segura por el hecho de gestionar este

reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de acceder a la jubilación

por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o años de servicio, y aún no

ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo de Jubilaciones y

Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su jubilación esta deuda

en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO XXXI

      Mediante oficio N° 1284-UCS-AS-2009 recibido el 8 de setiembre en curso,

los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, José

Luis Bermúdez Obando, Jefe de Administración Humana y Ronald Calvo Coto,

Jefe de la Sección de Administración Salarial, informaron lo siguiente:

               “ASUNTO:Reconocimiento de tiempo servido en                  otras
       instituciones del Estado del señor José Daniel Quesada Carvajal

             1. Gestión

              Mediante nota del veinte de febrero del presente año, el señor José
       Daniel Quesada Carvajal con cédula 01-1273-0428, solicita se le
       reconozca el tiempo servido en la Refinadora Costarricense de Petróleo
       S.A. (R.E.C.O.P.E.).

             2. Condición del solicitante en el Poder Judicial
                                   86


      El señor Quesada Carvajal labora interinamente para este Poder.
Se desempeña como Investigador 1, en la Sección de Inspecciones
Oculares y Recolección de Indicios.

       El servidor señala para notificaciones el correo electrónico de la
Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios:
oij_ioculares@poder-judicial.go.cr.

      3. Disposiciones Legales

      3.1 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231:

        “Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario que los
servidores del Poder Judicial hayan servido en él consecutivamente ni en
puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta también los años de
trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras dependencias o
instituciones públicas estatales, debiendo haber servido al Poder Judicial
los últimos cinco años...”

      3.2 Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en
el Poder Judicial y en otros entes Públicos para efectos del pago de
anualidades y la jubilación del Poder Judicial, artículo 6:

        “—Solicitud del reconocimiento de tiempo servido para efectos de
las anualidades y la jubilación. La solicitud de reconocimiento de
tiempo servido para efectos de las anualidades y la jubilación, podrá
realizarla el servidor activo en cualquier momento de su relación de
servicio, independientemente del tiempo transcurrido.
        En el caso de los jubilados del Poder Judicial, que no hayan
solicitado el reconocimiento del tiempo servido durante su relación
laboral con este Poder de la República, lo podrán hacer en el momento
que a bien lo tengan, independientemente del tiempo transcurrido.
        El reconocimiento de tiempo servido en otros órganos del Estado,
entes o empresas públicas, se efectuará a petición del funcionario o de la
funcionaria interesada, para efectos de anualidades y de jubilación.”

      4. Otras Consideraciones

       4.1 Estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras
instituciones del Estado para efectos de anualidades y jubilación N°
                                   87

RTFPJ-0181-2009:

       De conformidad con la documentación presentada por el servidor
se determinó que el señor Quesada Carvajal debe reintegrar al Fondo de
Jubilaciones y Pensiones la suma de ¢1.316.055,83 a fin de que pueda
reconocer para efectos de pago de anualidades y jubilación 2 años, 3
meses y 13 días laborados para la Refinadora Costarricense de Petróleo
S.A. (R.E.C.O.P.E.).

      4.2    Oficio N° 1030-UCS-AS-2009 del 25 de junio del dos mil
nueve:

       Mediante el oficio N° 1030-UCS-AS-2009 del veinticinco de junio
del dos mil nueve, se le informa al señor Quesada Carvajal del estudio N°
RTFPJ-0181-2009, el cual fue enviado al correo electrónico de la Sección
de     Inspecciones      Oculares     y   Recolección     de     Indicios:
oij_ioculares@poder-judicial.go.cr. Cabe indicar que el catorce de agosto
de dos mil nueve se recibe nota en la que el señor Quesada Carvajal
manifiesta lo siguiente:

        “En atención y respuesta a su oficio Nº 1030-UCS-AS-2009,
relacionado con el tiempo servido fuera del Poder Judicial, me permito
informarle que estoy de acuerdo con el estudio realizado, no obstante
solicito que el porcentaje que se rebaje de mi salario sea de un 2% y no
un 10% como indica el estudio.
        Lo anterior debido a que no se ajusta a mi presupuesto ya que
tengo que pagar mis estudios y atender otras responsabilidades de
índoles personal”.

      5. ANALISIS Y RECOMENDACIONES

        De conformidad con las disposiciones legales existentes en el tema
de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado, se
solicita la aprobación del estudio N° RTFPJ-0181-2009, el cual determina
que el señor Quesada Carvajal debe reintegrar al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones la suma de ¢1.316.055,83 a fin de que pueda reconocer para
efectos de pago de anualidades y jubilación dos años, tres meses y trece
días laborados para la Refinadora Costarricense de Petróleo
(R.E.C.O.P.E.) S.A. a partir del veinte de febrero del presente año.‖

                                  -0-
                                        88

      El informe Nº RTFPJ-0181-2009 de 8 de junio del año curso, reporta que el

monto a reintegrar por el señor José Daniel Quesada Carvajal, Investigador 1

interino de la Sección de Inspecciones Oculares del Organismo de Investigación

Judicial, asciende a la suma de ¢ 1.316.055,83 (un millón trescientos dieciséis mil

cincuenta y cinco colones con ochenta y tres céntimos.), para que se le pueda

reconocer 2 años, 3 meses y 13 días laborados para la Refinadora Costarricense de

Petróleo (R.E.C.O.P.E) S.A., para efectos de anualidades y jubilación.

      Con vista en el informe del Departamento de Personal y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó:

1.) Reconocer para efectos de anualidades y jubilación al señor José Daniel

Quesada Carvajal, 2 años, 3 meses y 13 días laborados para la Refinadora

Costarricense de Petróleo (R.E.C.O.P.E) S.A., con la obligación de reintegrar al

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la suma de ¢ 1.316.055,83

(un millón trescientos dieciséis mil cincuenta y cinco colones con ochenta y tres

céntimos.). 2.) Autorizar al Departamento Financiero Contable para que la citada

suma adeudada por don José Daniel al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del

Poder Judicial, le sea deducida de su salario en el tanto de un 5% mensual hasta la

cancelación total o si lo prefiere, podrá depositarla en las cuentas corrientes

números 174961-7 del Banco de Costa Rica o 1234-0 del Banco Nacional de Costa
                                       89

Rica, previa coordinación con el Departamento Financiero Contable; el cual

tomará nota de lo resuelto para que solicite en favor del Fondo mencionado el

traslado de cuotas correspondientes, para cuyos efectos se le enviará copia de los

informes elaborados por el Departamento de Personal, el que también tomará nota

para lo que corresponda. 3.) Es entendido que el señor Quesada Carvajal por el

hecho de gestionar este reconocimiento de tiempo servido, acepta que en caso de

acceder a la jubilación por enfermedad o cumplimiento de requisitos de edad o

años de servicio, y aún no ha terminado de cancelar el monto a reintegrar al Fondo

de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se le continúe rebajando en su

jubilación esta deuda en igual proporción que se le rebajará en su salario. Se

declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO XXXII

      En sesión Nº 66-09 celebrada el 30 de junio del año en curso, artículo

LXXX, se ajustaron los requisitos de los puestos de profesionales 1 y 2 de la

Secretaría Técnica de Ética y Valores, a profesionales en Ciencias Sociales, con

deseable experiencia y conocimiento en Axiología y Ética Social.

      El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

mediante oficio N° 904-JP-2009 recibido el 9 de setiembre en curso, transcribió el

acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en sesión N° 18-2009 celebrada el 20
                                            90

de agosto último, artículo VII, el cual literalmente dice:

            ―Se procede a conocer el Informe SAP-258-2009 de la Sección de
       Análisis de Puestos, en lo relevante el documento señala:

             Mediante correo electrónico de fecha 17 de junio del 2009, la
       Licenciada Adriana Steller Hernández, Coordinadora de la Unidad de
       Componentes Salariales del Departamento de Gestión Humana, solicita
       que se le defina la clase angosta que le corresponde al puesto Nº 353402
       de ―Profesional 1‖ ubicado en la Secretaría Técnica de Ética y Valores,
       con el fin de poder hacer efectivo el reconocimiento de pluses salariales
       tales como: Carrera Profesional y Dedicación Exclusiva.

             La conclusión y recomendación del informe son:

             CONCLUSIÓN:

             De la información recopilada, sobre el puesto Nº 353402, ocupado
       en forma interina por la Bach. Lizbeth Murillo Rodríguez, Profesional 1,
       se tiene que a la ocupante del cargo en estudio le corresponde diseñar e
       implementar estrategias de comunicación en el proceso de gestión de
       ética con el propósito de incorporar a la cultura los compromisos éticos,
       además visita y atiende las Subcomisiones de Valores y Ética que fueron
       creadas con el fin de tener presencia y fortalecer las acciones congruentes
       en los diferentes circuitos judiciales para lo cual realiza las convocatorias,
       prepara la logística para el desarrollo de las sesiones de trabajo, orienta y
       da seguimiento a las gestiones que realicen estas subcomisiones,
       documenta fotográficamente todos los procesos, proyectos y actividades
       que desarrolle la Secretaría Técnica de Ética y Valores en el territorio
       nacional, organiza actividades y comunicaciones que se requieran en
       celebraciones acordadas por la Comisión de Valores, diseña los
       dispositivos de comunicación necesarios para la participación en la feria
       de las personas usuarias y otras de naturaleza similar, realiza las
       producciones de videos, comunicados, informaciones, colabora con la
       organización y coordinación de actividades académicas como lo son
       conversatorios, foros, videoconferencias, entre otros; coordina con las
       áreas de Prensa, Protocolo y Relaciones Públicas de la Institución cuando
       los eventos que se desarrollen así lo requieran, diseña material gráfico:
       afiches, desplegables, brochures, volantes entre otros. También a la
       petente le corresponde diseñar y mantener actualizada la pagina Web, con
       información clara, dirigida a los diferentes segmentos de la población
                                   91

judicial.

      En virtud de lo anterior, se puede decir entonces que las tareas
ejecutadas por la ocupante del puesto Nº 353402 de la Secretaría Técnica
de Ética y Valores son propias al área de la comunicación colectiva, razón
por la cual, al crearse el puesto como Profesional 1, lo correspondiente es
establecerle a este cargo la clase angosta de “Asistente en Comunicación
Colectiva”

      Asimismo es importante mencionar que al analizar las tareas
ejecutadas en el puesto Nº 353402 así como los programas académicos
de las carreras de ―Relaciones Públicas, Publicidad, Periodismo y
Producción”, y lo que define el ―Manual de Especialidades de la
Dirección General del Servicio Civil‖ se concluye que si bien todas son
afines al campo de la comunicación; las carreras de Relaciones Públicas y
Publicidad están más relacionadas y presentan características afines a las
tareas que ejecuta la petente en la Secretaría Técnica de Ética y Valores,
aunado a lo anterior, son las que brindan los conocimientos necesarios
para poder desarrollar las funciones del cargo.

      RECOMENDACIÓN:

      Cambiar el título de la clase angosta de ―Asistente en
Comunicación Colectiva‖ a ―Profesional en Ciencias de la Comunicación
Colectiva 1‖ con el fin de que el mismo identifique la actividad
específica del puesto y ajustar la clase, tal y como se detalla en el anexo
N° 1.

    Incluir la clase angosta de ―Profesional en Ciencias de la
Comunicación Colectiva 1‖ en la clase ancha de ―Profesional 1‖.

     Establecer para el puesto Nº 353402 de Profesional 1, la clase
angosta de “Profesional en Ciencias de la Comunicación Colectiva 1”
y las carreras específicas para este cargo lo son: Relaciones Públicas,
Publicidad, o en ―Ciencias de la Comunicación Colectiva‖ a nivel de
bachillerato.

      En virtud de que la institución cuenta con puestos de ―Profesionales
en Ciencias de la Comunicación Colectiva‖, a nivel de bachillerato y
licenciatura, se aprovecha este informe para crear la serie de ―Profesional
en Ciencias de la Comunicación Colectiva 1 y 2‖; de tal forma que en el
                                                   92

          nivel 1 se ubiquen los puestos con requisitos de bachillerato y en el nivel
          dos los que tienen requisito de licenciatura; por tal razón, se debe ajustar
          la clase angosta que actualmente se denomina ―Profesional en Ciencias de
          la Comunicación Colectiva‖ a ―Profesional en Ciencias de la
          Comunicación Colectiva 2‖. Ver anexo N° 2.

                Dado que en la institución se cuenta con Coordinadores de unidad 2
          asignados a las diferentes áreas del campo de las Ciencias de la
          Comunicación Colectiva y que actualmente no tienen definida una clase
          angosta, se recomienda entonces crear y aprobar la descripción de la
          siguiente clase angosta: ―Coordinador Unidad en Ciencias de la
          Comunicación Colectiva‖, tal y como se detalla en el anexo 3.

               Producto de la revisión efectuada se hace necesario presentar para
          su respectiva aprobación la actualización de la descripción de la clase
          angosta del ―Encargado de Prensa‖, tal y como se especifica en el anexo
          4.

                Conforme a las recomendaciones planteadas a continuación se
          presentan en detalle los cambios sugeridos para los siguientes puestos:

 Despacho u              Número     Clase Ancha    Clase Angosta                   Especialidad   del    Área
 Oficina                de                                                         Ocupacional en función del
                        Puesto                                                     puesto que desempeña



                        108623    Jefe de          Jefe Departamento               Periodismo
                                  Departamento 1   Administrativo 1

                                                   Coordinador Unidad en           Relaciones Públicas,
Departamento de                   Coordinador
                        6503                       Ciencias      de       la       Publicidad
Prensa y Comunicación             Unidad 2         Comunicación Colectiva
Organizacional

                                  Coordinador      Coordinador Unidad en           Periodismo
                        111272
                                  Unidad 2         Ciencias de la Comunicación
                                                   Colectiva
                                                   Profesional en Ciencias de      Relaciones Públicas,
                        22855     Profesional 2
                                                   la Comunicación Colectiva       Publicidad
                                                   2

                        112399    Profesional 2    Profesional en Ciencias de la   Periodismo
                                                   Comunicación Colectiva 2


                                                   Profesional en Ciencias de      Periodismo
                        350012    Profesional 2    la Comunicación Colectiva
                                                   2
                                                         93

                                                         Profesional en Ciencias de la   Periodismo
                        55527       Profesional 2        Comunicación Colectiva 2



                                                         Profesional en Ciencias de      Relaciones Públicas,
                        103060      Profesional 1
                                                         la Comunicación Colectiva       Publicidad
                                                         1
  Oficina de
Información y Prensa                Encargado de         Encargado de Prensa             Periodismo
                        43177
                                    Prensa del O.I.J.


                                                         Profesional en Ciencias de       Periodismo
                        22877       Profesional 2
                                                         la Comunicación Colectiva
                                                         2

                                    Coordinador          Coordinador Unidad en            Relaciones Públicas,
 Presidencia de la      108624                           Ciencias de la Comunicación      Publicidad
                                    Unidad 2
 Corte                                                   Colectiva

                                                         Profesional en Ciencias de      Relaciones              Públicas,
                        33683       Profesional 2
                                                         la Comunicación Colectiva       Publicidad
                                                         2

                        43717       Profesional 2        Profesional en Ciencias de la   Relaciones Públicas, Publicidad
                                                         Comunicación Colectiva 2
CONAMAJ
                        96482       Profesional 2        Profesional de la Conamaj       Relaciones              Públicas,
                                                                                         Publicidad
Secretaría Técnica de
Ética y Valores         353402      Profesional 1        Profesional en Ciencias de la   Relaciones Públicas, Publicidad
                                                         Comunicación Colectiva 1

           Fuente: Relación de Puestos al 24 de marzo 2009.

           Nota: Para efectos del proceso de selección de personal, la sección de Reclutamiento y
           Selección de Personal deberá considerar que los oferentes que presenten el título de licenciatura
           en Ciencias de la Comunicación Colectiva otorgado por la Universidad de Costa Rica del año
           de 1998 hacia atrás deben considerarse para cualquier de los puestos antes mencionados; en
           virtud que las especialidades mencionadas en el cuadro anterior se ofrecen de manera específica
           por ese centro universitario posterior al año indicado.


                Se acordó: Aprobar en todos sus extremos el informe de la Sección
           de Análisis de Puestos del Departamento de Gestión Humana.‖
                                                        -0-

         Se acordó: Acoger el acuerdo adoptado por el Consejo de Personal, con la

salvedad de que de conformidad con el acuerdo tomado en sesión Nº 66-09 del 30

de junio del año en curso, artículo LXXX, los requisitos de los puestos de
                                           94

profesionales 1 y 2 de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, son profesionales

en Ciencias Sociales y requisito deseable de experiencia y conocimiento en

Axiología y Ética Social.

                                ARTÍCULO XXXIII

      En sesión Nº 69-09 celebrada el 9 de julio del año en curso, artículo XLII, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―En sesión Nº 98-08 celebrada el 18 de diciembre del 2008, artículo
       XL, se autorizó al señor Róger Salazar Álvarez, Auxiliar de Servicios
       Generales 2 (Conserje) del Centro Electrónico de Documentación
       Jurisprudencial, para que se retirara del despacho todos los días a partir de
       las 15:30 horas, para que se dedicara al cuido de su madre y padre. Lo
       anterior en el entendido que don Róger debería reponer el tiempo que
       ocupara en dichas labores, a fin de mantener el trabajo al día y sin que se
       afectara el servicio público a su cargo.

            El señor Róger Salazar Álvarez, Auxiliar de Servicios Generales 2
       del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, en nota de 30 de
       junio último, solicitó lo siguiente:

            ―… me dirijo a ustedes para solicitarles que, de ser posible, se
       considere mi traslado para Acosta, dado que, ahora sí es definitivo que el
       Centro Electrónico se pasa al edificio Motorola, ubicado en Calle
       Blancos, a partir del mes de julio y, como ustedes saben, yo vivo en el
       Tablazo de Acosta y el desplazamiento hasta ese sitio me resulta
       sumamente complicado. Por otra parte, tengo entendido que la limpieza
       de ese local es contratada con la empresa privada, con lo que buena parte
       de mis funciones estarían ya cubiertas allí.

             También quiero pedirles que consideren mi situación familiar, pues
       gracias a un permiso otorgado por este consejo, yo puedo retirarme a las
       3:30 para apoyar al cuido de mis padres, pero ahora, en vista de que mi
       papá falleció recientemente, la situación se agudiza porque mi mamá,
       bastante mayor también y enferma, quedó sola y aún cuando yo me
       retirara a la misma hora, del edificio de Motorola, estaría llegando muy
                                           95

       tarde a la casa, pues el viaje se hace, mínimo de dos horas.‖
                                            -0-

             Se acordó: 1.) Trasladar al Departamento de Personal, para que
       analice la solicitud de traslado presentado por el servidor Salazar Álvarez.
       2.) Solicitar al Departamento de Planificación valorar la afirmación de
       don Róger, en el sentido de que la plaza de Auxiliar de Servicios
       Generales no será requerida en el Centro Electrónico de Información
       Jurisprudencial, una vez que se traslade ese despacho al Edificio
       Motorola.‖
                                          -0-

      En atención al acuerdo anterior, los máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe

del Departamento de Personal, José Luis Bermúdez Obando, Jefe de

Administración Humana y Maritza Herrera Sánchez, Jefa de la Sección de

Reclutamiento y Selección, en oficio N° RS-2247-09 de 4 de agosto último,

recibido el 8 de setiembre en curso, informaron lo siguiente:

            ―Para su conocimiento nos permitimos rendir el presente informe,
       respecto a la gestión de traslado del señor Róger Salazar Álvarez Auxiliar
       de Servicios Generales 2 (Conserje) en propiedad del Centro Electrónico
       de Documentación Jurisprudencial, hacia el cantón de Acosta, según lo
       acordado por el Consejo Superior en la sesión N° 69-09, celebrada el 09
       de julio último, artículo XLII, que en lo que nos interesa dice: “1.)
       Trasladar al Departamento de Personal, para que analice la solicitud
       de traslado presentado por el servidor Salazar Álvarez”.

             Una vez revisada la relación de puestos que para tal efecto lleva este
       departamento se determinó que cerca del lugar de residencia del servidor
       Salazar Álvarez existe el Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de
       Acosta y Turrubares, sin embargo, ninguno de esos despachos cuenta con
       plazas de Auxiliar de Servicios Generales 2 (Conserje) dentro de su
       estructura. No obstante lo anterior, al revisar las zonas aledañas al lugar
       de residencia del interesado, se logró determinar que en el Juzgado
       Contravencional y Menor Cuantía de Aserrí, existe la plaza vacante
       número 103659 correspondiente a la clase de Auxiliar de Servicios
                                         96

       Generales 2 (Conserje), por lo que, a través del oficio RS-2182-09 de
       fecha 20 de agosto recién pasado, le solicitamos que nos manifestara su
       interés de ser trasladado a la plaza mencionada anteriormente. En
       respuesta a lo anterior mediante nota de fecha 25 de agosto pasado, el
       señor Róger manifestó:

             “…le expreso mi agradecimiento por su gestión, pero no tengo
       interés en ser trasladado a laborar al Juzgado Contravencional y de
       Menor Cuantía de Aserrí.

             Comprendo que no exista la posibilidad de trasladarme a Acosta,
       conforme a mi solicitud, dado que ese despacho no cuenta con plaza de
       auxiliar de servicios generales dentro de su estructura; sin embargo, si
       en algún momento se requiere de ese recurso le ruego tomarme en cuenta
       para ser trasladado a dicho cantón”.

            En virtud de lo anteriormente expuesto la Sección de Reclutamiento
       y Selección procedió a tomar nota de lo manifestado por el señor Róger
       Salazar Álvarez y archivó el caso en su expediente personal.‖
                                        -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y hacerlo de conocimiento

del servidor Róger Salazar Álvarez.

                               ARTÍCULO XXXIV

      En sesión N° 09-09 celebrada el 3 de febrero del año en curso, artículo

XXIII, al conocerse el informe N° SAP-319-2009 elaborado por el Departamento

de Personal, referente al análisis efectuado a los puestos de Asistente Judicial,

ubicados en las Salas de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de crear el

perfil de dicha clase, este Consejo, dispuso -entre otras cosas- crear la clase

denominada ―Asistente de Sala‖ y ubicarla en la categoría salarial 850.
                                                              97

        Posteriormente, en sesión N° 26-09 de 18 de marzo de este año, artículo VI,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

                 ―Se conoce informe de plazas extraordinarias 033-PLA-DO-2009
          (ver anexo), elaborado por el Departamento de Planificación,
          correspondiente a la Sala Tercera.

                   La Máster Asch Corrales presenta el siguiente resumen ejecutivo:

                                “ESTUDIO DE LA SALA TERCERA

 Despacho                  Detalle plazas solicitadas                  Fecha de Solicitud    Oficio de Referencia
                   Cantidad               Tipo de Puesto
 Sala Tercera          3          Profesional en Derecho 3                     ---
                       1                 Asistente Judicial                    ---


                   RECOMENDACIONES

                 4.1.- De conformidad con el análisis realizado se recomienda la
          creación de las siguientes plazas ordinarias y extraordinarias para el 2010,
          para la Sala Tercera


PLAZAS ORDINARIAS RECOMENDADAS
                                            EXTRAORDI-                        REQUIERE      REQUIERE    REQUIERE
                   PLAZA    PRIORI-
DESPACHO
                RECOMENDADA  DAD    COSTO1] NARIA EN EL                        EQUIPO       MOBILIA-     ESPACIO
                                               2009                           CÓMPUTO         RIO         FÍSICO
 CANT. TIPO DE PUESTO                 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO
                                       12.002.000,0
Sala Tercera 1 Asistente Judicial 1                 X         X    X    X
                                            0


                1] La plaza se crea bajo el supuesto de un incremento salarial del
          5% para el II Semestre del 2009 y 5% para cada semestre del 2010.

                 Nota: La plaza recomendada ya existía en condición de
          extraordinaria por lo que no requiere equipo, ni mobiliario nuevo, además
          el espacio físico ya lo tiene asignado.


                                        PLAZAS EXTRAORDINARIAS RECOMENDADAS
                                                  98

                                                                           REQUIERE       REQUIERE   REQUIERE
                  PLAZA    PRIORI-                        EXTRAORDI-
DESPACHO
               RECOMENDADA  DAD          COSTO1]        NARIA EN EL 2009
                                                                            EQUIPO        MOBILIA-    ESPACIO
                                                                           CÓMPUTO          RIO        FÍSICO
                       TIPO DE
               CANT.                                   SÍ        NO          SÍ   NO       SÍ   NO   SÍ   NO
                       PUESTO
                       Profesiona
                                        110.634.000,0
Sala Tercera     3        l en      1                 X                               X         X         X
                                              0
                       Derecho 3


                1] La plaza se crea bajo el supuesto de un incremento salarial del
          5% para el II Semestre del 2009 y 5% para cada semestre del 2010.

                 Nota: La plaza recomendada ya existía en condición de
          extraordinaria por lo que no requiere equipo, ni mobiliario nuevo, además
          el espacio físico ya lo tiene asignado.

                     OTRAS RECOMENDACIONES

                  5.1. Las plazas extraordinarias de Profesional en Derecho 3, se
          recomiendan con el objetivo de incrementar el número de casos
          finalizados, y por ende, disminuir el circulante que ha ido en aumento en
          los últimos años. Se estima conveniente que al finalizar cada semestre del
          presente año se realice una sesión de trabajo, con el señor Presidente y el
          Secretario de la Sala III y personeros del Departamento de Planificación,
          con el fin de evaluar el impacto de este recurso en los asuntos en trámite
          de la Sala.

                 5.2. Asimismo, se recomienda que en la medida de las
          posibilidades se integren salas suplentes para coadyuvar en la atención del
          circulante. De esta forma, el aumento previsto de proyectos de resolución,
          no generarán un cúmulo para los señores magistrados titulares.".

                                                     -0-

                Se acuerda: Se aprueba el informe presentado por el
          Departamento de Planificación, con la excepción de que las plazas
          recomendadas se crean en forma ordinaria.‖
                                                 -0-

        El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal,

mediante oficio N° 906-JP-2009 recibido el 9 de setiembre en curso, transcribió el
                                             99

acuerdo tomado por el Consejo de Personal, en sesión Nº 18-09 del 20 de agosto

del año en curso, artículo VI, que literalmente dice:

                 ―(…)

                 ―La Sección de Análisis de Puestos en el Informe SAP-279-2009
       indica:

             Mediante correo electrónico de fecha 16 de junio del 2009, el Lic.
       Julio César Araya Soto, de la Unidad de Presupuesto y Estudios
       Especiales de la Sección Administración Salarial del Departamento de
       Gestión Humana, solicita se defina la clasificación que debe ostentar la
       plaza ordinaria de ―Asistente Judicial‖ de la Sala Tercera, la cual fue
       creada por el Departamento de Planificación mediante informe del Nº
       033-PLA-DO-2009; el Lic. Araya Soto en su correo electrónico indica
       que:

              ―En sesión 26-09 del 18 de marzo del 2009, artículo VI, se creó
       para la Sala Tercera un Asistente Judicial, en forma ordinaria, para el
       2010.

              De acuerdo con la estructura aprobada recientemente, sesión 09-09
       del 03 de febrero del 2009, articulo XXIII, estos puestos se reclasificaron
       a Asistente de Sala, por lo que les solicito indicar si esta nueva plaza,
       debe ser reclasificada o bien se mantiene como Asistente Judicial‖.

               En virtud de lo expuesto anteriormente y con el fin de definir la
       clasificación para dicho cargo, a continuación nos permitimos informar lo
       siguiente:

              4    El Departamento de Planificación mediante informe de plazas
       extraordinarias para el 2010 Nº 033-PLA-DO-2009, analizó la situación
       de tres plazas de ―Profesional en Derecho 3‖ y una plaza de ―Asistente
       Judicial‖ para la Sala Tercera en dicho informe mencionan que:

              ―Las plazas se crearon en forma extraordinaria por todo el 2009,
       por lo que se estudiará la necesidad de mantenerlas en forma ordinaria o
       extraordinaria, en el próximo año‖.

                 Asimismo indican que la plaza se crea con el objetivo de:
                                  100


       ―La plaza de Asistente Judicial se asignó porque la Sala cuenta
con plazas de Profesional en Derecho 3 adicionales durante este año y
para apoyar los planes de nombrar salas suplentes al menos cinco veces
al año para votaciones y señalamientos de vistas extraordinarias; también
para mejorar la gestión de la Sala y por ende, el servicio público‖. (el
resaltado no pertenece al original).

        2. Posteriormente el Consejo Superior en sesión de presupuesto
para el período 2010, sesión Nº 026-09, efectuada 18-03-2009, artículo
VI, conoció el informe Nº 033-PLA-DO-2009 del Departamento de
Planificación referente a la creación de las plazas antes mencionadas
solicitadas para la Sala Tercera, ante lo cual se acuerda lo siguiente:

       ―Se aprueba el informe presentado por el Departamento de
Planificación, con la excepción de que las plazas recomendadas se crean
en forma ordinaria‖.

       3. En otro orden de ideas pero versando siempre sobre puestos de
―Asistente Judicial‖ ubicados en las Salas de la Corte, es dable
mencionar que la Sección de Análisis de Puestos del Departamento de
Gestión Humana, mediante informe Nº SAP-319-2008, analiza los
puestos de ―Asistente Judicial‖ de las Salas de la Corte Suprema de
Justicia; en dicho informe se determinó lo siguiente:

       ―… los puestos indicados pese a que realizan distintas actividades,
comprenden una misma naturaleza, la cual consiste en la ejecución de
distintas actividades de apoyo en el despacho en que se ubican, tanto
en el área administrativa como jurisdiccional.

       Por lo tanto, se considera conveniente crear la clase
denominada “Asistente de Sala”…‖ (el resaltado no pertenece al
original).

        Dicho informe fue conocido y aprobado por el Consejo Superior en
la sesión Nº 09-09, efectuada el 03-02-2009, artículo VI.

       4. Analizada la información anterior, se determina que la plaza
ordinaria de ―Asistente Judicial” creada para la Sala Tercera fue con el
objetivo de brindar apoyo en el despacho en actividades del área
administrativa así como jurisdiccional, razón por la cual lo procedente es
                                         101

       reclasificar esa plaza de “Asistente Judicial” a “Asistente de Sala” tal y
       como se recomienda para dicha clase en el Informe Nº SAP-319-2008,
       aprobado por el Consejo Superior en sesión Nº 026-09, efectuada el 18-
       03-2009, artículo VI.

               Se acordó: Acoger el informe en todos sus extremos.‖
                                         -0-

      Se acordó: Acoger el acuerdo adoptado por el Consejo de Personal, en

consecuencia, reclasificar la plaza de ―Asistente Judicial‖ de la Sala Tercera a

―Asistente de Sala‖, a partir del 17 de setiembre en curso.

      El Departamento de Personal y la Sala Tercera, tomarán nota para lo que

corresponda.

                                ARTÍCULO XXXV

     En sesión de Corte Plena N° 26-2008 del 11 de agosto del 2008, artículo I, al

conocerse el estudio para la definición del Estrato Gerencial del Poder Judicial y su

correcta ubicación salarial, -entre otras cosas- dispuso solicitar al Departamento de

Personal que analizara la situación salarial de los jueces, fiscales y defensores.

      Posteriormente, en sesión celebrada el 9 de junio del año en curso, artículo

IV, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva literalmente dice:

            ―Seguidamente se procede a recibir la votación en lo que respecta a
       la propuesta del Consejo de Personal, para incrementar el salario a los
       cargos de Jueces, Fiscales, Defensores, Secretarios de Salas y
       Profesionales en Derecho 3; y por unanimidad se acordó: Aprobar la
       propuesta, en el entendido de que el incremento salarial para las citadas
       clases queda sujeto a que sea aprobado por parte de la Asamblea
       Legislativa el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el año
                                           102

       2010, en el que se incluye la reserva presupuestaria correspondiente para
       hacerle frente a ese incremento.‖
                                           -0-

     Informa la Secretaria General de la Corte, que mediante oficio N° 5375-09 de

17 de junio de este año y previamente a someter a conocimiento de este Consejo,

hizo de conocimiento del Departamento de Personal, para su estudio e informe lo

nota recibida el 15 de junio del año en curso, suscrita por las licenciadas Rosa

Astúa Jiménez, Cathering Aguilera González y el licenciado Róger Calderón

Mora, Abogados de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas del Ministerio

Público, que literalmente dice:

              ―Para que por su digno medio y de conformidad con lo que
       establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 141, los abajo
       firmantes, todos Abogados de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas
       del Ministerio Público, con el debido respeto, solicitamos sea puesto en
       conocimiento de la Honorable Corte Plena la siguiente petición.

              La Corte Plena, en sesión número 26-2008, celebrada el once de
       agosto de dos mil ocho, artículo I, luego de una amplia deliberación sobre
       el ―Estudio para la definición del Estrato Gerencial del Poder Judicial y su
       correcta ubicación salarial‖, dispuso:

       “Al propio tiempo se le solícita al Departamento de Gestión Humana que
       a la brevedad se realicen los estudios necesarios para analizar la
       situación salarial de los jueces, fiscales y defensores públicos. Se declara
       acuerdo firme.”

              En virtud de lo anterior, consideramos que es claro que de lo
       transcrito en el párrafo anterior, los profesionales que suscribimos este
       documento no fuimos tomados en consideración para la realización del
       estudio ordenado, lo que provoca que de ser factible incremento alguno
       que puedan acordarse, está lejos de ser justo, equitativo, y estar a la altura
       de las responsabilidades y funciones propias del cargo que desarrollamos,
                                   103

lo que a criterio nuestro deviene en una discriminación ya claramente
determinada por la jurisprudencia constitucional costarricense, al indicar
que la discriminación se produce cuando se hacen diferencias que no
tienen justificaciones objetivas y razonables.

       Consideramos oportuno indicar que, ya que nuestra labor es una
función jurisdiccional, se nos debe tomar en consideración dentro del
estudio ordenado, a fin de ajustar las estructuras salariales a los cambios
que se han venido operando en el tiempo y principalmente en este Poder
de la República, lo cual es necesario para así determinar la gran
responsabilidad de todos los profesionales de garantizar a nuestros
usuarios una responsable y adecuada administración de justicia, aplicada
al principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida.

       Como nuestra función judicial es de gran semejanza a la realizada
por los Fiscales Auxiliares, nos permitimos transcribir lo que estable el
Manual Descriptivo de Clases por Puestos Vigentes, esto entre una y otra
nomenclatura, a saber:

                       FISCAL AUXILIAR
                   NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de la acción penal y civil en representación de la víctima ante
los Tribunales competentes.

    TAREAS TÍPICAS
    Actuar en representación del Ministerio Público en todas las fases
     del Proceso
    Penal, de acuerdo con las disposiciones de ley.
    Recibir las denuncias de delitos de acción pública, privada,
     querellas y solicitudes de interposición de recursos de conformidad
     con lo establecido en el Código Procesal Penal.
    Realizar la investigación penal y valoración inicial en los delitos
     de acción pública y privada.
    Establecer las prioridades que deben orientar la investigación de
     los hechos del ámbito a su cargo.
    Gestionar, coordinar y controlar la investigación de la policía
     judicial.
    Conformar y actualizar el respectivo legajo de investigación.
    Recabar y valorar los elementos de prueba necesarios para la
     adecuada fundamentación de la acusación y ofrecerla para el
                                   104

      juicio, cumpliendo los trámites establecidos.
     Entrevistar e interrogar a la víctima, imputado, testigos y peritos
      que intervengan en el debate; coadyuvar en su localización y
      comparecencia.
     Solicitar informaciones necesarias para la investigación a cualquier
      funcionario, empleado o ente público.
     Requerir la intervención de la fuerza pública, cuando lo estime
      conveniente.
     Formular la acusación y solicitar la pena por imponer al imputado,
      según los requisitos de Ley.
     Participar en audiencias y otros actos procesales ante diversas
      instancias judiciales. Solicitar al Tribunal respectivo, la aplicación
      de normas especiales dictadas para cuando se trate de asuntos de
      tramitación compleja.
     Participar cuando sea necesario de la etapa de juicio.
     Exponer las conclusiones finales y alegatos al término del debate.
     Gestionar ante la autoridad correspondiente la fijación y cobro de
      los honorarios por los servicios prestados, según lo que establece
      la Ley Orgánica del Ministerio Público.
     Promover por escrito la revisión de la sentencia en caso de
      considerarlo necesario ante el Tribunal Superior de Casación
      Penal.
     Plantear ante el Tribunal de Ejecución de la Pena, incidentes
      relativos a la ejecución, sustitución, modificación o extinción de la
      pena o de las medidas de seguridad.
     Actuar por delegación en defensa de los intereses de la víctima y
      realizar las actuaciones que correspondan para ejercer la acción
      civil.
     Referir a la víctima a las organizaciones que desarrollan programas
      de atención social, apoyo psicológico, económico y otros.
     Participar con el Fiscal Adjunto en la definición de la política
      general y criterios a seguir por la Fiscalía en el territorio o
      especialidad a su cargo.
     Brindar asesoría en la interpretación y la aplicación de las leyes,
      reglamentos y demás normativa vigente.
     Elaborar informes y otros documentos técnicos de interés para el
      Ministerio Público. Realizar otras labores propias del cargo.

RESPONSABILIDADES Y OTRAS CONDICIONES

   Trabaja con independencia, siguiendo los lineamientos generales
                                    105

        de la Institución y la legislación vigente.
       Coadyuva al logro eficaz y eficiente de la política general y
        especifica y desarrolla plenamente los criterios para el ejercicio de
        la acción penal y civil, así como la investigación de los hechos
        delictivos.
       Debe rendir caución por el monto establecido por Ley.
       Excusarse en los casos que la ley así lo establezca.
       Mantenerse actualizado en los conocimientos y técnicas propias de
        su especialidad.
       Concluir la investigación en un plazo razonable.
       Ejercer otra especialidad, según lo disponga el Fiscal General;
        trasladarse a diversos lugares del país y prestar los servicios
        cuando sean requeridos.
       Le puede corresponder colaborar con el control de los plazos de la
        investigación.
       La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que rinda
        y la apreciación de la calidad de los resultados obtenidos.

CARACTERISTICAS PERSONALES

    Honorabilidad reconocida.
    Habilidad, tacto, discreción y cortesía para tratar en forma
     satisfactoria con otros funcionarios institucionales, abogados,
     partes, prensa, público y personal colaborador.
    Habilidad para expresarse por escrito y en forma oral.
    Conocimientos básicos de computación.
    Buena presentación personal.

REQUISITOS
   Licenciatura en Derecho.
   Incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica.
   Haber cumplido en forma satisfactoria el programa de ingreso
     correspondiente.
   Poseer licencia B-1 al día.
   Cumplir lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley
     Orgánica del Ministerio Público y demás disposiciones vigentes.
Aprobada en sesión del Consejo Superior del 02-12-97, artículo XLIV.

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO

       TITULO DEL PUESTO: ABOGADO DEFENSA CIVIL DE LA
                                   106

VICTIMA

II. CONTENIDO
NATURALEZA DEL TRABAJO:

      Representar a los ofendidos, afectados, actores civiles y víctimas de
delitos, desde el momento de la delegación del ejercicio de la acción civil
resarcitoria en el Ministerio Público, con el propósito de lograr el
resarcimiento en los casos que corresponda de los daños y perjuicios que
se les haya causado con el hecho ilícito.

III. TAREAS TIPICAS

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

    Actuar por delegación en defensa de los intereses de la víctima y
     realizar las actuaciones que correspondan para ejercer la acción
     civil.
    Analizar el reclamo presentado por el ofendido.
    Citar a la víctima a fin de determinar el tipo de daño que se va a
     cobrar (económico o moral).
    Realizar los trámites en el proceso penal que sean necesarios para
     la efectiva admisión de la demanda civil por daños y perjuicios
     ocasionados por el delito.
    Redactar y presentar la acción civil resarcitoria (demanda), en la
     que se indica la relación de hechos, el daño sufrido por el ofendido
     y las pretensiones.
    Recabar y ofrecer las pruebas que sustenten las pretensiones
     civiles que en nombre y a favor de la víctima del delito se solicitan
     para comprobar los daños sufridos.
    Asesorar a la víctima en todo lo relativo al pago de daños y
     perjuicios ocasionados por el delito.
    Contestar las diferentes audiencias que se dan en el transcurso del
     proceso.
    Entrevistar ofendidos, testigos y peritos sobre los aspectos civiles
     del hecho punible.
    Fijar y liquidar las pretensiones civiles del actor civil, con el
     propósito de cuantificar el valor económico de los daños
     materiales, patrimoniales, morales así como los perjuicios
     ocasionados a la víctima por el delito cometido.
    Asistir a audiencias de conciliación, vistas en Salas o Tribunales
                                 107

    de Casación y audiencias preliminares, en la cual se lee la acción
    civil, se establecen las pretensiones, se determina si se va o no a
    juicio, si se rechaza o no la acción civil, o bien si se puede llegar a
    una solución alterna como lo es la conciliación.
   Asistir a juicios en los cuales se debe demostrar lo que merece el
    actor civil con el fin de proteger los derechos del mismo.
   Tramitar procesos sucesorios.
   Intervenir y dar seguimiento a los arreglos extrajudiciales.
   Participar en reuniones con Fiscales a fin de verificar el estado de
    la causa y el trámite que sigue la misma.
   Solicitar al Ministerio Público que recabe pruebas tales como
    peritajes, dictámenes e inspecciones con el fin de poder acreditar la
    responsabilidad civil del imputado y posibles terceros civiles
    responsables.
   Elaborar y presentar procesos de ejecución de sentencia en la vía
    civil a fin de que se pague al actor civil lo que se determinó en la
    sentencia.
   Efectuar todas las diligencias necesarias para que el imputado, o
    los terceros civiles responsables, paguen efectivamente los daños y
    perjuicios establecidos por el Tribunal en la sentencia.
   Tramitar y dar seguimiento a los procesos de ejecución de
    sentencia en el cual se materializan las pretensiones de la víctima,
    para lo cual deberá contestar audiencias, recursos de apelación y
    casación.
   Presentar recursos de casación.
   Gestionar ante la autoridad correspondiente la fijación y el cobro
    de los honorarios por los servicios prestados en los casos que
    corresponda, según lo establece la Ley Orgánica del Ministerio
    Público.
   Tramitar ante las autoridades judiciales y administrativas
    correspondientes, las anotaciones y embargos necesarios para el
    aseguramiento del resultado de acción civil ejercida.
   1 Realizar diligencias variadas relacionadas con los casos que
    tramita.
   Velar por el respeto de los derechos de los actores civiles.
   Actualizar los expedientes que tramita y llevar un control de los
    mismos.
   Mantener informado al actor civil sobre el desarrollo del proceso.
   Atender consultas relacionadas con el campo de su competencia.
   Apelar resoluciones, sobreseimientos y desestimaciones.
   Buscar jurisprudencia relacionada con las causas que se tramitan.
                                 108

   Elaborar informes diversos.
   Realizar otras labores propias del cargo.

IV. RESPONSABILIDADES Y OTRAS CONDICIONES

   Trabaja con independencia, siguiendo la relación jerárquica
    establecida, los lineamientos generales de la Institución y la
    legislación vigente.
   Debe observar discreción y guardar el secreto profesional en los
    asuntos que se le encomienden.
   Excusarse en los casos que la ley así lo establezca.
   Mantenerse actualizado en los conocimientos y técnicas propias de
    su especialidad.
   Realizar las demandas civiles en un plazo razonable.
   Le corresponde relacionarse con autoridades internas, externas y
    público en general.
   Trasladarse a diversos lugares del país y prestar los servicios
    cuando sean requeridos.
   La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que
    rinda, las visitas periódicas del superior jerárquico y la apreciación
    de la calidad de los resultados obtenidos.

V. CARACTERÍSTICAS PERSONALES

   Honorabilidad reconocida.
   Habilidad, tacto, discreción y cortesía para tratar en forma
    satisfactoria con otros funcionarios institucionales, abogados,
    partes, prensa, público y personal colaborador.
   Habilidad para expresarse por escrito y en forma oral.
   Conocimientos básicos de computación.
   Excelente presentación personal.

VI. REQUISITOS Y OTROS REQUERIMIENTOS

    Bachiller en Educación Media
    Licenciatura
    Derecho Incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica.
Experiencia
    Requiere un mínimo de un año de experiencia en labores de
      tramitación de asuntos judiciales.
Otros requerimientos
                                          109

           Manejo de los ambientes computadorizados y los sistemas de
            información existentes en el área de trabajo.
           Licencia de conducir B-1 al día.
           Cumplir lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley
            Orgánica del Ministerio Público y demás disposiciones vigentes.
          
        VIL DESCRIPCIÓN DE CLASE DE PUESTO ESPECÍFICA
        PARA:
        CLASE DE PUESTO
        DESPACHOS Ancha Angosta

            Oficina Defensa Civil de las Víctimas
            Abogado Defensa
            Civil de la Víctima

      Aprobada en sesión del Consejo Superior N° 63-08 celebrada el 26 de
       agosto del 2008, artículo XXXI.

               Por lo expuesto solicitamos, respetuosamente, se integre nuestra
        petición a lo ordenado por la Honorable Corte Plena al Departamento de
        Personal, en la ya citada sesión, a fin de que quienes suscribimos seamos
        parte del estudio a realizar, respecto de propuesta de aumento salarial
        denominada ―Estrato Gerencial‖.-.

              Señalamos   para     notificaciones     el   correo    electrónico
        defensavictima@poderjudicial.go.cr o bien al fax 22953402.-‖

                                          -0-

       Mediante oficios números 5375-09 y N° 6721-09 de 17 de junio y 29 de

julio del año en curso, la Secretaría General de la Corte, solicitó al Departamento

de Personal referirse a la gestión anterior. Al respecto los máster Francisco Arroyo

Meléndez, Mauricio Quirós Álvarez y la licenciada Gabriela Mora Zamora, por su

orden, Jefes del Departamento de Personal, Desarrollo Humano y Análisis de

Puestos, en nota N° SAP-285-2009 de 3 de agosto de este año, informan que de
                                           110

conformidad con el procedimiento establecido para este tipo de investigación,

entregaron a la Secretaria del Consejo de Personal el oficio N° SAP283-200.

     En relación con lo anterior, el máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del

Departamento de Personal, en oficio N° 907-JP-2009 recibido el 9 de setiembre en

curso, remitió el acuerdo tomado por el Consejo de Personal en la sesión N° 18-

2009 celebrada el 20 de agosto último, artículo VII, que literalmente dice:

                 ―…
                 ―La Sección de Análisis de Puestos en el Informe SAP-283-2009
       indica:

              Con la finalidad de que sea conocido por los señores miembros del
       Consejo de Personal, nos permitimos indicar que la Prosecretaria General
       interina, Yacira Segura Guzmán mediante Oficio N° 5375-09 de fecha 17
       de junio del 2009 remite copia de la nota suscrita por los señores Róger
       Calderón Mora, Rosa Astúa Jiménez y Catherine Aguilera González,
       todos ―Abogados de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima‖ del
       Ministerio Público y donde solicitan se les incluya en el estudio que
       recientemente fue aprobado por Corte Plena en la sesión N° 21-09,
       celebrada el 09 de junio del 2009, artículo IV denominado ―Análisis
       sobre la valoración salarial de los cargos de Jueces, Fiscales y Defensores
       Públicos‖.

              Entre algunos de los argumentos expuestos por los señores
       Calderón, Astúa y Aguilera en la nota de fecha 10 de junio del 2009 están
       los siguientes:

              ―La Corte Plena, en sesión número 26-2008, celebrada el once de
       agosto de dos mil ocho, artículo I, luego de una amplia deliberación sobre
       el ―Estudio para la definición del Estrato Gerencial del Poder Judicial y su
       correcta ubicación salarial‖, dispuso:

              ―Al propio tiempo se le solicita al Departamento de Gestión
       Humana que a la brevedad se realicen los estudios necesarios para
       analizar la situación salarial de los jueces, fiscales y defensores públicos.
                                    111

Se declara acuerdo firme.”

       En virtud de lo anterior, consideramos que es claro que de lo
transcrito en el párrafo anterior, los profesionales que suscribimos este
documento no fuimos tomados en consideración para la realización del
estudio ordenado, lo que provoca que de ser factible incremento alguno
que puedan acordarse, está lejos de ser justo, equitativo, y estar a la altura
de las responsabilidades y funciones propias del cargo que
desarrollamos, lo que a criterio nuestro deviene en una discriminación ya
claramente determinada por la jurisprudencia constitucional costarricense,
al indicar que la discriminación se produce cuando se hacen diferencias
que no tiene justificaciones objetivas y razonables.

       (…)

       Como nuestra función judicial es de gran semejanza a la realizada
por los Fiscales Auxiliares, nos permitimos transcribir lo que establece el
Manual Descriptivo de Clases de Puestos Vigentes, esto entre una y otra
nomenclatura, a saber:

                           FISCAL AUXILIAR
                       NATURALEZA DEL TRABAJO

       Ejecución de la acción penal y civil en representación de la víctima
ante los Tribunales competentes.

       (…)

       Por lo expuesto solicitamos, respetuosamente, se integre nuestra
petición a lo ordenado por la Honorable Corte Plena al Departamento de
Personal, en la ya citada sesión, a fin de que quienes suscribimos seamos
parte del estudio a realizar, respecto de la propuesta de aumento salarial
denominada Estrato Gerencial‖.

      A fin de aclarar lo anterior, en el siguiente apartado se
consigna los diferentes informes y acuerdos tomados por el Consejo
de Personal y el Consejo Superior en cuanto a las tareas, funciones y
deberes; así como la respectiva clasificación de los puestos de
“Abogado Defensa Civil de la Víctima”.

       5     Mediante informe IDH-150-2007 de fecha 28 de agosto del
                                   112

2007, se atiende el Oficio N° 20- ODCV-07, suscrito por el licenciado
Max Chinchilla Fernández, Fiscal Adjunto de la Oficina de Defensa Civil
de las Víctimas del Ministerio Público, en el cual solicitaba: ― …
interponer sus buenos oficios a fin de que la Sección de Investigación y
Desarrollo del Departamento de Gestión Humana, proceda a realizar el
correspondiente estudio de la clase angosta para el puesto de Profesional
en Derecho 2 para la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas del
Ministerio Público‖.

      6     En el informe técnico se concluye:

        1   La razón de ser de la Oficina de la Defensa Civil de la
Víctima es la de proteger el derecho constitucional de la víctima a ser
resarcida económicamente por los daños y perjuicios que le causó el
delito.

       2     Es así que a los profesionales de esta Oficina les corresponde
representar a los actores civiles en el proceso penal a fin de llevar a cabo
la acción civil resarcitoria, para que a la víctima le paguen los daños
producto del delito del que fue objeto, recabar todas las pruebas
necesarias para fundamentar las pretensiones civiles, preparar,
formular y presentar el escrito de interposición de la acción civil en el
plaza establecido por ley, concretar las pretensiones y la forma en que se
repararán los daños (liquidación del monto de daños y perjuicios que
estime el ofendido), participar en audiencias, procesos de conciliación y
juicios en donde actúa como representante legal de la víctima; asimismo
debe tramitar y dar seguimiento a los procesos de ejecución de sentencia
en el cual se materializan las pretensiones de la víctima.

       3     La labor de representar a la víctima para que sea resarcida por
el daño que le produjo el delito del cual fue objeto, es una actividad que
debe estar a cargo de Abogados y no de Fiscales Auxiliares como era la
práctica, a fin de que se puedan aprovechar de manera eficaz y eficiente
los recursos y cumplir con lo que dicta la Ley, respecto a quien debe
ejecutar la actividad de defensa civil.

       4    Del análisis de las tareas de la clase angosta ―Abogado
Asistente 2‖, clase ancha ―Profesional en Derecho 2‖, en la cual se
encuentran actualmente los puestos en estudio, se concluye que las
mismas no están acordes con las tareas que se desarrollan en los mismos,
toda vez que esta clase está enfocada a actividades relacionadas al ámbito
                                   113

administrativo, lo cual no sucede con los puestos que se están analizando,
ya que el accionar de éstos se desenvuelven en el plano jurisdiccional, en
el cual como se ha venido mencionando les corresponde representar a las
víctimas de un delito en una de las etapas del proceso penal ante los
tribunales a fin de que se les pueda resarcir los daños de que fue objeto
por el delito que le cometieron.

      5     La clasificación que tienen, no está acorde con las labores
que se ejecutan en los cargos, por tal razón se hace necesario crear una
clase angosta para ellos denominada ―Abogado Defensa Civil de la
Víctima‖, en la cual se detallan las tareas específicas para esos puestos.

       6    Se indica también que si bien es cierto a nivel institucional
existen puestos que también tiene su ámbito de acción en la
representación de una persona en procesos judiciales, tal es el caso de los
Defensores Públicos, o el de los Fiscales que participan en representación
del Estado; también lo es que al analizar los factores organizacionales de
los puestos en análisis, se determina que las tareas que ejecutan no son
comparables con el de los Defensores Públicos ni con los Fiscales
Auxiliares, quienes participan en todas las etapas del procesos penal, lo
cual hace que haya mayor diversidad y complejidad en las tareas que
ejecuta.

       7     Entre las recomendaciones señalas se establece reclasificar
las plazas vacantes de ―Profesional en Derecho 2‖ a ―Abogado Defensa
Civil de la Víctima‖. Lo anterior, fue aprobado por el Consejo de
Personal en la sesión N° 20-2007, celebrada el 06 de setiembre del 2007,
artículo IV.

      7     Posteriormente, el Consejo de Personal en la sesión N° 16-
2008, celebrada el diecisiete de julio del 2008, artículo X, conoce el
informe SAP-201-2008 donde se atiende los ―recursos de
reconsideración‖ presentados por los señores: Rosa Astúa Jíménez,
Krycia Zamora Pérez, Henry Meza Mata, Róger Calderón Mora,
Leonardo Barrantes González, Natalia Hidalgo Porras, Sandra Castro
Mora y Hazle Porras Fernández, todos Profesionales en Derecho 2 de la
Oficina Defensa Civil de las Víctimas; así como la del Lic. Max
Chinchilla Fernández.


      Del informe SAP-201-2008 resulta transcribir lo siguiente:
                                    114



       8    Punto N° 3 ―Consulta realizada a la Licda. Lilliam Gómez
Mora, Fiscala General Adjunta, Fiscala General. 0-2007, celebrada el 06
de setiembre del 2007, artículo IV.

        ―Ante consulta realizada a la Licda. Gómez, sobre las actividades
realizadas por los Profesionales en Derecho 2 de la Oficina de Defensa
Civil de las Víctimas y los Fiscales Auxiliares, nos indicó que las labores
no son comparables por cuanto al Fiscal Auxiliar en la etapa preparatoria
le corresponde llevar a cabo una serie de tareas más complejas como lo
son dirigir funcionalmente la investigación, realizar actos procesales,
solicitar detenciones, medidas cautelares, tomar la denuncia, pedir
allanamientos, asistir a allanamientos, solucionar el caso (sobreseimiento,
desestimación, acusar) y antes de todo lo anterior deben resolver lo que
los abogados soliciten. Además en la fase de juicio deben ir y sostener la
acusación.

       Cuando el Fiscal acusa o la víctima delega la acción civil
resarcitoria en el Ministerio Público, el Fiscal hace el traslado a la Oficina
de Defensa Civil de las Víctimas, en muchas ocasiones los Abogados
esperan que el Fiscal recoja todo para luego ver el expediente y hacer una
nota sobre los hechos; posteriormente lo que hacen es ir a juicio, sin
embargo, considero que hacen una mínima parte de lo que hace el Fiscal
Auxiliar, por eso no pueden compararse‖.

       9     Entre las recomendaciones señalas la 6.1 dice ―Desestimar lo
relacionado con la valoración de los puestos; por tal motivo se mantiene
el criterio técnico emitido en el informe IDH-150-2007 en el cual se
indica que se cree la clase ancha/angosta de ―Abogado Defensa Civil de
la Víctima‖ y que se mantenga la valoración que actualmente tienen esos
puestos‖.

      10 El Consejo Superior, en la sesión N° 63-08, celebrada el 26
de agosto del 2008, artículo XXXI al conocer los informes IDH-150-2007
y SAP-201-2008 dispone: ―Acoger lo resuelto por el Consejo de Personal,
en consecuencia por las razones indicadas, mantener la valoración que
actualmente tiene la clase de ―Abogado Defensa Civil de la Víctima‖.


       Sobre el informe SAP-154-2009 denominado “Análisis sobre la
                                   115

valoración salarial de los cargos de Jueces, Fiscales y Defensores
Públicos”.

        8    Corte Plena, en la sesión N° 26-08, celebrada el 11 de agosto
del 2008, artículo I, al conocer el Informe SAP-178-2008 sobre el estudio
para la definición del Estrato Gerencial, dispone: ―Al propio tiempo se le
solicita al Departamento de Gestión Humana que a la brevedad se
realicen los estudios necesarios para analizar la situación salarial de los
jueces, fiscales y defensores públicos‖, este Departamento elabora el
informe de cita.

       9    Mediante oficio N° 516-JP-2009 de fecha 15 de mayo del
2009, donde el Máster Francisco Arroyo Meléndez comunica el acuerdo
tomado por el Consejo de Personal en la sesión N° 09-2009 celebrada el
seis de mayo, artículo II, Corte Plena discute los resultados del informe
SAP-154-2009 denominado ―Análisis sobre la valoración salarial de los
cargos de Jueces, Fiscales y Defensores Públicos‖.

      La parte dispositiva del acuerdo tomado por Corte Plena, en sesión
N° 21-09, celebrada el 09 de junio del 2009, artículo IV señala:

      2. Aprobar en todos sus extremos el estudio técnico del
Departamento de Gestión Humana y cada una de sus recomendaciones en
forma particular.

       3. Trasladar el informe a la Corte Plena para su conocimiento con
la observación de que en caso de aprobarse en el proyecto de Presupuesto
2010 debe incorporarse la reserva presupuestaria para atender este
estudio, el cual regirá a partir del 01 de enero del 2010.

       4. Manifestar a la Corte Plena que en criterio de este Consejo es
conveniente que al aprobar la recalificación de jueces, fiscales y
defensores se incluyan los puestos de Profesionales en Derecho de las
diferentes Salas de la Corte (Letrados) y Secretarios de Sala, con el
objetivo de mantener la consistencia y competitividad con estos cargos.

       10 Cabe indicar que el informe SAP-154-2009 consideró
variables institucionales que históricamente desde el punto de vista
técnico y de política institucional han estado relacionadas estrechamente
con la asignación de las remuneraciones para los cargos de Juez, Fiscal y
Defensor Público. Podemos citar como ejemplo: Ámbito al que
                                    116

 pertenecen los puestos bajo análisis, los niveles y jerarquía establecidos
 para los puestos de Jueces y Fiscales según la Ley Orgánica del Poder
 Judicial y la del Ministerio Público, conocimiento de los asuntos que los
 jueces conocen en alzada.

       11   Las recomendaciones de revaloración fueron sustentadas
 en aspectos de la política institucional establecida por los órganos
 superiores con el fin de dotar a estas clases de puestos de una mejor
 remuneración a partir del 01 de enero del 2010, considerando: la
 prioridad que los cargos de Juez, Fiscal y Defensor representan
 para la administración de justicia, la consistencia y equilibro en la
 estructura de salarios y la disponibilidad presupuestaria proyectada para el
 siguiente período.

         En virtud de lo expuesto, esta Sección estima que la solicitud
 planteada por los señores Róger Calderón Mora, Rosa Astúa Jiménez y
 Catherine Aguilera González, todos ―Abogados de la Oficina de la
 Defensa Civil de la Víctima‖ del Ministerio Público donde solicitan en la
 nota de fecha 10 de junio del presente año que se les incluya en el estudio
 que recientemente fue aprobado por Corte Plena en la sesión N° 21-09,
 celebrada el 09 de junio del 2009, artículo IV denominado ―Análisis
 sobre la valoración salarial de los cargos de Jueces, Fiscales y Defensores
 Públicos‖ no procede; por cuanto ha quedado claro y así lo dispuso tanto
 el Consejo de Personal, como el Consejo Superior que la función de
 representar a la víctima para que sea resarcida por el daño que le produjo
 el delito del cual fue objeto, es una actividad que debe estar a cargo de
 ―Abogados‖ y no de ―Fiscales Auxiliares‖.

        Es así, que los puestos de Abogados, ―Abogado Defensa Civil de
 la Víctima‖ no fueron incorporados en el estudio solicitado por Corte
 Plena, en la sesión N° 26-08, celebrada el 11 de agosto del 2008, artículo
 I; donde refería analizar la situación salarial de los puestos de Jueces,
 Fiscales y Defensores Públicos.

        Se acordó: Acoger el informe en todos sus extremos, y por las
 razones en él contenidas, denegar la gestión de revaloración de los cargos
 en estudio.‖
                                    -0-

Se acordó: Acoger el informe del Consejo de Personal, en consecuencia,
                                           117

con vista en los argumentos esbozados en el indicado informe, denegar la

pretensión de las licenciadas Astúa Jiménez, Aguilera González y del licenciado

Mora Calderón.

                                 ARTÍCULO XXXVI

      En sesión Nº 81-09 celebrada el 27 de agosto recién pasado, artículo XLV,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―En sesión N° 09-09 celebrada el 3 de febrero del año en curso,
       artículo XXXV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
             ―En sesión Nº 74-08 celebrada el 2 de octubre del 2008, artículo
       LXIV, la licenciada Lupita Chaves Cervantes, Integrante de este Consejo,
       rindió el informe sobre el resultado de la visita realizada al Tercer
       Circuito Judicial de Alajuela, el 23 de julio de ese año, a cuyos efectos, se
       dispuso -entre otros aspectos- hacer de conocimiento de la Comisión de la
       Jurisdicción Penal, las manifestaciones del licenciado Francisco Molina
       Salas, Juez Tramitador del Tribunal Penal de ese Circuito, las cuales
       literalmente dicen:
             ―El Licenciado Francisco Molina Salas, Juez Tramitador de este
       despacho nos manifestó que esa oficina ha sufrido un incremento
       importante en la carga laboral, y que dado al aumento de plazas en el
       Ministerio Público, tanto en el lugar como en Grecia se espera que la
       entrada de asuntos al Tribunal siga aumentando de manera considerable.
       Recalcó que el aumento se dio solo en el Ministerio Público pasando la
       oficina del lugar de tres fiscales a diez, en tanto Grecia de uno a tres,
       mientras que el aumento de jueces ocurrió en las cabeceras de provincia.
       Esta situación ha comenzado a generar aumentos, lo que aunado a la
       atención de las apelaciones en materia laboral, presenta una situación
       difícil para la oficina.

             En relación con la carga de trabajo, manifestaron que se debería
       analizar quitarles la competencia de Grecia en las materias civil, penal y
       laboral, ya que se encuentra más cerca de Alajuela que de San Ramón.
       Para ello se debe tomar en consideración que Alajuela tiene 9 jueces más,
       y tienen una sección que conoce solo civil y laboral. Nombraron más
       fiscales tanto en San Ramón como en Grecia (9 fiscales en San Ramón y
                                  118

3 en Grecia), lo que ha generado una significativa carga de trabajo al
Juzgado Penal y al Tribunal de Juicio. Señala que cuando los 3 jueces se
van a Grecia a atender un juicio, afrontan dificultades (cómo hacen con
un reo preso, cómo pedir vista). El circulante ha subido bastante, está a
un año los señalamientos en materia penal, señalándose hasta 5 juicios
por semana, mientras tanto no se puede fallar en materia civil y laboral.
      Argumentaron incomprensión por la cantidad de jueces asignados en
Casación, ya que la carga de trabajo en Casación no se compara con la
que tiene el Tribunal de Juicio, solamente el 10% de la asuntos fallados
por el Tribunal llegan a Casación, de ahí que debió reforzarse más el
Tribunal.
      Consideran necesario se valore la posibilidad de crear una sección
de jueces en el Tribunal en caso de que les mantengan la competencia de
Grecia.
      Se le indicó que acuda a la Comisión de Asuntos Penales y que
exponga allí las propuestas que maneja el Tribunal para solventar la
situación.‖
                                   -0-
      En cumplimiento de lo anterior, el Magistrado José Manuel Arroyo
Gutiérrez, en condición de Presidente de la Comisión de la Jurisdicción
Penal, en oficio N° CAP056-08 de 19 de diciembre del 2008, recibido el
26 de enero último, manifestó lo siguiente:

      ―Me permito hacer de su conocimiento el acuerdo adoptado por la
Comisión de Asuntos Penales con relación al oficio de la Secretaría de la
Corte Suprema de Justicia número 92 16-08 del 21 de octubre de 2008, en
el que se comunica el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, de
la sesión N° 74-08, artículo LXIV.

      En esa oportunidad el Consejo Superior acordó hacer de
conocimiento de la Comisión de la Jurisdicción Penal, las
manifestaciones del licenciado Francisco Molina Salas, juez tramitador
del Tribunal de Juicio de San Ramón, sobre el incremento de la carga de
trabajo en el despacho en que labora y sus propuestas de cambio de
competencias.

     Sobre el particular la Comisión de Asuntos Penales acusa recibo del
citado oficio. En lo que respecta a las manifestaciones del licenciado
Molina Salas esta Comisión considera que no les es posible pronunciarse
sobre ellas en razón de que la determinación de competencias por razones
de carga de trabajo es una tarea ajena a sus competencias.‖
                                          119

                                           -0-
             Se acordó: 1) Tener por rendido el acuerdo de la Comisión de la
       Jurisdicción Penal. 2) Trasladar la gestión del licenciado Francisco
       Molina Salas al Departamento de Planificación para su estudio e
       informe.‖
                                           -0-
             Informa la Secretaría General de la Corte, que el acuerdo
       anteriormente citado, fue comunicado mediante oficio N° 1511-09 de 19
       de febrero del año en curso, al Departamento de Planificación y a la fecha
       no se ha manifestado al respecto.
             Se dispuso: Solicitar al Departamento de Planificación que en el
       término de tres días contados a partir de la comunicación de este acuerdo,
       rinda el informe solicitado en la sesión Nº 09-09 celebrada el 3 de febrero
       del año en curso, artículo XXXV, sobre el incremento de la carga de
       trabajo en el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela y la
       propuesta de cambio de competencia. Se declara acuerdo firme.”.
                                          -0-

      Informa la Secretaria General, que verificados los registros que al efecto

lleva la oficina a su cargo, se determinó que aún no se ha remitido el informe

solicitado en la sesión de referencia.

      Se acordó: Solicitar al Departamento de Planificación que en el término de

tres días contados a partir de la comunicación de este acuerdo, informe sobre lo

solicitado en la sesión Nº 09-09 del 3 de febrero del año en curso, artículo XXXV,

referente al incremento de la carga de trabajo en el Tribunal del Tercer Circuito

Judicial de Alajuela y la propuesta de cambio de competencia. Se declara este

acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XXXVII

      En sesión N° 81-09 celebrada el 27 de agosto último, artículo XLIV, se tomó
                                          120

el acuerdo que literalmente dice:

            ―En sesión N° 59-09 de 4 de junio del año en curso, artículo LIII, se
       tomó el acuerdo que literalmente dice:

              ―El licenciado Luis Guillermo Ruiz Bravo, Juez de Pensiones y
       Violencia Doméstica de San Joaquín de Flores, en correo electrónico
       recibido el 26 de mayo recién pasado, comunicó lo siguiente:

             ―… El juzgado a mi cargo es uno de los cuatro despachos que
       tramitan de forma conjunta la materia de Violencia Doméstica y
       Pensiones Alimentarias de forma exclusiva. El ámbito territorial de
       competencia, se compone de Belén, San Joaquín y Santa Bárbara, con una
       cantidad de distritos muy poblados que generan una afluencia de usuarios
       que merece revisar a efecto de dar cabal cumplimiento a las políticas
       institucionales de servicio público, prontitud y cumplimiento de la
       justicia.

             Los cantones mencionados son muy grandes en territorio, son muy
       poblados y con altos niveles de judicialidad en su cultura. A juicio de este
       servidor, Santa Bárbara debería contar con su propia estructura
       jurisdiccional, a saber un Juzgado de Pensiones y Violencia en lo que a
       mi conocimiento compete. Muy posiblemente el escenario cronológico
       cuando se optó por unir en San Joaquín estos tres cantones, era muy
       diferente al que se experimenta hoy día; incluso me comentan las
       funcionarias de mas antigüedad que en aquel momento en que se trasladó
       a San Joaquín el Juzgado, los asuntos de Violencia Doméstica los iba a
       conocer el Juzgado especializado de Heredia, que no saben porque al
       final esa materia se quedó en San Joaquín, igualmente que tiene
       entendido, que en Santa Bárbara el Poder Judicial posee un terreno que
       alguna vez fue utilizado como Alcaldía; en fin, el punto es que la
       capacidad humana de respuesta para un solo Juez en la materia de
       Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias para San Joaquín de
       Flores, con semejante extensión territorial y población usuaria, esta
       resultando imposible.

            Según los controles internos, quedan listos para fallo sin distingo de
       oposición, incidencia o principales, 30 asuntos cada tres meses, a dicha
       pendencia de fallo hay que agregarle que se realizan 14 audiencias de
       violencia doméstica a la semana, en las que asistan las partes a la
       audiencia o no, el caso requerirá siempre de una sentencia considerada,
                                   121

amén de que en esta materia no es posible la conciliación y el bien
jurídico en tutela exige una muy rápida solución en cuanto a la suerte que
corren las medidas de protección dictadas. Igualmente hay que valorar
cada caso nuevo con detenimiento y entrevistar a las partes para
determinar urgencia y gravedad de los hechos, lesiones para remisión a
dictamen médico legal, situaciones en crisis para el PANI, OFIM, WEM
entre otras.

      Por otro lado, se reciben cuatro audiencias de pensiones alimentarias
en las que si no media la conciliación corresponde recibir las pruebas en
acto seguido, además la naturaleza propia de esta materia implica que el
hecho de que el asunto alcance solución, sea por sentencia o conciliación,
da lugar a una serie de actividad procesal que se mantendrá por años, pues
la vida útil de este tipo de expedientes es muy extensa, y sugiere atención
constante en, incidentes de aumentos o rebajos de pensión, aumentos
automáticos, aguinaldos, salario escolar, liquidaciones por entrada a
clases, solicitudes de orden de apremio, gestiones de conservación de
derechos, autorizaciones en el SDJ, recursos de fijación provisional de
cuota de alimentos, estudio y valoración para fundamentar las pensiones
nuevas, la firma de todo eso, allanamientos que hay que meter en agenda
durante la vigencia de un apremio hará hacer efectiva la lusoriedad de la
captura, puestas la orden de los detenidos, ordenar libertades, autorizar la
suspensión de apremios para conseguir colocación remunerada, autorizar
pagos en tractos de las deudas por pensión, en fin, la actividad propia de
dirección y coordinación administrativa del personal subalterno en manos
del un solo Juez.

      Abocado a la búsqueda de opciones para hacer frente a la cantidad
de trabajo que existe en este Juzgado, he acomodado de mil formas la
agenda, he recibido ayuda del programa de la Presidencia contra la mora
judicial y de la Administración regional con jueces supernumerarios
ocasionales, entre otros acomodos que han servido de ―parches‖ pero que
han resultado en absoluto suficientes, siquiera cercanos a una solución.

     Entiendo la situación presupuestaria que vive el Estado en general y
por supuesto la situación crítica que experimentan las arcas del Poder
Judicial, tengo claros los recortes realizados e incluso que no existe
dinero para designar personal profesional y subalterno, sin embargo,
considero que mi obligación es denunciar la situación, hacer lo que este a
mi alcance, pero también participar objetivamente a la institución y
evidenciar algunas desproporciones que podría dársele con el recurso
                                  122

existente un mejor abordaje.

      Como elemento de respaldo en mi dicho, he revisado los anuarios de
estadísticas del departamento de planificación de los años 2007 y 2008 en
las materias de Violencia doméstica y Pensiones Alimentarias, en los que
se ofrece la información relativa a la actividad laboral de los despachos
que tramitan estas materias; alcanzando las siguientes conclusiones:

         1- Para el año 2007, el Juzgado especializado en la provincia de
Heredia en la materia de Pensiones Alimentarias que cuenta con TRES
jueces que conocen en exclusiva únicamente Pensiones Alimentarias,
recibieron 1145 casos entrados, correspondiendo 381,66 a cada juez; por
su parte el Juzgado de Pensiones y Violencia de Pavas que cuenta con
DOS jueces, recibió para el mismo año 449 asuntos de Pensiones
entrados, de los que a cada juez correspondió conocer 224,5 casos;
mientras que en absoluta desproporción, el Juzgado de Pensiones y
Violencia de San Joaquín con UN SOLO JUEZ A CARGO recibió 332
casos entrados. Lo que significa que en pensiones alimentarias para el
año 2007, el juez de San Joaquín recibió, 49,6 asuntos menos que un juez
del Juzgado ESPECIALIZADO (que solo esa materia conoce); asimismo,
el juez de San Joaquín recibió, 107, 5 asuntos MÁS que un solo juez de
los dos que trabajan en Pavas.

         2- Para el año 2007, el Juzgado especializado en la provincia de
Heredia en la materia de Violencia Doméstica que cuenta con DOS
jueces que conocen en exclusiva únicamente Violencia Doméstica,
recibieron 1790 casos entrados, correspondiendo 895 a cada juez; por su
parte el Juzgado de Pensiones y Violencia de Pavas que cuenta con DOS
jueces, recibió para el mismo año 690 asuntos de Pensiones entrados, de
los que a cada juez correspondió conocer 417,5 casos; mientras que en
absoluta desproporción, el Juzgado de Pensiones y Violencia de San
Joaquín con UN SOLO JUEZ A CARGO recibió 645 casos entrados. Lo
que significa que en Violencia Doméstica para el año 2007, el juez de San
Joaquín recibió nada más 250 asuntos menos que un juez del Juzgado
ESPECIALIZADO (que solo esa materia conoce); asimismo, el juez de
San Joaquín recibió, 227 asuntos MAS que un solo juez de los dos que
trabajan en Pavas.

        3- Para el año 2008, el Juzgado especializado en la provincia de
Heredia en la materia de Pensiones Alimentarias que cuenta con TRES
jueces que conocen en exclusiva únicamente Pensiones Alimentarias,
                                  123

recibieron 1168 casos entrados, correspondiendo 389,33 a cada Juez; por
su parte el Juzgado de Pensiones y Violencia de Pavas que cuenta con
DOS jueces, recibió para el mismo año 736 asuntos de Pensiones
entrados, de los que a cada Juez correspondió conocer 368 casos;
mientras que en absoluta desproporción, el Juzgado de Pensiones y
Violencia de San Joaquín con UN SOLO JUEZ A CARGO recibió 373
casos entrados. Lo que significa que en pensiones alimentarias para el año
2008, el Juez de San Joaquín recibió, 16,33 asuntos menos que un juez
del Juzgado ESPECIALIZADO (que solo esa materia conoce); asimismo,
el juez de San Joaquín recibió, 5 asuntos MAS que un solo juez de los dos
que trabajan en Pavas.

         4- Para el año 2008, el Juzgado especializado en la provincia de
Heredia en la materia de Violencia Doméstica que cuenta con DOS
jueces que conocen en exclusiva únicamente Violencia Doméstica,
recibieron 1911 casos entrados, correspondiendo 955,50 a cada juez; por
su parte el Juzgado de Pensiones y Violencia de Pavas que cuenta con
DOS jueces, recibió para el mismo año 882 asuntos de Pensiones
entrados, de los que a cada juez correspondió conocer 441 casos; mientras
que en absoluta desproporción, el Juzgado de Pensiones y Violencia de
San Joaquín con UN SOLO JUEZ A CARGO recibió 694 casos entrados.
Lo que significa que en Violencia Doméstica para el año 2008, el juez de
San Joaquín recibió nada más 261,50 asuntos menos que un juez del
Juzgado ESPECIALIZADO (que solo esa materia conoce); asimismo, el
juez de San Joaquín recibió, 253 asuntos MAS que un solo juez de los dos
que trabajan en Pavas.

      En razón de lo anterior, señores y señoras integrantes del Consejo
Superior, pongo en evidencia lo que experimento en el juzgado a mi
cargo y en aras de brindar el mejor servicio publico posible, con cargas
razonables de trabajo, y en la búsqueda de equilibrio y proporción, a
nivel de competencia territorial y recurso humano profesional, amen de
la salud ocupacional, es que solicito, en la medida que ello sea posible:

     1- Ordenar la elaboración de un estudio, en el Juzgado de Pensiones
y Violencia de San Joaquín que determine la capacidad de respuesta de un
solo Juez, ante la extensión territorial y la cultura judicial que el
despacho experimenta. Considerando la comparación realizada con los
Juzgados especializados de la provincia que cuentan con dos jueces en
Violencia y tres en Pensiones, advirtiéndose una diferencia ínfima en
casos entrados; y con un Juzgado con igual competencia material como lo
                                   124

es Pavas, pero que a diferencia de San Joaquín, cuenta con dos jueces y
menos casos recibidos en el año 2007 y 2008. Lo anterior con el ideal de
que sea designado un juez más para San Joaquín, y se equipare en
condiciones al Juzgado de pavas, tal y como se planteó y justificó en el
presupuesto 2010 y en la solicitud de plazas nuevas en su oportunidad, o
bien se revise la distribución competencial del territorio, valorando si es
del caso que el Juzgado especializado de Heredia pueda asumir como se
ideó en un inicio los casos de Violencia Doméstica.

      2- Que en tanto se resuelva lo anterior, solicito se me autorice y así
se comunique a quien corresponda, que cada tres meses este juzgado
remita expedientes listos para ser fallados al programa de jueces contra el
retardo judicial de la Presidencia de la Corte.

     3- Que la Administración regional autorice, si es necesario vía
Consejo de Administración, que se le brinde colaboración al Juzgado de
San Joaquín con un juez supernumerario al menos durante un mes cada
trimestre, a efecto de equilibrar la carga de trabajo mencionada.‖

                                   -0-

       Se acordó: 1.) Trasladar al Departamento de Planificación, para
estudio e informe, la solicitud planteada por el licenciado Guillermo Ruiz
Bravo. 2.) La Presidencia de la Corte y la Administración Regional de
Heredia valoraran la posibilidad de brindar algún tipo de ayuda al
Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de San Joaquín de Flores.‖

                                   -0-

       Revisados los archivos y registros que al efecto se llevan en la
Secretaría General de la Corte, se determinó que a la fecha no se ha
tenido respuesta alguna sobre el informe solicitado al Departamento de
Planificación en la sesión de referencia.

       Se acordó: Solicitar al Departamento de Planificación que en el
término de tres días contados a partir de la comunicación de este acuerdo,
informe sobre el estudio solicitado en la sesión Nº 59-09 del 4 de junio
del año en curso, referente a la solicitud del Juez de Pensiones y
Violencia Doméstica de San Joaquín de Flores, para que un juez
supernumerario colabore en ese despacho al menos durante un mes cada
trimestre, a efecto de equilibrar la carga de trabajo que atiende esa
                                        125

       oficina. Se declara acuerdo firme.‖
                                        -0-

      Informa la Secretaria General que el acuerdo anteriormente citado, fue

comunicado al Departamento de Planificación, mediante oficio N° 8197-09 de 1°

de setiembre en curso, sin embargo, verificados los registros que al efecto lleva

esta Secretaría se determinó que aún no se ha remitido el informe solicitado en la

sesión de referencia.

      Se acordó: Remitir copia de este acuerdo al Programa contra el Retraso

Judicial de la Presidencia de la Corte, a fin de que valore la situación y analice la

posibilidad de ayudar al citado Juzgado. Lo anterior en tanto se conoce el informe

solicitado al Departamento de Planificación en la sesión de referencia.

                              ARTÍCULO XXXVIII

      En sesión N° 83-09 celebrada el 3 de setiembre del año en curso, artículo

XXI, se concedió permiso con goce de salario y sustitución al licenciado Rodolfo

Solórzano Sánchez, Defensor Público del Primer Circuito Judicial de San José, a

fin de que participe en el "III Encuentro de la Red Ex –alumnos del Programa

Interamericano de Formación de Capacitadores", para la Reforma Procesal Penal, a

realizarse en la ciudad de Santiago, Chile, los días 24 y 25 de este mes, para dicha

actividad le fue asignada una beca parcial por parte de los organizadores de $800

dólares americanos. Asimismo, se dispuso que de conformidad con las políticas de
                                         126

restricción presupuestarias, aprobadas por la Corte Plena en sesión N° 16-09 del 11

de mayo del año en curso, artículo XX, denegar el pago de viáticos y el ajuste del

pasaje aéreo para el licenciado Solórzano Sánchez, por cuanto es deber de este

Consejo, racionalizar el uso de los insuficientes recursos presupuestarios que tiene

este Poder de la República.

      El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio

N° EJ-DIR-217-2009 de 11 de setiembre en curso, comunicó lo siguiente:

              “En días anteriores el Centro de Estudios Judiciales de las
       Américas (CEJA), comunicó al Licenciado Gustavo Céspedes Chinchilla,
       Profesional en derecho 2 de esta Escuela Judicial, su designación a
       efectos de participar en el III Encuentro de la Red de Exalumnos del
       Programa Interamericano de Formación de capacitadores, Programa del
       cuál participó don Gustavo en el año 2005.

              En dicho encuentro que se celebrará el día 24 de setiembre de
       2009, en Santiago de Chile; se tratarán temas de gran relevancia para el
       desarrollo de las actividades de capacitación en destrezas orales, como lo
       es la ―Evaluación de la credibilidad de testigos e identificación ocular”.
       Dicho tema constituye un eje prioritario de los procesos de capacitación
       que se deben dirigir a los administradores de justicia, indistintamente el
       área jurisdiccional.

              En igual sentido, la invitación conlleva la asistencia a Reunión de
       Discusión “Capacidades de los sistemas de justicia penal frente a los
       delitos de connotación social: estado de situación y perspectivas”, a
       celebrarse el día 25 de setiembre en esa misma ciudad.

              En la actualidad, el Lic. Céspedes se desempeña como coordinador
       y gestor de capacitación de los diferentes Programas de Capacitación
       relacionados con la Oralidad de los Procesos Judiciales, tanto en el
       desarrollo de los mismos a lo interno del Poder Judicial, como en el
       impulso estratégico que esta Escuela Judicial viene dando a la
       incorporación de la temática a nivel, de las carreras universitarias, en
                                     127

procura de una incorporación futura, de profesionales mejor preparados.

       Adicionalmente, recientemente he solicitado a don Gustavo,
asumir la coordinación y gestión del incipiente y en diseño, Programa de
Especialización Penal; mismo que espero venga a contribuir con la
Administración de Justicia por medio de la capacitación especializada del
Juez 3 Penal.

       La invitación que recibiera el Lic. Céspedes Chinchilla, no pudo
haber llegado en mejor momento, pues considero que su participación en
la misma, nos permitirá enriquecer paralelamente ambos esfuerzos de
capacitación tan prioritarios y relevantes para el Poder Judicial.

      En virtud de lo anterior, solicito a este honorable Consejo
Superior, conceder permiso con goce de salario al Lic. Gustavo Céspedes
Chinchilla, del 23 al 26 de setiembre de 2009, a efectos de que participe
en las actividades descritas, en representación de esta Escuela, con el
consecuente derecho de utilización de su pasaporte de servicio.

       Adicionalmente, al tratarse de una actividad de especial interés de
esta dependencia y que redundará enormemente en el desarrollo de las
actividades que impulsamos, solicito se autorice el pago de viáticos en el
exterior por las fechas indicadas, a cargo de las partidas presupuestarias
que al efecto posee la Escuela Judicial. El costo de los tiquetes aéreos
corre por cuenta del Centro anfitrión.

        Igualmente, solicito se autorice el pago de viáticos en el exterior, al
Lic. Rodolfo Solórzano Sánchez, Defensor Público y docente de esta
Escuela en el curso denominado Oralidad y Proceso penal: hacia un
proceso penal por audiencias durante los días de la actividad reseñada.
Lo anterior por cuanto, como es de conocimiento de este Consejo
Superior, el Lic. Solórzano Sánchez, también ha sido seleccionado para
participar en ese evento. Considero que al ser docente colaborador de la
Escuela Judicial, el refrescamiento de conocimientos que realice don
Rodolfo se reflejará enormemente en el curso donde se desempeña como
facilitador. Mismo que está pronto a impartirse en todo el territorio
nacional.

       Adjunto certificaciones del Departamento de Financiero Contable
donde se acredita la existencia de recursos suficientes para hacer frente
esos gastos.‖
                                        128

                                        -0-

      Asimismo, se adjuntan los oficios 914 y 933-P-2009 de 10 de este mes,

suscritos por el licenciado Juan Carlos Córdoba Meléndez, Jefe del Departamento

Financiero Contable, mediante los cuales acompaña las certificaciones de

contenido presupuestario para hacerle frente al pago de viáticos en el exterior del

licenciado Gustavo Céspedes Chinchilla por un monto de ¢265.977,00 (doscientos

sesenta y cinco mil novecientos setenta y siete colones exactos) y del licenciado

Rodolfo Solórzano Sánchez, por el mismo monto con cargo al programa 926, IP 22

"Escuela Judicial", subpartida 10504 "viáticos al exterior".

      Se acordó: Acoger parcialmente la solicitud anterior, en consecuencia: 1.)

Conceder permiso con goce de salario del 23 al 26 de setiembre en curso, al

licenciado Gustavo Céspedes Chinchilla, a fin de que participe en el "III Encuentro

de la Red de Exalumnos del Programa Interamericano de Formación de

Capacitadores", a realizarse en Santiago de Chile, así como para que asista a la

Reunión de Discusión denominada ―Capacitadores de los sistemas de justicia penal

frente a los delitos de connotación social: estado de situación y perspectivas‖, a

celebrarse en esa misma ciudad. Es entendido que los organizadores del evento

cubrirán el costo de los tiquetes aéreos. 2.) Denegar el pago de ¢265.977,00

(doscientos sesenta y cinco mil novecientos setenta y siete colones exactos), por
                                        129

concepto de viáticos en el exterior, para el licenciado Céspedes Chinchilla y

respecto al licenciado Solórzano Sánchez se mantiene lo resuelto en la sesión N°

83-09 del 3 de setiembre en curso, artículo XXI, por razones presupuestarias y el

deber de este Consejo de racionalizar el uso de los insuficientes recursos

económicos que tiene este Poder da la República, denegó la solicitud para el pago

de viáticos y el ajuste del pasaje aéreo. 3) En virtud de la importancia del

contenido de la capacitación a recibir, deberá don Gustavo coordinar lo

correspondiente, a fin de transmitir los conocimientos adquiridos a los demás

servidores de la Escuela Judicial, ya que podrían ser de gran utilidad en las labores

que realizan. 4.) La Secretaría General de la Corte, tramitará lo correspondiente al

pasaporte de servicio.

      El licenciado Martínez Fernández, votó por acoger la gestión, considerando

que son ellos los que han participado en esos cursos, y que el licenciado Solórzano

Sánchez es capacitador de la Escuela en un tema de política institucional como es

la oralidad, además que los viáticos serán sufragados con presupuesto de la

Escuela Judicial.

      La Escuela Judicial, los Departamentos de Personal y Financiero Contable,

tomarán nota para los fines consiguientes.

                               ARTÍCULO XXXIX
                                         130

      El doctor Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio

Nº EJ-DIR-211-09 de 9 de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:

            ―La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), celebrarán
       su ―V Asamblea General‖ durante los días 7, 8 y 9 de octubre de 2009, en
       México, D.F.

             La mencionada Red es un producto de la Cumbre Judicial
       Iberoamericana, destinada a fortalecer las capacidades de las escuelas
       judiciales de la región, a través de la cooperación y el intercambio de
       experiencias, conocimientos, tecnologías y buenas prácticas. La Escuela
       Judicial costarricense es parte de la Junta Directiva de la RIAEJ. En tal
       carácter, lidera diversos procesos de investigación y cooperación
       multilateral. En lo que atañe concretamente a esta V Asamblea General,
       Costa Rice debe informar acerca de los resultados del diagnóstico que
       realizó en ocho países acerca de la ―Brecha Digital en la formación
       judicial‖ y ofrecer alternativas de atención a los problemas detectados en
       el estudio, que permitan potenciar el uso de las TIC’s en la capacitación
       de nuestros jueces y juezas. También le corresponde liderar la mesa
       temática dedicada a la ―Oralidad en materias distintas de la penal‖. Para
       ambos casos, asumió el compromiso de llevar dos especialistas en la
       materia, cubriendo los gastos de transporte de dichas personas, pues los
       gastos internos son asumidos por la escuela sede del evento.

             Por lo anterior y debido a la importancia de esta actividad,
       cordialmente les solicito conceder permiso con goce de salario del 06 al
       10 de octubre de 2009, al Lic. Gerardo Parajeles Vindas, juez del
       Tribunal Civil y a la M.b.a. Magdalena Aguilar Álvarez, jefa de la
       Unidad de Servicios Técnicos de la Escuela Judicial, para asistir a la
       actividad mencionada en calidad de expertos en la materia de Oralidad
       Civil y Brecha Digital, respectivamente. Don Gerardo ha sido
       seleccionado debido a su papel protagónico en los proyectos de reforma
       procesal tendientes a establecer la oralidad en el proceso civil, así como
       en la capacitación judicial. A doña Magdalena se le seleccionó debido a
       que fue la persona encargada de concebir y ejecutar el diagnóstico de
       Brecha Digital, cuyos resultados serán ofrecidos a la Asamblea, así como
       las propuestas para la superación de estas diferencias.

            En virtud de lo anterior, únicamente se tendrá que cubrir el boleto
       aéreo. Los gastos de hospedaje y alimentación serán cubiertos por los
                                        131

       organizadores. Por ello, solicitó a este honorable Consejo que autorice
       con cargo al programa 926 “Dirección, Administración y Otros”, IP 22
       “Escuela Judicial” y subpartida 10503 “Transporte en el exterior”, del
       presupuesto del año 2009 aprobado mediante Ley 8691, la compra de los
       tiquetes aéreos. Anexo copias de certificación de contenido
       presupuestario para tal efecto. De igual manera, se gestione lo
       concerniente a los pasaportes de servicio.‖

                                        -0-

      Mediante oficios N° 0854-P-2009 y 0923-P-2009 de 21 de agosto último y 8

de setiembre en curso, respectivamente, el licenciado Juan Carlos Córdoba

Meléndez, Jefe interino del Departamento Financiero Contable, certifica que en el

programa 926 "Dirección, administración y otros", IP 22 "Escuela Judicial" y

subpartida 10503 "Transporte en el exterior", del presupuesto del año 2009

aprobado mediante Ley 8691, existen recursos para hacerle frente al pago de

tiquete aéreo, con la finalidad de que los funcionarios Dr. Gerardo Parajeles

Vindas, Juez 4 del Tribunal Primero Civil del Primer Circuito Judicial de San José

y la licenciada Magdalena Aguilar Álvarez, Jefa de la Unidad de Servicios

Técnicos de la Escuela Judicial, para que participen en la ―V Asamblea General de

la Red Iberoamericana de escuelas Judiciales‖ a realizarse en Ciudad de México,

durante los días indicadas.

        Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia: 1.) Conceder

permiso con goce de salario los días 7, 8 y 9 de octubre próximo, al doctor Gerardo

Parajeles Vindas y a la licenciada Magdalena Aguilar Álvarez, a fin de que
                                          132

participen en la ―V Asamblea General de la Red Iberoamericana de escuelas

judiciales‖ a realizarse en México. Lo anterior en el entendido de que los gastos de

alimentación, hospedaje y traslados internos serán cubiertos por la entidad

anfitriona. 2.) Autorizar el gasto de $1.200,00 (mil doscientos dólares exactos) para

cubrir el costo de los tiquetes aéreos para dicha actividad, con cargo al Programa

926, subpartida 10503. 3.) La Secretaría General de la Corte tramitará lo

correspondiente al pasaporte de servicio.

         Los Departamentos de Proveeduría, Financiero Contable, Personal y la

Escuela Judicial tomarán nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo

firme.

                                   ARTÍCULO XL

      En sesión N° 72-09 de 28 del mes recién pasado, artículo CXVIII, se tomó el

acuerdo que literalmente dice:

                “La señora Karla Chavarría Salazar, Investigadora 1 en la Unidad
         de Vigilancia y Seguimiento del Organismo de Investigación Judicial, en
         nota recibida el 24 de julio en curso, solicita lo siguiente:

               ―Muy respetuosamente me permito informarles la situación que a
         continuación expongo:

                • En fecha del 15 de octubre del año 2008 inicié a laborar corno
         Investigadora 1, en la Unidad de Vigilancia y seguimiento, siendo que
         después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos de Selección
         y Reclutamiento y acatando las directrices de la Ley Orgánica del
         Organismo de Investigación Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial,
         Manual de Normas Generales de Control Interno de la Contraloría
                                   133

General de la República y demás normas y reglamentos que para tales
fines se aplican y constan en mi expediente, he desarrollando las labores a
mi cargo asignado hasta la fecha.

        El día 23 de julio del año en curso bajo la nota 222-UVISE-2009
fui informada de se prescindía de mis servicios a partir del día 23 de julio
del año en curso, por considerar que no poseo la idoneidad necesaria para
el ejercido del cargo.

        Con relación a dicha situación me permito indicar y a su vez
solicitar.

       1. Solicito ser restituida en mi puesto como investigadora de
manera inmediata, siendo que según como consta en los documentos que
a mi persona fueron entregados y se adjuntan a la presente, se han violado
todos los procesos que para tales efectos se deben de realizar.
Principalmente el DEBIDO PROCESO, el cual fue totalmente omitido y
mal realizado por no corresponderle a Omar Brenes Campos, Jefe a.i. de
la Unidad de Vigilancia y Seguimiento, persona que me informo y
procedió con dicha acción siendo que ni siquiera se ha realizado una
investigación o proceso por la cual se me sancione con una falta tan
gravosa como lo es la de la perdida de mi trabajo. Situación regulada en
la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, en su Capitulo
XIII, en el apartado correspondiente al Régimen Disciplinario artículos
49, 50 y 51, sin dejar de mencionar, La Ley Orgánica del Poder Judicial,
Constitución Política de Costa Rica y demás normas superiores que se
omitieron para dicho acto.

       2. Debo de indicar que existen bastas irregularidades y me he visto
con la afectación no solo de la perdida de mi trabajo, sino que además se
me ha tratado de una manera indígnate (sic) y poco profesional por la
persona anteriormente referida, sin dejar de mencionar que dicho
―proceso‖ no solo se ha realizado a mi persona, sino que dicha persona se
ha atribuido dicho poder en otras ocasiones, refiriendo además que es una
manera de demostrar que en esa Unidad se deben de acatar las directrices
por el emanadas o como consecuencia se tendrá lo por mi acaecido.

      3. Asimismo solicito se realice la investigación que corresponde ya
que como se establecerá por mi persona, se han realizado actos
preparatorios para mi despido, en el tanto de que existen razones sexuales
de fondo, con actos inapropiados por parte de esta persona, bajo acoso
                                          134

       sexual, en las que he sido víctima y al enterarse de una posible denuncia
       se tomo estas medidas, lo cual considero bastante grave, improcedente e
       irregular con el uso indebido y no facultativo de poder.

               4. Por tales razones se debe de considerar mi deseo de ser
       restituida de manera inmediata a mis funciones y se realice el proceso que
       corresponde y considerando los hechos y situación actual y no
       encontrándome en una situación adecuada y mas bien desventajosa,
       solicito se me traslade a una oficina en la cual pueda realizar mis
       funciones gozando de un trato digno, respetuoso y tranquilo, ya que como
       indique con la manera de la salida de dicha Unidad se justifica más que
       necesaria dicha diligencia.

              5. Se indicaran en los momentos procesales correspondientes todo
       lo referido en la presente, por lo que de esta manera indico encontrarme
       en la disposición de realizar cualquier diligencia útil y pertinente, cuando
       así sea requerido.

              6. Siendo que en este momento me encuentro en una situación
       totalmente gravosa y en desventaja es que acudo a los Despachos que
       corresponden, para una pronta respuesta, no omito indicar que dicha
       situación es puesta en conocimiento a todas las oficinas que competen,
       respetando además la correspondiente cadena de mando, esto con el fin
       único de ser escuchada y al encontrarme en una afectación sicológica y
       moral de la cual espero una respuesta positiva, siendo que para tales
       efectos soy localizable en mi teléfono celular (…) o al fax 2416- 8746.‖

                                              -0-

             Se acordó: Trasladar las diligencias al señor Director General del
       Organismo de Investigación Judicial, para lo que a bien estime
       manifestar.

              El Departamento de Personal, tomará nota para lo que
       corresponda.‖
                                          -0-

     En relación con lo anterior, el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director

General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 937-D.G.-09 de 14
                                          135

de los corrientes, expuso lo siguiente:

            “En atención al acuerdo tomado por ese Consejo en la sesión N° 72-
       09 celebrada el 28 de julio del año en curso, artículo CXVIII, relacionado
       con la nota presentada por la señorita Karla Chavarría Salazar, me
       permito manifestarles lo siguiente:

            1.- La señorita Chavarría Solano ingresó a laborar el 15 de octubre
       del 2008 como Investigadora 1 en la Unidad de Vigilancia y Seguimiento
       adscrita a la Oficina de Planes y Operaciones de este Organismo.

             2.- Mediante oficio N° 094 y 095-UVISE, el Lic. Omar Brenes
       Campos, Jefe a.i. de la citada Unidad, le efectuó llamadas de atención por
       escrito a la señorita Chavarría Solano, una de ellas por el extravío
       temporal de una cámara de video y la otra por desacatar las directrices de
       la Dirección General y la Jefatura de la Oficina de Planes y Operaciones
       en cuanto al uso de las libretas de control y mantenimiento preventivo de
       los vehículos oficiales.

             3.- En fecha 23 de julio del año en curso el Lic. Brenes Campos,
       mediante oficio N° 222-UVISE-2009, le comunicó a la señorita Chavarría
       Salazar la decisión tomada por esa Jefatura de prescindir de sus servicios,
       por razones de interés y conveniencia institucional.

             4.- En dicha nota (cuya copia se adjunta), el Lic. Brenes Campos
       procedió a enumerar con todo detalle cada una de las circunstancias -de
       hecho y de derecho- que se tomaron en cuenta para adoptar esta decisión
       y, concluye señalado:

            “5- De todo lo anterior, esta jefatura ha tenido conocimiento
       durante su estadía en esta oficina, sin embargo se le ha llamado la
       atención verbalmente para que levante su rendimiento laboral, el cual
       sigue siendo el mismo y su actitud no ha cambiado.

              6- Lo indicado en los puntos anteriores, evidencian su falta de
       idoneidad para desempeñarse eficientemente en su cargo, según las
       exigencias del mismo, denotándose situaciones como indisciplina a las
       directrices, desobedeciendo órdenes de sus superiores, mostrando
       desinterés, apatía y desgano total en su labor diaria, por cuanto su
       persona cuenta apenas con 9 meses de laborar para esta Institución y
       obsérvese la cantidad de situaciones anómalas en las que ha incurrido,
                                    136

está claro que su bajo rendimiento no solo arriesga las operaciones a las
que nos enfrentamos todos los días, sino que está poniendo en riesgo la
vida de sus compañeros de trabajo y la suya propia.

       Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo
señalado en el numeral 12 de la Ley Orgánica del Organismo de
Investigación Judicial que exige al funcionario tener una conducta
intachable, así como las normas 6.5 “Rendición de Cuentas”, 6.6
“Reporte de deficiencias” y 6.7 “Toma de decisiones correctivas”, todas
correspondientes al Manual de Normas Generales de Control Interno de
la Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos sujetos
a su Fiscalización, así como el artículo 28, inciso 4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que expresa acerca de la idoneidad en los servidores
del Poder Judicial, por razones de interés y conveniencia institucional, se
ha dispuesto prescindir de sus servicios a partir del 23 de Julio del 2009,
por considerar que su persona no posee la idoneidad necesaria para el
ejercicio del cargo, toda vez que por lo indicado en líneas atrás, estamos
en presencia de acciones contrarias a algunos de los valores que rigen al
Organismo de Investigación Judicial, a saber, Mística, Disciplina,
Lealtad, Efectividad, Honradez y Excelencia, que riñen desde cualquier
punto de vista con la naturaleza del buen servicio al público que presta
esta institución y para lo cual usted fue contratada. No obstante se le
brinda un plazo de 5 días hábiles a partir del recibido y notificación de la
presente comunicación, con el propósito de que realice las
consideraciones y alegatos que estime convenientes en su defensa, y para
ello se le otorga total libertad de obtener fotocopias de los oficios citados
o cualquier otro documento que considere de interés para su defensa.”

      5.- Mediante nota de fecha 24 de julio del presente año, la señorita
Chavarría Salazar solicitó ser restituida en su cargo, alegando violación al
debido proceso. A su vez, solicitó realizar una investigación contra el
Lic. Brenes Campos, señalando haber sido víctima de acoso sexual.

      6.- En fecha 27 de julio del presente año, mediante oficio N° 842-
D.G.-09, esta Dirección General trasladó la gestión a la señorita
Chavarría Salazar a conocimiento de la Jefatura de la Oficina de Planes y
Operaciones, para que en su carácter de superior jerárquico procediera a
resolver lo que en derecho correspondiera. Asimismo, se solicitó iniciar
la correspondiente investigación administrativa disciplinaria para
investigar la denuncia formulada por la señorita Karla Chavarría contra el
Lic. Brenes Campos.
                                           137


            7.- No obstante lo anterior, el Lic. Allan Fonseca Bolaños, en oficio
       N°235-OPO-2009 de fecha 24 de julio, ya había resuelto la gestión
       formulada por la señorita Chavarría Salazar, disponiendo mantener la
       decisión tomada por la Jefatura de la Unidad de Vigilancia y
       Seguimiento.

            8.- Revisados todos los antecedentes del caso, esta representación
       comparte plenamente la decisión adoptada por la Jefatura de la Unidad de
       Vigilancia y Seguimiento, avalada además por la Jefatura de la Oficina de
       Planes y Operaciones de este Organismo; y, en consecuencia, se
       recomienda mantener invariable el despido de la señorita Chavarría
       Salazar, por considerar que no reúne la idoneidad necesaria para el
       desempeño del cargo, según los argumentos expuestos en su debida
       oportunidad por el Lic. Brenes Campos.

              Al respecto, es importante considerar que cuando se tomó la
       decisión por parte de la citada Jefatura, la señorita Chavarría Salazar tenía
       muy poco tiempo de laborar para la Institución, sea menos de diez meses,
       tiempo durante el cual ya se le había llamado la atención repetidamente,
       tanto de manera verbal como escrita, sin que se hubiere observado una
       actitud de cambio de su parte.

              Más grave aún resuelta el hecho de que su falta de interés hacia el
       trabajo estaba afectando los casos de investigación, incluso uno
       relacionado con el secuestro de una persona.

               Son muchas las condiciones y aptitudes que se deben reunir para
       laborar en una Unidad policial de esta naturaleza, siendo que en nuestro
       criterio la señorita Chavarría Salazar no reúne las mismas, amén de que
       no mostró interés y esfuerzo por corregir la situación, a pesar de las
       múltiples observaciones de sus compañeros y de su superior inmediato,
       con lo cual afectó también el correcto funcionamiento de la oficina.‖
                                           -0-

    Se acordó: 1.) Tomar nota del informe rendido por el Director General del

Organismo de Investigación Judicial y hacerlo de conocimiento de la señorita

Chavarría Salazar. 2.) Remitir copia de este acuerdo al Tribunal de la Inspección
                                          138

Judicial a efecto de que continúe con la investigación de la denuncia por acoso que

dio cuenta la gestionante.

                                  ARTÍCULO XLI

      En sesión N° 77-08 celebrada el 14 de octubre del 2008, artículo XXVIII, se

aprobó el Plan de Vacaciones del período 2008-2009, así como los Lineamientos

Generales sobre sustituciones para el 2009.

      En relación con el acuerdo anterior, los licenciados Armando Castillo Fallas,

Jefe de la Sección del Transportes y Francisco Segura Montero, Subdirector

General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 2812-ST-09 de 3 de

este mes, presentaron la siguiente gestión:

                ―Dentro del marco del proyecto de seguridad ciudadana impulsado
       por el Poder Ejecutivo, el Organismo de Investigación Judicial dispuso de
       los recursos presupuestarios que permitieron incrementar gradualmente la
       flotilla vehicular de la Institución hasta alcanzar un aumento del 35%, es
       decir que en cuatro meses se pasó de la cantidad de 414 unidades, a
       contar hoy en día con un total de 634 vehículos.
               A partir de lo anterior, la Sección de Transportes de este
       Organismo recientemente diseñó e implementó algunas medidas para
       reforzar los controles en la administración de la flotilla vehicular como
       por ejemplo definir y estandarizar el procedimiento para la entrega,
       revisión y recepción de vehículos, aplicable a la infraestructura destinada
       para tales efectos en el Primer Circuito Judicial, tomando en cuenta para
       ello que el 45% del total de vehículos, representados por 279 unidades,
       pertenecen a dependencias adscritas en este Circuito como son: el
       Departamento de Investigaciones Criminales y sus respectivas Secciones,
       la Oficina de Planes y Operaciones y sus dependencias adscritas, entre
       otras, por lo que además se redistribuyó el personal de la Sección no sólo
       en los puestos de entrega y recepción de vehículos, sino también en
       términos de sus respectivas jornadas laborales, con el objetivo de mejorar
                                    139

la administración de uno de los recursos cuya inversión presupuestaria
representa una de las erogaciones económicas más importantes a nivel
institucional, ya que por ejemplo la flotilla del Organismo alcanza
aproximadamente los tres mil millones de colones, de los cuales más de
mil trescientos millones de colones corresponden al valor de los vehículos
en el Primer Circuito Judicial.
        Ahora bien, como parte de las labores que lleva a cabo esa Sección
se incluye lo concerniente al mantenimiento preventivo y correctivo de
los 634 vehículos que conforman la flotilla y sus respectivos controles
administrativos, por lo que es posible identificar al menos las siguientes
labores:
            Traslado de los vehículos a las estaciones de revisión técnica
para la inspección correspondiente o bien a los centros de servicio.
            Conducción de las unidades desde y hacia los distintos
talleres de enderezado y pintura privados para la ejecución de las
reparaciones previamente coordinadas.
            Traslado de los vehículos desde y hacia la Unidad de Taller
Mecánico de esta Sección en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores
para su revisión, mantenimiento y reparación.
            Conducción de las unidades hacia las distintas agencias
automotrices para la aplicación de las revisiones y aquellas labores de
mantenimiento preventivo incluidas en las garantías de compra.
            Mantenimiento de los sistemas de control para el suministro
de combustible, asignación de llantas, baterías, así como los reportes de
daños y seguimiento para su reparación, entre otros.
            Despacho, recepción y revisión de las 279 unidades del
Organismo de Investigación Judicial destacadas en el Primer Circuito
Judicial para el desarrollo de las labores propias de investigación por
parte del personal, labores que en el caso del puesto destacado en el
sótano del edificio del O.I.J se realiza las 24 horas del día durante los 365
días cal año, y en los puestos de control en el parqueo del Costado Norte
del Edificio de la Corte Suprema de Justicia como en el Anexo D del
Poder Judicial, esta labor se realiza de forma continua de las 6 a las 22:00
horas de lunes a viernes.
        Ahora bien, con el incremento de la flotilla vehicular se presenta
un aumento constante en el, trabajo que desarrolla el personal que
conforma esta Sección, ya que son más las unidades que deben trasladarse
a los distintos talleres, agencias automotrices, centros de servicio,
estaciones de revisión técnica, entre otros. Asimismo, se incrementa la
cantidad de vehículos que deben ser reparados en la Unidad del Taller
Mecánico de esa Sección y evidentemente es mayor la cantidad de
                                          140

       unidades que deben ser administradas directamente en el Primer Circuito
       Judicial, de allí que con la misma cantidad de personal se reforzaron los
       turnos considerados como de mayor tránsito en la entrega y recepción de
       vehículos en los puestos destinados para tales efectos.
              Es así como gradualmente desde el pasado mes de abril, se hace
       cada vez más sensible las consecuencias ante la ausencia de alguno (a) de
       los (as) funcionados (as) que conforman la Sección de Transportes de este
       Organismo, ya que por el incremento en las cargas de trabajo se afecta de
       forma negativa la prestación de los servicios a nivel administrativo,
       reparación mecánica, traslado de los vehículos y lo concerniente a la
       entrega y recepción de las unidades al personal de investigación.
              Es por ello que respetuosamente es interés del suscrito solicitar que
       se modifique el contenido del Plan de Vacaciones Colectivas del Poder
       Judicial para el período 2008-2009, incluido en el Aviso N° 16-08 de
       fecha 27 de noviembre del año anterior y suscrito por la Licda. Silvia
       Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, de
       tal manera que en lo sucesivo se incluya en el apartado denominado:
       ―Disposiciones sobre sustituciones‖, en el punto 8.6 sobre lineamientos
       generales que el detalle de puestos incluidos a continuación cuenten con
       la autorización para realizar sustituciones por cualquier motivo y hasta
       por un día.

                  Auxiliar de Servicios Generales 3 y 4 (chofer)
                  Auxiliar de Servicios Calificados 2 (mecánico)

              Igualmente se solicita incluir en el punto 8.7 sobre lineamientos
       generales que el detalle de puestos incluidos a continuación cuenten con
       la autorización para realizar sustituciones por períodos igual o mayor a
       cuatro días:

                   Asistente Administrativo 1
                   Auxiliar Administrativo 1
                   Auxiliar Servicios Generales 1 (lavador de vehículos) y 2
       (conserje).‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar a la

Sección de Transportes del Organismo de Investigación Judicial para sustituir los
                                         141

puestos indicados en la forma propuesta. En ese sentido se adiciona el Plan de

Vacaciones 2008-2009, aprobado por este Consejo en sesión N° 77-08 del 14 de

octubre del 2008, artículo XXVIII.

      El Departamento de Personal tomará nota para los fines consiguientes.

                                 ARTÍCULO XLII

      En sesión N° 61-09 celebrada el 11 de junio e este año, artículo LXII, entre

otras consideraciones se solicitó a la Comisión de Relaciones Laborales realizara

una visita al Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de Escazú.

      La licenciada María Ibel Rojas Rojas, en condición de Presidenta de la

Comisión de Relaciones Laborales, mediante oficio Nº CRL-46-2009 de 31 de

agosto último, remitió informe final sobre la situación del Juzgado de Violencia

Doméstica de Escazú, el cual literalmente dice:

            ―I.- En cumplimiento de lo ordenado por ese Consejo, en sesión
       ordinaria # 61-09 de junio, la Comisión visitó el Juzgado citado en cinco
       oportunidades.

            En una primera oportunidad se reunió con la señora Jueza doña
       Zianny Calderón Torres, para obtener una impresión general del
       Despacho. Luego nos reunimos con un grupo de tres auxiliares, señores
       Verónica Agüero Mora, Eric Tenorio Rojas y Dagoberto Rivera Pérez.
       Más la tarde lo hizo con el resto del personal.

            II.- Luego de conversar con todo el personal e identificar el
       problema experimentado, sus causas, efectos y consecuencias, la
       Comisión se reunió con todo el personal del Despacho para buscar una
       solución consensuada, la que efectivamente se alcanzó el 29 de julio.
       Estando listo el documento se presentó un nuevo inconveniente al
                                          142

       conocer los auxiliares Agüero Mora, Tencio Rojas y Rivera Pérez, los
       términos en que la señora Jueza se refirió a la señora Agüero, en la
       respuesta que dio a una queja seguida en el Tribunal de la Inspección
       Judicial.

             III.- Después de conversar nuevamente con el citado grupo de
       auxiliares, con su abogado don Saúl Umaña, y con la presencia de este y
       de la señora Jueza, finalmente el 12 de agosto en curso, se logró suscribir
       el acuerdo conciliatorio por el que pretende restablecer las relaciones
       quebrantadas, poner al día la tramitación del Despacho y generar un clima
       sano, un ambiente positivo de trabajo de cara al futuro.

            Es muy importante agregar que dentro de los compromisos
       asumidos, las partes acordaron desistir recíprocamente de las quejas
       pendientes ante el Tribunal de la Inspección Judicial, siempre que este
       acepte su decisión sin ninguna consecuencia en contra suya.

            Como parte de nuestro trabajo, visitamos al Tribunal para entregarle
       el documento original del acuerdo y la nota de desistimiento.

             Hemos previsto una reunión de seguimiento del (in) cumplimiento
       de lo acordado, la que se realizará a mediados del mes de setiembre.

            Adjuntamos copia del acuerdo y de las notas relacionadas.‖
                                          -0-

      Se acordó: 1.) Tener por recibido el informe anterior. 2.) Reconocer al

personal del Juzgado de Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias de Escazú

y a la Comisión de Relaciones Laborales el esfuerzo para resolver, mediante la

comunicación asertiva, la situación que se estaba presentando, e instar al personal

de ese despacho a continuar con los esfuerzos para mantener un ambiente de paz y

armonía.

                                 ARTÍCULO XLIII
                                        143

      El licenciado Iván Vincenti Rojas, Procurador General de la República, en

oficio Nº ADPb-5337-2009 de 8 de setiembre en curso, informó lo siguiente:

             ―Procedo a informarle el resultado del proceso especial de
       licitaciones interpuesto por Álvaro Calvo Gutiérrez contra El Estado,
       tramitado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de
       Hacienda, expediente N° 04-000342-0161-CA.

            Pretendía el actor, se declarara absolutamente nulo el acuerdo
       adoptado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión N° 51-
       04, celebrada el 13 de julio de 2004, artículo LXXVI, en el cual se
       resolvió y dispuso: ―Acoger el informe del Asesor Legal de la Dirección
       Ejecutiva, en consecuencia, rechazar el recuso interpuesto por el señor
       Álvaro Calvo Gutiérrez y mantener la adjudicación de la Licitación por
       Registro Nº 2-253-04. Se da por agotada la vía administrativa‖, mismo
       que fue notificado mediante resolución N° 692-04 de las 8 horas 30
       minutos del 9 de agosto de 2004 de la Secretaría General de la Corte
       Suprema de Justicia.

            Esta Representación contestó negativamente la demanda y opuso la
       excepción de falta de derecho.

            Mediante resolución N° 60-2008 de las 13 horas 15 minutos del 31
       de julio de 2008, la Sección Sexta del Tribunal Contencioso
       Administrativo resolvió: “Se rechaza la falta de legitimación ad
       causam pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho. En
       consecuencia, se declara sin lugar la demanda. Se impone a la
       vencida el pago de ambas costas de esta acción”.

            Siendo que el actor no interpuso recurso de casación, la anterior
       sentencia se encuentra firme.

             Cualquier información adicional, puede ser solicitada al correo
       electrónico AlejandraCS@pgr-go.cr o al teléfono 22-43-83-91.

            Adjunto encontrará copia de la resolución N° 60-2008 supra
       indicada.‖
                                        -0-
                                       144

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación del licenciado Iván Vincenti

Rojas.

      El Departamento de Proveeduría tomará nota para los fines consiguientes. Se

declara acuerdo firme.

                               ARTÍCULO XLIV

     En sesión N° 99-04 celebrada el 23 de diciembre de 2004, artículo XLVI, se

conoció el informe N°239-DO-2004 de la Sección de Desarrollo Organizacional,

remitido por la licenciada Marta Asch Corrales, Jefa del Departamento de

Planificación, con oficio N°2169-PLA-2004 de 1° de diciembre de ese año. En esa

oportunidad este Consejo acogió las recomendaciones orientadas a desarrollar la

―Propuesta para la Implantación de un Sistema de Cero Papeles en la Secretaría de

la Corte. Las recomendaciones contenidas en los literales e) y f), expresan: ―e. A

partir del 1° de febrero del 2005, se trasladaron al Departamento de Personal las

tareas que realiza la Secretaría de la Corte, concernientes a la confección, firma y

trámite de los contratos de dedicación exclusiva y adiestramiento, así como a la

Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva, las que se realizan para los

contratos de los procesos licitatorios. f- Deben los abogados del Departamento de

Planificación, estudiar si la normativa vigente permitiría otorgar un ―poder

especial‖, al puesto de Jefe del Departamento de Personal, para que asuma la
                                         145

representación del Poder Judicial, a fin de suscribir los contratos de dedicación

exclusiva a que se ha hecho referencia, por se este un acto netamente

administrativo; o si por el contrario, no se posible abstraer esa facultad de la

Presidencia de la Corte.‖

     En cumplimiento de ese acuerdo, en la sesión N° 58-05 celebrada el 28 de

julio de 2005, artículo XLII, se conoció el informe N°.006-AJ-2005 del 14 de junio

de ese año, suscrito por el licenciado Jorge Kepfer Chinchilla, Jefe de la Sección

de Análisis Jurídico, remitido por la licenciada Asch Corrales con oficio 1167-

PLA-2005 de 21 de julio de 2005, el que expresa:


           "ESTUDIO SOBRE POSIBILIDAD DEL OTORGAR "PODER
       ESPECIAL" AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL PARA
       QUE SEA ESTE QUIEN EN ADELANTE SUSCRIBA LOS
       CONTRATOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, EN FUNCIÓN DE LA
       IMPLANTACIÓN DE SISTEMA "CERO PAPELES "EN LA
       SECRETARÍA LA CORTE

             Para realizar dicho estudio se revisó exhaustivamente el Código
       Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Régimen de
       Dedicación Exclusiva del Poder Judicial y la Ley General de la
       Administración Pública.

            Tal y como lo establece el artículo 60 inciso 1) de la Ley Orgánica
       del Poder Judicial; al Presidente de la Corte se le confieren entre otras
       muchas atribuciones la de representar al Poder Judicial.

            En la práctica actual, se está utilizando que el Presidente otorgue
       poderes especiales a diferentes servidores y funcionarios judiciales para
       dicha representación en casos muy específicos, tal es el caso del poder
       especial otorgado al Jefe del Departamento de Proveeduría en la persona
       de la licenciada Ana Eugenia Romero Jenkins y a otros dos servidores
                                   146

más del mismo Departamento para que en forma conjunta o separada
representen al Poder Judicial en todos los trámites de levantamiento de
gravámenes, cambios de garantía en vehículos gravados, estudio de los
expedientes y obtención de copias; en caso de ser necesario, todo ello en
las causas judiciales en que se encuentren vehículos propiedad del Poder
Judicial. Igualmente, se encuentran facultados ante el Registro Nacional,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda,
Instituto Nacional de Seguros y Aduanas de Desalmacenaje, al efecto de
firmar los permisos de desalmacenaje, exoneración, pólizas, y demás
documentación que se requiera en la importación de mercancías sujetas a
autorización en este poder. También se otorga poder especial al
licenciado Alfredo Jones León, en su condición de Director Ejecutivo
para que ante el Instituto Nacional de Seguros realice todo trámite que se
requiera como consecuencia de la colisión de algún vehículo propiedad
del Poder Judicial.

    No se encuentra de más aclarar que el poder especial se rige por
medio del artículo 1256 del Código Civil que establece en lo que interesa:

      "El poder especial para determinado acto jurídico judicial y
extrajudicial, sólo facultará al mandatario para los actos especificados en
el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren
consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de
ejecutar..."

      La doctrina en su mayoría establece que los poderes especiales son
siempre muy limitados y en los mismos deben describirse de manera
exacta y completa (con absoluto detalle) todas las actuaciones que puede
el apoderado ejecutar con relación al mismo. Se dice además que lo que
no está expresamente incluido en el documento–poder, aunque sea
consecuencia natural del mismo acto y hasta necesario para cumplir el
encargo, no podrá ser validamente ejecutado con base en ese poder.
(Revista Ivstitia, Año 18, N° 207-208. "El poder especial y sus supuestas
limitaciones". Pág. 26 –35) Este tipo de poder limita la capacidad de
decisión del mandatario, pues sólo podrá hacer lo que de manera expresa
se le ha indicado; lo cual hace concluir que el apoderado especial no
posee discrecionalidad, no podrá éste modificar, ni agregar nada a las
instrucciones giradas. Pero también existe otra tesis que indica que este
tipo de mandato requiere cierto grado de discrecionalidad y éste debe
implicar cierta confianza con la persona a quien se le otorga el mandato,
pues es irracional pensar que no se pueden presentar ciertos hechos
                                    147

materiales que tendrá que ejecutar el mandatario.

      Hasta el momento se ha venido analizando todo lo que tiene que ver
con el poder especial y su posibilidad de poderse otorgar en la
circunstancia en cuestión. Está demás indicar que como Poder del Estado
formamos parte de la gran Administración Pública tal y como lo estable el
artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública. Es oportuno
aclarar que el artículo 3 de la misma ley obliga al Poder Judicial a regirse
por el derecho público, y sólo en casos que no haya norma administrativa
aplicable, se aplicará el derecho privado y sus principios (art. 9.1 LGAP).
El poder especial se encuentra dentro de la rama del derecho civil, y por
ende, del derecho privado; por lo que se concluye que el caso que nos
ocupa, es netamente administrativo y deberá ser resuelto con base a la
Ley General de la Administración Pública.

      Se sugiere, salvo mejor criterio, aplicar en el caso de marras la
figura de la delegación de competencia que se encuentra regulada en los
artículos 89 al 92 de la Ley General de la Administración Pública.

     Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico, define la
"delegación" como: "Acto de dar jurisdicción. Otorgamiento de
representación. Concesión de mandato. Designación de substituto.
Cargo y oficina de un delegado. Conjunto de delegados. Representación
de un núcleo social" (Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico
de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Helista S.R.L. Buenos Aires,
Argentina.1989)

      La delegación es una figura que se produce cuando un superior
jerárquico encarga la resolución de un asunto que le compete, al inferior.
Existe una verdadera delegación cuando una autoridad investida de un
poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad
descargándolo sobre ella. (Diez, Manuel María. Derecho Administrativo.
Tomo II. Bibliografía Omeba. Buenos Aires. 1965.P.38) El efecto
jurídico de la delegación administrativa es el de permitir el ejercicio de la
competencia ya existente; se dice que la competencia es común al
delegante y al delegado. El delegante no transfiere su propia
competencia ni su ejercicio al delegado; solamente autoriza a que éste
actúe en base a la competencia fijada.

     No debe confundirse la delegación con la representación pues con la
delegación el objeto es una función que se ejerce de interés general,
                                   148

objetivo y no un interés propio del delegante. La persona jurídica obra por
medio de sus órganos y la voluntad del delegado se identifica
directamente con ésta.

      El artículo 89.1 LGAP establece: "Todo servidor podrá delegar sus
funciones propias a su inmediato inferior, cuando ambos tengan
funciones de igual naturaleza" Entiéndase que el Jefe del Departamento
de Personal es el inmediato inferior del Presidente de la Corte en lo que
respecta a la naturaleza de la función que realiza (recurso humano del
Poder Judicial). Además el numeral 89.4 del mismo cuerpo normativo
indica que dicha delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial,
cuando sea para un tipo de acto. La función que realizará eventualmente
el Jefe de Personal será para una actividad específica y no para un acto
determinado, razón por la cual el inciso 4 deberá aplicarse para lo que nos
interesa y se tendrá que realizar una publicación en La Gaceta para tales
efectos.

     Sea oportuno mencionar que la Ley General de la Administración
Pública indica expresamente que la transferencia de competencia deberá
ser motivada (art. 87.2 LGAP) y que dicha delegación puede ser revocada
en cualquier momento por el órgano que la confirió (art. 90.a LGAP);
además el delegante siempre tendrá la obligación de vigilar la gestión del
delegado, y podrá ser responsable con éste por culpa en la vigilancia. (art.
91 LGAP).

     Con la delegación, dice el autor Manuel María Diez, en su Tratado
de Derecho Administrativo, que lo que se busca es el mejor cumplimiento
del fin y de la función, pues este es el medio oportuno para realizar
convenientemente los fines que son el fundamento de las funciones a
desarrollar. Es claro, que realizando ésta delegación en el Jefe de
Personal, el procedimiento será más expedito, evitándose así ir a la
Secretaría de la Corte y a la Presidencia de la Corte.

     Es a razón del presente estudio que se logró determinar que
legalmente no existe limitación alguna para poder delegar en el Jefe del
Departamento de Personal la suscripción de los contratos de dedicación
exclusiva, en el entendido que este se encontrará facultado sólo para
dicha actividad en específico.

     Deberá entonces modificarse el modelo obligatorio de contrato que
se encuentra en el artículo 13 del Reglamento de Dedicación Exclusiva,
                                          149

       concretamente donde hace alusión a quien firmará el contrato en
       representación de la "Corte".

                                           -0-

             Se dispuso: Tener por rendido el informe anterior y autorizar al Jefe
       del Departamento de Personal para la suscripción de los contratos de
       dedicación exclusiva, a partir del 16 de agosto del año en curso. Lo
       anterior en el entendido de que estará facultado sólo para dicha actividad
       en específico.

            La Secretaría General de la Corte tomará nota para los fines
       consiguientes.‖
                                          -0-

      El licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Profesional en Derecho 3 de

la Secretaría General de la Corte, a quien correspondió el análisis de este asunto,

manifestó lo siguiente:

             ―En este último acuerdo si bien se dispuso autorizar al Jefe del
       Departamento de Personal a suscribir únicamente los contratos de
       dedicación exclusiva, bajo esos mismos supuestos se le podría autorizar
       para que firme los contratos de adiestramiento, considerando también que
       en este tipo de documentos la redacción es casi siempre la misma y el
       texto o cualquier eventual modificación que se les introduzca, los aprueba
       este Consejo.‖
                                          -0-

      Se dispuso: Acoger la recomendación anterior y conforme se indica

autorizar al Jefe del Departamento de Personal a suscribir los contratos de

dedicación exclusiva y de adiestramiento. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO XLV

      El licenciado Christian Fernández Mora, Fiscal Auxiliar de Delitos
                                            150

Económicos, Corrupción y Tributarios en correo electrónico de 9 de setiembre en

curso, manifestó lo siguiente:

              ―Sirva la presente para expresar mi sincero agradecimiento y el de
         mi familia al Consejo Superior, por la muestra de solidaridad que me han
         remitido mediante el oficio Nº 8377-09, firmado por la señora Filadelfa
         Calvo Aguilar, Prosecretaria General de la Corte, mediante el cual
         expresan condolencias por el fallecimiento de mi abuela.‖

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior. Se declara acuerdo

firme.

                                   ARTÍCULO XLVI

      En correo electrónico recibido el 8 de setiembre en curso, la señora Gabriela

Zelaya Quirós, Auxiliar Administrativa 1 de la Administración Regional de

Cartago, remitió a este Consejo el oficio 59-CAC-2009 de 7 de este mes, suscrito

por el licenciado Warner Molina Ruiz, Presidente del Consejo de Administración

Regional de Cartago, donde solicitó lo siguiente:

               ―Como resultado del Taller de Autoevaluación de Control, el
         Consejo de Administración de Cartago en sesión N° 09-2009 de fecha 03
         de setiembre del 2009, acordó solicitarle que se gire instrucciones al
         Tribunal de la Inspección Judicial para que dicha oficina utilice las
         herramientas electrónicas de las oficinas judiciales con el fin de realizar
         las diferentes evaluaciones de conformidad con la norma 5.4 Controles
         sobre sistemas de información.‖.
                                            -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y hacerla de

conocimiento del Tribunal de la Inspección Judicial, para que cuando sea posible
                                          151

realice las evaluaciones utilizando las herramientas electrónicas, conforme lo

solicita el Consejo de Administración de Cartago, lo cual es congruente con lo

resuelto por este Consejo en sesión N° 19-08 del 11 de marzo del 2008, artículo

XLI.

                                 ARTÍCULO XLVII

       Mediante resolución N° 651-09, notificada a las 13 horas 36 minutos del 2

de setiembre en curso, la Secretaria General de la Corte hizo del conocimiento del

señor Isidro A. Guadamuz Leal, Perito, el acuerdo tomado por este Consejo en la

sesión N° 77-09 celebrada el 13 de agosto último, artículo LXXVI, el cual

literalmente dice:

                ―El señor Isidro A. Guadamuz Leal, Perito, en nota de 27 de julio
        último, expuso lo siguiente:

               ―… el suscrito ciudadano costarricense portador de la cédula de
        identidad 5-105-855, consultor privado, actuando como Perito en Caso
        Judicial (exp. 08-00019-72-0780-CI del Juzgado Contravencional y Civil
        Mixto de Santa Cruz: proceso Interdictal - Xochtl de Varano S.A – versus
        - Guido Alejandro López Alfaro), ante 1.- “Negativa verbal de varios
        funcionarios judiciales de acceso al expediente - dentro del período
        para contestar objeciones - ampliaciones - aclaraciones al dictamen
        pericial; ---2 .- Queja ante sus Autoridades Judiciales Administrativas,
        (reiteración de líbelo del 25 junio del 2,009), contra Jorge Eduardo
        Espinoza Alvarado, Denia Zúñiga Rosales, lveth Torres González,
        todos del Juzgado Contravencional de Santa Cruz y Bertilia Gutiérrez
        Villafuerte de la Contraloría de Servicios (Tribunales de Santa Cruz)

              Promueve: Isidro A. Guadamuz Leal, PERITO - y digo:

              I.- En consideración a:
                                  152


       1.- El fondo del asunto reside en la decisión inconstitucional de
negarme el acceso al referido expediente, cuando en tiempo y formas
legales tenía el derecho a examinarlo.

      2 - La Secretaría Vuestra ordenó, trasladarlo a la competencia del
Tribunal de la Inspección Judicial, en lugar de a la Sala Constitucional,
Ente Supremo competente para el Control Concentrado de
Constitucionalidad respecto de este cuestionamiento lesivo a mis
derechos fundamentales y dignidad humanas.

       3.- Los acá denunciados, tácitamente, han admitido tal acción y aún
persisten en la misma, desde luego usando la estrategia de ―… la mejor
defensa es el ataque…‖ / VER expediente 09-000585-031-IJ de la
Inspección Judicial.

       II. SOLICITO a sus autoridades - como MEDIDA CAUTELAR,
tutelada por la Sala Constitucional, ante: - a) Apariencia de Buen
Derecho; b) Peligro de demora Judicial; - c) Congruente con Sentencia
Final; - d) Provisional, accesoria; - e) Que se necesite lo dicte el único
Ente Supremo de Control Concentrado de Constitucionalidad y en lo
personal, temiendo que: -1) Se interprete casuísticamente y dicte contra
legem lo pertinente al Debido Proceso y Principio de Legalidad (porque
es este un caso de relevancia para el Ordenamiento de Costa Rica); -2)
Porque se ha violado el Debido Procedimiento Administrativo, al ignorar
lo expresado en arriba (VER e) arriba), expresamente, SOLICITO:= Con
dispensa de trámites burocráticos, realizar ipso facto consulta
preceptiva, ante la Sala Constitucional (sustentada en los numerales
96 a 105 de Ley de la Jurisdicción Constitucional:

      1.- Si un Perito designado-nombrado en un casó Judicial, puede
consultar el referido expediente, hasta el instante en que entregue las
aclaraciones – adiciones – objeciones al dictamen; ó hasta que rinda
sus declaraciones en debate, sobre el caso.”

      2.) Si están obligados los funcionarios judiciales, a facilitarle al
Idóneo Perito; el expediente para consultas técnico-legales, mientras
dure su función.

      3.) Si un Perito; goza de la categoría de sujeto procesal en el
caso, con legitimación para objetar lo que sea contrario a sus
                                         153

       intereses, en cumplimiento de esas funciones.”

             4.) Que es esta Sala Constitucional, la única competente, para
       dilucidar aspectos de visos de inconstitucionalidad, en aspectos
       contra legem de conductas de funcionarios judiciales/administrativos
       contra el derecho de la Constitución y dignidad humanas.

            MIS     NOTIFICACIONES:            AL      fax    2660-2093,      “ó
       www.isidroguadamuz@yahoo.es‖

                                         -0-

             Se dispuso: Comunicar al licenciado Guadamuz Leal que el perito
       es un auxiliar de la Administración de Justicia, no es parte ni sujeto
       procesal, y que tiene la posibilidad de ver los expedientes, sujeto al
       interés legítimo en relación con el peritaje rendido y previa autorización
       del Juez. Se omite pronunciamiento respecto al punto 4, por tratarse de
       una consulta que le compete plantear ante a la Sala Constitucional.‖
                                         -0-

      En relación con el acuerdo anterior, el señor Guadamuz Leal, en su

expresado carácter, en nota de 7 de setiembre en curso, manifestó lo siguiente:

             ―…, en tiempo y formas legales, solicito: Aclaración-adición,
       Revocatoria, Apelación ante Superior e Incidencia de Nulidad
       Absoluta (actividad procesal defectuosa) y reitero mi solicitud de que
       investigaran, corrijan, sancionen (a los responsables) y enmienden-
       corrijan la INCONSTITUCIONALIDADES (por omisión, acción
       deliberada) de las conductas omisivas-calculadas de los denunciados e
       inobservancia del DERECHO de la CONSTITUCIÓN, desde luego con
       mi recomendación de efectuar ipso facto una previa y obligante
       CONSULTA PRECEPTIVA ante la Sala Constitucional sobre el
       controvertido acá denunciado, estas la sustento jurídicamente, así:

                                   I.- En consideración a:

             1.- Acudí respetuosamente, ante Vuestras competentes
       Autoridades para este caso, con la esperanza y deseó de que Ustedes —
       conforme al Ordenamiento integral vigente enmendaran las conductas
                                    154

 contra legem de los acá denunciados, como lesivas e irrespetuosas al
 Debido Proceso; y coadyuvar a una mejor Administración de Justicia en
 Costa Rica, principalmente en áreas rurales, Para mi persona, NO es ni
 será procedente que sea la inspección Judicial, la que realice la
 investigación ―a control remoto‖, sin una inquisitiva averiguación real de
 los hechos in situ y mucho menos, que al arbitrio de tales jerarcas,
 realicen la interpretación de las Inconstitucionalidades, existiendo ex
 profeso - para ello - la Sala Constitucional. ¿Por qué NO se consultó a la
 Sala IV? ¿Por qué NO acogen las Medidas cautelares solicitadas, cuando
 la misma Sala IV las tutela y conforma como parte integral de todo
 Debido Proceso y ahora pretenden que YO acuda aparte a solicitarlas?

        2.- Si este Consejo Superior afirma que NO soy sujeto procesal
 (entonces qué sería?, NO podría participar en un proceso judicial), en qué
 se funda, cuando la doctrina procesal Y JURISPRUDENCIA, lo afirman?
 ¿Está o NO tomado partido a favor de los acá incriminados, cuando
 debiera ser IMPARCIAL y ajeno a defender a ultranza el status quo y los
 contrarios atributos a Idoneidad (teórico-práctica), Imparcialidad,
 Inteligente emocionalmente, Independencia, Integridad todo funcionario
 judicial? ¿Si él DERECHO de le CONSTITUCIÓN, en la normativa (11,
 27, 30, 33, 39, 41, 129, 153, 154, y 194), Principios y Jurisprudencia de la
 Sala Constitucional (Voto 1739 — 92 entre varios) también lo sostienen,
 de dónde Ustedes, contrarían al mismo, palmariamente, colisionan con el
 numeral 08 LOPJ y deben auto-obligarse a consultar a Sala IV.

                                  PETITORIAS

        1 .- Revocar el auto cuestionado, para que: --- a) Se mande a
 realizar la consulta preceptiva ante la Sala Constitucional — hasta el
 momento procesal actual el ÚNICO Ente Contralor Concentrado de la
 Constitucionalidad; --- b) Desechar opinión del Tribunal de la Inspección
 Judicial, al respecto de este casó, vista su incompetencia en la materia
 constitucional, opinión es sesgada y parcializada (NO deberá incurrir en
 la misma conducta); deberá este Consejo recomendar que a corto plazo,
 se realice en ese Ente un Proceso de Reingeniería y Rotación de Personal,
 e implantar el Control de Calidad del servicio al consumidor para mejorar
 el control-fiscalización del servicio.‖


Se acordó: Denegar la gestión del señor Guadamuz Leal y mantener lo
                                           155

resuelto en sesión Nº 77-09 celebrada el 13 de agosto último, artículo LXXVI.

                                ARTÍCULO XLVIII

      En sesión N° 38-09 celebrada el 22 de abril del año en curso, artículo

XXVIII, entre otros aspectos, se dispuso comunicar a los despachos judiciales que

debían hacer el esfuerzo por implementar nuevas formas de prestación de servicios

donde se incluyeran la oralidad y el uso de nuevas tecnologías.

      Mediante nota recibida el 8 de setiembre en curso, el licenciado Michael

Monge Siles, Juez Coordinador del Juzgado Contravencional y Pensiones

Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, solicitó lo siguiente:

       ―…, respetuosamente les solicito el permiso respectivo para implementar
       en el Circuito Judicial en el cual laboro en la actualidad, un Plan Piloto en
       Materia de Pensiones Alimentarias específicamente en lo relacionado con
       la oralidad, y según lo instado por la Secretaria Técnica de Género del
       Poder Judicial en el curso impartido en la Escuela Judicial los días 5, 6 y
       7 de agosto del presente año; lo anterior, en razón de la necesidad que
       tiene el despacho que dirijo de implantar mecanismos más expeditos para
       resolución de los procesos alimentarios, toda vez que la competencia
       territorial que este abarca es sumamente amplia. El proyecto que se
       pretende desarrollar, si ustedes lo estiman conveniente y de provecho para
       la institución, es el siguiente:

                                 Objetivo del Proyecto

            El presente proyecto tiene como objetivo primordial buscar una
       forma más expedita de tramitación en los procesos de Pensiones
       Alimentarias que se tramitan en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del
       Segundo Circuito Judicial de Alajuela, por cuanto en la mayoría de estos
       procesos los beneficiarios alimentarios son personas menores de edad que
       requieren que sus necesidades básicas se satisfagan a la mayor brevedad
       posible.
                                    156

      De esta forma, se ambiciona cumplir a cabalidad con el principio
constitucional de Justicia Pronta y Cumplida consagrado en el artículo 41
de la Constitución Política, además de los principios especiales que rigen
en la materia de pensiones, según lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley
de Rito, como lo son la oralidad, celeridad y sumariedad, entre otros;
además de lo estipulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia en los
artículos 1 y 5, los cuales hacen referencia directa a la protección integral
de los derechos que se le debe brindar a las personas menores de edad; lo
anterior, sin dejar de lado, los alimentantes que pese a no ser mayores de
edad requieren ser alimentados.

                      Intervinientes en el Proyecto

     Para la implementación de esta nueva modalidad de trabajo se
requiere de un trabajo en conjunto de los dos jueces titulares del despacho
Michael Monge Siles e Isaac Pizarro Álvarez, la Jueza Conciliadora Ana
Katalina Baudrit Vargas, la Jueza Supernumeraria Karla Porras Álvarez,
Defensa Pública con la intervención de las licenciadas Tatiana Rodríguez
Rodríguez y Nancy López Quesada, con al menos del apoyo de otros dos
Defensores Públicos, la Unidad Administrativa de este Circuito
representada por el Lic. Alexander Matarrita Casanova, Unidad de
Localizadores y Citadores del Edificio, Auxiliares Judiciales de los
despachos que participan y al menos dos Auxiliares Supernumerarios.

           Fecha de inicio y conclusión de la primera etapa

      El inicio de la implementación de la oralidad en este tipo de
procesos se tiene para el día jueves diecisiete de setiembre, y como fecha
de término de la primera etapa del proyecto se estima el último día laboral
del presente año.

     Aunado a lo anterior, se tiene pactado entregar en el transcurso de la
primera semana laboral del año dos mil diez, un informe detallado de las
labores realizadas por cada una de las personas que intervienen en el
proyecto.

                             Plan de Trabajo

      Con el propósito de disminuir los tiempos de resolución de los
procesos de Pensiones se pretende tramitar los expedientes en dos partes:
la primera en cuanto a los procesos ya existentes en el despacho y la
                                   157

segunda con las demandas nuevas que se presenten a partir del día ocho
de setiembre del presente año.

      En lo referente a los procesos ya existentes, estos estarán a cargo de
los jueces Isaac Pizarro Álvarez y Karla Porras Álvarez, encargados de la
celebración de las audiencias de recepción de prueba que se señalen en la
agenda que cada uno de estos lleve para tal efecto, y así de esta forma
para el último día laboral del año en curso exista la mayor cantidad
posible de expedientes con sentencia.

      Ahora bien, en lo correspondiente a los expedientes con los que se
iniciará con la modalidad de audiencias tempranas de conciliación, los
mismos estarán a cargo de los jueces Michael Monge Siles y Ana
Katalina Baudrit Vargas, señalando para tal efecto los días martes y
jueves de cada semana y celebrando un promedio cada juez de siete
audiencias diarias, y así de esta forma tramitar de manera más ágil las
treinta demandas que aproximadamente ingresan al despacho por semana.

      El procedimiento a seguir, será que en el momento que la parte
actora se apersone al despacho a presentar la demanda, ya sea en forma
verbal o escrita, esto último por medio de la Defensa Pública o Defensor
Privado, se le hará saber a la promovente en ese mismo momento el
número único de expediente asignado, así como la hora y fecha en que se
llevará a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, la cual se
señalará para siete días después; además, que ese mismo día se procederá
a confeccionar el expediente y a más tardar el día siguiente se enviará a la
Oficina de Citadores y Localizadores la orden de citación del accionado,
esto con el fin que dicha oficina lleve a cabo a citación del obligado
alimentario y se le ponga en conocimiento la importancia que tiene su
presencia en la audiencia de conciliación.

      Es importante recalcar, que con esta nueva modalidad de trabajo que
se va a implantar en la tramitación de estos procesos, el éxito va a
depender en su mayoría a la cantidad de procesos que se logren conciliar,
toda vez que en caso de llegar a un acuerdo conciliatorio en dicha
audiencia, inmediatamente se estaría dictando la sentencia homologatoria
del acuerdo, y por ende, a partir de ese momento, el expediente pasaría a
la etapa de ejecución de manera directa.

     En caso que no se llegue a un acuerdo conciliatorio, y una vez que el
Juez ha escuchado la tesis de cada una de las partes involucradas en la
                                  158

litis, se procederá a dictar el auto de traslado y se fijará la pensión
provisional, llevando a cabo la notificación de las partes en ese mismo
acto, disminuyendo así considerablemente el lapso de tiempo que se
empleaba para efectuar la notificación del demandado.

     En otro orden de ideas, se debe tomar en consideración que como
consecuencia de las múltiples audiencias que se van a celebrar en forma
conjunta en el despacho, la cantidad de expedientes para dictar sentencia
se van a incrementar; no obstante, para proceder con el dictado de esas
sentencias se elaborará un plan entre los jueces del despacho, descartando
del mismo a la Licda. Ana Katalina Baudrit Vargas, por cuanto la misma
no ostenta de la competencia requerida para tal efecto por desempeñar el
puesto de Jueza Conciliadora.

      Otro aspecto, a tomar en cuenta en el proyecto es la colaboración
que se requiere tanto del personal Asistente del Centro de Conciliación
como de un Auxiliar Supernumerario que va a ser asignado a dicho
proyecto, esto con el fin que a ambos se les asignen de manera equiparada
las funciones a desempeñar.

                          Equipo Tecnológico

     Es menester indicar, tal y como se puede deducir de las diapositivas
que se incluyen al final de este documento, que para poder implantar e
innovar con esta modalidad de trabajo, en un cien por ciento, se requiere
de diverso equipo tecnológico, además de la existencia del Sistema de
Gestión en el edificio, aplicación que según lo conversado con el Lic.
Alexander Matarrita Casanova, Administrador de éste Circuito, es
probable que a partir del mes de julio del próximo año se encuentre
funcionando en todo el edificio.

      Conforme a lo anterior, y en aras de contribuir con las políticas de
ahorro de recursos dispuestas por la institución en la cual laboramos, se
iniciará el proyecto con los recursos que se cuenta en este momento y
hasta la etapa de este que se pueda efectuar; no obstante, en caso de
considerarse que se requiere algún equipo en especial con el fin de
facilitar la aplicación del proyecto, se hará la gestión ante la Unidad
Administrativa del Circuito con el propósito que se brinde la ayuda
necesaria, en caso de ser factible.

       Especialización del Juzgado de Pensiones Alimentarias
                                          159


            La competencia territorial tan amplia que posee el despacho, aunado
      a los múltiples migrantes nicaragüenses que visitan este cantón en busca
      de trabajo, ha incrementado considerablemente el circulante de
      expedientes de Pensiones Alimentarias que se tramitan en este despacho,
      razón por la cual, es que se busca desde diferentes ópticas la manera más
      ágil y eficaz de resolver las gestiones que realizan las partes, toda vez que
      en ocasiones resulta humanamente imposible cumplir con una justicia
      pronta y cumplida, situación que se ve reflejada en las constantes quejas
      que interponen los usuarios ante la Contraloría de Servicios que opera en
      este Circuito.

            Por lo tanto, se requiere a mediano plazo la especialización del
      Juzgado de Pensiones Alimentarias, solicitud que el Consejo de
      Administración del Edificio realizó ante la oficina de Planificación, y
      según la consulta efectuada sobre el tema al Administrador del Edificio
      dicha solicitud se encuentra en trámite e inclusive se está analizando la
      situación del espacio físico del edificio con el fin de reubicar este
      Juzgado.

                      Oralidad y Reducción del Uso del Papel

            Para la aplicación del proyecto se han considerado las disposiciones
      emanadas por el Consejo Superior en lo referente a la aplicación de la
      oralidad y uso de nuevas tecnologías, para reducir el uso de papel y
      fotocopias, tal y como se denota de la circular número 53-09 y 59-09,
      emitidas por la Secretaría General de Corte Suprema de Justicia.

            Como conclusión, es una realidad que efectuando nuestras labores
      con mística, además de la disposición adoptada por todas las personas
      involucradas en este proyecto y con el único propósito de brindar un
      servicio de calidad a las personas usuarias de este despacho, la
      expectativa es que los resultados sean excelentes, y por lo tanto, mejore
      de manera considerable el tiempo de tramitación de los procesos de
      Pensiones Alimentarias.‖
                                          -0-

     Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Trasladar lo anterior

al Departamento de Planificación para que analice y valore la propuesta del
                                         160

licenciado Michael Monge Siles conforme a las políticas definidas por la Comisión

que gerencia estos proyectos.

                                ARTÍCULO XLIX

      En sesión Nº 67-09 celebrada el 2 de julio del año en curso, artículo LX, se

tomó el acuerdo que literalmente dice:

            ―En sesión N° 59-09 del 4 de junio recién pasado, artículo LXII, se
       tomó el siguiente acuerdo:

             ―La Integrante Milena Conejo Aguilar, propone comunicar a la
       Fiscalía General de la República, que se debe hacer de conocimiento de
       las personas que se incorporan a la maestría en Derecho Penal para
       fiscales, que si aceptan nombramientos como jueces, no podrán continuar
       con dicho estudio, salvo que este Consejo Superior lo autorice, luego de
       analizar el caso concreto.

             Se acordó: Acoger la propuesta de la licenciada Conejo Aguilar y
       hacerla de conocimiento del señor Fiscal General.‖
                                         -0-

            La licenciada Gloria Rojas Guzmán, Fiscal de la Fiscalía de Hatillo,
       en correo electrónico recibido el 26 de junio último, manifestó:

             ―…solicito respetuosamente a los honorables miembros del Consejo
       Superior del Poder Judicial, se me autorice mantenerme dentro de la
       maestría en derecho penal del programa Fiscalía General de la República
       en la Universidad Internacional de las Américas, mientras continuo
       nombrada como Jueza 4 Penal. No omito manifestar que desde el 5 de
       enero del 2009 y hasta el día de hoy, he estado nombrada en el Tribunal
       Penal del Tercer Circuito Judicial con autorización del Señor Fiscal
       General Dr. Francisco Dall' Anese Ruiz y se me ha prorrogado el
       nombramiento hasta el 31 de agosto del año 2009 en dicho puesto, para lo
       cual incluso como se podrá ver adjunto, cuento con permiso de la Fiscalía
       General de la República hasta el mes de diciembre del año dos mil nueve.

            No omito manifestar que a la fecha, se ha laborado sin ocasionar
                                           161

       problemas como juez y a la vez, manteniendo notas más que aceptables
       en la maestría, de la cual únicamente quedan por cursar tres materias
       adicionales a la que actualmente se está cursando en este momento y
       presentar la tesis.

           En razón de lo anterior, les solicito de la manera más vehemente, se
       me autorice a continuar con el nombramiento como Jueza 4 penal y al
       mismo tiempo, seguir cursando la maestría en derecho penal.‖
                                         -0-

             En correo electrónico recibido el 29 de junio de este año, doña
       Gloria aclara que asiste a la maestría del Ministerio Público los lunes
       durante la segunda audiencia, de manera que en las tardes se programan
       juicios unipersonales para los dos compañeros de sección.

              Se acordó: Comunicar a la licenciada Gloria Rojas Guzmán que
       podrá continuar en la Maestría en Derecho Penal, en tanto no se afecte el
       servicio público. Trasladar copia de este acuerdo al coordinador del
       Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Suroeste, para que
       se lleve un control de la situación y se indique si se afecta el servicio que
       brinda ese despacho.

             El Despacho de la Presidencia, el Departamento de Personal, la
       Fiscalía General de la República y la Fiscalía Adjunta del Tercer Circuito
       Judicial de San José, tomarán nota para lo que corresponda.‖
                                           -0-

      La licenciada Gloria Lorena Rojas Guzmán, Jueza del Tribunal de Heredia,

en correo electrónico recibido el 8 de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:

            ―Por este medio, en atención al acuerdo tomado en la sesión N° 59-
       09 del 4 de junio del dos mil nueve, artículo LXII, se solicita
       respetuosamente a los señores miembros del Consejo Superior del Poder
       Judicial, para poder continuar las clases correspondientes a la Maestría en
       Derecho Penal del Ministerio Público, la cual recibo los días lunes de las
       13:30 horas a las 20:30 horas, mientras permanezco nombrada en la
       Judicatura, específicamente como Juez 4 en el Tribunal Penal de Juicio de
       Heredia, Sección Vespertina-Flagrancia, con horario de las 17:00 a las
       23:00 horas, en sustitución del MSc. Paul Hernández, hasta el 29 de
                                          162

       octubre del año dos mil nueve.

            A la fecha, únicamente faltan dos clases (2 lunes) de la materia de
       Criminalística y cinco lunes de la materia de Criterio de Oportunidad y
       Medidas alternativas, con lo cual estaría egresando del programa de
       maestría y que el permiso es para llegar más tarde los días lunes, en el
       entendido que ello siempre que no se afecte el servicio brindado por el
       Tribunal en donde he sido nombrada.

             No omito manifestarle que a la fecha mantengo muy buenas notas y
       que cuento con el permiso del Juez Coordinador de la Sección Vespertina
       - flagrancia, señor Manuel Zambrana Zambrana y del Juez coordinador
       del Tribunal Penal de Heredia, señor Antonio Ortega Vindas. De igual
       forma, con anterioridad, al solicitar permiso para los mismos efectos en
       los meses de julio y agosto del presente año en el Tercer Circuito Judicial
       de San José, Sede Sudoeste, el cual se otorgó mediante acuerdo firme de
       la Sesión número 67-2009 de las ocho horas del dos de julio del 2009, en
       su artículo LX, se aportó permiso del Fiscal General de la República para
       aceptar nombramientos en la Judicatura hasta diciembre del presente año,
       lo cual además puede ser consultado al señor Francisco Dall'Anesse en
       caso que Ustedes lo consideren necesario.

            Agrego como anexos, los contenidos de los correos de mis actuales
       superiores y conjuntamente les estoy reenviando dichos correos, para que
       no haya duda de su contenido.

            En razón de lo anterior, les solicito de la manera más vehemente, se
       me autorice a continuar con el nombramiento como Jueza 4 penal y al
       mismo tiempo, seguir cursando la maestría en derecho penal del
       Ministerio Público.‖
                                              -0-

      Se acordó: 1.) Comunicar a la licenciada Gloria Rojas Guzmán que podrá

continuar en la Maestría en Derecho Penal en tanto no se afecte el servicio público.

2.) Trasladar copia de este acuerdo al coordinador del Tribunal de Heredia para

que se lleve un control de la situación y se indique si se afecta el servicio que
                                         163

brinda ese despacho.

                                   ARTÍCULO L

      En sesión Nº 37-09 celebrada el 21 de abril del año en curso, artículo XVIII,

se nombró interinamente al licenciado Efraín Marín Madrigal, en la plaza Nº

44893 de Juez 1 en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tilarán, a

partir del 1° de junio de este año y hasta el 5 de marzo del 2010.

      El licenciado Efraín Marín Madrigal en su citada condición, en facsímil de 8

de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:

              ―… acudo a sus estimables personas de manera muy respetuosa
       para solicitarles interpongan sus buenos oficios a efectos de que a partir
       del día quince de octubre del presente año me pueda reintegrar a mi plaza
       como juez en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
       Alajuelita, por cuanto razones familiares y personales me impiden
       continuar mi nombramiento interino en el Juzgado de Tilarán.‖
                                             -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior y por las razones

expuestas: 1.) Aceptar la renuncia del licenciado Efraín Marín Madrigal, como

Juez 1 en la plaza Nº 44893 del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de

Tilarán, a partir del 14 de octubre próximo. 2.) El Consejo de la Judicatura,

remitirá la terna correspondiente para llenar la plaza indicada, con motivo de la

renuncia de don Efraín.

      El Despacho de la Presidencia, el Juzgado Contravencional y de Menor
                                          164

Cuantía de Tilarán, el Departamento de Personal y la Sección Administrativa de la

Carrera Judicial, tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.

                                   ARTÍCULO LI

      El máster Alexander Obando Meléndez, Director del Instituto Nacional de

Criminología, en oficio Nº DINC 670-2009 recibido el 8 de setiembre en curso,

manifestó lo siguiente:

             ―… Durante muchos años el Instituto y la Dirección General de
       Adaptación Social, ha mantenido espacios de encuentro en las distintas
       autoridades del Poder Judicial, a efectos de analizar aspectos que interesa
       coordinar a ambas instancias con respecto a las personas privadas de
       libertad; entre ellas reuniones con la Comisión de Asuntos Penales,
       sesiones de Trabajo con Jueces, Defensores y Fiscales, se han constituido
       comisiones interinstitucionales, incluso reuniones con representantes de
       ese órgano.

             Como producto de estos encuentros, se establecieron protocolos,
       procedimientos y circulares que regulan los horarios para la remisión de
       los detenidos, a los centros y para las prácticas judiciales, requisitos que
       debían tener las órdenes de libertad y los documentos de tener a la orden.
       Todo esto permite un trabajo ordenado y de respeto a las persona privadas
       de libertad; asimismo la Seguridad Jurídica en la tramitación de las
       libertades y los ingresos a los centros, pues con ello se evitan situaciones
       delicadas que se habían subsanado. No obstante lo anterior, existen quejas
       de directores de centros penitenciarios referente a la alteración de los
       horarios definidos para la remisión de detenidos y órdenes de libertad, ya
       que la jornada laboral de los centros es de Lunes a Viernes de 8 am a 4
       pm, excepto el CAI San José, que tienen un rol hasta las 6 pm, fuera de
       éstos horarios no existe en los centros personal facultado para tramitar
       libertades ni para recibir privados y privadas de libertad.

            Algunos directores señalan que están remitiendo libertades a las 10
       u 11 de la noche, teniendo que interrumpir su descanso para presentarse al
       Centro.
                                         165

             Algunos despachos remiten órdenes de libertad de personas
       extranjeras después de las 4 pm y lo dejan a la orden de la Dirección de
       Migración, dificultándose cualquier tipo de comunicación con dicha
       institución, pues a esa hora las oficinas están cerradas.‖
                                         -0-

      Al respecto, el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del

Organismo de Investigación Judicial, mediante oficio Nº 1073-D.G.-09 de 10 de

los corrientes, dirigido al doctor Hernando París Rodríguez, Ministro de Justicia y

Gracia, comunicó lo siguiente:

            ―Mediante oficio N° 871-D.G.-09 de fecha 4 de agosto del año en
       curso, procedimos a exponerle a la entonces Ministra de Justicia, Dra.
       Viviana Martín Salazar, la problemática que se estaba presentando con la
       recepción de Privados de Libertad por parte de Adaptación Social, a la
       vez que, le hicimos saber la seria afectación que ello causaba en el
       funcionamiento de la Sección de Cárceles de este Organismo, dado que se
       estaba sobrepasando la capacidad máxima de nuestras celdas, con los
       inconvenientes de hacinamiento y seguridad que ello implica.

             El día 8 de setiembre recién pasado, nuevamente recibimos un
       informe del Jefe de la Sección de Cárceles del II Circuito Judicial de San
       José, indicando que un grupo de aproximadamente 15 detenidos se
       encontraban en ―huelga de hambre‖ en razón de que no eran trasladados
       al centro penal, además de que estaban causando una serie de
       inconvenientes en las celdas, con el agravante de que estaban incitando a
       otros privados de libertad a que tomaran las mismas medidas.

             Tal y como lo hemos manifestado en otras oportunidades al
       Ministro(a) de turno, el hecho de que no se nos reciban detenidos
       oportunamente ocasiona serios perjuicios a este Organismo, pues el
       hacinamiento que se produce en nuestras celdas atenta contra la salud y la
       integridad física tanto de los detenidos como de los custodios, a la vez
       que se debilitan las medidas de seguridad que se deben observar con este
       tipo de población.

            En virtud de lo anterior, mucho le agradeceré la interposición de sus
                                         166

        excelentes oficios para que en lo sucesivo se tomen las medidas que
        resulten necesarias para que no se presenten este tipo de contratiempos
        con la recepción de los privados de libertad‖
                                         -0-

      Manifiestan los integrantes de este Consejo, la preocupación en razón de los

horarios de trabajo de los despachos que atienden la flagrancia y el turno

extraordinario para la remisión de detenidos y órdenes de libertad de los privados

de libertad.

      Se acordó: Remitir las gestiones anteriores a la Comisión de la Jurisdicción

Penal para que coordinando con el Ministerio de Justicia y Paz y la Dirección

General de Adaptación Social, propongan una solución a la situación que se da

cuenta, pues sus políticas no se ajustan a las medidas que ha adoptado el Poder

Judicial ampliando horarios y creando nuevos tribunales para responder a las

exigencias actuales.

                                  ARTÍCULO LII

      En sesión N° 70-09 celebrada el 21 de julio el año en curso, artículo XLIX,

entre otros aspectos, se concedió permiso a las licenciadas Jeannette Arias Meza y

María Ester Brenes Villalobos, coordinadora de la Secretaría Técnica de Género y

Jueza Especialista en la Escuela Judicial, respectivamente, para que participaran en

el Taller sobre el tema de Género, que se llevó a cabo en República Dominicana

durante el mes de agosto de este año.
                                         167

      En correo electrónico recibido el 8 de setiembre en curso, las licenciadas

Arias Meza y Brenes Villalobos, en su expresado carácter, remitieron informe de

labores relacionadas con el Taller ―Transversalización de la Política de Equidad de

Género‖ realizado durante los días 17 al 21 de agosto en la Escuela Nacional de la

Judicatura del Poder Judicial de la República Dominicana.

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.

                                 ARTÍCULO LIII

      En sesión N° 75-09 celebrada el 6 de agosto último, artículo LVIII, se tomó

el acuerdo que literalmente dice:

             ―La licenciada Carmen Cerdas Cisneros, Secretaria de la Comisión
       de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), en oficio N° 121-09-
       CCPJ del 26 de julio de este año, comunicó lo siguiente:
             "Por diversas razones, al día de hoy no ha sido rendido oficialmente
       el informe de Labores del Centro de Conciliación, correspondiente al año
       2008, ante el Consejo Superior.
             Con el ánimo de cumplir con dicho objetivo, y como secretaria de la
       Comisión RAC, les solicito respetuosamente designar un espacio en
       alguna de sus sesiones, preferiblemente en día martes, para que el
       Director del Centro de Conciliación, licenciado Alberto Solano Cordero,
       haga la presentación respectiva."
                                           -0-
             Se acordó: Acoger la solicitud de la licenciada Carmen Cerdas
       Cisneros, en consecuencia, conceder audiencia al licenciado Alberto
       Solano Cordero, a fin de que exponga a los integrantes de este Consejo el
       referido informe, el 8 de setiembre del año en curso, de las 14:30 a las
       15:30 horas en la Sala del Servidor/a Judicial, sito en el tercer piso del
       Edificio de la Corte.‖
                                         -0-

      En respuesta al acuerdo anterior, el licenciado Alberto Solano Cordero,
                                                      168

Director del Centro de Conciliación del Poder Judicial, mediante correo electrónico

de 8 de setiembre en curso, remitió a este Consejo el informe de labores del Centro

de Conciliación correspondiente al período 2008 y el análisis comparativo del

período 2001-2008, el cual literalmente dice:

                 “CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL
                              INFORME ANUAL
                                    2008
I. EXPEDIENTES
                                                                       1 semestre     2 semestre             TOTAL
Entrados (Estudiados)                                                  3066           3685                   6751
Seleccionados para conciliación                                        2899           3597                   6496
No seleccionados                                                       167            88                     252
Casos terminados                                                       1413           2147                   3560
Acuerdos de Conciliación                                               1128           1478                   2606
Sobreseimiento definitivo por conciliación                             59             130                    189
Desestimaciones                                                        63             51                     114
Archivados                                                             163            488                    651

II. AUDIENCIAS / JUECES
                                               1 semestre          2 semestre                    TOTAL
Audiencias realizadas                          1581                1924                          3505

Asistencia a audiencias
    Ambas partes                               1581                1924                          3505
    Parte actora                               366                 666                           1032
    Parte demandada                            267                 410                           677
    Ninguna parte                              557                 758                           1315

III. TIPO DE PROCESO
MATERIA          ATENDIDOS                     CON ACUERDO        SIN ACUERDO               ARCHIVADOS
                 1    2                total   1     2    total   1     2     total         1    2     total
                 sem. sem.                     sem.  sem.         sem.  sem.                sem. sem.
Contravencional  848  1054             190     639   863  150     132   138   270           155  473   628
                                       2                  2
Agrario                 00     00      00      00         00      00                00      00                      00
Penal                   370    278     648     259   208  467     75      68        143     02          03          05
Civil                   07     02      09      01    01   02      06      01        07      00                      00
Laboral                 82     154     236     49    93   142     33      61        94      00                      00
Familia                 100    150     250     70    114  184     25      34        59      01          05          06
Notarial                45     27      72      23    19   42      18      08        26      00                      00
                                                       169

Pensiones               123    243    366       84     168    252    37      72      109        04         05    09
Alimentarias
Penal Juvenil           06     16     22        03     12     15     02      04      06         01         02    03
Tránsito                00     00     00        00            00     00              00         00               00
    totales             1581   1924   350       1128   1478   260    328     386     714        163        488   651
                                      5                       6

IV. NOTIFICACIONES
                                                                    1 semestre      2 semestre              TOTAL
Total de expedientes notificados                                    2260            3376                    5636
Cedulas notificadas por fax                                         1068            1693                    2761
Cédulas notificadas personalmente o lugar señalado                  2237            2338                    4575
Cédulas notificadas en casilleros                                   49              64                      113
Cédulas notificadas por otro medio (Citaciones)                     795             1964                    2759


V. VARIABLES DEMOGRAFICAS DE LAS PARTES
a. SEXO
Hombres   1527                      2053                                                 3580
Mujeres   1511                      1827                                                 3338

b. EDAD
MENOS DE 29            DE 30 A 39        DE 40 A 49                 DE 50 A 59                       MAS DE 60
892      1126          790     1053      726     895                409            520               221  286
2018                   1843              1621                       929                              507

c. ESTADO CIVIL
CASADO                                SOLTERO                              VIUDO
1142        1418                      818            1113                  65                         75
2560                                  1931                                 140

SEPARADO                              UNION DE HECHO                       DIVORCIADO
162              217                  603      737                         248                        320
379                                   1340                                 568

d. ESCOLARIDAD
SIN ESTUDIO    PRIMARIA                  PRIMARIA COMPLETA          SECUNDARIA                       SECUNDARIA
               INCOMPLETA                                           INCOMPLETA                       COMPLETA
211       297  468   551                 794         923            681      797                     378  588
508            1019                      1717                       1478                             966

PARA- UNIV.    PARA-UNIV.                   UNIVERSITARIA           UNIVERSITARIA           POSTGRADO
INCOMPLETA     COMPLETA                     INCOMPLETA              COMPLETA
15        03   26       34                  177 226                 276   425               12             36
18             60                           403                     701                     48
e. NACIONALIDAD
COSTA RICA        NICARAGUA                 ESTADOS UNIDOS          COLOMBIA                OTRA
2665      3530    301   293                 16  12                  02   09                 54   36
6195              594                       28                      11                      90
                                                    170

VI. AUDIENCIAS POR JUEZ
                                                          1 semestre   2 semestre   TOTAL
Audiencias atendidas                                      1581         1924         3505
Asuntos en los que se logró acuerdo conciliatorio         1128         1478         2606
                                                    -0-

        Manifiesta la licenciada Chaves Cervantes, que el Centro podría hacer

esfuerzos para incluir en el informe de labores las estadísticas de las personas con

vulnerabilidad y el tipo de población que se atiende por zonas o sedes de

conciliación.

        Por su parte, indica el integrante Martínez Fernández, que al analizar el

informe, considera necesario hacer ver, que uno de los temas que este Consejo ha

venido tratando en forma recurrente, está orientado a que los despachos mejoren

los porcentajes de realización de audiencias; en este sentido, las gráficas de la

presentación permiten concluir que esta área parece susceptible de mejora, ya que

tanto la notificación como la comparencia de las partes que esto origina -

principalmente en las sedes-, en algunos casos rondan apenas el 50%.

      Se acordó: 1.) Tener por recibido el informe anterior. 2.) Tomar nota de las

manifestaciones de la licenciada Chaves Cervantes y del licenciado Martínez

Fernández. 3.) Instar al Centro de Conciliación a hacer esfuerzos por brindar

atención a poblaciones en condición vulnerable, para lo cual podría poner en

conocimiento de las distintas organizaciones de la sociedad civil la disposición
                                            171

para atender procesos con el uso de la conciliación. 4.) Hacer este acuerdo de

conocimiento de la Comisión de Accesibilidad y del Colegio de Abogados de

Costa Rica con el fin este último de divulgarlo entre sus agremiados.

                                    ARTÍCULO LIV

         En oficio 53-CAC-2009 de 7 de setiembre en curso, suscrito por el

licenciado Warner Molina Ruiz, en condición de Presidente del Consejo de

Administración de Cartago, comunicó lo siguiente:

                ―Como resultado del Taller de Autoevaluación de Control, el
          Consejo de Administración de Cartago en sesión N° 09-2009 de fecha 03
          de setiembre del 2009, acordó solicitarle al Consejo Superior interponga
          sus buenos oficios para que se asigne una microcomputadora adicional
          para cada despacho judicial para uso de los meritorios judiciales quienes
          se pretenden capacitar a fin de que sea el personal idóneo para las
          sustituciones del despacho; según lo establecido en la norma 2.4
          Administración eficaz del recurso humano de la ley.‖
                                            -0-

         Informa el Director Ejecutivo, licenciado Alfredo Jones León, que

actualmente no se tienen microcomputadoras para redistribuir y solamente tienen

de aquellas que se van a entregar en donación. Por ese motivo podría buscarse

algunas de estas que se encuentren en mejor estado para enviarlas al Circuito

Judicial de Cartago a los efectos que solicita el Consejo de Administración de ese

lugar.

         Se acordó: Trasladar la gestión anterior a la Dirección Ejecutiva a efecto de

que analice la posibilidad de asignar microcomputadoras de las que se van a
                                        172

entregar en donación a los despachos judiciales de Cartago para uso del personal

meritorio.

                                 ARTÍCULO LV

      En sesión N° 84-05 celebrada el 25 de octubre de 2005, artículo LXIV, se

dispuso que los usuarios que tuvieran acceso a los expedientes judiciales, pueden

utilizar los medios tecnológicos como fotocopiadoras, escáneres portátiles,

cámaras digitales y otros, para la obtención de copias de los expedientes y

documentos; siempre que estén debidamente autorizadas, y se tomen las

precauciones y controles correspondientes, por parte de los despachos judiciales.

El citado acuerdo, fue comunicado mediante circular N° 169-2005 de 21 de

diciembre del 2005, publicado en el boletín judicial N° 169-2005 del 9 de enero

del 2006.

      En sesión N° 40-06 del 6 de junio del 2006, artículo LXIX, se tomó el

acuerdo que en lo conducente dice:

       ―(…)

            Con relación a los acuerdos anteriores, el señor Víctor Obando
       Rivera, Asistente Judicial del Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía del
       Primer Circuito Judicial de San José, mediante correo electrónico de 30
       de mayo de este año, consulta si lo dispuesto en el acuerdo del 25 de
       octubre del año pasado, artículo LXIV y comunicado mediante la circular
       169-2005, varía lo acordado por este Consejo en cuanto a que los libros
       de entrada no pueden ser fotocopiados.

              Se acordó: Comunicar al señor Obando Rivera, que siempre y
                                          173

       cuando se demuestre que existe un interés legal, bien puede el usuario
       obtener fotocopias del folio o folios pertenecientes al libro de entradas y
       no de la totalidad del libro.‖
                                      -0-

      Mediante correo electrónico de 9 de setiembre en curso, los licenciados

María Inés Mendoza Morales y Eugenio Molina Sequeira, Jueza Coordinadora y

Juez del Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía del Segundo Circuito

Judicial de Alajuela, manifestaron lo siguiente:

              ―El día 08 de setiembre de 2009 en horas de la tarde observamos a
       una joven, quien sin ser estudiante fotografiaba el libro de entradas civil,
       se le preguntó el motivo de tal hecho, respondiendo que laboraba con
       unos abogados que así se lo encargaban, entregando una nota la cual
       citaba sólo una parte del artículo LXIX del Acta 040-06 del fecha 06 de
       junio de 2006 del Consejo Superior.

               Se consultó dicha acta y la misma establece la posibilidad que una
       persona interesada pueda obtener datos de un Juzgado, denominando
       dicha acta como tal, a cualquier persona que desee consultar información
       que contenga el libro de entradas o su equivalente informático,
       permitiendo incluso a los usuarios que tengan acceso a los expedientes
       judiciales, puedan utilizar medios tecnológicos, como escáneres
       portátiles, cámaras digitales u otros, para obtener copias de los mismos,
       prohibiendo además que los libros de entradas no puedan ser
       fotocopiados.

                Acto seguido llama al despacho, quien se identificó como
       abogado, llamado Winston Jenkins Lacayo, carné número 16.700,
       exigiendo que se le debería brindar dicha información, pues se le limitaba
       su derecho como abogado de empresa de protectora de crédito. Se le
       comentó que jamás era así, porque la información judicial es sólo para las
       partes, no es un registro público y los interesados, son las personas con
       interés en un proceso en el cual intervengan, caso contrario no se debe
       brindar información judicial, máxime que dicho abogado comentó que no
       tiene ningún proceso judicial en este Despacho Judicial.
                                          174

                Estimamos que la información de los procesos judiciales, así
       como de los libros de entradas en cualquiera de las materias, más la civil,
       no es de acceso al público, ni nadie, ni aún siendo abogado, tiene porque
       fotografiar los libros de entradas civil, ni ninguno, además estimamos que
       es un abuso por parte de cualquier abogado llegar a realizar tales actos o
       bien, enviar a otro persona a que lo realice; incluso consideramos que la
       información obtenida por parte de las protectoras de crédito viola el
       derecho a la intimidad e información, la cual puede ser comprometedora
       para cualquier ciudadano, motivo por el cual consideramos que más bien
       debe girarse instrucciones a TODOS los Despachos Judiciales del país en
       ese sentido, de no prestar ni los expedientes judiciales, ni los libros de
       entradas, porque dicho abogado Winston Jenkins Lacayo, así como la
       joven quien fotografiaba el libro de entradas civil, admitieron
       abiertamente que hasta revisan los expedientes en cualquier despacho
       judicial, siendo este Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito
       Judicial, el único que los ha limitado, incluso por consulta al Juzgado de
       Menor Cuantía de este Circuito Judicial, comentaron que ahí llegan y
       hasta fotografían digitalmente los expedientes judiciales, lo cual
       consideramos un acto irregular e indebido.

               Opinamos que brindamos un servicio el cual implica un deber de
       confidencialidad y la información de las protectoras de crédito ha
       generado un abuso extremo, pues venden la información a cualquiera que
       se afilie a su sistema sin contar con la autorización de las personas a
       quienes revele detalles personales, lucrando a costas de todos nosotros,
       sin excepción, debiendo ser el Poder Judicial un custodio de su
       información y no un registro público.

               Consultamos en el sentido de que se puede limitar o no dicha
       información y si debe ser limitada, debe ser conocido dicho alcance a
       todos los despachos judiciales de Costa Rica.‖
                                          -0-

      Se acordó: Comunicar a la licenciada Mendoza Morales y al licenciado

Molina Sequeira que las personas usuarias únicamente pueden obtener fotocopias

del folio o folios pertenecientes al libro de entradas de su caso o casos y no de la

totalidad siempre que hayan demostrado su interés legal, de conformidad con lo
                                         175

resuelto en sesión N° 84-05 del 25 de octubre de 2005, artículo LXIV y publicado

en la circular N° 169-2005 del 21 de diciembre de ese año.

                                  ARTÍCULO LVI

      En sesión Nº 09-06 celebrada el 14 de febrero del 2006, artículo XXXIX, se

aclaró al Departamento de Personal, que en cuanto a los nombramientos en las

plazas de notificadores, la política es únicamente para aquellos circuitos judiciales

donde existan oficinas centralizadas de notificaciones o bien exista la posibilidad

de su creación.

      Posteriormente, en sesión Nº 19-09 de 3 de marzo del año en curso, artículo

LXII, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva literalmente dice:

             ―[…]

             Se acordó: Comunicar a los petentes que los nombramientos de
       notificadores se encuentran suspendidos por disposición de este Consejo
       en sesión celebrada 09-06 celebrada el 14 de febrero del 2006, artículo
       XXXIX, en razón de las nuevas formas de notificación aprobadas por la
       Ley de Notificaciones N° 8687 de 4 de diciembre de 2008, asimismo
       indicarles que al asumir esos puestos tenían conocimiento de la situación
       de las plazas de notificación.‖
                                         -0-

      La licenciada Norma Araya Sánchez, Jueza Contravencional y de Menor

Cuantía de Esparza, en oficio Nº 106-JCE-2009 de 7 de setiembre en curso,

recibido el 10 de este mes, solicitó lo siguiente:

            ― I.- El día 16 de mayo de dos mil ocho se acogió a su derecho de
       pensión el notificador de esta oficina, señor Alejandro López Apu. En
                                   176

virtud de la anterior situación desde el 19 de mayo de ese año se designó
en ascenso en ese puesto a la señora Flora María Cordero Rojas, quien
desde esa fecha se ha desempeñado en forma eficiente y cuenta con los
requisitos para ese puesto.

      2.- A pesar de estar nombrada la citada funcionaria en plaza vacante
desde hace un año y tres meses, no se ha podido proceder a su
nombramiento en propiedad, por cuanto al solicitar al Departamento de
Personal la nómina respectiva, mediante comunicado de fecha 07 de
mayo de 2009, se nos indica que: ―…para la plaza de notificador, según
lo acordado por el Consejo Superior en sesión No. 19-09 del 03 de marzo
de 2009, LXII, los nombramientos de notificadores se encuentran
suspendidos por disposición de este ente, en sesión celebrada el 14 de
febrero de 2006, en razón de las nuevas formas de notificación aprobadas
por le Ley de Notificaciones No. 8687 de 4 de diciembre de 2008, aporte
de que este clase se encuentra en estudio por parte del Departamento de
Planificación...‖

     3.- Recientemente nos hemos enterado que se creo la oficina
Centralizada de Notificaciones del Circuito Judicial de Puntarenas, y en la
sección de Presupuesto del Departamento de Personal se informó a la
suscrita Juzgadora que presupuestariamente al crear ésta OCN, no se
tomó en cuenta la plaza de notificador de Esparza y que ella siempre
quedó adscrita al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Esparza.

      4.- De acuerdo al último informe mensual, en este Despacho se
notifican un promedio de 503 expedientes mensuales, más 29 comisiones
que se recibieron para notificar.

      5.- De otra parte, como se indicó supra la señora Flora María
Cordero Rojas se encuentra en ascenso en el puesto de notificador, pues
ella ocupa en propiedad la plaza de Auxiliar Judicial 1, la cual desde el 19
de mayo de dos mil ocho, es ocupada, en forma interina por la señora
Vanessa Araya Cambronero, siendo que al no permitirse el nombramiento
de la primera como titular de la plaza de notificador, también impide a
esta Jueza proceder con los trámites para nombrar en la plaza de auxiliar
judicial. Estas circunstancias, producen inestabilidad laboral en el
Juzgado y para las funcionarias citadas.

     En virtud de lo expuesto, respetuosamente les solicito se autorice el
                                          177

       nombramiento en la plaza de notificador de este Despacho, puesto Nº
       04035.‖
                                          -0-

      Se acordó: Acoger la gestión anterior y autorizar el nombramiento en la

plaza Nº 04035 de Notificador en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía

de Esparza, por cuanto esta plaza no forma parte de la Oficina Centralizada de

Notificaciones.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                  ARTÍCULO LVII

      La licenciada Ana Eugenia Rivera Pérez, Jueza Tramitadora del Tribunal

Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, en correo electrónico de 11 de

setiembre en curso, solicitó lo siguiente:

            ―Con el fin de cumplir con las recomendaciones de la Unidad de
       Salud Ocupacional, del Departamento de Seguridad, mismas que se
       encuentran en el archivo inserto; este Despacho debe realizar un
       reacomodo total de la distribución de Auxiliares de Juicio y la Jueza de
       Trámite, lo que implica tener que trasladar estantería, escritorios, centros
       de trabajo, pertenencias de los funcionarios, así como todos los
       expedientes que se encuentran en trámite dentro del Despacho, cabe
       mencionarles que los dos auxiliares que deben ser reubicados se
       encuentran laborando en las dos Salas de Juicio, por esta razón es que es
       necesario realizar el traslado el día sábado 19 de septiembre del presente
       año, para no tener que suspender debates y así no alterar el buen servicio
       público les solicito se sirvan autorizar el pago de horas extras únicamente
       para ese día a los siguientes funcionarios:

           Otto Jiménez Acosta, Jefferson Castro León y Johan Valverde
       Chávez.‖
                                          -0-
                                          178

      Con base en las razones expuestas y por las especiales circunstancias del

caso, se acordó: Acoger la solicitud anterior, en consecuencia, autorizar el pago de

horas extra por el 19 de setiembre en curso, a los servidores Otto Jiménez Acosta,

Jefferson Castro León y Johan Valverde Chávez. Lo anterior en el entendido que el

Juez Coordinador del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José,

deberá velar por el adecuado control del uso y ejecución del tiempo autorizado.

      El Departamento de Personal tomará nota para lo que corresponda.

                                 ARTÍCULO LVIII

      En sesión Nº 38-09 celebrada el 22 de abril del año en curso, artículo IX, se

conoció el informe Nº 088-PLA-PI-2009 elaborado por el Departamento de

Planificación, correspondiente a las plazas para el Juzgado de Trabajo del Primer

Circuito Judicial de Alajuela. A esos efectos, se tomó el acuerdo cuya parte

dispositiva literalmente dice:

            “Se acuerda: 1) Aprobar el informe presentado por el
       Departamento de Planificación, con las siguientes observaciones: a)
       Improbar la plaza de Juez, en su lugar se crea una plaza de Juez
       Supernumerario extraordinaria ubicada en el Centro contra el Retraso
       Judicial para la atención de los despachos de la zona, con prioridad a este
       Juzgado. b) Improbar la plaza de Auxiliar Judicial, en su lugar se crea una
       plaza de Auxiliar Supernumerario extraordinaria, ubicada en la
       Administración prioritariamente para la atención del Juzgado de Trabajo
       del Primer Circuito Judicial de Alajuela. 2) El Departamento de
       Planificación presentará un programa de atención al público, que
       considere las inquietudes de los y las integrantes de este Consejo, y
       permita un cambio en la forma en que se ha tratado este tema. 3) En la
       definición de los modelos de despacho, el Departamento de Planificación
                                         179

       incluirá el tema de atención del público, así como las nuevas formas de
       gestión de trabajo, el uso de la nueva tecnología y las buenas prácticas
       que se han desarrollado en otros despachos. 4) La Escuela Judicial
       diseñará un programa de capacitación en todas las materias, para los
       circuitos judiciales Primero de Alajuela y Primero de la Zona Atlántica,
       conforme lo dispuesto por la Corte Plena en la sesión 03-2009, celebrada
       el 26 de enero de 2009, artículo I .‖
                                         -0-

      El licenciado José Luis Calderón Flores, Director del Despacho de la

Presidencia, en oficio N° DP 1606-09 de 8 de setiembre en curso, manifestó:

             ―La Comisión de la Jurisdicción Laboral en la reunión celebrada el 3
       de setiembre último, conoció el correo electrónico del Lic. Jorge Mario
       Soto Álvarez, Juez del Juzgado de Trabajo de Alajuela, en donde solicita
       una audiencia a la Comisión a que la Comisión pueda realizar una visita
       al despacho, en razón de que por la falta de jueces, que se habían
       solicitado en una oportunidad y que el Departamento de Planificación no
       aprobó, ya que por la situación que se presenta el mismo está a punto de
       colapsar, y acordó:

             ―Recomendar al Consejo Superior, considerando que el Circuito
       Judicial Alajuela por acuerdo de Corte es uno a los que se debe fortalecer
       en el año 2010, y el Juzgado de Trabajo de ese Circuito presenta una
       situación bastante difícil en cuanto a la demanda de servicios y cantidad
       de circulante, se estudie la posibilidad de asignar los jueces que en su
       oportunidad el despacho había solicitado, y que el Departamento de
       Planificación no aprobó, ya que de lo contrario el funcionamiento del
       despacho presentará dificultades de atender oportunamente la demanda
       que se presenta. Acuerdo Firme.”
                                         -0-

      Se acordó: 1.) Denegar la solicitud de la Comisión de la Jurisdicción

Laboral por cuanto el proyecto de presupuesto de este Poder de la República para

el 2010 ya no puede ser modificado pues se encuentra en trámite ante la Asamblea

Legislativa. 2.) Hacer este acuerdo de conocimiento del Centro de Conciliación del
                                         180

Poder Judicial, del Programa contra el Retraso Judicial y del Consejo de

Administración del Primer Circuito Judicial de Alajuela, a efecto de que valoren la

posibilidad de ayudar al Juzgado de Trabajo de ese circuito.

                                 ARTÍCULO LIX

      En sesión N° 55-09 celebrada el 21 de mayo del año en curso, artículo

XXVIII, se tuvo por rendido el informe Nº SACJ-1725-09 elaborado por la

Sección Administrativa de la Carrera Judicial, referente a los resultados de la

evaluación del desempeño de la licenciada Heilim Badilla Alvarado, Jueza del

Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Carrillo. A esos efectos, se

dispuso que debería doña Heilim, analizar debidamente las razones de la alta cifra

de señalamientos convocados y no celebrados, lo que dejó ver que el

procedimiento empleado para convocar a las partes pudo presentar serias

deficiencias que debían corregirse, motivo por el cual podría requerir de la

asistencia del Departamento de Planificación. Por ello, en un plazo de tres meses

informaría a este Consejo sobre las medidas tomadas para disminuir esa cifra y los

resultados obtenidos, para los casos en que la falta de celebración de audiencias

sea atribuible al despacho a su cargo.

      En atención a lo anterior, la licenciada Heilim Badilla Alvarado, en su

expresado carácter, en oficio Nº 5114-09 de 10 de setiembre en curso, informó lo
                                           181

siguiente:

            ―… I. Razones de la alta cifra de señalamientos convocados y no
       celebrados:

             La principal razón es la no comparecencia de las partes,
       contabilizándose en el período que va del primero de julio al nueve de
       setiembre del presente año cuarenta y tres suspensiones por dicho motivo;
       otra razón es la falta de diligenciamiento por parte de las autoridades de
       policía, de comisiones, citaciones y órdenes de presentación; en este
       período también se dieron suspensiones de señalamientos a solicitud de
       las partes intervinientes, por motivos de incapacidad de alguna de las
       partes o bien de sus representantes; en algunos casos las partes se
       presentaron sin los testigos ofrecidos y en algunos procesos la parte
       accionante solicitó archivo de expedientes.

           II. Medidas adoptadas para disminuir la cifra de señalamientos
       convocados y no celebrados:

             1. Dado el trasfondo social de los procesos de Violencia Doméstica
       y Contravenciones, se comunicó a los servidores judiciales encargados de
       la tramitación de dichas materias, el deber de comunicar vía telefónica a
       las partes intervinientes en dichos procesos, el día y la hora a la que deben
       concurrir al despacho para la celebración de la audiencia oral, medida que
       ha ayudado ha elevar en gran medida la concurrencia a las señalamientos.

             2. Se comunicó al Teniente Heiner García Ruiz, oficial de la Fuerza
       Pública del distrito de Filadelfia, encargado de la coordinación de las
       notificaciones, citaciones y órdenes de presentación de todas las
       Delegaciones Distritales del cantón de Carrillo, sobre el deber de
       diligenciar los mandamientos para notificar resoluciones, citar y presentar
       a los imputados el día y la hora indicada.

             3. El día tres de agosto de los corrientes, se celebró una reunión en
       este despacho con el teniente Heiner García Ruiz y todos los citadores y
       notificadores de las Delegaciones Distritales del cantón de Carrillo, en
       dicha reunión se tocaron aspectos trascendentales de las notificaciones,
       citaciones y ordenes de presentación, explicando a los asistentes el deber
       de diligenciar oportuna y eficazmente los mandamientos enviados por
       este despacho, así como la premura que debe existir en devolver los
       mandamientos una vez diligenciados.
                                         182


            III. Resultados:

            Luego de adoptadas las anteriores medidas, los resultados obtenidos
       fueron los siguientes:

                   Total audiencias convocadas         129
                   Total celebradas                    69
                   Efectividad                         53.48%
                   Promedio diario convocado           2.80
                   Promedio diario celebrado           1.5


             La anterior información comprende el período que va del primero de
       julio al nueve de setiembre del presente año. Con las medidas adoptadas
       se observa un aumento en la efectividad de las audiencias convocadas, las
       cuales han incrementado en un 14.2%, así mismo se ha aumentado el
       número de señalamientos convocados, lo cual se verá reflejado en futuros
       informes.

            En los términos expuestos, dejo rendido el informe solicitado.‖

                                         -0-

      Se acordó: Tener por rendido el informe anterior.

                                  ARTÍCULO LX

      En sesión Nº 73-09 celebrada el 30 de julio del año en curso, artículo LVIII,

se tomó el acuerdo que literalmente dice:

            ―En sesión N° 72-09 celebrada el 28 de julio en curso, artículo LXI,
       se tomó el acuerdo que literalmente dice:

             ―En sesión N° 34-09 celebrada el 14 de abril del año en curso,
       artículo XIII, por unanimidad, se dispuso nombrar en propiedad, a la
       licenciada Lourdes Vega Sequeira, en la plaza N° 57077 de Juez 3 en el
                                  183

Juzgado Contra la Violencia Doméstica de Cartago, a partir del 1° de
mayo de este año.

      La máster Lucrecia Chaves Torres, Jefa interina de la Sección
Administrativa de la Carrera Judicial, en oficio N° SACJ-2450-09 de 9 de
julio en curso, comunicó lo siguiente:

      ―Para su conocimiento y fines consiguientes, le remito los informes
sobre la Evaluación del Desempeño rendidos por las Licenciadas Lorena
Valverde Vega, Inspectora del Tribunal de la Inspección Judicial y
Sandra María Pereira Retana, Jueza Coordinadora del despacho, que
literalmente indican:

   ―INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO DE JUECES NOMBRADOS EN PROPIEDAD,
POR TRASLADO.

    LOURDES MARÍA VEGA SEQUEIRA, NOMBRADA A
PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL 2009, COMO JUEZA 3 EN EL
JUZGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE CARTAGO,
MEDIANTE SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR No.34-09 DEL
14 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

     VENCIMIENTO DE PERÍODO DE PRUEBA: 1 DE AGOSTO
2009.

      La Licda. Vega Sequeira inició su labor en este despacho, a partir
del 1 de mayo anterior, por lo que se reporta la labor realizada en el
período que abarca desde esa fecha hasta el 30 de junio, 42 días hábiles,
descontando 3 días de incapacidad (del 6 al 8 de mayo), 4 días de
vacaciones (del 27 al 29 de mayo y 1 de junio), el 24 de junio por
asistencia a taller y la segunda audiencia del 25 de junio por
juramentación, para un total de 8.5 días fuera del despacho, laborando
33.5 días hábiles.

      La señora jueza no recibió asuntos pendientes de fallo a su ingreso
al despacho.

     De acuerdo con la agenda, constan los siguientes señalamientos del
período en estudio: 42 días laborales.
                                        184

Total convocados                                                 123
Total celebrados                                                 63
Efectividad                                                      51.21%
Promedio diario convocado                                        2.92
Promedio diario celebrado                                        1.5


          De las 60 convocatorias suspendidas, 55 fueron por la no
      comparecencia de las partes.

           Asimismo, reporta el siguiente rendimiento en el dictado de
      sentencias, considerando los días hábiles laborados:

    33.5 DIAS LABORADOS                                        TOTAL
   Mayo                                                          12
   Junio                                                         27
   TOTAL                                                         39
   PROMEDIO DIARIO                                              1.16


           Al 30 de junio, la Licda. Vega mantenía en su oficina los siguientes
      asuntos pendientes de fallo.


Número de Expediente                                  Fecha de Pase a fallo
09-000895-0650-VD                                         27/05/2009
09-000459-0650-VD                                         28/05/2009
09-000959-0650-VD                                         29/05/2009
09-001031-0650-VD                                         29/05/2009
09-001011-0650-VD                                         29/05/2009
09-001051-0650-VD                                         03/06/2009
09-000511-0650-VD                                         04/06/2009
09-000547-0650-VD                                         05/06/2009
09-001093-0650-VD                                         09/06/2009
09-001097-0650-VD                                         09/06/2009
09-000735-0650-VD                                         11/06/2009
09-000765-0650-VD                                         11/06/2009
09-001165-0650-VD                                         15/06/2009
09-001167-0650-VD                                         15/06/2009
09-000733-0650-VD                                         16/06/2009
09-001173-0650-VD                                         17/06/2009
                                             185

  09-001153-0650-VD                                              17/06/2009
  09-001113-0650-VD                                              17/06/2009
  09-000387-0650-VD                                              18/06/2009
  09-001197-0650-VD                                              18/06/2009
  09-000711-0650-VD                                              18/06/2009
  09-000405-0650-VD                                              18/06/2009
  09-001215-0650-VD                                              19/06/2009
  09-001219-0650-VD                                              22/06/2009
  09-001081-0650-VD                                              23/06/2009
  09-001251-0650-VD                                              24/06/2009
  09-001291-0650-VD                                              24/06/2009
  09-001129-0650-VD                                              24/06/2009
  09-001121-0650-VD                                              24/06/2009
  09-00367-0650-VD                                               24/06/2009
  09-001277-0650-VD                                              24/06/2009
  09-001253-0650-VD                                              26/06/2009
  09-001049-0650-VD                                              26/06/2009
  09-001261-0650-VD                                              30/06/2009


              Para finalizar, los archivos del Tribunal de la Inspección Judicial, no
        registran sanciones disciplinarias aplicadas en contra de la Licda. Vega
        Sequeira, como tampoco expedientes administrativos en trámite.‖
                                              -0-
              Al respecto, la licenciada Sandra María Pereira Retana, Jueza
        Coordinadora indica:


Datos del evaluado
Nombre completo: LOURDES VEGA SEQUEIRA
Puesto: JUEZ TRES
Despacho Judicial: JUZGADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE CARTAGO
Fecha de vencimiento del periodo de prueba: 31 DE JULIO DEL 2009
                                                             Ni acuerdo
                                       Total      En
                                                             ni         De acuerdo Total
Aspectos sociolaborales                desacuerdo desacuerdo
                                                             desacuerdo (1)        acuerdo (2)
                                       (-2)       (-1)
                                                             (0)
1    En relación con el usuario/a se                         XX
     muestra respetuoso, accesible
2    En sus relaciones interpersonales            XX
     a lo interno de la institución
     observa una actitud respetuosa,
                                                 186

Datos del evaluado
     tolerante y humilde
3    Maneja información y puesta en                               XX
     práctica respecto las políticas de
     accesibilidad a la justicia para
     las personas en condición de
     vulnerabilidad
4    Evidencia conocimiento y                                                   XX
     manejo de jurisprudencia,
     trámites y otros
5    Su presentación personal se                                                              XX
     encuentra acorde a lo establecido
     para un funcionario/a judicial
6    Muestra una actitud solidaria                                XX
     ante las demandas laborales del
     despacho
7    Se acoge al horario establecido               XX
     por la Institución
8    Se le ha brindado la orientación                                                         XX
     precisa que le permita conocer la
     organización general del
     despacho
9    Muestra iniciativa y propuestas                              XX
     que contribuyan al mejoramiento
     del servicio al usuario
10 Ante situaciones cotidianas                     XX
     conflictivas su actitud tiene a ser
     negociador/a, conciliadora
11 Es abierto a la crítica                         XX
     constructiva
12 En términos generales esta                                                   XX
     persona se encuentra capacitada
     para el ejercicio del cargo
13 Sus situaciones personales                                                   XX
     interfieren en la vida laboral
14 Su respuesta ante el trabajo                    XX
     asignado permite contribuir al
     servicio eficiente al usuario
15 Para un mejor desempeño de sus
     funciones esta persona requiere
     de:
Observaciones: Se requiere de mayor tolerancia ante la carga de trabajo y ante los funcionarios del
Despacho, así como mayor respeto hacia los compañeros y una mayor empatía y preocupación por las
personas usuarias.
Datos del evaluador
                                          187

Datos del evaluado
Nombre completo: LIC. SANDRA PEREIRA RETANA
Puesto: JUEZ TRES COORDINADORA
Despacho Judicial: JUZGADO VIOLENCIA DOMESTICA
Fecha: 30/06/09‖
                                           -0-
             Previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso: Solicitar al
       Tribunal de la Inspección Judicial, efectué una visita al Juzgado Contra la
       Violencia Doméstica de Cartago, a fin de determinar los asuntos
       pendientes de fallo a cargo de la licenciada Lourdes María Vega Sequeira
       e informe a este Consejo en el término de 24 horas contadas a partir del
       día siguiente a la comunicación de este acuerdo. Se declara acuerdo
       firme.”

                                          -0-

             En atención a lo anterior, el licenciado Macario Barrantes Ramírez,
       Presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, en correo electrónico
       recibido el 29 de este mes, remitió la ampliación del informe que rindió la
       licenciada Valverde Vega, Inspectora Coordinadora del Área de Control
       de Despacho, el cual textualmente dice:

             ―En cumplimiento de las instrucciones giradas por su persona y
       acuerdo del Consejo Superior en Sesión del día de ayer, Artículo 31, que
       dispuso, en lo que interesa: ―Que la Inspección Judicial efectué una visita
       a fin de determinar la carga de trabajo de la licenciada Lourdes María
       Vega Sequeira. Se declara acuerdo firme.”, me perito rendir informe de
       la labor desempeñada por la Licda. Vega Sequeira, durante el mes de
       julio, en el Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago, donde fue
       nombrada como jueza 3 a partir del 01 de mayo de este año, según Sesión
       del Consejo Superior No.34-09 del 14 de abril del año en curso.

            Cabe agregar que en razón del vencimiento del período de prueba el
       1 de agosto próximo, con fecha 8 de julio, se rindió el respectivo informe
       de su labor durante los meses de mayo y junio anteriores, conocido por el
       Consejo Superior en sesión del 28 de los corrientes, dando origen al
       acuerdo referido.

            En razón de lo anterior, adjunto información recabada el 28 de julio,
       durante la segunda audiencia, en la oficina de la señora jueza, quien se
       encontraba con un período de incapacidad durante los días 27 y 28. Los
                                  188

datos adjuntos abarcan los días del 1 al 24 de este mes, exceptuando la
semana de cierre por vacaciones, del 13 al 17, por lo que se considerarán
13 días laborados.

     Revisando la agenda, se observa que diariamente son convocados 5
señalamientos para cada una de las señoras juezas. En el caso de la Licda.
Vega fueron 40 las audiencias convocadas, logrando efectuar 20 de ellas,
para un porcentaje del 50% de efectividad, continuando la no
comparecencia de las partes como principal motivo de las suspensiones,
18 en este caso, y solo 2 por solicitud del abogado de una de ellas.

     En cuanto al dictado de sentencias, el registro de fallo indica que
resolvió 25 asuntos en el mes de julio, obteniendo un promedio de 1.9
cada día laborado.

      Es importante señalar que al 30 de junio, según se reportó en su
oportunidad, la jueza nombrada mantenía en su oficina 34 expedientes
pendientes de fallo, que le habían sido pasados para tal fin, durante los
dos meses que tenía de laborar en ese despacho. Al día de ayer, 28 de
julio, no solamente seguían pendientes de fallo esos mismos asuntos, a
excepción del No.09-000387-0650-VD, que le fue trasladado a la Licda.
Sandra Pereira, sino que además, los 30 que se detallan a continuación:


         No. Expediente                        Pase a fallo
         09-000957-0650-VD                      28/05/09*
         09-001067-0650-VD                      29/05/09*
         09-000949-06500-VD                     02-06-09
         09-001061-0650-VD                       04/06/09
         09-001111-0650-VD                       10/06/09
         09-001295-0650-VD                       10/06/09
         09-001199-0650-VD                       22/06/09
         09-001007-0650-VD                       30/06/09
         09-001229-0650-VD                       01/07/09
         09-001225-0650-VD                       01/07/09
         09-001233-0650-VD                       01/07/09
         09-001235-0650-VD                       01/07/09
         09-001263-0650-VD                       01/07/09
         09-001275-0650-VD                       02/07/09
         09-000871-0650-VD                       02/07/09
                                   189

         09-001335-0650-VD                       06/07/09
         09-001343-0650-VD                       07/07/09
         09-000847-0650-VD                       07/07/09
         09-001331-0650-VD                       07/07/09
         09-001301-0650-VD                       08/07/09
         09-001053-0650-VD                       20/07/09
         09-001329-0650-VD                       21/07/09
         09-001327-0650-VD                       21/07/09
         09-001317-0650-VD                       22/07/09
         09-0013157-0650-VD                      22/07/09
         09-001371-0650-VD                       23/07/09
         09-001357-0650-VD                       23/07/09
         09-001383-0650-VD                       24/07/09
         09-001403-0650-VD                       24/07/09
         09-001393-0650-VD                       24/07/09


      *En estos asuntos, la audiencia fue atendida por la Licda. Cristina
Dittel Masís, en sustitución de doña Lourdes, y a la fecha no han sido
fallados por ninguna de ellas.

       Para finalizar, la Licda. Sandra Pereira Retana, Jueza Coordinadora,
refiere que el despacho trabaja en coordinación con los Asesores Legales
del Ministerio de Seguridad Pública, y precisamente la Licda. Elva Ulloa
Dávila, funcionaria de ese Ministerio externo su malestar por los atrasos
de la señora jueza al momento de ser llamada para la atención de algunos
casos. Adjunto copia de la queja de la Asesora Legal, de la remisión de
esta a la Licda. Vega Sequeira por parte de la señora jueza coordinadora y
la respuesta de la Licda. Lourdes, para lo que consideren pertinente.‖
                                     -0-
         Por su parte, la licenciada Vega Sequeira, Jueza Contra la
Violencia Doméstica de Cartago, mediante nota recibida el 30 de julio en
curso, manifestó lo siguiente:

      ―Teniendo conocimiento que recientemente se han conocido
informes sobre la Evaluación del Desempeño rendidos por las
Licenciadas Lorena Valverde Vega, Inspectora del Tribunal de la
Inspección Judicial y Sandra Maria Pereira Retana, Jueza Coordinadora
del Despacho sobre mi persona me permito referirme a los mismos de la
siguiente forma: Tengo más de 20 años de laborar para la institución y
siempre he realizado mi trabajo con mucha dedicación, esmero,
                                  190

honestidad, de manera respetuosa hacia todas las personas con las que me
debo relacionar y nunca he tenido queja alguna del personal con el que he
trabajado ni de los usuarios o usuarias. He laborado en Guadalupe, San
José, San Ramón, San Isidro de Pérez Zeledón y nunca he tenido ningún
tipo de roce en lo personal con los compañeros o compañeras ni con los y
las usuarias. Desde el momento en que me enteré de mi nombramiento en
Cartago me sentí muy contenta porque consideré que era una oportunidad
de estar mas cerca de mi casa, ya que vivo en Platanares de San Jerónimo
de Moravia, además de que la materia de violencia doméstica me gusta
muchísimo porque es una materia que le permite a una como Jueza
realizar una labor no solo en el plano jurídico, sino en lo social, puesto
estamos tratando con poblaciones muy vulnerables. Al principio que
llegué al Juzgado creí que todo iba a marchar bien conforme había
conversado anteriormente con la Licenciada Sandra, quien me
manifestaba estar contenta con mi nombramiento en donde incluso me
refirió que se alegraba de que yo era una persona de experiencia en la
materia. En vista de que me he desempeñado durante largo tiempo en este
cargo, en diferentes zonas del país y a que he recibido capacitación en la
materia, pues estoy concluyendo mi maestría en familia, así como a que
he interactuado tanto a nivel profesional como académico soy una
persona de criterio, que he analizado diferentes posiciones y corrientes
doctrinarias y jurisprudenciales, razón por la cual —como resulta lógico
suponer- ello se traduce en la toma de decisiones meditadas y analizadas
con un basto criterio profesional. Esta circunstancia parece haber
indispuesto a la licenciada Pereira quien desde un inicio ha pretendido
que yo tramite los asuntos y los resuelva a la manera que ella tiene
establecida y que en lo personal considero que no es la más conveniente.
Cito ejemplos concretos:

      - La licenciada Pereira dirige a la policía un oficio-orden de
desalojo, lo que no se hace en ningún despacho, pues esta medida va
dirigida al presunto agresor, quien si la desobedece cometerá un delito,
pero no existe prevista legalmente esta posibilidad.

      - En ese Despacho se acostumbra a tener como parte al Pani en
todos los asuntos en la solicitante manifiesta que tiene hijos menores de
edad, saturando la oficina de la OCN con notificaciones pues en
prácticamente todos los procesos las solicitantes tienen niños. Ello —aun
y cuando no lo comparto- lo he debido aceptar por ser un sistema ya
establecido en el despacho y no lo pretendo desaplicar unilateralmente.
Solo que en consecuencia con tal proceder, no puedo realizar una
                                   191

audiencia si el PANI no ha sido notificado Ergo, si se le tiene como parte,
tiene todos los derechos procesales y constitucionales de parte y no veo
como la Licenciada Pereira pretende imponerme que realice la audiencia
en violación al debido proceso, cuestiona el que yo no emita orden de
salida del domicilio. Me atribuyen criterios que yo no he expresado,
confundiendo una circunstancia con otra, por ejemplo dicen que yo no
estoy de acuerdo con la emisión de testimonios de piezas para ante el
Ministerio Público, cuando me entero de que el presunto agresor ha
incumplido la medida de salida del domicilio y se encuentra viviendo en
la casa, confundiéndolo con mi criterio en contra de la no emisión de la
orden de desalojo a la policía, lo que es otra cosa. Siempre realizo el
cambio de ubicación del expediente, pero la licenciada Pereira pretende
que cada cambio de ubicación se imprima y hasta el día de hoy no veo
cuál es la utilidad práctica de realizar tanto gasto de papel. Yo
personalmente tengo una gran cantidad impresa de estos cambios de
ubicación.

      En este Juzgado se hace una diferencia entre el núcleo familiar y la
señora solicitante de las medidas de protección. En esta materia se
acostumbra incluir las prohibiciones al presunto agresor de causar daño
no solamente a la presunta agresora sino además incluir al núcleo familiar
en tal protección, sin embargo, por disposición de la Licenciada Pereira
yo no puedo hacer esto de esta manera y solo puedo incluir al núcleo
familiar cuando expresamente se acusen actos de violencia contra la
ofendida y otros miembros del núcleo familiar.

      Son muchas mas las situaciones que se presentan, de manera que
solamente indico estas a modo de ejemplo, pero lo cierto es que muchas
practicas que no considero sean las mejores, he debido aceptarlas contra
mi voluntad, porque cada opinión que yo expreso en las constantes
reuniones, implican una constante indisposición que se traduce en
miradas de desaprobación y constante combate y enfrentamiento por parte
del personal de apoyo, que sabe que cuenta con el apoyo de la Licenciada
Sandra y saben que yo de parte de ella no voy a tener jamás apoyo alguno.
Todo lo anterior se traduce en un ambiente feo y tenso que me afecta
psicológicamente y me mantiene en constante tensión.

     La licenciada Pereira, con su proceder ha indispuesto a parte del
personal en mi contra, deslegitimando mi autoridad de Jueza, propiciando
que me contradijeran constantemente los procedimientos. De manera que
aquella aparente buena voluntad inicial dejó de existir conforme la
                                   192

licenciada Pereira fue conociendo mi forma de trabajar y dándose cuenta
de que yo tenía una formación sólida como Jueza y con criterios bien
definidos con respecto a la forma de interpretar los procedimientos y
resolver. Es así como comenzaron a existir disgustos en la Licenciada
Pereira que ante su irrespeto a mi forma de resolver, se transmitió hacia el
personal subalterno por las constantes reuniones convocadas por la
Licenciada Sandra Pereira. En estas reuniones la Licenciada Sandra ponía
a los auxiliares a que hablaran y ellos manifestaban que yo digo que no
estoy de acuerdo con tal cosa o que yo dije que lo hago de tal forma y que
se encontraban confundidos. Ante este proceder deslegitimante, me he
sentido atacada, sola y sin ningún tipo de apoyo, porque en el Juzgado
todos están acostumbrados a trabajar a la manera de la Licenciada Pereira.
De manera que el que yo externara mis opiniones diferentes causaba
problemas en el Juzgado, al punto que como indiqué las reuniones eran
constantes y en algunas ocasiones era enfrentada y cuestionada sobre mis
opiniones Lo cierto es que tales cuestionamientos y enfrentamientos me
han afectado a nivel psicológico y siempre que la Licenciada convoca a
reunión yo me siento nerviosa porque se que de nuevo hay algún ataque
hacia mi persona. Resulta evidente que no soy del agrado ni de la
Licenciada Sandra ni de sus auxiliares más cercanos, ya que desde que
llegué no he recibido ningún tipo de apoyo sino que por el contrario han
propiciado y externado malestares hacia mi persona. Cuando la
Licenciada desea decirme algo o entregar algún documento se hace
acompañar siempre de la Asistente Judicial Rocío quien siempre usa una
agenda para anotar todo lo acontecido pero en especial dejar constancia
de mi posición. A la hora de anotar se resalta mi posición para indicar que
yo estoy en contra, no comparto o me opongo a los trámites y costumbres
existentes en el Despacho Cuando se me consulta algo por parte de las
auxiliares lo hacen como probándome y si afirmo algo diferente van y se
lo dicen a la Licenciada Pereira y al rato ella llama de nuevo a reunión o
se encierra en su oficina en compañía de la Asistente Judicial Rocío, lo
cual sucede casi a diario. Resulta de importancia destacar que se me
informó que el Lic. Ronald Figueroa quien ocupó antes esta plaza que
ahora desempeño, la plaza anteriormente pasó situaciones igualmente
difíciles en el Juzgado y por ello optó por irse del Juzgado ya que a él
tampoco lo dejaban realizar su trabajo con independencia. Incluso la
Licda Frania Vindas, Jueza de Familia de Goicoechea, quien laboró en
ese Juzgado, en una ocasión me manifestó que me cuidara de la señora
Sandra Pereira y que en ese Juzgado la única persona que si era auténtica
y transparente era la Auxiliar Judicial de nombre Hannia. Yo he estado
trabajando en un ambiente difícil en el cual no me siento con libertad de
                                   193

realizar el trabajo en forma como yo considero que se debe hacer y
aunque diga que se haga de tal forma por la presión que siento termino
cediendo a que se haga como ellas dicen, incluso cuando he pedido
alguna ayuda no se me brinda. Se me negó la ayuda para solucionar un
problema informático del registro de sentencias posibilidad. Me querían
obligar a borrar datos del libro de sentencias, aduciendo la licenciada
Sandra que ese libro solo nosotros lo usamos, yo me opuse indicando que
ello podría constituir el delito de falsificación de documento, solo porque
en el sistema aparecían dictadas, tal y como lo hice, en el mes anterior,
pero no fueron consideradas en el informe estadístico.

      En el Juzgado es tan evidente la animadversión hacia mi persona
que prácticamente todo me lo cuestionan. El volumen de trabajo en el
Juzgado es muy alto, mayor que el que proporcionalmente se realiza en el
Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en el cual estoy acostumbrada a
trabajar. Sobre esta situación he conversado con la Licda. Sandra y ella
han manifestado que el volumen es alto. Incluso ante la gran cantidad de
trabajo que ella tenía para dictar sentencia y lo que yo tenía le propuse
que solicitáramos la ayuda a la mora judicial para ponernos al día, pero
ella no estuvo de acuerdo. Por el contrario, me ofreció ―amablemente‖
hacer la disponibilidad en la semana de vacaciones del 13 al 17 de julio
de este año, tiempo que fue empleado por ella para sacar su atraso, según
se puede apreciar en el Libro de Sentencias del Juzgado donde consta la
cantidad de expedientes que ella pudo resolver y de ahí la diferencia con
mi escritorio No obstante yo he puesto todo mi empeño para ponerme al
día, aún no me ha sido posible debido no solamente a la gran cantidad de
trabajo que sale a diario, sino además a las consultas de los auxiliares
sobre como resolver por considerar que mejor me consultan y que una vez
que les indicó me cuestionan lo que les señalo, y las constantes acciones
de acoso psicológico que he debido enfrentar por parte de la licenciada
Pereira y el personal Debo agregar que al principio la relación entre la
Licda Sandra y yo parecía buena, en donde incluso en varias ocasiones
viajé con ella en su carro y conversábamos sobre la cantidad de trabajo
que a diario se presentaba en el Juzgado, pero conforme se fue
conociendo mi sistema de trabajo a ella le molesto en donde incluso me
reclamo que yo había estado de acuerdo con ella en unificar criterios pero
como yo le manifesté que en lo que yo tenía que firmar yo lo haría de la
forma como yo consideraba que era la correcta y de ahí en adelante las
cosas comenzaron a cambiar. Para mi la situación se puso difícil en el
Juzgado en donde incluso tuve que consultar a algunas compañeras de
otros circuitos quienes coincidían con lo afirmado por mis persona, pero
                                   194

el problema continuaba en el Juzgado, lo cual considero me ha afectado
no solo en lo personal sino a nivel familiar en donde incluso mi esposo
me había recomendado plantear una demanda por acoso psicológico, ya
que de acuerdo a lo que yo le contaba él llegaba a esa conclusión. Las
cosas estuvieron peor debido a que me correspondió resolver una causa
disciplinaria en contra de la Auxiliar Judicial Lilliam Brenes Solano
entablada por la Licenciada Sandra Pereira en donde incluso la misma
hacía referencias de algunas denuncias existentes en la Inspección
Judicial contra la Licenciada Sandra por acoso psicológico y a partir de la
sentencia de absolutoria dictada por mi persona las cosas se me pusieron
mas difíciles en el Juzgado no de una manera abierta pero si subrepticia,
que incluso conversando con una compañera del Juzgado la misma me
indicó que yo estaba viviendo lo mismo que le habían hecho a otros
jueces que pasaron por este Despacho entre ellos el Licenciado Ronald
Figueroa y que el mismo guarda la correspondencia que la Licenciada
Sandra le entregaba cuando yo concursé la plaza nunca me enteré de
situaciones negativas del Juzgado, pero si me llamó la atención que la
plaza no fue muy concursada por muchos aspirantes y que incluso yo con
una nota no muy alta logré alcanzar el primer lugar, pero no sabía que se
manejaba la información de que el ambiente de trabajo en ese Juzgado no
era agradable y que el Juzgado tema antecedentes bajo la coordinación de
la Licenciada Sandra Pereira, quien es una persona no abierta a la
negociación y a tomar en cuenta la opinión de los demás, considerando
únicamente como correcto lo afirmado por ella. Es tan evidente el ataque
que he recibido que incluso cuando hacemos reunión y yo hablo ella me
vuelve a ver no con muy buenos ojos y la auxiliares subalternas también,
incluso la Asistente Rocío me cuestiona y enfrenta porque sabe que tiene
el respaldo de la Licenciada Sandra. A raíz de esta situación incluso he
presentado problemas de salud que me han llevado a tener que ser
incapacitada y remitida a Psicología, en donde incluso el día de mañana
tengo una cita con un psiquiatra, pero no obstante mi interés es llegar a un
acuerdo en el Juzgado y que el trabajo se realice de la mejor forma y
buscar alternativas para trabajar al día, por ejemplo, pretendo que las
sentencias se dicten de manera oral inmediatamente después de realizada
la audiencia, pero tengo el temor de que ello ocasiones más molestias a la
Licenciada Pereira. Yo he estado dedicando tiempo extra necesario para
poner al día todos los expedientes que hasta este momento se encuentran
pendientes de resolución de fondo En relación con lo informado por la
Licenciada Elva Ulloa Dávila debo indicarles que en lo personal me
reúno con ella y con el asesor Cristian compañero de la Licenciada Elva
Ulloa y ellos me manifestaron que no se imaginaron que la Licenciada
                                          195

       Sandra iba a utilizar ello como una queja o denuncia y que lo presentó por
       escrito porque ella se los pidió, pero que en realidad lo que querían era
       que nos pusiéramos de acuerdo que si por alguna razón se nos presentaba
       un atraso lo avisáramos a ellos y lo coordináramos de una mejor forma,
       indicándome que no tenían conocimiento de que yo viviera en Moravia, y
       que debía desplazarme desde ahí. Nunca he dejado de atender mi trabajo
       de la mejor manera, en donde incluso no existe ninguna queja de los
       usuarios o usuarias, por el contrario todos me han externado su
       satisfacción por la forma como los he atendido, para mí el usuario es muy
       importante y siempre los he respetado como personas que son y con total
       respeto de derechos humanos. Lo que sucedió en dicho comunicado
       según me lo manifestaron los asesores fue un mal entendido y que lo
       debimos haber conversado únicamente, incluso así me lo manifestó la
       Jefa Regional de ellos.

             De todas las situaciones por mí vividas a diario tiene conocimiento
       mi amiga Marlene Castillo Prado y mi esposo José Lorenzo Salas Castro,
       a quienes recurro y quienes me han apoyado emocionalmente.

       Espero que mi informe sea tomado en consideración por Ustedes con el
       fin de profundizar aun más en la investigación de esta situación y buscar
       la mejor solución al problema. Quedo a sus gratas órdenes para cualquier
       aclaración o ampliación que se requiera, sin mas, agradeciendo la
       atención a la presente, se suscribe.‖
                                            -0-
               Se acordó: 1.) Tomar nota del informe anterior. 2.) Por estimar
       este Consejo que los hechos expuestos pueden constituir una falta
       disciplinaria, remitir copia de este acuerdo al Tribunal de la Inspección
       Judicial, para que realice la investigación que corresponda.

                                          -0-

      En relación con el acuerdo anterior, la licenciada Sandra Pereira Retana,

Jueza Coordinadora del Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago, en nota de 7

de setiembre en curso, manifestó lo siguiente:

             ―Por este medio, me dirijo a ustedes, con todo respeto, a fin de
       solicitar se aclare el acuerdo tomado en la sesión 73-09 celebrada el 30 de
                                   196

julio del 2009 artículo LVIII, emitido por este digno Consejo indicando
cuales hechos serán investigados por la Inspección Judicial. Así mismo,
en virtud de la respuesta ofrecida al distinguido Consejo Superior, por
parte de la Licda. Lourdes Vega, Cojueza del Juzgado de Violencia
Doméstica de Cartago, en la que no se pronunció en cuanto a la
calificación ni al Informe presentado por la Inspección Judicial, y por el
contrario, se focalizó en emprender un ataque calumnioso contra la
suscrita, en mi calidad de Jueza Coordinadora, y contra de casi la
totalidad de los funcionarios del Despacho, me veo obligada, a solicitar,
respetuosamente, sea conocida en sesión la presente misiva y sea incluida
dentro de las actas de la sesión en que se conozca.

      Desde que decidí ser parte del Poder Judicial, he sido consciente de
la responsabilidad y seriedad de la función que desempeñan los Jueces en
el país. En todo momento, mí objetivo ha estado orientado a desempeñar
la labor jurisdiccional en concordancia con los parámetros institucionales
que guían dicha función. Todos Nosotros, como funcionarios, nos
obligamos a tener siempre presente la cultura organizacional de la cual
somos parte, a exaltar la visión y misión institucionales, a fortificar los
valores que nos distinguen, y a robustecer los principios que modelan
nuestras conductas.

      Desde que inicie mis labores como Coordinadora del Juzgado, he
puesto todo mi empeño para que el trabajo del despacho, en general, sea
efectivo para el Poder Judicial y para el usuario final. Por la especialidad
que tratamos, es importante tener claro que debemos dar resultados casi
inmediatos a las personas que recurren a nuestra ayuda. En Violencia
Doméstica, los jueces que estamos comprometidos con la materia, somos
también conscientes de que muchas veces constituimos la última
esperanza para la víctima de no ser noticia en algún periódico de
circulación nacional. La sensibilidad social de un juez, y en general de los
funcionarios que se desempeñan en este campo, debe ser muy intensa
para comprender que los objetivos generales, y en especial la protección
inmediata a la persona agredida, está por encima de los intereses
personales. Esta es la forma de actuar en el Juzgado de Violencia
Doméstica de Cartago. El resultado se ha reflejado en los informes
trimestrales que emite la Contraloría de Servicios y los Informes Anuales
que realiza la Inspección Judicial, como ustedes han podido constatar, en
los que se ha corroborado el buen funcionamiento del Despacho, tanto en
el aspecto estadístico como en la atención al público.
                                   197

      En el mes de julio, en mi condición de Jueza Coordinadora, se me
solicitó, por parte de la Unidad Interdisciplinaria, que realizara una
―Evaluación de Desempeño de Jueces Nombrados en Propiedad‖, con
relación al desempeño de la Cojueza Vega, y posteriormente, dar
respuesta vía telefónica al Licenciado Luis Paulino Mora y al Consejo
Superior en pleno, sobre las dudas que se me plantearon con respecto a
dicha evaluación. Este documento, así como la llamada telefónica, fueron
contestados de acuerdo a los principios que rigen mi desempeño como
Jueza Coordinadora, y basada en el trabajo que han realizado todos y cada
uno de los Jueces que estuvieron en propiedad, o de manera interina en el
Juzgado, pero ante todo, de acuerdo a mi conciencia, a mi ética como
funcionaria judicial, a mi responsabilidad, y al compromiso que adquirí al
aceptar ser Coordinadora de un Juzgado de la Corte Suprema de Justicia.
Como ustedes saben, en ningún momento he interpuesto quejas contra la
señora Vega, nunca he interpuesto denuncia alguna en contra de la
Cojueza Vega, ni ante la Inspección Judicial, ni ante el Consejo Superior,
hasta hoy.

      En palabras de la señora Vega, “El volumen de trabajo en el
Juzgado es muy alto, mayor al que proporcionalmente se realiza en el
Segundo Circuito Judicial, en el cual estoy acostumbrada a trabajar”. Si
bien es cierto, el volumen de trabajo en el Juzgado de Violencia
Doméstica de Cartago es alto, es manejable, tal y como se ve en los
informes estadísticos. No obstante a esto, el día que la Cojueza Vega
asumió su cargo en este Despacho, con pleno conocimiento de sus
obligaciones, no existía demora alguna, incluso el escritorio que ella
ocupa actualmente, se encontraba al día y sin ningún expediente ni para
resolver, ni para tramitar. Muy lamentablemente, el atraso se suscitó en el
momento en que la señora Vega tomó posesión del mismo, por lo que en
esas circunstancias, en mi criterio, no correspondía que ese retraso en la
resolución de las causas, fuera resuelto por el Departamento de la Mora
Judicial, ya que el mismo, se había formado en menos de dos meses. Esta
fue la razón, por la que no estuve de acuerdo en pedir ayuda a ese
Departamento, además, de estar segura que el trabajo que existía en ese
momento podía realizarse y ponerse al día con un poco de esfuerzo, dadas
las capacidades de la mencionada profesional. Asimismo, se le ofrecieron
alternativas para solucionar dicho problema, entre ellas: Dejar espacios
entre audiencias y junto con las tardes de los días viernes lograr avanzar
hacia los estándares habituales del Juzgado.

     Considero que esta es la verdadera causa de la indisposición de la
                                   198

Cojueza Vega con mi persona y con el Despacho en pleno. La señora
Cojueza señala en su escrito que en este Juzgado se realizan reuniones,
haciendo ver este hecho normal de coordinación propia de un
Despacho, como un ―complot‖ en su contra. Debo indicar al respecto que
las reuniones que se realizaron no sobrepasan las tres, una en el mes de
mayo y dos en junio. Las mismas se realizan desde mucho tiempo atrás,
dado que el Juzgado se desempeña como un equipo de trabajo altamente
comprometido con su función, al punto, de que la mayoría de los
funcionarios labora jornadas que van más allá del horario normal, solo
con fin de dar un buen servicio al usuario y mantener su escritorio al día
cuando se requiere, sabiendo que no existe retribución monetaria por ello.
Estas reuniones, como bien lo sabe la Cojueza Vega, no son más que un
acto propio de la coordinación del Despacho. Como en todo equipo de
trabajo, se realizan reuniones, las cuales pretenden analizar problemas,
unificar criterios y procedimientos, informar sobre cuestiones importantes
para el Despacho y leer comunicados o informes como de Inspección
Judicial, PAO, Contraloría, comunicar a los compañeros sobre asistencia
a cursos, seminarios, etc. En las tres reuniones, siempre se le trató, a la
señora Vega, con el mayor respeto por parte de todos.

      De mi parte, nunca le impuse ningún criterio, así mismo, ella no
manifestó en ninguna oportunidad que tuviera inconveniente con la forma
de trabajo del Juzgado en general, o que las prácticas del Despacho
interfirieran con su forma de actuar o su independencia como Jueza, por
el contrario, cuando no estaba de acuerdo con alguna idea, lo expresaba
libremente y se le respetó siempre sus valoraciones. Existe un libro de
actas de reuniones en el Despacho para que se constate lo expuesto.

      En cuanto al trámite que se le da a los expedientes solo diré que se
trabaja en concordancia con lo establecido por la Constitución Política,
por los Convenios Internacionales referente a la materia, con lo
establecido en la Ley Contra la Violencia Doméstica y leyes conexas
como el Código de Niñez y Adolescencia, la Ley de Protección a la
Persona Adulta Mayor, etc., de las Normas Prácticas de la Ley Contra la
Violencia Doméstica, en el Protocolo de Aplicación de la Ley contra la
Violencia Doméstica, en la Jurisprudencia, tanto de la Sala Constitucional
como del Tribunal de Familia, y en apego a la sensibilización y
conocimiento de las teorías de género y relaciones de poder, que son
necesarios en esta materia, y que han sido promovidos por las directrices
y circulares del Consejo Superior, mas sin embargo, respetando la libertad
de criterio que tenemos todos los jueces de este país.
                                   199


      Cada mes, como se ha hecho durante todo el tiempo que he sido
Coordinadora de Despacho y a fin de confeccionar la estadística mensual,
en conjunto con la Asistente Judicial, se realizó una conciliación, entre el
Informe que arroja el Departamento de Informática y los datos internos
del Juzgado anotados en los libros de control interno. El resultado, una
discrepancia responsabilidad de la señora Vega. En el mes de mayo, a un
mes de trabajar en el Juzgado, y pese a que solo fueron doce expedientes
los que la Licenciada Vega falló ese mes, había tomado más números del
libro de sentencias de los que había registrado en ese período. Ante este
hecho, la Asistente Judicial y la suscrita, le externamos la situación a la
señora Vega. Su respuesta, fue que ella no sabía que eso se hacía de esa
manera porque solo en ese juzgado se daba que el Juez registrara y
cancelara las sentencias y los expedientes electrónicamente. Yo resolví el
problema presentando los informes y haciendo las notas correspondientes
al Departamento de Planificación por la divergencia de los datos. Nunca
se le dijo a la señora Lourdes que hiciera algo ilegal o que modificara
registros, como ella lo señala en su misiva dirigida al Consejo, así mismo,
nunca se le negó la ayuda para resolver la situación, al punto que de mi
parte se hicieron las gestiones necesarias para resolver el problema, sí le
solicite que dicha situación no se presentara nuevamente, a fin de
mantener la transparencia en los informes estadísticos del Despacho.

      Con relación a la causa disciplinaria de la señora Yamileth Brenes,
la cual fue funcionaria del Despacho, efectivamente, esta causa fue
resuelta por la Lic. Lourdes sin ninguna interferencia de mi parte y sin
ningún comentario más allá de la breve explicación que le di el día que le
entregué el expediente. Las manifestaciones de la señora Cojueza no son
más que opiniones subjetivas sin respaldo alguno. Nunca, se ha abierto
causa en la Inspección Judicial en mí contra por acoso psicológico y para
hacer una manifestación de esa naturaleza, debe al menos, haber
constatado que la información fuera cierta. Nunca, he trabajado con la
Lic. Frania Vindas, a quien ni siquiera conozco y la señora nunca, ha
trabajado con los funcionarios que se desempeñan actualmente en el
Despacho. No he forzado a ningún funcionario de la Fuerza Pública a
interponer denuncia en contra de la Lic. Lourdes. Nunca, he indispuesto
al personal en contra de ella, y menos, he observado que algún
funcionario le falte el respeto, ni como persona, ni como Jueza.
      No omito comunicar que días después de publicarse la anterior Acta
del Consejo donde este problema se hizo público, recibí una llamada de la
Licenciada Frania Rojas en donde me indicó que se encontraba
                                   200

sumamente disgustada con la Lic. Lourdes Vega, por cuanto ella no le
había comentado lo que se manifestó en la nota, máxime que no me
conocía y hacía ocho años que había trabajado en ese Despacho cuando
aún Violencia Doméstica pertenecía al Juzgado de Familia de Cartago.
Además, me remitió copia del correo que le envió a la Lic. Lourdes donde
le manifestaba su inconformidad. Recientemente, también converse con la
Lic. Elba Ulloa Asesora Legal del Ministerio de Seguridad Pública
destacada en Cartago, quién me indicó que efectivamente se había
reunido con la Lic. Lourdes, a solicitud de ella, y en la reunión solo se
trataron las excusas por su incumplimiento del horario acordado en
disponibilidad, pero en ningún momento se le dijo a la Lic. Lourdes que
yo los hubiera obligado a presentar la denuncia por esos hechos y menos
tenían conocimiento de que hubiera una denuncia en contra de la Lic.
Vega. De hecho, entre la fecha de esa reunión y el conocimiento de estos
hechos hay varios días de diferencia, por lo que fue materialmente
imposible que en la reunión indicada se comentara de una denuncia
originada en esta situación.

      Finalmente, agradezco a los compañeros Jueces y Juezas que han
trabajado conmigo en este Despacho, que me han manifestado su
solidaridad y que están dispuestos dar fe de la forma en que se trabaja en
el Juzgado, a los Jueces que me precedieron, que conocen al personal
actual y que fueron pioneros en la materia, instaurando muchos de los
procedimientos que hoy se utilizan en este despacho, y quienes, en estos
días, me han manifestado su solidaridad al ver que soy presa del escarnio
público, por cuanto desde la publicación del Acta del Acuerdo de
Consejo, mi nombre ha sido agraviado y me he visto señalada de
manera injusta, prácticamente como una infractora que instiga a un
Compañero Judicial a cometer hechos inadecuados y que persigue sin
razón a una persona indefensa.

     De igual forma, mi agradecimiento a las funcionarias y el
funcionario del Juzgado que día a día se dedican a realizar con
responsabilidad y eficiencia sus labores.

      Muy en lo personal, y encontrándome en idénticas condiciones que
la señora Cojueza, puesto que al igual que ella vivo en la ciudad de
Moravia, soy estudiante de maestría, esposa y madre a tiempo completo,
considero que la responsabilidad laboral debe ser asumida tal cual lo
exige y merece el digno cargo que ocupamos, sin que sea válido justificar
el atraso en las obligaciones laborales con base en situaciones personales,
                                         201

       ninguno está exento de sufrir una situación familiar difícil, o un
       inconveniente familiar, sin embargo normalmente esta es la excepción y
       no la regla.

            Agradezco de antemano la atención a la presente, me pongo a
       disposición del Consejo para cualquier aclaración o ampliación de la
       presente y reitero mi solicitud de aclaración del acuerdo tomado en la
       sesión 73-09 celebrada el 30 de julio del 200 9 artículo LVIII.‖

                                         -0-

      Se acordó: Tomar nota de la comunicación de la licenciada Pereira Retana y

aclararle que este Consejo remite los acuerdos al Tribunal de la Inspección Judicial

para que analice integralmente las situaciones planteadas y de ser procedente

realicen la investigación respectiva.

                                 ARTÍCULO LXI

      El servidor Juan Carlos Solís Arias, Secretario 1 de la Defensa Pública del

Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en nota de 9 de setiembre en curso, solicitó

lo siguiente:

            ―… interpongan sus buenos oficios, para que mi persona pueda
       continuar en el puesto de secretario en la Defensa Pública de Ciudad
       Quesada, San Carlos.

             Les informo, que Yo ingresé          de meritorio como Auxiliar
       administrativo 1 a la Defensa en marzo del 2007; en enero del 2008 se
       me concedió la plaza nueva de Auxiliar Administrativo 1. A finales del
       2008 se me nombra en forma interino como Auxiliar Administrativo 2 en
       sustitución de la Lic. Nancy Rojas Córdoba, que es la actual propietaria.
       En este momento la Lic. Nancy es Defensora Pública interina en Upala.
       Para ese entonces no se había hecho la recalificación de Auxiliar Ad. 2 a
       secretaria, por lo que no era exigido el título de secretariado o Técnico
       medio en secretariado.
                                          202


            Me comunica la Jefatura de la Defensa que para continuar en este
       puesto, secretario, me conceden tres días para aportar el título, título que
       no tengo, pero que estoy dispuesto a obtenerlo, ya que he hecho las
       averiguaciones y tengo la posibilidad de iniciar los estudios en el mes de
       octubre, todos los sábados con una duración de ocho meses.

             Es por lo antes expuesto que solicito se me permita, continuar
       interino en el puesto de secretario y al mismo tiempo poder llevar el curso
       para así cumplir con el requisito.

            Favor comunicar respuesta al correo de la Defensa Pública de San
       Carlos.‖
                                          -0-

      Se acordó: 1.) Trasladar la gestión al Departamento de Personal para que se

analice el caso del servidor Solís Arias. 2.) Solicitar a ese Departamento valorar la

situación de los servidores y servidoras de la Defensa Pública que se encuentren

en la misma condición del gestionante, con el fin de dar una solución integral a la

problemática planteada respecto al requisito del puesto, y agilizar así los

nombramientos en propiedad que correspondan.

                                  ARTÍCULO LXII

      En sesión N° 82-09 celebrada el 1° de setiembre en curso, artículo XIII,

inciso 2), se aprobó el nombramiento en propiedad de la servidora Rosa María

Baltodano Acosta, en el puesto N° 77734 de Secretaria 1 de la Defensa Pública del

Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Golfito, a partir del 1° de octubre

próximo.
                                          203

      La servidora Noelia Mayorga Catón, Secretaria 1 interina de la Defensa

Pública del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Golfito, en nota de 1°

de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:

             ―… tengo aproximadamente doce años de laborar para el Poder
       Judicial, siete años de estar nombrada en propiedad, en el puesto de
       auxiliar de servicios generales 2, en el Juzgado Penal de Golfito. Desde
       hace tres años me encuentro con un ascenso interino en el puesto de
       secretaria 1 de la Defensa Pública de Golfito, y con el debido respeto que
       se merecen, por este medio me permito solicitarles lo siguiente:

             En el mes de junio del presente año, salieron a concurso las plazas
       vacantes de secretaria 1 de todas las Defensas Públicas del país, el
       problema que se me presenta es que a pesar de que he venido ocupando
       este puesto interinamente y desempeñándome de manera más que
       satisfactoria según mis superiores, no cuento con el requisito de
       secretariado exigido para el puesto, situación que me pone en desventaja a
       la hora de tratar de concursar para el mismo. Según se me había
       comunicado el único título válido para optar por el puesto de secretaria 1
       era el emitido por un Colegio Técnico Profesional, pero leyendo los
       requisitos del puesto, que literalmente indica: ― Bachiller en Educación
       Media y Técnico Medio en Secretariado de un Colegio Técnico
       Profesional, o Título de Técnico en Gestión Secretarial del Instituto
       Nacional de Aprendizaje o Título de Secretariado de una Escuela
       Comercial…”, me enteré que no sólo el título de un Colegio Técnico es
       el único válido para optar por el puesto.

            Ante tal situación solicito respetuosamente, que se suspenda el
       nombramiento en propiedad del puesto de secretaria 1 de la Defensa
       Pública de Golfito y me concedan un plazo razonable, a efecto de poder
       obtener el título de secretaria requerido en una escuela reconocida por el
       Ministerio de Educación Pública, para así poder cumplir con la totalidad
       de requisitos y poder concursar por el puesto. Realizo la presente gestión,
       por conocer de un caso similar, ocurrido en la Defensa Pública de
       Desamparados a la compañera Ester Barrantes, donde se le brindó a ella
       la misma oportunidad que estoy solicitando, de tal forma que yo también
       pueda gozar de la igualdad de oportunidades antes mencionadas. Cabe
       mencionar que el caso de la compañera Ester fue conocida en la sesión
       81-09, artículo 77, del 27 de agosto de 2009.
                                         204


            Para notificaciones señalo el correo electrónico de la Defensa
       Pública Golfito.‖

                                         -0-

      Por su parte, la licenciada Christy Vargas Sandoval, Coordinadora de la

Defensa Pública de ese Circuito, indicó lo siguiente:

             ―Vista la solicitud que realiza la señorita Noelia Mayorga Catón,
       secretaria 1 de esta oficina, es preciso indicar que avalo la gestión que
       realiza la misma, ya que estoy muy satisfecha con la labor que ha venido
       desempeñando en el puesto y considero que es una persona capaz de
       desempeñarse con mística y dedicación como lo ha venido haciendo
       durante estos tres años, por lo cual, solicito con el debido respecto, le
       concedan la oportunidad para que en un tiempo prudencial pueda obtener
       el título de secretariado y cumpla así con la totalidad de los requisitos
       requeridos.‖

                                         -0-

      Se acordó: 1) Trasladar la gestión al Departamento de Personal para que se

analice el caso de la servidora Mayorga Catón. 2) Solicitar a ese Departamento que

analice la situación de los servidores y servidoras de la Defensa Pública que se

encuentren en la misma condición de la gestionante, con el fin de dar una solución

integral a la problemática planteada respecto al requisito del puesto, y agilizar así

los nombramientos en propiedad que correspondan.

                                ARTÍCULO LXIII

      En sesión de Corte Plena Nº 08-09 del 9 de marzo del año en curso, artículo

XXXIV, entre otros aspectos, de conformidad con el artículo 44 párrafo 4° de la
                                          205

Ley Orgánica del Poder Judicial y por tratarse de un proyecto de interés

institucional, se concedió permiso con goce de salario y sustitución a tres

Auxiliares Judiciales 1 del Juzgado Contravencional, a un Auxiliar Judicial 3 del

Juzgado Penal, a tres Auxiliares Judiciales 3 y a un Auxiliar de Servicios

Generales 3 del Tribunal de Heredia, por el término de seis meses a partir del 16 de

marzo de este año, para la colaboración en la tramitación y diligencias referentes a

delitos en flagrancia y con motivo de la creación del Juzgado Penal y el Tribunal

de Flagrancias de Heredia.

      Posteriormente, en sesión Nº 86-09 del 16 de setiembre en curso, artículo

XXVI, de conformidad con la normativa citada, se prorrogó el permiso con goce

de salario y sustitución a tres Auxiliares Judiciales 3 y a un Auxiliar de Servicios

Generales 3 del Tribunal de Heredia, a partir del 17 de los corrientes y hasta el 31

de diciembre de este año, para la colaboración en la tramitación y diligencias

referentes a delitos en flagrancia. Lo anterior en virtud de que para el año próximo,

esas plazas fueron creadas.

      La señora Lizeth Arguedas Espinoza, Auxiliar Judicial del Tribunal de

Heredia, expresó lo siguiente:

             ―La presente es para saludarles y a la vez para solicitarles por este
       medio se sirvan aclarar el acuerdo 8-09 (sic), celebrado en la sesión del
       09 de febrero del 2009, artículo XV del programa propuesto por el
       Magistrado Arroyo, para la atención de contravenciones y delitos en
       flagrancia para el Circuito Judicial de Heredia, el cual dio inicio desde el
                                         206

       01 de marzo del año en curso.

              Mi nombre es Lizeth Arguedas Espinoza, me desempeño como
       auxiliar judicial tres en el Tribunal Penal de Juicio de Heredia, poseo
       propiedad en dicha oficina desde diciembre del 2003 en el puesto 95505 y
       según el acuerdo mencionado líneas arriba actualmente me encuentro con
       un permiso con goce de salario especial y desde el mes de marzo,
       condición de la cual me enteré hasta el 20 de agosto del 2009,
       aproximadamente, a raíz de la solicitud de vacaciones que hice ante las
       jefaturas de la oficina en que laboro, esto porque no fui informada de
       dicho acuerdo, Si bien es cierto y según el acuerdo, se indica: ―De
       conformidad con el artículo 44, párrafo 4° de la Ley Orgánica del Poder
       Judicial y por tratarse de un proyecto de interés institucional, conceder
       permiso con goce de salario y sustitución de Tres Auxiliares Judiciales 3
       del Tribunal de Heredia por el término de seis meses a partir del 16 de
       marzo del 2009‖, no se indica a cuales plazas del Despacho se refieren, y
       de ahí surgen las siguientes consultas: ¿Qué criterio debe tomar el
       Despacho en cuanto a las plazas que gozarán de dicho permiso? ¿Debían
       ser notificados los auxiliares de dicho acuerdo?, ¿Se ven afectados
       derechos laborales a dichos empleados?, en caso de verse afectados
       derechos: ¿Se afecta el cálculo del tiempo servido, jubilación,
       prestaciones, vacaciones o algún otro?

              Por lo anterior solicito se me aclaren por esta misma vía, las
       interrogantes indicadas, esto por cuanto a la hora de solicitar las
       vacaciones hacer la proposición de nombramientos electrónicamente no
       pudo hacerse por la vía ordinaria, esto por la condición especial que goza
       mi plaza. No omito indicar que según consulta realizada al señor Edgardo
       Salazar Cascante, del Departamento de Personal, se gestionaron las
       vacaciones solicitadas y la proposición de nombramiento pero de forma
       directa con dicho empleado. Documentos de los cuales se adjunta copia.‖
                                         -0-

      Se acordó: Se acordó: 1.) Aclarar a la servidora Lizeth Arguedas Espinoza,

que sus derechos laborales no se están afectando por cuanto el permiso con goce

de salario y sustitución se concedieron de conformidad con el artículo 44, párrafo

4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.) Solicitar al Departamento de Personal,
                                          207

brindar asesoramiento al Tribunal de Heredia para el tramite de las vacaciones de

los servidores que laboran en flagrancia y bajo la misma modalidad de la

gestionante. 3.) Comunicar a la Jefatura del citado despacho que deberá informar

en su momento a los servidores sobre los movimientos efectuados.

                                 ARTÍCULO LXIV

      El licenciado Oscar Medina Serrano, Coordinador de Mantenimiento de

Cartera del Departamento de Retención y Servicio al Cliente del Banco Popular, en

facsímil recibido el 8 de de setiembre en curso, expresa lo siguiente:

             ―De acuerdo con nuestra base de datos y a los registros de planilla
       generados por el sistema Centralizado de Recaudación (SICRE), de la
       C.C.S,S.; en El Poder Judicial existe cierta cantidad de Afiliados de
       manera AUTOMÁTICA a Popular Pensiones, en el Régimen Obligatorio
       de Pensión Complementaria (ROPC); este es el fondo de pensión que
       eventualmente servirá para complementar su jubilación futura.
              A través del SICERE únicamente obtenemos la identificación
       mediante su número de cédula y nombre, sin tener a la fecha ningún otro
       dato adicional (Dirección física Teléfono, dirección electrónica,
       beneficiarios, etc), mismos que son esenciales para poder hacerles llegar
       de manera oportuna la información sobre los saldos y rendimientos
       ingresados a sus fondos de ahorro.
              Es por ello que me permito comunicarle que actualmente en el
       Poder Judicial están afiliados con nosotros 6780 colaboradores a quienes
       se les requiere efectuar la actualización de datos de conformidad con la
       Ley 8204 y la normativa de ―Conozca su cliente‖.
              Por lo expuesto anteriormente solicitamos muy respetuosamente su
       colaboración a fin de brindarnos esta autorización general de la visita con
       el único objetivo de que nuestros clientes puedan ser contactados y
       reciban oportunamente la información, el Área de Recursos Humanos, me
       comenta que solo con su autorización se nos podrá dar la información del
       lugar de trabajo de los funcionarios correspondientes.‖
                                             -0-
                                       208

      Informa el licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, que en su

oportunidad, tanto en el Primer Circuito Judicial de San José, cuanto en los

principales circuitos del país se concedió autorización para que los entes estatales

tuvieran un lugar en el que los servidores pudieran llegar a actualizar sus datos

personales.

      Asimismo, manifiesta expresamente que en su caso particular y como

afiliado al fondo de pensiones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, no

autoriza al Departamento de Personal para que le sea entregada la información que

se da cuenta.

      Manifiesta el integrante Martínez Fernández, que la información del lugar de

trabajo de cualquier servidor del Poder Judicial, es información pública y que

incluso en su caso así ha sido ubicado por personas interesadas en localizarlo.

En cuanto a la gestión que presentan los representantes del Banco Popular y de

Desarrollo Comunal, estima que tratándose de una entidad del Estado, sujeta a una

serie de regulaciones, no encuentra motivo para denegar la información que

requieren; en el entendido que corresponderá únicamente a cada uno de los

afiliados a ese régimen de pensión complementaría, decidir de acuerdo a sus

circunstancias y criterio, si les es posible atender a los funcionarios de ese

Banco en la visita que tienen programado realizar y la información que estén
                                       209

dispuestos a brindarles. Finalmente, considera que será responsabilidad de esa

entidad, el manejo y la confidencialidad con que trabajen los datos que se les

pueda brindar.

    Se acordó: 1.) Tomar nota del informe y de las manifestación del licenciado

Alfredo Jones León y de las del Integrante Martínez Fernández, lo que también

hará el Departamento de Personal, para lo que corresponda. 2.) Por mayoría,

acoger la gestión del licenciado Oscar Medina Serrano, de forma que se autoriza al

Departamento de Personal, a brindar únicamente, la información del lugar de

trabajo de los y las servidoras judiciales, correspondiente al listado que

proporcionará el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, relativo a los afiliados

al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria que administra esa entidad.

    Las licenciadas Conejo Aguilar y Chaves Cervantes votaron por denegar la

gestión anterior, por estimar que no es conveniente dar una autorización general y

considerar que es obligación de cada afiliado mantener actualizados sus datos.

                                ARTÍCULO LXV

      Mediante Circular N° 157-02 bis de 20 de enero de 2003, publicada en el

Boletín Judicial N° 28 de ese mes, la Secretaría General de la Corte, hizo de

conocimiento de las autoridades judiciales del país, lo dispuesto por este Consejo,

en sesión N° 87-02, celebrada el 19 de noviembre de 2002, artículo LXXIV, en
                                          210

que dejó sin efecto la Circular N° 144-02, sobre la prohibición de brindar a

particulares información de expedientes judiciales.

      En relación con lo anterior, el licenciado Carlos Humberto Venegas Avilés,

Juez Coordinador del Juzgado de Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito

Judicial de Guanacaste, mediante correo electrónico de 8 de setiembre en curso,

comunicó lo siguiente:

              ―Para el estimable conocimiento del Consejo Superior remito la
       siguiente solicitud: En varias ocasiones, representantes de Oficinas de
       abogados, se han apersonado a este despacho con la finalidad de obtener
       información de los libros de entradas generales, principalmente
       relacionado con la materia de cobro judicial. En cuanto a la información
       que consta en los libros de entradas físicos, ello nunca ha representado un
       problema, pues simplemente se les facilita el libro correspondiente a fin
       de que se transcriba la información que les interesa. No obstante lo
       anterior, si se ha presentado una serie de inconvenientes en relación a la
       información que no consta en libros físicos, sino informáticos, pues los
       usuarios en cuanto a esta información se refiere, lo que pretenden es que
       el despacho les haga una copia de la base de datos para llevarse la
       información en un medio electrónico (llave maya, disco compacto, etc).-

              Los interesados, en las ocasiones mencionadas, han fundamentado
       su gestión en las circulares 157 y 157 Bis del año 2002, mediante las
       cuales se autorizó a los particulares el acceso a la información crediticia
       que se conserva en los despachos judiciales. No obstante lo anterior,
       estima el suscrito, que lo pretendido por los usuarios, dista bastante de lo
       acordado por ese Consejo mediante las circulares indicadas, pues en las
       mismas se establece con claridad que en el caso de los datos que se
       almacenan en registros informáticos, el deber de los servidores judiciales
       se limita a facilitar la consulta a la base de datos, para que igualmente se
       transcrita por la persona interesada, no una copia de la misma almacenada
       en un medio electrónico como se indicó pretenden los usuarios.-

             Ahora bien, estimo que el problema no consiste en mostrar la
       información a la persona usuaria, sino en la forma o el procedimiento de
                                    211

hacerlo, pues se presenta un problema; al menos en este despacho, para
facilitar la consulta a la base de datos a las personas usuarias, pues
incluso el perfil de consulta de los auxiliares judiciales, le brinda acceso
al usuario a realizar ciertas modificaciones necesarias de su gestión y
además le brinda acceso a la carpeta de "borrador público", que como
todos sabemos contiene información que no puede ser mostrada a los
usuarios, pues no se encuentra en firme, y por ello considero que no
resulta conveniente facilitar a los usuarios este tipo de consulta, amén de
que ello implicaría dejar sin computador a un auxiliar durante el tiempo
que el usuario la utilice.-

        He consultado el asunto con el personal de informática de este
circuito judicial, y se me ha informado que existe la posibilidad de
generar un reporte de casos entrados, realizando una consulta por fecha
de entrada, no obstante he verificado que dicha consulta no asocia los
intervinientes, que es la información que mas interesa a los usuarios.
Asimismo, he verificado que al realizar una consulta en la carpeta de
intervinientes y por fecha de entrada que es la única información que los
usuarios proporcionan, este genera un reporte por fecha de entrada y por
interviniente pero sin asociar el tipo de interviniente ni la naturaleza del
proceso, que según he podido entender es una información importante
para las usuarios que realizan este tipo de gestiones. En todo caso según
me han informado en el departamento de informática, una consulta de
este tipo, para obtener la información de todos estos años en que no existe
libro físico de entradas, podría durar incluso varios días, con los
inconvenientes que ello generaría en la gestión del despacho.-

       Según me han informado en el departamento de informática de este
circuito judicial, las decisiones sobre la conveniencia o no de brindar a los
usuarios la información de las bases de datos que han solicitado,
corresponden al jefe del despacho, quién es el responsable de tal decisión,
y quién deberá autorizar la gestión, lo que considero; salvo mejor criterio
de ese consejo, resulta contraproducente, pues como sabemos la
información de las bases de datos de todos los despachos con Sistema de
Gestión se almacena en servidores ubicados en el departamento de
informática, por lo que se estima, salvo que ese honorable Consejo
considere otra cosa, debería corresponder a dicho departamento o al
Departamento de Tecnología de la Información, no solo por el fácil y
rápido acceso que pueda obtenerse, sino sobre todo porque la gestión se
realizaría por técnicos especializados, garantizándose de tal manera que la
información brindada a los usuarios es la necesaria para los fines
                                          212

       apuntados, sin violentar los derechos de las personas.-

               En virtud de todo lo expuesto, de conformidad con la normativa de
       control interno vigente, a fin de garantizar la seguridad de la información
       almacenada en las bases de datos de este despacho, remito la presente
       solicitud, a fin de que ese Consejo, si resulta procedente, se sirva aclarar
       los alcances en este sentido de las Circulares 157 y 157 Bis del año 2002,
       y se sirva establecer las pautas y el procedimiento a seguir ante
       solicitudes como la que nos ocupa, así como los funcionarios o
       departamentos encargados de realizar tales gestiones, todo a fin de poder
       brindar a los usuarios, una información precisa y ágil cuando se formulen
       solicitudes de esta naturaleza.-‖
                                          -0-

      Se acordó: Comunicar al licenciado Carlos Humberto Venegas Avilés que

de existir interés legal, los personas usuarias podrán tener acceso a los expedientes

judiciales y utilizar los medios tecnológicos como fotocopiadoras, escáneres

portátiles, cámaras digitales y otros, para la obtención de copias de los expedientes

y documentos, siempre que estén debidamente autorizadas, por lo que el despacho

deberá tomar las precauciones y controles correspondientes.

      Lo anterior de conformidad con lo resuelto por este Consejo en sesión N°

84-05, celebrada el 25 de octubre, artículo LXIV, comunicado mediante circular

N° 169-05 publicada en el Boletín Judicial N° 6-06 del 9 de enero del 2006.

                                 ARTÍCULO LXVI

      En sesión N° 77-09 celebrada el 13 de agosto recién pasado, artículo XLIX,

se aprobaron las reasignaciones de los puestos de las administraciones regionales

citadas en ese acuerdo, a partir del 30 de abril del 2009, fecha en que el Consejo
                                          213

Superior conoció del acuerdo del Consejo de Personal en que consultó si debían

continuar o no con el trámite del estudio de clasificación y valoración de las

Administraciones Regionales ya conocido por ellos y sobre el cual no tenían

observaciones de índole técnico.

      En atención a lo anterior, el señor Luis Ángel Vásquez Vallejos, Profesional

1 interino de la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de

Guanacaste, en nota de 7 de los corrientes, expresó lo siguiente:

              ―Desde enero de 2007 me he desempeño en el puesto No.20305
       como Profesional 1 en la Administración Regional de Liberia del Primer
       Circuito Judicial de Guanacaste, puesto en el cual me he desempeñado de
       forma interina hasta la actualidad.
              El requisito para poder cubrir este puesto era tener Bachillerato en
       una carrera afín, por lo que en base a la Circular No.16-2009 sobre los
       lineamientos a seguir para el nombramiento en propiedad en las plazas
       vacantes, publicado en la Gaceta No.39 del 25 de febrero de 2009 y su
       modificación mediante Circular No.43-2009 publicada en la Gaceta
       No.85 del 05 de mayo de 2009, me encontraba como elegible para el
       puesto en propiedad en esta plaza de Profesional 1. Sin embargo con la
       nueva reestructuración de las Administraciones Regionales aprobada en
       Sesión No.77-2009 artículo XLIX del 13 de agosto de 2009 este puesto
       fue recalificado y requiere como requisito el nivel a Licenciatura.
              Ante esta situación; mis objetivos fueron tener la licenciatura en la
       Carrera de Administración de Negocios antes que se realizara la nueva
       reestructuración administrativa, sin embargo por situaciones de salud de
       mi Señor Padre y otras situaciones personales, tuve que hacer
       ampliaciones para poder terminar mi tesis o proyecto y a esta fecha me
       encuentro en espera únicamente de defenderla para poder cumplir con
       este requisito y tener el grado académico de Licenciado.-
              Es por ello; que acudo ante ustedes para que se me conceda una
       prorroga por el lapso de seis meses para poder cumplir con los requisitos
       necesarios, ya que como les comente el puesto fue recalificado y me
       gustaría poder seguir sirviendo a la Institución desde el puesto donde me
       desempeño.
                                         214

              Cabe indicar; y de la manera más humilde y sencilla, que durante
       el tiempo que me he desempeñado como profesional 1 en la
       Administración Regional de Liberia, he cumplido a cabalidad con las
       exigencias y demandas que el puesto amerita, y que mi aporte y esfuerzo
       a ayudado a conseguir resultados positivos y en base a los objetivos
       propios de la administración y siempre en bienestar del Primer Circuito
       Judicial de Guanacaste.‖
                                         -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al

Departamento de Personal, que en relación con la reasignación de los puestos de

las Administraciones Regionales informe, en el término de 5 días contados a partir

del siguiente a la comunicación del presente acuerdo, quienes son los servidores

que se encuentran nombradas interinamente en las plazas de las administraciones

regionales y no tienen requisitos.

                                ARTÍCULO LXVII

      En sesión N° 26-08 del 10 de abril del 2008, artículo LXXIX, se tomó el

siguiente acuerdo:

              ―En oficio N° DDSS-821-08 de 8 de abril en curso, el doctor José
       Miguel Rojas Hidalgo, Director de la Dirección de Desarrollo de
       Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, expresa lo
       siguiente:
           ―ASUNTO: Solicitud de Audiencia para presentación propuesta del Plan Piloto
           Medicina de Empresa CCSS-Tribunales de Justicia.


              En atención al asunto mencionado en el epígrafe, le solicito
       respetuosamente, una audiencia ante los miembros del Consejo Superior de la
       Corte, con el fin de realizar la presentación de la propuesta correspondiente al
       Plan Piloto que se llevaría a cabo entre la Caja Costarricense del Seguro Social y
       la Corte Suprema de Justicia para la Atención Integral en el Escenario Laboral. Se
                                          215

       sugiere una fecha de ser posible en la semana venidera, en día y hora indicada por
       ustedes.‖
                                          -0-

            Se acordó: Acoger la gestión anterior y conforme lo solicita el
       doctor José Miguel Rojas Hidalgo, conceder la audiencia para tratar el
       asunto señalado. Para tal efecto, se señalan las 8,30 horas del 18 de abril
       del 2008, en la oficina N° 907, noveno piso del Edificio de la Corte. Se
       declara firme este acuerdo.”
                                          -0-

      En nota de 20 de agosto en curso, los servidores Nydia Piedra Ramírez y

Sammy Ugalde Villalobos, del Juzgado de Cobro y Asuntos Sumarios, Luis Chang

Pizarro, de la Fiscalía General, Ana Victoria Acuña Arana, de la Contraloría de

Servicios del Segundo Circuito Judicial de San José, Adriana Salazar Quesada, de

la Biblioteca Judicial, Sady Jiménez Quesada, del Tribunal Contencioso

Administrativo y Civil de Hacienda, Anabelle Cordero Montero, del Juzgado de

Trabajo y Ana Isabel Orozco Álvarez, del Servicio Médico para Empleados, todos

del Segundo Circuito Judicial de San José, solicitan lo siguiente:

             ―El Consejo Superior en sesión N° 26-08 celebrada el 10 de abril del
       año 2008, articulo LXXIX, acordó implementar el Plan Piloto de
       Atención Integral en Salud en coordinación con la Caja Costarricense del
       Seguro Social (CCSS), para lo cual, entre las acciones coordinadas se
       llevó a cabo una actividad de Promoción de la Salud el día 13 de mayo
       del año en curso, que fue impartido por personal de la CCSS. Dentro de
       las acciones a desarrollar en la Promoción de la Salud, se encuentra la
       participación activa de los usuarios de salud en las actividades y
       proyectos para mejorar su salud.
             Cabe mencionar que en el Plan Estratégico del Sector
       Administrativo, se anota la necesidad de implementar programas de
       atención integral en salud que contemple las área de Promoción de la
       Salud, Prevención de la enfermedad, reinserción laboral, y de salud
                                          216

       ocupacional, mientras que el Plan Estratégico Institucional,
       específicamente el objetivo 10 está relacionado a la necesidad de
       consensuar y consolidar la política estratégica de recursos humanos
              Se les comunica que con el interés de contribuir a un mejor
       desarrollo del elemento humano, mediante planes y proyectos para
       fomentar y fortalecer la salud de los servidores judiciales del Circuito, se
       ha constituido un Comité de Salud conformado por los suscritos.
             El Comité de Salud ha realizado, desde noviembre del año 2008 a la
       fecha, una serie de reuniones en la hora de almuerzo, de tal forma que se
       ha desarrollado un Plan de Trabajo para el II semestre del año en curso, el
       cual se adjunta.
             Basados en lo anterior se solicita se otorgue el permiso respectivo
       para el funcionamiento oficial del Comité de Salud en el II Circuito
       Judicial de San José, así como autorización para programar las reuniones
       durante una audiencia al mes.‖
                                          -0-

      Se acordó: 1.) Acoger la gestión del Comité de Salud del Segundo Circuito

Judicial de San José. 2.) Tomar nota del plan de trabajo. 3.) Informar a los

integrantes del citado comité que deben comunicar a su Jefatura cuando deban salir

a atender algún evento.

      La Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de San José

tomará nota para lo que corresponda.

                                ARTÍCULO LXVIII

       Mediante circular N° 76-07 del Consejo Superior, publicada en el Boletín

Judicial N° 167-07 del 31 de agosto del 2007, se comunicó a todos los Juzgado

Penales sobre el "Deber de enviar a los Juzgados de Tránsito los asuntos que se

desestiman en vía penal", la cual literalmente dice:
                                    217

                         “CIRCULAR N° 76-07

Asunto: Se deja sin efecto las Circulares N° 120-2003 y 161-2004 sobre
        el "Deber de enviar a los Juzgados de Tránsito los asuntos que
        se desestiman en vía penal", y en su lugar se aprueba la
        propuesta elaborada por la Comisión de Tránsito.

         A TODOS LOS JUZGADOS PENALES DEL PAÍS
                 SE LES HACE SABER QUE:

      El Consejo Superior, en sesión N° 52-07, celebrada el 19 de julio de
2007, artículo XLVIII, dispuso a solicitud de la Comisión de Tránsito,
dejar sin efecto las Circulares N° 120-2003 y 161-2004 sobre el "Deber
de enviar a los Juzgados de Tránsito los asuntos que se desestiman en vía
penal", y aprobó la propuesta de esa Comisión, con el fin de orientar el
trámite de los asuntos relacionados con esa materia, en los siguientes
términos:

      1) Las causas desestimadas, en sede penal, por el delito de lesiones
culposas ocurridas a raíz de un accidente de tránsito no deben ser
remitidas al Juzgado de Tránsito; sino que permanecerán en el archivo del
Juzgado Penal correspondiente, a fin de que la parte interesada que así lo
desee pueda instar y reactivar la causa en un momento posterior, siempre
en sede penal. En caso de que no se inste y exista interés de alguna de las
partes, la indemnización por los daños y perjuicios deberá tramitarse en la
vía civil correspondiente.

      2) Se remitirán al Juzgado de Tránsito únicamente aquellos casos en
que no se configure el delito de lesiones culposas, por existir incapacidad
igual o inferior a los cinco días.

      3) Si se trata de un hecho que nace en sede de tránsito y en el cual se
determina una incapacidad por un período superior a los cinco días, se
declara la incompetencia para ante el Ministerio Público. Si la parte
interesada no insta, se ordenará la desestimación, y respecto de los daños
y perjuicios deberán dirimirse en la sede civil correspondiente. Por ende
estos expedientes no volverán al proceso de tránsito. Debe rescatarse que
pese a que la jurisdicción de tránsito se caracteriza por una respuesta más
expedita, no es posible entrar a conocer las causas en que haya lesiones,
por lo que no es competente para tramitar delitos.‖
                                    -0-
                                          218

      En relación con la circular indicada anteriormente, mediante correo

electrónico de 10 de setiembre en curso, el licenciado Olman Ulate Calderón, Juez

del Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, expresó lo siguiente:

             ―A raíz de un asunto que debí resolver al conocer en segunda
       instancia ante una apelación formulada por un co-imputado contra una
       sentencia de sobreseimiento definitivo por el delito de lesiones culposas,
       muy respetuosamente me permito sugerir al honorable Consejo Superior,
       Comisión de Asuntos Penales y Comisión de Tránsito replantearse los
       alcances de la Circular N° 76-07 emitida por el Consejo Superior, con
       fundamento en las siguientes consideraciones:

             I.- Para cuando se emitió el criterio reseñado en la Circular N° 76-
       07 el delito de lesiones culposas según la inteligencia del artículo 18 del
       Código Procesal Penal era un delito de acción pública perseguible a
       instancia privada, lo que explica el por qué las causas desestimadas por
       dicha ilicitud debían permanecer archivadas en el Juzgado Penal a espera
       de si la parte ofendida instaba la persecución de delito (punto 1 de la
       circular), y eso mismo explica el por qué mientras no fuera superado el
       obstáculo procesal (instancia privada) lo atinente a los aspectos civiles
       (por ej: daños materiales) debían ser dilucidados en la vía civil. (punto 3
       de la circular).

             II. Que con la reforma al inciso c) del artículo 18 de la ordenanza
       procesal, mediante ley 8696 que entró en vigencia el 23 de diciembre del
       2008 según Alcance N° 55 a la Gaceta N° 248, el delito de lesiones
       culposas pasó de ser un delito de acción pública perseguible a instancia
       privada, a un delito de acción pública, es decir, se eliminó el obstáculo
       procesal con el cual fue concebido desde la promulgación de la nueva
       normativa procesal. Esta reciente reforma procesal plantea en mi humilde
       criterio la necesidad de reformular los alcances de la circular 76-07, por
       cuanto en caso de que la víctima halla sufrido una incapacidad superior a
       los cinco días pero no tenga interés alguno en brindar al Ministerio
       Público su versión de los hechos, ya sea porque no le interesa el proceso o
       porque arregló extrajudicialmente con los implicados y resulte
       imposible determinar la dinámica de los hechos y la probable
       responsabilidad penal de quien o quienes figuren como imputados (en
       caso de colisión y la víctima no sea uno de los conductores), lo que
                                          219

       correspondería al fiscal sería promover la desestimación de la causa por
       insuficiencia de elementos probatorios capaces de intimar hechos y
       formular el requerimiento acusatorio (artículo 299 C.P.P.) y de ser
       acogida por el juzgador penal preparatorio ordenar su inmediata remisión
       al Juzgado de Tránsito para que se pronuncie respecto de las infracciones
       a la Ley de Tránsito y sobre la eventual responsabilidad civil por los
       daños causados. Esta posición fue la asumida por el honorable Consejo en
       las Circulares 120-2003 y 161-2004, las que sin embargo posteriormente
       fueron dejadas sin efecto por la 76-07, con buen tino por cuanto la norma
       procesal aplicable en ese momento (art. 18 del C.P.P.) no permitía una
       conclusión distinta a la considerada por la Comisión de Tránsito, sin
       embargo, la regulación jurídica de ese tópico varió con la reforma
       procesal citada, lo que a juicio del suscrito juzgador demanda replantearse
       las directrices emitidas. Por los momentos creo que lo procedente sería
       volver a los alcances de la Circular N° 120-2003, toda vez que en caso de
       no existir suficiente prueba para fundar una acusación por el delito de
       lesiones culposas, y tratándose la Ley de Tránsito de orden público
       corresponde al Estado pronunciarse sobre las infracciones acaecidas y las
       consecuencias civiles derivadas de una conducción contraria a los
       principios y normas que rigen la circulación en las vías terrestres.

            Dejo así planteado mi criterio sobre la necesidad de emitir una
       nueva circular retomando los alcances del criterio vertido por el Consejo
       Superior en la circular 120-2003.‖
                                          -0-

      Se acordó: Tomar nota de la gestión anterior y trasladarla a análisis e

informe de la Comisión de la Jurisdicción de Tránsito.

                                 ARTÍCULO LXIX

      Mediante Circular N° 74-09 de 2 de setiembre en curso, la Secretaría

General de la Corte hizo de conocimiento de la Judicatura, Ministerio Público,

Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial, que el Consejo Superior

en sesión Nº 63-09 celebrada el 18 de mayo del 2009, artículo LXIX, aprobó
                                        220

realizar una adición al punto 8) del ―Protocolo para Trasladar en Condiciones de

Seguridad a los Representantes de la Judicatura, Ministerio Público y Defensa

Pública en el Ejercicio de sus Labores‖,cuyo texto fue divulgado mediante Circular

56-2009, publicada en el Boletín Judicial Nº 109 de 08 de junio de 2009.

      En relación a la circular mencionada, en correo electrónico de 9 de setiembre

en curso, el licenciado José Francisco Calderón Zúñiga, Asistente Judicial 1 del

Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José,

manifestó lo siguiente:

            ―… por laborar en el despacho de Pensiones Alimentarias del
       Segundo Circuito Judicial de San José, algunas veces necesitamos algún
       tipo de seguridad de la que se habla en la presente circular, por cuanto
       todos los viernes tenemos que practicar ordenes de allanamiento y en
       algunos lugares conflictivos como son: Purral, Los Cuadros, León XIII,
       Tirrases de Curridabat, Coronado, Lotes Méndez. Favor indicarnos si
       dicha circular cubre a este despacho y si es así informar de previo con
       quien hay que coordinar para efectos de la colaboración que nos puedan
       brindar los compañeros del Organismo de Investigación Judicial.‖
                                        -0-

      Previamente a resolver lo que corresponda y por mayoría, se acordó:

Trasladar la gestión anterior a la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial, para que en el término de tres días contados a partir de la

comunicación de este acuerdo, analice la planteado por el licenciado José

Francisco Calderón Zúñiga, e informe a este Consejo lo que corresponda.

      El licenciado Martínez Fernández, dispuso comunicar al licenciado José
                                          221

Francisco Calderón Zúñiga, Asistente Judicial 1 del Juzgado de Pensiones

Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José, que de conformidad con la

circular Nº 56-2009, ese despacho está cubierto por el ―Protocolo para Trasladar en

Condiciones de Seguridad a los Representantes de la Judicatura, Ministerio

Público y Defensa Pública en el Ejercicio de sus Labores‖, por lo que en caso de

requerirlo, deben seguir sus lineamientos. Se declara acuerdo firme.

                                 ARTÍCULO LXX

      La servidora Jacqueline Hidalgo López, Secretaria 1 de la Defensa Pública

de Siquirres, en nota de 2 de setiembre en curso, solicitó lo siguiente:

             ―… me presento ante ustedes para hacerle de su conocimiento la
       situación que se esta generando a raíz de nuevas directrices para el perfil
       académico de mi puesto, el cual me solicitan el secretariado. Cuando
       ingresé a la Defensa Pública no tenía conocimiento de este requisito,
       tampoco se me informó, lo cual estoy muy preocupada en vista que mi
       situación cambiará bruscamente, tengo conocimiento de que una
       secretaria, Ester Barrantes vargas, ha formulado esta misma petición y se
       la ha otorgado el plazo solicitado.

            Estimados señores, lo que solicito es que me otorguen un plazo
        necesario para poder cumplir con este requisito: técnico secretariado, y
       poder mantenerme laboralmente activa en la institución, mi
       nombramiento es hasta este mes (septiembre). POR LO QUE SE ME
       HACE URGENTE SU DECISIÓN.‖
                                          -0-

     Consultado vía telefónica a la señora Lupita Polanco Obando, Secretaria 1 de

la Defensa Pública de Siquirres, informó que se encuentra ascendida como

Defensora Pública en ese mismo despacho, hasta el último día laboral del año en
                                          222

curso, porque nombraron a otra persona en propiedad en esa plaza.

      Se acordó: 1.) Comunicar a la servidora Hidalgo López que en el tanto la

propietaria de la plaza no regrese puede ocupar el puesto. 2.) Solicitar al

Departamento de Personal valorar la situación de los servidores y servidoras de la

Defensa Pública que se encuentren en la misma condición del gestionante, con el

fin de dar una solución integral a la problemática planteada respecto al requisito

del puesto, y agilizar así los nombramientos en propiedad que correspondan.

                                 ARTÍCULO LXXI

      Mediante circular N° 16-09 publicada en el boletín judicial N° 39 del 25 de

febrero de este año, se comunicó a los servidores y servidoras judiciales del país y

a las asociaciones gremiales del poder judicial, los lineamientos a seguir para el

nombramiento en propiedad en las plazas vacantes.

      La señora Movany Bryden Morgan, servidora de la Defensa Pública del

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en nota de 11 de setiembre en curso,

solicita lo siguiente:

              ―Quien suscribe, Movany Bryden Morgan, mayor de edad, soltera,
        funcionaria judicial con una trayectoria de más de veinte años de laborar
        para la Defensa Pública, cédula de identidad 7-088-039, vecina de Limón,
        por este medio comparezco, de manera respetuosa, a hacer de su
        conocimiento una situación laboral actual que me causa perjuicio. El
        Departamento de Gestión Humana sacó a concurso, según número 0349-
        2009, el puesto de secretaria de la Defensa Pública de Limón. No
        obstante ello, aunque yo formaba parte de la nómina de 12 personas
        oferentes y, en ese sentido, el mismo coordinador propietario de dicha
                                   223

oficina, Msc. Mario Alberto Serrano Zamora, recomendó mi nombre para
el puesto, la Jefatura de la Unidad Administrativa no me propuso ya que,
según su criterio, no cumplía con uno de los requisitos para el cargo,
concretamente el título de secretaria.
      Es importante señalar que la recomendación del coordinador
obedece, según lo expuso, a la idoneidad comprobada de mi persona en
el puesto de secretaria que ocupo de forma interina desde hace cuatro
años aproximadamente. Debo decir que he sido destacada por parte de los
diferentes coordinadores como una persona de gran dedicación, honradez,
compromiso y mística en el desempeño de mi función.
       Esta idoneidad comprobada en el puesto debe ser valorada a
efectos de que se me nombre en propiedad con base en las Circulares 16-
2009, que enumera el artículo XXXII de la sesión 06-09, del Consejo
Superior celebrado el veintidós de enero del dos mil nueve, sobre los
lineamientos a seguir para el nombramiento de propiedad en las plazas
vacantes y número 43-2009 artículo LII de la sesión 31-09 del 31 de
marzo del dos mil nueve, aunado ello los requisitos del Manuel de
Puestos de Departamento de Gestión Humana. En este mismo sentido,
debo mencionar que como parte de la actualización en pro del
mejoramiento en la prestación del servicio he sido capacitada por parte de
la Escuela Judicial en diferentes temas que tienen que ver con el puesto
de secretaria según se puede ver en mi expediente en el Departamento de
Personal. Un aspecto de suma importancia es que, según mi educación
secundaria en el colegio Técnico Profesional de Limón, obtuve el grado
de TECNICO MEDIO EN CONTADOR y el título de Conclusión de
Estudios de Educación Diversificada en Educación TECNICA
MODALIDAD COMERCIAL ESPECIALIDAD CONTABILIDAD, de
modo que el tema de secretariado no es ajeno a mi formación educativa
ya que aprobé cursos de mecanografía, ortografía, redacción, etc.

       Esta situación laboral que les expongo no es nueva dentro del
Poder Judicial, ya que en el pasado, ante casos similares, se han dado
pronunciamientos favorables a los funcionarios, ello en aras de la mejor
prestación del servicio público y de no causar desfases en las oficinas. De
este modo, con base en el acuerdo de Corte Plena en la Sesión N° 02-02
del veintiuno de enero del dos mil dos en su artículo XIV, y el acuerdo
del Consejo Superior en la Sesión 37-07 artículo XXXVIII celebrada el
veintidós de mayo del dos mil siete, solicito la convalidación de mi título
de Técnico Medio en Contabilidad al título de secretariado según el
requisito del puesto. Para ello es importante hacer mención del estudio
realizado bajo el oficio 346-JP-07 informe número IDH- 0343-07 que
                                   224

dice: “Acoger el informe presentado por el Departamento de Personal y
aprobado por el Consejo de Personal, en el entendido que las
reasignaciones que se aprueban de servidores y servidoras que no
cumplen con el requisito académico, lo es en el tanto que el citado
Departamento y el Consejo de Personal han determinado que se les
puede aplicar el criterio de preparación equivalente del requisito
académico, mediante la comprobación de que están nombrados en
propiedad, cuentan con suficiente experiencia específica en el puesto a
reasignar, antigüedad en el Poder Judicial y cursos de capacitación
complementarios que le permiten ejercer el cargo con idoneidad,
criterios que continuará el citado Departamento de Personal aplicando
en el caso de puestos no profesionales, por cuanto en los de profesionales
regirá lo dispuesto por este Consejo en sesión N° 9-07 celebrada el 6 de
febrero de este año.” Esto debe valorarse a la luz de la responsabilidad
del Poder Judicial en la prestación del servicio, ya que la Defensa Pública
de Limón es la quinta oficina más grande de todo el país en cuanto a
personal profesional refiere, ya que en la actualidad hay 20 defensores/as
públicos/as, cuatro asistentes jurídicos, tres auxiliares administrativos y
un conserje, esto sin dejar de lado la proyección de crecimiento
significativo del recurso humano profesional y administrativo para el
próximo año.
       Por otro lado, en caso de que no se me convalide mi título de
contabilidad he realizado gestiones para cursar y obtener el grado de
secretaria en una escuela comercial. Debo señalar que en Limón el curso
tiene una duración de dos años en la Universidad de San José. Por otro
lado, la Escuela Boston en Guápiles imparte el curso pero las lecciones
son entre semana algunas de ellas. Por tal razón, gestioné ante la escuela
comercial Yunis Universe en San José, dicho centro imparte lecciones los
días sábados y la duración es de siete a ocho meses, esta última opción es
la más favorable y estoy dispuesta a hacer el esfuerzo y desplazarme hasta
San José todos los sábados para cumplir con este requisito en caso de que
este Consejo así me lo permita.

       PETICIÓN: 1) Con base en lo expuesto solicito, en primer
término, se me convalide mi título de Técnico Medio en Contabilidad al
título de secretariado según el requisito del puesto de secretaria en
concurso y, en consecuencia, se me nombre en propiedad como secretaria
de la Defensa Pública de Limón.

      2) En defecto de lo anterior, solicito se me conceda un tiempo
prudencial para obtener el grado académico requerido en una escuela
                                         225

       comercial en San José, tal y como se le resolvió favorablemente a una
       funcionaria también de la Defensa Pública conforme al artículo LXXVII,
       de la Sesión 81-09 del Consejo Superior celebrada el día veintisiete de
       agosto del presente año.

              Sin otro particular me despido no sin antes agradecer la atención a
       la presente solicitud, para lo cual dejo a su disposición el correo
       electrónico de la Defensa Pública de Limón en caso de cualquier
       aclaración o ampliación a esta nota.‖
                                             -0-

      Se acordó: 1.) Trasladar la gestión al Departamento de Personal para que

analice el caso de la servidora Bryden Morga. 2.) Solicitar a ese Departamento que

analice la situación de los servidores y servidoras de la Defensa Pública que se

encuentren en la misma condición del gestionante, con el fin dar una solución

integral a la problemática planteada respecto al requisito del puesto, y agilizar así

los nombramientos en propiedad que correspondan.

                                ARTÍCULO LXXII

      En sesión N° 83-09 del 3 de setiembre en curso, artículo LXI, se acogió la

gestión del Departamento de Proveeduría, en consecuencia, se hizo una atenta

instancia a la Contraloría General de la República, para que concediera la

autorización correspondiente que posibilite a este Poder de la República a realizar

el procedimiento de contratación respectivo, para la compra de un nuevo equipo

denominado Comparador de Video Espectal ó Docucenter, lo anterior con

fundamento en lo que establecido en los artículos 8 de la Ley de Contratación
                                          226

Administrativa y 9 del Reglamento de la citada ley.

      En atención a lo anterior, con oficio N° DJ-1137 de 14 de este mes, suscrito

por los licenciados Oscar Castro Ulloa, Gerente asociado interino y la licenciada

Dixie Murillo Víquez, Fiscalizadora Asociada de la Contraloría General de la

República, comunican lo siguiente:

       ―…I Antecedentes y Justificaciones:
       1) Mediante oficio SP-375-09 de fecha 04 de setiembre 2009, recibido en
          esta Contraloría General el 8 de setiembre de 2009, la Administración
          indicó que es de suma importancia para sus intereses, iniciar el
          procedimiento de contratación administrativa para adquirir un equipo
          nuevo Docucenter, por un monto aproximado de ¢54.000.000.
       2) La Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos del
          Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses, tiene bajo su
          responsabilidad la verificación de veracidad o no de los documentos
          que son enviados a esta Sección.
       3) El Docucenter con que actualmente cuenta esta Sección no abastece la
          cantidad de análisis requeridos y tiene un desfase de 10 años, por lo
          cual se requiere de un nuevo equipo que permita llevar a cabo la
          cantidad de análisis en los documentos solicitados y que cumpla con
          los requerimientos de cobertura en el rango de luz infrarroja en estudio
          de sistemas de impresión.
       4) El valor aproximado de mercado del Comparador de Video Espectal
          (Docucenter) corresponde a la suma de ¢54.000.000, de los cuales la
          Corte Suprema de Justicia cuenta con ¢24.000.000, faltando
          ¢30.000.000 para hacerle frente a dicha erogación.
       5) Mediante oficio 7527-DP/28-09 de fecha 14 de setiembre 2009, la
          Administración indicó que los recursos faltantes para ejecutar este
          proyecto o sea la cantidad de ¢30.000.000, se han incorporado al
          presupuesto vía transferencia en la modificación presupuestaria 7, la
          cual se encuentra en proceso de aprobación interna, para continuar
          luego con los procesos de aprobación externos. Igualmente aportan una
          certificación de contenido presupuestario por el orden de ¢24.000.000,
          en la cual se expresa que dichos recursos serán empleados en la
          adquisición del Docucenter.
       II. Criterio de la División:
                                          227

              Al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 del
       Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, derivado del
       numeral 8 de la Ley, es necesaria, la autorización de este órgano contralor
       para necesidades calificadas y cuando el inicio y ejecución del
       procedimiento -ambos supuestos-, se den dentro del mismo período
       presupuestario.
              Ahora bien, en el caso que nos ocupa, indica Administración que
       es de suma importancia para sus intereses, iniciar el procedimiento de
       contratación administrativa adquirir un equipo nuevo Docucenter, por un
       monto aproximado de $54.000.000, mismo que es necesario para atender
       las consultas sobre la validez de documentos que se presentan ante
       Sección de Análisis de Escrituras y Documentos Dudosos del
       Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses.
              Esta Contraloría General ha considerado muy relevante la correcta
       atención de estas gestiones sobre validez de documentos que ejecuta el
       Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses y en consecuencia,
       procede a otorgar dicha autorización, la cual queda sujeta a los siguientes
       condicionamientos:
              1) Que la Corte Suprema de Justicia le de un trámite expedito a la
       aprobación del presupuesto para el año 2010, donde se deben encontrar
       incorporados los recursos presupuestarios que le harán frente a la
       erogación que va a contraer esa Administración respecto al proyecto de
       marras; toda vez que hasta a la fecha no ha terminado de ser aprobado
       internamente, faltando además la aprobación presupuestaria externa,
             2) Que en el pliego de condiciones base de este procedimiento de
       contratación, la Administración deberá advertir que no se cuenta con el
       contenido presupuestario y que la validez de dicho concurso, quedará
       supeditada a la existencia del mismo.‖

                                         -0–

      Se acordó: Tomar nota del criterio de la Contraloría General de la República

y hacerlo del conocimiento de la Dirección Ejecutiva y del Departamento de

Proveeduría, para los fines pertinentes. Se declara acuerdo firme.

                                ARTÍCULO LXXIII

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, mediante oficio N°
                                       228

7112-DE-2009 de 11 de setiembre en curso, hace de conocimiento de este Consejo

la nota N° 1150-ADM-2009 de este mes, en que el licenciado Fernando Retana

Bejarano, Administrador interino del Segundo Circuito Judicial de San José, en

informa lo siguiente:

       ―…nos permitimos desglosar las fechas para los próximos simulacros de
       evaluación que se llevarán a cabo en este Circuito:

           23 de setiembre, 2009
           15 de octubre, 2009
           19 de noviembre, 2009
           14 de diciembre, 2009.‖

                                       -0-

      Se dispuso: Aprobar el cronograma para el ejercicio de simulacro de

evacuación del edificio de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San

José y comunicar a los servidores y servidoras judiciales, que conforme lo dispuso

la Corte Plena en sesión N° 04-09 del 2 de febrero de este año, artículo II, es

obligatoria su participación. Se declara acuerdo firme.

                              ARTÍCULO LXXIV

      El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio N° 6417-

DE-09 de 20 de agosto del año en curso, remitió a conocimiento de este Consejo el

expediente N° 201-R-08 de la Sección de Trámite de Cobro Administrativo,

relacionado con el recurso de revocatoria y apelación presentado por el ex servidor

licenciado Diego Alejandro Meoño Piedra.
                                        229

      Conoce este Consejo el recurso de apelación interpuesto por el licenciado

Meoño Piedra, contra la resolución número 458-09, dictada por la Dirección

Ejecutiva a las 14:40 horas del diecisiete de febrero del 2009.

      I.- Mediante la resolución citada, se concedió audiencia por diez días al

señor Meoño Piedra, acerca del cobro de la suma de ¢904.356.72 (novecientos

cuatro mil trescientos cincuenta y seis colones con setenta y dos céntimos) que

adeuda al Poder Judicial por sumas giradas de más, en concepto de permiso sin

goce de salario de los días que van del 16 al 30 de mayo del 2008 y por renuncia el

día dos de agosto de ese año. Al mismo tiempo se le hizo saber que tiene

posibilidad de proponer un arreglo de pago, y que si no atiende la audiencia, las

diligencias serán remitidas al Ministerio Público para que se formule la acusación

respectiva por retención indebida, y que se continuará con el procedimiento

administrativo y eventualmente se podrían remitir las diligencias a la Procuraduría

General de la República a efecto de que se establezcan en sede jurisdiccional las

acciones legales.

      II.- En su escrito de apelación, el señor Meoño Piedra interpuso la excepción

de prescripción, y manifestó que la presunta pérdida patrimonial, debería de ser

asumida solidariamente por la Dirección Ejecutiva, y que en la resolución recurrida

se le amenaza con procesarlo penalmente. Alega también que el artículo 173 del
                                        230

Código de Trabajo es el que contempla el procedimiento para la recuperación de

cualquier pago salarial en exceso.

      III.- Revisado el trámite que se le ha dado a estas diligencias, este Consejo

encuentra que todo se ajusta a derecho, pues en la resolución apelada se concedió

la audiencia de ley acerca de las sumas que adeuda el demandado, indicándole los

conceptos a los que obedece, y se le informó acerca de la posibilidad de aportar la

prueba que sea necesaria para defender sus derechos, y acerca de la posibilidad de

proponer un arreglo de pago ante la administración. Como se trata del auto inicial

que le da curso al proceso, y se han cumplido los requisitos de ley para este tipo de

asunto, lo procedente es confirmar el acto administrativo impugnado, y ordenar

que el asunto continúe, para que una vez cumplidas las etapas del proceso, se

resuelva lo que corresponde respecto al fondo del asunto.

      Se acuerda: Confirmar el acto administrativo recurrido y devolver las

diligencias a la Dirección Ejecutiva para que se continúe el procedimiento.

                               ARTÍCULO LXXV

      En virtud de la conveniencia y con el fin de agilizar los procedimientos de

contratación administrativa, se dispuso: Autorizar a la Dirección Ejecutiva para

que en adelante tramite las solicitudes de autorización ante la Contraloría General

de la República, en los casos en que se requiere iniciar el proceso de contratación
                                        231

sin contar con los recursos presupuestarios.

      El Departamento de Proveeduría y la Secretaría General de la Corte, tomarán

nota para lo que corresponda.

                                       -o0o-

      A las 11:20 horas terminó la sesión.

				
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posted:12/10/2011
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