PROYECTO INFORMATICO by 9h1Ra4

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									Los Nuevos Retos en el Manejo de la Información Digital de
        los Juicios Orales en el Estado de México

             La Informática y la Justicia Oral




                      Ing. Jorge Novoa Maubert
                 Subdirector de Desarrollo de Tecnología del
                    Poder Judicial del Estado de México
                                PRESENTACIÓN




En la actualidad existe un consenso generalizado del impacto que la informática está
provocando en las sociedades de nuestro tiempo, impulsando cambios espectaculares
en todas las áreas del conocimiento. Estos cambios alteran las condiciones en las que se
ejercen las profesiones, al punto de modificar los planes y programas de estudio para
incluir materias informáticas en licenciaturas pertenecientes a las ciencias sociales.
Abogados, historiadores, economistas, y psicólogos, entre otros profesionistas, deben
esforzarse para no quedar rezagados en el tiempo, cuando hay cambios trascendentes
en las sociedades como resultado de los avances tecnológicos y sus aplicaciones.
La informática en el ámbito jurídico se puede definir como la tecnología aplicada a la
sistematización y automatización del quehacer jurídico. Según el jurista español Antonio
Enrique Pérez Luño, la informática jurídica se divide en tres áreas principales:
       Informática jurídica documental.
       Informática jurídica decisional.
       Informática jurídica de gestión.
La Informática jurídica documental se refiere a la automatización del conocimiento
jurídico emanado de fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales, su archivo,
organización y búsqueda a través de medios tecnológicos.
La informática jurídica decisional se aboca a la automatización de las fuentes de
producción jurídica y se basa en el principio de que la tecnología proporcione al jurista la
información adecuada para la toma inteligente de decisiones. Generalmente estas
tecnologías son sistemas expertos que concentran un volumen sustancial de información
jurídica, la clasifican y analizan, ofreciendo al usuario un consejo o guía sobre la acción o
decisión que debería tomar en relación a un asunto.




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La informática jurídica de gestión provee, por una parte, los mecanismos para organizar
los procesos de administración judicial, controlando trámites, expedientes, pasos del
proceso jurídico, emisión de documentos y obtención de estadísticas para la toma de
decisiones, mediante el uso de tecnologías de información; por la otra, cumplir con
diversos mandamientos legales, como lo son hoy en día los Juicios Orales.
La impartición de justicia no puede permanecer al margen de esta cultura tecnológica,
tomando en consideración que las sociedades actuales están mejor informadas y
preparadas, y por lo tanto demandan mejores servicios de sus gobiernos.
Diversas     instituciones   gubernamentales    en   México   vienen     realizado   esfuerzos
importantes en materia de tecnologías de información desde hace varios años, sin
embargo muchos de estos esfuerzos se están planteado sin un plan maestro de
desarrollo y sin visión a largo plazo, lo que ha obstaculizado el crecimiento ordenado de
la infraestructura tecnológica con la que cuentan estas instituciones.
Asociaciones a nivel mundial, como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA), han hecho esfuerzos importantes en conjunto con empresas líderes del sector
como Microsoft, para llevar a cabo estudios del impacto de las tecnologías en la
Administración de Justicia. Diversas empresas nacionales se han sumado a los
esfuerzos del Gobierno Federal, para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, ofreciendo “soluciones tecnológicas” que más bien son copias de modelos
norteamericanos adaptados a nuestro sistema de justicia, sin embargo, estos estudios
muestran los grandes beneficios que las tecnologías pueden ofrecer a las instituciones.
En consecuencia a lo anterior y alineado a las tendencias mundiales, la Dirección de
Tecnologías de Información ha venido desarrollando soluciones tecnológicas para apoyar
la función jurisdiccional del Poder Judicial.




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                  JUICIOS ORALES EN EL ESTADO




Los juicios orales son procesos judiciales en donde los asuntos son ventilados
públicamente, frente a un Juez, estando presentes el ministerio público y la defensoría, y
donde los involucrados pueden presentar sus alegatos públicamente. A diferencia de los
procesos escritos, los juicios orales permiten que la justicia sea rápida, transparente y de
calidad.
En enero de 2006 se aprobaron a nivel federal las primeras reformas al código procesal
penal, con el objetivo de iniciar una reforma integral que contemplara la oralidad de los
juicios. El Artículo 275-D del Código de Procedimientos Penales del Estado de México
determina que Las audiencias se registrarán en videograbación, audiograbación o
cualquier medio apto, a juicio del juez, para producir seguridad en las actuaciones e
información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación reproducción
de su contenido y acceso a las mismas, a quienes de acuerdo a la ley tuvieren derecho a
ello.
Por lo anterior el Poder Judicial del Estado de México, a través de su Dirección de
Tecnología de Información, inició el diseño, desarrollo e implementación de soluciones
tecnológicas para la grabación de las audiencias. Como el Estado de México posee una
gran dispersión territorial, una de las premisas del diseño fue contar con sistemas de
grabación robustos, fiables y simples en su operación, que no presentarán fallas bajo
largos períodos de funcionamiento         en condiciones extremas y que además,
proporcionaran grabaciones de la más alta calidad.
A partir de los primeros diseños, la Dirección de Tecnología implementó un proceso de
mejora continua, para satisfacer las diversas necesidades de los órganos jurisdiccionales
orales; iniciando con los juzgados de cuantía menor en materia penal instalados en 2006,
continuando con los juzgados orales de adolescentes, los juzgados familiares orales y
por último, los juzgados penales de primera instancia, llamados de control y de juicio oral.

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                TECNOLOGÍA PARA LA ORALIDAD




La primera generación de tecnología para la grabación de juicios orales en el Estado de
México, se basó en la utilización de dos grabadores digitales de DVD, un video-grabador
digital (DVR), ocho cámaras fijas y nueve micrófonos de tipo cuello de ganso, con el
control y monitoreo de audio y video instalado en un gabinete de integración operado por
un técnico de audio y video. En esta generación las grabaciones son realizadas
directamente en DVD y en el DVR en el formato propio de la marca.
A partir de esta primera generación, se han venido sustituyendo diversos componentes
para minimizar costos, incrementar la seguridad de las grabaciones y la fiabilidad de los
equipos. Es por ello que se han sustituido los DVR por computadoras personales con
tarjeta de captura de video y se han agregado diversos componentes como
amplificadores de señal para mejorar el video y multiplexores de audio y video para
permitir la proyección de evidencias de cualquier tipo. En la última generación, las
grabaciones también se realizan directamente en los DVD, pero ahora la diferencia es
que las grabaciones hechas en la computadora se registran en formato H264 que
entrega archivos de tamaño reducido con calidad de DVD, además de mecanismos de
respaldo y generación de copias directamente desde la computadora, sin necesidad de
software adicional o especializado, como en el caso de los DVR.
La evolución de los juzgados orales en el estado ha impulsado adecuaciones a los
procedimientos en el manejo de las grabaciones; por ejemplo, en los juzgados de cuantía
menor, sólo se entregan copias de los DVD a las partes involucradas y otra copia
permanece en el archivo del juzgado; lo mismo sucede en los juzgados orales para
adolescentes. Por otra parte, en los juzgados familiares orales y los juzgados de control y
de juicio oral, además de las copias en DVD, la información digital se archiva localmente
en las computadoras de los equipos de grabación y en cintas magnéticas para su



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posterior uso; y si la infraestructura lo permite, también se almacenan en servidores
remotos.
Dos factores independientes a la tecnología utilizada para la oralidad en el estado, son el
sistema de Expediente Virtual y el Sistema de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE), que
tienen como objetivo almacenar y administrar en forma digital los documentos derivados
los procesos jurídicos civiles y penales, respectivamente. El SIGEJUPE, además de
administrar los documentos digitalizados, también registra el control de las agendas de
los jueces, la programación de las audiencias y el lugar donde se llevarán a cabo, el juez
asignado a cada audiencia y el seguimiento de causas; también cuenta con un módulo
para los Ministerios Públicos, que permite solicitar y consultar audiencias en los juzgados
de control y de juicio oral a través de Internet.
Aunque en la actualidad no hay relación tecnológica ni procedimental entre los equipos
para grabar las audiencias y los sistemas de información antes mencionados, la
información digital derivada de la operación de ambos requiere un espacio de
almacenamiento y un procedimiento común para su tratamiento; la meta en todo caso, es
integrar ambos escenarios en una solución única.




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                               RETOS ACTUALES




Si bien los sistemas e infraestructura tecnológica con que cuenta el Poder Judicial han
permitido trascender, de 2006 a al fecha, en el cumplimiento de los mandatos legales
aplicables en materia de oralidad, también se tienen áreas de oportunidad en el
desarrollo de tecnología y procedimientos para la administración y resguardo de la
información digital.
En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2011, se han llevado a
cabo poco más de 19 mil audiencias orales en el estado, con más de 32 mil DVD
grabados y unas 60 mil horas de información digital producidas. En comparación con el
mismo período del año 2010, prácticamente se duplicaron el número de audiencias, el
consumo de DVD y las horas de grabación digital. Si a lo anterior se le aumenta la
cantidad de documentos digitalizados correspondientes a los procedimientos en materia
familiar y penal, el volumen de información digital derivada de la oralidad se torna
inmanejable por lo medios tradicionales, sin mencionar su clasificación, administración y
vigencia.
En este escenario, es de vital importancia atender las necesidades y requerimientos del
tratamiento de la información digital, mediante el uso de nuevas tecnologías que permitan
un eficaz y eficiente manejo de la misma, pero también es importante contar con los
procedimientos        administrativos   y   de   control,   que   deberían   ser   establecidos
institucionalmente por el Consejo de la Judicatura; aquí es importante marcar la
diferencia en la administración de la información, teniendo tres vertientes principalmente:
el almacenamiento físico de los DVD que contienen las audiencias, los archivos digitales
grabados en las computadoras y los documentos digitalizados durante los procesos.
Por una parte, la mayoría de los juzgados orales del estado mantienen un archivo local
en el que resguardan los DVD de las audiencias, en otros casos, los responsables del



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almacenamiento de estos medios, a solicitud de sus titulares, son los operadores de
audio y video, que los archivan en el lugar que mejor convenga dentro del juzgado.
Debido al material utilizado para la fabricación de los DVD, estos medios resultan frágiles
ante su manipulación y el paso del tiempo, por lo que en cualquier momento pueden
presentar fallas que impidan el acceso a la información almacenada en ellos; aunque los
fabricantes han hecho esfuerzos importantes para determinar el tiempo de vida útil que
sus DVD tienen, lo cierto que es no se puede establecer con certeza el tiempo que la
información permanecerá íntegra en el medio. En gran medida, ese factor depende del
modo en que se conserva y manipula el DVD.
Por otra parte, las grabaciones realizadas directamente en las computadoras de
los equipos de audio y video son almacenadas en los propios equipos, en
servidores y en algunos casos, en cintas magnéticas, con un espacio finito de
almacenamiento.
En cuanto a la documentación digitalizada, derivada de los procesos civiles y
penales, ésta se almacena en servidores y cuando son asuntos ejecutoriados, se
traslada a cintas magnéticas de respaldo, que quedan en resguardo de la
Dirección de Tecnologías de Información.
Como resultado de lo anterior, se puede observar que los procedimientos de
resguardo y almacenamiento de la información digital no están definidos en su
totalidad, e incluso, no han sido contemplados en los diversos manuales
operativos y administrativos. Por ello es necesario sentar las bases sobre las
cuales se deberá hacer el tratamiento de la información digital desde que se
genera en el juzgado oral, hasta que se envía al Archivo Judicial para su
resguardo, cumpliendo con las características mínimas que debe poseer, según
menciona Lluís Codina Bonilla en su artículo Las propiedades de la información
digital:
     Reusabilidad: deberá ser actualizada, modificada, copiada, editada, y
        especialmente, reutilizada.


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     Interactividad: deberá existir un cierto tipo de “comunicación” entre el usuario y
        los diferentes sistemas informáticos.
       Recuperabilidad: su búsqueda deberá ser fácil y rápida.
       Virtualidad: se difundirá a gran escala con el mínimo costo económico. La
        virtualidad permitirá una utilización “multiusuario” de la información.
A todo esto habrá que sumar los resultados obtenidos de los análisis de demanda
de la información, es decir, la cantidad de usuarios potenciales que la misma
tendrá, el lugar o lugares donde esa demanda es mayor, los medios que más
utiliza el usuario para allegarse de la información y los demás factores
mercadotécnicos relacionados, porque no sirve de nada hacer esfuerzos
tecnológicos para recopilar, clasificar y poner a disposición de los usuarios
cantidades relevantes de información, si del otro lado no hay quien desee o
necesite consultarla.




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                                    CONCLUSIONES




Los primeros retos del Poder Judicial se presentaron cuando en 2006 se inició la
oralidad en el estado; ahora, con un crecimiento anualizado del 200% en el
volumen de información digital, generada principalmente en los juzgados orales,
es prioritario implementar estrategias orientadas a establecer procedimientos para
administrar eficaz y eficientemente esta información. Los retos actuales giran en
torno a cómo, cuándo y dónde almacenar y gestionar la información digital de los
juicios orales.
El Poder Judicial del Estado de México es de los más grandes en cuanto al
volumen de asuntos atendidos en las diversas materias, es además, pionero en la
implementación            de   la   oralidad   en   México.   No   obstante,   hay   vacíos
procedimentales que deben ser subsanados lo antes posible, para evitar un
colapso tecnológico que derive en pérdidas de información o a no contar con ella
en el momento que se le requiera.
Las estadísticas muestran que en uno o dos años, el volumen de información
digital en el estado superará las 500 mil horas de grabación de audiencias, se
habrán procesado más de 9 millones de documentos digitalizados y 3 millones de
asuntos registrados en el Expediente Virtual, por ello, en el Estado de México se
están implementando nuevos proyectos tecnológicos de hardware y software, con
el fin de soportar y administrar volúmenes cuantiosos de información digital.
No sólo se trata de desarrollar nueva tecnología, también se requieren
procedimientos administrativos modernos, y adecuados a las necesidades
presentes y futuras de cada institución, que permitan establecer las políticas y



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mecanismos administrativos, dentro del marco legal, para alinear todos los
procesos y lograr los objetivos.
El plan de acción debería cumplir al menos con las siguientes premisas:
    1. Contar con estudios de demanda de la información, para determinar las
        prioridades y líneas de acción en cuanto a qué información debe estar
        disponible electrónicamente y en línea.
    2. Definir los procedimientos y políticas para el manejo y administración de la
        información digital, así como los procesos transversales que involucran el
        manejo de la misma.
    3. Definir los responsables del resguardo de la información, así como el lugar
        que se deberá habilitar para tal efecto.
    4. Establecer los criterios y formatos de grabación para que el registro de las
        audiencias se realice únicamente en las computadoras, eliminando la
        grabación directa en los DVD.
    5. Definir la infraestructura de software y hardware necesaria para el
        almacenamiento, clasificación, validación y publicación de la información.
    6. Diseñar y construir los espacios especiales para el almacenamiento de los DVD,
        de tal forma que cuenten con sistemas contra incendio, de aire acondicionado, de
        control de humedad y de limpieza de aire, entre otros.
    Aunque en otros estados los volúmenes de información digital puedan ser
    bastante menores, estas instituciones tarde o temprano necesitarán revisar sus
    procedimientos y la tecnología que utilizan para el tratamiento de la misma,
    todo ello sin perder de vista que en un futuro cercano, la mayor parte de los
    expedientes jurídicos estarán archivados en forma digital, y la rapidez y
    seguridad con la cuáles se tenga acceso a ellos, será en beneficio directo de la
    sociedad y la impartición de justicia.




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