PRESENTACION - Foro de Practica Profesional by 1J1SIDg0

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									RECURSOS
    RECURSOS


   INTERPOSICIÓN


TIEMPO    CONTENIDO
“No  existe en este procedimiento de juicio oral, un
sistema de concesión del recurso ante el Pleno y la
posterior expresión de los agravios, como en particular
se encuentra en la Apelación ante las Cámaras en el
juicio ordinario civil y comercial. Porque el incoado no
es una Apelación, sino una revocatoria, que como tal
debe ser autónomamente fundada y con expresa
mención de los agravios conferidos, así como la
indicación del o los errores que la resolución que se
impugna contiene (Alsina, "Tratado...", T.4, pág.202).
Debe tenerse en cuenta que el gravamen, perjuicio o
interés procesal que cause la revocatoria de la
resolución atacada, es el fundamento y medida del
recurso, en virtud del principio "no reformatio in peius"
(v. Juris 6-405 y 19-199; Zeus 40-J-140, 42-R83, 47-R-
127 y 48-R-4), que tiene jerarquía constitucional (Juris,
58-59 y 62-45).
El fundamento de todo recurso, con la
declaración clara de los agravios que lo
impulsan hacen a dos finalidades: una es la
limitación cuantitativa y cualitativa del juzgador
para resolver única y exclusivamente en función
de lo pedido y otra es evitar que el tribunal
realice una revisión indiscriminada de la
resolución, con serio riesgo de suplir no sólo la
actividad crítica del recurrente sino de hallar
agravios donde aquél -por razones que sólo a él
le compete valorar- no los hubiere señalado.
Igualmente su ausencia impide el examen
propio del recurso.
 debe tenerse en cuenta en primer término que la
recurrente no emite ningún agravio en concreto sobre
el Auto atacado, y solo reitera argumentos ya vertidos
al interponer el recurso de reposición. Que debe
tenerse     presente     que     quien  impugna     un
pronunciamiento       jurisdiccional,  debe    hacerlo
manifestando concreta y puntualmente los errores,
vicios y/o ineficiencias del mismo. A fin de no volver
sobre fundamentos que ya fueran atendidos en el
decisorio que ataca. En cambio, el recurrente no hace
más que repetir lo que ya dijo en el anterior recurso,
sin ningún fundamento nuevo ni puntualizar el error,
omisión o vicio del decisorio que ahora recurre.”
(Camarasa c. De Giusti Felgado. Res. N°115-F°448-
T°11. 30-4-09. 2da. Sec.)
“Que debe decirse que el libelo recursivo no
reúne las condiciones mínimas para ser
atendido. No se explicita ni mucho menos se
fundamenta las razones por las cuales los
honorarios le parecen a la recurrente excesivos.
No se manifiesta tampoco ningún argumento
jurídico para sostener que deben ser de $ 700.-
(como se dice en el escrito). No hay ni
razonamiento jurídico, ni fundamento normativo,
ni explicación lógica alguna. Que todo recurso
debe ser autónomamente fundado y con
expresa mención de los agravios conferidos, así
como la indicación del o los errores que la
resolución que se impugna contiene (Alsina,
"Tratado...", T.4, pág.202).
Debe tenerse en cuenta que el gravamen,
perjuicio o interés procesal que cause la
resolución atacada, es el fundamento y medida
del recurso, en virtud del principio "no
reformatio in peius" (v. Juris 6-405 y 19-199;
Zeus 40-J-140, 42-R83, 47-R-127 y 48-R-4), que
tiene jerarquía constitucional (Juris, 58-59 y 62-
45). Que el art. 345 del C.P.C.y C. dispone que
"Si el recurso fuere notoriamente infundado, el
juez podrá desecharlo sin ningún trámite". Por
lo cual en este caso en particular tal norma se
impone aplicable inexorablemente, resolviendo
en consecuencia rechazar el recurso incoado”.
(Trucco c. Di Siena. Res. N°357-F°160-T°16. 22-
12-10. 2da. Sec.).
        NULIDAD



FUNDAMENTO SUBSIDIARIEDAD
Que liminarmente debe observarse que
el breve escrito en el que la accionada
interpone la nulidad no invoca agravio
alguno. El perjuicio es fundante del
recurso, por lo cual, no existiendo
aquél, no corresponde peticionar
nulidad alguna. Que tampoco el libelo
se funda en derecho, no se encuentra
invocada norma alguna que abone lo
peticionado.
Debe recordarse que las nulidades
procesales      pueden     declararse
únicamente      si   se     encuentra
expresamente       prevista     dicha
sanción, o cuando el acto contenga
un vicio sustancial que impida su
validez (art. 124 CPCC), y que, aún
así, no se resolverá la nulidad si la
omisión o error o vicio puede ser
reparada por otro medio procesal
idóneo.
Que, en este caso en particular, no se alcanza
ni siquiera a comprender las razones por las
cuales la accionada pretende nulificar parte
del trámite. No existe ninguna norma que
exija la aprobación de la liquidación en un
término     perentorio      e    improrrogable.
Advirtiendo que la hoy recurrente no
compareció en término al notificársele el
Apremio, ni la sentencia, ni tampoco
cuestionó     la    liquidación    puesta   de
manifiesto.”     (Alaluf   c.   La   Economía
comercial. Res. N°368-F°6-T°11. 22-12-08.
2da.Sec.).
PRIMER DECRETO
DE ADMISIBILIDAD



REQUERIMIENTOS
“se provee el escrito, disponiendo “previo a
proveer, cumpliméntese con las leyes 10244 y
10727.” Este proveído fue notificado en el
domicilio legal del profesional recurrente en
fecha 26-3-09 (fjs.83). En fecha 27-4-09 (fjs.84)
se decreta que se intima al recurrente “para
que en el término de 48 hs. cumplimenten lo
requerido en fecha 6-3-09 (fjs.78) bajo
apercibimientos de correr vista al Colegio de
Abogados y a la Caja de Seguridad Social de
Abogados y Procurados y de tener por no
presentados los escritos de fjs.45/46...” (el
destacado me pertenece).
Este decreto fue notificado al recurrente en
su domicilio legal en fecha 11-5-09 (fjs.85).
Se corrió la vista ordenada (decreto del 26-
5-09, fjs.89), por decreto que resulta de
notificación automática, por lo cual quedó
el recurrente notificado el primer viernes
posterior (29-5-09), y venció el plazo
recursivo el 4-6-09. En fecha 23-6-09 (fjs.92),
se hacen efectivos los apercibimientos
firmes, y se ordena el desglose, lo que se
notifica también en el domicilio legal del
recurrente el 29-6-09 (fjs.97).
Que entonces tenemos dos notificaciones
por cédulas y una notificación automática,
previo a que se ordene el desglose. En tal
sentido, no es cierto que no se haya cursado
cédula al recurrente y el mismo está
recurriendo    la    consecuencia    de   un
apercibimiento que se encuentra firme y
consentido. La preclusión de las etapas
procesales, que se produce con la firmeza de
los actos cumplidos en el juicio, impiden
volver sobre los pasos ya dados, reeditando
etapas ya terminadas.
El recurrente dejó firme el
requerimiento y la intimación con
el apercibimiento, por lo cual no
puede      ahora     recurrir   la
consecuencia de lo anterior. Esto
también se enmarca en la doctrina
de los actos propios.” (Mendoza c.
Dupraz”. Res. N°244-F°135-T°13.
1ra. Sec.)
“Que, tal como lo disponen las normas mencionadas
y el art. 33 CPCC, se le requirió, por decreto del 27-2-
08 (fjs.18) que acreditara personería en legal forma y
acompañara las boletas de iniciación de juicio.
Dicho decisorio fue notificado el 14-3-08 (fjs.19/20).
Ante el incumplimiento de lo requerido y por pedido
de la actora, se dispuso intimar a la Provincia de
Santa Fe, bajo apercibimientos de tenerla por no
presentada y procederse al desglose del escrito, en
decreto de fecha 1-4-08 (fjs.21), que fue notificado en
fecha 25-4-08(fjs.22), sin que la Provincia de Santa
Fe hubiera respondido, ni hubiera cuestionado la
providencia. Que, ante el nuevo incumplimiento de
la accionada, se dispuso hacer efectivo los
apercibimientos decretados, y proceder al desglose
del escrito.
Ante ello, se presenta ahora la demandada e
interpone la reposición contra el último decreto.
Pero, preliminarmente, debe hacerse notar que
este último decreto, lo único que dispone es hacer
efectivos apercibimientos ya decretados y firmes,
que no fueron cuestionados en término. Por lo
cual, por el principio de preclusión, no puede
ahora retrotraerse el proceso hasta el decreto que
dispuso el desglose (fjs.21), que está firme. La
providencia que ahora se cuestiona, es nada más
que la ejecución de la anterior. Por lo cual se dejó
pasar la oportunidad de atacar la sanción
impuesta por no presentarse en legal forma. Esa
es la primer barrera -insalvable- por la cual no
puede hacerse lugar a la reposición.
No puede borrarse el principio de preclusión, que
hace a la seguridad jurídica en los procesos y que
es una consecuencia de la improrrogabilidad y
perentoriedad de los plazos procesales y la
consecuente firmeza de las disposiciones que no
son cuestionadas en término. Dejar de aplicar eso,
haría caer bases incuestionables sobre las que se
edifica un proceso justo y vulnerar el derecho de la
actora. El otro extremo que se olvida en el recurso
presentado, es que no solamente se incumplió con
las leyes 10244 y 10727, sino que no se había
acreditado la personería. Ante ello y por aplicación
estricta del art. 33 se dispuso la intimación con el
apercibimiento.
Por lo cual la Provincia de Santa Fe
se equivoca cuando afirma en su
escrito   que     no     había   sido
conminada a su cumplimiento, ya
que los decretos del 27-2-08 (fjs. 18)
y del 1-4-08 (fjs.21), notificados
ambos a la accionada, dan cuenta
que se conminó a presentarse en
legal    forma      y      con     los
apercibimientos      del    art.    33
(desglose).
En tal sentido entonces, cae el argumento de
que no fue conminada, por la fuerza y
contundencia de las constancias de autos. Que
además, también yerra la Provincia de Santa
Fe cuando dice que el Código de rito no
establece ese apercibimiento, citando el art.
35, ya que olvida que el art. 33 de ese cuerpo
legal establece que “si no se subsana el
defecto dentro de los dos días de la intimación,
se tendrá el escrito por no presentado y se
procederá a su devolución sin más trámtie ni
recurso alguno”.
Obviamente, para poder devolverse el
escrito,    primero     tiene     que
desglosarse, por lo cual el art. 33
establece explícita y puntualmente la
sanción de desglose y devolución,
sin más trámite ni recurso.” (Rotta c.
Provincia” Res. 222-F°458-T°9. 1-9-08.
2da.Sec.).
          COMPETENCIA




RECURSO                 CONTENIDO
          EXCEPCIÓN O
          RECURSO
“Que en el recurso interpuesto, aún cuando el
recurrente insiste en que no existió un contrato,
afirma textualmente que: "es cierto que existió una
orden de los demandados y la ejecución pór mi
mandante...". Que eso mismo fue expuesto en el
escrito introductorio de instancia, cuando dice la
parte actora: "La misma (la demanda) tendrá por
objeto obtener el pago de los honorarios
profesionales...por los servicios brindados por mi
mandante... Por orden de los demandados el
Arquitecto Fernando Galoppo ejecutó el anteproyecto
y proyecto completo de la vivienda que se construiría
en calle Saavedra N°2053, de la localidad de Franck
(Santa Fe), sin embargo, no se suscribió ningún
contrato. Sus servicios profesionales nunca fueron
abonados por los demandados ni por otros
eventuales obligados...".
Que entonces, la misma parte,
aunque advierte que no existe
contrato escrito, esclarece sobre los
elementos      esenciales   de   toda
relación convencional, cuales son:
consentimiento      o    acuerdo   de
voluntades, el objeto y la causa
(Mosset Iturraspe, Jorge; Contratos,
Rubbinzal-Culzoni Ed., 1995, págs.,
55)” (Galoppo c. Burgi. Res.292-
F°201-T°5. lra. Sec.).
“corresponde rechazar el recurso planteado, ya
que la misma parte actora admite, nuevamente,
una vinculación convencional con el accionado.
Así, aunque dice que no se trata de un vínculo
laboral formal, reconoce una contratación y
trabajos a cumplir a favor del accionado. Esto
solo alcanza para encuadrar la relación dentro
de los vínculos convencionales, que abarcan,
con mayor amplitud ciertamente, no solamente
aquellas relaciones de dependencia laboral
formalmente registradas, sino también cualquier
contrato o convención entre las partes y que, por
ello, sustraen la competencia por materia de la
órbita de este Tribunal.
Que, tanto porque el Tribunal únicamente entiende
en aquellos casos en que no hay ningún vínculo
convencional, sino también porque las relaciones
laborales deben ser interpretadas en forma
amplia, y la parte actora reconoce que –aún con
cierta irregularidad- el actor trabajaba para el
accionado, es indiscutible la incompetencia de
este Tribunal. Que, además, no es cierto que las
Medidas no fijen la competencia, ya que por la ley
10160, en su art. 1° inc. 7, y art. 2°, inc.e) y último
párrafo de dicha norma, la competencia
prevencional consentida, fija definitivamente la
misma, por lo cual corresponde que las Medidas
sean iniciadas ante el Juez que deberá entender
en el principal.” (Ruiz c. Campagnoli”. Rs.n°141-
F°68-T°7. 12-6-07. 1ra. Sec.)
       MEDIDAS



CADUCIDAD    RECURSOS
   ASEGURAMIENTO
      PRUEBAS



DECRETO     PERICULUM
(FIRMEZA)   IN MORA
“En los procesos de daños, la
demostración de los extremos fundantes
de la acción se encuentra inserta en la
etapa     de    producción    probatoria,
posterior a la demanda y ofrecimiento de
prueba.     Responde     a   un    litigio
contradictorio por excelencia y a la
necesidad de resguardar los derechos de
la parte actora, pero también los de la
parte demandada, que permite que pueda
analizar la prueba a la luz de la acción
incoada      y    de    la    pretensión
indemnizatoria esbozada.
Así, el ofrecimiento de prueba y su
producción, cobran real sentido y
pueden ser eficazmente controlados y
resistidos también con la prueba que la
contraria pueda producir. La prueba
anticipada crea un antecedente que
incide directamente en las cuestiones
que son materia del juicio principal, por
lo cual su despacho debe obedecer a
estrictas razones de fondo y tiempo.”
(Monti c. Scarpin, Res. 15-F°137-T°16.
lra.S.).
     DECLARATORIA
       POBREZA



SUSPENCIÓN   POBREZA
  TRÁMITE    INCONCLUSA
 PRINCIPAL
“la normativa vigente es clara,
cuando se inicia el trámite para
obtener la declaratoria de pobreza
antes o simultáneamente con la
demanda, se suspende el trámite del
principal (art. 333 CPCC). En caso
contrario -dice expresamente el
Código de rito- proseguirán los
procedimientos. Que la parte actora
pretende que el Juez transgreda la
clara normativa vigente, solicitándole
un trámite no previsto en la misma.
Es evidente que desde el inicio de la
actuación principal (octubre del año 2007),
la parte actora tuvo tiempo suficiente para
realizar los trámites que fueren menester,
incluso el de Declaratoria de Pobreza. No
existe en el escrito recursivo ningún
argumento jurídico que pueda ser rebatido,
ya que la vulneración de los derechos
constitucionales     no      se    encuentra
configurada en autos, desde que el Código
de rito otorga la posibilidad de que quienes
no cuentan con bienes suficientes, accedan
igualmente a la justicia, tramitando la
Declaratoria respectiva.
Lo que también establece el Código, es un
orden procesal, un trámite que debe
cumplirse. Tanto porque las normas de
procedimientos    son     de    arbitrio  y
competencia de las Provincias, como porque
todas los derechos constitucionales se
ejercen conforme a las normas que
reglamentan su ejercicio, y también porque
deben respetarse los plazos, formas, etapas
y procedimientos establecidos clara y
expresamente       por      las      normas
correspondientes,
queda fuera de toda duda que el
recurso    aparece      irrazonable    e
infundado y que no se ha vulnerado
ningún     derecho        constitucional.
Reiterando       lo        anteriormente
expresado, la parte actora pudo iniciar
antes la Declaratoria de Pobreza y no
lo hizo, por lo cual debe aplicarse lo
dispuesto por el art. 333 CPCC.” (El
Bonete Soc.Com.Acc c. Provincia. Res.
70-F°191-T°14. 29-3-10. 2da.Sec.).
“quien solicita el beneficio de litigar sin
gastos, debe acreditar que no cuenta con
bienes ni ingresos suficientes. Así lo ha
legislado nuestro Código de rito, utilizando
exactamente ese término para indicar la
carga de la prueba en ese proceso. Que
entonces, si bien la demostración puede
provenir de distintos elementos de prueba,
los mismos deben ser aportados por quien
promueve el beneficio. Que en estos autos se
demostró que la actora tiene un negocio de
artículos de deporte, y que son propietarios
del inmueble de propiedad horizontal que
habitan.
Que si bien al conceder el beneficio se valoró las
testimoniales rendidas y la constatación del
estado del inmueble habitado por los actores, a la
luz del recurso presentado y la incontestación del
mismo, esas pruebas deben ahora observarse
con mayor estrictez, como dijimos supra. Que
entonces debe admitirse que la carga probatoria
de la parte actora se encuentra escasamente
cumplida. Que no se acompañó prueba
documental o informe contable sobre los
ingresos de la actora en el negocio, y además, la
propia parte actora menciona en el escrito de fjs.
29 y vlto. que toda la familia subsiste de los
ingresos del Sr. D'Imperio, sin embargo no se
demostró fehacientemente a cuánto ascendían
los mismos.
Que además, de la absolución del actor en la
audiencia, es cierto –tal como lo observa el
recurrente- que se reconoce la venta de un
inmueble, tener una cuenta bancaria y tarjetas de
crédito. Si bien ello no es indicativo de que se
obtengan ganancias suficientes para solventar los
gastos causídicos, la prueba de ello le
correspondía a la parte actora, que no la aportó”.
“Cuando se admite el ejercicio del comercio y el
desarrollo de algún trabajo rentable, se requieren
la producción de prueba específica sobre el
mismo. Porque esas actividades son pasibles de
ser demostradas por medios idóneos, más
precisos que testimoniales, como puede ser
balances contables y aporte de documentación
indispensable para su ejercicio.
Que entonces, ante la mirada severa
volcada sobre las pruebas reunidas,
a la luz de las observaciones
formuladas en el escrito recursivo,
que es lo mismo- y ante la negativa
del Sr. Fiscal al otorgamiento del
beneficio, este Tribunal entiende
que debe revocarse la resolución
atacada.” (D'Imperio c. Consorcio
Edificio Plaza” (Res. N°253-F°245-
T°7. 17-9-07. 2da. Sec.).
    APREMIO




  APELACIÓN
EXTRAORDINARIA
“ no ha quedado cumplimentado uno de los
requisitos de admisibilidad del Recurso
intentado, cual es que el decisorio que se
impugna sea sentencia definitiva. Que como
tal debe categorizarse a aquellas que pueden
asumir fuerza de cosa juzgada material o
sustancial, que no pueda ser debatida en
instancia o juicio posterior. Que, en tal
sentido, el Apremio carece de esa
característica ya que, aún no siendo el
decisorio apelable por la demandada, es
posible un juicio posterior para debatir las
cuestiones de fondo que el propio trámite
del Apremio no permite.
Si bien en algunos casos puede equipararse la
sentencia de Apremio a una definitiva, solo se
presenta esa situación cuando el ataque se
centra en aquellas excepciones que han sido
debidamente tratadas y desechadas. No es el
caso de las presentes, en que la excepción se
rechazó porque trataba sobre la causa de la
obligación y no reunía los requisitos de las que
pueden ser opuestas en el juicio de Apremio, en
que la inhabilidad de título debe versas a los
requisitos externos del mismo y lo demás
tratarse en un juicio posterior. Eso mismo se
afirmó lo expuesto supra, por cuya razón se
rechazó la defensa instrumentada por la
contraria.
En tal caso, no habiéndose debatido en estas
actuaciones el tema objeto del Recurso y
siendo el mismo materia de un juicio posterior,
con amplia posibilidades de debate y prueba,
no puede hoy centrarse como agravio.” “Que
además, el Recurso de Inconstitucionalidad
requiere para su procedencia la denominada
"relación directa" que debe guardar la "cuestión
constitucional" con lo debatido en los autos.
Esto a los fines de evitar que el Recurso
viabilice una "segunda instancia" donde no
puede ni debe haberla y resguardar el principio
de excepcionalidad que el mismo tiene.
Que en este caso, también nos
encontramos con que el libelo recursivo no
reúne ese requisito, ya que no se
puntualiza en forma concreta, cuál es la
norma o principio constitucional lesionado
y, además, de qué forma el decisorio
atacado tiene relación directa con el
mismo. En otras palabras, debe concretar
en forma puntual, el agravio constitucional
que invoca, explicando exactamente en
qué     consiste      en     los     autos.
De otro modo, la sola invocación de normas
constitucionales, y la mención en forma abstracta
y amplia de que el decisorio las vulnera, tornaría
difícil el análisis de la lesión fundante y abriría la
puerta a un amplio espectro de recursos con
agravios difusos, ya que en principio y visto
desde la óptica de la órbita constitucional, todo
derecho lesionado tiene su resguardo y amparo
en normas o principios plasmados en el articulado
y espíritu de nuestra Carta Magna. El libelo
recursivo no efectúa ese puntual y expreso
análisis, faltando entonces otro de los requisitos
esenciales para la admisibilidad del Recurso
excepcional introducido.” (Bode c. Provincia. Res.
29-9-06. 2da. Sec.).
        DOMICILIO




LEGAL Y REAL    DECRETO
               QUE REMITE
                (FIRMEZA)
“Lo segundo que corresponde tener
en claro es que el domicilio
denunciado en autos, es para todos
los expedientes que se tramiten por
la misma causa. Es decir que
presentada una parte, y denunciado
domicilio legal, el mismo subsiste a
todos los efectos, en el principal y
todos sus incidentes. Porque el
domicilio es para la causa, no para
un solo expediente de la misma (arts.
37 y 38 CPCC)...
Que, yendo ahora a las características puntuales
del caso en examen y aplicando lo dicho,
tenemos que el decreto de fecha 2-5-07 (fjs.19)
quedó notificado automáticamente y adquirió
firmeza el día 10 del mismo mes. Que entonces,
respecto del mismo, el recurso presentado el 22-
5-07 es extemporáneo y debe ser rechazado. Que
dicho decreto, ante la solicitud de la actora de
que tuviera por no contestada la demanda y
declarara la rebeldía del demandado, adjuntando
Cédulas a fjs. 17/8, la primera a Sancor Coop. de
Segs. Grales. y la segunda al demandado,
dispuso que, respecto al demandado Sarsotti,
"previamente notifíquese en el domicilio
denunciado en autos".
Que esa provindencia es la que adquirió
firmeza y entonces, la negativa a declarar
la rebeldía y la orden de notificar en el
domicilio legal denunciado, también
quedó incuestionable. Por lo cual, no
puede ahora la actora cuestionar esa
providencia judicial y lo allí dispuesto.
Que el decreto posterior, del 17-5-07
(fjs.25), si bien es de notificación por
cédula y, por tanto, el recurso planteado
es temporáneo, resulta una derivación del
anterior firme.
Por lo cual, no puede la actora, pedir que se
revoque dicho decreto, cuando la anterior
providencia –firme- mandaba a volver a
notificar y, es así que la contestación de la
demanda de Sarsotti que el decreto de jfs. 25
proveía, lucía correcta en cuanto su término.
Si sostenemos la firmeza del primer decreto, y
el segundo es una derivación legal de aquél,
no puede cuestionarse el último. Así de
simple.”(Zapata c. Sarsotti” Res. 263-F°322-
T°7. lra.Sec.)
    ACUMULACIÓN




NEGATIVA    OPOSICIÓN
“Que debe tenerse en cuenta que el art.
340 CPCC es uno de los requisitos
imprescindibles que las causas se deban
sustanciar por el mismo trámite. Esto nos
indica que debe tratarse de acciones que
puedan procesalmente ser acumuladas. A
los fines de ejemplificar, no podría
acumularse un ordinario con un ejecutivo.
Que, en el caso de autos, se tratan de
Declaratorias de Pobreza y Medidas. No
hay ninguna causa en la que se haya
iniciado un daños y perjuicios.
El expediente que fue traído a este Tribunal
está archivado, sin ninguna actividad
procesal. Por lo cual no puede acumularse
un juicio en el que las partes no han
manifiestado interés de proseguirlo. Que,
por todo lo expuesto, no puede resultar de
aplicación el art. 340 CPCC y debe ser
rechazado el recurso interpuesto, con
costas al incidentista (art. 251 CPCC).”
(Camarasa c. De Giusti Delgado. Res.372-
F°14-T°11. 29-12-08. 2da. Sec.).
    PRUEBA




OPOSICIÓN A LA
 CONTRARIA
  OFRECIDA
“Los terceros, citados como "denuncia de
litis", se presentan como coadyuvantes
simples, acompañando la defensa de quien
los llama a juicio, a fin de resguardarse en
sus derechos, ante una posible futura
demanda de repetición. No son parte, ni
pueden serlo, porque la sentencia que se
dicte en el pleito no podrá serles ejecutada.
En este sentido tienen un rol procesal y
jurídico sustancial distinto al de la
aseguradora citada como tercero en garantía.
Los fundamentos de ambas citaciones
difieren, uno está apoyado en normas
procesales y el de esta última en la ley
17418, el tercero no responde ante una
eventual sentencia que no puede ser para él
condenatoria, y la aseguradora puede estar
alcanzada por el fallo final“. “La citación del
tercero fue extemporánea. Ello quedó
firmemente asentado en el decisorio de fjs.
258/262 y consentido por todas las partes,
por lo cual ese extremo no puede ya
discutirse.
Si bien en esa resolución se consintió la
citación, quedó también claro que lo fue en
razón de que la citada en garantía no podía
oponerse a ello y la parte contraria al citante la
admitía, por lo cual no se advertía agravio que
pudiera    esgrimirse    para    plantear     una
resistencia a la misma”. “Que no es lo mismo
admitir una citación, que aceptar que en
cualquier instancia del proceso se ofrezcan
pruebas. Porque en el primer caso, quienes
podían oponerse no lo hicieron –como decimos
supra- y en este caso, todas las partes pueden
plantear sus objeciones a que la preclusión
quede     vulnerada    por    un    ofrecimiento
extemporáneo.
La citación de un tercero beneficia o interesa
a la parte citante, es ella la que decide si lo
realiza o no, y es por eso que las demás y el
mismo tercero, no pueden oponerse. Pero
las pruebas interesan a todas las partes, por
lo cual basta que una se oponga, para que
pueda ser escuchada y cobren plena
vigencia los institutos basales de un
proceso legal. En este caso, se está
vulnerando la preclusión, al permitir que el
tercero –citado extemporáneamente y así
comparecido al proceso- ofrezca pruebas”.
(Cornut c. Hernández. Res. N°254-F°249-T°7.
17-9-07. 2da. Sec.).
“Los terceros que son llamados a un
pleito en tal carácter, no asumen el rol de
partes del proceso, sino que son
coadyuvantes simples. Así los define
caracterizada doctrina: “Teniendo en
cuenta que la denuncia de la litis no
implica el ejercicio de una pretensión
propia y, por su lado, constituye una
mera comunicación formal de la
pendencia de causa, va de suyo como
principio que el tercero citado no es
parte en el proceso; es decir, no es un
nuevo demandado.
No podría ser de otra manera, puesto que
otorgarle per se tal jerarquía hubiera implicado
dejar de lado el principio de libertad de demandar,
y el actor se vería obligado a accionar contra
quien no quiere, sólo por voluntad y
discrecionalidad del demandado. Si el tercero
citado decide participar en el proceso que se le
denuncia -sabemos ya que no le es obligatorio
hacerlo- la denuncia de la litis encaja con la
intervención    adhesiva     simple...”    (Martínez,
Hernán; Procesos con sujetos múltiples, T.1;
Ed.La Rocca, 1994; págs. 370/1). “Por lo demás, la
citación debe limitarse a poner en conocimiento
del tercero el pedido de intervención a fin de que,
si así lo desea, haga valer los derechos que
estime corresponder.
Su incomparecencia no justifica la declaración de
rebeldía, ya que la citación no implica incorporar
al tercero como sujeto activo de la pretensión o
como sujeto pasivo de una pretensión regresiva
formulada in eventum;”. (Palacio, Lino Enrique;
Derecho Procesal Civil, T.III; Abeledo-Perrot,
1983; pág.251). “Cuando, en cambio, el tercero
sea convocado en base al segundo presupuesto
de llamamiento coactivo debe ser calificado
como un tercero coadyuvante subordinado;
siéndole aplicable, entonces, lo dicho en III
1.4.3.” y “Esta subcategoría registra el minimum
de interés aceptado por el legislador para admitir
la irrupción de un tercero en un proceso en
trámite.
El aditamento subordinada que se le endilga
encuentra motivo en el hecho de que este
interventor debe, necesariamente, ejercer sus
facultades procesales de manera armónica con el
criterio y los deseos de la parte a la que
coadyuva”. (Peyrano, Jorge W. Procedimiento Civil
y Comercial, T.2; Editorial Juris, 1992; págs. 81 y
79). Por tanto, el tercero así llamado al pleito -por
denuncia de litis, como coadyuvante simple o
adhesivo simple-
“En materia probatoria, ... podrá
ofrecer la propia en la medida en que
no sea contradictoria con la de su
coadyuvado,        rigiéndose      tal
ofrecimiento por las reglas generales
ya preseñaladas. No puede, como es
obvio, ... disponer del proceso
mediante algún modo anormal de
extinción del mismo ..., ni tampoco
oponerse a la postura al respecto que
practiquen las partes principales.
Ello no implica, por otra parte, una total
indefensión del coadyuvante simple en caso de
connivencia     fraudulenta     de    las    partes
principales. Ha de recordarse que en este pleito
él no es parte y, consecuentemente, la
sentencia lograda no podrá ser ejecutada en su
contra. De pretender extenderse los efectos
directos de la cosa juzgada respecto del ahora
coadyuvante simple, habrá que demandarlo en
proceso posterior, donde le queda a éste la
posibilidad de discutir los efectos de una
sentencia ...” (Martínez, ob.cit., págs. 313/5, con
cita de jurisprudencia).
Que entonces, no siendo parte, ni contrario
(adversario, conforme art.157 CPCC) al
demandado, no puede ofrecer la absolución
de éste, ya que -como hemos visto- no le
asiste el derecho de una parte, en cuyo caso,
tendríamos el absurdo de tres partes
contrapuestas entre sí, siendo que el proceso
únicamente tiene dos partes -actora y
demandada- y los terceros que -de diversas
maneras, con distinto interés y participación-
coadyuvan a cada una”. (Caminos c.
Propietarios inmueble Amenábar. Res. N°68-
F°316-T°11. 18-3-09. 2da.Sec.).
   PRUEBA




NEGLIGENCIA
PROBATORIA
“Que debemos tener en cuenta que la
negligencia probatoria debe acusarse dentro
de los tres días desde que se conoce que se
instó la prueba fracasada en forma
extemporánea, ya que se deben aplicar los
términos comunes de convalidación de los
actos procesales, por no contarse con uno
específico. Que la fijación de fecha de pericia
data del 5-8-08 (fjs.348), decreto que resulta
de notificación automática, ya que no se trata
de una audiencia, no había delegado técnico
designado y no se ordenó la notificación por
cédula en forma específica. Por lo cual quedó
firme el 11-8-08.
Que la reposición se incoa el 10-9-08,
cuando ya había vencido el plazo para
denunciar la negligencia probatoria. Aún si
la parte actora entendiera -como parece ser-
que el decreto de fjs. 348 es de notificación
por cédula, también se encuentra vencido el
plazo, ya que existe una notificación en
diligencia a fjs. 383 del curial de la actora,
con fecha 1-9-08. En tal sentido, contó en
dicha fecha con los autos y quedó notificado
de todos los actos procesales. “
(Palombarini c. Farina Bazzana”. Res. 254-
T°10. 1ra.Sec.).
   AUDIENCIA VISTA DE
        CAUSA



SUSPENCIÓN    FIJACIÓN DE
                 FECHA
              PERITOS




DESIGNACIÓN           EXCUSACIONES
          RECUSACIONES
“Dice el recurrente que para la designación del
perito no se ha seguido el procedimiento
impuesto por el Código de rito. Sin embargo, el
perito es oficial, sorteado por la Exma. Cámara
de     Apelaciones     en    las   Medidas    de
Aseguramiento de Pruebas. Por lo cual, aún no
habiéndose repetido el trámite en este
expediente,     en    la   causa    se   respetó
rigurosamente la normativa en la materia. Que
alega el recurrente que se lesionó el derecho de
defensa, pero para fundar este agravio esgrime
que no se pudo participar en el acto de
designación, lo cual no se explica siendo -
reitero- un sorteo efectuado por la Exma.
Cámara.
Por ello, debería haberse aclarado si se tilda de
falta de objetividad o transparencia al acto
efectuado oportunamente. Que también dice que
no se pudo proponer puntos periciales, pero de
la lectura del escrito de contestación de la
demanda, que en este especial trámite de juicio
oral debe contener todo el ofrecimiento de
pruebas, incluyendo los puntos periciales que
debe contestar los peritos que se propongan, no
se observa que la parte demandada haya
ofrecido pericial ni, mucho menos, que haya
mencionado que proponía puntos a periciar o
hiciera alguna reserva al respecto.
Por lo cual, la etapa procesal para ello se
encontraba ya precluída. Que invoca la parte
recurrente que tiene cuestiones personales
con el perito designado. Debe recordarse a la
demandada la vigencia del art. 190 CPCC, por
lo cual si existe alguna causal de recursación
válida, tiene que seguir los pasos procesales
previstos.
De esta forma, tampoco se advierte que
se lesione ningún derecho, ya que la
sola    invocación   de     “cuestiones
personales”, en forma ambigua y fuera
del procedimiento previsto en el Código
de rito, no alcanza para invalidar la
designación de un perito. También se
fundamenta el recurso en que las
Medidas no fueron notificadas a su
parte, no tuvo participación en las
mismas y que no fueron ofrecidas
como prueba.
De esta forma, tampoco se advierte
que se lesione ningún derecho, ya
que     la    sola   invocación     de
“cuestiones personales”, en forma
ambigua y fuera del procedimiento
previsto en el Código de rito, no
alcanza para invalidar la designación
de un perito. También se fundamenta
el recurso en que las Medidas no
fueron notificadas a su parte, no tuvo
participación en las mismas y que no
fueron ofrecidas como prueba.
Que debe primeramente recordarse que una
causa está constituída por el expediente
principal y todos sus incidentes, no existe la
barrera de la falta de ofrecimiento de prueba,
cuando se trata de un incidente del principal o
de un trámite cautelar, previo, preparatorio u
otro similar realizado antes del inicio de la
demanda principal, ya que todos los
expedientes forman la causa judicial, se
tramitan ante el mismo juez y tienen la misma
finalidad sustancial de resolución del objeto
propuesto.” (Iturraspe c. Carrivale”. N°275-
F°311-T°10. 1ra. Sec.)
                PERICIAS




OBSERVACIONES         ACLARACIONES
         IMPUGNACIONESAMPLIACIONES
“Que, en cuanto a la nulidad de la pericia, la
misma no puede prosperar por dos razones; en
primer término el decreto de fjs. 55 es de
notificación automática, por lo cual la nulidad se
encuentra incoada fuera de término. Debe hacerse
notar que, en nuestro derecho adjetivo, la
notificación automática es la regla, y la excepción
es la con cédula (art. 62 CPCC), no estando
prevista en la normativa que el decreto a que se
hace alusión se encuentre comprendido en
aquellos que deben ser notificados con cédula.
Por lo cual, queda firme al tercer día después del
martes o viernes subsiguiente, debiendo
agregarse un día de gracia para la interposición
de cualquier recurso (arts. 61 y 89 CPCC).
Por otra parte, en el mismo escrito la parte
actora impugna la pericia. Resulta aplicable la
doctrina de los actos propios (venire contra
factum proprium non valet), porque no puede
al mismo tiempo afirmar que un acto es nulo y,
por otra parte, impugnarlo por insuficiencia u
oscuridad o falta de fundamento. Si se dice
que es nulo, se está atacando su misma
existencia, por lo cual no puede, bajo el
amparo de una subsidiariedad a la espera de la
decisión jurisdiccional, emitir otra opinión
sobre el mismo. Que, en lo que respecta a la
impugnación, debe aclararse que es evidente
que las impugnaciones que pueden formular
técnicamente las partes, se pueden dividir en
procesales o procedimentales y de fondo.
En rigor, las únicas impugnaciones que
establecen o producen una nulidad de la
pericia son las de procedimiento, ya que las de
fondo se formulan en el alegato sobre el mérito
de la prueba y sirven a los fines de que el
juzgador pueda valorar el experticio y otorgarle
el crédito probatorio que sea menester,
conforme lo establecido en el art. 199 CPCC.
Así lo expresa Ramunno al remitirse a una obra
de Peyrano-Chiappi (Código Procesal Civil y
Comercial,       Análisis      doctrinario     y
Jurisprudencial dirigido por Peyrano-Vázquez
Ferreyra; T.I; Ed.Juris, 1996; pág.555. Peyrano-
Chiappini; Tácticas en el proceso civil
Ed.Rubinzal-Culzoni; T.I; pág.70).
Para que en realidad se pueda impugnar una
pericia, que trae como consecuencia su nulidad
e invalidarla totalmente, debe haber vicios
formales relevantes (vicios procesales en la
designación, o en la confección de la pericia, o
causal dolosa o de recusación no resuelta) o
también vicios de contenido relevantes, como
prueba de violencia, dolo, cohecho o seducción
sobre los peritos, error grave o hechos
inexistentes. Todo ello suficientemente probado
o que aparezca con evidencia palmaria e
incontrastable.
De no ser así, las observaciones
sobre posibles equivocaciones, o
diferentes apreciaciones sobre
cuestiones científicas o técnicas,
deberán ser valoradas por el
juzgador según el análisis que se
haga de dicha prueba y su
correspondencia con los demás
elementos probatorios aportados a
la causa (Devis Echandía, ob.cit.;
págs. 134/137 y 152).
El art. 199 del C.P.C.C. lo dice claramente: el juez
no estará obligado a seguir el dictamen pericial y
deberá apreciar el mérito de la prueba según su
criterio. Que las consideraciones que fundan la
impugnación tienen que ver con el fondo del
dictamen en sí, por lo cual hubiera procedido una
ampliación y aclaración de la misma, pero no se
vislumbra defecto formal sustancial, que pueda
sostener la viabilidad del remedio intentado.
Tampoco corresponde en esta instancia procesal
adentrarse en la consideración de aspectos del
dictamen que -reitero- deben apreciarse al valorar
dicha prueba, y en relación con la ponderación de
los demás elementos probatorios, al sentenciar.
Por lo cual, toda consideración a ese
respecto sería adelantar una opinión que
vulneraría el derecho de defensa de
ambas partes en conflicto. Por lo que lo
único que puede en esta etapa analizarse
es    si   la    impugnación     encuentra
fundamento y basamento en elementos
objetivos y relevantes de la pericia
presentada, lo que no se advierte”.
(Musciatti c. Perren”. Res. 109-F°446-T°14.
1ra.Sec.)
“el decreto que fija la fecha y lugar de
realización de la pericia, es del 17 de
mayo de 2006 (fjs.79), siendo una
providencia de notificación automática.
Debe hacerse notar que, en nuestro
derecho     adjetivo,   la    notificación
automática es la regla, y la excepción es
la con cédula (art. 62 CPCC), no estando
prevista en la normativa que el decreto a
que se hace alusión se encuentre
comprendido en aquellos que deben ser
notificados con cédula.
Por lo cual, queda firme al tercer día
después      del    martes     o    viernes
subsiguiente, debiendo agregarse un día
de gracia para la interposición de
cualquier recurso (arts. 61 y 89 CPCC). En
ese sentido, el día 26 de mayo quedó
fenecido cualquier término recursivo para
la providencia mencionada. El expediente
se encontraba en el Tribunal, ya que el
Ingeniero Radesca lo retiró recién el 7-6-06
(fjs.164) y, por otra parte, no existe en
autos constancia de que el profesional de
la actora hubiera pedido suspensión de
términos por no poder ver el expediente.
Que, además, la providencia por la que se
tuvo por presentada a la pericia mecánica
es del 27 de junio de 2006 (fjs.87),
habiéndose dispuesto expresamente que se
notificara por cédula, por lo cual, para
determinar cuándo quedó firme para la
parte recurrente, debe observarse si obra
en autos cédula de dicho decreto o si el
profesional retiró los autos, en cuyo caso,
queda notificado de todas las actuaciones.
De acuerdo al informe de la actuaria de fjs.
164, el curial de la actora retiró los autos el
día 4-7-06 y presentó el pedido de nulidad el
19-8-06.
Teniendo en cuenta que el plazo recursivo
es también de 3 días, más uno de gracia,
y contando desde el retiro de los autos, el
decreto del 27-6-06 (fjs.87) quedó firme el
24-7-06. Por todo lo expresado, la nulidad
se encuentra interpuesta fuera de
término”.     (Sandoval      c.   Ruscitti.
Res.n°149-F°458-T°6. 21-6-07. 2da.Sec.).
                PRUEBAS




OPOSICIÓN              NUEVAS
(DEMANDA O
                      PRUEBAS
CONTESTACIÓN

               RECURSOS   NEGLIGENCIA
                          PROBATORIA
“Que, la negligencia probatoria “se configura,
cuando no se reitera en término la producción
de una diligencia probatoria fracasada. Le
corresponde a la parte que quiera valerse de esa
prueba la carga de urgir su producción y
presentación antes de la sentencia” (Peyrano –
Vazquez Ferreyra, Cod. Proc. Civil y Comercial
de la Prov. de Santa Fe, Análisis Doctrinario y
Jurisprudencial,     Tº    1,     pag.     477).
Que el art. 148 CPCC establece en forma
clara e indubitable, que se “tendrá por
desistido de la misma, a menos que
expresamente la urgiere dentro de tres
días de la fecha en que conste en autos su
no producción”, es decir que la parte
demandada no peticionó en término la
nueva fecha para la producción de la
prueba, recién lo hizo trascurrido en
exceso el plazo establecido por la norma.
Que, con posterioridad al fracaso de la
prueba, recién en fecha 19-06-09, se
solicita   nueva     fecha,      cuando
holgadamente había trascurrido el
plazo para solicitar un nuevo sorteo,
por lo que debe hacerse lugar al
planteo efectuado por la parte actora
en cuanto a la negligencia probatoria.”
(Montemaggiore c. Provincia Sta.Fe,
Res.375-F°311-T°13. 9-12-09. 1ra.Sec.).

								
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